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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 479, de 15/01/2019
cve: BOCG-12-D-479
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
15 de enero de 2019

Núm. 479


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Defensa

161/004112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas que pasen a la situación administrativa de la reserva... (Página6)

Comisión de Hacienda

161/004120 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación del Régimen Económico de las Illes Balears... (Página7)

161/004128 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al control reforzado de las cuentas de la Generalitat y a evitar que se destine financiación pública a apoyar actuaciones de los CDR... (Página8)

161/004132 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la aplicación de un IVA reducido en la venta de bienes de segunda mano y de servicios de reparación... (Página10)

161/004138 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora del actual régimen especial de devengo de IVA por criterio de caja... (Página11)

Comisión de Fomento

161/004118 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a impedir la construcción de un aparcamiento de trenes de carga junto a Casa Mediterráneo (Alicante)... (Página13)

161/004124 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la incorporación en el Reglamento General de Carreteras de informes y protocolos para prevenir posibles intervenciones de riesgo en fosas comunes durante las tareas de mantenimiento y conservación de la red de carreteras... (Página14)

161/004127 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la mejora de las frecuencias de paso de los convoyes en la línea de ferrocarril Xàtiva-Ontinyent-Alcoi... (Página15)


Página 2




161/004131 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al inicio del estudio informativo de la actuación del by-pass de Piadela (Betanzos) en la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña y otras actuaciones para la mejora de la línea... (Página16)

161/004134 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre igualdad de trato a usuarios de la autopista AP-7... (Página18)

161/004139 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a desarrollar la actuación urbanística del área de Benalúa (Alicante) y retomar el proyecto de la variante de Torrellano... (Página19)

Comisión de Educación y Formación Profesional

161/004126 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el adoctrinamiento en los colegios... (Página20)

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

161/004129 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección de los actores en el sector sanitario y hospitalario en la preparación, transporte, administración y eliminación de residuos de medicamentos peligrosos... (Página21)

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

161/004114 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la construcción de un dique seco cubierto al astillero Navantia-Ferrol... (Página24)

161/004119 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ejecución del proyecto de las Fragatas F-110... (Página25)

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/004117 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar una Estrategia Nacional de Defensa contra Incendios Forestales... (Página26)

161/004135 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre restauración hidrológico forestal, la lucha contra la erosión y el cambio climático... (Página27)

161/004145 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a afrontar la negociación pesquera en el escenario originado por el Brexit... (Página28)

Comisión de Política Territorial y Función Pública

161/004121 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al reto demográfico en las zonas rurales de Galicia y otras comunidades... (Página29)

161/004147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo e implementación del Protocolo de actuación frente al acoso sexual en el ámbito de la Administración General del Estado... (Página35)


Página 3




Comisión de Transición Ecológica

161/004115 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la propuesta de cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama en A Coruña... (Página36)

161/004122 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre descontaminación radiológica del área de Palomares (Almería) por parte del Gobierno de España, de manera unilateral y urgente, tras 52 años conviviendo con la radiactividad... (Página38)

161/004133 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la aplicación de un IVA reducido en la venta de bienes de segunda mano y de servicios de reparación... (Página39)

161/004141 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo de una estrategia de reutilización de aguas regeneradas en el marco de una economía circular del agua... (Página40)

161/004143 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de iniciativas de interés socioeconómico en la finca de La Almoraima (Cádiz)... (Página43)

161/004144 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas necesarias para transformar el sistema gasista ibérico en línea con los objetivos europeos de creación de un mercado energético único... (Página44)

161/004146 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fomento del Gas Natural como combustible en el transporte marítimo... (Página45)

Comisión de Cultura y Deporte

161/004123 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la incorporación en el Reglamento General de Carreteras de informes y protocolos para prevenir posibles intervenciones de riesgo en fosas comunes durante las tareas de mantenimiento y conservación de la red de carreteras... (Página46)

161/004142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo para la promoción del Concurso Nacional de Cante por Peteneras... (Página47)

Comisión de Economía y Empresa

161/004140 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al establecimiento de un coste cero para las cuentas de pago básicas de personas en situación de riesgo de pobreza... (Página48)

Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

161/004130 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre protección de los actores en el sector sanitario y hospitalario en la preparación, transporte, administración y eliminación de residuos de medicamentos peligrosos... (Página50)


Página 4




161/004137 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a modificación de la Ley 40/2003 de protección de las familias numerosas a efectos de finalizar con la desigualdad y discriminación de los progenitores que se hacen cargo de sus hijos... (Página52)

161/004149 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la gestión y la planificación de profesionales sanitarios en el ámbito rural... (Página53)

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

161/004113 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades modifique el actual proyecto de construcción de unas nuevas instalaciones para el Instituto de Productos Lácteos y mantenga la actual ubicación del centro en el municipio de Villaviciosa... (Página54)

161/004136 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a garantizar la neutralidad institucional de la universidad española... (Página55)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/004125 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el reconocimiento del 33 por ciento de discapacidad con el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa y otras medidas complementarias... (Página56)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Fomento

181/001514 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre actuaciones para solucionar las graves deficiencias que presentan las carreteras e infraestructuras viarias en la provincia de Málaga... (Página58)

181/001566 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de incluir el ramal a puerto de Sagunto en la red de Cercanías de la Comunitat Valenciana dando solución de movilidad a un núcleo de población de más de 70.000 habitantes... (Página58)

181/001567 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de incluir en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 una partida específica para la conexión ferroviaria en el aeropuerto de Alicante El Altet... (Página58)

181/001570 Pregunta formulada por la Diputada doña Elena María Bastidas Bono (GP), sobre razones de la diferencia de trato entre los conductores habituales de vehículos ligeros en Cataluña y los de la Comunitat Valenciana, que circulan por la AP-7... (Página59)

181/001571 Pregunta formulada por la Diputada doña Elena María Bastidas Bono (GP), sobre situación en la que se encuentra el proyecto del Tren de la Costa... (Página59)

Comisión de Transición Ecológica

181/001515 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre fecha prevista para adoptar medidas para asegurar el acceso a los suministros básicos de las personas y familias en situación de vulneración... (Página59)


Página 5




181/001562 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM), sobre gestiones realizadas para aclarar la financiación del proyecto de regeneración ambiental de la ría do Burgo a fin de posibilitar el inicio de las obras... (Página60)

181/001563 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM), sobre actuaciones a las que se ha destinado la partida de 1 millón de euros prevista para la Regeneración de la ría do Burgo (A Coruña), contenida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, así como, en su caso, motivos por los que no se ha ejecutado dicha partida íntegramente... (Página60)

181/001564 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de retomar las obras del proyecto de Mota de defensa contra inundaciones en Albalat de la Ribera, con integración paisajística y adecuación ambiental de la margen izquierda del río Júcar en el área de actuación T.M. de Albalat de la Ribera en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019... (Página61)

181/001565 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de poner en marcha un Plan contra riadas del río Vaca en Tavernes de la Valldigna (Valencia) y dotarlo económicamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019... (Página61)

Comisión de Cultura y Deporte

181/001572 Pregunta formulada por el Diputado don Ángel Luis González Muñoz (GP), sobre diálogo mantenido para la elaboración del anteproyecto de la Ley del Deporte... (Página61)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

181/001568 Pregunta formulada por el Diputado don María Jesús Bonilla Domínguez (GP), sobre medidas que se adoptarán para subsanar las deficiencias en la información de las señales en las carreteras de España... (Página62)

181/001569 Pregunta formulada por el Diputado don María Jesús Bonilla Domínguez (GP), sobre opinión acerca de la información conocida en el Informe de la EuroRAP, que señala deficiencias en la señalización en las carreteras españolas... (Página62)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/040796 Autor: Martínez Rodríguez, María Rosa Interconexión Gatika-Cubnezais... (Página62)

Competencias en relación con otros órganos e instituciones

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

093/000018 Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía para el fomento de la certificación en competencias digitales de la ciudadanía... (Página64)


Página 6




CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Defensa

161/004112

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas que pasen a la situación administrativa de la reserva, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

Dentro de las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los miembros de las Fuerzas Armadas se encuentra la de la Reserva; situación contemplada en el artículo 113 de la vigente Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en el que se distinguen los distintos supuestos en los que se accede a esta situación.

Precisamente, dicho artículo 113 de la Ley 39/2007 de 19 noviembre, destaca en su apartado 4 que los militares de carrera de las categorías de oficiales y suboficiales pasarán en todo caso a la situación de reserva al cumplir sesenta y un años de edad; a diferencia de los militares de tropa y marinería, quienes pasarán a la situación de reserva una vez cumplidos los cincuenta y ocho años de edad.

El apartado 10 del mismo artículo 113 contempla las retribuciones que, con carácter general, percibirá el personal militar en situación de reserva, señalando que al pasar a la situación de reserva se conservarán las retribuciones del personal en servicio activo sin destino hasta cumplir la edad de sesenta y tres años. Se señala también que, a partir de ese momento, las retribuciones del militar profesional estarán constituidas por las retribuciones básicas y por el complemento de disponibilidad que se determine en las normas que regulen el sistema retributivo del personal de las Fuerzas Armadas.

Precisamente, dicho complemento de disponibilidad se especifica en el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre. Esta norma en su artículo 9 indica que cuando el pase a la situación de reserva se produzca por alguna de las causas previstas en el artículo 113 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, se percibirán las retribuciones del personal en servicio activo señaladas en el artículo 5.2, hasta cumplir la edad de sesenta y tres años. A partir de esa edad, se percibirán las retribuciones básicas y un complemento de disponibilidad equivalente a la suma del 80% del complemento de empleo y del 80% del componente general del complemento específico. Dicho complemento de disponibilidad sustituye así al complemento de empleo y al componente general del complemento específico, y es de menor cuantía que la suma de estos.

Además, en los meses de junio y diciembre se percibirá una paga adicional del complemento específico por un importe igual al 80% de la que se perciba por el componente general del complemento específico por el personal en situación de servicio activo.


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Cabe destacar, que el Observatorio de la Vida Militar, en su Informe del año 2016, informó de que los miembros de las Fuerzas Armadas experimentan una disminución significativa en sus retribuciones al pasar a la situación de reserva. Dicha disminución supone además un agravio comparativo respecto a otros funcionarios.

Esta cuestión, además, ya fue considerada por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas a propuesta de la Asociación de Suboficiales ASFASPRO; una propuesta que fue el día 23 de julio de 2015, y remitida el 8 de septiembre de 2015 al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que continuase su tramitación por ese departamento. Desde entonces, nada más se ha sabido.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:

Adoptar las medidas necesarias para que el personal de las Fuerzas Armadas que pase a la situación administrativa de reserva por aplicación de los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, perciba las retribuciones del personal en servicio activo previstas en el Reglamento de retribuciones aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, hasta cumplir la edad de retiro."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Hacienda

161/004120

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la modificación del Régimen Económico de las Islas Baleares, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

El artículo 138 de la Constitución Española señala que el Estado debe garantizar "la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular".

En cumplimiento de esta previsión constitucional ya para hacer efectivo el principio de solidaridad, en el caso de las Islas Baleares, las Cortes Generales aprobaron la Ley 30/1998, de 30 de julio de 1998, de Régimen Especial de las lles Balears.

Los desarrollos de las diferentes cuestiones que dicho régimen especial contemplaba, durante estos años, ha sido desigual y en algunas cuestiones se ha progresado al margen de la propia ley del Régimen Especial, como, por ejemplo, en la materia de las bonificaciones al transporte de pasajeros o mercancías, que se han ido incrementando en diferentes leyes de presupuestos a lo largo de los años, pasando del 33% de bonificación del transporte de viajeros por vía aérea y marítima contemplado en la Ley de 1998 al 75% introducido para el transporte marítimo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y el aéreo en los de 2018 por el Gobierno del Partido Popular.

Los costes de insularidad que sufren los ciudadanos de las Illes Baleares son muy elevados. En este sentido, un Dictamen de la Universitat de les Illes Balears de 2014 y ampliado en 2016 viene a señalar una mayor carestía de la cesta de bienes de consumo, que lleva a un menor consumo de bienes y servicios por el sobrecoste de la importación derivado de la insularidad que equivale a un efecto arancel ad valorem de entre el 13 y el 17%; mayores costes de producción de las empresas que importan consumos


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intermedios que equivale a un efecto arancel ad valorem de entre un 27 y un 35%; mayores costes de adquisición de bienes de capital que equivale a un efecto arancel ad valorem de entre el 19 y el 24% y mayores costes de acceso a los mercados que dificultan la exportación que tiene un efecto equivalente al de un arancel ad valorem de entre el 74 y el 100%.

La Ley 30/1998 se centró exclusivamente en diferentes cuestiones de índole económico, motivo por el que configuró un régimen especial económico que dejó fuera cualquier régimen especial de índole fiscal.

El Gobierno del Partido Popular aprobó la modificación de la Ley 30/1998 de régimen especial de las Islas Baleares en mayo de 2015 para introducir en dicha ley un régimen fiscal especial que contemplaba para las empresas y autónomos de las islas importantes deducciones en el Impuesto de Sociedades y en el de Personas Físicas con el objetivo de potenciar el empleo, la diversificación y la modernización de las actividades económicas en compensación por los mayores costes de insularidad que estas padecen.

Tras las elecciones autonómicas de 2015 el nuevo gobierno de las Illes Balears rechazó dicho régimen fiscal especial, motivo por el cual el proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros decayó en la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Las negociaciones desde entonces, entre el Gobierno de España y el de las Illes Balears, fueron continuas para intentar avanzar en un nuevo proyecto de ley que modificara la Ley 30/1998, y se lograron acuerdos significativos en la mayoría de las materias sujetas a negociación.

Sin embargo, desde el cambio de gobierno en el Estado no se ha sabido nada más de los acuerdos ya alcanzados y, ante la incapacidad del ejecutivo socialista de presentar unos Presupuestos Generales del Estado, vemos que la modificación del Régimen Especial Balear puede quedar relegada sine die, perjudicando así los intereses de todos los habitantes de esta Comunidad Autónoma.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:

1. Acelerar las negociaciones con el Gobierno de las IIes Balears y adoptar los acuerdos necesarios que hagan posible la aprobación y entrada en vigor de la modificación de la Ley 30/1998, de 30 de julio, de régimen especial de las Illes Balears con efecto 1 de enero de 2019.

2. Adoptar cuantas medidas sean necesarias para dar efectivo cumplimiento a las previsiones normativas incluidas en dicha reforma del régimen especial de las Illes Balears."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-Teresa Palmer Tous, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004128

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el control reforzado de las cuentas de la Generalitat y evitar que se destine financiación pública a apoyar actuaciones de los CDR, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

En noviembre de 2016, Oriol Junqueras, entonces vicepresidente de la Generalitat cesó a la interventora general de la Generalitat, Mireia Vidal, pasando la responsabilidad de fiscalizar las cuentas del Ejecutivo catalán y las empresas que dependen de él a Rosa Vidal, otra funcionaria más próxima al independentismo.

Ni un año más tarde, la Generalitat dejaba de enviar la información contable preceptiva al Ministerio de Hacienda y la nueva interventora general de Cataluña ignoraba las cartas del Ministerio desplegando un comportamiento que le ha valido ser imputada, ahora investigada, por mentir al Ministerio de


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Hacienda durante los preparativos del referéndum fake del 1 de octubre y ocultar el dinero desviado a esta consulta.

A raíz de aquellos conflictos, el 15 de septiembre de 2017, con la Generalitat en plena desobediencia y preparación del 1-O, el Ministerio de Hacienda aprobó la Orden HFP/878/2017, por la que se adoptaban medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo que suponía una intervención oficial de las cuentas de Cataluña.

La primera decisión del Presidente Sánchez al llegar a la Moncloa fue confirmar que no habría un control previo de las cuentas de la Generalitat a pesar de que nada había cambiado sustancialmente al frente de la Generalitat.

El Parlament surgido de las elecciones del 21-D en Cataluña eligió como Presidente de la Generalitat a un expresidente de Omnium Cultural, el Sr. Quim Torra. El actual President comparte hoja de ruta con el fugado Puigdemont y mantiene como objetivo final la secesión, para lo cual anima a los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) a apretar. Los CDR están apretando a una democracia europea como la española hasta el inaceptable nivel de la extorsión. Tanto es así que en 2018 la fuga de empresas de Cataluña ha continuado pasando de las 3.208 que salieron en 2017 tras el 1-O hasta las 5.353 al final del tercer trimestre de 2018, según el Colegio de Registradores.

Estos Comités de Defensa de la República (CDR), nacidos inicialmente como Comités de Defensa del Referéndum, apuestan por la acción directa, nominalmente no violenta, pero que se ejerce frecuentemente traspasando la protesta y situándose en la ilegalidad y en el abuso de la fuerza.

Los CDR pretenden adueñarse del espacio público, decidiendo quién puede reunirse y quién no, agrediendo a las manifestaciones de JUSAPOL en Barcelona, han cortado calles, autopistas y vías del AVE a su antojo, han amenazado a los diputados autonómicos asediando el Parlament, y representan una amenaza intolerable a los derechos y libertades cívicas del resto de ciudadanos. Por si fuera poco, las acciones de los CDR van acompañadas de un nivel de fanatismo y tensión que provoca que la policía no intervenga para evitar males mayores.

La financiación de estos CDR es poco clara, aseguran, que al contrario que la ANC y Omnium Cultural, que recibían cuantiosas subvencionadas con el dinero público de la Generalitat, los CDR se autofinancian.

En cualquier caso, la maquinaria secesionista no se ha detenido ni ha sido desarticulada. Viejas y nuevas amenazas aconsejan aprender de las lecciones del pasado y controlar que "ni un solo euro" verdaderamente contribuye a la discordia entre catalanes y a la ruptura de España.

El Estado tiene mecanismos para garantizar que esto no ocurra. Especialmente porque Cataluña ha sido la Comunidad Autónoma que más apoyo financiero ha recibido entre 2012 y 2018, más de 80.000 millones de euros, de forma que más del 80% de la deuda pública de Cataluña está en manos del Tesoro.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introdujo en su disposición adicional primera la regulación de los mecanismos adicionales de financiación para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Según esta disposición, las Administraciones territoriales pueden solicitar al Estado acceso a mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez a condición de cumplir con determinadas obligaciones de ajuste y de transparencia. El Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, habilita la supervisión de las cuentas autonómicas para garantizar un mínimo nivel común en la prestación de los servicios públicos fundamentales, tal y como exige, además, el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Investigar las fuentes de financiación de los CDR que acosan y extorsionan a los ciudadanos en Cataluña y a tomar medidas para que esas acciones no puedan ejercerse con dinero de todos los españoles.

2. Emplear todos los mecanismos disponibles en nuestra normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para garantizar que el dinero público en Cataluña se destina a mejorar la prestación de los servicios públicos fundamentales de los ciudadanos de Cataluña.


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3. Publicar por Orden Ministerial un endurecimiento del control de las cuentas de la Generalitat para garantizar que no se repita que se financien actos y organizaciones secesionistas con dinero público."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2018.-Vicente Ten Oliver, Francisco Javier Cano Leal y Francisco de la Torre Díaz, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/004132

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda, relativa a la aplicación de un IVA reducido en la venta de bienes de segunda mano y de servicios de reparación.

Exposición de motivos

En la economía actual, los materiales se extraen, los productos son fabricados, utilizados y desechados, y todo ello, al coste más bajo posible. Esto no solo es contaminante, sino que además es insostenible en un planeta con recursos limitados. En una economía circular, los productos se mantienen en uso por más tiempo y al final de su vida útil son reutilizados, reparados, remanufacturados, actualizados o reciclados.

Los beneficios de una economía circular son muchos, tanto a nivel económico como medioambiental. Por un lado, las estimaciones sugieren que la economía circular podría impulsar la economía europea hasta en 1,8 billones de euros hasta 2030. También tiene el potencial de desbloquear en gran medida la creación de empleo. Se estima que por cada 10.000 toneladas de residuos, se pueden generar 36 empleos si se recicla, y hasta 296 si se reutiliza, en comparación con 1 trabajo en caso de incineración o 6 puestos de trabajo en caso de vertido.

Desde el punto de vista medioambiental, las ventajas también son evidentes: reducción del daño de la extracción de materias primas; mejora en la calidad del aire mediante la reducción de la incineración; y prevención de residuos tóxicos que se filtran en el suelo a través de vertederos.

La Comisión Europea adoptó un ambicioso Paquete sobre Economía Circular "de nuevas medidas para ayudar a las empresas y los consumidores europeos en la transición a una economía más sólida y circular, donde se utilicen los recursos de modo más sostenible", y cuyas propuestas contribuirán a "cerrar el círculo de los ciclos de vida de los productos a través de un mayor reciclado y reutilización, y aportarán beneficios tanto al medio ambiente como a la economía".

El plan de acción de la Comisión sobre la economía circular recomienda que se utilicen instrumentos económicos para garantizar la prolongación de la vida útil de los productos mediante la reutilización y la reparación, lo cual contribuye a la generación de empleo y a la agenda social de la UE. Uno de estos instrumentos es el uso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), actualmente regulado por la Directiva de la UE sobre un sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido (Directiva/112/CE).

El Plan fomenta el uso de herramientas tributarias para ayudar a alargar la vida útil de los productos a través de la reutilización y reparación, y reconoce también que estas actividades requieren de mano de obra intensiva, por lo que contribuyen a crear puestos de trabajo de la UE y a invertir en la agenda social.

Según un estudio del Eurobarómetro 1, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS), "en Europa, el 77% de los ciudadanos estaría dispuesto a reparar sus productos, pero casi nunca lo hace porque es demasiado caro para ellos".

En su informe "Estudio de fiscalidad ambiental aplicada a la jerarquía de residuos", AERESS concluye que es de esperar que, "el hecho de que el IVA sea reducido o nulo en la venta de bienes de segunda mano y de servicios de reparación fomentaría no solo la mejora del medio ambiente y la eficiencia de los

1 Eurobarometer 388 - Attitudes of Europeans towards waste management and resource efficiency. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_388_en.pdf.


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recursos, sino también la creación local de puestos de trabajo, objetivos fundamentales de la Estrategia Europa 2020 y Paquete de Economía Circular de la Comisión".

La Directiva 2018/851, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos, explica en su apartado 29 que "los Estados miembros deben facilitar modelos de producción que fomenten la prolongación de la vida útil de los productos y promuevan la reutilización mediante el establecimiento y el apoyo de redes de reutilización y reparación, como las dirigidas por las empresas de la economía social, los regímenes de depósito, devolución, retorno y rellenado e incentivando la refabricación, el reacondicionamiento y, en su caso, la adaptación de los productos a nuevos fines".

AERESS, en un informe que ha realizado junto con el Centro Tecnológico LEITAT, analiza las repercusiones económicas, sociales y ambientales de la exención de IVA para la venta de artículos de segunda mano provenientes de la preparación para la reutilización (textiles, voluminosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) de entidades de Economía Social que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión. Según dicho informe, el impacto social que se prevé sobre la generación de empleo y empleo de inserción, las actividades de preparación para la reutilización para 2020 podrían suponer la creación de 161.197 puestos de trabajo en España, como empleo directo, incluyendo puestos de trabajo cualificados y no cualificados, así como puestos de inserción (cercanos al 50%).

Además, un crecimiento de un 1% en los sectores de mantenimiento y reparación podría generar un beneficio agregado de 6.300 millones de euros, según un estudio del Parlamento Europeo.

Teniendo en cuenta todo esto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La aplicación de un IVA reducido o nulo en la venta de productos procedentes de procesos de preparación para la reutilización que realicen las entidades de economía social.

2. Evaluar, adicionalmente, el uso de otras medidas fiscales, como herramienta para ayudar a fomentar la donación de bienes usados a los operadores de reutilización de empresas sociales.

3. Implementar medidas para el fomento del ecodiseño de los productos con el fin de aumentar su durabilidad, los tiempos de cobertura de garantía, asegurar su reparabilidad siendo viable el intercambio de piezas, así como la disponibilidad de las mismas, evitando la utilización de materiales tóxicos y peligrosos. Del mismo modo que deben fomentarse y apoyarse las redes de centros de preparación para la reutilización, y la información pública sobre los mismos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004138

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la mejora del actual régimen especial de devengo de IVA por criterio de caja, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

En los últimos años han sido muchas las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular contra el fraude y para la modernización del IVA. Sin duda, la más importante ha sido la puesta en marcha del sistema de Suministro Inmediato de Información (SIL) sobre el IVA, un nuevo sistema de Ilevanza de los libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT, que permite acercar el momento del registro o contabilización de las facturas al de la realización efectiva de la operación económica que subyace a ellas.


