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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 377, de 26/06/2018
cve: BOCG-12-D-377
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
26 de junio de 2018

Núm. 377


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

161/003373 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la convocatoria inmediata de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado ... (Página4)

Comisión de Justicia

161/003367 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre ayudas y asistencia a los afectados por iDental ... (Página6)

Comisión de Defensa

161/003366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la venta por parte del Ministerio de Defensa de las parcelas que se ubican en el Parque de Artillería (Diego Porcelos), en la ciudad de Burgos ... (Página8)

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/003360 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la derogación de la Instrucción conjunta sobre el procedimiento de autorización de contratos de personal laboral, nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal ... (Página10)

161/003371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la reforma del sistema de financiación autonómica ... (Página12)

161/003375 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la exención de las tasas de exámenes de oposición para las mujeres víctimas de violencia machista ... (Página13)

Comisión de Fomento

161/003364 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al impulso de una ley de financiación del transporte colectivo urbano ... (Página14)


Página 2




161/003370 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de aprobar un proyecto destinado a solucionar el grave impacto acústico que sufre el barrio de Navia (Vigo) por el paso de la VG-20 ... (Página16)

161/003374 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al Plan de inversiones en materia de infraestructuras para la Comunidad Foral de Navarra ... (Página17)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/003372 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en defensa de las trabajadoras despedidas de la empresa Gestipack en Ontígola (Toledo) ... (Página21)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/003357 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a garantizar la estabilidad retributiva a las energías renovables y la reversión de los recortes sufridos por familias y pequeñas empresas y cooperativas ... (Página22)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/003361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la representatividad democrática en el campo ... (Página24)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/003362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a organizaciones de afectados y afectadas por las clínicas iDental en distintos territorios de España ... (Página26)

161/003365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la igualdad de oportunidades de las personas con VIH ... (Página29)

161/003368 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre ayudas y asistencia a los afectados por iDental ... (Página31)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/003376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a asegurar, en el marco de la Cooperación Internacional, el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados ... (Página33)

161/003377 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la puesta en marcha en España de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible ... (Página35)

161/003378 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la integración de la Agenda 2030 en los programas de reformas del Gobierno de España ... (Página36)

161/003379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno al apoyo de la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional a la grave crisis política que vive Nicaragua desde el respeto y protección de las personas defensoras de los Derechos Humanos ... (Página38)


Página 3




Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/003358 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad al transporte público de viajeros en vehículos de turismo (taxi) ... (Página39)

161/003359 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la utilización del castellano en la señalética viaria de todo el territorio nacional ... (Página40)

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/003363 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la toma de medidas que permitan dar respuesta de acceso gratuito y público a la atención educativa de niños y niñas de cero a tres años ... (Página41)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Defensa

181/001131 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre soluciones para atender la demanda histórica de la ciudadanía de Ferrol de abrir la ciudad al mar y sustituir la actual muralla militar ... (Página44)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/001128 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre actuaciones previstas para retirar y gestionar los depósitos de fibrocemento que contienen amianto en el cauce y en las laderas del arroyo Ramabujas (Toledo) para evitar graves consecuencias en la salud y el medio ambiente ... (Página44)

181/001130 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángela Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de revisar la prórroga de la concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre en la ría de Pontevedra otorgada a ENCE Energía y Celulosa, S.A., en el año 2016 ... (Página44)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/031002 Autor: Martínez Rodríguez, María Rosa

Desalojo de asentamientos en las inmediaciones del puerto de Bilbao. Retirada ... (Página45)

184/034848 Autor: Salvador García, Luis Miguel

Planes del Ministerio del Interior en relación a la integración del sistema sanitario penitenciario en los sistemas de salud de las Comunidades Autónomas ... (Página45)

184/034902 Autor: Salvador García, Luis Miguel

Planes del Ministerio del Interior en relación con la Operación Paso del Estrecho 2018 en el puerto de Motril ... (Página47)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión Constitucional

161/003373

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la convocatoria inmediata de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, para su debate en la Comisión Constitucional.

Exposición de motivos

En fecha 16 de mayo de 2018 se ha hecho efectivo el nombramiento del nuevo President de la Generalitat de Catalunya y el 2 de junio ha tomado posesión el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Así mismo, en fecha 7 de junio ha tomado posesión el nuevo Gobierno del Estado, surgido de la moción de censura votada favorablemente en el Congreso de los Diputados el pasado 1 de junio.

Con el nombramiento del Govern de la Generalitat han decaído las medidas acordadas por el Senado, a propuesta del Gobierno central, relativas al artículo 155 de la Constitución, aprobadas mediante Resolución de 27 de octubre de 2017.

La recuperación de la normalidad institucional en el ejercicio del autogobierno de la Generalitat de Catalunya debe ser total, y por ello resulta necesario restablecer las relaciones entre el Estado y la Generalitat de Catalunya.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña recoge en su articulado diversos órganos para el impulso de las relaciones bilaterales entre el Estado y la Generalitat de Cataluña: la Comisión Bilateral Generalitat-Estado (artículo 183), la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat (artículo 210), la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat (disposición transitoria segunda) y la Comisión sobre inversiones estatales en infraestructuras (disposición adicional tercera).

De acuerdo al artículo 183 del Estatuto, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado constituye el marco general y permanente de relación entre los Gobiernos de la Generalitat y el Estado a los siguientes efectos: 1. La participación y la colaboración de la Generalitat en el ejercicio de las competencias estatales que afecten a la autonomía de Cataluña. 2. El intercambio de información y el establecimiento, cuando proceda, de mecanismos de colaboración en las respectivas políticas públicas y los asuntos de interés común.

Respecto a las funciones de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado pasan estas por deliberar, hacer propuestas y, si procede, adoptar acuerdos en los casos establecidos por el Estatuto y, en general, con relación a los ámbitos que recoge el Estatuto, como: 1. Los proyectos de ley que inciden sobre la distribución de competencias entre el Estado y la Generalitat; 2. La programación de la política económica general del Gobierno del Estado en lo que afecte a los intereses y las competencias de la Generalitat; 3. El impulso de las medidas para mejorar la colaboración entre el Estado y la Generalitat y asegurar un ejercicio más eficaz de las competencias respectivas en los ámbitos de interés común; 4. Los conflictos


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competenciales planteados entre las dos partes y la propuesta, si procede, de medidas para su resolución; 5. La evaluación del funcionamiento de los mecanismos de colaboración establecidos; 6. La propuesta de la relación de organismos económicos, instituciones financieras y empresas públicas del Estado en los que la Generalitat puede designar representantes, y las modalidades y las formas de esta representación; 7. El seguimiento de la política europea para garantizar la efectividad de la participación de la Generalitat en los asuntos de la Unión Europea; 8. El seguimiento de la acción exterior del Estado que afecte a las competencias propias de la Generalitat; y 9. Las cuestiones de interés común que establezcan las leyes o que planteen las partes.

El reconocimiento estatutario de la Comisión Bilateral implica su vocación de permanencia y continuidad, al configurarla como el marco general y permanente de relación entre los Gobiernos de la Generalitat y del Estado. En este sentido, el artículo 183.4 EAC establece que "la Comisión Bilateral Generalitat-Estado se reúne en sesión plenaria al menos dos veces al año y siempre que lo solicite una de las dos partes". Desde la aprobación del Estatuto de Autonomía, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado ha celebrado 8 reuniones. Sin embargo, desde el año 2011, la relación bilateral entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno del Estado prácticamente ha desaparecido, quedando reducida a reuniones de coordinación de carácter meramente técnico o a reuniones para intentar -y en algunos casos resolver- conflictos competenciales.

El Gobierno rechazó cualquier diálogo político para abordar la crisis constitucional producida a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Catalunya.

En los últimos años se ha producido una notable conflictividad competencial entre la Generalitat y el Estado. El Gobierno del Estado ha presentado decenas de recursos de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por el Parlamento de Catalunya que, en algunos casos, han contado con el apoyo unánime de esta Cámara. La presentación del recurso ha supuesto la suspensión cautelar de leyes que desarrollan derechos sociales y que tienen una gran incidencia en las condiciones de vida de la ciudadanía y en el desarrollo social y económico de Catalunya.

Así mismo, a partir de 2011 no se ha producido ningún traspaso de funciones y servicios que derivan del Estatuto de Autonomía de Catalunya. La propuesta de negociación de traspasos formulada por el Govern de la Generalitat en julio de 2011 no fue atendida por el Gobierno del Estado, sin que se produjera ninguna negociación.

En la actual situación de conflicto político es más necesario que nunca utilizar los órganos constitucionales y estatutarios disponibles para el impulso de las relaciones bilaterales entre ambas. Por ello, es imprescindible proceder a la activación de la Comisión Bilateral y aprovechar este marco general de relación para que ambas administraciones se reúnan y dialoguen para tratar, por la urgencia que requiere, las siguientes cuestiones: a) La resolución y, en su caso, retirada de los conflictos de competencias planteados, y algunos aun actualmente en trámite, ante el Tribunal Constitucional en prácticamente todos los ámbitos competenciales de la Generalitat; b) Determinar las inversiones del Estado en Catalunya en materia de infraestructuras; c) Establecer las competencias de la Generalitat que han de ser objeto de transferencia.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 183.4 del Estatuto de Autonomía, en el plazo de un mes, impulse la convocatoria, de acuerdo con el Govern de la Generalitat, de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado al efecto de impulsar los trabajos relativos a:

a) La resolución y, en su caso, retirada de los conflictos de competencias planteados ante el Tribunal Constitucional.

b) Determinar las transferencias pendientes de realizar, en atención al Estatuto de Autonomía de Catalunya, impulsando los trabajos de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat.

c) Las inversiones del Estado en Catalunya en materia de infraestructuras.

d) Todas aquellas cuestiones que ambos Gobiernos consideren oportuno tratar, especialmente en los ámbitos sociales en los que concurren competencias de ambas administraciones.

e) El proceso de revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas.


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2. Desarrollar, en el marco de la Comisión Bilateral, un diálogo político abierto que permita establecer las bases para afrontar el conflicto político de Catalunya."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Justicia

161/003367

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre ayudas y asistencia a los afectados por iDental, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

A finales del año 2017 las clínicas iDental, clínicas odontológicas catalogadas como "de bajo coste" y presentes en 22 provincias de España, habían recibido según información del Gobierno casi 1.500 reclamaciones en seis Comunidades Autónomas, de las diez en las que están presentes, cuyos principales motivos eran los siguientes:

- Incumplimiento de la condiciones de la contratación.

- Disconformidad con los tratamientos recibidos.

- Demora en la prestación del servicio de manera injustificada.

- La no devolución de las cantidades cobradas ante la falta de prestación del servicio.

- Incumplimientos del derecho de desistimiento.

- Facturaciones incorrectas.

En estos días estamos siendo testigos cómo el problema causado por estas clínicas ha aumentado de manera significativa y cómo la gravedad del asunto está llegando a tales niveles que los mecanismos judiciales se están poniendo en marcha a raíz de decenas de denuncias de clientes en diferentes Comunidades Autónomas, hasta el punto de que ayer mismo se llamó a declarar a los administradores de las clínicas dentales por supuestos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

De hecho, los colegios profesionales de dentistas han empezado a promover actuaciones colectivas contra las clínicas de iDental. El Colegio de Dentistas de Sevilla ha anunciado recientemente que interpondrá una denuncia penal contra iDental y sus responsables por la comisión de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y publicidad falsa, ya que tiene constancia de más de 1.200 quejas de afectados por la mala praxis de las clínicas o el cierre repentino de estas. Desde la Comunidad de Madrid aseguran que han interpuesto hasta 12 expedientes a la empresa por incumplir la normativa técnico-sanitaria. De momento, organizaciones de consumidores como FACUA tienen constancia de 610 reclamaciones en esta Comunidad y solo en Cataluña hay otras 600 más. En Albacete, los afectados han constituido una plataforma que iniciará las medidas oportunas para que se finalicen los tratamientos que han quedado a medias tras el cierre repentino de la clínica o se devuelvan las cuantías abonadas sin haber iniciado tratamientos. El Servicio de Consumo cántabro ha abierto cinco expedientes sancionadores contra la empresa por más de cincuenta reclamaciones en las que detecta infracciones administrativas, cláusulas abusivas en los contratos, mala praxis, retrasos injustificados en el inicio de tratamientos y durante su ejecución.

Dado el cariz que la situación estaba tomando hace ya unos días, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) emitió una serie de recomendaciones para los afectados a fin de que puedan ejercer sus derechos ante los órganos pertinentes. Entre las recomendaciones encontramos las de presentar reclamaciones por escrito ante las clínicas, preferiblemente vía fax; solicitar los historiales a las clínicas vía burofax o medio fehaciente y, en caso de no obtener respuesta,


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acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); presentar reclamaciones ante las autoridades de consumo y sanitarias de las Comunidades Autónomas, en caso de ser preciso realizar una peritación por un profesional de la odontología y presentar una denuncia ante los juzgados de su localidad; en caso de tener créditos vinculados, presentar la correspondiente denuncia ante los servicios de defensa de los clientes de las entidades financieras con las que se tenga el crédito vinculado, pudiendo desistir en los créditos firmados hace menos de catorce días naturales; así como guardar toda la documentación relativa al caso.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, preocupado desde hace meses con esta problemática, presentó y llevó a debate a la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados una proposición no de Ley sobre la regulación de la publicidad y el funcionamiento de las clínicas dentales en España que se aprobaría con el siguiente texto:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Cumplir el mandato de la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales el 27 de abril de 2016, en los términos siguientes, a fin de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que:

- Las clínicas franquiciadas continúen con su funcionamiento habitual, garantizándose los derechos de los profesionales y la atención a los usuarios que tuvieran servicios contratados.

- Con la colaboración de las asociaciones de consumidores, se refuercen o implanten sistemas de prevención y garantía que eviten o reduzcan los perjuicios a los consumidores ante estas situaciones.

- Se establezcan los protocolos de actuación, en los que participen las asociaciones de consumidores, para canalizar tanto la información como las posibles reclamaciones que afecten a los consumidores y usuarios.

- De común acuerdo con las Comunidades Autónomas, se establezcan medidas eficaces para el control de la publicidad y propaganda comercial sanitaria. En todo caso, no se podrán incluir ofertas económicas, rebajas, premios o cualquier otro tipo de atractivo económico.

- No se podrá obligar al cliente a la financiación o al pago anticipado de tratamientos no realizados.

- Obligar a que sean transparentes y accesibles al público el nombre y número de colegiado de los especialistas de odontología, especificando el nombre y número de colegiado de aquel que ejerza la dirección técnica del centro.

- Dictar instrucciones a la Inspección de Trabajo para que revise la existencia de "falsos autónomos" al servicio de las clínicas.

- Establecer un portal de transparencia para los prestadores de servicios sanitarios, en el que figuren el tipo, número y porcentaje de tratamientos.

- Obligatoriedad por parte de los colegios de Odontólogos, dentro del ámbito de sus competencias, de llevar un registro de las resoluciones sobre las reclamaciones realizadas, accesible al público general.

2. Cumplir el mandato de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, aprobada en sus términos en la sesión de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales celebrada el 24 de noviembre de 2016, por la que se instaba al Gobierno a realizar un análisis integral y coordinado de la normativa vigente en materia de publicidad de centros, establecimientos y servicios sanitarios y, como consecuencia, y al objeto de elaborar una norma que contenga la regulación básica del Estado sobre esta materia, que:

a) Mejore, actualice y clarifique la regulación de la publicidad de centros, establecimientos y servicios sanitarios.

b) Garantice la seguridad de pacientes y usuarios, persiguiendo la publicidad engañosa y evitando los posibles perjuicios que puedan producirse.

c) Regule de forma detallada la inspección, el control, las responsabilidades y las sanciones que se deriven de la publicidad engañosa en estos centros, cualquiera que sea el régimen jurídico bajo el que presten sus servicios (franquicias, etcétera).

3. Una vez realizado el análisis integral y coordinado de la normativa vigente, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, que se impulsen medidas eficaces para el control de la publicidad y propaganda comercial sanitaria incluyendo, en su caso, restricciones en este tipo de publicidad que impidan incluir ofertas económicas, rebajas, premios o cualquier otro tipo de atractivo económico.


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4. Coordinar con las Comunidades Autónomas un plan específico de inspección laboral en las clínicas dentales para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral.

5. Inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de titulación profesional en las clínicas odontológicas y de los criterios de acreditación de la formación especializada que ofertan algunas de estas clínicas, todo ello en coordinación con las autoridades y organizaciones profesionales competentes.

6. Apoyar a los afectados en las pruebas periciales para la acreditación de los presuntos daños provocados en las clínicas dentales."

