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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 332, de 10/04/2018
cve: BOCG-12-D-332
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
10 de abril de 2018

Núm. 332


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

161/003119 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la adopción de determinadas medidas que faciliten el acceso a la documentación y la desclasificación de documentos históricos... (Página6)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/003132 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al ataque a la ciudad kurda de Afrin por parte de Turquía y la necesidad de adoptar medidas al respecto a nivel internacional y europeo... (Página7)

Comisión de Justicia

161/003153 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la revisión y despenalización de los delitos contra los sentimientos religiosos... (Página8)

Comisión de Interior

161/003120 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Vasco (EAJ-PNV) y de Esquerra Republicana, sobre la desclasificación de la información de los sucesos de los Sanfermines de 1978... (Página10)

161/003130 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la dotación de los efectivos suficientes de la Guardia Civil al destacamento de El Casar... (Página11)

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/002755 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la regulación del sector ecuestre. Pasa a tramitarse en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente... (Página12)

161/003128 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la necesidad de adoptar medidas inmediatas para mejorar la situación del Instituto Español de Oceanografía (IEO)... (Página13)


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Comisión de Fomento

161/003124 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los efectos ambientales, económicos y sociales del temporal Emma en el puerto de Gran Tarajal, en Fuerteventura... (Página15)

161/003127 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la puesta en servicio del ferrocarril Ruta de la Plata entre Gijón y Sevilla... (Página17)

161/003148 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la mejora y acondicionamiento de las pasarelas peatonales de la A-7 en el litoral occidental malagueño... (Página18)

161/003149 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto sobre la Agenda Valenciana de Infraestructuras, el Programa estratégico para la mejora de la movilidad, infraestructuras y el transporte de la Comunitat Valenciana "Uneix", y medidas para conseguir la función social de la vivienda... (Página19)

Comisión de Educación y Deporte

161/003144 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la integración de las pruebas EBAU en todas las Comunidades Autónomas... (Página22)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/003143 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la revalorización de las pensiones y supresión del factor de sostenibilidad... (Página23)

161/003146 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a mejorar las condiciones laborales del colectivo de personas con discapacidad y el funcionamiento y control de los Centros Especiales de Empleo... (Página29)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/003116 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre moratoria en la acreditación de la condición de consumidor vulnerable para acogerse al bono social eléctrico... (Página32)

161/003118 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre transición energética justa en territorios especialmente vulnerables... (Página33)

161/003152 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aplicación efectiva del bono social eléctrico... (Página35)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/003117 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la realización de estudios de dinámica litoral, defensa y propuestas de mejora en las playas de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga con problemas erosivos... (Página36)

161/003122 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la regeneración de las playas en la costa de Castellón... (Página38)

161/003126 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la revisión de las características de los botiquines a bordo de los buques que realizan pesca litoral... (Página39)


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161/003133 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la inclusión del dentón común (Dentex dentex) en el listado de especies autorizadas para su captura en la pesca marítima de recreo... (Página40)

161/003138 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a introducir las modificaciones necesarias en la normativa de gestión de los recursos pesqueros del Mediterráneo... (Página41)

161/003147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el apoyo a la pesquería del voraz en el Estrecho de Gibraltar (Cádiz)... (Página42)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/003121 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la mejora de la vida de las personas con espina bífida... (Página43)

161/003135 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de la Ley de Servicios Sociales... (Página44)

161/003136 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la realización de un estudio para la posible implantación de la píldora anticonceptiva masculina en el seno del Sistema Nacional de Salud... (Página46)

161/003137 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la elaboración de una nueva Estrategia de Salud Sexual con enfoque de género... (Página48)

161/003139 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre adicción a los videojuegos... (Página50)

161/003145 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la implantación completa del cribado de cáncer colorrectal en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla... (Página51)

Comisión de Cultura

161/003134 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo de la candidatura de las Tamborradas rituales del toque del tambor y el bombo, a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad... (Página53)

161/003141 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la inclusión de la cerámica artística de Talavera de la Reina y del Puente del Arzobispo en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO... (Página54)

Comisión de Igualdad

161/003129 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la eliminación de publicidad de contenido sexual en los medios de comunicación... (Página55)

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/003123 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la puesta en marcha de mecanismos para la aplicación efectiva del Reglamento EUTR de lucha contra la tala ilegal y su comercio asociado... (Página56)

161/003150 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se reclama una Ley de Cambio Climático y Transición Energética... (Página58)


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Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/003125 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud... (Página59)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Interior

181/000867 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre actuaciones previstas para acortar los tiempos de espera de expedición del DNI en La Rioja... (Página60)

Comisión de Fomento

181/000858 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Valido Pérez (GCUP-EC-EM), sobre planes alternativos a la gestión aeroportuaria con sistema AFIS en el aeropuerto de El Hierro cuando se agudiza con situaciones de alertas por avisos meteorológicos, ocasionando cancelaciones y retrasos que se acumulan a última hora de la tarde en dicho aeropuerto... (Página61)

181/000860 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre razones y motivaciones para la introducción de cláusulas arbitrarias en los contratos temporales de conservación y mantenimiento de carreteras desde el año 2013 y vigencia de adjudicaciones que las incluyen... (Página61)

181/000868 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre planes inmediatos y futuros del Gobierno en relación con la II Fase del soterramiento del ferrocarril en Logroño... (Página61)

181/000892 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de los criterios para la licitación de las autopistas rescatadas... (Página62)

181/000897 Pregunta formulada por la Diputada doña María González Veracruz (GS), sobre previsiones acerca de redactar el proyecto y acometer la ejecución para habilitar una salida desde la A-33 hacia la carretera del Carche... (Página62)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000861 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre fecha prevista para la construcción de la balsa de regulación del canal del río Najerilla (La Rioja) situado en Zarratón... (Página62)

181/000862 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre existencia de actas de las reuniones de la Comisión de Desembalse del Canal del río Najerilla... (Página63)

181/000863 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre previsiones acerca de mantener el modelo de gestión ejercido sobre el canal del río Najerilla (La Rioja) por la Confederación Hidrográfica del Ebro o de modificar la gestión y adoptar un modelo de gestión privada o externa... (Página63)

181/000864 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre órgano que toma las decisiones de desembalse del canal del río Najerilla (La Rioja)... (Página63)

181/000865 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre cantidad de agua desembalsada en el canal del río Najerilla (La Rioja) en el periodo del 3 al 24/08/2017... (Página63)


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181/000866 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre motivos por los que se amplía la cantidad de agua desembalsada en el canal del Najerilla (La Rioja) de 2 a 5 metros cúbicos por segundo a partir del día 3 al 24/08/2017... (Página64)

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

181/000895 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM), sobre opinión del Gobierno acerca de la compatibilidad del retraso de las medidas legislativas en materia de cambio climático y transición energética con el cumplimiento del objetivo de no superar la barrera de los 1,5 ºC de aumento de temperatura a final de siglo... (Página64)

181/000896 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre datos oficiales de los que dispone el Gobierno acerca del número de pozos ilegales en España, que pueda hacer públicos, que permita conocer el uso real de las aguas subterráneas, hacer previsiones de la demanda y una política hídrica responsable, así como combatir la apropiación y sobreexplotación de acuíferos y cauces... (Página64)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/031151 Autor: Fernández Gómez, Alexandra

Informe remitido en diciembre de 2017 a la Comisión Europea solicitando la ampliación de los Corredores Atlántico y Mediterráneo... (Página65)

184/031188 Autor: Antón Cacho, Javier

Informe de los servicios jurídicos del Consejo Superior de Deportes existente que avale la decisión de no suspender al Presidente de la Real Federación Española de Taekwondo al entender que las infracciones administrativas que motivaron la apertura de expediente disciplinario no conllevan suspensión provisional... (Página66)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión Constitucional

161/003119

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción de determinadas medidas que faciliten el acceso a la documentación y la desclasificación de documentos históricos, para su debate en la Comisión Constitucional.

Exposición de motivos

La Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, que fue aprobada en plena dictadura franquista, muestra una anomalía con respecto a la legislación sobre esta materia de la mayoría de países de nuestro entorno, y es que no establece un límite temporal para que los documentos clasificados pasen a ser de libre acceso. Mientras en los otros países se establecen 25, 30 o 40 años para su desclasificación, en la Ley de secretos oficiales de 1968 no hay absolutamente ningún límite.

En 1984, España adoptó un acuerdo (Orden Ministerial de 18 de enero de 1984 por el que se autoriza la consulta de documentos con fines de investigación en el Archivo General y Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE de 18 de febrero de 1984), para abrir todos los archivos y la biblioteca que la situó a la vanguardia de la transparencia y de la información en documentos históricos. Así, de 1984 a 2010 los investigadores pudieron acceder a la sala de lectura y consultar los archivos que necesitaran. Pero en octubre de 2010 ocurrió algo sorprendente y es que el entonces ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación declaró secretos los catorce temas que constituyen toda la política exterior. Simultáneamente, la entonces ministra de Defensa propuso desclasificar 10.000 documentos históricos sin que al final se llevara a cabo.

En 2011, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores aplica el acuerdo que había adoptado el Gobierno en octubre de 2010. La aplicación supone no permitir consultar multitud de documentos. Esto provocó, entre otras reacciones, un manifiesto de casi cuatrocientos historiadores de diecisiete universidades del mundo en el que mostraban un absoluto rechazo a la medida. Sumado a ello, se han venido tomando decisiones que, lejos de solucionar el problema lo ha empeorado. La principal ha sido romper la unidad del archivo enviando los materiales históricos anteriores a 1931 al Archivo Histórico Nacional y los posteriores al Archivo General de la Administración, garantizando así el acceso público al segundo pero no al primero. Incluso los relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU), quienes estuvieron de visita en España para analizar cuestiones de libertad y justicia, apuntaron que en este país no existe un criterio claro para decidir qué documentos pueden consultarse y cuáles no.

No deja de ser incomprensible que el marco político general del acceso a materias reservadas en España pase por una ley de 1968. Es necesario impulsar las medidas necesarias para sustituir el acuerdo de 2010, y modificar la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, para fijar un límite de años a partir del cual se desclasifiquen automáticamente los documentos clasificados como secretos o reservados,


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y de este modo ponernos a la altura de Estados de nuestro entorno en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Cumplir con el compromiso adquirido por el Ministro de Exteriores en 2013 e impulsar un nuevo Acuerdo en el Consejo de Ministros que sustituya el de octubre de 2010 para permitir un acceso más sencillo y libre a la documentación histórica en poder de la Administración General del Estado.

2. Impulsar la modificación de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, en el sentido de establecer un límite temporal de 25 años, en función del contenido, a la desclasificación de documentos históricos.

3. Destinar los recursos necesarios para garantizar la correcta clasificación y conservación de las cajas y legajos transferidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 2012 al Archivo General de la Administración (AGA) de modo que permita su acceso completo al conjunto de la ciudadanía.

4. Remitir a las Cortes un informe anual sobre todos los actos, documentos, informaciones, datos y objetos que hayan sido declarados como clasificados, indicando las series documentales en que se encuentran de acuerdo con el cuadro de clasificación de cada ministerio. El contenido y estructura de este informe se regulará reglamentariamente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.-Josep Vendrell, Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/003132

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputado don Antón Gómez-Reino Varela, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, formula la presente Proposición no de Ley relativa al ataque a la ciudad kurda de Afrin por parte de Turquía y la necesidad de adoptar medidas al respecto a nivel internacional y europeo, para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

La operación Rama de Olivo, perpetrada por Turquía se ha saldado con 300 civiles asesinados y un millar de heridos y la alarmante intervención turca en el interior de las fronteras sirias.

El Estado turco ha intensificado las masacres contra la población civil en la ciudad kurda Afrin, aprovechando la oportunidad que surgió de la salida de las SDF, YPJ e YPG, salida intencional, para intentar evitar más daños contra los civiles e incluso masacres peores.

El verdadero objetivo del Estado turco es eliminar por completo al pueblo kurdo y evitar el reconocimiento de cualquier estatus político para ellos. Resulta evidente, por su práctica en la invasión de Afrin, que el Estado turco continuará su política de limpieza étnica junto a todas las bandas jihadistas asesinas con las cuales se ha aliado.

Diversas organizaciones de la sociedad civil y de ayuda humanitaria están denunciando que el riesgo de genocidio es altísimo. La agresión militar viola la Legislación internacional, según el artículo 51 de la carta de Naciones Unidas. Asimismo, tos ataques contra los territorios kurdos en Siria, violan la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un alto el fuego en Siria.

El terror estatal perpetrado por el Estado turco y la barbarie de los jihadistas con los cuales está alineado se está Llevando a cabo ante los ojos del mundo entero. Todas Las fuerzas internacionales y


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principalmente Estados Unidos, Rusia, la UE y la ONU son responsables de esta invasión y limpieza étnica.

Casi 200.000 de los 350.000 habitantes de Afrin, especialmente mujeres y niños, se han visto obligados a huir de la barbarie del Estado turco en Afrin desde el pasado viernes, 16 de Marzo y se enfrentan a un gran desastre humanitario, abandonados a su suerte en las carreteras mientras el resto de países permanecen en silencio, aprobando la masacre y la invasión del Estado turco, sin ni siquiera cumplir con su deber humanitario de proporcionar ayuda a las personas que se han visto forzadas al éxodo.

La invasión de Afrin es una vergüenza para la humanidad. Las fuerzas de las YPG, YPJ y SDF, al llevar a cabo sus tareas no solo defendían a Afrin sino también defendían la democracia, la libertad y los valores humanitarios. Oponerse al terror del Estado turco y brindar ayuda a los cientos de miles de personas que intentan escapar de la persecución turca es responsabilidad de las fuerzas internacionales.

En lugar de ello, ¿qué hace Europa? Según el último informe especial n.º 7/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo la ayuda financiera a Turquía se estima en 9.000 millones de euros hasta 2020, pero sólo tuvo un efecto limitado, aludiendo la falta voluntad política desde Ankara. Al mismo tiempo, la Comisión Europea propone desembolsar 3.000 millones de euros a Turquía para la gestión migratoria.

Por ello, se formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Cumplir con su deber humanitario de oponerse a la barbarie que el Estado turco está cometiendo en Afrin e iniciar gestiones internacionales para que las fuerzas turcas de invasión sean obligadas a retirarse inmediatamente.

2. Retirar el contingente de tropas españolas que en la actualidad permanecen en la base aérea de Incirlik, dando cobertura y protección por medio de la batería de misiles patriot a los aviones turcos que masacran a la población civil en el Norte de Siria.

3. Impulsar acciones para que el Estado turco sea juzgado por sus crímenes perpetrados contra la humanidad.

4. Iniciar con carácter inmediato todos los trámites necesarios para brindar ayuda humanitaria a los cientos de miles de personas que intentan escapar de la persecución turca.

5. Poner fin a todas las transacciones de armas y alianzas políticas con regímenes autoritarios como Turquía en Medio Oriente.

6. Instar a la Unión Europea a que active mecanismos de congelación de ayuda financiera y suspensión de acuerdos preferenciales aduaneros y comerciales con Turquía, en virtud de la estricta aplicación de los artículos 3, 6 y 21 del TUE.

7. Realizar todas las gestiones necesarias para que la UE no desembolse 3.000 millones de euros al gobierno de Ankara, por su violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas refugiadas en Turquía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela, Pablo Bustinduy Amador y Sònia Farré Fidalgo, Diputados.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Justicia

161/003153

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre de las Diputadas y Diputados de Compromís, del Grupo Parlamentario Mixto, tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para presentar, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso la siguiente Proposición no de Ley sobre revisión y despenalización de los delitos contra los sentimientos religiosos, para su debate en la Comisión de Justicia.


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Exposición de motivos

Diversos artículos de la Constitución Española garantizan la libertad de expresión así como el carácter aconfesional del Estado:

- El artículo 20 reconoce el derecho fundamental a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; un derecho que también incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19.

- El artículo 16 de la Constitución Española señala en el punto 3 el carácter aconfesional del Estado al afirmar que "ninguna religión tiene carácter estatal", al mismo tiempo que garantiza en su primer punto la "libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".

Estos derechos recogidos por la Constitución entran en contradicción con algunos preceptos punitivos, en virtud de figuras penales heredadas del franquismo, como es el artículo 525 del Código Penal, que establece el delito contra los sentimientos religiosos y castiga cualquier actuación pública de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento que pueda ser considerada como una ofensa a dogmas, creencias, ritos o ceremonias. Esta consideración obvia, por tanto, que la única limitación establecida en la Constitución es la alteración del orden público, al tiempo que blinda cualquier tipo de acto y creencia religiosa frente al libre ejercicio de expresión de pensamientos, ideas y opiniones.

En los últimos años son muchos los ejemplos de condenas por supuestos delitos contra los sentimientos religiosos en los que no podía apreciarse un auténtico atentado contra el culto o la fe de ninguna persona. Reciente es el caso del joven multado que sustituyó el rostro en la imagen de un Cristo y la publicó en su cuenta personal de una red social; o la de las tres mujeres que se enfrentan a una multa de 3.000 euros cada una por pasear una vulva en el marco de una procesión feminista.

En ambos casos, la acusación persigue algo tan subjetivo y difícil de interpretar como la intención de sus autores, al asegurar que el objetivo era en el primer caso "el desprecio y la mofa con el ánimo de ofender a la hermandad (del Cristo)"; y en el segundo el "evidente ánimo de ofender". Estas acusaciones demuestran que en nuestro país el Código Penal permite perseguir el "crimen de pensamiento", utilizando una expresión orwelliana.

Existe ya jurisprudencia que entiende que el uso de símbolos religiosos con un sentido satírico, crítico o provocador no constituirá delito de ofensa a los sentimientos religiosos ni de odio siempre que no se aprecie "incitación pública a la hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo".

La Unión de Fiscales Progresistas considera necesaria la derogación del artículo 525 del Código Penal, porque recoge unos delitos que ya se encuentran tipificados de una manera más clara y compatible con la Constitución en el artículo 510 del mismo cuerpo legal, que castiga a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o persona por motivos referentes a la etnia, nación, ideología, religión, creencias, razones de género, orientación sexual o enfermedad.

Asimismo el colectivo Europa Laica ha criticado la creciente serie de actuaciones por parte de las fiscalías para tramitar de forma punitiva las denuncias que, por lo general, corren a cargo de sectores fundamentalistas contra todo tipo de manifestación artística, plástica, musical, periodística, humorística, satírica o de cualquier naturaleza, obtusamente interpretada.

Proposición no de Ley

"1. Revisar los delitos relativos a la ofensa a los sentimientos religiosos recogidos en el Código Penal.

2. Presentar en el plazo de cuatro meses en la Cámara un Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal en el sentido de despenalizar y suprimir el artículo 525 del Código Penal."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2018.-Enric Bataller i Ruiz, Joan Baldoví Roda y Marta Sorlí Fresquet, Diputados.-Ignasi Candela Serna, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Interior

161/003120

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre desclasificación de información de los sucesos de Sanfermines 1978, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El próximo año 2018 se cumplirán cuarenta años desde los Sanfermines de 1978. Diez mil personas fueron testigos en la plaza de toros de la brutal agresión policial. Allí se disparó indiscriminadamente fuego real contra la gente que ocupaba el ruedo y los tendidos. Siete personas resultaron heridas de bala en la plaza, una de ellas muy grave. Varias decenas más fueron atendidas en la propia enfermería de la plaza.

En la calle, el joven Germán Rodríguez fue asesinado por disparos policiales. En el lugar donde cayó muerto fueron localizados 35 impactos de bala, la mayor parte de ellos a una altura de entre 0,80 y 2,30 metros. En la emisora policial fueron grabadas las siguientes órdenes: "¡Tirar con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar!".

Según los propios datos policiales el día 8 se dispararon 130 balas de pistola y subfusil, más de 4000 pelotas de goma y casi 2000 botes de humo y gases lacrimógenos. Resultado final, una persona asesinada, diez heridas de bala, alguna de gravedad, 170 atendidas por pelotazos, contusiones, fracturas, inhalación de humo... Por todo ello, el Ayuntamiento de Pamplona acordó la suspensión de las fiestas.

Aun así, ninguna responsabilidad penal, civil o política fue reconocida. Los distintos sumarios abiertos por estos hechos (muerte de Germán Rodríguez, entrada en la plaza de toros, represión general practicada, daños producidos...), fueron sobreseídos por los Tribunales. Nadie llegó siquiera a sentarse en ningún banquillo.

En estos últimos años se han dado pasos importantes a nivel general y especialmente en Navarra en relación con la recuperación de la Memoria Histórica. Los compromisos adoptados a estos efectos por las instituciones navarras (Parlamento foral, Gobierno de Navarra y diversos Ayuntamientos) han puesto bases firmes para poder avanzar por la senda de la verdad, justicia y reparación. Mediante esta iniciativa se formula una petición que está amparada por lo dispuesto en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre, así como lo regulado en el artículo 35 h) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y los artículos 12 y siguientes de la Ley 19/ 2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, reguladoras, entre otros derechos, del de acceso de la ciudadanía a información pública, archivos y registros de la Administraciones Públicas.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre, adopte el acuerdo que sea preciso para proceder a la desclasificación de todos los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos existentes en la Administración del Estado relacionado con los sucesos de los Sanfermines de 1978 y, en particular los que se detallan a continuación:

1. Informe presentado al Congreso español por el Ministerio del Interior sobre los sucesos de los Sanfermines de 1978, solicitado en su día de forma reiterada por el Juzgado de Instrucción correspondiente de Pamplona para su remisión al mismo y nunca recibido por este.

2. Informes dirigidos al Ministerio del Interior (Ministro. Dirección General de Policía,...), por el Gobernador Civil de Navarra. Jefatura Provincial de Policía de Pamplona o instancia provincial correspondiente, relativos a los sucesos ocurridos en esta ciudad durante los Sanfermines de 1978.

3. Actas correspondientes a las reuniones de la Junta Provincial de Orden Público de Navarra realizadas durante los meses de junio y julio de 1978 y en particular, a las relativas a los días 1 y 7 de julio de ese año.


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4. Plan de Intervención policial existente y previsto para la posible entrada en la Plaza de Toros durante los Sanfermines de 1978, al que hizo referencia en sus declaraciones sumariares el capitán Sr. Jiménez Cacho.

5. Informe elaborado por este mismo oficial relativo a la intervención policial realizada el día 8 de julio de 1978 en la Plaza de Toros de Pamplona y alrededores.

6. Identificación de los mandos, oficiales, suboficiales y policías de las tres Compañías de la 64 Bandera de Pamplona y la Compañía de Reserva de Logroño que intervinieron el día 8 de julio de 1978 en la Plaza de Toros de Pamplona y sus alrededores, así como en las calles de Pamplona en general

7. En particular, identificación de los mandos, oficiales, suboficiales y policías de la Compañía de Reserva de Logroño (un autobús y cinco microbuses), que alrededor de las 22.00 horas del día 8 de julio intervinieron en los alrededores de la esquina formada por la calle Paulina Caballero y Avda. de Roncesvalles realizando durante varios minutos disparos de arma de fuego (pistola y cetme) contra los manifestantes sitos en aquella zona.