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Sus beneficios han sido evidentes para todas las partes implicadas. Primero, para los contribuyentes, porque les ha permitido reducir sus obligaciones formales, disminuir la burocracia, reducir los plazos para la realización de las devoluciones, y simplificar y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Segundo, para la Administración Tributaria, al tener un canal de comunicación bidireccional, automatizada e instantánea con el contribuyente, que le permite -por un lado- mejorar el servicio público de asistencia que le ofrece, y -por otro- mejorar el control tributario y la lucha contra el fraude fiscal.

Y relacionado con esto último, se beneficia toda la sociedad española, al reducirse las bolsas de fraude e incrementar la recaudación tributaria que es, en última instancia, la que permite financiar la sanidad, la educación, las pensiones o mantener el Estado del Bienestar. Los ingresos tributarios por IVA han subido de 45.485 millones de euros en 2011 a 62.835 millones de euros en 2018, un incremento del 38%.

El éxito en la implantación del SIL ya es efectiva en la totalidad de grandes empresas y grupos de IVA que estaban obligados, y las ventajas que aporta a los contribuyentes que lo utilizan son un incentivo para que el resto de pymes y autónomos que aún no están inscritos en el Registro de Devolución Mensual de IVA lo hagan.

Pero además, el nuevo SIL tiene otros beneficios colaterales. Al estar perfectamente identificada la posición de las grandes empresas con sus proveedores, con información a tiempo real sobre el abono de las facturas, ahora sí que es posible relajar los requisitos para permitir que los empresarios y profesionales difieran el ingreso del IVA repercutido hasta que no les sean pagadas las facturas que lo contienen, evitando así que anticipen un IVA que todavía no han recaudado, y sin riesgo de que surjan nuevas bolsas de fraude.

Para ello, proponemos en esta iniciativa una serie de medidas que van en esta dirección. La primera, es reducir los plazos para la recuperación del IVA facturado desde el previsto actualmente (un año o seis meses para PYMES) al periodo máximo de pago, estipulado legalmente con carácter general en 60 días.

En segundo lugar, es necesario simplificar y abaratar los trámites para la recuperación. Actualmente se exige demanda judicial o requerimiento notarial, con el consiguiente coste, y debería bastar con la comunicación a la Agencia Tributaria de los datos de la factura impagada y de la rectificativa.

Por último, se debería corregir un problema que afecta a muchas empresas, en concreto el requisito que exige que, para recuperar el IVA en caso de impago, la factura sea de un importe superior a los 300 euros cuando el destinatario de la operación no actúe como empresario o profesional. Esta normativa impide que, en la práctica, muchas empresas cuyos clientes son particulares puedan recuperar el IVA que han ingresado sobre facturas no cobradas, con especial impacto en las PYMEs, puesto que, en un alto porcentaje de sus transacciones, la contraparte no es empresario o profesional a efectos del IVA y el importe de la factura es inferior a 300 ?.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar el actual régimen especial de devengo de IVA por criterio de caja. Concretamente, insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas:

- Reducir el periodo de impago necesario para solicitar la modificación de la factura impagada (y la consiguiente devolución del IVA ingresado) del actual plazo de 6 meses o un año a 90 días.

- Eliminar los requisitos formales que exigen que, para la recuperación del IVA en impagados, se haya formalizado demanda judicial o se efectúe un requerimiento notarial de pago y sustituirlos por un requerimiento de pago fehaciente al deudor (burofax o similar).

- Eliminar la restricción que impide la modificación de la base (y por tanto la recuperación del IVA) en facturas impagadas de importe inferior a 300 euros emitidas a particulares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-Javier Ruano García, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión de Fomento

161/004118

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Mixto.

Proposición no de Ley relativa a impedir la construcción de un aparcamiento de trenes de carga junto a Casa Mediterráneo (Alicante).

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 117597, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para impedir la construcción de un aparcamiento de trenes de carga junto a Casa Mediterráneo (Alicante), para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Casa Mediterráneo es una institución de diplomacia pública del Gobierno situada en la ciudad de Alicante, junto al litoral de la ciudad, en un paraje respecto del cual existe un consenso entre vecinos y todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento para convertirlo en una vía verde.

En este contexto, el Ministerio de Fomento ha dado a conocer un proyecto para construir una zona de aparcamiento de trenes de carga junto a Casa Mediterráneo, lo que, a todas luces, constituiría una alteración del paraje y un impedimento para la conexión de la ciudad con su litoral.

Por todo lo expuesto, Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Paralizar el proyecto de aparcamiento de trenes de carga junto a Casa Mediterráneo.

2. Liberar la fachada marítima de Alicante de las vías del tren, realizando la conexión ferroviaria del aeropuerto con la ciudad a través de la variante de Torrellano."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2018.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/004124

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, relativa a la incorporación en el Reglamento General de Carreteras de informes y protocolos para prevenir posibles intervenciones de riesgo en fosas comunes durante las tareas de mantenimiento y conservación de la red de carreteras.

Exposición de motivos

En España existen un total de 2.246 fosas comunes pertenecientes a los periodos históricos de Guerra Civil y Franquismo según el mapeo realizado por el Ministerio de Justicia (2011). Se trata de un mapa generado a partir de la información que han aportado hasta un total de 49 plataformas defensoras de la memoria democrática de todo el territorio español, incluyendo los suelos insulares y las ciudades autónomas.

Según estos datos, de las 2.246 fosas, se han exhumado en su totalidad 437, parcialmente 43 y quedan por intervenir 1.221. Se han detectado 500 fosas distribuidas en todo el territorio cuyos restos fueron trasladados al Valle de los Caídos y existen 250 fosas desaparecidas, algunas de estas últimas por modificación en tramos de carreteras o por haber inhabilitado su acceso a causa de construcciones recientes.

Su localización exacta, investigación y futura exhumación deben ser consideradas responsabilidades políticas de primer orden. De la correcta gestión e investigación a todos los niveles dependerá el legado que transmitamos a las generaciones futuras y la reparación, justicia y verdad de los periodos más oscuros de nuestra historia reciente que, sin duda, tienen un retorno en la sociedad actual, una brecha abierta que debe cerrarse desde la responsabilidad y el buen hacer metodológico y político.

Un caso similar es el de los lugares de memoria; independientemente de su carácter estructural, las organizaciones de la sociedad civil han demandado un catálogo que también es exigido desde la ONU en la reciente visita el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Sr. Fabian Salvioli, es necesario garantizar los recursos suficientes para poner en marcha medidas para el reconocimiento social y cultural de los lugares de la memoria democrática y antifascista. A tales efectos, se debe proceder a la localización, catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de la memoria y a su señalización a través de placas y paneles que expliquen los hechos que tuvieron lugar, por parte de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Deporte y de cuáles más órganos sean competentes en esta materia, como el Ministerio de Fomento, en lo que a estructuras que corran los mismos riesgos ya descritos anteriormente para las fosas comunes.

Por otra parte, España cuenta con una amplia red de carreteras que forman parte del patrimonio común del Estado. Esta red precisa de continuas actuaciones de mantenimiento y conservación para el buen estado, la utilidad y la durabilidad de las distintas vías. El desarrollo de la red de carreteras coexiste con la amplia cantidad de fosas comunes expuesta y que son especialmente sensibles por no ser distinguidas a simple vista, ya que están localizadas en el subsuelo.

En las tareas de mantenimiento y conservación de la red de carreteras se deben de tener en cuenta en todo momento los riesgos de cercanía a dichas fosas comunes reflejadas en el mapa en la web del Ministerio de Justicia que, aun debiendo ser actualizado, evidencia que coexisten zonas de carreteras con fosas comunes en las cunetas o en inmediaciones cercanas a las vías, susceptibles de recibir labores de mantenimiento. Disponer de un catálogo bien documentado ayudaría a los responsables del mantenimiento y conservación de carreteras a prevenir y evitar que actuaciones para el cuidado de nuestras carreteras deterioren o pongan en peligro elementos de nuestra memoria.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Garantizar que el Ministerio de Fomento realice un cruce de información con el Ministerio de Justicia, Ministerio de Cultura, con las Comunidades Autónomas y las administraciones locales, para que los datos de los elementos relacionados con la memoria democrática y de los Derechos Humanos, sean tenidos en cuenta durante las labores de mantenimiento y conservación de carreteras.


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2. Incorporar en el Reglamento General de Carreteras un protocolo que obligue a las actuaciones de mantenimiento y conservación de carreteras, a contar con un informe previo de conocimiento sobre los elementos relacionados con memoria democrática y de los Derechos Humanos existentes en la zona de actuación, así como, en el caso de que estos existan, diseñar un plan específico de prevención de cara a evitar daños a las víctimas derivados de las labores de mantenimiento y conservación, tal y como refleja la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, en su artículo 12.2."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Sergio Pascual Peña, Eduardo Javier Maura Zorita y Eva García Sempere, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004127

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de las frecuencias de paso de los convoyes en la línea de ferrocarril Xàtiva-Ontinyent-Alcoi, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La falta de inversiones en la línea de ferrocarril de cercanías Xàtiva-Ontinyent-Alcoi ha sido una constante durante muchos años. Esto ha provocado que no se preste un servicio mínimamente satisfactorio para las personas usuarias, en una conexión ferroviaria fundamental para las comarcas centrales de la Comunitat Valenciana, y que existan puntos en el trayecto de riesgo elevado para la seguridad.

En este sentido, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha anunciado que va a invertir más de 20 millones de euros en mejoras en la línea.

En primer lugar, ADIF ha aprobado la licitación del proyecto de instalación del sistema denominado Bloqueo por Liberación Automático en Vía Única (BLAU), para racionalizar y optimizar la explotación del tren e incidir directamente en un aumento de la seguridad.

Según el gestor ferroviario público, entre los trabajos a desarrollar destaca la instalación de nuevos sistemas de gestión del tráfico en las estaciones de Ontinyent y Alcoi, que dispondrán de sistemas videográficos integrados en el Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Valencia. Además, se adaptarán los equipos existentes en Xàtiva. En estas tres estaciones se implantarán nuevos elementos de campo, como señales luminosas laterales, señales indicadoras de dirección, accionamientos y contadores de ejes, entre otros. También se colocarán otros dispositivos, como cartelones y pantallas fijas de información.

Dentro de ese mismo proyecto, siempre según ADIF, se extenderá una nueva red de cableado para las instalaciones de seguridad en las tres estaciones, desmontando los equipamientos que quedarán fuera de servicio. Otras actuaciones serán la implantación de los equipamientos del sistema ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático), el tendido de nuevos cables de fibra óptica de comunicaciones y la adecuación del sistema tren-tierra.

Por otro lado, se instalarán centros de transformación para la alimentación de los sistemas de señalización y de equipos de alimentación ininterrumpida, y se llevarán a cabo trabajos de obra civil, como edificios técnicos, zanjas, canaletas, canalizaciones y arquetas.

Las actuaciones de este proyecto tienen un presupuesto de licitación de 8,5 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 10 meses.

En segundo lugar, también se ha anunciado otro proyecto, aún por redactar, de renovación de las vías con una inversión prevista de 12 millones de euros y con la intención de reducir la duración de los viajes.

Son buenas noticias para superar el abandono de esta línea de ferrocarril y contribuir a vertebrar el territorio con una infraestructura digna. Pero es muy importante asegurar también que, de manera inmediata, se mejoren las frecuencias de los trenes, y para ello no son precisas grandes inversiones.


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No es admisible que las frecuencias de estos trenes de cercanías sean propias de hace 30 años, cuando las necesidades eran otras. Es necesario realizar las nuevas inversiones previstas y potenciar de manera urgente las actuaciones y los recursos humanos precisos para posibilitar que las frecuencias de paso de los trenes por las estaciones de la línea Xàtiva-Ontinyent-Alcoi sean razonables y acordes a un ferrocarril del siglo XXI.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar de manera inmediata las medidas oportunas para mejorar las frecuencias de paso de los convoyes de la línea de ferrocarril Xàtiva-Ontinyent-Alcoi."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2018.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento, relativa al inicio del estudio informativo de la actuación del by-pass de Piadela (Betanzos) en la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña y otras actuaciones para la mejora de la línea.

Exposición de motivos

El proceso de estudio y delimitación de los servicios de Cercanías, Media Distancia (red convencional), Media Distancia (AVANT) y Ancho Métrico susceptibles de ser calificados como obligación de servicio público culminó en 2013, consecuencia de los siguientes Acuerdos de Consejo de Ministros:

- En relación con los servicios de Cercanías: Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2010 y el Acuerdo Complementario n.º 1 de fecha 18 de noviembre de 2011.

- En relación con los servicios de media distancia prestados sobre la red de ancho ibérico convencional: Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2012.

- Y en relación con los servicios de media distancia prestados sobre la red de altas prestaciones (AVANT): Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de julio de 2013.

En dichos Acuerdos se señalaba la necesidad del Ministerio de Fomento de formalizar las condiciones de prestación del servicio en un contrato, así como la de revisar los servicios declarados como obligación de servicio público en un plazo de 2 años.

Así, desde el año 2012 la línea ferroviaria que une Ferrol y A Coruña está declarada como obligación de servicio público sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo ninguna actuación seria para la modernización de la misma. En diciembre de 2018, la línea ferroviaria que enlaza Ferrol con A Coruña sigue siendo una vía de comunicación total y absolutamente residual. Desde que se construyó en 1913 no se acometieron las mejoras imprescindibles para favorecer el asentamiento demográfico, el desarrollo industrial y la apuesta por el tren como medio de transporte público, eficiente y práctico para el transporte de personas y mercancías. La conexión ferroviaria entre estas dos ciudades del Eje Atlántico Norte fue la gran olvidada en los planes de inversión e infraestructuras, gobierno tras gobierno y mandato tras mandato, lo que supone un desprecio sistemático por esta comarca y sus vecinas y vecinos.

El 20 de marzo de 2017, alcaldes y representantes políticos de varios ayuntamientos (Ferrol, Narón, Neda, Fene, Pontedeume, Miño, Betanzos, Cambre, A Coruña) hicieron pública y de forma conjunta una Declaración Institucional en apoyo al Eje Ferroviario Ferrol-A Coruña, reclamando una actuación firme y vertebradora en un trazado que hoy en día no es atractivo. En este mismo sentido se habían pronunciado también el Parlamento de Galicia y numerosos colectivos empresariales y sociales.


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Tras estas reclamaciones, el Gobierno central había proyectado la renovación de la línea A Coruña-Ferrol y en los presupuestos reservó 500.000 euros para 2017 y 3,5 millones hasta 2019. Pero a finales del año 2017 el exsecretario general de infraestructuras, Manuel Niño, situó las mejoras en el terreno de los estudios, parcela en la que se mantiene con los poco más de 21.000 euros gastados en el plan de viabilidad del by-pass de Betanzos y la previsión de licitar la redacción de un estudio informativo.

Sin embargo, estos datos confrontan con la estimación que costaría una actuación seria que hiciera esta vía atractiva, y que sería de entre 870 y 1.000 millones de euros. Esta situación de abandono por parte del Gobierno ha provocado que diversos colectivos y formaciones políticas inicien en diciembre de 2018 una nueva campaña reivindicativa por un tren digno para la ciudad.

El Foro Económico de Galicia ha llevado a afirmar que "ya tan avanzado el primer cuarto del siglo XXI, en Galicia se siguen proclamando reivindicaciones a respecto del tren que podrían ser consideradas pasadas en otras latitudes europeas o incluso españolas". Este Foro, en el estudio presentado este mes de octubre bajo el título "Los retos para Galicia del Siglo XXI en el sistema europeo de transporte marítimo-terrestre", afirma que "el sistema ferroviario de Galicia, en lo que se refiere tanto a sus infraestructuras como a la capacidad de prestación del servicio, se corresponde con un proyecto del siglo XIX dificultosamente culminado en el XX. Semejante retraso, sin actualización proyectiva relevante, como no podía ser de otra forma, revierte en la manifiesta ineficiencia del ferrocarril a día de hoy". Y sentencia el mismo estudio que "no será posible una economía moderna en Galicia si no dispone de un sistema de transportes eficiente, y dentro de él ocupará un lugar principal el ferrocarril".

Entre las mejoras que ya propone el Foro Económico de Galicia se destacan como principales la electrificación de las vías, la unificación de los anchos y la mejora de los sistemas de tracción, que mejoran sensiblemente la cuota de velocidad de los tráficos.

Debemos recordar, además, que ya a principios de 2018, la Consellería de infraestructuras e Vivenda de la Xunta de Galicia presentó las conclusiones del estudio encargado para evaluar las condiciones técnicas y de utilización de la línea de tren que une Ferrol con A Coruña, que deben permitir mejorar este servicio ferroviario, y equiparar el viaje en tren al de la autopista reduciendo los tiempos actuales de la línea férrea a la mitad. Uno de los objetivos de este estudio era analizar la viabilidad del incremento de la capacidad de la vía, permitiendo cruces entre trenes que faciliten un incremento de las frecuencias. En este sentido, el informe apunta a la conveniencia de instalar tres posibles PAET (Puestos de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes), así como otras actuaciones de menor calado, como la rectificación de algunas curvas de radio reducido que, actualmente, obligan a los convoyes a aminorar la velocidad.

Según un informe de la Xunta de Galicia, unas 3.000 personas se desplazan a diario entre A Coruña y Ferrol por motivos de trabajo o estudios. Pero solamente 167 utilizan el ferrocarril. Con los peajes de la autopista, los gastos por usuario pueden llegar a los 2.000 euros al año, una cantidad imposible de asumir por estudiantes, pensionistas y muchas personas trabajadoras.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Iniciar, de manera urgente, la redacción del estudio informativo de la actuación del by-pass de Piadela (Betanzos) en la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña, actuación dotada con 200.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y con previsión de dotación de otros 200.000 euros en 2019.

2. Incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019 una dotación presupuestaria suficiente de cara al inicio inmediato en la ejecución del proyecto de construcción del by-pass de Piadela (Betanzos).

3. Incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019 una dotación presupuestaria suficiente al proyecto de renovación de la línea A Coruña-Ferrol, de tal manera que se atienda a la adecuada mejora de la línea y sus servicios, con actuaciones en los siguientes ámbitos:

- Mejorar el trazado en radio de curvas para mejorar la velocidad y seguridad de los servicios.

- Desdobles de la línea en diferentes tramos para evitar limitaciones en el cruce de trenes y mejorar con ello el servicio con horarios más cadenciados.


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- Electrificar la línea para permitir la circulación de trenes con mejores prestaciones, menor impacto ambiental y mayor seguridad.

- Establecer apeaderos en núcleos de población importantes.

- Dotación de aparcamientos disuasorios junto a estaciones y apeaderos.

- Aumentar el número de circulaciones y mejorar las cadencias, con intervalos de tiempo fijos en función del tipo de horario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre igualdad de trato a usuarios de la autopista AP-7, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en visita a Castellón el 29 de noviembre de 2018 afirmó que "habrá bonificaciones de la AP-7 para el tráfico pesado hasta Torreblanca", en manifiesta contradicción con la ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de 31 de agosto informó que "en los próximos días" se extenderían las bonificaciones que se habían aplicado a Cataluña, tanto para vehículos pesados como para ligeros.

Aquel acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, con efectos de 2 de septiembre de 2018, y con cargo al presupuesto del Gobierno anterior, aprobó la exención del 100% del peaje para los vehículos ligeros en los trayectos de ida y vuelta con origen y destino en dos enlaces de la autopista AP-7, comprendidos entre las estaciones de peaje número 30 (Vilafranca sur) y 42 (Vinaroz/Alcanar), y la reducción del importe del peaje a todos los vehículos pesados de la categoría 2 en el tramo Peñíscola-L'Hospitalet de l'Infant de la AP-7.

Además, y también a cargo exclusivamente del Gobierno de España, se bonifican los tramos entre Les Borges Blanques y El Pla de Santa María (N-240 y la AP-2), íntegramente en Cataluña -51 kilómetros entre Tarragona y Lleida-.

Se tomaron tres decisiones de gratuidad para los vecinos de Cataluña, de lo cual nos alegramos, pues para ello se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado una partida, "473. Para compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje" con importe de 16.103.000 ?, genérica, y que en ningún sitio establecía el lugar de inicio y final de las bonificaciones.

Lo llamativo es que el Gobierno socialista decidiese en septiembre que las bonificaciones se terminaban para turismos justo en el límite provincial con la Comunidad Valenciana, y ahora la extensión prometida se queda solo en los vehículos pesados y tan solo en una parte de Castellón, cuando existe acuerdo parlamentario para beneficiar también a vehículos ligeros y en mayor medida a la provincia referida, incluyéndose también a las provincias de Valencia y Alicante que tengan la misma situación de siniestralidad.

Es la primera vez en cuarenta años de concesiones que una medida de bonificación a los vecinos es pagada con el presupuesto general y sin aportación de la Comunidad Autónoma, y además termina en el límite provincial.

Hasta el cambio de Gobierno, y tras dos años de trabajo, la bonificación se preveía también en la Comunidad Valenciana -20 de abril de 2018, "El Gobierno rebajará los peajes en los tramos de la AP-7 a su paso por Castellón... podrán beneficiarse vehículos ligeros con usuarios recurrentes"...-, según especificó el Secretario General de Infraestructuras Manuel Niño (Las Provincias, Castellón Información).

La igualdad de trato entre Comunidades Autónomas es una obligación del Gobierno de España, y si el propósito, como reza el acuerdo, es "la mejora de la seguridad del corredor viario... así como una disminución de la congestión y del nivel de emisiones en la N-340", la provincia de Castellón está en


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idénticas circunstancias y también se da en algunos tramos de las provincias de Valencia y Alicante, como, al menos en las comarcas de La Safor y La Marina en la vía N-332.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que se hagan públicos los datos referidos a seguridad vial, congestión de tráfico y del nivel de emisiones que han llevado a la adopción de este discriminatorio acuerdo.

2. Que se extiendan las referidas bonificaciones al menos a los tramos de la AP-7 en la Comunidad Valenciana y Murcia que se encuentran en las mismas circunstancias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para desarrollar la actuación urbanística del área de Benalúa (Alicante) y retomar el proyecto de la variante de Torrellano, para su debate en la Comisión de Fomento.

El 25 de febrero de 2011 el Pleno del Ayuntamiento de Alicante acordó someter a exposición pública el proyecto de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante, la Autoridad Portuaria de Alicante y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para el desarrollo de la actuación urbanística del área de Benalúa. Dicho expediente nunca fue resuelto.

El Ministerio de Fomento parece que está valorando en la actualidad destinar esos terrenos a apartadero de trenes de mercancías. Un proyecto de ese tipo significaría un uso claramente incompatible con el objetivo de integrar el puerto con la ciudad de Alicante, objetivo que debería pasar por dedicar dichos terrenos a una gran zona verde que se extendería entre Casa Mediterráneo y el Parque del Mar.

Una zona verde que contribuiría a definir un cinturón verde entre el puerto y la ciudad en el frente de la Avenida de Elche, dando continuidad a la sucesión de zonas verdes que se extienden desde la Plaza de la Puerta del Mar hasta la misma fachada de Casa Mediterráneo, de la que forman parte espacios tan emblemáticos como la Explanada o el Parque de Canalejas.

Por otra parte, la existencia de vías de tren junto a la Avenida de Elche impide que el Parque del Mar pueda ser plenamente accesible desde el barrio de Gran Vía Sur, por lo que deberían retirarse dichas vías desde Casa Mediterráneo hasta la entrada del trazado del ferrocarril en el puerto, junto al extremo en el que acaba el Parque del Mar.

Además, el Ministerio de Fomento también puede estar barajando consolidar el trazado ferroviario de costa entre San Gabriel y Agua Amarga para que por dicho trazado circulen trenes de mercancías de forma ordinaria, hipotecando de ese modo tanto la retirada del trazado ferroviario, contemplada en la denominada variante de Torrellano, como la viabilidad del proyecto municipal del paseo litoral en la zona sur de la ciudad.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas siguientes:

1. Promover retomar la tramitación del proyecto de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante, la Autoridad Portuaria de Alicante y ADIF para el desarrollo de la actuación urbanística del área de Benalúa, definiendo una gran zona verde entre Casa Mediterráneo y el Parque del Mar que contribuya a definir un cinturón verde entre el puerto y la ciudad en el frente de la Avenida de Elche.


