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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 306, de 27/02/2018
cve: BOCG-12-D-306
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de febrero de 2018

Núm. 306


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Justicia

161/002937 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la supresión del Ducado de Franco ... (Página7)

Comisión de Interior

161/002940 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a aumentar los efectivos y reforzar las capacidades operativas en Policía Nacional y Guardia Civil en Andalucía ... (Página8)

161/002942 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en el municipio de Santa Marta de Tormes (Salamanca) ... (Página9)

Comisión de Defensa

161/002969 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al estado de conservación de la Muralla Militar de Ferrol ... (Página10)

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002934 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la actualización del sistema de financiación en 2018 ... (Página12)

161/002935 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la revisión salarial para el personal desplazado sin movilidad forzosa de los centros del Instituto Cervantes en Brasil ... (Página13)

161/002938 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la equiparación de las actividades de investigación básica e investigación aplicada en términos de exención del Impuesto sobre el Valor Añadido ... (Página15)


Página 2




161/002968 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas fiscales o presupuestarias destinadas al fomento del sector audiovisual y la difusión de la cultura digital, para compensar la pérdida de recursos que conllevó a este sector, la sentencia del Tribunal Constitucional que derogó el impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas ... (Página17)

Comisión de Fomento

161/002932 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las infraestructuras en la provincia de Lugo ... (Página18)

161/002944 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a plantear fórmulas que permitan a los usuarios de AVE de Málaga poder llegar a Madrid sobre las 08:45 horas ... (Página19)

161/002945 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a estudiar una conexión ferroviaria de altas prestaciones entre Málaga capital y Nerja ... (Página20)

161/002954 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de los puertos inteligentes ... (Página21)

Comisión de Educación y Deporte

161/002941 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a garantizar la diversidad de modelos familiares en cuestionario para el alumnado de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad ... (Página23)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002949 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y Popular en el Congreso, sobre el cierre de la planta de la empresa Siemens-Gamesa en Miranda de Ebro ... (Página23)

161/002959 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de un grupo de trabajo para la elaboración del Libro Blanco sobre el Futuro del Trabajo ... (Página24)

161/002967 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a suspender la entrada en vigor del factor de sostenibilidad de las pensiones el próximo 1 de enero de 2019 ... (Página26)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002939 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre una estrategia integral de datos abiertos en la Administración General del Estado ... (Página27)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002950 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un Santuario Marino en aguas del Mar de Weddell en el Océano Antártico ... (Página30)

161/002955 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de una plataforma tecnológica del sector hortofrutícola ... (Página31)


Página 3




161/002960 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para desbloquear de manera inmediata la construcción de la EDAR para Soria y su alfoz y garantizar una aportación justa de los municipios afectados ... (Página32)

161/002961 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a respaldar y apoyar el cultivo de la uva pasa de la comarca de la Axarquía, en Málaga ... (Página34)

161/002964 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y el impulso de un enfoque circular en la gestión integral del ciclo del agua ... (Página36)

161/002965 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas de contención, control, vigilancia y prevención del jacinto de agua o camalote en la Comunidad Autónoma de Extremadura ... (Página37)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002931 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores ... (Página39)

161/002946 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar un Sistema de Información de Servicios Sociales ... (Página40)

161/002947 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales ... (Página41)

161/002948 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reventa de entradas para eventos deportivos y espectáculos ... (Página42)

161/002958 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la atención pediátrica de atención primaria ... (Página43)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002952 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los Programas Nacionales de Reasentamiento y Reubicación de personas refugiadas ... (Página44)

161/002971 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el incremento de la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) ... (Página46)

Comisión de Cultura

161/002936 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adhesión a programas europeos para la puesta en valor del patrimonio cultural en territorios despoblados ... (Página47)

Comisión de Igualdad

161/002933 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que los centros para personas mayores cuenten con personal formado en materia LGTBI ... (Página49)

161/002951 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la visibilización de las lesbianas en España y mejorar el conocimiento sobre sus necesidades específicas ... (Página49)

161/002953 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a normalizar la presencia de mujeres en la representación internacional española ... (Página50)


Página 4




161/002966 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral ... (Página51)

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/002963 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y el impulso de un enfoque circular en la gestión integral del ciclo del agua ... (Página54)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002956 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de la lengua de signos en el sistema educativo ... (Página56)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002943 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de la seguridad vial en el municipio de Crevillent ... (Página57)

161/002962 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a incluir una parada en la estación Lleida-Pirineus en el futuro servicio de tren de Alta Velocidad EVA entre Barcelona y Madrid ... (Página58)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Defensa

181/000744 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez (GS), sobre motivos por los que en el Real Decreto 998/2017, de 24 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, la responsabilidad de la elaboración de la "Directiva de Política de Defensa" no aparece entre las responsabilidades ni funciones del Secretario General de Política de Defensa ... (Página59)

181/000745 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez (GS), sobre órgano superior directivo del Ministerio de Defensa al que corresponde la elaboración del proyecto de Directiva de Política de Defensa, cuyo fin es establecer las líneas generales de actuación y las directrices precisas para el Planeamiento de la Defensa en España ... (Página59)

181/000746 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez (GS), sobre motivos por los que no se ha formulado una nueva Directiva de Defensa Nacional, así como interpretación del artículo 6.3 a) de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, que establece que dentro de las atribuciones de los poderes del Estado, corresponde al Presidente del Gobierno, de forma específica, formular la Directiva de Defensa Nacional, en la que se establecerán las líneas generales de la política de defensa y las directrices para su desarrollo ... (Página59)

181/000747 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez (GS), sobre previsiones del Ministerio de Defensa acerca de proceder a la propuesta de formulación al Presidente del Gobierno de una nueva Directiva de Defensa Nacional ... (Página60)

181/000762 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM), sobre previsiones del Ministerio de Defensa acerca de modificar las explicaciones que se hacen en el Museo Militar de A Coruña que contienen loas a la figura del dictador Franco además de descripciones permisivas con el golpe de estado de 1936 ... (Página60)


Página 5




181/000763 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM), sobre previsiones del Ministerio de Defensa acerca de realizar una democratización de las explicaciones de objetos, cuadros o bustos que se exhiben en los Museos Militares a fin de eliminar las consideraciones que incurren en apología del franquismo ... (Página61)

181/000764 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM), sobre previsiones del Ministerio de Defensa acerca de ceder de forma gratuita al Ayuntamiento de Marín (Pontevedra) los terrenos e inmuebles del Campo de Tiro de Penizas, situado en la parroquia de Santa María do Campo, para destinarlos a zona de esparcimiento ... (Página61)

Comisión de Fomento

181/000743 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre planificación del Gobierno para favorecer la intermodalidad en los aeropuertos de Girona-Costa Brava y de Reus para reducir la presión y crecimiento de tráfico y personas viajeras en el aeropuerto de Barcelona-El Prat ... (Página61)

181/000748 Pregunta formulada por el Diputado don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), sobre previsiones acerca de que sea gratuita la actual AP-7 entre El Campello y Alzira y entre Sagunto y Vinarós a partir del 01/01/2020, así como razones que han motivado el aumento en el precio del peaje entre El Campello y Alzira ... (Página62)

181/000751 Pregunta formulada por el Diputado don David Serrada Pariente (GS), sobre inversión prevista para la electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro, así como plazo para su finalización ... (Página62)

181/000752 Pregunta formulada por la Diputada doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), sobre fecha prevista para la puesta en funcionamiento del servicio de trenes en la estación de Matallana, en León ... (Página62)

181/000756 Pregunta formulada por la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM), sobre motivo por el que se excluye a los puertos de interés general de Vigo, A Coruña, Ferrol-San Cibrao o Gijón de las principales redes de transporte ferroviario europeas, marginando de este modo el Corredor Cantábrico ... (Página62)

181/000757 Pregunta formulada por la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de realizar actuaciones de mejora en el cruce que conforma la antigua carretera Vigo-Madrid con la salida de la autopista AP-9 en el alto de Puxeiros, en la confluencia entre el Ayuntamiento de Vigo y el de Mos (Pontevedra) ... (Página63)

181/000758 Pregunta formulada por la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM), sobre medidas que va a adoptar el Ministerio de Fomento para que la franja Noroeste-Cantábrica no quede excluida de la próxima programación plurianual de la Red Transeuropea de Transporte ... (Página63)

181/000759 Pregunta formulada por la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM), sobre plan existente de actuación coordinado con la Xunta en caso de que sucediese un siniestro como el del "Prestige" en el Corredor de Fisterra ... (Página63)

181/000765 Pregunta formulada por la Diputada doña María Isabel Salud Areste (GCUP-EC-EM), sobre medidas previstas para evitar que sea efectiva la previsión de Aena de suprimir el servicio de tránsito aéreo ATS (Air Traffic Services) y el servicio ATC (Air Traffic Control) proporcionado por los controladores del aeropuerto de Asturias a los vuelos de emergencias sanitarias y para el transporte de órganos para trasplantes ... (Página64)


Página 6




Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000755 Pregunta formulada por la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM), sobre medidas adoptadas por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ante las conclusiones del informe realizado que recoge altas concentraciones de lindano multiplicando el máximo permitido por 10 en varias áreas del río Louro a su paso por los municipios de Porriño y Tui (Pontevedra) ... (Página64)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/000750 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de completar la plantilla del Centro de Atención a Personas con Discapacidades Físicas de Ferrol (CAMF), sobre todo en los turnos de fin de semana ... (Página64)

Comisión de Cultura

181/000760 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM), sobre ayudas concedidas por el Gobierno en los dos últimos años para la edición de libros en lengua gallega ... (Página65)

181/000761 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de colaborar con las Administraciones autonómicas para aumentar la proyección de los libros editados en lenguas cooficiales en ferias de libros internacionales ... (Página65)

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

181/000753 Pregunta formulada por la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de incluir en la estrategia para hacer frente al Cambio Climático la necesidad de acotar la expansión de las plantaciones de eucalipto por su fuerte impacto en la biodiversidad ... (Página65)

181/000754 Pregunta formulada por la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de acordar y coordinar con las Comunidades Autónomas la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a fin de incorporar las especificidades de cada territorio ... (Página66)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/026909 Autor: Serrada Pariente, David.

Equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil con las policías autonómicas ... (Página66)


Página 7




CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Justicia

161/002937

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la supresión del Ducado de Franco, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

Mediante el Decreto 3028/1975, de 26 de noviembre, el Rey Juan Carlos otorgó el título de Duquesa de Franco, con Grandeza de España, a doña Carmen Franco Polo, Marquesa de Villaverde, dando muestra de su "Real aprecio" a la misma y "en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren". La concesión se efectuaba "para sí, sus hijos y descendientes, exento de derechos fiscales en su creación y en la primera transmisión".

En el caso del Ducado de Franco, se crea bajo la denominación del apellido del dictador para tratar de honrar su memoria. Sin embargo la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, vino a establecer desde el espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, el principio de eliminación de la vida pública de aquellas menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura (artículo 15).

En la exposición de motivos de la Ley de 4 de mayo de 1948 por la que se restablece la legalidad vigente al 14 de abril de 1931 en las Grandezas y Títulos del Reino, se dice que la "concesión de títulos nobiliarios constituye la mejor manera de mantener vivo y perenne el recuerdo de las grandes glorias de la Nación, a la par que de expresar su gratitud a aquellas personas que han prestado servicios relevantes." Sin embargo, no constituye en ningún caso una "gloria de la Nación" la actuación contra el orden constitucional protagonizada por el general Francisco Franco y la terrible represión contra la Nación, su ciudadanía y sus libertades, que bajo su dictadura tuvo lugar.

La mera existencia de un Ducado de Franco resulta un elemento de exaltación de la persona más significativa de la sublevación militar de julio de 1936 contra el legítimo Gobierno de España y de la Guerra Civil consecuencia del fracaso parcial de aquel golpe de Estado. Por tanto, ese título nobiliario resulta contrario al ordenamiento jurídico vigente y resulta obligada su supresión.

Además, como ha fallecido recientemente la persona que ostentaba el Ducado de Franco y está sin resolver por el Ministerio de Justicia su sucesión, según lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto de 29 de mayo de 1912 sobre concesión y rehabilitación de Títulos y Grandezas de España, resulta el momento adecuado para actuar en consecuencia, por encontrarse vacante, y suspender el proceso de sucesión y la supresión del Ducado.


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Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para no autorizar el proceso de sucesión del Ducado de Franco, vacante en estos momentos, y promover ante la jefatura del Estado la supresión definitiva de dicho Ducado al ser un título nobiliario que simbólicamente ensalza al dictador."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.- Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Interior

161/002940

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para aumentar los efectivos y reforzar las capacidades operativas en Policía Nacional y Guardia Civil en Andalucía, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El Grupo Parlamentario Socialista lleva años denunciando el recorte en plantilla y en material que sufre la Policía Nacional y de la Guardia Civil en general y particularmente en Andalucía.

Le pedimos al Gobierno que se replantee su política en materia de seguridad, porque no gusta ni al ciudadano ni a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Desde 2011 hasta la fecha, según los datos facilitados por el propio Gobierno, se ha producido un recorte de 2.158 efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Andalucía.

Desde 2011 hasta la fecha, según datos facilitados por el propio Gobierno, se ha registrado un recorte en Andalucía del 9,5 % en el número de efectivos policiales, concretamente en 2011 había en nuestra Comunidad 12.941 agentes y que los últimos datos de 2017 hablan de 11.679.

Esto supone que hoy hay en nuestra Comunidad Autónoma 1.262 policías nacionales menos que cuando Rajoy llegó al Gobierno.

Concretamente hay 368 menos en Sevilla, 321 menos en Málaga, 164 menos en Cádiz, 139 menos en Granada, 128 menos en Córdoba, 71 menos en Jaén, 52 menos en Huelva y 19 menos en Almería.

En lo que se refiere a la Guardia Civil la reducción alcanza los 896 agentes. En 2011 había 15.425 y el último dato facilitado de finales de 2016 habla de 14.529.

Concretamente hay 226 menos en Sevilla, 151 menos en Cádiz, 108 menos en Huelva, 105 menos en Málaga, 93 menos en Jaén, 84 menos en Almería, 66 menos en Granada y 63 menos en Córdoba.

A lo anterior se une el incremento de la violencia en zonas como el campo de Gibraltar que requiere, para hacerle frente, un incremento de efectivos que las coordinadoras antidroga, sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, cifran en 700 los agentes, incluido el incremento de los efectivos Vigilancia Aduanera, Policía Local y Policía Portuaria.

En las provincias de Málaga y de Cádiz es imprescindible ampliar los catálogos de puestos de trabajo, que no han sufrido modificaciones esenciales en los últimos diez años, cuando la situación de incremento del tráfico ha tenido una progresión geométrica y además, hay que cubrir estos catálogos, lo que se hace imposible sin un incremento serio de los efectivos totales de ambos cuerpos.

Pero para mejorar la eficacia en esta lucha, además, hay que incrementar los medios con los que trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya que actualmente lo hacen con recursos muy inferiores


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material y tecnológicamente, y adoptar, también medidas que faciliten el arraigo de los agentes en la zona.

Y no es solo el recorte en personal, los socialistas llevamos denunciando en los últimos años la falta de inversiones en comisarías y cuarteles; de hecho solo uno de cada 20 euros invertidos en la mejora de cuarteles a nivel nacional, se ha invertido en Andalucía según reconoce el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria, concretamente, entre 2012 a 2016 se invirtieron en Andalucía 5,1 millones de los 100,2 invertidos a nivel nacional.

En lo que se refiere a la Policía Nacional se ha invertido en Andalucía 7,5 de los 50 millones de euros invertidos a nivel nacional, lo que representa un 15 %. Muy por debajo de lo que nos correspondería por población y por territorio.

En los dos últimos años no se ha construido ningún cuartel de la Guardia Civil ni Comisaria de Policía Nacional en Andalucía.

Además se ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de materiales en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como chalecos antitrauma y la antigüedad del parque móvil de coches patrulla.

También es necesario mejorar las condiciones laborales y una retribución justa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, algo que han reclamado en reiteradas ocasiones los propios agentes.

Con el PP vamos hacia la privatización de la seguridad ciudadana: como dijo aquel delegado del Gobierno en Madrid: "el que quiera estar seguro, que se lo pague".

Con el modelo del Partido Popular ganan las empresas y pierden los ciudadanos. Al igual que han hecho con la sanidad, con la dependencia o con la educación, el Partido Popular quiere hacer negocio con la seguridad ciudadana.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aumentar los efectivos y reforzar las capacidades operativas en Policía Nacional y Guardia Civil en Andalucía, con incremento y cobertura real de los catálogos, hasta alcanzar cotas de cobertura plenas de las distintas plantillas y especialidades.

2. Garantizar el refuerzo adecuado de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en el denominado Plan Verano de Seguridad en Andalucía dada la importante afluencia de turistas que se produce en nuestra Comunidad.

3. Fortalecer el Plan Roca en Andalucía de cara a reducir los robos en el campo que genera preocupación en nuestros agricultores.

4. Incrementar los medios personales y materiales para luchar contra el aumento del tráfico de drogas, las agresiones a agentes por los traficantes y la violencia derivada e estas actividades delictivas en la zona afectada.

5. Garantizar que se mejoren las condiciones laborales y retributivas en que actualmente prestan sus servicios los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Antonio Prada Torres, Sonia Ferrer Tesoro, Salvador Antonio de la Encina Ortega, Antonio Hurtado Zurera, Elvira Ramón Utrabo, José Juan Díaz Trillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Carmen Rocio Cuello Pérez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002942

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en el municipio de Santa Marta de Tormes (Salamanca), para su debate en la Comisión de Interior.


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Exposición de motivos

El municipio de Santa Marta de Tormes es el segundo municipio en tamaño de población de la provincia de Salamanca, detrás de la capital de la provincia. Además, en la actualidad es el único puesto principal de la provincia.

A pesar de ello, las instalaciones que ocupa el personal de la Guardia Civil destinada en ese puesto están totalmente obsoletas y su reducido espacio provoca que los agentes estén repartidos entre el local que ahora ocupa el cuartel, un local propiedad municipal situado en el bajo de un edificio de viviendas, y la comandancia de Salamanca. A todas luces, este reparto de los efectivos resulta completamente inoperativo para unos agentes que tienen que cubrir la seguridad ciudadana de la práctica totalidad de los municipios del alfoz de Salamanca y que suman a la mayor parte de la población de la provincia.

En el año 2009, por unanimidad de los grupos políticos del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes se acordó la cesión de una parcela municipal de 2.481 metros cuadrados al Ministerio del Interior para la construcción de dicho cuartel.

En marzo de 2012, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, presentó para su debate en el Pleno del 30 de marzo del mismo mes una moción que contenía dos puntos:

"1. El Pleno del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, acuerda solicitar del Gobierno de la Nación que en los presupuestos para el año 2012, se incluya una partida para la redacción del proyecto) de construcción de dicho cuartel y en la medida de lo posible, se licite dicha obra, por ser de absoluta necesidad para las competencias que dicho Cuerpo tiene en nuestra ciudad.

2. Remítase este acuerdo a la Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio del Interior."

Esta Moción es aprobada por unanimidad de los diecisiete miembros que de derecho forman la Corporación.

La moción fue aprobada con el voto favorable de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.

A pesar de ello, no es hasta octubre de 2012 cuando desde el Gobierno se muestra interés por la construcción del cuartel. Es entonces, cuando el Alcalde del Partido Popular muestra su entusiasmo por el interés del Gobierno en construir un cuartel en el municipio, señalando que de esta manera se daba respuesta a los problemas de seguridad, una preocupación importante para el equipo de gobierno, asegurando además que la parcela era lo suficientemente grande no solo para construir un cuartel, también una casa cuartel.

Lo cierto es que a pesar de los acuerdos plenarios alcanzados por unanimidad, del anuncio del Gobierno y del entusiasmo del entonces Alcalde, transcurridos cinco años no se tiene noticia alguna sobre la construcción de una infraestructura necesaria para mejorar el servicio público de seguridad ciudadana en los municipios con mayor población de la provincia de Salamanca.

Por todo ello, el grupo parlamentario socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dotar, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, de una partida económica suficiente para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, en el municipio de Santa Marta de Tormes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2018.-David Serrada Pariente, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Defensa

161/002969

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz, Miguel Anxo Fernández Bello, de conformidad


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con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Defensa relativa al estado de conservación de la Muralla Militar de Ferrol.

Exposición de motivos

La muralla del Arsenal de Ferrol fue el peaje que la ciudad comenzó a pagar hace tres siglos para convertirse en la base naval de la Armada. Desde el puerto de Curuxeiras hasta el barrio de Esteiro, un espeso muro de cinco metros de altura se extiende a lo largo de dos kilómetros en paralelo a la ría de Ferrol. Durante las tres últimas décadas, corporaciones municipales de distinto color político han clamado contra el muro, pero apenas han logrado derribar unos centenares de metros.

El pasado mes de enero de 2017, el actual alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, remitió al Almirante jefe del Arsenal de Ferrol, Francisco Javier Romero Caramelo, el informe técnico de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento con el proyecto de adecentamiento de la Alameda de la Escala Obreira, para impulsar el proceso de recuperación de este espacio público del que es titular el Ministerio de Defensa, unos terrenos que están concesionados a Navantia.

En el mencionado escrito, el Alcalde de Ferrol recuerda que los sucesivos gobiernos focales han compartido con el Arsenal, los astilleros y la Autoridad Portuaria "la vieja y sempiterna aspiración de eliminar, en la medida de lo posible, las barreras físicas que limitan la relación de la ciudad del mar con su ría".

Según el citado informe técnico, la alameda existente situada en las inmediaciones de la muralla del astillero de Navantia y el antiguo acceso a la Escola Obreira, constituye uno de los restos de la antigua alameda perimetral que existía como cinturón verde entre la ciudad y las instalaciones militares, como se puede comprobar en los distintos planos históricos existentes de la ciudad de Ferrol desde el siglo XVIII.

Según el Plan General de Ordenación Municipal vigente del Ayuntamiento de Ferrol, aprobado definitivamente por acuerdo plenario de fecha 28 de diciembre de 2000, DOG núm. 49, del 9 de marzo de 2001, los terrenos sobre los que se encuentra la mencionada alameda están clasificados como zona verde dentro de la red municipal de zonas verdes y espacios libres públicos de la ciudad de Ferrol, siendo reguladas por el artículo 119 de la normativa urbanística.

El ámbito de la alameda en cuestión se encuentra también dentro de la zona de respeto de la delimitación del Camino Inglés a Santiago de Compostela y dentro del ámbito del Área de Rehabilitación Integral General de Esteiro Vello de fecha 22 de julio de 2015.

En la actualidad, la alameda de la Escola Obreira se encuentra muy degradada, y hasta hace poco era utilizada como aparcamiento incontrolado de vehículos, presentando un estado de urbanización totalmente descuidada. Asimismo, cuenta con un deficitario alumbrado público, lo que incrementa la sensación de dejadez y de falta de seguridad. Esta situación aumenta por la presencia lateral de la elevada muralla de cierre perimetral de astillero que constriñe el espacio limitando su amplitud visual y conformando un espacio residual dentro de la ciudad.