8. Expedientes informativos internos abiertos en el Ministerio del Interior en relación con la actuación de la Policía Armada en los sucesos de Sanfermines de 1978 y, en particular, los correspondientes a los mandos y personal que intervinieron en el interior de la Plaza de Toros y el cruce de la calle Paulina Caballero con la Avenida de Roncesvalles el día 8 de julio.

9. Informe elaborado al efecto por el correspondiente Coronel Auditor y Jefe del Servicio Jurídico tras tomar declaración a los policías y superiores intervinientes en los sucesos del 8 de julio de 1978, en Pamplona, así como copia de todas las declaraciones realizadas por estos ante aquel.

10. Expedientes disciplinarios abiertos por cualquier causa (indisciplina, insubordinación, extralimitación de funciones,...), en relación con la actuación de los miembros de la Policía Armada en los sucesos de los Sanfermines de 1978 y, especialmente, los correspondientes al día 8 de julio: Plaza de Toros y alrededores, cruce calle Paulina Caballero y Avenida de Roncesvalles y resto de calles de Pamplona.

11. Grabaciones de las instrucciones y órdenes dadas a través de la emisora policial a las Compañías de Policía Armada que intervinieron en Pamplona durante los Sanfermines de 1978, en especial las correspondientes a los días 8, 9, 10 y 11 de julio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Eduardo Santos Itoiz y Eva García Sempere, Diputados.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Joan Baldoví Roda, Diputado.- Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. -Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, -Mikel Legarda Uriarte, Diputado.

161/003130

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre dotación de los efectivos suficientes de la Guardia Civil al destacamento de El Casar, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El Casar es un municipio guadalajareño limítrofe con la Comunidad de Madrid con casi 12.000 vecinos y vecinas registrados en el padrón, pero con una población que supera las 20.000 personas, sobre todo durante los fines de semana. Desde su puesto de la Guardia Civil se cubren también las zonas de Galápagos con 2.400 habitantes, Valdenuño Fernández con 300 habitantes, Viñuelas con 150 habitantes y Fuentelahiguera con 140 habitantes. En todos estos mencionados municipios sucede lo mismo que en El Casar: la población real supera con creces a la registrada en el censo, especialmente en verano y durante los fines de semana. Los agentes destinados a esta zona atienden también incidencias en la vecina urbanización Las Castillas, con cerca de 3.500 habitantes, aunque este desarrollo se encuentre vinculado al puesto principal de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares.


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Para una correcta atención a los vecinos y una adecuación de las instalaciones al volumen de población, el 28 de junio de 2013 se inauguró un nuevo cuartel cuyo coste ascendió a 1.300.000 euros, del que un millón de euros fue aportado por el Ayuntamiento de El Casar.

Actualmente, diecisiete agentes realizan su labor en la zona con absoluta dedicación y profesionalidad, como sucede en el resto de la provincia de Guadalajara. Los mismos se encargan tanto de patrullar como de prestar atención al público repartido en tres turnos diarios, con el obligatorio descanso de once horas tras finalizar cada servicio. Como no es posible completar los turnos con el número de agentes destinados, se solicitan efectivos -cuando es posible- a los cuarteles de Yunquera de Henares y Uceda. Esta situación de falta de medios es común en toda la provincia de Guadalajara, que en los últimos cinco años ha perdido decenas de agentes. En la zona de El Casar se hace especialmente relevante por su dispersión poblacional, basada en un modelo de extensas urbanizaciones donde conviven vecinos y residentes que usan sus viviendas de manera esporádica.

La oleada de robos y la escasez de agentes en la zona generan sin duda un sentimiento de malestar y preocupación entre la población, que se hace más profundo al comprobar cómo la necesidad de patrullar por las localidades limita el horario de atención al público en el cuartel de El Casar, donde se atiende a los vecinos y vecinas de Uceda cuyo cuartel tiene horarios todavía más limitados. La realidad es que la seguridad en toda esta comarca se comparte por necesidad con la Policía Local, cuya plantilla también es insuficiente.

El Grupo Parlamentario Socialista entiende que el Gobierno debe dar respuesta inmediata a este grave problema y no dejar a El Casar y su comarca abandonados ante la oleada de robos en domicilios, haciendo dejación de competencias que le son propias, ya que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en colaboración con la policía local quienes tienen que desarrollar esta importante tarea.

Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de forma inmediata dote de los efectivos suficientes al destacamento de El Casar, de manera que la Guardia Civil pueda desarrollar sus funciones y prestar sus servicios con normalidad todos los días del año y para hacer frente a los riesgos que se añaden con las peculiares circunstancias geográficas de este municipio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2018.-Pablo Bellido Acevedo, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/002755

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Solicitud de que su Proposición no de Ley relativa a la regulación del sector ecuestre, sea debatida en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad y trasladar la iniciativa a la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, comunicando este acuerdo a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 292, de 6 de febrero de 2018.

161/003128

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, sobre la necesidad de adoptar medidas inmediatas para mejorar la situación del Instituto Español de Oceanografía (lEO).

Exposición de motivos

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) como Organismo Público de Investigación, cumple una función investigadora de enorme relevancia en el ámbito marítimo tal y como se detalla en su Plan Estratégico 2015-2020. Es uno de los organismos de investigación más antiguos y que cuenta con un amplio reconocimiento internacional. Posee nueve centros en todo el Estado: A Coruña, Vigo, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Málaga, Murcia y Palma de Mallorca, y una sede central en Madrid.

Tiene una infraestructura puntera como buques, plantas de cultivos marinos, laboratorios de referencia en contaminación y medio marino, que junto con una plantilla altamente cualificada le otorgan la capacidad de abordar proyectos multidisciplinares.

Sin embargo su importancia en el campo de la investigación marina no está siendo objeto del interés del Gobierno cuya política de incumplimiento presupuestario así como de reducción de partidas económicas empieza a ser de grave preocupación. Está afectando a numerosos proyectos de investigación así como a la situación de los trabajadores y trabajadoras del IEO.

Es conocido el desinterés del Gobierno por cambiar el modelo productivo basado en el ladrillo por un modelo propio de países avanzados, un modelo que priorice el I+D+I y que generaría trabajo de mayor calidad. La investigación está siendo objeto de total abandono por parte del Ejecutivo.

Desde el año 2013, el IEO sufre una tendencia descendente continuada en la ejecución del presupuesto anual. Se pasó del 90 % en dicho ejercicio al 50 % en el año 2017. Los efectos están siendo muy perniciosos para el campo de la ciencia marina y la investigación. Se traduce en la práctica imposibilidad de contratar personal adscrito a proyectos con financiación externa en tiempo y forma, puesto que se demora hasta 18 meses la contratación. La imposibilidad para adquirir equipamiento y realizar su necesario mantenimiento, las dificultades para sostener un nivel continuo de formación del personal, entro otros muchos problemas.

La situación empeora si cabe con la decisión de prorrogar los Presupuestos Generales del 2017 para el 2018, puesto que para el año en curso el dinero disponible para el funcionamiento del IEO será solo del 30 % del presupuesto.

Existe una enorme alarma entre las distintas plantillas del IEO, como la del Centro Oceanográfico de Vigo, por la drástica reducción presupuestaria que castra la actividad científica, y paraliza el desarrollo de la investigación así como la capacidad de asesorar al Estado en materia de Pesca y Medio Ambiente Marino.

Ante tal situación, el personal del IEO propone la adopción de medidas como la descentralización y mayor autonomía a los laboratorios porque en la práctica se están manteniendo gracias al esfuerzo de los trabajadores y de las trabajadoras.

Se ve necesaria la realización de una auditoría de gestión para poner en evidencia las insuficiencias en recursos humanos y en medios materiales. Igualmente, creen necesaria la modificación del Consejo Rector que cuenta en su composición con los siguientes representantes: un presidente, que es el titular de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación; un vicepresidente primero, que es el titular de la dirección del IEO; vicepresidente segundo, que es el titular de la Dirección General de


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Recursos Pesqueros y Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; y vocales, que son:

- Dos representantes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, con rango mínimo de director general, propuestos por el titular de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

- El titular de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

- Dos representantes de las comunidades autónomas con litoral, miembros de la Conferencia Sectorial de Pesca, propuestos por la Conferencia Sectorial de Pesca. La duración de su mandato es de cuatro años.

- Dos representantes del sector pesquero y acuicultor, propuestos por el titular de la presidencia del IEO entre las organizaciones más representativas de dicho sector. La duración de su mandato será de cuatro años,

- Un científico de reconocido prestigio en el ámbito oceanográfico-pesquero, propuesto por el titular de la dirección del IEO con mandato de cuatro años.

- Un representante del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Es decir, un organismo con sede en Madrid, a pesar de que se estudia el mar, y con muchos representantes ministeriales en lugar de los territorios con mar. Además, a diferencia de otros organismos públicos, el IEO no tiene reconocida ninguna estructura de participación del personal adscrito al mismo a fin de mejorar su gestión, eficacia e inmediatez.

Es fundamental que se reviertan los Presupuestos del 2017 prorrogados para el 2018 a fin de mejorar el sistema público de investigación, y en este caso, el IE.

Asimismo, consideran necesaria la implementación de un sistema de fiscalización previa ajustado a los fines y actividad que desempeña el IEO, tal como recoge el Acuerdo del Consejo de Ministro de 20 de diciembre de 2013 1, para el control de los gastos por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) e implementación de fórmulas compatibles con la legislación vigente que permita dar cumplimiento a los compromisos en investigación y asesoría científico-técnica.

Consideran que se está haciendo una interpretación muy restrictiva de la Ley de Contratos del Sector Público, y que la intervención previa está siendo un corsé que bloquea los proyectos de investigación y asesoría. La lentitud administrativa en la tramitación de los expedientes perjudica la eficiencia investigadora, con grave perjuicio en la competitividad y en el prestigio del IEO y con repercusión directa en el tejido social y económico del país. En definitiva, no se trata de obviar los mecanismos de transparencia, si no de simplificar los trámites para que no sean un obstáculo.

No son pocas las funciones del IEO y su enumeración da una ligera idea del calibre de sus tareas como para que se practique la cicatería con este organismo:

- Elaborar, coordinar y gestionar los programas de investigación y desarrollo tecnológico sobre los recursos vivos marinos en los distintos mares y océanos, incluidos la investigación y el desarrollo tecnológico aplicados a los cultivos marinos, con especial referencia a los que sean de interés para el sector pesquero español.

- Elaborar, coordinar y gestionar los programas de investigación de carácter oceanográfico multidisciplinar, con especial atención a su influencia en los recursos vivos, de acuerdo con las directrices de la Secretaría de Estado de Investigación, y en coordinación con la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

- Representar al Estado en los foros científicos internacionales relacionados con la oceanografía y las pesquerías, en coordinación con los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de Medioambiente, y Medio Rural y Marino. El IEO tendrá la consideración de organismo de referencia para la declaración de zonas de protección pesquera, áreas marinas protegidas y otros espacios.

- Informar sobre los proyectos de normas que se le sometan a consulta y que incidan en los recursos vivos marinos.

- Informar a los órganos administrativos competentes sobre las solicitudes de realización de campañas de investigación por parte de terceros países en aguas de soberanía española.

1 Resolución de 14 de enero de 2014, de la Intervención General de la Administración General del Estado. BOE número 29, de 3 de febrero de 2014.


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- Colaborar con organismos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, para la realización de proyectos de investigación y otras actividades de carácter científico y tecnológico, con atención prioritaria a los objetivos de investigación oceanográfica-pesquera al servicio de la política pesquera del Estado.

- Coordinar y cooperar en los programas de investigación internacionales, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

- Atender prioritariamente los objetivos de investigación oceanográfica-pesquera al servicio de la política pesquera del Estado.

El abandono por parte de la Administración de este ámbito de investigación está llevando a su colapso y sería deseable que se adoptasen medidas para evitarlo.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Agilizar los trámites administrativos de los expedientes (adquisición de equipos o contratación de personal o servicios) a fin de permitir la eficiencia investigadora y la asesoría científica óptima, sin demoras injustificadas que pongan en riesgo los proyectos de investigación.

- Aprobar un cambio en el régimen actual de control económico-financiero que se aplica por parte la Intervención General de la Administración del Estado y creación de un sistema de control ajustado a los fines y actividades que desempeña el IEO.

- Dotar del personal necesario además de cubrir las actuales vacantes, e impulsar una gestión ágil y eficaz, y modificar la Relación de Puestos de Trabajo para optimizar los recursos humanos del IEO, adaptada a la actividad y retos futuros de investigación y asesoría científico-técnica del IEO.

- Aprobar un aumento presupuestario suficiente que corrija el drástico descenso económico de los Presupuestos Generales de 2017, prorrogados a 2018, destinado al Instituto Español de Oceanografía (IEO) a fin de que los distintos centros pueden desarrollar su labor y sus múltiples funciones sin obstáculos.

- Comprometerse a ejecutar el 100 % de los presupuestos destinados en cada ejercicio en base a partidas suficientes que permitan el la eficiencia investigadora.

- Otorgar una mayor autonomía a los distintos centros del IEO, procediendo a una descentralización de su gestión.

- Llevar a cabo una auditoría para detectar y evidenciar las insuficiencias y carencias tanto en recursos humanos como en medios materiales.

- Considerar la modificación del Estatuto del IEO, dotándolo de una nueva estructura participativa, moderna y eficaz.

- Estudiar una modificación del Consejo Rector del Instituto Español de Oceanografía de forma que se contemple una mayor presencia de las CC.AA con mar, la inclusión de personal del IEO adscrito al mismo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Fomento

161/003124

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento, sobre los efectos ambientales, económicos y sociales del temporal Emma en el puerto de Gran Tarajal, en Fuerteventura.


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Exposición de motivos

El pasado miércoles 28 de febrero, el temporal Emma llevó a las instituciones públicas de todo el Estado a activar diferentes niveles de alerta en varias Comunidades Autónomas, siendo el archipiélago canario una de las más afectados. Precisamente en las Islas, uno de los primeros territorios en sufrir sus efectos, fue decretada la situación de alerta máxima por lluvia, vientos y fenómenos costeros con varios días de antelación. De hecho, esta borrasca constituía la tercera borrasca consecutiva que afectaba a Canarias en lo que va de año.

Semejante nivel de previsión no ha servido para evitar que se produjeran cuantiosos daños a consecuencia del mal tiempo. Entre el amplio listado de percances, sin embargo, hay un episodio que debe destacarse por su especial gravedad: el hundimiento de tres gabarras y la inmersión parcial de una cuarta en el Puerto de Gran Tarajal, ubicado en el municipio de Tuineje, en la isla de Fuerteventura. Un suceso que ya ha provocado un importante vertido de fuel en la zona.

Desde el incidente, el Gobierno de Canarias ha convocado al Comité Asesor del Plan Específico de Contingencia por Contaminación Marina Accidental (PECMAR) para evaluar la situación y limitar los efectos del derrame, que amenaza con expandirse desde el puerto y alcanzar a otras zonas del litoral insular. La situación es grave, pues, las embarcaciones afectadas contienen en su interior más de 147,000 litros de gasóleo, almacenados en su mayoría en las bodegas de aquellas que ya permanecen completamente sumergidas bajo el agua.

A pesar del riesgo que entraña esta situación, las instituciones públicas han registrado enormes dificultades y retrasos a la hora de desarrollar las acciones destinadas a contener y restaurar los perjuicios ocasionados por el vendaval, cuyos objetivos deben pasar, principalmente, por recuperar la funcionalidad del muelle cuanto antes, además de revertir los efectos sobre el medio marino y proceder a la restauración de los espacios naturales contaminados.

Por todos estos motivos, la población de Gran Tarajal y la ciudadanía canaria en general, ha criticado muy duramente la dilación con que se ha actuado por parte del Gobierno de Canarias, en este asunto, denunciando, por ejemplo, que se haya tardado tanto en instalar los muros para contener el avance de los vertidos en el perímetro del Puerto, así corno también los retrasos con respecto a la evaluación de los cuantiosos daños materiales que ha provocado la tormenta.

Meses antes de que Emma asolara al Archipiélago, ya se había incidido en el peligro que representaban las embarcaciones ahora siniestradas con sola su presencia en Gran Tarajal. Y es que, por norma general, estas han permanecido durante demasiado tiempo en sus infraestructuras portuarias sin tripulación y en un estado de actividad latente. Un uso impropio para este muelle dedicado la actividad pesquera y no a la industrial.

Por si esto fuera poco, en estos días hemos tenido conocimiento de que la empresa responsable de los barcos sumergidos había solicitado con antelación la autorización a Capitanía Marítima en Las Palmas, dependiente del Ministerio de Fomento, para fondear estas embarcaciones lejos del Puerto de Gran Tarajal, y así evitar que se produjera una situación de riesgo ante la llegada del temporal. No obstante, dicha medida fue denegada por parte de las autoridades.

La sucesión de errores acaecida en los trabajos de previsión, gestión de la infraestructura portuaria en pleno temporal y posterior desarrollo de las labores de rehabilitación en Gran Tarajal, han desvelado la existencia de fallas que afectan directamente al planeamiento institucional en casos de emergencias en esta zona, además de desvelar la necesidad de implementar los procedimientos adecuados para proteger el medio natural marino y depurar responsabilidades políticas sobre todo lo ocurrido.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar a realizar una batería de acciones destinadas a paliar los efectos que el temporal Emma ha causado en el Puerto de Gran Tarajal, en la isla de Fuerteventura, destinadas a paliar los daños ocasionados por el hundimiento de varias embarcaciones y los vertidos de fuel que estas han provocado, con el objetivo de restaurar cuanto antes los daños en su medio natural marino y las infraestructuras portuarias afectadas.


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2. Aprobar un decreto ley específico con motivo de lo acaecido en el Puerto de Gran Tarajal, en el que se establezcan las ayudas y actuaciones pertinentes para contrarrestar los graves efectos del temporal y adoptar, de forma prioritaria, medidas urgentes como indemnizaciones y ayudas económicas destinadas a recuperar la actividad pesquera y regenerar el medio natural afectado por el temporal, además de destinar recursos para las administraciones que les permitan enfrentar los daños ocasionados, además de implementar las medidas necesarias para prevenir nuevos episodios de gravedad similar en la zona.

3. Coordinar junto al Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la ejecución de estas ayudas de emergencia en la zona litoral del municipio de Tuineje, en la isla de Fuerteventura.

4. Convocar junto al Gobierno de Canarias, una Comisión Autonómica de Investigación que sirva para aclarar los hechos y depurar responsabilidades en torno a lo sucedido en el Puerto de Gran Tarajal."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-María del Carmen Pita Cárdenes y Carmen Valido Pérez, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003127

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en servicio del Ferrocarril Ruta de la Plata entre Gijón y Sevilla, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La Vía de la Plata, que originariamente fue la calzada romana que unía las ciudades de Mérida (Augusta Emerita) y Astorga (Asturica Augusta), una de las más importantes de la península Ibérica desde la época prerromana, y cuyo nombre posteriormente pasó a designar toda la ruta que transcurre de norte a sur de la península por la franja occidental, fue utilizada 2000 años después de su creación para proyectar la carretera que une Gijón al Puerto de Sevilla y posteriormente la actual Autovía Ruta de la Plata, vías de comunicación que vertebran el occidente peninsular.

Las vías de comunicación constituyen un factor decisivo para el desarrollo económico de las regiones y territorios que atraviesan hasta el punto de existir una correlación directa entre el nivel económico y el nivel de vías de comunicación de un determinado espacio geográfico. La puesta en servicio de una línea ferroviaria entre Gijón y Sevilla serviría de impulso económico no solo a las provincias del oeste de España, sino también al conjunto del territorio de las comunidades que atraviesa. Los estudios encargados sobre esta vía muestran que el coste económico de esta infraestructura es inferior a los beneficios esperados.

La zona occidental de la Península ibérica tiene, por población, peso económico y situación geoestratégica, entidad suficiente para que sean necesarios tanto una carretera de alta capacidad como un ferrocarril que vertebre económicamente esta zona.

Las industrias asturiana, castellana, leonesa, extremeña y andaluza contarían con una nueva vía para dar salida a sus productos y estas regiones se convertirían en objetivos más interesantes a la hora de introducir nuevas industrias. La infraestructura también serviría de nexo de unión y comunicaciones entre el norte de España y el norte de África sin necesidad de pasar por Madrid, además de permitir la vertebración interregional entre regiones periféricas afectadas por la despoblación, para conseguir que éstas estén bien conectadas en un mundo cada vez más global y competitivo.

En España existe un déficit muy importante en el transporte de mercancías por ferrocarril respecto al que existe en el resto de países de la Unión Europea, esto es un hándicap para la competitividad de las empresas españolas, por ello uno de los objetivos principales en los próximos años es el aumento del porcentaje de mercancías en este medio de transporte.


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Si tenemos en cuenta las cifras de los principales corredores expresados en toneladas km netas observamos que la línea que une actualmente Asturias y más concretamente el puerto de Gijón y Avilés con Sevilla es una de las más significativas en cuanto a tráfico de mercancías se refiere. Esto además se produce sin que a día de hoy exista una conexión ferroviaria eficiente con el Puerto de Algeciras, principal puerto por volumen en España. Por lo que todo indica que la puesta en servicio de la línea ferroviaria Ruta de la Plata está justificada por los volúmenes que hoy se desvían por Madrid.

Si hablamos de Gijón, Sevilla y Algeciras, como importantes puertos marítimos que deben interconectarse no lo es menos su conexión con el Puerto de Huelva en lo que se refiere al transporte de mercancías. Si entendemos que una parte del futuro del transporte de mercancías por ferrocarril pasa por la conectividad ferroviaria con los puertos, es difícil no considerar una línea que asegura dicha conectividad y además vertebra el territorio por el que está trazada, conectando industrias locales y empresas de servicio a lo largo de la Ruta.

El Gobierno de España incluyó en el Plan de Transportes actualmente vigente, PITVI, el estudio para completar la línea ferroviaria entre Gijón y Sevilla, teniendo en cuenta que actualmente está en servicio entre Sevilla y Plasencia, y León y Gijón, por lo que quedaría completar: Plasencia-Salamanca, Salamanca-Zamora y Zamora-León.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo durante el año 2018, el estudio sobre la puesta en servicio del ferrocarril Ruta de la Plata entre Gijón y Sevilla, analizando las infraestructuras nuevas a construir y las mejoras necesarias en las actualmente existentes.

2. Llevar a cabo las mejoras en las frecuencias y los servicios ferroviarios que actualmente circulan por los tramos en servicio en la Ruta de la Plata.

