BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 472, de 27/12/2018
cve: BOCG-12-D-472
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de diciembre de 2018
Núm. 472
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/004097 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, sobre participación estatal en la European Social
Survey ... (Página6)
Comisión de Defensa
161/004079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre mejora de la sanidad militar ... (Página7)
161/004099 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a celebrar el 30 aniversario
de la participación española en misiones de paz ... (Página8)
161/004108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la declaración
de Canarias como territorio de paz, cooperación y buena vecindad en el
Atlántico ... (Página10)
Comisión de Interior
161/004086 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la necesidad de implementar en los centros
penitenciarios Módulos de Respeto mixtos para hombres y mujeres ... (Página11)
Comisión de Fomento
161/004084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre el marco regulatorio de la vivienda
turística ... (Página13)
161/004095 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
limpieza del fondo marino de la ría de Ferrol ... (Página14)
161/004096 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre reducción de
las emisiones de gases con efecto de invernadero, mitigando el cambio
climático, y la vertebración regional de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha a través de una apuesta integral por el ferrocarril
... (Página15)
161/004100 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la mejora de los servicios de Cercanías en la Comunitat
Valenciana y la coordinación al respecto con la Generalitat Valenciana
... (Página17)
161/004102 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a definir el régimen competencial de los
diseñadores de interior como agentes que intervienen en los procesos de
transformación de la edificación ... (Página19)
161/004103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que, de manera
inmediata y urgente, se habiliten corredores en los distintos pasos
fronterizos que garanticen la libre circulación de mercancías entre
España y Francia ... (Página20)
161/004104 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a actuar sobre
las infraestructuras de Talavera ... (Página21)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004109 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios
Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de
Esquerra Republicana, Mixto y Ciudadanos, sobre la empatía hacia los
animales en el currículum escolar ... (Página22)
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/004081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de apoyo a la tabla
reivindicativa de mejora de las condiciones laborales del personal de
marinería dedicado a la pesca ... (Página24)
161/004094 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
modificación de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social ... (Página25)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, relativa a la constitución de la Comisión mixta
para la gestión de la finca de "Bombita" del municipio de Deltebre ... (Página27)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004092 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
reforma del sistema excepcional para métodos de fumigación aérea con
fitosanitarios ... (Página28)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/004088 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el
reconocimiento del carácter plurilingüe del Estado ... (Página30)
Comisión de Transición Ecológica
161/002919 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
inclusión del Caballo de la Montaña Asturiana en el Catálogo Oficial de
Razas de Ganado de España. Pasa a tramitarse en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación ... (Página33)
161/003287 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al riesgo
de entrada de Peste Porcina Africana (PPA) por la importación de jabalíes
de Hungría para cacerías. Pasa a tramitarse en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación ... (Página33)
161/003361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la
representatividad democrática en el campo. Pasa a tramitarse en la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación ... (Página34)
161/003395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la protección
adecuada y la mejora en el etiquetado del azafrán con Denominación de
Origen Protegida (DOP), Azafrán de La Mancha, así como el producido en
otras regiones. Pasa a tramitarse en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación ... (Página34)
161/004080 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la mejora de
la situación energética en la provincia de Toledo ... (Página35)
161/004090 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
inversión y apoyo del proyecto LARS en la Bahía de Cádiz ... (Página36)
161/004091 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
reforma del sistema excepcional para métodos de fumigación aérea con
fitosanitarios ... (Página39)
161/004105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa al traslado del departamento de la
Oficina Provincial de Costas a la Costa Tropical ... (Página41)
161/004106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la protección integral y estable del
litoral de la Costa Tropical de Granada ... (Página42)
161/004110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a que los
edificios, sedes, equipamientos y demás instalaciones de la
Administración General del Estado y de su sector público institucional se
suministren con energía eléctrica comercializada de origen 100% renovable
... (Página43)
Comisión de Cultura y Deporte
161/004083 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a establecer un
centro especializado de alto rendimiento deportivo en la ciudad de Guadix
(Granada) en la especialidad de marcha atlética ... (Página45)
161/004085 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre promoción y cuidado de jardines históricos ... (Página47)
161/004098 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
protección de obras y colecciones cinematográficas producidas o
coproducidas en España ... (Página48)
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
161/004089 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la jubilación
de las personas con discapacidad tras haber padecido Poliomielitis y el
Síndrome Postpolio ... (Página50)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004107 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios
Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
Ciudadanos, Popular en el Congreso, de Esquerra Republicana y Mixto,
relativa a impulsar la implementación de la Estrategia de Infancia de la
Cooperación Española ... (Página52)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/004087 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre creación del ciclo formativo de grado superior
"docencia en movilidad y seguridad vial" ... (Página54)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Fomento
181/001505 Pregunta formulada por el Diputado don Salvador Antonio de la
Encina Ortega (GS), sobre impulso desde el Ministerio de Fomento del
acceso ferroviario al muelle de La Cabezuela en Puerto Real (Cádiz) ...
(Página55)
181/001506 Pregunta formulada por el Diputado don Salvador Antonio de la
Encina Ortega (GS), sobre previsiones del Ministerio de Fomento respecto
a la licitación del acceso ferroviario al muelle de La Cabezuela en
Puerto Real (Cádiz) ... (Página56)
181/001509 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García
Díez (GP), sobre actuaciones y programación para hacer frente a las
reparaciones urgentes de firme en los diferentes puntos de la red de
carreteras del Estado en la provincia de Lugo ... (Página56)
181/001510 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García
Díez (GP), sobre actuaciones programadas y previsión de ejecución por
parte del Ministerio de Fomento en la red de carreteras del Estado en el
término municipal de Lugo ... (Página56)
181/001511 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García
Díez (GP), sobre previsiones actualizadas del Ministerio de Fomento en
relación a las actuaciones previstas y presupuestadas en las autovías de
la provincia de Lugo ... (Página56)
181/001512 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García
Díez (GP), sobre previsiones en relación a las actuaciones previstas y
anunciadas en Lugo en mayo del año 2018 por el Ministerio de Fomento,
correspondientes a las mejoras en la línea de ferrocarril Lugo-Ourense
... (Página57)
181/001513 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez
(GCUP-EC-EM), sobre fecha prevista para llevar a cabo las actuaciones
pertinentes de mantenimiento y conservación de los puentes que presentan
problemas estructurales graves en los viales FE-13 y FE-14 ... (Página57)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001502 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gómez-Reino
Varela (GCUP-EC-EM), sobre elementos de la posición del Gobierno en las
negociaciones sobre el futuro de la PAC, así como previsiones acerca de
acometer el proceso de elaboración del Plan Estratégico Nacional de la
PAC ... (Página57)
181/001503 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere
(GCUP-EC-EM), sobre resultado de la actividad inspectora de la Agencia de
Información y Control Alimentarios (AICA) en las denuncias por casos de
venta a pérdidas interpuestas por las organizaciones profesionales
agrarias en los años 2016 a 2018, así como incidencia en dicha práctica
de la propuesta de regulación incluida en el Real Decreto-ley 20/2018, de
7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad
económica en el sector de la industria y el comercio en España ... (Página58)
181/001504 Pregunta formulada por el Diputado don Pedro Arrojo Agudo
(GCUP-EC-EM), sobre situación de la elaboración de la Estrategia para el
Reto Demográfico ... (Página58)
181/001508 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere
(GCUP-EC-EM), sobre valoración del Gobierno sobre las consecuencias
medioambientales y sociales de la desertización rural, así como hoja de
ruta para abordar estas consecuencias de manera integral ... (Página59)
Comisión de Cultura y Deporte
181/001507 Pregunta formulada por el Diputado don Ángel Luis González
Muñoz (GP), sobre apoyos con los que contaba el Gobierno cuando ofreció a
Marruecos una candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para
optar a la organización del Mundial de 2030 ... (Página59)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/009904 Autor: de Frutos Madrazo, María del Rocío
Medidas ante el incremento de robos con fuerza en domicilios en la
provincia de Ourense. Retirada ... (Página59)
184/033694 Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Consumo de hipnosedantes por menores de edad desde el año 2011, así como
acciones ante el incremento de dicho consumo para prevenir el mismo.
Retirada ... (Página60)
184/041992 Autor: Cascales Martínez, Loreto
Documentación remitida en el año 2018 por el Gobierno a la Dirección
General de la Competencia de la Comunidad Europea sobre el asunto "Ayuda
estatal Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2012-SA. 22668 - Estudios
cinematográficos Ciudad de la Luz-Ejecución de la Recuperación" ... (Página60)
184/042153 Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Nombramiento de Antonio Munuera como director de fábrica de combustible de
Juzbado ... (Página61)
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes
Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las
iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que
se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/004097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
Joan Tardà i Coma, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley relativa a la participación estatal en la European Social
Survey, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La European Social Survey (ESSS) es una de las encuestas más relevantes
para las ciencias sociales que, desde el 2001, proporciona información
rigurosa sobre las actitudes, creencias y comportamientos de la
ciudadanía de más de treinta estados europeos. El ESS proporciona datos
abundantes obtenidos con el máximo rigor, mediante entrevistas conducidas
sobre una muestra transnacional que se renueva cada dos años. Estos datos
son gratuitos para usos no-comerciales y fácilmente accesibles. La
comunidad científica de todo el mundo los usa para mejorar nuestra
comprensión sobre las sociedades europeas, puesto que la ESS es la base
de datos comparada sobre comportamientos, valores y actitudes más
completa a nivel europeo.
El ESS tiene como objetivo analizar la estabilidad y el cambio de
estructuras sociales, condiciones y actitudes, mediante la difusión de
estándares cada vez más rigurosos en cuanto a la investigación
comparativa en las ciencias sociales que permita introducir nuevos
indicadores de progreso nacional construidos sobre las percepciones y
juicios que hacen los ciudadanos de aspectos capitales de sus sociedades.
El ESS ha emprendido esta tarea con el máximo rigor académico en 8
ediciones desde el 2001. Cada edición de la ESS tiene una parte de
cuestionario fijo sobre temas centrales como valores humanos, democracia
y política, migraciones, religión y discriminaciones o exclusiones
sociales, entre otros; se los suma dos temas monográficos que son
tratados de forma extensa en cada edición, por ejemplo la edición 8 del
2016/17 aportó información sobre el Cambio Climático y Energía y
Políticas de Bienestar.
Actualmente se está preparando la novena edición 2018/19 dónde, además del
cuestionario común, incluye como temas monográficos "Justice and
Fairness" y "The Timing of Life". Pero, según ha anunciado la propia ESS,
no está prevista la participación del Estado español. Un hecho
especialmente grave puesto que el Estado español viene participando de
los estudios desde sus inicios. Además, es el quinto estado con el mayor
número de usuarios registrados al ESS y el séptimo en descargas. La no
participación dificultará conocer los cambios de comportamiento y de
percepción económica y social de la ciudadanía del Estado en una
perspectiva comparada a nivel Europeo. Y esto no solo es un problema para
la investigación centrada en el Estado español, sino para cualquier
investigación que use la ESS que se verá privada de una serie histórica
de datos con continuidad desde el 2001 y rota el 2018/19.
Esta decisión se ve agravada por la carencia de explicaciones. Un silencio
todavía más cuestionable si tenemos en cuenta que el "Plan Estadístico
Nacional 2017-2020" asigna 1.101.040 euros, incluido dentro del
presupuesto del Ministerio de Presidencia, por su financiación durante el
periodo 2017-2020, y que su programa anual de desarrollo por el 2018
asigna 469.890 euros, para continuar con la recogida de datos,
codificarlos, tabularlos y validarlos y vincularlos a la Base de datos
Centrales de la ESS. Sin embargo, para el plan de 2019, actualmente en
trámite, no hay prevista ninguna actuación.
No podemos dejar de hacer notar que el tema monográfico de la novena
edición de la ESS, Justicia e Imparcialidad, es especialmente relevante
para la actual situación política. Dada la importante controversia que
han generado, a la sociedad catalana y al resto del Estado, recientes
decisiones judiciales considerablemente lesivas verso derechos procesales
y garantías judiciales básicas, derechos políticos y civiles, la libertad
de expresión de cantantes, actores y humoristas críticos, así como el
sesgo machista de determinadas sentencias y estamentos judiciales; la
novena edición de la ESS nos puede aportar un conocimiento importante
sobre como la ciudadanía del Estado percibe el rol de la Justicia al
Estado español en comparación a como el resto de ciudadanos Europeos
perciben el poder Judicial a sus respectivos países.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas necesarias para garantizar la participación del
Estado español en la novena ronda de la European Social Survey.
2. Ejecutar la partida presupuestaria asignada al "Plan Estadístico
Nacional de España 2017-2020", para garantizar la participación en las
próximas ediciones de la ESS.
3. Reafirma el compromiso con el rol de las instituciones públicas para
apoyar a una ciencia social independiente que genere datos e información
permitiendo avanzar en la comprensión de nuestras sociedades, sin
coartadas ni límites políticos, solo en base a criterios científicos y
académicos.
4. Garantizar, en caso que el gobierno español no pueda asumir el
compromiso de participación en la novena edición del ESS, la
transferencia de los recursos necesarios a las CCAA que los soliciten
para que puedan realizarlo mediante sus organismos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Joan Tardà
i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Defensa
161/004079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre mejora de la sanidad militar, para
su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La sanidad militar ha sufrido un fuerte retroceso en los últimos años, lo
que ha mermado y debilitado una de las más importantes capacidades de
nuestras Fuerzas Armadas. Esto es un hecho conocido y reconocido por
todos, pero al mismo tiempo dejado en un segundo plano. Los factores que
han influido son múltiples y variados. Sin duda, un factor influyente
común con el resto de capacidades, es el descenso en los últimos años en
el importe del capítulo presupuestario de Defensa.
El problema no solo afecta a os medios materiales y personales, sino
también de una deficiente gestión de los que se disponen. Como ejemplos
se pueden citar el hospital de campaña sin utilizar al no existir
capacidad para trasladar estos al terreno donde sean precisos (ROLE 4) o
la Cámara Hiperbárica
de San Fernando (Cádiz), que siendo propiedad de la Armada, permanece
localizada en el Hospital de San Carlos de esa localidad, que fue
transferido al Servicio Andaluz de Salud, y que está infrautilizada
debido a la falta de personal y a la ausencia de un Convenio de
colaboración actualizado.
En el capítulo de personal, la realidad no es más halagüeña. En lo que
afecta a especialidades médicas denominadas "críticas", cirujanos,
anestesistas, intensivistas y traumatólogos, las disponibilidades de
efectivos son escasas. El estricto régimen de incompatibilidades tampoco
favorece la llamada y permanencia del personal.
Los profesionales que integran la Sanidad Militar además de médicos, como
los farmacéuticos, enfermeros, veterinarios, psicólogos y odontólogos
necesitan una formación y reciclaje permanente que exige conveniar con
las Comunidades Autónomas. La propia Ley de la Carrera Militar ampara una
discriminación porque prevé dos Escalas de Sanidad Militar, una para
enfermeros y otra para el resto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio riguroso sobre las carencias de la sanidad militar,
tanto en medios materiales como personales.
2. Suscribir convenios con las distintas Comunidades Autónomas para el
reciclaje del personal de sanidad militar.
3. Suscribir convenios para el uso de material sanitario militar por parte
de los hospitales de las Comunidades Autónomas, como es el caso de la
cámara hiperbárica de San Fernando (Cádiz).
4. Potenciar la figura del reservista voluntario incentivando económica y
profesionalmente, a personal civil para prestar servicio de forma
temporal en las Fuerzas Armadas en periodos de necesidad.
5. Realizar un estudio para flexibilizar el régimen de incompatibilidades
del personal sanitario de las Fuerzas Armadas.
6. Estudiar la posibilidad de reducir las dos escalas de Sanidad Militar a
una sola escala."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2018.-Francisco
Igea Arisqueta y Francisco Javier Cano Leal, Diputados.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esta Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
siguiente Proposición no de Ley por la que insta al Gobierno a celebrar
el 30 aniversario de la participación española en misiones de paz, para
su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La Misión de las Naciones Unidas en Angola fue la primera participación
española en una operación de mantenimiento de la paz.
Tras la independencia de Angola en 1975, se desencadenó una lucha por el
poder entre los tres movimientos nacionalistas -MPLA, FNLA y UNITA-. Ello
condujo a una guerra civil que se prolongó durante dieciséis años.
Denominada UNAVEM I (Misión de Verificación de las NN.UU. en Angola)
conforme a la Resolución 626 (1988), se desarrolló de enero de 1989 a
octubre de 1991, para "verificar el redespliegue hacia el norte, en una
primera fase, de las tropas cubanas allí establecidas y, posteriormente,
la retirada total de dichas tropas de todo el territorio de la República
de Angola". En esta misión se desplegaron 70 oficiales de diez países.
Desde enero de 1989 convenzan a desplegar setenta oficiales de diez países
incluida España a razón de siete por país (en enero de 1990 se reduciría
a seis oficiales por país).
La misión debía haber concluido en julio de 1991, mes en que el Gobierno y
la guerrilla de la Unión Internacional para la Independencia Total de
Angola (UNITA) firmaron los Acuerdos de Paz de Estoril, pero los
problemas acontecidos obligaron a la ONU a promover la nueva misión
UNAVEM II para verificar que el alto el fuego era efectivo. Transcurrió
entre octubre de 1991 y febrero de 1995.
Tras la retirada de las tropas cubanas, se solicitó de las NN.UU. la
ampliación de su presencia en Angola por lo que a finales de mayo de 1991
se aprobaba la Resolución 696 del Consejo de Seguridad y se otorgaba un
nuevo mandato en el que se debía "verificar un efectivo alto el fuego y
supervisar la actuación de la policía angoleña durante el proceso de
transición" tras los Acuerdos de Paz de Estoril que ponían fin a 16 años
de guerra civil.
Finalmente fueron un total de 350 militares de veinticuatro países los que
desplegaron en Angola. Aunque estaba previsto que la duración de la
misión fuera de diecisiete meses, los problemas acontecidos como
resultado de las elecciones presidenciales y legislativas obligaron a las
NN.UU. a prolongar la misión. La misma se dio por finalizada en diciembre
de 1993.
España intervino en UNAVEM I con 21 observadores militares en relevos, con
un máximo simultáneo de siete. A UNAVEM II aportó setenta y cinco, con un
máximo de quince. De esta última misión se retiró en diciembre de 1993 y
ya no formó parte de UNAVEM III.
Los militares españoles en UNAVEM I supervisaron puertos y aeropuertos
para controlar las entradas y salidas de los soldados cubanos, y
realizaron patrullas cerca de las líneas del paralelo 13, con el fin de
cerciorarse de que las tropas no descendían hacia el sur.
Hoy las Fuerzas Armadas españolas están presentes en dieciocho misiones en
el exterior con 3.148 militares y guardias civiles desplegados en cuatro
continentes. Los contingentes más numerosos se encuentran en el Líbano,
con 607 cascos azules, y en Irak, con 480 efectivos. En el marco de la
OTAN participan en la defensa de los países bálticos y Turquía, y
asesoran a las fuerzas de seguridad en Afganistán.
Con esta participación, las FAS españolas muestran el firme compromiso de
España con la paz, la seguridad y la legalidad internacional, También,
refuerza nuestra solidaridad con los esfuerzos de la comunidad
internacional en ayudar a la estabilización de los países más
desfavorecidos.
Nuestra seguridad no se construye únicamente en el interior de nuestras
fronteras, sino que también comienza en escenarios muy lejanos, origen de
amenazas para los intereses de España. La seguridad y defensa de los
españoles está indefectiblemente ligada a lo que ocurre en aquellos
países en conflicto.
España también está presente en todas las misiones militares que la Unión
Europea desarrolla en el continente africano, con despliegues en Malí,
República Centroafricana, Somalia, Senegal y Gabón, así como en las
operaciones que tratan de impedir el tráfico ilegal de personas frente a
las costas de Libia y la piratería en el océano Índico.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con motivo del 30
aniversario de la primera participación de las Fuerzas Armadas en una
operación de mantenimiento de la paz, durante el año 2019:
- Contribuya a celebrar este aniversario y a difundir entre la sociedad
española el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas durante estos años
al mantenimiento de la paz y la seguridad globales, en especial con la
participación en las misiones internacionales.
- Organice actividades divulgativas, e incorpore a los actos, que así lo
permitan, elementos que acerquen a la población el papel y la función que
estas misiones en la actualidad y expresen un público reconocimiento a
los miles de hombres y mujeres que durante estos treinta años han
contribuido con su trabajo y sacrificio a la paz y la seguridad mundiales
y al buen nombre de España. Así como a divulgar el valor de las Fuerzas
Armadas como un instrumento eficaz, que contribuyen a la Seguridad
Nacional y a la defensa de los intereses de España, en cualquier momento,
allá donde se las demande."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Zaida
Cantera de Castro, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Defensa, sobre
declarar a Canarias como territorio de paz, cooperación y buena vecindad
en el Atlántico.
Exposición de motivos
El número de conflictos armados que asolan nuestro planeta no deja de
aumentar, y con ello, las persecuciones por motivos políticos,
religiosos, étnicos o de género, exacerbando a su vez las desigualdades
de naturaleza económica, social y cultural entre personas y pueblos.
Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, a día de hoy, el número de personas que se han visto
obligadas a abandonar sus regiones de origen de manera forzosa a causa de
violaciones de los derechos humanos está a punto de alcanzar los sesenta
millones, lo que equipararía la cifra de refugiados a nivel global, a la
población de España y Portugal juntas.
Al interior de este escenario dramático, el Archipiélago Canario, situado
en la franja atlántica que conecta Europa, América y África, ha destacado
históricamente como un enclave de una gran importancia geopolítica. De
hecho, sus lazos comerciales, políticos, culturales y también ecológicos
con estos tres continentes abarcan desde regiones relativamente próximas
a sus ocho territorios, como las islas de la Macaronesia o las costas del
Sahel, hasta alcanzar el escenario caribeño, el Sur y el Oeste de Europa
y buena parte del continente americano.
Por fortuna, esta extroversión atlántica no se ha traducido, al menos
durante los últimos seis siglos, en la consumación de ningún tipo de
conflicto bélico de carácter internacional en el suelo o en el mar de
Canarias, más allá de algunos sucesos aislados de pillaje y piratería
entre los siglos XVI y XVIII, o ciertos capítulos de tensión imperial
protagonizados por las grandes potencias del Norte de Europa durante los
siglos XIX y XX. Solo la conquista y posterior colonización del
Archipiélago, acontecida a lo largo del siglo XV, encarna un pasado de
violencias, segregación y esclavitud, un traumático impasse histórico que
debe ser superado mediante la exaltación de los valores democráticos y el
desarrollo del autogobierno que ha tenido lugar tras el cese del otro
periodo de confrontación abierta que se ha vivido en fas islas: la guerra
civil y la posterior dictadura franquista, que llegó a cobrarse miles de
vidas en Canarias.
El clima mayoritariamente pacífico que ha reinado en el territorio a lo
largo de su historia moderna, ha sido esencial para la consolidación de
su acervo histórico como escenario consagrado al comercio transatlántico.
Sin embargo, creemos que ha llegado la hora de reconocer el papel que han
jugado las gentes de Canarias durante todo este tiempo como defensores de
la convivencia pacífica en su suelo y la mezcla entre las distintas
tradiciones y culturas que han nutrido el pasado y el presente del
Archipiélago, enriqueciendo de manera constante la más valiosa de sus
riquezas: su patrimonio material e inmaterial.