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2. Descartar cualquier uso como apartadero de trenes de mercancías de los terrenos del área de Benalúa y retirar las vías del tren entre Casa Mediterráneo y la entrada del ferrocarril en el puerto para eliminar una barrera innecesaria que impide el acceso peatonal en condiciones de normalidad al Parque del Mar desde la Avenida de Elche.

3. Rechazar consolidar el actual trazado ferroviario costero entre el barrio de San Gabriel y el polígono industrial de Agua Amarga y descartar que dicho trazado pueda ser utilizado como acceso ordinario de trenes de mercancías al puerto.

4. Retomar el proyecto de la variante de Torrellano para liberar de vías del tren el frente costero sur de la ciudad y poder definir sobre la actual plataforma ferroviaria un espacio verde que dé continuidad al cinturón verde entre el puerto y la ciudad hasta la zona protegida del Saladar de Agua Amarga, viabilizando el proyecto municipal del paseo litoral en la zona sur de la ciudad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2018.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Educación y Formación Profesional

161/004126

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Marta Martín Llaguno, Diputada del mismo grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el adoctrinamiento en los colegios, para su discusión en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

Con anterioridad al 1 de octubre de 2017, Cs ya había denunciado y preguntado varias veces al Gobierno sobre las consignas de profesores para que los niños no fueran a las aulas y se concentrasen ante centros públicos. El 5 de octubre de 2017, el Ministerio envió el que sería ya el segundo requerimiento a la consellera Clara Ponsatí en relación a este respecto.

Asimismo, los informes publicados por Sociedad Civil Catalana (SCC) y por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), "lnstrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso 1 de octubre", han puesto de manifiesto numerosos hechos que ocurrieron de manera paralela:

- En el Instituto Alexandre Galí (Sant Pere de Ribes), la Escuela la Muntanyeta (Barcelona), la Escuela Guillermo Balsareny (Balsareny) y la Escuela Rosa Oriol Anguera (Lliga d'Amunt) se envió a los padres una notificación de huelga para el 3 de octubre de 2017 con menos de 24 horas de antelación.

- El director general de la Fundación Educativa de las Dominicas de la Anunciata en Cataluña (FEDAC) empleó su perfil de Twitter para enviar un mensaje de carácter corporativo, y en nombre de toda la comunidad escolar, de adhesión al "paro general" del 3 de octubre de 2017 como muestra de solidaridad "con las víctimas agredidas indiscriminadamente y en defensa de los derechos fundamentales".

En abril de este año, la fiscalía denunció a varios profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) por "humillar" y "discriminar" a hijos de guardias civiles, denuncia que se remite al 2 de octubre del 2017.

Estos hechos no son aislados ni exclusivos de Cataluña. En fecha 16 de septiembre se publicó una noticia que afectaba a un libro de texto de 4.º de la ESO en Baleares. El libro en cuestión incluye estas preguntas: "1) Argumenta. ¿Es el terrorismo de ámbito internacional una de las principales amenazas hoy en día? Razona la respuesta. 2) ¿Qué factores políticos, económicos y sociales favorecen el desarrollo del terrorismo?".


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Esta segunda pregunta, que ni siquiera está formulada en tono condicional como la primera, parece expresar el convencimiento del editor de que existen causas económicas y sociales que favorecen el desarrollo del crimen.

Los ejemplos expuestos forman parte de disfunciones en la escuela vinculada con el adoctrinamiento ideológico.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Velar por el cumplimiento de la Ley 10/2007, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, en cuanto a que tienen que existir unos "textos adecuados en el contenido y en la forma" que se adapten "al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo" en los libros de texto y demás materiales curriculares. Velar por la presencia equilibrada entre hombres y mujeres tanto en los libros de texto como en los demás materiales curriculares.

2. Velar por la presencia de las diferentes relaciones afectivas y las diferentes opciones sexuales tanto en los libros de texto como en los demás materiales curriculares.

3. Velar para que todos los manuales sean aptos para ser aplicados como libros de estudios en los centros educativos.

4. Velar para que se garantice el derecho a la educación, la no discriminación por cuestiones ideológicas o de cualquier otro tipo, así como el respeto a la pluralidad en las escuelas y centros docentes en general de toda España y, en particular en Cataluña, preservando así la neutralidad política del espacio público.

5. Rechazar cualquier tipo de instrumentalización política de la escuela, e instar al conjunto de fuerzas políticas a no poner en riesgo la convivencia en los centros educativos.

6. Manifestar el apoyo a los alumnos que se hayan sentido humillados y cuya dignidad y la de sus familias se ha visto vulnerada por la profesión de sus progenitores, por sus ideas políticas, su lengua materna o cualquier otra condición.

7. Manifestar respeto por los alumnos catalanes y condenar las acusaciones de mentir que se han vertido contra ellos.

8. Reforzar el papel y la estructura de la Alta Inspección Educativa del Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

161/004129

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la protección de los actores en el sector sanitario y hospitalario en la preparación, transporte, administración y eliminación de residuos de medicamentos peligrosos, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El manejo de productos y medicamentos peligrosos -entendiendo por tal aquellos cuya exposición se sabe o se sospecha que pueden causar carcinogenicidad, toxicidad del desarrollo, toxicidad reproductiva, toxicidad de órganos en dosis bajas, genotoxicidad y efectos similares- es un problema de salud pública de primer orden, fundamentalmente para los profesionales sanitarios, pero también para los pacientes y sus familias.


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Según el European Biosafety Network, en Europa cada año más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras están expuestos a medicación peligrosa, ya sea carcinógena, mutagénica o reprotóxica.

La contaminación ambiental de las zonas en las que se preparan y administran este tipo de sustancias en los centros de atención sanitaria, y su manejo de forma habitual en los centros sanitarios y en la atención domiciliaria, tienen efectos adversos para la salud de los trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario, y en especial para los profesionales de enfermería y de farmacia.

Tal y como reconoce el nuevo Marco de Trabajo Estratégico de la UE sobre Salud y Seguridad en el Trabajo 2014-2020, las mujeres que trabajan en el ámbito sanitario, fundamentalmente las enfermeras, tienen una especial vulnerabilidad debido a su alta exposición.

Y aunque el personal de enfermería es el que mayor riesgo de exposición tiene, al ser el personal encargado de la preparación de medicación en los departamento de farmacia y de la administración del mismo en la planta, hospitales de día y administración domiciliaria, el riesgo derivado de la exposición afecta también a técnicos y auxiliares de farmacia, al personal de transporte en sus distintas fases, recogida y destrucción de residuos, e incluso al personal de mantenimiento y limpieza de equipos e instalaciones. Así mismo, son trabajadores y trabajadoras del sector hospitalario y sanitario, y a todos los que están bajo la dirección y supervisión del empleador directo y a los de las empresas subcontratistas.

Si bien la legislación europea y nacional ya ha abordado con éxito muchos de los riesgos laborales en el ámbito sanitario, queda mucho por hacer en relación a los fármacos peligrosos y citotóxicos, diseñados para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades.

El número de preparaciones, administraciones y gestión de estos medicamentos está creciendo de forma exponencial en toda Europa, debido al desarrollo demográfico y a la ampliación de su efectividad terapéutica.

La necesidad de proteger a los trabajadores y las trabajadoras frente al riesgo derivado de la exposición a medicamentos peligrosos, va en aumento por varias razones. En primer lugar, la tasa de incidencia del cáncer no ha dejado de crecer, y con ello el uso de fármacos antitumorales usados en el tratamiento oncológico, aumentando con ello el riesgo de exposición de todos los actores del sector sanitario y hospitalario. En segundo lugar, el número y diversidad de trabajadores expuestos sigue creciendo a causa de la rápida expansión de estos medicamentos en el tratamiento de enfermedades no oncológicas. En tercer lugar, en estudios recientes se ha demostrado la persistencia de la contaminación en superficies de servicios de farmacia hospitalaria donde se prepara la medicación antitumoral después de haberse sometido a procedimientos de limpieza acreditados, pese a las directrices y recomendaciones de los Estados para reducir el nivel de exposición laboral.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, obliga a los empresarios a adoptar todas las medidas necesarias para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo y su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 665/1997, de protección de los trabajadores frente a riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos, o la Directiva Europea 2004/37/EC sobre la protección de los trabajadores frente a riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo, se aproxima a riesgos similares.

Pero ninguna normativa ni nacional ni comunitaria de las existentes en materia de agentes químicos de riesgo aborda específicamente los riesgos derivados de la exposición a fármacos peligrosos, ni las medidas preventivas que de forma concreta deben adoptar las empresas frente a este riesgo.

Con carácter más específico, existe una Nota Técnica de Prevención del Instituto de Higiene en el Trabajo (NTP) 740, de 11 de noviembre de 2003, que incluye recomendaciones frente a la exposición a citostáticos en el ámbito sanitario y varias guías técnicas o protocolos de actuación frente al manejo o la exposición a fármacos peligrosos para la salud.

También el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, elaboró en el año 2015 la Nota Técnica de Prevención 1051, que incluye un listado de medicación peligrosa comercializada en España, así como las medidas de protección que los gestores sanitarios deben de poner a disposición de los profesionales sanitarios para la preparación y administración de estos fármacos.

Más recientemente, la Unión Europea, en espera de la reforma de la directiva, ha elaborado, en relación con el uso de medicamentos citotóxicos, una serie de recomendaciones que consisten en: 1) la elaboración de un listado de fármacos de esta naturaleza, 2) la adopción de medidas comunes mínimas


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aplicables en todos los Estados miembros, que garanticen la disposición para los profesionales de información y formación suficiente en este tema, y 3) la utilización de equipos de protección individual y de sistemas cerrados de transferencia de medicamentos.

Estos dispositivos cerrados de transferencia de fármacos han sido definidos por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU. (NIOSH) como aquellos que impiden mecánicamente la transferencia de contaminantes ambientales al sistema y el escape de concentraciones peligrosas de drogas o vapores fuera del sistema.

Así mismo, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ha publicado recientemente el documento de "Recomendaciones: Sistemas cerrados para el manejo de los medicamentos y productos peligrosos".

Todos estos documentos han incidido en una mayor concienciación y con ellos de una mayor protección de las personas trabajadoras afectadas, pero está muy lejos de ser el marco de protección adecuado. Tanto porque no abordan riesgos y medidas preventivas de forma integral como porque no son disposiciones de obligado cumplimiento para las empresas, ni pueden ser exigidas por la Inspección de Trabajo, los trabajadores y trabajadoras ni por sus representantes legales.

El Grupo Socialista considera necesario garantizar la seguridad de los actores del sector sanitario y hospitalario mediante el desarrollo de una normativa que tenga como objeto:

- Lograr un entorno de trabajo lo más seguro posible.

- Prevenir los riesgos derivados de la exposición a medicamentos peligrosos.

- Proteger a los trabajadores expuestos, asegurando el uso de todas las medidas posibles, entre las que se incluyen sistemas cerrados mediante cabinas de manipulación de fármacos.

- Establecer un enfoque integrado por el que se definan políticas de evaluación de riesgos, prevención de riesgos, formación, información, sensibilización y supervisión, así como de participación y consulta de los representantes legales de los trabajadores.

- Poner en marcha procedimientos de respuesta y seguimiento en la preparación y administración de medicinas peligrosas.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en coordinación con las Comunidades Autónomas:

1. Revisar y armonizar, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las medidas adoptadas de protección de los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario frente a la exposición y manejo de medicamentos peligrosos y citotóxicos.

2. Actualizar el listado vigente de medicamentos peligrosos a los que están expuestos los y las profesionales de la salud y establecer un mecanismo para su actualización periódica.

3. Elaborar una normativa específica en el ámbito de la prevención de riesgos laborales por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, sobre la protección de los trabajadores y las trabajadoras contra los riesgos relacionados con la exposición a medicamentos peligrosos durante el trabajo.

4. Elaborar, con todos los agentes implicados, una guía nacional para la prevención de la exposición a medicamentos peligrosos de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que en todo caso incluirá:

- El diseño de las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores de la salud expuestos a medicamentos peligrosos reciban información y formación adecuada y periódica sobre los riesgos, el equipo de protección personal, así como pautas adecuadas de descontaminación, limpieza y desinfección basadas en los niveles de contaminación de la superficie y el tipo de medicamentos y sustancias. A estos efectos, se asegurará el monitoreo regular de la contaminación a la que están expuestos.

- La definición de las especificaciones técnicas que habrá de cumplir un sistema de transferencia de medicación para ser considerado un sistema o dispositivo cerrado. Asimismo, contemplará la puesta en marcha de un registro de dispositivos cerrados de transferencia de medicamentos que permita asegurar su carácter obligatorio para los trabajadores, y, en particular, para los trabajadores del ámbito sanitario.


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5. Desarrollar campañas específicas de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al amparo de la normativa general existente, para velar por el cumplimiento de medidas de prevención y protección en el sector sanitario referente a la exposición a medicación peligrosa en el ámbito público y privado.

6. Desarrollar programas de información y formación para pacientes y familiares de pacientes relativos a los riesgos y formas de exposición a los medicamentos peligrosos, así como la prevención de los mismos en centros sanitarios y en los domicilios particulares, tanto por los miembros del hogar familiar como por aquellas personas que realizan su actividad laboral en el domicilio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-María del Rocío de Frutos Madrazo y Jesús María Fernández Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

161/004114

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción de un dique seco cubierto al Astillero Navantia-Ferrol, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

La empresa pública Navantia S.A., se encuentra inmersa en la negociación de un Plan estratégico que, como tal, aborda múltiples factores, como carga de trabajo, mejora de los procesos de fabricación, rejuvenecimiento de sus plantillas, transformación en un astillero 4.0, etc. Un Plan estratégico que es necesario para salir de la situación en que se encuentra fruto de las pérdidas acumuladas durante años anteriores, motivadas por la crisis y la ausencia de la carga de trabajo existente durante esos años y por las deficiencias de su proceso productivo.

La negociación de este plan estratégico viene retrasándose por uno u otros motivos, pero a criterio del Partido Popular hay unas actuaciones en el astillero de Ferrol que no pueden dilatarse más en el tiempo para asegurar la supervivencia del mismo.

El Astillero, fundado en el siglo XVII, ha vivido la evolución de la construcción naval desde ese tiempo de su fundación hasta nuestros días, pero hay que reconocer que la última gran renovación fue en el siglo XX, y desde entonces los astilleros competidores han evolucionado, por lo que resulta indispensable abordar la reforma del Astillero de Ferrol de forma inminente.

El elemento clave para la transformación del Astillero en un astillero competitivo pasa por la construcción de un dique seco cubierto, con capacidad suficiente para albergar la construcción de buques a los que el astillero tenga que hacer frente.

A día de hoy, las dificultades para la construcción con las que se enfrenta el astillero de Ferrol hacen indispensable tener que contar con la factoría de Fene, condicionando de esta manera la producción propia en el astillero de Fene.

Durante estos años, Navantia ya ha realizado estudios preliminares y se ha avanzado en las soluciones técnicas para abordar la reforma del astillero. La crisis financiera sufrida en los últimos años hizo imposible abordar este proyecto, así como la maduración del mismo.

El anuncio del actual Gobierno de firmar la orden de ejecución de las Fragatas F-110, que cuentan con una dotación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado para el 2018 de 270 millones de euros, aprobados por el anterior Gobierno del Partido Popular, hace que la reforma del astillero de Ferrol se tenga que acometer de forma inmediata.

La realización de esta infraestructura debe ser independiente de la realización o ejecución del plan estratégico en estudio, ya que será la pieza clave de este o de cualquier plan estratégico posterior.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en coordinación con todos los organismos dependientes que intervienen en este proceso (Sepi, Ministerio de Hacienda, Defensa, etc.), dote de un dique seco cubierto al Astillero Navantia-Ferrol que permita la viabilidad y competitividad del mismo, imprescindible para la creación y mantenimiento de empleo en una ciudad y comarca marcadas por una crisis permanente desde el inicio de la reconversión naval en 1983."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Tristana María Moraleja Gómez y Juan Manuel Juncal Rodríguez, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004119

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ejecución del proyecto de las Fragatas F-110, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

Las Fragatas F-110, proyecto de la Armada Española, cuya construcción abordará la empresa pública Navantia, constituyen un proyecto fundamental para la Armada y para la empresa pública Navantia S.A.

Para Navantia, y concretamente para Navantia Ferrol, son imprescindibles porque dotan de carga de trabajo al astillero situado en esta ciudad y permiten mitigar la situación de Ferrol y su comarca. Además, es esencial también para que esta carga de trabajo apoye y permita la realización del plan estratégico en el que se encuentra inmersa la empresa.

La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de llevar a cabo el programa de construcción de las nuevas F-110 fue una decisión vital para el Ministerio de Defensa, para Navantia y para la comarca de Ferrol, donde se desarrollará la mayor parte del programa.

La salida del Partido Popular del Gobierno, a través de la moción de censura, y la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa generaron dudas en la marina española y en la compañía naval.

La orden de construcción de dichas fragatas estaba tomada hace ya muchos meses, pero no pudo llevarse a cabo porque no existía partida presupuestaria. Una vez aprobados los Presupuestos Generales para el 2018, que incluían 251,9 millones de euros destinados a iniciar la fase de construcción de las cinco F-110, ya se iba a empezar a proceder a la orden de construcción.

Por lo tanto, desde entonces, el Gobierno dispone de todos los requisitos necesarios para dar la orden de ejecución del proyecto, y no dilatar más el comienzo de los trabajos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar la orden de ejecución del proyecto de las Fragatas F-110 antes de que finalice el presente año."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-Tristana María Moraleja Gómez y Juan Manuel Juncal Rodríguez, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/004117

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar una Estrategia Nacional de Defensa contra Incendios Forestales, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

A falta de contabilizar los dos últimos meses del año, la temporada de alto riesgo de incendios de 2018 ha finalizado con unos buenos datos. El año 2018 se ha caracterizado por el bajo número de grandes incendios, un descenso significativo de incendios y conatos, y la menor superficie afectada de los últimos 55 años. Las condiciones climatológicas, salvo situaciones puntuales, han contribuido a ello.

La larga experiencia acumulada en materia de incendios forestales ha hecho de España un país de referencia en este tema. Desafortunadamente, sabemos que, pese a la eficacia demostrada por los medios de extinción, y la excelente coordinación entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, los incendios forestales suponen una lacra social, ambiental y económica para las zonas afectadas.

Existen nuevos retos derivados de la proliferación de masa forestal ligadas al abandono de terrenos rurales, a las cada vez mayores cargas de combustible en las zonas de interfaz urbano-forestal, así como los cambios en el régimen climático; ello obliga a abordar nuevas estrategias de acción que permitan gestionar el fuego de forma controlada, incidiendo con mayor énfasis en la activación de la gestión forestal sostenible, la gestión silvopastoral y las medidas específicas preventivas de incendios, por su contribución a la mitigación del cambio climático y a la lucha frente a la despoblación del medio rural.

El impulso de la gestión forestal sostenible, como el mejor de los medios de prevención de estos incendios, debe ser el objetivo de cualquier Gobierno. En este sentido, el Gobierno del Partido Popular impulsó la gestión forestal sostenible a través del Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal y de las modificaciones realizadas en la Ley de Montes para favorecer la agrupación de propietarios, incentivar los Planes de Ordenación de los Montes, movilizar los productos forestales y aprovecharlos económicamente y potenciar el efecto sumidero de nuestros montes.

La promoción de la gestión forestal de nuestro territorio contribuye, junto con la agricultura y la ganadería, al desarrollo territorial de nuestras zonas rurales, creando fuentes de empleo, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y evitando, así, el fenómeno de la despoblación de muchos de nuestros territorios rurales. Además, un monte cuidado es un monte en el que es más difícil que se produzcan incendios forestales, y que se extiendan a gran velocidad si es que, a pesar de todo, tienen lugar.

Las medidas de prevención de incendios forestales forman parte de la gestión forestal sostenible del monte y tienen como objetivo reducir el riesgo de inicio del fuego y, en su caso, la intensidad y velocidad de propagación, incidiendo en su protección mediante actuaciones de selvicultura preventiva.

Las competencias de gestión forestal, particularmente las de prevención y extinción de incendios, corresponden a las CC.AA., de acuerdo con lo establecido en el artículo 148.1.8.ª de la Constitución Española. Así lo establece también el artículo 8 de la Ley de Montes. Por tanto la labor del Gobierno, conforme a lo dispuesto en la citada Ley, consiste en colaborar con las CC.AA., prestándoles el apoyo necesario tanto en prevención como en extinción.

En el ámbito de la prevención, el Gobierno del Partido Popular realizó actuaciones directas, acciones de sensibilización y concienciación y medidas coercitivas e intimidatorias, como las introducidas en el Código Penal para agravar las penas en caso de provocar incendios que afecten a espacios protegidos de valor ecológico o ponga en peligro zonas habitadas.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente

Proposición no de Ley:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Elaborar una Estrategia Nacional de Defensa contra Incendios Forestales, que promueva el uso y las actuaciones directas sobre los montes.


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- Impulsar y promover proyectos innovadores en materia de lucha y prevención de los incendios forestales.

- Colaborar, con las administraciones competentes, para asegurar la existencia de los Planes de Actuación de Ámbito Local de emergencias por incendios forestales, siguiendo los criterios de las Directrices Básicas de planificación de protección civil de emergencias, por incendios forestales.

- Coordinar diferentes instrumentos de planificación territorial, en la interfaz urbano-forestal, que puedan ayudar a las administraciones locales para realizar sus planes urbanísticos y para elaborar e implantar los planes de Protección Civil contra Incendios Forestales.

- Crear un registro de terrenos quemados, a partir de la información que proporcionan las CC.AA. a la estadística general de incendios forestales que gestiona el MAPA.

- Crear un grupo de trabajo sobre incendios forestales en el seno del Consejo Forestal Nacional.

- Promover la actividad resinera de los pinares para evitar incendios y despoblación rural y apoyar la ganadería extensiva."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-María Teresa de Lara Carbó, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004135

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Restauración Hidrológico Forestal, la lucha contra la erosión y el cambio climático, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

La Junta Consultiva de Montes redactó, en 1895, un dictamen en el que se reconoce, por primera vez, el papel del monte en la regulación de las escorrentías y la defensa contra la erosión. Con la creación del Servicio Hidrológico Forestal Nacional, a partir de 1901, y la instauración de las Divisiones Hidrológico-Forestales, se impulsa de forma planificada la restauración hidrológico-forestal en España.

En el año 2001, el Gobierno publicaba el Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en materia de Restauración Hidrológico-Forestal, Control de la Erosión y Defensa contra la Desertificación (PNAP), con la finalidad de planificar las actuaciones que vienen realizándose de forma histórica en España.

El Plan realizó una división por subcuencas, identificando los procesos erosivos y clasificándolos según su intensidad y su riesgo potencial para poblaciones, cultivos e infraestructuras, definiendo zonas prioritarias de actuación, valorando las acciones a realizar y estableciendo la priorización y programación temporal de las mismas.

Según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la aplicación y seguimiento del Plan corresponde al Estado y a las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo con el principio de coordinación. El Plan se enmarca dentro de las actuaciones de conservación de suelos, lucha contra la erosión y la desertificación.

El Plan Forestal Español (2002-2032) incorporaba los objetivos y las actividades del PNAP (incluido en su Anexo V), que incluía actuaciones de repoblación forestal en el marco de la restauración hidrológico-forestal, tanto de labores de forestación como de reforestación, sobre 3,8 millones de hectáreas de cubierta vegetal, con una estimación de fijación, en términos de sumideros de carbono, de aproximadamente 55.900.000 t de carbono.

Los bosques, que tienen la capacidad de reducir la escorrentía y de facilitar la filtración de agua, son importantes frente a la erosión del suelo fértil, especialmente en zonas de pendiente. Permiten además frenar las crecidas, que como hemos visto recientemente, pueden tener consecuencias terribles. Los bosques de ribera actúan como filtro verde y tienen gran influencia en la regulación térmica y pluviométrica de las regiones. Con todo ello, nadie duda de la importancia de los bosques frente a los retos que debemos afrontar en la lucha contra el cambio climático.