Desde Ciudadanos, consideramos que las Comunidades Autónomas, como administraciones responsables de garantizar los derechos de los consumidores y usuarios, además de acreditar y supervisar el correcto funcionamiento de los centros sanitarios de su territorio, han concurrido en una grave dejación de funciones, desembocando su irresponsabilidad en graves perjuicios para miles de ciudadanos en todo el territorio nacional. Pero también consideramos que desde la Administración General del Estado pueden llevarse a cabo medidas concretas que faciliten los procedimientos de reclamación y defensa de los derechos de los consumidores afectados por esta situación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Entablar conversaciones con las plataformas y asociaciones de afectados por las clínicas iDental a fin de trasladarles toda la información precisa para que puedan ejercer la defensa de sus derechos ante los responsables de consumo y sanitarios de las Comunidades Autónomas.

2. Trasladar al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este problema a fin de que se mejoren los procedimientos de acreditación y supervisión de centros sanitarios, así como de la publicidad sanitaria que se emita desde ellos.

3. Instar a la Agencia Española de Protección de Datos para que, en el marco de sus competencias, previa coordinación con las plataformas y asociaciones antes mencionadas: (i) proporcione información a las personas afectadas por las clínicas iDental acerca de sus derechos en materia de tratamiento de los datos de carácter personal; (ii) investigue la adecuación a la normativa de protección de datos de la inclusión de los afectados por las clínicas iDental en listas de morosos, iniciando en su caso el correspondiente procedimiento sancionador a fin de ordenar la cesación de los tratamientos de datos contrarios la LOPD y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.

4. Estudiar la posible regulación y puesta en marcha de un procedimiento de arbitraje, a fin de que los afectados por las clínicas iDental puedan resolver los conflictos habidos, tanto con las clínicas como con las entidades prestamistas, a través de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, en coordinación con las diferentes juntas arbitrales de consumo de ámbito autonómico.

5. Constituir una mesa de expertos independientes, a fin de: (i) determinar si ha podido concurrir responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas obligadas a efectuar labores de inspección y supervisión en el ámbito sanitario; (ii) informar, en su caso, sobre las posibles respuestas legales dirigidas a resarcir a los afectados de los daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración pública."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2018.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.- Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Defensa

161/003366

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los


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Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Defensa, relativa a la venta por parte del Ministerio de Defensa de las parcelas que se ubican en el Parque de Artillería (Diego Porcelos), en la ciudad de Burgos.

Exposición de motivos

El barrio de Gamonal se desarrolló como alojamiento para la mano de obra que trabajaba en los polígonos industriales de la ciudad de Burgos y con el paso de los años se ha convertido en una gran zona residencial, con un urbanismo exacerbado, que aglutina a más del 40 % de la población burgalesa. Constituye uno de los ejemplos del peor urbanismo desarrollista de los años setenta y ochenta, con altas densidades edificatorias y una absoluta carencia de equipamientos y dotaciones. A esta cuestión se le suma el hecho de que el barrio se ha visto históricamente "estrangulado" por las múltiples instalaciones militares que lo rodeaban. Hecho que ha imposibilitado una adecuada conexión de Gamonal con el resto de la ciudad y también con otras partes del propio barrio.

Especial relevancia tiene en esta situación el Parque de Artillería (Diego Porcelos), una dotación militar que separa de forma abrupta el barrio de Gamonal del resto de la ciudad de Burgos, y que junto a la instalación Deportiva Militar, propiedad también del Ministerio de Defensa y de uso restringido para la mayoría de las burgalesas y burgaleses, conforman una barrera física y social perfectamente tangible.

La parcela donde se ubica el acuartelamiento Diego Porcelos es el resultado de la unión de tres parcelas. La controversia viene suscitada por dos de ellas, las denominadas "Goteras" y "Marisantos", que suman una superficie de 48.265 metros cuadrados y que en este momento el Ministerio de Defensa pretende enajenar. No es una cuestión menor que ambas parcelas fueran obtenidas por el "Ramo de Guerra" en 1948 a pesar de que fueran bienes comunales y, por tanto, no podían ser vendidas. De hecho en mayo de 1961 el Tribunal Supremo en sentencia de casación, declaró la venta nula y a su vez ordenó la cancelación de las inscripciones en el Registro de la Propiedad por tratarse de bienes comunales. Desgraciadamente ni el Ministerio de Defensa, ni el Ayuntamiento de Burgos han hecho nada en todos estos años para recuperar estos terrenos, lo que a nuestro juicio constituye un grave incumplimiento de su deber en la defensa del patrimonio burgalés.

El incumplimiento reiterado y sistemático por parte de las administraciones implicadas en la defensa del interés general y del patrimonio público de la ciudad ha supuesto que los vecinos y vecinas de Gamonal y Burgos no hayan podido disfrutar de un patrimonio que les corresponde y por otra parte, que se estableciera una operación de ordenación y asignación de aprovechamiento urbanístico que satura al barrio y que puede ser calificada como "especulación urbanística". En concreto, en el año 2006 ambas administraciones, Ayuntamiento de Burgos y Ministerio de Defensa, firman un convenio en el que acuerdan que esta zona pase a tener uso residencial. Para ello fue necesaria una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a la cual se comprometió el Ayuntamiento de Burgos, y que ejecutó en el año 2007. De esta forma, el Ministerio de Defensa, una vez aprobado el PGOU de 2014, pasa a disponer de 48.265 metros cuadrados para uso predominantemente residencial de vivienda colectiva, compatible con otros usos residenciales, productivos y de equipamiento privado, con un número máximo de viviendas entre 241 y 337.

Nos encontramos pues ante una operación que genera dudas legales y de carácter especulativo ajena a los intereses de los y las vecinas de Burgos e impulsada por las administraciones públicas dirigidas por el Partido Popular.

Por cuestiones geográficas, logísticas y muy especialmente históricas, el Ayuntamiento de Burgos siempre ha sido muy receptivo y generoso para con las necesidades del "Ramo de la Guerra" y ha fomentado, facilitado y acogido sus instalaciones, incluso, en ocasiones, con sacrificios de su propia hacienda y patrimonio. Un censo realizado a inicios de los años 90 de las instalaciones militares en la ciudad de Burgos cifraba las mismas en más de 1.613.800 metros cuadrados, la mayor parte de los cuales fueron cedidos por el Ayuntamiento de Burgos o por el Ayuntamiento del antiguo pueblo de Gamonal, hoy absorbido por el primero. En poco de más de veinte años, Defensa ha ingresado 83,2 millones de euros por la venta o traspaso de solares e inmuebles previa recalificación de los mismos y permitiendo un aprovechamiento urbanístico antes inexistente, como en los casos de la Barriada militar, Sanidad militar, Cuartel de Automoción "Dos de Mayo", chalets de Aviación y Hospital Militar.

Queda acreditada la generosidad con la que Burgos ha tratado históricamente al Ministerio de Defensa, así como acreditada queda la ausencia de generosidad para con Burgos del Ministerio de Defensa. Sin embargo, otros municipios sí se han visto de alguna forma recompensados por parte del


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Ministerio de Defensa en los últimos años que ha revertido y/o cedido terrenos en desuso para su uso público. Son los casos del cuartel de Viriato en Zamora en el año 1990. Una parte de las instalaciones militares de Punta Camorro en Tarifa en el año 2010. Los polvorines de la Espadilla en Alcalá de Guadaíra en el año 2004. Los terrenos de La Salada en Castellón, en el año 2006, etc.

Es muy importante que las administraciones públicas sean ecuánimes en la defensa y protección de los intereses de las y los ciudadanos y de las ciudades españolas, sea cual sea el color político que dirija la administración en cada momento, para compensar los desequilibrios territoriales de los que adolece España. Burgos necesita este espacio para seguir cohesionando e interconectando los barrios entre sí y los barrios con el centro de la ciudad, así como para ejecutar dotaciones sociales de primera necesidad que puedan disfrutar los y las vecinas de la ciudad.

Ahora, con el cambio de Gobierno producido tras salir adelante la Moción de Censura presentada por el Grupo Socialista, consideramos que es momento de corregir los errores del pasado y orientar el proyecto de remodelación del Parque de Artillería a satisfacer el interés general de la ciudadanía burgalesa.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Paralizar la venta de los terrenos del Parque de Artillería.

- Revisar el convenio firmado por el Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio de Defensa en el año 2006 para devolver los terrenos, sin coste, a la ciudad de Burgos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2018.-Miguel Vila Gómez, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/003360

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz, Miguel Anxo Fernández Bello, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública relativa a la derogación de la Instrucción conjunta sobre el procedimiento de autorización de contratos de personal laboral, nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal.

Exposición de motivos

El 10 de noviembre de 2010, la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y la Secretaría de Estado para la Función Pública publicaron una instrucción conjunta sobre el procedimiento de autorización de contratos de personal laboral, nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal en toda la Administración General del Estado. Esta instrucción tiene como una de sus finalidades la de dotar de agilidad el procedimiento de contratación de personal laboral y el nombramiento de funcionarios interinos y personal estatutario.

En la práctica, la aplicación de esta instrucción está generando multitud de trabas administrativas que retrasan los procesos de contratación de personal temporal, sobre todo en aquellos casos en que la incorporación es urgente por situaciones imprevistas. De igual modo, en el proceso de autorización de los contratos se han detectado diferentes criterios de interpretación por parte de los diferentes organismos que intervienen a lo largo del procedimiento, lo que supone una disparidad en la aplicación de esta norma según el Ministerio o provincia de ubicación de los centros con necesidades de personal.


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El procedimiento que establece esta instrucción para determinados supuestos de contratación temporal, principalmente en los casos de necesidades no previstas o difícilmente planificables, conlleva una serie de trámites y una carga de trabajo administrativo tan lentos y laboriosos que ponen en serio peligro la prestación de muchos servicios públicos por la carencia de los recursos humanos necesarios y que no generan ahorro económico alguno, y además suponen un empeoramiento de las ya muy precarias condiciones laborales del personal temporal de la Administración General del Estado.

Esta instrucción, en teoría diseñada para dotar de agilidad al sistema de contratación en tiempos de contención del gasto público, está resultando muy dañina para el funcionamiento de determinados servicios, de estos son de señalar los siguientes:

- En los centros del IMSERSO en la provincia de A Coruña, y concretamente en el Centro de Atención a Personas con Discapacidades Físicas de Ferrol (CAMF), en los últimos cinco años llevan realizados más de 2.600 contratos por circunstancias de la producción, todos con una duración inferior a los 15 días. Contratos que se están utilizando para cubrir sustituciones, vacantes y necesidades estructurales de personal laboral, situación denunciada por el Comité de Empresa del personal laboral de la AGE de esta provincia, ya que está generando un deterioro en la prestación de un servicio tan especializado y necesario, además de una precariedad laboral sin justificación alguna en un colectivo compuesto, en su gran mayoría, por mujeres trabajadoras y que cuenta con un requerimiento de la Inspección de Trabajo para que se ponga fin de inmediato a las irregularidades detectadas, del que el IMSERSO está haciendo caso omiso.

- Los Organismos Públicos de Investigación (OMS), en estos centros dedicados a la investigación, innovación y desarrollo, muchos de sus proyectos de investigación se están viendo afectados gravemente por la aplicación de esta instrucción, ya que el procedimiento establecido para dotar de agilidad a la contratación temporal, lo que en realidad está provocando son enormes retrasos en esta. Esta situación está provocando que determinadas líneas de investigación se paralicen y se dejen de ejecutar parcial o totalmente debido a que la contratación del personal preciso se puede retrasar hasta más de cuatro meses, para cumplir con todos los requisitos del proceso de contratación. Es por esto que en organismos como el CSIC, IEO, CIEMAT, etc., los presupuestos de los proyectos de investigación están quedando sin ejecutar, incluso en muchos casos teniendo que devolver subvenciones por este motivo.

- Existen también multitud de centros de la Administración General del Estado que están dejando habitualmente de prestar servicios a la ciudadanía e incluso a las empresas, motores económicos de nuestro país según el Gobierno, porque el procedimiento de contratación es tan lento y farragoso que no es útil para cubrir las necesidades puntuales que los centros de trabajo tienen para la cobertura de vacaciones, sustituciones, imprevistos.... De este modo, en muchos centros, ante una necesidad imprevista de personal por estos motivos, a muchos gestores de personal no les queda más remedio que suspender servicios, ante la imposibilidad de realizar las contrataciones de personal necesarias por no poder cumplir los trámites que marca esta instrucción y sus procedimientos.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Derogar, de forma inmediata, la Instrucción de las Secretarías de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la Función Pública sobre procedimiento de autorización de contratos de personal laboral, nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, de fecha 17 de noviembre de 2010, toda vez que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 ha incorporado, en su artículo 19, la posibilidad de que las Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto, tendrán una tasa de reposición del cien por cien."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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161/003371

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

Desde que el expresidente Mariano Rajoy accedió al Gobierno en 2012, reiteradamente desde el gabinete del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha venido afirmando que era inminente la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Sin embargo, durante la legislatura y media que el exgabinete estuvo gobernando no se realizó la reforma prometida.

Asimismo, el caso de la Comunitat Valenciana, sin embargo, es una rara avis dentro de las CC.AA. de régimen común, ya que es la única que, teniendo un PIB per cápita inferior a la media, aporta al sistema. La sinergia que ocasiona la posición de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, junto con el recorte anunciado por el Gobierno, dejan a la Generalitat en una situación de asfixia financiera sumamente preocupante.

Por todo lo expuesto, lgnasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Dar las indicaciones oportunas para que, de forma inmediata, se inicien o aceleren los trámites técnicos y la elaboración de informes oportunos de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que sean necesarios para reformar el sistema de financiación autonómica, para su tramitación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, su aprobación como proyecto de ley y su debate y tramitación en las Cortes Generales.

2. El nuevo sistema de financiación debe garantizar la igualdad y la suficiencia financiera para todas las Comunidades Autónomas. Se debe elaborar y negociar un nuevo sistema que corrija los déficits de financiación y garantice los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución Española, así como la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las Comunidades Autónomas, de manera que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de dónde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios.

El nuevo sistema de financiación no solo garantizará la autonomía financiera y la solidaridad entre todos los españoles, sino también la responsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas. Asimismo, en la elaboración del nuevo sistema se prestará especial atención a la simplificación del mismo, así como a la transparencia en la asignación y reparto de los fondos públicos, que en última instancia proceden de los impuestos que pagan todos los españoles.

3. Analizar los déficits de financiación que han soportado de forma recurrente las Comunidades Autónomas, y su impacto sobre la deuda autonómica, a fin de poner en marcha el mecanismo de compensación previsto en la LOFCA.

4. Mientras tanto, se debe garantizar que los sistemas habilitados para posibilitar la financiación de las Comunidades Autónomas se ejecutan con parámetros objetivos, con la adecuada diligencia y permitiendo que las Comunidades Autónomas puedan ejecutar puntualmente los pagos para el cumplimiento de sus competencias, especialmente las referentes a la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, las restantes políticas sociales, y las políticas activas de empleo, sin cercenar su autonomía política y financiera. El nuevo sistema debe tener en cuenta el nuevo papel que ha de jugar el ámbito municipal en el horizonte de una segunda descentralización.


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5. Establecer sistemas objetivos y transparentes para asignar los objetivos de déficit a las distintas Administraciones Públicas que eviten la discrecionalidad y la arbitrariedad en la distribución de dicho déficit.

6. El Gobierno rendirá cuentas ante el Congreso de los Diputados en el plazo de seis meses."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2018.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/003375

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Auxiliadora Honorato Chulián presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la exención de las tasas de exámenes de oposición para las mujeres víctimas de violencia machista, para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

Actualmente, las diferentes disposiciones fiscales del tratamiento de las tasas para exámenes de oposición que regulan los casos de exención, ya sea parcial o total, se centran en diversos colectivos que, por diversos motivos, se consideran necesitados de una protección social adicional, dentro de la cual se enmarca esta exención. Se suele tratar de:

- Las personas desempleadas que figuren en los servicios públicos de empleo como demandantes de empleo con una antigüedad mínima de seis meses ininterrumpidos referida a la fecha de publicación de las respectivas convocatorias.

- Las personas con discapacidad acreditada de grado igual o superior al 33 % o una incapacidad permanente en grado total para una profesión distinta a la docente.

- Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante sentencia judicial firme, o , en virtud de una resolución administrativa por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación afectiva, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos o fallecidos de acuerdo con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, que añade una nueva letra al apartado 5 del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

Por otro lado, algunas ordenanzas fiscales como la del Ayuntamiento de Madrid, establecen otro tipo de casuística atendiendo a otro tipo de situaciones merecedoras de protección administrativa como es el referido a las víctimas de violencia machista.

Con carácter casi general, en las distintas normativas se establece como requisito la declaración de esta condición mediante resolución judicial firme.

En la actualidad, se debe considerar que tal exigencia formal, en el caso de que hablemos de mujeres que han sufrido violencia machista, supone un impedimento para el acceso a esta exención, más que una razón de seguridad jurídica. En ese sentido la nueva regulación en la materia debe tender a un nuevo concepto de "víctima de violencia machista" según lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Así, recientemente, los grupos parlamentarios de las Cortes Generales han entendido que constituye una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación que comprende todos los actos de violencia basados en el género. Por tanto se incluyen la violencia física, psicológica y sexual -incluida la violación- la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de género, el aborto forzado y la esterilización forzada.