Para lograría, es preciso potenciar a nivel político y cultural la
adhesión ciudadana a los valores que nuestra sociedad ha abrazado,
especialmente durante las últimas cuatro décadas, inspirados en la
defensa de los derechos humanos, la democracia y, sobre todo, la
salvaguarda de la paz y la concordia. Por eso, planteamos la necesidad de
que se produzca un reconocimiento por parte del Estado de la vocación
pacífica del pueblo canario y de las instituciones de la Comunidad
Autónoma como un Territorio para la Paz, el diálogo, la buena vecindad y
la solidaridad entre los continentes africano, americano y europeo,
asumiendo el compromiso de no promover en las Islas el desarrollo de
infraestructuras de defensa destinadas a intervenir militarmente en dicho
contexto transmarino.
Sin lugar a dudas, esta declaración del Archipiélago como territorio
neutral podría ser clave para alcanzar su definitiva consagración como
uno de los espacios turísticos más atractivos del mundo. Un destino tan
importante que, solo en lo que ha avanzado el siglo XXI, ha logrado
atraer a más de 180 millones de turistas, lo que vendría a demostrar la
significación que continúa teniendo para la gente de Canarias y para su
principal fuente de recursos económicos, el mantenimiento de la paz y la
concordia tanto dentro como fuera de sus fronteras.
Esto no quiere decir que se esté poniendo en cuestión el papel que
desempeñan en la actualidad las Fuerzas Armadas en Canarias. Éstas han
jugado un papel vital en las Islas, y deben seguir cumpliéndolo en el
futuro, pero siempre en la procura de la paz, la defensa de la democracia
y el desarrollo de tareas
relacionadas con el humanitarismo y las acciones en materia de rescate y
emergencias. Unas labores donde cabría destacar las actuaciones llevadas
a cabo por el Escuadrón de Fuerzas Aéreas 802, conocido por sus labores
de rescate (el SAR), especialmente en los casos de migraciones
humanitarias en la mediana atlántica, así como la participación activa de
la Unidad Militar de Emergencias (la UME) en catástrofes naturales como
las lluvias torrenciales ocurridas en octubre de 2015 en Gran Canaria, y
los devastadores incendios que han asolado en los últimos veranos las
islas de La Gomera, La Palma y Tenerife.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer la vocación pacífica del Archipiélago a través de su
declaración como Territorio de Paz, instando a definir en la normativa
básica de carácter estatal y autonómica el compromiso de no establecer en
las Islas nuevas tropas, bases militares o construir fortificaciones
destinadas a intervenir en conflictos armados sobre la base de ninguna
alianza europea o internacional, promoviendo, por el contrario, la
cultura de la no violencia, la resolución de conflictos por vías
democráticas y la promoción de la neutralidad como eje para el
mantenimiento de su desarrollo comercial y de servicios en el contexto
internacional.
2. Potenciar la implicación de los efectivos que conforman el Mando de
Canarias, en las labores que actualmente vienen desempeñando en el ámbito
humanitario y las actuaciones de rescate y emergencias, tanto en el
territorio insular como en las Aguas del Archipiélago Canario.
3. Instar al Gobierno de las Islas a incluir en el marco curricular del
sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, contenidos
específicos destinados a dar a conocer, fomentar y educar para una
cultura de paz y de no violencia, destacando el papel histórico que las
Islas han cumplido en este sentido, y el que deberán cumplir a partir de
su declaración institucional como Territorio de Paz.
4. Trasladar esta propuesta de acuerdo a todos los grupos parlamentarios
con presencia en el Parlamento Autonómico de Canarias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2018.-María del
Carmen Pita Cárdenes, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Interior
161/004086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de
implementar en los Centros penitenciarios Módulos de Respeto mixtos para
hombres y mujeres, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Una de las formas especiales de ejecución prevista en la normativa
reglamentaria penitenciaria permite la existencia de Centros o
Departamentos mixtos (art. 168 a 172 del RP). Con base en esta normativa
reglamentaria y siendo uno de los objetivos prioritarios de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias el de promover la igualdad entre
hombres y mujeres de forma que las internas tengan los mismos derechos y
oportunidades que los internos, una de las actuaciones en el logro de
este objetivo es la creación de los Módulos de Respeto mixtos para
hombres y mujeres.
La tasa de mujeres en prisión se sitúa en algo más del 7%, ascendiendo a
la cifra de 3.820 en el ámbito de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias (excluidos los Centros de Cataluña). Esto supone que en la
mayoría de centros penitenciarios exista un solo módulo de mujeres.
Las grandes diferencias entre los perfiles de las mujeres destinadas al
mismo Módulo y las diferentes circunstancias penales, penitenciarias,
personales, han hecho que no sea posible en la mayoría de los casos crear
el sistema de Módulo de Respeto en el Módulo de mujeres existente. Y ello
debido a que un gran número de internas no se implican en esta forma de
organización, lo que supone que otras internas con buen comportamiento y
dispuestas a cumplir estos objetivos no tengan la posibilidad de acceder
al mismo.
Esta circunstancia hace latente la necesidad de creación de estos Módulos
con lo que se pretende favorecer el acceso de las internas a un Módulo de
Respeto y contribuir a que la clasificación interior se adapte a su
perfil de comportamiento, motivación e implicación.
La experiencia ya existe en algunos Centros penitenciarios, el último en
el que se ha puesto en marcha es el Centro Penitenciario de Mallorca,
siendo los resultados totalmente satisfactorios.
Atendiendo a la necesidad de crear un marco de igualdad y un entorno
adecuado para preparar la vida en libertad y la inserción social, se
considera que esta propuesta fomentaría un modelo de convivencia adecuado
para estos objetivos.
La base jurídica de los Módulos de Respeto mixto es el mismo modelo de
Módulo de Respeto que desarrolla la normativa de la Institución
penitenciaria, pero incorporando mujeres. De esta manera, se establecen
una serie de circunstancias especiales en relación al respeto a la
intimidad o peculiaridades necesarias, tales como:
Principio de respeto e igualdad. El clima general del Módulo debe
posibilitar la igualdad, convivencia pacífica, ordenada, la tolerancia y
la aceptación de las diferencias.
Principio de voluntariedad e implicación. Los internos e internas deben
solicitar voluntariamente su ingreso, conocer su normativa, comprometerse
a aceptarla e implicarse en el buen funcionamiento del Módulo.
Igualmente, todos los funcionarios y funcionarias que trabajen en él
deben ser conocedores del proyecto, aceptar voluntariamente trabajar en
el mismo, tener cierta estabilidad en el puesto e implicarse de forma
activa en su dinámica y organización.
Principio de planificación individualizada. Cada interno e interna del
Módulo de Respeto debe tener planificado todo su tiempo. Dicha
planificación tendrá como referencia fundamental el Programa
Individualizado de Tratamiento del interno (PIT).
Principio de asunción de hábitos personales y pautas de comportamiento
adaptadas a normas sociales. Este principio implica, por un lado, una
alta exigencia en el respeto a los roles formales e informales,
adecuación a normas de convivencia y, por otro lado, una mayor
participación en la organización y funcionamiento del Módulo.
Principio de responsabilidad y exigencia. Los internos e internas
adquieren una mayor responsabilidad en las tareas, actividades y
funcionamiento del Módulo en general. Se establece un sistema donde todo
es responsabilidad de las personas en él ingresadas al igual que la
exigencia mutua de respeto a las normas.
Principio de organización en grupos. El Módulo se organiza en grupos,
siendo el grupo de referencia del interno o interna un apoyo tanto en su
integración inicial como en su evolución posterior.
Principio de Respuesta Inmediata. Cada incumplimiento de la normativa debe
tener una respuesta inmediata.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha los
Módulos de Respeto mixtos, sustentados en los artículos del 168 a 172 del
vigente Reglamento Penitenciario, con el propósito de promover la
igualdad plena entre hombres y mujeres, de forma que estas tengan los
mismos derechos y oportunidades que los hombres internados en prisión y,
en concreto, en las posibilidades de accesibilidad a los Módulos de
Respeto, siendo necesario para ello, como una de las actuaciones clave,
la creación de este tipo de Módulos que se propone."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2018.-David
Serrada Pariente, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el sobre
marco regulatorio de la vivienda turística, para su debate en la Comisión
de Fomento.
Exposición de motivos
Nuestro país ha vivido en los últimos años un fenómeno creciente de
visitantes que eligen como alojamiento la vivienda vacacional o vivienda
turística. Este fenómeno, ha sido regulado por todas las Comunidades
Autónomas, al ser actividad de su competencia, dándose la circunstancia
de que en este momento hay diecisiete Comunidades Autónomas con
diecisiete regulaciones distintas de vivienda vacacional.
La globalización mundial y la facilidad que supone la contratación por
internet, ha propiciado el desarrollo de esta forma de alojamiento
turístico, que normalmente se desarrolla en espacios dentro de una
vivienda, en viviendas de primera o segunda residencia, o en viviendas
especialmente compradas para el desarrollo de esta actividad y que no
siempre reúnen las condiciones que las homologarían con actividades
urbanas y económicas.
El problema añadido es que esta modalidad de turismo y de alojamiento se
concentra en los centros urbanos y su entorno próximo, existiendo incluso
normativas, como la de la Comunidad Autónoma de Canarias, que prohíbe el
fenómeno en núcleos turísticos, trasladando el problema hacia núcleos
residenciales.
Esta situación está produciendo en muchas ciudades españolas un aumento
considerable de los precios del alquiler, está fomentando reconversiones
de usos residenciales a turísticos, e incluso provocando inversiones
inmobiliarias que, en base a altas rentabilidades, adquieren inmuebles de
uso residencial para su conversión a uso turístico.
Entendemos que tal circunstancia, como actividad económica, sujeta a
fluctuaciones, no debe considerarse, ni como la principal causante del
incremento de los precios de alquiler (se debe entender como
desequilibrio entre oferta y demanda), ni como competencia desleal al
sector hotelero.
Se debe entender como la aparición de un modelo alternativo, de
trascendencia mundial, que tendrá que concretar sus propios parámetros,
que ha llegado para quedarse, y que tendrá que regirse por sus propias
normas, donde consideramos que será preciso analizar:
a) Los incrementos económicos vinculados al turismo.
b) El efecto urbano de este nuevo modelo.
c) El tratamiento como economía colaborativa o no.
En España, el turismo es fundamental en nuestro desarrollo económico, y
dentro del programa político de todos los gobernantes está el impulsarlo
a todos los niveles. Entendemos por tanto, que hay que establecer un
marco general de condiciones necesarias para que esta economía funcione
sin interferir gravemente en nuestro modelo social.
Asimismo, creemos que es preciso mejorar la seguridad jurídica del
desarrollo de la actividad, definir claramente desde la legislación
estatal los factores diferenciadores entre lo que es el uso residencial y
lo que es la actividad turística a la vez que la convivencia entre ambas,
y acotar la actividad de alquiler turístico a lo que establezca la
legislación turística de las CCAA y la ordenación urbanística de los
Ayuntamientos. Igualmente, habría que sentar las bases de una política de
desarrollo común de líneas generales para todas las Comunidades
Autónomas.
Es preciso establecer un marco regulador seguro que permita que la
actividad de alquiler turístico se desarrolle con el máximo de garantías
para conseguir un equilibrio social y económico en núcleo poblacional
donde conviven residencia y turismo, lograr un prestigio del destino, y
un equilibrio entre condiciones de arrendadores y arrendatarios.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través del
Ministerio de Fomento, siente las bases para:
1. Clarificar, a través de la consiguiente modificación de la LAU, el
carácter diferenciador de alquiler turístico y arrendamiento de
temporada.
2. Establecer una regulación específica dentro de la Ley de Propiedad
Horizontal que permita poner límites a la actividad de alquiler turístico
en Comunidades de propietarios.
3. Elaborar una Guía Regulatoria de Viviendas Turísticas cuyo objeto sea:
- Clarificar el contexto de economía colaborativa en materia de vivienda.
- Estudio del impacto socio-económico en el mercado español.
- Análisis de la situación del mercado del alquiler en las principales
ciudades afectadas por este fenómeno."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2018.-Ana María
Zurita Expósito, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su
Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del
Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
su debate en la Comisión de Fomento, relativa a la limpieza del fondo
marino de la Ría de Ferrol.
Exposición de motivos
De la Ría de Ferrol dependen laboral y económicamente más de 500 familias
que se dedican al marisqueo. Sin embargo, desde hace unos años, la
extracción de marisco en la Ría de Ferrol está disminuyendo de modo
paulatino e inexorable. Como ejemplo el área de extracción de almeja pasó
de 1,5 millones de metros cuadrados a solo 500.000 metros cuadrados en
los últimos años. Y esto debido a la contaminación orgánica, los vertidos
industriales, la sobreexplotación, los rellenos e ingentes obras civiles,
que han alterado el curso de las corrientes afectando al ecosistema
marino. Esto ha provocado la proliferación de lodos, que se depositan en
los bancos marisqueros y ocasionan una alta mortalidad en las poblaciones
de almeja, con el consiguiente descenso de las capturas.
Según se desprende de un estudio realizado por la Estación de Biología
Marina de a Graña (Ferrol), dependiente de la Universidad de Santiago de
Compostela, "los fondos litorales de entorno del puente de As Pías están
fuertemente afectados por la barrera que representa la escollera que va
desde cada uno de los extremos del puente a los dos márgenes de la Ría de
Ferrol".
Las conclusiones de este estudio señalan que esta "afección viene
determinada por un hidrodinamismo prácticamente nulo, consecuencia de la
barrera de la escollera, es decir, la energía con la que se mueve el agua
en las ensenadas de A Gándara y San Valentín es tan baja que favorece la
acumulación de elementos arcillosos con un notable aumento de sedimentos,
fango y lodos y una drástica reducción del aporte de oxígeno, lo que
impide el crecimiento del marisco y otras especies marinas en óptimas
condiciones".
A mayores, el fondo de la Ría de Ferrol sigue sembrada de los restos del
antiguo puente de As Pías, derribado tras el impacto de una plataforma
marítima, la "Discoverer Enterprise", que en enero de 1998 soltó amarras
en la antigua Astano y se fue a estrellar contra esta infraestructura,
sembrando de cascotes el banco marisquero existente, rico en almeja.
Lo más grave es que transcurridos casi veintiún años de este fatídico
accidente, en el fondo marino, a la altura del puente siguen depositados
los restos de la vieja estructura de hormigón, el cableado y las tuberías
arrancadas e incluso se pueden ver sobre los trozos de asfalto las líneas
blancas de la señalización horizontal de la carretera.
Estos restos han facilitado el avance del mejillón, molusco que se adhiere
a esos elementos cubriendo el sustrato del fondo en una amplia zona de la
ría, que se estima en unos 300 metros cuadrados, impidiendo de este modo
la cría de la almeja, que es el principal recurso de las mariscadoras y
los mariscadores de Ferrol y Fene. Además, estos restos les impiden
faenar, porque se enganchan en los aparejos utilizados por estos
trabajadores.
Otra de las zonas más afectadas por la acumulación de lodos es el entorno
del puente de la vía del tren entre O Couto (Narón) y Neda. De hecho, en
la actualidad es imposible extraer marisco en una extensión de 50 metros
a cada lado de esta infraestructura y a lo largo de todo su recorrido.
El pasado 16 de noviembre de 2018, representantes del Gobierno central se
comprometieron con las Cofradías de Pescadores de la Ría, Ferrol,
Barallobre y Mugardos, a realizar un informe para analizar si es posible
retirar o mover los lodos del fondo de la ría, una reunión en la que
también estaban presentes representantes de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Cibrao, de la Xunta de Galicia, y de la Estación de Biología
Marina de A Graña, de la Universidad de Santiago de Compostela.
Pero también se deben contemplar otras medidas, muy necesarias para
recuperar los fondos de la ría, además de la retirada de los lodos, tales
como la eliminación de los restos del buque Enterprise en los fondos de
As Pías, así como abrir la escollera del puente de la misma zona.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Proceder a la eliminación del Muelle Cerramiento Norte del Puerto
Interior de la Ría de Ferrol, para crear una entrada natural del mar a
esa parte de la Ría, que ayude a una regularización del movimiento de las
mareas.
- Aprobar y desarrollar un plan de limpieza integral de la Ría de Ferrol,
que incluya los trabajos de extracción de los lodos asentados en el fondo
marino de la Ría de Ferrol, con el fin de ampliar los bancos marisqueros.
- Proceder a la extracción y retirada del fondo marino de la Ría de Ferrol
de los restos del antiguo Puente de As Pías, destruido en enero de 1998,
y a la posterior regeneración de la zona."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Yolanda
Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de la Diputada Eva García Sempere, presenta al amparo
de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para la
reducción de las emisiones de gases con efecto de invernadero, mitigando
el cambio climático, y la vertebración regional de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha a través de una apuesta integral por el
ferrocarril.
Exposición de motivos
Cuando desde Castilla-La Mancha se mira hacia el tren, la vertebración
regional de esta Comunidad Autónoma es solamente posible si el sistema
multimodal de transporte, a disposición de las personas que la habitan,
es accesible y asequible para la gran mayoría de la población y facilita
el acceso a todas y cada una de sus comarcas y a todos Los rincones de
éstas. Y, a su vez, es un sistema de transporte que tenga como columna
vertebral a los modos a pie, en bicicleta y en tren, con los demás modos
y medios como complementarios.
El tren, dentro de esa columna vertebral del sistema, ha de estar
constituido por un ferrocarril actualizado, público, social y sostenible,
con una red básica ferroviaria formada por líneas de doble vía
electrificada, que puedan facilitar la circulación de todo tipo de
trenes, cercanías, regionales, de grandes distancias y de mercancías, con
velocidades medias de 165 km/h, los más rápidos, y con una señalización
ferroviaria y una gestión del tráfico ferroviario que permita la
circulación de 350 trenes/día, como es posible con las tecnologías
actuales europeas denominadas ETCS y ERTMS, además de tener las
estaciones en el centro de las ciudades y en las cabeceras comarcales.
La vertebración territorial debe plantearse además con el objetivo de
favorecer la actividad productiva en todas las comarcas, potenciando las
aportaciones de cada persona y de cada territorio y haciendo posible la
accesibilidad territorial tanto en el interior de la Comunidad Autónoma
como con el exterior ya sea éste del resto de España o del resto de
Europa.
Está demostrado que un ferrocarril que sólo comunica las capitales de
provincia con la capital de España, Madrid, pero no entre ellas, y sin
acceso a las comarcas, es perjudicial para Castilla-La Mancha. Frente a
las anticuadas políticas de transporte ferroviario llevadas a cabo en los
años anteriores, es preciso aprovechar las inversiones pues con muchos
menos recursos de los aplicados en el pasado es posible generar
importantes sinergias para el desarrollo de las actividades productivas y
para la mejora de la calidad de vida en la región.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar el acondicionamiento de las líneas férreas, abajo indicadas, a
velocidades medias de 165 km/h, con máximas de 200 km/h, desdoblando las
vías únicas y electrificándolas todas ellas, a la vez que se asegura la
interconectabilidad entre todas las que discurren por Castilla-La Mancha,
y se las dota de los sistemas de señalización y gestión del tráfico ETCS
y ERTMS, mediante las actuaciones necesarias:
- Línea de Madrid a Guadalajara y Sigüenza.
- Línea de Madrid a Illescas, Torrijos y Talavera de la Reina.
- Línea de Madrid a Villacañas, Alcázar de San Juan, Manzanares y
Valdepeñas.
- Línea de Castillejo-Añover a Algodor y Toledo, recuperando el trazado
que fue levantado anteriormente.
- Línea de Madrid a Ocaña, Tarancón, Huete y Cuenca, hasta la Provincia de
Valencia.
- Línea desde Manzanares a Daimiel, Ciudad Real, Puertollano y Almadén.
- Línea desde Chinchilla a Hellín, hasta la Región de Murcia.
- Línea de Alcázar de San Juan a Albacete, que ya está acondicionada en
casi todo su recorrido.
2. Construir nuevos enlaces intrarregionales con los mismos parámetros
antes referidos:
- Enlace Torrijos-Toledo, que permite la conexión directa de Talavera de
la Reina y Torrijos con Toledo.
- Enlace Algodor-Villasequilla, que junto al enlace anterior, posibilita
la creación de un gran eje transversal en Castilla-La Mancha, desde
Talavera de la Reina, a Toledo; desde Toledo, hacia Cuenca por un lado y
hacia Alcázar de San Juan por otro, y desde Alcázar de San Juan hacia
Albacete más hacia Socuéllamos, Tomelloso, Manzanares, Ciudad Real y
Puertollano.
- Enlace Yuncler-Algodor, aprovechando en parte la infraestructura
existente. Que permite la conexión Madrid-Toledo prolongando la línea C5
de la red de cercanías de la Comunidad de Madrid, Madrid-Fuenlabrada,
dando servicio a las poblaciones de Griñón, Ugena, Illescas,
Numancia-Yuncos, Yuncler, Villaluenga, Villaseca, Mocejón, Algodor y
Toledo. Esta línea daría muchas posibilidades de desplazamiento interior
de la provincia de Toledo y entre poblaciones intermedias entre las
ciudades de Madrid y Toledo.
- Desdoblamiento de la línea C-3 de la red de cercanías de la Comunidad de
Madrid hasta Seseña-Pueblo.
- Enlace Socuéllamos-Tomelloso-Manzanares, para dar servicio a la comarca
de Tomelloso y Argamasilla de Alba.
- Reapertura de taquillas y servicio de atención al cliente en las
estaciones de Manzanares, Valdepeñas, Daimiel, Almagro, Santa Cruz de
Mudela y Almadanejos-Almadén, además de Malagón.
3. Construir estaciones comerciales en la línea Madrid-Ciudad
Real-Puertollano-Sevilla, en las localidades de Mora y Malagón, y en la
de Cuenca-Albacete, en Tarazona de la Mancha.
4. Diseñar intercambiadores modales para mercancías en todas las cabeceras
de comarca.
5. Mejorar el servicio ferroviario en la línea
Madrid-Guadalajara-Sigüenza; cumpliendo el compromiso ya adquirido de
incrementar las frecuencias entre trenes en la línea C-2 de la red de
cercanías de la Comunidad de Madrid, Chamartín-Guadalajara, sobre todo en
horas punta; aumentando el número de trenes "Civis" conectando
directamente Guadalajara con Madrid-Chamartín sin pasar por
Madrid-Atocha, vía Fuente de la Mora; crear una línea directa
Chamartín-Guadalajara, que realice paradas en pocas estaciones, con el
objetivo de reducir los tiempos de viaje.
6. Establecer buen servicio de transporte público colectivo entre la
ciudad de Guadalajara y la estación de Guadalajara-Yebes, aplicando
reducciones del precio de los billetes de tren.
7. Prolongar la línea C-4 de la red de cercanías de la Comunidad de Madrid
hasta Algete y El Casar.
8. Integrar, en la red básica ferroviaria, la comarca de Tomelloso y
Argamasilla de Alba, que cuenta con más de 46.000 habitantes, con la
conexión directa entre las líneas hacia la Comunidad Valenciana y hacia
Andalucía.
9. Mejorar la movilidad ferroviaria de la comarca de Hellín, que cuenta
con más de 60.000 habitantes, estableciendo parada del nuevo servicio
ferroviario (tren híbrido) que conecta Madrid con Cartagena.