A esto hay que añadir que la muralla militar se encuentra en muy mal estado de conservación en diversos tramos, a pesar de estar declarada como Bien de Interés Cultural. En los restos de la antigua muralla defensiva de la ciudad se acumula mucha vegetación, una de las consecuencias del deterioro de esta muralla, junto a los árboles que dañan el muro, o las grietas y filtraciones de agua. De hecho, el Colegio Oficial de Arquitectos de Ferrol ha advertido que con estas agresiones los muros corren riesgo de derrumbarse con el consecuente peligro para los viandantes.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Redactar y aprobar, en el plazo de tres meses, el proyecto de adecentamiento de la alameda Escola Obreira de Ferrol, y una propuesta que adapte el diseño estético de la muralla de cierre del astillero, procediendo a su eliminación parcial o total, sustituyéndola por un cierre diáfano que permita la visión del interior del astillero Navantia, con la finalidad de mejora de la calidad espacial y urbana del entorno, y en general de la imagen de la ciudad de Ferrol. Elaborar un informe del actual estado de conservación de la Muralla Militar de Ferrol.


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- Ejecutar, de inmediato, trabajos de limpieza, mejora y acondicionamiento de aquellos tramos de la muralla que no sea posible derribar o sustituir por otro tipo de cierre más diáfano, con la finalidad de evitar derrumbes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002934

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la actualización del sistema de financiación en 2018, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

En los últimos meses el Gobierno, a través del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montero, ha comunicado a las Comunidades Autónomas que, en tanto no haya Presupuestos Generales del Estado para 2018, no se abonará la liquidación de 2016 del sistema de financiación y se verán rebajadas las entregas a cuenta durante todo el año.

En el caso de la Comunitat Valenciana la medida anunciada por el ministerio supondrá que se dejen de ingresar 1.600 millones de euros por la liquidación de 2016 y 353 millones por la rebaja de las entregas a cuenta de 2018. En total, 1.953 millones de euros que dejarán de ingresar las arcas de la Comunitat Valenciana y que no se podrán destinar a sufragar los servicios sociales básicos de los valencianos y las valencianas; lo que también sucederá en el resto de comunidades autónomas.

El caso de la Comunitat Valenciana, sin embargo, es una "rara avis" dentro de las CCAA de régimen común, ya que es la única que teniendo un PlB per cápita inferior a la media aporta al sistema. La sinergia que ocasiona la posición de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana junto con el recorte anunciado por el Gobierno dejan a la Generalitat en una situación de asfixia financiera sumamente preocupante.

Reiteradamente se ha señalado desde el Gobierno que la reforma del sistema de financiación se produciría "en este año". Afirmación que se ha repetido año tras año hasta el actual.

Además, en referencia a la decisión del ministerio de no abonar la liquidación de 2016 y recortar las entregas a cuenta, el ministro Montero señaló en sede parlamentaria que "podría aprobar un Real Decreto para actualizar el sistema de financiación" en este sentido.

Asimismo también se ha estado planteando durante este periodo la posibilidad de realizar una quita de la deuda de las Comunidades Autónomas. Si bien una quita al uso podría generar tensiones entre los Gobiernos de las Comunidades Autónomas en orden a la responsabilidad financiera que se deriva del principio de autonomía financiera consagrado en el 156 de la Constitución, nadie parece oponerse a que se compensen los créditos contraídos por los Gobiernos de las Comunidades Autónomas infrafinanciadas como consecuencias de las distorsiones generadas por el sistema de financiación, lo que se ha venido a denominar "Deuda histórica" o "Deuda por infrafinanciación".

Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. En tanto no se disponga de Presupuestos Generales del Estado, aprobar un Real Decreto por el que se actualice el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas para 2018, abonando la liquidación de 2016 y haciendo efectivas la totalidad de las entregas a cuenta durante 2018.


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2. Acelerar los trámites para llevar a cabo la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, buscando el consenso entre territorios y con base en los principios de solidaridad interterritorial e igualdad.

3. Prever un mecanismo de compensación de las deudas generadas por infrafinanciación acumulada en las Comunidades Autónomas en las que concurra esta circunstancia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2018.-lgnasi Candela Serna, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002935

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Función Pública, relativa a la revisión salarial para el personal desplazado sin movilidad forzosa de los centros del Instituto Cervantes en Brasil.

Exposición de motivos

Desde la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad -que desarrolla en parte el reformado artículo 135 constitucional-, el Gobierno ha venido adoptando mecanismos de reajuste del gasto público para, según sostiene, hacer frente a la crisis económica y satisfacer las exigencias de las instituciones europeas en relación con el déficit público. El resultado ha sido que, en el contexto de una crisis económica, el Gobierno ha priorizado la reducción del déficit fiscal frente a la reducción del déficit social, aumentando las situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión social, y generalizando la precariedad laboral.

Además de los recortes en el gasto social, para conseguir el objetivo de estabilidad presupuestaria el Gobierno puso en marcha medidas de modernización y racionalización de las Administraciones Públicas destinadas a incrementar la calidad y la productividad del empleo público. Se trataba, según el Gobierno, de optimizar los recursos, racionalizar y reducir el gasto de personal de las Administraciones Públicas e incrementar la eficiencia de su gestión. En consecuencia, sus contribuciones quedaron congeladas e inhabilitada la incorporación de nuevo personal. Si bien estas medidas complementarias a los ajustes fiscales se presentaron entonces como extraordinarias y urgentes, lo cierto es que para algunas trabajadoras/es del sector público han supuesto un deterioro considerable en sus condiciones de vida, que no se ha revertido con la supuesta "salida de la crisis", que el Gobierno apunta como uno de sus principales logros.

Este es precisamente el caso de las/los trabajadores desplazados no forzosos del Instituto Cervantes en Brasil, todos ellos profesores, que tienen su salario congelado desde 2009 -después de una exigua subida del 0,3 % en 2008-, pese al alto coste de vida, la alta inflación de las ciudades de destino, y unas condiciones de vida que exigen al personal desplazado pagar a sus hijas/os educación y sanidad privada y vivir en zonas residenciales de rentas medias, dados los altos índices de inseguridad.

Desde hace tiempo, este colectivo viene realizando movilizaciones, jornadas de huelga y paros, para conseguir un reajuste salarial que le garantice una retribución suficiente para mantener un nivel de vida adecuado. Asimismo, el personal y sus representantes han mantenido reuniones con los responsables del Instituto Cervantes, para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a su precariedad. Ni en 2015 ni en 2016 -a pesar del aumento que registró su presupuesto (del 8 y el 20 %, respectivamente)-, el Instituto respondió a las solicitudes de reajuste salarial que desde Brasil realizó el profesorado, argumentando que corresponde al Ministerio de Hacienda decidir sobre los salarios de los empleados de la institución; ello pese a que, ya en 2012, el entonces Director reconoció a la prensa que los profesores de español que trabajan para el centro "están malviviendo en países como Brasil, Reino Unido o Japón..." 1.

1 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/08/espana/1339138855.html


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Finalmente, el 8 de mayo de 2017, se celebró en la sede central del Instituto una reunión entre el Secretario General de este organismo, y el Secretario General de la Federación de Enseñanza del Exterior de CCOO, en la que se firmó un acuerdo sobre los términos del expediente de revisión salarial para el personal sin movilidad forzosa desplazado en Brasil, que el Instituto presentaría a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, planteando posibles soluciones económicas a la situación del personal desplazado en este país. Como señal de buena voluntad, el colectivo de profesoras/es suspendió la convocatoria de huelga.

En el acuerdo quedó establecido que en la elaboración de la propuesta se tendría en cuenta la inflación en Brasil desde 2009 (según el Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo que publica el Banco Central); la variación del tipo de cambio euro-real brasileño; la inseguridad en el país; las deficiencias de los sistemas educativo y sanitario, así como análisis comparativos entre las retribuciones de este colectivo y las del personal que presta sus servicios en otras oficinas de la administración española en Brasil 2. Con base en estas variables se determinó proponer en el expediente de revisión salarial del personal desplazado sin movilidad forzosa y sometido a la legislación española: a) un incremento del 68,82 % -lo que supondría un coste para el presupuesto de la institución de 545.471,28 euros- que compense la pérdida progresiva de poder adquisitivo; b) un complemento de puesto temporal y no consolidable, por un importe de 6.000 euros brutos anuales -con un coste total de 120.000 euros- para compensar las condiciones específicas de inseguridad y deficiencia de los servicios públicos de sanidad y educación; c) la implementación de mecanismos de revisión salarial anual que permitan mantener el poder adquisitivo de las retribuciones. Cabe destacar que, con la firma de este acuerdo, el Instituto Cervantes reconocía la necesidad de reajustar las retribuciones en los términos convenidos, además de manifestar que contaba con los recursos presupuestarios para hacerlo.

Sin embargo, en el mes de julio el Departamento de Recursos Humanos del Instituto Cervantes comunicó a los representantes de las trabajadoras/es que la CECIR desestimaba la propuesta con el argumento de que "un incremento de retribuciones adicional podría provocar deslizamientos retributivos no permitidos, derivado de las disposiciones en materia presupuestaria y económica que prevén la limitación en el incremento de retribuciones y otro gasto del conjunto del personal, entre las que se puede citar el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad, y normas concordantes".

El profesorado reanudó desde septiembre los paros por huelga y las movilizaciones en diferentes formas, lo que ha surtido importantes efectos negativos sobre el desarrollo de la actividad académica (clases, realización de pruebas para la obtención del Diploma de Español como Lengua Extranjera, etc.) y sobre la imagen de la institución y del servicio exterior español en Brasil.

En efecto, el artículo 35.1 constitucional establece que todos los españoles tienen derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. El mismo derecho está reconocido en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece el derecho a una remuneración que garantice a las/os trabajadores condiciones de existencia dignas para ellos y sus familias. De acuerdo con la interpretación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC), dicha remuneración "se debe determinar en función de factores externos, como el costo de la vida y otras condiciones económicas y sociales imperantes. Así pues, la remuneración debe ser suficiente para permitir al trabajador y a su familia gozar de otros derechos reconocidos en el Pacto, como la seguridad social, la atención de salud, la educación y un nivel de vida adecuado, que le permita acceder a alimentos, agua, saneamiento, vivienda y vestido y cubrir gastos adicionales, como los costos de transporte 3.

Más aún, tanto el CDESC como el Comité Europeo de Derechos Sociales, sostienen que incluso en períodos de recesión, crisis o ajustes económicos, los Estados mantienen sus obligaciones en materia de derechos sociales; rechazan, en consecuencia, el argumento de la crisis económica y la escasez de recursos como justificación de las restricciones legales a estos derechos, entendiendo que es precisamente en estas circunstancias, cuando exigen mayor protección.

Entendemos, por tanto, que no hay razones que justifiquen -ni siquiera en el contexto de la crisis- el deterioro salarial y de las condiciones de vida del profesorado sin movilidad forzosa, desplazado por

2 Por poner un ejemplo, otros profesionales de la Educación destinados a este país por otros organismos oficiales reciben retribuciones entre tres y cuatro veces superiores.

3 Comité DESC, Observación General 23 (2016) sobre el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (artículo 7 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), párrafo 18.


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el Instituto Cervantes en Brasil, y mucho menos que expliquen la falta de soluciones a esta situación, cuando el Gobierno sostiene que "hemos recuperado el nivel de riqueza de antes de la crisis" 4.

De hecho, como en los años anteriores, la propia Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, habilita al Ministerio de Hacienda y Función Pública a determinar y, en su caso, actualizar "las retribuciones del personal laboral en el exterior de acuerdo con las circunstancias específicas de cada país" (artículo 32).

Pareciera entonces que es simplemente la falta de voluntad política lo que prolonga la situación de precariedad laboral de aquellas personas (y sus familias), dedicadas a la enseñanza y difusión en el extranjero de la lengua y la cultura de un Estado que vulnera flagrantemente sus derechos fundamentales, constitucional e internacionalmente reconocidos.

Por todo ello, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a hacer efectivo -a través de la CECIR del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas- el expediente de revisión salarial para el personal sin movilidad forzosa desplazado en Brasil, acordado entre los responsables del Instituto Cervantes y sus trabajadoras/es."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002938

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Educación y Deporte, relativa a la equiparación de las actividades de investigación básica e investigación aplicada en términos de exención del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Exposición de motivos

La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) implica una compleja casuística para las universidades y los organismos públicos de investigación. La Ley incluye en el punto 9 del apartado uno de su artículo 20 a la enseñanza entre las operaciones interiores exentas de tributación. En cambio, por defecto, la actividad investigadora se encuentra sujeta y no-exenta, de modo que el IVA soportado) en la adquisición de bienes y servicios vinculados a dicha actividad puede ser deducido en las liquidaciones regulares del Impuesto. En el caso específico de las universidades, que llevan a cabo actividades tanto docentes, como investigadoras, eso implica la aplicación de la regla de la prorrata (regulada en los artículos 101 y siguientes de la Ley) en el caso del IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios que se encuentran vinculados tanto a la actividad docente, como a la investigadora.

Por otro lado, en el mismo artículo 20.1.9 de la Ley se extiende la exención de las actividades docentes en la tributación por IVA "a las prestaciones de servicios y entregas de bienes directamente relacionadas" con la enseñanza. A la hora de interpretar este precepto, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a través de la Administración General del Estado, ha considerado a la denominada "investigación básica" como una actividad común a los sectores de la enseñanza y la investigación y ha llevado a cabo distintas reclamaciones económico-administrativas frente a las universidades. En dichas reclamaciones ha cuestionado la deducción total del IVA soportado derivada de la adquisición de bienes y servicios vinculados a la investigación básica que han llevado a cabo las universidades; y, por el contrario, ha exigido la aplicación de la prorrata para determinar qué porcentaje de ese IVA soportado resulta deducible en tanto en cuanto los bienes y servicios adquiridos se encuentren también afectos a la investigación aplicada.

4 http://www.rtve.es/noticias/20170728/rajoy-hemos-recuperado-nivel-riqueza-antes-crisis/1588567.shtml


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De este modo, la Agencia Tributaria ha tratado de diferenciar, a efectos del IVA, entre tres tipos de actividades que llevan a cabo las universidades: uno, la educación, que se encontraría sujeta, pero exenta del IVA, tanto en términos de la obligación de repercutir el IVA por el servicio prestado, como de la capacidad de deducirse el IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios vinculados al mismo; dos, la investigación básica, que, según el criterio de la AEAT, también se encontraría sujeta y exenta, siendo posible la deducción del IVA soportado solo en la proporción, determinada por la regla de la prorrata, en que los bienes y servicios se utilicen también para la investigación aplicada; y, tres, la investigación aplicada, que se encontraría sujeta y no-exenta, estableciéndose la obligación de repercutir IVA en los servicios de investigación facturados y pudiéndose deducir el total del IVA soportado únicamente por la adquisición de bienes y servicios afectos a esa actividad. A esta casuística habría que añadir, además, el caso de la investigación considerada como función pública, la cual, al llevarse a cabo por las universidades "sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria", se encontraría incluida dentro de las operaciones (reguladas en el artículo 8 del apartado 7 de la Ley) que no se encuentran sujetas al Impuesto.

Frente al parecer de la Agencia Tributaria la mayoría de universidades han estimado que, dado que la investigación básica es la base sobre la que posteriormente se asienta cualquier investigación aplicada, la primera se encontraría sujeta y no-exenta del mismo modo que la segunda. Este criterio ha sido confirmado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha desestimado los recursos de casación presentados por la Administración General del Estado contra sentencias anteriores relativas a liquidaciones practicadas por la Administración Tributaria a distintas universidades (entre otras las de Salamanca, Santiago de Compostela o León).

En dichas sentencias se define, en primer lugar, a la investigación básica como aquella "que consiste en trabajos teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada y que se cubre con aportaciones de la propia Universidad y con subvenciones públicas"; frente a la investigación aplicada "que supone la realización de trabajos originales encargados por particulares, que se financia con contraprestaciones satisfechas por quienes encomiendan el proyecto".

En segundo lugar, esas sentencias niegan la relación de la investigación básica con las actividades docentes de las universidades, a pesar de que la coincidencia entre el personal docente y el investigador y a pesar de que las adquisiciones de bienes y servicios inicialmente destinados a la investigación básica puedan ser utilizados en las otras actividades universitarias. Por el contrario, las sentencias concluyen, en contra del criterio de la AEAT, que "no existe" una "vinculación automática de la investigación básica y la enseñanza, ni que los gastos realizados en el curso de dicha Investigación básica resulten por tanto afectos tanto a la enseñanza como a la investigación"; y que "aun de aceptarse que el resultado de la investigación básica se utilizará para la actividad de enseñanza, no bastaría para establecer la relación jurídica que extrae la Administración".

De este modo, el Tribunal Supremo ha confirmado la vinculación entre investigación básica e investigación aplicada, permitiendo la deducción total del IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios que se encuentran vinculados a la primera. Dada la disparidad de criterios respecto a lo argumentado en los procesos por la Agencia Tributaria, parece necesario homogenizar legalmente el tratamiento fiscal de ambas actividades.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las necesarias modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido con el objetivo de homologar, en coherencia con las sentencias del Tribunal Supremo, el tratamiento fiscal de la investigación básica con el de la investigación aplicada en términos de sujeción y no-exención al IVA para las instituciones públicas (universidades y organismos públicos de investigación) que realizan actividades docentes e investigadoras o únicamente investigadoras."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-Nayua Miriam Alba Goveli y María Rosa Martínez Rodríguez, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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A la Mesa del Congreso

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano i Canadés y Sergi Miquel i Valentí, Diputados del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su discusión ante la Comisión de Cultura, una Proposición no de Ley por la que se insta al gobierno a adoptar medidas fiscales o presupuestarias destinadas al fomento del sector audiovisual y la difusión de la cultura digital, para compensar la pérdida de recursos que conllevó a este sector, la sentencia del Tribunal Constitucional que derogó el impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas.

Exposición de motivos

El 26 de noviembre de 2014 el Parlament de Catalunya aprobó con una amplia mayoría, 104 votos a favor (el 77 % de la Cámara) y ningún voto en contra (26 abstenciones), la Ley 15/2014 del impuesto sobre provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y de difusión de la cultura digital, que entró en vigor el 11 de diciembre de 2014. En la tramitación de la citada norma se tuvieron en cuenta como mínimo, unos 20 informes, memorias, dictámenes o escritos de alegaciones (Informes de impacto, evaluación y jurídicos elaborados por: la Dirección General de Presupuestos; el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts; el Consell de l'Audiovisual de Catalunya; el Consell de Treball, Econòmic i Social; servicios jurídicos; alegaciones de la Academia Catalana de la Música; de Jazztel, empresarios del cine, ANIMATS, AMETIC;...)

La bautizada como "tasa del cine", establecía un impuesto a los operadores de comunicaciones electrónicas para el fomento del sector audiovisual, Se trataba de una cuota fija de 0,25 euros al mes por cada conexión de ADSL que hicieran las compañías, ya fuera por telefonía fija o celular. La nueva tasa pretendía recaudar unos 20,5 millones de euros anuales y destinarlos a políticas de apoyo a la industria audiovisual, Una política con claras repercusiones beneficiosas para todo el sector, desde empresas de la animación, la ficción, el documental y de manera indirecta en la música, una gran medida de fomento a la cultura, y la materialización de una Ley promovida de manera muy activa por el sector.

Sin embargo, a pesar de todo ello, el 10 de febrero de 2015 el Estado manifestó discrepancias competenciales respecto de la citada Ley 15/2014, al considerar que la creación y regulación del Impuesto era contraria a la limitación que impone el artículo 6 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), en el sentido de que los tributos que establezcan las comunidades no pueden recaer sobre los mismos hechos imponibles que ya gravan los tributos del Estado o los entes locales. El Estado entendía que el hecho imponible de este impuesto podría entrar en colisión con el IVA y el IAE.

Para intentar resolver la controversia de forma negociada se abrió un procedimiento bilateral. Las negociaciones mantenidas no tuvieron el efecto perseguido y el presidente del gobierno del Estado decidió formular un recurso de inconstitucionalidad, por presunta coincidencia con el hecho imponible en el IVA. Tras la consiguiente suspensión temporal de la regulación del impuesto, levantada posteriormente por el Tribunal Constitucional, finalmente en julio de 2017, llegó la sentencia que declaraba la Llei 15/2014 del Parlament de Catalunya como inconstitucional y la nulidad del impuesto.

Inconstitucional a criterio del TC aun cuando otros informes jurídicos la avalan precisamente porque no perturba la aplicación del IVA. A diferencia de este, no recae sobre el volumen de negocios en la medida que: no es un impuesto general porque solo grava una determinada prestación de servicios circunscrita al acceso a contenidos existentes en redes de comunicaciones electrónicas; la cuota tributaria es fija y no proporcional al precio del acceso gravado; la percepción del impuesto se produce, no en cada fase de producción o distribución, sino en cada periodo impositivo mensual en que se mantiene vigente el contrato que habilita el acceso a contenidos existentes en las redes señaladas; y finalmente atendiendo a que el impuesto tiene una cuota fija, no puede tener en cuenta el valor añadido.

Inconstitucionalidad y nulidad a criterio del TC con un Voto particular formulado por la Vicepresidenta y cuatro Magistrados que con el máximo respeto a la opinión expresada por la mayoría del Pleno, disienten de la fundamentación jurídica y del fallo estimatoria de esta inconstitucionalidad y nulidad.

E inconstitucionalidad y nulidad aun cuando en otros países tasas con regulaciones parecidas a la establecida por la Ley 15/2014 del Parlament de Catalunya, se están aplicando sin colisionar con una ley del IVA que está armonizada en toda la Unión Europea.


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Dos de cada tres euros públicos invertidos en la producción audiovisual catalana los últimos dos años provenían de la citada tasa a las compañías operadoras de Internet. En total, 33 millones de euros, recaudados mientras la ley ha estado vigente y unos recursos absolutamente necesarios e imprescindibles para promover y dar impulso a un sector motor de la actividad cultural, que garantiza empleo, producción, creación y fomento de la cultura.

Por todo lo expuesto, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, de manera urgente, medidas fiscales o presupuestarias que permitan compensar a corto y medio plazo la pérdida de recursos destinados a actividades vinculadas a la producción audiovisual, como consecuencia de la Sentencia 94/2017, de 6 de julio de 2017 (BOE núm. 191, de 11 de agosto de 2017), ante el Recurso de inconstitucionalidad 4567-2015 respecto de la Ley del Parlamento de Cataluña 15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la difusión cultural digital."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Carles Campuzano i Canadés y Sergi Miquel i Valentí, Diputados.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Fomento

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las infraestructuras en la provincia de Lugo, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La provincia de Lugo mantiene un retraso en las infraestructuras que parece derivar en permanente a pesar del gran impulso que les dio el Gobierno Socialista.