Asimismo debe extenderse a los familiares en el sentido abordado por el texto del pacto de Estado. Teniendo en cuenta todos estos motivos, nuestro grupo parlamentario presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Primero. Llevar a cabo una modificación legislativa tendente a establecer con carácter general la exención del pago de tasas para exámenes y/u oposiciones de acceso a la Función Pública Estatal a las víctimas de violencia machista, de manera que se recoja en todas convocatorias correspondientes.

Segundo. Ampliar, de conformidad con las definiciones recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, los supuestos que permiten el reconocimiento de la condición de víctima de violencia machista, más allá de la existencia de una sentencia judicial firme, para que aquellas puedan beneficiarse de la exención del pago de tasas mencionadas en el punto anterior.

Tercero. Establecer una agenda pública de reuniones con los organismos de las Comunidades Autónomas a fin de que adapten sus normativas propias de manera urgente a este nuevo criterio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2018.-María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Fomento

161/003364

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa del Diputado Sergio Pascual Peña, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Comisión de Fomento, relativa al impulso de una ley de financiación del transporte colectivo urbano.

Exposición de motivos

El vehículo privado es responsable de la mayor parte de las emisiones contaminantes de las ciudades. España comparte los objetivos de reducción de gases efecto invernadero, compromisos en el marco del Acuerdo de París. Marco del Plan Nacional de la Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II).

El transporte colectivo urbano constituye la única alternativa real y eficaz para el cumplimiento de estos compromisos.

El actual marco de financiación del transporte colectivo urbano es inestable, inequitativo, arbitrario y no se encuentra encuadrado en planificación estratégica alguna. Esta situación imposibilita apuestas estratégicas a medio-largo plazo por parte de los operadores e instituciones responsables del transporte urbano, lo que redunda en su incapacidad para incorporar mejoras competitivas y optimizar el servicio a los ciudadanos en un marco tecnológico permanentemente cambiante.

Es preciso por tanto concitarse para avanzar legislativamente en la reversión de esta situación construyendo un marco jurídico que:

a) Disponga un marco de referencia único para la fijación de tarifas y unos niveles de servicios que garanticen igual acceso de todos los ciudadanos con independencia del municipio de residencia.

b) Dote de estabilidad económica y presupuestaria a los ayuntamientos y a los operadores, permitiendo la planificación del transporte urbano a medio plazo.

c) Establezca un reparto más equilibrado de los costes del servicio entre usuarios, municipios, comunidades autónomas y Administración General del Estado.

d) Fomente la construcción de instrumentos que garanticen la coordinación interadministrativa de los sistemas de transporte público urbano revirtiendo en una mayor integración e intermodalidad.

e) Permita optimizar tarifas, maximizando la capacidad recaudatoria sin menoscabo de los objetivos sociales y de promoción del uso del transporte público.

f) Incrementar la capacidad de los operadores para generar otros ingresos complementarios.


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g) Incremente la financiación procedente de aquellos agentes que se benefician del transporte urbano colectivo y/o que generan perjuicios en términos de congestión y contaminación.

Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Establecer una mesa de trabajo con los Ayuntamientos, agentes sociales y administraciones autonómicas con el propósito de presentar, en el plazo de seis meses, una propuesta ley de financiación del transporte público que considere al menos los siguientes puntos:

1. Objeto de la Ley:

- Regular y garantizar un monto mínimo para los sistemas de financiación del transporte público urbano, con el objetivo de integrar la planificación financiera de los distintos sistemas de transporte colectivo como autobuses, cercanías, metros y metros ligeros que operan en los distintos núcleos urbanos o áreas metropolitanas, mejorar la calidad de los servicios y convertir al transporte público urbano en una alternativa real de decisión de los ciudadanos frente a modos de transporte más contaminantes.

- Determinar requerimientos de las distintas administraciones con competencias en materias de medioambiente, fiscalidad y transporte público en relación a la financiación estatal del sistema.

- Facilitar la coordinación interadministrativa en aras a garantizar la accesibilidad e intermodalidad entre los servicios de transporte público y otras alternativas de transporte sostenible capaces de contribuir a desincentivar de forma eficaz el uso del vehículo privado y con ello, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

- Disuadir de forma efectiva el uso del vehículo privado en los núcleos urbanos por su relevante contribución al actual nivel de emisiones contaminantes.

- Priorización de los sistemas de propulsión eléctrica, las fuentes de energías renovables y los combustibles fósiles de bajas emisiones contaminantes en cumplimiento de la normativa.

2. Herramientas de planificación:

- Autoridades de Gestión de Transporte y Contratos-programa.

? Se constituirán Autoridades de Gestión de Transporte Urbano (AGTU) para áreas urbanas a partir de 300 000 habitantes.

? La constitución de estas AGTU será condición sine qua non para la inclusión en los programas estables de financiación que proponemos para la ley.

- Planes de transporte público urbano y movilidad.

? Los municipios o autoridades de gestión de transporte con intención de acceder a las aportaciones básicas del Estado y de su comunidad autónoma de referencia deberán presentar un Plan de Transporte Público Urbano y Movilidad.

- Serán indicadores para construir las condiciones para recibir aportaciones ampliadas:

? Ganancias de eficiencia (por ejemplo, coste operativo por viajero).

? Mejora en la calidad de los servicios (por ejemplo, incremento del número de viajeros desde la aprobación del Plan municipal, o aumento de abonados).

? Mejora de los servicios en las emisiones medioambientales (reducción de coches circulando en el recorrido urbano, no superación de determinados límites a las emisiones de distintas partículas, etc.).

3. Serán ingresos del sistema de transporte público:

- Los procedentes de las tarifas de los servicios, en sus distintas modalidades. Se especificará la cobertura mínima de transporte público urbano a través de tarifa. Como máximo el 50 % del coste operativo del sistema de transporte mediante autobuses podrá estar financiado por la aportación de las tarifas.


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- Una aportación estatal, condicionada a la presentación de planes de movilidad y canalizada por las comunidades autónomas, que se calculará con arreglo a una fórmula estable y objetiva, con arreglo a requerimientos demográficos, orográficos, urbanísticos y de proyección.

- Las aportaciones generales de las administraciones públicas consignadas en sus respectivos presupuestos.

- Los impuestos, tasas, participaciones y recargos tributarios que se establezcan específicamente por la Entidad Local para contribuir a la financiación del sistema de transporte público.

- Las aportaciones específicas, procedentes de los presupuestos de los organismos o entidades públicas o privadas responsables de la aplicación de políticas sectoriales o territoriales mediante los pertinentes convenios con las administraciones competentes en esta materia.

- Los ingresos comerciales y otros ingresos atípicos generados por la gestión del sistema de transporte público.

- Los ingresos procedentes de la imposición de sanciones administrativas en materia de transporte de personas.

- Ingresos procedentes de contribuciones adicionales instituidas para compensar las especiales necesidades de transporte que generan nuevos usos comerciales/industriales.

4. Los contratos programa vigentes en el momento de aprobación de norma (Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Autoridad Metropolitana de Barcelona y Canarias) mantendrán su modelo vigente en tanto no opten voluntariamente por migrar al mismo.

5. Se evaluará la modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales para financiar el transporte colectivo. La afectación parcial del rendimiento del Impuesto sobre Hidrocarburos (tanto el estatal como autonómico) se destinaría a la financiación de los Programas regionales de transporte público urbano. Se explorará la posibilidad de acotar esta modificación mediante la elevación de la tarifa general del gasóleo para eliminar la actual diferencial gasolina-gasoil, manteniendo los parámetros actuales del procedimiento de devolución parcial del gasóleo profesional con objeto de excluirles de la subida. Esta afectación sería compartida Estado-CC.AA."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018.-Sergio Pascual Peña y Félix Alonso Cartorné, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003370

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento relativa a la necesidad de aprobar un proyecto destinado a solucionar el grave impacto acústico que sufre el barrio de Navia (Vigo) por el paso de la VG-20.

Exposición de motivos

En diversas ocasiones trasladamos a través de iniciativas parlamentarias dirigidas al Ministerio de Fomento, los problemas que ocasiona la autopista AP-9 en su entrada a Vigo debido al enorme impacto acústico que provoca, afectando a barrios como Teis. Informes del propio Ministerio situaban este tramo como uno de los más ruidosos del estado. En segundo término en cuanto a niveles de ruido, se sitúa el barrio de Navia.

Los vecinos y vecinas del populoso barrio de Navia llevan años quejándose del impacto acústico que provoca en la zona el paso de una infraestructura vial de competencia del Ministerio de Fomento que es la VG-20, denominado cinturón de Vigo. El volumen de tráfico es muy alto registrándose el paso de vehículos de gran tonelaje. Para dar servicio al barrio de Navia y comunicar tanto la AP-9, la Universidad de Vigo como el Polígono Tecnológico y Logístico situado entre las parroquias de Beade y Valladares con la terminal portuaria de Bouzas, Fomento procedió a la construcción de una autovía de circunvalación (la VG-20) que desemboca en un nudo de tráfico de alta densidad. El problema es que un número considerable de viviendas lindan prácticamente con dicha infraestructura viaria.


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El barrio vigués de Navia, especialmente la zona desarrollada en el Programa de Actuación Urbanística (PAU), se ha configurado como uno de los núcleos habitados más importantes no solo de Vigo sino a nivel de Galicia. Actualmente el PAU de Navia cuenta con más de 3.732 viviendas y registra más de 9.000 vecinos y vecinas censados. Es un barrio que acoge especialmente población joven.

Sufre este barrio una mala planificación urbanística dado que parece una isla en medio de distintas infraestructuras viarias. Para colmo, en muchos casos, estas carreteras resultan de difícil acceso para los habitantes del barrio. El barrio no se proyectó con los adecuados estándares de calidad ambiental, urbanística y de protección frente a la contaminación acústica.

Desde la inauguración de la VG-20, el ruido que ocasiona este vial se ha convertido en un problema serio, además de la cesión de terreno para la construcción de la autovía que restó zona verde al área. Como hemos señalado, muchas viviendas han quedado situadas en el linde de este vial.

Actualmente está en debate el Plan General de Ordenación Municipal que supone por un lado una oportunidad para los vecinos y vecinas de Navia para mejorar y solucionar algunos de los problemas que soportan. Precisamente, con motivo de la modificación puntual del Plan Parcial de Navia para dar encaje a las fases pendientes de ejecución, que conllevan más de 1.180 viviendas, los habitantes de la zona han presentado más de 2.000 alegaciones solicitando el soterramiento de la autovía.

Creemos que es el momento de abordar las posibles soluciones a adoptar para frenar la grave contaminación acústica que provoca la VG-20. Se han barajado diversas posibilidades aunque los vecinos y vecinas de Navia se decantan por el soterramiento de la vía como solución que permitiría tanto la ampliación de las zonas verdes como para acotar el problema de la contaminación acústica.

Desde En Marea veríamos con buenos ojos que se efectuase un Informe o Estudio por parte de profesionales o expertos en la materia con el propósito de concluir la mejor solución desde un punto de vista técnico, partiendo de las propuestas de los habitantes de la zona como la señalada.

El Ministerio de Fomento puede contribuir a la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Navia, planteando un proyecto en relación al impacto acústico de la VG-20 que vaya más allá de simples parches o medidas provisionales que no solventarán el problema. Al mismo tiempo, puede contribuir a humanizar y dignificar un espacio altamente poblado.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

- Reunirse con los vecinos y vecinas del populoso barrio de Navia (Vigo) para escuchar y atender sus propuestas en relación a la necesidad de solventar el grave problema de contaminación acústica que sufre la zona debido al paso de la autovía de circunvalación VG-20.

- Buscar soluciones para la reducción del impacto acústico en la VG-20 en el tramo paralelo a Ricardo Mella.

- Aprobar en un breve plazo de tiempo un proyecto técnico de soterramiento de la VG-20 en el tramo que discurre paralelo al barrio de Navia (Vigo), en el tramo que va desde el cruce con la Rúa Cañiza hasta Avenida Europa, que permitiría solucionar el problema de la contaminación acústica al tiempo que serviría para conectar los barrios de Navia y Cola, al mismo tiempo que serviría para mejorar las condiciones de habitabilidad y de calidad del espacio público.

- Estudiar la mejora de la conectividad entre la VG-20 y el barrio de Navia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa la Diputada navarra lone Belarra Urteaga y el Diputado navarro Eduardo Santos Itoiz, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley


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para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa al Plan de inversiones en materia de infraestructuras para la Comunidad Foral de Navarra.

Exposición de motivos

Navarra tiene importantes debilidades en materia de infraestructuras a pesar de las millonarias inversiones que se han hecho en los últimos años, ya que estas no han tenido en cuenta las necesidades reales de movilidad y empleabilidad de la ciudadanía navarra. Una apuesta por infraestructuras que garanticen una respuesta adecuada a estas necesidades debe basarse en los siguientes principios:

1. Cohesión territorial. Las infraestructuras navarras de transportes deben priorizar la cohesión territorial y la vertebración de nuestra tierra para reducir las desigualdades históricas que existen entre el ámbito rural y el urbano, así como entre el norte y la Comarca de Pamplona, y el resto de nuestra comunidad.

2. Sostenibilidad y seguridad. En un mundo en el que el cambio climático tiene un impacto creciente y está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la vida y del medio ambiente, debemos apostar por infraestructuras sostenibles que reduzcan, en la medida de lo posible, nuestras emisiones y minimicen nuestra contaminación. Además, las infraestructuras deben garantizar la seguridad de la ciudadanía navarra.

3. Derecho a la movilidad y diversificación de conexiones. Las infraestructuras deben dar respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía navarra, a sus traslados cotidianos a sus puestos de trabajo o centros de estudio, así como a las necesidades de prestación de servicios como el sanitario, fundamental en el día a día de muchas personas. Para ello, los servicios públicos de transporte deben encontrarse en buenas condiciones, bien cadenciados y coordinados con otros servicios, y debe apostarse por la intermodalidad.

Si un sector de la población resulta especialmente perjudicado por los déficits en este principio es sin duda el de aquellos, y sobre todo aquellas, que se dedican a los cuidados. La coordinación entre servicios esenciales como el educativo y el sanitario y la red de movilidad debe constituirse en objetivo prioritario. Por tanto, se torna necesario asegurar que las inversiones en infraestructuras navarras ponen en el centro las necesidades de la ciudadanía y garantizan su derecho a la movilidad.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que en el plazo de dos meses se reúnan los responsables competentes en materia de infraestructuras del Gobierno, la Comunidad Foral de Navarra y municipios de más de 6.000 habitantes de Navarra y constituyan la Comisión para un Plan Especial de Infraestructuras para la Comunidad Foral de Navarra.

2. Que en el plazo de seis meses dicha Comisión, o en su defecto el Gobierno, aprueben un Plan Especial de Infraestructuras para la Comunidad Foral de Navarra que en cualquier caso atenderá:

A) La apuesta por un tren público, social y eficiente. Navarra necesita un tren público y social que cubra las necesidades reales de desplazamiento de su ciudadanía y de transporte de su economía. Por ello, teniendo en cuenta que un nuevo trazado de Alta Velocidad no permitiría el transporte de mercancías por ese medio, son muchos los agentes sociales y políticos que desaconsejan continuar con ese proyecto. Es necesario impulsar una red que garantice el derecho a la movilidad y al transporte como un derecho democrático fundamental de la ciudadanía.

El Plan de Infraestructuras para la Comunidad Foral de Navarra debe mejorar la vía del actual trazado, ampliándolo a una segunda vía que permita duplicar el tráfico (algo que ya está previsto y para lo que las diferentes infraestructuras ferroviarias están preparadas), e incluir un tercer carril que permita que tanto trenes con ancho de vía ibérico, como trenes de ancho de vía internacional, puedan circular por ambas vías. Esto permitiría conectar la salida de mercancías a través de Irún, conectándonos con toda Europa. Además, se deben realizar mejoras en las vías y vallar parte del recorrido del trayecto Pamplona-Madrid lo que permitiría aumentar la velocidad media y reducir el tiempo de viaje en dieciocho minutos, dejándolo en dos horas y media, situando al tren en una posición muy competitiva frente al avión y reduciendo el tráfico en carretera.


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Mantener el actual trazado permitiría además favorecer, por otra parte, la vertebración de nuestro territorio puesto que las paradas de Alsasua, Tafalla y Tudela no se cerrarían. Más aún, una mejora de la vía convencional actual repercute directamente en los servicios de media distancia que unen Pamplona con Vitoria, Irún y Zaragoza, con numerosas paradas por toda Navarra. Una mejora de la vía actual que contemple velocidades máximas de hasta 160 km/h permitiría reducir tiempos de viaje en trayectos frecuentes o incluso diarios de muchos navarros y navarras, sirviendo como modo troncal de nuestra red de transporte público. Una mayor cuota modal del ferrocarril en los desplazamientos cotidianos permitiría reducir los impactos económicos, sociales y ambientales del actual modelo de transporte, mediante la sustitución fundamentalmente de vehículos de carretera. Esta mejora del transporte de media distancia es básica para una mejor vertebración de nuestro territorio y una mayor permeabilidad del acceso a equipamientos y servicios para la ciudadanía navarra. Por su parte, es interesante también recuperar trazados de corta y media distancia que han sido abandonados, como el de Castejón con Soria (y que sirve además para tener otra forma conexión con Madrid, más directa y con menor tiempo de viaje).

