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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 292, de 06/02/2018
cve: BOCG-12-D-292
 

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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
6 de febrero de 2018

Núm. 292


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Interior

161/002830 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el abono del gasto por la atención sanitaria prestada por las Comunidades Autónomas a las personas reclusas ... (Página11)

Comisión de Defensa

161/002769 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la cesión de los terrenos del Campo de Tiro de Penizas (Marín) al ayuntamiento ... (Página13)

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/002755 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la regulación del sector ecuestre ... (Página14)

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002781 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre financiación a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) ... (Página15)

161/002793 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a la transposición de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) número 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión ... (Página16)

161/002820 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el establecimiento de una cláusula para la cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores ... (Página17)

161/002837 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la mejora de la financiación del transporte público de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona ... (Página19)


Página 2




161/002838 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a incluir el presupuesto de beneficios fiscales de las administraciones públicas en la evaluación encargada a la AIReF sobre el análisis en profundidad del gasto ("spending review") con el objetivo de evaluar la calidad de las políticas públicas ... (Página21)

161/002842 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la necesidad de modificar la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, que contempla privilegios fiscales para las concesionarias ... (Página23)

Comisión de Fomento

161/002757 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el rechazo a una línea de Tren de Alta Velocidad entre Miranda y Logroño que atraviese Rioja Alavesa ... (Página25)

161/002759 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la duplicación de la capacidad de producción de la desalinizadora de Torrevieja ... (Página25)

161/002760 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la reversión a gestión pública por parte del Ministerio de Fomento de las actuales autopistas de peaje AP-6, AP-51, AP-61 y AP-1 ... (Página26)

161/002761 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la construcción de áreas de colocación de cadenas en la N-230 en el tramo Pont de Suert-Boca Sur Túnel de Vielha ... (Página27)

161/002762 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la autoridad portuaria Ferrol-San Cibrao ... (Página28)

161/002783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al caos circulatorio provocado los días 06 y 07/01/2018 en la AP-6 y la situación en la que se encuentra la concesión adjudicada a Iberpistas para su gestión ... (Página29)

161/002784 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la retirada de todos los carteles informativos de "Complexo Hospitalario Juan Canalejo" en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica ... (Página30)

161/002790 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso del proyecto del baipás de Alcantarilla, de la línea Madrid-Cartagena ... (Página31)

161/002796 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la realización de dos apeaderos dentro del municipio de Benalmádena (Málaga) ... (Página33)

161/002802 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las autopistas de peaje AP-51, AP-61 y AP-6 ... (Página34)

161/002804 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la autovía A-74 Barreiros San Cibrao ... (Página35)

161/002805 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a programar las obras de la A-76 y establecer un plazo para la finalización de la misma ... (Página36)


Página 3




161/002806 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a realizar las gestiones oportunas para que la A-54 esté en funcionamiento a finales de 2021 ... (Página37)

161/002807 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la A-56, autovía alternativa a la N-540 que une Lugo y Ourense y enlaza con la A-54 en Guntín ... (Página37)

161/002808 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a realizar una línea ferroviaria directa entre Málaga y Marbella con epicentro en el aeropuerto ... (Página38)

161/002809 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejora de la accesibilidad y la señalización desde la A-7 hasta el polígono industrial de Puerto Lumbreras ... (Página39)

161/002817 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la situación de abandono en el que se encuentra el Puente de As Pías (N-VI) que une los ayuntamientos de Fene y Ferrol ... (Página39)

161/002829 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo de una estrategia para la rehabilitación energética de edificios con el fin de reducir las emisiones ... (Página40)

161/002832 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la remodelación de las aceras del tramo de la carretera nacional N-550 a su paso por el Ayuntamiento de Pontecesures ... (Página42)

161/002834 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre acciones para favorecer la intermodalidad de la bicicleta con el transporte colectivo ... (Página42)

161/002840 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a redactar con urgencia el proyecto de acondicionamiento a alta velocidad de los tramos ferroviarios Valladolid-Palencia-León, para proceder inmediatamente a la correspondiente licitación de las obras que permitan a toda la línea ferroviaria Madrid-Asturias cumplir con las especificaciones europeas de las líneas de alta velocidad ... (Página45)

161/002843 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la necesidad de modificar la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, que contempla privilegios fiscales para las concesionarias ... (Página46)

161/002845 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a garantizar la iluminación de las infraestructuras de alumbrado asociado a las autovías que atraviesan Cantabria ... (Página48)

Comisión de Educación y Deporte

161/002752 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración de 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos ... (Página49)

161/002758 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la publicidad de las pruebas EBAU por centro educativo en todas las Comunidades Autónomas ... (Página50)


Página 4




161/002767 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a reconocer a Sabrina Vega Gutiérrez en la defensa de los derechos de las mujeres a través del deporte e instar al Gobierno a incluir la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres a través del deporte como criterio a valorar para la concesión de la Real Orden del Mérito Deportivo ... (Página51)

161/002814 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la necesidad de garantizar la alimentación de los menores escolarizados en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla a través de la red de centros educativos ... (Página52)

161/002847 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la integración y mejora de la compatibilidad de plataformas universitarias de las Administraciones ... (Página54)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002828 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a limitar las causas de despido objetivo por ausencias laborales justificadas en base a causas directas derivadas de su discapacidad ... (Página54)

161/002844 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adopción de medidas para la prevención de la salud laboral y reducción de la edad de jubilación para el colectivo de trabajadoras que prestan el Servicio de Ayuda a Domicilio ... (Página56)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002778 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la reducción de la retribución regulada de la distribución eléctrica en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ... (Página58)

161/002810 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a rehabilitar, adaptar e incluir el palacio de La Encomienda de Santiago de Ricote, en la Región de Murcia, para uso como parador nacional ... (Página59)

161/002836 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al reconocimiento del autoconsumo de energías renovables como un derecho de la ciudadanía ... (Página60)

161/002839 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de la Fiesta de la Vendimia de Jumilla (Región de Murcia) ... (Página62)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002763 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la disposición del Gobierno a retomar la obra de la pasarela peatonal de Sagües a Monpás en el litoral de San Sebastián ... (Página63)

161/002765 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la aprobación de ayudas urgentes para paliar los daños provocados por los tornados que han afectado al Poniente almeriense ... (Página64)

161/002779 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la transferencia de las competencias de los Parques Nacionales de las Tablas de Daimiel y Cabañeros a la provincia de Ciudad Real ... (Página65)


Página 5




161/002792 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos de los tornados de enero de 2018 en la zona del Poniente almeriense ... (Página66)

161/002799 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el establecimiento de medidas encaminadas a reducir las muertes de animales por atropellos en carreteras ... (Página67)

161/002800 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para revertir el proceso de despoblación en España y potenciar el desarrollo del mundo rural ... (Página68)

161/002811 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al estudio sobre la situación de emergencia del manantial de los Baños de Mula y su afección a las comunidades de regantes de Albudeite, Campos del Río y Baños de Mula, en la Región de Murcia ... (Página70)

161/002812 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre estudio y toma en consideración del encauzamiento de la Rambla de los Aznares ... (Página72)

161/002818 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el control y erradicación de la especie exótica invasora Plumero de la Pampa ... (Página72)

161/002819 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la apertura de nuevos mercados para el caqui ... (Página74)

161/002822 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración y aprobación del Real Decreto de adjudicaciones de viñedo ... (Página75)

161/002823 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el inicio del plan de limpieza y recuperación de la zona de Palomares, en el municipio de Cuevas de Almanzora (Almería), afectada por las bombas termonucleares que cayeron sobre la localidad en 1966 ... (Página75)

161/002841 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el desarrollo de un plan de arranque de frutales como medida de viabilidad de la producción ... (Página77)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002771 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a reforzar el esfuerzo de España en la lucha contra la enfermedad de Chagas ... (Página79)

161/002775 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora, extensión y consolidación de la hospitalización a domicilio ... (Página81)

161/002777 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la instalación de desfibriladores en espacios con gran afluencia de personas ... (Página82)

161/002785 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el tratamiento de la hepatitis C en la población reclusa en prisiones de Galicia ... (Página83)

161/002788 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a dotar de mayor agilidad a la Unidad de Reconocimiento de Títulos Extracomunitarios dependiente de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ... (Página85)


Página 6




161/002813 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la hospitalización domiciliaria ... (Página86)

161/002824 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la disciplina de Medicina Familiar y Comunitaria ... (Página87)

161/002831 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el abono del gasto por la atención sanitaria prestada por las Comunidades Autónomas a las personas reclusas ... (Página88)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002772 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a reforzar el esfuerzo de España en la lucha contra la enfermedad de Chagas ... (Página90)

161/002801 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la paralización de la venta de armas y la revisión de la aplicación de la Ley 53/2007 ... (Página92)

161/002826 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a incrementar la aportación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y establecer un Marco de Asociación Estratégica con dicha agencia ... (Página93)

Comisión de Cultura

161/002753 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar el programa Erasmus de la Cultura ... (Página95)

161/002756 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del V centenario del fallecimiento de Vasco Núñez de Balboa ... (Página95)

161/002764 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para promover la presencia internacional de la Real Fábrica de Tapices ... (Página96)

161/002766 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la conmemoración del Centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós y a la creación de una Comisión Nacional para su impulso y coordinación ... (Página97)

161/002776 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que se adopten las medidas necesarias para acometer la obra de rehabilitación del Museo Arqueológico de Ourense cerrado desde hace diecisiete años ... (Página98)

161/002780 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la convocatoria de ayudas para la creación artística con cargo al programa del 1,5 % cultural ... (Página100)

161/002786 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para la promoción y reforma del Palacio del Marqués de Santa Cruz en Viso del Marqués ... (Página101)

161/002787 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a crear una guía online de festivales musicales en España ... (Página103)

161/002816 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al respaldo a la candidatura de Medina Azahara como Patrimonio Mundial de la UNESCO ... (Página104)


Página 7




Comisión de Igualdad

161/002768 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a reconocer a Sabrina Vega Gutiérrez en la defensa de los derechos de las mujeres a través del deporte e instar al Gobierno a incluir la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres a través del deporte como criterio a valorar para la concesión de la Real Orden del Mérito Deportivo ... (Página105)

161/002774 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la percepción que tienen los jóvenes sobre la violencia de género ... (Página106)

161/002825 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar el liderazgo femenino ... (Página107)

161/002835 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ilustradoras y autoras de cómic, tebeo y novela gráfica ... (Página108)

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/002789 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la reforma y adaptación del Plan Hidrológico Nacional al reto del cambio climático ... (Página109)

161/002794 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo de una estrategia para la rehabilitación energética de edificios con el fin de reducir las emisiones ... (Página111)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002770 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actualizar el listado de enfermedades del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave ... (Página113)

161/002782 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al tratamiento ortoprotésico en personas amputadas ... (Página115)

161/002827 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a limitar las causas de despido objetivo por ausencias laborales justificadas en base a causas directas derivadas de su discapacidad ... (Página116)

Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo

161/002773 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que el antiguo "servicio social" de las mujeres cuente para solicitar la jubilación anticipada ... (Página118)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002751 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a replantear la estrategia en materia de tráfico para reducir los accidentes ... (Página119)

161/002798 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el establecimiento de medidas encaminadas a reducir las muertes de animales por atropellos en carreteras ... (Página121)


Página 8




161/002821 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las obras de mantenimiento para la seguridad vial en la carretera N-547 de Lugo a Santiago ... (Página122)

161/002833 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a llevar a cabo actuaciones inmediatas en la N-640, en el tramo conocido como "curvas de Castroloureiro", entre los puntos kilométricos 209 y 210 ... (Página122)

161/002846 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a garantizar la iluminación de las infraestructuras de alumbrado asociado a las autovías que atraviesan Cantabria ... (Página123)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Interior

181/000686 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre previsiones acerca de la realización de la prueba teórica del carné de conducir en Calahorra (La Rioja) ... (Página125)

Comisión de Hacienda y Función Pública

181/000692 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre fecha prevista para presentar una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica ... (Página125)