10. Hacer trabajos de mejora de las vías en la Provincia de Cuenca, donde
abundan actualmente limitaciones de velocidad a 30 km/h. Recuperar los
servicios suprimidos en esta línea, en el año 2013, ampliando el número
de servicios efectuados en la actualidad.
11. Extender del uso del Abono Transporte existente en la Comunidad de
Madrid a las diferentes provincias de Castilla la Mancha, que la rodean,
como aspecto catalizador e impulsor del tren, como medio preferente de
transporte en Castilla-La Mancha.
12. Llevar a cabo una política de concertación entre la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la empresa pública estatal
ferroviaria Renfe, que haga posible el establecimiento de trenes de
jornada (mañana y tarde), diarios, y uno en cada dirección, entre todas
las capitales de provincia.
13. Poner en marcha políticas de intermodalidad tren-bicicleta y
tren-autobús.
14. Destinar a Castilla-La Mancha más trenes regionales, series de Renfe
449 y 599 y 121, para mejorar los viajes de las personas en todas las
líneas de Castilla-La Mancha, consiguiendo excelentes tiempos de viaje, y
efectuando el mantenimiento y la gestión de dichos vehículos dentro de la
Comunidad Autónoma.
15. Efectuar una auténtica integración urbana del ferrocarril en las
aglomeraciones urbanas y ciudades de Castilla-La Mancha para mantener las
estaciones en el centro de las ciudades y con posibilidad de acceder a
ellas a pie, en bicicleta y en transporte público colectivo, demostrando
que es posible superar la generación de barreras urbanísticas y evitar la
especulación del suelo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Eva García
Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para la mejora de los servicios de cercanías en la
Comunidad Valenciana y la coordinación al respecto con la Generalitat
Valenciana, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La red de cercanías en la Comunitat Valenciana arrastra muchos años de
deficiencias de inversión. A finales de 2017 en la presentación del plan
2017-2025, el ministro De la Serna reconocía que del proyecto presentado
en 2010 se habían invertido 0 euros en las cercanías de la Comunitat
Valenciana.
El plan vigente contempla la inversión de 1.081,82 millones de euros a
través de Adif para la renovación y modernización de la infraestructura
existente, la ampliación de la capacidad, la extensión de la red y nuevas
estaciones y otras actuaciones. A ese capítulo se añaden los 354,73
previstos para actuaciones en el material rodante, con renovación de
trenes, estaciones y mejora de servicios.
En los PGE de 2018, elaborados por el Partido Popular, Adif solo consignó
20 millones para la red en la Comunitat Valenciana, mientras que Renfe
presupuestó 32,4. Cantidades muy alejadas del promedio resultante de la
aplicación del plan 2017-2025 que rondaría una inversión de alrededor de
160 millones de euros.
Los principales usuarios de esta línea son estudiantes y trabajadores que
no pueden usar el vehículo privado para sus desplazamientos. El
transporte de cercanías, como el del metro son infraestructuras que
eliminan desigualdades, que posibilitan el acceso a la formación a
aquellas familias que no tienen la posibilidad de asumir el pago de una
vivienda o alojamiento para sus hijos e hijas, facilitan la movilidad
laboral, contribuyen a reducir el colapso en materia de movilidad urbana
y metropolitana así como a reducir considerablemente la contaminación
medioambiental.
A pesar de que en junio de 2018 la Comisión Delegada de Asuntos Económicos
todavía no había valorado algunas actuaciones, la voluntad política del
nuevo gobierno socialista con los servicios de cercanías ferroviarias ha
acelerado la ampliación del servicio hasta Vinarós y la puesta en marcha
del de Villena, reivindicaciones históricas de la sociedad valenciana,
como ha declarado en múltiples ocasiones el President de la Generalitat,
Ximo Puig, y que fueron introducidas en el Plan "de Cercanías a petición
de la propia Generalitat Valenciana en 2017.
La ciudadanía de Alicante, Castelló, Valencia y sus conurbaciones ha
exigido y seguirá exigiendo un servicio de cercanías de calidad
independientemente de cuál sea la administración que ofrezca el servicio.
La posible transferencia a la Generalitat Valenciana de las competencias,
como existe en otras comunidades autónomas, es un derecho que está
contemplado en el Estatut d'Autonomía. Hay un trámite establecido para
ello, que debe ir precedido del adecuado y completo análisis y una
acuerdo entre ambas administraciones que garantice la sostenibilidad
económica de los servicios. Los precedentes de transferencias, que deben
servir como marco, están relacionados con la gestión parcial de los
servicios, en aras de mantener la economía de escala para poder asumir
los déficits de los servicios de obligado cumplimiento.
Con independencia de que ambas administraciones acordaran la posible
transferencia completa, sí se puede avanzar de forma inmediata en la
mejora de la coordinación entre la administración con competencias en
Renfe y Adif, el Gobierno de España, con la responsable de la movilidad y
ordenación del territorio en la Comunitat, la Generalitat, que además
ejerce la coordinación y competencias del transporte entre los municipios
de la Comunitat.
Las obras del Corredor Mediterráneo y Línea de Alta Velocidad, sumado al
estado en que se encuentran las infraestructuras y el servicio de
cercanías tras 7 años de falta de inversiones, ocasiona numerosas
molestias a la ciudadanía a la que los numerosos retrasos le afectan en
su actividad cotidiana, que requieren compensaciones inmediatas y
efectivas, más allá de que el objetivo último sea erradicar esas
molestias.
Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dentro del control continuo que desde el Ministerio de Fomento se
realiza de los servicios ferroviarios sometidos a obligación de servicio
Público, realizar un seguimiento continuo de la calidad en la prestación
de los servicios ferroviarios de cercanías en la Comunidad Valenciana,
informando a la Generalitat Valenciana y acordando, en su caso, posibles
mejoras ante incidencias puntuales o estructurales.
Además, de forma inmediata, el Gobierno y la Generalitat Valenciana
impulsarán los medios de comunicación existentes con objeto de garantizar
la mejor configuración de servicios de Cercanías. En el marco del Plan de
Cercanías, está prevista la creación de una Comisión de Seguimiento del
Plan en la que participa la Generalitat Valenciana.
2. Se realizarán las consignaciones adecuadas para dar cumplimiento al
Plan de Cercanías 2017-2025, acordando con la Generalitat Valenciana las
prioridades en la realización de las inversiones en el marco de la
Comisión de Seguimiento del Plan.
3. Mantener las medidas para compensar a los viajeros por las molestias
ocasionadas por las obras que está realizando el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias entre Valencia y Castellón, que seguirá
incluyendo el Compromiso Voluntario de Puntualidad Exclusivo para los
clientes de las líneas C5 y C6 de Cercanías de Valencia, por el que se
facilita un nuevo billete a aquellos viajeros que han sufrido un retraso
superior a 30 minutos.
Recientemente se ha incorporado esta opción de devolución exprés en las
máquinas autoventa, de modo que no es preciso que el cliente pase por
taquilla para obtener su billete, que se seguirá manteniendo y revisando
su buen funcionamiento y disponibilidad de suficientes máquinas para
ello.
4. Sobre la posible transferencia de las competencias de los servicios
ferroviarios de cercanías a la Generalitat Valenciana en los términos que
se ha aprobado para otras Comunidades Autónomas, debería ser acordado
entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana, tras el estudio de la
oportunidad y viabilidad de dicha trasferencia, y desarrollarse en el
marco de la Comisión Mixta de Transferencias entre ambas
administraciones, que se gestiona por el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública, incluyendo la elaboración de un informe en
el que se explicite el coste de asumir dichas competencias y las
inversiones pendientes a ejecutar por cada administración."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Alicia
Piquer Sancho, Antonio Quintana Martínez, Ciprià Císcar Casabán, Artemi
Rallo Lombarte, Patricia Blanquer Alcaraz y Herick Manuel Campos
Arteseros, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/004102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
definir el régimen competencial de los Diseñadores de Interior como
agentes que intervienen en los procesos de transformación de la
edificación, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Un diseñador de interior es un profesional cuyo trabajo debe estar
orientado a resolver de manera creativa problemas relativos a la función
y calidad de un espacio interior y que debe tener conocimientos
especializados de construcción de interiores.
El origen legal de la enseñanza de esta profesión se encuentra en la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del sistema
educativo, publicada en el BOE del 4 de octubre donde el título de Diseño
que ampara la mencionada ley, tendría categoría equivalente a la de
Diplomado Universitario.
A través del Real Decreto 1496/1999 del Ministerio de Educación y Cultura,
se establecen cuatro especialidades de los estudios superiores de Diseño,
siendo una de ellas la especialidad de Diseño de Interiores.
A su vez, la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, que derogaba la Ley
1/1990, contemplaba los estudios superiores de diseño, estableciéndose el
Título superior de Diseño, equivalente a una diplomatura o título grado
equivalente. En desarrollo de dichos preceptos, el Ministerio de
Educación promulgó el Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, regulando el
contenido básico de las enseñanzas superiores de Diseño, con un plan de
estudios de 240 créditos adaptado al Espacio Europeo de Educación
Superior.
En el Anexo 1 de este Real Decreto se enumeran las competencias que
adquieren los titulados en la especialidad de Interiores, derivadas de
una formación cualificada encaminada a generar, entre otros, valores de
significación artística, cultural, social y medioambiental.
El problema surge cuando en la práctica, estas competencias definidas no
se traducen en los instrumentos técnicos y legales que realmente
habilitan a determinados titulados a ejercer acciones en la edificación,
ámbito natural de desarrollo de esta profesión.
Entendemos que las determinaciones para desarrollar el ámbito competencial
de los profesionales que intervienen en el sector de la construcción
deben emanar necesariamente de la LOE, Ley 38/1999 de Ordenación de la
Edificación, aunque igualmente deben de recogerse en el CTE (Código
Técnico de la Edificación), así como determinados aspectos en las
normativas autonómicas y locales.
La idea inicial es que exista una transversalidad y coherencia entre los
programas formativos y las competencias posteriores, así como una
definición desde la matriz, la Ley de Ordenación de la Edificación, hacia
los textos que de ámbito nacional, autonómico o local regulen de alguna
manera la intervención de los facultativos para el desarrollo de
proyectos de obras o proyectos complementarios a las mismas, en función
de la capacidad técnica de los titulados.
Las acciones básicas a realizar para resolver estos desajustes deberían
encuadrarse en la reorientación de las políticas de vivienda y de
construcción en general donde se potencia la Rehabilitación como
instrumento fundamental.
Se deberían comenzar por redefinir en la Ley de Ordenación de la
Edificación la definición del proceso edificatorio, sumando a la actual
definición (se entiende por proceso de edificación, la acción y el
resultado de construir un edificio de carácter permanente) la acción de
rehabilitar edificios y/o ejercer acciones de transformación no
permanentes.
De esa manera tendrían cabida todos los agentes que participan en el
proceso de transformación de la edificación, avalado siempre por su
formación académica y las definiciones competenciales con las que se
adquiere una determinada titulación.
Entendemos que ligado a esta definición competencial de los agentes de la
Edificación, debiera ser igualmente la LOE quien establezca un marco
general para la definición de Obra Mayor y Obra Menor, que sirva de
referencia a las Normas locales.
Esta consideración dentro de la Ley de Ordenación derivaría en la
transformación y definición dentro de otras normas como el CTE, donde se
definirían contenidos explícitos de proyectos parciales o complementarios
y en las Normas Urbanísticas y Ordenanzas locales.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a introducir en el marco
normativo que establece las competencias de los agentes de la edificación
y el desarrollo de proyectos de edificación -la Ley 38/1999 de Ordenación
de la Edificación y CTE-, la posibilidad de introducir nuevos agentes,
acorde con las titulaciones académicas actuales, así como establecer un
marco general que derive en los principios que sobre este aspecto
determinan las normativas y ordenanzas urbanísticas autonómicas y
locales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Ana María
Zurita Expósito, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se
insta al Gobierno a que, de manera inmediata y urgente, se habiliten
corredores en los distintos pasos fronterizos que garanticen la libre
circulación de mercancías entre España y Francia, para su debate en
Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En los últimos días se están llevando a cabo acciones violentas e
intimidatorias por parte de los llamados "chalecos amarillos" franceses y
los llamados "Comités de Defensa de la República" independentistas
catalanes, que están impidiendo la libertad de movimientos y libertad de
circulación de mercancías.
Estas protestas ilegales están provocando importantes retrasos en las
entregas de mercancías lo que supone cuantiosas pérdidas para el sector
del transporte que sólo en la Región de Murcia afecta a más de 4.000
camiones.
Los violentos están impidiendo el paso en las vías principales de conexión
entre Francia y España por las que se transportan la mayoría de las
frutas y verduras con destino a Europa, cuyos retrasos en su entrega
están ocasionando importantes pérdidas económicas por tratarse de
productos perecederos. Tal y como se ha conocido a través de distintos
medios, los violentos están impidiendo el paso de los camiones
incendiando neumáticos junto con barriles, piedras y fragmentos de
quitamiedos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de manera inmediata
y urgente se habiliten corredores en los distintos pasos fronterizos que
garanticen la libre circulación de mercancías entre España y Francia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Isabel
María Borrego Cortés y Javier Ruano García, Diputados.-Dolors Montserrat
Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al
Gobierno a actuar sobre las infraestructuras de Talavera, para su debate
en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Talavera es la segunda ciudad más habitada de Castilla-La Mancha, por
delante incluso de la capital, Toledo. Desafortunadamente, es una de las
zonas que más han sufrido la crisis económica, alcanzando tasas de paro
en 2012 del 40 %, afectando el desempleo a unas 14.600 personas sobre una
población de 88.755. En septiembre de 2018, estas cifras han mejorado,
gracias a la recuperación de la economía en toda España, por las medidas
adoptadas por el Gobierno del Partido Popular, siendo el porcentaje de la
tasa de paro registrado del 29,77 %, con 10.494 personas sobre una
población que ha descendido ligeramente, de 83.303 vecinos. Sin embargo,
tener una tasa de paro que duplica la media nacional no es suficiente
para una ciudad que ha de constituir uno de los motores de la región, de
Castilla-La Mancha y de las comunidades limítrofes, por su población y su
tradición artesana e industrial.
Para lograr una recuperación económica plena, hace falta que la ciudad y
la comarca se encuentren debidamente conectadas, por ello, es una
reivindicación de la sociedad talaverana la mejora de las
infraestructuras que unen la ciudad con la capital, que conviertan
Talavera en un lugar propicio para que se instalen nuevas industrias y
comercios y los ya existentes prosperen, además de los importantes
beneficios que se producirían sobre la vida de los vecinos en términos de
calidad del desplazamiento.
El 5 de marzo de 2018, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
confirmó el compromiso del Gobierno con las obras del tren de Alta
Velocidad correspondiente a la línea Madrid-Talavera-Badajoz. Además,
para completar esta conexión, que se ejecutaba en tres tramos, el
Ministerio de Fomento adjudicó ya en esas fechas el estudio informativo
del proyecto del tramo Madrid-Oropesa que incluye el paso por Talavera,
con una inversión estimada de más de 1.100 millones de euros.
Durante la sesión de control al Gobierno de 20 de marzo de 2018, el
Ministro de Fomento, Íñígo de la Serna, confirmó que "se le está dando el
mayor impulso de la historia al corredor de Alta Velocidad
Madrid-Talavera de la Reina-Extremadura con una inversión total de 3.500
millones de euros", acortando plazos de seis meses en algunos de los
tramos, agilizando el tramo Plasencia-Talayuela-Oropesa y adjudicando el
Estudio Informativo de Talavera de la Reina.
Esta misma consideración de prioridad se destacó en el caso de la
Plataforma Logística de Talavera: El secretario General de
Infraestructuras del Ministerio de Fomento se reunió en octubre de 2017
con el director General de Carreteras y Transportes de Castilla-La
Mancha, y con la primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo,
Patrimonio y Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Talavera de la
Reina, en el marco de la Comisión de seguimiento del protocolo de
colaboración entre las tres administraciones para el desarrollo de la
plataforma logística de Talavera de la Reina para determinar las
actuaciones a seguir para su realización efectiva.
En dicha reunión se continuó, dada su importancia, con la búsqueda de
potenciales clientes de las instalaciones.
Asimismo, en la reunión se reafirmó la ubicación escogida, tras haber
analizado otras propuestas que fueron presentadas al Ayuntamiento.
Finalmente, se procedió a aprobar el estudio funcional sobre la terminal
ferroviaria asociada a la plataforma logística.
El Ministerio de Fomento, además, se comprometió a iniciar la
correspondiente redacción del estudio de viabilidad económico-financiera
de la terminal y la propuesta del modelo de gestión más apropiado.
Como se desprende de todo lo anterior, el Partido Popular siempre ha
apoyado a todos los niveles, desde el presidente del Gobierno hasta el
nivel técnico, tanto estatal como local, el desarrollo económico y las
conexiones de Talavera de la Reina. Para ahondar en la mejora de las
infraestructuras que supongan una base para la recuperación económica
plena y la lucha contra el desempleo, debe seguirse en la línea ya
comenzada e impulsar las medidas en marcha.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir los compromisos
adquiridos por el Ejecutivo del Partido Popular e impulsar tanto el tren
de Alta Velocidad correspondiente a la línea Madrid-Talavera-Badajoz como
la plataforma logística de Talavera de la Reina."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Miguel
Barrachina Ros, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios firmantes, se dirigen a esa Mesa para, al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de
Ley sobre la empatía hacia los animales en el currículum escolar, para su
debate ante la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Múltiples estudios científicos han demostrado la estrecha relación que
existe entre la violencia que se ejerce contra los animales y la
violencia interpersonal. Pero también existen experiencias que han
demostrado el mismo vínculo en un sentido contrario: una educación en la
empatía hacia los animales puede promover una cultura de paz entre los
humanos. El 19 de septiembre de 2014, tuvo lugar la "II Jornada
Parlamentaria sobre estrategias educativas para una cultura de paz sin
discriminación", donde especialistas de la pedagogía, psicología,
criminología, sociología y educación se dieron cita en el Congreso de los
Diputados convocados por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los
Animales (APDDA) para tratar este asunto de forma profunda y argumentada.
Fruto de este acto celebrado en el Congreso, se creó un grupo de trabajo
de especialistas que ha estado trabajando en esta materia y que ha
concluido lo siguiente:
La educación formal es el medio más importante para dotar de habilidades
inter e intrapersonales y valores éticos a los más jóvenes que formarán
la sociedad del futuro. Una herramienta esencial para desarrollar estas
habilidades y valores es la utilización pedagógica de la biofilia, que se
define como el vínculo emocional innato en los humanos hacia los demás
seres vivos. Dicho vínculo ha sido especialmente valorado respecto a su
uso en múltiples aplicaciones de programas educativos de desarrollo en
las habilidades personales y sociales, ya que los niños y jóvenes
generalizan este respeto hacia los humanos de forma automática.
Como factor de detección en problemáticas de conductas disociales, entre
otros, este tipo de recursos educativos es también esencial, por la clara
correlación predictiva encontrada entre la violencia hacia colectivos
victimizables y posteriores conductas patológicas.
Focalizando en la convivencia escolar, respecto al bullying o acoso
escolar, existen en España altos costos económicos y psicosociales
relativos a la intervención y prevención de este tema demasiado frecuente
en nuestras escuelas. Cada vez se hace más evidente que los planes de
intervención y prevención ante la violencia de género, violencia
doméstica, abusos infantiles, maltrato a personas mayores, etc., son
abordados por distintos profesionales que se beneficiarían de un
currículo escolar mejorado. Introduciendo la protección de los animales
en la currícula escolar, se contribuye a que los estudiantes adquieran
habilidades sociales como la empatía, comprensión, expresión de la
afectividad y control de la agresividad, aprendan resolución de
conflictos sin violencia, autocontrol de la impulsividad y alternativas a
la agresividad. Educando en sensibilidad y empatía hacia los animales, se
logra que estas cualidades se transmitan a los compañeros y por tanto que
se reduzcan o desaparezcan estos problemas de agresividad y agitación en
el aula. Así, del mismo modo que las conductas agresivas contra los
animales son un factor predictivo de la violencia hacia las personas, un
aprendizaje en el respeto a los animales ayuda a prevenir una actitud
agresiva hacia los otros en el aula y por extensión en los demás
espacios.
En todos estos casos, la aplicación de los programas educativos inclusivos
en el respeto por los seres sintientes, es la herramienta básica para el
aprendizaje de las habilidades que componen la inteligencia emocional,
con el fin de eliminar el coste social, personal y económico que generan
las creencias, actitudes y conductas carentes de dicha inteligencia. Se
pueden aportar numerosos estudios y datos respecto a que la modificación
del curriculum escolar, teniendo en cuenta valores como la solidaridad y
la igualdad, fomentando habilidades sociales como la empatía, y
trabajando la inteligencia emocional de cara a colectivos victimizables
como animales, mujeres, niños, personas con discapacidad o ancianos,
repercute en la disminución de porcentajes y cifras respecto a violencia
interpersonal en humanos y costos destinados a protección de las
personas.
Muchas son las iniciativas que empiezan a surgir en España relacionadas
con la educación en el respeto a los animares, pero la mayoría son
aplicaciones puntuales y resultan incompletas al no estar dotadas de
continuidad por falta de recursos, al menos que sean incluidas en el
currículo de la enseñanza obligatoria.
Por todo lo expuesto, y una vez constatados los beneficios sociales que
representa relacionar los beneficios de la convivencia y relación
temprana con animales con el desarrollo de conductas prosociales, se
propone la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las
administraciones autonómicas, a establecer los mecanismos necesarios para
que, en la próxima modificación legislativa curricular que se lleve a
cabo, se introduzca la empatía hacia los animales en el currículum
escolar para prevenir, evitar e intervenir en conductas violentas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Txema
Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/004081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a la tabla
reivindicativa de mejora de las condiciones laborales del personal de
marinería dedicado a la pesca, para su debate en la Comisión de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La profesión de marinero/a es particularmente sufrida y está sometida a
duras condiciones en su ejercicio, y durante muchos años, quienes la han
desempeñado han sabido combinar el duro ejercicio profesional con el
respeto a las condiciones económicas en las que se ha venido
desenvolviendo el sector, debido tanto a la endémica crisis del mismo
como a la repercusión que la crisis económica ha producido en las ventas.
Hoy día deben exigirse otras formas de abordar las relaciones laborales y
mejorar las existentes con el fin de que todos los agentes sociales
implicados obtengan un mayor beneficio y una mejor protección social, y
es necesario contemplar una actitud de respeto hacia los derechos
laborales más elementales.
En los últimos tiempos se ha producido una disminución de los salarios y
un deterioro del modelo de protección social, y no se han aplicado
medidas que mejoren la vida laboral de quienes trabajan en el mar.
Además, de conseguir sus mejoras estos trabajadores y trabajadoras, la
población se verá igualmente beneficiada, habida cuenta de que hoy por
hoy la pesca sigue siendo la mayor fuente estable de riqueza durante todo
el año para el conjunto de la población de los municipios pesqueros.
La principal reivindicación de los trabajadores y trabajadoras del mar se
concreta en la necesidad de contar con una nómina o recibo de salarios,
equiparándose a los trabajadores y trabajadoras del Régimen General de la
Seguridad Social, para garantizar una mejor protección social y unas
futuras pensiones dignas para el colectivo.
En segundo lugar, debe considerarse también que el modelo de pesca
tradicionalmente existente ha variado en los últimos años al imponerse un
sistema de cuotas de captura en los caladeros estatales que limita los
ingresos del personal de marinería. Y no sólo eso, sino que las ayudas
públicas que se establecen cuando las paradas se hacen obligatorias para
regenerar los caladeros hoy en día están siendo sufragadas por éstos con
su propio desempleo, lo que reduce su protección social.
