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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 437, de 23/10/2018
cve: BOCG-12-D-437
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de octubre de 2018

Núm. 437


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Asuntos Exteriores

161/003640 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que las instituciones europeas se impliquen en la protección de los derechos del mundo del trabajo en la República de Cuba... (Página6)

Comisión de Justicia

161/003796 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las solicitudes de asilo y de protección internacional de los ciudadanos venezolanos en España... (Página7)

Comisión de Defensa

161/003786 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al derecho de activación de los militares reservistas voluntarios... (Página9)

161/003801 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la liberación de la playa y terrenos colindantes de la playa de Camposoto (San Fernando)... (Página10)

Comisión de Hacienda

161/003779 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la devolución del IRPF detraído de las prestaciones por maternidad... (Página11)

161/003788 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la toma en consideración de medidas en apoyo de las pymes españolas del licor... (Página12)

Comisión de Interior

161/003775 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a alcanzar una equiparación salarial real y efectiva para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... (Página14)

161/003797 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las solicitudes de asilo y de protección internacional de los ciudadanos venezolanos en España... (Página15)


Página 2




Comisión de Fomento

161/003777 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a financiación, con cargo al 1,5% cultural, de proyectos relativos al complejo arqueológico del Castillo de Gauzón, en Castrillón, al objeto de avanzar en la excavación del enclave y en el descubrimiento de nuevos datos sobre la Historia de Asturias... (Página17)

161/003784 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre igualdad de trato a usuarios de la autopista AP-7... (Página17)

161/003793 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre actuaciones para que el tren de alta velocidad Madrid-Montpellier operado por Air Nostrum tenga parada en Lleida... (Página18)

161/003794 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la bonificación de la AP-2 (Montblanc a Soses) para los vehículos pesantes y a la duplicación de la carretera N-240 entre Lleida y Les Borges Blanques... (Página19)

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

161/003790 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre mejora de las condiciones laborales del sector de transporte de mercancías... (Página20)

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/003774 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el establecimiento en la nueva PAC 2021-2027 de un Régimen Especial para las Illes Balears... (Página21)

161/003783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la recuperación del cultivo de algarrobo (Ceratonia siliqua)... (Página23)

161/003785 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la evaluación de los recursos hídricos de la Confederación Hidrográfica del Segura destinados a la ganadería... (Página25)

Comisión de Transición Ecológica

161/003771 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la continuidad del proyecto de regeneración de la bahía de Portmán (Murcia)... (Página26)

161/003781 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para paliar los daños producidos por las inundaciones en el levante mallorquín durante las tormentas producidas a principios del mes de octubre de 2018... (Página28)

161/003792 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actividad de las empresas instaladoras habilitadas de gas... (Página30)

Comisión de Cultura y Deporte

161/003772 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación e impulso del "Pasaje Begoña" en Torremolinos (Málaga) como lugar de memoria histórica y cuna de los derechos LGTBI... (Página31)

161/003776 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la conmemoración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos en 2021... (Página33)


Página 3




Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

161/003778 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la promoción y fomento del cohousing como modelo de envejecimiento activo... (Página35)

161/003799 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el pago de la deuda a la Comunitat Valenciana en concepto de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia... (Página36)

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

161/003802 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la incorporación de España a la iniciativa Coalition S... (Página38)

161/003803 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la implantación de la Red Cervera de Transferencia Tecnológica... (Página40)

Comisión de Igualdad

161/003773 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación e impulso del "Pasaje Begoña" en Torremolinos (Málaga) como lugar de memoria histórica y cuna de los derechos LGTBI... (Página41)

161/003780 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la devolución del IRPF detraído de las prestaciones por maternidad... (Página43)

161/003782 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a hacer extensivo el derecho de acceso reconocido a los usuarios de perros-guía y perros de asistencia a víctimas de violencia de género... (Página45)

161/003787 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a modificar la Ley General de la Seguridad Social para garantizar el reconocimiento del tiempo de prestación del Servicio Social de las mujeres... (Página46)

161/003789 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la difusión de protocolos de actuación ante casos de sumisión química... (Página47)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/003798 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesaria revisión y actualización del permiso por puntos... (Página48)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Fomento

181/001308 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre forma en la que el Gobierno garantizará la igualdad de oportunidades entre las personas aspirantes a un puesto de trabajo en Correos que ya han realizado las pruebas y las personas que deberán repetirlas, debido a los altercados producidos el día 30/09/2018 en Santiago de Compostela... (Página49)

181/001310 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre situación del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal... (Página50)


Página 4




181/001311 Pregunta formulada por el Diputado don Joan Baldoví Roda (GMx), sobre previsiones acerca de convocar la reunión con los representantes municipales de Valencia y la comarca de l'Horta Nord, así como con las organizaciones sociales y colectivos afectados a causa del proyecto de ampliación de la V-21... (Página50)

181/001312 Pregunta formulada por el Diputado don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), sobre previsiones acerca del Corredor Mediterráneo... (Página50)

181/001313 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre previsiones acerca de la mejora de la conexión ferroviaria con Granada... (Página50)

181/001314 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Cortés Lastra (GS), sobre previsiones acerca de la duplicación de vía entre Muriedas y Santander... (Página51)

181/001315 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Urquizu Sancho (GS), sobre mejoras en la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto... (Página51)

181/001316 Pregunta formulada por la Diputada doña María González Veracruz (GS), sobre avances realizados en las obras de soterramiento integral de las vías del tren a su paso por la ciudad de Murcia... (Página51)

181/001317 Pregunta formulada por la Diputada doña Carlota Merchán Mesón (GS), sobre mejoras en las vías y andenes de la estación de Madrid-Chamartín... (Página52)

181/001318 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Ignacio Zoido Álvarez (GP), sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía SE-40, Tramo A-66/A-49... (Página52)

181/001319 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Ignacio Zoido Álvarez (GP), sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía A-4, L.P. Sevilla/Córdoba-Sevilla... (Página52)

181/001320 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Calvente Gallego (GP), sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía A-4, L.P. Jaén/Ciudad Real-L.P. Córdoba/Jaén... (Página52)

181/001321 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Merino López (GP), sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía A-4, Lím. Prov. Córdoba/Jaén-Lím. Prov. Sevilla/Córdoba... (Página53)

181/001322 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Tarno Blanco (GP), sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía SE-40, Túneles Sur del Guadalquivir-Embocadura Oeste, 48-SE-4520A... (Página53)

181/001323 Pregunta formulada por el Diputado don Isabel Cabezas Regaño (GP), sobre presupuesto previsto para la ejecución de la construcción de las dos estaciones pendientes en Córdoba, Levante y Parque Joyero, para el proyecto de Metrotren... (Página53)

181/001324 Pregunta formulada por el Diputado don Isabel Cabezas Regaño (GP), sobre fecha prevista para el inicio de la construcción de las dos estaciones pendientes en Córdoba, Levante y Parque Joyero, para el proyecto de Metrotren... (Página54)

181/001325 Pregunta formulada por el Diputado don Isabel Cabezas Regaño (GP), sobre proyecto de ejecución existente para la construcción de las dos estaciones pendientes en Córdoba, Levante y Parque Joyero, para el proyecto de Metrotren... (Página54)


Página 5




Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

181/001309 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Rojas García (GP), sobre previsiones acerca de instalar un CIE en Motril... (Página54)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/026875 Autor: Pons Sampietro, Pere Joan

Evolución de la Estrategia Nacional al Parto Nacional desde el año 2007. Retirada... (Página54)

184/030049 Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel Blanquer Alcaraz, Patricia Ramos Esteban, César Joaquín González Veracruz, María Saura García, Pedro

Investigación del desfalco en la construcción de tres tramos de la línea de Alta Velocidad entre Monforte del Cid y Murcia. Retirada... (Página55)

184/030154 Autor: Martín González, María Guadalupe

Incidencia de gripe desde octubre de 2017 a marzo de 2018 y tasa de vacunación. Retirada... (Página55)

184/031851 Autor: Pons Sampietro, Pere Joan Hernanz Costa, Sofía

Congruencia del Gobierno con respecto al Acuerdo de París. Retirada... (Página56)

184/031852 Autor: Pons Sampietro, Pere Joan Hernanz Costa, Sofía

Permisos de investigación de hidrocarburos solicitados cuya superficie de actuación prevista se solaparía con la del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo. Retirada... (Página56)

184/033077 Autor: Pons Sampietro, Pere Joan

Reactivación de la tramitación del proyecto MEDSALT-2 de sondeos acústicos con "airguns". Retirada... (Página57)

184/033093 Autor: Pons Sampietro, Pere Joan

Suspensión de reparto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Palma, en espera de que cuente con una plantilla adecuada para afrontar la guardia. Retirada... (Página57)

184/038793 Autor: Capdevila i Esteve, Joan

Retirada por el Gobierno de los depósitos bancarios que tenía en Cataluña en octubre de 2017... (Página57)

Competencias en relación con otros órganos e instituciones

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

093/000014 Adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en calidad de beneficiario asociado, para el desarrollo de las acciones previstas en el Proyecto Life+Naturaleza 10NAT/ES/000570 "Recuperación de la Distribución Histórica de Lince Ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal", acrónimo: "Iberlince"... (Página59)


Página 6




CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/003640

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a que las instituciones europeas se impliquen en la protección de los derechos del mundo del trabajo en la República de Cuba.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados. José Antonio Moreno Ara.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que las instituciones europeas se impliquen en la protección de los derechos del mundo del trabajo en la República de Cuba, para su debate en Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Recientemente las Cortes Generales han ratificado el Acuerdo que impulsa la colaboración en los ámbitos político, económico y social entre la Unión Europea y sus 27 países miembros y la República de Cuba.

También últimamente se ha producido un cambio en la dirección política de la Isla, que ha estado dominada durante casi 60 años por los hermanos Castro y que ahora ha asumido el Sr. Díaz Canel.

Asimismo, hemos conocido que el régimen autocrático cubano quiere abrir un proceso de reforma constitucional.


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Los hechos antes señalados y especialmente el Acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Cuba, suponen una nueva oportunidad para la defensa de los compromisos de la Unión Europea con los Derechos Humanos y la libertad, puestos en valor ante la difícil situación que sufre Venezuela y que obligan a que Europa adopte una posición equilibrada, constante e inequívoca, transmitiendo al Gobierno de Cuba que los Derechos Humanos, e incluso la proyección de estos sobre el mundo del trabajo, deben de ser garantizados por el Gobierno de aquel país.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados entiende que habiéndose producido un cambio en la Presidencia de la República de Cuba, habiéndose anunciado una reforma de su Constitución y habiéndose suscrito un Acuerdo de colaboración con la Unión Europea en el ámbito político, social y económico, considera necesaria la implicación de las instituciones europeas en beneficio del futuro del pueblo cubano, tal y como demanda el escrito presentado ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por gran parte de la Delegación de las Cortes Generales en el mes de octubre de 2016."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Justicia

161/003796

A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Ana María Oramas González-Moro de Coalición Canaria, al amparo de lo dispuesto en Reglamento de la Cámara presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las solicitudes de asilo y de protección internacional de los ciudadanos venezolanos en España, para su tramitación ante la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

Según el Informe Anual de la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR) de 2018, sobre las personas refugiadas en España en el año 2017, España recibió más solicitantes de protección internacional que ningún otro año, desde la aprobación de la primera Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado. El pasado año se alcanzaron unas 31.120 solicitudes.

Por primera vez, España ocupó el sexto lugar entre los países de la Unión Europea que más solicitantes atendieron, por delante incluso de países con tanta tradición de asilo como Suecia. Aunque muy lejos aún de los primeros puestos, ostentados por Alemania (222.560), Italia (128.850) y Francia (98.635).

Venezuela, con 10.355 solicitudes, fue una vez más el país de origen de un mayor número de solicitantes. Sin embargo, de las 1.545 personas del país venezolano cuya solicitud resolvió la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), tan solo 15 lograron el estatuto de refugiado. El resto obtuvo una resolución denegatoria.

Según estas cifras en 2017 España batió el récord de solicitudes de asilo. Pese a ello sólo supuso un 4% del conjunto de Europa. Sin embargo, sólo se resolvieron poco más de 13.350 solicitudes, de las cuales se rechazaron dos de cada tres y más de 40.000 están pendientes de resolución.

Por segundo año consecutivo, las personas procedentes de Venezuela encabezaron el listado de solicitantes de asilo, seguidas de las procedentes de Siria y Colombia.

A la vista de estos datos y el elevado número de solicitudes de protección internacional de ciudadanos venezolanos, el Defensor del Pueblo ha pedido recientemente que se otorgue protección temporal a los ciudadanos venezolanos mientras se encuentren en España.

Venezuela vive una de sus peores crisis. La situación es desesperada para muchos venezolanos. Con una hiperinflación que ha alcanzado récord históricos, unida a la escasez de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad, cada vez más personas están huyendo del país. Los venezolanos han emprendido un éxodo masivo en lo que constituye un desplazamiento forzado por razones sociales y económicas sin precedentes.


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Por los vínculos históricos, familiares y culturales que tradicionalmente han unido a España con el pueblo venezolano y especialmente con Canarias, España es uno de los países que más está recibiendo venezolanos en los últimos años que huyen de la situación de precariedad que se vive en ese país.

Según nota emitida por la oficina del Defensor del Pueblo, esta Institución ha recomendado al Ministerio del Interior, del que depende la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), órgano competente para la tramitación de las solicitudes de asilo y de protección internacional, que formule una propuesta al Consejo de Ministros para que realice una declaración general de protección temporal para los ciudadanos venezolanos mientras se encuentren en España.

La Institución ha constatado el elevado número de solicitudes de protección internacional de esta nacionalidad pendientes de resolver y la casi nula tasa de reconocimiento de la condición de refugiado.

Según los últimos datos recibidos por el Defensor del Pueblo, según la misma fuente, el pasado mes de junio estaban admitidas a trámite y pendientes de resolver 17.969 solicitudes de protección internacional de ciudadanos venezolanos y se habían concedido, en los primeros seis meses de 2018, tres estatutos de asilo y ninguna protección subsidiaria.

En opinión del Defensor del Pueblo, "esta realidad exige una respuesta rápida para acabar con la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran muchos ciudadanos venezolanos. Por este motivo, considera que esta solución parece la más razonable dada la limitada capacidad de actuación de la Oficina de Asilo y Refugio y el estado de precariedad en el que ya viven muchos venezolanos en España".

Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha solicitado que traten a estas personas como refugiados en vez de migrantes por razones económicas y recomienda que los países que hayan recibido a venezolanos que no los deporten, expulsen o los obliguen a regresar ante la situación actual de Venezuela.

En un informe, emitido en marzo del presente año, denominado "Nota de Orientación sobre el Flujo de Venezolanos", la entidad pide a los países que garanticen la residencia y el derecho al trabajo de los venezolanos, aunque hayan entrado al país ilegalmente o no tengan documentos de identificación. E insta a los países receptores que les permitan el acceso a su territorio y continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección.

Y tal como recalca el referido informe, "los acuerdos están guiados por el principio de que brindar protección internacional es un acto humanitario y no político. Brindar protección internacional es consistente con el espíritu de solidaridad internacional".

Según el artículo 1 del Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, este régimen de protección temporal está previsto en los casos de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países no miembros de la Unión Europea que no puedan regresar en condiciones seguras y duraderas debido a la situación existente en ese país, y que puedan eventualmente caer dentro del ámbito de aplicación del artículo 1.A de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, u otros instrumentos internacionales o nacionales de protección internacional.

Cuando el Consejo de Ministros declare la protección temporal, ésta tendrá una duración de un año, automáticamente prorrogable por otro periodo anual. Una vez agotada dicha prórroga, y si persistieran los motivos que dieron lugar a su adopción, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, oída la Comisión Interministerial de Extranjería, podrá prorrogar dicha protección temporal durante un año más como máximo.

Asimismo, en cualquier momento el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, oída la Comisión Interministerial de Extranjería, podrá dar por finalizada la protección temporal cuando se resuelva el conflicto que la motivó y existan condiciones favorables al retorno.

Como consecuencia de la declaración de protección temporal los ciudadanos venezolanos podrían disfrutar de derechos en España como libertad de circulación y de residencia, permiso de residencia, título de viaje, acogida en territorio nacional, autorización para trabajar o acceso a servicios sociales y sanitarios en caso de no disponer de recursos suficientes.

Por lo expuesto

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


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1. Dar respuesta a la recomendación del Defensor del Pueblo, dirigida al Ministerio del Interior, del que depende la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) como órgano competente para la tramitación de las solicitudes de asilo y de protección internacional, en relación a la situación de los ciudadanos venezolanos en España.

2. Formular una declaración general de protección temporal para los ciudadanos venezolanos mientras se encuentren en España, en tanto persistan los motivos sociales y económicos que están dando lugar al éxodo masivo de venezolanos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Defensa

161/003786

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al derecho de activación de los militares reservistas voluntarios, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

La reserva voluntaria se crea como una necesidad de la Defensa cubierta ya en otros países de nuestro entorno con el fin de reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas y hacer frente a los compromisos adquiridos por el Gobierno supliendo las carencias de determinadas especialidades en las unidades de las Fuerzas Armadas.

La figura del reservista voluntario tiene su origen en el artículo 30 de la Constitución española, en el derecho y el deber de todos los españoles de defender España (30.1 CE). Para ello, podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general (art. 30.3 CE).

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar en su artículo 122, apartado primero, establece que "Son reservistas los españoles que, en aplicación del derecho y deber constitucionales de defender a España, pueden ser llamados a incorporarse a las Fuerzas Armadas para participar en las misiones definidas en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, en las circunstancias y condiciones que se establecen en esta ley". En el apartado segundo del mencionado artículo clasifica a los reservistas en: voluntarios, obligatorios y de especial disponibilidad.

El Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas en su artículo 2.2 a) define a los reservistas voluntarios como aquellos españoles que resulten seleccionados en la correspondiente convocatoria, superen los períodos de formación militar básica y específica que se regulan en este reglamento y se vinculen de forma temporal y voluntariamente con las Fuerzas Armadas, por medio de un compromiso de disponibilidad.

Al reservista voluntario se le puede requerir para: realizar ejercicios de instrucción, formación y adiestramiento durante no más de un mes al año; y prestar servicio en Unidades, Centros u Organismos del Ministerio de Defensa, en esta situación tendrá los derechos y deberes que corresponden a la condición de militar profesional de su empleo y el tiempo que permanecerá activado se determinará en la correspondiente convocatoria. Además, puede ser asignado a unidades que realicen misiones en el extranjero o de mantenimiento de la paz y la seguridad.

La reserva voluntaria no es exclusiva de España. Otros países también disponen de efectivos en la reserva con capacidades multidisciplinares que pueden ser movilizados en función de las necesidades: en Estados Unidos se constituye un ejército paralelo de aproximadamente un millón de personas con periodos de activación mucho más largos; en Reino Unido disponen del Full Time Reserve Service, una reserva que se basa en contratos de seis meses a cinco años con tres niveles de implicación con el fin de poder conciliarla con las actividades civiles; en Francia, la Reserva Operativa cuenta con 35.000 civiles que han firmado un compromiso y en la Gendarmería tienen 25.000; en Alemania, la Reserva de Refuerzo está


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constituida por reservistas voluntarios que cubren puestos para completar las plantillas de las estructuras orgánicas; y en Italia ya disponen de La Reserva de Complemento, formada por exmilitares que una vez incluidos en la reserva expresan su disposición para ser activados siempre que el Ejército los necesite.

La mayoría de los países están haciendo uso de sus reservistas para realizar misiones en el exterior, especialmente en áreas concretas como Sanidad, Cooperación Cívico-Militar, Administración civil e Inteligencia, donde pueden aportar su experiencia profesional. Por otro lado, los reservistas más activos son los que se destinan a la Unidad Militar de Emergencia (UME) -para grandes catástrofes-, y los médicos y enfermeros de los Cuerpos Comunes. Pero también hay administrativos, arquitectos, economistas, ingenieros, abogados, notarios, periodistas, trabajadores de la construcción, cocineros, etc.

En su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, el reservista aporta su experiencia profesional y sus capacidades en puestos voluntariamente seleccionados y ligados con la función que desarrolla en la vida civil. Pero la principal dificultad con la que se encuentra el reservista voluntario a tiempo parcial deriva de su situación laboral, ya que para prestar servicio deben utilizar parte de sus vacaciones y no siempre es posible hacerlas coincidir con las activaciones.

Desde el Grupo Parlamentario Popular pretendemos impulsar las medidas necesarias para dar solución a este problema, procurando que estos voluntarios puedan incorporarse con facilidad a las tareas encomendadas al servicio de su país.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de:

1. Arbitrar las medidas necesarias para facilitar el derecho de los militares reservistas voluntarios a prestar servicio en su unidad cuando sean requeridos por el ejército.

2. Impulsar medidas para mejorar la compatibilidad laboral de los reservistas voluntarios con incentivos para aquellos autónomos que sean activados y creando mecanismos para evitar que los asalariados puedan tener perjuicios en su puesto de trabajo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003801

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Defensa, relativa a la liberación de la playa y terrenos colindantes de la playa de Camposoto (San Fernando).