181/000699 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Palacín Guarné (GS), sobre previsiones acerca de la modificación de la normativa reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para que el Estado o las administraciones de él dependientes estén sujetos al citado impuesto en los supuestos de reversión de las centrales hidroeléctricas, así como medidas para compensar la pérdida de ingresos de los Ayuntamientos con dicha reversión ... (Página125)

Comisión de Fomento

181/000700 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre avances producidos entre España y Francia para el desarrollo de las autopistas ferroviarias ... (Página126)

181/000701 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre efectos que va a tener la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria sobre los usuarios nacionales ... (Página126)

181/000702 Pregunta formulada por el Diputado don Teodoro García Egea (GP), sobre contenido de la convocatoria de manifestaciones de interés para el establecimiento de servicios internacionales de Autopistas Ferroviarias (AF) en los ejes Atlántico y Mediterráneo ... (Página126)

181/000703 Pregunta formulada por el Diputado don Teodoro García Egea (GP), sobre actuaciones para la llegada del AVE a Murcia ... (Página127)

181/000704 Pregunta formulada por el Diputado don Óscar Gamazo Micó (GP), sobre obras que se están acometiendo para la mejora del acceso sur al puerto de Gandía ... (Página127)

181/000705 Pregunta formulada por el Diputado don Leopoldo Barreda de los Ríos (GP), sobre detalle de los trabajos de ampliación de gálibo del túnel de Gaintxurizketa ... (Página127)


Página 9




181/000706 Pregunta formulada por el Diputado don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), sobre forma en la que está afrontando el Ministerio de Fomento la búsqueda de sistemas de protección antiniebla de la autovía A-8 entre Mondoñedo y A Xesta ... (Página127)

181/000707 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre evolución de las obras de construcción de la línea de Alta Velocidad desde Zamora a Galicia ... (Página128)

181/000708 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Blasco Marqués (GP), sobre actuaciones en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza ... (Página128)

181/000709 Pregunta formulada por la Diputada doña Tristana María Moraleja Gómez (GP), sobre actuaciones previstas en Perillo (Oleiros) para mejorar la permeabilidad transversal y la seguridad vial de la AC-12 ... (Página128)

181/000710 Pregunta formulada por la Diputada doña Teófila Martínez Saiz (GP), sobre actuaciones para el aumento de capacidad en la N-340 entre Tarifa y Algeciras ... (Página129)

181/000711 Pregunta formulada por el Diputado don Leopoldo Barreda de los Ríos (GP), sobre actuaciones que se han impulsado para la regeneración urbanística de Irún en terreno ferroviario ... (Página129)

181/000712 Pregunta formulada por el Diputado don Eloy Suárez Lamata (GP), sobre previsiones acerca de la ejecución de las obras del tramo Sigüés-Tiermas de la autovía A-21 en Zaragoza ... (Página129)

181/000713 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Marta Escudero Berzal (GP), sobre avances producidos en las obras para la conversión de la SG-20 en autovía ... (Página129)

181/000715 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio González Terol (GP), sobre alcance del estudio informativo de la variante de Fuente el Fresno ... (Página130)

181/000716 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio González Terol (GP), sobre alcance del proyecto de remodelación del enlace de la A-6 con la M-40 y nuevas conexiones con la A-6 ... (Página130)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000714 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre opinión del Gobierno acerca de la necesidad de una legislación que garantice la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el establecimiento de sanciones a las empresas por discriminación retributiva entre los mismos ... (Página130)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000693 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre información de que dispone el Gobierno en relación con un posible peligro del acuerdo de pesca con Marruecos, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene en cuenta la opinión de uno de los abogados generales de la corte de que "no es válido" por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes ... (Página131)

181/000694 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre escenarios contemplados si no hay acuerdo de pesca entre la Unión Europea con Marruecos por incluir aguas saharianas ... (Página131)

181/000695 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre número de barcos españoles y de pescadores que están faenando dentro del acuerdo de pesca con Marruecos que pueden verse afectados si se rompe dicho acuerdo ... (Página131)


Página 10




181/000696 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsiones acerca de plantearse ayudas para la flota afectada por la pérdida de posibilidades de pesca si al final hubiese una ruptura del acuerdo de pesca con Marruecos ... (Página131)


Página 11




CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Interior

161/002830

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el abono del gasto por la atención sanitaria prestada por las Comunidades Autónomas a las personas reclusas, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El Ministerio de Interior lleva cinco años sin pagar la atención médica de los presos. Desde finales de 2012 las cárceles devuelven las facturas de las urgencias, las hospitalizaciones, los diagnósticos y las consultas y la atención especializada que emiten las comunidades autónomas, cuyo coste supera los 110 millones de euros en el conjunto del país.

Los centros penitenciarios comenzaron en el tercer trimestre de 2012 a devolver las facturas por esos servicios que emiten las Comunidades Autónomas, que en la práctica se ocupan del grueso de la atención sanitaria especializada a la población privada de libertad, cuya competencia corresponde, según el propio Reglamento Penitenciario, al Ministerio de Interior, el cual solo asume la atención primaria de salud prestada dentro de las prisiones.

Esta medida está relacionada con los recortes en materia sanitaria que el ejecutivo de Rajoy llevó a cabo nada más llegar a La Moncloa y afecta a todas las comunidades autónomas con la excepción de Cataluña y Euskadi, la primera por tener traspasada las competencias penitenciarias y la segunda por haber recibido la de la sanidad en las cárceles. Esta situación se mantiene desde hace más de cinco años y aún hoy con el Ministro Juan Ignacio Zoido.

La atención sanitaria a los reclusos se presta de manera compartida entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que dispone en sus 71 cárceles y 32 centros abiertos de 326 médicos y 485 enfermeros, que se ocupan de la atención primaria, y las Comunidades Autónomas, cuyos servicios de salud asumen la atención especializada en régimen de hospitalización o ambulatorio, pruebas diagnósticas y administración de medicamentos de uso o diagnóstico hospitalario.

Hasta principios de esta década, el Ministerio de Interior mantenía convenios con las Comunidades Autónomas por las que estas facturaban por la atención sanitaria prestada a la población reclusa. Pero esos acuerdos fueron venciendo, y lo hicieron en vísperas de que el Gobierno ejecutara el recorte de la sanidad pública de abril de 2012.

Tras él, la Abogacía del Estado elaboró un informe que sostiene que, "la condición de asegurado del ciudadano no se altera por el hecho de que ingrese en prisión y, por tanto, el interno tiene derecho a la asistencia sanitaria como derecho propio y no en calidad de recluso", aunque, añadía, "la financiación de dicha asistencia debe ser asumida por el Servicio de Salud donde se ubique el centro penitenciario". A partir de entonces el Ministerio del Interior ha ido cancelando los convenios que tenía con las Comunidades


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Autónomas para coordinar y establecer las condiciones y financiación de estos servicios prestados a la población reclusa.

El Plan para el tratamiento de la hepatitis C en los penales españoles ha vuelto a poner de manifiesto la falta de diligencia con que Administraciones Penitenciarias está abordando el tratamiento de estos enfermos y además el rechazo hasta hace poco a hacerse cargo del coste de los tratamientos. Según una respuesta escrita del Gobierno a pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, casi el 40% de los reclusos con fases avanzadas de fa enfermedad siguen pendientes de recibir tratamiento dos años después de poner en marcha el Plan estatal de Abordaje de la Hepatitis C. Fueron diversas sentencias de Tribunales Superiores autonómicos emitidas en 2015 (La Rioja, Castilla y León, Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón) las que refrendaron la obligación de la Administración Penitenciaria de hacerse cargo del coste de los tratamientos de diagnóstico hospitalario (con motivo de la terapia frente a la hepatitis C).

Las Comunidades Autónoma mantienen que la asistencia sanitaria a los internos está atribuida legalmente a la Administración Penitenciaria competente, que debe asumir su prestación "por medios propios o a través de concierto", sin que la comunidad tenga que soportar "coste alguno por esta asistencia al no ser la titular de este servicio público".

Varias Comunidades mantienen litigios abiertos con el Estado. Andalucía, que ha visto desestimadas sus pretensiones en primera instancia, reclama varios pagos de cinco millones por año, Castilla y León teme que el coste pueda dispararse hasta los veinte anuales y Aragón cifra en 1,4 la factura anual (4,1 millones hasta agosto de 2015). En días pasados el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha emitido una sentencia a este respecto condenando a la Administración Penitenciaria a hacerse cargo de las facturas giradas por el Servicio Balear de Salud, reconociendo que es la Administración estatal la obligada, según el Reglamento Penitenciario, a asumir el coste de la atención sanitaria que no presta por medios propios.

Las Comunidades Autónomas se han visto afectadas en materia sanitaria por importantes recortes del Gobierno central, hacer recaer en ellas además este tipo de atención médica, significa más dificultades y más déficit para ellas, por eso parece razonable que en seis meses se abra una negociación por parte de Gobierno con las Comunidades Autónomas para resolver la financiación de la atención sanitaria a las personas en prisión, en tanto en cuanto no se traspasa a dichas CC.AA. esta competencia.

La solución definitiva es el traspaso de esta competencia, junto con la correspondiente financiación del coste real de una asistencia sanitaria integral, a las CC.AA., tal como estableció la Ley 1612003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Así lo ha requerido también el Congreso de los Diputados al Gobierno, la última vez en esta misma Legislatura XII el 15 de diciembre de 2016, requiriéndosele también a: "... satisfacer los pagos debidos por la Administración Penitenciaria a las Comunidades Autónomas en materia de sanidad penitenciaria, poniendo fin de inmediato a la litigiosidad existente en este campo. Y asegurar de manera inmediata, y según lo dispuesto en el plan estratégico para el abordaje del virus C en España, la financiación necesaria para la erradicación del virus en la población reclusa".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abrir de manera inmediata una negociación por parte del Ministerio del Interior con las Comunidades Autónomas, con el objeto de acordar las condiciones de la financiación por parte de la Administración Penitenciaria de la atención sanitaria prestada por los Servicios Autonómicos de Salud a la población reclusa. Y reitera el llamamiento al Gobierno de España para producir cuanto antes la integración de la sanidad penitenciaria en los Servicios Autonómicos de Salud, garantizando la transferencia a las CC.AA. de la financiación suficiente por el coste real y efectivo de los servicios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, David Serrada Pariente y Jesús María Fernández Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Defensa

161/002769

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello, y de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Defensa para la cesión de los terrenos del Campo de Tiro de Penizas (Marín) al ayuntamiento.

Exposición de motivos

El municipio de Marín (Pontevedra) lleva décadas pagando el precio de sostener la ubicación de extensas instalaciones militares como la de la Escuela Naval, sin que eso se tradujese en fórmulas de compensación a los habitantes del municipio o sin que la sociedad civil pudiese beneficiarse de dichas instalaciones.

En plena dictadura franquista, se situó en pleno centro de Marín en 1943, extensas instalaciones militares del Ministerio de Defensa en el centro de la villa. La Escuela Naval de Marín cuenta con modernas instalaciones deportivas de las que no pueden beneficiarse los vecinos y las vecinas. Al igual que posee instalaciones sanitarias solo para beneficio del personal militar.

Además la villa sufre el impacto de unos edificios militares que cerraron Marín al mar. Una villa prácticamente "tomada" por el estamento militar pero que en ningún momento recibió contrapartida alguna.

Asimismo, en la parroquia de Santa María do Campo, en el lugar de Currás, permanecen sin uso los terrenos e inmuebles del campo de tiro de As Penizas. Dicho campo era utilizado hace años por los militares de la Escuela Naval para Llevar a cabo prácticas de tiro. Actualmente, está abandonado y carece de uso militar,

Grupos municipales como Marea Veciñal de Marín han reclamado un uso social, deportivo o de ocio de dichos terrenos, cediéndolos al ayuntamiento. Se trata de una zona próxima al casco urbano de Marín y de Seixo, permitiría la realización de actividades deportivas y de recreo en contacto con la naturaleza, es un área de paso a la ruta de Monte Penizas, y posibilitaría poner en valor una zona en estado de abandono, que sufre una significativa degradación.