La situación es la siguiente:

La A 54 entre Lugo y Santiago tenía previsión inicial de finalizar en 2015. A principios de 2018 se adjudicó el tramo Arzúa Melide con un plazo de ejecución de cinco años de forma que como mínimo la autovía no estará disponible hasta 2022.

La A 56 entre Lugo y Ourense tiene en obras únicamente el tramo A Barrela San Martiño. La conexión entre Barreiros y San Cibrao que primero se llamó A 82 y ahora A 74 es especialmente importante y urgente por la actividad socioeconómica que se realiza a lo largo de su recorrido: Alcoa, actividad pesquera, maderera, el hospital comarcal, etc.

La A 76 entre Ponferrada y Ourense se licitó el tramo que corresponde a la circunvalación de Monforte.

La A 72 Chantada Monforte.

Respecto al ferrocarril, el Gobierno Socialista avanzó claramente en la integración de la alta velocidad y promoción de la intermodalidad, y firmó un protocolo con el Ayuntamiento de Lugo y la Xunta de Galicia para la construcción de la estación intermodal, proyecto que el actual Gobierno abandonó. También había encargado un estudio informativo complementario para reformar los trazados y que pudieran ser de alta velocidad y se comenzó a redactar los proyectos de los tramos en los que las declaraciones de impacto ambiental permitían adecuarlos a tales características. Estos proyectos también se abandonaron.

A título de ejemplo, en 2009 Feijóo decía que si él ganaba las elecciones y el Gobierno central no hacía inmediatamente la conexión de alta velocidad de Lugo con Ourense la haría el Gobierno de la


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Xunta; desde esa fecha gobierna él en Galicia y su partido en España desde 2011 y no es que la conexión de Lugo a la alta velocidad tenga algún retraso, es que la sacaron de su programación.

Lugo precisa infraestructuras similares a las de las otras provincias para poder acceder en condiciones también parecidas a las posibilidades de desarrollo económico y competitividad.

El Ministerio de Fomento presentó un Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras de 5.000 millones de euros con financiación público-privada y la ayuda de la Unión Europea para impulsar las infraestructuras viarias en esta legislatura y Lugo queda al margen, ya que según palabras del Ministro es condición para ello formar parte de la Red Transeuropea de Transporte básica.

Dicho Plan es una fórmula de financiación pero hay más necesidades que las que aborda y el Gobierno también aprobó en 2012 el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda 2012-2024 en el que sí están incluidas todas las autovías mencionadas, y por tanto, debería abordar su programación y financiación.

Respecto a la planificación ferroviaria, Lugo también queda al margen. Todas las capitales de provincia tienen actuaciones previstas para un tren del siglo XXI excepto Lugo.

Los socialistas defendemos la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial y para ello es necesario que el Gobierno incluya a Lugo en su planificación para carreteras y ferrocarril.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no le Ley

"El Congreso insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses elabore una planificación en la que especifique, las actuaciones, los plazos de ejecución y el presupuesto correspondiente para terminar las autovías pendientes en la provincia de Lugo, la conexión de alta velocidad y la estación intermodal."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2018.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002944

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a plantear fórmulas que permita a los usuarios de AVE de Málaga poder llegar a Madrid sobre las 08:45 horas, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Más de 2,4 millones de viajeros utilizaron en 2017 el AVE Málaga-Madrid, esto representa un crecimiento del 3,5 % respecto al año anterior.

Del total, el 73 %, es decir, 1.781.382 viajeros, utilizaron los AVE para desplazarse entre la capital de España y la Costa del Sol, en cualquiera de los sentidos.

Otros 137.200 (5,6 por ciento del total) se desplazaron entre Madrid y la estación de Antequera-Santa Ana, lo que supone un crecimiento del 22,6 % respecto al año anterior.

Precisamente, el pasado año se cumplió el décimo aniversario de la puesta en marcha de esta línea de alta velocidad. Desde diciembre de 2007, el AVE ha ido ganando terreno al viaje aéreo de forma constante, hasta alcanzar su récord el pasado mes de agosto cuando el tren obtuvo el 88,1 % de la cuota de mercado, frente al 11,9 por ciento del avión.

Desde Fomento han precisado que los últimos estudios de calidad indican que el cliente del AVE en Andalucía "se declara fiel a este modo de transporte y no se plantea elegir otro a la hora de realizar el mismo trayecto". Por ello, "la mayoría recomienda el tren como el mejor medio de transporte para trayectos de larga distancia y le otorga una valoración de 8,28 puntos en una escala de 0 a 10". El índice de satisfacción con este servicio en su conjunto es de 8 puntos sobre 10.

Una de las particularidades de estos diez años es la evolución que ha tenido el perfil del usuario del AVE. De ser un viaje familiar y turístico ha pasado a convertirse en un desplazamiento por motivos de trabajo y negocio en más del 50 % de los casos.


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Málaga está entre las cuatro relaciones más importantes de España, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga. Está en una posición clave, es un destino con un motivo de viaje principal de trabajo.

El 50 % de los usuarios usa el AVE por razones profesionales. El viaje en familia representa el 20 % y otro 24 % corresponde a ocio y turismo (El 6-7 % restante a otros).

En este sentido y ante la demanda trasladada por un buen número de malagueños del sector empresarial y de negocios al Grupo Parlamentario Socialista, y dado que el motivo laboral es prioritario se requiere que el primer AVE llegue a Madrid algo más temprano, permitiendo la optimización de la jornada en la capital de España.

Buena parte de las primeras reuniones de la jornada laboral comienzan a las 9 y para llegar a esa hora o se duerme la noche antes en Madrid, o se utiliza un avión, pero es imposible llegar en AVE, puesto que el primero llega a las 9:08 minutos y hay que sumarle el tiempo de traslado por Madrid.

En este sentido sería fundamental plantearse un horario que permita llegar a Madrid en torno a las 8:45 minutos, esto supone llegar 23 minutos antes, pero marca una diferencia fundamental, entre llegar o no llegar al comienzo de la jornada laboral.

Para ello se contemplan dos opciones o que el primer AVE sea sin paradas, con lo que se acortarían los tiempos o bien, adelantar la primera salida a las 6 de la mañana y que pueda ser con paradas.

En cualquier caso ajustando los tiempos, se daría respuesta a una necesidad muy importante para muchos malagueños que van a Madrid por cuestiones laborales y es llegar a tiempo a la primera reunión de la mañana.

Esta propuesta beneficiaría sin ningún género de dudas al mundo de los negocios, de la empresa y a cualquier malagueño o malagueña que tenga que resolver un trámite administrativo en Madrid.

Este es el objetivo de esta iniciativa, que pretende que los ciudadanos de Málaga tengan un servicio de AVE que los conecte con la capital de España para llegar sobre las 8 horas y 45 minutos, de cara a estar en cualquier reunión en Madrid en torno a las 9 de la mañana.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a plantear fórmulas que permita a los usuarios de AVE de Málaga poder llegar a Madrid sobre las 08:45 horas y dar respuesta a una petición del sector empresarial y de negocios malagueño, que se quejan de que con el actual horario llegan muy tarde a muchas de las reuniones que se celebran a primera hora de la mañana."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002945

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para estudiar una conexión ferroviaria de altas prestaciones entre Málaga capital y Nerja, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Hace 14 años se empezó a hablar del proyecto de un corredor ferroviario para conectar Nerja con Estepona, incluso se hablaba de cifras, pero llegó la crisis y muchos de estos proyectos tuvieron que ser aparcados.

Esta actuación, como cualquier inversión ferroviaria, que no sea metro o tranvía, es competencia exclusiva del Gobierno central, aunque bien es cierto, que la Junta de Andalucía que en aquel momento contaba con una financiación adecuada del Estado, se planteó colaborar en la realización.

Hoy en 2018, cuando empezamos a salir la crisis, puede haber llegado el momento de que el Ministerio de Fomento impulse proyectos de estas características y conectar ferroviariamente el litoral oriental malagueño.


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El Gobierno de Rajoy ha colocado a Málaga a la cola de la inversión en nuestro país, en 2017 hemos sido la tercera provincia por habitante que menos dinero hemos recibido.

A esto cabe añadir que desde 2012 no se ha puesto un solo metro de vía de servicio en nuestra provincia de los 741 kilómetros ferroviarios que se han puesto en servicio a nivel nacional.

Sin olvidar que en materia de cercanías a pesar de que la línea de Málaga es la cuarta con más pasajeros en España, ocupa el último lugar, junto a Zaragoza, con solo 7,6 millones de euros de los 817 invertidos a nivel nacional, lo que representa el 1 % del total de la inversión destinada por el Gobierno al conjunto de las líneas de este servicio en nuestro país.

En el litoral occidental existe conexión ferroviaria de cercanías entre Málaga capital, Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola y se empieza a impulsar la tramitación administrativa para con Marbella que los socialistas defendemos que sea una conexión directa con Málaga, cuyo epicentro sea el aeropuerto y de altas prestaciones, pero no hay ningún tipo de conexión ferroviaria con el litoral oriental.

En el PITVI 2012-2024 solo aparece una denominación: Plan Global de Cercanías Málaga, que se refiere a la parte occidental de nuestra provincia y el Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Almería-Málaga-Algeciras por la costa, que todo el mundo sabe que tardará varias décadas en llegar aquí.

En este sentido cada día se incrementa la población del litoral oriental, sobre todo durante la temporada veraniega, se saturan más y más las carreteras y proyectos de estas características se hacen imprescindibles en el medio plazo.

En la actualidad la inmensa mayoría utiliza el vehículo privado para desplazarse entre Nerja y Málaga capital y un porcentaje muy reducido el transporte público, cuya única opción es el autobús.

El trayecto entre Málaga y Nerja tiene 44 kilómetros y en una previsión inicial se habló de 9 estaciones (El Palo, La Cala del Moral, Rincón de la Victoria, Torre de Benagalbón, Benajarafe, Torre del Mar, Caleta de Vélez, Los Llanos -en Torrox- y Nerja).

En su día, se trabajó un Estudio informativo, donde la inversión prevista era de 688 millones de euros, hoy será sensiblemente superior, donde 23,2 kilómetros discurrían a través de siete túneles, donde ocho de las estaciones eran subterráneas y una a cielo abierto, incluso se contemplaban la construcción de 24 viaductos.

Además el número de viajeros que se contemplaba era de 11 millones al año y un tiempo de viaje entre la capital y Nerja estaba cifrado en 30 minutos.

En este sentido sería razonable que se incluyera una conexión ferroviaria de Altas Prestaciones entre Málaga capital y Nerja en la planificación ferroviaria para la próxima década.

Esta comarca necesita un impulso inversor, dada su potencialidad económica y sus posibilidades en creación de empleo y riqueza.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incluir una conexión ferroviaria de altas prestaciones entre Málaga capital y Nerja en la planificación ferroviaria para la próxima década.

2. Comenzar, antes de la finalización de la Legislatura, los estudios económicos y de trazado de esta conexión ferroviaria de altas prestaciones desde la capital malagueña y Nerja."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002954

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de los puertos inteligentes, para su debate en la Comisión de Fomento.


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Exposición de motivos

Con la revolución digital, uno de los sectores que más ha sufrido la globalización ha sido el de los puertos. En la "Declaración de la Valetta" sobre el transporte marítimo, adoptada el 29 de marzo de 2017, la Unión Europea señaló la digitalización como uno de los tres pilares de la industria 4.0. Desde el punto de vista de la logística y los puertos, el concepto de Industria 4.0 incide, sobre todo, en el proceso de transformación digital para automatizar procesos productivos y conseguir modelos de gestión más eficientes y competitivos.

Para potenciar estas medidas, la Comisión Europea ha puesto en marcha la iniciativa "Blue Growth" o Crecimiento Azul a través de la Estrategia 2020 que pretende un crecimiento inteligente, sostenible e innovador del sector marino y marítimo así como la búsqueda de nuevas alternativas para impulsar su actividad económica. Se trata de un desafío lanzado a los agentes relacionados con la llamada "Economía Azul" para potenciar la inversión y la innovación en el ámbito marítimo y que afecta a las siguientes áreas: acuicultura, turismo costero y marítimo, biotecnología, energías renovables, recursos mineros, reparación y construcción naval, transporte, pesca y petróleo y gas offshore (de ultramar).

El Puerto de Cartagena ha anunciado recientemente su intención de digitalizar sus procesos a través de estrategias conjuntas que integran a todo el ecosistema portuario. Además, la Autoridad Portuaria ha elaborado el Plan Estratégico "Blue Growth" del Puerto de Vigo, considerado uno de los grandes centros internacionales de distribución de pesca y marisco y que, como los demás puertos europeos, necesita planificar su futuro a medio y largo plazo y adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos que suceden con rapidez.

Las iniciativas "Blue Growth" plantean dos objetivos principales: garantizar la sostenibilidad futura de las actividades portuarias y aumentar su productividad y eficiencia.

El 27 de julio de 2016, se reunieron los representantes de la iniciativa "Blue Growth" para tramitar el proceso de firma del protocolo entre Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria, la Consellería del Mar, la Consellería de Economía, Emprego e Industria, el Consorcio de la Zona Franca y el Campus Mar. Todos íos agentes implicados aportaron propuestas y líneas de actuación: se registraron 38 proyectos concretos con una inversión de 207 millones de euros y 44 acciones inmediatas que no requieren financiación. Estas iniciativas se agrupan en cuatro objetivos: puerto conectado, puerto innovador, puerto verde y puerto inclusivo. En concreto, se trata de proyectos de regeneración de los fondos de las dársenas, de autosuficiencia y eficiencia energética, de suministro de gas natural licuado, de formación y de gastronomía. De los 38 proyectos, ya se han lanzado varios y presentado para su financiación.

Es evidente que estos modelos podrían ser aplicados a otros puertos españoles mediante la elaboración de sus correspondientes Planes de Acción, adaptados a sus características y necesidades específicas, en los que se fijaran objetivos, áreas de trabajo, agentes implicados, acciones a corto y largo plazo, indicadores de rendimiento, mecanismos de coordinación, líneas de investigación, financiación, formación de trabajadores en las nuevas tecnologías portuarias, etc. De esta forma, España estaría en la línea de los planes innovadores de la Comunidad Europea para la modernización de los puertos marítimos y formaría parte de la Estrategia 2020 para el "Blue Growth" o Crecimiento Azul.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un crecimiento inteligente y sostenible de los puertos españoles a través de las siguientes medidas:

1. Impulsar la digitalización de los puertos españoles y empresas auxiliares.

2. Estudiar la viabilidad de la aplicación del modelo "Blue Growth" a otros puertos españoles.

3. Propiciar la convocatoria de reuniones de los agentes de la "Economía Azul" en distintas Comunidades Autónomas con puertos marítimos para la elaboración de Proyectos y Acciones concretas que garanticen su desarrollo y sostenibilidad en el marco europeo del "Blue Growth"."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión de Educación y Deporte

161/002941

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Teresa Jordà Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la diversidad de modelos familiares en cuestionario para el alumnado de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha aprobado la Orden ECD/42/2018, de 25 de enero por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018.

En el anexo II de dicha Orden se aprueba el "cuestionario para el alumnado" donde se establecen una serie de preguntas que el alumnado debe responder en relación a sus progenitores o tutores legales. El cuestionario está elaborado desde una perspectiva absolutamente heteropatriarcal y obviando la diversidad de modelos familiares existentes en nuestra sociedad. No todas las familias están formadas por un padre y una madre e incluso hay alumnos que pueden tener más de dos progenitores/tutores. En este sentido, la máxima referencia a la diversidad familiar se establece en una nota estigmatizadora en la que se establece lo siguiente:

"Nota: por cuestiones de espacio, en todo el cuestionario el término "madre" hace referencia a: madre, tutora legal, o primer padre o tutor legal en el caso de familias homoparentales masculinas. Asimismo, el término "padre" se refiere a: padre, tutor legal, o segunda madre o tutora legal en el caso de familias homoparentales femeninas."

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

Modificar el Anexo II de la Orden ECD/42/2018, de 25 de enero por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, fas fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018 a fin y efecto de garantizar la diversidad de modelos familiares en el "cuestionario para el alumnado"."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2018.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002949

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre de los Grupos Parlamentarios firmantes tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el cierre de la planta de la empresa Siemens Gamesa en Miranda de Ebro, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.


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Exposición de motivos

La empresa Siemens Gamesa, cuenta con cuatro centros de producción en la Comunidad de Castilla y León ubicados en las localidades de Burgos, Agreda, Lerma y Miranda de Ebro, esta última instalación cuenta con una antigüedad de 19 años, está dedicada a la fabricación de palas para las turbinas de aerogeneradores, la empresa anunció el pasado 29 de enero de 2018 la intención de cerrar su instalaciones en Miranda de Ebro.

La causa que la empresa ha argumentado para justificar el cierre, es el cambio en la demanda hacia palas de mayores dimensiones que las que se fabrican en esta planta. El número de trabajadores afectados por el cierre de esta empresa es de 133, a los que hay que añadir otro importante número de trabajadores de empresas auxiliares.

Con anterioridad, la empresa ya presentó un expediente de regulación de empleo y la plantilla demostró entonces su responsabilidad adaptándose a las circunstancias y necesidades de la empresa, registrando siempre unos resultados aceptables de productividad. Ya en ese momento, los trabajadores advirtieron a la empresa del peligro que suponía tener supeditada la actividad de la planta a un solo modelo de fabricación.

Ante esta situación y para evitar el cierre, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, ha ofrecido un plan de crecimiento con todas las ventajas a la inversión que Miranda de Ebro puede ofrecer. Igualmente, la Junta de Castilla y León ha aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 26 de diciembre un Plan Territorial de fomento específico de reindustrialización para la zona que contempla medidas concretas para incentivar la implantación de actividad industrial en Miranda de Ebro y comarca.

Por todo lo expuesto, los Grupos Parlamentarios firmantes presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Dirigirse a la Dirección de Gamesa para que reconsidere la oportunidad y conveniencia de su decisión sobre la Instalación de su titularidad sita en Miranda de Ebro.

2. Rechazar la decisión anunciada por parte de Siemens Gamesa del cierre de la planta de Miranda de Ebro.

3. Apoyar a los trabajadores y trabajadoras de la planta en sus reivindicaciones con el objetivo de mantener la actividad de Siemens Gamesa en dicha localidad burgalesa.

4. Comprometerse a trabajar conjuntamente con la plantilla de la fábrica, con la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro y con aquellas administraciones públicas que fueran necesarias con el objetivo de revertir la situación planteada por la dirección de la empresa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2018.-Esther Peña Camarero, Diputada.- Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Miguel Vila Gómez, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Saúl Ramírez Freire, Diputado.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002959

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar la creación de un grupo de trabajo para la elaboración del Libro Blanco sobre el Futuro del Trabajo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

Nuestros compromisos en esta legislatura son: seguir impulsando una recuperación económica que sea intensiva en creación de empleo, inclusiva y que no deje a nadie atrás, que apueste por el talento


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como el principal activo estratégico para competir de nuestro país y que nos permita seguir avanzando en el corazón de nuestro modelo del bienestar, que es reforzar nuestro modelo de pensiones.

Para lograr cumplir nuestros compromisos, debemos seguir mejorando la competitividad de España. España, es una economía cada vez más abierta al mundo, integrada en el ámbito europeo y mundial, y nuestro crecimiento no solo está asociado al de nuestros socios europeos, sino también y de manera creciente al de los países emergentes. Nuestras políticas son también elementos fundamentales para ganar competitividad en la calidad, en la tecnología, en la innovación, en el talento, en la capacidad de adaptarse a una realidad cambiante. Dichas políticas deben, además, ayudar a fortalecer un escenario de estabilidad macroeconómica, capaz de ofrecer a los ciudadanos confianza, oportunidades y tranquilidad.

Gracias a las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy y al esfuerzo de todos, hemos conseguido salir de la recesión. España ha pasado de la recesión a estar entre los países que lideran el crecimiento económico. En 2017 se han creado 611.200 empleos en nuestro país, 1.700 al día. Según los últimos datos de Eurostat, España lleva 50 meses encabezando la reducción de paro de la zona euro. Desde noviembre de 2013 el 45,9 % de los europeos que han abandonado el paro lo han hecho en España.

La evolución del mundo laboral en los últimos años ha sido vertiginosa, impulsada por la crisis económica global y la evolución tecnológica y aún hoy continúa evolucionando a un ritmo frenético. Debemos continuar trabajando y adaptarnos a esos cambios constantes.

Uno de los retos fundamentales ante los que nos encontramos radica en potenciar el talento y adecuarlo a lo que el mundo laboral y empresarial requiere. Tenemos que continuar reciclándonos para evitar el alejamiento entre el sistema educativo y el trabajo, que provoca que haya muchas titulaciones con poca proyección laboral y muchos puestos de trabajo sin oferta formativa específica; y que cada vez haya más personas inempleables, algunos por falta de formación y motivación, y otros por tener experiencia o estudios en materias en vías de extinción.

El mundo laboral está cambiando, vemos como desaparecen profesiones y surgen otras nuevas, cómo está cambiando la búsqueda de empleo a través de las redes sociales, la forma de trabajar, etc. Es por ello, que resulta imprescindible estudiar e identificar los riesgos y oportunidades de esta nueva perspectiva del mercado laboral que se nos plantea.

No podemos negar, por ejemplo, que la imparable evolución tecnológica ha afectado a nuestro mercado laboral. En la actualidad, uno de los sectores de mayor proyección es el del sector de la tecnología y el mercado laboral español sufre un déficit de trabajadores con alta formación científico-tecnológica. Es decir, hay plazas vacantes que ningún español es capaz de cubrir por falta de formación específica.

Esto es una realidad que nuestro país no se puede permitir, no podernos dejar puestos vacantes porque no tenemos personal cualificado. Debemos invertir en formación y talento como nuestra principal arma de competencia, es nuestra obligación continuar avanzando adaptarnos a esta nueva revolución que se está dando en el mercado laboral. Debemos continuar trabajando y adaptarnos a esos cambios constantes. Una de las mayores fortalezas de nuestro país es el capital humano. Es nuestra responsabilidad consolidar y potenciar los conocimientos, destrezas, competencias y cualificaciones de los individuos.

Tenemos el desafío de lograr una formación de calidad que sea capaz de dar respuesta simultánea: (i) a lo que los estudiantes demandan, (ii) a lo que los trabajadores necesitan y (iii) al perfil que las empresas requieren para cubrir sus vacantes.

Es necesario estudiar y analizar el impacto de las distintas tendencias que inciden en el mercado de trabajo y la economía para valorar el efecto real sobre su futuro y señalar los principales ámbitos de acción para asegurar a los trabajadores una transición inclusiva hacia un empleo de calidad que fortalezca sus capacidades y garantice la protección social.