Exposición de motivos

La playa de Camposoto, situada en el municipio gaditano de San Fernando, se ubica dentro del parque natural de la Bahía de Cádiz, espacio natural protegido desde 1980 por la riqueza ambiental que atesora su fauna (cormoranes, somormujas, charranes, etc.) y flora (marismas, playas y arenales, etc.).

Esta playa ha sido afectada por servidumbre militar desde hace décadas, aunque desde los años sesenta se están tomando medidas para ir devolviendo a los isleños e isleñas una parte del territorio de su municipio esencial en términos ambientales, económicos y sociales. Si en los años sesenta se permitió el acceso civil a la playa durante los meses estivales, a finales de los ochenta se desafectó de forma permanente una zona de la playa de Camposoto, quedando todavía una parte para uso militar.

El 28 de junio de este mismo año, ya con el nuevo Gobierno que salió de la moción de censura, el Pleno del Ayuntamiento de San Fernando aprobó por unanimidad una moción que, entre otros objetivos, planteaba la liberación total de la playa de Camposoto de la servidumbre militar por parte del Ministerio de Defensa. La extensión de la playa que se aprobó liberar afecta a 1,3 kilómetros del litoral, lo que supondría


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aumentar la zona de baño en más de un tercio (34,21%) y poder acometer el Plan de Protección del corredor del litoral de Andalucía.

Asimismo, para el uso adecuado de la playa liberada es preciso que el Ministerio de Defensa acompañe esta medida con la reubicación del campo de tiro y la puesta a disposición de suelo del acuartelamiento de Camposoto, de cara a darle un uso turístico sostenible. Como ha quedado patente por distintas iniciativas que vienen impulsándose por parte de los isleños e isleñas, ninguna de estas demandas interfiere en el normal funcionamiento del resto de las numerosas instalaciones militares ubicadas en ese lugar.

En definitiva, se presenta aquí una reivindicación histórica del pueblo de San Fernando que repercutirá en el progreso sostenible y laboral de una zona que ha dado mucho por nuestra defensa nacional, y que quiere seguir dándolo sin menoscabo de poder brindar un futuro digno a sus vecinos y visitantes.

Por todo ello, formulamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La liberación por parte del Ministerio de Defensa de la playa de Camposoto, en el plazo de 6 meses, desde la actual zona de uso público hasta la laguna de Río Arillo.

2. Reubicar el campo de tiro de fusilería ubicado en Camposoto.

3. Retomar el diálogo entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Fernando para la puesta a disposición de los terrenos adyacentes a la playa de Camposoto, de forma que puedan ser empleados para uso turístico sostenible.

4. Acometer el Plan de Protección del corredor del litoral de Andalucía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2018.-Juan Antonio Delgado Ramos, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Hacienda

161/003779

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la devolución del IRPF detraído de las prestaciones por maternidad, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

El pasado 3 de octubre, la sección segunda de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo, por unanimidad, fijó doctrina legal en la que se determinaba que las prestaciones por maternidad estaban exentas de IRPF.

El Tribunal Supremo considera que la prestación por maternidad a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede situarse en el supuesto previsto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, cuando señala que "igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad". También consideraría exentas de esta tributación aquellas prestaciones que se reconozcan por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Esto significa que, con los gobiernos del PP y del PSOE, se han estado años reteniendo ilegalmente impuestos por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Estos impuestos se han exigido por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, también con gobiernos del PP y el PSOE, ilegalmente a centenares de miles de madres trabajadoras.


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Evidentemente, en un Estado de Derecho las leyes las interpretan los Tribunales de Justicia. De acuerdo con el artículo 123.1 de nuestra Constitución, "1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales". Es misión del Tribunal Supremo a través de la resolución de los recursos de casación fijar doctrina legal y unificar la aplicación del Derecho.

Habiendo declarado en casación y por Sentencia firme el Tribunal Supremo la exención de las prestaciones por maternidad, la Administración Tributaria no debe seguir exigiendo impuestos a las prestaciones por maternidad, que tampoco deberían ser objeto de retención por parte del INSS. Sin embargo, y pese a la enorme importancia de toda esta cuestión, no hay declaraciones oficiales, y algunas noticias resultan simplemente inquietantes.

Diferentes medios de comunicación han publicado esta mañana que el Gobierno planea devolver esta cuantía, pero alargar el procedimiento de devolución a los próximos dos ejercicios.

El artículo 103 de la Constitución Española establece que "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa [...] con sometimiento pleno a la ley y al Derecho", convirtiendo en una arbitrariedad inaceptable que el Gobierno obstaculice el cumplimiento de una resolución judicial. Igualmente, el artículo 30 de la Ley General Tributaria establece la obligación de la Administración de devolver los ingresos tributarios indebidamente percibidos.

Los obstáculos y los retrasos arbitrarios en la devolución de las cuantías es además inaceptable para muchas familias, que no pueden esperar para que les sea devuelta una cuantía que les corresponde. Desde Ciudadanos consideramos que este retraso que el Gobierno plantea a la hora de devolver las cuantías de IRPF detraídas a las prestaciones de maternidad no es tampoco compatible con las intenciones que ha mostrado el propio Presidente del Gobierno de apoyar a las familias, fomentar la natalidad y luchar contra la pobreza infantil.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Devolver "de oficio" las cuantías de IRPF detraídas de las prestaciones de maternidad en el plazo más breve de tiempo, sin establecer trabas administrativas de ningún tipo, según establece la sentencia STS 3256/2018, de 3 de octubre.

2. Que dicho concepto se deje de aplicar de manera inmediata a estas prestaciones y para ello se emita orden o resolución expresa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/003788

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la toma en consideración de medidas en apoyo de las pymes españolas del licor, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

Un objetivo para la presente legislatura es la toma de medidas para favorecer el crecimiento de las pymes en España, y con ello contribuir a la mejora de la productividad de nuestra economía. Las empresas grandes son más productivas y resisten mejor los cambios del ciclo económico, con la consiguiente estabilidad para el empleo.

Un ejemplo de un sector constituido por una multitud de pymes donde existen ciertas trabas para el aumento de su tamaño medio es el del licor. Hace veinte años, en España existían unas setecientas empresas productoras de licores. Cada región española tenía su propia industria. Se trataba de empresas familiares y de tradición centenaria en su mayoría, enraizadas en el tejido industrial autóctono y que


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contribuían a la economía regional. Su producción era diversa: anises, licores de hierbas, aguardientes, pacharanes, orujos, brandis. Hoy en día apenas sobreviven ciento cincuenta de estas empresas.

Las economías de escala en la distribución de licores han favorecido, mediante operaciones empresariales de fusiones y adquisiciones, la aparición de grandes corporaciones de bebidas alcohólicas. Dichas multinacionales, con múltiples marcas para cada categoría de licor, lideran las ventas tanto en la distribución minorista como en la hostelería.

Así, según la revista Aral, las grandes multinacionales del licor y las marcas propias de distribuidores tienen una cuota por valor del 87% en whisky, 81% en ron, 92% en vodka y 61% en anís, pacharán y aguardientes. Los porcentajes restantes, 13% en whisky, 19% en ron, 8% en vodka y 31% en anís, pacharán y aguardientes, se reparten entre multinacionales medianas, algunas grandes empresas españolas y pymes españolas, con lo cual podemos inferir que la cuota de mercado, en valor, de nuestras pymes es ciertamente reducida.

La actual reglamentación a la que está sometida este sector es relativamente más gravosa para las pymes que para las grandes empresas. Nuestras pymes licoreras no pueden aumentar su tamaño. La consecuencia es que muchas de ellas desaparecen gradualmente, y lejos de aumentar el empleo en el sector, disminuye y se reduce la variedad de licores, muchos tradicionales, a disposición del consumidor.

El actual Reglamento de los Impuestos Especiales establece una garantía del 6% sobre las cuotas de impuestos especiales sobre la media anual de salidas. Esta garantía, podría ser especialmente onerosa para las empresas pequeñas y medianas, sobre todo teniendo en cuenta que las cervezas, vinos y bebidas fermentadas tienen una garantía del 1% y los intermedios del 2%.

Asimismo, la Ley General Tributaria permite la presentación de cualquier forma de bien como garantía. En la práctica, dada la complicación administrativa que comporta aportar bienes inmuebles, marcas comerciales, o instalaciones, y su admisión como garantía por la Aduana, al final no queda otro remedio, en la práctica, que acudir al aval bancario con su consiguiente coste.

Respecto del cálculo de los porcentajes reglamentarios de mermas, también éste favorece a las mayores empresas. Existe una merma superior en aquellas empresas que diversifican su producción y fabrican diferentes productos, en cantidades pequeñas, en comparación con las empresas que producen grandes cantidades de un mismo producto en un solo proceso de fabricación. Esas mermas se deben al cambio de filtrado, limpieza, trasiego, para cada licor, lo que no sucede en un proceso continuo de fabricación de un mismo producto. Sin embargo, el porcentaje de merma admitido es indistinto y se refiere únicamente al volumen total de litros de licor, ya se trate de un solo producto o varios. Estas mermas adicionales no se suelen poder comprobar por la inspección justo en el momento de la elaboración. El resultado es que al no poder acreditarse dichas mermas, el Reglamento no permite su aplicación.

La incidencia de la temperatura en las pérdidas de alcohol se contempla legalmente, por cuanto la graduación, base del impuesto, debe considerarse a 20 grados centígrados. Esto solamente es posible si la empresa controla la temperatura de producción y almacenaje de producto, lo cual es especialmente relevante en el proceso de envejecimiento en madera. El actual porcentaje de mermas vigente para estos supuestos parece ser bajo y no atiende al control de la temperatura ambiente en las empresas pequeñas. Este menor control también se produce en zonas donde las temperaturas veraniegas son elevadas. Sin embargo, dados los elevados costes asociados, las pymes no están en condiciones de controlar eficazmente la temperatura de producción, lo que les imposibilita declarar las mermas reales debidas a la evaporación.

Otras circunstancias de posible consideración son el caso de las exportaciones o devoluciones de producto a fábrica.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar el Reglamento de los Impuestos Especiales realizando los ajustes técnicos que permitan apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del licor."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión de Interior

161/003775

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz suplente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para alcanzar una equiparación salarial real y efectiva para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su posterior debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Ley Orgánica 2/1986) establece en su artículo 6 que: "Tendrán derecho a una remuneración justa que contemple su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación y el riesgo que comporta su misión, así como la especificidad de los horarios de trabajo y su peculiar estructura".

Pese a estar contemplada en una Ley Orgánica, esta justa remuneración ha ido desdibujándose a medida que pasaban los años, hasta el punto en el que mientras otras policías autonómicas o locales veían cómo su nivel retributivo iba incrementando paulatinamente, el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quedaba estancado hasta producirse una grave desigualdad retributiva entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de cuerpos policiales.

Ante este escenario de desigualdad, los dos partidos tradicionalmente mayoritarios a nivel nacional, llevaron en sus programas electorales la tan ansiada equiparación salarial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, una vez en el Gobierno, ninguno de ellos quisieron llevar a cabo esta equiparación salarial, convirtiéndose así ésta en una eterna promesa electoral incumplida.

Con motivo de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, y ante un escenario de tibio apoyo de otros grupos parlamentarios a la equiparación salarial, el Grupo Parlamentario Ciudadanos supeditó la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado a que se incluyera una considerable partida presupuestaria para sueldos y salarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como punto de partida de un proceso de equiparación salarial a tres años.

Como resultado de esta reclamación, el Gobierno de entonces accedería a incluir una partida inicial de más de 400 millones de euros que constituiría la primera subida salarial importante que han percibido las Fuerzas y Cuerpos de. Seguridad del Estado desde hace treinta años.

A pesar de los esfuerzos por paliar las diferencias salariales entre unos y otros cuerpos policiales, el actual Gobierno, lejos de reconocer la profesionalidad y sacrificio de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha vuelto a incurrir en un serio agravio comparativo, rompiendo así el proceso de igualación salarial de los distintos cuerpos policiales en España, en detrimento de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En concreto, y como consecuencia de las distintas deudas políticas con sus socios nacionalistas de gobierno, el Gobierno socialista ha alcanzado un acuerdo por el que se destinarán 700 millones de euros más a los Mossos d'Esquadra, que no ha hecho más que acrecentar una brecha salarial injustificable.

Así, con el ánimo de que la subida salarial de las-Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se convierta en otra promesa incumplida más por culpa de los cheques políticamente comprometidos con los actuales socios de gobierno del Presidente Sánchez, y con el objetivo de que la equiparación salarial no se convierta otra vez más en una burla.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mantener en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, al menos, la misma partida presupuestaria que la incluida en los anteriores Presupuestos Generales del Estado de 2018 para alcanzar una equiparación justa y real, si en el momento de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 no se hubiese publicado oficialmente el contenido el Informe de Auditoría encomendado por el Ministerio del Interior.


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2. Mantener en los Presupuestos Generales del Estado de 2020, al menos, la misma partida presupuestaria que la incluida en los anteriores Presupuestos Generales del Estado de 2018 para alcanzar una equiparación justa y real, si en el momento de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2020 no se hubiese publicado oficialmente el contenido el Informe de Auditoría encomendado por el Ministerio del Interior.

3. Seguir incluyendo las correspondientes partidas presupuestarias, siguiendo así el proceso de equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de forma que en el año 2020 la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas mejor pagadas sea real y efectiva."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/003797

A la Mesa de la Comisión de Interior

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Ana María Oramas González-Moro de Coalición Canaria, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las solicitudes de asilo y de protección internacional de los ciudadanos venezolanos en España, para su tramitación ante la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

Según el Informe Anual de la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR) de 2018, sobre las personas refugiadas en España en el año 2017, España recibió más solicitantes de protección internacional que ningún otro año, desde la aprobación de la primera Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado. El pasado año se alcanzaron unas 31.120 solicitudes.

Por primera vez, España ocupó el sexto lugar entre los países de la Unión Europea que más solicitantes atendieron, por delante incluso de países con tanta tradición de asilo como Suecia. Aunque muy lejos aún de los primeros puestos, ostentados por Alemania (222.560), Italia (128.850) y Francia (98.635).

Venezuela, con 10.355 solicitudes, fue una vez más el país de origen de un mayor número de solicitantes. Sin embargo, de las 1.545 personas del país venezolano cuya solicitud resolvió la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), tan solo 15 lograron el estatuto de refugiado. El resto obtuvo una resolución denegatoria.

Según estas cifras en 2017 España batió el récord de solicitudes de asilo. Pese a ello sólo supuso un 4% del conjunto de Europa. Sin embargo, sólo se resolvieron poco más de 13.350 solicitudes, de las cuales se rechazaron dos de cada tres y más de 40.000 están pendientes de resolución.

Por segundo año consecutivo, las personas procedentes de Venezuela encabezaron el listado de solicitantes de asilo, seguidas de las procedentes de Siria y Colombia.

A la vista de estos datos y el elevado número de solicitudes de protección internacional de ciudadanos venezolanos, el Defensor del Pueblo ha pedido recientemente que se otorgue protección temporal a los ciudadanos venezolanos mientras se encuentren en España.

Venezuela vive una de sus peores crisis. La situación es desesperada para muchos venezolanos. Con una hiperinflación que ha alcanzado récord históricos, unida a la escasez de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad, cada vez más personas están huyendo del país. Los venezolanos han emprendido un éxodo masivo en lo que constituye un desplazamiento forzado por razones sociales y económicas sin precedentes.

Por los vínculos históricos, familiares y culturales que tradicionalmente han unido a España con el pueblo venezolano y especialmente con Canarias, España es uno de los países que más está recibiendo venezolanos en los últimos años que huyen de la situación de precariedad que se vive en ese país.

Según nota emitida por la oficina del Defensor del Pueblo, esta Institución ha recomendado al Ministerio del Interior, del que depende la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), órgano competente para la tramitación de las solicitudes de asilo y de protección internacional, que formule una propuesta al Consejo de Ministros para que realice una declaración general de protección temporal para los ciudadanos venezolanos mientras se encuentren en España.


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La Institución ha constatado el elevado número de solicitudes de protección internacional de esta nacionalidad pendientes de resolver y la casi nula tasa de reconocimiento de la condición de refugiado.

Según los últimos datos recibidos por el Defensor del Pueblo, según la misma fuente, el pasado mes de junio estaban admitidas a trámite y pendientes de resolver 17.969 solicitudes de protección internacional de ciudadanos venezolanos y se habían concedido, en los primeros seis meses de 2018, tres estatutos de asilo y ninguna protección subsidiaria.

En opinión del Defensor del Pueblo, "esta realidad exige una respuesta rápida para acabar con la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran muchos ciudadanos venezolanos. Por este motivo, considera que esta solución parece la más razonable dada la limitada capacidad de actuación de la Oficina de Asilo y Refugio y el estado de precariedad en el que ya viven muchos venezolanos en España".

Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha solicitado que traten a estas personas como refugiados en vez de migrantes por razones económicas y recomienda que los países que hayan recibido a venezolanos que no los deporten, expulsen o los obliguen a regresar ante la situación actual de Venezuela.

En un informe, emitido en marzo del presente año, denominado "Nota de Orientación sobre el Flujo de Venezolanos", la entidad pide a los países que garanticen la residencia y el derecho al trabajo de los venezolanos, aunque hayan entrado al país ilegalmente o no tengan documentos de identificación. E insta a los países receptores que les permitan el acceso a su territorio y continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección.

Y tal como recalca el referido informe, "los acuerdos están guiados por el principio de que brindar protección internacional es un acto humanitario y no político. Brindar protección internacional es consistente con el espíritu de solidaridad internacional".

Según el artículo 1 del Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, este régimen de protección temporal está previsto en los casos de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países no miembros de la Unión Europea que no puedan regresar en condiciones seguras y duraderas debido a la situación existente en ese país, y que puedan eventualmente caer dentro del ámbito de aplicación del artículo 1.A de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, u otros instrumentos internacionales o nacionales de protección internacional.

Cuando el Consejo de Ministros declare la protección temporal, ésta tendrá una duración de un año, automáticamente prorrogable por otro periodo anual. Una vez agotada dicha prórroga, y si persistieran los motivos que dieron lugar a su adopción, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, oída la Comisión Interministerial de Extranjería, podrá prorrogar dicha protección temporal durante un año más como máximo.

Asimismo, en cualquier momento el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, oída la Comisión Interministerial de Extranjería, podrá dar por finalizada la protección temporal cuando se resuelva el conflicto que la motivó y existan condiciones favorables al retorno.

Como consecuencia de la declaración de protección temporal los ciudadanos venezolanos podrían disfrutar de derechos en España como libertad de circulación y de residencia, permiso de residencia, título de viaje, acogida en territorio nacional, autorización para trabajar o acceso a servicios sociales y sanitarios en caso de no disponer de recursos suficientes.

Por lo expuesto

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Dar respuesta a la recomendación del Defensor del Pueblo, dirigida al Ministerio del Interior, del que depende la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) como órgano competente para la tramitación de las solicitudes de asilo y de protección internacional, en relación a la situación de los ciudadanos venezolanos en España.

2. Formular una declaración general de protección temporal para los ciudadanos venezolanos mientras se encuentren en España, en tanto persistan los motivos sociales y económicos que están dando lugar al éxodo masivo de venezolanos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Fomento

161/003777

A la Mesa de la Comisión de Fomento

Don Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado de Foro, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a financiación, con cargo al 1,5 Cultural, de proyectos relativos al complejo arqueológico del Castillo de Gauzón, en Castrillón, al objeto de avanzar en la excavación del enclave y en el descubrimiento de nuevos datos sobre la Historia de Asturias, para su debate en esta Comisión.

Exposición de motivos

El reciente hallazgo arqueológico de un capitel en el yacimiento del Castillo de Gauzón (Raíces Nuevo, Castrillón, Asturias) ha revalorizado la importancia del enclave para comprender y renovar la Historia de Asturias.

Desde que en el año 2001 el Ayuntamiento de Castrillón emprendiese el proyecto de actuación arqueológica y se iniciasen las correspondientes campañas para dejar al descubierto diferentes estructuras, el Castillo de Gauzón está proporcionando datos que acreditan el interés ya manifestado por el propio Ayuntamiento para que el conjunto sea declarado Bien de Interés Cultural y tener mayores facilidades de acceso a las convocatorias de ayudas y subvenciones de las administraciones públicas que puedan complementar el esfuerzo presupuestario en favor de las excavaciones.

Es el caso del denominado 1,5% Cultural, una actuación conjunta entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Cultura y Deporte en favor del Patrimonio Histórico español que desde 1994 permite anualmente la realización de aportaciones estatales dirigidas a la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico-artístico que, además, tiene efectos en la dinamización económica y en la consiguiente creación de empleo.