Téngase presente que en el municipio de Marín habitan algo más de 24.000 personas, figurando entre los veinte ayuntamientos con más habitantes de Galicia. Consideramos importante que el Ministerio de Defensa asuma por fin un grado de colaboración, contribuyendo a abrir espacios de esparcimiento, sobre todo, cuando hablamos de terrenos que carecen de uso militar. De este modo el Ministerio asumiría un compromiso con el municipio que lleva décadas sufriendo el impacto de grandes instalaciones militares. Verdaderamente, consideramos una oportunidad para que Defensa demuestre una actitud colaborativa y un papel más social.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Defensa a:

Ceder gratuitamente al ayuntamiento de Marín (Pontevedra) los terrenos y bienes inmuebles del Campo de Tiro de Penizas, ubicado en el lugar de Currás en la parroquia de Santa María do Campo, para destinarlos a zona de esparcimiento, de recreo y para actividades al aire libre, como mejor fórmula de compensar a un municipio que lleva décadas sufriendo el impacto de grandes instalaciones militares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/002755

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Regulación del Sector Ecuestre, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.

Exposición de motivos

España cuenta con unas 175.000 explotaciones ecuestres y más de 700.000 cabezas de caballos, la mayoría de ellos concentrados en Andalucía, Cantabria, Navarra y Asturias.

El 2 de junio de 2013, la Real Federal Hípica Española publicó el primer estudio transversal sobre el impacto del sector del caballo en España. Fue realizado por la consultora Deamon Quest de Deloitte y presentado por el ex ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Ángel Arias Cañete, y el presidente de la Federación Hípica Española, Javier Revuelta. El informe desveló que la industria equina española representaba el 0,51% del PIB nacional en el año 2012 (5.303,6 millones de euros). El ex ministro destacó el peso económico del mundo del caballo en nuestro país e informó de la necesidad de trabajar "conjuntamente y potenciar el sector con la creación de una comisión nacional del sector equino".

Según este estudio, más de 60.000 puestos de trabajo dependen de la industria equina en España (mozos de cuadra, herradores, personal dedicado al cuidado de los caballos, encargados de apuestas en hipódromos, etc.) y explica que, sectores como la construcción, la medicina, el transporte, la moda, la alimentación, la formación o el turismo están indirectamente vinculados con el sector ecuestre, lo que supone un movimiento económico del 36% sobre el total de su impacto (más de 1.900 millones de euros).

Además, dicho informe señala la necesidad de regular el sector desde los siguientes puntos de vista:

- Profesional. Para proteger y acompañar al autónomo en la mejora continua en busca de nuevos mercados.

- Derecho del animal. Para salvaguardar su buen estado físico y velar por su buen trato.

- Acción social. Para favorecer la accesibilidad de los tratamientos asistidos con caballos a las personas que lo necesitan.

- Formación. Para crear nuevas líneas profesionales con repercusión laboral directa.

- Turismo. Para afianzar España como país de turismo ecuestre internacional.

- Marca España: Para fomentar la visión internacional de España como país Ecuestre.

También propone la realización de un análisis de las siguientes líneas de regulación:

1. Regulación de servicios ecuestres por medio de:

a) Centros de Formación Profesional de M.E. (Mercado Ecuestre): Títulos oficiales, profesorado oficial, bolsa de trabajo, etc.

b) Centros oficiales de M.E.

c) T.A.C. (Terapias asistidas con Caballos) regladas estatalmente.

d) Turismo ecuestre: Creación de vías verdes y rutas culturales y turísticas.

e) Aplicación en formación del alumnado de altas capacidades.

f) Asesoría y gestión ecuestre para empresas autónomas: Centros específicos, gestión de software, gestión de RR.HH., etc.).

g) Asesoría en etología y cuidado de los équidos, caballos y ponis.

2. Regulación económica: IVA y ayudas para autónomos según el número de animales, tamaño de la instalación y actividades, etc.


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3. Regulación de la marca España País Ecuestre: Elaboración de una web con red de centros y profesionales, red de servicios sociales T.A.C., red de turismo rural y red de formación ecuestre y medio natural, etc.

4. Regulación del derecho al respeto del animal y cuidado del medio ambiente: Ayudas a albergues y centros de acogimiento y cuidado medio ambiental (rutas ecuestres, caminos...), regulación de ley de maltrato animal a caballos, etc.

5. Regulación de las apuestas ecuestres y eventos deportivos.

6. Regulación jurídica: Seguridad jurídica para entidades, centros y profesionales de sector.

Como consecuencia de la presentación de este informe, en 2015 se aprobó en la Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación de la Cámara, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, la creación de la Comisión Nacional del Caballo con el objetivo de potenciar el sector equino en España. La senadora del PP por Huelva, doña María Dolores Vázquez, destacó la "trascendencia económica, laboral y social del mundo del caballo en nuestro país" e indicó que el ganado equino tiene unas "indudables potencialidades como generador de una importante actividad económica, estratégica y generadora de empleo", además de ser un ejemplo más de multifuncionalidad de la ganadería. Por último, la ex senadora subrayó que "hablamos de un sector que genera paralelamente riqueza en otras áreas, como en la alimentación, la construcción o la moda, entre otras; sin duda, nos encontramos ante un sector que requiere toda nuestra atención e inquietud".

En España, la figura del caballo está muy ligada a nuestra historia y cultura, no solo como herramienta para el transporte, campos de cultivo o eventos deportivos sino como icono de fiestas patronales, ferias o romerías locales. Por eso, es necesario establecer un marco legislativo común que regule y potencie el sector equino en nuestro país.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

1. Impulsar las medidas necesarias para establecer un marco legislativo y normativo definitivo del sector ecuestre.

2. Evaluar y coordinar los trabajos necesarios para, con la participación de todos los implicados en el sector del caballo, aumentar las potencialidades económicas de este sector."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002781

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre financiación a la Autoridad del transporte metropolitano de Valencia (ATMV), para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

La Generalitat y los ayuntamientos de su área metropolitana, conscientes de la importancia que para el adecuado desarrollo económico y social del área de Valencia tienen las políticas de movilidad, el pasado 25 de julio de 2016, suscribieron la Declaración institucional para la creación de una autoridad única de transporte para el área de Valencia.

La Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) fue creada mediante una norma con rango de ley, a la que se pueden adherir los distintos municipios del Área Metropolitana de Valencia


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mediante convenios para ceder sus competencias y cuyo ámbito territorial está definido en el artículo 2 de la Ley 1/1991, de la Generalitat Valenciana, de 14 de febrero, de ordenación del transporte metropolitano de Valencia, así como sus posteriores ampliaciones.

La ATMV es un organismo autónomo dependiente de la Generalitat encargado de coordinar y planificar el transporte público del Área Metropolitana de Valencia, además de conseguir una integración tarifaría, coordinando y unificando la movilidad para una población que supera los 1,6 millones de habitantes.

El pasado año 2016, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, denegó la petición del Consell de una subvención de 38 millones de euros para el transporte metropolitano.

De modo que el pasado 1 de enero de 2017 entró en vigor la ley que regula la creación de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia, sin que existiese partida en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para la subvención que le corresponde y de la que ya disfrutan en Madrid, Barcelona y Canarias.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en los Presupuestos Generales del Estado, incluya la línea presupuestaria que corresponda para la financiación del Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), del mismo modo que ya hace con las otras áreas existentes en otras partes del territorio nacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2018.-Herick Manuel Campos Arteseros, Patricia Blanquer Alcaraz, Artemi Rallo Lombarte, Ana María Botella Gómez, José Luis Ábalos Meco y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002793

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido, en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar a la transposición de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Directiva 2006/70/CE, de la Comisión, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento formal de infracción contra España y otros 15 países de la UE por incumplimiento de la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo -más conocida como 4.ª Directiva contra el blanqueo de capitales-. El pasado 23 de noviembre la Comisión envió al Gobierno de España la carta de notificación oficial, informando que si las normas contra el blanqueo de capitales no están aprobadas en la próxima primavera, procederán al dictamen motivado, segunda fase del proceso de infracción. El siguiente paso después del dictamen motivado sería enviar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. La fecha límite de transposición vencía el pasado 26 de junio de 2017 -2 años después de la aprobación de la Directiva-.

La Comisión ha dejado claro que considera que España no ha adoptado los aspectos más relevantes de la 4.ª Directiva contra el blanqueo. La lista de elementos esenciales para luchar contra el blanqueo y la financiación del terrorismo que España incumple es larga y preocupante, ya que no se han transpuesto el refuerzo de las sanciones, la definición de grupo empresarial, el registro de profesionales de prestación de servicios financieros, la definición de tercer país equivalente, las medidas de due diligence, los umbrales de los sujetes obligados a cumplir las normas europeas, etc.


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El Gobierno ha tenido dos años para actualizar la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y no han hecho nada. De hecho, no han llevado a cabo ninguna propuesta legislativa sobre esta cuestión ya que la Ley es anterior a su gobierno. Es inaceptable que un país con un problema grave de economía sumergida y que ha sido azotado brutalmente por el terrorismo como España no haya transpuesto la 4a Directiva contra el blanqueo de capitales, dos años después de que esta fuera aprobada.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar en su totalidad la transposición de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo, y de la transposición de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Directiva 2006/70/CE, de la Comisión, detallando en concreto los aspectos siguientes:

a) Refuerzo de las sanciones contra el blanqueo de acuerdo con sección 4 correspondiente a Sanciones de la Directiva, que establece cuáles son las características que debe cumplir el régimen sancionador de los delitos de blanqueo de capitales.

b) Identificar a toda persona física que ejerza el control mediante la propiedad u otros medios una persona jurídica. Con objeto de garantizar una transparencia efectiva, el Gobierno debe asegurar que se abarque la gama más amplia posible de personas jurídicas constituidas o creadas por cualquier otro mecanismo en el Estado.

c) El Gobierno debe velar por que las entidades constituidas en el Estado de conformidad con el Derecho nacional obtengan y conserven, además de información básica como el nombre y la dirección de la sociedad y la prueba de su constitución y propiedad jurídica, información adecuada, exacta y actualizada sobre la titularidad real.

d) Se deberá aplicar el marco jurídico que indica la sección 3 Política respecto a terceros países de la Directiva hace respecto a los terceros países.

e) Aplicar las medidas de diligencia debida respecto al cliente indicadas en el capitulo II de la Directiva.

f) Establecer umbrales para la utilización de efectivo bajo los cuales las personas queden sujetas a la Directiva, que sean iguales o incluso menores a los establecidos en la Directiva, con el objetivo de optimizar su resultado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002820

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don lgnasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para el establecimiento de una cláusula para la cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, dispuso en su artículo 3.º una cláusula para la cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el Fondo para la Financiación de los Pagos a


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Proveedores, que permitió a ayuntamientos como los de Madrid, A Coruña o Marbella saldar sus deudas privadas y dejar de estar sujetos a los respectivos Planes de Ajuste.

No obstante, esta cláusula, por expresa previsión de la Ley solo aplicó al ejercicio 2014, por lo que los ayuntamientos que cumplieron los requisitos en periodos posteriores no pudieron acogerse a ella.

En la actualidad, diversos ayuntamientos, como el de Alicante, podrían finalizar sus Planes de Ajuste si esta cláusula estuviese vigente.

Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir una disposición adicional en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 o, en su defecto, para 2019, con el siguiente tenor:

Disposición adicional "X". Cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

1. Como excepción a lo dispuesto en la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, durante el año 2018 las entidades locales podrán concertar nuevas operaciones de endeudamiento para cancelar parcial o totalmente su deuda pendiente con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores siempre que se cumplan todos los requisitos siguientes:

a) La nueva operación de endeudamiento a suscribir tenga, como máximo, el mismo período de amortización que reste para la cancelación completa de las operaciones de crédito que la entidad local tenga suscritas con el mencionado Fondo. Los planes de ajuste aprobados y que posibilitaron la formalización de las operaciones que se cancelan mantendrán su vigencia hasta la total amortización de la nueva operación de endeudamiento, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 4 y 5 de este artículo.

b) Con la nueva operación de endeudamiento se genere una disminución de la carga financiera que suponga un ahorro financiero.

c) Esta operación de endeudamiento no podrá incorporar la garantía de la participación en tributos del Estado ni podrán subrogarse las entidades de crédito que concierten estas nuevas operaciones en los derechos que correspondan al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

d) Esta operación deberá destinarse en su totalidad a la amortización anticipada total o parcial de los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos en los contratos suscritos por las entidades locales con el citado Fondo.