Para ello, la Ministra de Empleo y Seguridad Social, ha anunciado que se elaborará un Libro Blanco sobre el Futuro de Trabajo y ha propuesto a los interlocutores sociales la creación de un grupo de trabajo compuesto de expertos de reconocido prestigio para realizar dicha tarea.

Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos fundamental y prioritaria la creación de dicho grupo de trabajo que elabore con la mayor celeridad posible el Libro Blanco sobre el Futuro del Trabajo que sirva de aportación a los debates que tendrán lugar en el marco del G-20 y de la Organización Internacional del Trabajo y que contribuyan a la definición de la política socio laboral para afrontar estos nuevos retos del mercado de trabajo.

Es responsabilidad de todos proyectar un mundo de trabajo bien estructurado que alcance su máximo potencial de crecimiento económico y de empleo a fin de construir esa España abierta, moderna, plural, próspera, inclusiva, y de talento a la que aspiramos.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con los interlocutores sociales, a impulsar la creación de un grupo de trabajo para la elaboración del Libro Blanco sobre el Futuro del Trabajo, a fin de contribuir a la definición de una política socio laboral que afronte los nuevos retos del mercado de trabajo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano i Canadés, Diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley para suspender la entrada en vigor del factor de sostenibilidad de las pensiones el próximo 1 de enero de 2019.

Exposición de motivos

La entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2019 del denominado "factor de sostenibilidad" que vincula la determinación de la cuantía inicial de la pensión con el aumento de la esperanza de vida, genera preocupación e inquietud entre los futuros pensionistas y configurará un sistema de pensiones menos equitativo. El factor de sostenibilidad, en los términos que se reguló y que aprobó el Gobierno del Partido Popular en solitario en 2013, pretendía ser un elemento corrector del gasto en pensiones y hará que los trabajadores que se jubilen a partir de su entrada en vigor, reciban una pensión un poco más baja de la que les hubiera correspondido sin la reforma. La tesis de fondo es que teniendo en cuenta que los jubilados cada vez viven más y perciben durante más años la prestación, el importe de la pensión debe ser menor para que la misma cantidad pueda repartirse en más años,

El planteamiento es injusto en la medida que no tiene en cuenta la realidad de aquellos trabajadores con trayectorias laborales que disminuyen su esperanza de vida respecto al conjunto de personas de su cohorte generacional, se aleja del mandato constitucional de suficiencia de las pensiones públicas y no fue resultado de un acuerdo entre los interlocutores sociales. Además hoy, la reforma de 2013 no goza en el Congreso de los Diputados de una mayoría que sostenga presupuestos que la amparen.

El impacto concreto del citado Factor sin embargo, aún no está claro. Mientras algunos expertos coinciden en que la reducción que se aplicará a las pensiones que se den de alta en 2019 será de alrededor del 0,5 %, respecto a lo que les habría correspondido en función de sus cotizaciones según la ley actual (para una pensión media de 1.074 ? al mes en 14 pagas, unos 75 ? menos al año), otros actores, como por ejemplo responsables de sindicatos, barajan una horquilla de entre el 0,5 % y el 0,7 %,

Pero sobre los importes de las pensiones cabe añadir además del señalado Factor de Sostenibilidad, el impacto que ya ha tenido el Índice de Revalorización aprobado en la misma disposición normativa que estableció el primero, la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, y vigente desde finales de diciembre del mismo año. Un índice aplicado tras la congelación y posterior e insuficiente revalorización que venían sufriendo las pensiones desde 2010. El citado índice ha supuesto y supondrá una importante pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas al dejar de ser considerada la inflación para revalorizar las prestaciones.

El resultado de ambos factores según cálculos de UGT hará que La tasa de reemplazo se reduzca hasta un 48 % en 2060. Es decir que las pensiones se congelen y reduzcan, y los pensionistas se empobrezcan.

La suficiencia económica de las pensiones, con importes adecuados y actualizados periódicamente, es un objetivo deseable, posible y un mandato constitucional, y el reequilibrio económico del sistema no tiene porqué significar renunciar a ello.


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Esta realidad y esta voluntad obligan a adoptar medidas y afrontar reformas con urgencia, pero con el diálogo y el consenso social que representa la Comisión del Pacto de Toledo. En este sentido, el Grupo de Trabajo que en el marco de la citada Comisión viene reuniéndose para intentar consensuar las reformas necesarias para garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones y el poder adquisitivo de los pensionistas debe poder finalizar su labor y abordar en su complejidad la cuestión, sin penalizar más a los pensionistas.

Por todo lo expuesto, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suspender la entrada en vigor, prevista para el 1 de enero de 2019, del Factor de Sostenibilidad regulado en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, y a alcanzar en el seno del Pacto de Toledo un acuerdo para determinar un nuevo Factor de Sostenibilidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre una estrategia integral de datos abiertos en la Administración General del Estado, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

Vivimos en una sociedad digital y uno de los activos más importantes y con gran potencial para generar valor es el acceso a los datos, tanto a los que generamos individualmente como a los que generan o disponen las administraciones públicas o el sector privado. El análisis de estos datos facilita la optimización de procesos y decisiones, la investigación, la innovación y la predicción de acontecimientos futuros. De este modo, el tratamiento de los datos puede utilizarse para mejorar cualquier aspecto del día a día de la ciudadanía, la actividad de servicio público de la administración, la elaboración de políticas públicas, o la actividad empresarial.

La actividad económica en torno al flujo de datos, denominada Economía de los Datos, incluye la generación, recolección, almacenaje, procesado, distribución, análisis, elaboración, entrega y explotación de datos que hacen posible las tecnologías digitales.

Dentro de la Estrategia de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital, en enero de 2017 se presentó la Comunicación "La construcción de una Economía de los Datos europea" en la que se proponían una serie de soluciones jurídicas y políticas "para crear un marco político y jurídico claro y adaptado a la economía de los datos, que elimine los principales obstáculos a la libre circulación de datos y remedie la inseguridad jurídica creada por las nuevas tecnologías de datos".

Según un informe del European Centre for International Political Economy, en 2016 el valor de la economía de los datos en la Unión Europea ascendió a 300 mil millones de euros, el 1,99 % del PIB. Se contabilizaron 661.000 empresas usuarias de datos y 6.16 millones de profesionales de datos empleados. Si los Estados miembros adoptan las propuestas y recomendaciones de la Comisión a favor de la libre circulación de datos en la UE, y una adecuada regulación en torno a la propiedad, el acceso, la seguridad, el valor, la privacidad, la responsabilidad y la gestión de los datos, se estima que el valor de esta "nueva" economía pueda aumentar hasta 739 mil millones de euros en 2020, lo que representa el 4 % del PIB total de la UE, con más de 10 millones de profesionales de datos empleados.


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Recientemente, la Comisaria Europea de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, anunció que la Comisión presentará en el segundo trimestre de 2018 una directiva sobre accesibilidad y reutilización de los datos públicos y los datos generados por proyectos financiados con fondos públicos y revisará la Directiva ISP -Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector-.

En nuestro país disponemos de una serie de normas aprobadas en los últimos años que han supuesto avances desde el punto de vista de la apertura de la información pública para su reutilización, como son, la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, como trasposición de la Directiva 2003/98/CE, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y la Norma Técnica de lnteroperabilidad de Reutilización de recursos de la información, publicada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en febrero de 2013.

Actualmente está en tramitación parlamentaria la adaptación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal al Reglamento General de Protección de datos de la UE -Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos- y está pendiente la trasposición de la Directiva NIS - Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar.

Todas estas normas se complementarán con el nuevo Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas -Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 2002/58/CE- que se está tramitando en las instituciones europeas.

Este completo y estricto conjunto de normas sobre protección de datos aumentarán la confianza de la ciudadanía y ayudará a incrementar el uso de las tecnologías digitales necesario para un desarrollo pleno de la economía digital.

Tras el impulso que está recibiendo la economía de datos en el ámbito europeo y mundial, ayudado por la evolución constante y creciente de las tecnologías digitales, el Gobierno debería anticiparse e intentar facilitar las condiciones y la regulación necesaria para que nuestra sociedad y nuestro ecosistema empresarial avance en la economía de los datos. Como primera acción, y mientras la Comisión Europea culmina "el marco político que permita y facilite la utilización de los datos", el Gobierno debería impulsar una iniciativa de "datos abiertos" (open data) en el conjunto de la Administración General del Estado.

El compromiso con el Gobierno abierto es básico para recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones, atendiendo las nuevas demandas ciudadanas a la vez que se adapta a la nueva sociedad digital. Esta apertura del Gobierno supone transparencia y el fomento de una democracia activa y participativa. Los datos abiertos se refieren a la exposición pública de información, siempre de una forma adecuada y anonimizada para su acceso y libre reutilización por la ciudadanía, empresas u otros organismos. Los datos abiertos, son los que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen.

Las iniciativas de datos abiertos de las administraciones públicas producen un doble beneficio a la sociedad: social y económico. Desde el punto de vista social los datos abiertos significan una mejora democrática, ya que ponen al alcance de toda la ciudadanía información útil y utilizable haciendo real el carácter público de ésta, y también son un excelente recurso para el desarrollo de aplicaciones y servicios que con valor social, contribuyan a mejorar las condiciones de vida y a abordar necesidades sociales tales como aplicaciones que faciliten el uso a personas con necesidades de soporte especiales. Desde la perspectiva económica, sin duda la utilización de los datos abiertos está en la base de una gran cantidad de actividades innovadoras y de productos y servicios que se pueden crear, generando crecimiento económico y empleo.

Las estrategias gubernamentales de datos abiertos generan oportunidades económicas de forma más equitativa y sirven como estrategia de impulso al desarrollo del mercado de datos en nuestro país. El hecho que las administraciones pongan los datos públicos a disposición universal en internet genera más equidad, ya que potencialmente permite que cualquier persona utilizando sus conocimientos e ingenio


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pueda desarrollar servicios o productos basados en estos datos. Además, es fundamental para incrementar la seguridad jurídica de los diferentes agentes que operan en la denominada "economía de los datos" establecer una normativa clara sobre el acceso, la seguridad y la responsabilidad en relación con los datos, complementada con la estricta legislación española y europea de protección de los datos, citada anteriormente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aplicar una política mucho más avanzada de apertura de la información pública, adoptando una estrategia integral de "datos abiertos" a toda la información de la Administración General del Estado, publicando la información disponible en formatos anonimizados, abiertos y reutilizables. Esta estrategia integral de "datos abiertos" debe cumplir los siguientes criterios:

a) Datos abiertos por defecto: Toda la información pública de la Administración General del Estado debe ser expuesta públicamente por defecto, y permitir su reutilización, a excepción de la información personal o datos que vulneren o comprometan la seguridad.

b) También será accesible y reutilizable todos los datos, innovaciones, creaciones y conocimiento generado con fondos públicos.

c) La información debe publicarse con una descripción explícita sobre su calidad, la metodología seguida para la creación de los datos, y la fecha de actualización, para facilitar su reutilización. Así debe publicarse ofreciendo los datos primarios de forma oportuna para ser útiles.

d) Optar por publicar la mayor cantidad y variedad de conjuntos de datos para posibilitar más opciones como potenciales recursos.

e) Datos usables de forma universal. La información debe ser accesible para cualquier persona o colectivo al que le sea de interés, permitiéndose el uso gratuito o al costo mínimo de reproducción de la misma, sin establecer barreras físicas, administrativas ni burocráticas.

f) Datos sin restricciones de uso. Las formas de distribución no estarán sujetas a restricciones de uso, de forma que cualquier persona pueda interpretar y utilizar los recursos a través de herramientas gratuitas o de uso común.

2. Impulsar una línea de ayudas para favorecer la investigación y el diseño de soluciones innovadoras para el desarrollo de aplicaciones de análisis, tratamiento y reutilización de los datos generados por la Administración General del Estado que ofrezcan avances y beneficios sociales, o faciliten la elaboración de políticas públicas.

3. Fomentar la reutilización de los datos mediante:

a) Iniciativas de divulgación sobre las utilidades del Open Data.

b) Capacitaciones técnicas y teóricas de Big Data.

c) Acciones de formación y divulgación específicas por sectores de reutilizadores: empresas, emprendedores, periodistas o investigadores.

d) Mapeo y recogida de buenas prácticas y casos de uso que sirvan de inspiración.

e) Acciones de fomento de casos de uso concretos de reutilización de datos en dos sectores: el de la investigación y el de la generación o mejora de modelos de negocio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-María González Veracruz y Óscar Galeano Gracia, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa a la creación de un Santuario Marino en aguas del Mar de Weddell en el Océano Antártico.

Exposición de motivos

El océano Antártico es un delicado ecosistema que da alimento y refugio a especies únicas, como pingüinos, focas, ballenas y orcas. La amenaza del cambio climático dificulta su supervivencia, y ese problema se ve agravado por un sector de la industria pesquera que aspira a explotar las aguas antárticas para extraer el preciado krill. Aunque muy pequeño (del tamaño de un dedo meñique), el krill es esencial para la vida en la Antártida. De hecho, asegura la supervivencia de los animales más grandes del planeta, las ballenas azules, que, junto con la mayoría de la fauna de la Antártida, se alimentan de esta criatura rosada. El krill se reúne en grandes bancos que a menudo pueden tener kilómetros de ancho, con miles de crustáceos por cada metro cúbico. Algunos de estos bancos rosados de krill se pueden ver incluso desde el espacio. La comunidad científica coincide en señalar que el krill es uno de los más claros indicadores de salud ambiental en los océanos, y una extraordinaria defensa contra el cambio climático. El krill se acumula en enormes bancos y solo aquellos individuos cercanos a la superficie pueden alimentarse. Una vez que están llenos, se hunden en el banco y otros toman su lugar. Este es un proceso llamado "hundimiento por saturación" y ayuda a reciclar el carbono, capturándolo de la superficie (donde puede volver fácilmente al aire) y enviándolo a las profundidades del océano donde permanece. Un estudio reciente del British Antarctic Survey muestra que el krill podría capturar y almacenar hasta 23 millones de toneladas de carbono cada año, el equivalente a todas las emisiones residenciales de gases de efecto invernadero en el Reino Unido.

La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) es la responsable de la gestión y protección de esta parte del planeta. La CCRVMA mantiene un conjunto exhaustivo de medidas para fundamentar la conservación de los recursos vivos marinos antárticos y la ordenación de las pesquerías en el océano Austral. Estas medidas, conocidas como "medidas de conservación", son evaluadas y desarrolladas en cada reunión anual de la Comisión, e implementadas por sus miembros durante el período entre sesiones y la temporada de pesca subsiguientes. Las medidas se publican anualmente en la Lista de las medidas de conservación vigentes. A principios de noviembre, inmediatamente después de la ronda anual de reuniones de la Comisión que se celebra en octubre, se envía a los miembros una notificación para informarles acerca de las nuevas medidas de conservación adoptadas y de las modificaciones de medidas vigentes, y estas por lo general son implementadas a partir del 1 de diciembre, a fin de coincidir con el comienzo de la temporada de pesca. Algunas medidas se aplican durante períodos específicos (por ejemplo, una temporada de pesca) mientras que otras permanecen en vigor de forma permanente. Las medidas de conservación son clasificadas en las siguientes categorías generales: Cumplimiento, Asuntos pesqueros en general, Reglamentación de las pesquerías y Áreas Protegidas.

Alemania presentó hace un año la propuesta de creación de un Área Marina Protegida en el Mar de Weddell. España, junto con los otros 23 miembros de la Comisión del océano Antártico, puede ahora proteger estas aguas y la vida que albergan creando un Santuario Antártico que deje a los extractivos barcos pesqueros industriales fuera de este frágil entorno.

El Santuario cubriría un área del Mar de Wectdell, que se extiende desde el sudeste de América del Sur y se encuentra al lado de la península Antártica, abarcaría un área de 1,8 millones de km2, lo que equivale a cinco veces el tamaño de Alemania. El Mar de Weddell, descubierto en 1823, es una del total de nueve regiones que la planificación ha dispuesto para dividir el océano Antártico. Se estima que el Mar de Weddell alberga unas 14.000 especies distintas. Hasta el momento y según los datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), solo el 6,97 % de los océanos están protegidos,


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aunque de ellos solo el 2,25 % tienen protección real con actividades reguladas. Con la protección del Mar de Weddell se llegaría al 7,47 % de la superficie oceánica protegida, un aumento notable, aunque lejos aún del objetivo del 30 % en 2030, recogido en las metas de Aichi del Convenio de Diversidad Biológica.

En el mes de junio de 2017 se presentó el documento oficial que resume las cuestiones técnicas y científicas sometidas a debate. El documento WG-EMM-17/42 establece la utilización apropiada de datos en el proceso de planificación del Área Marina Protegida del Mar de Weddell (AMPMW) y reflexiona acerca del enfoque adoptado para elaborar la propuesta del AMPMW (CCAMLR-XXXV/18). El informe establece que la propuesta es coherente con otros procesos de planificación de AMP de la CCRVMA pasados y presentes.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar la creación de un Santuario Marino en aguas del Mar de Weddell, en la reunión de octubre de 2018 de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, de la que España es miembro."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia y Pablo Bustinduy Amador, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002955

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para a la creación de una plataforma tecnológica del sector hortofrutícola, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El sector agroalimentario español representa más del 10 % del PIB español. Representa el 20,5 % de las ventas netas de producto, total de la industria española, y el 18 % del empleo. Además, en 2016, se exportó productos agroalimentarios por valor de 46.781 millones de euros, un incremento del 5,9 % respecto a 2015 o un 42 % más si lo comparamos con 2011, y un saldo comercial que ha crecido hasta superar los 11.555 millones de euros.

Las frutas y hortalizas frescas constituyen el 65 % de la Producción Vegetal Agrícola o el 39 % de la Producción Final Agraria, siendo el primer sector de la agricultura española. La producción ronda los 22 millones de toneladas, de las que aproximadamente el 60 % se destinan a la exportación y aproximadamente 8,5 millones de toneladas se dedican a la transformación.

De la importancia derivada de este sector en nuestro país, debemos entender que la investigación e innovación son herramientas imprescindibles de competitividad y, por ello, es necesario que lleguen a agricultores, ganaderos, productores forestales y a la industria.

De hecho, el Gobierno presentó en abril de 2015 el Programa Nacional de Innovación Agroalimentaria y Forestal como un instrumento al servicio del los sectores agroalimentarios y forestal para acelerar dichos procesos de innovación y generar nuevas oportunidades para crecer y generar riqueza y empleo puesto que entendemos que para competir en las mejores condiciones, seguir ganando valor añadido y ampliar mercados. Esa herramienta de trabajo adicional fue una muestra más del trabajo coordinado del Gobierno en una materia tan fundamental para el desarrollo de nuestra agricultura y de nuestra economía como es la innovación y la investigación.

Dicho Programa contiene dos elementos fundamentales que son el Documento Estratégico y el portal IDI-A. Con estos dos elementos fundamentales, "el Programa trataba de dar respuesta a las necesidades reales de estos sectores con el fin de que puedan hacer una gestión más eficiente y sostenible de los recursos y que puedan también así una mayor rentabilidad.


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Con este tipo de iniciativas, se potencian ámbitos de trabajo con los que ir avanzando y mejorando estos sectores productivos. Algunos de esos ámbitos de trabajo son, por ejemplo, la búsqueda de modos de producción más eficientes y con menor impacto ambiental, el desarrollo de nuevos modelos de comercialización y cadena de distribución más flexibles, eficientes y sostenibles, puesta en marcha de mejoras de los procesos agroindustriales y los sistemas de control, mejoras de la eficiencia en el uso de los recursos hídricos y también, el desarrollo de sistemas inteligentes de gestión para facilitar la toma de decisiones.

Con la idea clara de seguir avanzando en esta línea de trabajo iniciada por el MAPAMA, es también importante ir implementando vías y acciones complementarias que colaboren en este objetivo común.

Una de esas vías viene dada por la creación de plataformas tecnológicas. Estas plataformas, que son agrupaciones de entidades en las que todos los interlocutores interesados en un campo sectorial de forma conjunta y en colaboración con los investigadores, para identificar y priorizar las necesidades tecnológicas, de investigación y de innovación a medio o largo plazo, y fomentar actividades conjuntas de I+D+I. De hecho, gran cantidad de entidades del ámbito agroalimentario y forestal están promoviendo este trabajo conjunto.

Las plataformas tecnológicas han demostrado su utilidad en otros sectores y son útiles a la hora de ser una herramienta de aprendizaje y de obtención de respuestas a las necesidades concretas de cada sector. No obstante, hay algunos sectores en los que todavía ni existen ni se ha desarrollado esta herramienta potente a través de la cual conectar a empresas, asociaciones, agricultores, universidades, investigadores y Administraciones Públicas aunando objetivos, mejorando su cooperación, complementariedad y la comunicación entre ellos para conseguir mejores resultados.

La creación de estas plataformas proporcionarán portales de comunicación cuyo objetivo es consolidar un foro de trabajo para el intercambio de información y conocimiento, creando un espacio para integrar esfuerzos en el desarrollo de tecnologías que contribuyan a una producción agroalimentaria más sostenible a través de la eficiencia productiva y la calidad, y que sirva para asesorar a las órganos responsables.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a potenciar y facilitar la creación, dentro del Plan Nacional y de Innovación y Tecnología Agroalimentaria y Forestal, de plataformas tecnológicas sectoriales del sector hortofrutícola que mejoren la competitividad y digitalización del sector."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para desbloquear de manera inmediata la construcción de la EDAR para Soria y su alfoz y garantizar una aportación justa de los municipios afectados, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, declaró, en su disposición adicional 28.a, de interés general las obras de "Ampliación y mejora o nueva EDAR con terciario de Soria" y las del "Emisario Golmayo. Soria".

De igual forma, el 2 de febrero de 2010 se suscribió el "Protocolo general de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Junta de Castilla y León, por el que se fija el marco general de colaboración en el ámbito del saneamiento y la depuración: Ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015", en cuyo Anexo I figuraban las señaladas obras, "Ampliación y mejora o nueva EDAR con terciario", dentro de las actuaciones de interés general, por lo que el Estado se hacía cargo de su ejecución.


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En noviembre de 2011, el Consejo de Ministros autoriza el Acuerdo de modificación del Convenio de Gestión Directa celebrado entre la Administración General del Estado, representada por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas del Norte, S.A.". Este convenio recoge la construcción de la EDAR de Soria, con un modelo de financiación del 80 % fondos europeos y 20 % Acuanorte, sociedad que recuperará esta cantidad en 40 años repercutiendo vía tarifa a los usuarios de la infraestructura.

Por estas fechas, un nuevo informe de alternativas para la nueva depuradora elaborada por Aguas del Norte se decanta, como la opción más positiva para Soria, por mantener el emplazamiento en la ubicación de la depuradora en funcionamiento, con un presupuesto estimado de 42 millones de euros.

Pese a que la ubicación de esta nueva infraestructura ocupa los mismos terrenos que la antigua, la Junta de Castilla y León alega frente a la necesidad de declaración de impacto ambiental, lo que provoca un retraso importante en la licitación de esa infraestructura.