3. Incluir en la planificación las acciones necesarias para poner en servicio el tren Ruta de la Plata entre Gijón y Sevilla."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2018.-César Joaquín Ramos Esteban, Adriana Lastra Fernández, María Aurora Flórez Rodríguez, María del Mar Rominguera Salazar, David Serrada Pariente, María Pilar Lucio Carrasco, María Soledad Pérez Domínguez, José Ignacio Sánchez Amor, Carmen Rocío Cuello Pérez, Antonio Gutiérrez Limones, Antonio Pradas Torres, Juana Amalia Rodríguez Hernández, José Juan Díaz Trillo, Josefa Inmaculada González Bayo y Natalia González Peláez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/003148

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora y acondicionamiento de las pasarelas peatonales de la A-7 en el litoral occidental malagueño, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

A lo largo de la A-7 en el litoral occidental de la provincia de Málaga existen numerosas pasarelas peatonales, muchas de las cuáles se encuentran en un estado "tercermundista". Es el caso de varias de las 15 pasarelas que están en el término municipal de Marbella o de alguna existente entre Fuengirola y Mijas. La causa que provoca dicho deterioro es el salitre, como consecuencia de su proximidad al mar y también la falta de inversiones en mejorar en los últimos seis años.


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El "lamentable" estado en el que se encuentran supone un importante riesgo para la integridad física de las personas que pasan por ella y también para los vehículos que circulan por la A-7, por lo que cabe reclamar al Ministerio de Fomento que lleve a cabo actuaciones con carácter inmediato.

En muchos casos estas pasarelas son el único paso que hay para conectar la parte norte con la sur y se tienen que revisar las estructuras; no queremos que se produzcan accidentes por la rotura de las mismas.

En el caso de Marbella, las 15 pasarelas peatonales en la A-7 cruzan la arteria principal de Marbella y conectan el Hospital Costa del Sol de Marbella, una guardería, hoteles, las urbanizaciones situadas al norte, etcétera. Y por ellas pasan cada día centenares de personas, de ahí la necesidad de mantenerlas en perfectas condiciones.

A esto hay que añadir el estado en el que se encuentra una pasarela peatonal sobre la A-7 que se encuentra junto al mural de bienvenida al municipio fuengiroleño, próximo al Hotel Beatriz Palace y a la gasolinera BP, que es de un importante deterioro. Aunque la entrada sur de esta pasarela corresponde al municipio fuengiroleño, la norte entra dentro de las lindes de Mijas.

Dos municipios de la importancia turística que tienen Marbella y Mijas no pueden permitirse presentar la imagen que dan estas pasarelas. Hay que invertir en mejorarlas por la imagen, pero sobre todo por el riesgo que representan para las personas.

El problema radica en que la inversión del Gobierno de Rajoy en mejora de carreteras ha brillado por su ausencia en la provincia de Málaga en general y particularmente en Marbella, Fuengirola y Mijas.

Aunque Málaga es la provincia donde más recauda por radares de tráfico en todo el país, estamos a la cola de inversiones, de hecho no se eliminan ni puntos negros de tráfico, ni se realizan actuaciones que permitan el acondicionamiento y mejora de estas pasarelas peatonales.

En este sentido le reclamamos al Ministerio de Fomento que inicie de forma inmediata actuaciones de mejora y acondicionamiento de las pasarelas peatonales de la A-7 en el litoral occidental malagueño, dando prioridad a las que se encuentran en peor estado, como son algunas de Marbella y la ya citada entre Fuengirola y Mijas. Con el objetivo de que a final del presente año todas y cada una de estas pasarelas peatonales se encuentren en condiciones óptimas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Iniciar de forma inmediata actuaciones de mejora y acondicionamiento de las pasarelas peatonales de la A-7 en el litoral occidental malagueño, dando prioridad a las que se encuentran en peor estado, como son algunas de Marbella y la ya citada entre Fuengirola y Mijas.

- Garantizar que antes de finales de 2018 todas y cada una de estas pasarelas peatonales se encuentren en condiciones óptimas y no representen riesgo ni para las personas que transitan por ellas ni para los vehículos que circulan por la A-7."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Grupos Parlamentarios firmantes se dirigen a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la Agenda Valenciana de Infraestructuras, el Programa estratégico para la mejora de la movilidad, infraestructuras y el transporte de la Comunitat Valenciana "Uneix", y medidas para conseguir la función social de la vivienda, para su debate en la Comisión de Fomento.


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Exposición de motivos

El 12 de diciembre de 2016, el Consell entregó al Ministro de Fomento el documento denominado "Agenda valenciana de Infraestructuras".

En primer lugar, recoge las que son actuaciones prioritarias para la Comunitat Valenciana, tanto en el ámbito económico, como social, entre las que destaca el Corredor Mediterráneo en sus diferentes tramos; actuaciones en cercanías para satisfacer las demandas de movilidad en la Comunitat de los y las valencianas de forma eficiente e integradora; apoyo al transporte público de las principales áreas metropolitanas, especialmente la del área de Valencia; la petición de reactivas los protocolos y convenios Ministerio de Fomento-Generalitat, para así determinar de forma conjunta una priorización y un calendario de inversiones en carreteras y demás infraestructuras; medidas de coordinación y actuación ante el final de la concesión de peaje de la AP7 en diciembre de 2019; mejoras en la distribución de fondos transferidos a las Comunidades autónomas del Plan de Vivienda y ampliar plazos de ejecución y justificación ante el Ministerio de Fomento; y nuevos plazos de prórroga de la subsidiación de préstamos para vivienda.

La Agenda Valenciana de Infraestructura también plantea que las inversiones en la Comunidad Valenciana que contemplen los planes de infraestructuras promovido por el Gobierno se acuerden entre ambas administraciones y que incluyan la concreción de plazos, presupuesto de las actuaciones y ejecución del mismo. Plantea incluir en los acuerdos, además de las citadas, el eje ferroviario Mediterráneo-Cantábrico, con la modernización de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza; operaciones de integración ferroviaria; y la colaboración Gobierno de España-Generalitat Valenciana-Empresa privada en el desarrollo de la Estrategia Logística. Deja clara la voluntad de la Generalitat de que ese acuerdo se base en la lealtad institucional, en la cooperación, y en el traspaso de información.

También hace una balance de las inversiones realizadas por el Gobierno y detalla actuaciones concretas pendientes tanto en carreteras como en ferrocarril, así como en infraestructuras aeroportuarias, portuarias, y logísticas.

La Generalitat quiere generar un espacio de acuerdo y trabajo, con una clara voluntad de concertación con el ministerio. Para ello plantea: mejorar de la comunicación y cooperación mutua en lo referente a actuaciones en áreas metropolitanas y ferroviarias de integración urbana; reactivar las comisiones de seguimiento de los convenios y protocolos firmados, como los referentes a los Nodos Logísticos, el tren por la Costa, o la línea Xátiva-Alcoi; y la creación de nuevas mesas de técnicas de trabajo, que podrían enmarcarse en el ámbito de convenios y protocolos a firmar entre ambas administraciones.

Finalmente, plantea trabajar sobre mejoras a incorporar en el Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2018-2021 y en el correspondiente Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ministerio de Fomento y la Comunitat Valenciana. Recientemente, se ha aprobado el Plan, pero se ha hecho con un recorte del 75 % en las inversiones, sin incorporar las mejoras demandadas por las Comunidades Autónomas, ni reunir previamente la Comisión Sectorial de Vivienda. A día de hoy, no hay fecha para la firma del correspondiente convenio entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana. Los retrasos interminables que está sufriendo la firma de los convenios con las comunidades autónomas para poner en marcha el plan que debía haberse aprobado en noviembre", ya que, esto "perjudicará la convocatoria de las ayudas y, por tanto, a los ciudadanos que están esperando una subvención". Además, el Ministerio ha cambiado la regulación de la financiación del plan respecto a años anteriores y ahora se condiciona la financiación del Ministerio a que obligatoriamente las autonomías aporten el 30 % del total de la financiación del plan. Una situación que perjudica especialmente a la Comunitat Valenciana por la infrafinanciación que ha constatado en su informe el propio comité de expertos establecido por el Gobierno.

Como se puede comprobar, la Generalitat platea esta "agenda valenciana de infraestructuras" para establecer un marco de colaboración desde la lealtad, desde la capacidad de trabajar juntos, para desbloquear obras y puesta en servicio de infraestructuras fundamentales para mejorar nuestra posición económica y social de la Comunitat.

Además, la Generalitat ha puesto en marcha un proceso para elaborar el Programa estratégico para la mejora de la movilidad, infraestructuras, y el transporte de la Comunitat Valenciana "uneix". Pretende ser un documento estratégico que contendría las actuaciones a desarrollar en el periodo 2018-2029. El marco general del programa será la sostenibilidad, entendida desde tres puntos de vista: económico, cohesión social, y medio ambiente. La Generalitat es consciente que para que esta estrategia tenga éxito es fundamental la concertación social que permita un gran acuerdo que supere en el tiempo el espacio de


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las legislaturas. Para ello será imprescindible la participación y el consenso entre las administraciones, incluido el Gobierno de España, y todos los agentes sociales implicados en el desarrollo de la misma.

Por último, es preciso recordar que la competencia en materia de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda recae en las Comunidades Autónomas como indica el artículo 148 de la Constitución Española. En este sentido, es preciso recordar que en estos momentos, la Generalitat Valenciana está desarrollando sendos planes de movilidad para las principales aglomeraciones urbanas de la Comunitat Valenciana, así como Planes de Acción Territorial que se desarrollarán sobre las principales áreas metropolitanas valencianas.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a acordar con la Generalitat un marco de trabajo y las medidas inmediatas para acelerar el cumplimiento de la "Agenda Valenciana de Infraestructuras", al tiempo que se colabora activamente en las peticiones que se le formulen para la elaboración y posterior aplicación del "Programa estratégico para la mejora de la Movilidad, Infraestructuras y el Transporte de la Comunitat Valenciana -UNEIX-" y de los diferentes planes territoriales. Entre otras acciones, de forma inmediata se tomarán las siguientes:

1. Establecer conjuntamente con la Generalitat los grupos de trabajo técnicos necesarios, o en su caso intensificar los trabajos de los mismos, para establecer los compromisos concretos del Gobierno de España en la agenda valenciana de infraestructuras y en las actuaciones que incluya el "Programa estratégico para la mejora de la Movilidad, Infraestructuras y el Transporte de la Comunitat Valenciana -UNEIX-", una vez que se apruebe.

2. Realizar en los grupos técnicos de trabajo una valoración de la situación de los Protocolos y Convenios entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España en vigor, y los caducados y no renovados, estableciendo en su caso y de mutuo acuerdo la renovación de los mismo y la necesidad de nuevos para cumplir la agenda valenciana de infraestructuras y, una vez aprobado, el "Programa estratégico para la mejora de la Movilidad, Infraestructuras y el Transporte de la Comunitat Valenciana -UNEIX-".

3. Que haya un trabajo conjunto basado en la lealtad institucional, en la cooperación, el traspaso de información, y en que haya una voluntad clara de cumplir los objetivos comunes, las actuaciones, y los compromisos presupuestarios para el cumplimiento de la agenda valenciana de infraestructuras y, una vez aprobado, el "Programa estratégico para la mejora de la Movilidad, Infraestructuras y el Transporte de la Comunitat Valenciana -UNEIX-". Así mismo, establecer los mecanismos oportunos para que los planes territoriales que la Generalitat Valenciana está elaborando, en cumplimiento de sus competencias constitucionales, sean tenidos en cuenta a la hora de diseñar las grandes infraestructuras competencia de la Administración General del Estado.

4. Acordar con la Generalitat Valenciana las inversiones en la Comunitat Valenciana que incluyan o esté previsto incluir en los planes de inversión en infraestructuras del Gobierno de España. Estos planes incluirá las obras acordadas sobre la agenda valenciana de infraestructuras y el "Programa estratégico para la mejora de la Movilidad, Infraestructuras y el Transporte de la Comunitat Valenciana -UNEIX-", una vez aprobado, así como una estimación presupuestaria total por cada actuación que recoja, una planificación temporal, y una previsión de inversiones año a año asociada a fases de ejecución de cada actuación.

5. Facilitar y apoyar a la Generalitat Valenciana en el cumplimiento y ejercicio de sus competencias en materia de vivienda, por lo que debe tomar, entre otras, las siguientes medidas:

a) Retirar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de la Función Social de la Vivienda aprobada por Les Corts Valencianas, dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre un recurso similar presentado por el Gobierno contra leyes de otras Comunidades Autónomas.

b) Tener en cuenta las propuestas que formulen las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Vivienda con relación al Plan Estatal de Vivienda realizando las modificaciones oportunas en el mismo, con especial atención a la inclusión de ayudas destinadas a ampliar el parque público de viviendas por parte de las comunidades autónomas y con el consiguiente aumento de la inversión destinada a políticas de vivienda.


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c) Firmar el convenio con la Generalitat Valenciana sobre el Plan Estatal de Vivienda y tener en cuenta las peticiones que se formulen al respecto. Si se producen reformas en el Plan Estatal de Vivienda, se introducirán en un nuevo convenio, por lo que esa reforma no supondrá un retraso en la firma del convenio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2018.-Herick Manuel Campos Arteseros, Patricia Blanquer Alcaraz, Artemi Rallo Lombarte, José Luis Ábalos Meco, Ana María Botella Gómez y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Joan Baldoví Roda, Marta Sorli Fesquet, Ignasi Candela Serna y Enric Bataller i Ruiz Diputados.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Educación y Deporte

161/003144

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, doña Marta Martín Llaguno y don Francisco lgea Arisqueta, Diputados del mismo Grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para su discusión en la Comisión de Educación y Deporte, sobre la integración de las pruebas EBAU en todas las Comunidades Autónomas.

Exposición de motivos

Debido a la existencia de una Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) distinta en cada comunidad autónoma y la existencia de personal corrector distinto en cada una de ellas, España presenta diferencias significativas entre comunidades que, además, no parece ser coherente con los resultados de los estudiantes en esa comunidad a lo largo de su vida académica, ni en las evaluaciones continuas ni en pruebas externas estandarizadas.

Uno de los ejemplos más claros es el caso de las comunidades de Castilla y León, líder en rendimiento competencial en pruebas como PISA (520 puntos de media) y a la vez con una media de 6,2 en la EBAU.

Por contra, Canarias, que de acuerdo con PISA tiene un rendimiento significativamente más bajo (481 puntos de media) en lectura, matemáticas y ciencia, un mayor % de alumnos con bajo rendimiento y peores índices de equidad, presenta una media de 6,8 en la EBAU (ilustración más abajo, según fuentes de la propia OCDE).

Aún más sorprendente, a pesar de ser Castilla y León una de las comunidades con mayor % de alumnos excelentes en PISA y muy por encima de Canarias, esta presentó un 20,5 % de alumnos con sobresaliente en la EBAU frente a un 9,5 % de Castilla y León.

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Estas diferencias tiene profundas implicaciones en los resultados finales de la EBAU y, por tanto, en las posibilidades de acceso a la universidad y de movilidad de los estudiantes.


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No solo supone una profunda injusticia la aparente inequidad en la evaluación, sino que además los resultados adolecen de transparencia al no ser públicos los resultados que se obtienen por centro educativo en un gran número de CCAA como Baleares, Cataluña o Andalucía, los estudiantes y familias no pueden conocer con anterioridad a la elección de centro cuál ha sido el histórico de resultados y del porcentaje de aprobados en cada centro educativo de esa comunidad.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Abrir un proceso de negociación, en el seno de la Conferencia Sectorial, para desarrollar un sistema de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad homogéneo que garantice la igualdad tanto en los contenidos como en los criterios de evaluación y corrija los desajustes territoriales que existen tanto en los resultados como en el consecuente acceso a la universidad.

2. Instar a las Comunidades Autónomas a que desarrollen mecanismos de publicidad para las notas medias agregadas por centro educativo de la Evaluación del Bachillerato para Acceso a la Universidad en los boletines oficiales de cada Comunidad Autónoma y a habilitar un portal web donde esta información se encuentre disponible para que estudiantes y familias puedan consultar los datos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2018.-Marta Martín Llaguno y Francisco Igea Arisqueta, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos,

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/003143

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz, Irene Montero Gil, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social sobre la revalorización de las pensiones y supresión del factor de sostenibilidad.

Exposición de motivos

El sistema de Seguridad Social constituye un pilar central del Estado del bienestar. Es un instrumento redistributivo y de solidaridad social intergeneracional y un elemento que además de procurar seguridad a la ciudadanía, ha impulsado la estabilización y expansión del crecimiento económico y el mantenimiento de la demanda agregada.

Aunque en el caso español nunca el gasto social ha alcanzado la media europea, a lo largo de los años fue ampliando su cobertura a más personas y ha ido, también, mejorando su intensidad protectora, garantizando la asistencia y prestaciones sociales ante estados de necesidad en una época de crecimiento económico y de un mercado laboral caracterizado por empleos que daban lugar a carreras laborales más continuadas y de mejor nivel retributivo que las actuales.

No obstante, desde 1985 ha sufrido reformas permanentes cada vez que se ha encontrado ante una situación de crisis económica. E incluso se enfrentó a sectores que plantearon reformas sistémicas, un cambio del modelo de reparto al de capitalización durante la crisis de 1992-1995. La alternativa fue el reforzamiento contributivo y la separación de fuentes de financiación que se adoptó en el pacto de Toledo de 1995, lo que suponía que su viabilidad se fiaba fundamentalmente a las cotizaciones, lo que la hacía depender del mercado de trabajo, del empleo y de los salarios.

Todo ello se ha agravado a causa de la crisis económica que estalla en 2008 y que afecta de manera muy fuerte a un sistema de protección social tan dependiente del empleo y de los salarios y al trasladarse la deuda privada a deuda pública acaba afectando también al salario social (servicios públicos, sanidad,


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enseñanza, dependencia, tasas, becas, etc.) a causa de las políticas de ajuste de la deuda mediante recortes del gasto público, sin plantearse en ningún momento la búsqueda de ingresos. El déficit no se creó porque se gastara más sino porque se recaudaba menos y no se intentó buscar otras fuentes de ingresos, tanto para la Seguridad Social como para los demás servidos públicos.

El giro más radical en la política económica del gobierno se produce en mayo del 2010. Tras una primera respuesta a la crisis basada en una política fiscal expansiva -tanto por el lado del gasto público como de los ingresos públicos-, se pasó a una dura política de ajuste y, en la medida que el gasto público en pensiones representa un porcentaje alto del gasto público social, entonces un 28 por ciento, inevitablemente el giro de la política económica afectó la política pública de pensiones.

En la adopción de estas medidas se deja ver la influencia que ejerce la modificación del artículo 135 de la Constitución, que pretende situar la estabilidad presupuestaria por delante de cualquier otro deber o compromiso de los poderes públicos. Y así en consecuencia el artículo 11.5 de la Ley 2/2012 establece que las Administraciones Públicas de Seguridad Social mantendrán una situación de equilibrio (interno) o superávit presupuestario. Además, se establece que el Gobierno "en caso de proyectar un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones, revisará el sistema aplicando de forma automática el factor de sostenibilidad en los términos y condiciones previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social".

Ya se previó por la Ley 27/2011 el denominado factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social para que entrara en vigor a partir de 2027. Ello implica que los parámetros fundamentales del sistema se revisan al fijar su cuantía por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarían cada cinco años.

No obstante, el RDL 3/2013 encargó ya a una Comisión de Expertos el estudio del Factor de Sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social para su aplicación adelantada, como contrapartida al rescate bancario europeo. Ni el Informe de la Comisión de Expertos, ni la Ley 23/2013 que parte de éste, justifican con claros y sólidos argumentos la recomendación de aplicar el factor de sostenibilidad con anterioridad al plazo previsto en la Ley 27/2011. El informe alega que "reforzaría la señal de seriedad en el compromiso con la sostenibilidad presupuestaría del sistema de pensiones que se envía a la ciudadanía, a los inversores internacionales y a nuestros socios europeos". Además dice que la adopción temprana "refuerza, clarifica y asegura el equilibrio del sistema y contribuye a despejar incertidumbres de los pensionistas actuales o de aquellos que están próximos a serlo". Y la Ley 23/2013 siguiendo en gran parte el Informe de la Comisión de Expertos, alegando la crisis económica y las medidas para combatir el déficit fiscal lo ha precisado y ha adelantado su entrada en vigor al 1 de enero de 2019.

El objetivo de estas reformas no es otro que contener el gasto reduciendo la tasa de sustitución de las pensiones de jubilación, que son las que más gasto suponen, de ahí que el factor de sostenibilidad no se aplique a las pensiones de incapacidad permanente ni a las de viudedad, cuya cuantía suele ser más baja. Su aplicación temprana a partir del año 2019 y su revisión cada cinco años supondrán, según algunas estimaciones, una reducción del 5 por ciento por década, de manera que se llegaría a una reducción del 20 por ciento en el año 2050.

Por otra parte, el adelantamiento de su aplicación a 2019, que obedece no a razones demográficas sino de reducción del gasto y de inicio del cambio de modelo, paradójicamente acaba provocando lo contrario: una especie de efecto "llamada" hacia la jubilación antes de que se inicie su aplicación aumentando el gasto en pensiones y desincentivando la prolongación de la vida laboral.

Por otra parte presenta un carácter automático, regresivo, irreversible, no revisable ni recuperable una vez fijado, incluso aunque no se cumplan con posterioridad a la jubilación los parámetros previstos. Su integración en la fórmula de cálculo inicial de la pensión supone que se aplica en todo caso, sea cual sea el contexto y la evolución de la situación económica, lo que puede ser distorsionador y extraordinariamente injusto y una manifestación de una falta de compromiso de la sociedad con los mayores. El principio que se hace actuar en la Ley 23/2013 es el de que los pensionistas son los que deben asumir los riesgos de su propio envejecimiento, de manera que ser más viejo supondrá, con la fórmula de sostenibilidad automática proyectada, inexcusablemente una minoración de los derechos de pensión, de la calidad de la pensión a recibir.

De otra parte la vinculación exclusiva a la esperanza de vida, sin atender a ningún otro factor, revela la intención última de recurrir la cuantía de las pensiones pues es previsible la evolución al alza. Sus


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efectos son desproporcionados, pues conducen a pensiones menguantes, aumenta la vulnerabilidad del colectivo de pensionistas y desfigura el sistema público de Seguridad Social.

Por otra parte, los factores de sostenibilidad son mecanismos de ajuste automáticos que una vez implantados en el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social dan lugar a una aplicación directa por lo que, en teoría, quedarían libres del "riesgo político": su revisión cada cinco años pasaría a ser una cuestión técnica, sin necesidad de alcanzar ningún acuerdo político o social. Precisamente, éste es otro aspecto cuestionable: el hecho de que una vez incorporados al sistema se sustraigan del debate político constituye un primer paso hacia el cambio de modelo de pensiones. Descartada la opción de la sustitución del método de reparto por el de capitalización, la opción que se baraja en los últimos años es proceder a introducir fórmulas de capitalización en el brazo contributivo de nuestro sistema de Seguridad Social.

Por otra parte, en cuanto a la revalorización de las pensiones, hay que recordar en primer lugar su relación con la garantía constitucional de suficiencia. Es decir, se trata de un aspecto esencial del derecho a la protección frente al riesgo de vejez al tratarse de prestaciones que se perciben durante periodos de tiempo muy prolongados.