2. Para la formalización de las nuevas operaciones de endeudamiento citadas será preciso solicitar autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

A estos efectos a la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:

a) El acuerdo del órgano competente de la corporación local, con los requisitos de quórum y votaciones establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

b) El informe del interventor de la entidad local en el que se certifique el ahorro financiero anual que se producirá como consecuencia de la suscripción de la nueva operación de endeudamiento.

3. Si el período medio de pago a proveedores, calculado por la entidad local de acuerdo con la metodología básica establecida, supera el plazo máximo establecido en la normativa sobre la morosidad, el ahorro financiero generado como consecuencia de la suscripción de la nueva operación de endeudamiento autorizada deberá destinarse a reducir su deuda comercial y, en consecuencia, el período medio de pago a proveedores, siendo esta una de las medidas que, en su caso, tendrá que incluir en el plan de tesorería al que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

4. Si la entidad local hubiere cumplido en el ejercicio 2017 con el límite de deuda establecido en los artículos 51 y 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real


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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto, y su período medio de pago a proveedores, calculado por la entidad local de acuerdo con la metodología básica establecida, no excede del plazo máximo establecido en la normativa sobre la morosidad, podrá formalizar la nueva operación. Si la entidad local cancela totalmente los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores quedará sin vigencia el plan de ajuste aprobado y que posibilitó su concertación. Si no se cancelaran totalmente dichos préstamos los planes de ajuste mantendrán su vigencia y el procedimiento de seguimiento de su ejecución al que estuvieren sujetos.

5. Si la entidad local no hubiere cumplido en el ejercicio 2017 alguno de los límites o reglas citadas en el apartado 4 anterior, podrá formalizar la nueva operación de endeudamiento, pero el plan de ajuste aprobado mantendrá su vigencia aun cuando se cancelen totalmente los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 anteriores, si la entidad local hubiere presentado en el ejercicio 2017 ahorro neto negativo o endeudamiento superior al 75 por ciento de sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior, en los términos definidos en la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, la entidad local, mediante acuerdo de su Pleno, deberá aprobar un plan de saneamiento financiero o de reducción de deuda para corregir, en un plazo máximo de cinco años, el signo del ahorro neto o el volumen de endeudamiento, respectivamente. Por lo que se refiere a este último deberá corregirse hasta el límite antes citado, en el caso de que dicho volumen se encuentre comprendido entre aquel porcentaje y el fijado en el artículo 53 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En los restantes supuestos de endeudamiento excesivo, el plan de reducción de deuda deberá corregir el nivel de deuda, como máximo, al porcentaje fijado en el último precepto citado.

Los citados planes deberán comunicarse al Ministerio de Hacienda y Función Pública, junto con la solicitud de autorización a la que se refiere el apartado 2 del presente artículo.

El interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del cumplimiento de estos planes, y presentarlo al Pleno de la corporación local para su conocimiento, y deberá, además, remitirlo al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En el caso de que se produzca un incumplimiento de los citados planes, la entidad local no podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar cualquier modalidad de inversión. Además, por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública se podrán proponer medidas extraordinarias que deberán adoptar las entidades locales afectadas. En el caso de que por estas no se adopten dichas medidas se podrán aplicar las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

7. La nueva operación de endeudamiento que se suscriba, de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de su formalización, se comunicará al Ministerio de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 17 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2018.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente


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Proposición no de Ley sobre la mejora de la financiación del transporte público de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

En los últimos años muchas ciudades de nuestro país han hecho una apuesta decidida para la mejora del transporte público. La movilidad de las personas es un derecho social que es necesario garantizar y preservar a partir de una financiación suficiente y solidaria. Para ello, es necesario priorizar el transporte público de proximidad, el más usado a diario en nuestro país por millones de personas, ofreciendo una oferta competitiva y de calidad, y unas tarifas asequibles.

El fomento del transporte público puede actuar como palanca para potenciar paralelamente la economía, la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, pero también para actuar como servicio social fundamental para la sociedad, como elemento cohesionador y de igualdad de oportunidades. Además, la lucha para reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire es hoy una de las máximas prioridades en materia de salud y sostenibilidad en ciudades como Barcelona o Madrid. En el área metropolitana de Barcelona, por ejemplo, se producen anualmente 3.500 muertes asociadas directamente a la contaminación que produce el tráfico. Y la Unión Europea ya ha advertido a España por incumplir reiteradamente la Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. Es, por tanto, una lucha que pasa necesariamente por la construcción de un nuevo modelo de movilidad que sea sostenible y que fomente los desplazamientos a pie, en transporte público y en bicicleta, reduciendo así el uso del vehículo privado.

En este sentido, no podemos obviar que en la actualidad nuestro modelo de movilidad tiene un consumo energético demasiado elevado y en buena parte dependiente de los combustibles fósiles. Esta dependencia y el elevado consumo energético dificultarán en el futuro la financiación de un sistema parecido al actual. Es por lo tanto necesario que los instrumentos de financiación ayuden a alcanzar un sistema de movilidad sostenible.

Pero, de forma paradójica, mientras en los últimos años se ha incrementado el número de personas usuarias en el transporte público (en 2017, por ejemplo, estaba previsto un nuevo récord de demanda en la ciudad de Barcelona, con 985 millones de viajes, que supondría un incremento del 3,2% -31 millones de viajes- respecto al año anterior) y las administraciones públicas debían incrementar la oferta y las aportaciones económicas para dar respuesta a esta mayor demanda, el Estado ha recortado de forma notable sus aportaciones a la financiación del transporte público en numerosas ciudades, como ha sucedido en el caso del Área Metropolitana de Barcelona, la de Valencia o la de algunas otras ciudades del Estado.

En los últimos 7 años, la reducción de las aportaciones del Estado al Área Metropolitana de Barcelona ha sido de un 46% y ha pasado a ser la administración que menos aporta actualmente. Solo en el año 2012 la Administración General del Estado recortó más de 80 M? anuales al sistema de financiación del transporte público en la Área de Barcelona. Paralelamente, desde el año 2010 el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y la Área Metropolitana de Barcelona se han visto obligadas a incrementar de forma notable sus aportaciones al sistema de financiación del transporte público a través de la Autoritat del Transport Metropolitá de l'Área de Barcelona (ATM), el consorcio encargado de coordinar y planificar el transporte público de la área urbana de Barcelona. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, su aportación desde el año 2010 ha aumentado un 86,7 %, un 42 % en los últimos dos años, un hecho que ha permitido hasta ahora congelar el precio de algunos títulos de transporte y ampliar la tarificación social. La progresiva mejora de la oferta de tarificación social en el ámbito del sistema tarifario integral ha conseguido que actualmente uno de cada cuatro viajes del sistema se haga con títulos bonificados. Sin embargo, ello ha supuesto un incremento de coste al sistema (ha pasado de 9,8 millones de euros en 2011 hasta los 46 millones actuales). Asimismo, el acuerdo general adoptado entre administraciones por el cual debe reducirse la contaminación atmosférica del Área de Barcelona, con las consiguientes restricciones del tráfico, implica también ampliar la oferta de transporte público. Ante esta situación, la Autoridad del Transporte Metropolitano, conjuntamente con las administraciones consorciadas y los operadores, han planificado mejorar esta oferta a través de un plan que comportará igualmente un incremento de los costes de explotación.

En la actualidad en España, a diferencia de la mayor parte de los países europeos, no existe una ley de financiación del transporte público. Solo la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, en su


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disposición adicional decimoquinta, invita a los presupuestos Generales del Estado a incluir partidas en favor de las entidades locales que deben prestar un servicio de transporte colectivo, es decir, aquellos municipios con más de 50.000 habitantes. Es necesario trabajar en un marco legal para la financiación del transporte público en nuestro país para garantizar la calidad del servicio sin depender de las fluctuaciones en las inversiones de las administraciones públicas y establecer de forma clara las aportaciones que realiza la Administración General del Estado.

Es imprescindible y urgente dotarnos de un marco normativo integrado e integral del conjunto de sistemas de financiación del transporte público urbano e interurbano que, con respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y a la autonomía local, responda a las nuevas necesidades sociales derivadas de la situación de crisis económica, de precariedad laboral y social endémica, de salarios bajos, de desequilibrios territoriales, de cambios en la actividad económica y la necesidad de reducir los niveles de contaminación en los territorios donde se incumplen las directivas de calidad del aire, entre otras. Por lo tanto es necesario atender de manera clara y satisfactoria la justa demanda social de un transporte público asequible a todo el mundo y a todos los territorios; la movilidad en transporte público adecuado y eficiente es una condición básica para poder acceder a un puesto de trabajo digno, a la vivienda, a la educación, a la formación continuada, a la cultura, al ocio y, en general, a toda la actividad económica y social del país.

Por todo lo aquí expuesto el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Asumir su responsabilidad con el transporte público de proximidad en el Área de Barcelona e incrementar su aportación a partir de este año 2018 para que puedan congelarse las tarifas y pueda incrementarse la oferta de transporte público de la Autoridad del Transporte Metropolitano.

2. Recuperar de forma progresiva las aportaciones que se realizaban entre los años 2006-2011.

3. Impulsar la elaboración de una ley de financiación del transporte público que, con respeto a las competencias de las comunidades autónomas y a la autonomía local, incluya la participación de todas las administraciones en coherencia con las recomendaciones de la Unión Europea y garantice la estabilidad de los recursos de las entidades locales.

4. Pactar con carácter transitorio hasta la entrada en vigor de la ley las dotaciones presupuestarias necesarias en los próximos años para cubrir el déficit actual y poder ofrecer un transporte público de proximidad de calidad y accesible para toda la ciudadanía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.-Lucía Martín González y Josep Vendrell Gardeñes, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002838

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para incluir el presupuesto de beneficios fiscales de las administraciones públicas en la evaluación encargada a la AIReF sobre el análisis en profundidad del gasto ("spending review") con el objetivo de evaluar la calidad de las políticas públicas para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

La Directiva 2011/85/UE, del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros ("Diario Oficial de la Unión Europea" de 23 de


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noviembre), establece en su artículo 14.2 que "los Estados miembros publicarán información detallada sobre la incidencia de los beneficios fiscales en los ingresos".

Y para dar cumplimiento a este mandato el Ministerio de Hacienda a través de su página web informa de los sitios web de las distintas administraciones tributarias, del Estado y de las CCAA, en los que se informa de los beneficios fiscales para 2017 correspondientes a cada administración.

En general, se informa a partir de los presupuestos cuales son los beneficios fiscales para el ejercicio correspondiente pero después no se analizan ni las desviaciones respecto a lo presupuestado ni el grado de cumplimiento de unos objetivos previamente determinados.

Cuestiones que corrobora el Tribunal de Cuentas en las conclusiones del informe publicado el pasado 17 de enero de 2018, n.º 1249 "de fiscalización de las actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con los beneficios fiscales, ejercicio 2015".

El informe se centra en un ejercicio en que según la Memoria de Beneficios Fiscales de los Presupuestos Generales del Estado alcanzaban la mayor cifra de los últimos cinco años, 40.719,12 millones de euros.

Entre las conclusiones recogidas en el informe, y que se publican en la página web de la institución, se cuestiona que los presupuestos recogieran toda la información referente a los beneficios fiscales. En concreto señala que:

"En el ejercicio fiscalizado el número de incentivos fiscales del sistema tributario español ascendía a 631, de los cuales 353 eran considerados como beneficios fiscales; sin embargo, de estos, solo 219 fueron cuantificados en el Presupuesto de Beneficios Fiscales de 2015. Por tanto, los Presupuestos no contienen, ni cuantifican, todas las figuras que reducen los ingresos tributarios, por lo que el Tribunal concluye que no cumplen su finalidad de reflejar, dentro de los Presupuestos Generales del Estado, la disminución de la capacidad recaudatoria que se produce como consecuencia de la existencia de tales beneficios fiscales (artículo 134.2 de la Constitución)."