Por lo expuesto, el Diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, formula ante la Comisión de Fomento la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Conceder en la próxima convocatoria del Programa "1,5% Cultural" la financiación correspondiente para los proyectos relativos al complejo arqueológico del Castillo de Gauzón (Raíces Nuevo, Castrillón, Asturias), al objeto de avanzar en la excavación del enclave y en el descubrimiento de nuevos datos sobre la Historia de Asturias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

161/003784

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre igualdad de trato a usuarios de la autopista AP-7, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Consejo de Ministros de 31 de agosto adoptó, con efectos de 2 de septiembre, el acuerdo de exención del 100% del peaje para los vehículos ligeros en los trayectos de ida y vuelta con origen y destino en dos enlaces de la autopista AP-7, comprendidos entre las estaciones de peaje número 30


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(Vilafranca sur) y 42 (Vinaroz/Alcanar), así como la reducción del importe del peaje a todos los vehículos pesados de la categoría 2 en el tramo Peñíscola-L'Hospitalet de L'Infant de la AP-7.

Además, y también a cargo exclusivamente al Gobierno de España, se bonifican los tramos entre Les Borges Blanques y El Pla de Santa María (N-240 y la AP-2), íntegramente en Cataluña -51 kilómetros entre Tarragona y Lleida-. Ello es una buena noticia para todos, pero sorprendentemente la actuación de mayor ahorro para los vecinos, la que permite a los coches circular por la autopista gratuitamente, se detiene en el límite provincial con la Comunidad Valenciana.

Es la primera vez que una medida de bonificación a los vecinos pagada con el presupuesto general y sin aportación de la Comunidad Autónoma, termina en el límite provincial.

Hasta el cambio de Gobierno, y tras dos años de trabajo, la actuación se preveía también en la Comunidad Valenciana. Así lo especificó el 20 de abril de 2018 el Secretario General de Infraestructuras, Manuel Niño, "El Gobierno rebajará los peajes en los tramos de la AP-7 a su paso por Castellón... podrán beneficiarse vehículos ligeros con usuarios recurrentes" (Las Provincias, Castellón Información).

Los Presupuestos Generales del Estado contemplan en la Sección 17 del Ministerio de Fomento la partida "473. Para compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje" con un importe de 16.103.000 euros, de los cuales 12.923.000 euros están disponibles para esta actuación, dado que la partida es genérica y en ningún lugar establece lugar de inicio y final de las bonificaciones.

La igualdad de trato entre Comunidades Autónomas es una obligación del Gobierno de España, y si el propósito, como reza el acuerdo, es "la mejora de la seguridad del corredor viario... así como una disminución de la congestión y del nivel de emisiones en la N-340", la provincia de Castellón está en idénticas circunstancias, dándose también en algunos tramos de las provincias de Valencia y Alicante, como, al menos, en las comarcas de La Safor y La Marina en la vía N-332.

Tras la adopción del acuerdo se afirmó por parte del Gobierno que "en los próximos días" se ampliarían las anunciadas bonificaciones, y entendemos que la decisión tomada debe sustanciarse sobre datos ciertos de siniestralidad y emisiones.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que se hagan públicos los datos referidos a seguridad vial, congestión de tráfico y del nivel de emisiones que han llevado a la adopción de este discriminatorio acuerdo.

2. Que se extiendan al menos a la Comunidad Valenciana las bonificaciones en la autopista AP-7 aprobadas el pasado 31 de agosto con carácter inmediato."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003793

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Toni Postius i Terrado, Diputado del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, una Proposición no de Ley para que el tren de alta velocidad Madrid-Montpellier operado por "Air Nostrum" tenga parada en Lleida.

Exposición de motivos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde a un nuevo servicio internacional de transporte de viajeros en tren de alta velocidad entre Madrid y Montpellier operado por una filial de Air Nostrum, Intermodalitat de Llevant (ILSA).


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Este nuevo servicio, según el informe de la CNMC, sería más económico y más rápido, y tardaría un 10% menos en hacer el mismo trayecto que los trenes operados por Renfe.

Esto supone un avance para los usuarios, que verán incrementada la frecuencia de trenes de Madrid a Montpellier. El tren conectará Madrid y Barcelona con tres departamentos franceses, que suman más de 2 millones de habitantes y contempla paradas en Zaragoza y Barcelona, pero se desconoce si finalmente tendrá parada en Lleida.

Son muchos los usuarios diarios del trayecto Lleida-Barcelona o Lleida-Madrid, por lo que sería beneficioso para estos usuarios que el tren hiciera parada en la ciudad de Lleida.

La alta velocidad tiene una importancia muy relevante en la ciudad de Lleida y supone un elemento impulsor de la cohesión territorial y un dinamizador del desarrollo económico.

La parada en Lleida supondría una oportunidad para el turismo y también para las comunicaciones del sector agroalimentario y económico, puesto que la llegada del AVE ya supuso un antes y un después para la ciudad y el territorio.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a instar al operador "Air Nostrum-Intermodalidad de Llevant" a que el nuevo servicio de tren de alta velocidad Madrid-Montpellier tenga parada en la ciudad de Lleida."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2018.-Antoni Postius Terrado, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/003794

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Toni Postius i Terrado, Diputado del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, una Proposición no de Ley para la bonificación de la AP-2 (Montblanc a Soses) para los vehículos pesantes y para la duplicación de la carretera N-240 entre Lleida y Les Borges Blanques.

Exposición de motivos

En los últimos 8 años han perdido la vida 30 personas en la carretera N-240 entre las localidades de Lleida y Les Borges Blanques. Esta situación ha generado en el territorio múltiples reclamaciones y se exige una solución definitiva para rebajar substancialmente la siniestralidad en este tramo.

Esta carretera soporta diariamente unos 10.000 vehículos, de los cuales 1.800 son vehículos pesados.

Se ha podido constatar que la elevada siniestralidad y mortalidad se pueden atribuir a la carencia de las condiciones básicas de seguridad que presenta este tramo de carretera. La concentración de vehículos en el tramo referenciado es altísimo y esto conlleva que las condiciones de seguridad de la carretera estén en situación pésima, tanto en lo que se refiere al ancho de la vía como al volumen de vehículos ligeros y pesados que desgastan la calzada de la misma.

Es por eso que se reclama la bonificación total a los vehículos pesados en la AP-2 entre Montblanc y Soses para así poder aplicar la desviación obligatoria y que esta no suponga un agravio para los transportistas y empresas que deben hacer esta ruta. Esta bonificación supondría ampliar las medidas establecidas en el Real Decreto 1110/2018, de 31 de agosto, por el que se modifican ciertos términos de la concesión de las autopistas AP-7 y AP-2 que ostenta Autopistas, Concesionaria Española, S.A.U., por la aplicación de medidas de bonificación de peajes en los tramos de Altafulla-Vilafranca Sur de la AP-7 y Les Borges Blanques-Pla de Santa Maria de la AP-2.

La gratuidad y desdoblamiento de la carretera N-240 entre las comarcas del Segrià y Les Garrigues es una reivindicación legítima y justa del territorio y del conjunto de sus ciudadanos y ciudadanas que se prolonga desde hace más de doce años.


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Actualmente está en ejecución un estudio para el desdoblamiento de la N-240 entre Les Borges Blanques y Lleida. Se ha constatado el mal estado de este tramo de la carretera, por lo que se exigen mejoras en la calzada.

Teniendo en cuenta que el Gobierno del Estado se comprometió en ejecutar las obras de desdoblamiento durante el año 2017 con una inversión aproximada de 56 millones de euros, y entrando en el último trimestre de 2018, exigimos que el Gobierno ejecute los compromisos adquiridos y ejecute las obras de desdoblamiento del tramo de la N-240.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Primero. Bonificar al 100% los peajes, de forma urgente y provisional, para el tráfico de vehículos pesados por la autopista AP-2 en los tramos comprendidos entre Montblanc y Soses.

Segundo. Que el Ministerio de Fomento ejecute, sin más dilación y con la correspondiente dotación presupuestaria, las obras de duplicación del ancho de la carretera N-240 entre Les Borges Blanques y Lleida."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2018.-Antoni Postius Terrado, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

161/003790

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado Don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre mejora de las condiciones laborales del sector de transporte de mercancías, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones Seguridad Social.

Exposición de motivos

UTAPA es la Unión de Transportistas, Autónomos, PYMES y Asalariados del sector de los transportes de mercancías de España, creada para luchar contra las injusticias y los graves problemas que se sufren en el sector. Con la presente moción queremos trasladar todos los problemas que se viven en el sector del transporte y pedir a las administraciones públicas correspondientes que tomen medidas para su solución.

La actividad profesional del sector del transporte, reconocida como de alto riesgo, está empeorando por la falta de control a las empresas y por la no aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación por parte del Gobierno del Estado, que sí recomiendan la Unión Europea, sindicados, universidades o la propia Seguridad Social.

A esta realidad de conductoras y conductores de avanzada edad y con facultades físicas afectadas, se le suma la presión que reciben a los puntos de carga y descarga, donde muchas veces se utiliza la llamada "cláusula de pacto en contra", avalada por la Ley 15/2009, para obligarlos a realizar trabajos de carga y descarga sin ningún medio de seguridad o formación. Esta práctica está muy extendida por la falta de capacidad de negociación que tienen las PYMES y autónomos con las emprendidas transportistas, convirtiéndose en una cosa habitual aquello que la norma entiende como una excepción.

Otra práctica habitual del sector es fijar la remuneración del trabajo de los conductores en base a una cantidad fija por kilómetro o a un porcentaje del viaje, lo cual pone en riesgo su salud y la seguridad vial. Además, se está convirtiendo en una práctica habitual camuflar el pago de pluses de productividad (por kilómetros recorridos) a las trabajadoras y trabajadores bajo la apariencia de dietas, que no se incluyen en la base de cotización de la Seguridad Social.

Todas estas prácticas y otras, como la generalización de los contratos de falsos autónomos, conforman el conocido como "dumping social" en el transporte por carretera, una forma de competencia desleal que afecta directamente a los mercados, reduciendo los costes de producción de las mercancías a expensas de los salarios y condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores.


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Por todo lo expuesto, Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Instar al Gobierno del Estado a que atienda la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso el pasado 15 de marzo de 2017, donde se pide la adhesión a "la Alianza de la Carretera" para establecer un plan de acciones conjuntas de todos los Estados de la Unión Europea que lucha contra el llamado "dumping social", basado en la explotación y bajos salarios de las trabajadoras y trabajadores del sector del transporte, además de mejorar la cooperación en materia de inspección y control para combatir prácticas abusivas como los contratos de falsos autónomos o el camuflaje de los pluses de productividad como dietas.

2. Instar en el Congreso a que modifique el artículo 20.1 de la Ley 15/2009 para eliminar la llamada "cláusula de pacto en contra" para que el conductor nunca tenga que asumir la carga o descarga de las mercancías.

3. Instar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que aplique los coeficientes reductores de la edad de jubilación a las y los profesionales del sector del transporte para ser una actividad profesional reconocida como de alto riesgo.

4. Instar en el Congreso a que modifique la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para incluir, como infracciones muy graves que suponen la pérdida de la honorabilidad de la emprendida transportista y de su gestor de transporte, aquellas infracciones del ámbito social a las que una empresa haya sido condenada por sentencia judicial o resolución administrativa por vulneración de los derechos laborales de sus empleadas y empleados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/003774

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre el establecimiento en la nueva PAC 2021-2027 de un Régimen Especial para las Islas Baleares, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Desde su creación, la Unión Europea ha tenido una consideración especial para la realidad de la insularidad. En un primer lugar se articularon regímenes especiales para las llamadas regiones francesas de ultramar, pero posteriormente, se extendió a otras situaciones como Madeira, las Azores, las islas Canarias y en último lugar a las Islas Menores del Mar Egeo. Este reconocimiento de la insularidad como factor limitante ha tenido siempre una aplicación concreta en lo que al sector agropecuario se refiere. La base jurídica para su regulación se encuentra en el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea, y a partir de este encaje, la consideración de esta insularidad en la aplicación de la Política Agraria Común, se recoge en el Reglamento 228/2013, de 13 de marzo, por el que se establece el Programa de Opciones Específicas de Alejamiento e Insularidad, POSEI, y en el Reglamento 229/2013, de 13 de marzo, por el que se establecen Medidas Específicas en Agricultura para las Islas Menores del Mar Egeo.

Las Islas Baleares tienen una superficie de 4.982 km2, repartidas en cuatro islas mayores y una serie de islotes menores. En Baleares además coincide el factor de la doble insularidad para las islas de Menorca, Ibiza y Formentera. Podemos decir que sus condiciones se asemejan a las Islas de Mar Egeo.


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El reconocimiento de esta condición de insularidad ha sido un reclamo histórico del sector agropecuario balear. El 24 de abril de 2012, el Parlamento Balear aprobó por unanimidad una Moción instando al gobierno de entonces a incluir en el siguiente periodo de programación 2014 -2020 un Régimen Especial para las Islas Baleares.

El objeto de este régimen sería establecer un conjunto de medidas específicas en el sector agrícola para paliar las dificultades ocasionadas por la situación de insularidad y, concretamente, el alejamiento, el aislamiento, la reducida superficie, el relieve, el clima desfavorable y la dependencia económica respecto de un reducido número de productos. La condición de insularidad constituye en sí mismo un factor limitante, no solo social y económico, sino también ambiental. En contexto de cambio climático, claramente se destaca por los propios organismos internacionales como factor especial de vulnerabilidad.

El sector agrario aporta un 1,4% al PIB Balear, y aunque tiene un peso económico que podríamos considerar pequeño en el conjunto de su economía, sin embargo, mantener y desarrollar un sector agrario y ganadero, con sus actividades conexas agroalimentarias, constituye no solo una posibilidad de creación de empleo, sino una necesidad esencial para mantener el equilibrio territorial, la gestión de los ecosistemas y paisajes de las Islas Baleares, la conservación del patrimonio cultural inmaterial y constituye una seña de identidad básica en relación al sector turístico. Las Islas Baleares no serían lo que son, sin las señas de identidad que guarda "la pagesía". La intención es mantener una actividad agropecuaria dinámica, con capacidad para generar empleo digno y valor agregado. La relación virtuosa entre el sector agroalimentario y el sector turístico en las Islas Baleares está todavía por construir sobre la base de una responsabilidad social y ambiental mucho mayor del propio sector turístico para con el territorio.

El informe elaborado por el Gobierno Balear en el año 2012, "La agricultura de las Islas Baleares en peligro de extinción" y que sirvió de base para la defensa entonces de este régimen especial, nos aporta los datos básicos necesarios que los reglamentos comunitarios piden justificar para establecer un régimen especial de insularidad. A falta de datos más actualizados, utilizamos esta referencia, por la virtud de ser un documento, asumido por el gobierno de entonces.

Es necesario destacar los factores limitantes que resultan claves para el desarrollo y conservación del sector agropecuario. La insularidad condiciona la disponibilidad de agua. Las Islas Baleares no cuentan con grandes masas ni cursos de agua. La dependencia de las precipitaciones es casi del 100%, lo que ha limitado históricamente el desarrollo del regadío. La insularidad condiciona también la calidad del suelo que en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera influyen de manera importante en la productividad agraria. Salvo la Pla de Mallorca, el resto de los suelos insulares tienen perfiles edafológicos muy pobres. La insularidad agrava la vulnerabilidad a la entrada de nuevas plagas y enfermedades. La expansión de la Xylella ha sido un buen ejemplo, pero no es el único. La condición de insularidad impone una estructura de las explotaciones agrarias marcada por el reducido tamaño medio de las explotaciones, una alta fragmentación de las explotaciones agrarias en numerosas parcelas de dimensiones en ocasiones muy reducidas, y un régimen posesorio sobre la tierra que se apoya en instituciones jurídicas muy antiguas y que frenan la dinamización sectorial. La insularidad impone aislamiento y dificultad en las comunicaciones y transportes. Los sobrecostes añadidos del transporte, pero también los tiempos y la dificultad para organizar la comercialización encarecen el producto y eleva los costes de producción y distribución. Finalmente, la insularidad repercute en la dimensión del mercado. En algunos casos como Formentera, además hablamos de una microisla de muy reducido tamaño.

Estos factores condicionan la rentabilidad y viabilidad de las propias explotaciones. En primer lugar, por el incremento en el coste de los insumos básicos de la producción agropecuaria. Tomando tres variables muy determinantes para la producción, evidente su impacto. Por una parte, el incremento medio de los precios de los piensos del ganado es del 45%. Los datos disponibles de diversas fuentes, indican que este sobrecoste supone un gasto añadido al sector ganadero por año de 15.621.300 ?. A esto se le suma el diferencial de precio en el litro de gasoil que es de 0,051 ?. Con un consumo estimado de 88.000 Tn anuales, el sector paga 4.488.000 ? de más por el gasoil consumido. En tercer lugar, en el caso de fertilizantes, y con un consumo medio estimado de 30.000 Tn anuales y un diferencial de precio de 0,06 ?/kg, el sector asume un sobrecoste de 1.800.000 ? más al año.

De manera paradójica, los precios recibidos por los y las agricultoras y ganaderas son inferiores a los de la península. La razón está en la propia insularidad que favorece mercados cautivos y poco transparentes, con una concentración muy grande en el almacenamiento y distribución. Así, la diferencia en el precio del cordero está en 20 ?/canal, que, por los 160.000 corderos sacrificados anualmente en Baleares, supone un efecto negativo sobre la renta de 3.200.000 ?. El caso de la leche es paradigmático.


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El precio de Baleares es el más bajo de toda España, situándose en el año 2017 en 0,316 ?/l. Esto significa 0,022 ? menos, que por los 87,2 millones de litros de leche que se producen, supone un impacto negativo en la renta agraria de 1.918.400 ?.

En un contexto en el que otros sectores económicos presionan sobre el sector agropecuario, el precio de la tierra en Islas Baleares se mantiene en niveles que impiden radicalmente la incorporación de jóvenes o el acceso a la tierra. Mientras que el precio medio de la hectárea de tierra en España es de 9.705 ?/ha, según la estadística del Ministerio de Agricultura, en Baleares el precio declarado está en 18.364 ?/ha. A pesar de que desde el año 2012 ha disminuido ligeramente su precio en el resto de España, sin embargo, en Baleares apenas ha variado.

La renta agraria por ocupado en Baleares es un 28,2% inferior a la de la península, pero, además, en el periodo intercensal anterior, 1999-2010, cayó un 30,2%. Al mismo tiempo, el Margen Bruto de Explotación Agroalimentaria en Baleares está en 1,2%, mientras que el de España de media se sitúa en 10,6%.

Toda esta situación no es reconocida en la actualidad por la Política Agraria Común, que se aplica injustamente en Baleares y, que no solo no compensa, sino que castiga al sector balear. Así el valor medio por derecho de pago básico en Baleares se sitúa en 113,04 ?, lo que implica 30,45 ? por debajo de la media nacional. Lo que percibe un perceptor medio de PAC en Baleares son 3.343 ?, lo que significa, 1.781 ? menos que el perceptor medio a nivel nacional. Las razones son evidentes y derivan de un sistema que establece como criterio casi absoluto la superficie, y que favorece a producciones continentales extensivas.

Abierto un nuevo proceso de Reforma de la PAC, se plantea un nuevo escenario de oportunidad. Los borradores de Reglamentos presentados por la Comisión el 1 de junio de 2018 vuelven a incluir aspectos relacionados con la reforma de los dos Reglamentos antes mencionados que rigen el POSEI para regiones ultraperiféricas, y el régimen especial de las islas menores del Mar Egeo. Es ahora cuando los gobiernos estatal y autonómico, las fuerzas políticas y las organizaciones agrarias y sociales que defienden la necesidad de un mundo rural vivo en Baleares y un sector agrario dinámico y de calidad que genere empleo y riqueza, deberían trabajar para elaborar la propuesta.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar la propuesta de un Régimen Especial de las Islas Baleares en el marco de la futura reforma de la PAC, en coordinación con el gobierno balear y las organizaciones representativas del sector, que contemple:

- Que el régimen especial será complementario a la aplicación ordinaria de la PAC.

- Un régimen especial de abastecimiento para insumos agrarios y ganaderos y a la industria agroalimentaria.

- Un régimen especial de medidas de fomento de la producción agrícola local.

- Favorecer el comercio entre las islas del archipiélago balear.

2. Presentar, en coordinación con las instituciones del gobierno balear y los sectores implicados, ante la Unión Europea la propuesta con un cuadro financiero dotado suficientemente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003783

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la recuperación del cultivo de algarrobo (Ceratonia siliqua), para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


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Exposición de motivos

Hasta mediados del siglo XX, el suelo del territorio rural mediterráneo, se ha caracterizado por dos actuaciones básicas, cultivar todo tipo de terreno donde era posible hacerlo y aprovechar los productos forestales maderables y no maderables, allí donde no era posible cultivar, siendo típicos los paisajes abancalados que otorgan una identidad y belleza paisajística sobresaliente.

Fue en las áreas frontera entre campos de secano y la montaña propiamente dicha, caracterizadas por el minifundio y la falta de rentabilidad de las explotaciones agroforestales, donde el fenómeno de la migración y despoblación del medio rural español fue más acusado.