B) La apuesta por la movilidad sostenible. El Plan de Infraestructuras para la Comunidad Foral de Navarra debe priorizar la facilitación de medios de transportes sostenibles y no contaminantes, como la bicicleta en el caso del transporte urbano.

B.1 Ejes Sostenibles en la Comarca de Pamplona. Este Plan contempla !a conversión de "autopistas urbanas" en Ejes Sostenibles en la Comarca de Pamplona con segregación de modos: carril bici segregado, carril bus rápido (BRT o Rapid Transit Bus), medidas de calmado de tráfico, mejora de los cruces peatonales y mejora de zonas de especial concentración de atropellos a peatones. A las reformas que ya está acometiendo el Ayuntamiento de Pamplona se añadirían las siguientes:

- Eje Barañáin-Burlada. 6,4 km de BRT (carril bus central con plataforma de acceso propia, estilo "tranvía"), carril bici unidireccional situado en los laterales de la vía. Disposición de aparcamientos en línea y protegiendo al carril bici. 6 mill ?.

? C/ Mayor (Burlada).

? Avd. Baja Navarra.

? Avd. del Ejército.

? Avd. de Baiona.

? Avd. de Barañáin.

- Eje Berriozar-UPNA. 5,5 km. Carril bus segregado (no BRT), carril bici segregado, reducción amplitud de las intersecciones para mejorar la movilidad peatonal. 5 mill ?.

? Avd. de Guipúzcoa.

? C/Taconera.

? Navas de Tolosa.

? Yanguas y Miranda.

? Avd. de Zaragoza.

? C/Antoñana.

? Avd. de Catalunya.

Estas conexiones que se señalan conectan los pueblos de la Comarca de Pamplona entre sí. El ámbito de actuación es aproximadamente el mismo que el del transporte público comarcal. Las intervenciones apuntan a mejorar el transporte público, en velocidad y en frecuencias, la movilidad peatonal y la movilidad ciclista. El plan, además, apunta a la reducción del uso del vehículo privado y la promoción de medios de transporte sostenible.

B.2 Continuación carril bici de Alsasua. Actualmente existe un carril bici pero sin continuidad a dos espacios muy importantes en Alsasua. Uno de estos espacios lo constituyen dos centros educativos que son el instituto público de Educación Secundaria y Bachillerato y la ikastola lñigo Aritza. El otro espacio son las piscinas municipales y la zona deportiva denominada Dantzaleku.

Ambos espacios se encuentran a unos 3 kilómetros de Alsasua y en un paraje boscoso y muy singular.

Para minimizar el impacto medioambiental, evitar el peligro para los peatones, fomentar el uso de la bicicleta y mejorar la movilidad se propone conectar mediante carril bici Alsasua con los centros educativos mencionados y los equipamientos deportivos públicos.


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C) Mejora, conservación y mantenimiento de la red navarra de carreteras.

La red navarra de carreteras requiere de una adecuada conservación, mejora y mantenimiento. En concreto existen algunos proyectos históricos que deben acometerse a la mayor brevedad puesto que generan importantes desigualdades respecto a otros territorios del conjunto del Estado y dificultan nuestra comunicación con las Comunidades Autónomas vecinas:

C.1 Conexión Pamplona-Madrid por autovía (vía Soria). La conexión por autovía (vía Soria) entre Pamplona y Madrid, el trayecto más corto entre ambas capitales, es un proyecto que lleva encima de la mesa más de 25 años. En 2015, en pleno período pre-electoral, la entonces ministra de Fomento Ana Pastor inauguró 11 km del tramo que falta por completar entre Ágreda (Soria) y Tudela (Navarra). No obstante, aún quedan 40 km que no se han construido. Nuestro Plan de lnfraestructuras para la comunidad Foral de Navarra propone finalizar con carácter inmediato el tramo comprendido entre el km 69 y el km 25 de la Autopista Los Rábanos-Ágreda (Ágreda-Navarra), que tan necesario es para el desplazamiento por carretera de los navarros y las navarras.

C.2 Mejora de accesos y conexiones de la red navarra de carreteras:

- Ejecución del enlace en la AP-68 a la altura de Lodosa (Navarra) con dirección Bilbao (n.o 14). Es una "anormalidad histórica" que el enlace número 14 en el término municipal de Lodosa sea unidireccional, faltando el acceso y salida en dirección Logroño-Vitoria-Bilbao. Es necesario revertir esta situación y proporcionar una salida bidireccional.

- Accesos sur a Barañáin y enlace N-111 y enlace A-15 en el término municipal de Zizur. Debido al incremento poblacional de los municipios localizados en los alrededores de Pamplona (tal es el caso de Zizur Mayor y Barañáin), así como de los localizados en Tierra Estella, el tránsito de vehículos a lo largo de la N-111 y A-15 supera cada vez en mayor medida la capacidad de absorción que tienen los nudos de acceso a ambas infraestructuras viarias. Se han creado multitud de situaciones de riesgo, como demuestra el aumento de la siniestralidad en la zona. Además, se trata de un proyecto ya recogido en el III Plan Director de Carreteras de Navarra 2010-2018, donde esta actuación aparece reflejada como: 219 - Accesos sur a Barañáin y enlace N-111 y enlace A-15.

C.3 Mejora de la seguridad y de la calidad de la red de carreteras de Navarra:

- Paso elevado para la Variante de Huarte. El pueblo de Huarte se encuentra dividido en dos partes por una variante. No existe ningún paso peatonal para cruzar de una parte a otra, lo que ha provocado varios accidentes y situaciones de gran riesgo en el pasado. Se trata de una reivindicación histórica que urge atender.

- Conservación, mejora y mantenimiento de la red secundaria de carreteras.

En concreto es urgente acometer las siguientes mejoras y mantenimiento de carreteras comarcales:

- Mejora y mantenimiento de las carreteras comarcales NA-666, Sesma-AlIo y NA-129, Lodosa- Sesma.

- Mejora y ampliación de la carretera NA-6100 Tafalla-Peralta.

- Mejora y ampliación de carretera NA-132 Estella-Tafalla.

D) Estudio de evaluación de situación y riesgos de obras de ladera de Pantano de Yesa:

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Ministerio de Fomento sostienen que la ampliación de la presa del Pantano de Yesa es totalmente segura. Sin embargo, la ciudadanía navarra se encuentra continuamente con corrimientos en las laderas que ponen en entredicho las afirmaciones de ambas administraciones. Por ello, el Gobierno de Navarra y nuestro grupo parlamentario solicita una evaluación de un agente externo, independiente y fiable que permita garantizar la seguridad de toda la población afectada por un posible desastre o accidente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Eduardo Santos Itoiz, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/003372

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unldos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de las trabajadoras despedidas de la empresa Gestipack en Ontígola (Toledo), para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

Este mes de junio se va hacer efectiva la amenaza de Gestipack, empresa subcontratada por la multinacional alemana de logística DHL y dedicada al manipulado de mercancías en Ontígola (Toledo), para ejecutar un expediente de regulación de empleo extintivo a las trabajadoras que aún quedan trabajando en la empresa, después de los diferentes despidos efectuados con anterioridad. Durante este mes de junio se despedirá a 62 mujeres y a dos hombres, cuando previamente la empresa ya había despedido a otras 22 trabajadoras.

Gestipack estaba pagando a sus trabajadoras, con una antigüedad de casi veinte años, salarios por debajo de Convenio. Trabajadoras que cobraban el Salario Mínimo lnterprofesional (SMl) y percibían entre 200 y 300 euros menos de lo que establece el Convenio correspondiente en la provincia de Toledo.

El sindicato CC.OO. de Toledo, con representación en el comité de empresa, denunció la situación a Inspección de Trabajo que sancionó a Gestipack, le ordenó cumplir el convenio y saldar sus deudas con la Seguridad Social y con las trabajadoras. DHL decidió entonces cambiar de contrata y Gestipack despidió a toda la plantilla, mientras la multinacional alemana miraba para otro lado pese a que la tenía trabajando dentro de su propia sede de Ontígola.

No es la primera vez que DHL o sus subcontratas recurren a estas prácticas de despidos masivos de personal cuando los resultados económicos no son los esperados por la multinacional. En 1990 fueron despedidos 21 trabajadores y trabajadoras de la empresa con sede en Madrid por iniciar una jornada de huelga para presionar a la empresa a sentarse a negociar un convenio colectivo.

En 2008, DHL Deutsche Post recortó 9.500 empleos adicionales en su filial DHL Express en EEUU, a los que hay que se sumaron los, aproximadamente, 5.400 despidos realizados desde principios del año.

En 2015, DHL comunicó a la representación de los trabajadores y trabajadoras que la intención era que a comienzos de 2016 ya no existiese el centro DHL Supply Chain en Valdemoro. Esa decisión afectó a los cerca de 70 trabajadores y trabajadoras de la planta y el motivo alegado fue el traslado de los clientes para justificar el cierre y centrarse en otros centros de España. Sin embargo, el verdadero motivo era aprovechar esta situación para bajar salarios y recortar derechos laborales.

La actitud de la empresa Gestipack es un síntoma más del estado en que se encuentran las relaciones laborales en España tras las reformas laborales que se han llevado a cabo. Es un ejemplo, además, de la discriminación laboral y salarial que sufren las mujeres en nuestro país y de la brecha de género que hay que erradicar del mercado de trabajo.

Las contrarreformas laborales han procurado que el despido sea más fácil y barato, que se puedan ejecutar despidos colectivos sin ninguna autorización previa o que el empresario pueda cambiar el horario, la jornada, modificar los turnos e incluso las retribuciones con la única justificación de previsiones económicas negativas.

En el caso de Gestipack, la multinacional alemana de paquetería y logística se ha desentendido por completo de la problemática laboral que ha causado con sus decisiones, además de negarse a garantizar la subrogación de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados manifiesta su solidaridad y apoyo a las trabajadoras despedidas de la empresa Gestipack en Ontígola (Toledo).


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2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un acuerdo que permita la readmisión de la plantilla de Gestipack despedida y el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras.

3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reformar nuestro marco laboral para evitar situaciones de discriminación salarial y laboral hacia las mujeres, y a derogar las medidas de las contrarreformas laborales que han provocado recortes en los derechos de los trabajadores y trabajadoras y facilitado y abaratado el despido."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/003357

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don lgnasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la estabilidad retributiva a las energías renovables y la reversión de los recortes sufridos por familias y pequeñas empresas y cooperativas, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

El marco retributivo establecido por el Real Decreto-ley 9/2013, la Ley 24/2013 y el Real Decreto 413/2014 para la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, en cuanto establece la posibilidad de revisar en cada semiperiodo regulatorio (tres años) algunos parámetros retributivos y en cada periodo regulatorio (seis años) la totalidad de los parámetros (salvo la vida útil regulatoria y el valor standard de la inversión inicial), supone una imposibilidad material de conocer la retribución de los proyectos más allá de un horizonte de tres años.

Esta circunstancia provoca una gran incertidumbre en la inversión en este sector, lo que se traduce en un encarecimiento de la financiación de los proyectos, así como un endurecimiento de sus requisitos.

Con este modelo, en el que la práctica totalidad de los parámetros retributivos están sujetos a revisión cada tres o seis años, aun cuando los mismos han sido asignados en un proceso competitivo de subasta en pública concurrencia, no es posible tener la mínima certidumbre necesaria para poder financiar estos proyectos. Circunstancia que afecta al cumplimiento de los objetivos comprometidos por España en cuanto a la generación procedente de fuentes renovables. De hecho, en el informe de la Comisión Europea de fecha 15 de junio de 2015 sobre el progreso de la energía renovable entre los estados miembros y el cumplimiento de los objetivos, se hace una proyección sobre el no cumplimiento por parte de España de sus objetivos de renovables en el año 2020 y se le llama la atención sobre la necesidad de evaluar sus políticas al respecto.

Un sistema con este grado de incertidumbre regulatoria desincentiva la inversión en el desarrollo de proyectos de energía renovable lo que resulta diametralmente opuesto a la política de fomento de las energías renovables que debe llevarse a cabo desde el Gobierno.

Mención especial merece la posibilidad de modificación de la rentabilidad razonable, pues el hecho de que pueda cambiarse cada seis (6) años la rentabilidad establecida para el desarrollo e implantación de este tipo de proyectos, que requieren de inversiones y señales de estabilidad regulatoria a largo plazo, no hacen sino encarecer su desarrollo y, en último término, incrementar el coste de generación eléctrica a partir de estas fuentes, en clara contradicción con el objetivo de garantizar el suministro al mínimo coste para el sistema.

Es necesario, por tanto, la modificación de la legislación vigente para incluir un mecanismo que garantice una rentabilidad razonable estable a largo plazo, tanto para los activos ya existentes como para


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los nuevos interesados en la subasta. De este modo se dotará al modelo de una mínima previsibilidad y transparencia que permita la financiación de los nuevos proyectos y la refinanciación de los antiguos.

Por todo lo expuesto, don lgnasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a :

1. Aprobar un Real Decreto de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con el siguiente tenor literal en su parte dispositiva:

Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 14 (Retribución de las actividades) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que queda redactado como sigue:

?4. Los parámetros de retribución de las actividades de transporte, distribución, producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo específico y producción en los sistemas eléctricos no peninsulares con régimen retributivo adicional se fijarán teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada para estas actividades por periodos regulatorios que tendrán una vigencia de seis años.

Estos parámetros retributivos podrán revisarse antes del comienzo del periodo regulatorio en los términos que se indican a continuación. Si no se llevara a cabo esta revisión se entenderán prorrogados para todo el periodo regulatorio siguiente.

En la citada revisión para las actividades de transporte, distribución, y producción en los sistemas eléctricos no peninsulares con régimen retributivo adicional podrá modificarse la tasa de retribución aplicable a dichas actividades que se fijará legalmente.

En el caso de las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo específico la modificación de los parámetros de retribución se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

1.º Con sujeción a las excepciones previstas en este artículo, en la revisión que corresponda a cada periodo regulatorio se podrán modificar todos los parámetros retributivos y entre ellos el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable en lo que reste de vida regulatoria de las instalaciones tipo que se fijará legalmente.

En ningún caso, una vez reconocida la vida útil regulatoria o el valor estándar de la inversión inicial de una instalación, se podrán revisar dichos valores.

Tampoco será revisable en ningún caso el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable para las instalaciones do producción de energía eléctrica a partir do fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio.

2.º Cada tres años se revisarán para el resto del periodo regulatorio las estimaciones de ingresos por la venta de la energía generada, valorada al precio del mercado de producción, en función de la evolución de los precios del mercado y las previsiones de horas de funcionamiento.

Asimismo, se ajustarán los parámetros retributivos en función de las desviaciones del precio del mercado respecto de las estimaciones realizadas para el periodo de tres años anterior. El método de ajuste se establecerá reglamentariamente y será de aplicación en lo que reste de vida útil de la instalación.

3.º Al menos anualmente se actualizarán los valores de retribución a la operación para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible."

Dos. Se modifica el apartado 3 de la disposición final tercera, que queda redactado como sigue:

"3. En los términos previstos en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, para las instalaciones tipo que sean asignadas a las instalaciones con derecho a la percepción del régimen


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económico primado a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, la rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida regulatoria de la instalación girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de los diez años anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, de las Obligaciones del Estado a diez años incrementada en 300 puntos básicos. Este valor no será objeto de revisión durante la vida útil regulatoria de estas instalaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de esta ley."

2. Abrir un proceso de diálogo con familias y pequeñas empresas y cooperativas afectadas con la finalidad de revertir las pérdidas acumuladas fruto de los cambios legislativos aplicados con carácter retroactivo en el sector."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2018.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/003361

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la representatividad democrática en el campo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Tradicionalmente la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias se ha determinado de forma indirecta, mediante las elecciones a las Cámaras Agrarias que convocaban las comunidades autónomas al amparo de la legislación básica del Estado, constituida por la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de Cámaras Agrarias, actualmente derogada. De acuerdo con esta ley se consideraban más representativas las organizaciones profesionales que obtenían el 10 por ciento de los votos a nivel nacional y el 20 por ciento a nivel de comunidades autónomas. La supresión de la legislación básica de Cámaras Agrarias en 2005, está en el origen de los actuales problemas para medir la representatividad.

La Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, también derogada, pretendía establecer un nuevo sistema para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito nacional, y medir la representatividad en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado. La condición de funcionamiento de dicha ley era que las comunidades autónomas convocaran elecciones a Cámaras Agrarias o sus órganos representativos agrarios, a fin de poder determinar qué organizaciones alcanzaban el porcentaje mínimo exigido para ser considerada más representativa en el ámbito nacional. Sin embargo, como la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, había derogado la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecían las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias, las comunidades autónomas disponían desde 2005 de varias posibilidades para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en su territorio y todas ellas igualmente válidas. La existencia de varios criterios hacía difícil determinar la representatividad estatal, ya que es imposible considerar simultáneamente resultados electorales y resultados de otros procedimientos.