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Por otra parte, es necesario asegurar la adaptación de los bosques a los efectos del cambio climático, fomentando una gestión encaminada a la resiliencia y resistencia de los montes al mismo, especialmente frente a los incendios forestales, siendo necesario masas forestales maduras y diversas.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Actualizar el Plan de Actuaciones Prioritarias en materia de restauración hidrológica forestal, control de la erosión y defensa contra la desertificación e incluir sus potenciales actuaciones en el Tercer Ciclo de Planificación Hidrológica.

2. Elaborar las Directrices para la integración de la adaptación al cambio climático en las actuaciones de restauración hidrológico-forestal.

3. Integrar las operaciones recogidas en el plan de actuaciones prioritarias hidrológico-forestales en la futura revisión del Plan de Restauración de Ríos y Riberas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-María Teresa de Lara Carbó, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004145

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para afrontar la negociación pesquera en el escenario originado por el Brexit, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

El 29 de marzo de 2017 el Reino Unido notificó, de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión, su intención de retirarse de la Unión Europea, iniciándose el proceso conocido como Brexit.

Desde entonces, el equipo negociador de la UE ha tratado de minimizar la incertidumbre que afecta a ciudadanos, empresas y a los estados miembro, defendiendo desde el principio el máximo respeto al principio de reciprocidad, y apostando por acuerdos equilibrados en todos los sectores. Así, el 23 de marzo de 2018 el Consejo Europeo incluyó en las orientaciones sobre el marco de las relaciones con el Reino Unido tras el Brexit, una directiva de negociación (8.i) que especificaba que, en el contexto general del acuerdo de libre comercio, debe mantenerse el acceso recíproco existente a las aguas y recursos pesqueros.

Tras más de 17 meses de negociación, ambas partes deben aprobar ahora el Acuerdo sobre la Retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica alcanzado el pasado 25 de noviembre, por el que se establece la salida ordenada de Reino Unido.

En el marco de este acuerdo, se fija un periodo transitorio que abarca hasta diciembre de 2020 y que podrá ser prorrogado posteriormente (con límite diciembre de 2022) en el que se mantiene el "status quo" actual de manera que la flota europea podrá seguir accediendo a las aguas británicas. Aunque no se garantiza el acceso a los caladeros de Gran Sol y Malvinas más allá de esta fecha, lo que deberá de fijarse en un acuerdo posterior, si se logra ligar el acceso a los recursos pesqueros al acceso al mercado europeo de productos ingleses. Esto es particularmente relevante dado que el 70% de los productos pesqueros que exporta Reino Unido tienen como destino países comunitarios, y esencialmente España.

Ante los acuerdos alcanzados el pasado 25 de noviembre, la primera Ministra May se ha congratulado de no haber accedido a todas las demandas de la UE, basadas en intereses de países como el nuestro, y ha celebrado el hecho de que será en el futuro un estado costero independiente fuera de la política común de pesca.


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En cualquier caso, todavía queda un largo periodo hasta consumar la salida definitiva, y quedan muchas incógnitas sobre la relación a partir de esa fecha. La Comisión deberá alcanzar un Acuerdo en materia de Pesca y otro de Libre Comercio, durante este periodo transitorio, en los que deberán quedar protegidos los intereses del sector pesquero español para garantizar a la flota el acceso a los mercados y las aguas, así como la defensa de las inversiones de empresas mixtas, etc.

Por consiguiente, es necesario disponer de la mayor información posible sobre el impacto de la negociación desde este momento, tanto en el periodo de transición como con posterioridad, y prepararse para una doble negociación; la de los Acuerdos pesquero y de libre comercio con el Reino Unido y la de la situación con el resto de Estados Miembros tras el Brexit.

Aunque algunas comunidades autónomas especialmente afectadas ya han hecho sus deberes. Concretamente Galicia fue la primera región europea en trazar una hoja de ruta sobre este asunto, y en solicitar un informe para evaluar las consecuencias del Brexit para la pesca gallega.

El Gobierno de España debe velar por los intereses de todos los españoles en un momento tan relevante para el futuro de Europa y de nuestro país, debe trabajar para lograr acuerdos que respeten sus intereses y los de sus ciudadanos, debe mantenerse especialmente vigilante en la salvaguarda de los intereses de las comunidades costeras y de las empresas pesqueras, y debe prepararse para todos los escenarios posibles, aprovechando todas las oportunidades que se puedan presentar en el futuro.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Presentar un informe que abarque todos los escenarios, incluido el no acuerdo, y todas aquellas circunstancias que puedan afectar a la negociación, que se abren con el Brexit en términos comerciales en relación con los productos pesqueros.

2. Liderar la posición Europea en los acuerdos negociados con el Reino Unido, ante cualquier escenario, anteponiendo los intereses del sector pesquero español y buscando aliados en la defensa de los intereses pesqueros de la UE dentro de este proceso.

3. Hacer valer, ante una posible ruptura del principio de estabilidad relativa, los objetivos económicos, sociales y medioambientales, que corrijan los desequilibrios existentes en el reparto de accesos a los mercados y a las aguas.

4. Fijar una postura de negociación frente a la situación post-Brexit en la Europa de los 27, que defienda los intereses y preocupaciones del sector pesquero español, incluidas las flotas que faenan en las aguas de Malvinas y aquellas que operan bajo la figura de las sociedades mixtas.

5. Asegurar que la pesca tradicional artesanal española pueda faenar en las aguas que rodean al Peñón de Gibraltar durante el periodo transitorio y con posterioridad a este."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2018.-Joaquín María García Díez, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Política Territorial y Función Pública

161/004121

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública, relativa al reto demográfico en las zonas rurales de Galicia y otras comunidades.


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Exposición de motivos

La Comunidad Autónoma de Galicia sufre un proceso de paulatino despoblamiento en las últimas cuatro décadas que tiene importantes connotaciones a nivel social, económico y territorial. Siguiendo los datos del INE, si en el año 1982 se alcanzaba el pico de población de esta región, con 2.813.893 habitantes, en 2018 se reduce a 2.700.970 habitantes, esto es, una caída del 4,0% que contrasta con el incremento del 23,3% de la población española en su conjunto para este mismo periodo.

Este decrecimiento poblacional no ha sido mayor por la entidad de los saldos migratorios positivos experimentados entre los años 2000 y 2010, que compensaron la caída natural de la población derivada de su acusado envejecimiento, altas tasas de mortandad y bajas tasas de natalidad, si bien estos crecimientos temporales se dieron en centros urbanos muy concretos, mientras que la tendencia al despoblamiento se ha mantenido de manera constante en la mayor parte del territorio gallego.

En el año 2017 las tasas brutas de natalidad eran de 8,4 nacimientos por cada mil habitantes en el caso de España, mientras que esta cifra se reducía hasta los 6,8 nacimientos en el caso de Galicia. Esta relación se invierte en la comparativa de las tasas brutas de mortalidad. Si en España se contabilizaban 9,1 defunciones por cada mil habitantes, en Galicia la cifra se elevaba hasta las 11,8. La edad media de la población en Galicia, en enero de 2018, era de 47 años, por los 43,1 años de media en España.

Si comparamos la situación entre municipios de pequeño tamaño de uno y otro ámbito territorial, las diferencias se amplían. Por ejemplo, la edad media de la población en municipios de entre 500 y 1.000 habitantes es de 49 años en España y 58 años en Galicia.

Esto nos lleva a vislumbrar otro aspecto importante a tener en cuenta en relación a la naturaleza de este fenómeno. A pesar de que los problemas demográficos son generalizados en toda la comunidad gallega, afectan de manera más determinante a las zonas rurales frente a las zonas más urbanizadas. Así, las provincias gallegas de perfil más rural, Ourense y Pontevedra, presentan edades medias aún superiores, de 50,5 y 49,7 años, respectivamente, a las medias de Galicia y España en su conjunto.

Son precisamente estas dos provincias las que cuentan con menor población, un 11,5% de la población gallega en Ourense y un 12,3% en Lugo, frente a las mayores concentraciones poblacionales en A Coruña (41,4%) y Pontevedra (34,8%). Y son también las provincias que más población pierden en términos porcentuales: entre 2010 y 2017 la provincia de Ourense perdía un 6,1% de sus habitantes, Lugo un 5,0%, A Coruña un 1,4% y Pontevedra un 0,9%.

Siguiendo con la comparativa entre zonas urbanas y rurales, aproximadamente el 36% de la población gallega se concentra en las siete principales ciudades (Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra y Ferrol). Ratio que se eleva hasta el 56% si se suma la población de las comarcas que engloban a estas ciudades.

Estos datos muestran un proceso histórico por el cual la población ha migrado desde las zonas más rurales a las principales áreas urbanas. No obstante, en los últimos años solo tres de estas áreas metropolitanas han visto aumentada su población (A Coruña, Santiago y Pontevedra), aunque de manera tenue, y dándose descensos generalizados en el resto.

Las expectativas de futuro no son nada halagüeñas para Galicia. Según las proyecciones de población del INE, entre los años 2018 y 2033 la población en España aumentará en una tasa del 5,1%, mientras que los habitantes de Galicia disminuirán en un 5,1%, de forma más acusada en las provincias de Ourense (-9,0%) y Lugo (-8,2%).

En 2032 la tasa bruta de natalidad será, según estas proyecciones, de 8,1 nacimientos por cada mil habitantes para España, mientras que en el caso de Galicia se verá limitada a 5,7 nacimientos. La tasa bruta de mortalidad, por su parte, será de 9,6 defunciones por cada mil habitantes para el conjunto de España frente a 13,0 defunciones en el caso de Galicia. Así, el saldo vegetativo será de -1,5 en el primer caso y de -7,3 en el segundo. Si se tienen en cuenta los movimientos migratorios, en 2032 España tendrá un crecimiento de 1,7 habitantes nuevos por cada mil habitantes, mientras que en Galicia se perderán 4,5 habitantes por millar.

Siguiendo con estas estimaciones, la edad media de la población en España en 2032 será de 46,1 años, mientras que en el caso de Galicia será de 50,3 años. Una vez más, los casos más extremos se dan en aquellas provincias de perfil más rural: la edad media en la provincia de Ourense será de 53,2 años, y en Lugo será de 51,8.


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Por grupos de edad, los mayores de 65 años serán en España el 25,2% de la población en 2033, mientras que en Galicia esta ratio ascenderá hasta el 31,4%. La tasa de dependencia de la población mayor de 64 años será del 40,8% en España y del 54,0% en Galicia.

Los mayores de 80 años serán el 7,7% de la población en España y el 10,9% en Galicia en 2033. Según datos de la OCDE, en el año 2050 España será el tercer país más envejecido del mundo, solo por detrás de Japón y Corea, con un 15% de su población por encima de los 80 años.

Estos problemas demográficos que afectan a Galicia se reproducen en otras comunidades. Las poblaciones del Principado de Asturias y Castilla y León han descendido en tasas del 4,9% y el 3,3%, respectivamente, en las dos últimas décadas.

A nivel provincial se han dado decrecimientos poblacionales entre 1996 y 2017 en Zamora (-14,5%), Palencia (-9,5%), León (-9,5%), Salamanca (-5,5%), Ávila (-5,1%), Asturias (-4,9%), Soria (-4,2%), Cáceres (-3,2%), Teruel (-1,9%), Cuenca (-1,5%) y Jaén (-0,8%).

A estas provincias se suman otras que registran pérdidas de población durante la última década: Segovia (-3,2%), Burgos (-2,1%), Ciudad Real (-1,5%), Albacete (-0,5%), Córdoba (-0,5%), Huesca (-0,2%) y Valladolid (-0,1%).

Y según las proyecciones realizadas por el INE para el periodo 2018-2033, todas estas provincias, que tienen como característica común un fuerte componente rural en sus poblaciones y territorios, seguirán perdiendo población en tasas importantes. En estas proyecciones se prevén asimismo pérdidas poblacionales en otras provincias con rasgos similares: Badajoz, Cantabria, Bizkaia, Toledo, Cádiz, La Rioja y Castelló. Este fenómeno se hace extensible a la mayor parte de comarcas rurales del resto de provincias españolas.

Entre las causas principales para este problema demográfico en las zonas rurales, diferentes estudios y prospectivas destacan el bajo nivel de actividad económica y empleo; la baja rentabilidad de la actividad agroforestal; la presión competitiva de los mercados; la elevada dispersión territorial y el pequeño tamaño de los núcleos de población; el desequilibrio social y territorial de las ayudas dirigidas al medio rural; el progresivo desmantelamiento de servicios públicos básicos (centros educativos, sanitarios, sociales, judiciales, administrativos, transportes, etc.); la desaparición de servicios privados (bancarios, comercios, etc.); el deterioro y la falta de mantenimiento y mejora de infraestructuras y equipamientos (hospitales, carreteras, estaciones de tren, etc.); las carencias en materia de telecomunicaciones (TV, banda ancha); o la falta de inversiones públicas en el apoyo a la actividad económica y el desarrollo local.

Estos condicionantes sirven para impulsar una dinámica por la que son muchas las personas, sobre todo jóvenes, que abandonan estos enclaves en busca de mejores condiciones de vida, mayores oportunidades de empleo o mayor cercanía a determinados servicios. Y a la vez suponen limitaciones para la atracción de nuevos residentes o para la creación de nuevos proyectos de índole económica, social o cultural. Todo ello lleva a un progresivo envejecimiento de la población y al estancamiento de estas zonas rurales.

Resulta de interés, en este punto, analizar las políticas públicas relacionadas con el desarrollo y dinamización de estas zonas rurales. De manera general, en los últimos años se han producido recortes importantes, cuando no un abandono, en las dotaciones presupuestarias del Estado a programas de gasto que están íntimamente relacionados con el desarrollo rural y la sostenibilidad de la vida en estos entornos.

La dotación de los programas relacionados con la competitividad y calidad de la producción agraria (412A, 412B, 412C, 412D), programas fundamentales para velar por el desarrollo de la actividad económica en los entornas rurales, ha caído desde los 188 a los 91 millones de euros en el periodo 2011-2018. Esto significa una caída del 70,3% en las dotaciones presupuestarias para estos fines en el periodo 2007-2018.

El progresivo abandono por parte del Estado del apoyo a la actividad económica agraria también se hace patente en las inversiones en infraestructuras. El programa de gestión de recursos hídricos para el regadío (414A) ha visto mermadas sus partidas desde los 203 millones de euros en 2007 a los 59 millones en 2018. O sea, una reducción del 70,9% en el plazo 2007-2018.

De igual modo y muy relacionado con todo lo anterior, el programa dedicado a la competitividad de la industria agroalimentaria (413A) ha visto mermadas sus partidas desde los 92 a los 32 millones de euros en el periodo 2007-2018, un 65,2%.

La falta de apoyo creciente al desarrollo de la actividad industrial en los entornas rurales no solo se relaciona con la industria agroalimentaria, sino con todo el conjunto del sector. El programa de incentivos regionales a la localización industrial (422A) ha sufrido un descenso en su presupuesto desde los 281


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millones en 2007 a los 60 millones de euros en 2018. Esto es, un descenso del 79,0% desde el inicio de la crisis hasta la actualidad.

También el programa dedicado al desarrollo industrial (422B) ha sufrido un abandono por la última administración. Si en el periodo 2007-2011 su dotación aumentaba desde los 45 hasta los 586 millones de euros, a partir de la entrada del Gobierno popular se han cercenado estas cuentas hasta llegar a 54 millones de euros en 2018, habiendo llegado a caer hasta los 25 millones en los presupuestos de 2017.

En cuanto a las dotaciones presupuestarias dedicadas al desarrollo del medio rural (414B), estas han caído desde los 1.520 a los 1.233 millones de euros en el periodo 2011-2018, una caída del 18,9% que significa una minoración de 287 millones de euros. En este caso el anterior Gobierno había mantenido una política contraria a esta, aumentando los recursos destinados a este programa desde los 944 hasta los 1.520 millones de euros entre 2007 y 2011, un incremento del 61%.

La marginación de las políticas de apoyo al rural por parte del último Gobierno del Partido Popular se hace más patente en relación al programa de desarrollo rural sostenible (414C). Este programa, que comenzó a ser dotado en el año 2008 con 100 millones de euros, vería doblado su presupuesto hasta los 200 millones en 2011. En los ejercicios siguientes estas dotaciones bajaron hasta los 20 millones anuales y en 2016 desaparecieron.

Otra línea también fundamental de dotación presupuestaria relacionada con la actividad en el ámbito rural corresponde a los programas de protección y mejora del medio ambiente y del medio natural (456B, 456C). Estos programas han visto mermadas sus partidas desde los 404 millones en 2007 a los 195 millones de euros en 2018. Esto supone un descenso del 51,7% desde que comenzó la crisis.

Por último, si el mantenimiento y desarrollo de la actividad económica en los ámbitos rurales ha sufrido una merma considerable por las carencias en materia de políticas públicas adecuadas y suficientes, tampoco se han llevado a cabo políticas sociales que sostengan a la población en estas zonas en época de crisis. El programa de prestaciones a desempleados (251M) ha sufrido un descenso en su presupuesto desde los 30.474 millones de euros en 2011 hasta los 17.702 millones en 2018, un recorte del 41,9%, lo que ha ido acompañado de un descenso en el importe de las prestaciones y el nivel de cobertura de la población desempleada.

También se ha dado un recorte en las partidas dedicadas a la promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda (261N), desde los 1.126 hasta los 446 millones de euros en el periodo 2011-2018, lo que supone un descenso del 60,4%. La falta de apoyo al acceso a la vivienda y la escasa cobertura de las prestaciones por desempleo son factores concomitantes con el descenso de la actividad económica y el empleo en las zonas rurales, lo que tiene un efecto directo: el progresivo abandono del mundo rural y el envejecimiento de su población.

En el caso de Galicia este abandono del medio rural tiene en la actualidad un factor agravante. La actividad económica en las zonas urbanas, salvo contadas excepciones, es débil. En el año 2017 el PIB per cápita de Galicia fue de 22.497 euros, un 10% por debajo de la media estatal, que fue de 24.999 euros. Esto provoca que buena parte de las migraciones no se realicen dentro de la propia comunidad, sino a otras comunidades y países.

De esta manera, la revitalización de Galicia pasa por la de sus zonas rurales. Algo que no debe ser visto solo como una necesidad, sino también como una oportunidad. El mundo rural ofrece grandes posibilidades en el marco de una apuesta por una economía más sostenible. Las potencialidades que existen ligadas al creciente reconocimiento de los valores ambientales, sociales y culturales de una actividad agraria más vinculada al territorio y sus recursos naturales, la adecuada gestión, aprovechamiento y valorización de estos recursos endógenos, o la emergencia de nuevos patrones de consumo pueden y deben ser aprovechados, mediante políticas apropiadas, para definir un nuevo modelo socioeconómico que ofrezca un futuro digno y próspero para nuestras comunidades.

En este sentido, el Foro de Acción Rural, en el que participan 16 organizaciones de diferentes ámbitos [Comisiones Obreras (CC.OO.), Confederación de organizaciones de Selvicultores de España (COSE), Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA-UGT), Fundación Global Nature (FGN), Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC), Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER), Red TERRAE, Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Sociedad Española de Ornitología (SEOBirdLife), Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), WWF-España], presentaba el pasado año un conjunto de 20 propuestas para atender a los problemas demográficos de las zonas rurales en España que contemplan aspectos sociales, culturales, naturales y económicos, con una visión integrada que entendemos como la


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única que puede dar una solución satisfactoria a un fenómeno de carácter transversal como es el del envejecimiento y despoblamiento de comarcas enteras de nuestra geografía.

Se presentan aquí estas propuestas, que tratan de dar solución a las problemáticas demográficas de territorios con similares características sociodemográficas, económicas y territoriales en sus áreas rurales, y que conforman buena parte de la geografía española.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mejorar el entorno rural, a través de "Estrategias de fomento de desarrollo rural y de ordenación territorial" con objeto de facilitar la calidad de vida, la residencia y la actividad económica sostenible en las poblaciones rurales, frenando e incluso revirtiendo el despoblamiento, en particular de jóvenes. Para ello es necesario promover las siguientes actuaciones:

a) Fomentar la formación y en particular la Formación Profesional y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el medio rural.

b) Apoyar la diversificación de actividades en el medio rural a través de medidas que la incentiven y revisar el marco legal.

c) Impulsar el autoconsumo y la generación distribuida con energías renovables.

2. Definir una visión sociodemográfica de Estado y regional. Existen importantes bolsas de desempleo y colectivos en riesgo de exclusión social en el medio urbano, y grandes, aunque difíciles oportunidades de empleo en el medio rural. Los incentivos y medidas de acompañamiento a las personas que quieran repoblar el medio rural constituyen una política esencial de lucha contra el despoblamiento (por ejemplo implantando medidas como los bancos de tierra y asesoramiento).

3. Defender un modelo de ayuntamientos y entidades locales menores con servicios públicos garantizados y competencias esenciales, mejorando las deficiencias actuales para garantizar la calidad de vida, que evite la reducción de municipios, entidades locales, número de concejales y competencias y promueva un uso eficiente de los recursos públicos.

4. Promover medidas de lucha contra el cambio climático, a través, entre otros, de inversiones en incremento y mantenimiento de la gestión sostenible de las masas forestales, así como programas agrarios e industriales de adaptación a las consecuencias del cambio climático.

5. Apostar por el Desarrollo Local Participativo, impulsando una participación adecuada de los Grupos de Acción Local y el empoderamiento de la población, con canales eficaces de gobernanza y de participación. Garantizar un enfoque integrado en la utilización de los diferentes instrumentos, especialmente los Fondos Estructurales, con objeto de financiar las estrategias de Desarrollo Local participativo con unos recursos económicos e instrumentos financieros adecuados.

6. Impulsar un modelo de agricultura familiar sostenible, constituido por agricultores y selvicultores que residen y trabajan en el medio rural y cuya principal renta y dedicación proviene de la actividad agrícola, ganadera y forestal, que aplica métodos de producción ambientalmente sostenibles y conserva el patrimonio natural y cultural. Para ello debe asegurarse al menos su reconocimiento a través de normativas específicas, con objeto de establecer prioridades de apoyo y otras medidas de fomento diferenciadas. Debe equilibrarse la cadena agroalimentaria con especial incidencia en fomentar y garantizar la relación contractual de los productos agroalimentarios y la disminución de los márgenes existentes entre productores y consumidores, así como impulsar el asociacionismo y el cooperativismo.

7. Apoyo integral a la incorporación de jóvenes en el medio rural, en especial en el sector agrícola, ganadero y forestal, con el objetivo de fomentar el rejuvenecimiento del medio rural.

8. Prestar especial atención a las necesidades de las mujeres en el medio rural, en especial reforzando el papel de la mujer agricultora y ganadera, a través de incentivos para la Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, y atacando el círculo de masculinización-envejecimiento-despoblamiento.

9. Promover la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y los servicios de dependencia, garantizando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la asunción compartida de la responsabilidad en el cuidado de las personas. Se promoverá el envejecimiento activo y saludable, prestando especial


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atención a crear servicios de proximidad, previniendo las situaciones de dependencia y garantizando el apoyo de carácter personal, doméstico y social para facilitar la permanencia de las familias en sus entornos habituales.

10. Valorización de la multifuncionalidad a través de "contratos territoriales" y otras herramientas como la custodia del territorio o los bancos de tierra, especialmente en las zonas protegidas (Red Natura 2000, Espacios naturales protegidos, etc.), en las áreas de montaña y en las masas forestales abandonadas.

11. Reforzar el peso de las pequeñas empresas agroalimentarias a través de una Ley de Artesanía de productos agrícolas, ganaderos y forestales. Garantizar el etiquetado de origen obligatorio con el fin de ofrecer mayor transparencia e información a los consumidores y fomentar el consumo de productos locales.

12. Apoyar la producción y alimentación agroecológica y de calidad diferenciada con criterios de sostenibilidad, a través de planes y programas específicos, incluyendo entre otras cuestiones, facilitar la venta directa y el fomento de las cadenas cortas de comercialización.

13. Impulsar la aplicación con dotación presupuestaria del Plan de Actuación Forestal con el objetivo de promover la gestión forestal mediante los instrumentos de ordenación aprobados por la administración, para garantizar su persistencia, los servicios ambientales que generan y su acción mitigadora del cambio climático, a través, entre otras, de las siguientes acciones:

- Rediseñar la estrategia de lucha contra los incendios forestales, priorizando su aplicación en zonas de medio/alto riesgo de incendios y apostando por medidas de prevención activa basadas en dinamizar el medio rural (ej. ganadería extensiva), incrementando las inversiones para la gestión y los trabajos forestales, y actuaciones previstas contra los incendios forestales. Asimismo, mantener los recursos técnicos, humanos y materiales para la vigilancia y extinción de incendios.