El cambio de Gobierno tras las Elecciones Generales de 2011 provoca nuevas modificaciones en esta infraestructura. El nuevo Gobierno del Partido Popular decide encargar nuevos estudios de alternativas sobre la ubicación de la planta y acuerda trasladar la ubicación de la misma aguas abajo del embalse de Los Rábanos garantizando que se ejecutará la obra, en tiempo y forma para evitar la pérdida de fondos europeos y se compromete a conseguir fondos adicionales si estos son necesarios por el cambio de ubicación y la necesidad de realizar un túnel de conexión hasta Los Rábanos. Esta información se traslada a los Ayuntamientos afectados en junio de 2012.

El primer borrador de convenio para la ejecución de esta obra en el nuevo emplazamiento se presenta en noviembre de 2012 y tras meses de negociación entre los Ayuntamientos y el Gobierno se firma el 3 de mayo de 2013, dejándolo condicionado a la aprobación de una adenda posterior una vez que se conozcan todos los detalles así como los costes del proyecto de la planta y del túnel.

Entre tanto el Gobierno anuncia los procesos de contratación de la construcción tanto de !a EDAR como del túnel emisario, con los estudios necesarios para la declaración de impacto ambiental, los trámites de información pública y la adjudicación del Contrato de Servicios de Ingeniería para el Estudio Geológico y Geotécnico del túnel emisario.

El 29 de octubre de 2013, seis meses después de la firma del convenio, el Ministerio adjudica a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Aqualogy y Aldesa por 19,3 millones de euros, la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y la puesta en marcha de la EDAR de Soria. La empresa tendrá un plazo de ejecución de 20 meses para construir la nueva depuradora. El inicio de la obra quedaba condicionado al proyecto del túnel emisario.

En este sentido, el 10 de enero de 2014 ACUES adjudica la asistencia técnica para la redacción del proyecto del túnel emisario y los colectores asociados de la EDAR Soria. Sin embargo, aunque se ha hablado de estimaciones que ronda los 33 millones de euros, desconocernos con detalle este proyecto, ni si ha sido aprobado por la empresa pública. En ningún, caso ha sido remitido a los Ayuntamientos afectados.

El Gobierno, que licita, adjudica y ejecuta la obra declarada de interés general, no remitió al Ayuntamiento de Soria, el primer borrador de la adenda que debe acompañar el convenio inicial hasta el 3 de octubre de 2014, 17 meses después de la firma del convenio base y lo hizo a petición del Ayuntamiento de Soria, preocupado por los plazos, y viendo como adendas similares de otros Ayuntamientos habían sido firmadas con meses y años de antelación. Hay que recordar, además, que la planta, con un plazo de ejecución de 20 meses, debería estar acabada antes de diciembre de 2015 según marcaba Europa, una situación inviable dada la fecha de remisión de la adenda. En el mejor escenario posible la obra finalizaría pasado mayo de 2016.

En este borrador, además, aparece una cláusula en la que se recoge que deberán ser los Ayuntamientos los que asuman el pago completo de la obra y de las partidas no elegibles en el caso de perder los Fondos Europeos por no cumplir los plazos. En esa misma adenda, como ya se ha mencionado, se recoge como mejor escenario de fin de la obra mayo de 2016 cuando Europa exige que esté finalizada el 31 de diciembre de 2015.

Tanto el Secretario como el Interventor municipal emiten sendos informes contrarios a la firma por su inviabilidad económica y jurídica apenas unos días después de recibir la adenda. Ante esta situación, que afecta al Ayuntamiento de Soria y Golmayo, que en ambos casos explican que no pueden rubricar la adenda, y la falta de un compromiso mayor del Gobierno asumiendo parte de la financiación o del riesgo cierto de pérdida de fondos, es el propio Ministerio quien propone en noviembre de 2014 trasladar toda la obra al nuevo escenario europeo.


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Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 establecen unos nuevos parámetros de cofinanciación, en los que en el caso más favorable estaríamos hablando de que las administraciones nacionales deberían aportar el 65% de la inversión y el 35 % restante a cargo de estos fondos.

Tras insistentes peticiones del Ayuntamiento de Soria para celebrar reuniones con el Ministerio y con ACUAES y conocer la situación real de la infraestructura, de interés general y en zona sensible al ser cabecera del Duero, así como su inclusión o no en el nuevo programa de fondos europeos y la propuesta de financiación, lo que se conoce es que la voluntad del Gobierno es solo transferir a la obra el 35 % que !lega directamente de fondos europeos sin ninguna aportación propia ni compromiso añadido.

Esta situación debe ser reversible y corregida con fondos adicionales que lleguen desde el propio Ministerio al igual que ocurre en otras plantas, también de interés general, y que cuentan con financiación europea y gubernamental y en las que los vecinos y vecinas no han tenido que realizar ninguna aportación a través de su recibo.

La cronología pone de manifiesto que las decisiones que ha venido tomando el Gobierno de España en los últimos años han perjudicado claramente a los vecinos y vecinas de Soria y su alfoz. Los ejemplos de otras infraestructuras similares avalan además la petición del Ayuntamiento de Soria para conseguir ese compromiso del Ministerio que alivie la aportación municipal.

Estamos hablando de una infraestructura declarada de interés general, que como tal tiene que proyectar, licitar y ejecutar la Administración del Estado y además la zona de vertido actual fue declarada zona sensible requiriendo un mayor control de la contaminación y por tanto los vertidos realizados deben cumplir requisitos adicionales, lo que suponen un sobrecoste para los vecinos y vecinas. Todo esto en una provincia con un problema de despoblación, que no es un hecho aislado, sino una consecuencia derivada de la falta de políticas inversoras sostenida en el tiempo. La ausencia de inversiones en infraestructuras de todo tipo, viarias, ferroviarias, tecnológicas y, en este caso, medioambientales para la provincia, deben ser corregida y, por ello, debe reflejarse con medidas específicas como la aprobación de fondos adicionales para la depuradora teniendo en cuenta, además, que sí se hace en otros territorios y que es de justicia hacerlo extensivo al soriano.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desbloquear de manera inmediata la construcción de la EDAR para Soria y su alfoz, declarada de interés general, comprometiéndose con partidas presupuestarias a participar en la financiación de la misma, garantizando su colaboración con los Ayuntamientos afectados en una infraestructura declarada de interés general.

2. Garantizar la construcción y puesta en funcionamiento de dicha depuradora antes de la finalización de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020, aportando fondos propios de la Administración Central, que se añadirán a los europeos, con el objetivo de que las aportaciones que los vecinos y vecinas deban realizar para la financiación de esta infraestructura no sean superiores a las realizadas por los usuarios en otros territorios, teniendo en cuenta el grave problema de despoblación que sufre la provincia de Soria como consecuencia de la falta de inversión pública en infraestructuras y servicios públicos, además de las condiciones especiales de vertido al tratarse de una espacio declarado "Zona Sensible"."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Javier Antón Cacho y Gonzalo Palacín Guarné, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a respaldar y apoyar el cultivo de la uva pasa de la comarca de la Axarquía, en Málaga, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


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Exposición de motivos

La uva pasa de la comarca de la Axarquía ha sido declarada recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como SIPAM, esto es, un Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial. Toda declaración que reconozca nuestro pasado es una invitación a crear nuevas oportunidades para nuestro futuro. Esta premisa ha sustentado el trabajo que el PSOE, en diferentes espacios de actuación política (los Ayuntamientos, la Mancomunidad de la Axarquía, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía), ha desarrollado en apoyo a la reivindicación, canalizada por la Asociación Moscatel, para que este cultivo alcanzara la importante distinción.

La comarca oriental malagueña de la Axarquía ha recibido el espaldarazo definitivo para integrar en su proyecto colectivo la defensa de la uva pasa como un instrumento de creación de riqueza y un elemento fundamental, pasado y futuro, de la relación de sus habitantes con su espacio físico, que tan en duda ha sido puesto en los últimos años a cuenta del urbanismo. La FAO defiende que estos sistemas agrícolas son tan "sistema vivo, en evolución, formado por comunidades humanas en estrecha relación con su territorio, ambiente cultural, agrícola o ambiente biofísica y social más amplio".

Los socialistas recocemos este encuadre como sistema vivo: el patrimonio de la pasa es el cultivo y la cultura emanada de él. Ahora la tarea será recuperar el peso económico de la pasa, para generar oportunidades, a partir del consenso institucional en torno a este proyecto, y difundir esta cultura como uno de los pilares de la identidad de la comarca. Esta declaración nos invita a reflexionar sobre como debemos relacionarnos con el territorio. La agricultura, sea la pasa o el cultivo subtropical, nos debe llevar a ser ejemplo de desarrollo sostenible. Vivimos del campo, vivimos de la tierra, vivamos por mucho tiempo en nuestros pueblos.

Gracias a este reconocimiento, la uva pasa escala de nuevo a los titulares de prensa, aunque es preciso recordar que este cultivo fue bandera del desarrollo económico de la provincia en el siglo XIX y medio de subsistencia en el XX para miles de familias. Muchos axárquicos tienen su historia personal sobre la pasa, y estas historias, trenzadas, configuran una gran parte del lienzo de la historia de la comarca, de sus éxitos y sus fracasos. Gracías a la pasa y en torno a ella, la Axarquía hoy puede ofrecer al mundo toda una cultura viva, que necesita un empuje, que llegará, estoy seguro, de la mano del carácter aventurero y emprendedor de los hijos e hijas de este pedazo de tierra y del consenso político.

Así, el tesón y el cariño que los hombres y mujeres de la Axarquía ponen año tras año en su cultivo, junto a los maravillosos paisajes que nos dan nuestras vides, han sido el secreto para que la FAO haya destacado este producto con la primera declaración de SIPAM (conjunta con las salinas de Añana) en un territorio europeo. Hoy la Axarquía, con la pasa, forma parte del gran patrimonio agrario de los seres humanos.

Y el futuro que soñamos en la Axarquía exige la implicación de todas las administraciones públicas. La industria agroalimentaria, cultural y turística sobre la pasa tiene que dar ese salto de calidad para que sea una realidad que los habitantes de los municipios paseros puedan vivir, con dignidad y seguridad, de un duro trabajo que hunde sus raíces en la tierra y en la memoria colectiva.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Respaldar y apoyar el cultivo de la uva pasa de la comarca de la Axarquía, recientemente declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

2. Implicarse con la uva pasa para, aprovechando su declaración como SIPAM, impulsar este cultivo como atractivo turístico, cultural y económico de la Axarquía y de la provincia de Málaga, destinando los recursos económicos para ella e impulsando una campaña publicitaria al respecto.

3. Destinar, en coordinación con otras administraciones, los recursos económicos necesarios para la construcción del Museo Etnográfico de la uva pasa en Almáchar (Málaga)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y el impulso de un enfoque circular en la gestión integral del ciclo del agua, para su debate en Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Según datos de la Comisión Europea para 2015, en los países centroeuropeos (Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos, Suiza y el Reino Unido), la tasa general de conexión de tratamiento de aguas residuales urbanas es del 97 % de la población. Las tasas de conexión en los países del este, sur y sudeste son sensiblemente inferiores, entre el 75 y 78 %, y en el caso de España es del 77 %.

La falta de recolección y tratamiento adecuados de las aguas residuales plantea riesgos significativos para la salud humana, las aguas continentales y el medio ambiente marino.

En virtud de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, a partir del 1 de enero de 2001 todas las ciudades de la UE con una población equivalente a más de 15.000 habitantes debían contar con sistemas para recoger y tratar adecuadamente sus aguas residuales antes de su vertido al medio ambiente.

En abril de 2011, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que España había violado la legislación de la UE al no recoger y tratar adecuadamente las aguas residuales urbanas vertidas por 37 aglomeraciones de varias Comunidades Autónomas de España (Asunto C-343/10.).

Casi 20 años después de la fecha límite para trasponer la Directiva 91/271/CEE la Comisión Europea todavía estima que la plena implementación de la misma no está garantizada y ocho años después de la sentencia del TJUE los problemas persisten en 17 de las 37 aglomeraciones incluidas en aquel procedimiento, afectando a más de 1.400.000 personas.

Estas 17 aglomeraciones son: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara y, respectivamente, Nerja y Barbate (Andalucía), Gijón Este (Asturias), Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y, respectivamente, Vigo (Galicia), Benicarló, Peñíscola y, respectivamente, Teulada-Moraira (Comunidad Valenciana), Noreste (Valle Guerra) y Valle de Güímar (Tenerife, Islas Canarias).

La Comisión ha abierto de nuevo un proceso de infracción a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por su incumplimiento de la sentencia de 2011. En esta ocasión, España se enfrenta una multa que podría alcanzar los 46 millones de euros y la posibilidad de una multa adicional de 171.000 euros diarios mientras continúe el incumplimiento.

En la mayoría de los casos la titularidad de los servicios de agua municipal, por lo que el Gobierno deberá articular una respuesta coordinada con las Administraciones públicas autonómicas y municipales.

Esto también debería llevarnos a revisar la gobernanza del ciclo urbano (abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización) la titularidad de los servicios es municipal (no así su gestión, con diversidad de modelos), y conviene recordar que en España la administración local se caracteriza por su fragmentación y heterogeneidad, circunstancias que de alguna manera se trasladan a la gestión del agua urbana. En este sentido, los expertos aconsejan evaluar la conveniencia de un regulador independiente de ámbito supramunicipal (deseablemente nacional), con competencias sobre el régimen tarifario y las condiciones del servicio público, incluyendo su calidad y la transparencia de gestión. Sobre esta cuestión existen experiencias internacionales de referencia.

Por otra parte, la economía circular es un pilar fundamental para una Europa medioambientalmente sostenible y un importante vector para el crecimiento económico. La inversión en el tratamiento de aguas residuales es una parte importante para lograr una economía circular. Por ello, la Comisión Europea ha lanzado un plan de acción que apuesta por la reutilización de las aguas residuales tratadas en condiciones seguras y rentables y medidas de eficiencia para reducir la presión sobre nuestros recursos hídricos.

La captación de agua dulce para el ciclo urbano en el total de la península (abastecimiento a la población) se sitúa en torno a 4.800 Hm3/año. De ese volumen, se reutilizan 530 Hm3 (para usos distintos del consumo humano) y retornan al medio, tras su depuración, 4.100 Hm3. Esto supone un porcentaje de


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reutilización en España del 11 %, si bien este varía mucho entre CCAA. Aunque no puede establecerse una comparación directa con España, merece la pena mencionar aquí el caso de Israel. Un país árido, con una población de 8,5 millones de habitantes, tiene una tasa de reutilización del 91 % del agua residual.

Así pues, el uso del agua regenerada en España actualmente es muy limitado. Por eso, es necesario que desde el Gobierno se impulse la producción y uso del agua regenerada y de los sistemas de drenaje urbano sostenible. Existen interesantes posibilidades de gestión circular del ciclo urbano del agua en el campo de la producción energética.

El nexo agua-energía en el ciclo urbano está en general bastante desatendido en España y es un tema importante. Las aguas residuales poseen un potencial importante tanto para la producción de biogás, como la generación de electricidad o en lo que se refiere al aprovechamiento de su calor, a efectos de climatizatización de instalaciones, algo directamente vinculado a los problemas de emisiones de CO2 y calidad del aire urbano. El balance energético de las sociedades de aguas se puede mejorar significativamente y lograr ahorros importantes, tanto en términos económicos como de emisiones.

En todo caso, las inversiones necesarias durante los próximos años para avanzar en el enfoque circular en la gestión integral del ciclo del agua y su reutilización en nuestro país se estiman en cientos de millones de euros. No obstante, debemos aprender de los errores pasados. ¿Cuántas infraestructuras contempladas en los Planes Hidrológicos (Nacional y de Cuencas) no se han ejecutado? ¿Cuantas infraestructuras se han ejecutado que no estaban contempladas en los Planes? ¿Cuántos recursos se han perdido en sobrecostes?

Dado los despropósitos vividos en España con las inversiones en infraestructuras públicas es preciso insistir en la necesidad de contar con una planificación de las inversiones transparente, consensuada, donde los criterios políticos no puedan imponerse a la racionalidad técnica o al interés general, y que asegure los fondos necesarios para concluir las obras sin que se disparen los costes de ejecución y con mecanismos que aprovechen los fondos europeos disponibles y que movilicen la innovación y la inversión privada.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Garantizar la aplicación plena de la Directiva 91/271/CEE, asegurando los estándares más elevados de protección de la salud humana, las aguas continentales y el medio ambiente, y evitando así la imposición de multas por parte de la Unión Europea.

2. Impulsar un enfoque circular en la gestión integral del ciclo del agua, en coordinación con la administración autonómica y local.

3. Cumplir un plan de inversiones transparente, consensuado, donde los criterios políticos no puedan imponerse a la racionalidad técnica o al interés general, que comprometa fondos públicos suficientes, permita el aprovechamiento de los fondos europeos disponibles e incentive la innovación y la inversión privada.

4. Revisar la gobernanza en la gestión integral del ciclo de agua y evaluar la conveniencia de un regulador independiente de ámbito supramunicipal, con competencias sobre el régimen tarifario y las condiciones del servicio público, incluyendo su calidad y la transparencia de gestión."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Antonio Cantó García del Moral, José Luís Martínez González y Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernandez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002965

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de


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contención, control, vigilancia y prevención del jacinto de agua o camalote en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El jacinto de agua o camalote ("Eichhornia crassipes") es una planta que presenta un carácter invasor muy agresivo, colonizando rápidamente todo el medio que le resulta favorable: se reproduce tanto de forma sexual como vegetativamente (por estolones y fragmentos de la planta) y puede llegar a duplicar su población en cinco días, si las condiciones son adecuadas. Cuando se descontrola, esta planta puede cubrir totalmente las masas de agua en grandes cantidades; además, la descomposición de su materia orgánica produce efectos muy perjudiciales, ya que deja a oscuras el agua y afecta a los sistemas de canales de riego al introducirse en ellos. El camalote está incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Originaria de América del Sur, concretamente, de la Cuenca del Amazonas, en Europa se ha encontrado, hasta ahora, en Italia y Portugal, donde es especialmente abundante en el centro del país. En España ha aparecido en algunos humedales y cursos de agua situados en áreas de clima cálido, concretamente en las provincias de Alicante, Cáceres, Castellón y Tarragona. En 2004, se constató su presencia en Badajoz en la cuenca del río Guadiana. Según las últimas cifras, en el año 2017 se retiraron 170.000 toneladas de camalote en el tramo extremeño del Guadiana, y la Confederación Hidrográfica del Guadiana prevé que la campaña de este año no será fácil.

En este sentido, se ha llegado a solicitar al Gobierno central la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para retirar el camalote del Guadiana, por tratarse de una emergencia medioambiental y tras declararse el nivel 1 de gravedad. La situación ha llegado a un punto en el que algunos tramos del río se han encontrado completamente invadidos, con rebrotes de la planta aguas arriba.

Y es que el impacto ecológico del camalote es elevado: compite agresivamente con la flora nativa, desplazándola, y reduce la cantidad de luz que penetra en el agua, disminuyendo los niveles de oxígeno disuelto, con consecuencias nefastas para la biocenosis nativa. Su impacto económico también debe ser tenido en cuenta: reduce la cantidad de agua de lagunas y balsas de agua de riego, dificulta el uso recreativo del agua y el paso de embarcaciones, bloquea turbinas, atasca canales de riego y puede afectar a las infraestructuras, a los cultivos y a la explotación de las comunidades de regantes; además, la no actuación puede suponer graves daños sobre la actividad económica (agricultura y turismo). Finalmente, crea condiciones ideales para la proliferación de mosquitos, lo que tiene impacto sanitario, además de los potenciales daños socio-económicos en cuanto a calidad de agua, abastecimientos y salud pública.

Entre las medidas que se pueden emplear para su control se encuentran los denominados métodos de control mecánico, útiles cuando se trata de invasiones poco importantes o de pequeña extensión (en este caso puede ser suficiente la retirada manual exhaustiva de todos los ejemplares presentes). Sin embargo, un sistema rápido para aclarar y despejar canales, ríos y lagos navegables en los casos de infestaciones que afectan a zonas amplias, se deben emplear métodos más intensivos, como por ejemplo segadoras acuáticas montadas en embarcaciones, picadoras accionadas o máquinas que emulan a las cosechadoras. En cualquier caso, aunque se trate de sistemas rápidos para aclarar y despejar canales, ríos y lagos navegables, estos métodos no están exentos de problemas: en primer lugar, el uso de estas máquinas requiere que la zona invadida sea navegable; además, una vez completada la siega deben retirarse todos los restos que queden en el agua; por último, estos métodos resultan poco selectivos, pues eliminan también a los restantes macrófitos presentes.

También se han empleado métodos químicos, aunque hay que tener presente el bajo número de herbicidas autorizados en zonas húmedas y los daños que su aplicación puede provocar en el resto de la flora. Por ultimo, en países como Estados Unidos se ha experimentado también con métodos biológicos: el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos tiene experiencia en la lucha contra el camalote, habiendo desarrollado un modelo predictivo que permite evaluar cada situación y elegir el método de control mecánico más adecuado.

El camalote se debe combatir durante todo el año, especialmente cuando hace frío. Por ello, es necesario elaborar un plan permanente de control y prevención del camalote mediante una programación de acciones de prevención a desarrollar a lo largo de todo el año, no solo en verano. Conviene recordar que la Unión Europea ha aprobado recientemente el "Proyecto ACECA. Actuaciones para el control y eliminación del Camalote en el tramo transfronterizo del río Guadiana", dentro del Programa de


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Cooperación Interregional (INITERREG) para luchar contra el camalote en el río Guadiana, entre Mérida y el embalse de Alqueva (Portugal), con un presupuesto total de 5,56 millones de euros entre 2017 y 2020.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a profundizar en el estudio de la contención, el control, la vigilancia y la prevención del jacinto de agua, mediante el desarrollo y la mejora de métodos científicos y tecnológicos que minimicen su reproducción y posibiliten su erradicación, y, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el resto de administraciones públicas, a elaborar un plan permanente de contención, control, vigilancia y prevención del camalote que evite su expansión a lo largo del cauce de este río, mediante una programación de acciones de prevención a desarrollar a lo largo de todo el año, que, en el caso de que fuese necesario, incluya la posibilidad de intervención de la Unidad Militar de Emergencias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez y Antonio Cantó García del Moral, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernandez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002931

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La OMS considera que los malos tratos a las personas mayores constituyen un problema importante de salud pública que incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto.

Según INPEA (red internacional de prevención del abuso y maltrato en la vejez) el maltrato a las personas mayores es "cualquier acto único o repetido, o la falta de medidas apropiadas, que se producen dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza, y que causa daño o angustia a una persona mayor".

El Plan Internacional de Acción de las Naciones Unidas adoptado por todos los países en Madrid, en abril de 2002, reconoce claramente la importancia del maltrato a las personas mayores y lo pone en el contexto de los Derechos Humanos Universales.