La revalorización no es separable de la fijación de la pensión, sino que va incorporada a la misma, de ahí su inserción en el brazo contributivo. Por tanto no cabe separarla ni reducirla sin más a una expectativa de derecho. El mecanismo de revalorización es "esencial", indisponible, en la configuración del derecho constitucional a la pensión. El valor de la pensión es tomado en cuenta por la persona beneficiaria como una cantidad que debe mantener su poder adquisitivo, que genera una confianza legítima, clave en la toma de decisiones y en las valoraciones conjuntas y globales que hace el futuro beneficiario. La revalorización se configura como garantía de efectividad de la propia función de las pensiones en un modelo contributivo, es un elemento comprendido en el propio "cálculo de las prestaciones". Resulta difícil defender la existencia de una diferencia esencial entre la pensión de jubilación y su posterior actualización.

Pese a ello en el marco de las medidas de reducción del déficit público se ha contemplado la suspensión de la revalorización (Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, Ley 39/2010, de 22 de diciembre, LPE para 2011, RDL 28/2012, de 30 de noviembre) como medida excepcional y coyuntural.

Las suspensiones de la actualización de las pensiones incumplían la Recomendación número 11 del Pacto de Toledo, recomendación que defendió arduamente el Grupo Parlamentario Popular cuando se tramitó la Ley 27/2011, para un año después, una vez en el gobierno, desconocerla.

En efecto, lo que era coyuntural o temporal en materia de revalorización de pensiones, tras el Informe del Comité de Expertos de 7 de junio de 2013, pasa a ser un cambio permanente. El Informe proponía la no revalorización anual de las pensiones actuales respecto del IPC sino sobre un nuevo índice menor que la inflación, disminuyendo su poder adquisitivo (FRA-Factor de Revalorización Anual). El FRA es un ajuste adicional de manera que la revalorización de las pensiones ya no se vincularía sólo al IPC sino también a otros indicadores que engloban tanto variables demográficas como económicas.

A los recortes derivados de las suspensiones de la revalorización se añade por la Ley 23/2013 el derivado de este nuevo factor, de aplicación inmediata y de gran calado, pues el mecanismo de revalorización teniendo en cuenta el IPC explica una proporción importante del gasto público en pensiones y por tanto el interés en su supresión. Ha pasado del 29 por ciento del gasto en 2008 al 22 por ciento en 2015.

Este nuevo factor no respeta por tanto el artículo 50 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Tampoco el artículo 12 de la Carta Social Europea, ni el Convenio 102 de la OIT (artículo 65.10), ni el Código Europeo de Seguridad Social de 1964, ratificado por España en 1994. Estas normas establecen claramente que las pensiones serán revisadas cuando se produzcan variaciones sensibles del nivel general de ganancias y del coste de la vida. Estos artículos han sido ignorados por la STC 49/2015, de 5 de marzo y posteriores aplicadas a la suspensión de 2012, pero cuyos argumentos previsiblemente serían los mismos para la de 2013

La nueva configuración del índice de revalorización es opaca en su diseño y funcionamiento, arbitraria en la fijación de la cuantía de la revalorización, deja muchos márgenes de discrecionalidad al depender de previsiones, contiene un factor alfa para cuya determinación hay un amplio margen de discrecionalidad de la Administración, lo que genera incertidumbre e inseguridad, y es injusta en sus consecuencias al suponer una importante pérdida del poder adquisitivo de las pensiones

La regulación además es lineal, no distingue la cuantía de las pensiones, y además afecta también a las pensiones mínimas y a las no contributivas (artículo 62 de la LGSS).


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Supone una grave pérdida de nivel de las pensiones y de su suficiencia al no mantener su poder adquisitivo lo que puede traducirse en un empobrecimiento de las personas con pensiones más bajas al afectar también a los complementos para mínimos haciendo prevalecer la idea de esperanza de vida sobre la propia razón de ser de estos complementos, que es cubrir unos mínimos de subsistencia, actualmente muy bajos. De este modo se devalúa y desvirtúa el papel de los complementos de mínimos, cuando la pensión es su única o fundamental fuente de ingresos económicos (STC 113/1989), careciendo de fuentes alternativas de recursos y, sobre todo, de capacidad para generarlos por razón de la edad con grave riesgo de exclusión social y de pobreza. Ello impide políticas de mejora de las pensiones mínimas que vengan a corregir los efectos negativos de las carreras de seguro y de la cuantía de los salarios y de la reforma de 2011.

Ante los niveles de inflación habituales en España, lo normal en las coyunturas expansivas en nuestro sistema económico, de al menos un 2 por ciento, el nuevo factor se traduce en una pérdida de poder adquisitivo de un 1,75 por ciento anual al congelarse durante muchos años la revalorización en un 0,25 por ciento. Es decir, de entre un 7,5 y un 17,5 en diez años y un "ahorro" en gasto de 33.0000 millones a partir de 2014 según reconoce la propia Memoria Económica de la Ley de 2013. Suponiendo que la inflación media sea del 2 por ciento y teniendo en cuenta la esperanza de vida, la pensión media puede depreciarse en torno al 28,5 por ciento en los hombres y en torno al 3,34 por ciento en las mujeres. En cuatro años se habría perdido el 4,14 por ciento y en quince años un 22,86 por ciento. De haberse aplicado el nuevo índice de revalorización en 2011 y 2012, los pensionistas habrían perdido 5,3 puntos de poder adquisitivo, que sólo recuperarían después de veintiún años consecutivos de superávit de la Seguridad Social.

Se trata de una medida regresiva que incidirá en la política de redistribución de rentas y la cohesión social, una discriminación indirecta por razón de sexo ya que estadísticamente hay un mayor número de mujeres titulares de las pensiones más bajas (STJUE C-123/10, asunto Brachner, de 20 octubre 2011).

Esta medida afecta también a las pensiones ya causadas con anterioridad a la reforma, para que el efecto de reducción del gasto sea contundente, pese a que el propio Informe de la Comisión de Expertos de 7 de junio de 2013 contemplaba el nuevo sistema de revalorización a aplicar solo a futuros pensionistas pues entendía que su aplicación a pensionistas actuales podía ser inconstitucional al dar efectos retroactivos un nuevo régimen jurídico, lo que va más allá de las medidas coyunturales y provisionales aplicadas durante la crisis, al afectar a pensionistas que nunca pudieron prever tal cambio, ni reaccionar frente al mismo.

De este modo al afectar no solo a pensiones futuras sino también a las pensiones ya causadas con anterioridad a la Ley de 2013, sin contemplar normas de derecho transitorio, se genera inseguridad no solo económica sino también jurídica, lo que vulnera el principio de irretroactividad de las leyes (artículo 9.3 de la Constitución) y afecta a derechos adquiridos en el momento de jubilarse, pese a que desde el punto de vista de su cuantificación concreta no hubieran todavía ingresado "de hecho" en el patrimonio de los pensionistas, pero sí de derecho. El propio TJUE, en sentencia de 20 de octubre de 2011 (asunto C-123/10 Brachner), afirma con rotundidad que el elemento de la revalorización de las pensiones forma parte del cálculo de su cuantía y como tal constituye un aspecto esencial de la protección de la vejez en cuanto garantía de disposición de los medios adecuados para hacer frente a sus necesidades

Ante esto, hay que indicar que las reformas de Seguridad Social han actuado únicamente sobre el gasto sin contemplar medida alguna en materia de ingresos, que permitan la sostenibilidad del sistema mediante el incremento del volumen de ingresos, ya interviniendo en las cotizaciones, ya mediante la intervención garantista, en todo caso, de los Presupuestos Generales del Estado, mediante recursos obtenidos por vía fiscal.

En el Informe del Comité de Expertos se admite que una de las alternativas para conseguir el equilibrio financiero del sistema de pensiones es la de aumentar los ingresos hasta llegar a los niveles existentes de media en los países de la Zona Euro. Se trata de que los recursos para la financiación de la Seguridad Social estarán constituidos además de por las cotizaciones, por las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter permanente en sus Presupuestos Generales de manera que se alcance la cuantía necesaria para hacer frente al déficit que se produzca cuando los recursos contemplados por cotizaciones sean insuficientes, de manera que se evite proceder a una reducción de la acción protectora y de su alcance en las prestaciones, contributivas o no contributivas y de los complementos por mínimos de pensiones. Es decir, se trata de introducir un sistema de financiación de reparto no estricto. La separación de fuentes de financiación es positiva si se usa como técnica contable para dar transparencia


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y claridad en la gestión del Sistema, pero es muy negativa si se eleva a principio organizativo, que es lo que se está haciendo, porque rompe la consideración conjunta de contingencias y con ello erosiona seriamente el principio de solidaridad.

Y esto es fundamental para la revalorización de las pensiones, que debe financiarse por los presupuestos de la Seguridad Social y también por los Presupuestos Generales del Estado.

Dado que nos encontramos ante un problema de enorme trascendencia para la ciudadanía, puesto que las pensiones son la fuente principal de ingresos de más de nueve millones de pensionistas y de sus familias y teniendo en cuenta que el 1 de enero de 2019 será ya de aplicación para los nuevos pensionistas el factor de sostenibilidad, en esta proposición no de ley se plantea eliminar la modificación introducida por la Ley 23/2013, de 23 de diciembre y restablecer el derecho a la revalorización de acuerdo con IPC previsto y con abono de la diferencia de no cumplirse, o sea, la regulación anterior a la reforma de 2013.

Por todo ello hay que seguir insistiendo en la recuperación de ingresos perdidos mediante la recuperación del empleo pero también de la mejora de su calidad y a través también de la búsqueda de nuevos ingresos y de otras fuentes de financiación modificando el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para reequilibrar la situación financiera actual de la Seguridad Social dejada por las medidas adoptadas durante la crisis económica y para abordar el coste de las medidas sobre revalorización que se plantean.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Iniciar los trámites necesarios para la modificación del artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dándole una nueva redacción en los siguientes términos:

"Artículo 109. Recursos generales.

1. Los recursos para la financiación de la Seguridad Social estarán constituidos por:

a) Las cuotas de las personas obligadas.

b) Las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga.

c) Los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales.

d) Cualesquiera otros ingresos, sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional décima.

e) Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter permanente en sus Presupuestos Generales y que en todo caso, sin perjuicio de la financiación finalista contemplada en los números siguientes de este artículo o en otros artículos de la presente ley, alcanzarán la cuantía necesaria para hacer frente al déficit que se produzca cuando los recursos contemplados en las letras anteriores sean insuficientes, de manera que se evite proceder a una reducción de la acción protectora y de su alcance en las prestaciones, contributivas o no contributivas y de los complementos por mínimos de pensiones.

2. La acción protectora de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva y universal, se financiará mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.3, primer inciso, en relación con la letra c) del apartado 2 del mismo artículo, con excepción de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y servicios sociales cuya gestión se halle transferida a las comunidades autónomas, en cuyo caso, la financiación se efectuará de conformidad con el sistema de financiación autonómica vigente en cada momento.

Las prestaciones contributivas, los gastos derivados de su gestión y los de funcionamiento de los servicios correspondientes a las funciones de afiliación, recaudación y gestión económico-financiera y patrimonial serán financiadas básicamente con los recursos a que se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado anterior, así como, en su caso, por las aportaciones progresivas del Estado que se consignen en sus Presupuestos Generales.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, la naturaleza de las prestaciones de la Seguridad Social será la siguiente:


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a) Tienen naturaleza contributiva:

1.ª Las prestaciones económicas de la Seguridad Social, con excepción de las señaladas en la letra b) siguiente.

2.ª La totalidad de las prestaciones derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

b) Tienen naturaleza no contributiva:

1.ª Las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria incluidos en la acción protectora de la Seguridad Social y los correspondientes a los servicios sociales, salvo que se deriven de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

2.ª Las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación.

3.ª El subsidio por maternidad regulado en los artículos 181 y 182 de esta ley

4.ª Los complementos por mínimos de las pensiones de la Seguridad Social.

5.ª Las prestaciones familiares reguladas en el capítulo I del título VI".

- Iniciar los trámites necesarios para la derogación del artículo 210.1, último párrafo, el artículo 211 y la disposición adicional 22.ª, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

- Iniciar los trámites necesarios para la derogación del último párrafo de la Disposición Final única del propio Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre, en su articulado inicial.

- Iniciar los trámites necesarios para la modificación del artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dándole una nueva redacción en los siguientes términos:

"Artículo 58. Revalorización.

1. Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año.

2. Si el índice de precios al consumo acumulado, correspondiente al período comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico a que se refiere la revalorización, fuese superior al índice previsto, y en función del cual se calculó dicha revalorización, se procederá a la correspondiente actualización de acuerdo con lo que establezca la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado. A tales efectos, a los pensionistas cuyas pensiones hubiesen sido objeto de revalorización en el ejercicio anterior, se les abonará la diferencia en un pago único, antes del 1 de abril del ejercicio posterior.

3. Si el índice de precios al consumo previsto para un ejercicio, y en función del cual se practicó la revalorización, resultase superior al realmente producido en el período de cálculo descrito en el apartado anterior las diferencias existentes serán absorbidas en la revalorización que corresponda aplicar en el siguiente ciclo económico.

4. A efectos de la fijación del índice de revalorización se tendrán en cuenta también otros factores como la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general."

- Reconocer el derecho a percibir una paga a las y los pensionistas afectados por la entrada en vigor de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, a percibir de una sola vez, y que cubra la diferencia entre la cuantía de la pensión percibida y la que hubiera correspondido de aplicar a este periodo la revalorización del IPC correspondiente durante los ejercicios de 2016 y 2017."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar las condiciones laborales del colectivo de personas con discapacidad y el funcionamiento y control de los Centros Especiales de Empleo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

Actualmente en el Estado español hay 1.774.800 personas con discapacidad en edad de trabajar (16-64 años). Si bien el Estado destina mucho dinero a este colectivo, la realidad es que sigue existiendo una importante brecha salarial entre las personas discapacitadas de las que no lo son, siendo los salarios una medía de 17,10 % más bajos que los del resto de la población según Odisnnet (Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España-Fundación ONCE). La principal causa por las que se produce esta brecha salarial es porque el empleo que se ofrece a las personas con discapacidad es mayoritariamente para puestos de trabajo poco cualificados, según Odismet las cuatro ocupaciones de mayor contratación son para personal de limpieza, peones, camareros, conserjes y vigilantes. Si bien, existen muchos programas de formación para personas con discapacidad, no acaba de haber una conexión directa con las empresas. Se debe crear un vínculo entre empresa y trabajador con discapacidad mediante el compromiso por parte de las grandes empresas, de ofrecer la posibilidad de realizar prácticas remuneradas (sin límite de edad) para personas con discapacidad, pudiendo la empresa beneficiarse directamente de excelentes bonificaciones.

Los Centros Especiales de Empleo se definen, en teoría, como instituciones de integración laboral de las personas con discapacidad en el mundo laboral, cuando por sus circunstancias de orden personal, consecuentes con su discapacidad, no puedan ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales. El objetivo principal de estas instituciones es el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, y cuya finalidad es asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores con discapacidad. Así pues, el objetivo de los Centros Especiales de Empleo es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a las características del trabajador, en orden a favorecer su adaptación personal y social y facilitar, en su caso, su posterior integración laboral en el mercado ordinario de trabajo.

La relación laboral que vincula a la persona trabajadora con discapacidad con la empresa que tiene reconocida la condición de Centro Especial de Trabajo no se rige por la normativa laboral común que legal o convencionalmente pudiere resultar de aplicación con carácter general a la actividad que se desarrolla en la misma, sino por las leyes y convenios colectivos específicos referidos a este singular tipo de empresa. Las circunstancias que concurren en la persona con discapacidad determinan una menor capacidad de ganancia y ello justifica la existencia de una normativa laboral diferente. Es decir, al trabajador con discapacidad que presta sus servicios en un Centro Especial de empleo se le aplica un convenio específico de Centros especiales de Empleo con salarios muy inferiores a cualquier otro trabajador del sector, bajo el pretexto de que la persona trabajadora con discapacidad tiene mermada su capacidad de trabajo, cuando en muchas ocasiones no es así.

Así pues, los Centros Especiales de Empleo, si bien son instrumentos imprescindibles para la creación de empleo para personas con discapacidad, lo cierto es que muchos de los trabajadores que prestan sus servicios en ellos como discapacitados tienen una capacidad de trabajo igual que cualquier otro trabajador, es decir, su discapacidad no merma la capacidad de trabajo. Es común ver ofertas de trabajo de CEE donde se exige que el trabajador tenga buena movilidad, pueda coger peso, etcétera ¿dónde está la integración y adaptación en estos casos? Si la discapacidad no influye negativamente en la capacidad de trabajo que se les exige (buena movilidad, por ejemplo), ¿qué justificación tiene una rebaja salarial?

Además, el hecho de obtener mano de obra barata, ha desvirtuado la labor social de los CEE para pasar a ser un negocio en beneficio de unos pocos. Si el Estado concede a estos CEE múltiples ayudas: bonificación del 100 % de las cuotas a la seguridad social, subvención del coste salarial con la mitad del salario mínimo interprofesional, subvenciones de 9.015,18 euros a 12.020,24 euros por la conversión de


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contrato a indefinido... Ello, además de otorgar subvenciones para adaptación de puestos de trabajo, para equilibrar y sanear financieramente un CEE... no tiene sentido que el único que no se beneficie de tantas ayudas sea la propia persona trabajadora con discapacidad que acaba cobrando un salario inferior a cualquier trabajador del mismo sector realizando, en muchas ocasiones, y en especial mediante enclaves laborales, exactamente el mismo trabajo y en el mismo centro que su compañero no discapacitado, es por eso que se hace necesaria una revisión del funcionamiento de los CEE así como del Convenio Colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, en especial de las categorías más bajas, para equipararlo a los salarios del sector.

¿Cómo es posible que un Centro Especial de Empleo facture a la empresa suministrada, por los servicios de una limpiadora a tiempo completo, a 1.650 euros (más IVA) mensuales, cuando el salario de la limpiadora rondará como mucho los 860 euros brutos (pagas extras incluidas) siendo el coste real para el CEE solo 429,27 euros (recordemos que el estado paga la mitad del salario mínimo así como el 100 % de la seguridad social)?, ¿dónde van a parar los 1.220 euros de diferencia que se lleva mensualmente de margen el CEE de cada persona trabajadora además de otras subvenciones y ayudas? ¿No es más lógico que la limpiadora sea contratada directamente por la empresa y cobre como mínimo el salario de convenio al igual que cualquier otro trabajador? ¿Cómo no va a haber más de 2.000 centros especiales de empleo si es un auténtico negocio nutrido de las subvenciones del estado y del esfuerzo de los trabajadores con discapacidad? Esta brecha salarial entre un trabajador con discapacidad de otro sin discapacidad, muchas veces se excusa en que la capacidad de trabajo de la persona con discapacidad se encuentra disminuida, cuando en muchos casos eso no es cierto. Por ello, es imprescindible distinguir la persona discapacitada con disminución de capacidad para un puesto de trabajo en concreto, de la persona discapacitada sin disminución de capacidad para un puesto de trabajo. Una persona discapacitada que va en muletas puede atender perfectamente el teléfono en un call center, es por ello, que no tiene que ver reducido su salario.

En conclusión, la persona discapacitada que no vea mermada en más de un 33 % su capacidad de trabajar, debe cobrar el mismo salario que cualquier otro trabajador. Por tanto, la pérdida de la capacidad de trabajo tiene que ser real, contrastada por profesionales externos (no del propio CEE), no sirviendo el mero hecho de poseer certificado de discapacidad para justificar reducciones salariales, sino una clara evidencia de que el trabajador ve mermada su productividad en mínimo un tercio. Debe ser incentivada la contratación de todos los discapacitados, tanto los discapacitados que vean mermada su capacidad de trabajo en más de un 33 % como los que no vean mermada su capacidad de trabajo, siendo la única diferencia la aplicación de una mínima reducción salarial en casos concretos y debidamente certificados por profesionales externos confirmando que la discapacidad mermará la capacidad de trabajo y por tanto la productividad.

La elevada tasa de desempleo en el Estado español y la crisis hace que muchas personas con discapacidad baja-media acaben trabajando en centros especiales de empleo con una capacidad de rendimiento del 100 % pero con un salario muy inferior. Todo ello, está creando un mercado de trabajadores de segunda y se debe evitar facilitando el acceso directo de este colectivo a las empresas. Dos terceras partes de los contratos que se realizan a personas con discapacidad son en Centros Especiales de Empleo, el 80 % de ellos temporales y asociados a tareas poco cualificadas. La precariedad está subvencionada por el mismo estado con innumerables subvenciones y bonificaciones, además de contar con ventajas fiscales.

Los CEE se ven favorecidos por un Convenio Colectivo específico para CEE que remunera por debajo de otros convenios. Acaban ofreciendo mano de obra barata vulnerando el principio de igualdad entre trabajadores, y discriminando al trabajador discapacitado al tener una remuneración reducida un 25 %. El estado debe controlar los CEE para que dejen de ser un negocio y cumplan con su función social de integración laboral de personas con discapacidad, y en especial a esas personas con grados de discapacidad más elevados o con más dificultades en el acceso al mercado laboral, que actualmente están fuera de mercado. Fomentándose por otro lado, la contratación directa del resto de personas con discapacidad, para así cumplir con las directrices de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 de la Comisión Europea, adoptada en 2010, que se basa en el compromiso de crear empleos de calidad que aseguren una independencia económica de las personas con discapacidad, fomentando los logros personas y ofreciendo mejor protección frente a la pobreza.


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Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Mejorar la capacidad y empleabilidad de las personas con discapacidad, mediante una formación específica y cualificada incluyendo prácticas obligatorias remuneradas en grandes empresas sin límite de edad, así como la incentivación al acceso directo al mercado laboral, una vez finalizadas las prácticas, en colaboración con las Comunidades Autónomas y respetando el actual marco de distribución de competencias. Las grandes empresas, tendrán la obligatoriedad de incluir trabajadores con discapacidad en régimen de prácticas remuneradas en la plantilla.

2. Impulsar las modificaciones legales oportunas con el fin de garantizar la integración real de las personas con discapacidad al mercado laboral mediante la aplicación a la empresa ordinaria de las mismas bonificaciones que se aplican a un centro especial de empleo, con la garantía de que el trabajador discapacitado cobre el mismo salario que el resto de trabajadores con la misma categoría profesional y ajustado al convenio colectivo de la empresa o sector. Esto es, bonificación del 100 % de las cuotas a la seguridad social del salario de convenio, así como una subvención de parte del coste salarial.

3. Realizar una campaña de sensibilización a nivel estatal, en las distintas lenguas del Estado y en todos los medios de comunicación, sobre las capacidades y contribuciones de las personas con discapacidad en la sociedad, concienciando en especial a los empresarios en todo lo referente a la discapacidad así como las diferentes políticas de contratación y las ventajas que conlleva la contratación de personas de este colectivo.