- Fomentar el asociacionismo y la agrupación de productores forestales para la movilización y puesta en valor de productos madereros y no madereros, así como una estrategia orientada a la mejora de la competitividad de la producción, comercialización y unidad de mercado interior que impulse la bioeconomía.

- Favorecer el aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal, implicando a la población rural, como medida que contribuye además a la prevención de incendios y a la generación de empleo.

- Promover la cultura forestal a través de la divulgación y sensibilización a la sociedad sobre la importancia de nuestra superficie forestal y capital natural y realizar campañas de comunicación para promocionar el uso de madera y productos forestales locales.

- Valorizar la actividad cinegética compatible con la conservación de la biodiversidad y sus beneficios socio-económicos para el medio rural.

14. Asegurar la correcta gestión de la Red Natura 2000 y los demás espacios protegidos, mediante unos planes de gestión y financiación apropiados, que integren adecuadamente el emprendimiento local con las distintas políticas y planes sectoriales. Además, se debe garantizar la compatibilidad entre aprovechamientos y usos y conservación y fomento de la biodiversidad, con apoyos diferenciados para los agricultores, ganaderos, selvicultores y otros gestores del territorio que practiquen una gestión favorable para la conservación en estas zonas.

15. Garantizar que las políticas y medidas para el desarrollo rural generen empleo estable y de calidad en actividades económicas sostenibles e impulsar la mejora de la situación laboral, evitando la precariedad y mejorando su protección social, con especial incidencia en jóvenes y mujeres.

16. Adopción de medidas fiscales y financieras con perfil específico para los núcleos rurales con despoblación (modificación del sistema y tipos tributarios, desgravaciones impositivas, reducción de cotizaciones a la Seguridad Social, incentivos para las pequeñas empresas, créditos y préstamos especiales, promoción de acceso a viviendas...), con el fin de apoyar a las personas, emprendedores y pequeñas empresas que ya estén establecidos y los que se quieran asentar de forma permanente en esos medios rurales.

17. Reactivar la Ley 45/2007, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, dotándola de un adecuado presupuesto y elaborando un nuevo Programa de Desarrollo Sostenible en el medio rural que contemple la coordinación con las diferentes acciones y medidas que atañen al medio rural (Fondos Estructurales, etc.), asegurando la sostenibilidad de las actividades y la calidad de vida en el medio rural.


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18. Aprobación de un Plan Estatal para la ganadería extensiva y de planificación silvopastoral, con medidas específicas de apoyo para un sector clave, desde el punto de vista social, económico y ambiental en el medio rural.

19. Asegurar una participación real y efectiva de la sociedad en el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas relacionadas con el medio rural. Creación de una Mesa Estatal del Medio Rural. Dicha Mesa debería aportar información sobre temas cruciales para el territorio y la población rural, que permita debatir propuestas legislativas y consultar e intercambiar puntos de vista sobre la incidencia de la aplicación de las políticas en el medio rural, y en especial la problemática del despoblamiento. Esta Mesa estaría constituida por las entidades representativas de la sociedad civil, las administraciones públicas competentes en el ámbito estatal, autonómico y local, y expertos en la materia. Debería regularse normativamente y depender orgánicamente de Presidencia del Gobierno.

20. Promover una política de estado transversal con una visión integral y sostenible. Toda política estratégica para abordar la problemática de la despoblación debería ser una política de Estado que contara ineludiblemente con la participación y cooperación de las diferentes administraciones territoriales y de los sectores socio-económicos y culturales de las mismas. Es apremiante, pues, una política, dirigida al medio rural, como instrumento transversal y multisectorial que permita incidir e implementar soluciones con una visión integral y sostenible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la presente Proposición no de Ley relativa al Desarrollo e implementación del Protocolo de Actuación frente al acoso sexual en el ámbito de la Administración General del Estado, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.

Exposición de motivos

La Constitución española reconoce como derechos fundamentales la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1), la igualdad y la no discriminación por razón de sexo en sentido amplio (art. 14), el derecho a la vida y la dignidad física y moral, así como a no ser sometidos a tratos degradantes (art. 15), el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1). El artículo 35.1 de la Constitución incorpora a su vez el derecho a la no discriminación por razón de sexo en el ámbito de las relaciones de trabajo.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, da un gran paso prohibiendo expresamente el acoso sexual y el acoso por razón del sexo, así como definiendo estas conductas (arts. 7, 8, 48, 62). Establece específicamente en su artículo 62 y Disposición Final Sexta, el compromiso de las administraciones públicas de negociar con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

Por otra parte, el artículo 95.2 de La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, aplicable a las empleadas y empleados públicos que trabajen en la Administración General del Estado (AGE), tipifica como falta muy grave toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral.

Como complemento de este conjunto de iniciativas normativas, dirigidas todas ellas a promover un mayor y mejor cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores -en este caso, de las trabajadoras


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y trabajadores públicos- y, haciéndose eco del compromiso recogido en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública en el marco del Diálogo Social 2010-2012, se firmó el 27 de julio de 2011 en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el acuerdo sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito de la AGE y de los Organismos Públicos vinculados a ella.

De esta manera, mediante Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, se aprobó el mencionado acuerdo, en el que se establece que toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto.

La Administración, todo su personal, incluyendo a sus representantes, deben procurar un entorno laboral libre de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. En concreto, sus órganos y personal directivo deben proveer de todos los medios a su alcance para prevenir, evitar, y en su caso detectar y eliminar cualquier situación de acosos o acoso por razón de sexo, así como sancionar cualquier conducta que lleve a tales situaciones, garantizando en todo caso que la asistencia y protección de las víctimas se realiza siguiendo los principios de sigilo, respeto profesionalidad, objetividad e imparcialidad y celeridad.

En el propio acuerdo y en la Resolución de la Secretaría de Estado se establecía que el contenido se aplicaría a través de un Real Decreto de aplicación obligatoria en la AGE y organismos vinculados y dependientes de ella, que desde entonces está pendiente de aprobación y publicación.

Dicha obligación se recoge igualmente en la Medida 46 del II Plan de Igualdad de la AGE, acordado por el Consejo de Ministros el 20 de noviembre de 2015.

Habiendo transcurrido más de siete años desde la firma de este Acuerdo, y más de diez de la aprobación de la ley de igualdad, no es posible retrasar más la aplicación efectiva de este Protocolo, máxime en estos momentos en los que las políticas de lucha frente a toda expresión de violencia machista deberían ser toda una prioridad.

En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Único. Aprobar y publicar el Real Decreto que recoja el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación de la Administración General relativo al Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el Ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2018.-María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Transición Ecológica

161/004115

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a la propuesta de cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama en A Coruña.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 117609, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al


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artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la propuesta de cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama en A Coruña, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

Primero la Ministra de Transición Ecológica anuncia una reducción del tiempo máximo de explotación de las centrales térmicas, adelantándolo al 2030. Después el secretario de Estado de Energía, vaticina que la central térmica de As Pontes mantendrá su actividad pasado el 2020, pero no después de 2030. Es decir, que el Gobierno de España introduce criterios más restrictivos que la propia normativa comunitaria de emisiones que será de aplicación a partir del 1 de enero de 2020.

Por tanto, en el caso de la provincia de A Coruña, en la que existen dos centrales, una, la de As Pontes, en la que la empresa había tomado la decisión de inversión, le recortamos su vida útil a poco más de diez años. La otra, la de Meirama en Cerceda, la condenamos al cierre, puesto que cerramos toda posibilidad de inversión, más teniendo en cuenta los continuos cambios de opinión del Gobierno.

As Pontes y Meirama, son fundamentales para que Galicia siga siendo excedentaria energética, y no puede permitirse el lujo de desconectar esas centrales de respaldo. Además, en 2017 triplicaron su producción y actividad, y por lo tanto no se pueden desconectar sin tener una alternativa.

Es cierto que existía un límite temporal para que las centrales acometieran las obras necesarias y se adaptaran a los nuevos límites de emisiones de carbono. Pero también es cierto que algunas habían tomado la determinación de realizar dichas obras y otras aún estaban pendientes, como es el caso de As Pontes, con una plantilla de 700 empleados, que tiene encima de la mesa una inversión de 200 millones de euros.

Pero en ese contexto, la acción del Gobierno debe de ser dar el marco jurídico y político estable para crear la confianza necesaria y que las empresas privadas lleven a cabo sus inversiones, lo cual redundará en beneficio de todos.

Sin embargo, en el caso de As Pontes tensionamos una decisión económica que no era necesaria, poniendo en peligro la inversión ya realizada, y sobre todo la que queda pendiente de realizar, En el caso de Cerceda, condenamos a una comarca importante a una crisis importantísima, acabando aproximadamente con más de 400 empleos según el presidente del comité de empresa.

Por lo pronto, el Partido Popular dejó claro desde el primer momento que el cierre tendría una enorme trascendencia industrial y económica que impactaría directamente contra el recibo de la luz, y en consecuencia, contra la competitividad de las empresas y el futuro de sus inversiones, las cuáles quedarían paralizadas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un plan estratégico, que contemple los prejuicios que el cese de actividad va a ocasionar en los territorios donde se encuentran estas centrales, como consecuencia de decisiones políticas e implementen les fondos necesarios para compensar a los mismos en busca de una diversificación con el objetivo del mantenimiento de empleo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Tristana María Moraleja Gómez y Juan Manuel Juncal Rodríguez, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/004122

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la descontaminación radiológica del área de Palomares (Almería) por parte del Gobierno de España, de manera unilateral y urgente, tras 52 años conviviendo con la radiactividad.

Exposición de motivos

Algo más de cinco décadas llevan los vecinos de Palomares y Villaricos (Cuevas del Almanzora, Almería) y parte del término municipal de Vera conviviendo con áreas contaminadas de plutonio y americio al colisionar un bombardero estratégico y un avión nodriza del ejército de aire norteamericano en enero de 1966. A causa de dicho accidente, cayeron cuatro bombas de hidrógeno de gran potencia. Dos de ellas explosionaron su carga convencional generando la dispersión sin control del combustible nuclear debido al fuerte viento de la zona. Desde el comienzo se inició la búsqueda de la 4.ª bomba perdida. Al tiempo, dio comienzo la descontaminación parcial de la zona y la investigación secreta en las personas y el medioambiente, denominado en clave Proyecto indalo (1966-2009).

Durante el medio siglo transcurrido las generaciones de vecinos afectados han vivido algo insólito en Europa hasta el accidente de Chernobyl (1986). En este largo periodo se ha puesto en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente. Los fuertes vientos tan frecuentes en la zona, así como las lluvias torrenciales, han diseminado parte de los isótopos radiactivos hasta límites desconocidos.

Tras los estudios de caracterización e inventariado desarrollados por el CIEMAT a inicios del milenio se ha certificado la gravedad de la situación. Ahora mismo hay 40 hectáreas valladas con restricción de uso repartidas en 4 parcelas. Salvo algunos puntos contaminados fuera del vallado, el resto no supone un riesgo para la salud mientras no se remuevan las tierras, pero el estigma social y económico suma y sigue desde 1966 y se agranda día a día como una losa que han de arrastrar los vecinos.

En 2010 se consiguió finalizar las líneas maestras de una futura descontaminación, en base a los criterios radiológicos previamente establecidos. El CIEMAT presentó el Plan de Rehabilitación de Palomares. Plan preliminar, que fue aprobado unánimemente por el CSN y refrendado por un equipo de verificación de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. Desde entonces se llevaron a cabo numerosas reuniones entre España y EE.UU., tanto en el ámbito técnico como diplomático, hasta 2015, en que se firmó el denominado Acuerdo de intenciones Kerry-Margallo, que además de modificar los criterios radiológicos, generó injustificadas expectativas, al no ser vinculante y haberse realizado en periodo preelectoral. Desde entonces nada se ha avanzado y tampoco existe una mínima posibilidad a medio y largo plazo de atisbar un acuerdo.

Dado que el tiempo transcurrido sin solución es de por sí excesivo; que los vecinos tienen el mismo derecho que el resto de los españoles a convivir en un entorno sin riesgos para su salud, libre de contaminación, a pesar que habiten en la periferia peninsular. El mismo derecho les asiste, sin el lastre de la radiactividad, a desarrollarse social y económicamente en función de sus posibilidades y esfuerzo. Dado también que, en sintonía con la legislación internacional, el responsable primero y último de controlar y procurar a sus ciudadanos un entorno sin contaminación radiactiva es el gobierno de cada país. Finalmente, dado que España posee desde hace muchos años la tecnología, los equipos técnicos y humanos para llevar a cabo una descontaminación unilateral a fondo y definitiva del área de Palomares, de acuerdo con el Plan de Rehabilitación de Palomares.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que inicie unilateralmente y sin más dilación la descontaminación radiológica del área de Palomares según los criterios radiológicos de 2003, para que una vez finalizada, la dosis efectiva al público sea inferior a 1 miliSiervert/año en todas las áreas afectadas (Zonas 2, 2-bis, 3 y 6). Ordene al Consejo de Seguridad Nuclear para que realice su trabajo en función de sus competencias y complete el Plan de Rehabilitación con el desarrollo detallado de la ingeniería del


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proyecto y la especificidad de tipo operacional y administrativo, con la elaboración de los siguientes planes y estudios, en estrecha colaboración con la administración local y autonómica:

1. Impacto radiológico al público e impacto ambiental de la zona.

2. Proyecto de instalaciones auxiliares, lugar de almacenaje temporal operativo.

3. Protección radiológica de los trabajadores.

4. Gestión de residuos radiactivos. Compactación, embalaje y transporte.

5. Vigilancia radiológica ambiental.

Simultáneamente al proceso anterior, el Gobierno realice las reformas normativas y operacionales precisas para su almacenaje provisional en el Cementerio del Cabril hasta que se dé la coyuntura favorable para la devolución a sus legítimos propietarios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-Diego Clemente Giménez y Vicente Ten Oliver, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/004133

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica, relativa a la aplicación de un IVA reducido en la venta de bienes de segunda mano y de servicios de reparación.

Exposición de motivos

En la economía actual, los materiales se extraen, los productos son fabricados, utilizados y desechados, y todo ello, al coste más bajo posible. Esto no solo es contaminante, sino que además es insostenible en un planeta con recursos limitados. En una economía circular, los productos se mantienen en uso por más tiempo y al final de su vida útil son reutilizados, reparados, re-manufacturados, actualizados o reciclados.

Los beneficios de una economía circular son muchos, tanto a nivel económico como medioambiental. Por un lado, las estimaciones sugieren que la economía circular podría impulsar la economía europea hasta en 1,8 billones de euros hasta 2030. También tiene el potencial de desbloquear en gran medida la creación de empleo. Se estima que por cada 10,000 toneladas de residuos, se pueden generar 36 empleos si se recicla, y hasta 296 si se reutiliza, en comparación con trabajo en caso de incineración o 6 puestos de trabajo en caso de vertido.

Desde el punto de vista medioambiental, las ventajas también son evidentes: reducción del daño de la extracción de materias primas; mejora en la calidad del aire mediante la reducción de la incineración; y prevención de residuos tóxicos que se filtran en el suelo a través de vertederos.

La Comisión Europea adoptó un ambicioso Paquete sobre Economía Circular "de nuevas medidas para ayudar a las empresas y los consumidores europeos en la transición a una economía más sólida y circular, donde se utilicen los recursos de modo más sostenible", y cuyas propuestas contribuirán a "cerrar el círculo de los ciclos de vida de los productos a través de un mayor reciclado y reutilización, y aportarán beneficios tanto al medio ambiente como a la economía".

El plan de acción de la Comisión sobre la economía circular recomienda que se utilicen instrumentos económicos para garantizar la prolongación de la vida útil de los productos mediante la reutilización y la reparación, lo cual contribuye a la generación de empleo y a la agenda social de la UE. Uno de estos instrumentos es el uso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), actualmente regulado por la Directiva de la UE sobre un sistema común del impuesto sobre el valor añadido (Directiva/112/CE).


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El Plan fomenta el uso de herramientas tributarias para ayudar a alargar la vida útil de los productos a través de la reutilización y reparación, y reconoce también que estas actividades requieren de mano de obra intensiva por lo que contribuyen a crear puestos de trabajo de la UE y a invertir en la agenda social.

Según un estudio del Eurobarómetro 2 la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS), "En Europa, el 77% de los ciudadanos estaría dispuesto a reparar sus productos, pero casi nunca lo hace porque es demasiado caro para ellos".

En su informe "Estudio de fiscalidad ambiental aplicada a la jerarquía de residuos", AERESS concluye que es de esperar que, "el hecho de que el IVA sea reducido o nulo en la venta de bienes de segunda mano y de servicios de reparación fomentaría no solo la mejora del medio ambiente y la eficiencia de los recursos sino también la creación local de puestos de trabajo, objetivos fundamentales de la Estrategia Europa 2020 y Paquete de Economía Circular de la Comisión".

La Directiva 2018/851 de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos, explica en su apartado 29 que "los Estados miembros deben facilitar modelos de producción que fomenten la prolongación de la vida útil de los productos y promuevan la reutilización mediante el establecimiento y el apoyo de redes de reutilización y reparación, como las dirigidas por las empresas de la economía social, los regímenes de depósito, devolución, retorno y rellenado e incentivando la refabricación, el reacondicionamiento y, en su caso, la adaptación de los productos a nuevos fines".

AERESS, en un informe que ha realizado junto con el Centro Tecnológico LEITAT, analiza las repercusiones económicas, sociales y ambientales de la exención de IVA para la venta de artículos de segunda mano provenientes de la preparación para la reutilización (textiles, voluminosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) de entidades de Economía Social, que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión. Según dicho informe, el impacto social que se prevé sobre la generación de empleo y empleo de inserción, las actividades de preparación para la reutilización para 2020 podrían suponer la creación de 161.197 puestos de trabajo en España, como empleo directo, incluyendo puestos de trabajo cualificados y no cualificados, así como puestos de inserción (cercanos al 50%).

Además, un crecimiento de un 1% en los sectores de mantenimiento y reparación podría generar un beneficio agregado de 6.300 millones de euros, según un estudio del Parlamento Europeo.

Teniendo en cuenta todo esto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La aplicación de un IVA reducido o nulo en la venta de productos procedentes de procesos de preparación para la reutilización que realicen las entidades de economía social.

2. Evaluar, adicionalmente, el uso de otras medidas fiscales, como herramienta para ayudar a fomentar la donación de bienes usados a los operadores de reutilización de empresas sociales.

3. Implementar medidas para el fomento del ecodiseño de los productos con el fin de aumentar su durabilidad, los tiempos de cobertura de garantía, asegurar su reparabilidad siendo viable el intercambio de piezas, así como la disponibilidad de las mismas, evitando la utilización de materiales tóxicos y peligros. Del mismo modo, que debe fomentarse y apoyarse las redes de centros de preparación para la reutilización, y la información pública sobre los mismos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004141

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los

2 Eurobarometer 388 - Attitudes of Europeans towards waste management and resource efficiency http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_388_en.pdf


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Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica, relativa al desarrollo de una estrategia de reutilización de aguas regeneradas en el marco de una economía circular del agua.

Exposición de motivos

En este momento, y según el Estudio Nacional de Agua Potable y Saneamiento, España reutiliza cerca de 400 hm3, alrededor del 9% del agua depurada (41% agricultura, 31% riego de jardines, 12% industria y 19% otros usos). Además de en estos usos se utiliza agua regenerada en los sistemas contra incendios, baldeo de calles, campos de golf, etc.

La importancia de la reutilización de las aguas residuales se ha destacado en diversas instituciones europeas e internacionales como en: la Directiva Marco del Agua (2000), que la contempla dentro del programa de medidas para hacer frente a los problemas de escasez del agua; en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002); o en el Informe Mundial de la Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recurso Hídricos titulado "Aguas Residuales: el recurso desaprovechado" (2017), donde se analiza la temática de las aguas, residuales y su potencial como recurso sostenible.

En el marco del paradigma de la economía circular, existe un amplio consenso acerca de la necesidad de impulsar la reutilización de las aguas residuales urbanas e industriales. Una economía circular del agua, con una plena reutilización de las aguas regeneradas, supone importantes beneficios, entre los que destacan; liberar recursos de calidad para [os usos que lo necesitan y minimizar la demanda neta de agua reduciendo la presión sobre los sistemas naturales, en particular ríos y acuíferos. Además, permite reducir el vertido neto a los sistemas naturales y, por tanto, la carga contaminante y sus efectos sobre los ecosistemas. Una estrategia ordenada y adecuada de reutilización de aguas regeneradas permite poner a disposición recursos que en general requieren menos energía que otras fuentes como la desalación marina o las transferencias intercuencas, a la vez que facilitar el reciclado de nutrientes para uso agrícola, con los consiguientes beneficios económicos (menores necesidades de fertilizantes agrarios y a la vez menores necesidades de tratamientos terciarios en la gestión de las aguas residuales) y ambientales (reducción de la huella ecológica asociada a los fertilizantes agrarios). Los recursos procedentes de las aguas regeneradas, bien planificados y gestionados, pueden complementar las medidas principales de gestión de la demanda, con el fin de aliviar la presión que los distintos usos ejercen sobre los ecosistemas hídricos y sobre el estado ecológico de ríos, acuíferos y ecosistemas costeros.

Sin embargo, en ausencia de una cuidadosa planificación la reutilización de aguas residuales puede dar lugar -y de hecho ha dado lugar- a efectos negativos en términos ambientales y de sostenibilidad en el uso del agua:

En primer lugar, la regeneración de aguas residuales, en tanto que medida de oferta, incrementa los recursos disponibles, lo cual puede inducir de forma indirecta el incremento de la demanda o, al menos, no favorece su contención, algo fundamental a la luz del cambio climático. Una reutilización generalizada de las aguas residuales desconectada de una planificación integral puede conducir a que los beneficios potenciales de la reutilización, en relación con la reducción del déficit hídrico o de la presión sobre los ecosistemas naturales, puedan verse neutralizados por un-aumento general de las demandas hídricas.

En segundo lugar, la reutilización directa de las aguas regeneradas, sin que tales caudales se devuelvan al ciclo natural (ríos y cauces públicos), puede tener un efecto negativo sobre los caudales circulantes y sobre los servicios ecosistémicos de los mismos, especialmente en ciertos ámbitos de los países mediterráneos, donde el retorno a los ríos de las aguas depuradas puede constituir una proporción significativa de los caudales circulantes.

Hoy en día y en el marco de la Unión Europea, tan solo; España, Portugal, Italia y Grecia tienen normativa sobre aguas residuales. Existe una propuesta de "Directiva sobre reutilización de las aguas depuradas" que está en estos momentos sometida a información pública, que pretende introducir parámetros más exigentes en los usos de aguas regeneradas que los contemplados en la normativa española (Real Decreto 1620/2017, de 7 de diciembre). La falta de un cuerpo legislativo coherente y global en la UE en esta materia es evidente y la divergencia de planteamientos entre los distintos países de la UE, que generan distorsiones, por ejemplo, en el comercio de productos agrícolas.

La economía circular del agua debe incluir entre sus objetivos, minimizar el consumo de agua en todos los procesos económicos (agrarios, industriales o de otro tipo), así como en los usos urbanos. En


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coherencia con este reto, en la gestión general del agua, y dentro de ella en la reutilización de aguas residuales, es fundamental aplicar no solo criterios de eficiencia (ahorros unitarios de agua) sino también criterios de eficacia (reducción de la captación bruta total de agua de los sistemas naturales, como ríos y acuíferos), con el fin de asegurar que dicha reutilización efectivamente contribuye a mantener y mejorar el buen estado de las masas de agua y de nuestros ecosistemas hídricos.

Pero es en el sector agrario en el que la reutilización de aguas genera mayor expectativa. Si bien es cierto su potencialidad, es importante que los tomadores de decisiones públicas no olviden que para mantener las múltiples funcionalidades del agua es muy importante que los recursos hídricos se utilicen y gestionen, en la mayor medida posible, dentro de los flujos naturales del agua, dado que un uso, transporte y consumo de tales recursos fuera de los flujos naturales, utilizando circuitos artificiales como canalizaciones, conlleva una pérdida de su funcionalidad ambiental. Por ello las administraciones e instituciones responsables deberían promover que los usos del agua estén lo más integrados o cercanos posible al ciclo hidrológico natural, priorizando, por ejemplo, siempre que sea factible, la distribución de recursos a través de flujos naturales frente a los artificiales. Por ello la reutilización directa de aguas residuales debe concebirse como una sustitución de caudales e implicar la correspondiente reducción de las aguas captadas desde los ecosistemas, fundamentalmente desde los ríos, en compensación por los caudales depurados que no van a ser devueltos a los mismos.