Por esta razón, el personal de marinería que se dedica a la pesca también
reclama que las ayudas públicas que se les entregan cuando se realizan
paradas biológicas o programadas sean costeadas con fondos públicos y no
a costa de sus derechos de protección por desempleo, situaciones que se
vuelven especialmente dramáticas para aquellas familias que ni siquiera
alcanzan los suficientes periodos cotizados.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas oportunas para poner en marcha la existencia
obligatoria de recibos de salarios o nóminas para los trabajadores y
trabajadoras del mar, equiparándose a cualquier otro trabajador/a del
Régimen General de la Seguridad Social, así como para definir bases de
cotización suficientes para garantizar una adecuada protección social del
personal de marinería que se dedica a la pesca.
2. Tomar las medidas precisas, con el concurso de las administraciones
públicas competentes, para que las ayudas públicas que perciban los y las
trabajadoras del mar por las paradas biológicas o programadas sean
financiadas con fondos públicos y no a costa de los derechos de
protección por desempleo.
3. Dar traslado de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 anteriores a la
Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea.
4. Convocar al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a la
Secretaría de Estado de la Seguridad social, al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, al Instituto Social de la Marina, a la Tesorería
General de la Seguridad Social, al Ministerio de Fomento, al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Federación Nacional de
Cofradías de Pescadores y a las organizaciones empresariales y sindicales
del sector para establecer un espacio de trabajo conjunto que aborde los
retos del sector y los cambios normativos pertinentes para lograr lo
dispuesto en los apartados 1 y 2 anteriores."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2018.-Eva García
Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su
Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del
Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
relativa a la modificación la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Exposición de motivos
La regulación de la jubilación parcial ha sufrido una evolución
progresivamente restrictiva, con la aprobación de diferentes normativas
que fueron endureciendo las condiciones de acceso a la misma.
La primera vez que se regula la compatibilidad entre contrato y jubilación
es en 1984, cuando existía una necesidad de luchar contra el paro
juvenil, un objetivo que casual y desgraciadamente sigue en plena
actualidad. Y tras ésta se aprobaron seis modificaciones del régimen
jurídico aplicable al proceso de jubilación parcial.
Con la reforma del Real Decreto Ley 15/1998, de 27 de noviembre, de
Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo en relación con el
trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad, para intentar
potenciar el uso de la fórmula de la jubilación parcial anticipada, se
revisa principalmente el régimen jurídico de la contratación de relevo.
En él se establece el derecho a la jubilación anticipada parcial, con
hasta cinco años de antelación a la edad ordinaria de jubilación, con el
objetivo de posibilitar una jubilación flexible, menos traumática y al
mismo tiempo generar nuevas contrataciones y la renovación de las
plantillas de las empresas.
Sin embargo, las posteriores modificaciones reglamentarias a esta
normativa fueron endureciendo las condiciones de acceso a la jubilación
anticipada parcial. Así, el alcance de las dos últimas reformas trastocó
por completo el objetivo inicial de la instauración de la jubilación
parcial, ya que pasó de ser una medida para el fomento del empleo a ser
una vía de ahorro del Sistema.
Así, en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,se
consolidan medidas que modifican, a peor, las condiciones de acceso a la
jubilación parcial. Y a pesar de que en su Disposición Transitoria Cuarta
se establece el mantenimiento de las condiciones de acceso a la
jubilación vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1
de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la
Seguridad Social, para los trabajadores despedidos por expedientes de
regulación de empleo aprobados antes del 1 de abril de 2013, establece
como límite el 1 de enero de 2019 para mantenerlas.
Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea consideramos que limitar la aplicación de este régimen transitorio
a los supuestos en que la pensión de jubilación se cause antes del 1 de
enero 2019 supone una restricción de la aplicación de ese régimen
transitorio totalmente injustificada, que va a dificultar el acceso de
los trabajadores jóvenes al mercado de trabajo, lo que incidirá en los ya
elevados índices de temporalidad que caracterizan nuestro mercado
laboral.
Además, con esta modificación se merman, de nuevo, los derechos de estas
personas trabajadoras, de manera retroactiva y discriminatoria, generando
indefensión. De manera retroactiva, porque no se respetan las
condiciones, ni temporales ni económicas, para el acceso a su jubilación
vigentes en el momento en que estos trabajadores fueron despedidos por un
expediente de regulación de empleo aprobado antes del 1 de abril de 2013.
De manera discriminatoria, porque la limitación del 1 de enero de 2019 se
aplica exclusivamente por razones de edad (haber nacido en 1958 o
después) y, por otra parte, porque motivos presupuestarios no son válidos
en absoluto para incluir a los expedientes de regulación de empleo
(Iberia, Bankia, Santander, Renault, etc.) aprobados en el primer
trimestre de 2013 entre los que mantienen las condiciones de acceso a la
jubilación vigentes antes del RDL 8/2015, a costa de reducir los derechos
de los trabajadores que se jubilen a partir del 1 de enero de 2019.
Generando indefensión, porque estos trabajadores se encuentran ante la
imposibilidad de llevar a cabo estrategias para mejorar su jubilación.
Con una edad cercana a la jubilación es muy difícil que puedan
incorporarse de nuevo al mercado laboral y, si lo consiguen, han de estar
dispuestos a cambiar la modalidad de su futura jubilación de "forzosa" a
"voluntaria", con condiciones de acceso y factores reductores de la
prestación bastante peores.
Sorprendentemente, no tiene ningún efecto la duración de la carrera de
cotización de los trabajadores afectados por esta limitación temporal del
1 de enero de 2019 para acceder a su jubilación, ya que se aplica
considerando exclusivamente la edad del trabajador (haber nacido en 1958
o después). Este hecho es contrario a uno de los objetivos de las
reformas contempladas en la Ley 27/2011, que establece que "es necesario
reforzar la contributividad del sistema estableciendo una relación más
adecuada entre el esfuerzo realizado en cotizaciones a lo largo de la
vida laboral y las prestaciones contributivas a percibir".
De hecho, la eliminación de esta limitación temporal reportará beneficios
tanto para las empresas, ya que procederá a rejuvenecer sus plantillas,
como para la seguridad social, ya que es alto el número de incapacidades
temporales que se producen a esas edades y que no son cubiertas debido a
las políticas de contención de gasto impuestas e impulsadas por los
anteriores Gobiernos del Partido Popular.
Además, carece de sentido establecer un límite temporal para la aplicación
de la regulación jurídica de acceso a la jubilación contemplada en la Ley
27/2011 para los trabajadores despedidos involuntariamente por
expedientes de regulación de empleo aprobados antes del 1 de abril de
2013, argumentando que no se debe mantener eternamente dicha regulación
jurídica, puesto que dichos trabajadores, más tarde o más temprano, por
pura evolución natural, se jubilarán en su totalidad, si no fallecen
antes.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el punto 5 de
la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, eliminando la limitación temporal de 1 de enero
de 2019 para el acceso a la jubilación anticipada, y hacer extensivo
dicho régimen transitorio a todas las pensiones de jubilación, cualquiera
que sea la fecha en la que se causen, siempre y cuando concurran los
requisitos contenidos en la misma.
De esta forma, se le da una nueva redacción al punto 5 del RDL 8/2015, de
30 de octubre, quedando redactada como sigue:
"5. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus
diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de
determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de
la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización adecuación y
modernización del sistema de la Seguridad Social, en los siguientes
supuestos:
a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de
abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a
quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad
Social.
b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como
consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de
empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos
colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos
concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de
abril de 2013.
c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con
anterioridad a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas
antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en
convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa
con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya
producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013.
En aquellos supuestos a que se refieren los apartados b) y c) en que la
aplicación de la legislación anterior tenga su origen en decisiones
adoptadas o en planes de jubilación parcial incluidos en acuerdos
colectivos de empresa, será condición indispensable que los indicados
acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en
el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de
la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine.""
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Yolanda
Díaz Pérez, Diputada.- Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado
Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley relativa a la constitución de la Comisión mixta para la gestión
de la finca de "Bombita" del municipio de Deltebre, para su debate en la
Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
En fecha 12 de junio del 2009, el Consejo de Ministros autorizó la
declaración de utilidad pública y la adquisición de la finca "Bombita"
del municipio de Deltebre para incorporarla al dominio público
marítimo-terrestre, con el objetivo de transformarla en un espacio
natural sostenible incorporando las infraestructuras necesarias para el
disfrute de los visitantes.
El 14 de noviembre del 2011, la Secretaría de Estado del Cambio Climático
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, presidida
por Teresa Ribera Rodríguez, comunicaba mediante resolución, constituir
formalmente una Comisión para la gestión de la finca. Dicha comisión
estaría integrada por las diferentes administraciones afectadas, entre
las que estaba el Ayuntamiento de Deltebre. Además la Vicepresidencia
sería ocupada por un representante de la Generalitat de Catalunya, con
rango mínimo de Director General.
La Comisión de gestión debía analizar y aprobar todas las actuaciones y
proyectos para cumplir así los objetivos propuestos para su reconversión
en un espacio natural sostenible. Esta Comisión se tenía que reunir, al
menos, con carácter semestral, o a solicitud de dos tercios de sus
miembros; y para la realización de sus funciones contaría con el
asesoramiento de un Grupo de Trabajo con carácter consultivo en el que
estarían representadas administraciones y entidades tales como la
Societat de Caçadors "Sant Miguel de la Cava", la Cofraria de Pescadors
Sant Pere, la Comunitat de Regants, l'IRTA o SEO/Birdlife.
La Constitución del Grupo de Trabajo se debía realizar en función de las
actuaciones y proyectos propuestos por la Comisión de Gestión y se
reuniría, al menos dos veces al año, una al comienzo del ejercicio para
el análisis y asesoramiento sobre las actuaciones que se desarrollarían a
lo largo del mismo, y otra en los últimos meses del año para hacer
balance de las actuaciones llevadas a cabo.
Transcurridos ocho años desde la publicación de la resolución la
constitución de la Comisión de Gestión de la finca "Bombita" todavía no
se ha producido, imposibilitando el poder desarrollar una gestión
turística y medioambiental adecuada de la finca para hacer de este
espacio una oportunidad de futuro de gran importancia para el municipio,
además de evitar afectaciones negativas diversas, como pueden ser las
plagas del barrenador para el cultivo del arroz o de los mosquitos para
los habitantes y visitantes del municipio.
Por todo lo manifestado, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Constituir de manera inmediata la Comisión mixta para la gestión de la
finca "Bombita" del municipio de Deltebre, en cumplimiento del acuerdo
asumido por la Secretaría de Estado de Cambio Climático el 14 de
noviembre de 2011."
Palacio del Congreso de tos Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Jordi
Salvador i Duch, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación relativa a la reforma del sistema
excepcional para métodos de fumigación aérea con fitosanitarios.
Exposición de motivos
Según recoge la "Directiva Europea 2009/128 del Parlamento Europeo y el
Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de
actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los
plaguicidas", la aplicación aérea de plaguicidas puede causar efectos
negativos significativos en la salud humana y el medio ambiente. Por
ello, el texto indica que esta pulverización "debe prohibirse" de forma
general, acotando la posibilidad de utilizarse en casos de especial
necesidad.
España incorporó la norma en 2012, mediante el Real Decreto 1311/2012, de
14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, que en su
artículo 27 establece inicialmente que "Se prohíben las aplicaciones
aéreas de productos fitosanitarios", para posteriormente, abrir la puerta
a que pudieran autorizarse "en casos especiales", tanto para plagas
declaradas de utilidad pública, como para el control de plagas con base
en razones de emergencia, siempre y cuando no haya "alternativa técnica y
económicamente viable". Estas "autorizaciones excepcionales" solicitadas
por las Comunidades Autónomas, son las que la Dirección General de
Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha estado firmando habitualmente.
El artículo 29 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, establece
que la solicitud de autorización se presentará ante el órgano competente
de la Comunidad Autónoma acompañada de un "Plan de aplicación" que debe
ser también autorizado. Pero a pesar de todas las precauciones, el
artículo 29 termina diciendo que, transcurridos seis meses desde la
solicitud, el silencio se entenderá positivo.
En el proceso interviene también el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria, que es la que de acuerdo con el artículo 28.3 debe aprobar los
tratamientos con los productos fitosanitarios autorizados para el cultivo
y la plaga de que se trate. Además, la norma indica que esta autorización
se concede previa evaluación específica de los riesgos que supone esta
aplicación.
La realidad nos muestra que a pesar de las cautelas de la Directiva y del
Real Decreto, España autoriza de forma sistemática un 'método de
fumigación prohibido de manera general por la legislación europea y
española. Esto es, rociar los bosques con insecticida desde una aeronave.
Así en los últimos años se autorizaron fumigaciones aéreas en 86 términos
municipales, y casi 40.000 hectáreas de pinares de Andalucía, Baleares,
Extremadura, País Vasco, Madrid y Murcia, cuyas administraciones
autonómicas solicitaron y obtuvieron el permiso para realizar
tratamientos aéreos con productos fitosanitarios a base de Diflubenzurón
1,5 %, con la intención de combatir las orugas de procesionaria
(Traumutocampa
pityocompa). Se adujo "urgencia" por aplicar este método y la
"inviabilidad de tratamientos terrestres". Lo que se hizo desde el
Ministerio fue resolver de manera favorable a través de una resolución
genérica de fecha 21 de julio de 2014, a todas las solicitudes sobre el
mismo asunto planteadas por las Comunidades Autónomas de Baleares y
Andalucía. La resolución establecía como fecha tope para los tratamientos
el 17 de noviembre. Sobre esta base, el resto de las Comunidades
Autónomas se adhirieron a esta resolución que Agricultura iba modificando
siempre con la leyenda de que la fumigación aérea era "urgente". En
algunos casos se llegó al caso de que la Comunidad Autónoma avisaba a los
municipios afectados por la fumigación incluso antes de haber tramitado
la solicitud dando por hecho el permiso.
Detrás de esta práctica está la asociación de empresas de trabajos aéreos
que se quejó de la burocracia y la lentitud del procedimiento de
aplicación de los tratamientos aéreos.
La realidad es que las administraciones han asignado una buena cantidad de
dinero público a contratar empresas para estas labores. Solo por poner un
ejemplo. En el operativo autorizado en las Islas Baleares, el Gobierno
adjudicó a la empresa pública TRAGSA que, a su vez, adjudicó un contrato
de 1,2 millones de euros a Kenogard, la única distribuidora del
insecticida indicado. Además, para los vuelos, recurrió a otra
contratista a la que pagó otros 120.000 euros, y los tratamientos se
completaron con la utilización de un helicóptero que costó 180.000 euros.
En este momento, es el País Vasco quien se encuentra ante el dilema.
Euskadi cuenta con una superficie arbolada que comprende el 54 % del
territorio, 397.223 hectáreas, uno de las ratios más altas de los países
de la Unión Europea. El pino radiata supone la parte más importante de
estas plantaciones con unas 130.000 hectáreas en total, la mayoría de
propietarios particulares. El sector forestal y de la madera representa
el 1,5 % del PIB vasco, y emplea alrededor de 21.000 personas. Sin
embargo, el modelo forestal implantado y promovido desde el gobierno
autonómico se basa en plantaciones de una sola especie de pino, lo que a
la larga se traduce en una alta vulnerabilidad ambiental de nuestras
masas arbóreas.
El 9 de agosto de 2018 la Diputación Foral de Gipuzkoa comunicó
oficialmente al Ayuntamiento de Zarautz que se iba a proceder a continuar
con la campaña de tratamiento de la procesionaria en 1.354 has en los
municipios de Aia, Antzuola, Bergara, Deba, Éibar, Elgoibar, Eskoriatza,
Getaria, Idiazabal, Lazkao, Legazpi, Mendaro, Mutiloa, Mutriku, Orio,
Soraluze, Usurbil y Zarautz. Según la comunicación oficial, el
tratamiento se haría con un formulado a base de Bacillus thuringensis van
kurstaki y su aplicación se realizó a finales del mes de septiembre.
Sin embargo, hay otra situación mucho más grave provocada por la plaga de
los hongos Mycosphaerella deamessii y Mycosphaerella pini que llevan a la
muerte de los pinos al perder totalmente su hoja, perdiendo por lo tanto
su capacidad fotosintética. La enfermedad se conoce como "banda marrón" y
"banda roja", por la tonalidad que adoptan los árboles infectados.
Los hongos que provocan la enfermedad llevan en Euskadi más de cuarenta
años; sin embargo, y a causa de las óptimas condiciones ambientales de
alta humedad y suaves temperaturas, unidas a la vulnerabilidad de las
plantaciones forestales ya mencionada, se ha visto favorecido su
desarrollo. El Gobierno vasco acaba de reconocer que uno de cada tres
pinos está afectado por el mal y, por lo tanto, va a ser precisa su tala
para tratar de contener su propagación, lo que está provocando cierta
alarma en el sector por las pérdidas económicas que conlleva la drástica
medida. Ante este panorama los propietarios están desplazando las nuevas
plantaciones hacia el eucalipto, lo que provocará otros problemas
ambientales ya conocidos en otras comunidades del cantábrico como Galicia
o Asturias.
De nuevo, la solución planteada para combatir la plaga, pasa por la
fumigación aérea con óxido de cobre de los municipios donde se encuentran
las 40.914 has identificadas como enfermas. El Gobierno vasco y las
Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa ya han cursado una solicitud al
Ministerio de Agricultura para llevar a cabo estas tareas. El óxido de
cobre es un compuesto de uso habitual en agricultura, e incluso está
autorizado como fungicida en fruticultura ecológica. Pero al mismo
tiempo, como sustancia química está identificada como biocida de espectro
general, usada principalmente como conservante de la madera. De acuerdo
con el Reglamento REACH (UE) 2015/830, esta sustancia es tóxica para los
organismos acuáticos y supone un "peligro agudo y crónico" para el medio
ambiente, en especial para el medio acuático. Además, se aconseja que se
"evite su liberación al medio ambiente" y en caso de vertido, se
recomienda "mantenerla alejada de aguas superficiales y subterráneas y
retener y eliminar el agua de lavado contaminada".
Una vez más, en este caso, la excepción se ha convertido en norma, y tal y
como se refleja en la respuesta dirigida por el Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco al
Diputado José Ramón Becerra, el día 29 de noviembre de 2018, el Gobierno
vasco tramitó la
solicitud ante el Ministerio, sin haber elaborado el Plan de Aplicación
previsto en el Real Decreto 1311/2012, y sin disponer de los informes de
impacto ambiental y sobre salud necesarios.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Hacer una revisión y modificación del Capítulo VI del RD 1311/2012, de
14 de septiembre, referido a la "aplicación aérea de productos
fitosanitarios", así como el Anexo VI que se refiere a "las condiciones
generales para la realización de las aplicaciones aéreas", de manera que
se fortalezcan las medidas de evaluación y control previas a los
tratamientos autorizados, así como las medidas de bioseguridad que deben
ejecutarse, garantizando siempre el criterio científico en cada caso, y
con la posibilidad de audiencia pública a diversos colectivos y
organizaciones afectadas.
2. Modificar el artículo 27.1 del RD 1311/2012 para que declare
expresamente que al amparo del segundo párrafo del art. 24.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el silencio administrativo en el caso de las
solicitudes de autorización de tratamientos aéreos se entienda
desestimatorio en tanto implican el ejercicio de actividades que puedan
dañar el medio ambiente, tal como permite la Directiva de Servicios de la
UE y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio.
3. Modificar el Capítulo VI del RD 1311/2012 para que las autorizaciones
para tratamientos aéreos con productos fitosanitarios, siempre y en todos
los casos sean únicas para cada uno de los expedientes, no pudiéndose
dictar autorizaciones globales o generales para un tratamiento en
diversos territorios indistintamente, siendo que las características
ambientales de cada uno son diferentes.
4. Establecer y aplicar un protocolo exhaustivo para valorar tanto la
efectividad de los tratamientos fitosanitarios aéreos con oxido de cobre
que se están solicitando para los pinares del País Vasco, como los
impactos ambientales y sobre la salud de dichos tratamientos, en el que
se contemple las medidas de seguridad y control adecuados en caso de
aplicación, incluyendo el respeto a la banda de 25 metros respecto a los
puntos y masas de agua susceptibles de contaminación y la banda de 50
metros respecto a los puntos de extracción del agua para consumo humano.
5. Dotar financieramente a los centros de investigación de referencia en
materia forestal para la búsqueda de tratamientos alternativos, para
frenar el avance de la plaga de la "banda marrón" y la "banda roja"."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-María Rosa
Martínez Rodríguez y Nayua Miriam Alba Goveli, Diputadas.-Txema Guijarro
García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/004088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento del
carácter plurilingüe del Estado para su debate en la Comisión de Política
Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
1. La Constitución en su artículo 3 regula la oficialidad de las lenguas
que se hablan en España, así establece en el apartado 1 que "el
castellano es la lengua oficial del Estado", de forma que "todos los
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla", en el
apartado 2 que "las demás lenguas españolas serán también oficiales en
las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus
Estatutos", y en el apartado 3 que "la riqueza de las distintas
modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será
objeto de especial respeto y protección".
Los Estatutos de Autonomía de Catalunya, del País Vasco, el Estatuto Foral
de Navarra, de Galicia, de la Comunidad Valenciana y de las Illes Balears
han establecido expresamente, y en términos similares en todos ellos, la
lengua oficial propia para su Comunidad Autónoma. Sin embargo, en ninguno
de los Estatutos de Autonomía del País Vasco, Estatuto Foral de Navarra,
Galicia, Comunidad Valenciana e Illes Balears se regulan, como se hace en
el Estatuto de Autonomía de Catalunya, los derechos y deberes
lingüísticos de sus ciudadanos y ciudadanas.
Así el Estatuto de Autonomía de Catalunya, aprobado por Ley Orgánica
6/2006, de 19 de julio, dedica su artículo 6 a regular la lengua propia y
las lenguas oficiales y su artículo 33 a los derechos lingüísticos de los
ciudadanos y ciudadanas ante las Administraciones Públicas y las
institucionales estatales, y entre ellos los órganos jurisdiccionales. Se
establece que la lengua propia y oficial es el catalán, que el castellano
también es lengua oficial, que todas las "personas tienen derecho a
utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el
derecho y el deber de conocerlas", que "los poderes públicos de Cataluña
deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de
estos derechos y el cumplimiento de este deber" y que "de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de
una u otra lengua".
El Tribunal Constitucional se pronunció expresamente sobre algunos
aspectos de este artículo en SU sentencia 31/2010, de 28 de junio de
2010, dictada en el Recurso de inconstitucionalidad 8045-2006.
De forma específica, el Estatuto de Autonomía de Catalunya en el artículo
33, sobre "derechos lingüísticos ante las Administraciones públicas y las
instituciones estatales", establece, en el apartado 1 que "los ciudadanos
tienen el derecho de opción lingüística", en el apartado 2 que "todas las
personas, en las relaciones con la Administración de Justicia, el
Ministerio Fiscal, el notariado y los registros públicos, tienen derecho
a utilizar la lengua oficial que elijan", en el apartado 3 que "para
garantizar el derecho de opción lingüística, los Jueces y los
Magistrados, los Fiscales, los notarios, los registradores de la
propiedad y mercantiles, los encargados del Registro Civil y el personal
al servicio de la Administración de Justicia, para prestar sus servicios
en Cataluña, deben acreditar, en la forma establecida en las leyes, que
tienen un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas
oficiales", en el apartado 4 que "para garantizar el derecho de opción
lingüística, la Administración del Estado situada en Cataluña debe
acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel de conocimiento
adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales", y, finalmente, en el
apartado 5 que "los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho a
relacionarse por escrito en catalán con los órganos constitucionales y
con los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal, de acuerdo con el
procedimiento establecido por la legislación correspondiente. Estas
instituciones deben atender y deben tramitar los escritos presentados en
catalán que tendrán, en todo caso, plena eficacia jurídica".