A su vez, el abandono de estas zonas ha originado la acumulación de biomasa en nuestros montes con una capacidad pirofítica devastadora, que está constatada por los inventarios forestales.

La recuperación de los campos abancalados, ahora ocupados por matorral o por otras especies (mayoritariamente "pinus halepensis"), realizando un aprovechamiento sostenible del territorio, puede suponer que las terrazas aumenten la separación entre las filas de árboles, creando discontinuidad horizontal, que puede ser importante en la propagación de incendios.

Pero no se trata únicamente de aspectos orográficos. Existen especies, como el algarrobo (Ceratonia siliqua), un árbol autóctono, muy característico y arraigado culturalmente en la zona del Levante y las Islas Baleares, con una gran resistencia a la sequía, cierta tolerancia al fuego y gran capacidad de rebrote, que pueden facilitar la gestión de estas zonas agroforestales.

Se estima que las superficies dedicadas al cultivo del algarrobo, a mediados del siglo XX, se aproximaban a las 200.000 hectáreas, distribuidas por toda el área mediterránea comprendida entre 0 y 450 metros de altura.

El algarrobo es un cultivo tradicional con cosechas que oscilan, en España, entre las 60.000 y las 80.000 tm de garrofas o algarrobas, su fruto, del que se obtienen productos, como piensos para el ganado y una pequeña parte se utiliza en la alimentación humana, en concreto, como sustituto del cacao, o la denominada "goma de garrofín", que se utiliza como espesante y estabilizante natural en muchos productos alimentarios. La garrofa y sus derivados están considerados como un superalimento, con un gran valor nutricional que se está poniendo en valor gracias al trabajo en l+D+i del Grupo Operativo del Cultivo del Algarrobo.

El cultivo del algarrobo tiene un potencial que podría ayudar a consolidar la economía rural de algunas zonas, evitando la despoblación. Además, sirve para generar un aprovechamiento agroforestal gestionado sosteniblemente que sirve para el control de la biomasa y que facilita el control de los incendios.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congrso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, en consenso con las Comunidades Autónomas afectadas, un plan de recuperación del algarrobo en el "piedemonte" mediterráneo, que incluya:

a) Un inventario de las superficies potenciales, histórica y de los cultivos actuales.

b) Superficies localizadas en espacios naturales protegidos, en especial, de la Red Natura 2.000.

c) Localización de parcelas catastrales en función a su propiedad pública o privada.

d) Establecer programas pilotos en zonas de alto riesgo de incendios y sus mecanismos de gestión y/o participación público-privada y custodia, con la intención de facilitar la intervención, recuperación y mantenimiento de las parcelas formando discontinuidad.

e) Potenciación de acciones que favorezcan la creación de actividad y empleo, localizada en los municipios rurales y en el marco del sector cooperativo.

2. Apoyar, impulsar y defender, en colaboración con las Comunidades Autónomas, este producto agrícola en el mercado, dándole el valor que merece a través del I+D y de la difusión de sus excelentes características como ingrediente, aditivo y como cultivo tradicional y beneficioso para el medio ambiente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/003785

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la evaluación de los recursos hídricos de la Confederación Hidrográfica del Segura destinados a la ganadería, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

El censo de ganado, con datos de 2016, nos informa de 6.317.641 cabezas de ganado bovino, 29.231.595 de porcino y 15.962.892 de ovino, lo que sitúa la cabaña ganadera española en un lugar destacado de la Unión Europea en porcino y ovino, pero no menos importante en ganado bovino.

Las ganaderías están distribuidas irregularmente por la geografía. Aunque hay regiones claramente ganaderas y agrícolas, todas las comunidades autónomas tienen una representación de cabezas de los tres tipos de ganado.

En esta distribución influyen muchos factores: la superficie agrícola, la vegetación, la orografía, las condiciones climáticas, la tradición ganadera y alimentaria, la logística, etc. En cualquier caso, la ganadería es un motor de crecimiento y desarrollo económico de las regiones donde se asienta y un subsector generador de empleo.

En zonas del levante español, la sequía ha influido sobre todo tipo de actividad vinculada al campo, ya sea agricultura o ganadería. La disponibilidad de agua es estratégica para los abastecimientos humanos, para los cultivos, pero también para garantizar la disponibilidad de alimento de proximidad para el ganado o para saciar la sed del mismo. En definitiva, el agua es esencial para mantener las producciones animales, bien en granjas o en extensivo.

Lejos de constituir un elemento de enfrentamiento, las explotaciones ganaderas han compartido con la agricultura, especialmente el regadío, los escasos recursos hídricos, realizando la mejor gestión posible de los mismos.

El acceso a las concesiones de agua se ha convertido, para el ganadero, en un punto clave en el que poner su máxima atención, pues debe garantizar su suministro en el tiempo, justificar la necesidad y legalizar el reconocido de su uso y derecho.

Por otra parte, la rentabilidad de las explotaciones depende de un precio asequible y asumible a un recurso como el agua, e indirectamente de productos vegetales también vinculados al agua o al precio de su transporte.

El otorgamiento de concesiones referentes al dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma, según queda reflejado en el Texto refundido de la Ley de Agua, es función del Estado y esta atribución recae sobre los organismos de cuenca.

En el levante, la Confederación Hidrográfica del Segura comprende el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten al mar Mediterráneo entre la desembocadura del río Almanzora y la margen izquierda de la Gola del Segura, además de la cuenca hidrográfica de la rambla de Canales y las endorreicas de Yecla y Corral-Rubio. En total, 19.025 km2, de superficie continental, que corresponde a 4 comunidades autónomas, 6 provincias y 132 municipios.

La ganadería es un apartado importante analizado en el capítulo de usos y demandas de la planificación hidrológica. La actividad ganadera se refleja en los aproximadamente 3 millones de cabezas de ganado que, según el Censo Agrario más reciente, hay en la cuenca del Segura. Además de 5,2 millones de aves repartidas en más de 1.100 explotaciones avícolas.

Para regiones como la de Murcia, con más de 1.800.000 cabezas de porcino, que se incluye dentro de las cinco provincias que acumulan el 50% del censo nacional, 600 mil de ovino y 77 mil cabezas de bovino, el agua constituye un factor fundamental. El grueso del censo ganadero de la demarcación del Segura se encuentra en la Región de Murcia, que cuenta con más del 83% del porcino, el 90% del bovino, el 89% de las aves y el 67% de la ganadería ovina y caprina.

En la planificación, la demanda ganadera se considera incluida dentro de la demanda agraria estimada, ya que las dotaciones de las Unidades de Demanda Agraria incluyen las dotaciones necesarias para el uso ganadero.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propone para su debate y votación la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Evaluar los recursos que la Confederación Hidrográfica del Segura tiene asignados al sector ganadero de las diferentes provincias.

2. Ajustar la oferta y la demanda que garantice el suministro suficiente para garantizar un sector ganadero competitivo y sostenible dentro de los límites de la Confederación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Transición Ecológica

161/003771

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podernos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre la continuidad del proyecto de regeneración de la bahía de Portmán, Murcia, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

El proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán, en el término municipal de La Unión (Región de Murcia), es un proyecto largamente anhelado por la sociedad murciana. Estamos ante lo que la comunidad científica reconoce como uno de los mayores desastres ecológicos del Mediterráneo.

"Portus Magnus", así llamaban los romanos a uno de los puertos más grandes que existió en el sur de la península. Pero el tiempo no ha tratado bien a la Bahía de Portmán. Junto a la costa de Cartagena, en Murcia, ya no queda nada de este antiguo puerto. Al contrario, sus aguas han desaparecido tras una montaña de tierra amarillenta e insana. Donde antes hubo hasta doce metros de profundidad, ahora sólo quedan los restos de tierras y lixiviados procedentes de las minas de la Unión. El 30 de marzo de 1990, tras una prolongada campaña de oposición, cesaron los vertidos al mar. Desde el inicio de los vertidos en 1958, se estima que han sido arrojados a la Bahía de Portmán más de 60 millones de toneladas de estériles aterrando más de 750.000 m2 de la superficie de la bahía y sepultando varios kilómetros cuadrados de los fondos marinos de la plataforma continental marina frente a Portmán.

En noviembre de 1991 se cierra la explotación minera, siendo despedidos los más de trescientos trabajadores de su plantilla. La empresa Portmán Golf S.A. queda a la espera de que se acepten sus planes de urbanización del entorno. A partir del año 1994, tras el cierre de los vertidos al Mediterráneo y la aparición de las filtraciones de los vertidos en la Sierra Minera, se realizan diversos acuerdos y convenios entre administraciones y centros de investigación tendentes, inicialmente, a recuperar los usos tradicionales en la bahía y el pequeño puerto pesquero original situado a poniente de la misma. Más adelante, el objetivo de los estudios pasa a ser la regeneración y adecuación ambiental de la bahía de Portrnán y su entorno. En marzo de 1995, Cristina Narbona, Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, acude a Portmán para presentar a los vecinos algunas propuestas que está analizando el MOPTMA para poder acometer la recuperación de la Bahía de Portmán y su entorno.

Paralelamente, y desde entonces, la comunidad científica de toda Europa ha puesto su atención sobre este caso emblemático, y los estudios se han sucedido. Uno de los estudios más completos realizado por


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la Universidad Complutense en el año 2016 1, puso de manifiesto lo que en sí parece más que obvio. Los restos de la bahía de Portmán son peligrosos para la salud. Eso sí, este trabajo ha conseguido identificar y cuantificar los restos de la bahía, señalando de forma concreta cuál es el verdadero peligro al que se exponen los habitantes de la zona y la fauna que lo habita. Según el estudio, la bahía de Portmán es actualmente uno de los puntos más contaminantes que existe en la península. La presencia de cadmio, plomo y arsénico está muy por encima de los niveles admitidos como normales. Especialmente este último resulta peligroso por su conocido efecto cancerígeno. En la zona viven más de 20.000 personas. El análisis realizado por la Complutense muestra que los niveles de exposición diaria, especialmente en los niños, son mucho más altos de lo que deberían ser. Aunque es un análisis de riesgos, que muestran el peligro potencial, y no un análisis que muestre una afección directa, los investigadores han dejado claro a las autoridades que deberían ponerse medidas inmediatas para prevenir un problema sanitario muy grave.

En julio de 2001 se firma un Convenio de colaboración entre la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), el Ente Público de Puertos del Estado y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio de Fomento, para la Realización de trabajos tendentes a la regeneración y adecuación ambiental de la bahía de Portmán (Murcia), cuyo desarrollo contaba con cuatro fases sucesivas. Entre los trabajos correspondientes a la primera fase se contemplaba la elaboración por parte del CEDEX de un documento que analizase las líneas fundamentales de posibles alternativas de corrección del problema ambiental existente en la bahía de Portmán, junto con su correspondiente justificación técnica, económica y ambiental, para su presentación a las Autoridades de la Unión Europea. En abril de 2002, el CEDEX emite el informe "Trabajos tendentes a la regeneración y adecuación ambiental de lo bahía de Portmán (Murcia)".

En el "Boletín Oficial del Estado" núm. 245, de fecha 22 de febrero de 2011, se publicó la Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula la "Declaración de impacto ambiental del proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán, término municipal de La Unión", que es un documento imprescindible y garantista para que este proyecto de regeneración se haga bien y sea beneficioso para toda la ciudadanía. Habiéndose iniciado algunos trabajos aparentemente de regeneración estamos observando que aspectos importantes de la Declaración de Impacto Ambiental citada no se están llevando a cabo.

El BOE de 23 de julio de 2015 hizo pública la licitación de las actuaciones del proyecto de regeneración. El BOE de 12 de septiembre de 2016 publicó el Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la formalización del contrato "Regeneración y adecuación ambiental de la bahía de Portmán, término municipal de La Unión (Murcia)" con un valor estimado del contrato de 59.536.680,30 euros. El proyecto consiste en el dragado de estériles depositados en la bahía hasta retrasar la línea de orilla actual en 250 metros. Para ello se retirarán de la bahía unos 2 millones de metros cúbicos de estériles, los cuales se trasladarán a la corta minera de San José, en la misma provincia y comunidad autónoma. También está previsto regenerar la nueva línea de playa reutilizando materiales de la actual y aportar arena caliza de machaqueo para mejorar su granulometría.

Desde hace meses las obras de regeneración de la Bahía de Portmán, que se iniciaron en octubre de 2016, están presentando una serie de dificultades y parones de actividad, que parecen derivar de insuficiencias técnicas. El problema está en que el anterior Gobierno del PP licitó en 2015 un proyecto de dudosa solvencia técnica, sin suficiente presupuesto y con una notable carencia de transparencia.

El proyecto original del Ministerio contemplaba el uso de una cinta transportadora para trasladar los residuos que se dragasen en la bahía a la corta San José. Habida cuenta que los cálculos empleados para el relleno de este hueco minero con el sedimento dragado y una vez escurrido en superficie parecen no corresponder con los volúmenes finales disponibles y las densidades de manejo, además de que el diseño propuesto puede suponer un alto riesgo estructural, parece que se ha optado por buscar alternativas al vertido en la corta San José; alternativas no contempladas en los estudios iniciales y para las que no existen acuerdos con los propietarios del terreno.

La regeneración de la Bahía de Portmán es considerada una deuda histórica con la ciudadanía de la Región de Murcia. Por ello es una responsabilidad de todos los representantes políticos aunar esfuerzos para que el proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán continúe ejecutándose, solventando, al

1 Carmen Pérez-Sirvent, Carmen Hernández-Pérez, María José Martínez-Sánchez, Mari Luz García-Lorenzo, Jaume Bech, "Geochemical characterisation of surface waters, topsoils and efflorescences in a historic metal-mining area in Spain", Journal of Soils and Sediments, 16(4), abril 2016.


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menos, tres problemas que presenta el proyecto en ejecución y viene arrastrando desde prácticamente sus orígenes:

- La Corta San José, destino final de estos residuos, no cumple con los requerimientos geotécnicos para albergar los residuos tóxicos y peligrosos dragados ya que a partir de alcanzar la cota de 30 metros no se podrán seguir vertiendo residuos y habrá que buscar un nuevo depósito para dar cabida a los mismos.

- Los lodos dragados no se secarán suficientemente en las balsas previstas como para cumplir con los requerimientos de contenido en agua que establecen los reglamentos para su depósito en un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos como los que son.

- Además, cuando se inicien las obras de dragado, las aguas resultantes de estas operaciones y del propio escurrimiento de los residuos, resultarán altamente enriquecidas en metales pesados y metaloides, y el proyecto no dispone de ninguna acción ni partida presupuestaria para su tratamiento, siendo su coste de tratamiento, según las tecnologías disponibles, de un coste financiero importante. De ninguna forma estas aguas pueden acabar llegando al Mediterráneo sin depurar.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Garantizar la continuidad del proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán, incluyendo la de los suelos contaminados, cumpliendo los criterios de transparencia y acceso a la información.

2. Disponer de un informe y propuesta que resuelva los problemas técnicos que se han presentado en la ejecución del proyecto de regeneración (problema de la corta receptora de los estériles, desecado de los lodos dragados y tratamiento de las aguas resultantes).

3. Dotar de presupuesto suficiente al proyecto de regeneración, así como una valoración económica del mismo en relación a los costes e impactos del proyecto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2018.-Javier Sánchez Serna y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003781

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por las inundaciones en el levante mallorquín durante las tormentas producidas a principios del mes de octubre de 2018, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

La Agencia Estatal de Meteorología ponía en aviso, para los días 9 y 10 de octubre, varios puntos de la costa mediterránea, en especial la costa de Málaga y las provincias de Barcelona y Gerona. A lo largo del día, las previsiones concentraban los riesgos en la zona norte, nordeste y levante de Mallorca.

El martes 9, la estación meteorológica de Artá-Colonia de San Pere acumulaba 232,8 litros por metro cuadrado entre las 16:00 y las 21:00 horas, con un importante pico de 71 litros a las 19:00 horas. Otra estación, la de Artá, acumulaba 62,8 litros por metro cuadrado en una hora, alrededor de las 20:00 horas.

Estas fuertes lluvias, caídas a media tarde al este de Mallorca, han provocado la dolorosa pérdida de la vida de numerosas personas, varios desaparecidos, así como gran cantidad de desperfectos materiales. La localidad más afectada por las tormentas fue Sant Llorenç des Cardassar, tras desbordarse el torrente que atraviesa el pueblo, pero también hay que lamentar víctimas mortales en las localidades de S'Illot, un pueblo vecino perteneciente a Son Servera, y Artá.


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Varios de los fallecimientos se provocaban al inundarse sus propios domicilios, otros atrapados en los vehículos que eran arrastrados por las corrientes. Tras desbordarse el torrente, prácticamente todo el pueblo de Sant Llorenç quedó anegado, sin luz y con dificultades para la comunicación por teléfonos móviles. Los vecinos tuvieron que refugiarse en las zonas altas de sus viviendas. Muchos vehículos quedaron cercados por el agua y a merced de las corrientes, incluso con ocupantes en su interior.

Varios vecinos tuvieron que ser trasladados a zonas seguras, incluso hasta localidades próximas, donde se habilitaron instalaciones. Dos puentes, los que comunican Son Serra con Colònia de Sant Pere y el puente de la Ma-4023 de Porto Cristo a Son Servera, se han visto afectados y hasta 11 carreteras cortadas por las inundaciones.

En resumen, en la tarde noche del martes 9 de octubre se han producido daños personales o materiales derivados de una tormenta y el desbordamiento de un torrente que ha perturbado gravemente las condiciones de vida del Levante de Mallorca.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congrso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Declarar la zona afectada como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio.

2. Determinar y cuantificar, a la mayor brevedad posible, el alcance real de los daños causados por las inundaciones del día 9 de octubre de 2018, en Mallorca.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones y en concreto:

- Conceder ayudas económicas por fallecimiento y por incapacidad absoluta y permanente.

- Aprobar las medidas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

- Realizar la compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.

- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.

- Aprobar las correspondientes ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.

- Analizar la posible apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.

- La aplicación de medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

5. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una Comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/003792

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la actividad de las empresas instaladoras habilitadas de gas, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

La Ley 8/2015 modificó la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, permitiendo que cualquiera de las empresas instaladoras habilitadas de gas pudiera realizar la inspección periódica de las instalaciones receptoras de gases combustibles por canalización, siendo esta una actividad que hasta ese momento había quedado reservada a las compañías distribuidoras de gas. Mediante el Real Decreto 984/2015, de 31 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural, se dio posterior desarrollo a esta previsión. Se trata, por tanto, de medidas de liberalización en el mercado de gases por canalización, cuyo objetivo es trasladar al consumidor de los mismos la máxima eficiencia en la realización de este servicio, introduciendo una competencia hasta ese momento inexistente en esta actividad.

La experiencia de esta liberalización ha sido hasta el momento positiva, por lo que es deseable ampliarla y profundizarla. Transcurridos tres años desde la liberalización del mercado, se aprecian algunos elementos susceptibles de mejora que pueden y deben ser abordados mediante modificaciones reglamentarias, que son competencia del Gobierno.

En primer lugar, es necesario regular un procedimiento de información que permita a las empresas habilitadas para realizar esta inspección conocer con mayor precisión la fecha en la que las instalaciones tienen que ser sometidas a revisión. De esta forma, se lograría una mayor eficiencia en la realización de las actuaciones, así como una mayor capacidad de las empresas habilitadas para realizar su labor comercial. La imposibilidad de estas empresas para predecir la fecha de la revisión periódica se ha convertido, en la práctica, en una ventaja competitiva para el distribuidor incumbente, que limita la competencia efectiva en el sector. Debe, por tanto, corregirse esta situación con una regulación del acceso a dicha información que, al mismo tiempo, sea compatible, lógicamente, con la necesaria protección de los datos de los consumidores.

Existe margen y es deseable, igualmente, mejorar el procedimiento de facturación ideado por el Real Decreto 984/2015. A este respecto, debe analizarse la posibilidad de que las empresas instaladoras puedan facturar directamente el coste del servicio al consumidor, a través de la comercializadora, simplificando así el procedimiento completo y permitiendo que las instaladoras habilitadas reciban un único pago de la distribuidora, por el monto agregado de las inspecciones que realicen, sin necesidad de una facturación individualizada a través de la distribuidora. Una posibilidad similar a esta ya fue propuesta por la CNMC en su informe inicial sobre el Real Decreto 984/2015 y ahora que el sistema liberalizado cuenta ya con mayor desarrollo, parece adecuado avanzar en dicha dirección.

Además, es necesario prever un límite máximo al tiempo que la distribuidora puede dilatar el pago de la factura a la empresa instaladora, asegurando que en ningún caso se sitúe por encima de los plazos de pago establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Por último, la experiencia acumulada en la aplicación del RD 984/2015 señala un ámbito de mejora en la regulación de los plazos señalados por el Reglamento, así como del modo de realizar las comunicaciones con el consumidor.