Otro reto imprescindible de una estrategia adecuada de reutilización está en la gestión diferencial o inteligente de la calidad del agua, lo que exige un ajuste fino de la calidad para cada recurso ofertados según las exigencias de cada tipo de uso, destinando las aguas de mayor calidad solo a los usos que realmente la necesitan. Para ello es necesarios implementar estrategias de economía circular del agua a distintas escalas espaciales y unidades de gestión; desde la escala de cada hogar, a la escala de cuenca. A escala de cada hogar, se trata de fomentar dobles circuitos aguas grises/aguas negras, como primera célula de reutilización del agua. A escala del sistema urbano de una ciudad, las aguas regeneradas pueden ser reutilizadas en la propia ciudad para todos los usos urbanos no potables, como el riego de jardines o la limpieza de calles. Finalmente, las aguas urbanas regeneradas pueden ser reutilizadas en otros sectores, como el agrario o en muchos usos industriales.

Por último, es necesario incorporar tratamientos adecuados para los nuevos contaminantes emergentes que agrupan a un amplio número de sustancias potencialmente peligrosas pero cuya presencia en el medio es más o menos reciente, razón por la que no cuentan con legislación específica y en muchos casos no están sometidas a proceso rutinarios de detección. En los últimos años se está prestando una atención creciente a la presencia de antibióticos, estrógenos y otros residuos farmacéuticos, drogas y sus metabolitos.

En toda esta nueva estrategia, y siendo que el ciclo del agua es uno, la reutilización de caudales regenerados requiere la correspondiente concesión, que solo puede ofrecer, como institución competente, la Institución responsable de la Demarcación Hidrográfico, encargada de velar, con arreglo a la legislación vigente, por garantizar el buen estado de las masas de agua a las que vierten los retornos en cuestión. A partir de ahí, su regulación que debería ser autonómica, tendría que establecer condiciones y parámetros de calidad de las aguas regeneradas, para su posible reutilización en los diversos usos, y en especial en las redes municipales, cumpliendo cuando menos las condiciones y parámetros de calidad establecidos por ley a nivel estatal y de la UE, para las aguas en alta. En ese marco regulatorio autonómico, los ayuntamientos o entidades supramunicipales responsables de gestionar los servicios de agua y saneamiento deberían poder promover proyectos de regeneración y reutilización de sus retornos urbanos, previo acuerdo con el Organismo de la Demarcación y con el Gobierno Autónomo, y una vez superada la correspondiente evaluación ambiental de/proyecto.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Comprometerse de manera decidida en la elaboración y aprobación de la Directiva sobre Reutilización de Aguas Depuradas.

2. Impulsar la elaboración y desarrollo general de una "Estrategia estatal de reutilización de aguas regeneradas" que establezca el marco adecuado bajo los principios de sostenibilidad, eficiencia y eficacia para su impulso desde cada una de las Confederaciones Hidrográficas y que clarifique los niveles


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competenciales entre la administración del estado y sus organismos de cuenca, las Comunidades Autónomas y los Municipios.

3. Adecuar el marco normativo actual en materia de aguas, para poder impulsar con garantías la estrategia definida."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2018.-Pedro Arrojo Agudo, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004143

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de iniciativas de interés socioeconómico en la finca de La Almoraima (Cádiz), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

La Almoraima es una finca rústica de 14.109 hectáreas situada en el municipio de Castellar de la Frontera, provincia de Cádiz. La gestión de esta finca se realiza a través de una sociedad mercantil, participada al 100% por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que realiza un aprovechamiento de los recursos agrícola, ganadero, forestal y de la hostelería.

El municipio de Castellar de la Frontera, con poco más de 3.000 habitantes y un desempleo en torno al 30%, está enclavado en el entorno natural del Parque Natural de los Alcornocales, y con la finca de "La Almoraima" ocupando casi el 85% del término municipal. Con esta estructura del territorio, es evidente el valor natural del entorno, pero también las limitaciones para fomentar el desarrollo socioeconómico del municipio.

Algunas iniciativas, dirigidas a luchar contra el desempleo, a través del impulso de actividades económicas alternativas, han permitido la creación de riqueza. Muestra de ello, en 2015 el Ayuntamiento de la localidad firmó un convenio con el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para la cesión por veinte años, de dos parcelas de La Almoraima, que suman una extensión de 24 hectáreas.

En concreto, mediante este convenio se va a favorecer el desarrollo de un proyecto orientado al agroturismo, al aprovechamiento agroecológico y al forestal. También va a permitir el impulso de otro proyecto de aprovechamiento de biomasa para la generación de energía de la transformación de productos agroforestales y ganaderos.

Por otra parte, el Ayuntamiento sigue buscando alternativas para el crecimiento económico del municipio entre los que podemos destacar el desarrollo de proyectos de turismo sostenible, como la recuperación del "Camino Viejo a Jimena de la Frontera" que une el Castillo de Castellar con el Castillo de Jimena, uno de cuyos tramos discurre por La Almoraima o el uso de otros senderos, también dentro de los límites de la finca.

Igualmente, el descubrimiento de unas pinturas rupestres dentro de la finca, en la conocida como "Cueva de las Estrellas", datado con una antigüedad de unos 32.000 años, ha abierto otras alternativas.

Nos parece que se ofrece una oportunidad única de fomentar el turismo activo y cultural adecuando los accesos y colocando la señalización oportuna en este enclave, para lo que se hacen imprescindibles nuevos acuerdos entre el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera y la Administración General del Estado y el esclarecimiento de la titularidad de ciertos elementos, dentro de la finca.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a analizar la viabilidad y ajuste a derecho de las diferentes propuestas del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz) para poner en valor los


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recursos públicos de la finca de La Almoraima y, en consecuencia, tramitar un nuevo Convenio con el propio Ayuntamiento para seguir impulsando el desarrollo del municipio, realizando iniciativas conjuntas en la finca de "La Almoraima", con el objetivo de generar riqueza, empleo y salvaguardar los valores medioambientales de la finca."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2018.-Guillermo Mariscal Anaya, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004144

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las medidas necesarias para transformar el sistema gasista ibérico en línea con los objetivos europeos de creación de un mercado energético único, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

España se encuentra ante el reto del desarrollo de las capacidades de conexión internacional, con Francia y Portugal, con el fin de alcanzar la convergencia de precios con el resto de los HUBS europeos y lograr así un mercado único y líquido.

La Comisión Europea ha seleccionado 195 proyectos de infraestructuras energéticas eléctricas y gasistas ((incluidos el transporte, las terminales de GNL y el almacenamiento), conocidos como Proyectos de Interés Común, considerados claves para alcanzar un mercado energético integrado en la Unión Europea.

El Reglamento de las redes transeuropeas de la energía (RTE-E), aprobado en 2013, el Mecanismo "Conectar Europa" (CEF Energy), y el Plan de inversiones para Europa (conocido como "Plan Juncker") han creado un marco político europeo estable para fomentar la inversión en sectores muy diversos, como infraestructuras, energía, investigación e innovación, banda ancha y educación. Este último mecanismo (el del Plan Juncker), está muy orientado a fomentar la cohesión transfronteriza que pueda asegurar la integración regional de aquellas zonas que actualmente no gozan de una correcta conexión energética. Como ejemplo, el caso del gasoducto llamado Baltic Connector, que une Estonia y Finlandia, en agosto de 2016 ha sido incluido en el programa CEF Energy, concediéndole un importe equivalente al 75% de su coste.

La puesta en práctica de la política de las RTE-E se ha visto aún más reforzada a través de grupos regionales de alto nivel que se centran en las zonas consideradas vulnerables en las pruebas de resistencia en el sector del gas que realizó la UE en 2014 y en poner fin a la situación de la Península Ibérica como "isla energética". El Grupo de Alto Nivel de Europa Sudoccidental detectó dos proyectos que aportarían una verdadera seguridad de suministro del gas y una autentica competencia de precios a los mercados de la UE y servirían para eliminar los cuellos de botella y conectar los mercados regionales. Las conexiones internacionales con Francia y Portugal, junto a las infraestructuras de refuerzo que permiten su correcta integración en el sistema gasista español fueron declaradas como Proyectos de Interés Común en la última lista publicada el 18 de noviembre de 2015.

De hecho, la Comisión tiene intención de trabajar estrechamente como prioridad, tanto a nivel técnico como político, para apoyar la realización del eje oriental de gas, necesario para mejorar la conexión de la Península Ibérica con el mercado interior del gas, y para facilitarle el acceso a centros de operaciones líquidos de gas, contribuyendo de esta forma a una mayor diversificación de la cartera de gas de la U E.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar los proyectos que permitan que España pueda contribuir con el objetivo europeo de crear un mercado energético común, esto es, las infraestructuras de conexión con Portugal y Francia, incluidas


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en la categoría de Proyectos de Interés Común, permitiendo la mejora de la liquidez del mercado ibérico del gas y reforzando la seguridad en el suministro.

2. Incluir las infraestructuras necesarias para la correcta integración de las dos conexiones internacionales, que permitan integrar a todas las entradas del sistema gasista dentro del mercado ibérico español, eliminando las zonas de aislamiento situadas en el Norte de España y el Norte de Portugal."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2018.-Juan Manuel Juncal Rodríguez, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004146

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento del Gas Natural como combustible en el transporte marítimo, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

El Gobierno aprobó el Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte, así como el Real Decreto 639/2016 por el que se establece un marco de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos.

De esta manera, España cumple parcialmente con la transposición de la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, impulsando el desarrollo del mercado de gas natural, electricidad, hidrógeno, gas licuado del petróleo y biocarburantes en el sector del transporte entendido desde su perspectiva más amplia. Se trata de impulsar la creación de una infraestructura que garantice el suministro de energías alternativas para incentivar su implantación.

La apuesta por las energías alternativas en el transporte es una oportunidad para el sistema gasista español. España tiene una posición privilegiada en disponibilidad, conocimiento y tecnología de gas natural, siendo el país europeo con mayor número de plantas de regasificación, con una extensa red de transporte y distribución, que permite el desarrollo del gas natural, tanto comprimido como licuado, en el transporte terrestre, marítimo y ferroviario.

El uso del gas natural en el transporte permitiría reducir significativamente las emisiones locales, cumpliendo con los objetivos establecidos por la Comisión Europea, que presentó el 20 de julio de 2016 un conjunto de medidas destinadas a acelerar la transición hacia tecnologías de baja emisión de carbono en todos los sectores de la economía europea.

España tendrá que reducir sus emisiones de CO2 entre 2021 y 2030 en relación con los niveles de 2005 en los sectores no regulados bajo el régimen europeo de comercio de emisiones, en los que está incluido el transporte.

Estos objetivos establecidos para todos los países europeos permiten mantener la competitividad de la UE a la vez que el modelo socioeconómico global moderno sigue evolucionando tras el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Tales propuestas forman parte integrante de la Unión de la Energía y de una política de cambio climático orientada al futuro.

Según la propia Organización Marítima Internacional (OMI), las emisiones del tráfico marítimo podrían crecer hasta el 250% de aquí a 2050 en un escenario desregulado. Por este motivo, la OMI ha tomado la decisión de implementar un límite de emisión de azufre del 0,50% para el ejercicio 2020.

En este escenario, el gas natural licuado es una opción óptima como combustible para el transporte marítimo, pues permite al sector cumplir los requisitos para reducir el contenido de nitrógeno y de azufre en los combustibles para uso marítimo.

Además, el Gas Natural desempeña un papel muy relevante para garantizar la seguridad de suministro, apoyándose sobre todo en países como España, en los que existe capacidad instalada de suministro que le otorga diversidad de fuentes de aprovisionamiento que pueden ser puestas a disposición de aquellas zonas más expuestas a menor número de fuentes.


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España puede jugar un rol como operador logístico del GNL americano, abundante y competitivo, siendo necesario un proceso de adaptación de las plantas de GNL para poder competir con el resto de las instalaciones europeas, ofreciendo a las compañías comercializadoras ventajas geográficas y garantía de disponibilidad sobre todo en el mercado a corto plazo, tanto en las rutas atlánticas como en las rutas mediterráneas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Fomentar el uso el gas natural en buques y flota pesquera mediante un plan de ayudas orientado a facilitar la conversión de las flotas actuales y a la adquisición de nuevos buques con tecnologías más eficientes.

2. Promover el uso de combustibles alternativos durante el atraque en puertos a través de un plan de bonificación en las tasas portuarias para los buques propulsados con combustibles alternativos, así como a través de la mejora de la fiscalidad para estos combustibles.

3. Elaboración de un plan de mares y puertos limpios que estimule la descarbonización del transporte marítimo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2018.-Juan Manuel Juncal Rodríguez, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Cultura y Deporte

161/004123

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte, relativa a la incorporación en el Reglamento General de Carreteras de informes y protocolos para prevenir posibles intervenciones de riesgo en fosas comunes durante las tareas de mantenimiento y conservación de la red de carreteras.

Exposición de motivos

En España existen un total de 2.246 fosas comunes pertenecientes a los periodos históricos de Guerra Civil y Franquismo según el mapeo realizado por el Ministerio de Justicia (2011). Se trata de un mapa generado a partir de la información que han aportado hasta un total de 49 plataformas defensoras de la memoria democrática de todo el territorio español, incluyendo los suelos insulares y las ciudades autónomas.

Según estos datos, de las 2.246 fosas, se han exhumado en su totalidad 437, parcialmente 43 y quedan por intervenir 1.221. Se han detectado 500 fosas distribuidas en todo el territorio cuyos restos fueron trasladados al Valle de los Caídos y existen 250 fosas desaparecidas, algunas de estas últimas por modificación en tramos de carreteras o por haber inhabilitado su acceso a causa de construcciones recientes.

Su localización exacta, investigación y futura exhumación deben ser consideradas responsabilidades políticas de primer orden. De la correcta gestión e investigación a todos los niveles dependerá el legado que transmitamos a las generaciones futuras y la reparación, justicia y verdad de los periodos más oscuros de nuestra historia reciente que, sin duda, tienen un retorno en la sociedad actual, una brecha abierta que debe cerrarse desde la responsabilidad y el buen hacer metodológico y político.

Un caso similar es el de los lugares de memoria, independientemente de su carácter estructural las organizaciones de la sociedad civil han demandado un catálogo que también es exigido desde la ONU en la reciente visita el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías


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de no repetición el señor Fabian Salvioli, es necesario garantizar los recursos suficientes para poner en marcha medidas para el reconocimiento social y cultural de los lugares de la memoria democrática y antifascista. A tales efectos, se debe proceder a la localización, catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de la memoria y a su señalización a través de placas y paneles que expliquen los hechos que tuvieron lugar, por parte de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Deporte y de cuales más órganos sean competentes en esta materia, como el Ministerio de Fomento, en lo que a estructuras que corran los mismos riesgos ya descritos anteriormente para las fosas comunes.

Por otra parte, España cuenta con una amplia red de carreteras que forman parte del patrimonio común del Estado. Esta red precisa de continuas actuaciones de mantenimiento y conservación para el buen estado, la utilidad y la durabilidad de las distintas vías. El desarrollo de la red de carreteras coexiste con la amplia cantidad de fosas comunes expuesta y que son especialmente sensibles por no ser distinguidas a simple vista, ya que están localizadas en el subsuelo.

En las tareas de mantenimiento y conservación de la red de carreteras se deben de tener en cuenta en todo momento los riesgos de cercanía a dichas fosas comunes reflejadas en el mapa en la web del Ministerio de Justicia que, aun debiendo ser actualizado, evidencia que coexisten zonas de carreteras con fosas comunes en las cunetas o en inmediaciones cercanas a las vías, susceptibles de recibir labores de mantenimiento. Disponer de un catálogo bien documentado ayudaría a los responsables del mantenimiento y conservación de carreteras a prevenir y evitar que actuaciones para el cuidado de nuestras carreteras deterioren o pongan en peligro elementos de nuestra memoria.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Garantizar que el Ministerio de Fomento realiza un cruce de información con el Ministerio de Justicia, Ministerio de Cultura, con las Comunidades Autónomas y las administraciones locales, para que los datos de los elementos relacionados con memoria democrática y de los Derechos Humanos, sean tenidos en cuenta durante las labores de mantenimiento y conservación de carreteras.

2. Incorporar en el Reglamento General de Carreteras un protocolo que obligue a las actuaciones de mantenimiento y conservación de carreteras a contar con un informe previo de conocimiento sobre los elementos relacionados con memoria democrática y de los Derechos Humanos existentes en la zona de actuación, así como, en el caso de que estos existan, diseñar un plan específico de prevención de cara a evitar daños a las víctimas derivados de las labores de mantenimiento y conservación, tal y como refleja la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, en su artículo 12.2."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Sergio Pascual Peña, Eduardo Javier Maura Zorita y Eva García Sempere, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004142

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo para la promoción del Concurso Nacional de Cante por Peteneras, para su debate en Comisión de Cultura y Deporte.

Exposición de motivos

Paterna de Rivera es un municipio de la provincia de Cádiz situado en la comarca de la Janda. Además de ser un pueblo muy bello y acogedor, es conocido por ser uno de los lugares donde se cría el toro de lidia y por ser cuna del palo flamenco denominado y conocido mundialmente como "La Petenera".


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Este palo es muy antiguo, tiene su origen en el siglo XVII y algunas fuentes afirman que su denominación, en sus diferentes versiones, la antigua y la moderna, se debe a una cantaora nacida en Paterna de Rivera llamada Dolores "la Petenera", que vivió a finales del siglo XVIII.

El Concurso Internacional de Cante por Petenera se celebra anualmente en Paterna de Rivera desde hace más de 40 años, coincidiendo siempre con el último fin de semana de julio. Este año, concretamente, se ha celebrado su XLIII edición. Según "Diario de Cádiz", más de 2000 personas acudieron a disfrutar del cante por Petenera, pero lo más importante es que artísticamente esta Edición ha sido de primer nivel.

El flamenco fue declarado por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y por tanto hay una obligación especial por parte de las administraciones de conservarlo y difundirlo, velando siempre por la conservación de su esencia.

El Grupo Parlamentario Popular considera, además, que para el municipio de Paterna y para toda la provincia de Cádiz sería fundamental desde el punto de vista no solamente cultural, sino también turístico y por tanto económico y para la creación de empleo, que el Concurso Internacional de Cante por Peteneras se apoyara por parte de todas las Administraciones para que pudiera convertirse en un auténtico referente del flamenco en el mundo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Acordar con la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Paterna de Rivera las medidas necesarias para apoyar el Concurso Internacional de Cante por Peteneras.

- Declarar el Concurso Internacional de Cante por Peteneras Evento de Especial Interés Público a fin de facilitar la promoción exterior del mismo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2018.-María José García Pelayo Jurado, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Economía y Empresa

161/004140

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz don Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Economía y Empresa, relativa al establecimiento de un coste cero para las cuentas de pago básicas de personas en situación de riesgo de pobreza.

Exposición de motivos

Con fecha 06/07/2018 se publica, por parte del Ministerio de Economía y Empresa, el Proyecto de Orden sobre servicios, comisiones de cuentas de pago básicas, procedimiento de traslado y comparadores. Esta Orden tiene por objeto la regulación de tres tipos de cuestiones ligadas con los artículos 9.2, 10.1 y 13.6 del Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones, que a su vez traspone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas.

En relación al primero de los artículos cuya normativa se desarrolla, el 9.2, se procede al establecimiento de la comisión máxima que las entidades pueden cobrar por los servicios incluidos en el contrato de cuenta de pago básica. No obstante, si bien en la propia orden se establece la comisión máxima a cobrar a los clientes de una cuenta de pago básica en su modalidad ordinaria, que se eleva a una cantidad de tres euros mensuales, no se hace lo mismo con la comisión máxima del segundo nivel,


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de carácter más ventajoso que el anterior, para el colectivo de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.

Este segundo nivel de comisión, propuesto en el artículo 9.4 del Real Decreto-ley, será desarrollado y concretado, según se informa en la propia Orden del Ministerio de Economía y Empresa, en norma con rango de Real Decreto que aprobará el Gobierno.

Según la última Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de población en riesgo de pobreza en el año 2017 se elevaba a un 21,6% de la población total (siguiendo los criterios de Eurostat, el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas). Este es el caso de miles de personas cuyos ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades de una manera digna, y ocurre, en diferentes grados de incidencia, tanto a trabajadores y trabajadoras por cuenta propia o cuenta ajena con empleos precarios, como a personas beneficiarias de pensiones, prestaciones y subsidios públicos.

Para estas personas, que se ven obligadas a contratar una cuenta bancaria para la percepción de sus pensiones, prestaciones y nóminas, asumir el coste de las comisiones que cobran los bancos, por bajas que estas sean, supone un gasto adicional que redunda en su mayor empobrecimiento y vulnerabilidad.

La Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, establece, en el punto 3 de sus consideraciones iniciales, que "el funcionamiento correcto del mercado interior y el desarrollo de una economía moderna e integradora desde el punto de vista social depende cada vez más de la prestación universal de servicios de pago. Toda nueva legislación en este ámbito deberá formar parte de una estrategia económica inteligente de la Unión que tenga efectivamente en cuenta las necesidades de los consumidores más vulnerables".

Asimismo, en el punto 46 se indica lo siguiente: "A fin de garantizar que las cuentas de pago básicas estén a disposición del mayor número posible de consumidores deben ofrecerse de manera gratuita o a cambio de una comisión razonable. Para animar a los consumidores vulnerables que no disponen de cuenta bancaria a participar en el mercado bancario minorista, los Estados miembros deben poder disponer que se les ofrezcan cuentas de pago básicas en condiciones particularmente ventajosas, como por ejemplo, de forma gratuita. Los Estados miembros deberán tener libertad para determinar los mecanismos necesarios para establecer qué consumidores podrían acogerse a cuentas de pago básicas en condiciones más ventajosas, siempre que el sistema elegido garantice que los consumidores vulnerables puedan acceder a cuentas de pago básicas. En cualquier caso, dicho planteamiento deberá entenderse sin perjuicio del derecho de todos los consumidores, inclusive los menos vulnerables, a acceder a cuentas de pago básicas al menos con unas comisiones razonables [...]."

Finalmente, el artículo 18.1 de esta Directiva, sobre comisiones aplicadas, dispone que "los Estados miembros velarán por que las entidades de crédito ofrezcan los servicios a que se refiere el artículo 17 (características de una cuenta de pago básica), sin cargo alguno o aplicando una comisión razonable".

Todo ello apunta a la necesidad, así como a la potestad de las Administraciones Públicas, para establecer por norma la gratuidad de los servicios de cuenta de pago básica para aquellas personas en situación o riesgo de pobreza.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer, a través de Real Decreto que desarrolle el Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones, y la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas, comisiones a coste cero para las cuentas de pago básicas de aquellas personas cuyos ingresos, provenientes de pensiones, prestaciones, subsidios, salarios u otras fuentes, sean inferiores al umbral del riesgo de pobreza, equivalente al 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

161/004130

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la protección de los actores en el sector sanitario y hospitalario en la preparación, transporte, administración y eliminación de residuos de medicamentos peligrosos, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

El manejo de productos y medicamentos peligrosos -entendiendo por tal aquellos cuya exposición se sabe o se sospecha que pueden causar carcinogenicidad, toxicidad del desarrollo, toxicidad reproductiva, toxicidad de órganos en dosis bajas, genotoxicidad y efectos similares- es un problema de salud pública de primer orden, fundamentalmente para los profesionales sanitarios, pero también para los pacientes y sus familias.

Según el European Biosafety Network, en Europa cada año más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras están expuestos a medicación peligrosa, ya sea carcinógena, mutagénica o reprotóxica.

La contaminación ambiental de las zonas en las que se preparan y administran este tipo de sustancias en los centros de atención sanitaria, y su manejo de forma habitual en los centros sanitarios y en la atención domiciliaria, tienen efectos adversos para la salud de los trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario, y en especial para los profesionales de enfermería y de farmacia.