En este contexto se presenta a tramitación y se aprueba la Ley 12/2014, de 9 de julio por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias que trató de ordenar esta situación y arbitrar un nuevo procedimiento a nivel estatal. La Ley entre otras cuestiones prevé la creación de un Consejo Agrario como órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la finalidad de asesorar a la Administración General del Estado en cuestiones de interés general agrario y rural.


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Sin embargo, esta ley no nace con el consenso suficiente entre todas las organizaciones profesionales agrarias y desde su primer momento fue contestada.

En primer lugar, las organizaciones agrarias consideran imprescindible determinar el objeto y alcance de la representatividad. No se trata solo de impulsar procesos electorales, se trata de otorgar al sector un espacio definido y real de participación y concertación en todos organismos y consejos de la Administración General del Estado en los cuales se debatan e informen asuntos que les afectan.

En segundo lugar, la misma Ley 12/2014 estipula que la representatividad de las organizaciones agrarias se determinará mediante consulta entre los electores definidos en el artículo 4 de la norma, de acuerdo a un censo construido con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 6. Precisamente la construcción del mismo "censo de electores" es una de las cuestiones más criticadas. El artículo 6.4 y 6.5 de la Ley establece los supuestos de inclusión en el censo, de los cuales, dos de ellos son muy contestados.

La ley establece como primer requisito para la inclusión en el censo, el estar afiliados y afiliadas a la Seguridad Social como trabajadores agrarios por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de acuerdo con los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social. Sin embargo, el segundo de los supuestos para tener acceso a participar en el censo se reduce simplemente al hecho de percibir pagos directos de la Política Agrícola Común superiores a 5.000 euros al año. Siendo que en España no se ha producido una clarificación de las personas que tienen derecho a recibir ayudas directas de la PAC, y el número de perceptores de las ayudas triplica el de agricultores y agricultoras profesionales; y siendo que por otra parte, el 42 % de los perceptores de PAC reciben menos de 5.000 euros al año, parece que este segundo criterio establecido por la Ley impulsada por el Ministro Arias Cañete, pretendía dar cabida en el proceso electoral en el campo a personas que nada tenían que ver con el ejercicio profesional de la actividad. Pero además, la misma ley permitía la inclusión en el censo electoral de personas cuyos ingresos de la agricultura, fueran exclusivamente aquellos procedentes de la PAC en cuyo caso, estos deberían ser superiores a los 5.000 euros. Este criterio es a todas luces contrario a una orientación profesional del proceso de representatividad.

La ley 12/2014, de 9 de julio, establece, asimismo, el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor del reglamento de desarrollo para la convocatoria de la primera consulta, pero condicionada a que en el plazo de tres meses el Gobierno presente un Reglamento que permita su convocatoria. Con el mismo objetivo, se limita también a tres meses el plazo para la convocatoria de la misma una vez se hayan dictado las disposiciones reglamentarias preceptivas. El problema es que este reglamento nunca llegó a publicarse.

Mientras tanto, la disposición transitoria única de la Ley 12/2014 mantiene la existencia, composición y funcionalidad del Comité Asesor Agrario y la condición de más representativas para las organizaciones que ya la tuvieran reconocida, de acuerdo con la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias.

Transcurridos casi cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley 12/2014, no se ha elaborado el reglamento de desarrollo, lo que ha dilatado en exceso la provisionalidad de la situación prevista por la Disposición transitoria única, impidiendo la convocatoria de la consulta para determinar la cuestión de la representatividad de las organizaciones agrarias.

Los cambios relevantes que se producen en el sector agrario hacen necesaria la continuidad de una interlocución eficaz e imparcial con las organizaciones agrarias, por lo que es necesario no demorar más la situación de provisionalidad y garantizar la participación de las personas agricultoras en los asuntos públicos y mejorar la gobernanza de las políticas agroalimentarias. La inacción con respecto a la aplicación de esta ley también ha traído como consecuencia directa que ciertas organizaciones agrarias hayan visto vulnerado su posibilidad de participar en igualdad de condiciones ante la falta de claridad en la representación.

Desde la entrada en vigor de la Ley 12/2014, de 9 de julio, se han celebrado procesos electorales en diversas comunidades autónomas, en concreto, en Cataluña, Castilla y León, Madrid y Extremadura. Estos procesos han permitido ir actualizando la representatividad del sector ante sus respectivos gobiernos autonómicos, y precisamente en este punto surge el tercer motivo fundamental de discrepancia puesto que la Ley no clarifica de manera adecuada qué sucede con los resultados de los procesos electorales autonómicos que se hayan celebrado cuando se convoque el proceso a nivel estatal.


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A pesar de todas estas circunstancias, en este momento, la pluralidad organizativa en el sector agrario y ganadero, la necesidad de fortalecer la representatividad y participación en la definición de las políticas que les afectan, la obligación da otorgar la visibilidad a las mujeres agricultoras y ganaderas que la Ley 35/2011, de 4 de octubre, de titularidad compartida de las explotaciones agrarias expresa, o incluso el interés que pudiera tener un mayor protagonismo de la juventud agraria, exige clarificar toda esta situación, siempre con el consenso adecuado del conjunto de organizaciones agrarias.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Abrir de manera urgente un espacio de trabajo con el conjunto de las organizaciones agrarias para determinar con el máximo consenso posible las reformas necesarias en la Ley 12/2014, de 9 de julio, para llegar en el plazo de un año a un acuerdo que permita determinar de manera justa la representatividad sectorial de la forma más amplia e integradora posible.

2. Culminar el proceso de consenso en torno a la Ley 12/2014 con la convocatoria de la consulta y la posterior conformación del Consejo Agrario, de acuerdo con lo establecido por la propia Ley.

3. Garantizar la representatividad adecuada de las mujeres agricultoras y ganaderas, titulares o cotitulares de las explotaciones agrarias de acuerdo con los objetivos de la Ley 35/2011 de titularidad compartida."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2018.-Jaume Moya Matas y Rosana Pastor Muñoz, Diputados.-Txema Guijarro García y Lucía Martín González, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/003362

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a organizaciones de afectados y afectadas por las clínicas iDental en distintos territorios de España, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

En 2016, el Observatorio Sectorial de la consultora DBK presentó un estudio sobre los sectores relativos a Centros especializados, entre los que se encuentran las cadenas de marcas y franquicias dentales. Estas empresas presentaron un incremento interanual del 13,4 % respecto al 2015, convirtiéndose en el principal motor de crecimiento del sector de los centros médicos especializados por delante de las clínicas de estética o las oftalmológicas. Este crecimiento se prevé que continúe durante los próximos años al estar potenciado por los planes de crecimiento de algunas de estas cadenas, según nos señala el citado estudio.

Las cifras acerca del crecimiento de este tipo de negocio esconden una realidad que debería preocuparnos, tanto a la clase política como a la sociedad en general, puesto que, varias de estas cadenas de clínicas de odontología corporativa han cerrado en los últimos años dejando a miles de pacientes sin tratamiento, con crédito bancarios y a empleados y proveedores con deudas pendientes.

La proliferación de este tipo de clínicas dentales se ha amparado en una defectuosa regulación que ha permitido la creación de una burbuja que proporciona dinero fácil y rápido, y el incremento en un 30 % de las denuncias por mala praxis en los últimos cinco años. Los especialistas también señalan, que el carácter de franquicia de muchos de estos establecimientos dificulta los litigios a la hora de reclamar responsabilidades por parte del paciente.


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La entrada de este modelo empresarial en las clínicas de asistencia dental ha abierto el sector a propietarios no pertenecientes a la profesión odontológica. Muchas de estas empresas, buscan abaratar costes y conseguir una mayor rentabilidad en el menor plazo de tiempo posible, potencian la contratación de profesionales en régimen de prestación de servicios (autónomos) en detrimento de las contrataciones por cuenta ajena (régimen de laboralidad).

Las lógicas mercantilistas que imperan en este sector provocan que las situaciones de precariedad, de abuso y fraudulentas se conviertan en una realidad ampliamente establecida. Una mayoría de los profesionales ven reducidos al mínimo sus derechos laborales, en muchas ocasiones, sin poder acogerse al convenio colectivo de la empresa o del sector. La desprotección profesional llega a la situación de despedidos sin que el empresario tenga que presentar justificación alguna ni pagar finiquito. El sindicato CC.OO. denunció hace unos meses, que tras las protestas por el impago de los salarios correspondientes a cuatro mensualidades, empleados de la empresa iDental se han visto perseguidos por los nuevos propietarios de la empresa.

Otra problemática que afecta a los profesionales de las clínicas dentales es el intrusismo. En el año 2015, el Colegio de Odontólogos de Madrid informó que en diciembre que se habían registrado quince denuncias por intrusismo, una cifra que crece si añadimos las denuncias presentadas por otros Colegios de España.

Es necesario realizar una revisión de la legislación que protege a los profesionales del sector para velar por el respeto de sus derechos laborales y por su autonomía en la información y decisión de los tratamientos a realizar a los pacientes.

El actual modelo empresarial no solo precariza la situación de los y las profesionales sino que además pone en riesgo la salud de miles de pacientes al utilizar en los tratamientos materiales de muy baja calidad.

Son decenas las organizaciones que se han creado en los últimos años para defender los intereses de los miles de afectados por este tipo de clínicas. Zaragoza, Madrid, León, Alicante y diversas ciudades de Andalucía, son territorios donde están teniendo una importante demanda estas organizaciones de defensa de los pacientes afectados. Asimismo, advierten de la desprotección de las personas afectadas por parte de la Administración Pública.

Las asociaciones como "Actora Consumo" y "Adafi" son organizaciones, que a nivel estatal, trabajan en la defensa de los derechos de un gran número de pacientes afectados por la mala praxis de estas clínicas dentales. Las múltiples querellas presentadas están relacionadas con casos de intervenciones médicas llevadas a cabo por empleados en prácticas sin previo aviso a los pacientes, el uso de materiales de muy baja calidad y diagnósticos erróneos o por secuelas debidas a la no esterilización del instrumental clínico, llegando al ingreso de pacientes con graves infecciones derivadas de intervenciones. También por la falsificación de documentos para conseguir que las financieras concedieran créditos a los pacientes.

Los afectados y afectadas por iDental proceden de las diferentes comunidades autónomas, teniendo en cuenta que tras su fundación, la empresa se expandió abriendo 26 centros repartidos por la geografía española. El crecimiento ha sido posible gracias a su política de precios bajos.

En las ciudades de Alicante y Elche el número de reclamaciones asciende a más de 400 casos recogidos entre enero de 2017 y enero de 2018, según datos de la Oficina Municipal de información al Consumidor (OMlC). En total se han interpuesto alrededor de 1.427 querellas contra la empresa en toda España.

Gran parte la población afectada por la atención recibida en este tipo de clínicas pertenecen a la parte de la sociedad que ha sido más castigada por la crisis, lo que ha propiciado la aparición de dos problemáticas:

- La precariedad económica de los afectados y afectadas les impide afrontar en la mayoría de los casos el peritaje forense que se necesita para iniciar una demanda, encontrándose sumidos en una situación de desprotección jurídica.

- La financiación de los tratamientos ha llevado a estas personas al endeudamiento, viéndose, en muchos casos pagando tratamientos que no han recibido.

Uno de los principales mecanismos que utilizan las clínicas dentales para "atraer clientes" es la publicidad presuntamente engañosa, que suele ser más insidiosa cuando se vincula a ayudas sociales. Inicialmente, algunas de estas clínicas, hacen un presupuesto muy elevado a sus posibles clientes y luego les informan que les otorgan una ayuda que puede cubrir hasta el 80 % del coste del tratamiento. Los clientes pagan a través de una financiera y después comienzan los problemas de retrasos e incumplimientos.


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El Real Decreto 1907/1996 regula la publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, este se queda circunscrito a ser una normativa de mínimos que constantemente es incumplida por las prácticas generadas en torno a la mercantilización de la salud que realizan estas clínicas.

Por ello, es necesario revisar la normativa actual en materia de publicidad e implementar las medidas que impidan que estas empresas hagan uso de una publicidad engañosa, en muchos casos, incentivadora del consumo en otros y, la inmensa mayoría de las veces, alejada de los principios de ética y profesionalidad que han de regir en cuestiones vinculadas a la salud.

La conciliación de la normativa publicitaria a los principios de veracidad y ética se puede llevar a cabo por medio del Consejo Interterritorial asumiendo las funciones de regulación de los anuncios que se distribuyen en todo el país, corno aconsejó hace unos meses el Senado.

En países de nuestro entorno como son Bélgica, Alemania o Francia ya han desarrollado legislaciones que regulan la publicidad sanitaria quedando fuertemente limitada o incluso prohibida. Se ha llevado a cabo con la participación de diferentes agentes ligados al sector -empresarios, consumidores y representantes de los profesionales-.

Es prioritario armonizar las leyes y textos existentes teniendo en cuenta que la salud es un derecho protegido constitucionalmente y, por tanto, debe prevalecer y ser salvaguardado como derecho y debemos estudiar la conveniencia de que la salud bucodental pase a formar parte de la sanidad pública. Países vecinos como Francia y Portugal hacen un reembolso directo, llegando a cubrir hasta el 80 % de los tratamientos dentales.

La sociedad nos exige la apertura de un marco de colaboración donde representantes de pacientes, profesionales y de las empresas dialoguen para acometer la labor de defender el derecho a universalizar la atención dental. Urge adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos y la salud de la población.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Llevar a cabo las medidas legales necesarias para que los profesionales que trabajan en las clínicas dentales puedan llevar a cabo su ejercicio profesional en unas condiciones laborales adecuadas, respetando en todo momento sus derechos, mediante inspecciones y controles sanitarios.

- Velar por el cumplimiento de la legislación que dicta que las autoridades sanitarias deben disponer de la debida autonomía en el diagnóstico y el plan de tratamiento de los pacientes con el fin de proteger el derecho fundamental de la salud.

- Revisar el Real Decreto 1907/1996 que regula la publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria para evitar la publicidad de carácter mercantil en materia de prestación de servicios sanitarios.

- Vigilar el cumplimiento de la Ley de Sociedades Profesionales, para que la mayoría del capital social y del número de socios pertenezca a profesionales del sector y no a empresarios ajenos al mismo, impidiendo la existencia de Sociedades de Intermediación, si entre sus fines se encuentran la prestación de servicios sanitarios.

- Desarrollar las medidas necesarias para proteger a los pacientes que financien sus tratamientos de salud por anticipado.

- Hacer cumplir la armonización de la normativa publicitaria a los principios de veracidad y ética que debe llevar a cabo el Consejo Interterritorial con el fin de regular los anuncios que se distribuyen en nuestro país.

- Llevar a cabo las medidas legales necesarias para la inclusión de la salud bucodental en la sanidad pública."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018.-Rita Gertrudis Bosaho Gori y Amparo Botejara Sanz, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la igualdad de oportunidades de las personas con VlH, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

EI VlH tuvo una importante presencia en el debate público en la última década de siglo XX y primeros años del siglo XXI. Sin embargo, desde entonces, las administraciones y la agenda política parecen pasar de puntillas por un asunto que, pese a estar silenciado por el conjunto de la sociedad, sigue estando de plena vigencia.

El estigma social que en la década de los ochenta, noventa, e incluso en la primera década del siglo XXl, se cernió sobre las personas infectadas por VlH ha ido diluyéndose, siendo menos patente que entonces, pero quedando resquicios que limitan la igualdad de oportunidades de las personas afectadas por VlH. Todavía quedan numerosas barreras que las personas infectadas deben superar, pese a que los avances médicos y los tratamientos han avanzado hasta niveles en que los infectados llegan a poseer cargas virales serológicas no detectables.

Si bien es cierto que una cantidad importante de los ciudadanos que están infectados por VlH no son conscientes de ello, cerca del 50 %, el resto de ciudadanos, conocedores de su infección poseen todavía barreras de acceso a puestos laborales de la administración pese a que no exista ley alguna que límite su desarrollo profesional. Según CESIDA, FSC-CC.OO., FELGTB y Trabajando en Positivo todavía existe discriminación, en las instituciones públicas, para acceder a puestos por estar infectado con el VlH. En concreto, las asociaciones señalan que han recibido casos relativos al acceso al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Guardia Civil, Cuerpos Militares o Policía Nacional. En concreto, señalan que existen determinadas exclusiones médicas que se reflejan en las bases de oposiciones y que, de forma indirecta, sirven en muchas ocasiones como excusa para excluir a las personas con VIH.

En este sentido, cabe recordar la Recomendación sobre el VlH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la OIT, como los avances, estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH, establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH.