El Tribunal Constitucional se pronunció expresamente sobre el apartado 5
del artículo 33 en su sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, dictada
en el Recurso de inconstitucionalidad 8045-2006.
2. El Tribunal Constitucional en su sentencia 31/2010, de 28 de junio de
2010, dictada en el Recurso de inconstitucionalidad 8045-2006, se ha
pronunciado sobre la regulación estatutaria de la lengua oficial propia y
de sus consecuencias, sobre el deber de su conocimiento y sobre los
derechos y deberes lingüísticos de los ciudadanos y las ciudadanas, y
aunque lo ha hecho sobre la regulación contenida en el Estatuto de
Autonomía de Catalunya, sus consideraciones son igualmente aplicables a
las regulaciones de los Estatutos de Autonomía del País Vasco, Estatuto
Foral de Navarra, Galicia, Comunidad Valenciana y Illes Balears.
El deber de conocimiento de la lengua propia y oficial de la Comunidad
Autónoma para sus ciudadanos y ciudadanas, regulado en un Estatuto de
Autonomía es "concebido como un deber de naturaleza distinta al que sólo
cabe predicar del castellano, esto es, como un deber que no es
jurídicamente exigible con carácter generalizado, el deber de
conocimiento del catalán tiene un objeto propio que lo justifica como
mandato y que permite interpretarlo conforme a la Constitución", de forma
que "si el concreto régimen jurídico de ese deber individualizado y
exigible es o no conforme con la Constitución habrá de verse en el
momento de examinar la constitucionalidad de dichos preceptos, también
objeto del presente recurso".
Por lo que se refiere a la regulación estatutaria de los derechos y
deberes lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, el Tribunal
Constitucional, en la misma sentencia, comienza afirmando que de acuerdo
con el "art. 3.2 CE que la cooficialidad de otras lenguas españolas "lo
es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio
autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la
Administración central y de otras instituciones estatales en sentido
estricto"", de forma que, continúa el Tribunal Constitucional, "de la
declaración de cooficialidad se sigue, por imperativo constitucional y
sin
necesidad de intermediación normativa alguna, su condición de lengua
oficial para todos los poderes públicos radicados en Cataluña, sean
estatales, autonómicos o locales, asistiendo a los ciudadanos el derecho
de usar ambas lenguas en sus relaciones con tales instituciones públicas
(SSTC 134/1997, de 17 de julio, FJ 2; y 253/2005, de 11 de octubre, FJ
10)".
Cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre los derechos y
deberes lingüísticos de los ciudadanos y las ciudadanas de Catalunya y
sobre las obligaciones de los poderes públicos del Estado lo hace en los
siguientes términos: "Con todo, como quiera que en el caso del apartado 3
se trata de una exigencia para cuya articulación el Estatuto se remite a
"la forma establecida en las leyes", y siendo obvio que éstas sólo pueden
ser leyes estatales en virtud de las reservas establecidas en los arts.
122.1, 124.3 y 149.1.5, 8 y 18 CE, se colige sin dificultad que estos
apartados del art. 33 EAC son apenas un trasunto del apartado que les
precede, esto es, mera formalización de una consecuencia inherente a la
declaración de cooficialidad contenida en el art. 6.2 EAC: el derecho de
opción lingüística (art. 33.1 EAC), derivado del derecho de las personas
a no sufrir discriminación por razones lingüísticas (art. 32 EAC), que,
para su ejercicio ante las instituciones públicas cuya disciplina
corresponde al Estado, requiere la intervención, inexcusable y
excluyente, del legislador estatal. En particular, y por lo que hace a
Jueces y Magistrados, del legislador orgánico del Poder Judicial".
En definitiva, deberá ser el legislador estatal el que determine el
contenido de los derechos y deberes de los ciudadanos y las ciudadanas de
cada Comunidad Autónoma en el uso de su lengua oficial propia en sus
relaciones con los órganos administrativos y jurisdiccionales, y lo
deberá hacer a través de una ley orgánica, sin perjuicio del control de
constitucionalidad que deberá, en su caso, producirse sobre el contenido
de las leyes pertinentes adoptadas por el legislador estatal.
3. La Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias del Consejo
de Europa, ratificada por España el 2 de febrero de 2001 a través del
Instrumento de ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales
o Minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992, y
publicado en el BOE 15 de setiembre de 2001, constituye una regulación
legal que debe ser necesariamente tenida en cuenta.
Esta Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias del Consejo de
Europa es derecho interno español de conformidad con el artículo 95 de la
CE y debe servir también como instrumento de interpretación de acuerdo
con el artículo 10 apartado 2 de la CE.
El Reino de España ratificó en 2001 este tratado internacional promovido
por el Consejo de Europa y para las lenguas cooficiales se comprometió a
aplicarlo en su versión más ambiciosa. El propio artículo 10 obliga a las
autoridades a usar las lenguas regionales o minoritarias "en las
circunscripciones de las autoridades administrativas del Estado en que
reside un nombre de hablantes de lenguas regionales o minoritarias que
justifique".
Sin embargo, el reporte de evaluación del cumplimiento de la Carta Europea
de las Lenguas Regionales o Minoritarias por parte de España
correspondiente al periodo 2013-2015 elaborado por el Comité de Expertos
establece en su punto 223 que el Reino de España solo ha cumplido
parcialmente su compromiso de poner al alcance de la población
formularios y textos administrativos en las lenguas cooficiales del
Estado y que la proporción es todavía inadecuada.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno a:
1.1. Impulsar los cambios normativos necesarios para garantizar, de forma
efectiva, el uso de las lenguas cooficiales (catalá, euskara y galego)
por parte de los ciudadanos y ciudadanas, en todos los ámbitos
administrativos y judiciales en la comunidad autónoma, y en las
relaciones con la Administración General del Estado y sus instituciones
del Estado fuera de la Comunidad Autónoma; y, en definitiva, reconocer y
otorgar al catalán, al vasco y al gallego, a todos los efectos, el
carácter de lenguas oficiales del Estado y no solamente de las CCAA dónde
son lenguas oficiales.
1.2. Adoptar medidas de impulso del uso de las lenguas cooficiales en los
medios de comunicación estatales y aumentar la producción propia en los
centros de Catalunya, Euskadi y Galicia.
1.3. Fomentar el estudio de las lenguas cooficiales del Estado en todas
las enseñanzas del sistema educativo español e incorporar en los planes
de estudio los contenidos pertinentes con el objetivo que los alumnos y
alumnas de toda la enseñanza obligatoria conozcan la realidad plurilingüe
de España.
1.4. Cumplir con lo establecido en la Carta Europea de Lenguas
Minoritarias que España ratificó en 2001 asegurando la mayor protección
posible para el gallego, catalán y euskera, comprometiéndose a
"cumplirla, observarla y hacer que se cumpla y observe puntualmente en
todas sus partes".
1.5. Reconocer la condición de lengua oficial del occitano, llamado aranés
en la Val d'Aran, y tomar las medidas pertinentes para su preservación y
normalización, entre ellas la necesidad que sea lengua de uso preferente
en las administraciones aranesas.
2. Se compromete a impulsar la adopción de un acuerdo sobre plurilingüismo
en los aspectos simbólicos que regule el uso de las lenguas cooficiales
del Estado en el Congreso de los Diputados y en el Senado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Josep
Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Transición Ecológica
161/002919
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
Solicitud de que su Proposición no de Ley relativa a la inclusión del
Caballo de la Montaña Asturiana en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado
de España, sea tramitada en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar la iniciativa a la Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación, comunicando este acuerdo a la
Comisión de Transición Ecológica, al Gobierno y al Grupo Parlamentario
autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de
los Diputados", serie D, núm. 301, de 20 de febrero de 2018.
161/003287
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
Solicitud de que su Proposición no de Ley relativa al riesgo de entrada de
Peste Porcina Africana (PPA) por la importación de jabalíes de Hungría
para cacerías, sea tramitada en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar la iniciativa a la Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación, comunicando este acuerdo a la
Comisión de Transición Ecológica, al Gobierno y al Grupo Parlamentario
autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de
los Diputados", serie D, núm. 361, de 4 de junio de 2018.
161/003361
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre la representatividad
democrática en el campo, sea tramitada en la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar la iniciativa a la Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación, comunicando este acuerdo a la
Comisión de Transición Ecológica, al Gobierno y al Grupo Parlamentario
autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de
los Diputados", serie D, núm. 377, de 26 de junio de 2018.
161/003395
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre la protección adecuada y
la mejora en el etiquetado del azafrán con Denominación de Origen
Protegida (DOP), Azafrán de La Mancha, así como el producido en otras
regiones, sea tramitada en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar la iniciativa a la Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación, comunicando este acuerdo a la
Comisión de Transición Ecológica, al Gobierno y al Grupo Parlamentario
autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de
los Diputados", serie D, núm. 382, de 3 de julio de 2018.
161/004080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley por la mejora de situación energética en
la provincia de Toledo, para su debate en la Comisión de Transición
Ecológica.
Exposición de motivos
Desde el inicio de la crisis de los últimos años, el deterioro de la
situación económica ha acercado a miles de hogares españoles a
situaciones de exclusión social y pobreza energética. Este deterioro
económico, especialmente profundo en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha, ha gestado una situación en la que miles de personas en situación
de vulnerabilidad padecen riesgo de cortes de suministro.
La pobreza energética es, desafortunadamente, una realidad que hasta 2014
afectaba al 35 % de los hogares de Castilla-La Mancha. Según el Instituto
Nacional de Estadística, durante esta legislatura el Gobierno de esta
Comunidad Autónoma ha logrado reducir a la mitad la tasa de pobreza
severa -de 8,5 % en 2015 a 4,4 % en 2017- dejándola por debajo de la
media nacional. Sin embargo el riesgo de exclusión social sigue siendo un
problema crucial para toda la comunidad autónoma.
Un reciente estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), sobre
pobreza energética en España muestra que el 11 % de los hogares no son
capaces de mantener la vivienda a una temperatura adecuada en los meses
más fríos del año y el 8 % de las familias tiene retrasos en el pago de
las facturas de la vivienda. Entendiendo que alrededor de 56.000 familias
castellano-manchegas se ven en graves dificultades para satisfacer sus
demandas básicas en cuanto a consumo de energía mínimos, como el de
mantener temperaturas adecuadas para la salud, es innegable que es
necesario un plan de apoyo que extienda el actual Plan de Garantías
Ciudadanas.
El Plan de Garantías Ciudadanas del Gobierno de Castilla-La Mancha tiene
un registro de alcance de unas 14.000 personas y es solamente una de las
acciones necesarias para evitar que miles de personas tengan carencias
eléctricas, sobre todo en los meses de invierno. Los trescientos euros
anuales que recoge este Plan de rescate a las familias son fundamentales
para una gran cantidad de familias toledanas y manchegas en riesgo de
exclusión. Si bien las 4.073 ayudas económicas tramitadas han supuesto,
las ayuda a 1.430 familias en Albacete, 874 en Ciudad Real, 527 en
Cuenca, 447 en Guadalajara y 795 en Toledo, es tangible la necesidad de
asignar un presupuesto que extienda este proyecto para cubrir a todas las
familias en riesgo. Dada la extensión del fenómeno, es necesario extender
este plan para garantizar el suministro energético a todas las familias
con necesidades en toda la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Tanto la definición de personas vulnerables, como los criterios de acceso
al Bono Social están regulados de forma insuficiente en el artículo 45 de
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y en el Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre. Contando con que en Castilla-La Mancha el porcentaje de
población en riesgo de pobreza energética en la actualidad ronda el 30 %,
resulta imprescindible proteger y garantizar la defensa de las personas
usuarias con mayor vulnerabilidad.
Conforme a la regulación establecida en la reforma del Bono Social
Eléctrico de 2017, fruto de un acuerdo entre el Partido Popular, el
Partido Socialista y Ciudadanos, las personas beneficiarias del mismo
quedaban obligados a renovar proactivamente su derecho. A pesar de las
alegaciones contrarias realizadas por numerosas asociaciones, colectivos,
entidades públicas y el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, entre otros, el texto normativo no permitió garantizar la
continuidad de los beneficios a las personas acogidas a dicha tarifa. La
reciente reforma acometida por el Gobierno de España a través del Real
Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, ha supuesto un mero parche para una
situación que requiere una solución urgente, que garantice el acceso a la
energía como un derecho de la ciudadanía.
Por otro lado, el coste de la electricidad durante los últimos años ha
sufrido grandes incrementos en su valor, a la par que aumentaban los
beneficios de las empresas eléctricas en nuestro país. Esta subida del
precio de la electricidad ha sido una mala noticia para las clases más
empobrecidas que son precisamente aquellas que sufren y están en
situación de pobreza energética, el aumento ha hecho crecer el número de
personas que no pueden afrontar el pago de las facturas de electricidad y
por ello prescinden de la misma para reducir sus gastos. Estas
situaciones aumentan la posibilidad de padecer dolencias físicas y/o de
que las enfermedades se agraven. El Plan de contingencia contra este
fenómeno, elaborado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, es un elemento
fundamental para combatir tanto la pobreza como la desigualdad social de
las personas residentes en todo el territorio de la comunidad. Hasta la
fecha se estima que este plan ha alcanzado a más de 11.270 personas solo
en la provincia de Toledo.
Por los motivos expuestos, es necesaria la puesta en marcha de una batería
de medidas de protección para las familias vulnerables y que tenga
incidencia sobre la raíz de la pobreza energética, propiciando y
extendiendo el bono social en los casos de mayor necesidad en la
comunidad de Castilla La Mancha. Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar económicamente un programa de financiación que garantice el
despliegue de la legislación en materia de pobreza energética en
Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo, en el que se incorporen
cuantías que pongan en marcha un fondo para que las administraciones
públicas y los servicios sociales dependientes de las mismas den la
protección necesaria a las personas vulnerables.
2. La puesta en marcha de un programa específico para Castilla-La Mancha y
en la provincia de Toledo, que garantice que toda la ciudadanía que
cumpla con los requisitos establecidos en el Real Decreto Ley 15/2018,
disponga de los derechos y descuentos reconocidos tanto en el Bono Social
Eléctrico.
3. Impulsar las medidas necesarias para garantizar la calidad y
continuidad del abastecimiento energético en los hogares con rentas más
bajas de la provincia de Toledo.
4. Garantizar que entidades locales toledanas formen parte de la
Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que se pondrá en marcha
a principios del año 2019."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2018.-María
Gloria Elizo Serrano, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley relativa a la inversión y apoyo del
proyecto LARS en la Bahía de Cádiz, para su debate y aprobación en la
Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
Son momentos decisivos para el futuro de la Bahía de Cádiz. Una tierra que
no soporta más una realidad socioeconómica de divergencia con su
Comunidad Autonómica, su país y la Unión Europea.
Hasta ahora los objetivos fundamentales han respondido a los mismos
intereses, cegatos y cortoplacistas de siempre, que vienen a esquilmar y
detraer recursos muy necesarios. Es preciso traer al primer piano de la
concertación institucional y social como objetivo fundamental aquellos
retos que vengan a cambiar la realidad socio-económica de nuestra
comarca.
Hoy la comarca de la Bahía de Cádiz la constituyen los municipios de
Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real y
San Fernando, que se estructuran en torno a su Paisaje Vital: la Bahía.
Comarca que tiene una extensión de 607 km2 y una población residente, que
prácticamente se triplica en periodo estival, de 426.741 habitantes,
según padrón a 1 de enero de 2017. Con una densidad poblacional de 315,68
habitantes por km2.
La Bahía de Cádiz es un hábitat privilegiado. Uno de los humedales más
importantes del sur de Europa que en su estado actual ha sido conformado
por una evolución interactiva entre agentes ecológicos y antrópicos. Su
principal valor ecológico se debe a su riqueza faunística
(biodiversidad). Es zona de refugio y comedero de avifauna y de alevinaje
para una importante cantidad de especies de peces, crustáceos y moluscos.
Su principal valor etnológico reside sobre terrenos de litoral, marismas
y antiguas salinas y esteros.
No se entiende que este valioso hábitat singular de bahía, litoral,
marismas, esteros y salinas, hoy esté sometido a procesos de degradación
ambiental crecientes e imparables; a la situación de regresión de sus
ecosistemas naturales; a la degradación de entornas antrópicos que
constituyen una obra monumental de la ingeniería milenaria de nuestros
ancestros.
A su vez, graves y palpables son los problemas denunciados respecto a la
situación de una comarca con más del 50 % de su población en paro. Un 30
% sobre el paro registrado en octubre de 2018 y más de 15 % oculto -en
función de un índice de irregularidad laboral del 20 %, y en creciente
aumento. Es decir, hablamos de no menos de 90.000 personas afectadas por
una situación de coyuntura laboral de desempleo y precariedad (salarial,
temporalidad, tiempo parcial no deseado, exceso de horas de trabajo no
remuneradas, sin declaración total de jornada laboral, sin cobertura
mínima de seguridad e higiene en el trabajo). La tasa de actividad está
por debajo incluso de la media provincial en torno al 50 %. Un 60 % de
ellos sin cobertura social alguna (alrededor de 60.000 personas). Más de
30.000 personas son desempleados de larga duración. El 55 % del trabajo,
es precario.
Por si fuera poco, más del 70 % de los jóvenes menores de 40 años viven en
situación de extrema pobreza, teniendo que emigrar y retornar sin éxito o
depender de sus padres. Una ciudadanía con un PIB per cápita (calidad de
vida) situada en la mitad de la media nacional (15.000 euros) y unos
ingresos medios anuales netos del entorno de 8.000 ?/mes. Instalados en
un índice de pobreza (NE) mayor del 40 %, con un 35 % de su población al
borde de la exclusión social según la Red Andaluza de lucha contra la
pobreza y la exclusión social (EAPN), y manteniendo unos récords de
desigualdad, en índice 20/80 de 7 puntos y en Tasa AROPE (At Risk Of
Poverty and Exclusión) mayor también del 45 %, sin perder de vista una
economía sumergida del entorno del 30 %.
Todo ello hace que la Bahía de Cádiz esté realmente en una situación de
emergencia socio-económica. Lo que eufemísticamente se llama hoy como
"zona estratégica de emergencia social", por lo que requiere de
actuaciones extraordinarias, urgentes e inmediatas. Esta realidad no es
más que el resultado de los efectos perniciosos de la perpetuación, en
exclusividad, de un modelo productivo extractivo estrictamente mercantil,
alejado del interés general y desarrollado sin tener en cuenta para nada
las peculiaridades y los equilibrios imprescindibles de nuestro entorno
natural; ni la satisfacción y solución de las necesidades y los problemas
de nuestra gente y las colectividades que en allí residen.
Por ello, el proyecto LARS (Las Aletas: Una Alternativa Real y Sostenible)
es una propuesta de desarrollo socio-comunitario para la Bahía de Cádiz,
a partir de una metodología de inteligencia colectiva, y conformado por
un conjunto de entidades sociales y expertos y profesionales.
Con fecha 20 de abril de 2017, ante la segunda sentencia del Tribunal
Supremo que dejaba claro la inviabilidad ambiental y legal del proyecto
del Consorcio de Las Aletas, se convocaron por el Ayuntamiento de Puerto
Real colectivos y entidades sociales de la Bahía de Cádiz con el objeto
de constituir un grupo de trabajo para la elaboración de propuestas
alternativas a este proyecto que, respetando estas sentencias judiciales,
rehabilitara y protegiera el medio ambiente al mismo tiempo que se genera
la actividad productiva y el trabajo que la Bahía de Cádiz necesita.
El 17 de noviembre de 2017, fruto de estos trabajos, se presentó ante la
opinión pública el documento de síntesis del Proyecto "Las Aletas, una
alternativa real y sostenible", documento que es la génesis del Proyecto
LARS. Menos de un año después, el 5 de julio de 2018, el Pleno del
Ayuntamiento de Puerto Real aprueba una moción presentada por los
Colectivos Sociales LARS. En ella se manifestaba la necesidad de elaborar
un plan de desarrollo socio-comunitario en el ámbito de la Bahía de Cádiz
para abordar de una forma integral, sistémica y planificada la solución a
los problemas y carencias que hoy nuestra colectividad presenta.
Con fecha 29 de noviembre de 2018, este proyecto es debatido con la
Comisión Técnica del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2018) y
seleccionado como una experiencia para la transformación de espacios
degradados para formar parte de las propuestas avaladas por este
Congreso, de su documentación y para su presentación en plenario.
Dicho proyecto tiene dos elementos identitarios: mirar hacia el mar y la
bahía, y hacerlo desde una óptica de inteligencia territorial. Superando
el economicismo generalmente imperante en los proyectos de desarrollo, y
defendiendo una perspectiva más integradora que abarcase también los
enfoques cultural, social y ambiental en los procesos de diseño,
planificación, gestión, evaluación y validación de los proyectos
territoriales.
El objetivo fundamental es generar información territorial sobre la que
poder generar conocimiento, opinión y actitud, no sólo de los tomadores
de decisiones en materia de diseño de la planificación territorial o
políticas de impacto territorial, sino de la propia población afectada,
que cada vez tiene que estar más implicada en esta toma de decisiones,
contribuyendo a una nueva gobernanza y a una planificación estratégica
colaborativa y democrática que permita avanzar en la implicación e
identificación de la sociedad civil con el desarrollo de su territorio.
Por lo tanto, con ello se aspira a un cambio en la gobernanza en paralelo
a un cambio de modelo productivo que el territorio precisa y que todos
los agentes interactuantes reconocen y reclaman.
Implica una estrategia singular para abordar el desarrollo de la Bahía de
Cádiz basada fundamentalmente en sus recursos endógenos, y en el talento
y el esfuerzo de su población. También en sus recursos organizativos,
logísticos y tecnológicos. Y por supuesto, en su ecosistema: el humedal
antrópico más importante del sur de Europa. Un hábitat privilegiado para
vivir y convivir, y con una altísima productividad ecológica; así como
con un enorme potencial cultural y patrimonial.
En definitiva, este proyecto afronta el reto de abordar el necesario
cambio del modelo productivo de nuestra Comarca, y la implantación de un
nuevo ecosistema antrópico social sostenible que posibilite la
implicación y el compromiso de la ciudadanía con el emprendimiento y las
iniciativas de actividades productivas generadoras de trabajo y riqueza
en la Bahía de Cádiz.
Su viabilidad está asociada a la participación, corresponsabilización e
implicación de la ciudadanía en todas las fases del proceso, y requiere
necesariamente desarrollarse mediante estrategias de concertación social
e institucional. En definitiva, un proyecto que nace de abajo a arriba,
desde la base social de cambio en el territorio.
Para su implementación, se cuenta con un cronograma temporal a medio y
largo plazo; con una estructura funcional/operativa basada en tres líneas
de actuaciones paralelas y convergentes: (i) la adquisición de
competencias; (ii) el desarrollo de competencias, y (iii) un plan de
choque con una financiación mínima de 100 millones de euros anuales en el
próximo sexenio para poder atender, aproximadamente, a unos 7.000
afectados.