Por lo que se refiere a los plazos, se ha comprobado que el plazo de 45 días dispuesto en el actual Reglamento resulta insuficiente para que los consumidores puedan informarse y realizar, en su caso, la contratación del servicio de inspección periódica. La insuficiencia de este plazo se ve agravada por el hecho de que dichos 45 días se fijan desde el momento de la remisión de la carta, y se ha demostrado que en un número importante de casos el consumidor accede a la notificación con un retraso significativo. En conjunto, por tanto, resulta adecuado ampliar el plazo de 45 días establecido en el RD 984/2015 y establecer al tiempo mecanismos de comunicación que aseguren, en la mayor medida posible que sea eficiente, la recepción pronta de la comunicación por parte del consumidor.


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Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Potenciar y seguir avanzando en la plena liberalización del servicio de inspección de instalaciones de gases combustibles por canalización facilitando el acceso de las empresas instaladoras habilitadas de gas a los datos necesarios para poder trasladar a los consumidores los beneficios derivados de una mayor presión competitiva en la provisión de este servicio.

2. Simplificar los procedimientos de facturación del servicio cuando lo ejecute una empresa habilitada distinta de la distribuidora y a limitar el plazo de pago de las facturas por parte de esta última.

3. Ampliar los plazos disponibles para que los consumidores puedan optar a realizar la inspección periódica con una empresa habilitada distinta de la distribuidora."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Cultura y Deporte

161/003772

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para recuperación e impulso del "Pasaje Begoña" en Torremolinos (Málaga) como lugar de memoria histórica y cuna de los derechos LGTBI, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.

Exposición de motivos

Torremolinos durante la última década del franquismo era un oasis de convivencia y diversidad, referente internacional por ser un municipio moderno y de mentalidad avanzada, a gran distancia de la sociedad española de los años sesenta.

La juventud europea y norteamericana viajaba a Torremolinos donde se abría en 1962 el primer local gay de España, el Tony's Bar. Era frecuente que personas de toda índole y nacionalidad frecuentaran y convivieran en los numerosos locales y comercios del Pasaje Begoña donde el respeto mutuo, la diversidad y la pacífica convivencia eran algo habitual. Personas de fama internacional disfrutaban de los locales de ambiente LGBTI del Pasaje Begoña. Como ejemplo, citamos a John Lennon, acompañado de su amigo y manager de The Beatles, Brian Epstein, visitaban Torremolinos y el Pasaje Begoña como referente turístico gayfriendly. Otras muchas personas, algunas de prestigio internacional, instalaron sus negocios en el Pasaje Begoña, como "The Blue Note" de la famosa pianista holandesa Pia Beck. El turismo LGTBI se mantuvo en el Pasaje Begoña durante la década de los 60 a pesar de la dictadura, como referente internacional de convivencia, respeto a la diversidad y a la orientación sexual de cada persona.

El Pasaje Begoña mantiene numerosas similitudes con el Stonewall Inn de Nueva York. Ambos lugares fueron pioneros en el respeto a la diversidad y a las libertades LGTBI. También en ambos lugares tuvieron lugar sendas redadas contra la libertad y la pacífica convivencia del colectivo LGBTI. La redada del Stonewall Inn tuvo lugar el 28 de junio de 1969, y tras la misma se sucedieron los famosos disturbios que pasaron a la historia como el catalizador del movimiento moderno pro-derechos LGBTI en Estados Unidos y después en el resto del mundo. En el Pasaje Begoña la "gran redada" policial aconteció la noche del 24 de junio de 1971, y acabó con numerosas detenciones y deportaciones, sanciones y precintado de locales..., y puso fin a toda una época de esplendor de Torremolinos como destino turístico.


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Según el testimonio contrastado de víctimas y testigos de la "gran redada", ordenada por el entonces gobernador civil de Málaga, Víctor Arroyo, la noche del 24 de junio de 1971 camiones grises de la policía, autobuses oficiales y otros vehículos municipales, se encaminaron hacia el Pasaje Begoña, ubicándose en los dos extremos del mismo. Los agentes de la policía armada, inspectores de policía del régimen y agentes de la policía municipal registraron uno a uno los locales, y detuvieron a todas las personas que allí se encontraban por atentar "contra la moral y las buenas costumbres". Las crónicas cifran en más de 300 las personas detenidas, "a 114 de ellas, como no había calabozo disponible, las llevaron al callejón lateral que subía desde la antigua oficina de Correos en el Paseo del Parque, hacia la calle Alcazabilla de Málaga". Cruzaron los camiones en plena calle y allí mantuvieron a los detenidos horas y horas. Algunos de ellos fueron puestos en libertad, otros encarcelados. Muchos de los extranjeros fueron deportados. Aquella intervención, con gran repercusión en la prensa de la época, propició la protesta diplomática internacional por el maltrato que recibieron cientos de turistas extranjeros, entre los que se encontraban personalidades de relieve de toda Europa. Algunos países protestaron firmemente por las vejaciones que se llevaron a cabo en aquel registro y la posterior detención humillante de que fueron objeto sus conciudadanos.

La justificación del régimen para llevar a cabo aquella brutal redada eran "las reiteradas infracciones a la normativa en vigor referente a la moralidad pública y buenas costumbres", según publicaba el diario Sur en su edición del 25 de junio de 1971. La noticia saltó incluso a las ediciones y portadas de la prensa internacional.

El gobernador civil, tras la redada, ordenó el cierre de varios locales del Pasaje Begoña. Se procedió a la clausura de muchos de ellos. A algunos negocios se les impuso una multa de 10.000 pesetas de la época, por "vulnerar la legalidad y permitir comportamientos licenciosos". Ese precinto de los locales corrió como la pólvora por los negocios cercanos, y muchos de ellos nunca más volvieron a abrir sus puertas.

El Pasaje Begoña fue, por tanto, el chivo expiatorio que necesitaba el franquismo para "poner orden ante la depravación" de las personas que expresaban con respeto su libertad afectivo sexual. Fue la contundente respuesta a unas prácticas consideradas como peligrosas y delictivas por contravenir "la moral y las buenas costumbres".

Hoy el "Pasaje Begoña" es un lugar degradado y abandonado en pleno corazón del municipio de Torremolinos; apenas un recuerdo en la memoria de los que aún sobreviven a aquella época de esplendor; un capítulo borrado intencionada e injustamente de la historia reciente de nuestro país por parte del régimen franquista.

El Pasaje Begoña debería ser todo un símbolo y referente internacional por lo que representó: un lugar de convivencia, respeto y libertad afectivo sexual. Asimismo, debería ser recordado por la "gran redada" de 1971, de la que fueron víctimas tantas y tantas personas, hombres y mujeres, por el solo hecho de su orientación e identidad sexual.

Mientras el Stonewall Inn es un lugar de culto y visita obligada en Nueva York, habiendo sido declarado como Monumento Nacional por Barak Obama en 2016, por su parte, el Pasaje Begoña aún permanece en. el más absoluto abandono y decadencia, muy lejos del esplendor que tuviera décadas atrás.

No debemos olvidar que en 1954 se criminalizó al homosexual incluyéndole en la Ley de Vagos y Maleantes, una norma que fue sustituida en 1970 por la de Peligrosidad Social. En la Exposición de motivos de dicha ley se determina que "la Ley se preocupa de la creación de nuevos establecimientos especializados donde se cumplan las medidas de seguridad, ampliando los de la anterior legislación con los nuevos de reeducación para quienes realicen actos de homosexualidad, ejerzan la prostitución y para los menores, así como los de preservación para enfermos mentales; establecimientos que, dotados del personal idóneo necesario, garantizarán la reforma y rehabilitación social del peligroso, con medios de la más depurada técnica y mediante la intervención activa y precisa de la autoridad judicial especializada".

El franquismo justifica su rechazo a la homosexualidad en la tradición estigmatizadora prevalente durante siglos. Se ejerció una fortísima represión contra el colectivo LGTBI por parte de las instituciones públicas, la sociedad machista y patriarcal, los medios de comunicación y los sistemas sanitario y educativo. Las consecuencias de dicha represión son devastadoras, a veces irreversibles. Esos fueron los marcos legales que permitieron durante décadas en España marginar, discriminar, ofender, acobardar, perseguir, desterrar, torturar, condenar o encarcelar a las personas homosexuales, transexuales y bisexuales.


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Con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social se quiso ofrecer "tratamiento" a las personas homosexuales, y para su "rehabilitación" se utilizaron tres penales de referencia en Huelva, Badajoz y Fuerteventura, donde cientos de personas entre 1968 y 1979 pasaron por prisión únicamente por su condición sexual. Allí la homosexualidad era "tratada" como una enfermedad a extirpar, utilizándose terapias basadas en trabajos forzados, palizas, humillaciones y brutales prácticas, actualmente prohibidas, como lobotomías y descargas eléctricas. Esos centros penitenciarios permanecieron en funcionamiento hasta 1978, cuando el 26 de diciembre se eliminó la homosexualidad como delito, siendo derogada completamente siete años después, el 23 de noviembre de 1985.

Debemos recuperar la memoria del Pasaje Begoña, donde la libertad y la convivencia, con el respeto a la diversidad, fueron una realidad durante la década de los sesenta y principios de los setenta, pese al régimen franquista. Sin duda, tras la brutal redada del 24 de junio de 1971 ese emblemático lugar fue objeto de represión, degradación y olvido. Asimismo, entendemos que es de justicia la puesta en valor de estos acontecimientos como forma de honrar a las víctimas, porque "un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla".

Con ese objetivo nació la Asociación Pasaje Begoña, impulsora de este gran proyecto.

Hoy día, podemos decir con orgullo que el municipio de Torremolinos (Málaga) es en cuanto a número de visitantes uno de los principales destinos LGTBI de España, junto a Madrid, Barcelona y Sitges, con turistas de más de 120 nacionalidades diferentes; de nuevo la libertad y la diversidad son bandera de este municipio. Creemos que debe darse a conocer su historia, y ponerse en valor los hechos y las personas que pasaron por ella. Recuperar el Pasaje Begoña y promocionar lo que allí sucedió servirá para documentar la memoria democrática de España. Situará al Pasaje Begoña como referente internacional de convivencia y diversidad y evitará que un negro episodio de nuestra historia más reciente, pueda volver a repetirse.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar, en diálogo con la Comunidad Autónoma de Andalucía y con el Ayuntamiento de Torremolinos, en las siguientes actuaciones relacionadas con el "Pasaje Begoña":

- Acciones de promoción cultural y difusión que contribuyan a recuperar la memoria democrática del "Pasaje Begoña" y de la redada del 24 de junio de 1971, donde personas de varias nacionalidades sufrieron represión por su orientación sexual e identidad sexual garantizando los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares.

- Creación de un Archivo Histórico LGTBI y un Centro de Interpretación, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 812017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía mediante la suscripción de un Convenio que articule las condiciones técnicas de digitalización teniendo en cuenta que el contenido de estos fondos está afectado por la normativa en materia de Protección de Datos de carácter Personal y que los mismos pueden ser considerados datos especialmente protegidos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Victoria Begoña Tundidor Moreno, José Andrés Torres Mora, Ángeles Álvarez Álvarez, Miguel Ángel Heredia Díaz, Carmen Rocío Cuello Pérez y Antonio Pradas Torres, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos en 2021, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


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Exposición de motivos

El 20 de julio de 2021 se cumplirán 800 años de la colocación de la primera piedra de la catedral de Burgos por el Rey Fernando III y el Obispo Don Mauricio. Con esta actuación se inició un proyecto constructivo de enorme singularidad y repercusión europea. Por una parte, este edificio se convirtió en la primera gran construcción del gótico clásico español, ligada a modelos franceses, y a la vez pasó a ser modelo de inspiración para muchos de los monumentos religiosos peninsulares de los siglos XIII y XIV.

Durante los siglos XV y XVI recibió importantes influencias de grandes centros artísticos europeos como el germano y el italiano, siendo una de las edificaciones en las que se produjo por primera vez la introducción del Renacimiento en España. La historia de este templo está jalonada por las intervenciones de grandes arquitectos de prestigio universal como el maestro Enrique, la Familia Colonia, Diego de Siloe, Juan de Vallejo, etc., cuyas grandes actuaciones creadoras conformaron una basílica que sin solución de continuidad desarrolla todos los estilos artísticos desde el Gótico al Neoclasicismo.

La Catedral de Burgos sobresale, igualmente, por la calidad, singularidad y variedad de sus colecciones de escultura, pintura, orfebrería, vidrieras, rejería y textiles, etc., destacando un nutrido conjunto de piezas procedentes de algunos de los grandes centros artísticos europeos como Flandes, Francia e Italia, lo que prueba la enorme capacidad que tuvo este templo como impulsor de las artes. Asimismo, la seo burgalesa es custodia de un riquísimo legado documental y bibliográfico, con documentos desde el siglo X hasta nuestros días, y de un importantísimo patrimonio musical basado en su rica colección de órganos y manuscritos musicales.

Igualmente es depositaria de un notable patrimonio inmaterial como escenario de grandes hechos históricos, siendo también el lugar de enterramiento de destacados personajes ligados a la historia y la literatura española como Rodrigo Díaz de Vivar. Todos estos elementos, así como el que haya llegado hasta nuestros días la mayor parte de todo este inmenso legado histórico, hicieron que la UNESCO declarara a la Catedral de Burgos como Patrimonio de la Humanidad en el año 1984.

Pero la Catedral de Burgos, que se presenta como un magnífico ejemplo de conexiones de Castilla y León con Europa desde un punto de vista artístico, no solo debe entenderse como un gran edificio histórico. En la actualidad sigue siendo un centro vivo, lleno de actividad espiritual y cultural, con vocación de proyectarse en el siglo XXI.

Resulta de enorme satisfacción, la noticia del inicio de las actividades preparatorias de la conmemoración de los 800 años del inicio de las obras de esta construcción, en un momento en que está a punto de completarse una amplia serie de restauraciones que vienen desarrollándose en las últimas décadas.

Por todo ello, se formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta su reconocimiento a la conmemoración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos en 2021 y su apoyo a la "Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos", encargada de poner en marcha dicho acontecimiento, con el objetivo de proyectar al resto del mundo la imagen de Burgos, de Castilla y León, y de España, a través de uno de sus bienes patrimoniales más señeros, y contribuir a estrechar los lazos de vinculación cultural y espiritual entre distintos territorios nacionales e internacionales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-María Sandra Moneo Díez y Jaime Miguel Mateu Istúriz, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Esther Peña Camarero, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Miguel Vila Gómez, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la promoción y fomento del cohousing como modelo de envejecimiento activo, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

El cohousing, un nuevo modelo de convivencia surgido en Dinamarca, surge como consecuencia del crecimiento de la esperanza de vida y el elevado índice de personas mayores que viven solas y que promueve la colaboración entre ellas para promocionar un envejecimiento activo y saludable, lo cual tendrá como consecuencia, entre otras, un aumento de la esperanza de vida.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España había 4.687.400 personas viviendo solas en 2017, de las cuales 1.960,900 (un 41,8%) tenían 65 o más años, y una esperanza de vida de 86 años en el caso de las mujeres y de casi 81, en los hombres.

En España la concepción tradicional del envejecimiento viene asociada a la estancia de las personas en sus propios hogares, ya sean solos o con sus parejas, y con los viajes organizados por el IMSERSO como principal política pública destinada a la promoción del envejecimiento activo. Sin embargo, la realidad nos demuestra que la realidad es bastante diferente a nuestra.

Si bien en España el cohousing es un movimiento relativamente novedoso, existen ya varios centros en funcionamiento. En concreto, ya podemos encontrar más de diez centros, donde sus residentes, generalmente son personas mayores, que no aceptan las soluciones típicas previstas para ellos, no desean ir a una residencia, tampoco depender de los hijos y no envejecer en su casa en soledad. Por tanto, el cohousing permite a los inquilinos compartir zonas y servicios, por lo que se reducen costes y se mejora la asistencia. En los últimos tiempos se ha demostrado como una solución habitacional muy satisfactoria para personas de la tercera edad que no quieren vivir en una residencia sino entre iguales -o con personas de otras edades-, pero con la independencia que les permite vivir en su propia casa.

Todos estos factores conforman un nuevo tipo de envejecimiento que tiene mucho que ver con el envejecimiento activo que tanto se predica desde las instituciones públicas y el ámbito sanitario. Mientras, en el ámbito político, apenas se ha desarrollado actividad en este sentido.

A nivel autonómico, Ciudadanos ya ha presentado diferentes iniciativas en varias comunidades para promocionar este tipo de centros y el apoyo de las administraciones como alternativa a la definición y concepción tradicional del envejecimiento. A nivel nacional, en el Congreso de los Diputados ya pudimos debatir una iniciativa sobre esta materia hace un año, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, pero sobre la cual, ni el anterior, ni este Gobierno todavía han hecho nada.

Desde Ciudadanos consideramos que promocionar el envejecimiento activo, y dar respuesta a las necesidades específicas de personas que poseen una concepción diferente del envejecimiento. El cohousing es una herramienta muy potente para potenciar un sistema de convivencia para nuestros mayores que les permite vivir su madurez con vitalidad, lejos de la soledad y formar un espacio de pertenencia, en el que desarrollarse y desenvolverse. Sin embargo, es preciso un compromiso de las fuerzas políticas en dotar de recursos este tipo de políticas para promover y facilitar el acceso a este tipo de proyectos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar junto a las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias para:

1. Difundir el fenómeno del cohousing y sus beneficios entre la población que pueda estar interesada en este modelo de convivencia para su envejecimiento.


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2. Impulsar el desarrollo de proyectos de cohousing mediante cambios normativos que posibiliten la cesión de uso, derechos de superficie u otras fórmulas adecuadas que se consideren que permitan desarrollar proyectos de este tipo que cubran las necesidades y demanda de vivienda social de uso temporal.

3. Contemplar este modelo de convivencia en el programa de envejecimiento activo del IMSERSO desarrollando objetivos y actuaciones concretas en el corto y medio plazo.

4. Crear dotaciones presupuestarias concretas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para desarrollar proyectos de cohousing y promover el envejecimiento activo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para que se pague la deuda a la Comunidad Valenciana en concepto de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece en su art. 7 que la protección de la situación de dependencia se prestará de acuerdo con los siguientes niveles:

- Nivel mínimo de protección (art. 7.1) establecido y garantizado por la Administración General del Estado.

- Nivel de Protección Acordado entre la Administración General del Estado y cada una de las CCAA, mediante Convenios (art. 7.2). Este nivel acordado fue suspendido por primera vez a través de la Disposición Adicional cuadragésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012, y se ha suspendido año tras año hasta la actualidad.

- Nivel Adicional (art. 7.3), que pueden establecer, por su parte, las CCAA con cargo a sus presupuestos.

En el caso de nuestra CCAA vamos a las cuantías máximas establecidas.

La memoria económica de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establecía un modelo de financiación de la Dependencia en el que un 50% de los gastos corrían a cargo de la Administración General del Estado y un 50% a cargo de cada Comunidad Autónoma. Este modelo de financiación no se ha puesto en práctica hasta la fecha.

En la actualidad (certificado 2017 enviado al lmserso en 2018) la financiación de la dependencia en la Comunitat Valenciana, proveniente únicamente del nivel mínimo y alcanza el 12,12% del total de gasto en dependencia, mientras que el 87,88% restante es asumida por Fondos Propios de la Generalitat Valenciana.

Así de un total de 630.056.121,82 ? destinados a dependencia en 2017, solo 76.372.368,91 ? fueron aportación del Estado y 553.683.752,9 ? de la Generalitat Valenciana.

Nos encontramos pues 37,88 puntos porcentuales por debajo de la financiación prevista. En el caso de que se levantara la suspensión del Nivel Acordado, que supuso hasta el año 2011 aproximadamente un 5% de la financiación total de la dependencia, todavía tendríamos una infrafinanciación de 32,88 puntos.


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COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA PERIODO 2009-2017

Año;Gasto dependencia;Ingresos Estado nivel mínimo (NM);% nivel mín. sobre gasto dep.;Ingresos Estado nivel acordado (NA);% nivel adicional sobre gasto dep.;Total financiación Estado;% Financiación Estado sobre total gasto dependencia

2009;374.220.000;45.688.419;12,21;16.119.148;4,31;61.807.567;16,52

2010;441.315.000;81.792.310;18,53;25.294.787;5,73;107.087.097;24,27

2011;455.490.000;78.107.837;17,15;20.721.873;4,55;98.829.710;21,70

2012;465.930.070;80.795.254;17,34;0;0,00;80.795.254;17,34

2013;419.619.359;57.861.463;13,79;0;0,00;57.861.463;13,79

2014;429.522.406;60.420.087;14,07;0;0,00;60.420.087;14,07

2015;541.047.437;66.447.350;12,28;0;0,00;66.447.350;12,28

2016;619.902.030;80.164.972;12,93;0;0,00;80.164.972;12,93

2017;630.056.122;76.372.369;12,12;0;0,00;76.372.369;12,12

Dependencia;Aportación Estado;% aportación Estado;Aportación Generalitat;% aportación Generalitat;Total;Infrafinanciación Estado 50% (*)

2014;60.420.087,00;14,07;369.102.319,00;85,93;429.522.406,00;154.341.116,00

2015;66.447.349,00;12,28;474.600.087,00;87,72;541,047.436,00;204.076.369,00

2016;80.164.971,00;12,93;539.737.059,00;87,07;619.902.030,00;229.786.044,00

2017;76.372.368,91;12,12;553.683.752,91;87,88;630.056.121,82;238.655.692,00

2018;76.372.368,91;12,12;553.683.752,91;87,88;630.056.121,82;238.655.692,00

;;;;;TOTAL;826.859.221,00

La previsión de 2018, por supuesto, no es definitiva es una previsión, ya que el balance se va realizando mes a mes, pero como vemos la deuda siempre ha ido en aumento.