Tal y como reconoce el nuevo Marco de Trabajo Estratégico de la UE sobre Salud y Seguridad en el Trabajo 2014-2020, las mujeres que trabajan en el ámbito sanitario, fundamentalmente las enfermeras, tienen una especial vulnerabilidad debido a su alta exposición.

Y aunque el personal de enfermería es el que mayor riesgo de exposición tiene, al ser el personal encargado de la preparación de medicación en los departamento de farmacia y de la administración del mismo en la planta, hospitales de día y administración domiciliaria, el riesgo derivado de la exposición afecta también a técnicos y auxiliares de farmacia, al personal de transporte en sus distintas fases, recogida y destrucción de residuos, e incluso al personal de mantenimiento y limpieza de equipos e instalaciones. Así mismo, son trabajadores y trabajadoras del sector hospitalario y sanitario, y a todos los que están bajo la dirección y supervisión del empleador directo y a los de las empresas subcontratistas.

Si bien la legislación europea y nacional ya ha abordado con éxito muchos de los riesgos laborales en el ámbito sanitario, queda mucho por hacer en relación a los fármacos peligrosos y citotóxicos, diseñados para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades.

El número de preparaciones, administraciones y gestión de estos medicamentos está creciendo de forma exponencial en toda Europa, debido al desarrollo demográfico y a la ampliación de su efectividad terapéutica.

La necesidad de proteger a los trabajadores y las trabajadoras frente al riesgo derivado de la exposición a medicamentos peligrosos, va en aumento por varias razones. En primer lugar, la tasa de incidencia del cáncer no ha dejado de crecer, y con ello el uso de fármacos antitumorales usados en el tratamiento oncológico aumentando con ello el riesgo de exposición de todos los actores del sector sanitario y hospitalario. En segundo lugar, el número y diversidad de trabajadores expuestos sigue creciendo a causa de la rápida expansión de estos medicamentos en el tratamiento de enfermedades no oncológicas. En tercer lugar, en estudios recientes se ha demostrado la persistencia de la contaminación en superficies de servicios de farmacia hospitalaria donde se prepara la medicación antitumoral después de haberse sometido a procedimientos de limpieza acreditados, pese a las directrices y recomendaciones de los Estados para reducir el nivel de exposición laboral.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, obliga a los empresarios a adoptar todas las medidas necesarias para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 665/1997, de protección de los trabajadores frente a riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos o la Directiva Europea 2004/37/EC sobre la protección


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de los trabajadores frente a riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo, se aproxima a riesgos similares.

Pero ninguna normativa ni nacional ni comunitaria de las existentes en materia de agentes químicos de riesgo, aborda específicamente los riesgos derivados de la exposición a fármacos peligrosos, ni las medidas preventivas que de forma concreta deben adoptar las empresas frente a este riesgo.

Con carácter más específico, existe una Nota Técnica de Prevención del Instituto de Higiene en el Trabajo (NTP) 740, de 11 de noviembre de 2003, que incluye recomendaciones frente a la exposición a citostáticos en el ámbito sanitario y varias guías técnicas o protocolos de actuación frente al manejo o la exposición a fármacos peligrosos para la salud.

También el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, elaboró en el año 2015 la Nota Técnica de Prevención 1051, que incluye un listado de medicación peligrosa comercializada en España, así como las medidas de protección que los gestores sanitarios deben de poner a disposición de los profesionales sanitarios para la preparación y administración de estos fármacos.

Más recientemente, la Unión Europea, en espera de la reforma de la directiva, ha elaborado en relación con el uso de medicamentos citotóxicos, una serie de recomendaciones que consisten en: 1) la elaboración de un listado de fármacos de esta naturaleza, 2) la adopción de medidas comunes mínimas aplicables en todos los Estados miembros, que garanticen la disposición para los profesionales de información y formación suficiente en este tema, 3) y la utilización de equipos de protección individual y de sistemas cerrados de transferencia de medicamentos.

Estos dispositivos cerrados de transferencia de fármacos han sido definidos por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU. (NIOSH), como aquellos que impiden mecánicamente la transferencia de contaminantes ambientales al sistema y el escape de concentraciones peligrosas de drogas o vapores fuera del sistema.

Así mismo, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ha publicado recientemente el documento de "Recomendaciones: Sistemas cerrados para el manejo de los medicamentos y productos peligrosos".

Todos estos documentos han incidido en una mayor concienciación y con ellos de una mayor protección de las personas trabajadoras afectadas, pero está muy lejos de ser el marco de protección adecuado. Tanto porque no abordan riesgos y medidas preventivas de forma integral, como porque no son disposiciones de obligado cumplimiento para las empresas, ni pueden ser exigidos por la Inspección de Trabajo, los trabajadores y trabajadoras ni por sus representantes legales.

El Grupo Socialista considera necesario garantizar la seguridad de los actores del sector sanitario y hospitalario, mediante el desarrollo de una normativa que tenga como objeto:

- Lograr un entorno de trabajo lo más seguro posible.

- Prevenir los riesgos derivados de la exposición a medicamentos peligrosos.

- Proteger a los trabajadores expuestos, asegurando el uso de todas las medidas posibles, entre las que se incluyen sistemas cerrados, mediante cabinas de manipulación de fármacos.

- Establecer un enfoque integrado por el que se definan políticas de evaluación de riesgos, prevención de riesgos, formación, información, sensibilización y supervisión, así como de participación y consulta de los representantes legales de los trabajadores.

- Poner en marcha procedimientos de respuesta y seguimiento en la preparación y administración de medicinas peligrosas.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en coordinación con las Comunidades Autónomas:

1. Revisar y armonizar, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las medidas adoptadas de protección de los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario frente a la exposición y manejo de medicamentos peligrosos y citotóxicos.

2. Actualizar el listado vigente de medicamentos peligrosos a los que están expuestos los y las profesionales de la salud y establecer un mecanismo para su actualización periódica.


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3. Elaborar una normativa específica en el ámbito de la prevención de riesgos laborales por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, sobre la protección de los trabajadores y las trabajadoras contra los riesgos relacionados con la exposición a medicamentos peligrosos durante el trabajo.

4. Elaborar, con todos los agentes implicados, una guía nacional para la prevención de la exposición a medicamentos peligrosos de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que en todo caso incluirá:

- El diseño de las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores de la salud, expuestos a medicamentos peligrosos reciben información y formación adecuada y periódica sobre los riesgos, el equipo de protección personal, así como pautas adecuadas de descontaminación, limpieza y desinfección basadas en los niveles de contaminación de la superficie y el tipo de medicamentos y sustancias. A estos efectos, se asegurará el monitoreo regular de la contaminación a la que están expuestos.

- La definición de las especificaciones técnicas que habrán de cumplir un sistema de transferencia de medicación para ser considerado un sistema o dispositivo cerrado. Asimismo, contemplará la puesta en marcha de un registro de dispositivos cerrados de transferencia de medicamentos que permita asegurar su carácter obligatorio para los trabajadores, y en particular, los trabajadores del ámbito sanitario.

5. Desarrollar campañas específicas de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al amparo de la normativa general existente para velar por el cumplimiento de medidas de prevención y protección en el sector sanitario frente a la exposición a medicación peligrosa en el ámbito público y privado.

6. Desarrollar programas de información y formación para pacientes y familiares de pacientes, relativos a los riesgos y formas de exposición a los medicamentos peligrosos, así como la prevención de los mismos en centros sanitarios y en los domicilios particulares, tanto por los miembros del hogar familiar, como por aquellas personas que realizan su actividad laboral en el domicilio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-María del Rocío de Frutos Madrazo y Jesús María Fernández Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado don Joan Olóriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a Modificación de la Ley 40/2003 de protección de las Familias Numerosas, a efectos de finalizar con la desigualdad y discriminación de los progenitores que se hacen cargo de sus hijos, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

La actual Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas no prevé las nuevas estructuras familiares, y en consecuencia deja sin cobertura a los progenitores separados/ divorciados y sin protección los hijos de familias reconstituidas.

Cuando uno de los cónyuges separado solicita la tramitación del carné de familia numerosa imposibilita automáticamente que el otro padre o madre pueda solicitarlo motivo que genera un agravio comparativo, especialmente en caso que dicha tramitación se realice sin previo aviso.

Dicha "laguna legal" provoca enormes distorsiones y problemáticas en el ámbito doméstico que afectan por igual a progenitores e hijos conculcando y limitando derechos de estos cuando se ven afectados sus recursos disponibles.

En este aspecto, hay que tener presente que la ley reguladora es del año 2003 y es a partir del año 2010 cuando se ha empezado a considerar la custodia compartida como un modelo adecuado y más igualitario. La consecuencia es la falta de previsión y la dificultad de aplicación de la ley si se quieren evitar desigualdades y discriminaciones.

Es necesaria una adecuación de la legislación vigente sobre protección a las familias numerosas que tenga en cuenta todos estos aspectos y que aborde de una manera más flexible y adecuada la realidad social de los nuevos modelos familiares tras los procesos de divorcio o separación.


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Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Tomar las medidas necesarias para garantizar la no discriminación de las familias numerosas con padres separados y garantizar los derechos de hijos y padres.

2. Modificar el artículo 3.3 de la Ley 40/2003 para permitir que un niño esté a la vez en dos títulos (en caso de que los padres estén separados y/o con familias reconstituidas).

3. Modificar el artículo 2.c de la Ley 40/2003 para eliminar el criterio de convivencia como el que prevalece para otorgar el título en caso de no acuerdo de los padres sobre la "titularidad" del hijo/a.

4. Modificar el artículo 3.c de la Ley 40/2003 para modificar o suprimir la disposición que determina que un hijo de más de 21 años con ingresos queda fuera del título de familia numerosa y así evitar que los hijos de esta edad que están estudiando y a la vez contribuyen a la economía familiar, muchas veces de forma precaria, sean excluidos del sistema y en consecuencia se vean penalizadas las familias más vulnerables."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-Joan Olòriz Serra, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la gestión y la planificación de profesionales sanitarios en el ámbito rural, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

El contexto demográfico y epidemiológico actual de España se caracteriza por factores como el envejecimiento progresivo de la población, la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas, la pluripatología, la polimedicación, la fragilidad, la dependencia... Son fenómenos sociales que incrementan de forma exponencial la complejidad de la asistencia sanitaria y la consecución del principal objetivo pretendido por las administraciones sanitarias, es decir, incrementar la longevidad de las personas, así como los años vividos con salud, libres de enfermedad y con buena calidad de vida.

Esta realidad se complica en mayor medida si el foco se orienta hacia las zonas rurales y hacia los núcleos poblacionales afectados, además, por otras variables como la despoblación o la dispersión, tanto de habitantes como de profesionales sanitarios.

En el segundo caso, el relativo a los profesionales, la situación suele agravarse por hechos como las carencias existentes en atención primaria, las jubilaciones o la marcha de jóvenes a otros países para hacer efectivo el ejercicio de la profesión.

Son problemas planteados por las sociedades científicas y los consejos de colegios profesionales, que plantean la necesidad de que las mencionadas administraciones sanitarias, cada cual en el ejercicio de las competencias que les atribuye la normativa vigente, implementen medidas con las que mejorar la gestión y la planificación de las plantillas en el corto, el medio y el largo plazo, así como las condiciones laborales y retributivas de los profesionales que trabajan en las citadas zonas rurales y en proceso de despoblación.

Con el ánimo de procurar avances en este sentido, el anterior Gobierno de España impulsó medidas de distinto calado, aplicación y recorrido entre 2012 y 2018. Algunos ejemplos representativos de ello son el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (creado en 2012 y regulado por el Real Decreto 640/2014 y por la Orden 551/890/2017); los convenios marco suscritos en 2013 con los consejos de colegios y los sindicatos de médicos, enfermeros y farmacéuticos para avanzar en ámbitos tan relevantes como el desarrollo profesional; los acuerdos alcanzados en 2017 y 2018 con Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios tanto para reducir la


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temporalidad de los contratos y estabilizar el empleo, como para mejorar las retribuciones de los profesionales de forma progresiva hasta el año 2020, o la inclusión del futuro de la atención primaria como uno de los cinco puntos principales del orden del día de la "Conferencia Médica" celebrada en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad el pasado mes de abril.

Estas iniciativas, sumadas a otras como la elaboración del "Libro Blanco de los Recursos Humanos" en 2013 o la creación y puesta en marcha del "Foro Profesional" en 2015, fueron complementadas desde la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Fue así en términos generales y especialmente en el ámbito de la profesión médica, donde, a instancias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, se creó un grupo de trabajo en la sesión plenaria del Consejo Interterritorial celebrada el 8 de noviembre de 2017.

Este grupo de trabajo fue avalado por la totalidad de las Comunidades Autónomas y se reunió en cinco ocasiones para dar lugar en febrero de este año a una serie de recomendaciones validadas de nuevo por unanimidad en el pleno del Consejo Interterritorial del pasado 24 de abril.

Entre las indicaciones contempladas en el "Documento de síntesis del grupo de trabajo de necesidades para paliar el déficits de especialistas médicos" se incluyeron algunas de aplicación especialmente útil en el ámbito rural y en zonas en proceso de despoblación.

En consecuencia, y con el ánimo de que el actual Gobierno lleve a la práctica estas medidas, tanto para la profesión médica como para el resto de profesiones sanitarias reconocidas como tal en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en las que su aplicación sea posible.

El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar en coordinación con las Comunidades Autónomas, los colegios profesionales y las sociedades científicas para resolver las necesidades de profesionales sanitarios en zonas rurales y afectadas por la despoblación, impulsando medidas con las que incentivar que los profesionales soliciten el desempeño de sus funciones en dichas zonas, así como para hacer posible una mejor planificación en el medio y el largo plazo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero de 2019.-María Teresa Angulo Romero, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

161/004113

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades modifique el actual proyecto de construcción de unas nuevas instalaciones para el Instituto de Productos Lácteos y mantenga la actual ubicación del centro en el municipio de Villaviciosa, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

El Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA) es un centro de investigación cuyo objetivo es la investigación dentro del área de la Ciencia y Tecnología de Productos Lácteos. Este centro inaugurado en 1990, depende Área de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y está situado actualmente en el municipio de Villaviciosa en una finca del Principado de Asturias en la cual también está ubicado el SERIDA. Este último, es un centro público de investigación dependiente del Principado de Asturias destinado a la mejora de la calidad y la modernización del sector agroalimentario.


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El pasado mes de julio el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades comunicó la intención de trasladar la ubicación de este centro al Campus del CSIC en la Corredoria en Oviedo, para lo cual tiene previsto construir un nuevo edificio. En esta decisión no se ha tenido en cuenta el papel que juega este centro en el desarrollo económico y social del Oriente de Asturias, y si bien se aduce a la necesidad de mejorar la colaboración con los grupos de investigación del área de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo y del Hospital Central de Asturias se obvia de manera expresa la colaboración y las sinergias con el SERIDA.

Además debe tenerse en cuenta que si querernos luchar contra la despoblación y la pérdida de riqueza en las áreas rurales debemos apostar por la creación, mejora y mantenimiento de infraestructuras que creen y mantengan valor en estas zonas en vez de centralizar en las áreas urbanas todos los recursos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mantener la actual ubicación de Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA) en el municipio de Villaviciosa.

2. Modificar el proyecto de construcción del nuevo edificio del Instituto de Productos Lácteos de Asturias, actualmente previsto para el municipio de Oviedo, de tal forma que la inversión de 8,8 millones de euros consignada se destine a la construcción de unas nuevas instalaciones para este centro dependiente del CSIC en el municipio de Villaviciosa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Susana López Ares, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004136

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la neutralidad institucional de la universidad española, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

Los claustros de la Universidad de Barcelona, la Universidad Politécnica de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona han aprobado recientemente declaraciones por la libertad de los presos políticos. Una línea iniciada anteriormente a través de comunicaciones o publicaciones de lazos amarillos por otras universidades catalanas.

Entre otras iniciativas, destaca la reciente moción aprobada por la Universidad de Barcelona que pide el archivo de las causas judiciales condenatorias contra miembros de la Universidad, así como dejar de considerar días festivos los días 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, y 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, lo que constituye una vulneración de la neutralidad político-institucional de dicha Universidad, arrogándose competencias que no le corresponden, saltándose el orden normativo vigente.

Este tipo de hechos han comenzado a generalizarse, pareciendo formar parte de una acción coordinada, que realiza un uso partidario de las instituciones públicas. Este uso partidario supone una absoluta falta de respeto al conjunto de la comunidad educativa universitaria que merecen contar con unas instituciones solventes, que trabajen para todos, indistintamente de su ideología política, velando por la no discriminación por razón de opinión y de libertad ideológica, y por el pluralismo de la comunidad universitaria.

Actuaciones de esta índole lejos de construir espacios de diálogo y lugares de debates críticos de la situación que se está viviendo en Cataluña, son un acicate a los actos violentos, que de hecho ya han


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ocurrido en diferentes universidades, para los violentos con los que piensan diferente y de la que son responsables. No bastan los comunicados condenando hechos violentos, en lugar de anticiparse y recoger la variedad que hay en la sociedad, desde el respeto a los valores y los principios de la Constitución.

La universidad española en su labor en pro de la sociedad española como propone la CRUE, en su Agenda Política de febrero de 2018, debe predicar los valores superiores de nuestra convivencia, el fomento del valor del diálogo, de la paz y de la cooperación entre los pueblos son valores que la universidad debe cuidar de manera especial, como apunta la Exposición de Motivos de la Ley de Universidades.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Garantizar los derechos de no discriminación por razón de opinión y de libertad ideológica de los estudiantes universitarios.

2. Formular las peticiones de neutralidad institucional a los órganos de gobierno de la universidad en sus pronunciamientos y actuaciones.

3. Denunciar los acuerdos de los Claustros de las Universidades por los que se aprueban las declaraciones por la libertad de los políticos presos.

4. Condenar todas aquellas actuaciones de las universidades que, directamente o indirectamente, tiendan a dejar sin efectos el orden constitucional acordado por todos los españoles hace ahora 40 años."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-Silvia Valmaña Ochaíta, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/004125

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento del 33 por ciento de discapacidad con el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa y otras medidas complementarias, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

La Esclerosis Múltiple (EM) es una de las enfermedades más comunes del sistema nervioso central. Según la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), se calcula que en España existen 47.000 personas afectadas por EM, 600.000 en Europa y más de 2.000.000 en todo el mundo.

La EM es una enfermedad degenerativa y crónica de origen autoinmune que afecta al cerebro y a la médula espinal. El sistema inmune ataca a la mielina, que es la sustancia que envuelve las fibras nerviosas o neuronas. La mielina se deteriora y presenta cicatrices, conocidas como esclerosis, y aparece la inflamación. Los impulsos nerviosos que circulan por las neuronas se ven entonces entorpecidos o directamente interrumpidos, con los consiguientes efectos en el organismo.

Los síntomas de la EM son variables dependiendo de la localización, la extensión, la gravedad y el número de las lesiones, pero los más habituales son la fatiga, problemas de visión, hormigueos, entumecimientos, vértigos y mareos, debilidad muscular, espasmos y problemas de equilibrio y coordinación. Muchas manifestaciones de la enfermedad son "invisibles" pero inciden en el día a día de estas personas. La incapacidad que provoca se caracteriza por trastornos motores, cognitivos y de la agudeza visual, acompañada de otras alteraciones como ansiedad y depresión.


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La causa de la EM es desconocida, pero los estudios actuales indican la existencia de una predisposición genética y unos factores desencadenantes ambientales que favorecen la aparición de la enfermedad.

La edad más frecuente de diagnóstico de la EM es entre los 20 y los 40 años, aunque el inicio puede ser anterior. Perjudica en mayor medida a las mujeres, en una proporción aproximada de dos mujeres por cada hombre afectado.

La EM es la segunda causa de discapacidad entre los jóvenes, tras los accidentes de tráfico. Actualmente, no existe un tratamiento curativo, aunque sí fármacos que pueden modificar el curso de la enfermedad, reduciendo el número de brotes y disminuyendo la progresión de la discapacidad. También se cuenta con una gran variedad de tratamientos para paliar muchos de los síntomas de la EM que afectan a la calidad de vida de las personas que la sufren.

Las organizaciones de personas con EM vienen solicitando desde hace tiempo el reconocimiento automático del 33 por ciento de discapacidad con el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa. Este reconocimiento administrativo tiene como propósito compensar las desventajas sociales que la discapacidad implica proporcionando acceso a derechos y prestaciones de distinto tipo, con vistas a equiparar oportunidades. Es necesario para poder acceder a cualquier medida de protección social, para facilitar un mejor acceso al empleo, mantener el puesto de trabajo, conseguir apoyo en estudios y formación u obtener ayudas para realizar adaptaciones en el hogar.

Además de esta reivindicación, existen otras medidas para mejorar la calidad de vida de las personas con EM, así como la de sus familiares. No hay que olvidar, en particular, que esta enfermedad es hoy incurable, por lo que la investigación es clave para poder encontrar una solución.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar las medidas necesarias con el concurso de las Comunidades Autónomas para:

1. Activar el reconocimiento de un grado de discapacidad del 33 por ciento de forma automática con el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa cuando la persona afectada lo solicite.

2. Potenciar el apoyo a la investigación de la Esclerosis Múltiple.

3. Facilitar la equidad en el acceso a los tratamientos farmacológicos y a un tratamiento rehabilitador integral y continuado para todas las personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-María Isabel Salud Areste, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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Comisión de Fomento

181/001514

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Eva García Sempere

Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda

Texto:

¿Qué actuaciones contempla el Ministerio de Fomento para solucionar las graves deficiencias que presentan las diferentes carreteras e infraestructuras viarias en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.

181/001566

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Ricardo Sixto Iglesias

Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda

Texto:

¿Contempla el Ministerio de Fomento incluir el ramal a Puerto de Sagunto en la red de Cercanías de la Comunitat Valenciana dando solución de movilidad a un núcleo de población de más de 70.000 habitantes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

181/001567

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Ricardo Sixto Iglesias

Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda

Texto:

¿Contempla el Gobierno dotar en los Presupuestos Generales del Estado del 2019 de una partida específica para la conexión ferroviaria en el aeropuerto de Alicante El Altet?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.


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181/001570

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Elena Bastidas Bono

Texto:

¿Cuáles son las razones de la diferencia de trato entre los conductores habituales de vehículos ligeros en Cataluña y los de la Comunidad Valenciana que circulan por la AP-7?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-Elena María Bastidas Bono, Diputada.

181/001571

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Elena Bastidas Bono

Texto:

¿En qué situación se encuentra el proyecto del Tren de la Costa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-Elena María Bastidas Bono, Diputada.

Comisión de Transición Ecológica

181/001515

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputado Josep Vendrell Gardeñes, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Transición Ecológica.

¿Cuándo tiene previsto adoptar medidas necesarias para asegurar el acceso a los suministros básicos de las personas y familias en situación de vulnerabilidad, tal y como le han pedido en su carta pública los alcaldes de Valencia, Pamplona, Santiago de Compostela y Rivas-Vaciamadrid, y las tenientes de alcaldesa de Barcelona, Madrid y Sant Feliu de Llobregat, como las pactadas en el punto diez del Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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181/001562

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Preguntas con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica

Dirigida a Secretaría de Estado de Medio Ambiente

Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela

Motivos:

El pasado 25 de septiembre, en respuesta a preguntas (184/36073) formuladas por este Diputado el 12/07/2018 acerca de la fecha prevista para el inicio de las obras de regeneración de la Ría do Burgo, contesta el Gobierno que "Previamente al inicio de la tramitación económica de la actuación de regeneración de la Ría do Burgo (A Coruña) es necesario aclarar su financiación con el resto de administraciones públicas -Xunta de Galicia y Ayuntamientos-, motivo por el cual no se puede anticipar una fecha de inicio".

Pregunta:

¿Qué gestiones ha realizado el Ministerio para aclarar con el resto de administraciones públicas -Xunta de Galicia y Ayuntamientos- la financiación del Proyecto de regeneración ambiental de la Ría do Burgo a fin de posibilitar el inicio de unas obras que llevan más de 5 años de retraso desde que, en 2013, el Gobierno decidiera por fin iniciar la redacción de un proyecto de dragado ambiental, largamente demandado por la ciudadanía e imprescindible para que la Ría recupere su buen estado ambiental y su capacidad productiva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.