Por todo ello, formulamos la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar el proyecto LARS para la elaboración de un Proyecto de
Desarrollo Socio-comunitario, en clave de inteligencia territorial, que
afronte los importantes retos que tienen ante sí las colectividades y
comunidades que integran la Bahía de Cádiz.
2. Destinar 100 millones de euros al Consorcio Las Aletas para la puesta
en marcha de las actuaciones necesarias para el desarrollo y la ejecución
del proyecto LARS para la Bahía de Cádiz en el primer trienio
(2020-2022). En el caso de no poder reorientar el Consorcio Las Aletas,
constituir una Fundación (Fundación Bahía de Cádiz) a estos mismos
efectos y con idéntica dotación económica.
3. Poner en marcha un plan de choque, dotado con una inversión de 220
millones de euros anuales en el primer sexenio de desarrollo del
proyecto, de desarrollo socio-comunitario para el periodo 2020-2025."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Juan
Antonio Delgado Ramos, María Rosa Martínez Rodríguez y Noelia Vera
Ruíz-Herrera, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de
Transición Ecológica, relativa a la reforma del sistema excepcional para
métodos de fumigación aérea con fitosanitarios.
Exposición de motivos
Según recoge la "Directiva Europea 2009/128 del Parlamento Europeo y el
Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de
actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los
plaguicidas", la aplicación aérea de plaguicidas puede causar efectos
negativos significativos en la salud humana y el medio ambiente. Por
ello, el texto indica que esta pulverización "debe prohibirse" de forma
general, acotando la posibilidad de utilizarse en casos de especial
necesidad.
España incorporó la norma en 2012, mediante el Real Decreto 1311/2012, de
14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, que en su
artículo 27 establece inicialmente que "Se prohíben las aplicaciones
aéreas de productos fitosanitarios", para posteriormente, abrir la puerta
a que pudieran autorizarse "en casos especiales", tanto para plagas
declaradas de utilidad pública, como para el control de plagas con base
en razones de emergencia, siempre y cuando no haya "alternativa técnica y
económicamente viable". Estas "autorizaciones excepcionales" solicitadas
por las Comunidades Autónomas, son las que la Dirección General de
Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha estado firmando habitualmente.
El artículo 29 del RD 1311/2012, de 14 de septiembre, establece que la
solicitud de autorización se presentará ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma acompañada de un "Plan de aplicación" que debe ser
también autorizado. Pero a pesar de todas las precauciones, el artículo
29 termina diciendo que, transcurridos seis meses desde la solicitud, el
silencio se entenderá positivo.
En el proceso interviene también el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria, que es la que de acuerdo con el artículo 28.3 debe aprobar los
tratamientos con los productos fitosanitarios autorizados para el cultivo
y la plaga de que se trate. Adernás, la norma indica que esta
autorización se concede previa evaluación específica de los riesgos que
supone esta aplicación.
La realidad nos muestra que a pesar de las cautelas de la Directiva y del
Real Decreto, España autoriza de forma sistemática un método de
fumigación prohibido de manera general por la legislación europea y
española. Esto es, rociar los bosques con insecticida desde una aeronave.
Así en los últimos años se autorizaron fumigaciones aéreas en 86 términos
municipales, y casi 40.000 hectáreas de pinares de Andalucía, Baleares,
Extremadura, País Vasco, Madrid y Murcia, cuyas administraciones
autonómicas solicitaron y obtuvieron el permiso para realizar
tratamientos aéreos con productos fitosanitarios a base de Diflubenzurón
1,5 %, con la intención de combatir las orugas de procesionaria
(Traumatocampa pityocampa). Se adujo "urgencia" por aplicar este método y
la "inviabilidad de tratamientos terrestres". Lo que se hizo desde el
Ministerio fue resolver de manera favorable a través de una resolución
genérica de fecha 21 de julio de 2014, a todas las solicitudes sobre el
mismo asunto planteadas por las Comunidades Autónomas de Baleares y
Andalucía. La resolución establecía como fecha tope para los tratamientos
el 17 de noviembre. Sobre esta base, el resto de las Comunidades
Autónomas se adhirieron a esta resolución que Agricultura iba modificando
siempre con la leyenda de que la fumigación aérea era "urgente". En
algunos casos se llegó al caso de que la Comunidad Autónoma avisaba a los
municipios afectados por la fumigación incluso antes de haber tramitado
la solicitud dando por hecho el permiso.
Detrás de esta práctica está la asociación de empresas de trabajos aéreos
que se quejó de la burocracia y la lentitud del procedimiento de
aplicación de los tratamientos aéreos.
La realidad es que las administraciones han asignado una buena cantidad de
dinero público a contratar empresas para estas labores. Solo por poner un
ejemplo. En el operativo autorizado en las Islas Baleares, el Gobierno
adjudicó a la empresa pública TRAGSA que, a su vez, adjudicó un contrato
de 1,2 millones de euros a Kenogard, la única distribuidora del
insecticida indicado. Además, para los vuelos, recurrió a otra
contratista a la que pagó otros 120.000 euros, y los tratamientos se
completaron con la utilización de un helicóptero que costó 180.000 euros.
En este momento, es el País Vasco quien se encuentra ante el dilema.
Euskadi cuenta con una superficie arbolada que comprende el 54 % del
territorio, 397.223 hectáreas, uno de las ratios más altas de los países
de la Unión Europea. El pino radiata supone la parte más importante de
estas plantaciones con unas 130.000 hectáreas en total, la mayoría de
propietarios particulares. El sector forestal y de la madera representa
el 1,5 % del PIB vasco, y emplea alrededor de 21.000 personas. Sin
embargo, el modelo forestal implantado y promovido desde el gobierno
autonómico se basa en plantaciones de una sola especie de pino, lo que a
la larga se traduce en una alta vulnerabilidad ambiental de nuestras
masas arbóreas.
El 9 de agosto de 2018 la Diputación Foral de Gipuzkoa comunicó
oficialmente al Ayuntamiento de Zarautz que se iba a proceder a continuar
con la campaña de tratamiento de la procesionaria en 1.354 has en los
municipios de Aia, Antzuola, Bergara, Deba, Éibar, Elgoibar, Eskoriatza,
Getaria, ldiazabal, Lazkao, Legazpi, Mendaro, Mutiloa, Mutriku, Orlo,
Soraluze, Usurbil y Zarautz. Según la comunicación oficial, el
tratamiento se haría con un formulado a base de Bacillus thuringensis van
kurstaki y su aplicación se realizó a finales del mes de septiembre.
Sin embargo, hay otra situación mucho más grave provocada por la plaga de
los hongos Mycosphaerella dearnessii y Mycosphaerella pini que llevan a
la muerte de los pinos al perder totalmente su hoja, perdiendo por lo
tanto su capacidad fotosintética. La enfermedad se conoce como "banda
marrón" y "banda roja", por la tonalidad que adoptan los árboles
infectados.
Los hongos que provocan la enfermedad llevan en Euskadi más de cuarenta
años; sin embargo, y a causa de las óptimas condiciones ambientales de
alta humedad y suaves temperaturas, unidas a la vulnerabilidad de las
plantaciones forestales ya mencionada, se ha visto favorecido su
desarrollo. El Gobierno vasco acaba de reconocer que uno de cada tres
pinos está afectado por el mal y, por lo tanto, va a ser precisa su tala
para tratar de contener su propagación, lo que está provocando cierta
alarma en el sector por las pérdidas económicas que conlleva la drástica
medida. Ante este panorama los propietarios están desplazando las nuevas
plantaciones hacia el eucalipto, lo que provocará otros problemas
ambientales ya conocidos en otras comunidades del cantábrico como Galicia
o Asturias.
De nuevo, la solución planteada para combatir la plaga, pasa por la
fumigación aérea con óxido de cobre de los municipios donde se encuentran
las 40.914 has identificadas como enfermas. El Gobierno vasco y las
Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa ya han cursado una solicitud al
Ministerio de Agricultura para llevar a cabo estas tareas. El óxido de
cobre es un compuesto de uso habitual en agricultura, e incluso está
autorizado como fungicida en fruticultura ecológica. Pero al mismo
tiempo, como sustancia química está identificada como biocida de espectro
general, usada principalmente como conservante de la madera. De acuerdo
con el Reglamento REACH (UE) 2015/830, esta sustancia es tóxica para los
organismos acuáticos y supone un "peligro agudo y crónico" para el medio
ambiente, en especial para el medio acuático. Además, se aconseja que se
"evite su liberación al medio ambiente" y en caso de vertido, se
recomienda "mantenerla alejada de aguas superficiales y subterráneas y
retener y eliminar el agua de lavado contaminada".
Una vez más, en este caso, la excepción se ha convertido en norma, y tal y
como se refleja en la respuesta dirigida por el Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco al
Diputado José Ramón Becerra, el día 29 de noviembre de 2018, el Gobierno
vasco tramitó la solicitud ante el Ministerio, sin haber elaborado el
Plan de Aplicación previsto en el RD 1311/2012, y sin disponer de los
informes de impacto ambiental y sobre salud necesarios.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Hacer una revisión y modificación del Capítulo VI del RD 1311/2012, de
14 de septiembre, referido a la "aplicación aérea de productos
fitosanitarios", así como el Anexo VI que se refiere a "las condiciones
generales para la realización de las aplicaciones aéreas", de manera que
se fortalezcan las medidas de evaluación y control previas a los
tratamientos autorizados, así como las medidas de bioseguridad que deben
ejecutarse, garantizando siempre el criterio científico en cada caso, y
con la posibilidad de audiencia pública a diversos colectivos y
organizaciones afectadas.
2. Modificar el artículo 27.1 del RD 1311/2012 para que declare
expresamente que al amparo del segundo párrafo del art. 24.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el silencio administrativo en el caso de las
solicitudes de autorización de tratamientos aéreos se entienda
desestimatorio en tanto implican el ejercicio de actividades que puedan
dañar el medio ambiente, tal como permite la Directiva de Servicios de la
UE y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio.
3. Modificar el Capítulo VI del RD 1311/2012 para que las autorizaciones
para tratamientos aéreos con productos fitosanitarios, siempre y en todos
los casos sean únicas para cada uno de los expedientes, no pudiéndose
dictar autorizaciones globales o generales para un tratamiento en
diversos territorios indistintamente, siendo que las características
ambientales de cada uno son diferentes.
4. Establecer y aplicar un protocolo exhaustivo para valorar tanto la
efectividad de los tratamientos fitosanitarios aéreos con oxido de cobre
que se están solicitando para los pinares del País Vasco, como los
impactos ambientales y sobre la salud de dichos tratamientos, en el que
se contemple las medidas de seguridad y control adecuados en caso de
aplicación, incluyendo el respeto a la banda de 25 metros respecto a los
puntos y masas de agua susceptibles de contaminación y la banda de 50
metros respecto a los puntos de extracción del agua para consumo humano.
5. Dotar financieramente a los centros de investigación de referencia en
materia forestal para la búsqueda de tratamientos alternativos, para
frenar el avance de la plaga de la "banda marrón" y la "banda roja"."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-María Rosa
Martínez Rodríguez y Nayua Miriam Alba Goveli, Diputadas.- Txema Guijarro
García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
161/004105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
traslado del departamento de la Oficina Provincial de Costas a la Costa
Tropical, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
En la Costa de Granada se enclavan algunos de los municipios con más
población de toda la provincia, siendo Motril la capital de la Costa
Tropical, con más de 60.000 habitantes, cifra que se ve incrementada de
forma considerable en los meses estivales.
Los alcaldes, responsables políticos y técnicos municipales deben
desplazarse a la capital granadina para cualquier tramitación
administrativa con el servicio de Costas, ya que la Dirección General de
Costas sitúa al mismo desde tiempo inveterado en la capital granadina.
Es llamativo que un servicio administrativo como este, se encuentre tan
alejado de los que son sus administrados, los ayuntamientos y ciudadanos
de la Costa Tropical. Y esto es en realidad así, ya que en la práctica el
95 % de los asuntos que se tramitan en la oficina provincial vienen desde
la Costa, y en igual incidencia las personas que se han de desplazar a la
oficina viven o trabajan en la Costa Tropical.
Por si existieran dudas de lo extraño de la situación nótese que el
Servicio Provincial de Costas en Granada, es el único de Andalucía que no
está en el litoral. Situación controvertida desde el punto de vista del
acercamiento de la administración al ciudadano y de la cercanía en la
gestión de los asuntos públicos; hecho que invita a la extrañeza pues no
se entiende que el servicio "de Costas" esté alejado del litoral.
Es por razón del acercamiento de la Administración al Servicio Público que
se ofrece a la ciudadanía, por lo que realizamos esta propuesta.
De este modo solicitamos al Gobierno que se inicien los trámites para
estudiar el traslado del Servicio Provincial de Costas de Granada a la
ciudad de Motril, ciudad cabecera de nuestra comarca y donde ya están
ubicados otros muchos servicios públicos como el Hospital Comarcal, la
Delegación de Hacienda, la Comisaría de Policía o la Seguridad Social.
Ello puede implicar la reorganización del
Servicio e incluso mantener la actual estructura existente en la capital
de la provincia, dejando este particular al saber y entender de la
Administración, que seguro encuentra la fórmula más adecuada para que
eficiencia y cercanía vayan unidas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que inicie los trámites
para el traslado de su Demarcación y Servicio Provincial de Costas a la
Costa Tropical de Granada."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Carlos
Rojas García, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
protección integral y estable del litoral de la Costa Tropical de
Granada, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
La denominación de Costa Tropical de Granada tiene 19 kilómetros de Costa,
repartidos en 26 playas. Casi todas de arena negra y gruesa, aunque
también hay playas de arena fina.
En este litoral se genera un microclima tropical y templado que da lugar
al cultivo de variadas frutas tropicales, únicas en toda Europa, que son,
junto a la belleza de nuestros pueblos y playas, nuestro principal
reclamo turístico.
Según la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado y el Real Decreto 1330/1997, de 1 de
agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las
Delegaciones del Gobierno, cuyo artículo 2.5 determina como servicio
integrado dentro de las subdelegaciones del gobierno los pertenecientes,
entre otras, al Ministerio de Transición Ecológica. Dicho Ministerio
ostenta las competencias en materia de costas, conforme al artículo 14
del Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales.
A pesar de las innumerables peticiones públicas llevadas a cabo por los
Ayuntamientos de la Costa Tropical por una solución estable de espigones
permanentes, la solución planteada cada año es el traslado de arena de
una playa a otra, siendo éste un contingente provisional con un superior
coste medioambiental, y aún más oneroso en impacto económico en su
conjunto que si se afrontara una solución estable de espigones
permanentes, tal y como se ha sugerido desde distintos departamentos
técnicos de todas las administraciones consultadas.
El anterior gobierno de España ha sido muy sensible a estas justas
demandas, y fruto de las mismas, presentó el pasado año un Plan de
Estrategia Nacional de Defensa, Protección y Conservación del litoral
granadino, que fue muy bien acogido por toda la sociedad granadina. Dicho
plan se encuentra en marcha y es conveniente que no sufra retraso alguno.
La otra administración con competencias en la materia, la Junta de
Andalucía, se ha caracterizado por su inactividad, y no ha puesto en
marcha ninguna orden para subvencionar y ayudar a los Ayuntamientos a
mantener y sustituir los equipamientos de playa, con lo cual la situación
es más penosa si cabe, ya que las instituciones locales se ven obligadas
al mantenimiento de las playas sin que ésta sea en puridad su
competencia.
De la misma manera, se torna sorprendente que siendo las playas, uno de
los principales reclamos turísticos de nuestra provincia, la Diputación
Provincial de Granada no lleve a cabo ningún tipo de actuación pública
para Ayudar a los Ayuntamientos en su limpieza, mantenimiento,
conservación o dinamización.
Son los Ayuntamientos de la Costa Tropical los que, con medios propios,
están asumiendo las labores de mejora, limpieza, seguridad y
dinamización, en solitario, aunque en ningún momento tienen ni los medios
ni la capacidad económica necesaria para poner nuestro litoral en el
estado de calidad que se necesita.
Conscientes de la importancia que nuestras playas suponen para la economía
de nuestros municipios y para la imagen turística de nuestra costa, el
Grupo Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados considera necesario que el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, continúe los trámites para la redacción de un
proyecto de Conservación integral de todo el litoral Granadino, así como
las obras en su caso iniciadas, y que tenga como objetivo la protección
del mismo con carácter estable y permanente, evitando el coste económico
que significa tener que licitar y adjudicar obras cada año para el
traslado de arena de unas playas a otras."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Carlos
Rojas García, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica, relativa
a que los edificios, sedes, equipamientos y demás instalaciones de la
Administración General del Estado y de su sector público institucional se
suministren con energía eléctrica comercializada de origen 100 %
renovable.
Exposición de motivos
Los procesos energéticos son directamente responsables de gran parte de
las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero (GEI) que
recibe la atmósfera.
A escala mundial, la producción, transformación y uso final de la energía
el consumo de energía representa, con diferencia, la mayor fuente de
emisiones de GEI derivada de las actividades humanas. Alrededor de dos
tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales están
ligadas a la quema de combustibles fósiles que se usan para calefacción,
electricidad, transporte e industria. También en Europa los procesos
energéticos son los mayores responsables de la emisión de gases de efecto
invernadero: un 78 % de las emisiones totales de la UE en 2015.
También por tanto, la satisfacción de las necesidades energéticas del
parque inmobiliario de la Administración General del Estado -sus
distintas sedes, edificios, instalaciones y demás- tiene una importante
repercusión en el clima. Tal es así que se ha estimado que a nivel
europeo cambiar la contratación pública energética por suministro de
energía renovable permitiría reducir 60 millones de toneladas de CO2, el
18 % de las cuotas asignadas a la UE por el Protocolo de Kyoto (Comisión
Europea 2012).
La contratación pública no es sólo un instrumento de gestión de las
Administraciones públicas mediante el cual se regula la ejecución de obra
pública, el abastecimiento de bienes o la prestación de servicios
públicos destinados a garantizar el bienestar de la ciudadanía y a
garantizar el funcionamiento de la propia administración, sino también un
instrumento de participación activa en el mercado y de fomento e
incentivo de la inversión en tecnologías bajas en carbono, que permite
precisamente a la Administración Pública ser un referente y ejemplo en la
transición energética que tanto- necesitan nuestro país y nuestro
planeta; una concepción de la contratación pública que entronca con la
contratación pública responsable o la compra pública verde.
La Comisión Europea define la Compra Pública Verde (CPV) o Green Public
Procurement [Comunicación COM (2008) 400 final] como "un proceso por el
cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y
obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en
comparación con el de otras mercancías, servicios y obras con la misma
función primaria que se
adquirirían en su lugar". La inclusión de criterios ambientales en las
contrataciones públicas es una ayuda fundamental para conseguir los retos
ambientales actuales y futuros, ya que estas compras favorecen la
reducción de la huella de carbono unida a medidas de compensación, la
reducción del ciclo de vida de los productos, la reducción de la
contaminación atmosférica, las buenas prácticas agrícolas con el consumo
de productos ecológicos y la adaptación al cambio climático,
contribuyendo a frenar la deforestación y evitando directamente las
emisiones fruto de los procesos productivos.
Por su parte, la reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público que supera por fin el criterio de "oferta económicamente
más ventajosa" por el de "mejor relación calidad-precio", obliga a las
Administraciones Públicas y a las empresas licitadoras a considerar en
los procesos de contratación la toma en cuenta de aspectos
medioambientales tales como la utilización por el licitador de energía
renovable en la ejecución del contrato, así como el empleo de medidas de
ahorro y eficiencia energética, lo que puede ser conseguido con el
suministro de comercializadoras de electricidad 100 % verde.
Por tanto, no sólo la realidad climática reclama actuaciones públicas
urgentes y ejemplificadoras, sino que el contexto político europeo y el
marco jurídico son propicios para impulsar que los edificios, sedes,
equipamientos y demás instalaciones de la Administración General del
Estado y de su sector público institucional contraten su suministro
eléctrico de origen 100 % renovable.
Son ya numerosas las experiencias exitosas y las Administraciones públicas
que han abordado la contratación del suministro eléctrico 100 %
renovable, pudiendo destacarse grandes ciudades como Madrid, Barcelona,
Zaragoza, Alicante, Cádiz, Santiago de Compostela e incluso pequeñas
localidades como Limpias (Cantabria) o San Pelayo (Valladolid), de apenas
44 habitantes. También son destacables los ejemplos la Asociación
Catalana de Municipios (a la que están adheridos 557 consistorios
catalanes con una población de 3,4 millones de habitantes), el Cabildo de
Gran Canaria o la propia oficina del Defensor del Pueblo.
Por otra parte, la eficiencia energética está considerada hoy en día como
una de las mejores alternativas para reforzar la seguridad de
abastecimiento energético y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero para poder alcanzar un crecimiento sostenible. De ahí que el
objetivo de eficiencia energética fuera incluido como uno de los
objetivos principales de la nueva estrategia de la Unión para el empleo y
el crecimiento inteligente, sostenible e integrador: Estrategia Europa
2020.
En este sentido, el artículo 5.5 de la Directiva 2012/27/UE, de Eficiencia
Energética, rubricado "Función ejemplarizante de los edificios de los
organismos públicos", obliga tanto a elaborar y hacer público el
inventario de los edificios con calefacción o refrigeración de las
Administraciones centrales cuya superficie útil total sea de más de 250
m2, sino también a que al menos "el 3 % de la superficie total de los
edificios con calefacción y/o sistema de refrigeración que tenga en
propiedad y ocupe su Administración central se renueve cada año" para
garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos de eficiencia
energética que se establecen en la Directiva 2010/31/UE relativa a la
eficiencia energética de los edificios.
Con 2.142 edificios (de más de 250 m2 útiles) contenidos en el Inventario
de los edificios de la Administración General del Estado en 2016, resulta
imperativo aprovechar al máximo el elevado potencial de ahorro energético
existente en edificios, en cumplimiento no sólo de los objetivos de
ahorro y eficiencia energéticos marcados desde las instituciones
comunitarias, sino también del Plan Nacional de Acción de Eficiencia
Energética 2017-2020.
Pero la Administración General del Estado no sólo puede coadyuvar a la
lucha contra el cambio climático y al impulso de la transición energética
mediante la compra verde del suministro eléctrico y la ambiciosa
implementación de medidas de ahorro y eficiencia energética, sino que
también puede -es más, debe- aprovechar el enorme potencial solar de las
cubiertas de sus edificios para la instalación de sistemas de generación
de energía renovable de manera que pueda tanto satisfacer en todo o en
parte sus demandas energéticas, como también verter a la red energía
limpia.
Así por ejemplo, el proyecto Solar Maps puesto en marcha por Greenpeace
estima que el potencial solar de producción eléctrica de sólo 917
edificios de la Administración General del Estado -de los cerca de 10000
de los que dispone según el Portal de Transparencia del Ministerio de
Hacienda y Función Pública- es de 93.457 GWIV año, lo que supondría un
ahorro de más de 320 millones de Euros en una estimación a 25 años para
las cuentas públicas y 36.239 toneladas de CO2/eq al año.