Por todo lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

Hacerse cargo de las obligaciones económicas en materia de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para con la Comunidad Valenciana llegando al 50% de la inversión tal y como establece la legislación vigente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2018.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

161/003802

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, relativa a la incorporación de España a la iniciativa Coalition S.

Exposición de motivos

La ciencia moderna se ha constituido históricamente a través de la cooperación internacional y el desinteresado intercambio de conocimientos entre todos los agentes implicados. No es posible entender el inmenso desarrollo alcanzado en el conocimiento del mundo natural y en el diseño de tecnología sin la existencia de una comunidad científica que comparte de forma libre y desinteresada sus logros, conocimientos, descubrimientos, métodos de investigación y resultados.

Este ethos tan característico de la ciencia moderna y que, como decimos, explica en gran parte su éxito, se ve amenazado por los cambios introducidos en los métodos de financiación y publicación de la investigación desarrollados tras la Segunda Guerra Mundial.

En primer lugar, la introducción de capital privado en la actividad científica, sobre todo en disciplinas relacionadas con el mundo de la salud, hicieron que gran parte de los descubrimientos realizados en los laboratorios de las grandes empresas quedara restringida al uso dentro de la misma compañía.

En segundo lugar, el proceso de profesionalización en las publicaciones que se dio a partir de la década de 1950, ha supuesto que la creación de un mercado privado dominado por cinco grandes empresas que concentran más del 50% de la publicación científica: Elsevier, Springer, Wiley Blackwell, Taylor &. Francis y Sage.

El actual sistema de publicaciones funciona de la siguiente forma:

1. Los investigadores deben publicar los resultados de investigación (financiados con dinero público) para progresar en su carrera, y a ser posible en revistas de alto impacto, por lo que envían de forma gratuita sus trabajos a una revista científica.

2. La revista envía ese artículo a un proceso de peer review o revisión por pares, realizado por otros académicos también de forma gratuita.

3. Una vez pasado este proceso satisfactoriamente, el artículo se publica, aunque a veces se reclama al autor el pago de una cantidad en concepto de costes de maquetación, traducción o, directamente, una tasa por publicación.

4. La revista se vende, a través de estas empresas, a las instituciones científicas (universidades, centros de investigación, bibliotecas, etc.), que a su vez son financiadas por dinero público, el mismo que también financió la investigación que dio lugar al artículo en primer lugar.

Lo grave de este sistema, es el hecho de que el acceso al conocimiento solo es factible para quienes pueden pagarlo, o a través de instituciones de investigación públicas que incurren en costes en muchos casos desproporcionados para mantener las suscripciones a todas las revistas que necesitan sus investigadores, rompiendo así el sistema de intercambio de conocimientos libre y cooperativo que nos había traído hasta aquí.

Como respuesta a estas disfuncionalidades surge, en la primera década del siglo XXI, el movimiento Open Access, a favor del libre acceso a los resultados de la investigación científica eliminando toda barrera de acceso (también su coste). Este movimiento ha conseguido introducir cambios en los procesos de publicación científica, aumentando el número de repositorios institucionales y revistas de acceso abierto, así como generar políticas públicas que favorecen la publicación de artículos "abiertos" en revistas tradicionales, lo que viene a llamarse "publicaciones híbridas".

La iniciativa Open Access ha modificado la forma de difusión del conocimiento científico, específicamente de la publicación y puesta a disposición de la información a la comunidad científica. La Declaración de Budapest de 2001 orienta las estrategias para el desarrollo del Open Access por medio de dos vertientes, la primera la publicación en revistas en abierto, ya sea de nuevo cuño, como la adaptación


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de las antiguas a este nuevo modelo; y por otro lado, la creación también de repositorios como fórmula de difusión del contenido científico.

Ya son varias décadas las que se lleva debatiendo la necesidad de facilitar en abierto los datos en los que se ha basado la investigación (data sharing), lo que es un pilar fundamental para la e-ciencia como instrumento de carácter acumulativo del saber. La difusión en abierto de los datos y resultados de la investigación supone varios beneficios para la ciencia. Como por ejemplo la optimización de recursos, esto es el dinero invertido en generación de conocimiento científico, especialmente cuando hablamos de resultados de investigaciones financiadas con dinero público. Ayudaría a conocer mejor qué trabajos se están llevando a cabo, evitando el solapamiento de investigaciones. Y por otra parte, los y las científicas verían aumentada su visibilidad y la citación de sus trabajos.

La Unión Europea apuesta por el cambio de paradigma en la difusión de los trabajos científicos y por el trabajo colaborativo, lo que se ha traducido en la creación de un Espacio Europeo de Investigación único, que potencia la relación y la cooperación transfronteriza.

La Comisión Europea lleva apostando por el acceso abierto desde el año 2006. En el año 2007 se presentó a la Comisión una petición para garantizar el acceso gratuito a los resultados de los proyectos financiados con fondos europeos, iniciativa que fue avalada y firmada por más de 28.000 instituciones y personas relacionadas con la investigación, la universidad y el desarrollo.

Desde el 2010 la Comisión financia el proyecto OpenAIRE (Infraestructura de Acceso Abierto para la Investigación Europa) que apoya a otras instituciones para implantar el acceso abierto. Esta infraestructura, aún en desarrollo, trabaja con las publicaciones generadas de los proyectos del 7.º Programa Marco garantizando el acceso abierto a material financiado públicamente, y se quiere igualmente difundir en abierto la producción generada por el programa Horizonte 2020. Además, desde la Comisión se pretende seguir financiando proyectos nacionales y transnacionales relacionados y que potencien el acceso abierto.

En el marco de este modelo, a toda vista insuficiente analizando los resultados, el pasado 4 de septiembre se presentaba la cOAlition S: una coalición formada por las principales agencias financiadoras de 11 países europeos, incluidos Francia, Reino Unido e Italia. El objetivo de cOAlition S, tal y como se expresa en su declaración fundacional, es que desde el 1 de enero de 2020 todas las publicaciones científicas sobre los resultados de investigaciones financiadas por fondos públicos, otorgados por los consejos europeos de investigación y organismos financiadores, sean publicados en revistas o plataformas que reúnan los requisitos Open Access. Para alcanzar tal fin, se ha desarrollado un plan de actuación (Plan S) que reúne 10 principios y medidas concretas para alcanzar dicho objetivo.

Esta voluntad de acelerar el proceso de transición hacia un sistema de completamente abierto en el año 2020 para publicaciones científicas financiadas con fondos públicos, cuenta con el apoyo explícito de la Comisión Europea y el comisario de Ciencia Carlos Moedas.

La Agencia Española de Investigación no se ha sumado a esta iniciativa, a pesar de que de acuerdo al artículo 37 de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, trata de la difusión en acceso abierto de la actividad investigadora, que establece que aquella investigación financiada mayoritariamente vía presupuestos del Estado debe publicar una versión en abierto con los resultados de todo artículo aceptado para su publicación.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo las acciones oportunas para la incorporación de la Agencia Estatal de Investigación, como principal agente financiador del Sistema Nacional de I+D+i, a la cOAlition S.

2. Adoptar las medidas necesarias para adoptar por parte de la Agencia Española de Investigación y de todos los agentes públicos de financiación del sistema español de I+D+i los principios del Plan S, así como su inclusión el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2018.-María Rosa Martínez Rodríguez y Nayua Miriam Alba Goveli, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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161/003803

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la implantación de la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

La idea de crear la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, una red de institutos tecnológicos para investigación aplicada, ha sido recogida en los programas electorales de Ciudadanos para las últimas elecciones generales. Esta iniciativa constituye una apuesta decidida por la implementación de medidas novedosas que estimulen la transferencia de tecnología desde el sector público al sector privado y que fomenten, en última instancia, la innovación empresarial. Se trata de una iniciativa que pone el foco en la transferencia de tecnología desde los centros de investigación a las empresas, con el objetivo de impulsar la competitividad de nuestra economía a partir de una decidida apuesta por el conocimiento. En este sentido, la Red Cervera intenta trasladar a nuestro país las experiencias exitosas de otros países, como la de los institutos Fraunhofer en Alemania o los Carnot en Francia.

La voluntad de implementar esta iniciativa ha quedado patente en numerosas ocasiones: sirva como ejemplo su traslado al acuerdo para la formación de Gobierno suscrito por Ciudadanos y el Partido Popular en agosto de 2016, y, posteriormente, a la negociación y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017; sin embargo, en este caso, el Gobierno del Partido Popular fue incapaz de poner en marcha la iniciativa y no ejecutó los fondos consignados para ello. Posteriormente, en los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 se volvió a incluir una dotación de más de 500 millones de euros para la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, en el programa 467C - Investigación y desarrollo tecnológico-industrial:

- 20 millones de euros de transferencias de capital al CDTI para actuaciones relacionadas con la Red Cervera.

- 400 millones de euros de aportaciones patrimoniales al CDTI para un Fondo de Innovación para Implantación de la Red Cervera.

- 80 millones de euros de aportaciones patrimoniales al CDTI para capitalización de un Fondo de Provisiones Técnicas asociado a los proyectos de la Red Cervera.

- 30 millones de euros de transferencias de capital a la Agencia Estatal de Investigación para actuaciones relacionadas con la Red Cervera.

Sin embargo, cuando parecía que la Red Cervera iba a ser, por fin, una realidad, se produjo el cambio de Gobierno. Pese a que el actual Gobierno ha asumido los Presupuestos Generales del Estado tal y como han sido aprobados, no está garantizado que los fondos destinados a la Red Cervera vayan a ser implementados y ejecutados.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar y ejecutar, a la mayor brevedad, los fondos destinados en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 a la creación y puesta en marcha de la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, con las siguientes características:

1. La Red Cervera será una iniciativa nacional y coordinada, liderada por centros tecnológicos cooperando en red (entre ellos y con otras entidades), para realizar proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico en colaboración con empresas.

2. La Red Cervera se formará a partir de capacidades existentes: para ello, se formarán agrupaciones, formadas por centros tecnológicos y otros agentes del sistema (universidades, centros de I+D, etcétera), según áreas tecnológicas; cada agrupación deberá presentar un plan tecnológico y de negocio que detalle los recursos, actividades, servicios y previsión de clientes que van a tener, que debe ser evaluado, previa la concesión de los fondos para el desarrollo de la agrupación.


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3. Los presupuestos de la Red Cervera se instrumentarán de la siguiente forma:

a) Por el lado de la oferta tecnológica: ayudas en forma de subvención dirigidas a las agrupaciones tecnológicas con una financiación plurianual, que tendrá una parte estable y una parte variable en función de cumplimiento de objetivos; al finalizar el período, se evaluará el alcance de los objetivos logrados y la conveniencia de prorrogar la financiación.

b) Por el lado de la demanda tecnológica: ayudas en forma de préstamo (sin garantías) dirigidas a empresas, fundamentalmente pymes, para la realización de proyectos de I+D+i con las agrupaciones tecnológicas (y en su caso para la adquisición de servicios tecnológicos).

4. La iniciativa debe tener un sistema de evaluación externa riguroso, tanto del programa como de la concesión y de la evolución de cada una de las agrupaciones, y de carácter internacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2018.-Rodrigo Gómez García y Marta Martín Llaguno, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Igualdad

161/003773

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para recuperación e impulso del "Pasaje Begoña" en Torremolinos (Málaga) como lugar de memoria histórica y cuna de los derechos LGTBI, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Torremolinos durante la última década del franquismo era un oasis de convivencia y diversidad, referente internacional por ser un municipio moderno y de mentalidad avanzada, a gran distancia de la sociedad española de los años sesenta.

La juventud europea y norteamericana viajaba a Torremolinos donde se abría en 1962 el primer local gay de España, el Tony's Bar. Era frecuente que personas de toda índole y nacionalidad frecuentaran y convivieran en los numerosos locales y comercios del Pasaje Begoña donde el respeto mutuo, la diversidad y la pacífica convivencia eran algo habitual. Personas de fama internacional disfrutaban de los locales de ambiente LGBTI del Pasaje Begoña. Como ejemplo, citamos a John Lennon, acompañado de su amigo y manager de The Beatles, Brian Epstein, visitaban Torremolinos y el Pasaje Begoña como referente turístico gayfriendly. Otras muchas personas, algunas de prestigio internacional instalaron sus negocios en el Pasaje Begoña, como "The Blue Note" de la famosa pianista holandesa Pia Beck. El turismo LGTBI se mantuvo en el Pasaje Begoña durante la década de los sesenta a pesar de la dictadura, como referente internacional de convivencia, respeto a la diversidad y a la orientación sexual de cada persona.

El Pasaje Begoña mantiene numerosas similitudes con el Stonewall Inn de Nueva York. Ambos lugares fueron pioneros en el respeto a la diversidad y a las libertades LGTBI. También en ambos lugares tuvieron lugar sendas redadas contra la libertad y la pacífica convivencia del colectivo LGBTI. La redada del Stonewall Inn tuvo lugar el 28 de junio de 1969, y tras la misma se sucedieron los famosos disturbios que pasaron a la historia como el catalizador del movimiento moderno pro-derechos LGBTI en Estados Unidos y después en el resto del mundo. En el Pasaje Begoña la "gran redada" policial aconteció la noche del 24 de junio de 1971, y acabó con numerosas detenciones y deportaciones, sanciones y precintado de locales..., y puso fin a toda una época de esplendor de Torremolinos como destino turístico.

Según el testimonio contrastado de víctimas y testigos de la "gran redada", ordenada por el entonces gobernador civil de Málaga, Víctor Arroyo, la noche del 24 de junio de 1971 camiones grises de la policía,


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autobuses oficiales y otros vehículos municipales, se encaminaron hacia el Pasaje Begoña, ubicándose en los dos extremos del mismo. Los agentes de la policía armada, inspectores de policía del régimen y agentes de la policía municipal registraron uno a uno los locales, y detuvieron a todas las personas que allí se encontraban por atentar "contra la moral y las buenas costumbres". Las crónicas cifran en más de 300 las personas detenidas, "a 114 de ellas, como no había calabozo disponible, las llevaron al callejón lateral que subía desde la antigua oficina de Correos en el paseo del Parque, hacia la calle Alcazabilla de Málaga". Cruzaron los camiones en plena calle y allí mantuvieron a los detenidos horas y horas. Algunos de ellos fueron puestos en libertad, otros encarcelados. Muchos de los extranjeros fueron deportados. Aquella intervención, con gran repercusión en la prensa de la época, propició la protesta diplomática internacional por el maltrato que recibieron cientos de turistas extranjeros, entre los que se encontraban personalidades de relieve de toda Europa. Algunos países protestaron firmemente por las vejaciones que se llevaron a cabo en aquel registro y la posterior detención humillante de que fueron objeto sus conciudadanos.

La justificación del régimen para llevar a cabo aquella brutal redada eran "las reiteradas infracciones a la normativa en vigor referente a la moralidad pública y buenas costumbres", según publicaba el diario Sur en su edición del 25 de junio de 1971. La noticia saltó incluso a las ediciones y portadas de la prensa internacional.

El gobernador civil, tras la redada, ordenó el cierre de varios locales del Pasaje Begoña. Se procedió a la clausura de muchos de ellos. A algunos negocios se les impuso una multa de 10.000 pesetas de la época, por "vulnerar la legalidad y permitir comportamientos licenciosos". Ese precinto de los locales corrió como la pólvora por los negocios cercanos, y muchos de ellos nunca más volvieron a abrir sus puertas.

El Pasaje Begoña fue, por tanto, el chivo expiatorio que necesitaba el franquismo para "poner orden ante la depravación" de las personas que expresaban con respeto su libertad afectivo sexual. Fue la contundente respuesta a unas prácticas consideradas como peligrosas y delictivas por contravenir "la moral y las buenas costumbres".

Hoy el Pasaje Begoña es un lugar degradado y abandonado en pleno corazón del municipio de Torremolinos; apenas un recuerdo en la memoria de los que aún sobreviven a aquella época de esplendor; un capítulo borrado intencionada e injustamente de la historia reciente de nuestro país por parte del régimen franquista.

El Pasaje Begoña debería ser todo un símbolo y referente internacional por lo que representó: un lugar de convivencia, respeto y libertad afectivo sexual. Asimismo, debería ser recordado por la "gran redada" de 1971, de la que fueron víctimas tantas y tantas personas, hombres y mujeres, por el sólo hecho de su orientación e identidad sexual.

Mientras el Stonewall Inn es un lugar de culto y visita obligada en Nueva York, habiendo sido declarado como Monumento Nacional por Barak Obama en 2016, por su parte, el Pasaje Begoña aún permanece en el más absoluto abandono y decadencia, muy lejos del esplendor que tuviera décadas atrás.

No debemos olvidar que en 1954 se criminalizó al homosexual incluyéndole en la Ley de Vagos y Maleantes, una norma que fue sustituida en 1970 por la de Peligrosidad Social. En la Exposición de motivos de dicha ley se determina que "la Ley se preocupa de la creación de nuevos establecimientos especializados donde se cumplan las medidas de seguridad, ampliando los de la anterior legislación con los nuevos de reeducación para quienes realicen actos de homosexualidad, ejerzan la prostitución y para los menores, así como los de preservación para enfermos mentales; establecimientos que, dotados del personal idóneo necesario, garantizarán la reforma y rehabilitación social del peligroso, con medios de la más depurada técnica y mediante la intervención activa y precisa de la autoridad judicial especializada".

El franquismo justifica su rechazo a la homosexualidad en la tradición estigmatizadora prevalente durante siglos. Se ejerció una fortísima represión contra el colectivo LGTBI por parte de las instituciones públicas, la sociedad machista y patriarcal, los medios de comunicación y los sistemas sanitario y educativo. Las consecuencias de dicha represión son devastadoras, a veces irreversibles. Esos fueron los marcos legales que permitieron durante décadas en España marginar, discriminar, ofender, acobardar, perseguir, desterrar, torturar, condenar o encarcelar a las personas homosexuales, transexuales y bisexuales.

Con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social se quiso ofrecer "tratamiento" a las personas homosexuales, y para su "rehabilitación" se utilizaron tres penales de referencia en Huelva, Badajoz y


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Fuerteventura, donde cientos de personas entre 1968 y 1979 pasaron por prisión únicamente por su condición sexual. Allí la homosexualidad era "tratada" como una enfermedad a extirpar, utilizándose terapias basadas en trabajos forzados, palizas, humillaciones y brutales prácticas, actualmente prohibidas, como lobotomías y descargas eléctricas. Esos centros penitenciarios permanecieron en funcionamiento hasta 1978, cuando el 26 de diciembre se eliminó la homosexualidad como delito, siendo derogada completamente siete años después, el 23 de noviembre de 1985.

Debemos recuperar la memoria del Pasaje Begoña, donde la libertad y la convivencia, con el respeto a la diversidad, fueron una realidad durante la década de los sesenta y principios de los setenta, pese al régimen franquista. Sin duda, tras la brutal redada del 24 de junio de 1971 ese emblemático lugar fue objeto de represión, degradación y olvido. Asimismo, entendemos que es de justicia la puesta en valor de estos acontecimientos como forma de honrar a las víctimas, porque "un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla".

Con ese objetivo nació la Asociación Pasaje Begoña, impulsora de este gran proyecto.

Hoy día, podemos decir con orgullo que el municipio de Torremolinos (Málaga) es en cuanto a número de visitantes uno de los principales destinos LGTBI de España, junto a Madrid, Barcelona y Sitges, con turistas de más de 120 nacionalidades diferentes; de nuevo la libertad y la diversidad son bandera de este municipio. Creemos que debe darse a conocer su historia, y ponerse en valor los hechos y las personas que pasaron por ella. Recuperar el Pasaje Begoña y promocionar lo que allí sucedió servirá para documentar la memoria democrática de España. Situará al Pasaje Begoña como referente internacional de convivencia y diversidad y evitará que un negro episodio de nuestra historia más reciente pueda volver a repetirse.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar, en diálogo con la Comunidad Autónoma de Andalucía y con el Ayuntamiento de Torremolinos, en las siguientes actuaciones relacionadas con el Pasaje Begoña:

- Acciones de promoción cultural y difusión que contribuyan a recuperar la memoria democrática del Pasaje Begoña y de la redada del 24 de junio de 1971, donde personas de varias nacionalidades sufrieron represión por su orientación sexual e identidad sexual garantizando los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares.