Existen numerosas formas de maltrato, tanto en el ámbito doméstico como en el institucional. En los últimos meses se han conocido casos alarmantes de malos tratos en residencias de personas mayores, Es especialmente preocupante la concentración de estos graves episodios en la Comunidad de Madrid, tanto en residencias públicas gestionadas por empresas privadas como en centros de gestión pública.

En la Comunidad de Madrid se han denunciado malos tratos físicos y psicológicos. Según manifiestan los afectados y sus familias, existe una evidente escasez de personal, condiciones laborales precarias, negativa a sustituir bajas, escasa atención médica continuada. Todo ello ha dado lugar a una atención inadecuada, con suciedad en las instalaciones, comidas en mal estado, falta de cuidados y problemas de salud que no se abordan como se debería.

Según datos del IMSERSO, solamente se notifica uno de cada 24 casos de maltrato a personas mayores. En ocasiones, los afectados pueden sufrirlo y ni siquiera saberlo. Cuando son conscientes,


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muchas veces no saben cómo denunciar, no quieren causar problemas y temen las consecuencias que una denuncia pudiera suponer.

A pesar de la dificultad que conlleva extrapolar la realidad del maltrato a los mayores a las estadísticas, un estudio publicado en la revista "The Lancet Global Health" y financiado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculaba, a principios de 2017, que una de cada seis personas de edad avanzada sufre algún tipo de maltrato en todo el mundo, lo que supone aproximadamente unos 141 millones de afectados (en España, alrededor de 520.000 maltratados mayores de 65 años). Según la Fundación ONCE, el riesgo a sufrir situaciones vejatorias se multiplica por 10 cuando el afectado presenta discapacidad, lo que ocurre en un alto porcentaje de los mayores.

Teniendo en cuenta estas cifras, que se presuponen subestimadas, y la baja tasa de denuncias que se ponen, los expertos coinciden en la necesidad de concienciar a la sociedad sobre la vulnerabilidad de esta parte de la población y tomar medidas para prevenir y abordar los malos tratos a las personas mayores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, a elaborar en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, un Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores, que aborde todos los tipos de malos tratos en los diferentes entornas en que se producen, teniendo en cuenta el enfoque de género, así como las situaciones de discapacidad o dependencia.

Este Plan se evaluará y revisará periódicamente en función de sus resultados y de las conclusiones que se extraigan a raíz de la elaboración de una estadística actualizada, completa y fiable.

En la elaboración de dicho Plan se contará con la participación de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas mayores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2018.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002946

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para garantizar un Sistema de Información de Servicios Sociales, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Avanzar en la construcción de nuestro Estado de Bienestar pasa por consolidar un sistema público de servicios sociales que ofrezca un conjunto de servicios para atender aquellas situaciones que se identifiquen como prioritarias. Para ello es fundamental reforzar y consolidad el sistema, incluyendo los mecanismos de transparencia e información que hagan posible su planificación, su seguimiento y, en definitiva, su buen funcionamiento.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad carece de un sistema de información de servicios sociales que ofrezca información de alcance público, fiable y actualizado.

En la actualidad, es inadmisible la falta de datos en aspectos importantes del sistema como plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, plazas en centros y servicios para personas con discapacidad; o el retraso en otros, como es el caso de los centros y servicios para personas mayores de 65 años, o las memorias del Plan Concertado, cuyos datos más recientes, a comienzos de 2018, corresponden al año 2015.


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Sin datos fiables y actualizados, se está vulnerando el derecho a la información de la ciudadanía, e incumpliendo todos los compromisos de transparencia en la acción de gobierno. Al mismo tiempo, es una limitación importante para planificar con racionalidad los servicios sociales.

Es necesario que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad articule un sistema de información en materia de servicios sociales que permita conocer sus principales parámetros y de manera actualizada.

Hay que destacar el déficit democrático y de racionalidad que supone que en pleno siglo XXI, un país miembro de la Unión Europea no sea capaz de ofrecer información estadística fiable y actualizada sobre sus servicios sociales, como venimos pidiendo las fuerzas políticas y las organizaciones sociales en los últimos años.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias, a articular, de manera urgente, un Sistema de Información de Servicios Sociales que permita conocer sus principales parámetros y ofrezca información de alcance público, fiable y actualizado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002947

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se ha dicho que es un auténtico Pacto de Estado para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales, porque contempla una colaboración económica y técnica para el desarrollo de esta red local, así como un intercambio de información. Se trata del instrumento estatal fundamental para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales. Su objetivo es mantener y desarrollar la red de servicios sociales de atención primaria y proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades. Para ello, el Estado cofinancia proyectos para el desarrollo de prestaciones básicas de información y orientación; ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia; alojamiento alternativo; prevención e inserción social.

El Plan Concertado se inició en el año 1988 y tuvo un fuerte impulso en sus primeros años. En el primer quinquenio de 1990, el crédito del Plan Concertado experimentó unos incrementos anuales relevantes, por encima del IPC, que permitió consolidar en todo el territorio la Red Básica, así como ampliar los equipamientos complementarios. En los Presupuestos Generales del Estado para 2011 se repartieron 86.633.150 euros entre las comunidades y ciudades autónomas para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales.

La llegada al Gobierno del Partido Popular supuso un enorme retroceso en las políticas sociales, cuya consecuencia fue el deterioro de los servicios públicos, entre ellos, los servicios sociales. En 2012, la dotación del Plan Concertado bajó hasta los 47 millones de euros. En los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 volvió a disminuir, situándose por debajo de los 28 millones de euros, lo que supuso un recorte de más del 66 % que el Gobierno del PP llevó a cabo, precisamente, en un momento en el que se estima que la demanda de ayuda por emergencia social se había incrementado un 200 %.


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En su origen, los compromisos de financiación establecieron la voluntad de tender a financiar a terceras partes el coste de esta red, a cargo de las propias entidades locales, de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado. Así, en los años 90, la Administración General del Estado financiaba hasta el 25 % del coste de esta red. y sin embargo, de manera continuada, ha ido reduciendo esta financiación, hasta situarse en un testimonial 2,9 % en 2016 (último año del que se dispone de certificaciones oficiales); apenas 27 millones de euros, sobre un coste total de 944 millones, de los que las CCAA financian 321 millones (34 %) y las entidades locales 597 millones (63 %).

El Gobierno, con su deslealtad en materia de financiación y su falta de liderazgo técnico, está haciendo perder todo el potencial que este Pacto de Estado, el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales, podía suponer.

Al cumplirse el 30 aniversario de la firma de este Plan hay que reivindicar el modelo de "Pacto" que supone cohesión social y también cohesión territorial, en el que la presencia de la Administración General del Estado se basa en el consenso y en su implicación efectiva como garante de condiciones básica de igualdad para todos los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para recuperar y reforzar el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales, para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios sociales de atención primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas, impulsando un sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía.

Dichas medidas se desarrollarán tanto el ámbito del liderazgo técnico como en el fomento del intercambio de información y en la financiación, habilitando de forma inmediata, por los mecanismos legales que procedan, los créditos necesarios para incrementar la aportación de la Administración General del Estado al Plan Concertado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002948

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la reventa de entradas para eventos deportivos y espectáculos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

En la actualidad la reventa de entradas para eventos deportivos y espectáculos está regulada por el Estado en el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, promulgado a raíz del Mundial de fútbol de España, en cuyo artículo 67.2.°: establece que únicamente estaría prohibida la reventa que se realiza en la calle o de manera ambulante. Por otro lado, el citado Reglamento permite, en el artículo 67.1.°, la reventa de entradas realizada en establecimientos autorizados, fijando un límite del 20 % sobre el precio de venta para dicha reventa de entradas. Se trata de un texto vigente desde hace más de treinta años, que no atiende al desarrollo de las tecnologías digitales y desafíos que estas plantean en la regulación de la reventa de entradas.

Por lo que respecta a las Comunidades Autónomas que han legislado sobre esta materia, al tener transferidas las competencias, muchas han optado por mantener la prohibición de la reventa ambulante o callejera, otras por hacer una prohibición general a la reventa, pero sin regular expresamente o mencionar la reventa telemática, e incluso, otras, han optado por no regular nada o no imponer sanciones al respecto, lo cual añade mayor incertidumbre.


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Las consecuencias de la falta de regulación y de adaptación de la actual normativa a las circunstancias actuales, conllevan a una indefensión de los consumidores y a un grave perjuicio para los artistas y los promotores de espectáculos.

En muchas de las webs dedicadas a la reventa de entradas, detrás de un pretendido servicio prestado al consumidor que, tras haber adquirido las entradas, no puede acudir a disfrutar del espectáculo, hay a menudo un gran mercado profesional dedicado al denominado "scalping"; una técnica que consiste en comprar, en pocos minutos, el mayor número posible de entradas disponibles de un evento para luego revenderías con un elevado margen de beneficio. En muchas ocasiones se utilizan "bots" para realizar este trabajo, utilizando un software cada vez más sofisticado, capaz de superar las pruebas de CAPTCHA. Según información publicada por el New York Times, se estima que "el 60 por ciento de las mejores entradas para algunos espectáculos" que se ponen a la venta, son adquiridas mediante "bots". En algunos casos llegan a venderse lo que se denominan "entradas especulativas", es decir, se venden entradas que no se tienen, pero que se esperan poder comprar después de cerrar un acuerdo con el comprador, con el consiguiente riesgo para los consumidores y el consecuente incremento de los precios aún antes de que las entradas salgan a la venta de forma oficial.

Asociaciones nacionales de consumidores como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), demandan la aprobación en España de un nuevo régimen legal que ponga fin a los abusos continuados contra los consumidores en la reventa de entradas.

Algunos países de nuestro entorno ya han regulado o han iniciado los trámites para regular la reventa de entradas por internet con el objetivo de garantizar la máxima protección de los consumidores, evitar fraudes y poner coto a la especulación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial de Consumo, la creación de una Mesa conjunta de trabajo con representantes del sector de los promotores, organizaciones de artistas y asociaciones de consumidores de ámbito estatal, en la que se promuevan las reformas normativas y las medidas necesarias con el objetivo de:

1. Impulsar en el menor tiempo posible una regulación específica para la venta on line de entradas para espectáculos públicos que incluya métodos de verificación de compras automatizadas masivas, garantizando así los derechos de usuarios, artistas y promotores.

2. Promover un acuerdo que permita la implementación de un sistema de identificación digital único de las entradas que permita el control de aforos y validación, evite el fraude en la reventa y la posible duplicidad.

3. Regular y limitar la posibilidad de reventa de entradas, así como los límites y posibilidades de incremento sobre el precio original en las entradas a espectáculos públicos y actividades recreativas on line.

4. Evaluar periódicamente en la Mesa creada con el sector el funcionamiento de dichas medidas en el tiempo y poder acometer aquellas nuevas que pudieran ser necesarias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Victoria Begoña Tundidor Moreno, José Andrés Torres Mora y Miriam Alconchel Gonzaga, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002958

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la atención pediátrica de atención primaria, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


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Exposición de motivos

La Constitución Española establece la obligación de salvaguardar a la juventud y a la infancia y reconoce el derecho a la protección de la salud, a la vez que diseña una organización territorial del Estado que posibilita la asunción por las comunidades autónomas de competencias en materia de sanidad, reservando para la Administración General del Estado la regulación de las bases y la coordinación de la misma.

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño dispone, en su artículo 24, el derecho de los menores de edad "al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud". Es decir que, tanto a nivel nacional como internacional, se reconoce el derecho de la infancia a la salud, la seguridad y el bienestar.

Como consecuencia del cumplimiento del mandato constitucional y de los acuerdos internacionales, el actual modelo español procura prestar la mejor atención sanitaria integral a los menores de edad desde el nacimiento hasta la adolescencia, estableciendo, para ello, la incorporación de la figura del pediatra a los centros de salud como puerta de entrada al sistema sanitario público.

Por lo tanto, el sistema público de salud lleva a cabo una cuidada atención infantil, envidiada por los países de nuestro entorno, en los que la primera atención a los niños y niñas no se realiza por pediatras, tal y como ponen de manifiesto organizaciones de profesionales como la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

Sin embargo, a pesar del reconocimiento mundial y de los buenos resultados en la asistencia pediátrica en la atención primaria, estudios como la encuesta Pediatría de Atención Primaria en España (PAPE), elaborada por AEPap, ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la figura del pediatra, especialmente en la atención primaria.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en el marco de actuación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a impulsar el refuerzo de la asistencia pediátrica en atención primaria procurando mejoras en aspectos como: el incremento en el número de especialistas médicos y de enfermería en pediatría, el trabajo en equipos multidisciplinares, el estudio de necesidades en recursos humanos de los centros asistenciales y el análisis de desarrollo de las áreas de capacitación específica necesarias en el ámbito funcional de la pediatría."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002952

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, relativa a los Programas Nacionales de Reasentamiento y Reubicación de personas refugiadas.

Exposición de motivos

En los últimos dos ejercicios, el Consejo de Ministros aprobó el Programa de Reasentamiento de Refugiados en España para su ejecución en 2017 y para su ejecución en 2018.

Este tipo de Programas se fundamentan en la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, del 30 de octubre de 2009, que desarrolla el sistema según el cual el Estado español presta


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protección internacional en su territorio a aquellas personas que no pueden volver a su país de origen por estar perseguidos por motivos de raza, religión, opiniones políticas, o huir de guerras. Se trata de Programas de ayuda de asilo temporal. En base a dicha Ley, el Gobierno elaborará Programas de Reasentamiento de Refugiados y Refugiadas acordando anualmente el número de personas que podrán ser reasentadas en el territorio del estado al albur de dichos Programas.

La ejecución de estos Programas se efectúa mediante la participación de varios Ministerios (Interior, Empleo y Seguridad Social, entre otros). En el reparto de costes, además de la aportación económica del Estado español, se cuenta con financiación del Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración con aportación económica por persona reasentada.

Según las bases del propio Programa que explicó el Gobierno, las personas refugiadas al albur de estos Planes tendrán, "previa tramitación de los correspondientes expedientes administrativos y discusión en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, bien el estatuto legal de refugiado, bien de beneficiado de protección subsidiaria, según proceda conforme a lo previsto en la Ley del 30 de octubre de 2009". En conclusión, se entiende que podrán establecerse en el territorio de acogida, obteniendo la documentación legal que les permita vivir de forma garantista. Es decir, con la correspondiente autorización de residencia y de trabajo permanente, y la expedición de los documentos de identidad así como pasaporte.

Consideramos que la duración de estos Programas es verdaderamente breve. El plazo de un año y medio es un tiempo insuficiente para que las familias refugiadas puedan asentarse, superar emocionalmente las situaciones de las que proceden, escolarizar a sus hijos e hijas, insertarse laboralmente, o incluso tramitar la documentación precisa o asistir a cursos de formación. Así ha sucedido con dos familias sirias que fueron reasentadas en Lugo hace año y medio. Llegaron al Estado español en 2016 en el marco de un grupo de 155 refugiados procedentes de Líbano al amparo del Programa Nacional de Reasentamiento. El 24 de enero pasado tuvieron conocimiento de que a los pocos días finalizaría el Programa de Acogida. La situación en la que se deja a estas familias resulta desesperante puesto que durante el corto tiempo de las ayudas no han tenido oportunidad de reinsertarse laboralmente, no se han podido formar ni acceder a titulaciones específicas ni tampoco se les ha dispuesto la documentación legal necesaria para establecerse. De repente, sin que el Gobierno haya hecho un seguimiento de sus situaciones, se ven sin soporte económico de ningún tipo y con una enorme sensación de abandono institucional.

Detectamos en este modo de proceder un esfuerzo mínimo por parte del Ejecutivo español, una total falta de compromiso humano con el grave problema que sufren las personas refugiadas que huyen de conflictos, guerras, persecución política, entre otros motivos. Desde las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de derechos humanos se ha criticado la evidente falta de implicación del Gobierno español.

Recordamos que el pasado 26 de septiembre se cumplía el plazo de dos años que dio la Unión Europea (UE) a sus países miembros para acoger a un total de 160.000 refugiados. Hasta la fecha, la cifra de demandantes de asilo que se han reubicado en alguno de los estados miembros no llegaba a los 45.000, poco más de una cuarta parte de los comprometidos. El Gobierno español se comprometió a acoger a más de 17.337 personas, aunque a fecha de finalización de dicho plazo, solamente acogió a 1980 el 11,4.% de la cuota acordada. Las ONGs denunciaron en un video titulado #OrgullodeIncumplir la política del Ejecutivo español en materia de acogimiento de refugiados y refugiadas. Su falta de voluntad política es manifiesta.

Tan solo Malta cumplió el compromiso reasentando a 137 personas. En segundo lugar, Finlandia llegó al porcentaje del 92 % de personas reubicadas respecto a la cuota establecida en la primera etapa del proceso de reubicación. Los Estados que mostraron su rechazo a los refugiados, varios países del Este con destacados gobernantes de tendencia xenófoba, no acogieron a nadie.

Pero tampoco es de destacar la posición del estado español, que junto con Francia y Austria, forman parte de los 10 Estados con menor índice de cumplimiento de la cuota de reubicación establecida en la primera etapa del proceso. En este tema, el Gobierno español está muy lejos de cumplir los acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, el 20 de julio de 2015, donde el conjunto de los Estados miembros acordaron el reasentamiento de 22.504 personas en un período de dos años.

Las principales críticas que se vierten desde las ONGs en relación al Programa de la UE es su ambigüedad, la falta de la aplicación de medidas coercitivas contra los Estados que no cumplan, la limitación del programa a refugiados de nacionalidades específicas, la descoordinación entre los agentes implicados en el proceso o el acuerdo entre la UE y Turquía.


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Para este año 2018, a finales de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el Programa de Reasentamiento de Refugiados 2018 que prevé la llegada de 1.000 personas al estado español.

La aprobación y ejecución de Programas de este tipo sin una proyección, sin una evaluación o seguimiento de las distintas situaciones de las personas refugiadas, provoca la sensación de aplicación de un frío modelo que sigue las órdenes pautadas pero que carece de un compromiso humano o de un compromiso de verdad con la necesaria cooperación con miles de personas que huyen de sus lugares de origen por multitud de circunstancias como las guerras, los conflictos, la explotación, la persecución política.

No se trata de ejecutar Programas robóticos para salvar por la mínima un acuerdo erigido durante la denominada crisis de los refugiados por una mente europea golpeada a raíz de las duras imágenes, Consiste en implicarse de verdad con una causa humana.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Realizar en coordinación con las CC.AA y los Ayuntamientos en los que se reubican a personas y familias refugiadas al albur del Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados, un seguimiento de la evolución y una evaluación de sus situaciones a fin de evitar que queden en un estado de desprotección y desamparo una vez finalizadas las ayudas percibidas en base a dichos Programas.

- Prorrogar o ampliar la aplicación de dichos Programas a aquellas personas o familias refugiadas que se encuentren al remate de estas ayudas sin una forma de subsistencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Miguel Anxo Elías Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002971

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana a iniciativa de la Diputada doña Ana María Surra Spadea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el incremento de la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

Considerando que la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) nace bajo el mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1949 con el objetivo de brindar apoyo de emergencia e iniciar programas de asistencia social a la población palestina refugiada.

Considerando que la UNRWA ofrece programas de Desarrollo y Ayuda Humanitaria a aproximadamente 5,3 millones de refugiados de Palestina en 58 campamentos y gestiona más de 700 escuelas a las que asisten más de medio millón de alumnos en todo Oriente Medio.

Considerando que presta atención sanitaria en 138 centros de Salud Primaria y gestiona 49 centros sociales y de formación para mujeres, así como otros de servicios comunitarios.

Considerando que un número cada vez mayor de refugiados palestinos dependen de los servicios de la UNRWA debido a los conflictos en Oriente Medio.

Considerando que la UNRWA se financia principalmente mediante contribuciones voluntarias que realizan los Estados, siendo Estados Unidos el principal donante llegando a financiar cerca del 30 % del presupuesto de la Agencia.

Considerando que el pasado 16 de enero de 2018, el Gobierno de Estados Unidos decidió congelar más de la mitad de su contribución a la UNRWA en la primera donación del año y estableció que cualquier contribución futura estaría condicionada a cambios importantes.

Considerando que en 2017, Estados Unidos contribuyó con 364 millones de dólares al presupuesto de la UNRWA, y que esta repentina y desmesurada decisión pone en riesgo la supervivencia de los programas


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y en la cuerda floja el acceso a la educación de 525.000 niños y niñas en 700 escuelas gestionadas por la UNRWA.

Considerando insuficiente la contribución de 2 millones de euros que realizó en 2017 el Gobierno del Estado español a dicha agencia.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Incrementar al doble la contribución directa que el Gobierno Español destinó a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en 2017.

2. Realizar de manera urgente una contribución de fondos de ayuda a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) tal y como han hecho otros países, para garantizar y preservar la prestación de servicios vitales durante los próximos meses.

3. Trabajar, junto con la Unión Europea y las instancias internacionales oportunas, la búsqueda de una solución definitiva sobre la financiación de la UNRWA que garantice su continuidad y estabilidad.

4. Defender fehacientemente ante la Unión Europea la necesidad de dialogar para garantizar una solución justa y duradera al conflicto palestino-israelí, que incluye a la vez una solución a la cuestión de los refugiados palestinos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Ana María Surra Spadea, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comisión de Cultura

161/002936

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura, relativa a la adhesión a programas europeos para puesta en valor de patrimonio cultural en territorios despoblados.

Exposición de motivos

España es un país mayoritariamente rural (80 % territorio). Hay que reconocer su importancia porque en el medio rural se localizan el 100 % del patrimonio natural y 80 % del patrimonio cultural.

Por patrimonio cultural rural entendemos el patrimonio arqueológico, histórico-artístico, natural, industrial, eclesiástico, civil e inmaterial, cuyo mantenimiento supone la conservación de la identidad de un lugar y de sus habitantes, así como la seguridad de su disfrute para las generaciones futuras. De esta forma, se integra en el sistema de relaciones socioeconómicas que lo han ido modelando a lo largo del tiempo y permite llevar a cabo políticas de sostenibilidad y de planificación económica, cultural, medioambiental y territorial. Es una realidad que el futuro del Estado pasa por que entendamos la diversidad cultural de los territorios rurales.

A menudo, cuando hablamos de áreas rurales la política agraria es la más recurrente, pero no es la única factible. Es necesario un enfoque integral orientado hacia la conservación, la promoción y la valorización del patrimonio natural, cultural material e inmaterial, puesto que constituye una potente fuerza motora para la innovación social, el desarrollo local, regional, urbano y rural integrador.