El informe observa, asimismo, que:

"No se han elaborado documentos que analicen el grado de cumplimiento de las estimaciones de beneficios fiscales, incorporadas en los PBF, para el seguimiento de su ejecución. Ello imposibilita conocer anualmente las desviaciones que existen entre las cantidades presupuestadas y la reales, y dificulta la evaluación de la calidad de las estimaciones de los beneficios fiscales y la detección de posibles deficiencias en los métodos empleados para su cálculo. Además, los datos obtenidos en esta fiscalización pusieron de manifiesto desviaciones relevantes entre las estimaciones y las cuantías reales de los beneficios analizados en la muestra seleccionada.

Por otra parte, la creación de beneficios fiscales no se encuentra precedida de estudios sobre los objetivos concretos de política económica y social que se espera lograr con ellos, ni se establecen indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de esos objetivos a través de dichos incentivos.

No se establece, asimismo, una duración temporal de los beneficios fiscales, ni un periodo para la consecución de los objetivos que persiguen. Tampoco se elaboran estudios que permitan saber si las actuaciones públicas de gasto fiscal, a través de los mismos, son la forma más eficiente de conseguir los objetivos de política social o económica que persiguen. El informe concluye que la ausencia de sistemas de evaluación de estos aspectos impide los análisis de eficiencia de las actuaciones realizadas a través de los beneficios fiscales."

La ausencia de evaluación no es un tema menor, dadas las implicaciones que los beneficios fiscales tienen sobre la recaudación y el sostenimiento del Estado del Bienestar.

Distintos estudios demuestran que nuestro sistema tributario se caracteriza por unos tipos nominales que, en comparación con otros países europeos; suelen ser altos, pero el análisis pormenorizado del mismo, nos revela que sus tipos medios efectivos no lo son debido a la cantidad de incentivos fiscales y a las excepciones a las normas generales.

Por otra parte, el 2 de junio de 2017, el Consejo de Ministros acordó llevar a cabo una revisión integral del gasto público del conjunto de las Administraciones Públicas y en concreto, la revisión del gasto en subvenciones se identificó como la primera área de trabajo sobre la cual hacer una revisión en profundidad, con el fin de detectar posibles mejoras en los procedimientos, eliminar duplicidades y realizar un análisis de impacto. Una revisión que se encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cuyas conclusiones deberá presentar antes del final de 2018.


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Dado que los beneficios fiscales, son ayudas o incentivos que también pueden interpretarse como gasto de carácter relevante por su elevado coste, sería conveniente que también fueran objeto de evaluación dentro de la revisión de la eficiencia del gasto público que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno a través de la AIReF.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir el presupuesto de beneficios fiscales de las administraciones públicas en la evaluación encargada a la AIReF sobre el análisis en profundidad del gasto ("spending review") con el objetivo de evaluar la calidad de las políticas públicas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2018.-Patricia Blanquer Alcaraz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002842

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública, sobre la necesidad de modificar la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, que contempla privilegios fiscales para las concesionarias.

Exposición de motivos

La autopista AP-9, la única vía que vertebra Galicia de norte a sur (desde Ferrol a Tui), es objeto de numerosos flancos que hemos traído en numerosas ocasiones al Congreso de los Diputados: su transferencia reclamada de forma unánime por el Parlamento gallego mediante una Proposición de Ley cuya tramitación ha sido vetada por el Ministerio de Fomento; sus elevados peajes; su pésima gestión por parte de la concesionaria que ni siquiera contempla un programa de descuentos para usuarios habituales; la liberación del peaje en el tramo Redondela-Vigo que funciona como circunvalación de la ciudad viguesa; la eliminación del peaje en el tramo Vigo-Tui para evitar la peligrosísima A-55. En Marea ha criticado sus recortes en personal, y la falta de inversiones en mantenimiento. Todas estas cuestiones y alguna más las hemos traído a debate a esta Cámara.

Sin embargo hay un tema que afecta a la fiscalidad de la AP-9 que consideramos importante debatir por su impacto negativo en las arcas municipales y por tratarse de un privilegio fiscal procedente de los tiempos de la dictadura franquista. Autopistas como la AP-9 (Autopista del Atlántico) están exentas del pago del 95% del IBI gracias a las bonificaciones previstas en la Ley 8/1972, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión. Una ley caduca, aprobada durante la dictadura franquista y que hace tiempo que tenía que haber sido modificada o derogada. La de Ley 1972 sobre la explotación de autopistas en régimen de concesión argumentaba este privilegio en base a la necesidad de incentivar la construcción de autopistas con exenciones fiscales. Sin olvidar que era y sigue siendo un modo para beneficiar los intereses de empresas constructoras amigas. Algo usual e inherente al franquismo que extendió sus tentáculos hasta la actualidad.

El artículo 12 de la Ley de 1972 recoge todos los beneficios tributarios, entre ellos, "la Reducción de hasta el 95 por ciento de la base imponible de la Contribución Territorial Urbana que recaiga sobre el aprovechamiento de los terrenos destinados a autopista de peaje. Esta reducción afectará a los terrenos y construcciones que constituyan la autopista o estén directamente destinados a su servicio y no se aplicará a los edificios ocupados por oficinas de la entidad concesionaria ni a los construidos en las áreas de servicio".

El Decreto del 17 de agosto de 1973 por el cual se adjudicaba la concesión administrativa para la AP-9 preveía que dicha infraestructura vial se beneficiase de tal exención prevista en la ley a lo largo del periodo


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de la concesión. Un privilegio que ha tenido continuidad en el tiempo a pesar de que su concesión fue prorrogada en 2001 por el entonces Gobierno del PP, presidido por Aznar.

Privilegios hace tiempo que se tendrían que haber suprimido, sobre todo si tenemos en cuenta la enorme cartera de ingresos que la concesionaria hace a cuenta de la explotación de una vía fundamental para la movilidad en Galicia. Se calcula que en todos estos años de la concesión, Audasa ha ingresado más de 2.500 millones de euros. Entre el año 2011 y el año 2015, el beneficio neto de la concesionaria fue de 186 millones de euros. Sus ingresos aumentarán durante este año 2018 con la subida de los peajes.

En la actualidad, Audasa continúa exenta de pagar el 95% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), solo paga el 5 %, sufragando así una cantidad irrisoria y evitando compensar a los municipios por los que atraviesa por el impacto de la vía de alta capacidad.

La eliminación de este privilegio a Audasa es una larga reclamación de muchos de los municipios afectados que en abril de 2017 decidieron presentar ante la Comisión Europea una denuncia por infracción de la normativa comunitaria por parte del Estado español. Cinco ayuntamientos de la provincia de A Coruña: Abegondo, Cambre, Betanzos, Ferrol y Miño se unieron para interponer dicha denuncia.

Posiblemente esta iniciativa se haga extensiva a otros muchos municipios que están considerando la idoneidad de tal medida. La Comisión Europea podría considerarlo como ayudas públicas indirectas.

El Tribunal Supremo denegó las reclamaciones de los ayuntamientos bajo el argumento de que la ley de 1972 está vigente. Pero a día de hoy nadie discute que se trata de una normativa caduca y obsoleta, superada por los tiempos que debería ser modificada o derogada. Debemos recordar además que las autopistas creadas a partir de 1989 no se benefician de la exención del 95% del IBI.

Así las cosas, actualmente Audasa está pagando tan solo 1.500 euros por kilómetro, cuando según los cálculos debería sufragar 28.000 euros por kilómetro. Tal y como señalado anteriormente, la concesión de la AP-9 fue prorrogada en 2001 hasta el año 2048, aunque el incentivo fiscal finalizaría en 2023. Audasa goza de muchos años por delante para seguir beneficiándose de este incentivo fiscal a pesar de sus pingües beneficios.

Mientras tanto, los ayuntamientos que sufren el impacto de esta infraestructura ni siquiera reciben la compensación de que la empresa concesionaria satisfaga íntegro el IBI correspondiente. El beneficio tributario del que disfruta Audasa supone finalmente un copago para los vecinos y vecinas que habitan en los municipios por los que discurre.

El Parlamento de Galicia, a instancias de En Marea, aprobó el pasado 18 de enero una Proposición no de Ley que instaba al Gobierno del estado a realizar las modificaciones legislativas necesarias para eliminar los privilegios fiscales a Audasa, exenta del pago del 95 % del IBI. Además de pedir a la Xunta que apoye las acciones de los ayuntamientos al respecto.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar cuanto antes el artículo 12 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, eliminando los privilegios fiscales a las concesionarias de autopistas como Audasa (AP-9) que gozan de la exención del pago del 95 % del IBI (solo pagan el 5 %), de modo que procedan a satisfacer el 100 % del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles a los ayuntamientos por los que discurren. Una modificación que correlativamente debe llevar asociado su correspondiente cambio en la disposición transitoria primera del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

2. Modificar la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, una normativa caduca y obsoleta aprobada durante la dictadura franquista, y que debe ser revisada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Comisión de Fomento

161/002757

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Oskar Matute García de Jalón de EH Bildu, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el rechazo a una línea de Tren de Alta Velocidad entre Miranda y Logroño que atraviese La Rioja Alavesa, para su debate en la Comision de Fomento.

Exposición de motivos

En los últimos días, se han conocido los planes del Ministerio de Fomento para construir una línea de Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Miranda y Logroño en las que se incluyen dos alternativas que atravesarían La Rioja Alavesa.

El proyecto de alta velocidad es totalmente destructivo, está basado en una concepción desfasada y arriesgada de movilidad y desarrollo salvaje, además de alimentar los recortes en inversión social. Euskal Herria conoce de primera mano las cicatrices que la llamada "Y vasca" está causando, por ejemplo en el caso de Urbina, Aramaio... así como el elevado coste de esta infraestructura que todavía no se ha terminado.

Ese proyecto pone además en riesgo un ecosistema social, cultural y económico contrario a los valores del TAV (la sostenibilidad local, la producción sostenible, el vínculo con la tierra...) precisamente en una de las zonas más singulares de Araba, como es La Rioja Alavesa, que se convertiría en simple zona de paso de una infraestructura que nadie necesita ni ha solicitado.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados muestra su total rechazo a los planes de Ministerio de Fomento para construir una línea de TAV entre Miranda y Logroño que atraviese La Rioja Alavesa.

2. El Congreso de los Diputados exige al Ministerio de Fomento del Gobierno del Estado español que respete el territorio alavés y descarte que la futura línea del TAV Miranda-Logroño atraviese La Rioja Alavesa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-Oskar Matute García de Jalón, Diputado.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la duplicación de la capacidad de producción de la desalinizadora de Torrevieja, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La provincia de Alicante y especialmente la comarca de la Vega Baja padecen una gran sequía que ya dura dos años. Esta sequía está poniendo en peligro la viabilidad de la agricultura de las comarcas Alicantinas. De hecho, actualmente, y debido a la combinación de la gran sequía más las heladas de este invierno, existe el peligro de la pérdida de más de 1.000 hectáreas de hortalizas tal y como expone en un reciente informe la Asociación de Jóvenes Agricultores de Alicante (ASAJA).


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Este peligro implica, por ejemplo, que la producción y comercialización del limón se vea seriamente afectada. Más aún, teniendo en cuenta que la comarca de la Vega Baja concentra el 40% de la producción nacional de limón.

Además, esta grave sequía unida a la falta de previsión en cuanto a disposición de recursos hídricos suficientes y estables, está traduciéndose en que las empresas exportadores situadas en esta comarca se estén replanteando cambiar de ubicación. Esto supondría un duro golpe a la economía de esta comarca.

En reciente contestación del gobierno al grupo de Compromís, se dispuso la capacidad de duplicar la producción de la desalinizadora de Torrevieja de 40 hectómetros cúbicos a 80 a mediados de 2018, toda vez que Red Eléctrica Española suministrase la energía necesaria.

Por otro lado, se suma el devastador efecto que tiene la aplicación de la Resolución do 13 de junio de 2017, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017, sobre la aprobación de las nuevas tarifas para aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura que prevé un mecanismo inédito en los 38 años de funcionamiento de esta infraestructura y que representaría un costo anual (sin riego) de unos 120 euros por hectárea. Una carga injusta y arbitraria que recaería sobre los ya esquilmados recursos de los regantes.

Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela (Diputado de Compromís) en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Terminar de forma inmediata la necesaria conexión energética para la duplicación de la capacidad de producción de la desaladora de Torrevieja.

2. Eliminar la tasa acordada en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017 sobre la aprobación de las nuevas tarifas para aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura que supone un costo de 120 euros anual por hectárea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2018.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002760

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la reversión a gestión pública por parte del Ministerio de Fomento de las actuales autopistas de peaje AP-6, A-51, AP-61 y AP-1, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Ante las reiteradas situaciones de caos debido a los temporales de frío y nieve que se han vivido en los últimos años en las autopistas y autovías españolas, las empresas concesionarias de las Autopistas de Peaje AP-6 (Las Rozas-Adanero), Iberpistas (del grupo Autopistas, filial de Abertis), AP-51 (Villacastín-Ávila) y AP-61 (San Rafael-Segovia), Castellana de Autopistas, S.A., y la empresa concesionaria de la Autopista de Peaje AP-1 (Castañares-Eibar), Itinere lridium, han demostrado una nula capacidad para hacer frente a su obligación como concesionarias del correcto mantenimiento de las vías.

Esta situación se viene repitiendo de manera reiterada en los últimos años, pese a los avisos previos de la Agencia Española de Meteorología, la Dirección General de Tráfico, el Ministerio de Fomento o las distintas instancias de Protección Civil con competencia en situaciones de emergencia.

Tal es el caos generado, que en diversas ocasiones se ha tenido que utilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para llevar a cabo el rescate de miles de personas y vehículos atrapados en estas autopistas de peaje ante la ineficacia de los medios propios de las empresas concesionarias.

De hecho, en varias ocasiones el Ministerio de Fomento ha anunciado la apertura de expedientes informativos a las empresas concesionarias de estas autopistas, así como cambios en los protocolos de


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actuación ante circunstancias meteorológicas adversas que, al parecer, no han sido efectivos de cara paliar el caos que se produce en estas situaciones y, especialmente, en las citadas vías.

Sin embargo, y a la vista de los hechos, las autovías de titularidad estatal o autonómica, pese a la presencia de incidencias y de problemas circulatorios provocados por los episodios de intensas nevadas o el frío, no han llegado en ningún caso a la situación de bloqueo total y caos absoluto que se ha presentado en las citadas autopistas de peaje.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Emprender las acciones legales para llevar a cabo la reversión a la Administración Pública de las siguientes autopistas de peaje:

- Autopistas de Peaje AP-6 (Las Rozas-Adanero), empresa concesionaria Iberpistas (del grupo Autopistas, filial de Abertis).

- Autopista de Peaje AP-51 (Villacastín-Ávila), empresa concesionaria Castellana de Autopistas, S.A.

- Autopista de Peaje AP-61 (San Rafael-Segovia), empresa concesionaria Castellana de Autopistas, S.A.

- Autopista de Peaje AP-1 (Castañares-Eibar), empresa concesionaria Itinere Iridium.

2. Asegurar el futuro laboral de los trabajadores de las actuales empresas concesionarias de las autopistas de peaje citadas en el punto anterior, manteniendo los puestos de trabajo necesarios para el mantenimiento de las citadas vías.

3. Asegurar que las empresas actualmente concesionarias de las Autopistas de Peaje AP-6, AP-51, AP-61 y AP-1 satisfagan los gastos en que hayan incurrido las administraciones públicas y los particulares que se hayan visto afectados por el caos que, su negligencia, ha generado en las citadas vías, tanto con ocasión de los hechos acaecidos los días 6 y 7 de enero de 2018, como en ocasiones anteriores, mediante la apertura del consiguiente expediente por incumplimiento de la concesión."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2018.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la construcción de áreas de colocación de cadenas en la N-230 en el tramo Pont de Suert-Boca Sur Túnel de Vielha, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La N-230 es una carretera fundamental para las provincias de Lleida y Huesca, especialmente para la actividad económica de este territorio. Es una vía vital para la vertebración del territorio, para las relaciones comerciales entre Catalunya y Aragón y para las comunicaciones con Europa.

Su trazado es sinuoso, sujeto a duras condiciones climáticas, a una gran intensidad de tránsito pesado que deteriora sustancialmente la vía y la convierte en una carretera peligrosa, insegura para los usuarios y que no responde a las necesidades del territorio. Hoy en día, su deterioro y su falta de seguridad son más evidentes que nunca y el número de accidentes ocurridos en esta carretera es incesante, de hecho el tramo de la N-230 entre Vilaller y el límite de la provincia de Huesca se considera "punto negro".

En la época invernal se hace más patente todavía la falta de condiciones de esta vía. Las nevadas dan paso a gran congestión incluso al bloqueo por completo de la vía porque numerosos vehículos no pueden avanzar o se cruzan, haciendo imposible el tráfico, como ocurrió el pasado 27 de diciembre.


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En múltiples ocasiones el Grupo Socialista ha denunciado las condiciones en las que se encuentra esta carretera y ya ha solicitado la ejecución de las obras para mejorar esta vía. Estas actuaciones iban desde la mejora del mantenimiento, la construcción de terceros carriles o la mejora de las travesías urbanas. Iniciativas que recogían estas actuaciones y que pese que han sido aprobadas en esta cámara y que siguen sin ejecutarse por parte del Gobierno.

Las carreteras e infraestructuras deben estar al servicio de las personas así como para el tráfico de mercancías, son imprescindibles para garantizar el desarrollo económico y social de los territorios. Un desarrollo que debe ser equitativo y justo. Y ninguno de estos principios se cumple en los territorios por donde circula la N-230.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las acciones necesarias para la construcción de áreas de colocación de cadenas en la N-230 en el tramo Pont de Suert-Boca Sur Túnel de Vielha (en este punto ya existe un área de colocación de cadenas)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2017.-Gonzalo Palacín Guarné, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relacionado con la autoridad portuaria Ferrol-San Cibrao, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El puerto de San Cibrao fue construido por la Sociedad Aluminio-Aluminia, hoy Alcoa, en 1978 por una concesión administrativa que caduca en 2023 y está asignado a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

Este puerto desarrolla una importante actividad que genera a la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao ingresos crecientes por conceptos como tasas de mercancías y tasas de actividad.

Es absolutamente desproporcionada la pequeña inversión que la Autoridad Portuaria hace en la Mariña Lucense, en cuyo territorio se genera una parte importante de los ingresos de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, frente a su inversión total. Por ejemplo, el centro interpretativo de Cabo Prioriño.

La justificación que a lo largo de estos años dio la Autoridad Portuaria para esta distribución de las inversiones es que en Lugo no tienen territorio en el que poder hacer esas inversiones.

Una solución para ese problema sería que la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao firme convenios con otras instituciones que sí podrían hacer las inversiones necesarias en infraestructuras como el demandado Puerto Deportivo de Cervo, en los accesos a los faros, o en otros fines sociales que puedan repercutir en el empleo o la atención de la población de A Mariña.

Por ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a que la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao firme convenios con los Ayuntamientos de la Mariña Lucense y con Puertos de Galicia para contribuir al desarrollo económico y social de la zona y así compense los beneficios que obtiene por la actividad del puerto de San Cibrao."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2017.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/002783

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa al caos circulatorio provocado los días 6 y 7 de enero en la AP-6 y la situación en la que se encuentra la concesión adjudicada a Iberpistas para su gestión.

Exposición de motivos

La noche del pasado 6 de enero de 2018, miles de personas que ocupaban más de 3.000 vehículos pasaron la noche bloqueados en la autopista AP-6 en una situación deplorable. La AP-6 quedó totalmente cortada durante horas, y las personas atrapadas se vieron obligadas a pasar la noche en sus vehículos, expuestos a unas condiciones ambientales dramáticas.

Sin embargo, la carretera N-VI, pese a encontrarse bajo las mismas condiciones meteorológicas, no se vio sometida a los mismos problemas de la AP-6, de modo que sus usuarios no estuvieron afectados por la problemática que sí sufrieron quienes decidieron optar por utilizar la AP-6, supuestamente más segura.

La noche del día 7 de enero, la AP-6, la AP-61 (Segovia-conexión AP-6) y la AP-51 (Ávila-conexión AP-6), todas ellas gestionadas por la misma concesionaria, volvieron a ser cerradas al tráfico, mientras que la circulación era normal en la N-VI y el Alto del León.

El Ministro de Fomento responsabilizó a la concesionaria de la autopista AP-6 del caos circulatorio generado en dicha vía, dada su incapacidad para gestionar la situación generada por una nevada que, aunque importante, no puede ser calificada de excepcional.

El hecho es que la concesionaria de la AP-6 no cumplió con sus obligaciones, entre las que se encuentran:

- Obligación de prestar el servido en condiciones de absoluta normalidad, así como suprimir las causas que originen molestias, inconvenientes, peligrosidad para los usuarios de las vías.

- Obligación de conservar la autopista en perfectas condiciones de utilización y de reparar, con carácter inmediato, aquellos elementos que se deterioren.

Este próximo día 29 de enero de 2018 vence la concesión concedida a lberpistas de la AP-6, tras cincuenta años desde su adjudicación, en 1968.

Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció en 2010, tras una denuncia de Comisiones Obreras Ávila y el grupo ecologista Centaurea, que el Gobierno de España "había vulnerado las directivas comunitarias sobre contratación pública, al no haberse publicado en el pliego de cláusulas administrativas del concurso de construcción, conservación y explotación de las conexiones de la AP-6 con Ávila (AP-51) y con Segovia (AP-61) la totalidad de obras a ejecutar por el concesionario", ya que finalmente la adjudicación a Iberpistas se realizó por la totalidad de los tramos de peaje de la AP-6 y no solo por las conexiones con las dos provincias castellanas. En definitiva, el TJUE deja claro que en la adjudicación concedida por el Gobierno en 1999 a Iberpistas (para la construcción, conservación y explotación de los tramos de autopista de peaje: Autopista A-6, conexión con Segovia y Autopista A-6 conexión con Ávila y para la conservación, explotación y construcción de la A-6, tramo Villalba-Adanero), incumplió la Directiva 93/37 sobre contratación pública.

Teniendo en cuenta dicha sentencia, la única concesión vigente es la original (de 1968), que finaliza a finales de enero de este año, debiendo revertir la gestión de la AP-6 al Estado a partir del 30 de enero de 2018.

Por ahora, el Gobierno no ha cumplido la sentencia del TJUE que le obligaba, como mínimo, a volver a repetir la adjudicación cumpliendo con la normativa que vulneró en la prórroga concedida en 1999.

Por ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Derogar el Real Decreto 525/2012, de 9 de marzo, por el que se modifican determinados términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de las autopistas de


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peaje: Autopista AP-6, conexión con Segovia y autopista AP-6, conexión Ávila y para la conservación y explotación de la autopista de peaje AP-6 tramo: Villalba-Adanero.

2. No renovar la concesión a la empresa Iberpistas de la autopista AP-6 una vez que la única concesión legalmente vigente en la actualidad caduque el 29 de enero de 2018, y que desde ese momento sea gestionada directamente por el Estado.

3. Establecer nuevas fórmulas para el mantenimiento de las vías rápidas que contemplen la eliminación de los peajes y su sustitución por un modelo más equitativo desde una perspectiva social y territorial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002784

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus Diputados Yolanda Díaz Pérez y Antón Gómez-Reino Varela, y a través de su portavoz Miguel Anxo Fernández Vello, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento relativa a la retirada de todos los carteles informativos de "Complexo Hospitalario Juan Canalejo" en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

Exposición de motivos

El 5 de agosto de 2008 el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaba el Decreto 163/2008, de 17 de julio, aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia, y por el que se modificaba el nombre del Complexo Hospitalario Juan Canalejo por el de Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, con el correspondiente acrónimo CHUAC, dando así cumplimiento a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Sin embargo, casi diez años después, son numerosos los paneles informativos, indicadores y señales, tanto en la ciudad de A Coruña como en sus accesos, que siguen manteniendo el nombre de Complexo Hospitalario Juan Canalejo, incumpliendo, una vez más, la Ley de Memoria Histórica.