- Creación de un Archivo Histórico LGTBI y un Centro de Interpretación, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía mediante la suscripción de un Convenio que articule las condiciones técnicas de digitalización teniendo en cuenta que el contenido de estos fondos está afectado por la normativa en materia de Protección de Datos de carácter Personal y que los mismos pueden ser considerados datos especialmente protegidos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Victoria Begoña Tundidor Moreno, Ángeles Álvarez Álvarez, Carmen Rocío Cuello Pérez, Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora y Antonio Pradas Torres, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la devolución del IRPF detraído de las prestaciones por maternidad, para su debate en la Comisión de Igualdad.


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Exposición de motivos

El pasado 3 de octubre, la Sección Segunda de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo, por unanimidad, fijó doctrina legal en la que se determinaba que las prestaciones por maternidad estaban exentas de IRPF.

El Tribunal Supremo considera que la prestación por maternidad a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede situarse en el supuesto previsto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, cuando señala que "igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad". También consideraría exentas de esta tributación aquellas prestaciones que se reconozcan por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Esto significa que, con los gobiernos del PP y del PSOE, se han estado años reteniendo ilegalmente impuestos por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Estos impuestos se han exigido por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, también con gobiernos del PP y el PSOE, ilegalmente a centenares de miles de madres trabajadoras.

Evidentemente, en un Estado de Derecho las leyes las interpretan los Tribunales de Justicia. De acuerdo con el artículo 123.1 de nuestra Constitución, "1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.". Es misión del Tribunal Supremo a través de la resolución de los recursos de casación fijar doctrina legal y unificar la aplicación del Derecho.

Habiendo declarado en casación y por sentencia firme el Tribunal Supremo la exención de las prestaciones por maternidad, la Administración Tributaria no debe seguir exigiendo impuestos a las prestaciones por maternidad, que tampoco deberían ser objeto de retención por parte del INSS. Sin embargo, y pese a la enorme importancia de toda esta cuestión no hay declaraciones oficiales, y algunas noticias resultan simplemente inquietantes.

Diferentes medios de comunicación han publicado esta mañana que el Gobierno planea devolver esta cuantía, pero alargar el procedimiento de devolución a los próximos dos ejercicios.

El artículo 103 de la Constitución Española establece que "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa [...] con sometimiento pleno a la ley y al Derecho" convierte en una arbitrariedad inaceptable que el Gobierno obstaculice el cumplimiento de una resolución judicial. Igualmente, el artículo 30 de la Ley General Tributaria, establece la obligación de la Administración de devolver los ingresos tributarios indebidamente percibidos.

Los obstáculos y los retrasos arbitrarios en la devolución de las cuantías es además inaceptable para muchas familias no pueden esperar para que les sea devuelta una cuantía que les corresponde. Desde Ciudadanos consideramos que este retraso que el Gobierno plantea a la hora de devolver las cuantías de IRPF detraídas a las prestaciones de maternidad no es tampoco compatible con las intenciones que ha mostrado el propio Presidente del Gobierno de apoyar a las familias, fomentar la natalidad y luchar contra la pobreza infantil.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Devolver "de oficio" las cuantías de IRPF detraídas de las prestaciones de maternidad en el plazo más breve de tiempo, sin establecer trabas administrativas de ningún tipo, según establece la sentencia STS 3256/2018 de 3 de octubre.

2. Que dicho concepto se deje de aplicar de manera inmediata a estas prestaciones y para ello se emita orden o resolución expresa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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161/003782

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a hacer extensivo el derecho de acceso reconocido a los usuarios de perros-guía y perros de asistencia a víctimas de violencia de género, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Finalizado el mes de septiembre de 2018, son 38 las víctimas mortales de violencia de género en nuestro país. Solamente 9 de estas víctimas habían interpuesto denuncia previa, y tan solo 4 contaban con medidas de protección vigentes. Cuando muchas mujeres tienen miedo de denunciar, no solo la sensibilización, sino también las medidas preventivas, son fundamentales. Y aunque son múltiples los avances que se han dado en los últimos años en este sentido, muchos de ellos recogidos en el "Pacto de Estado contra la violencia de género", todavía queda mucho trabajo por hacer.

Desde hace algunos años, las mujeres que sufren violencia de género cuentan con una ayuda especial mediante los denominados perros de apoyo y protección, que facilitan su recuperación integral, contribuyen a aumentar su seguridad y favorecen una mayor autoconfianza y bienestar. Estos animales cumplen con una doble misión. Por un lado, son una medida terapéutica, ya que el contacto con los animales es mucho más efectivo y rápido que una terapia genérica. Por otra parte, son un elemento disuasorio muy relevante, sirviendo de protección frente a posibles ataques de su agresor.

El obstáculo más importante con el que se encuentran las mujeres que utilizan estos animales como apoyo y protección es su limitación en el acceso en la ciudad, tanto en lugares públicos como en espacios privados, tanto para viajar como desplazarse o acceder a cualquier lugar. No existe a día de hoy una regulación a la que se pueda acoger el uso de estos animales por parte de las víctimas de violencia de género.

Este obstáculo se podría solventar haciendo extensivo el derecho de acceso reconocido ya a los usuarios de los perros-guía a estas personas. Regulación que se recoge en el ámbito estatal en el Real Decreto 3250/1983 por el que se regula el uso de perros-guía para personas con deficiencias visuales y de la Orden de Presidencia de junio de 1985, y que ha sido desarrollada y ampliada posteriormente por diferentes Comunidades Autónomas, que son las encargadas de legislar sobre el acceso de los perros de asistencia.

Para actualizar esta normativa y homogeneizarla en todo el territorio nacional, el pasado mes de febrero el Senado aprobó por amplia mayoría una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que pretendía desarrollar "una normativa común e igualitaria sobre perros de asistencia, al objeto de poder reconocer y garantizar el derecho de acceder, circular y permanecer a aquellas personas que, por cualquier tipo de discapacidad, sean auxiliadas por perros de asistencia".

La extensión de este derecho a otros grupos de interés tampoco es nueva. Desde que la Comunidad Valenciana en 2003 hizo extensivo el derecho de acceso a los perros-guía a otras personas con discapacidad usuarios de perros de asistencia de forma pionera, han sido varias las Comunidades Autónomas que han legislado este extremo. Se trata ahora de la necesidad de hacer extensivo este derecho a las víctimas de violencia de género.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, a asegurar en el marco del desarrollo de la normativa nacional sobre perros de asistencia, que el derecho de acceso de estos animales se haga extensivo a los perros de apoyo y protección que facilitan la recuperación integral de las víctimas de violencia de género."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/003787

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a modificar la Ley General de la Seguridad Social para garantizar el reconocimiento del tiempo de prestación del Servicio Social de las mujeres, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

El Servicio Social de la mujer se aprobó en virtud del Decreto número 378, de 7 de octubre de 1937, y fue posteriormente reglamentado por el Decreto número 418, de 28 de noviembre del mismo año. Se configuró como un deber nacional de las mujeres españolas de entre 17 y 35 años a quienes se les exigía desempeñar ciertos servicios a la comunidad como requisito obligatorio para poder acceder a un trabajo, a un título universitario o ejercer a cualquier cargo de función pública o responsabilidad política.

La duración mínima del Servicio Social se fijó entre tres y seis meses, y estuvo vigente desde 1937 hasta 1978, año en el que fue suprimido por el Real Decreto 1914, de 19 de mayo.

El Decreto 418/1937 antes citado, que aprueba el Reglamento para la aplicación del Servicio Social de la mujer, establece en su artículo primero que: "el Servicio Social representa la participación que la mujer española asume en la tarea de reconstruir España". Asimismo, el artículo segundo dispone que: "Las mujeres en cumplimiento activo del Servicio Social se considerarán empleadas en el servicio inmediato de España", y en su artículo 4 establece: "En este sentido, las mujeres cumplidoras de algún servicio público que deseen incorporarse al Servicio Social tendrán situación idéntica a la de los varones llamados al servicio de las armas".

En definitiva, la propia normativa de 1937 establece que el régimen jurídico del Servicio Social es equiparable al de los varones al servicio de las armas. Por lo que el Servicio Social supuso para las mujeres una obligación comparable al servicio militar obligatorio de los varones. Tampoco se puede obviar que el Servicio Social se denominaba coloquialmente como "la mili femenina" o "la mili de señoritas".

En la actualidad, conforme con lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social, el tiempo dedicado al servicio militar obligatorio o a la prestación social sustitutoria, computa a efectos de cotización a la Seguridad Social. Sin embargo, el tiempo que las mujeres invirtieron en el Servicio Social queda fuera de toda cotización, circunstancia que vulnera el artículo 14 de la Constitución Española, de no discriminación por razón de sexo.

En este sentido se ha manifestado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi en sentencia n.º 1950/2016, de 11 de octubre, que ratifica lo establecido en la sentencia n.º 338/2014 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ambas sentencias equiparan el servicio militar y la prestación social sustitutoria que cumplían los varones con el Servicio Social obligatorio de la mujer, y dictan que el tiempo dedicado al Servicio Social debe computar a efectos de jubilación en los mismos términos que el servicio militar y la prestación social sustitutoria, ya que de lo contrario se estaría vulnerando el artículo 14 de nuestra Constitución.

Luchar por la igualdad ha sido y es una prioridad del Grupo Parlamentario Popular, por ese motivo trabajamos para eliminar o disminuir la brecha de género también en las pensiones, prueba de ello es el complemento a las pensiones de las mujeres con hijos aprobado por el Gobierno del Partido Popular en la X Legislatura, que reconoce un incremento de la cuantía de la pensión del 5%, 10% o 15% a las mujeres trabajadoras que han compatibilizado su carrera laboral con la maternidad.

En consecuencia, es de justicia equiparar a efectos de cotización a la Seguridad Social, el servicio militar y la prestación social sustitutoria, al Servicio Social desarrollado por las mujeres, y que el tiempo dedicado por las mujeres al Servicio Social cotice también a la Seguridad Social contribuyendo así a la pensión de jubilación.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Ley General de la Seguridad Social para garantizar el reconocimiento del tiempo de prestación del Servicio Social de las mujeres a efectos de cotización a la Seguridad Social."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003789

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la difusión de protocolos de actuación ante casos de sumisión química, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La sumisión química se define como la administración de una sustancia psicoactiva a un sujeto, sin su consentimiento, con fines delictivos. De esta forma se puede manipular la voluntad de las personas o modificar su comportamiento.

Los elementos utilizados son depresores del sistema nervioso central. La lista de sustancias empleadas incluye, entre otros, medicamentos, principalmente benzodiacepinas, drogas de abuso y etanol.

La detección de estas sustancias en los fluidos biológicos es difícil, ya que en su mayoría tienen un tiempo de acción corto y producen amnesia en la víctima, lo que causa que la denuncia por parte de ésta se presente tarde, eliminándose cualquier posibilidad de hallar dichas sustancias en los análisis de orina y/o sangre.

Aunque se utiliza la sumisión química para robos y homicidios, la mayor parte de los casos están relacionados con delitos de carácter sexual. Precisamente la frecuencia con que se asocia a los delitos sexuales le ha valido a este supuesto el acrónimo anglosajón DFSA, que significa drug facilitated sexual assault.

Desde la década de los años ochenta del pasado siglo se ha avanzado de forma considerable en la estandarización de protocolos y dispositivos de toma de muestra en las agresiones sexuales dirigidos a profesionales médicos y analistas toxicológicos. Sin embargo, aún no se ha alcanzado un consenso internacional sobre las muestras y los protocolos necesarios para evidenciar una posible administración de sustancias químicas.

Pese a no existir un acuerdo internacional, en nuestro ordenamiento interno contamos con numerosos protocolos, informes, guías, etcétera, que contienen el procedimiento a seguir en los supuestos de agresiones sexuales en los que se tenga la sospecha que se han utilizado sustancias psicoactivas con el fin de manipular el comportamiento o modificar la voluntad de las personas.

Ejemplos de ello los encontramos en la Guía y Manual de Valoración Integral Forense de la Violencia de Género y Doméstica, editada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia; en el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género, publicado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 2007, o en las Instrucciones de actuación en casos de agresión sexual con sospecha de intoxicación, publicadas por el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, la difusión y publicidad de los mencionados documentos no es la deseada entre los órganos judiciales. Esto, unido a la necesidad de obtener pruebas biológicas de la víctima lo antes posible con el fin de evitar la desaparición de las sustancias tóxicas del organismo, da lugar a que en muchos casos no pueda demostrarse la utilización de depresores del sistema nervioso central en la comisión de hechos delictivos.


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Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la difusión y propagación de las instrucciones, protocolos y guías existentes entre los órganos judiciales, así como a realizar campañas publicitarias dirigidas especialmente a la población joven a fin de informar sobre las actuaciones a llevar a cabo ante casos de sumisión química."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/003798

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesaria revisión y actualización del permiso por puntos, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

La evolución que han experimentado los accidentes de tráfico en España y el número de víctimas que producen ha sido muy positiva durante los últimos años y además con una mejora superior a la que han experimentado la mayoría de países europeos.

Analizando esa evolución en función del número de víctimas mortales en las carreteras españolas, conviene recordar que el año 1989 fue en el que se registró mayor número de víctimas, 7.000, una cifra escalofriante. Desde ese año hasta 1994 se produjo un importante descenso; entre 1994 y 2003 se produjo un cierto estancamiento, acercándose la cifra a 5.600 fallecidos; a partir de 2003 se han producido reducciones significativas. Es a partir de 2004 cuando se puede apreciar una verdadera reducción de la siniestralidad.

El Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) 2005-2008 giró en torno a tres ejes fundamentales, Plan de medidas especiales de seguridad vial 2004 y 2005, un Plan Estratégico de Acciones estratégicas Claves 2005-2008 y un Plan de Seguridad Vial Urbana Tipo.

Dentro del Plan de medidas especiales de seguridad vial se recogía, entre otros, la implementación del permiso por puntos.

El 1 de julio de 2006 entró en vigor el carnet por puntos con la aprobación de la Ley Orgánica 17/2005, de 19 de julio. Supuso un gran cambio a nivel cultural para la sociedad española en cuanto al comportamiento en las carreteras. Fue un gran revulsivo para luchar contra la elevada siniestralidad que se venía produciendo. Supuso pasar de 5.000 fallecidos anuales a unos 1.700 en apenas cuatro años, un importante avance. Este cambio de tendencia fue acompañado además de un conjunto de actuaciones y medidas desplegadas para hacer evidente los efectos del permiso por puntos a los conductores.

Fue una Ley aprobada con el consenso de todos los grupos parlamentarios, fue un verdadero pacto por la Seguridad Vial, que comprometía a todos. Igualmente fue una medida aplaudida por las asociaciones de víctimas que venían demandando medidas y actuaciones urgentes que implicaran cambio cultura, de comportamiento general en la población.

Este sistema tenía dos objetivos fundamentales, reeducar a los conductores reincidentes mediante cursos de sensibilización vial por un lado y, por otro, penalizar con la pérdida de puntos del total que dispone el conductor o titular del permiso de conducción en función de la gravedad de la infracción cometida, cuanto más grave es la infracción cometida, mayor es la pérdida de puntos.

España fue un referente en la puesta en marcha de un sistema que le llevó a ocupar un quinto puesto en la comparativa de ciudades con menos número de víctimas en las carreteras, y que con el aumento de la siniestralidad de los últimos años nos ha hecho caer hasta el octavo.


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Los resultados por tanto indican que la implantación del permiso por puntos en España ha tenido un efecto muy satisfactorio en la reducción de víctimas mortales en las carreteras y que es un efecto que se ha mantenido durante varios años. El éxito de esta medida puede deberse a un incremento continuo de medidas de vigilancia y sanción así como el constante interés por mantener la seguridad vial en el centro de la agenda social y política.

A pesar de todo ello, desde el año 2013 se viene produciendo un aumento de la siniestralidad o un cierto estancamiento en la tendencia de años atrás. Y ello puede ser debido a numerosos factores, como el incremento del tráfico, los automóviles, el exceso de velocidad y sobre todo las distracciones.

Siendo conscientes de la problemática que se nos plantea, así como de que a pesar del éxito que ha tenido el permiso por puntos en nuestro país, sin embargo su vigencia de doce años hace que debamos plantearnos una necesaria revisión y actualización del mismo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo una profunda revisión, actualización y reforma del actual Permiso por puntos, en colaboración con los agentes implicados en la seguridad vial, para lograr volver a la senda de reducción de la siniestralidad y llegar al objetivo marcado por la Unión Europea en 2020."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Pablo Bellido Acevedo, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.

Comisión de Fomento

181/001308

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Fomento.

¿Cómo garantizará el Gobierno la igualdad de oportunidades entre las personas aspirantes a un puesto de trabajo en Correos que ya han realizado las pruebas y se podrán incorporar a sus puestos de trabajo y aquellas personas aspirantes que deberán repetirlas, debido a los altercados que se produjeron en una de las salas de celebración de los exámenes celebrados el 30 de septiembre de 2018 en Santiago de Compostela?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.


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181/001310

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Félix Alonso Cantorné.

Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

Texto:

¿En qué situación se encuentra el Plan de prestación del Servicio Postal Universal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.

181/001311

Grupo Parlamentario Mixto (Compromís)

Pregunta con respuesta oral en Comisión al Ministro de Fomento

Diputado don Joan Baldoví Roda

Materia: Fomento

Texto:

¿Cuándo tiene previsto el Ministro convocar la reunión con los representantes municipales de València y la comarca de l'Horta Nord, así como con las organizaciones sociales y colectivos afectados a causa del proyecto de ampliación de la V-21, para tramitar el modificado del proyecto y así minimizar la afección sobre la huerta y dar a conocer las propuestas de mejora sobre el proyecto original, tal y como se comprometió el Ministro a realizar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Joan Baldoví Roda, Diputado.

181/001312

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Herick Manuel Campos Arteseros

Texto:

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para el Corredor Mediterráneo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado.

181/001313

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento


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Diputada doña Elvira Ramón Utrabo

Texto:

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para mejorar la conexión ferroviaria con Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

181/001314

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Ricardo Cortés Lastra

Texto:

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con la duplicación de vía entre Muriedas y Santander?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Ricardo Cortés Lastra, Diputado.

181/001315

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Ignacio Urquizu Sancho

Texto:

¿Qué mejoras está acometiendo el Gobierno en la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Ignacio Urquizu Sancho, Diputado.

181/001316

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña María González Veracruz

Texto:

¿Qué avances se han realizado en las obras de soterramiento integral de las vías del tren a su paso por la ciudad de Murcia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-María González Veracruz, Diputada.


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181/001317

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Carlota Merchán Mesón

Texto:

¿Qué mejoras se están acometiendo en las vías y andenes de la estación de Madrid-Chamartín?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Carlota Merchán Mesón, Diputada.

181/001318

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Juan Ignacio Zoido Álvarez

Texto:

¿Piensa el Gobierno incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la Autovía SE-40. Tramo A-66/A-49?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Juan Ignacio Zoido Álvarez, Diputado.

181/001319

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Juan Ignacio Zoido Álvarez

Texto:

¿Piensa el Gobierno incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la A-4. L.P. Sevilla/Córdoba-Sevilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Juan Ignacio Zoido Álvarez, Diputado.

181/001320

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Javier Calvente Gallego


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Texto:

¿Piensa el Gobierno incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la A-4. L.P. Jaén/Ciudad Real-L.P. Córdoba/Jaén?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Javier Calvente Gallego, Diputado.

181/001321

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Rafael Merino López

Texto:

¿Piensa el Gobierno incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la A-4. Lím. Prov. Córdoba/Jaén-Lím. Prov. Sevilla/Córdoba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Rafael Merino López, Diputado.

181/001322

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Ricardo Tarno Blanco

Texto:

¿Piensa el Gobierno incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la Autovía SE-40. Túneles Sur del Guadalquivir-Embocadura Oeste. 48-SE-4520A?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2018.-Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

181/001323

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Isabel Cabezas Regaño

Texto:

¿Qué presupuesto tiene previsto destinar a la ejecución de la construcción de las dos estaciones pendientes en Córdoba -Levante y Parque Joyero- para el proyecto de Metrotren?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Isabel Cabezas Regaño, Diputada.


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181/001324

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Isabel Cabezas Regaño

Texto:

¿Tiene el Ministerio de Fomento alguna fecha prevista para el inicio de la construcción de las dos estaciones pendientes en Córdoba -Levante y Parque Joyero- para el proyecto de Metrotren?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Isabel Cabezas Regaño, Diputada.

181/001325

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Isabel Cabezas Regaño

Texto:

¿Dispone ya el Ministerio de Fomento de algún proyecto de ejecución para la construcción de las dos estaciones pendientes en Córdoba -Levante y Parque Joyero- para el proyecto de Metrotren?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Isabel Cabezas Regaño, Diputada.