En la actualidad, nos encontramos en una coyuntura especialmente delicada, teniendo en cuenta que es necesario un cambio en los hábitos de consumo para la ciudadanía de cara a paliar los efectos del cambio climático, más aún en procedimientos que ayuden a la reducción de emisiones de gases invernadero y que estén integrados en lo que indican los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas en 2015 y que fueron ampliamente refrendados por los líderes políticos mundiales para intentar alcanzarlos en la Agenda 2030. Las formas de gestión de recursos naturales mediante procedimientos tecnológicos inocuas para el medio ambiente, han sido utilizadas hasta el siglo XX en el


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medio rural para abastecer de materia prima a los distintos territorios, estos procesos forman parte de nuestra diversa etnología. Actualmente, los procesos etnológicos están amenazados por el olvido colectivo porque se han interrumpido los conocimientos transgeneracionales de estas metodologías de trabajo, que también son fuente de creatividad artística mediante la generación de artesanías, y esta pérdida de memoria es debida en gran parte al avance de la despoblación rural. La etnología genera arte y comunidad y es patrimonio inmaterial. Tenemos la responsabilidad de recuperarla, mantenerla y ponerla en valor, más en un momento en el que la sostenibilidad medioambiental se hace más que necesaria.

Existe una estrecha vinculación entre patrimonio cultural, turismo y desarrollo rural, en tanto en cuanto se entiende que la actividad turística sustentada en la puesta en valor del patrimonio y promovida de forma responsable bajo los parámetros de la sostenibilidad puede contribuir al despegue económico y a la mejora social, cultural e incluso medioambiental de las comunidades rurales, reduciéndose también los efectos de la estacionalidad en estas áreas.

Las políticas de cohesión y desarrollo rural impulsadas desde la UE pueden contribuir a la mejora en la conservación, restauración e investigación del patrimonio cultural, potenciando el tejido cultural sostenible. Apoyar las industrias culturales y creativas y financiar la formación y la actualización de las competencias de los profesionales de la cultura es contribuir a la adhesión territorial y a la cohesión social al mismo tiempo que la recuperación económica a diferentes niveles territoriales.

La conservación, la promoción y la gestión del patrimonio cultural reciben actualmente un apoyo importante en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE (Fondos ESI). En 2007-2013, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional asignó 3.200 millones de euros a la protección y conservación del patrimonio cultural, 2.200 millones de euros al desarrollo de infraestructuras culturales y 553 millones de euros a servicios culturales, que también beneficiaron al patrimonio cultural. Hasta 2020, las inversiones ESI en patrimonio cultural seguirán siendo elegibles en determinadas condiciones mediante financiación directa, pero también a través de inversiones en el sector de la regeneración urbana, el desarrollo sostenible y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME). La inversión en cultura y patrimonio debe formar parte de las estrategias de desarrollo económico integrado y sostenible en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Las inversiones pueden abarcar un amplio espectro de actividades en los sectores público, no lucrativo y privado (en particular, las PYME), contribuyendo directamente a la consecución de los objetivos del Fondo y a las prioridades de inversión. Las inversiones en pequeñas infraestructuras culturales como parte de una estrategia territorial deben contribuir tanto al desarrollo del potencial endógeno como a la promoción de la inclusión social y la calidad de vida, en particular entre las comunidades marginadas, mejorando su acceso a servicios culturales y recreativos en contextos rurales y urbanas.

Proposición no de Ley

"1. Instar al Gobierno a comprometerse con la recuperación de las zonas despobladas por medio de la adhesión a los programas Horizonte 2020 surgidos desde la Unión Europea y que precisan el impulso de las instituciones estatales, autonómicas y locales para obtener un serie de categorizaciones (sitio despoblado, lugares de montaña, lugares remotos, etc.) que les permitan acceder a fondos FEDER (articulados con los FEADER para impulso agrario), fomentando así la dinamización de estos territorios por medio de la recuperación de su patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, haciendo valer la idiosincrasia y los valores propios de los pueblos antes de que desaparezcan.

2. Instar al Gobierno a seguir fomentando el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural como herramienta para seguir apoyando la conservación y mejora del patrimonio cultural rural, así como el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para financiar los proyectos de desarrollo locales que promuevan el patrimonio cultural, incluido el patrimonio cultural marítimo, en las zonas de pesca.

3. Dar a conocer a la ciudadanía, en especial la que vive en zonas rurales, otras herramientas europeas que permitan acceder a recursos e inversiones para la regeneración de zonas urbanizadas que incluyan sitios de patrimonio o culturales, como la plataforma de asesoramiento técnico (FI-TAP) elaborado por la Comisión Europea junto con el Banco Europeo de Inversiones y en colaboración con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-Eva García Sempere y Rosana Pastor Muñoz, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Comisión de Igualdad

161/002933

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para que los centros para personas mayores cuenten con personal formado en materia LGTBI, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La realidad que viven las personas mayores del colectivo LGTBI es preocupante. Un gran porcentaje viven en la exclusión, especialmente los mayores trans. Muchas personas mayores con VIH/SIDA se sienten olvidadas y sin poder, legalmente, entrar en residencias por tener la que aún se considera una "enfermedad infectocontagiosa".

La mayoría de estas personas tienen pensiones mínimas o no contributivas que no les garantizan un desarrollo saludable y unos mínimos de calidad de vida ajustados al colectivo de personas mayores. Son muchas de ellas personas de débil salud mental, causada por tantos años de homofobia, rechazo, rupturas, perdidas, aislamiento social y miedo a ser reconocido como LGTBI. En todos los estudios se pone de manifiesto una alta incidencia de aislamiento y soledad. Por otra parte, no suelen asistir a los Servicios Sociales, por motivos personales de no creerse acogidos ni entendidos. También se detecta una mínima presencia de este colectivo en Centros De Personas Mayores, Ni En Centros De Días Ni Residencias por miedo a tener que meterse en el armario de nuevo y por miedo al rechazo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Que el IMSERSO tenga en los centros de día, residencias y centros de referencia de discapacidad, Alzheimer... personal formado en materia LGTBI que colaboren en el reconocimiento de la diversidad sexual.

- Colaborar con las CCAA para que en los centros de ellas dependientes tengan personal formado en materia LGTBI."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2018.-Antonio Hurtado Zurera y Ángeles Álvarez Álvarez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la visibilización de las lesbianas en España y mejorar el conocimiento sobre sus necesidades específicas, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La realidad de las mujeres lesbianas y bisexuales en España es poco conocida para la sociedad, las instituciones y las empresas. Según los estudios, el número de mujeres lesbianas y bisexuales es igual o incluso mayor que el de hombres gays y bisexuales. Sin embargo, su visibilidad es muy baja y su imagen está altamente sexualizada o estereotipada en el imaginario colectivo. Al contrario de lo que sucede con los hombres gays, apenas existen referentes de mujeres abiertamente lesbianas o bisexuales en España.


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Por otro lado, no existen estudios serios y rigurosos sobre este colectivo que sirvan para identificar qué necesidades particulares tienen, como mujeres y como LGTBI.

Esta falta de interés por parte de las administraciones públicas hacia este colectivo se ha suplido por movimientos asociativos iniciados por las propias mujeres lesbianas y bisexuales. De hecho, existen iniciativas muy interesantes en el ámbito de la visibilización o en el ámbito laboral que han elaborado, por iniciativa propia, diferentes estudios relativos a este colectivo. Sin embargo, consideramos que es preciso que desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de la Mujer se lleven a cabo medidas concretas destinadas a conocer mejor la realidad de la mujer lesbiana en España, sus necesidades en diferentes ámbitos y sus principales problemáticas, para poder establecer planes de actuación concretos que mejoren su situación actual.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar y publicar, por parte del Instituto de la Mujer y en el plazo de un año, un estudio sobre la realidad de las mujeres lesbianas y bisexuales en España.

2. Trabajar junto al Instituto de la Mujer para crear en su seno el Observatorio de la mujer lesbiana y bisexual.

3. Diseñar y poner en marcha una campaña en medios que visibilice a las mujeres lesbianas y bisexuales, para sensibilizar a la sociedad y romper con estereotipos y prejuicios.

4. Desarrollar e implantar, junto a los organismos y entidades competentes en cada caso, planes de sensibilización e inclusión de las mujeres lesbianas y bisexuales en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito laboral y en el educativo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Patricia Reyes Rivera, Marta Martín Llaguno y Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002953

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para normalizar la presencia de mujeres en la representación internacional española, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres es, en esencia, luchar por los derechos humanos. Y en este sentido la participación plena y efectiva de las mujeres, la igualdad de oportunidades y el liderazgo en todos los niveles políticos es indispensable y, por desgracia, una tarea aún pendiente también en España.

El compromiso con la igualdad de género debe asegurarse en todos los ámbitos posibles, y para ello es necesario adoptar el máximo de medidas desde los poderes públicos. Así lo contempla nuestra legislación nacional -pero también la internacional- y la citamos para referirnos a ese ámbito.

Ese fue el compromiso que ratificó España en 1984 con la firma de la "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", que en su artículo 7 establece que se "tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país" y en su artículo 8 afirma que los Estados "tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su Gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales."


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En nuestro país, y aunque las mujeres pueden acreditar un mayor nivel de formación que los hombres, la brecha salarial, la infrarepresentación en puestos de responsabilidad, las superiores tasas de paro y precariedad, así como la feminización de la pobreza demuestran las dificultades objetivas que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones en nuestra sociedad.

Una de las exclusiones más gráficas se da en los espacios de mayor poder y liderazgo, alta diplomacia o representación.

Esta proposición, centrada específicamente en la representación internacional de España, quiere poner de relieve que hay que impulsar criterios no solo meritocráticos y de idoneidad, que, en cualquier caso, deben ser considerados en el marco de la igualdad de oportunidades; sino que también deben operar criterios de representatividad social.

Las mujeres somos más de la mitad de la población y somos una ínfima minoría en esa representación exterior del Estado. Reparar esa inequidad es congruente con el sentido de la legislación de la que este país se ha dotado.

Existen en nuestro país mujeres válidas, preparadas y con excelentes y suficientes méritos cómo para acceder a puestos de representación y responsabilidad política, social y económica. Romper las dinámicas cerradas de reproducción de grupos de iguales es fundamental para una sociedad democrática, y es tiempo de demostrar la voluntad política necesaria para que las mujeres ocupen el lugar que justamente merecen.

Por todo lo aquí expuesto el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a designar los/las representantes del Estado en organismos internacionales teniendo en cuenta la composición de género de los órganos de los que formarán parte, en el sentido de priorizar y proponer mujeres en aquellos casos en que no se cumpliese con los criterios de paridad o equilibrio de género que inspira la legislación española."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-María del Mar García Puig, Diputada.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Cuando se cumplen diez años de la aprobación de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es el momento de evaluar la consecución de sus objetivos y poner en marcha los mecanismos necesarios para avanzar hacia una efectiva igualdad de trato. No podemos ignorar que en la última década se han producido notorios avances en esta materia: las mujeres han mejorado su presencia institucional y han visto cómo se reducía tímidamente la brecha salarial con respecto a los trabajadores varones, al tiempo que su tasa de actividad se incrementaba.

Sin embargo, es mucho lo que queda por hacer. Si hace diez años el salario de una mujer equivalía al 80,9 % del sueldo de un hombre, hoy representa un 85,6 %. Pero, detrás de este progreso de 4,5 puntos hay una realidad amarga: no son los sueldos de las mujeres los que han mejorado en estos años, sino los salarios masculinos los que han retrocedido al paso de la recesión económica.

La tasa de actividad femenina ha subido en este tiempo desde el 50 % hasta el 59,5 %, pero todavía estamos muy lejos de alcanzar el compromiso estratégico europeo para la Igualdad entre Mujeres y


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Hombres 2016-2019, fijado en el 75 % para ambos sexos. Además, la tasa de paro entre las mujeres continúa siendo 3,5 puntos superior a la de los hombres, y ello a pesar de que la crisis económica afectó de forma especial a un sector muy masculinizado como el de la construcción.

Tampoco la recuperación se ha dejado sentir de forma paritaria: la mayor parte de los nuevos contratos siguen teniendo por beneficiario a un trabajador hombre, y las mujeres continúan viéndose afectadas en mayor medida por la precariedad en el empleo, padeciendo una mayor temporalidad y protagonizando el trabajo a tiempo parcial. Hasta un 25 % de las mujeres tiene esta modalidad de empleo, frente a un 8 % de los trabajadores varones, y la mayoría de ellas afirma que querría poder trabajar un número mayor de horas.

Según el último informe anual del World Economic Forum sobre brecha de género en España, España se encuentra en el puesto 24 en la posición global. Sin embargo, si analizamos pormenorizadamente las variables concretas que evalúa el informe, España, incluso, puede estar más atrás. Los resultados que arroja este informe, y que ratifican otros similares son los siguientes:

- Existe una alta diferencia salarial para el mismo trabajo realizado por mujeres respecto a hombres.

- Existe una alta diferencia del salario medio entre mujeres (28.257 ?) con respecto a los hombres (44.677 ?).

- Poca presencia de mujeres y participación en la toma de decisiones, altos cargos y puestos de dirección (31,2 % frente a 68,8 %).

- Un 39 % de los parlamentarios son mujeres.

- Un 38,5 % de las personas que conforman los Gobiernos han sido mujeres.

- Ninguna mujer ha sido presidente del Gobierno.

- Alta tasa de desánimo entre las trabajadoras a la hora de buscar un trabajo (71,2 %)

- Mayor tasa de impago de las horas extras para las mujeres que hacia los hombres (51.2 % vs 31.5 %)

- Baja permeabilidad en puestos directivos dentro de empresas públicas (20 %).

- Alta diferencia entre los permisos de maternidad y paternidad.

Es también una tarea pendiente la corresponsabilidad que haga posible una efectiva conciliación para hombres y mujeres de su vida personal y profesional. Las mujeres siguen dedicando a la familia y al hogar más del doble de tiempo que los hombres. La Ley de igualdad del año 2007 trataba de contribuir a la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos estableciendo un permiso de paternidad de dos semanas, una medida positiva pero aún muy lejos de ser suficiente. Todavía hoy, el 93 % de las excedencias laborales para el cuidado de los hijos son solicitadas por mujeres.

La falta de equidad en el reparto de las tareas del hogar y la crianza viene penalizando a las mujeres de forma sistemática. Una prueba del impacto que esta desigualdad tiene sobre el empleo de las mujeres es que, hasta los 30 años, apenas se observan diferencias de ocupación entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando llega el momento en que las mujeres españolas se plantean tener hijos, se produce una brecha del 7 % para las cohortes más jóvenes. La brecha laboral entre hombres y mujeres tiene forma de U invertida, esto es, aumenta especialmente a partir de los 30 años y comienza a reducirse de nuevo después de los 40, aunque sin llegar a cerrarse. El hecho de que la brecha alcance su máxima amplitud en una edad en que las mujeres tienen sus hijos sugiere que este hecho biológico es trascendental en la carrera profesional de las mujeres.

La desigualdad de los permisos de maternidad y paternidad hace que algunos empleadores prefieran a trabajadores hombres, pero este no es el único obstáculo que encuentran las mujeres para competir en el mercado laboral. A partir del nacimiento de los hijos se produce también una mayor renuncia de las mujeres a la proyección y el ascenso en sus carreras, sacrificándolas en mayor medida que sus compañeros varones. También son ellas las que piden en más ocasiones excedencias o reducciones de jornada destinadas a una mayor atención familiar. En esta edad crítica las mujeres promocionan profesionalmente menos que los hombres, lo cual contribuye a ahondar la brecha salarial.

En definitiva, las desigualdades en el mercado laboral están lejos de haberse resuelto. Desde el Grupo Parlamentario estamos comprometidos con la igualdad entre hombres y mujeres, decididos a erradicar la brecha salarial y las discriminaciones de acceso y ascenso en el mundo laboral, así como a poner en marcha políticas efectivas que mejoren la conciliación laboral y la corresponsabilidad.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar en la igualdad laboral entre hombres y mujeres mediante las siguientes medidas:

1. Garantizar el derecho de las mujeres al acceso al empleo en igualdad de condiciones sin que sufran discriminación por razón sexo y que contemple como infracciones, al menos, los siguientes supuestos:

a) El anuncio de la oferta de empleo u otra forma de publicidad ligada al proceso de selección o contratación contenga cualquier restricción, especificación o preferencia por uno de los sexos o por una característica relacionada directa o indirectamente con alguno de ellos, salvo que, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas dicha característica constituya un requisito profesional determinante.

b) La exigencia por parte del empresario exija requisitos distintos o la superación de pruebas diferentes a candidatos de distinto sexo que posean unas características profesionales comparables para el acceso al mismo puesto.

c) La solicitud por parte del empresario a los candidatos cualquier tipo de datos de carácter personal, en particular, aquellos que, directa o indirectamente, hagan referencia a su estado civil o situación familiar de la candidata o candidato, sea presente o prevista.

d) La oferta de una modalidad de contratación o condiciones de trabajo diferentes en relación con el mismo puesto de trabajo a candidatos de diferente sexo que posean unas características profesionales comparables.

e) La solicitud de información previa relativa a su sexo de manera directa o indirecta.

2. Garantizar el derecho de las mujeres a la promoción profesional en igualdad de condiciones.

3. Garantizar el derecho de las mujeres a la remuneración en igualdad de condiciones y mejora de la información de los trabajadores al respecto, ya sea a través de sus representantes, o de manera directa.

4. Establecer los mecanismos oportunos, ágiles y eficaces, a fin de que las mujeres que sufran discriminación salarial en una empresa, pública o privada, así como en la administración puedan denunciar su situación ante la autoridad competente.

5. Promover junto con el resto de las administraciones la cultura cívica de la igualdad real entre personas, con independencia de su sexo, en particular, en el ámbito laboral y profesional.

6. Mejorar la supervisión y evaluación de los planes de igualdad desarrollados por empresas de más de 250 trabajadores.

7. Apoyar a la implantación voluntaria de los planes de igualdad para empresas menores a 250 trabajadores.

8. Establecer infracciones y sanciones por el incumplimiento de la obligación legal de crear planes de igualdad.

9. Garantizar una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de dirección y administración de las empresas, especialmente en aquellas empresas o sociedades con participación estatal mayoritaria.

10. Garantizar una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de representación de los trabajadores y empleados.

11. Mejorar de las políticas de conciliación a través de nuevas medidas creando nuevos derechos relacionados con la conciliación tales como:

a) El trabajo a distancia.

b) La creación de bancos de horas.

c) Nuevos permisos relativos a horas de libre disposición, y mejoras de los ya existentes, especialmente para el cuidado de menores o dependientes.

d) Mejora de los tipos de permisos laborales con remuneración para cuidados de menores de edad afectados por enfermedades graves.

e) Derecho a la desconexión digital.

f) Posibilidad de convertir hasta la mitad de los días de vacaciones en horas de libre disposición.


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12. Mejorar la supervisión, desarrollo e implantación de protocolos diferenciados para la prevención y denuncia del acoso sexual y acoso laboral en el ámbito laboral.

13. Elaborar y publicar, de manera anual, un informe que evalúe y proponga mejoras en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, así como la aplicación de las medidas propuestas anteriormente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Patricia Reyes Rivera, Miguel Ángel Garaulet Rodríguez y Marta Martín Llaguno, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición de Ley sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y el impulso de un enfoque circular en la gestión integral del ciclo del agua, para su debate en Comisión para el Estudio del Cambio Climático.

Exposición de motivos

Según datos de la Comisión Europea para 2015, en los países centroeuropeos (Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos, Suiza y el Reino Unido), la tasa general de conexión de tratamiento de aguas residuales urbanas es del 97 % de la población. Las tasas de conexión en los países del este, sur y sudeste son sensiblemente inferiores, entre el 75 y 78 %, y en el caso de España es del 77 %.

La falta de recolección y tratamiento adecuados de las aguas residuales plantea riesgos significativos para la salud humana, las aguas continentales y el medio ambiente marino.

En virtud de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, a partir del 1 de enero de 2001 todas las ciudades de la UE con una población equivalente a más de 15.000 habitantes debían contar con sistemas para recoger y tratar adecuadamente sus aguas residuales antes de su vertido al medio ambiente.

En abril de 2011, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que España había violado la legislación de la UE al no recoger y tratar adecuadamente las aguas residuales urbanas vertidas por 37 aglomeraciones de varias Comunidades Autónomas de España (Asunto C-343/10.).

Casi 20 años después de la fecha límite para trasponer la Directiva 91/271/CEE la Comisión Europea todavía estima que la plena implementación de la misma no está garantizada y ocho años después de la sentencia del TJUE los problemas persisten en 17 de las 37 aglomeraciones incluidas en aquel procedimiento, afectando a más de 1.400.000 personas.

Estas 17 aglomeraciones son: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, EsteponaSan Pedro de Alcántara y, respectivamente, Nerja y Barbate (Andalucía), Gijón Este (Asturias), Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y, respectivamente, Vigo (Galicia), Benicarló, Peñíscola y, respectivamente, Teulada-Moraira (Comunidad Valenciana), Noreste (Valle Guerra) y Valle de Güímar (Tenerife, Islas Canarias).

La Comisión ha abierto de nuevo un proceso de infracción a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por su incumplimiento de la sentencia de 2011. En esta ocasión, España se enfrenta una multa que podría alcanzar los 46 millones de euros y la posibilidad de una multa adicional de 171.000 euros diarios mientras continúe el incumplimiento.

En la mayoría de los casos la titularidad de los servicios de agua municipal, por lo que el Gobierno deberá articular una respuesta coordinada con las Administraciones públicas autonómicas y municipales.

Esto también debería llevarnos a revisar la gobernanza del ciclo urbano (abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización) la titularidad de los servicios es municipal (no así su gestión, con


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diversidad de modelos), y conviene recordar que en España la administración local se caracteriza por su fragmentación y heterogeneidad, circunstancias que de alguna manera se trasladan a la gestión del agua urbana. En este sentido, los expertos aconsejan evaluar la conveniencia de un regulador independiente de ámbito supramunicipal (deseablemente nacional), con competencias sobre el régimen tarifario y las condiciones del servicio público, incluyendo su calidad y la transparencia de gestión. Sobre esta cuestión existen experiencias internacionales de referencia.

Por otra parte, la economía circular es un pilar fundamental para una Europa medioambientalmente sostenible y un importante vector para el crecimiento económico. La inversión en el tratamiento de aguas residuales es una parte importante para lograr una economía circular. Por ello, la Comisión Europea ha lanzado un plan de acción que apuesta por la reutilización de las aguas residuales tratadas en condiciones seguras y rentables y medidas de eficiencia para reducir la presión sobre nuestros recursos hídricos.

La captación de agua dulce para el ciclo urbano en el total de la península (abastecimiento a la población) se sitúa en torno a 4.800 Hm3/año. De ese volumen, se reutilizan 530 Hm3 (para usos distintos del consumo humano) y retornan al medio, tras su depuración, 4.100 Hm3. Esto supone un porcentaje de reutilización en España del 11 %, si bien este varía mucho entre CCAA. Aunque no puede establecerse una comparación directa con España, merece la pena mencionar aquí el caso de Israel. Un país árido, con una población de 8,5 millones de habitantes, tiene una tasa de reutilización del 91 % del agua residual.