Este Grupo Parlamentario ya presentó diferentes iniciativas en el Congreso de los Diputados, que se aprobarían posteriormente, en las que se solicitaba al Gobierno a eliminar todo aquel requisito en el acceso a un puesto de trabajador público que pueda suponer la eliminación directa de candidatos infectados por VlH.

A raíz de nuestra insistencia sobre la materia, el pasado mes de abril, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicó un informe titulado "Criterios médicos para el acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas" con el objetivo de revisar los criterios médicos utilizados en las convocatorias de acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas, e identificar aquellos relacionados con la infección por el VIH. En este documento, el Ministerio propone, con la participación de representantes médicos de los reconocimientos para el acceso a la Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, revisar los cuadros de exclusión para el acceso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, adaptándolos a la evidencia científica actual, valorándose siempre la situación clínica del aspirante y no solo el diagnóstico inicial.

En el ámbito de la seguridad privada también existen discriminaciones. El Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada señala que no se admite como apta, para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con VIH, independientemente del desarrollo de la enfermedad.

Sin embargo, el ámbito de la seguridad no es el único donde las personas con VIH poseen limitaciones en el acceso y desempeño del empleo. El ámbito sanitario es otro de los ámbitos donde las personas con


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VlH tienen limitada su capacidad de desempeño. Los últimos informes oficiales sobre la posibilidad de que exista iatrogenia por VIH, contagio a través de la atención médica, datan del año 2001. En dichos documentos, se señala que todas las técnicas sanitarias ejercidas por personas con VIH son seguras a excepción de los Procedimientos Invasivos Predisponentes a Exposición (PlPES). Sin embargo, los estudios posteriores elaborados por la Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) y el Deparment of Healt de Reino Unido, justifican la necesidad de una reforma normativa en España sobre esta materia, de forma que se tenga en cuenta la carga viral de cada persona para limitar el desempeño profesional en este ámbito. Además, las diferentes guías señalan que siguiéndose medidas de precaución universal se minimiza el riesgo de transmisión iatrogénica, siendo nula cuando la carga viral en plasma contiene menos de 200 copias por mililitro. Los profesionales con carga superior, deberán usar las medidas generales de prevención primaria. Es preciso que el Gobierno elabore la guía de recomendaciones para la Prevención y Control de la infección por VIH, VHB y VHC en profesionales sanitarios incluida en el Plan Estratégico de Prevención y Control de la infección por VlH y otras ITS.

También se dan discriminaciones en ámbitos profesionales del transporte. Por ejemplo, existen ordenanzas o reglamentos de servicios de transportes públicos urbanos que prohíben que personas con VIH sean, por ejemplo, taxistas. Ciudadanos ha presentado iniciativas en diferentes ayuntamientos a fin de erradicar este tipo de actitud discriminatoria, pero pueden seguir dándose en otros ayuntamientos en los que no tengamos constancia.

Por último, existen vulneraciones a la privacidad de las personas infectadas por VIH cuando se debe acreditar su situación de discapacidad en diferentes oficinas o servicios de orientación laboral. En estas oficinas, se exige a las personas infectadas la presentación del Dictamen Técnico Facultativo (DTF), a fin de acreditar su condición de persona con discapacidad, estando obligado por tanto a mostrarlo. Debemos recordar que este documento, el DTF, es un informe que se solicita en las pruebas previas a la certificación de la discapacidad, y que en ningún caso se señala que se deba compartir posteriormente. A raíz de esta vulneración de la privacidad de las personas con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad, emitió la Orden SSI/1474/2014 para que los equipos de valoración y orientación de Ceuta y Melilla, sobre los que posee competencias, elaboren un informe de aptitudes (certificado de capacidades) que sea una alternativa al DTF. En el año 2015, la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad, en el que está presente la AGE y las CCAA, se abordó esta cuestión, acordándose evitar progresivamente la inclusión de los diagnósticos clínicos en el DTF. Esta sustitución debe continuar para salvaguardar la privacidad de las personas con discapacidad infectadas por VIH a fin de poder evitar cualquier tipo de discriminación por este motivo.

El Gobierno debe liderar la inclusión en el mundo laboral de las personas infectadas con VIH impidiendo su estigmatización y discriminación garantizando una igualdad de oportunidades con el resto de ciudadanos a fin de que sean ciudadanos de plenos derechos y se erradique el estigma que ha padecido este colectivo, de una vez por todas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente,

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:

1. Eliminar los requisitos de las bases de convocatorias para la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas que supongan la eliminación directa de las personas infectadas por VIH.

2. Modificar el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada a fin de que personas con VlH puedan desempeñar la labor de seguridad privada.

3. Reelaborar la "Guía de recomendaciones para la Prevención y Control de la infección por VlH, VHB y VHC en profesionales sanitarios".

4. Trabajar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a fin de detectar códigos o reglamentos de servicios de transportes municipales que puedan discriminar a las personas con VlH para el ejercicio de profesiones relacionadas con el transporte de pasajeros y promover su modificación. Así mismo, se eliminara de las convocatorias de empleo público cualquier traba que suponga la eliminación directa de las personas con VIH de las ofertas de empleo público municipales incluyendo Policía Municipal y Cuerpos de Bomberos.


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5. Llevar a cabo las medidas oportunas a fin de que se modifique la solicitud del Dictamen Técnico Facultativo (DTF) para demostrar su condición de personas con discapacidad a fin de evitar que se vulnere la confidencialidad necesaria en estos casos y acordar, con las CC.AA., la utilización del mismo modelo de resolución o certificado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre ayudas y asistencia a los afectados por iDental, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

A finales del año 2017 las clínicas iDental, clínicas odontológicas catalogadas como "de bajo coste" y presentes en veintidós provincias de España, habían recibido según información del Gobierno casi 1.500 reclamaciones en seis Comunidades Autónomas, de las diez en la que están presentes, cuyos principales motivos eran los siguientes:

- Incumplimiento de la condiciones de la contratación.

- Disconformidad con los tratamientos recibidos.

- Demora en la prestación del servido de manera injustificada.

- La no devolución de las cantidades cobradas ante la falta de prestación del servicio.

- Incumplimientos del derecho de desistimiento.

- Facturaciones incorrectas.

En estos días estamos siendo testigos como el problema causado por estas clínicas ha aumentado de manera significativa y como la gravedad del asunto está llegando a tales niveles que los mecanismos judiciales se están poniendo en marcha a raíz de decenas de denuncias de clientes en diferentes Comunidades Autónomas, hasta el punto de que ayer mismo, se llamó a declarar a los administradores de las clínicas dentales, por supuestos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

De hecho, los colegios profesionales de dentistas han empezado a promover actuaciones colectivas contra las clínicas de iDental. El Colegio de Dentistas de Sevilla ha anunciado recientemente que interpondrá una denuncia penal contra iDental y sus responsables por la comisión de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y publicidad falsa, ya que tiene constancia de más de 1.200 quejas de afectados por la mala praxis de las clínicas o el cierre repentino de éstas. Desde la Comunidad de Madrid aseguran que han interpuesto hasta doce expedientes a la empresa por incumplir la normativa técnico sanitaria. De momento, organizaciones de consumidores como FACUA, tienen constancia de 610 reclamaciones en esta Comunidad y sólo en Cataluña hay otras 600 más. En Albacete, los afectados han constituido una plataforma que iniciará las medidas oportunas para que se finalicen los tratamientos que han quedado a medias tras el cierre repentino de la clínica o se devuelvan las cuantías abonadas sin haber iniciado tratamientos. El Servicio de Consumo cántabro ha abierto cinco expedientes sancionadores contra la empresa por más de cincuenta reclamaciones en las que detecta infracciones administrativas, cláusulas abusivas en los contratos, mala praxis retrasos injustificados en el inicio de tratamientos y durante su ejecución.

Dado el cariz que la situación estaba tomando hace ya unos días, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), emitió una serie de recomendaciones para los afectados a fin de que puedan ejercer sus derechos ante los órganos pertinentes. Entre las recomendaciones encontramos las de presentar reclamaciones por escrito ante las clínicas, preferiblemente vía fax; solicitar los historiales a las clínicas vía burofax o medio fehaciente y en caso de no obtener respuesta,


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acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); presentar reclamaciones ante las autoridades de consumo y sanitarias de las Comunidades Autónomas, en caso de ser preciso realizar una peritación por un profesional de la odontología y presentar una denuncia ante los juzgados de su localidad; en caso de tener créditos vinculados, presentar la correspondiente denuncia ante los servicios de defensa de los clientes de las entidades financieras con las que se tenga el crédito vinculado, pudiendo desistir en los créditos firmados hace menos de catorce días naturales; así como guardar toda la documentación relativa al caso.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, preocupado desde hace meses con esta problemática, presentó y llevó a debate a la Comisión de Sanidad y Consumo, del Congreso de los Diputados, una proposición no de Ley sobre la regulación de la publicidad y el funcionamiento de las clínicas dentales en España que se aprobaría con el siguiente texto:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Cumplir el mandato de la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales el 27 de abril de 2016, en los términos siguientes, a fin de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que:

- Las clínicas franquiciadas continúen con su funcionamiento habitual, garantizándose los derechos de los profesionales y la atención a los usuarios que tuvieran servicios contratados.

- Con la colaboración de las asociaciones de consumidores, se refuercen o implanten sistemas de prevención y garantía que eviten o reduzcan los perjuicios a los consumidores ante estas situaciones.

- Se establezcan los protocolos de actuación, en los que participen las asociaciones de consumidores, para canalizar tanto la información como las posibles reclamaciones que afecten a los consumidores y usuarios.

- De común acuerdo con las Comunidades Autónomas, se establezcan medidas eficaces para el control de la publicidad y propaganda comercial sanitaria. En todo caso, no se podrán incluir ofertas económicas, rebajas, premios o cualquier otro tipo de atractivo económico.

- No se podrá obligar al cliente a la financiación o al pago anticipado de tratamientos no realizados.

- Obligar a que sean transparentes y accesibles al público el nombre y número de colegiado de los especialistas de odontología, especificando el nombre y número de colegiado de aquel que ejerza la dirección técnica del centro.

- Dictar instrucciones a la inspección de trabajo para que revise la existencia de "falsos autónomos" al servicio de las clínicas.

- Establecer un portal de transparencia para los prestadores de servicios sanitarios, en el que figuren el tipo, número y porcentaje de tratamientos.

- Obligatoriedad por parte de los colegios de Odontólogos, dentro del ámbito de sus competencias, de llevar un registro de las resoluciones sobre las reclamaciones realizadas, accesible al público general.

2. Cumplir el mandato de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, aprobada en sus términos en la sesión de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales celebrada el 24 de noviembre de 2016, por la que se instaba al Gobierno a realizar un análisis integral y coordinado de la normativa vigente en materia de publicidad de centros, establecimientos y servicios sanitarios y, como consecuencia, y al objeto de elaborar una norma que contenga la regulación básica del Estado sobre esta materia, que:

a) Mejore, actualice y clarifique la regulación de la publicidad de centros, establecimientos y servicios sanitarios.

b) Garantice la seguridad de pacientes y usuarios, persiguiendo la publicidad engañosa y evitando los posibles perjuicios que puedan producirse.

c) Regule de forma detallada la inspección, el control, las responsabilidades y las sanciones que se deriven de la publicidad engañosa en estos centros, cualquiera que sea el régimen jurídico baja el que presten sus servicios (franquicias, etcétera).

3. Una vez realizado el análisis integral y coordinado de la normativa vigente, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, que se impulsen medidas eficaces para el control de la publicidad y propaganda comercial sanitaria incluyendo, en su caso, restricciones en este tipo de publicidad que impidan incluir ofertas económicas, rebajas, premios o cualquier otro tipo de atractivo económico.


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4. Coordinar con las Comunidades Autónomas un plan especifico de inspección laboral en las clínicas dentales para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral.

5. Inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de titulación profesional en las clínicas odontológicas y de los criterios de acreditación de la formación especializada que ofertan algunas de estas clínicas, todo ello en coordinación con las autoridades y organizaciones profesionales competentes.

6. Apoyar a los afectados en las pruebas periciales para la acreditación de los presuntos daños provocados en las clínicas dentales."

Desde Ciudadanos, consideramos que las Comunidades Autónomas, como administraciones responsables de garantizar los derechos de los consumidores y usuarios, además de acreditar y supervisar el correcto funcionamiento de los centros sanitarios de su territorio, han concurrido en una grave dejación de funciones, desembocando su irresponsabilidad en graves perjuicios para miles de ciudadanos en todo el territorio nacional. Pero también consideramos que desde la Administración General del Estado pueden llevarse a cabo medidas concretas que faciliten los procedimientos de reclamación y defensa de los derechos de los consumidores afectados por esta situación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Entablar conversaciones con las plataformas y asociaciones de afectados por las clínicas iDental a fin de trasladarles toda la información precisa para que puedan ejercer la defensa de sus derechos ante los responsables de consumo y sanitarios de las Comunidades Autónomas.

2. Trasladar al próximo Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud este problema a fin de que se mejoren los procedimientos de acreditación y supervisión de centros sanitarios así como de la publicidad sanitaria que se emita desde ellos.

3. lnstar a la Agencia Española de Protección de Datos, para que en el marco de sus competencias, previa coordinación con las plataformas y asociaciones antes mencionadas: (i) proporcione información a las personas afectadas por las clínicas iDental acerca de sus derechos en materia de tratamiento de los datos de carácter personal; (ii) investigue la adecuación a la normativa de protección de datos de la inclusión de los afectados por las clínicas iDental en listas de morosos, iniciando en su caso el correspondiente procedimiento sancionador a fin de ordenar la cesación de los tratamientos e datos contrarios la LOPD y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.

4. Estudiar la posible regulación y puesta en marcha de un procedimiento de arbitraje, a fin de que los afectados por las clínicas iDental puedan resolver los conflictos habidos, tanto con las clínicas como con las entidades prestamistas, a través de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, en coordinación con las diferentes juntas arbitrales de consumo de ámbito autonómico.

5. Constituir una mesa de expertos independientes, a fin de: i) determinar si ha podido concurrir responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas obligadas a efectuar labores de inspección y supervisión en el ámbito sanitario; ii) informar, en su caso, sobre las posibles respuestas legales dirigidas a resarcir a los afectados de los daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración pública."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2018.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la


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siguiente Proposición no de Ley para asegurar, en el marco de la Cooperación Internacional, el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

En el contexto internacional existen una serie de instrumentos legales que contienen una garantía directa del derecho a la vivienda digna y que obliga a los Estados firmantes a su protección. Entre estos documentos se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 25.1 indica que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad."

España ratificó en 1977 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 que en su artículo 11.1, el Pacto establece que "los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho [...]".

"La falta de hogar se produce cuando la vivienda se trata como una mercancía y no como un derecho humano" es la rotunda conclusión apoyada por Naciones Unidas a través de su Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto en 2015. Este informe señala que "la falta de hogar se vive como una violación de los derechos humanos". En este informe Naciones Unidas constata que la desigualdad y las condiciones que la propician son las causas más comúnmente señaladas de la falta de hogar. La Relatora insta a que "la erradicación de la falta de hogar se afirme como una prioridad transversal de derechos humanos en la política socioeconómica, la planificación y el desarrollo."

Desde el grupo socialista estimamos que a la hora de garantizar el derecho a una vivienda digna el compromiso del Estado español debe ser real; todo ello cuando el próximo mes julio España habrá de presentar en el Foro Político de Alto Nivel los avances en la implementación de la Agenda 2030, como ya han hecho medio centenar de países en las ediciones de 2016 y 2017. Pero es que, además, el Grupo de Trabajo de alto nivel que ha creado el gobierno y en el que participan todos los ministerios está copresidido precisamente por Fomento por el tema urbano y vivienda.

Con esta iniciativa queremos centrarnos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, pues este objetivo 11 puede contribuir enormemente a la consecución de los ODS y es evidente que nuestro país no puede quedarse al margen por razones obvias ya que hablamos de Derechos Humanos, y es por ello que conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles debe ser una prioridad para nuestro país.

Quedan muchos desafíos por delante para lograr el ODS 11. Las ciudades necesitarán planes de ejecución y apoyos firmes para alcanzar las metas y como en muchos otros objetivos, las metas fijadas han de ser tangibles, concretas y medibles. Hacen falta soluciones innovadoras que contribuyan a crear ciudades centradas en las personas, cuyos habitantes influyan en su forma de vivir e interactuar con la comunidad, y ahí la sociedad civil puede desempeñar un papel importante para que la población local y los gobiernos trabajen conjuntamente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Tomar las medidas precisas para que desde la Cooperación Española se fije una línea de trabajo que asegure el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.


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2. Apoyar el trabajo de los países socios de manera especial el que realizan las organizaciones de la sociedad civil para el mejoramiento de la calidad de espacios y acceso básico a los servicios de vivienda."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2018.-María del Mar Rominguera Salazar, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha en España de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este plan de acción plantea 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Los ODS son, así, más ambiciosos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Por ejemplo, el objetivo último de aquéllos es la erradicación de la pobreza, mientras que la de éstos era la mitigación de la misma. También los ODS gozan de mayor legitimidad, pues son el resultado de un proceso participativo que las Naciones Unidas pusieron en marcha para que los ciudadanos expresaran sus prioridades a través de la encuesta global Mi Mundo. Finalmente, los ODS tienen un carácter más universal, buscando un cambio de paradigma sobre el crecimiento que afecta a todos los Estados. En palabras del Asesor Especial de las Naciones Unidas para la Agenda 2030, David Nabarro, de cara a la Agenda 2030 "todos los países son países en desarrollo".