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

181/001309

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Diputado don Carlos Rojas García

Texto:

¿Va a instalar el Gobierno un CIE en Motril?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Carlos Rojas García, Diputado.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

184/026875

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


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Autor: Pons Sampietro, Pere Joan (GS).

Retirada de su pregunta sobre evolución de la Estrategia Nacional al Parto Nacional desde el año 2007.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.

184/030049

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel (GS). Blanquer Alcaraz, Patricia (GS). Ramos Esteban, César Joaquín (GS). González Veracruz, María (GS).

Retirada de su pregunta sobre investigación del desfalco en la construcción de tres tramos de la línea de Alta Velocidad entre Monforte del Cid y Murcia.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.

184/030154

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Martín González, María Guadalupe (GS).

Retirada de su pregunta sobre incidencia de gripe desde octubre de 2017 a marzo de 2018 y tasa de vacunación.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.

184/031851

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan (GS). Hernanz Costa, Sofía (GS).

Retirada de su pregunta sobre congruencia del Gobierno con respecto al Acuerdo de París.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.

184/031852

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan (GS). Hernanz Costa, Sofía (GS).

Retirada de su pregunta sobre permisos de investigación de hidrocarburos solicitados cuya superficie de actuación prevista se solaparía con la del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.


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184/033077

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan (GS).

Retirada de su pregunta sobre reactivación de la tramitación del proyecto MEDSALT-2 de sondeos acústicos con "airguns".

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.

184/033093

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan (GS).

Retirada de su pregunta sobre suspensión de reparto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Palma, en espera de que cuente con una plantilla adecuada para afrontar la guardia.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.

184/038793

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Capdevila i Esteve, Joan (GER).

Retirada por el Gobierno de los depósitos bancarios que tenía en Cataluña en octubre de 2017.


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Acuerdo:

1. En cuanto a la solicitud de copia de la comunicación cursada por el Banco de España al Banco Central Europeo y/o al Fondo Monetario Internacional, así como de las respuestas recibidas, contenida en el sexto párrafo de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 107177, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/002553).

2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Diputado Joan Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Ante la información aparecida en el diari Ara respecto a que el Estado sacó en octubre de 2017 miles de millones de los depósitos bancarios que tenía en Catalunya,

¿Qué empresas y administraciones públicas -entidades del sector público estatal y órganos de la Administración del Estado- y por qué importes retiraron fondos de los bancos Sabadell y Caixabank durante las dos primeras semanas del mes de octubre de 2017? Facilítese listado detallado de empresas y administraciones, así como de importes de fondos transferidos, indicando entidad de origen y de destino para cada caso.

¿Qué autoridad ordenó cada uno de dichos movimientos? ¿Fue coordinada esta acción? ¿Por qué autoridad/es y con qué autoridad y/o potestad?

¿Qué personas, autoridades y/o órganos de gobierno de cada una de las empresas y administraciones a las que se refiere la primera pregunta fueron las que ordenaron dichos movimientos? ¿Bajo qué supervisión? Facilítense referencias a las actas en que se reflejaron cómo y por quién fueron tomadas dichas decisiones y bajo que argumentación, si existieren.

¿Tenía el Gobierno un plan de contención ante la situación de bank run o "corralito" que se pudo ocasionar con la retirada masiva de fondos?

¿Intervino el supervisor, el Banco de España, ante la presunta masiva retirada de fondos?¿Tenía noticia de ello?¿Cómo intervino si lo hizo y con qué resultados?¿Informó el Banco de España al Banco Central Europeo y/o al Fondo Monetario Internacional de esos movimientos masivos de fondos y de las acciones que emprendiera? [...]

¿Intervino la CNMV ante un hecho que seguramente podía causar alteración del precio de la acción de las entidades mencionadas? ¿Cómo y con qué resultados? ¿Intervino la CNMC ante la posibilidad de un posible acuerdo coordinado para dificultar la libre competencia entre empresas del sector bancario? ¿cómo y con qué resultados?

¿Qué impacto potencial sobre la economía catalana, y sobre la española, se hubiese producido si dichas políticas hubiesen llevado a un bank run o "corralito", como pareciera que pretendían provocar?

¿Hubo coordinación entre el Gobierno y la Casa Real para instar a multinacionales que, como las mencionadas entidades bancarias y otras corporaciones, desplazaran su sede de Catalunya? Interesa conocer cuál es el flujo y el curso de información económica y financiera habitual entre Gobierno y Casa Real, y si se vio incrementado en las fechas consultadas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.


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COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

093/000014

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(93) Convenios entre Comunidades Autónomas.

Autor: Región de Murcia. Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente.

Adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en calidad de beneficiario asociado, para el desarrollo de las acciones previstas en el Proyecto Life+Naturaleza 10NAT/ES/000570 "Recuperación de la Distribución Histórica de Lince Ibérico (lynx pardinus) en España y Portugal" acrónimo: "Iberlince".

Acuerdo:

Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, poniéndolo en conocimiento de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del Parlamento de la citada Comunidad Autónoma.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA EN CALIDAD DE BENEFICIARIO ASOCIADO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO LIFE+NATURALEZA 10NAT/ES/000570 "RECUPERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA DE LINCE IBÉRICO (LYNX PARDINUS) EN ESPAÑA Y PORTUGAL" ACRÓNIMO: "IBERLINCE"

En. ............. a ..... de ...................... de 2018

REUNIDOS

De una parte, D. José Fiscal López, Excmo. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en virtud del Decreto de la Presidenta 14/2015, de 17 de junio, por el que se dispone su nombramiento, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 26.2.i de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Y de otra, el Excmo. Señor D. Fernando López Miras, en calidad de Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, nombrado por Real Decreto 449/2017, de 2 de mayo, y actuando en función de las atribuciones que le confiere el artículo 7.1 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, previa aprobación del Consejo de Gobierno por Acuerdo de fecha 14 de marzo de 2018 y con la autorización de la Asamblea Regional de fecha 6 de julio de 2018.

El texto de la adenda fue remitido a las Cortes Generales con fecha ...................... de ...................... de ....................., de conformidad con lo establecido en el artículo 19, apartados 2 y 3, de la Ley


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Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. El Pleno del Senado, en su sesión número ........, celebrada el día ......... de .................... de ..................., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145.2 de la Constitución y 137 del Reglamento del Senado, ha tomado conocimiento de la Adenda al Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en calidad de beneficiario asociado (publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número .............., de fecha ....................... de .......................... de ...................., expediente número ........................).

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con las que actúan, para suscribir la presente Adenda y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero. Que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de acuerdo con las competencias que le han sido atribuidas, y en virtud del Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece su estructura orgánica, es el órgano de la Junta de Andalucía al que corresponde la superior dirección de las competencias en materia de medio ambiente.

Segundo. Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente (antes Consejería de Presidencia), es beneficiaria asociada del Proyecto LIFE "Recuperación de la distribución histórica de Lince Ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal" (LIFE+10NAT/ES/000570), en virtud del Acuerdo de Subvención de 19 de agosto de 2011, suscrito entre la Comisión Europea y la entonces Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con arreglo al Reglamento CE n.º 614/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, relativo al instrumento financiero para el medio ambiente LIFE+ y de los Acuerdos Complementarios n.º 1 de 5 de diciembre de 2012, n.º 2 de 14 de junio de 2013, n.º 3 de fecha 18 de marzo de 2016 y n.º 4 de fecha 26 de junio de 2017.

Tercero. Que con fecha 31 de enero de 2014, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la CARM suscribieron un Convenio de Colaboración para el desarrollo de las acciones del Proyecto LIFE+Naturaleza "Recuperación de la distribución histórica de Lince Ibérico en España y Portugal" (LIFE+10NAT/ES/000570), publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 88, de 16 de abril de 2014.

Cuarto. Que ambas partes consideran necesario modificar el Convenio de colaboración suscrito para adaptarlo a las modificaciones del proyecto LIFE+10NAT/ES/000570 aprobadas por la CE por los Acuerdos Complementarios n.º 1 de 5 de diciembre de 2012, n.º 2 de 14 de junio de 2013, n.º 3 de fecha 18 de marzo de 2016 y n.º 4 de 26 de junio de 2017.

Ante todo lo expuesto, ambas partes suscriben la Adenda al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación al desarrollo de las acciones del Proyecto LIFE+Naturaleza "Recuperación de la distribución histórica de Lince Ibérico en España y Portugal" (LIFE+10NAT/ES/000570), quedando ajustado a las siguientes

CLAÚSULAS

Primera. Modificación del exponendo segundo del Convenio.

Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante CARM), a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente es beneficiaria asociada del Proyecto Life "Recuperación de la distribución histórica de Lince ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal" (LIFE+10NAT/ES/000570), en virtud al Acuerdo de Subvención de 19 de agosto de 2011 suscrito entre la Comisión Europea y la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 614/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, relativo al instrumento financiero para el medio ambiente LIFE+ y del Acuerdo Complementario n.º 3 de fecha 18 de marzo de 2016, el cual se comprometió a participar de la manera en que se recoge en el formulario A4/6 del citado proyecto.


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Que el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, atribuye a aquélla en el artículo 11.3 la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de medio ambiente y normas adicionales de protección, competencia ésta atribuida a la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, de acuerdo con el Decreto del Presidente n.º 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la Administración Regional.

Que de acuerdo con el Decreto n.º 75/2017, de 17 de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente (modificado por Decreto n.º 223/2017, de 2 de agosto), la Dirección General de Medio Natural, en la que se integra la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente con rango de Subdirección General, asume las competencias y funciones en materia de planificación y gestión de espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, así como del fomento del medio ambiente y lucha contra el cambio climático, la representación en la Red de Autoridades Ambientales, política forestal, caza y pesca fluvial y protección de la fauna silvestre.

Segunda. Modificación del exponiendo tercero del Convenio.

Que el LIFE+NATURALEZA 10NAT/ES/000570 se regirá conforme a los siguientes documentos de referencia, por orden de prioridad:

Reglamento (CE) n.º 614/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de mayo de 2007 (LIFE+)1.

Las disposiciones especiales del acuerdo de subvención.

Las disposiciones comunes, incluidas en el acuerdo de subvención.

La propuesta de proyecto (en lo sucesivo "proyecto") a que se refiere el acuerdo de subvención.

Los Acuerdos Complementarios n.º 1 de 5 de diciembre de 2012, n.º 2 de 14 de junio de 2013, n.º 3 de fecha 18 de marzo de 2016 y n.º 4 de 26 de junio de 2017.

Todo lo anterior forma parte integrante del acuerdo de subvención y del presente Convenio y regirá los derechos y obligaciones de beneficiario coordinador, beneficiario asociado y Comisión Europea.

Tercera. Modificación de la cláusula primera del Convenio.

El objeto del presente Convenio es la colaboración en la ejecución del Proyecto LIFE "Recuperación de la distribución histórica de Lince ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal" (LIFE+10NAT/ES/000570), con una duración prevista del proyecto desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2018, durante el cual la CARM tiene la obligación de ejecución de las siguientes acciones:

Acción;Título de las acciones

A.1;Redacción de un plan de sensibilización y comunicación común, de planes específicos y manual de identidad gráfica

A.2;Jornadas de trabajo para revisión y redacción de protocolos conjuntos de actuación en el medio natural y revisión de su efecto: mejoras de hábitat

A.3;Jornadas de trabajo para revisión y redacción unificada y elaboración de protocolos sanitarios para lince ibérico

A.4;Jornadas de trabajo para actuaciones de permeabilización en vías de comunicación y conectividad de la red natura 2000

A.5;Actualización del modelo de áreas de reintroducción, selección de áreas y jornadas para revisión y redacción de protocolos de análisis e informes

A.7;Modelos de plan de gestión y su conectividad para LIC declarados por lince ibérico

A.8.6;Datos sanitarios de la fauna que convive con el lince ibérico en áreas de presencia y de reintroducción. Obtención de valores sanitarios de fauna asociada al lince en áreas de reintroducción de Murcia

A.10;Áreas de aplicación de convenios de colaboración en áreas de reintroducción


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Acción;Título de las acciones

C.4;Mejoras de hábitat en áreas periféricas a las de presencia actual

C.5;Mejoras de hábitat y conejo en áreas de reintroducción: plan de mejoras

C.6;Actuaciones de desfragmentación de hábitat en vías asfaltadas

C.8;Adquisición de conejo silvestre para nuevos cercados en áreas de reintroducción, expansión y conexión

C.9;Plan de liberación de linces en áreas de reintroducción

D.1;Jornada inaugural de unificación de metodologías y herramientas de trabajo para todas las áreas de actuación y equipos de profesionales

D.2;Puesta en marcha de web del proyecto Life+

D.3;Puntos de información lince

D.4;Seminario internacional sobre la conservación del lince ibérico, el monte mediterráneo y el conejo de monte

D.5;Exposición itinerante. Diseño, edición y promoción

D.6;Distinción/reconocimiento a la conservación del lince

D.7;Edición y distribución de material divulgativo

D.8.1;Campaña general de divulgación. Conformación del Club Amigos del Lince y actividades relacionadas

D.10.2;Campaña de divulgación en el área de reintroducción expansión y conexión de poblaciones de lince ibérico. Sector Agro-ganadero

D.12;Edición de un informe final divulgativo: informe Layman

D.16;Edición de un boletín de difusión del proyecto

E.1;Dirección y coordinación del proyecto

E.4;Puesta a punto y funcionamiento de la red transnacional lberlince

E.8;Programa de supervisión de los resultados sobre las poblaciones de conejo en el ámbito de actuación del proyecto

E.12;Plan de conservación para el proyecto Life en el futuro

Así mismo participará en todas aquellas otras acciones en las que sea requerido en aras a una correcta coordinación global de la ejecución del Proyecto y de sus objetivos.

Cuarta. Modificación de la cláusula tercera del Convenio.

Sólo se considerarán gastos elegibles para el Proyecto los generados a partir del 1 de septiembre de 2011 y hasta el 30 de junio de 2018, según consta en el Acuerdo de subvención firmado entre la Comisión Europea-Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía), el 19 de agosto de 2011 y el Acuerdo Complementario n.º 4 de fecha 26 de junio de 2017. Todo ello salvo que la Comisión amplíe el plazo de ejecución.

Quinta. Modificación de la cláusula quinta del Convenio.

5.1 La CARM como Beneficiario asociado, es responsable de la ejecución de las acciones relacionadas en la cláusula primera de este Convenio y descritas en los formularios pertinentes del proyecto. La CARM se compromete a la correcta ejecución del Proyecto de acuerdo a las directrices marcadas en la Comisión de seguimiento del mismo.

5.2 La CARM acepta todas las disposiciones del Acuerdo de subvención con la Comisión.


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5.3 La CARM notificará a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía) la ejecución de las acciones con suficiente antelación al objeto de poder notificar éstas a la Comisión Europea, especialmente las relacionadas con actos públicos.

5.4 La CARM está obligado a ayudar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía) a cumplir con sus obligaciones como Beneficiaria coordinadora en relación con el Acuerdo de subvención. En particular, la CARM proporcionará a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía) cualquier documento o información (técnica y financiera), tan pronto como sea posible después de recibir la solicitud de la Beneficiaria coordinadora.

La información solicitada para completar los informes obligatorios a la Comisión que se realice por la CARM se enviará por lo menos dos meses antes de la fecha límite de entrega de cada informe, según el cronograma que se describe en la propuesta de Proyecto revisado.

El pago acordado dependerá del cumplimiento de estos compromisos y se llevará a cabo después de haberse recibido una respuesta positiva de la Comisión a la información técnica y financiera enviada. Si la respuesta de la Comisión establece un incumplimiento de las cuestiones técnicas y/o financieras por la CARM el pago se hará solo de la parte que tenga la aceptación de la Comisión.

5.5 La CARM debe contribuir a la financiación del proyecto con 199.580 euros en calidad de contribución propia. Dicha aportación la realizará la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante aportación de recursos humanos, imputando horas de personal funcionario de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, desplazamientos y una parte de gastos generales necesarios para la gestión del proyecto que no requieren de justificación.

Los fondos propios que se aportarán a este proyecto no tendrán reflejo presupuestario, ya que únicamente se incluirá un proyecto de inversión financiado 100% con Fondos LIFE y cuya distribución presupuestaria por anualidades sería la siguiente:

Años;Fondos LIFE 100%;Fondos propios CARM

(Personal funcionario, desplazamiento y parte de gastos generales);Total

2013;41.124 ?;57.447 ?;98.571 ?

2014;59.996 ?;71.525 ?;131.521 ?

2015;81.151 ?;37.213 ?;118.364 ?

2016;84.866 ?;28.820 ?;113.686 ?

2017;32.233 ?;4.575 ?;36.808 ?

TOTAL;299.370 ?;199.580 ?;498.950 ?

- Año 2013: Cuarenta y un mil ciento veinticuatro euros (41.124 ?), IVA incluido.

- Año 2014: Cincuenta y nueve mil novecientos noventa y seis euros (59.996 ?), IVA incluido.

- Año 2015: Ochenta y un mil ciento cincuenta y un euros (81.151 ?), IVA incluido.

- Año 2016: Ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y seis euros (84.866 ?), IVA incluido.

- Año 2017: Treinta y dos mil doscientos treinta y tres euros (32.233 ?), IVA incluido.

5.6 La CARM se compromete a facilitar toda la documentación financiera y de contratación que sea requerida por el auditor.

5.7 La CARM no informará directamente a la Comisión sobre el progreso técnico y financiero a menos que expresamente así se lo solicite la Comisión.

Sexta. Modificación de la cláusula décima del Convenio.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía) debe informar a la Comisión sobre los progresos y los logros del proyecto LIFE+ a través de la presentación de los siguientes informes:

a) Informe inicial, dentro de los nueve meses del inicio del proyecto: Este informe fue entregado en mayo de 2012.


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b) Primer Informe intermedio con solicitud de pago, que se entregó en 2015.

c) Segundo Informe intermedio con solicitud de pago, entregado en 2016.

d) Informe final con solicitud de pago, que se entregará en agosto de 2018 y que el beneficiario coordinador enviará a la Comisión el 31 de diciembre de 2018.

e) Para cumplir con los informes previstos, la CARM enviará toda la información técnica y financiera solicitada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, al menos dos meses antes del plazo previsto para cada entrega, con fecha límite el 30 de agosto de 2018 en el caso de la información relativa al Informe final.

No obstante, la información relativa a la gestión técnica y/o financiera del proyecto puede ser solicitada por la Comisión en cualquier momento.

Séptima. Modificación de la cláusula decimotercera del Convenio.

13.1 Para la declaración final de gastos e ingresos, la CARM proporcionará a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía) el 30 de agosto de 2018 a más tardar, con fecha y firma, declaración de gastos, copia de las facturas y justificación de gastos.

La información solicitada será enviada por la CARM en una hoja Excel, compatible con los formularios financieros exigidos por la Comisión. La CARM enviará también todos los documentos financieros generados compulsados por correo certificado.

13.2 Si la Comisión solicita alguna información adicional, la CARM la enviará a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía) por email dentro de los diez días posteriores a su requerimiento.

13.3 La CARM está obligada a informar de los costes como se especifica en las disposiciones comunes y en el Acuerdo de subvención. En particular, la CARM debe cumplir con la Parte II, "Disposiciones financieras" de las disposiciones comunes de la Comisión.

Octava. Modificación de la cláusula decimoquinta del Convenio.

15.1 Todos los pagos deben hacerse a la siguiente cuenta bancaria de la CARM: ES 46 0049 6660 7125 16026789.

15.2 La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía) transferirá mediante el sistema de gestión extrapresupuestaria la cantidad de 299.370 euros a la CARM, de los cuales 119.748,00 euros, correspondientes al 40% de la contribución financiera original de la CE, fueron transferidos en un primer pago realizado el 16 de abril de 2012 y 59.874,00 euros, correspondientes al 20% de la contribución financiera original de la CE, fueron transferidos el 23 de septiembre de 2016.

El resto de los pagos se harán conforme al siguiente calendario:

a) Un tercer pago de 59.874,00 euros, es decir, el 20% de la contribución financiera de la CE, tras la aceptación por la Comisión Europea del Segundo Informe intermedio con solicitud de pago, y en particular de la elegibilidad de los gastos efectuados por la CARM, en el plazo de treinta días desde la recepción del pago provisional por la CE.

b) El saldo restante, es decir, 59.874,00 euros, es decir, el 20% de la contribución financiera de la CE, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la aprobación por la CE del Informe Final y la Declaración Final de los gastos reales incurridos. El saldo pendiente de pago a la CARM se calculará de la siguiente manera: los gastos totales (excluyendo la autofinanciación) incurridos por el socio con el fin de implementar el proyecto, menos los fondos que ya se han pagado a la CARM. Todo condicionado a la elegibilidad de los gastos efectuados por la CARM, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.

15.3 La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía) transferirá la cuota proporcional del pago final a la CARM que la Comisión haya realizado. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía) recuperará los importes indebidamente pagados a la CARM por no haber sido considerados elegibles por la Comisión.

Leído el presente documento por las partes, lo encuentran conforme y, en prueba de ello, lo firman y rubrican por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

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