Así pues, el uso del agua regenerada en España actualmente es muy limitado. Por eso, es necesario que desde el gobierno se impulse la producción y uso del agua regenerada y de los sistemas de drenaje urbano sostenible. Existen interesantes posibilidades de gestión circular del ciclo urbano del agua en el campo de la producción energética.

El nexo agua-energía en el ciclo urbano está en general bastante desatendido en España y es un tema importante. Las aguas residuales poseen un potencial importante tanto para la producción de biogás, como la generación de electricidad o en lo que se refiere al aprovechamiento de su calor, a efectos de climatizatización de instalaciones, algo directamente vinculado a los problemas de emisiones de CO2 y calidad del aire urbano. El balance energético de las sociedades de aguas se puede mejorar significativamente y lograr ahorros importantes, tanto en términos económicos como de emisiones.

En todo caso, las inversiones necesarias durante los próximos años para avanzar en el enfoque circular en la gestión integral del ciclo del agua y su reutilización en nuestro país se estiman en cientos de millones de euros. No obstante, debemos aprender de los errores pasados. ¿Cuántas infraestructuras contempladas en los Planes Hidrológicos (Nacional y de Cuencas) no se han ejecutado? ¿Cuántas infraestructuras se han ejecutado que no estaban contempladas en los Planes? ¿Cuántos recursos se han perdido en sobrecostes?

Dado los despropósitos vividos en España con las inversiones en infraestructuras públicas es preciso insistir en la necesidad de contar con una planificación de las inversiones transparente, consensuada, donde los criterios políticos no puedan imponerse a la racionalidad técnica o al interés general, y que asegure los fondos necesarios para concluir las obras sin que se disparen los costes de ejecución y con mecanismos que aprovechen los fondos europeos disponibles y que movilicen la innovación y la inversión privada.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Garantizar la aplicación plena de la Directiva 91/271/CEE, asegurando los estándares más elevados de protección de la salud humana, las aguas continentales y el medio ambiente, y evitando así la imposición de multas por parte de la Unión Europea.

2. Impulsar un enfoque circular en la gestión integral del ciclo del agua, en coordinación con la administración autonómica y local.

3. Cumplir un plan de inversiones transparente, consensuado, donde los criterios políticos no puedan imponerse a la racionalidad técnica o al interés general, que comprometa fondos públicos suficientes, permita el aprovechamiento de los fondos europeos disponibles e incentive la innovación y la inversión privada.


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4. Revisar la gobernanza en la gestión integral del ciclo de agua y evaluar la conveniencia de un regulador independiente de ámbito supramunicipal, con competencias sobre el régimen tarifario y las condiciones del servicio público, incluyendo su calidad y la transparencia de gestión."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Antonio Cantó García del Moral, José Luis Martínez González y Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002956

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de la lengua de signos en el sistema educativo, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados parte deben reconocer el derecho a la educación de las personas con discapacidad sobre la base de la igualdad de oportunidades y no discriminación, asegurando, para ello, un sistema educativo inclusivo a todos los niveles.

En base a estas premisas fundamentales, el eje primordial en política educativa de un país como España debe sustentarse en una escuela inclusiva, superando el enfoque asistencial de las personas con discapacidad y primando el modelo social, basado en el derecho a la igualdad de oportunidades.

En consecuencia, las escuelas deben configurarse como verdaderos centros al servicio de la socialización y como agentes compensadores de desigualdades. En este sentido, cabe señalar que, durante los últimos años, las escuelas se han ordenado de tal manera que la diversidad es uno de sus principales valores, teniendo cabida todo el alumnado, con o sin discapacidad, puesto que el derecho a la educación es indiscutible para el conjunto de la sociedad. En el caso de algunos niños y niñas sordas, cuyos progenitores así lo han elegido, este acceso se garantiza incluyendo la lengua de signos en el marco de un enfoque bilingüe-bicultural.

Por ese motivo, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que los Estados parte deben facilitar el aprendizaje de la lengua de signos, así como promover la identidad lingüística de las personas sordas, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad, los poderes públicos deben favorecer el uso de la lengua de signos debido al importante papel que juega la educación en cualquier proceso de normalización lingüística. Por tanto, es indispensable que el alumnado sordo cuyos progenitores hayan elegido la lengua de signos como lengua de enseñanza, cuente con oportunidades reales de aprendizaje, conocimiento y uso de la lengua de signos española como lengua vehicular y también curricular de la enseñanza en los centros educativos que se determinen.

En conclusión, la voluntad de los individuos y de las familias no es suficiente para garantizar el acceso a la educación en condiciones de igualdad, sino que en el caso de las lenguas de signos el eje de las obligaciones se sitúa en las políticas públicas. Por ello es imprescindible que haya una planificación lingüística orientada a la comunidad lingüística de personas sordas que son usuarias de la lengua de signos, que garantice el derecho de estas a crecer, socializarse e identificarse con la lengua de signos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el marco del futuro Pacto de Estado Social y Político por la Educación, se estudie la incorporación de la lengua de signos española, conforme al


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marco legal existente, en el sistema educativo para aquel alumnado que, por sí mismo o por sus progenitores o tutores si son menores de edad, lo elija".

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002943

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la seguridad vial en el municipio de Crevillent, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

El Pleno del Ayuntamiento de Crevillent ha aprobado una moción en la que insta a las diferentes administraciones a tomar medidas para mejorar la seguridad vial en el municipio.

En el caso del Gobierno de España, es competencia de esta administración todo lo referente a la seguridad vial de la N340 a su paso por este municipio. Cuenta con tramos fuera del núcleo urbano y con una travesía.

El Ayuntamiento ya se dirigió a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, solicitando la ejecución de medidas concretas para mejorar la seguridad vial en la N340, pero no se han atendido las peticiones formuladas.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Conjuntamente con la Policía Municipal y Guardia Civil de Tráfico, se elabore un informe del número y tipo de accidentes producidos durante los últimos 5 años en la N340 en el término municipal de Crevillent, especificando los puntos kilométricos en los que se han producido.

2. Recabar las peticiones formalizadas ya por el Ayuntamiento de Crevillent para la mejora de la seguridad vial en la N340, que contemplan entre otras medidas:

a) Solución mixta de bolardos y mediana.

b) Ampliación de los carriles.

c) Aminoración de velocidad.

d) Medianas reflectantes.

e) Mejora de la iluminación.

f) Todas las medidas que el Ministerio de Fomento entienda técnicamente necesarias para la mejora de la seguridad en este tramo de carretera general. Siempre incluyendo el primer objetivo, que sea físicamente imposible el giro a la izquierda.

3. Teniéndose en cuenta lo solicitado en los puntos 1 y 2, se elabore, a la mayor brevedad posible, un proyecto específico con medidas para mejorar la seguridad vial de la N340 a su paso por el término municipal de Crevillent, y de forma especial en su paso por el núcleo urbano."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2018.-Patricia Blanquer Alcaraz y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/002962

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Antoni Postius Terrado, Diputado del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, una Proposición no de Ley para incluir una parada en la estación Lleida-Pirineus en el futuro servicio de tren de alta velocidad EVA entre Barcelona y Madrid.

Exposición de motivos

Desde la llegada a la estación de Lleida-Pirineus de los trenes de alta velocidad en 2003, casi diez millones de usuarios han utilizado este servicio con Lleida como punto de salida o de destino. Primero como conexión de alta velocidad con Zaragoza y Madrid y, desde 2008, también con Barcelona. La alta velocidad ferroviaria ha generado nuevos flujos de relación entre territorios, así como posibilidades laborales y de interacción económica indiscutibles.

El pasado 6 de febrero, el ministro de Fomento, íñigo de la Serna, anunció la puesta en marcha en 2019 de un nuevo servicio de alta velocidad denominado EVA, que unirá Barcelona y Madrid con billetes entre un 20 y un 25% más económicos que los actuales del AVE. Entre las particularidades de este nuevo servicio, que todavía debe ultimar su diseño definitivo, hay una clara apuesta por las tecnologías para prestar un servicio más personalizado y para atraer a los usuarios más jóvenes. Se prevé vender únicamente billetes a través de internet, premiar a los viajeros recurrentes o incluso se valora la implantación de una "tarifa plana". El billete del nuevo EVA también integrara, según lo anunciado, todos los servicios de transporte que se contraten con el tren.

En la presentación del nuevo servicio se habló de un corredor Barcelona El Prat-Camp de Tarragona-Madrid con cinco frecuencias diarias por sentido. Sin embargo, algunos periódicos, citando a fuentes oficiales de Renfe, aseguran que las distintas paradas que pueda incluir la línea todavía están por definir. En este sentido, y en el proceso de concreción de las diferentes ciudades donde debe parar el nuevo tren, Lleida debería ser tenida en cuenta, dado el volumen diario de usuarios de los trenes AVE tanto en dirección a Zaragoza/Madrid como a Barcelona.

En virtud de todo lo expuesto, y atendiendo al hecho que se prevé la puesta en marcha de un nuevo servicio de alta velocidad más económico entre Barcelona y Madrid que transcurrirá por la línea que incluye la estación de Lleida-Pirineus, los Diputados y Diputadas del Partit Demócrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir la estación Lleida-Pirineus entre las paradas del futuro servicio de tren de alta velocidad EVA, que unirá Barcelona y Madrid a partir de 2019."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2018.-Antoni Postius Terrado, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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Comisión de Defensa

181/000744

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputada doña Ana María Botella Gómez

Texto:

La Orden Ministerial número 37/2005, de 30 de marzo, por la que se regula el proceso de Planeamiento de la Defensa señala en su Apartado Tercero punto 4:

"El Secretario General de Política de Defensa, como principal colaborador del Ministro en la dirección de la política de defensa, será responsable de la elaboración del proyecto de Directiva de Política de Defensa, cuyo fin es establecer las líneas generales de actuación y las directrices precisas para el Planeamiento de la Defensa."

¿Por qué razón entonces en el Real Decreto 998/2017, de 24 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, la responsabilidad de la elaboración de la "Directiva de Política de Defensa" no aparece entre las responsabilidades ni funciones del Secretario General de Política de Defensa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2018.-Ana María Botella Gómez, Diputada.

181/000745

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputada doña Ana María Botella Gómez

Texto:

La Orden Ministerial número 37/2005, de 30 de marzo, por la que se regula el proceso de Planeamiento de la Defensa señala en su apartado tercero punto 4:

"El Secretario General de Política de Defensa, como principal colaborador del Ministro en la dirección de la política de defensa, será responsable de la elaboración del proyecto de Directiva de Política de Defensa, cuyo fin es establecer las líneas generales de actuación y las directrices precisas para el Planeamiento de la Defensa."

¿A qué órgano superior y/o órgano directivo del Ministerio de Defensa, considera el Gobierno que corresponde la elaboración del proyecto de Directiva de Política de Defensa, cuyo fín es establecer las líneas generales de actuación y las directrices precisas para el Planeamiento de la Defensa en España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2018.-Ana María Botella Gómez, Diputada.

181/000746

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputada doña Ana María Botella Gómez


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Texto:

La Directiva de Defensa Nacional está considerada por el Ministerio de Defensa como el documento máximo del planeamiento de la defensa de España, ocupando el lugar principal tras la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005 en la política de defensa española.

La última Directiva de Defensa Nacional (DDN) fue aprobada en 2012, al inicio de la X Legislatura.

A fecha del mes de febrero de 2018 y en pleno desarrollo de la XII Legislatura, ¿por qué no se ha formulado una nueva Directiva de Defensa Nacional?¿Cómo interpreta el Ministerio de Defensa el artículo 6.3.a) de La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, que establece que dentro de las atribuciones de los poderes del Estado, corresponde al Presidente del Gobierno, de forma específica, formular la Directiva de Defensa Nacional, en la que se establecerán las líneas generales de la política de defensa y las directrices para su desarrollo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2018.-Ana María Botella Gómez, Diputada.

181/000747

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputada doña Ana María Botella Gómez

Texto:

La Directiva de Defensa Nacional está considerada por el Ministerio de Defensa como el documento máximo del planeamiento de la defensa de España, ocupando el lugar principal tras la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005 en la política de defensa española.

La última Directiva de Defensa Nacional (DDN) fue aprobada en 2012, al inicio de la X Legislatura.

¿Tiene previsto el Ministerio de Defensa proceder a la propuesta de formulación al Presidente del Gobierno de una nueva Directiva de Defensa Nacional? En caso afirmativo, ¿en qué plazo de tiempo se dispondrá de ella, cuál es el calendario temporal previsto para su elaboración y aprobación?¿A qué órgano superior y/o órgano directivo del Ministerio de Defensa, corresponde la elaboración del proyecto de Directiva de Defensa nacional?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2018.-Ana María Botella Gómez, Diputada.

181/000762

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello

Texto:

¿Va el Ministerio de Defensa a modificar las explicaciones que se hacen en el Museo Militar de A Coruña que contienen loas a la figura del dictador Franco además de descripciones permisivas con el golpe de estado de 1936?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Miguel Anxo Fernández Bello, Diputado.


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181/000763

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello

Texto:

¿Va el Ministerio de Defensa a realizar una democratización de las explicaciones de objetos, cuadros o bustos que se exhiben en los Museos Militares a fin de eliminar las consideraciones que incurren en apología del franquismo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Miguel Anxo Fernández Bello, Diputado.

181/000764

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello

Texto:

¿Qué disposición tiene el Ministerio de Defensa a ceder de forma gratuita al Ayuntamiento de Marín (Pontevedra) los terrenos e inmuebles del Campo de Tiro de Penizas, situado en la parroquia de Santa María do Campo, para destinarlos a zona de esparcimiento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Miguel Anxo Fernández Bello, Diputado.

Comisión de Fomento

181/000743

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Félix Alonso Cantorné

Texto:

Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y Presidente de ENAIRE.

¿Cuál es la planificación del Gobierno para favorecer la intermodalidad en los aeropuertos de Girona-Costa Brava y de Reus de cara a reducir la presión y crecimiento de tráfico y personas viajeras en el aeropuerto de Barcelona-El Prat?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.


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181/000748

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Herick Manuel Campos Arteseros

Texto:

¿Va a ser gratuita la actual AP7 entre El Campello y Alzira y entre Sagunto y Vinarós a partir del 1 de enero de 2020?

¿Qué razones han motivado que se haya producido un aumento en el precio del peaje de la AP7 entre el Campello y Alzira?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2018.-Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado.

181/000751

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don David Serrada Pariente

Texto:

¿Cuál es la inversión prevista para la electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro y qué plazo está previsto para su finabzación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-David Serrada Pariente, Diputado.

181/000752

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña María Aurora Flórez Rodríguez

Texto:

Tras siete años de espera y prácticamente finalizada la integración de la línea FEVE en la ciudad de León se desconoce cuándo podrá estar en funcionamiento el servicio de trenes ¿en qué fechas concretas veremos los leoneses circular los trenes por la estación de Matallana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-María Aurora Flórez Rodríguez, Diputado.

181/000756

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Alexandra Fernández Gómez


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Texto:

¿Por qué motivo se excluye a los puertos de interés general (Vigo, A Coruña, Ferrol-San Cibrao o Gijón) de las principales redes de transporte ferroviario europeas, marginando de este modo el Corredor Cantábrico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.

181/000757

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Alexandra Fernández Gómez

Texto:

¿Va el Ministerio de Fomento a realizar actuaciones de mejora en el cruce que conforma la antigua carretera Vigo-Madrid con la salida de la autopista AP-9 en el alto de Puxeiros, en la confluencia entre el Ayuntamiento de Vigo y el de Mos (Pontevedra)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.

181/000758

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Alexandra Fernández Gómez

Texto:

¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio de Fomento para que la franja Noroeste-Cantábrica no quede excluida de la próxima programación plurianual de la Red Transeuropea de Transporte?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.

181/000759

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Alexandra Fernández Gómez

Texto:

Dado que el Corredor de Fisterra es el que registra mayor tráfico de buques con mercancías peligrosas ¿cuenta el Ministerio con un Plan de actuación coordinado con la Xunta en caso de que sucediese un siniestro como el del "Prestige"?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.


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181/000765

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña María Isabel Salud Areste

Texto:

¿Qué medidas van a tomarse para evitar que sea efectiva la previsión de AENA de suprimir el servicio de tránsito aéreo ATS (Air Traffic Services) y el servicio ATC (Air Traffic Control) proporcionado por los controladores del aeropuerto de Asturias a los vuelos de emergencias sanitarias y para el transporte de órganos para trasplantes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-María Isabel Salud Areste, Diputada.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000755

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña Alexandra Fernández Gómez

Texto:

¿Qué medidas adoptó la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ante las conclusiones del informe realizado que recoge altas concentraciones de lindano multiplicando el máximo permitido por 10 en varias áreas del río Louro a su paso por los municipios de Porriño y Tui (Pontevedra)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/000750

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña Yolanda Díaz Pérez

Texto:

¿Cuándo y con cuántas personas trabajadoras va a completar el Gobierno la plantilla del Centro de Atención a Personas con Discapacidades Físicas de Ferrol (CAMF), sobre todo en los turnos de fin de semana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.


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Comisión de Cultura

181/000760

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura

Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello

Texto:

¿Qué ayudas ha concedido el Gobierno en los dos últimos años para la edición de libros en lengua gallega?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Miguel Anxo Fernández Bello, Diputado.

181/000761

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura

Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello

Texto:

¿Qué disposición tiene el Ministerio a colaborar con las Administraciones autonómicas para aumentar la proyección de los libros editados en lenguas cooficiales en ferias de libros internacionales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Miguel Anxo Fernández Bello, Diputado.

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

181/000753

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático

Diputada doña Alexandra Fernández Gómez

Texto:

¿Va el Gobierno a incluir en la estrategia para hacer frente al cambio climático la necesidad de acotar la expansión de las plantaciones de eucalipto por su fuerte impacto en la biodiversidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.


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181/000754

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático

Diputada doña Alexandra Fernández Gómez

Texto:

¿Va el Gobierno a acordar y coordinar con las CC.AA. la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a fin de incorporar las especificidades de cada territorio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/026909

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Serrada Pariente, David (GS).

Reformulación de su pregunta sobre equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil con las policías autonómicas.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don David Serrada Pariente, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Las organizaciones sindicales representativas de la Policía, se reunieron el pasado mes de septiembre de 2017, en unidad de acción, con el Ministro de Interior para hacerle entrega de un documento de reivindicaciones entre las que se incluían un conjunto de medidas, de carácter urgente, para llevar a cabo la definitiva equiparación salarial de los policías dependientes del Gobierno con las retribuciones que son percibidas por los Cuerpos de Policía autonómicos.

Transcurridos dos meses sin recibir respuesta alguna del Ministro, las organizaciones sindicales de la Policía, mediante el oportuno escrito, convocaron en noviembre de 2017 el correspondiente conflicto colectivo de trabajo contra el Ministerio del Interior con el objeto de que dicho Departamento atienda y negocie la referida demanda de equiparación salarial.


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Posteriormente, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil se sumaron a dicha reivindicación, constituyendo unas y otras organizaciones sindicales y asociaciones profesionales una plataforma de "unidad de acción" ante el Ministerio del Interior.

El 26 de diciembre de 2017 se reunió el Ministro del Interior con los sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil y se comprometió ante las mismas a que en una segunda reunión, a celebrar el 16 de enero de 2018, les entregarla una oferta específica del Gobierno en Ja materia, plasmada en un documento, en el que se incluiría:

1. La dotación económica concreta destinada a la equiparación efectiva de policías y guardia civiles con los miembros de las Policías autonómicas. Dotación económica que resultaría del cálculo concreto que el ministro se comprometió a realizar para ser plasmado en el documento de negociación.

2. Conceptos retributivos sobre los que se operaría dicha equiparación.

3. Plazo máximo de tres años (2018-2020) para llevar a cabo la equiparación.

Todo ello implicaría, según compromiso del Ministro del Interior, que el Acuerdo podría estar firmado no más tarde del 20 de enero de este año.

Sin embargo, todo parece indicar que las actuaciones llevadas a cabo por el Ministro solo tienen un objetivo: desactivar a corto plazo el conflicto mediante la dilatación espuria de una pseudo negociación.

En efecto, el Ministro del Interior se reunió el pasado 16 de enero con los sindicatos policiales y las asociaciones policiales y no cumplió con dos de los principales compromisos que había adquirido menos de un mes antes: a) no aportó cantidad específica alguna resultante de aquel cálculo concreto al que se había comprometido y que sería la base del compromiso jurídico del Gobierno para la actuación de equiparación salarial; b) ni identificó los conceptos salariales sobre los que se iban a operar las medidas necesarias para llevar a cabo la equiparación salarial.

Por el contrario, en el documento entregado a los sindicatos y asociaciones el ministro solo asumió dos compromisos políticos, pero sin relevancia jurídica como compromisos efectivos del Gobierno:

1. Compromiso político de "impulsar la financiación" de la equiparación salarial.

2. Compromiso de "solicitar el incremento de las partidas presupuestarias" para llevar a cabo la equiparación.

Y a cambio de tales compromisos sin relevancia jurídico-presupuestaria, el ministro exige y pretende que las organizaciones sindicales y asociaciones deberán renunciar a "cualquier derecho sociolaboral" que no tengan reconocido los agentes de las Policías autonómicas.

A la vista de todo ello, se formulan las siguientes preguntas para que sean respondidas por escrito:

1. ¿Llevó a cabo el Ministerio del Interior, como se comprometió, el oportuno estudio sobre las dotaciones económicas anuales necesarias para proceder a la equiparación salarial efectiva de la Policía y la Guardia Civil con las policías autonómicas?

2. En caso afirmativo, ¿cuál es la cifra exacta resultante de dicho estudio?

3. ¿Ha existido alguna negociación en el seno de los Departamentos afectados para determinar y acordar las partidas presupuestarias necesarias para llevar a la práctica la referida equiparación salarial?

4. En caso afirmativo, ¿cuál es el montante de tales partidas asumidas como compromiso efectivo entre los Departamentos afectados, es decir, del Gobierno, y cuál sería el plazo para tal ejecución?

5. ¿En qué componentes salariales prevé el Ministerio del Interior repercutir, en su caso, las mejoras para la equiparación salarial?

6. ¿A qué específicos derechos socio laborales se refiere el Ministerio del Interior como posible objeto de renuncia por parte de las organizaciones sindicales y profesionales?

7. Se hace referencia a un limite de hasta 1.500 millones de euros, sin embargo no se cuantifica un punto de partida en la búsqueda de esa equiparación. ¿En qué cantidad ha determinado el Ministerio de Interior el mínimo a partir del cual se comenzarla a trabajar en esa mesa de negociación?

8. ¿Cuáles son los derechos socio-laborales de: Mossos de Escuadra, Policía Nacional y Guardia Civil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2018.-David Serrada Pariente, Diputado.

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