Es más, únicamente 4 de los 15 edificios ministeriales cuentan con energía
solar, aprovechando tan sólo el 1,25 % de su potencial solar (Greenpeace,
2018). El potencial de mejora es, por tanto, enorme, lo que estimula y
demanda la progresiva instalación de instalaciones solares en las
cubiertas de los edificios de la Administración General del Estado en
aras de no desperdiciar las excelentes oportunidades tanto de
carácter económico, ambiental como de ejemplaridad pública y compromiso
con la transición energética que supone.
La suscripción del Acuerdo de París -rubricado precisamente en esta
Cámara-, las alarmas de la comunidad científica internacional -la más
reciente, el Informe Especial publicado por el Panel Intergubernamental
de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas publicado el pasado
8 de octubre- deben servirnos de aliciente, y además el marco político y
normativo ya referido es propicio. Sólo es cuestión ahora de voluntad
política y marcar así un punto de inflexión en el panorama energético
español.
La Administración General del Estado, que participa de forma activa en el
mercado, tiene que en sus manos la responsabilidad de fomentar un consumo
energético más eficiente y sostenible. Para hacerlo no existe mejor
manera que dando ejemplo, llevando a cabo la contratación de su
suministro eléctrico de origen 100 % renovable, implementando medidas de
ahorro y eficiencia energética en los edificios, sedes, equipamientos e
instalaciones de la Administración General del Estado y de su sector
público institucional e instalando de forma progresiva en sus edificios
sistemas de generación de energía renovable destinados a cubrir el
autoconsumo.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Contratar en lo sucesivo el suministro eléctrico de electricidad de los
edificios, sedes, equipamientos y demás instalaciones de la
Administración General del Estado y de su sector público institucional de
origen 100 % renovable con comercializadoras que tengan certificada su
producción como limpia por el Sistema de Garantía de Origen de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Etiquetado A).
2. No tramitar prórrogas de los contratos de suministro eléctrico vigentes
a fin de licitar otros nuevos de acuerdo con lo establecido en el
apartado anterior, salvo en supuestos de que no concurriera a la
licitación ninguna comercializadora que cumpliese los referidos
requisitos.
3. Implementar medidas de ahorro y eficiencia energética los edificios,
sedes, equipamientos e instalaciones de la Administración General del
Estado y de su sector público institucional e instalar de forma
progresiva en sus edificios sistemas de generación de energía renovable
que optimicen, especialmente, el potencial solar de los mismos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2018.-Jorge Luis
Bail, Diputado.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Cultura y Deporte
161/004083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al
Gobierno a establecer un centro especializado de alto rendimiento
deportivo en la ciudad de Guadix (Granada) en la especialidad de marcha
atlética, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La ciudad de Guadix, desde la última década del siglo XX, viene siendo
referencia en la especialidad deportiva de Marcha Atlética. Desde el
malogrado Manolo Alcalde, atleta olímpico y pionero en esta disciplina
olímpica, Guadix ha albergado atletas de la talla de Francisco Fernández
Peláez "Paquillo",
medallista olímpico en Atenas (plata), tres veces subcampeón mundial en la
especialidad de 20 km marcha (París, Helsinki y Osaka), dos veces campeón
de Europa (Munich y Gotemburgo); así como campeón de España Absoluto en 8
ocasiones, todo ello en 20 kilómetros Marcha. Paquillo entrenaba junto
con Robert Korzeniowski, uno de los grandes atletas de todos los tiempos
en 20 y 50 km marcha.
La estela de Paquillo fue continuada por deportistas que hicieron de
Guadix su lugar de residencia, entrenamiento y tecnificación caso de
María Vasco (otra medallista olímpica), José Alejandro Cambil, Javier
Pérez...
En la actualidad tienen su residencia en la ciudad María Pérez actual
campeona europea en 20 km marcha, Alberto Amezcua Balboa y Ainoa Pineda
González internacionales absolutos. Todos ellos están incluidos
actualmente en el Plan ADO y están incluidos en la resolución de 12 de
junio de 2018 del Consejo Superior de Deportes como deportistas de alto
nivel. Además de estos deportistas de élite, en la ciudad residen y
entrenan atletas, hombres y mujeres, internacionales absolutos en todas
las categorías desde infantil hasta absoluta.
La ciudad cuenta con entrenadores de categoría internacional, habituados a
compartir experiencias en seminarios, cursos, clinics, etc., de ámbito
europeo y mundial. Es el caso de Jacinto Garzón y de Manuel Ángel Segura.
En los últimos 10 años la ciudad de Guadix viene acogiendo a los
siguientes equipos y atletas:
1. Núcleo de Jacinto Garzón (Entrenador para el Sector de Marcha de la
Real Federación Española Atletismo):
- María Pérez, 1.a Europa 2018.
- Alberto Amezcua, 9.° Mundo 2017.
- José Manuel Pérez, 2.° Europa 2017.
- Fabian Bernabé, Internacional 20km con Francia.
Jacinto Garzón dirige una escuela de 180 atletas con 16 marchadores/as
finalistas nacionales en categorías inferiores, y atletas extranjeros que
han situado su vivienda en Guadix como la brasileña Carolina Moreno.
Este núcleo tiene una dilatada experiencia en la organización de un Gran
Premio de Marcha internacional con XXXIII años ya de existencia.
Es también un referente como escuela de marcha a nivel nacional e
internacional, habiendo creado escuelas tutorizadas desde Guadix en Jerez
de la Frontera, Irlanda y Granada.
2. El Núcleo de Marcha de Manuel Ángel Segura Reyes, además de su dilatada
experiencia nacional e internacional, dirige la Escuela de Atletismo ADA
Guadix y tiene bajo su dirección a:
- Ainhoa Pinado, 7.a Europa 50km marcha mujeres.
- Sofía Rodriguez, 1.a España sub18 marcha mujeres.
A María Pérez, Alberto Amezcua, José Manuel Pérez, Ainhoa Pineda y Sofía
Rodríguez hay que añadir que Pablo Oliva o Laura García Caro, que
actualmente residen en Madrid, también han sido fruto realizado por las
escuelas de marcha de Guadix.
Atletas rusos, polacos, irlandeses, iberoamericanos, italianos, etc. han
venido eligiendo la ciudad de Guadix para preparar eventos
internacionales de primer nivel: europeos, mundiales y juegos olímpicos.
Estos atletas, además de las condiciones naturales de la ciudad, y el
ambiente deportivo que lo envuelve, disponen de una pista de atletismo de
ocho calles, con iluminación nocturna, edificio de tecnificación
deportiva y pedagógica, gimnasio, spa y todas las condiciones necesarias
para desarrollar plena satisfacción los entrenamientos y la planificación
deportiva necesaria (si bien en la actualidad necesitan una profunda
remodelación). A 150 metros de las instalaciones se encuentra el Hospital
de Alta Resolución de Guadix para atender cualquier problema o necesidad
que se pueda derivar de la práctica deportiva.
El entrenamiento de los deportistas que participan en las competiciones de
alto nivel hace necesario la construcción de centros que cuenten con las
mejores instalaciones, servicios y medios técnicos.
Además de atender esta necesidad básica, es necesario seguir descubriendo
y preparando a las futuras promesas deportivas.
España viene afrontando estas necesidades a través de la construcción de
Centros de Alto Rendimiento (CAR), Centros de Tecnificación Deportiva
(CTD) y centros Especializados.
Los Centros Especializados de Alto Rendimiento son un complemento de los
CAR y CTD cuyo objeto es acoger a deportes o modalidades deportivas que,
por su particularidad, medio en el que se realizan o circunstancias
diversas, no pueden ser atendidos en los CAR, ni en los CTD. Su objetivo
es ser centros de entrenamiento para modalidades deportivas concretas que
no pueden ser atendidas en otros centros.
La ciudad de Guadix, a pesar de contar con atletas y entrenadores de
primer nivel y de ser un referente internacional en la disciplina de
marcha atlética, no cuenta con el refrendo adecuado, ni con la
clasificación de sus instalaciones deportivas y de programas deportivos
para el desarrollo del deporte de alto nivel y de competición, acordes
con lo establecido por el Ministerio de Cultura y Deporte.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a instalar en la
ciudad de Guadix un Centro Especializado de Alto Rendimiento en la
disciplina de Marcha Atlética."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2018.-Santiago
Pérez López, Diputado.- Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre promoción y cuidado de jardines
históricos, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Los jardines históricos son una expresión artística que nuestro país no ha
sabido apreciar y valorar en su justa medida. Pese a que en nuestro país
existen jardines históricos conocidos por gran parte de la población, por
ejemplo los Jardines de Sabatini en Madrid, los Jardines del Palacio de
Viana en Córdoba, Jardines de la Alhambra y el Generalife en Granada o el
Campo Grande en Valladolid, nuestro país apenas cuenta con 94 jardines
históricos reconocidos como tales por Ley. Una cuantía claramente
inferior a la que países de nuestro entorno, como Francia o Italia
poseen, donde se superan los varios centenares en cada uno de ellos.
Si bien la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
determina en su primer artículo que los sitios naturales, jardines y
parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico serán
parte del Patrimonio Histórico Español, en nuestro país los jardines
históricos reconocidos son escasos. Esta falta de reconocimiento por
parte de las administraciones tiene importantes consecuencias: la falta
de aprovechamiento y disfrute de estos emplazamientos únicos por un lado,
y la falta de conservación, modificaciones y potenciales daños que desde
diferentes ayuntamientos o particulares se pueden estar provocando a
estos. De hecho, existen numerosas plataformas vecinales que luchan a
diario contra sus ayuntamientos para preservar jardines históricos sobre
los que las administraciones Elevan a cabo trabajos de remodelación que
no respetan sus diseños originales o que, pudiendo ser declarados
jardines históricos, propietarios privados y administraciones de estos
sitios hacen caso omiso a todo principio básico de conservación y
restauración.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un estudio actualizado sobre los jardines históricos
declarados señalando las actuaciones de conservación, remodelación o
mejora llevadas a cabo en los últimos 5 ejercicios sobre
éstos y próximos trabajos conocidos que se efectuarán, incluyendo, además,
la administración u organismo responsable de éstos.
2. Trabajar junto a las administraciones o entes privados responsables, a
la hora de diseñar mejoras y reformas en estos jardines a fin de respetar
su diseño original y evitar desvirtuar sus características originales.
3. Evaluar la posibilidad de aumentar la formación existente en materia de
arquitectura del paisaje y defensa del patrimonio.
4. Llevar a cabo, junto con las Comunidades Autónomas, campañas a fin de
promover la declaración de nuevos jardines históricos en España y darlos
a conocer entre la población."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Miguel
Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley relativa a la protección de obras y
colecciones cinematográficas producidas o coproducidas en España, para su
debate y aprobación en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
En 2001 los Estados miembros de la Unión Europea fueron invitados a
adherirse al Convenio Europeo para la protección del Patrimonio
Audiovisual. En la comunicación de este convenio se propone realizar una
recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre patrimonio
cinematográfico. Dicha recomendación es publicada en el año 2005 y pone
el acento en dos cuestiones principales relacionadas con la industria
cinematográfica: por un lado las ayudas estatales a la producción de cine
y, por el otro, la protección del patrimonio cinematográfico, en la que
centraremos esta iniciativa.
La recomendación indica a los Estados miembros las pautas a seguir en
materias de recopilación, catalogación y creación de bases de datos,
restauración, accesibilidad y uso pedagógico, formación profesional,
alfabetización mediática y depósito. También establece un mecanismo de
seguimiento de las recomendaciones con una periodicidad bianual. En
último lugar, ofrece una serie de consejos sobre la cooperación entre
organismos designados para que se coordinen las diferentes metodologías
que se adopten durante la realización de catalogaciones, inventariado y
técnicas aplicables a los distintos ámbitos de gestión del patrimonio
cinematográfico y sus soportes, con el objetivo de que funcionen
conjuntamente a nivel europeo.
En 2010 el Consejo publica las conclusiones sobre el patrimonio
cinematográfico europeo, incluidos los retos de la era digital,
reforzando las ya expuestas recomendaciones de 2005 y definiendo algunos
aspectos relacionados con las transformaciones de entornos digitales,
teniendo en cuenta los cambios en la accesibilidad ciudadana y del propio
sector y sus investigadoras a contenidos digitales. Solicita también a
los Estados miembros que tengan en cuenta la adaptación de instrumentos
del depósito obligatorio para la adecuada transición hacia la producción
y distribución digital y que fomenten el depósito voluntario de obras
utilizando herramientas que provengan del acuerdo marco celebrado entre
la Federación Internacional de Asociaciones de Productores
Cinematográficos (FIAPF) y la Asociación de Cinematecas Europeas (ACE).
Plantea planificaciones a largo plazo para el patrimonio cinematográfico
nacional en soportes digitales y analógicos que garanticen que las
películas beneficiadas con fondos regionales o nacionales sean
depositadas en la institución encargada de su preservación (en España, en
la mayoría de los casos sería Filrnoteca española) y del material
relacionado (esto es, cartelería, fotografías o materiales de promoción)
e intensificar los esfuerzos en digitalización para consolidar políticas
de preservación de las copias digitales a largo plazo mediante el apoyo a
la investigación de métodos de conservación y acceso al material en
formato multilingüe y especialmente hacia la durabilidad de soportes
digitales y datos. Finalmente, el Consejo solicita tanto a los Estados
miembros como a la Comisión, que impulsen la aplicación de normas
europeas para la creación de redes operativas de bases de datos con
normativas comunes de depósito de ficheros digitales en las instituciones
competentes, que estudien los
retos y oportunidades que ofrecen dichas instituciones en la era digital y
que apoyen medidas para mejorar el acceso a sus colecciones a través de
nuevas tecnologías.
En 1992 UNESCO emprende el Programa Memoria del Mundo (MoW, Memory of the
World), destinado a la preservación del patrimonio documental mundial
-esto es, el depositado en instituciones relacionadas legislativamente
con el patrimonio cultural como las bibliotecas, archivos y museos- para
que sea considerado símbolo de memoria colectiva abarcando todos los
niveles territoriales. Este programa subraya los riesgos de pérdidas por
la obsolescencia técnica ocasionada, con frecuencia por imperativos
comerciales, a los que solo se puede atender produciendo tecnologías más
estables con fines de presentación de las obras.
En el marco legislativo español encontramos que la Ley 16/1985 de 25 de
junio del Patrimonio Histórico Español, en su artículo 50.2 indica que
"asimismo forman parte del Patrimonio Histórico Español y se les aplicará
el régimen correspondiente al Patrimonio Bibliográfico, los ejemplares
producto de ediciones de películas cinematográficas, discos, fotografías,
materiales audiovisuales u otros similares, cualquiera que sea su soporte
material, de las que no consten al menos tres ejemplares en los servicios
públicos, o uno en el caso de películas cinematográficas".
Este último elemento precisa de un debate claro sobre la definición de
"película cinematográfica" en el que es necesario contar con la
participación de especialistas en patrimonio fílmico. Solo ellas y ellos
saben qué tipo de material hay que entregar para la correcta preservación
fotoquímica de las obras fílmicas. Estas actuaciones requieren la
generación de una normativa de protocolos adecuados y buenas prácticas
tanto para la conservación de soportes analógicos como para el digital.
Es evidente por tanto, que la ley tiende a proteger los documentos de
soporte variable. Sin embargo, carece de una figura de protección
específica para la correcta salvaguarda, el establecimiento de medidas
cautelares y los planes de accesibilidad a la ciudadanía de dichos
documentos. No ocurre lo mismo con otro tipo de bienes muebles e
inmuebles que son susceptibles de ser declarados Bien de Interés Cultural
bajo figuras como monumentos, jardín histórico, conjunto histórico, sitio
histórico y zona arqueológica. Los propietarios de Bienes de Interés
Cultural inmuebles (en adelante, BIC) están sujetos, entre otras
obligaciones, a facilitar la inspección a organismos e investigadores y a
la apertura para su visita pública al menos cuatro días al mes, con
alguna variación autonómica. Sobre el caso de los bienes muebles, el
artículo 13.2 indica lo siguiente: "En el caso de bienes muebles se podrá
igualmente acordar como obligación sustitutoria el depósito del bien en
un lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición
durante un período máximo de cinco meses cada dos años". La norma es tan
genérica que no resuelve la urgencia de conservación y no resulta útil
para las especificidades del patrimonio audiovisual.
Las obras audiovisuales son consideradas bienes muebles y constan de un
doble identificador: el material y la información que contienen. Por
tanto, la figura de protección que debería protegerlos ha de estar
ubicada dentro del Catálogo General de Bienes Muebles del Ministerio de
Cultura y Deporte. Aun siendo posible su declaración por la norma antes
mencionada, observamos la necesidad de una fórmula propia de declaración
como Bien de Interés Cultural, es decir, una subcategoría a la altura de
la de los monumentos, sitios arqueológicos, etc.
Proponemos que una obra o una colección de obras fílmicas puedan ser
declaradas como "Bien de Interés Cultural Audiovisual", al tiempo que los
archivos fílmicos y sus colecciones sean susceptibles de ser reconocidos
como instituciones pertenecientes al patrimonio cultural, como la ya
nombrada Filmoteca Española y otras filmotecas autonómicas. Esta cuestión
requiere la adecuada redacción de un capítulo propio dentro de la ley
16/1985, similar al que tienen los archivos, las bibliotecas y los museos
en el actual capítulo II del Título VII, así como recibir la protección
debida. Este capítulo debería hacerse cargo también de la necesidad de
proteger el patrimonio, en este caso audiovisual, con perspectiva de
género. Para que las medidas cautelares relacionadas con este tipo de
soporte puedan establecerse correctamente, es necesario que España asuma
las distintas directrices, recomendaciones y conclusiones que se han
dictado sucesivamente en la Unión Europea desde el año 2001 que
simultáneamente abran la posibilidad futura de inscribir bienes
culturales audiovisuales en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adherirse a los Estados miembros firmantes del Convenio para la
protección del Patrimonio Audiovisual (2001).
2. Adoptar las medidas que aconseja la recomendación del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el patrimonio cinematográfico y la
competitividad en actividades industriales relacionadas (2005).
3. Implementar las conclusiones sobre el patrimonio cinematográfico
europeo en 2010 del Consejo Europeo que perfilan aspectos relacionados
principalmente con los entornos digitales, para que asuma los retos de la
era digital en materia de accesibilidad y distribución de obras
audiovisuales.
4. Considerar el patrimonio audiovisual en la legislación de Patrimonio de
acuerdo a las características que le son propias y exclusivas,
otorgándole el rango y la protección acordes con su singularidad.
5. Introducir una figura de protección específica en la Ley 16/1985 como
"Bien de Interés Cultural Audiovisual", para que puedan ser declaradas
Bien de Interés Cultural obras o colecciones audiovisuales significativas
producidas o coproducidas en España, con rango de protección propia al
igual que ocurre a día de hoy los bienes inmuebles."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Eduardo
Javier Maura Zorita, Rosana Pastor Muñoz y Eva García Sempere,
Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
161/004089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, sobre la jubilación de las personas con discapacidad
tras haber padecido Poliomielitis y el Síndrome Postpolio.
Exposición de motivos
España tiene una deuda histórica con las personas afectadas por la
Poliomielitis, una enfermedad erradicada de nuestro país desde hace
décadas gracias a la vacunación, pero que, dada su gravedad, ha dejado
importantes secuelas en algunos sectores de la población. Este descenso
en su incidencia, sin embargo, tiene una serie de consecuencias que, no
por ser imprevistas, han resultado menos perversas para quienes han
padecido la Polio, que es como se conoce popularmente a este mal. En
otras palabras, la Polio se ha convertido en una dolencia desconocida
incluso entre quienes tienen la responsabilidad pública de garantizar que
las Administraciones del Estado dispensen un trato equitativo y solidario
a aquellas que por acción directa o dejación de sus funciones han sufrido
una merma en su calidad de vida.
Este es claramente el caso de las personas que se contagiaron de la Polio
durante la década de los cincuenta y los setenta del siglo XX, durante la
dictadura. No existen cifras oficiales, pero se estima que durante este
periodo se registraron en nuestro país unos 40.000 casos de Polio, de los
cuales, aproximadamente 2.000 desembocaron en la muerte del paciente, lo
que da muestras de la letalidad de esta enfermedad. Una realidad que no
se puede entender sin conocer la política sanitaria desplegada por el
Estado franquista, que durante más de una década no dispensó el
tratamiento adecuado a quienes la padecían. Sesenta años después de estos
acontecimientos, parece inexplicable que, en plena madurez democrática,
los poderes del Estado no hayan asumido todavía sus responsabilidades en
este asunto, enmendando su inacción y restableciendo los derechos que
durante tantos años les fueron negados a las personas que sufrieron este
trance.
Las personas afectadas por el Síndrome Postpolio, una enfermedad
degenerativa del sistema nervioso central que, no en vano, han sido
reconocidas por la Organización Mundial de la Salud en el año 2009, fecha
en que fue codificada su dolencia con el número G-14 de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-Versión 10). Aunque en España, el
Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales no hizo suya esta
clasificación hasta 2016, fecha en que incluyó el código G-14 en su
ordenamiento con el objetivo de facilitar a los profesionales médicos que
ejercen en nuestro país el diagnóstico, la correcta codificación y el
tratamiento rehabilitador adecuado para quienes lo padecen. De modo que,
sólo durante
los últimos dos años, nuestro sistema público de salud ha contado con las
herramientas necesarias para diagnosticar adecuadamente a este colectivo.
La realidad que enfrentan los afectados por esta enfermedad a diario es
cruel. Para empezar, sufren de una doble afección, causada, en primer
término, por las secuelas que deja la Poliomielitis, que, en no pocos
casos reduce su movilidad a la hora de realizar tareas rutinarias, lo que
se traduce en el uso frecuente de dispositivos para mejorar su movilidad,
como muletas o sillas de ruedas, convirtiéndolas en personas
dependientes. Y, en segundo término, provocada por el carácter
degenerativo del Síndrome Postpolio, que con el paso del tiempo afecta de
una manera más severa a su aparato locomotor.
El desconocimiento que reina en la sociedad española en general, pero
también entre el colectivo médico en particular tiene consecuencias
desastrosas para las personas afectadas por este mal y su entorno
familiar. Como si el paso del tiempo tuviera la cualidad de volver a este
mal "invisible", las Administraciones parecen no tener constancia del
modo en que esta enfermedad modifica de manera gradual las condiciones de
vida de quienes las padecen, y no prevé el desarrollo de acciones
destinadas a paliar sus consecuencias, al tiempo que se garantiza un
tratamiento adecuado y digno a los pacientes. Podría decirse, de hecho,
que el desconocimiento sobre la Poliomielitis hoy en día es proporcional
al desinterés que las diferentes Instituciones Públicas han demostrado a
lo largo del tiempo, sobre todo con aquellas personas afectadas en el
primer momento de desarrollo de la enfermedad.
El Real Decreto 1851/2009, sin ir más lejos, en el cual se explicitan los
requisitos que se deben cumplir para hacer efectiva la jubilación
anticipada de los trabajadores con discapacidad, no contempla la
singularidad de las personas enfermas de la Polio, imponiendo una serie
de requisitos para acceder a las mismas que parecen ignorar, no sólo la
desigualdad en el trato que estas han sufrido históricamente, sino
también las dificultades que estas enfrentan a consecuencia del carácter
degenerativo de la enfermedad.