Juan Canalejo (1897-1936) fue uno de los jefes de la Falange en Galicia más activos en los meses previos al Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y uno de los principales organizadores durante los años de la República de la estrategia terrorista contra la convivencia democrática y las libertades ciudadanas que desarrolló en aquellos años la organización conocida como Falange Española.

Juan Canalejo, teniente de Intendencia y amigo personal de José Antonio Primo de Rivera, comenzó una activa carrera política, centrada en acciones violentas para desestabilizar el Gobierno republicano tras acogerse a la ley de Azaña que permitía a mandos militares contrarios a la República retirarse con paga del Ejército.

Este teniente de intendencia destaca muy pronto como un escuadrista vocacional, es un hombre de acción. El propio José Antonio Primo de Ribera se referirá a él como alguien a quien le faltaba algo de orientación teórica; lo suyo era la práctica de la violencia, los hombres que se formaron con él fueron los verdugos que ensangrentaron A Coruña en el verano de 1936.

A pesar de ser un conspirador violento contra el Gobierno democrático de la República, fue considerado un mártir para la dictadura franquista, por lo que el militar coruñés dio nombre durante más de medio siglo al hospital de su ciudad natal y fue reiteradamente honrado por el Ayuntamiento de A Coruña.

Ahora, el mantenimiento de los paneles informativos permite que se perpetúe el recuerdo de quien fuera un decidido partidario de la violencia y el asesinato como instrumento del terror, incumpliendo así Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, por parte de las autoridades responsables del mantenimiento de las mismas.


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Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta la Gobierno a retirar de los terrenos e infraestructuras competencia del Estado, los carteles y señales informativos que mantengan todavía el nombre Complexo Hospitalario Juan Canalejo y cambiarlos por su denominación correcta, Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC), conformidad a lo establecido en el Decreto 163/2008, de 17 de julio, por el que se modifica el nombre del Complejo Hospitalario Juan Canalejo por el de Complejo Hospitalario Universitario A Coruña de la Xunta de Galicia y en cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2018.-Yolanda Díaz Pérez y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002790

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley sobre el impulso del proyecto del baipás de Alcantarilla, de la línea Madrid-Cartagena.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta las correcciones de errores contenidas en los escritos números de registro 71101 y 71231, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso del proyecto del baipás de Alcantarilla, de la línea Madrid-Cartagena, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El municipio de Alcantarilla, situado de la Región de Murcia, tiene 41.160 habitantes, habiendo duplicado su población desde 1979. En su momento, la construcción de la vía férrea provocó un crecimiento económico importante en el municipio, pero con el paso del tiempo ha supuesto un condicionante vital para la configuración tanto urbanística como socioeconómica de Alcantarilla. A nivel general, se observa que existe una disgregación funcional y física de las partes que conforman la estructura actual del


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municipio, provocada en gran parte por la existencia de límites tanto naturales (río, ramblas, etc.) como artificiales (autovías del Mediterráneo y del Noroeste), así como por los propios límites del término municipal, que constriñen el desarrollo urbanístico de la ciudad.

El municipio ha sido considerado tradicionalmente como un núcleo ferroviario, al converger en ella dos líneas con los recorridos Chinchilla-Cartagena y Murcia-Lorca. A consecuencia de este hecho, la estructura ferroviaria actual genera graves problemas urbanísticos en el núcleo urbano de Alcantarilla con el paso de trenes de pasajeros y mercancías que paralizan el núcleo del municipio afectando de forma grave a sus vecinos y comerciantes.

En concreto, la integración de la línea ferroviaria Chinchilla-Cartagena está planteada desde hace tiempo, dada su incidencia en el desarrollo de la vida ciudadana y en la calidad ambiental de la localidad, debido al paso de la línea ferroviaria en superficie por el eje central norte-sur de la trama urbana, motivo por el que el núcleo de la población queda dividido, tanto urbanística como socialmente en dos porciones, creando continuas situaciones de riesgo, por el tránsito permanente de vehículos y peatones tanto por el paso a nivel existente en el centro neurálgico del casco urbano, como en muchos casos directamente a través de la misma.

Desde 1979, las distintas administraciones municipales, han trabajado para solucionar definitivamente el referido problema de impermeabilidad ocasionado por el ferrocarril:

- En los años 70, se suprimió la línea Alcantarilla-Almendricos-Guadix, completando por otra parte el trazado ferroviario de Murcia hacia Lorca, levantándose el ramal donde se situaba la estación de Campoamor. Para continuar dando servicio a Alcantarilla, se construyó el apeadero de los Romanos.

- A comienzos de la década de los 80, se elaboraron algunas propuestas.

- En junio de 1990, se redactó un "Estudio de alternativas de integración del ferrocarril a su paso por Alcantarilla".

- En junio de 1998, el Ministerio de Fomento encargó la redacción del "Proyecto Constructivo de Integración de la línea ferroviaria Chinchilla-Murcia en Alcantarilla". En dicho proyecto, se incluye una primera fase de estudio de las diferentes alternativas y posibilidades, análisis de las mismas y finalmente la selección y desarrollo de la que se consideró más adecuada, consistente básicamente en el soterramiento de la vía existente, con un trazado similar al que ahora presenta la línea en superficie.

- En el año 2003, se sometió a información pública el estudio informativo de la Variante de Alcantarilla y Javalí Nuevo que obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental en 2005 y fue aprobado definitivamente en 2006, llegando a iniciarse la redacción del proyecto de construcción. Actualmente la Declaración de Impacto Ambiental ha caducado.

- Desde 2011, está redactado y pendiente de firma, un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia, el Ayuntamiento de Alcantarilla y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la ejecución de la variante de Alcantarilla y Javalí Nuevo y la integración urbana de la línea de alta velocidad Murcia-Almería en Alcantarilla.

Ante la problemática descrita en relación a la línea Chinchilla-Cartagena, parece que la alternativa de construir una variante en superficie que, en el término municipal de Alcantarilla, discurre próxima a la autovía del Mediterráneo, alejando el tráfico ferroviario del casco urbano, con lo que Alcantarilla verá finalmente resuelta su histórica reivindicación, sería la solución más idónea, si bien, al estar caducada la Declaración de Impacto Ambiental, sería preciso volver a realizar y tramitar los estudios que determinen la solución a desarrollar.

De este modo, el Plan General Municipal de Ordenación, aprobado provisionalmente en sesión plenaria de 30 de julio de 2010 y en la actualidad, en tramitación, incluye como objetivo prioritario la transformación de la estructura ferroviaria actual mediante la construcción de la variante de la línea Chinchilla-Cartagena recuperando los terrenos liberados como espacios habitables articulados del nuevo sistema de espacios libres, y mediante la integración en la trama urbana del futuro corredor de alta velocidad.

La variante afectaría también al término municipal de Murcia.

En este contexto, el puerto de Cartagena ha manifestado su interés en impulsar la operación, participando en su financiación. Como se ha indicado, si se retoman los trabajos, sería preciso comenzar por la redacción y tramitación de un nuevo estudio informativo.


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Expuesto lo anterior, es patente la sensibilización existente en municipio de Alcantarilla en relación con el problema del ferrocarril y se hace conveniente una intervención al respecto para eliminar la línea ferroviaria de la trama urbana de la ciudad, teniendo en cuenta el interés manifestado por el Puerto de Cartagena, que facilitaría su desarrollo y financiación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar los acuerdos necesarios con el Puerto de Cartagena para la ejecución del baipás de Alcantarilla, de la línea Madrid-Cartagena, llamado Variante de Alcantarilla y Javalí Nuevo, en colaboración con el Gobierno de la Región de Murcia y los Ayuntamientos de Alcantarilla y Murcia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002796

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la realización de dos apeaderos dentro del municipio de Benalmádena (Málaga), para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La movilidad en la Costa del Sol cuenta con diferentes modos de transportes que deben tender a la sostenibilidad, garantizando tiempos de desplazamiento adecuados y unos índices de calidad acordes a las demandas sociales.

Dentro del esquema planteado, el tren de cercanías supone la apuesta más fiable y segura para moverse con agilidad y puntualidad por los municipios costeros de Málaga: Málaga capital, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola. Supone además una apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente.

Actualmente, el municipio de Torremolinos dispone de cinco apeaderos para uso público de pasajeros: Los Álamos, Torremolinos centro, El Pinillo, Montemar y La Colina; por su parte, Fuengirola posee tres paradas: Torreblanca, Los Boliches y Fuengirola; mientras Benalmádena disfruta tan solo de dos apeaderos: Arroyo de la Miel y Torremuelle.

Con poblaciones similares, Benalmádena es un municipio agraviado que cuenta tan solo con dos paradas, lo que supone un importante perjuicio para el desarrollo y para los vecinos y visitantes de esta localidad costasoleña.

Los beneficios que esta infraestructura produciría en esta población serían ampliamente productivos para la economía de la zona, beneficiando el flujo de usuarios de la infraestructura entre las diferentes localidades de la Costa y Málaga.

El crecimiento poblacional de nuestro municipio, el desarrollo urbano del mismo, la movilidad y la sostenibilidad del medio, son motivos más que suficientes para tener en cuenta esta reivindicación, cuanto menos justa, de los vecinos de Benalmádena.

Los vecinos de una zona residencial de nuestra localidad han recogido 1.065 firmas que pusimos a disposición del Ministerio de Fomento el pasado mes de noviembre. Por poner un ejemplo, esta misma urbanización, planificada originariamente para 3.000 viviendas, alcanza actualmente las 4.000, residiendo en ella más de 10.000 personas, todas ellas clientes potenciales del transporte ferroviario.

Igualmente, otra de las zonas del municipio posee el mayor complejo hotelero de toda la Costa del Sol, con capacidad para más de 3.000 camas hoteleras, con el consiguiente tráfico entre turistas y trabajadores.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Estudiar la construcción de dos apeaderos nuevos para Benalmádena, uno en las inmediaciones del complejo hotelero y otro en la zona de influencia de la zona residencial en expansión, que posibilite el desarrollo de nuestro municipio y evite el agravio comparativo con respecto a nuestros vecinos.

2. Realizar el Estudio de Viabilidad necesario para justificar la posibilidad futura de llevar a cabo la inversión en dos apeaderos dentro del municipio de Benalmádena."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002802

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las autopistas de peaje AP-51, AP-61 y AP-6, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Las autopistas de peaje AP-6, AP-51 y AP-61 constituyen una barrera económica que afecta a todo el noroeste de España y su comunicación con Madrid. Especialmente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde las provincias de Segovia y Ávila tienen un hándicap para el desarrollo económico y social que dificulta que se genere empleo y riqueza en estas provincias, a pesar de estar situadas a escasos kilómetros de Madrid. Muestra de ello son los altos índices de desempleo y despoblación. Estos peajes constituyen un ejemplo de desigualdad con respecto a otras provincias limítrofes con Madrid que se sitúan a la misma distancia; por tanto, afrontar este problema es un factor decisivo para el desarrollo económico en el territorio, ya que de esta forma se facilitaría que las empresas que busquen una ubicación en la periferia de Madrid se puedan instalar en estas provincias generando empleo directo. A lo que habría que añadir la subsistencia de las empresas ya establecidas, ya que en la actualidad el pequeño tejido empresarial se ve obligado a incrementar sus costes en el transporte y envío de mercancías, lo que supone una reducción excesiva de sus márgenes comerciales para poder ser más competitivo. Por lo tanto, si las pequeñas y medianas empresas no son capaces de generar empleo en el territorio, la consecuencia directa es que la población tiene que salir a buscarlo a otros lugares.