4. Revisar por parte de las inspecciones de trabajo mediante campañas específicas para el cumplimiento de la obligación de reserva del 2 % para empresas de más de 50 trabajadores, dando unos plazos determinados para que procedan a cubrir estos puestos reservados a personas con discapacidad mediante contratación directa, respetando en cualquier caso las competencias de las Comunidades Autónomas que han asumido de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía las competencias en materia de inspección de trabajo.

5. Controlar la función social de los centros especiales de empleo para el acceso prioritario de personas con discapacidad que vean mermada su capacidad de trabajo, con el fin de cumplir con el objetivo de integrar a personas con discapacidad, dando prioridad a las personas con discapacidades más severas, en coordinación con las Comunidades Autónomas y respetando el actual marco de distribución de competencias.

6. Controlar de la cesión ilegal de trabajadores que se da en los Centros especiales de empleo, cediendo trabajadores que prestan sus servicios a otras empresas con salados inferiores al convenio colectivo de empresa usuaria o sector, en coordinación con las Comunidades Autónomas y respetando el actual marco de distribución de competencias.

7. Realizar una Campaña antifraude y control financiero de todos los Centros especiales de empleo para que justifiquen en qué partidas se invierte todo el dinero recibido de las subvenciones y ayudas del Estado.

8. Impulsar las modificaciones legales oportunas con el fin de lograr la equiparación salarial de las personas con discapacidad mediante el control del "precio convenido" por parte de los centros especiales de empleo y de empresas colaboradoras que se ampara en el artículo 5 del RD 290/2004, por el que se regulan los enclaves laborales, que implican el abaratamiento de los contratos de trabajadores con discapacidad. Este "precio convenido" por el servicio, debe someterse obligatoriamente al límite del salario que abona la empresa colaboradora a sus trabajadores sin discapacidad que ocupan puestos similares, es decir al convenio colectivo aplicable al resto de trabajadores.

9. Impulsar la revisión de los Convenios Colectivos específicos de los Centros Especiales de Empleo para equiparar los salarios de sus trabajadores a los salarios de los Convenios colectivos del sector y ámbito, así como establecer una reducción salarial inferior a la actual (máximo 15 %) para aquellas personas con discapacidad que implique disminución de su capacidad de trabajo superior al 33 %, previa


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certificación de un profesional externo en coordinación con las Comunidades Autónomas y respetando el actual marco de distribución de competencias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2018.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre una moratoria en la acreditación de la condición de consumidor vulnerable para acogerse al Bono social eléctrico, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

El próximo 6 de abril es la fecha límite para que los consumidores acogidos al Bono social Eléctrico antes de la entrada en vigor del nuevo RD 897/2017 2 lo puedan renovar.

Son muchas las dificultades que se encuentran estas personas, por lo que podría reducirse el número de personas beneficiarias de dicho Bono.

Aunque el RD 897/2017 supone un avance importante para acometer la pobreza energética presente en el paisaje social del Estado, las deficiencias presentes en la normativa han creado una situación en la que a fecha de hoy, la mayoría de CCAA no ha designado el órgano gestor que establece el RD 897/2017 para centralizar las comunicaciones de impagos a las compañías.

Catalunya ha impugnado el RD 897/2017, y el recurso de inconstitucionalidad presentado por Castilla-La Mancha ha sido admitido a trámite por parte del Tribunal Supremo.

Los representantes de las CCAA del ámbito social en la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrada el 21 de febrero, han solicitado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad poder tratar con el Ministerio de Industria sobre las deficiencias normativas en materia de protección de datos, así como de protocolos y procedimientos necesarios para proteger de forma efectiva a los consumidores vulnerables y severos.

El RD 897/2017 impone cargas económicas sin más a las CCAA y a las administraciones locales que deben hacerse cargo del 50 % de los impagos para que un consumidor pueda acceder o renovar el bono social.

A la luz del RD 897/2017 los consumidores deben poder tramitar el cambio de titularidad del servicio o contador a su nombre para poder acceder al bono social, y que en caso de vulnerabilidad o pobreza severa deben tener el bono social para no ver interrumpido el suministro por parte de las compañías.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Modificar el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, con la finalidad de conseguir una moratoria de seis meses a los plazos indicados en la disposición transitoria primera para la acreditación de la condición de consumidor vulnerable de energía eléctrica de

2 Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, que regula / concreta / desarrolla el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.


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las personas que ya eran beneficiarias del Bono social a la fecha de entrada en vigor de la Orden ministerial referida en el artículo 7.1.

2. Solicitar un informe al CNMC y al Consejo Territorial de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, en referencia a las dificultades existentes en el Procedimiento de acreditación de la condición de consumidor vulnerable, que contenga medidas para una mayor simplificación y eficiencia de dicho procedimiento.

3. Solicitar un informe económico a la CNMC que cuantifique, a la vista del Real Decreto 897/2017, el coste para todas las administraciones implicadas en cada CC.AA. en la aplicación del nuevo modelo de bono social.

4. Impulsar una campaña de divulgación para que las compañías faciliten a los consumidores la obtención del bono social."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2018.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre transición energética justa en territorios especialmente vulnerables, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

Diez años atrás, en el transcurso de la IX Legislatura, la Comisión de Industria y Energía del Congreso de los Diputados constituyó una subcomisión para el estudio del sector energético. Durante dos años llevó a cabo un completo estudio de la realidad energética del país de la mano de decenas de expertos, académicos y responsables de los distintos subsectores. De forma análoga, la Comisión mixta Congreso-Senado para el estudio del cambio climático desarrolló su tarea durante la IX Legislatura, sentando las bases para una ambiciosa y viable política de cambio climático. Las conclusiones de ambas iniciativas parlamentarias certificaban el radical cambio tecnológico que se estaba produciendo y recomendaban, como estaba ocurriendo en todos los países del entorno en aquellos momentos, el diseño de una legislación sobre cambio climático y transición energética para aprovechar las potencialidades de nuestro país y gestionar, desde el máximo consenso social, los cambios asociados a los procesos de transición ya en curso.

Lejos de atender las sólidas recomendaciones de las respectivas Comisión y subcomisión, e instalado ya en la mayoría absoluta de la X Legislatura, el Grupo Parlamentario Popular impuso, desde el rodillo de sus votos, contra todo y contra todos, una Ley del Sector Eléctrico (Ley 24/2013, de 26 de diciembre), que lejos de disipar los nubarrones que se cernían sobre el sector energético en su conjunto, acabó por convertirse en su mayor problema, sin avanzar en absoluto, más allá de la retórica, en materia de cambio climático. Las consecuencias han sido nefastas para todos los subsectores que integran el sistema energético arrastrados por la marea de inseguridad jurídica generada tras la aprobación de diferentes normas con efectos retroactivos -que han conllevado la pérdida de 70.000 empleos en el sector de las energías renovables y la ruina de decenas de miles de pequeños inversores-, así como la citada Ley 24/2013.

Todo ello ha supuesto un verdadero lastre para la actividad económica, y un riesgo creciente de vulnerabilidad social.

Llama la atención, por ejemplo, la desidia del Gobierno respecto de la situación de diferentes territorios especialmente sensibles ante la transición energética: en el caso de la central nuclear de Santa María de Garoña, el Gobierno de Rajoy abandonó el programa de incentivos a la reindustrialización de la comarca -aprobado por el Gobierno socialista en la perspectiva del cierre de la planta, previsto para 2012-, con la justificación de que se favorecería la ulterior prolongación de la vida de la planta, de acuerdo con el compromiso electoral asumido por Rajoy. Pero todos los esfuerzos del Gobierno no han impedido


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finalmente la decisión de cierre por parte de la empresa, habiéndose perdido casi seis años en cuanto al apoyo público a la reindustrialización de la comarca.

Análoga irresponsabilidad ha demostrado el Gobierno en el ámbito del carbón nacional, con la vulneración flagrante de los acuerdos firmados con el sector, ignorando hasta ahora todas y cada una de las resoluciones aprobadas en sede parlamentaria, instando a respetar y aplicar las medidas pactadas. Entre esas medidas incumplidas está el abandono de la CIUDEN, donde se estaban desarrollando proyectos punteros de captura del CO2.

Un buen número de países de nuestro entorno cuentan ya con sus leyes de cambio climático y estrategias de transición energética justa. España, siendo el país europeo más vulnerable a los efectos del cambio climático, carece todavía de esos instrumentos de planificación que deberían homologarnos al resto de Europa, en cuanto a objetivos de reducción de emisiones y a las medidas y herramientas para hacerlos efectivos.

Mientras tanto, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento europeo han comenzado ya las negociaciones para alcanzar en los próximos meses un acuerdo sobre el denominado "Paquete de invierno", el conjunto de disposiciones comunitarias que establecerán las condiciones concretas de la transición energética en todos los países miembros, en el horizonte de 2030 y de 2050. Teniendo en cuenta la horquilla en la que muy probablemente se situarán estas condiciones, la mayoría de los Gobiernos de la UE han establecido ya programas que garantizan una "transición justa" en los territorios más vulnerables ante la citada transición, anticipándose así para evitar efectos no deseables en términos de empleo y de actividad económica. Existen, por lo tanto, experiencias concretas que deberían haber sido ya integradas por nuestro Gobierno en un programa plurianual concertado con las administraciones territoriales y los agentes sociales y económicos concernidos. Una vez más, el PSOE tiene que denunciar la inacción del Gobierno en un ámbito en el que se están acelerando los cambios tecnológicos y empresariales y donde se requiere cuanto antes una respuesta predecible y estructurada, de forma que no se produzca ningún cese de actividad que no se vea precedido por un conjunto de medidas dotadas presupuestariamente y suficientemente consensuadas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aprobar, con carácter urgente, un Programa decenal de actuaciones para la transición energética justa en territorios especialmente vulnerables, definidos por el peso en los mismos de actividades asociadas a la extracción y al uso del carbón, así como a la generación de energía nuclear. El citado Programa fijará objetivos, plazos y recursos, y quedara sometido a una evaluación anual de su cumplimiento en el Congreso de los Diputados.

2. El citado Programa tiene como principal objetivo anticiparse y evitar cualquier efecto no deseable de la transición energética sobre el empleo y la actividad económica en los territorios concernidos. Para ello, el Gobierno diseñará las políticas activas de empleo más idóneas para favorecer el proceso de transición energética justa, estableciendo compromisos presupuestarios de inversión pública de la Administración General del Estado, así como mecanismos de cooperación con las correspondientes Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

3. El Programa establecerá asimismo incentivos fiscales para favorecer la inversión privada en los dichos territorios, y creará la figura de las Agencias regionales para dinamizar la transición energética justa, en la línea de los ejemplos ya existentes en el Reino Unido, Alemania y Francia.

4. Este Programa deberá incluir, entre otras, medidas específicas para el apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación, incluyendo la reactivación de proyectos en materia de almacenamiento y captura de CO2, el empleo y la formación, la recuperación y promoción de iniciativas empresariales, la regeneración de los territorios afectados, y la restauración medioambiental y uso alternativo de los emplazamientos.

5. El Gobierno cumplirá, de manera efectiva y en su totalidad, el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el período 2013-2018, cuya vulneración por parte del Gobierno ha sido reiteradamente denunciada por los firmantes del mismo. Asimismo, el Gobierno definirá el papel del carbón autóctono como reserva estratégica.


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6. El Gobierno se incorporará, de forma inmediata, a todas las iniciativas europeas e internacionales orientadas a promover la transición energética justa de los territorios vulnerables. En particular, el Gobierno creará una unidad especializada que garantice el máximo acceso a fondos comunitarios y del Banco Europeo de Inversiones para las actuaciones que se acojan al citado Programa, estableciendo además incentivos específicos para acelerar la concreción de las actuaciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2018.-María Pilar Lucio Carrasco, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la aplicación efectiva del bono social eléctrico, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

La aprobación del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica supuso un avance importante para poder abordar la pobreza energética y evitar los cortes de suministro eléctrico a los consumidores vulnerables severos. Por primera vez, en nuestra legislación del sector eléctrico, se creó como novedad una nueva categoría en la lista de suministros de energía eléctrica que tienen carácter de esenciales según el artículo 52 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Así, se contempla que los suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes en relación con dichos suministros por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de exclusión social tendrán carácter de esenciales. Estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual y el cumplimiento de los requisitos indicados deberá ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las referidas Administraciones Públicas.

Asimismo, el 7 de octubre y el 9 de octubre de 2017 fueron publicados el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica y la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, que lo desarrolla, respectivamente.

No obstante, según establece el apartado 1 de la disposición transitoria primera del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, los consumidores de energía eléctrica que sean beneficiarios del bono social, dispondrán del plazo de seis meses desde la fecha de entrada en vigor de la citada Orden para acreditar la condición de consumidor vulnerable de conformidad con lo dispuesto en el citado Real Decreto. Es decir, los consumidores que vienen beneficiándose del bono social y que cumplan los requisitos para ser considerados consumidores vulnerables tienen de plazo hasta el 10 de abril para poder solicitar y acogerse a las nuevas categorías del bono social.

Por ello, aproximadamente 2,4 millones de consumidores eléctricos vulnerables deberían haber renovado antes del 10 de abril su derecho a descuentos de entre el 25 % y el 40 % en el recibo de la luz conforme a la nueva legislación aprobada en octubre del pasado año. Sin embargo, el ritmo de renovaciones parece no ir al ritmo adecuado. Según las empresas que desarrollan la actividad de comercialización de energía eléctrica quedan aproximadamente un millón de consumidores potenciales que no han iniciado los trámites de renovación del citado bono social. También las organizaciones y asociaciones de consumidores están manifestando que la mayoría de los consumidores vulnerables no tienen conocimiento de que deben renovar el bono antes de que finalice el periodo transitorio.

Ante esta situación de escasas solicitudes de renovación, las deficiencias en la gestión del procedimiento de solicitud y la inexistencia de campañas de publicidad y comunicación, el Gobierno se ha visto obligado a extender seis meses más los plazos para renovar el bono social. Si bien es verdad que cualquier potencial consumidor vulnerable o severo puede acogerse a los beneficios del bono social en


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cualquier momento y, por tanto, tener derecho al descuento en la factura eléctrica, aunque se tramite con retraso, también es cierto que puede suceder que muchos consumidores se encuentren con facturas sin el descuento habitual del que venían beneficiándose.

Aunque las empresas comercializadoras de referencia están obligadas a informar a los consumidores con derecho al precio voluntario para el pequeño consumidor sobre la existencia y contenido del bono social en todas sus facturas, la principal barrera de acceso por parte de los consumidores vulnerables es el desconocimiento de dicho descuento por parte de los mismos o la estigmatización de acudir a los servicios sociales en el caso de los consumidores vulnerables severos.

Por ello, no se entiende que el Gobierno no haya lanzado una campaña de información y comunicación institucional en colaboración con los servicios sociales de las administraciones competentes (CCAA y EELL) dirigidas a los consumidores explicándoles el procedimiento de solicitud del bono social y los beneficios de acogerse a él.

Además, varias Comunidades Autónomas en el ámbito de los servicios sociales han puesto de manifiesto serias deficiencias sobre los procedimientos más efectivos para proteger a los consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. En el marco de lo establecido en los artículos 145 a 152 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, convocar, con carácter urgente, una reunión conjunta del Consejo Territorial de Servicios Sociales y la Conferencia Sectorial de Energía para conocer y evaluar las actuaciones relacionadas con la aplicación del bono social y con la suspensión del suministro por impago de la factura, tras la aprobación del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, y la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre.

2. Llevar a cabo campañas institucionales de publicidad y comunicación sobre el procedimiento de solicitud del bono social eléctrico, en colaboración con los servicios sociales de las Comunidades Autónomas y las organizaciones y asociaciones de consumidores, con la finalidad de llegar a la máxima divulgación posible.

3. Solicitar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elabore y publique un informe de evaluación, con carácter anual, sobre la eficacia y eficiencia del bono social, su financiación y sobre la información relativa al número de cortes de suministro, y las razones de los mismos, que se hubieran llevado a cabo durante el año anterior. A estos efectos, la CNMC podrá realizar y publicar recomendaciones para la modificación de la normativa sobre el bono social eléctrico."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2018.-María Pilar Lucio Carrasco, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la realización de estudios de dinámica litoral, defensa y propuestas de mejora en las playas de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga con problemas erosivos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


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Exposición de motivos

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha desarrollado en cinco zonas del litoral español estrategias de actuación para la protección de la costa, que se han concretado en estudios de dinámica litoral, defensa y propuestas de mejora en las playas con problemas erosivos, considerando los efectos del cambio climático. Las zonas incluidas han sido Huelva, Maresme, Sur de Castellón, Sur de Valencia y la costa de Granada.

La Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga, que agrupa a los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y Manilva, comparte con todas las zonas incluidas en dichas estrategias una misma sintomatología y no debe quedar relegada a un segundo plano. Esta conurbación agrupa también a una población de más de 525.000 habitantes de derecho y casi el doble de hecho, concentrando el 40 % del turismo de Andalucía, lo que supone la gran mayoría del 85 % del PIB del sector servicios provincial gracias a un potente sector turístico, que vive ligado principalmente a la calidad de sus servicios litorales, playas, puertos u hoteles. No en vano, la Costa del Sol cuenta con el mayor número de playas de toda la comunidad autónoma de Andalucía, concretamente, 124 playas de un total de 321. Los datos aportados por organismos oficiales y del propio sector indican que en la costa se han superado en 2017 los 12 millones y medio de turistas, con cerca de 120.000 empleos directos y casi 30 millones de pernoctaciones en establecimientos turísticos reglados, incrementándose las buenas cifras de años anteriores.

Para mantener la pujanza y mejorar la rentabilidad económica, y sobre todo la sociolaboral, de este sector económico vital para la provincia de Málaga, se hace necesaria la realización de dichos estudios, que de manera integral analicen de forma conjunta todas las variables del litoral de la Costa del Sol Occidental malagueña, incluyendo sus valores ambientales y socio-económicos, junto con los aspectos relacionados con los usos residenciales que se asientan junto al litoral y las infraestructuras existentes en el mismo, y que proponga soluciones a corto, medio y largo plazo a la degradación de su litoral.

Hasta la fecha, existen estudios de estabilización y adecuación puntuales de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio elaborados en 2012 para la intervención de pequeñas zonas de este litoral, en municipios como Marbella, pero a pesar de su escasa entidad y del tiempo en que han sido elaborados, no acaban de materializarse.

El propio ayuntamiento de Marbella, al amparo de lo previsto en el artículo 82 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas que contempla la posibilidad de que las corporaciones locales participen en la financiación de las obras competencia del Estado, aprobó a principios del año 2017, por unanimidad, una iniciativa de IU Los Verdes ofreciendo al Ministerio la colaboración del Ayuntamiento en la financiación de los proyectos y obras para la estabilización de las playas del término municipal. Se solicitaba también la realización por parte del Ministerio de un estudio integral de la Costa del Sol, que se enmarcara en las estrategias para la protección de la costa, y que en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se incluya la partida presupuestaria para su ejecución inmediata. A día de hoy, el Gobierno no ha dado respuesta ninguna al ayuntamiento de Marbella, ni ha ofrecido ninguna solución a la Costa del Sol, a excepción de la continuación de la tramitación de unos proyectos constructivos que deberían haber sido culminados hace años.

Pero una vez más, los temporales de marzo de 2018 han afectado con una violenta intensidad a la costa andaluza, especialmente a las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga; temporales a los que hay que sumar los efectos también muy agresivos de temporales sufridos en años anteriores. Los efectos de estos temporales han afectado especialmente a algunas zonas del litoral donde existen instalaciones y construcciones que ocupan el Dominio Público Marítimo Terrestre y la playa, que en muchas ocasiones son contrarias a las determinaciones contenidas en la Ley de Costas.

A pesar de haber transcurrido más de treinta años desde la aprobación de la Ley de Costas, parte del litoral de la Costa del Sol Occidental aún está en proceso de deslinde, permaneciendo en las playas construcciones e instalaciones contrarias a la propia ley y con una parte importante de las zonas de servidumbre de tránsito ocupadas, a lo que habría que añadir que parte de los deslindes aprobados se han realizado atendiendo al mantenimiento de situaciones de ocupación de las playas preexistentes, más que para proteger la integridad de las mismas atendiendo a sus circunstancias naturales, como ha demostrado el alcance de los temporales invernales.

La repetición de estos temporales indica que han llegado para quedarse y que deben tomarse medidas no sólo para reparar y adecentar las playas de cara al consabido inicio de la temporada turística en


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Semana Santa y para que estén en perfecto estado para el verano, sino para paliar y prevenir los efectos de estos temporales. En definitiva, afrontar con decisión un problema que no es coyuntural, sino un reto en el que nos jugamos el futuro de una parte importante de nuestro entorno natural, como son las playas, y que a la vez es soporte de la actividad turística de la costa.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar un estudio integral de problemas específicos de dinámica litoral, defensa y propuestas de mejora en las playas de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga con problemas erosivos, considerando los efectos del cambio climático y en el marco de las estrategias para la protección de la costa.

2. Incluir, tanto en el contenido de dicho estudio como en las actuaciones que de manera inmediata se realicen o autoricen para la reparación y restauración de los daños de los últimos temporales, iniciativas concretas para la recuperación patrimonial y ambiental del dominio público y de las zonas de servidumbres, protección y de tránsito del litoral de las playas afectadas por los temporales en la Costa del Sol Occidental malagueña."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003122

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís Joan Baidoví, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre regeneración de playas en la costa de Castelló, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El pasado 27 de febrero, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de información pública del proyecto para estabilizar el frente litoral en los términos municipales de la Llosa y Almenara y frenar la regresión del litoral de la provincia de Castelló por medio de espigones.

Según el Ministro de Fomento se trata de la mejor alternativa y genera impactos ambientales y paisajísticos "moderados". Esta contempla la construcción de seis espigones en el término municipal de Almenara, además de aportación de grava.

No obstante, el Ministerio de Fomento no debe olvidar las playas de Sagunt en su política de espigones en la costa de Castelló, ni obviar el impacto que tendrá sobre las playas de Almardà, que recientemente han conseguido el reconocimiento como Playas dentro de la Red Natura 2000, ni que el marjal de Almenara es zona Ramsar.

El Estudio de Impacto Ambiental indica que no existe afección para las playas del sur y que existirá aportación de arena, pero según un estudio técnico realizado en la Universidad Politécnica de Valencia sí que se producirá un trasvase de gravas de norte a sur. La unidad costera abarca desde el puerto de Borriana al de Sagunt y se han contemplar las diferentes alternativas de regeneración costera en su globalidad, sin la aportación de esta unidad geográfica por el límite provincial.

Por todo ello, el Congreso insta al Gobierno a que

Proposición no de Ley

"1. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tenga en cuenta las alegaciones de los afectados del proyecto


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para estabilizar el frente litoral en los términos municipales de la Llosa y Almenara y frenar la regresión del litoral sur de la provincia de Castelló por medio de espigones que se encuentran actualmente en fase de exposición pública; para asegurar una regeneración sostenible en la playa de playa de Almardà.

2. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente contemple las diferentes alternativas de regeneración costera en su globalidad, y que incluya medidas de regeneración de las zonas afectadas; para asegurar una regeneración sostenible en la playa de playa de Almardà."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Ignasi Candela Serna, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

161/003126

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la revisión de las características de los botiquines a bordo de los buques que realizan pesca litoral, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La Directiva 92/29/CEE, de 31 de marzo de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para promover una mejor asistencia médica a bordo de los buques, se adoptó con el objetivo de que los buques dispusieran de dotaciones médicas adecuadas para poder prestar, en el mar, la asistencia médica necesaria a los trabajadores.

La Directiva establece que cada país de la Unión Europea (UE) deberá asegurarse de que los buques registrados en ese país o que enarbolen su pabellón dispongan de botiquín y exige que se lleven a cabo inspecciones anuales para confirmar que el botiquín cumple la Directiva.

En este sentido, en función de las categorías de buque, la Directiva establece el contenido del botiquín en una lista no exhaustiva y genérica de acción-efecto, de medicamentos y material médico. El botiquín debe ir acompañado de las instrucciones de utilización, o "Guía Sanitaria de a Bordo" (ISM), que explica la utilización del contenido del botiquín y un documento de control con el listado de medicamentos incluidos.

La responsabilidad de proporcionar el botiquín recae sobre el armador, siendo el capitán, o un representante delegado, el responsable de su gestión, que deberá mantenerse completo y en buen estado. Independientemente se requiere que los tripulantes tengan formación médica básica de primera respuesta en caso de accidente o de extrema urgencia médica.

La mayoría de los Estados miembros con flota pesquera y mercante ya tenía una legislación que establecía un alto nivel de exigencia en lo relativo a la disponibilidad de material médico y asistencia médica a bordo, por lo que la transposición de la Directiva solo requería su revisión y actualización. En el caso español, la transposición permitió dar un tratamiento uniforme a la dispersión normativa existente, delimitando claramente las diversas competencias y funciones en aras de una aplicación homogénea.

La Directiva establece tres categorías de Buques. La categoría "C" incluye a los Buques que realizan navegación portuaria y barcos o embarcaciones que permanezcan muy próximos a la costa o que no dispongan de más instalaciones que un puente de mando. La transposición de la Directiva se realiza mediante Real Decreto 258/1999 que, de acuerdo con la redacción dada por el Real Decreto 568/2011, de 20 de abril, establece que son buques de categoría C los que "[...] realicen navegación o pesca marítima hasta 60 millas del puerto más próximo equipado de forma adecuada desde el punto de vista médico, realicen travesías íntegramente dentro de aguas interiores (rías, radas o bahías) o no dispongan de más instalaciones que un puente de mando [...]". Así los buques de carga, pesquero o de recreo de la categoría "C" y que no permanezcan fuera de puerto más de 24 horas deberán llevar el tipo de Botiquín C". Por lo tanto, podría estar produciéndose un desajuste a la hora de ligar el contenido del botiquín a las necesidades reales de los diferentes segmentos de la flota, pues se estaría obligando a las pequeñas embarcaciones artesanales a llevar el mismo botiquín que los buques industriales.


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El propio Real Decreto 258/1999, crea la Comisión Técnica de Actualización del Contenido de los Botiquines a Bordo, cuyo objeto es el de mantener continuamente actualizado el contenido de los botiquines a bordo, concretando los principios activos, presentación y cantidad, en referencia a la lista establecida por la Directiva. La última modificación sobre el contenido de los botiquines, que entró en vigor en mayo de 2016, establece que el botiquín "C" estará dotado por 24 medicamentos y 23 utensilios o materiales médicos, que requieren unas instalaciones y un espacio.

Podríamos considerar que tanto el tipo de medicamentos como el número de principios activos requeridos pueden resultar excesivos para una embarcación pequeña, para su uso efectivo, mantenimiento y requerimientos de espacio para albergarlos.

La modificación de la Directiva, realizada en el año 2007, incorpora un artículo que hace referencia a la posibilidad de que cada cinco años, los Estados miembros presenten a la Comisión un informe sobre la aplicación práctica de la Directiva y que servirá de fundamento a la evaluación de la Comisión.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Solicitar a la Unión Europea que simplifique las exigencias sobre el botiquín que debe llevar a bordo la flota de artes menores, en especial las embarcaciones que faenen en aguas interiores o a menos de 12 millas, para adecuarlo a este tipo de embarcaciones, estableciendo otras categorías de botiquín menos exigentes.

2. Realizar, en base a los principios de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, acorde a los criterios de la Comisión Técnica de Actualización del Contenido de los Botiquines a Bordo y si la modificación de la Directiva fuera tenida en cuenta, la revisión de los principios activos requeridos para las embarcaciones en España.

3. Impulsar el desarrollo e implantación móviles que permitan mejorar la asistencia médica a bordo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003133

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la inclusión del dentón común (Dentex dentex) en el listado de especies autorizadas para su captura en la pesca marítima de recreo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El dentón común, Dentex dentex, es una especie de pez de la familia de los espáridos, común en el mar Mediterráneo y en el Atlántico este hasta Canarias. Su nombre hace referencia a los dientes caninos muy desarrollados. Recibe distintos nombres comerciales y locales siendo los más comunes Sama, Sabia o Dentol.

Se trata de un pez de tamaño grande, de hasta un metro de longitud, ovalado y comprimido lateralmente. Tiene un perfil característico con la cabeza algo picuda, redondeado en los adultos y casi recto en los jóvenes. Color plateado, con el dorso más oscuro, siendo los ejemplares juveniles más rosáceos. Es una especie muy apreciada en gastronomía.

Las aguas interiores españolas, delimitadas por el Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, sobre trazado de líneas de base rectas en desarrollo de la Ley 20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a 12 millas, son competencia de las distintas comunidades autónomas a tenor del artículo 148.1.11.ª de la Constitución Española. Por el contrario la competencia en el resto de aguas jurisdiccionales españolas son competencia de la Administración General del Estado.


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En virtud de esas competencias, el Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores estableciendo en su Anexo I las especies autorizadas de peces y cefalópodos para su captura en la modalidad de pesca marítima de recreo. Dicho anexo no incluye al dentón (Dentex dentex) en la lista de especies autorizadas, por lo que en aguas exteriores está prohibida su captura.

La prohibición de este Real Decreto es aplicable a las aguas exteriores, por lo que no parece existir ningún obstáculo para que en aguas interiores las Comunidades Autónomas permitan la captura del Dentex dentex en la pesca recreativa apartándose del criterio de la normativa estatal. Sin embargo, por coherencia del ordenamiento jurídico y seguridad jurídica, distintas Comunidades Autónomas recurren al Real Decreto 347/2011, como derecho supletorio, permitiendo en el ejercicio de la pesca marítima de recreo capturar en aguas interiores las especies reflejadas en el Anexo 1 del mismo.

La preocupación social de la exclusión del dentón del anexo I del Real Decreto 347/2011 la encontramos en la movilización en la que han participado 2500 personas firmando un documento en una conocida plataforma de peticiones para "incluir Dentex Dentex (dentón) en la lista de especies permitidas para la pesca de recreo".

Que el dentón (Dentex dentex) sea una especie pelágica que no tiene ningún tipo de restricción ni veda para los profesionales y que no apareciera en el catálogo de especies sometidas a medidas de protección establecido por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, viene a probar que no se trata de una especie amenazada por lo que debería permitirse la pesca recreativa del mismo.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Revisar, tras los oportunos estudios biológicos, las especies autorizadas de peces y cefalópodos para su captura en la modalidad de pesca marítima de recreo incluidas en el Anexo I del Real Decreto 347/2011 que regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores, e introducir al dentón común (Dentex dentex) en el catálogo de especies autorizadas para su captura en la pesca marítima de recreo.

2. Impulsar una mayor coordinación entre la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas para subsanar las dudas interpretativas sobre la protección de especies en las aguas españolas, indistintamente de si son interiores o exteriores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a introducir las modificaciones necesarias en la normativa de gestión de los recursos pesqueros del Mediterráneo, para su debate en la Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La Política Pesquera Común, que establece el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013, tiene entre sus objetivos alcanzar una explotación sostenible de los recursos pesqueros, garantizando la estabilidad de los ingresos y los puestos de trabajo de los pescadores.

Dentro de este marco normativo el Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo de 21 de diciembre de 2006 establece las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo.


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En este sentido, el Ministerio ha regulado la actividad pesquera en el Mediterráneo a través de órdenes ministeriales, siendo la última la Orden AAA/2808/2012 que establece un Plan de Gestión Integral para las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes fijos y menores.

Entre las distintas flotas que realizan la actividad pesquera en el Mediterráneo, se encuentra la flota de arrastre. Una flota compuesta por 92 buques con base principalmente en los puertos de Estepona, Marbella, Fuengirola, Vélez Málaga, Motril, Adra, Almería y Garrucha, y la captura de especies como la merluza, el salmonete, la gamba roja y el jurel es de gran relevancia económica. Desde el punto de vista del empleo, estos barcos enrolan una media de seis marineros, generando un total de 500 puestos de trabajo directos.

Así mismo, durante los últimos años la Comisión Europea ha puesto de manifiesto que el resultado de las evaluaciones científicas refleja un alto grado de sobreexplotación, y pone en evidencia la falta de sostenibilidad en la explotación de los recursos pesqueros.

Por ello, y para cumplir con los objetivos principales de la Política Pesquera Común, que entre otros contempla alcanzar el rendimiento máximo sostenible en 2020, resulta necesario que la nueva regulación contemple nuevas medidas encaminadas a reducir el esfuerzo pesquero para garantizar una explotación racional de los recursos pesqueros.

En este sentido, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha elaborado un proyecto de Orden por la que se establece un plan de gestión integral para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo. En su articulado se contempla una limitación del esfuerzo pesquero, con una reducción del 10 % respecto al número máximo de días que se hayan pescado en años anteriores, fijando una cifra para 2018 que será revisada en años sucesivos con reducción del 10 % anual. Esta reducción se realiza sobre el esfuerzo teórico y no tiene en cuenta la actividad real ejercida.

Estas reducciones pueden poner en riesgo la viabilidad y rentabilidad económica de la flota de arrastre del Mediterráneo, ya que puede suponer que se rebase el umbral mínimo de días a partir del cual los rendimientos obtenidos por la flota se reducen exponencialmente.

Para el Grupo Socialista resulta imprescindible que las nuevas medidas que se vayan a implantar garanticen tanto la sostenibilidad del recurso como de la actividad pesquera, manteniendo todos los puestos de trabajo de los pescadores andaluces.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a introducir las modificaciones necesarias en la normativa de gestión de los recursos pesqueros del Mediterráneo, para que las reducciones del esfuerzo pesquero se realicen mediante cálculos reales, y que a su vez garanticen un número de días de pesca que sea compatible con la sostenibilidad de la actividad y del recurso."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz y Antonio Pradas Torres, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para apoyo a la pesquería del voraz en el estrecho de Gibraltar (Cádiz), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El voraz o besugo de la pinta (Pagellus bogaraveo) es una especie de distribución meridional, concentrada en el flanco oriental del océano Atlántico. La principal pesquería dirigida se realiza actualmente en aguas del Estrecho de Gibraltar, que actúa como corredor marítimo que permite el intercambio de agua entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo y en el que se produce un complejo esquema de corrientes.


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En este área se inició en los años 80 la pesquería del voraz, con embarcaciones artesanales que utilizaban un aparejo local, denominado "voracera" adaptado al ámbito del Estrecho de Gibraltar.

La flota con licencia para ejercer esta modalidad pesquera está compuesta por 77 embarcaciones con licencia para ejercer esta modalidad pesquera en los puertos de Tarifa, Algeciras y Ceuta.

La pesquería del voraz está regulada mediante orden ministerial, y abarca aspectos como las características técnicas del arte autorizado, las tallas mínimas, la limitación del número de buques, la fijación de periodos de actividad y vedas temporales.

Estas medidas están condicionadas principalmente por el ámbito geográfico que abarca la pesquería, que incluye la explotación del recurso por parte de la flota de terceros países. Esta particularidad supone una dificultad para alcanzar la sostenibilidad de la pesquería, ya que la flota de países terceros no está obligada a cumplir con las medidas de gestión. Y ha supuesto que en los últimos años la situación de la pesquería se haya visto deteriorada desde el punto de vista biológico y socioeconómico.

Por ello, el Grupo Socialista considera injusto que la flota voracera del Estrecho y las familias que dependen de esta pesquería carguen con las consecuencias que producen las interferencias de países terceros en las posibilidades de pesca del voraz, y que conllevan al deterioro de la situación social y económica de los pescadores que se dedican a la captura del voraz.

Esta situación es similar a la que ha venido sufriendo la flota artesanal de la Línea de la Concepción, que cuenta con una ayuda del Gobierno de España.

El Grupo Parlamentario Socialista muestra su apoyo a la flota pesquera andaluza que desarrolla su actividad pesquera en la pesquería del voraz y por ello presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que ponga en marcha las medidas necesarias para paliar las pérdidas económicas de la flota voracera, andaluza, como consecuencia de la interferencia de la actividad de otros países en aguas del Estrecho, no sujetos a las mismas medidas de gestión."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-Miriam Alconchel Gonzaga, Miguel Ángel Heredia Díaz y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Compromís Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes deI vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la vida de las personas con Espina Bífida, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La espina bífida es una malformación congénita que provoca un crecimiento irregular de la columna vertebral, por falta de fusión de uno o más arcos vertebrales. Según el nivel de localización y extensión de la lesión, sus consecuencias podrán ser más o menos graves causando graves secuelas como son: problemas de movilidad y sensibilidad en las extremidades inferiores, incontinencia de esfínteres, dificultades en el aprendizaje, así como otros problemas visuales (estrabismo), fragilidad ósea en la parte afectada de la parálisis, deformidades de la columna y de los pies, luxación de cadera, etc.

No se conoce una causa concreta como aparición de la espina bífida, sino que es el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales. La falta de ácido fólico antes de la concepción y la alteración del metabolismo a causa de ciertos fármacos, son algunas de las principales causas de la aparición de la espina bífida. Es por ello que uno de los métodos de prevención es la ingesta de ácido fólico durante los tres meses antes del embarazo y a lo largo de los tres primeros meses de embarazo.


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Los datos oficiales que existen sobre esta enfermedad en el Estado Español no son muy exhaustivos. Se calcula que unas 19.000 personas con dicha enfermedad de los cuales unos 2.000 corresponden a habitantes del País Valencià. Gracias al uso del ácido fólico en la planificación del embarazo y a las campañas de prevención dirigidas a profesionales sanitarios en los últimos años la incidencia de esta malformación ha descendido ligeramente. Sin duda alguna es necesario seguir trabajando en la realización de campañas de información, prevención y sensibilización sobre esta enfermedad.

No todas las personas que sufren de esta enfermedad necesitan el mismo tratamiento, pero de manera generalizada la atención médica requiere un tratamiento continuo que abarca desde la atención farmacéutica hasta material ortopédico. Entre algunas de las dolencias, las personas con Espina Bífida, pueden desarrollar a lo largo de su vida y de forma repentina alergia a este material. Es por ello que se precisa indicación de su composición en los productos que a día de hoy es inexistente.

Diferentes plataformas de personas y familiares afectadas por la espina bífida se están movilizando para que se subvencionen los tratamientos y materiales que mejoran la calidad de vida de las personas con espina bífida del Estado Español que lo necesiten.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:

1. Que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, declare la Espina Bífida como enfermedad de tratamiento crónico.

2. Incluir en el listado de discapacidades recogidas en el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, sobre la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior del 45 por ciento de las personas con la patología de Espina Bífida.

3. Considerar, dentro de la financiación sanitaria, y en el marco del sistema de financiación autonómico, el coste del material sanitario, ortoprotésico y sesiones de fisioterapia de las personas que padecen Espina Bífida y se vaya incorporando a la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y en coordinación con las Comunidades Autónomas.

4. Etiquetar todos los materiales y productos sanitarios de manera en que se especifique claramente la composición de los mismos para prevenir que las personas con Espina Bífida utilicen aquellos que contengan látex, dado que son altamente sensibles a este material.

5. Trabajar junto con las Comunidades Autónomas en las campañas de información, prevención y sensibilización de la población dado que en un alto porcentaje de casos dicha enfermedad puede prevenirse antes del embarazo.

6. Dotar de los recursos necesarios, tanto materiales o como humanos para investigar e implantar nuevas técnicas que ayuden a paliar los efectos de la enfermedad; así como incrementar la inversión de la formación de especialistas médicos para realizar un adecuado diagnóstico de la Espina Bífida."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Ignasi Candela Serna, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración de la Ley de Servicios Sociales, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La Constitución de 1978 contiene un mandato para que los poderes públicos realicen una función promocional del bienestar social al proclamar, en su artículo 1 al país como un "Estado Social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".


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La Constitución española establece en sus artículos 41, 139.1 y 149.1.1, la garantía de un régimen público de Seguridad Social para toda la ciudadanía y la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad; así como los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Partiendo de una interpretación integradora de artículos como el 1, 9, 10 y 14, en relación con el Capítulo III, del Título I, principios rectores de la política social y económica, presta atención a determinados colectivos, como juventud (art. 48); "disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales" (art. 49); tercera edad (art. 50) y a la familia e hijos (art. 39). De todo ello se desprende que sin los Servicios Sociales estos principios fundamentales quedarían vulnerados.

Nuestra Constitución apuesta por aproximar los servicios sociales al ámbito geográfico donde se encuentran las necesidades, atribuyendo la competencia exclusiva en esta materia, a través del artículo 148.1.20.ª, a las Comunidades Autónomas, cuyos Estatutos de Autonomía constituyen el marco jurídico que garantiza los derechos de la ciudadanía en los ámbitos correspondientes. En este marco se fueron promulgando las respectivas Leyes Autonómicas de Servicios Sociales que contemplan sus principios, actuaciones y prestaciones, promoviendo una red de equipamientos y servicios, que han supuesto el desarrollo e implantación de los Servicios Sociales en todo el territorio del Estado.

Entre los años 1983 y 1985 se dieron las primeras transferencias en materia de servicios sociales a las Comunidades Autónomas y se fueron sucediendo las primeras Leyes de Servicios Sociales en las Comunidades Autónomas, hasta la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985. Esta ley reforzará la aproximación de los Servicios Sociales al ciudadano.

A lo largo de los años se han ido aprobando las diecisiete leyes de Servicios Sociales que han implantado en las Comunidades Autónomas el Sistema Público de Servicios Sociales poniendo a disposición de las personas y grupos en que se integran, recursos, acciones, prestaciones para el logro de su pleno desarrollo; así como la prevención, tratamiento y eliminación de las causas que conducen a la marginación.

En este contexto, es necesaria la consolidación de un sistema público, universal, gratuito, equitativo y de calidad de servicios sociales como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, capaz de hacer efectivo el derecho de acceso de la ciudadanía a un conjunto de servicios sociales que garanticen la protección social a todas las personas que vivan en España. Un Sistema de Servicios Sociales sostenible desde el punto de vista social, asistencial, profesional y financiero. Para ello, se debe desarrollar una norma que se sustente en compromisos efectivos que afecten al conjunto de las Administraciones Públicas a través de mecanismos de cooperación institucional.

Hay que garantizar la financiación, incluyéndola en el nuevo modelo de financiación autonómica, fruto del acuerdo entre AGE y CC.AA., como un servicio esencial más, y considerar a los servicios sociales como una inversión, no como un gasto.

La coordinación del Sistema de Servicios Sociales se debe plantear más allá de la coordinación entre los sistemas de salud y servicios sociales, es imprescindible establecer la coordinación formal entre los sistemas de servicios sociales y los de educación, empleo, vivienda, etc., especialmente para aquellos ciudadanos con necesidades complejas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de Servicios Sociales, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales, que fije normativamente los elementos básicos relativos al Sistema Público de Servicios Sociales, asegurando unos Servicios Sociales universales y de calidad, así como mecanismos eficaces de coordinación interterritorial e intersectorial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2018.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a la realización de un estudio para la posible implantación de la píldora anticonceptiva masculina en el seno del Sistema Nacional de Salud.

Exposición de motivos

En España existe desigualdad de género en diversos ámbitos, lo cual incumple el artículo 14 de la Constitución en el que se proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo y el artículo 9.2 según el cual los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para que la igualdad sea una cuestión alcanzable de forma real y efectiva.

En este contexto de desigualdad, cabe destacar la profunda desigualdad de género en los ámbitos sexual y reproductivo, que discrimina a la mujer como responsable de todo el proceso reproductivo desde la planificación familiar hasta las labores posteriores de cuidados, favoreciéndose de esta manera la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y resultados en su desarrollo profesional y fomentando la consecuente brecha de género.

Estas desigualdades en los derechos sexuales y reproductivos se manifiestan, asimismo, en nuestro Sistema Nacional de Salud, que atiende las diferencias biológicas y sociales de las mujeres a este respecto enfocándolas a fines reproductivos y de contracepción y considerando, de la misma manera, la planificación familiar como una cuestión exclusiva suya, contraviniendo con ello la ratificación de España de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, adoptada por su Asamblea General mediante Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, que establece en su artículo 12 que "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar".

En mayo de 2007, la 60.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género en las actividades de la OMS (WHA60.25). La OMS en su conjunto aplica desde entonces una estrategia en materia de género para crear capacidad para el análisis y los planes en materia de género, incorporar las cuestiones de género en las funciones institucionales, por ejemplo, en las actividades de planificación, financiación, supervisión y evaluación de la gestión basada en los resultados, desglosar los datos y realizar investigaciones de género, y determinar quién debe rendir cuentas con respecto a la incorporación de las cuestiones de género. En 2015 entró en vigor la Hoja de ruta sobre género, equidad y derechos humanos, 2014-2019: Integración de la equidad, el género, los derechos humanos y los determinantes sociales en la labor de la OMS.

Por otro lado, en España, el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el año 2006 en la estrategia de calidad del Sistema Nacional de Salud reconocía en su cuarta estrategia las siguientes cuestiones: Analizar las políticas de salud y proponer acciones para reducir las inequidades en salud con énfasis en las desigualdades de género, promover el conocimiento sobre las desigualdades de género en salud y fortalecer el enfoque de género en las políticas de salud y en la formación continuada del personal de salud, generar y difundir conocimiento sobre las desigualdades en salud y estimular buenas prácticas en la promoción de la equidad en atención a la salud y en la reducción de las desigualdades en salud, mejorando así la atención a los grupos más desfavorecidos y en riesgo de exclusión.

Entre las recomendaciones de esta estrategia podemos encontrar aspectos clave como la estrategia 55 que recomienda Desarrollar indicadores sobre la atención a la salud sexual y reproductiva en el Sistema Nacional de Salud, así como la promoción, identificación y difusión de buenas prácticas, con la colaboración de organizaciones de mujeres y sociedades profesionales.