La nueva estrategia, por tanto, debe regir los diferentes programas nacionales de crecimiento sostenible para los próximos quince años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación. Además, la Agenda 2030 obliga a repensar la manera tradicional de hacer política de manera sectorial y a organizarse de forma transversal, garantizando la coherencia entre diferentes políticas y la maximización de los escasos recursos públicos. Así pues, es necesario encontrar un equilibrio entre intereses contradictorios y consensuar una visión a largo plazo del modelo de desarrollo que se quiere alcanzar, con unos objetivos a corto y medio plazo que cimienten el camino hacia ese objetivo último. Esta debe ser una labor en la que todos los Ministerios, Consejerías autonómicas y Concejalías locales se impliquen por igual y que debe impregnar todas las iniciativas legislativas puestas en marcha por los diferentes niveles de la Administración.

Por estas razones, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mantener el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 y mejorar su composición con la participación de los siguientes Ministerios: Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Transición Ecológica; Agricultura, Pesca y Alimentación; Fomento; Justicia; Defensa; Hacienda; Interior; Educación y Formación Profesional; Cultura y Deporte; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Economía y Empresa; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Ciencia, Innovación y Universidades; Política Territorial y Función Pública; Industria, Comercio y Turismo.

2. Elaborar, de manera transversal entre diferentes ministerios, la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 2030, que deberá establecer objetivos concretos para la consecución de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para los próximos cuatro años y para 2030, siempre en línea con el Nuevo Consenso Europeo de Desarrollo firmado por las instituciones de la Unión Europea en junio de 2017.


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3. Incorporar a las diferentes fuerzas políticas en la elaboración de la Estrategia Nacional, asegurando la continuidad de la Estrategia en el tiempo y garantizando que responde tanto a la consecución de la Agenda 2030 a nivel global como a las prioridades y retos de desarrollo de España.

4. Establecer un contacto permanente con la sociedad civil y los actores sociales a la hora de la elaboración de esa Estrategia, aprovechando sus diferentes experiencias para alinear el crecimiento económico y la creación de empleo en España con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

5. Encomendar al Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 el seguimiento de la puesta en práctica de medidas, así como un la evaluación para velar por el cumplimiento de los objetivos fijados a corto y medio plazo, dando así una mayor coherencia a la agenda política hasta 2030 y garantizando la efectividad de las medidas de los sucesivos gobiernos en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la integración de la Agenda 2030 en los programas de reformas del Gobierno de España, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este plan de acción plantea 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Los ODS son, así, más ambiciosos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Por ejemplo, el objetivo último de aquéllos es la erradicación de la pobreza, mientras que la de éstos era la mitigación de la misma. También los ODS gozan de mayor legitimidad, pues son el resultado de un proceso participativo que las Naciones Unidas pusieron en marcha para que los ciudadanos expresaran sus prioridades a través de la encuesta global Mi Mundo. Finalmente, los ODS tienen un carácter más universal, buscando un cambio de paradigma sobre el crecimiento que afecta a todos los Estados. En palabras del Asesor Especial de las Naciones Unidas para la Agenda 2030, David Nabarro, de cara a la Agenda 2030 "todos los países son países en desarrollo".

La nueva estrategia, por tanto, debe regir los diferentes programas nacionales de crecimiento sostenible para los próximos quince años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación. Además, la Agenda 2030 obliga a repensar la manera tradicional de hacer política de manera sectorial y a organizarse de forma transversal, garantizando la coherencia entre diferentes políticas y la maximización de los escasos recursos públicos. Así pues, es necesario encontrar un equilibrio entre intereses contradictorios y consensuar una visión a largo plazo del modelo de desarrollo que se quiere alcanzar, con unos objetivos a corto y medio plazo que cimienten el camino hacia ese objetivo último. Ésta debe ser una labor en la que todos los Ministerios, Consejerías autonómicas y Concejalías locales se impliquen por igual y que debe impregnar todas las iniciativas legislativas puestas en marcha por los diferentes niveles de la Administración.

Cada año, en el mes de abril, todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que presentar ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas y sus Programas de Estabilidad con el objetivo es coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la Unión Europea en su conjunto. En estos Programas también se detalla cómo las reformas a implementar en el año en cuestión contribuirán a la consecución de los objetivos de la agenda Europa 2020. Sin embargo, y pese a que la Agenda 2030 ha sido adoptada tanto por los Estados miembros como por la Comisión Europea, estos Programas no hacen mención a cómo las reformas a implementar ayudarán a la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).


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Por otro lado, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 14 de noviembre el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. El objeto de esta norma, que deroga al Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo y la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto normativo, es regular las previsiones contenidas en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en lo que se refiere a ese documento que debe acompañar a los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias.

El texto nace de la necesidad de adaptar la materia regulada a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Mediante el mismo se regula la estructura y contenido de la Memoria, los supuestos en que procede una Memoria Abreviada (cuando se estime que de la propuesta normativa de que se trate no se derivan impactos apreciables en ninguno de los ámbitos señalados en el reglamento o estos no son significativos, siendo también preceptiva en los supuestos de la tramitación de proyectos de reales decretos leyes), la previsión de una adaptación de la Guía Metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo (a realizar en 6 meses), y la indicación de que las previsiones del Real decreto relativas al informe sobre el impacto por razón de género serán también aplicables a los proyectos de planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística sometidos a la aprobación del Consejo de Ministros y a las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público.

Sin embargo, este Real Decreto 931/2017 tampoco incluye en su articulado ningún tipo de requisito respecto a la adecuación de los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias a los compromisos adquiridos por nuestro país en la Agenda 2030. Dado que esta Agenda está dirigida a todos los países, España también tiene responsabilidad a la hora de cumplir con ella. Para impulsar esto, Naciones Unidas definió un sistema de informes voluntarios de los países, a ser presentados en el Foro Político de Alto Nivel del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Algunos países han presentado ya más de un informe de seguimiento. De acuerdo con lo aprobado por el Gobierno anterior, España presentará su informe, junto con otros cuarenta y seis países, en este año de 2018, en la reunión prevista para el Foro Político de Alto Nivel de julio. Sin embargo, parece que España se presentará a ese examen sin haber hecho todo lo posible por aprobarlo.

Por estas razones, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aunar, en el marco de la redacción de los futuros Programas Nacionales de Reformas y Programas de Estabilidad que realice el Gobierno de España, las iniciativas a llevar a cabo durante el período al que hacen referencia y la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el objetivo de entrelazar las reformas estructurales a realizar por España y el desarrollo sostenible.

2. Encomendar al Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 el seguimiento y evaluación de cómo las reformas que se llevan a cabo dentro de los futuros Programas Nacionales de Reformas y Programas de Estabilidad contribuyen a la implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

3. Impulsar, en el marco del Real Decreto 931/2017 por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, la realización de un control ex ante de las medidas aprobadas por el Gobierno para asegurar que se tiene en cuenta el impacto sobre la Agenda 2030 de las iniciativas a poner en marcha, maximizando así la eficiencia de las políticas públicas y evitando tomar medidas que entren en conflicto o directamente perjudiquen la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

4. Respetar, a la hora de planificar y redactar los Programas Nacionales de Reformas y Programas de Estabilidad que realice el Gobierno de España, el compromiso adquirido por la Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Congreso de los Diputados de dedicar al menos un 0,4 % del PlB a cooperación para el desarrollo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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161/003379

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de las Diputadas Noelia Vera e Ione Belarra y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se insta al Gobierno al apoyo de la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional a la grave crisis política que vive Nicaragua desde el respeto y protección de las personas defensoras de los Derecho Humanos.

Exposición de motivos

Nicaragua está viviendo momentos de crisis social y política en la actualidad donde se han denunciado represión de protestas legítimas y el uso de armas de fuego contra estudiantes que ejercían su derecho a manifestarse contra unos recortes del gobierno en el seguro social, así como un clima de violencia política contra todo tipo de agentes.

Como antecedente de las protestas, diversas fuentes señalan el incendio en la reserva natural de Indio-Maíz; y como catalizador de la situación el hecho de que el 16 de abril el gobierno publicara en el Diario Oficial una, reforma a la seguridad social que incrementó las aportaciones de trabajadores/as y empleadores/as y que estableció una detracción del 5 % a los y las pensionistas desoyendo diversas propuestas elaboradas por expertos independientes y organizaciones de la sociedad civil, que proponen que el Estado pague lo que debe a la seguridad social, y gestione de forma responsable y transparente sus recursos. Lo anterior, sumado a la dispersión de una manifestación de personas adultas mayores, produjo protestas generalizadas lideradas por grupos de estudiantes y jóvenes, así como también sectores de personas trabajadoras, campesinas, ambientalistas y defensoras de derechos humanos, y la ciudadanía en general.

Tras las protestas se suspendieron las transmisiones de Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Telenorte y Canal 51, este último de la Conferencia Episcopal. El canal 100 % Noticias estuvo seis días sin transmisión y la edición digital del semanario Confidencial sufrió un bloqueo durante siete horas. El periodista Ángel Gahona fue asesinado el 21 de abril en Bluefields mientras cubría los disturbios.

En este contexto, tras la retirada de la reforma del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Gobierno emprendió un Diálogo Nacional, con la mediación de la Conferencia Episcopal que fue suspendido el 23 de mayo, tan solo a 7 días de su inicio. Algunos sectores de la oposición se han opuestos frontalmente al Diálogo y en sus participantes así como en las posibilidades reales de llegar a un Acuerdo. A pesar de este fracaso inicial, el Gobierno ha mantenido el compromiso de buscar una salida dialogada a la situación de inestabilidad en el marco de este proceso.

Asimismo y tras su investigación y publicación de su informe sobre las estrategias de represión de la protesta en Nicaragua, Amnistía Internacional insta al Estado de Nicaragua, entre otras recomendaciones a dar cumplimiento con celeridad a la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos ocurridos. Asimismo, su objetivo es garantizar las obligaciones de respetar, proteger y facilitar el derecho de reunión y participación en manifestaciones públicas y protestas, incluyen la prevención de acciones que puedan dañar la integridad física de las personas.

El Consejo Municipal de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Barcelona que reúne cerca de treinta entidades y federaciones de la ciudad, el pasado 14 de mayo de 2018 también ha manifestado su preocupación ante esta vulneración de los derechos constitucionales y los derechos humanos en Nicaragua y hacen un llamamiento amplio al diálogo para resolver de forma pacífica y justa el actual conflicto.

Más recientemente el 14 de junio de 2018 expertos en derechos humanos de la ONU han pedido el cese inmediato de la violencia y la represión en Nicaragua, para terminar con una crisis nacional de disturbios sociales y políticos que dura ya dos meses, y en la que al menos 148 personas han muerto y 1.337 han resultado heridas.

Los mismos hacen un llamamiento para que se respeten las "obligaciones de derechos humanos y se lleven a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas de las presuntas violaciones, y para enjuiciar y sancionar a los responsables, han afirmado los expertos y para que permita la visita de los Relatores


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Especiales al país y autorice el acceso a una misión de monitoreo realizada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos".

Nuestro país mantiene lazos históricos, políticos y sociales de gran importancia con Nicaragua. Solo en Ayuda Oficial al Desarrollo, Nicaragua ha sido receptor de algo más de 382 millones de euros además de múltiples relaciones económicas sustanciadas en acuerdos de inversión y comercio. Por esta razón, El Gobierno de España y la política de cooperación española no pueden ser ajenas a la presente situación de vulneración de derechos humanos, crisis política y conflictividad social que sufre Nicaragua.

Proposición no de Ley

"Por todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Apoyar la labor de las Organizaciones sociales y de Derechos Humanos en Nicaragua para que se pueda garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que se están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los y las estudiantes, niñas, niños y adolescentes. Cualquier grupo parapolicial debe ser desmantelado se deben adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que ataquen y hostiguen a la población civil.

2. Exigir el cese inmediato de la represión a los y las manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas y que se respete y garantice el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.

3. Reclamar al Gobierno nicaragüense la investigación y rendición de cuentas de todas las autoridades judiciales y políticas responsables de vulneración de los derechos humanos. Especialmente los ataques a periodistas, garantizando el respeto a la independencia de los medios de comunicación.

4. Trabajar por garantizar la seguridad y los derechos de las personas defensoras de derechos humanos. Los actos de violencia y otros ataques contra las personas defensoras, no solo afectan a las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental de la sociedad. La especial vulnerabilidad de estos grupos exige la adopción de una política integral de protección reforzada por parte del Estado.

5. Cooperar con las investigaciones de expertos independientes acordadas con el Gobierno de Nicaragua, para la investigación internacional de los hechos acontecidos desde el 18 de abril y la posible imputación de responsabilidades que puedan descubrirse durante el proceso de investigación.

6. Apoyar el proceso de diálogo nacional suspendido desde el día 23 de mayo y retomado de nuevo a mediados del presente mes, buscando una participación amplia e inclusiva en el mismo y una apertura a todas las posibilidades de resolución del conflicto.

7. Fortalecer las líneas de cooperación con organizaciones sociales en Nicaragua que defienden los derechos humanos, particularmente los derechos a la libertad de expresión, de las mujeres, jóvenes adolescentes y niños, y de campesinos y pueblos indígenas; sectores que tradicionalmente resultan más vulnerables frente a situaciones de violencia política sea cual sea su origen."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Noelia Vera Ruíz-Herrera e Ione Belarra Urteaga, Diputadas.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/003358

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a garantizar la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad al transporte público de viajeros en vehículos de turismo (taxi), para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.


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Exposición de motivos

A tenor del artículo octavo del Real Decreto 1544/2007 por el que se regulan las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, todos los ayuntamientos en un plazo de diez años, tras la entrada en vigor de ese real decreto, deberían haber promovido que al menos un 5 por ciento, o fracción, de las licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados.

El 4 de diciembre de 2017 finalizó el plazo que fijaba el cumplimiento en un mínimo de un cinco por ciento de taxis accesibles sobre el total de la flota por parte de los ayuntamientos.

La Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad han elaborado un Informe sobre el "Estado de la flota de taxis accesibles en municipios de más de 50.000 habitantes". El informe analiza 135 municipios donde viven 1.294.400 personas con problemas de movilidad y llega a la conclusión que el 63 % de los ayuntamientos incumplen la cuota de taxis accesibles establecido por la normativa que fija en un cinco por ciento la cuota de taxis adaptados. De los municipios analizados, tan sólo 50 están por encima del mencionado porcentaje del cinco por ciento. De hecho, 42 no llegan ni siquiera al 2 % de taxis adaptados, entre ellos Madrid y Barcelona.

El Informe también realiza una comparativa respecto a un estudio previo de 2014 y revela una mejora. En estos tres años ha aumentado un 9,6 % el número de municipios que cumplen con la normativa, lo que supone que hay trece municipios más que cumplen con la cuota establecida por el Real Decreto 1544/2007.

Por comunidades autónomas, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha mejoran notablemente respecto a 2014 y se sitúan por encima del cinco por ciento. En el sentido contrario nos encontramos a la Comunidad Valenciana, que se queda a una décima de alcanzar el cinco por ciento que sí superaba en 2014.

El anexo VII del Real Decreto anteriormente señalado detalla las condiciones básicas de accesibilidad en el transporte en taxi, entre ellas, los vehículos que presten servicio de taxi o autotaxi y que se quieran calificar de accesibles, para poder transportar personas con discapacidad, deben satisfacer los requisitos recogidos en la Norma UNE 26.494 y sus posteriores modificaciones.

Por su parte en la disposición adicional cuarta se fija el Régimen sancionador por el que en caso de incumplimiento de lo establecido en este Real Decreto será sancionable de conformidad con lo dispuesto en la legislación de infracciones y sanciones en materia de accesibilidad universal y no discriminación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Analizar junto a la Federación Española de Municipios y Provincias el grado de cumplimiento por parte de los ayuntamientos de la obligatoriedad de promover las licencias de taxis accesibles en el porcentaje establecido por la normativa vigente.

2. Requerir a los ayuntamientos que, incumpliendo la normativa, no hayan promovido los taxis accesibles en su término municipal, adopten las medidas necesarias con el fin de garantizar la movilidad y la accesibilidad de las personas con discapacidad al transporte público de viajeros en vehículos de turismo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003359

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la utilización del castellano en la señalética viaria de todo el territorio nacional, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.


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Exposición de motivos

El artículo 3 de la Constitución Española consagra al castellano como la lengua española oficial del Estado, y señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos de autonomía. La diversidad cultural de nuestro país permite que en seis de las diecisiete comunidades autónomas de España tienen junto con el castellano, de otras lenguas como cooficiales.