Entre otras cuestiones, para acogerse a lo dispuesto por este Real Decreto
se pone como condición haber sido reconocido con, al menos, un grado del
45 por ciento de discapacidad durante un periodo mínimo de cotización de
quince años. Esto obvia las dificultades que, en el caso de las personas
afectadas por el Síndrome Postpolio, existen para determinar su grado de
discapacidad, debido, no solo al hecho de la tardía asunción de medios
efectivos para materializar su diagnóstico bajo unos mismos parámetros,
sino también que tengan en cuenta el carácter degenerativo de la
enfermedad, haciendo posible que esta se incremente en cualquier etapa de
la vida.
En resumen, el Estado ha contraído una deuda histórica con las personas
enfermas de la Polio, y es su responsabilidad convertir su actual
desprotección en políticas efectivas que mejoren la calidad de vida de
este colectivo dadas las dificultades que sufren para desarrollar
actividades de carácter profesional y personal.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Consensuar un protocolo estatal que sea aceptado por las CCAA en el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este protocolo
debe contemplar una atención integral de forma continuada de los
pacientes y atención en Centros, Servicios y Unidades de Referencia del
Servicio Nacional de Salud (CSUR), que sirva para planificar, coordinar e
implementar en todos los sistemas autonómicos de salud pública políticas
sanitarias destinadas a paliar la incidencia de la Poliomielitis y el
Síndrome Postpolio.
2. Impulsar la difusión de la información necesaria entre la comunidad
médica y el personal de servicios sanitarios, haciendo especial hincapié
en los profesionales que intervienen en la prestación de atención
primaria para que las personas afectadas por el Síndrome Postpolio y sus
efectos reciban un diagnóstico correcto y un tratamiento ajustado a su
afección.
3. Crear un sistema de compensación y ayuda de carácter estatal que, en
coordinación con el resto de niveles de la administración, extienda la
cobertura sanitaria y de otros servicios a las personas afectadas por la
Poliomielitis y el Síndrome Postpolio, de modo que estas no estén
obligadas a anticipar la totalidad de los costes que supone la compra de
aparatos ortopédicos, prótesis, sillas de ruedas y otros dispositivos
necesarios para garantizar su movilidad y calidad de vida.
4. Modificar el Real Decreto 1851/2009 de 4 de diciembre, por el que
desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social y
el artículo 206.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social para derogar el requisito que establece que el grado de
discapacidad debe ser del 45 por ciento en el momento de efectuar una
solicitud de jubilación anticipada, fijando, además, en quince arios el
tiempo mínimo de cotización, exigiendo en su lugar un grado igual o
superior al 33 por ciento.
5. Considerar los efectos tardíos del Síndrome Postpolio en su dimensión
patológica, incluyendo la edad y las condiciones físicas de las personas
afectadas, de forma que esta enfermedad sea considerada una afección
incapacitante por parte de los equipos de valoración del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, incluyendo la situación de incapacidad
permanente absoluta, evitando así los casos de denegación automática de
la incapacidad por considerar esta enfermedad como una causa que antecede
al periodo en que se inicia la vida laboral de quienes la han padecido.
6. Reconocer el derecho de las personas afectadas por el Síndrome
Postpolio a percibir una pensión equiparable al Salario Mínimo
Interprofesional, haciendo especial hincapié en aquellas que, a causa de
las secuelas de la Poliomielitis, nunca pudieron completar su formación
académica o desempeñar un trabajo en igualdad de condiciones que el resto
de la población."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2018.-María del
Carmen Pita Cárdenes y Amparo Botejara Sanz, Diputadas.-Txema Guijarro
García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios firmantes, se dirigen a esa Mesa para, amparo de
lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para impulsar la implementación de la Estrategia de Infancia de la
Cooperación Española, para su debate ante la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El compromiso con la infancia establece el rasero de la ética y el sentido
común de la humanidad. Pocos indicadores reflejan mejor los avances de
una sociedad que su capacidad para proteger la supervivencia y el
desarrollo de los niños y las niñas. Este año 2018, España cuenta con un
recién aprobado V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 que
le ofrece la oportunidad de reafirmar su compromiso con la infancia
dentro y fuera de nuestras fronteras en el marco de la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030.
Los derechos de las niñas y los niños están reconocidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos internacionales
específicos ratificados por España, así como políticos de ámbito europeo,
como son el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo y la Revisión de las
Directrices de la UE para la Promoción y Protección de los Derechos del
Niño. La población infantil supone casi la mitad de la población en
situación de pobreza extrema y más de la mitad de la población migrante y
refugiada del mundo. Además, un gran número de sectores de cooperación
tiene incidencia directa o indirecta en la infancia: Lucha contra la
pobreza y la desigualdad, Educación, Salud, Nutrición, Agua y
saneamiento, Salud reproductiva, Ayuda alimentaria, Protección del medio
ambiente, Gobierno y sociedad Civil.
Por ello, la protección de los derechos de la infancia y su bienestar, han
de ocupar un lugar central en la política de cooperación. Sólo así la
Cooperación Española podrá contribuir al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y cumplir su objetivo estratégico: erradicar la
pobreza en sus múltiples dimensiones, construir la resiliencia de
personas y comunidades, reducir las desigualdades y defender los derechos
humanos, los modelos de producción y de consumo sostenible, y la
conservación del planeta.
Las organizaciones que integran el Grupo Conjunto de infancia y
Cooperación 1 identifican seis sectores prioritarios para la infancia:
pobreza (ODS 1) y desigualdad (ODS 10), nutrición (ODS 2), salud (ODS 3),
educación (ODS 4), igualdad de género (ODS 5), agua y saneamiento (ODS 6)
y protección (ODS 16, 5 y 8). Estos sectores se fundamentan en el marco
normativo internacional y nacional sobre infancia y cooperación, siendo
el principal referente la Convención sobre los Derechos del Niño y sus
principios fundamentales, e inciden de manera directa en la realización
de los derechos de los niños y las niñas, y en la erradicación de la
pobreza y la desigualdad del conjunto de la sociedad.
A lo largo de más de 25 años, la Cooperación Española ha tomado
consciencia del gran impacto que supone su contribución en la vida de
millones de niños y niñas. Por ello, en 2014 España reafirmó su
compromiso con la infancia con la aprobación de la Estrategia de Infancia
de la Cooperación Española, cuyo objetivo es el de orientar las
actuaciones de los actores de la cooperación para contribuir de manera
eficaz a la realización de los derechos de los niños y niñas.
La adopción de la Estrategia ha constituido un avance indudable. Sin
embargo, cuatro años más tarde, todavía no se han adoptado las medidas
necesarias para su ejecución y puesta en marcha efectiva, lo que se debe
en parte a la drástica caída presupuestaria que ha afectado la
cooperación española.
Como es conocido, entre 2009 y 2016, la AOD sufrió una reducción de más de
un 70 %, que aumenta al 80 % en el caso de ayuda humanitaria. En 2016 la
media de inversión de los socios europeos era de más del 0,40 % del Renta
Nacional Bruta (RNB), mientras que en España se alcanzó sólo un 0,12 %,
una cifra que nos deja en los últimos puestos de los países de la OCDE,
comprometiendo la posición e influencia de España ante la comunidad
internacional. A pesar del incremento de la AOD en 2017 (2,3 % con
respecto a 2016), España sigue lejos de alcanzar el compromiso del 0,7 %
de la RNB, meta que se fortalece con la suscripción de la Agenda de
Acción de Addis Abeba en 2015.
Esta situación tiene un impacto en la infancia de los países con los que
España coopera, pero el V Plan Director nos ofrece una oportunidad para
revertir esta situación y retomar el compromiso con políticas de
desarrollo ambiciosas, estableciendo un incremento sostenido de los
fondos de la AOD hasta alcanzar el 0,4 % de la RNB para el 2020. No
obstante, el reto no es sólo presupuestario, sino también estratégico y
político. La infancia de todo el planeta necesita la urgente recuperación
política y presupuestaria de la Cooperación Española.
Si bien es cierto que el V Plan Director de la Cooperación Española
2018-2021 ha dado algunos pasos en el sentido de reconocer el papel
prioritario de la infancia en la política de Cooperación Española, es
necesario recordar la ocasión única que representa para situar, de manera
cada vez más manifiesta, a los niños y las niñas en el corazón de su
acción. Es el momento de dar un paso más, garantizando que la Estrategia
de Infancia se vea reflejada en las acciones de cooperación que efectúan
las Administraciones Públicas españolas y otros actores especializados,
con la puesta en marcha de las herramientas de implementación previstas
en la propia Estrategia.
Seguir estas premisas permitirá a los actores de la Cooperación Española
orientar sus actuaciones hacia una contribución más eficaz en el
cumplimiento de los derechos de todos los niños y las niñas. Además,
reforzará y mejorará la calidad de la Cooperación Española, al otorgar un
tratamiento integral de las cuestiones de infancia y evitar su
fragmentación e invisibilidad.
Todo lo anteriormente expuesto demuestra la necesidad de seguir avanzando
desde un enfoque de derechos de infancia y en el marco de su contribución
a la Agenda 2030, para que las intervenciones de los actores de
cooperación generen el mayor impacto positivo posible en las vidas de
millones de niños y niñas.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes
medidas necesarias para reafirmar e incrementar el compromiso de la
Cooperación Española con la infancia:
1. Promover la implementación efectiva de la Estrategia de infancia de la
Cooperación Española poniendo en marcha la siguiente hoja de ruta este
2018 y 2019:
1 Acción contra el Hambre, Asociación PAIDEIA, Educo, Entreculturas, Plan
internacional, Proyecto Solidario, Save the Children, UNICEF Comité
Español y World Vision, todas ellas miembros de la Coordinadora de ONGD y
de la Plataforma de Organizaciones de Infancia.
- Impulsar la creación de un mecanismo de coordinación y seguimiento de la
implementación de la Estrategia de infancia de la Cooperación Española,
que reúna a los actores relevantes de la Administración del Estado,
Administraciones Autonómicas, sociedad civil y mundo académico.
- Designar a la mayor brevedad posible puntos focales de infancia en el
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación -Dirección
General de Políticas de Desarrollo Sostenible- y en la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECED).
- Garantizar la incorporación de los enfoques y las principales
directrices de la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española en
las comunicaciones anuales, marcos de resultados y marcos de asociación
país (MAPS), así como en los informes de evaluación y seguimiento
llevados a cabo por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación y las Administraciones Autonómicas.
- Impulsar la difusión y la formación de los actores de la Cooperación
Española en relación con la Estrategia de infancia para su apropiación e
integración en sus marcos de actuación e intervenciones.
2. Retomar el compromiso con políticas de desarrollo ambiciosas,
estableciendo una hoja de ruta que incluya un incremento sostenido en los
fondos e AOD en consonancia con los países de nuestro entorno, así como
en aras de alcanzar nuestros compromisos internacionales en la materia.
3. Impulsar un seguimiento adecuado del porcentaje de AOD que se destina a
infancia, introduciendo indicadores específicos de infancia que permitan
valorar la inversión realizada por los actores de la Cooperación Española
a favor de este colectivo.
4. Garantizar la máxima protección de la infancia, valorando el impacto de
fas actuaciones de la Cooperación Española en la vida de los niños y
niñas, especialmente en contextos humanitarios, así como la situación de
riesgo en el que se encuentran."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Txema
Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Juan Carlos Girauta
Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.-Joan Baldoví Roda,
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/004087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre creación del ciclo formativo de
grado superior "docencia en movilidad y seguridad vial", para su debate
en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Para ejercer la profesión de profesor de autoescuela se exige la obtención
del Certificado de Aptitud de Profesor de Formación Vial regulado en el
reglamento regulador de escuelas particulares de conductores.
En dicho reglamento se determinan los requisitos de acceso, las pruebas y
cursos que deben superar los aspirantes así como las materias sobre las
que deben versar y se establece la obligatoriedad de convocar el proceso
de selección anualmente lo que se realiza mediante resolución del
Director General Tráfico. La totalidad del proceso se lleva a cabo por la
Dirección General de Tráfico.
El certificado de Aptitud de Profesor de Formación Vial no está reconocido
como un título oficial por el Ministerio de Educación al no tratarse de
una enseñanza reglada, con las consecuencias que ello implica, de
limitaciones en la carrera profesional.
La estrategia de seguridad vial 2011-2020 recoge, en el área de Educación
y Formación, ámbito de intervención "en el acceso a la conducción", la
acción: 1.2.5 Incorporar en la formación profesional reglada la profesión
de profesor de formación vial.
Incorporando la profesión de profesor de formación vial a la formación
profesional reglada se consigue una mayor cualificación del docente,
creando una figura con una mayor capacitación que pueda dirigirse no solo
a los aspirantes a la obtención del permiso de conducción sino a muchos
otros colectivos (niños, mayores, docentes, trabajadores, infractores...)
y se le reconoce el importante papel que juega en la seguridad vial.
En este momento además de seguridad vial se habla de movilidad segura, se
están promoviendo planes de movilidad en empresas, en polígonos
industriales, planes de movilidad urbanos, lo que hace necesario disponer
de personas formadas en el ámbito de la movilidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a considerar la necesidad
de crear el ciclo formativo de grado superior de Docencia en movilidad y
seguridad Vial como título de formación profesional e incorporarlo a la
formación reglada mediante su inclusión en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2018.-Pablo
Bellido Acevedo, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados,18 de diciembre de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Fomento
181/001505
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Salvador de la Encina Ortega
Texto:
¿Se está impulsando desde el Ministerio de Fomento el acceso ferroviario
al Muelle de La Cabezuela en Puerto Real (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2018.-Salvador
Antonio de la Encina Ortega, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Salvador de la Encina Ortega
Texto:
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento respecto a la licitación
del acceso ferroviario al muelle de La Cabezuela en Puerto Real (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Salvador
Antonio de la Encina Ortega, Diputado.
181/001509
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Joaquín María García Díez
Texto:
¿Cuáles son las actuaciones y programación que maneja el Gobierno para
hacer frente a las reparaciones urgentes de firme en los diferentes
puntos de la red de carreteras del Estado en la provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Joaquín
María García Díez, Diputado.
181/001510
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Joaquín María García Díez
Texto:
¿Cuáles son las actuaciones programadas y con qué previsión de ejecución
por parte del Ministerio de Fomento en la red de carreteras del Estado en
el término municipal de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Joaquín
María García Díez, Diputado.
181/001511
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
¿Qué previsiones actualizadas maneja el Ministerio de Fomento en relación
a las actuaciones previstas y presupuestadas en la autovías de la
provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Joaquín
María García Díez, Diputado.
181/001512
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Joaquín María García Díez
Texto:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación a las actuaciones
previstas y anunciadas públicamente en Lugo en mayo de 2018 por el
Ministerio de Fomento, correspondientes a las mejoras en la línea de
ferrocarril Lugo-Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Joaquín
María García Díez, Diputado.
181/001513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el
artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su
respuesta en la Comisión de Fomento.
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento llevar a cabo las
actuaciones pertinentes de mantenimiento y conservación de los puentes
que presentan problemas estructurales graves en los viales FE-13 y FE-14?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Yolanda
Díaz Pérez, Diputada.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001502
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela
Dirigida al Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
¿Cuales están siendo los elementos esenciales de la posición del Gobierno
de España en las negociaciones sobre el futuro de la PAC? ¿Cómo piensa el
Gobierno acometer el proceso de elaboración del Plan Estratégico Nacional
de la PAC cuyos primeros borradores deberían estar para finales de junio
de 2019?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Antonio
Gómez-Reino Varela, Diputado.
181/001503
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Diputada doña Eva García Sempere
Dirigida al Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
Texto:
¿Cuál ha sido el resultado de la actividad inspectora de la AICA (Agencia
de Información y Control Alimentarios) en las denuncias por casos de
venta a pérdidas interpuestas por las organizaciones profesionales
agrarias en los años 2016, 2017 y 2018, y cómo considera que puede
afectar a esta práctica la propuesta de regulación incluida en el Real
Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el
impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el
comercio en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Eva García
Sempere, Diputada.
181/001504
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Diputado don Pedro Arrojo Agudo
Dirigida a doña Isaura Leal. Alta Comisionada para el Reto Demográfico
Texto:
¿Habiendo transcurrido 6 meses desde su toma de posesión, y siendo que el
Alto Comisionado para el Reto Demográfico acumulaba un año previo de
trabajo, en qué situación se encuentra la elaboración de la Estrategia
para el Reto Demográfico cuyo borrador inicial se debería haber
presentado a finales de 2018?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Pedro
Arrojo Agudo, Diputado.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica
Diputada doña Eva García Sempere
Texto:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre las consecuencias
medioambientales y sociales de la desertización rural, y cuál es su hoja
de ruta para abordar estas consecuencias de manera integral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Eva García
Sempere, Diputada.
Comisión de Cultura y Deporte
181/001507
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura y Deporte
Diputado don Ángel Luis González Muñoz
Texto:
¿Con qué apoyos contaba el Gobierno cuando ofreció a Marruecos una
candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para optar a la
organización del Mundial de 2030?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2018.-Ángel Luis
González Muñoz, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/009904
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío (GS).
Retirada de su pregunta sobre medidas ante el incremento de robos con
fuerza en domicilios en provincia de Ourense.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de
referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la
iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/033694
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora (GS).
Retirada de su pregunta sobre consumo de hipnosedantes por menores de edad
desde el año 2011, así como acciones ante el incremento de dicho consumo
para prevenir el mismo.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de
referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la
iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/041992
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Cascales Martínez, Loreto (GP).
Documentación remitida en el año 2018 por el Gobierno a la Dirección
General de la Competencia de la Comunidad Europea sobre el asunto "Ayuda
estatal-Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2012-SA. 22668 - Estudios
cinematográficos Ciudad de la Luz-Ejecución de la Recuperación".
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia de la documentación a la que se
refiere el inciso final, admitir a trámite como solicitud de informe a
los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la
Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente
(nuevo núm. expte. 186/002625).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Doña Loreto Cascales Martínez, Diputada por Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué documentación se ha remitido en el año 2018 por parte del Gobierno de
España a la Dirección General de la Competencia de la Comunidad Europea
sobre el asunto "Ayuda estatal-Decisión de la Comisión de 8 de mayo de
2012-SA. 22668 - Estudios cinematográficos Ciudad de la Luz-Ejecución de
la Recuperación"? [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Loreto
Cascales Martínez, Diputada.
184/042153
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Vendrell Garderies, Josep (GCUP-EC-EM).
Nombramiento de Antonio Munuera como director de fábrica de combustible de
Juzbado.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número
de registro 117204, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al
Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, los diputados adscritos al Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
formulan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su
respuesta escrita.
Según informan los medios de comunicación, el presidente de ENUSA, José
Vicente Berlanga, habría anunciado que la fábrica de combustible de
Juzbado tendrá un nuevo director de Fábrica. Ese director sería Antonio
Munuera, que desde abril de 2013, y hasta su cese por jubilación el mes
de noviembre del presente año ha sido Director Técnico de Seguridad
Nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear.
Las funciones y objetivos según el propio presidente de ENUSA serían,
iniciar un proceso de transmisión del conocimiento para garantizar la
continuidad de la labor desarrollada hasta el momento en las
instalaciones de Juzbado, a través de un proceso de formación y
aprendizaje.
La fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca) ha notificado
tres suceso al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en lo que va de 2018:
El 2 de febrero el titular comunicó que al efectuar un requisito de
vigilancia, de carácter mensual, relacionado con la comprobación del
funcionamiento del sistema de presurización de la sala de control,
apareció una alarma de excesiva pérdida de carga en uno de los filtros
del sistema.
El 7 de marzo el titular comunicó que al efectuar un requisito de
vigilancia, de carácter mensual, relacionado con la comprobación del
funcionamiento del sistema de alarma de criticidad, se detectó una
discrepancia en los datos de referencia de los detectores de dicho
sistema.
El 11 de abril el titular el titular comunicó que durante una ronda se
detectó que un bote de pastillas sinterizadas de uranio había quedado
incorrectamente en el hueco que comunica el área de prensado con la de
sinterizado, obstaculizando la posibilidad de bajada de la compuerta
contraincendios. El titular habría retirado el bote dejando libre el
hueco de paso para que dicha compuerta pueda descender en caso de
incendio.
Como es habitual en los sucesos comunicados al CSN, la publicación de los
mencionados incidentes se ha reseñado como sucesos que no han tenido
consecuencias en la instalación ni han supuesto ningún riesgo para los
trabajadores ni para el público ni para el medio ambiente.
En este contexto, ENUSA habría firmado un acuerdo con Endesa, lberdrola y
Naturgy por el que cubrirá las necesidades de los cinco reactores
nucleares españoles de diseño Westinghouse para los próximos cinco años.
El mayor contrato asociado que suministrá el combustible nuclear
necesario para las próximas 24 recargas en las centrales nucleares de
Ascó (1 y II), Vandellós II y Almaraz (I y II).
El otrora Director Técnico de Seguridad Nuclear del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN), Antonio Munuera, ha sido un defensor de prorrogar la vida
de las centrales nucleares por encima de su vida útil. Destaca
sobremanera Munuera fuera el firmante de la carta que el regulador
nuclear envió en marzo de 2015 a Nuclenor, la sociedad con la que
lberdrola y Endesa explotaba la central nuclear de Santa María de Garoña
para hacer posible la prórroga de la planta. Por todo ello, podría haber
incompatibilidades por su condición de funcionario involucrado en
decisiones previas que afectan a la instalación que podría pasar a
dirigir.
Llama la atención la ágil recolocación de Antonio Munuera, en un contexto
como el de los últimos años en los que han existido ceses como el de
Carlos García como inspector jefe residente en la central nuclear de
Almaraz a finales del pasado año, una central en la que han existido
recientes incidentes, y en la que se prescindió de una figura fundamental
en lo que a seguridad se refiere. Sin perjuicio de que la central pudiera
operar con dos inspectores residentes, el no incluir este puesto vacante
podría haber sometido a un riesgo innecesario a la seguridad de la
población.
- ¿Considera el Gobierno que el nombramiento de Antonio Munuera como
director de fábrica de combustible de Juzbado es positiva para la
transición energética en nuestro país?
- ¿Tiene información el Gobierno de que el nombramiento de Antonio Munuera
como director de fábrica de combustible de Juzbado haya sido consensuado
con Endesa, lberdrola y Naturgy?
- ¿Piensa su Gobierno consultar a ENUSA los motivos por los que ha
decidido otorgar la plaza de director de fábrica de combustible de
Juzbado a un reconocido defensor de prorrogar la vida útil de las
centrales nucleares? En caso afirmativo, ¿cuándo? En caso negativo, ¿por
qué razones?
- Los nuevos contratos que harían posible que Almaraz recibiera el
combustible nuclear y los servicios asociados para ocho recargas en
Almaraz I y II; once recargas para los reactores I y II de Ascó y otras
cinco para la central de Vandellós II, ¿hasta cuándo harían viable el
mantenimiento de combustible de cada una de estas centrales?
- ¿Considera el Gobierno acorde a la normalidad los tres incidentes
sucedidos en la fábrica de combustible de Juzbado en lo que va de año?
- Con la información que maneja el Gobierno, ¿existen garantías
suficientes sobre la seguridad de la fábrica de combustible de Juzbado?
- ¿Se plantea el Gobierno tomar medidas paralelas para garantizar el buen
estado la seguridad de la fábrica de combustible de Juzbado? En caso
afirmativo, ¿cuáles?
- ¿Ha recabado información su Gobierno de los motivos por los que el
último inspector Residente de la central nuclear de Almaraz fue cesado
por parte del Consejo de Seguridad Nuclear después de tres años en el
cargo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2018.-Josep
Vendrell Gardeñes, Diputado.
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