En el año 2010 se aprueba la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En su preámbulo dice "El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente,


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de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información. La protección de este ámbito de autonomía personal tiene una singular significación para las mujeres, para quienes el embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos. La especial relación de los derechos de las mujeres con la protección de la salud sexual y reproductiva ha sido puesta de manifiesto por diversos textos internacionales. Así, en el ámbito de Naciones Unidas, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General mediante Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, establece en su artículo 12 que "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar". Por otro lado, la Plataforma de Acción de Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en 1995, ha reconocido que "los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia". En el ámbito de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado la Resolución 2001/2128(INI) sobre salud sexual y reproductiva y los derechos asociados, en la que se contiene un conjunto de recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros en materia de anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo sexual que tiene como base, entre otras consideraciones, la constatación de las enormes desigualdades entre las mujeres europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva, a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta o el país de residencia."

Además esta ley obliga a los poderes públicos, de conformidad con sus respectivas competencias, llevarán a cabo las prestaciones y demás obligaciones que establece la presente Ley en garantía de la salud sexual y reproductiva. Por otro lado en el artículo 11 de dicha ley, para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta Ley, el Gobierno, en cooperación con las Comunidades Autónomas y con respeto a su ámbito competencial, aprobará un Plan que se denominará Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que contará con la colaboración de las sociedades científicas y profesionales y las organizaciones sociales. La Estrategia se elaborará con criterios de calidad y equidad en el Sistema Nacional de Salud y con énfasis en jóvenes y adolescentes y colectivos de especiales necesidades. Dicha Estrategia tendrá una duración de cinco años y establecerá mecanismos de evaluación bienal que permitan la valoración de resultados y en particular del acceso universal a la salud sexual y reproductiva.

En España solo hemos tenido una Estrategia de Salud Sexual, del año 2011 y desde entonces no hemos tenido ni otra estrategia ni ninguna evaluación de la misma.

De acuerdo a la Ley Orgánica 2/2010 por la cual, en su artículo 7, se especifica que los servicios públicos de salud garantizarán "El acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación cuya eficacia haya sido avalada por la evidencia científica, en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud", y apoyándonos tanto en el estudio de la OMS de 2011 como en los que se llevan desarrollando en diferentes países de todo el mundo en los últimos años, entendemos que una de las vías para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y terminar con esta brecha en derechos sexuales y reproductivos pasa por que en España se lleve a cabo su correspondiente estudio sobre métodos anticonceptivos hormonales masculinos de última generación.

Todo esto se materializa, de forma muy concreta, en las cuestiones concernientes a los métodos anticonceptivos y más específicamente en lo relativo a los métodos anticonceptivos hormonales, hasta la fecha desarrollados exclusivamente para la mujer y que pueden provocar efectos adversos físicos y psicológicos con una probabilidad alta, y que sin embargo son uno de los métodos más usados por las mujeres en España.

En España no existen métodos anticonceptivos hormonales masculinos. Sin embargo, hay diversos estudios realizados en el marco de la OMS y la ONU que indican la posible efectividad de los mismos Por ejemplo, el estudio, co-patrocinado por las Naciones Unidas la revista Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Algunos de estos estudios han finalizado porque indicaban posibles efectos secundarios


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en los hombres que formaban parte del mismo. Efectos secundarios que por otro lado son los habituales en las mujeres que utilizan dichos métodos anticonceptivos.

Para profundizar en la equidad de género también en el ámbito de la salud, y cumplir con lo dispuesto tanto en la ley orgánica 2/2010 así como en las estrategias de nuestro propio Sistema Nacional de Salud, la anticoncepción y la salud sexual y reproductiva deben ser responsabilidad tanto de hombres como mujeres.

Además, los efectos secundarios de las píldoras anticonceptivas en las mujeres tienen una alta prevalencia pero sin embargo esto no ha hecho que se busquen alternativas similares en eficacia y aplicación.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Destinar una partida presupuestaria para la elaboración de un estudio de evaluación de la seguridad de los anticonceptivos hormonales donde se comparen las alternativas en desarrollo de anticoncepción hormonal masculina con las alternativas actualmente comercializadas para su consumo en mujeres.

2. Destinar una partida presupuestaria a la realización de un estudio de carga de enfermedad asociada a efectos adversos de la anticoncepción hormonal en mujeres en el estado español.

3. Incentivar económicamente la investigación en el ámbito de la anticoncepción masculina y creación de mecanismos preferentes de evaluación económica para, en el momento en el que se halle aprobada por las agencias del medicamento competentes a nivel europeo y estatal, proceder a su evaluación por parte de la Agencia Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y, si procediera, a su financiación por parte del Sistema Nacional de Salud."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2018.-Ángela Rodríguez Martínez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a la elaboración de una nueva Estrategia de Salud Sexual con enfoque de género.

Exposición de motivos

En España existe desigualdad de género en diversos ámbitos, lo cual incumple el artículo 14 de la Constitución en el que se proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo y el artículo 9.2 según el cual los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para que la igualdad sea una cuestión alcanzable de forma real y efectiva.

En este contexto de desigualdad, cabe destacar la profunda desigualdad de género en los ámbitos sexual y reproductivo, que discrimina a la mujer como responsable de todo el proceso reproductivo desde la planificación familiar hasta las labores posteriores de cuidados, favoreciéndose de esta manera la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y resultados en su desarrollo profesional y fomentando la consecuente brecha de género.

Estas desigualdades en los derechos sexuales y reproductivos se manifiestan, asimismo, en nuestro Sistema Nacional de Salud, que atiende las diferencias biológicas y sociales de las mujeres a este respecto enfocándolas a fines reproductivos y de contracepción y considerando, de la misma manera, la planificación familiar como una cuestión exclusiva suya, contraviniendo con ello la ratificación de España de la


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Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, adoptada por su Asamblea General mediante Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, que establece en su artículo 12 que "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar".

En mayo de 2007, la 60.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género en las actividades de la OMS (WHA60.25). La OMS en su conjunto aplica desde entonces una estrategia en materia de género para crear capacidad para el análisis y los planes en materia de género, incorporar las cuestiones de género en las funciones institucionales, por ejemplo, en las actividades de planificación, financiación, supervisión y evaluación de la gestión basada en los resultados, desglosar los datos y realizar investigaciones de género, y determinar quién debe rendir cuentas con respecto a la incorporación de las cuestiones de género. En 2015 entró en vigor la Hoja de ruta sobre género, equidad y derechos humanos, 2014-2019: Integración de la equidad, el género, los derechos humanos y los determinantes sociales en la labor de la OMS.

Por otro lado, en España, el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el año 2006 en la estrategia de calidad del Sistema Nacional de Salud reconocía en su cuarta estrategia las siguientes cuestiones: Analizar las políticas de salud y proponer acciones para reducir las inequidades en salud con énfasis en las desigualdades de género, promover el conocimiento sobre las desigualdades de género en salud y fortalecer el enfoque de género en las políticas de salud y en la formación continuada del personal de salud, generar y difundir conocimiento sobre las desigualdades en salud y estimular buenas prácticas en la promoción de la equidad en atención a la salud y en la reducción de las desigualdades en salud, mejorando así la atención a los grupos más desfavorecidos y en riesgo de exclusión.

Entre las recomendaciones de esta estrategia podemos encontrar aspectos clave como la estrategia 55 que recomienda Desarrollar indicadores sobre la atención a la salud sexual y reproductiva en el Sistema Nacional de Salud, así como la promoción, identificación y difusión de buenas prácticas, con la colaboración de organizaciones de mujeres y sociedades profesionales.

En el año 2010 se aprueba la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En su preámbulo dice "El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información. La protección de este ámbito de autonomía personal tiene una singular significación para las mujeres, para quienes el embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos. La especial relación de los derechos de las mujeres con la protección de la salud sexual y reproductiva ha sido puesta de manifiesto por diversos textos internacionales. Así, en el ámbito de Naciones Unidas, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General mediante Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, establece en su artículo 12 que "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar". Por otro lado, la Plataforma de Acción de Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en 1995, ha reconocido que "los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia". En el ámbito de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado la Resolución 2001/2128(INI) sobre salud sexual y reproductiva y los derechos asociados, en la que se contiene un conjunto de recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros en materia de anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo sexual que tiene como base, entre otras consideraciones, la constatación de las enormes desigualdades entre las mujeres europeas en


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el acceso a los servicios de salud reproductiva, a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta o el país de residencia".

Además esta ley obliga a los poderes públicos, de conformidad con sus respectivas competencias, llevarán a cabo las prestaciones y demás obligaciones que establece la presente Ley en garantía de la salud sexual y reproductiva. Por otro lado en el artículo 11 de dicha ley, para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta Ley, el Gobierno, en cooperación con las Comunidades Autónomas y con respeto a su ámbito competencial, aprobará un Plan que se denominará Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que contará con la colaboración de las sociedades científicas y profesionales y las organizaciones sociales. La Estrategia se elaborará con criterios de calidad y equidad en el Sistema Nacional de Salud y con énfasis en jóvenes y adolescentes y colectivos de especiales necesidades. Dicha Estrategia tendrá una duración de cinco años y establecerá mecanismos de evaluación bienal que permitan la valoración de resultados y en particular del acceso universal a la salud sexual y reproductiva.

En España solo hemos tenido una Estrategia de Salud Sexual, del año 2011 y desde entonces no hemos tenido ni otra estrategia ni ninguna evaluación de la misma.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Elaborar una nueva Estrategia de Salud Sexual que se adapte a los parámetros recogidos en la Ley 2/2010 así como lo recogido en el informe de la Subcomisión para el pacto de Estado de Violencia de Género aprobado el 28 de septiembre de 2017 y las recomendaciones a este respecto recogidas en el documento "Avanzando hacia la equidad: propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud en España" del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

2. Elaborar una evaluación de la estrategia hasta ahora implementada que atienda a todos los parámetros y exigencias recogidos en la Ley 2/2010, así como lo estipulado en las estrategias del Sistema Nacional de Salud, que incorpore además una perspectiva interseccional así como un informe de impacto presupuestario de su implementación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2018.-Ángela Rodríguez Martínez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre adicción a los videojuegos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El uso problemático de videojuegos (IGD) es una de las nuevas condiciones merecedoras de más estudio en la quinta edición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (DSM-5). Es definido como un "uso persistente y recurrente de videojuegos en Internet, muchas veces con otros jugadores, que resulta en un trastorno clínico o angustia, con cinco o más de los siguientes indicadores en un periodo de doce meses: preocupación, síndrome de abstinencia, pérdida de control, pérdida de interés en aficiones previas, uso continuado a pesar de tener conocimiento de sus problemas psicosociales, decepción, evitación y conflicto en los ámbitos personales, laborales y académicos. Algunos autores señalan que el uso de videojuegos se convierte en un problema cuando el uso sano de los mismos se transforma en una dependencia psicológica: evitación de problemas, cambios en los estados de ánimo, pérdida de control y victimización.


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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado recientemente el borrador de su Clasificación Internacional de Enfermedades, incluyendo entre las mismas el trastorno del videojuego y el juego nocivo.

Según la OMS, el trastorno del juego se relaciona con los trastornos por comportamientos adictivos y se caracteriza por un "patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente" que se manifiesta a través de "un control deficiente sobre el juego", en cuanto frecuencia, intensidad, duración; "una prioridad en aumento dada al juego", hasta llegar a sustituir otros intereses vitales o actividades diarias; así como "una continuación o escala del juego a pesar de la ocurrencia de consecuencias negativas".

La OMS resalta en la definición un patrón de comportamiento "suficientemente severo" como para que acabe por invalidar al individuo en lo personal, familiar, social, educacional u ocupacional, e indica que se hace evidente al cabo de unos 12 meses, lo que permite realizar un diagnóstico, aunque si los síntomas son graves, el período puede ser menor.

Por lo que respecta a España, aun cuando existe un déficit de conocimiento sobre la magnitud del problema, algunos estudios universitarios sobre abuso de Internet han señalado una tasa de prevalencia entre el 3,7 % y el 9,9 % y que entre el 6,1 % y el 8,2 % de los adolescentes españoles podrían ser adictos a los videojuegos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de sus competencias y en colaboración con las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, a:

1. Realizar estudios para conocer la incidencia real del problema y los datos de prevalencia que permitan un diagnostico e intervención precoz.

2. Realizar campañas de sensibilización y formación, dirigidas tanto a padres, tutores y educadores, como a otros colectivos en contacto con los menores, sobre los diversos riesgos que les afectan, por su condición de colectivo especialmente vulnerable, en relación con las adicciones a los videojuegos, promover el establecimiento de patrones de uso y el fomento de otro tipo de actividades.

3. Obligar a que, en el etiquetado y publicidad de los videojuegos que lleven asociados micropagos, incorporados de forma independiente o relacionados con su desarrollo, se advierta expresamente sobre ello.

4. Promover que, en la clasificación por edades del Código del sistema Pan European Game Information (PEGI) se establezca expresamente que los videojuegos con micropagos asociados tengan clasificación para mayores de dieciocho años, con la indicación expresa en la etiqueta de que contienen micropagos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2018.-Victoria Begoña Tundidor Moreno y Miriam Alconchel Gonzaga, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la implantación completa del cribado de cáncer colorrectal en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El cáncer colorrectal es el tipo de tumor más frecuente en España, pero que gracias a detecciones tempranas, algo que permite los cribados, se supera en el 90 % de los casos.

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon, que cada año se conmemora el 31 de marzo, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) continúa trabajando en la prevención y


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tratamiento del cáncer, así como la inequidad que existe en el territorio nacional en el acceso a pruebas preventivas, diagnósticas y de tratamientos en materia oncológica.

El pasado 21 de marzo, la AECC presentó el informe "Incidencia y mortalidad de cáncer de colon en Comunidades Autónomas y Provincias en la población de edad de riesgo entre 50 y 69 años" que arroja unos resultados preocupantes en cuanto a la implantación del cribado de cáncer de colon en varios territorios. Según el informe, encontramos cuatro Comunidades Autónomas en las que el cribado de cáncer de colon posee una implantación muy baja, por debajo del 20 % de la población de riesgo que puede desarrollar este tipo de tumor. Las Comunidades son Andalucía, Asturias, Extremadura y Madrid. Esta baja implantación también se da en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, territorios dependientes del INGESa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), dependiente a su vez del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. Esta falta de implantación supone, según cálculos de la AECC, que de los más de 11 millones y medio de personas en edad de riesgo de padecer este tipo de tumor, solo el 50 % se encuentran cubiertos por este tipo de cribado.

El cribado de cáncer de colon es una prueba sencilla. Se basa en el test de sangre oculta en heces y altamente positiva en relación a su coste y eficacia.

Según estimaciones de la AECC, cada prueba del test de sangre oculta en heces posee un coste de cerca de 2 euros, y en caso de dar positivo se realiza una colonoscopia, coste medio de 180 euros, para confirmar el diagnóstico, algo que sucede en el 6 % de los test ocultos en heces que se realizan. La AECC señala que el coste medio del tratamiento del cáncer colorrectal en nuestro país asciende a más de 27.000 euros, aumentando si se incluyen terapias biológicas y tratamientos coadyuvantes quirúrgicos que se dan en procesos oncológicos muy desarrollados. Unas fases que no se alcanzarían en la mayoría de los casos al implantarse este cribado y cuyo coste total se estima que sería cercano a 65 millones de euros, un 6 % del coste total que se dedica al tratamiento de estos tumores.

El BOE publicó a finales de 2014 la Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, en la que se incluye en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud el cribado poblacional del cáncer colorrectal. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las respectivas consejerías de salud, tendrían hasta finales del año 2019 para dar cobertura al 100 % de la población, entendiendo esta como "invitación a participar".

Desde Ciudadanos consideramos que las administraciones públicas deben implementar este cribado de la manera más temprana posible a fin de no solo conseguir un ahorro significativo en el tratamiento de este tipo de tumores, sino, sobre todo, prevenir el desarrollo y complicaciones de este tipo de tumores en la población potencialmente afectada protegiendo efectivamente la salud de estos ciudadanos.

Por todo ello, el Grupo de Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno autonómico a implantar completamente el cribado de cáncer colorrectal en el sistema sanitario de las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla y a extenderlo a la totalidad de la población diana a lo largo de este año, a fin de mejorar las políticas de prevención, detección y tratamiento del cáncer colorrectal y proteger efectivamente la salud de los ciudadanos potencialmente afectados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2018.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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Comisión de Cultura

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo de la candidatura de las Tamborradas Rituales del toque del tambor y el bombo, a "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad" para 2018, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

El tambor y el bombo se han convertido en tradición y símbolo que identifica a un importante número de pueblos de la geografía Española.

En 1983 el tambor se convierte en emblema de amistad y concordia entre pueblos con una misma tradición. Así el 18 de septiembre de ese año, un grupo de vecinos de la Ciudad de Mula encabezados por don Diego Cervantes Díaz, decidió reunir a todos los pueblos de España en un nexo común y específico en sus tradiciones y costumbres, el toque del tambor, organizado bajo el título de "Primera Muestra del Tambor", lo que hoy se conoce como Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo, "Tamborrada Nacional", las cuales se vienen celebrando sucesivamente todos los años en un pueblo diferente. Dichas Jornadas se celebraron en Baena los años 1992, 1999 y 2016. En el año 2017 se celebraron en Alcañiz y así sucesivamente podríamos ir especificando todos y cada uno de los pueblos pertenecientes donde se han celebrado.

En el año actual "La Tamborrada Nacional" se ha celebrado los pasados días 9,10 y 11 de marzo de 2018, en la Ciudad de Mula, en su XXXIII edición de las Jornadas Nacionales, coordinadas por el Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España, al que pertenecen 22 localidades de las Comunidades Autónomas de Murcia, Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha y Valencia.

Cabe señalar que de entre todos los pueblos de España que cuentan con la singular tradición del toque del tambor, se encuentra Baena, única ciudad de Andalucía que tiene una larguísima y singular tradición en torno al tambor y es un orgullo que el presidente del Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España, este presidido por el baenense don Antonio Mesa Sevillano, desde la creación del mismo.

Decenas de miles de Tamboristas y Tamborileros y Tamborileras de Agramon, Alagon, Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcora, Alcorisa, Alzira, Andorra de Teruel, Baena, Calanda, Fuentes de Ebro, Hellin, Hijar, Jumilla, La Puebla de Hijar, Moratalla, Mula, Samper de Calanda, Teruel, Tobarra, Uerrea de Gaen y Valderrobres, pondrán en valor la riqueza cultural que posee el toque de tambor y el bombo en nuestro país, siendo un hecho diferencial que forma parte de nuestra historia, identidad, sentimientos y costumbres.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar totalmente al Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España, por ser la Tamborradas Rituales del toque del tambor y el bombo, la única candidatura que se presenta por España ante la Unesco, a "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad" para 2018."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2018.-María Jesús Serrano Jiménez, Antonio Hurtado Zurera, Manuel Gabriel González Ramos, Óscar Galeano Gracia, Susana Sumelzo Jordán, Ignacio Urquizu Sancho, Artemi Rallo Lombarte, José Luis Ábalos Meco, Ana María Botella Gómez, Ciprià Císcar Casabán, Pedro Saura García y María González Veracruz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/003141

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la inclusión de la cerámica artística de Talavera de la Reina y del Puente del Arzobispo en la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

La cerámica de Talavera de la Reina y del Puente del Arzobispo en Toledo son una manifestación cultural cuya práctica remontan los diferentes estudios arqueológicos a la época romana. La tradición artística continuó durante la época musulmana, convirtiéndose en el germen de la cerámica mudéjar. Tras la época medieval, fue en el siglo XVI cuando, gracias a la cercanía a la Corte de Felipe II, la cerámica talaverana alcanzó verdadera fama. Hoy en día, las lozas y los azulejos de Talavera y del Puente del Arzobispo continúan manteniendo su fama mundial, y la actividad de los artesanos se ha consolidado como un referente de las localidades toledanas y un símbolo histórico de identidad para todos sus ciudadanos.

Conocedora del valor artístico y etnográfico de esta manifestación cultural centenaria, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha declaraba en 2015 la Cerámica de Talavera de la Reina como Bien de Interés Cultural con la categoría de bien inmaterial, con el fin de contribuir a su protección y promover su difusión.

Sin embargo, para seguir profundizando en la preservación de los conocimientos y saberes que supone esta manifestación artística es indispensable dar un paso más y promover el reconocimiento de sus valores mediante su inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

En la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO se contemplan cuatro objetivos fundamentales: la salvaguardia del patrimonio designado, el respeto de las comunidades grupos e individuos, la sensibilización y el reconocimiento y la cooperación internacional. El Organismo para la Cultura de Naciones Unidas hace especial incidencia en la necesidad de que sea la propia comunidad local la que impulse la protección y la promoción del bien cultural inmaterial con la implicación en la candidatura. En el caso de la candidatura de la cerámica de Talavera y del Puente del Arzobispo para su inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el amplio apoyo social y el consenso de los numerosos colectivos de la comarca y de toda la región han sido claros y unánimes y, sin duda, son los principales activos en la consecución del éxito de la propuesta. En este sentido la labor desarrollada por la asociación Tierras de Cerámica, con el apoyo de los Ayuntamientos de Talavera de la Reina y del Puente del Arzobispo, han convertido la propuesta de candidatura a la UNESCO en un verdadero proyecto de participación ciudadana.

En definitiva, se trata de impulsar la protección de unos saberes únicos y unas técnicas vinculadas a la artesanía tradicional que forman parte de la diversidad cultural no solo de Castilla La Mancha, sino del conjunto de España. Por ello, es vital conseguir que la Cerámica de Talavera de la Reina y del Puente del Arzobispo sean incluidas en el inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y se lleven a cabo las actuaciones necesarias para su defensa y salvaguarda.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de Trabajo de Patrimonio Mundial e Inmaterial, apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la inscripción de la candidatura de la cerámica artística de Talavera de la Reina y del Puente del Arzobispo en la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión de Igualdad

161/003129

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la eliminación de publicidad de contenido sexual en los medios de comunicación, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La lucha contra todas las formas de violencia de género tiene que ser un objetivo básico de cualquier país democrático. Corresponde a los gobiernos, en su ámbito de competencia, adoptar las medidas necesarias para conseguir su erradicación, combate que exige la colaboración e implicación de todos los agentes sociales, cobrando una papel de singular importancia los medios de comunicación y el sector de la publicidad, que deben contribuir a transmitir una imagen de la mujer acorde con el principio de igualdad y el sistema de valores constitucionalmente establecido.

Ha sido notable el avance que se ha producido en estos años en cuanto al rechazo contra la violencia de género, pero sigue habiendo aspectos que están presentes a diario en la sociedad, que por habituales pasan desapercibidos, que atentan contra los derechos de las mujeres y su libertad sexual, como por ejemplo los anuncios de contactos. Debemos superar los hechos que constituyen un atentado contra la integridad y dignidad de las personas, fundamentalmente contra mujeres y niñas, como la explotación sexual o la trata.

Si al poder Legislativo, junto al poder Ejecutivo en su ámbito de actuación propio, corresponde la revisión del marco jurídico y su adecuación a la nueva realidad que debe ordenar, a los medios de comunicación, incluyendo la publicidad, les compete una labor de sensibilización de la sociedad desde la indiscutible posición que desempeñan en el desarrollo de la libertad de expresión y del derecho a la información, así como en cuanto a la transmisión de imágenes sociales.