En un territorio bilingüe es lógico que la rotulación de las señales viarias se efectúe en las dos lenguas oficiales. Así ocurre en las regiones bilingües de los países más avanzados de Europa.

Sin embargo, en algunas comunidades autónomas de España no se respeta el bilingüismo en la señalización vial, imponiéndose de forma muy mayoritaria el uso monolingüe de uno solo de los dos idiomas oficiales, excluyendo el castellano.

Esta exclusión además de vulnerar la normativa vigente, lesiona los derechos lingüísticos de la ciudadanía y dificulta la comprensión de los mensajes viarios emanados de la señalética tanto horizontal como vertical pudiendo poner en riesgo la seguridad vial de los usuarios de la red viaria.

La normativa legal no deja lugar a dudas. En toda la red viaria del territorio nacional las "indicaciones escritas de las señales se expresarán, al menos, en la lengua española oficial del Estado". Así lo indica el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en su artículo 56.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en aras a garantizar la seguridad vial de todos los españoles y la seguridad jurídica de las Administraciones Públicas presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Informar sobre el grado de incumplimiento por parte de las Comunidades Autónomas y las Entidades locales respecto a la no utilización del castellano en las indicaciones señaléticas de las vías públicas de las que son titulares.

2. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en referencia a la no utilización del idioma español oficial del Estado en las indicaciones escritas en la señalética viaria a las administraciones públicas competentes resultantes del informe anterior.

3. Exigir a todas las Comunidades Autónomas y Entidades locales que incumplan la exigencia de rotular, al menos, en castellano la señalética viaria para que, en un plazo de seis meses, procedan a sustituir las indicaciones de todas las señales de tráfico de su territorio para adaptarlas a la legislación vial.

4. Establecer medidas coercitivas para aquellas administraciones públicas que persistan en el incumplimiento de la normativa vial en lo referente a la no utilización del castellano en la señalética viaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia

161/003363

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, relativa a la toma de medidas que permitan dar respuesta de acceso gratuito y público a la atención educativa de niños y niñas de cero a tres años.


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Exposición de motivos

La primera infancia es una etapa determinante para el desarrollo integral de los niños y las niñas, ya que de ella dependen numerosos procesos posteriores de aprendizaje, de adaptación y de integración. Concretamente entre los cero y los tres años se sientan las bases de aprendizaje que configurará nuestras habilidades y potencialidades como personas adultas, determinando en gran medida el desarrollo intelectual, afectivo y físico. Además entre los cero y los tres años es una etapa clave para la detección e intervención precoz ante trastornos del desarrollo y otras dificultades relacionadas con la diversidad funcional.

El desarrollo social y emocional, así como la adquisición de conocimientos y la habilidad para asociarlos y relacionarlos se llevarán a cabo dependiendo enormemente de la calidad de los afectos y del vínculo que las niñas y niños establecen con las personas adultas cercanas. Así mismo influyen los espacios, el acceso a estímulos sensoriales y la interacción con sus iguales. Por todo eso, resulta fundamental que se dote de los recursos necesarios, especialmente humanos y que las ratios en esta etapa se ajusten también a las necesidades que corresponden.

Esta primera etapa de la vida es clave a la hora de profundizar en las diferencias sociales, y puede resultar esencial para alcanzar mayores niveles de igualdad. Esto se debe a que no todas las familias se encuentran en igualdad de oportunidades a la hora de dedicar medios y tiempo a sus niños y niñas de entre cero y tres años. Además, la tarea educativa requiere de unas habilidades educativas específicas que no todo el mundo posee.

Por otra parte, las escuelas públicas y gratuitas para niñas y niños de cero a tres años son también un elemento de lucha contra la desigualdad entre mujeres y hombres. Por un lado puede favorecer que se iguale la situación de hombres y mujeres en cuanto a su salario y al tiempo que disponen para su desarrollo personal. Por otro, puede ser significativo en cuanto al valor que damos a los cuidados, generalmente no visibilizados y en la mayoría de los casos realizados por las mujeres. Un buen sistema de educación pública y gratuita de cero a tres años fomentaría por lo tanto una maternidad y paternidad en igualdad y corresponsabilidad, y liberaría a muchos abuelos y abuelas a hacerse cargo de forma obligada de una crianza que no les corresponde.

Desde diversas disciplinas académica (Psicología, Sociología, Ciencias de la Educación, Pedagogía) encontramos cómo se han obtenido evidencias de la importancia de tener una educación para niñas y niños de cero a tres años de calidad, universal, gratuita, pública y voluntaria, tanto para el pleno desarrollo cognitivo, afectivo y social de las niñas y niños, para fomentar el desarrollo de una sociedad igualitaria y para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres.

También señalar como en la Convención Derechos del/la Niño/a (CDN) se establece el derecho a la educación en la primera infancia, que comienza en el nacimiento y que está estrechamente vinculada al derecho del niño y de la niña al máximo desarrollo posible.

La CDN reconoce el derecho a la educación, y obliga a la Administración a velar para que todas las personas tengan acceso a esa educación desde el momento de su nacimiento. También, el Artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que la Administración coordinará sus políticas con otras instituciones y entidades para asegurar la oferta educativa en un ciclo tan importante como es el de cero a tres años.

A pesar de lo expuesto, en nuestro Estado la red de escuelas infantiles, públicas y privadas, solo cubre al 31 % de los niños y niñas de cero a tres años y la carestía de sus precios (540 ?/mes de media en el caso de las privadas) se vuelve demasiadas veces incompatible con el trabajo o con una jornada laboral a tiempo completo. Nos encontramos ante una situación en la que sólo las criaturas de familias que cuentan con recursos económicos suficientes pueden ser escolarizadas y lo hacen principalmente en centros privados ante la escasa oferta pública de las administraciones educativas. No es admisible que, frente a algunas excepciones, que miles de familias no tengan acceso a una plaza para sus niñas y niños de cero a tres años, y que tengan que recurrir a familiares, bien sean hermanos y hermanas mayores, abuelos y abuelas, e incluso al vecindario para atender a los bebés y a las niñas y niños más pequeños.

Desde nuestro Grupo Parlamentario consideramos que es deber de las Instituciones Públicas facilitar los recursos necesarios para que las familias que lo requieran puedan optan por incorporar a sus hijas e hijos de entre cero y tres años en centros de educación infantil públicos y gratuitos. Estos además no pueden ser guarderías con una función únicamente asistencial, sino que debemos garantizar espacios


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educativos con una serie de características que aporten a las niñas y niños la mejor calidad fomentando todos los ámbitos de su desarrollo y su educación integral desde el primer momento.

En este sentido, en nuestro país algunos territorios han conseguido, a pesar de los constantes recortes en las transferencias a las autonomías, un modelo de atención y educación de los niños y niñas más pequeños que podrían servir de ejemplo. Pero no se trata de que en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma consigan desarrollar una red de escuelas infantiles de calidad que atienda a toda la población que requiera este servicio, gracias a la buena gestión de los recursos que reciben, o una priorización del uso que se hace de los mismos en beneficio de las familias y la infancia.

El porvenir de una niña o niño y sus expectativas vitales no pueden depender del lugar en el que haya nacido. Los derechos básicos de la ciudadanía, y este lo es, deberían garantizarse en todo el Estado, y ser bandera de un país de la que todos y todas nosotras podríamos sentir orgullo. Un país que debería caminar hacia la excelencia educativa y social, empezando por la atención a nuestros niños y niñas más pequeños. El enorme valor igualador de la atención, cuidados y educación en la primera etapa de la vida merece el esfuerzo de las Administraciones Públicas. La etapa de cero a tres años no es un lujo de un país rico, sino una garantía de sociedad igualitaria de un país democrático.

Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas que permitan el acceso a la educación de cero a tres años a todas las familias que así lo deseen y para ello:

1. Solicita de las CC.AA. una evaluación previa para establecer las necesidades existentes en cada una de ellas, cuantificando los recursos necesarios para cubrir las plazas cero a tres años en su territorio con una red de centros públicos.

2. Solicita a la Conferencia de Presidentes que impulse una comisión técnica de trabajo que elabore un documento marco sobre la atención educativa y asistencial a los niños y niñas menores de tres años, que tenga como principal eje vertebrador la red de escuelas infantiles públicas.

Este documento marco incluirá, entre otros aspectos los siguientes:

a) Diagnóstico y análisis de la realidad en la atención educativa a los niños y niñas menores de tres años.

b) Orientaciones básicas para todas las administraciones.

c) Catálogo de propuestas y servicios.

d) Propuesta de criterios de dotación de los servicios de atención temprana.

3. Realizar las transferencias finalistas a las Administraciones autonómicas y locales, que garanticen el acceso gratuito a la educación infantil pública desde los cero a los tres años para todos los niños y niñas del territorio español, destinando como mínimo 1.000 millones de euros anuales dentro de los Presupuesto Generales del Estado.

4. Establecer una hoja de ruta y un calendario que fije y asegure que la educación de cero a tres años pase a ser una etapa educativa, y no sólo asistencial, y se convierta en una oferta universal, pública y gratuita.

5. Asegurar que los/ las profesionales de la educación de cero a tres años pasen a depender exclusivamente de las Administraciones Educativas.

6. Garantizar que la educación de cero a tres años tenga aprobado un currículo regulado por normativa estatal, de carácter global, integral, laico, participativo e inclusivo que esté centrado en los derechos y necesidades de los niños y niñas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2018.- María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño y Rosa Ana Alonso Clusa, Diputadas.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Defensa

181/001131

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Defensa.

¿Qué soluciones ofrece el Gobierno para atender la demanda histórica de la ciudadanía de Ferrol de abrir la ciudad al mar y sustituir la actual muralla militar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/001128

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña Eva García Sempere

Texto:

¿Qué actuaciones van a llevarse a cabo para retirar y gestionar los depósitos de fibrocemento que contienen amianto en el cauce y en las laderas del arroyo Ramabujas (Toledo) para evitar graves consecuencias en la salud y el medio ambiente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.

181/001130

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña Ángela Rodríguez Martínez.

Dirigida a la Ministra de Transición Energética


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Pregunta:

¿Tiene previsto el Gobierno revisar la prórroga de la concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre en la ría de Pontevedra otorgada a ENCE Energía y Celulosa, S.A., en 2016?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Ángela Rodríguez Martínez, Diputada.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/031002

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Retirada de la pregunta de doña María Rosa Martínez Rodríguez sobre desalojo de asentamientos en las inmediaciones del puerto de Bilbao.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la corrección contenida en el escrito número de registro 92076, aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

184/034848

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Salvador García, Luis Miguel (GCs).

Planes del Ministerio del Interior en relación a la integración del sistema sanitario penitenciario en los sistemas de salud de las Comunidades Autónomas.

Acuerdo:

1. En cuanto a la solicitud de que se facilite copia del estudio financiero del coste de la integración de la asistencia sanitaria penitenciaria en el sistema de salud de las Comunidades Autónomas, contenida en el tercer punto de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 92738, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. de expte. 186/001500).


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2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Luis Salvador García, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre los planes del Ministerio de Interior en relación a la integración del sistema sanitario penitenciario en los sistemas de salud de las comunidades autónomas.

Exposición de motivos

A pesar de que nuestra Constitución Española en su artículo 14 garantiza la igualdad de todos los españoles en aspectos sanitarios todavía falta mucho por desarrollar. Concretamente en el ámbito de la sanidad penitenciaria, donde durante más de treinta años y a pesar de las obligaciones y exigencias, que a continuación se resumen brevemente, existen ciudadanos de primera, y ciudadanos de segunda.

El 25 de abril de 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad. Esta ley, que regulaba la normativa básica sobre la salud, ya destacaba el protagonismo de las Comunidades Autónomas en el ámbito sanitario.

En el preámbulo de esta ley, se establecía, y cito literalmente; "... El Sistema Nacional de Salud se concibe como el conjunto de los servicios de Salud de las Comunidad autónomas, convenientemente, coordinados". Es decir, la única manera de que la sanidad sea eficaz, eficiente, equitativa, solidaria, suficiente, homogénea y adecuada, es la tutela por parte de cada Comunidad Autónoma, del ámbito sanitario.

Más tarde, el 28 de mayo de 2003, se aprueba la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, en la que establece de forma taxativa en su disposición adicional sexta que, "Los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. A tal efecto, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta ley y mediante el correspondiente real decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía".

Además de ello, distintas Recomendaciones emitidas por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, entre las que destacan la Recomendación n.º R(98) 7 1, adoptado por el Comité de Ministros de 8 de abril de 1998, en las 627.ª reunión de los Delegados de Ministros; o la Recomendación REC (2006) del Comité de Ministros de los Estados miembros sobre las reglas penitenciarias europeas, adoptadas por la Comisión de Ministros de los Estados Miembros del 11 de enero de 2006, durante la 952.a reunión de los Delegados del Ministros, recomiendan, valga la redundancia, que la sanidad penitenciaria se integre en la sanidad pública, y sea compatible con ella.

En el ámbito Penitenciario, tanto los profesionales como la legislación son claros. Con respecto a la legislación, tanto la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, reconocen, recogen y establecen que la sanidad es un derecho de los internos en los centros penitenciarios.

Con respecto a los profesionales, no solo a través de ponencias, sino a través de informes de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria para el Consejo Interterritorial, exigen la rápida integración de la sanidad penitenciaria en el Sistema de Salud de las comunidades autónomas, toda vez que es la única manera y forma de conseguir la modernización y normalización completa de la Sanidad Penitenciaria,

Por último, en el ámbito de la actividad Parlamentaria, han sido varias las Proposiciones No de Ley presentadas y aprobadas, exigiendo el cumplimiento de estas leyes. Curiosamente, algunas, presentadas


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por partidos políticos cuando no gobernaban, a pesar de que no lo hicieron en su momento, cuando gobernaban y si podían hacer cumplir estas leyes.

Y llegamos al año 2018, treinta y dos años después, y en el ámbito de la sanidad penitenciaria, siguen existiendo ciudadanos de primera, y ciudadanos de segunda; puesto que, por un lado, los distintos gobiernos no han hecho nada de nada, olvidándose de la población reclusa en los centros penitenciarios; y por otro, y como vimos hace muy poco tiempo, el bipartidismo, dependiendo si gobiernan en unas u otras Comunidades Autónomas, están a no favor de la transferencia del coste (Recordemos los casos de Castilla y León, donde el PP vota Sí, o el caso de Andalucía, donde el PP vota No).

En relación a todo lo anterior, tengo a bien formular las siguientes preguntas:

- ¿Va a seguir manteniendo el Ministerio de Interior la NO integración de la sanidad penitenciaria en el sistema de salud público?

- ¿Existe un calendario con plazos reales para el cumplimiento de dicha integración?

- ¿Tiene el Ministerio del Interior un estudio financiero del coste de la integración de la asistencia sanitaria penitenciaria en el sistema de salud de las Comunidades Autónomas? [...]

- En caso de no existir, ¿se va a crear algún equipo directivo específico y especializado de coordinación del ámbito penitenciario, dentro de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias?

- Atendiendo al diferente carácter funcionarial o estatutario de los trabajadores, ¿cómo lo va a solucionar el Ministerio del Interior? ¿cómo se va a llevar a cabo el traspaso y transferencia del personal sanitario?

- ¿Cómo está trabajando el Ministerio del Interior para paliar y cubrir todas aquellas plazas de médicos en los centros penitenciarios, que se estima que en tres años, aproximadamente un 80 % se jubilarán?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-Luis Miguel Salvador García, Diputado.

184/034902

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Salvador García, Luis Miguel (GCs).

Planes del Ministerio del Interior en relación con la Operación Paso del Estrecho 2018 en el puerto de Motril.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la corrección de error registrada con el número 92360, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Salvador García, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre los planes del Ministerio de Interior en relación con la Operación Paso del Estrecho 2018 en el puerto de Motril.


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Exposición de motivos

El puerto de Motril es un puerto comercial, pesquero y deportivo, gestionado por la Autoridad Portuaria de Motril y está considerado uno de los Puertos de Interés General del Estado, administrados y gestionados por el Organismo Público Puertos del Estado, perteneciente al Ministerio de Fomento.

En la época estival los trabajadores de origen magrebí que viven en los países de la Unión Europea suelen viajar a sus lugares de origen, utilizando principalmente los puertos españoles situados en el Mediterráneo (Algeciras, Alicante, Almería, Ceuta, Málaga, Motril, Melilla y Tarifa) para trasladarse al norte de África. En el año 2017, los puertos españoles fueron usados por más de 3 millones de personas y 695.000 vehículos para realizar este desplazamiento.

Para poder atender estos desplazamientos, todos los años se activa el plan denominado "Operación Paso del Estrecho", que generalmente se extiende desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre.

En relación a todo lo anterior, tengo a bien formular la siguiente pregunta:

¿Qué medidas de refuerzo personal y material en relación con la "Operación Paso del Estrecho 2018" ha preparado el Ministerio del Interior para el puerto de Motril?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2018.-Luis Miguel Salvador García, Diputado.

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