181/001563

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Preguntas con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica

Dirigida a Secretaría de Estado de Medio Ambiente

Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela

Pregunta:

¿De la partida de 1 millón de euros prevista para la Regeneración de la Ría do Burgo (A Coruña), en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en el Programa 456D. Actuaciones en la costa, qué cantidad se ha ejecutado, a qué concretas actuaciones se ha destinado dicha cantidad y, de ser el caso, por qué no se ha ejecutado esa partida íntegramente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.


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181/001564

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Preguntas con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica

Dirigida a Secretaría de Estado de Medio Ambiente

Diputado don Ricardo Sixto Iglesias

Texto:

¿Contempla el Gobierno retomar las obras del proyecto de Mota de defensa contra inundaciones en Albalat de la Ribera, con integración paisajística y adecuación ambiental de la margen izquierda del río Júcar en el área de actuación T.M. de Albalat de la Ribera en los Presupuestos Generales del Estado del 2019?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

181/001565

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Preguntas con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica

Dirigida a Secretaría de Estado de Medio Ambiente

Diputado don Ricardo Sixto Iglesias

Texto:

¿Contempla el Gobierno poner en marcha un Plan contra riadas del río Vaca en Tavernes de la Valldigna (Valencia) y dotarlo económicamente en los Presupuestos Generales del Estado del 2019?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2018.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

Comisión de Cultura y Deporte

181/001572

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura y Deporte

Diputado don Ángel Luis González Muñoz

Texto:

¿Qué diálogo ha mantenido el Gobierno para la elaboración del Anteproyecto de la Ley del Deporte?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2019.-Ángel Luis González Muñoz, Diputado.


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Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

181/001568

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

Diputada doña María Jesús Bonilla Domínguez

Texto:

¿Qué medidas adoptará el Gobierno para subsanar las deficiencias en la información de las señales en las carreteras de España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2018.-María Jesús Bonilla Domínguez, Diputada.

181/001569

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

Diputada doña María Jesús Bonilla Domínguez

Texto:

¿Qué opinión le merece al Gobierno la información conocida en el Informe de la EuroRAP, el cual señala deficiencias en la señalización en las carreteras españolas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2018.-María Jesús Bonilla Domínguez, Diputada.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/040796

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM).

Reformulación de su pregunta sobre interconexión Gatika-Cubnezais.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la reformulación contenida en el presente escrito, admitir a trámite la iniciativa, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Diputada Rosa Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta las siguientes preguntas sobre la interconexión Gatika-Cubnezais dirigidas al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

El pasado 8 de noviembre la empresa INELFE (empresa formada conjuntamente por Red Eléctrica Española y Réseau Transport Electrique) celebró su aniversario en Bilbao con unas jornadas en las que se presentaron los beneficios del proyecto de interconexión eléctrica con Francia Gatika-Cubnezais.

Según INELFE, el proyecto de cable submarino supondría:

1. Un ahorro de 394 millones de euros al año.

2. Dejar de emitir 3,2 millones de toneladas de CO2 al año.

3. La integración de 4.332 gigavatios/hora de energías renovables en el sistema.

La Diputada Rosa Martínez Rodríguez ha solicitado en repetidas ocasiones informes o estudios que avalen los beneficios del proyecto para el sistema eléctrico español, sin obtener una respuesta clara sobre la existencia de tales informes.

Con fecha de 28 de febrero de 2018, la misma Diputada solicitó formalmente la solicitud de inversión presentada por Red Eléctrica Española y Réseau de Transport Electrique a las Autoridades Reguladoras Nacionales de España y Francia, Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y Commission de Régulation de l'Energie. La respuesta del Gobierno declaraba que este documento no es público y que hay disponible información sobre el proyecto en el "Ten Year Network Development Plan 2016", donde resulta complejo y extremadamente complicado acceder a los parámetros utilizados para el cálculo del análisis coste/beneficio del proyecto en los escenarios manejados.

Por todo ello, se pregunta:

1. ¿Ha remitido Red Eléctrica de España (de la que es accionista en un 20% la SEPI adscrita al Ministerio de Hacienda) al Gobierno las cifras y la metodología de cálculo en las que se sustenta el proyecto elaborado junto a Réseau Transport Electrique?

2. En caso afirmativo, ¿ha tratado el Gobierno con Red Eléctrica de España las garantías que ofrece la metodología de cálculo para la evaluación del proyecto y que esta sea robusta y completa?

3. ¿Contempla el Gobierno hacer un estudio independiente para contrastar los datos en vista del esfuerzo inversor que va a suponer para España la construcción del cable submarino?

4. ¿Dispone el Gobierno del informe en el que ha colaborado REE para el proyecto de interconexión eléctrica con Francia Gatika-Cubnezais? De ser así, ¿qué opinión le merece?

5. ¿Qué fecha estima el Gobierno que se hará pública la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto?

6. ¿Considera el Gobierno que este proyecto es una oportunidad para la industria vasca? En caso afirmativo, ¿por qué motivos?

7. ¿Han existido reuniones del Gobierno con Siemens, con importantes intereses en Euskadi tras la fusión de Siemens Wind Power con Gamesa en 2017, para tratar de la necesidad de nuevas interconexiones en el Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2019.-María Rosa Martínez Rodríguez, Diputada.


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COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

093/000018

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(93) Convenios entre Comunidades Autónomas.

Autor: Comunidad Autónoma de Castilla y León-Cortes.

Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía para el fomento de la certificación en competencias digitales de la ciudadanía.

Acuerdo:

Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, poniéndolo en conocimiento de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y del Parlamento de la citada Comunidad Autónoma.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA EL FOMENTO DE LA CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES DE LA CIUDADANÍA

En Valladolid a 2 de octubre de 2018.

REUNIDOS

De una parte, D. Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en nombre y representación de la misma y de acuerdo con las facultades atribuidas por el artículo 26.1.l) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y, en virtud de su nombramiento por Acuerdo 8/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León ("Boletín Oficial de Castilla y León" n.° 130, de 8 de julio de 2015).

De otra parte, D. Javier Carnero Sierra, Consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, con domicilio a estos efectos en C/ Albert Einstein, s/n Edif. World Trade Center, Isla de la Cartuja, 41092 (Sevilla), designado para dicho cargo por Decreto de la Presidenta 17/2017, de 8 de junio, de acuerdo con las competencias que le atribuyen tanto el artículo 21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como el artículo 26.2.i de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Intervienen en nombre y representación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, respectivamente, en uso de las facultades que les confiere la legislación vigente y se reconocen mutua y recíprocamente capacidad para convenir y, al efecto,


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MANIFIESTAN

1. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente actúa en virtud de las competencias que le atribuyen los artículos 8.d) y 8.e) del Decreto 43/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, donde se recoge que entre sus funciones estará el fomento, coordinación y dirección de las actuaciones orientadas al impulso de la Sociedad de la Información en la Comunidad de Castilla y León, así como la planificación, ejecución y gestión de programas y ayudas que contribuyan a la implantación de las tecnologías de la información aplicadas a servicios de la Sociedad de la Información en todos los ámbitos de la sociedad castellana y leonesa.

2. La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a través de su Secretaría General de Innovación, Industria y Energía, y de acuerdo con el artículo 6.1.d) del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula su estructura orgánica, le corresponden aquellas competencias en materia de "planificación, coordinación e impulso de los programas relacionados con el desarrollo del Mercado Digital y de la Sociedad de la Información en Andalucía...", y más concretamente, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, de acuerdo con el artículo 12.2.b) del citado Decreto, "La ejecución y el seguimiento de los proyectos para el desarrollo del Mercado Digital y de la Sociedad de la Información, en especial los incluidos en el marco de actuaciones de ámbito nacional y europeo, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática en lo concerniente a las nuevas tecnologías aplicadas al gobierno abierto, transparencia y Portal de la Junta de Andalucía".

3. La Agenda Digital para Castilla y León, contenida en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-2020 (RIS3), recoge el Objetivo Específico 6.4 "Impulsar la adaptación digital de la ciudadanía y la innovación social."

Con el objetivo de impulsar esta línea de actuación en el ámbito urbano, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha puesto en marcha una Red de Espacios CYL Digital, puntos de encuentro TIC que cuentan con personal especializado en Internet y Nuevas Tecnologías, donde pueden acudir todos los ciudadanos, autónomos y pymes para recibir información, formación y asesoramiento personalizado con el objetivo de fomentar su inclusión en la Sociedad Digital del Conocimiento.

Asimismo, el Programa CYL Digital (www.cyldigital.es) cuenta con una plataforma tecnológica que ofrece formación online en nuevas tecnologías a través de diferentes modalidades de teleformación (moodle, MOOC, webinars, etc.) y abierta a todos (ciudadanos, autónomos y pequeñas empresas). Actualmente se dispone de más de 100 cursos online y durante los próximos años se pretende actualizar la oferta formativa actual y ampliarla para cubrir nuevas necesidades en competencias digitales.

Además de la formación y sensibilización, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones, está implantando la certificación de competencias digitales para la ciudadanía promovida por la Junta de Castilla y León. Esta certificación está basada en el modelo europeo de competencias digitales publicado por la Unión Europea (modelo DIGCOMP 2.1).

El objetivo es poder acreditar los conocimientos y competencias que tiene un ciudadano en la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con la doble finalidad de, por un lado, motivar a los ciudadanos en el aprendizaje y manejo de las TIC mediante la obtención de un certificado que acredite sus conocimientos y mejore su empleabilidad y, por otro, facilitar a las entidades públicas y privadas (empresas, Administraciones Públicas, etc.) de un mecanismo para poder evaluar objetivamente las competencias digitales de las personas que se incorporen a sus organizaciones.

Para certificarse, los ciudadanos deben acudir a un Espacio CYL Digital, u otro centro de certificación homologado, donde realizarán un examen por ordenador mediante una aplicación software y bajo la supervisión de un cuidador.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente es propietaria de la plataforma software de certificación de competencias digitales de Castilla y León y de la base de datos de preguntas generadas para los exámenes de certificación de competencias digitales para la ciudadanía de nivel básico y medio, y titular de todos los derechos asociados, la cual ha sido cofinanciada en un 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

4. La Agenda por el Empleo, Plan Económico de Andalucía 2014-2020, constituye el instrumento de planificación global de la Junta de Andalucía para los próximos años, cuyo propósito es definir el planteamiento estratégico de desarrollo regional que permita impulsar el crecimiento económico y el empleo.


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Entre los retos que se plantean en el marco de la Agenda por el Empleo se incluye potenciar el papel de las TIC como instrumento de innovación social, mejorando el acceso y la capacitación de la población, superando la brecha digital y mejorando la seguridad y confianza digital.

Por otro lado, hay que tener también en cuenta la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3 Andalucía), que se posiciona como la herramienta clave para lograr que la Comunidad Autónoma de Andalucía avance hacia un nuevo modelo productivo basado en la innovación, que genere empleo de calidad y eleve la productividad, para así acelerar el proceso de convergencia con la Unión Europea. Dicha Estrategia pretende conseguir que la innovación se convierta en un signo de identidad de la sociedad andaluza, así como alcanzar la plena accesibilidad de todas las empresas y de la ciudadanía andaluza a las nuevas tecnologías de la información y a los contenidos digitales.

Cabe señalar también la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, cuya misión es convertir a la industria en el motor del nuevo modelo productivo de Andalucía, capaz de generar empleo estable y de calidad en la región a través de la mejora de la competitividad de sus empresas, de su capacidad innovadora, de su presencia internacional y de la cualificación de los recursos humanos que trabajan en la industria.

Esta estrategia contempla medidas dirigidas a la capacitación de las personas, así como la puesta en marcha de acciones relacionadas con el desarrollo de la innovación social como elemento que contribuya al desarrollo de la industria.

Redundando con la exposición anterior y por Acuerdo de 5 de septiembre de 2017, del Consejo de Gobierno, se aprueba la formulación del Plan Estratégico para la incorporación de la ciudadanía a la Sociedad y la Economía Digital, publicado en BOJA n.º 179 de 18 de septiembre de 2017.

El Plan Estratégico para la incorporación de la ciudadanía a la Sociedad y la Economía Digital tiene como finalidad establecer un planteamiento estratégico de desarrollo para impulsar la Sociedad y la Economía Digital entre el conjunto de la ciudadanía andaluza considerando 2020 como horizonte temporal.

Entre los objetivos fundamentales que conformarán el plan está el siguiente:

"Fomentar la adquisición y desarrollo de competencias digitales por parte de la ciudadanía como herramienta básica para su realización personal, así como para lograr una ciudadanía activa e inclusiva; prestando especial atención a la mejora de la empleabilidad y a la formación de los nuevos profesionales que demanda la Economía Digital."

La competencia digital es entendida como "aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, empleabilidad, aprendizaje, uso del tiempo libre, inclusión y participación en la sociedad". Esta competencia digital es tratada como una tendencia, en la medida en la que en el futuro más próximo se concibe la capacitación y habilidades digitales como clave para competir en el mercado laboral.

Se ha establecido un marco regulador común de competencias digitales, denominado DIGCOMP, impulsado por el Joint Research Centre (JRC) y avalado por la comunidad europea, y que se está usando como referencia en distintos Estados miembros, así como en distintas comunidades autónomas del Estado español. Desde la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y de manera alineada con el DIGCOMP se están orientando todas las acciones formativas a este marco. De esta forma, los programas Andalucía Compromiso Digital (ACD) y la Red de Acceso Público a Internet (red RAPI) están orientando sus acciones conforme a DIGCOMP.

Por otro lado, para que el ciudadano pueda acreditar ese nivel de competencia, se hace necesario un mecanismo de reconocimiento de las habilidades adquiridas que permita posicionar a la persona que lo adquiere en igualdad de oportunidades con el resto de la sociedad.

La disponibilidad de un certificado que acredite el nivel de competencias adquirido presentará un impacto global positivo en la sociedad, que redundará directamente en la mejora de las habilidades a nivel de competencias digitales de la misma, así como en la empleabilidad, al ser el conocimiento de las TIC un componente transversal para el empleo que afecta a la práctica totalidad de los puestos de trabajo que se generan hoy en día.

Los dos programas anteriormente mencionados, ACD y RAPI, estarán al servicio de una certificación en Competencias Digitales en Andalucía.

Por medio de la certificación de competencias digitales se establece un mecanismo de reconocimiento de las habilidades adquiridas y posiciona a la persona que lo adquiere en igualdad de oportunidades para la búsqueda de empleo.


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Todo lo anterior defiende y respalda la necesidad de generar una certificación de competencias digitales por parte de la Administración andaluza que acredite tales competencias.

5. Con este convenio las partes pretenden convenir la puesta a disposición del código fuente de la plataforma de certificación de competencias digitales desarrollada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y la coordinación y compartición de futuros desarrollos sobre esta plataforma, así como la cesión de cursos de formación en competencias digitales entre ambas entidades y la compartición de experiencias y conocimiento para impulsar la certificación de competencias digitales para la ciudadanía.

La instrumentación de esta cesión a través de un convenio tiene su fundamento en lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Con esta medida se pretende reutilizar los recursos, sistemas y aplicaciones informáticas favoreciendo así el acceso de todas las administraciones y por ende de todos los ciudadanos a los mayores avances tecnológicos alcanzados.

El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece como uno de los principios generales de actuación de las Administraciones Públicas, el principio de cooperación, colaboración y coordinación y, la propia Ley regula en su capítulo VI del Título Preliminar el Convenio como instrumento con efectos jurídicos para la formalización de acuerdos entre Administraciones para un fin común, que sería compartir conocimientos técnicos y experiencias para posibilitar la interacción entre Administraciones y ciudadanos a través de canales electrónicos de comunicación de dispositivos electrónicos.

6. Las instituciones aquí representadas tienen objetivos que comparten y coinciden con los que persigue el Convenio y ambas cuentan con los medios y experiencia necesaria para llevarlos a cabo, manifestando su voluntad expresa de colaborar en el marco del presente convenio.

En virtud de lo mencionado, acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

Es objeto del presente Convenio articular la colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, para el fomento de la certificación en competencias digitales de la ciudadanía.

Segunda. Compromisos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

a) Ceder a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía los derechos de uso del código fuente de la plataforma de certificación de competencias digitales y la base de datos de preguntas generadas para los exámenes de certificación de competencias digitales para la ciudadanía de nivel básico y medio desarrollados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones, y de las cuales es propietaria. La cesión se realizará de forma no exclusiva y gratuita con el objeto de impulsar la certificación de competencias digitales para la ciudadanía en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la posibilidad de desarrollar versionados o derivados de los objetos de la cesión.

La plataforma de certificación de competencias digitales desarrollada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente requiere para su operación de otros productos de software de base, como sistemas operativos, servidor de aplicaciones, bases de datos, servidor web, o certificados digitales, desarrollados o suministrados por terceros. Este software no está incluido en la cesión.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente no se hace responsable de los problemas ocasionados debidos a un mal uso de los objetos de la cesión.

b) Ceder los derechos de uso no exclusivo, durante la vigencia del convenio, de cursos de formación online en materia de nuevas tecnologías y competencias digitales del Proyecto CyL Digital propiedad de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para el uso gratuito y libre de los mismos por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León no se hace responsable de cualquier falta de actualización de la información o daños a la otra parte que puedan derivarse de los contenidos cedidos. La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio respetará el licenciamiento al que esté sujeto cada uno de los cursos en cuestión.


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Tercera. Compromisos de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

a) Cumplir con las condiciones establecidas para la cesión de los contenidos de examen de la Plataforma de Certificación de competencias digitales desarrollada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en lo que se refiere a que su uso se produzca con arreglo a la finalidad propuesta dentro del ámbito competencial de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y con la garantía de confidencialidad de que la base de preguntas no se distribuya o ceda a terceros.

b) Ceder los derechos de uso no exclusivo durante la vigencia del convenio de cursos de formación online en materia de nuevas tecnologías y competencias digitales del Programa Andalucía Compromiso Digital (ACD), propiedad de la Junta de Andalucía, para el uso gratuito y libre de los mismos por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio no se hace responsable de cualquier falta de actualización de la información o daños a la otra parte que puedan derivarse de los contenidos cedidos. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León respetará el licenciamiento al que esté sujeto cada uno de los cursos en cuestión.

c) Indicar, en las referencias que se hagan a la cesión de la Plataforma por parte de la Junta de Castilla y León, que la misma ha sido cofinanciada con fondos FEDER.

Cuarta. Compromisos comunes de ambas Consejerías.

a) Coordinarse y compartir futuros desarrollos de la plataforma de certificación y la elaboración de nuevas preguntas de evaluación de competencias digitales que se carguen en dicha plataforma con el objetivo de evitar duplicidades y garantizar una mayor diversidad y aleatoriedad de los exámenes. La propiedad de los nuevos desarrollos será de la entidad que los haya realizado.

b) Coordinarse y compartir contenidos de teleformación en materia de nuevas tecnologías y competencias digitales, con el objetivo de evitar duplicidades y garantizar una mayor oferta formativa. La propiedad de los nuevos contenidos será de la entidad que los haya realizado.

c) Facilitar la colaboración de los técnicos de ambas Consejerías.

d) Colaborar activamente en la promoción y difusión de la certificación de competencias digitales, participando en grupos de trabajo para el intercambio de buenas prácticas, presentaciones y otros eventos o acciones publicitarias que se desarrollen.

e) Seguir una metodología que garantice la extensión de buenas prácticas, así como su coordinación y armonización con otros Programas que desarrollen las partes, y con otras entidades como el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital o Red.es si así se acordara en la Comisión de Seguimiento.

f) Informar a la Comisión de seguimiento de las acciones que se desarrollan en el marco del Convenio.

Quinta. Régimen económico.

No existe compromiso económico o de gasto de ninguna de las Partes para la ejecución del convenio, en tanto que las acciones a realizar se encuentran dentro de la actividad habitual de ambas entidades.

Sexta. Comisión de Seguimiento.

Con el fin de asegurar un adecuado control y seguimiento del objeto y contenido del presente Convenio, se establece una Comisión de Seguimiento cuyas funciones serán:

a) Aprobar las acciones y operativas concretas a desarrollar para dar cumplimiento al objeto de este Convenio.

b) Supervisar la evolución de la ejecución de las actuaciones incluidas en el marco del presente Convenio.

c) Interpretar el contenido del presente Convenio y su aplicación.

d) Analizar las propuestas técnicas y de gestión sobre las actuaciones en el marco del presente Convenio y adoptar las decisiones que procedan.

e) Autorizar cualquier cesión que cualquiera de las partes quiera hacer de la documentación, contenidos y productos generados a través del presente Convenio.

f) Proponer posibles modificaciones del Convenio.


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g) Proponer las condiciones de finalización de las actividades que estuvieran en marcha, así como las planificadas en el supuesto de extinción del Convenio por causa diferente a la expiración del plazo de vigencia.

h) Cualesquiera otras que se encaminen al cumplimiento de este Convenio o a su desarrollo, conforme a los intereses de las partes.

La composición de dicha Comisión será la siguiente:

- Presidencia: Con carácter rotatorio le corresponderá a la persona titular de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León y a la persona titular de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Junta de Andalucía.

La presidencia tendrá carácter semestral y la persona que la ostente contará con voto de calidad en caso de empate.

El primer turno de Presidencia corresponderá a la Junta de Castilla y León.

La persona a la que no le corresponda asumir la presidencia en el semestre correspondiente ostentará el cargo de vocal.

- Vocalías: Persona funcionaria de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León y persona funcionaria de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Junta de Andalucía.

- Secretaría: Con carácter rotatorio y semestral, le corresponderá a la persona funcionaria designada por la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Junta de Andalucía y a la persona funcionaria designada por la Dirección General de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León.

La persona que ostente la secretaría contará con voz pero sin voto. El primer turno de la secretaría lo ostentará la Junta de Andalucía.

Los miembros de la Comisión podrán delegar su representación y voto en otra persona de su misma organización.

Podrán asistir a la Comisión como invitados, con voz pero sin voto, aquellas personas que en cada momento se considere necesario.

En todo lo demás, el régimen de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento será el establecido en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptima. Vigencia del Convenio.

El presente Convenio habrá de ser aprobado por las Cortes de Castilla y León, y comunicado a las Cortes Generales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

El presente convenio entrará en vigor a los sesenta días de dicha comunicación salvo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, las Cortes Generales decidan en el mismo término que, por su contenido, debe calificarse como acuerdo de cooperación, en cuyo caso deberá ser tramitado como tal y autorizado por ella.

El Convenio tendrá una duración de dos años a partir de su entrada en vigor. En cualquier momento, antes de la finalización del citado plazo, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales.

Octava. Causas y efectos de la resolución.

El presente Convenio podrá resolverse por alguna de las siguientes causas:

a) Por mutuo acuerdo de las partes firmantes del mismo y por decisión unilateral de cualquiera de ellas, debido a causas justificadas que obstaculicen o impidan el cumplimiento de los compromisos asumidos, previa denuncia en forma fehaciente con un plazo de antelación de un mes.

b) Por incumplimiento de las estipulaciones que constituyen su contenido, previa denuncia de cualquiera de las partes en los términos señalados en el párrafo anterior. En este caso, se estará a lo


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dispuesto en el artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

c) Por el transcurso del plazo de vigencia del presente convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

En el supuesto de resolución del Convenio por causa diferente a la expiración del plazo de vigencia, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, acordarán las condiciones de finalización de las actividades que estuvieran en marcha, así como de las que estén previamente planificadas.

Novena. Consecuencias en caso de incumplimiento.

En el caso de que cualquiera de las partes firmantes del presente convenio incumpliera las estipulaciones del mismo, la parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por incumplimiento de las obligaciones o por su extinción, sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros y de las infracciones en que pudiera haber incurrido.

Décima. Régimen de modificación del convenio.

La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes, previa propuesta de la Comisión de Seguimiento del presente convenio.

Undécima. Régimen jurídico y resolución de controversias.

El presente convenio de colaboración es de carácter interadministrativo, de acuerdo a lo previsto en el artículo en el artículo 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y se rige por lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley.

Las cuestiones que pudieran suscitarse con ocasión de la interpretación, resolución y efectos del mismo, que no hayan sido resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento, se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Duodécima. Responsabilidades.

Cada parte será directamente responsable del incumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones asumidas por su parte en virtud del presente convenio, así como, en su caso, de los daños y perjuicios que por dichos incumplimientos se pudieran ocasionar.

Y para que conste y en prueba de conformidad, los comparecientes firman por triplicado ejemplar en el lugar y fecha que figura en el encabezamiento.

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