El Gobierno de España debe comprometerse a impulsar medidas para evitar que los medios de comunicación publiquen anuncios de contactos sexuales o de cualquier forma de prostitución, encubierta o cubierta, y eliminar la financiación pública a través de contrataciones, subvenciones o publicidad que pudieran recibir aquellos medios que publicitan estos anuncios.

Desde el más absoluto respeto a la línea editorial de cada medio, el Gobierno de España debe buscar el consenso necesario y apostar para que los contenidos publicitarios estén sujetos a la igualdad, que debe erigirse en este ámbito en el principio constitucional de referencia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Establecer un compromiso con los medios de comunicación de ámbito nacional para eliminar todo tipo de anuncio que atente contra la dignidad e integridad de las personas, fundamentalmente contra mujeres y niñas, como la prostitución, la esclavitud sexual o la trata.

2. Eliminar cualquier forma de financiación pública a través de subvenciones, contratación o publicidad, en los medios de comunicación que no suscriban el compromiso de no publicar anuncios de carácter sexual."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2018.-Gregorio Cámara Villar, Antonio Gutiérrez Limones, Antonio Hurtado Zurera, Juan Jiménez Tortosa, José Andrés Torres Mora, Victoria Begoña Tundidor Moreno, Salvador de la Encina Ortega, José Juan Díaz Trillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez, Juan Carlos Campo Moreno, Miriam Alconchel Gonzaga, Carmen Rocío Cuello Pérez, Sonia Ferrer Tesoro, Josefa Inmaculada González Bayo, Miguel Ángel Heredia Díaz, Micaela Navarro Garzón, Antonio Pradas Torres, Elvira Ramón Utrabo, Juana Amalia Rodríguez Hernández y María Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/003123

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, relativa a la puesta en marcha de mecanismos para la aplicación efectiva del Reglamento EUTR de lucha contra la tala ilegal y su comercio asociado.

Exposición de motivos

El pasado año, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente publicó un informe en el que se concluía que:

- la tala ilegal es el primer delito medioambiental a escala global,

- la tala ilegal supone entre el 50 y el 90 % del conjunto de actividades forestales en zonas forestales tropicales que son productoras clave,

- el 30 % de la madera que se comercializa en el mundo es ilegal,

- este delito movió en 2016 entre 50.700 y 152.000 millones de dólares estadounidenses, frente a los 30.000 y 100.000 millones de 2014.

El Banco Mundial estima que los gobiernos de todo el mundo pierden entre 10.000 millones y 15.000 millones de dólares cada año como resultado de la tala ilegal.

En octubre de 2010, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento (EU) 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera, más conocido por Reglamento EUTR (European Union Timber Regulation) de lucha contra la tala ilegal y su comercio asociado.

Según este Reglamento EUTR, las empresas que comercializan con madera y otros productos forestales en la Unión Europea están obligadas a proceder con la diligencia debida y establecer sistemas de evaluación de riesgo que descarten madera de aquellas empresas, regiones o países donde exista un riesgo considerable o elevado de adquirir madera ilegal debido al inclumplimiento de las leyes forestales, corrupción, falta de transparencia, conflictos bélicos, violaciones de derechos humanos, etc.

Solo en 2015, y solo tras la apertura de un proceso de infracción a España por parte de la Comisión Europea por no hacer efectivo el Reglamento EUTR y una amenaza de llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE, finalmente en diciembre el Gobierno aprobó el Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera, que por fin permitía la aplicación del Reglamento EUTR en nuestro país.

Así, el sábado 3 de marzo de 2018 se cumplieron 5 años de la entrada en vigor de la legislación puesta en marcha para combatir la tala ilegal y el comercio derivado de madera y productos de madera dentro de las fronteras de la Unión Europea.

El problema en España es que a pesar de que existe la legislación al respecto, muchas de las comunidades autónomas no han nombrado una autoridad responsable que controle la entrada de madera talada de forma ilegal. La norma europea establece la obligación por parte de las empresas comercializadoras de productos forestales de evitar la entrada de madera procedente de talas ilegales.

Mientras la depredación de los recursos naturales sigue produciendo muertes y madera barata para el mercado internacional, en España la inacción del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sigue demorando la aplicación del Real Decreto 1088/2015, que debería asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos derivados. A los años de retraso en la aprobación y aplicación del Reglamento EUTR, se suma la maraña burocrática creada y la absoluta falta de transparencia por parte del MAPAMA sobre los controles realizados, los expedientes abiertos, las multas impuestas o la madera incautada por el incumplimiento de esta legislación.

Los bosques son cruciales en la lucha contra el cambio climático al constituir el único sumidero gestionable. Más allá de reducir sus propias emisiones es el único sector que puede compensar las de otros. Hoy, el crecimiento del stock forestal compensa el 20 % del total de emisiones de CO2 de España,


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además de importantes beneficios climáticos adicionales por almacenaje temporal gracias al uso de productos forestales de larga duración, sobre todo madera en la construcción, y por la sustitución de materias primas y energías no renovables.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO):

- Los bosques cubren un tercio de la superficie del planeta y albergan más de la mitad de las especies terrestres de vegetales y animales.

- Los árboles de los bosques son acueductos naturales, redistribuyen hasta el 95 % del agua que absorben donde más se necesita. Mantienen el agua en el suelo, evitando la erosión, y luego la liberan de nuevo a la atmósfera, produciendo un efecto de enfriamiento.

- Los árboles son un gran sumidero de carbono, con los bosques del mundo se eliminan un estimado de 2,1 gigatoneladas de dióxido de carbono anualmente -o lo que es lo mismo, 2,1 millones de toneladas. Esto, sin duda tiene una función fundamental en el equilibrio del ciclo del carbono del mundo y en ayudar a combatir el cambio climático.

- El mundo está experimentando una pérdida neta de 3,3 millones de hectáreas de superficie forestal al año.

- Los bosques gestionados de manera sostenible constituyen la principal materia prima para el papel, que es renovable, y uno de los materiales más reciclados del mundo: alrededor del 55 % o 225 millones de toneladas de toda la fibra utilizada para la producción de papel proviene hoy del papel recuperado.

El tráfico ilegal de madera tiene un efecto devastador sobre los bosques, pero también sobre las poblaciones que dependen de estos recursos. Una mejor gobernanza forestal (cómo se toman y se hacen cumplir las decisiones sobre el manejo, uso y conservación de los bosques) tiene múltiples beneficios:

- Preserva la biodiversidad.

- Reduce las emisiones de carbono.

- Protege los bosques para futuras generaciones.

- Rompe los ciclos de producción y pobreza.

- Hace medios de vida sostenibles.

Por tanto, la aplicación efectiva del Reglamento EUTRes fundamental para evitar la desaparición de los bosques, la pérdida de biodiversidad y el agravamiento del cambio climático.

Por ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Desarrollar e implementar el Sistema Estatal de Información del comercio de madera en España, tal y como establece el artículo 10 del Real Decreto 1088/2015, habilitando las herramientas y los recursos necesarios para que sea posible conocer el número de controles realizados a las empresas, los expedientes abiertos o las medidas correctoras impuestas por incumplir los requerimientos del Reglamento EUTR.

2. Ampliar los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de la Diligencia Debida por parte de las empresas en sus operaciones comerciales, así como la aplicación de medidas correctoras en los casos de incumplimiento, para evitar la impunidad en el sector.

3. Agilizar la entrada en vigor y aplicación del actual régimen sancionador contemplado en la Ley de Montes (multas e incautación de madera).

4. Poner en marcha, de forma centralizada, registros públicos y transparentes con la información disponible, completa y actualizada, acerca de las autoridades competentes EUTR de las diferentes Comunidades Autónomas.

5. Elaborar y garantizar la disponibilidad para su consulta pública de los informes anuales que se requieren por parte la Comisión Europea, tal y como dispone el artículo 3 del Real Decreto 1088/2015."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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161/003150

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se reclama una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para su debate en Comisión para el Estudio del Cambio Climático.

Exposición de motivos

Desde 2014 venimos registrando años de récord en temperaturas con 1,1 grados de media por encima de la era preindustrial, según datos de la NASA y de la NOAA (Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica) demasiado cerca del "techo" de un aumento máximo de 1,5 grados fijado por el Acuerdo de París.

En España, el pasado 13 de julio de 2017 se registró nueva marca record de 47,3 ºC en Montoro, provincia de Córdoba. La desertificación es ya un problema real o una amenaza para una parte muy importante del territorio español. A los factores tradicionales -incendios, erosión, salinización, etc.- se añaden los efectos relacionados con el cambio climático.

Un reciente estudio del Ministerio calcula que la España de tipo húmeda o semihúmeda pase de ocupar el 50,62 % de media del periodo 1971-2000 al 28,54 % de nuestro territorio en el 2071-2100.

España no puede permitirse quedarse rezagado en la mitigación y adaptación a los efectos de Cambio Climático. No es solo porque los costes de la inacción pueden ser catastróficos, sino que además la economía sostenible es uno de los vectores más potentes de desarrollo económico en el presente.

El debate en torno al medio ambiente y el cambio climático a menudo está viciado por una falsa disyuntiva entre desarrollo y sostenibilidad. Los detractores de los enfoques ambientalistas, especialmente desde partidos conservadores, a menudo propagan la idea de que el respeto por el medio ambiente es contraproducente desde el punto de vista del crecimiento económico y el empleo. Por su parte, los ecologistas más radicales se desentienden de la necesidad de encajar el respeto y el cuidado del medio en un modelo que permita a las sociedades prosperar y desarrollarse; abogando en ocasiones incluso por un "decrecimiento" de dudosas consecuencias.

En Ciudadanos entendemos que no solo es posible conjugar el enfoque medioambiental con el crecimiento, sino que es la única manera de avanzar en esta fase del desarrollo de las sociedades occidentales. Ni es deseable un ecologismo contrario a las necesidades de las poblaciones humanas, ni es posible un desarrollo de espaldas a las necesidades de respeto y sostenibilidad en el medio.

El mercado mundial de las eco-industrias en 2010 se estimaba en aproximadamente 1,15 billones de euros (similar al PIB de España) y existe un amplio consenso de que podría llegar en 2020 a los 2 billones de euros al año.

El sector de la economía verde representa en la UE-27 un volumen de negocios de unos 700.000 millones de euros. Adicionalmente, la UE tiene una fuerte posición exportadora frente a casi todas las economías más grandes del mundo. España con un 9 % de la población y un 7 % del PIB se beneficiaría ampliamente.

La tendencia general es la de un número creciente de "empleos verdes" y los estudios de casos demuestran, que la mejora de la eficiencia de los recursos genera creación de empleo. Cada vez que la utilización de recursos de Europa disminuye un 1 %, su valor asciende a unos 23.000 millones de euros para las empresas y podría dar lugar a 100.000 a 200.000 nuevos puestos de trabajo. De esta forma es posible reducir de forma realista los recursos utilizados en la economía de la UE en alrededor de un sexto, impulsar el PIB en un 3,3 % y crear 1,4 y 2,8 millones de nuevos puestos de trabajo.

El último dato, correspondiente a 2013, refleja que las empresas de economía verde emplean en la UE a más de 4,2 millones de personas. A pesar de los enormes progresos realizados en toda Europa en materia de tecnología verde y empleo, siguen existiendo importantes disparidades entre los Estados miembros.

Combatir el Cambio Climático es una parte fundamental del nuevo proyecto nacional de igualdad entre todos los españoles. España debe volver a jugar un papel relevante en Europa y en el mundo, aprovechando su potencial para la economía sostenible y garantizando la protección de todos los ciudadanos ante los impactos del cambio climático.


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España debe ocupar el puesto de liderazgo dentro de la UE que le corresponde corno una de las democracias más prosperas del mundo. En 2015, el Acuerdo de París evidenció una voluntad a nivel global de tomar acciones ambiciosas contra el cambio climático, sin embargo España no está cumpliendo: no tiene Ley de CC, no ha suscrito pacto final del Carbón, no cumple con los objetivos 2020 ni juega un papel activo en el debate europeo sobre estrategias climáticas y energéticas a medio y largo plazo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"Se insta al Gobierno a:

1. Aprobar Ley de cambio climático y transición energética que fije un marco legal y de gobernanza, que situé el análisis científico independiente en el centro de nuestras políticas, y establezca objetivos vinculantes ambiciosos para lograr la descarbonización de la economía en 2050.

2. Mejorar los instrumentos de promoción de la eficiencia energética en edificios y urbanismo.

3. Impulsar la compra pública verde en España para que el sector público cumpla con su papel ejemplificador.

4. Desarrollar campañas de educación e información a los ciudadanos sobre consumo responsable para aumentar los niveles de ahorro y reciclado.

5. Elaborar planes de adaptación y mitigación al cambio climático sectoriales para aquellas actividades estratégicas como: la pesca, la agricultura, el turismo, la industria 4.0."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/003125

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

Su carácter público, universal y solidario con los menos favorecidos, así como la amplitud de sus prestaciones, son algunas de las características que hacen de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) uno de los grandes triunfos del Estado del bienestar, posicionándolo como un referente mundial.

Con el fin de garantizar la equidad y facilitar la accesibilidad a una adecuada atención sanitaria, el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, establece el contenido de la cartera de servicios comunes de las prestaciones sanitarias, atención primaria, atención especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica, ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario.

En su anexo VI, el Real Decreto regula el contenido de la prestación ortoprotésica, tanto los implantes quirúrgicos como las ortoprótesis externas (prótesis externas, sillas de ruedas, ortesis y ortoprótesis especiales); determina los grupos y subgrupos que la integran y, en el caso de las ortoprótesis externas, también los códigos homologados a utilizar en el sistema de información con el fin de identificar las respectivas categorías de productos. Del mismo modo, este texto especifica otros aspectos relativos al acceso a la prestación y al procedimiento de obtención y, además se establecen los requisitos generales aplicables a dicha prestación.

Por otro lado, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones,


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diferencia una cartera común suplementaria, en la que se incluye la prestación ortoprotésica realizada mediante dispensación ambulatoria, y una cartera común básica de servicios asistenciales, en la que figuran los implantes quirúrgicos. Esta norma recoge la necesidad de aprobar una actualización del catálogo de prestaciones ortoprotésicas, de los importes máximos de financiación y de los coeficientes de corrección a aplicar para determinar la facturación definitiva a los servicios autonómicos de salud por parte de los proveedores.

En ese sentido, el Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestación ortorprotésica del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en prestación ortorprotésica, supuso el primer paso para la correcta regulación de dicho catálogo. Sin embargo, continúa siendo necesario concretar y actualizar la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica, determinando el contenido del catálogo común y definiendo los tipos de productos en los que se puedan incluir productos con características, diseños y funcionalidades similares dentro de cada código homologado en el caso de ortoprótesis externas y de cada subgrupo en el caso de implantes quirúrgicos.

Por todo, ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas, a concretar y actualizar la cartera común de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta el ajuste básico de los productos al usuario, una adaptación individualizada o su elaboración a medida, con el fin de garantizar una prestación más adecuada y ajustada a las necesidades de cada usuario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Interior

181/000867

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don César Luena López

Texto:

¿Qué actuaciones tiene previsto adoptar el Gobierno para acortar los tiempos de espera de expedición del DNI en La Rioja?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-César Luena López, Diputado.


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Comisión de Fomento

181/000858

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Carmen Valido Pérez

Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y Presidente de Enaire

Texto:

¿Contempla el Gobierno planes alternativos a la gestión aeroportuaria con sistema AFIS en el aeropuerto de El Hierro, cuando se agudiza con situaciones de alertas por avisos meteorológicos, ocasionando cancelaciones y retrasos que se acumulan a última hora de la tarde en este aeropuerto, limitado en su horario de operaciones por el citado sistema? Por ejemplo, aumentar ahora la franja horaria de apertura/cierre hasta la eliminación de este sistema automático en el aeropuerto de los Cangrejos que limita su operatividad al no contar con controladores aéreos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2018.-Carmen Valido Pérez, Diputada.

181/000860

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Félix Alonso Cantorné

Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y Presidente de Enaire

Texto:

¿Cuáles fueron las razones y motivaciones para la introducción de cláusulas arbitrarias en los contratos temporales de conservación y mantenimiento de carreteras desde 2013, que posteriormente resultaron ilegales, y como resultado permitía conceder las adjudicaciones a empresas previamente elegidas?

¿Siguen vivas algunas de las adjudicaciones concedidas con la inclusión de dicha cláusula?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.

181/000868

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don César Luena López

Texto:

¿Cuáles son los planes inmediatos y futuros del Gobierno en relación con la II fase del soterramiento del ferrocarril en Logroño?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-César Luena López, Diputado.


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181/000892

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión De Fomento

Diputado don Félix Alonso Cantorné

Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y Presidente de Enaire

Texto:

¿Cuáles serán y cómo se obtendrán las previsiones en las que se basen los criterios para la licitación de las autopistas rescatadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.

181/000897

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña María González Veracruz

Texto:

¿Tiene el Gobierno previsto redactar el proyecto y acometer la ejecución para habilitar una salida desde la A-33 hacia la carretera del Carche, lo que supondría aplicar el mandato parlamentario aprobado en Proposición no de Ley el pasado mes de marzo de 2017?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2018.-María González Veracruz, Diputada.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000861

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don César Luena López

¿Cuándo tienen prevista la construcción de la balsa de regulación del canal del río Najerilla (La Rioja) situado en Zarratón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-César Luena López, Diputado.


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181/000862

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don César Luena López

¿Existen actas de las reuniones de la Comisión de Desembalse del canal del río Najerilla y si es así, desde cuándo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-César Luena López, Diputado.

181/000863

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don César Luena López

¿Piensa el Gobierno mantener el modelo de gestión ejercido sobre el canal del río Najerilla (La Rioja) por la Confederación Hidrográfica del Ebro o, por el contrario, tiene previsto modificar la gestión y adoptar un modelo de gestión privada o externa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-César Luena López, Diputado.

181/000864

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don César Luena López

¿Las decisiones de desembolse del canal del río Najerilla (La Rioja), se toman por la Comisión de Desembalse o por la Confederación Hidrográfica del Ebro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-César Luena López, Diputado.

181/000865

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don César Luena López

¿De la cantidad de agua desembalsada en el canal del río Najerilla (La Rioja), en el periodo del 3 al 24 de agosto de 2017, cuánta es para la margen derecha y cuánta es para la margen izquierda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-César Luena López, Diputado.


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181/000866

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don César Luena López

¿Cuáles son los motivos por los que se amplía la cantidad de agua desembalsada en el canal del río Najerilla (La Rioja) de 2 a 5 metros cúbicos por segundo a partir del día 3 de agosto y hasta el 24 de agosto del 2017?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-César Luena López, Diputado.

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

181/000895

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático

Diputado don Juan Antonio López de Uralde Garmendia

Dirigida a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Texto:

A la luz de los datos facilitados por el informe de la Agencia Internacional de la Energía, según el cual las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía crecieron un 1,4 % en 2017, ¿considera compatible el Gobierno el retraso de las medidas legislativas en materia de cambio climático y transición energética con el cumplimiento del objetivo de no superar la barrera de los 1,5 ºC de aumento de temperatura a final de siglo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.

181/000896

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático

Diputada doña Eva García Sempere

Dirigida a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Texto:

¿Dispone el Gobierno de datos oficiales acerca del número de pozos ilegales en nuestro país, que pueda hacer públicos, y que permita:

- Conocer el uso real de las aguas subterráneas (teniendo en cuenta el uso fraudulento).

- Hacer previsiones reales de la demanda y una política hídrica responsable.

- Combatir con todas las armas legales la apropiación y sobreexplotacion de acuíferos y cauces?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/031151

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM).

Informe remitido en diciembre de 2017 a la Comisión Europea solicitando la ampliación de los Corredores Atlántico y Mediterráneo.

Acuerdo:

1. En cuanto a la solicitud de informe contenida en la primera pregunta, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 82326, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/001362).

2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

3. Comunicar este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Alexandra Fernández Gómez, Diputada del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito relativa al Informe remitido en diciembre de 2017 a la Comisión Europea solicitando la ampliación de los corredores Atlántico y Mediterráneo.

El miércoles 14 de marzo, esta diputada dirigía una pregunta al Secretario de Estado de Transportes, Infraestructuras y Vivienda en la Comisión de Fomento sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para que la franja Noroeste-Cantábrica no quede excluida de la próxima programación plurianual de la Red Transeuropea de Transporte.

El Secretario de Estado desveló, entre otros aspectos, que "En diciembre de 2017 se remitió un informe completo y detallado a la Comisión Europea solicitando la ampliación de los corredores atlántico y mediterráneo a su paso por España. Como no podía ser de otra manera, el informe contemplaba la inclusión en el Atlántico de todas las infraestructuras de la franja noroeste cantábrica que ya forman parte de la red básica y que unen sus puertos y las principales ciudades con el resto de la península y con el centro de Europa". Explicitó el compromiso del Ministerio para que "territorios tan importantes para España y para Europa como la franja noroeste cantábrica puedan formar parte de los corredores europeos y sus infraestructuras de conexión sean una realidad lo más pronto posible".

Es más, añadió que "a mediados de enero de 2018 los servicios responsables del tema en el Ministerio de Fomento han acudido a Bruselas para explicar la propuesta a los servicios de la Comisión". Y que el pasado 16 de febrero volvió a comunicarse con el coordinador europeo del corredor atlántico por la posibilidad de ampliar el corredor.

A fin de contar con la necesaria información al respecto, y dada la importancia que este tema tiene para las conexiones futuras de mercancías de Galicia con Europa, formulamos las siguientes preguntas:

[...]


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¿Defiende en dicho Informe la inclusión de todos los puertos de la franja noroeste y cantábrica de los puertos gallegos especialmente para que no queden fuera del mapa de las conexiones de mercancías con Europa?

A tal fin, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para que la franja noroeste cantábrica pueda formar parte de los corredores europeos?

¿Qué actuaciones va a poner en marcha para posibilitar y mejorar las conexiones ferroviarias de mercancías de Galicia?

¿No cree que debe poner en marcha actuaciones que propicien una mejora de las infraestructuras ferroviarias en la franja cantábrica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.

184/031188

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Antón Cacho, Javier (GS).

Informe de los servicios jurídicos del Consejo Superior de Deportes existente que avale la decisión de no suspender al Presidente de la Real Federación Española de Taekwondo al entender que las infracciones administrativas que motivaron la apertura de expediente disciplinario no conllevan suspensión provisional.

Acuerdo:

1. En cuanto a la solicitud del informe de los servicios jurídicos del Consejo Superior de Deportes, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/001360).

2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Javier Antón Cacho, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, celebrada el día 13 de febrero de 2018, decidió la no suspensión provisional del Presidente de la Real Federación Española de Taekwondo al entender que las infracciones administrativas que motivaron la apertura de expediente disciplinario no conllevan suspensión provisional.

¿Existe algún informe de los servicios jurídicos del Consejo Superior de Deportes que avale esta decisión?

[...]

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.-Javier Antón Cacho, Diputado.

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