Por otro lado, la existencia del peaje de la AP-6 provoca la total masificación de vehículos en la alternativa gratuita a la AP-6 que constituye la carretera N-VI. Una vía que según datos de la propia Dirección General de Tráfico soporta una media de 12.000 vehículos diarios, de los cuales 1.200 son vehículos pesados. Esta gran cantidad de tráfico transita por zonas protegidas como la Reserva de la Biosfera del Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar y los márgenes del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama y también por núcleos urbanos como la localidad segoviana de San Rafael. Ello provoca una situación de gran inseguridad ambiental pero, sobre todo, personal, que en el caso de San Rafael ha derivado en numerosos accidentes y atropellos en su travesía, algunos de ellos con víctimas mortales. A raíz de ello, actualmente la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento han entablado negociaciones para buscar soluciones a esta problemática. Entre ellas la subvención del tráfico pesado por la AP-6 para liberar la N-V1. La eliminación de este peaje supondría una posible solución a la problemática en la Travesía de San Rafael y, por lo tanto, se pondría fin al grave problema de seguridad vial que vive el municipio.

En el año 1999, el Ministerio de Fomento concede a Iberpistas las obras de la AP-51, la AP-61, el túnel reversible y varios ramales de conexión y además le amplía la concesión del peaje del túnel de la AP-6 de 2018 hasta 2050.


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En el año 2010 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE/2010/111) dictaminó en sentencia firme la ilegalidad de la concesión del contrato de las obras y la ampliación del peaje para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51), por lo que la Comisión Europea sancionó a España por vulnerar la normativa de contratación pública Europea.

En el año 2012 el Ministerio de Fomento modifica la concesión para cumplir la sentencia. Reduce la concesión a Iberpistas en 7 años y le indemniza con una cantidad que todavía no es pública. Esos 7 años volverán a salir a "concurso". El Real Decreto aprobado por Fomento (Real Decreto 488/2012, de 5 de marzo) establece que en noviembre de 2019, y en función del tráfico real del túnel y las autopistas desde 1999, el Ministerio decidirá si la concesión se prolonga hasta 2032 o hasta 2037.

A la sentencia del Tribunal Europeo hay que añadir la falta de gestión que ha tenido la concesionaria ante situaciones de crisis como se pudo ver el pasado fin de semana del 6 y 7 de enero de 2018 con un colapso que implicó a miles de conductores a causa del temporal de frío y nieve, a pesar de haber sido anunciado por la AEMET.

Esta imprevisión por parte de la concesionaria hizo que miles de vehículos quedasen atrapados en esta vía durante más de 17 horas, con temperaturas bajo cero y con un temporal que, según se adentraba la noche, arreciaba con más virulencia; situación que se prolongó desde las 20 horas del sábado 6, hora en que se cerró la circulación, hasta las 14.30 horas del domingo 7, hora en la que se volvió a abrir. Hay que recordar que hechos similares ya se habían repetido en años anteriores, 2009 y 2011, cuando los servicios públicos (Guardia Civil, UME) tuvieron que gestionar la mala planificación en la gestión de crisis de la AP-6.

Por todo ello, Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. El cumplimiento estricto de la sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE/2010/111) donde se declara ilegal la concesión otorgada en 1999 para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51), informando sobre el cumplimiento de dicha Sentencia a este Parlamento.

2. A que una vez se cumpla la concesión de las actuales autopistas de peaje reseñadas no se volverán a prorrogar y no se sacará una nueva concesión, por lo que a partir de ese día los que circulen por ellas lo harán libre de peajes.

3. Aplicar las fórmulas compensatorias viables, técnica y económicamente, para eliminar el agravio que sufren los ciudadanos de Ávila y Segovia, por el pago de peaje por utilizar vías de alta capacidad que les conectan con Madrid.

4. Hacer un seguimiento de cumplimiento del contrato por parte de las empresas concesionarias, garantizando que estos contratos son muy exigentes con las condiciones de seguridad que tiene que garantizar, evitando que se vivan episodios como el de las últimas nevadas de este mismo mes.

5. Poner en marcha las actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada la AP-6 libre de peajes como variante de la localidad de San Rafael (Segovia)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2018.-César Joaquín Ramos Esteban y Pedro José Muñoz González, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002804

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la


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siguiente Proposición no de Ley relacionado con la autovía A-74 Barreiros-San Cibrao, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La autovía que tiene que unir San Cibrao, donde enlaza con la vía de alta capacidad de la costa norte de la Xunta de Galicia y Barreiros donde enlaza con la A-8, en la provincia de Lugo. Es la alternativa a la N-642 que discurre en paralelo a la costa, está muy deteriorada, saturada de tráfico todo el año ya que por ella discurre la actividad vinculada a la factoría Alcoa y la derivada de la actividad pesquera y de la importante explotación maderera de la zona, a ello se une en el verano el movimiento vinculado a las playas.

Se divide en tres tramos: San Cibrao-Burela, de 6 kilómetros, con la declaración de impacto ambiental aprobado y pendiente de licitar el proyecto de construcción. El tramo Foz-Burela, de 7 kilómetros, pendiente de que se adjudique el proyecto de construcción. El tramo entre Foz y Barreiros, de 11 kilómetros, tiene el proyecto constructivo en redacción.

Las previsiones que figuran en los Presupuestos Generales del Estado retrasan la inversión hasta el año 2020 ya que para 2018 figuran cantidades menores, para 2019, 10 millones para el tramo Foz-Burela; 11 para el tramo Barreiros-Foz y 8,5 para el tramo San Cibrao-Burela y para el año 2020 figuran 20 millones para cada tramo.

La actividad de la zona y su potencial de desarrollo hacen imprescindible que se acelere la construcción de esta autovía.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a que modifique las previsiones que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado para la A-74, incrementando las cantidades estimadas de forma que las obras se puedan realizar en menor tiempo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002805

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para programar las obras de la A-76 y establecer un plazo para la finalización de la misma, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En 2004 el Gobierno inició la planificación y primeros trámites para la construcción de la A-76, autovía que unirá las ciudades de Ponferrada y Ourense en sustitución de la N-120.

Esta autovía figura en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte del Ministerio de Fomento y tiene por objeto la mejor vertebración de las comarcas de El Bierzo, Valdeorras y Monforte de Lemos y poder contribuir al mejor desarrollo económico de esas zonas fuertemente afectadas por la minoración de su actividad económica y la correspondiente y alarmante despoblación.

Aunque al principio hubo muchas dificultades para acordar un trazado no hay ya justificación para tantísimo retraso acumulado.

Por ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las decisiones necesarias para programar las obras de la A-76 y establecer un plazo para la finalización de la misma que compatibilice las


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posibilidades reales de la obra y la satisfacción de las necesidades de comunicación de las tres comarcas afectadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002806

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para realizar las gestiones oportunas para que la A-54 esté en funcionamiento a finales de 2021, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Según la previsión del Gobierno respecto a la autovía A-54 que unirá Lugo y Santiago es finalizar las obras a finales de 2021 pero los retrasos que se están acumulando hacen imposible que esa previsión se cumpla.

A finales de 2015, justo antes de las elecciones, el Gobierno anunció la licitación de los tramos entre Palas de Rei-Melide (11,7 km) y Melide-Arzúa (16,4), pero las obras del primer tramo no empezaron hasta el verano de 2017 y las del segundo todavía no se adjudicaron y, aunque el Ministro anunció en julio de 2017 que antes de que terminara este año estarían todos los tramos en obras, eso ya no será posible porque aún no se conoce que empresa realizará dichas obras y resulta imposible la previsión de que la autovía estuviera finalizada a finales de 2021, ya que este tramo tiene un plazo de ejecución de cinco años.

Por ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las gestiones oportunas para que la A-54 esté en funcionamiento a finales de 2021."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la A-56, autovía alternativa a la N-540 que une Lugo y Ourense y enlaza con la A-54 en Guntín, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La A-56 es la autovía alternativa a la N-540 que une Lugo y Ourense y enlaza con la A-54 en Guntín.

Excepto el tramo entre San Martiño y A Barrela los demás están en fase de redacción de proyectos y no aparecen en las proyecciones de Presupuestos Generales del Estado para los próximos años.

Esta autovía daría servicio a 342.000 personas por lo que sería necesaria su construcción, así lo considera también la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras.


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Por ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a tomar las decisiones necesarias para acelerar la construcción y puesta en servicio de la A-56 y que aparezca en los presupuestos la fecha prevista para la finalización de la misma."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002808

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para realizar una línea ferroviaria directa entre Málaga y Marbella con epicentro en el aeropuerto, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Marbella es la única ciudad de España de más de 100.000 habitantes que no tiene conexión ferroviaria, y ello a pesar de que es la joya del turismo de nuestro país.

Se precisa un proyecto ferroviario que una Málaga y Marbella en poco tiempo, y eso no es viable con la prolongación de la línea de cercanías C1 de Málaga-Fuengirola dada la situación de saturación que sufre.

El tiempo para recorrer el trayecto entre Málaga y Marbella en la línea C-1 rondaría la hora y cuarto, lo que no es competitivo frente a otras alternativas de desplazamiento, como el coche donde se tarda poco más de media hora en cubrir la misma distancia a través de la autopista AP-7.

Hay que buscar un sistema de comunicación ferroviario que sea competitivo con el automóvil y esa posibilidad pasa por una línea directa entre Málaga y Marbella con epicentro en el aeropuerto.

Ahora que estamos a tiempo, no se puede hacer una chapuza, con una conexión que se sabe de antemano que no será competitiva frente al uso del coche. Se precisa un proyecto ambicioso para impulsar la línea ferroviaria que se merece el municipio.

Una línea directa entre Málaga y Marbella con epicentro el aeropuerto permitiría atraer de forma considerable el turismo a esta ciudad de la Costa del Sol y tendría un volumen de pasajeros anual de unos 36 millones.

Esta línea generaría un crecimiento extraordinario de riqueza y empleo para el municipio. Es el proyecto más importante para Marbella y uno de los más importantes para la provincia y el conjunto de Andalucía, y es una actuación rentable. Se trataría de una vía de ancho internacional, lo que permitiría conectar Marbella con otros destinos.

Estamos hablando de un proyecto que podría tener un coste de unos 1.000 millones de euros, pero hay que recordar que Marbella aportó en 2017 a las arcas del Estado fundamentalmente del sector turístico unos 250 millones de euros.

El tren entre la capital y Marbella vertebraría la Costa del Sol y supondría un revulsivo para la economía y el turismo de Marbella y del conjunto de la Costa del Sol.

Es una necesidad urgente para Marbella un tren rápido, con capacidad y con el objetivo de llegar a largo plazo hasta Algeciras.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar una línea alternativa ferroviaria que conecte en poco tiempo Málaga con Marbella, cuyo epicentro sea el aeropuerto, y que tenga vía de ancho internacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/002809

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre mejora de la accesibilidad y la señalización desde la A-7 hasta el polígono industrial de Puerto Lumbreras, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La Región de Murcia cuenta con 64 polígonos industriales, lo que supone una superficie de suelo industrial superior a los 5 millones de metros cuadrados, en los que se ubican más de 10.000 empresas y se genera el 30% del PIB regional.

La Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia, aprobadas por Decreto n.° 102/2006 en su anexo III de Recomendaciones, realiza una seria de actuaciones recomendadas en las estrategias locales, para la mejora de accesibilidad, en la inserción territorial, de carácter municipal y de rehabilitación.

Hemos podido constatar que la mayoría de los polígonos industriales de la Región de Murcia, efectivamente, tienen problemas de mantenimiento, y también de señalización y accesibilidad, transporte público, acceso a las nuevas tecnologías e incluso de suministro de energía eléctrica en algún caso.

Para ganar en competitividad, para exportar, para atraer inversiones a la Región de Murcia, para tener empresas sólidas, para generar riqueza y empleo, necesitamos de las grandes infraestructuras, pero también de las pequeñas. En el caso que nos ocupa, cuidando, modernizando y dotando al polígono industrial de Puerto Lumbreras de las infraestructuras necesarias para su pleno desarrollo. Ya que este polígono industrial tiene importantes carencias de accesibilidad y señalización desde la A-7, lo que dificultad su expansión y la actividad empresarial de las industrias ya instaladas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar la accesibilidad y la señalización desde la A-7 hasta el polígono industrial de Puerto Lumbreras".

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2018.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002817

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz don Miguel Anxo Fernández Bello, conforme recoge el artículo 193 de Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento, relativa a la situación de abandono en el que se encuentra el puente de As Pías (N-VI) que une los ayuntamientos de Fene y Ferrol.

Exposición de motivos

La madrugada del 13 de enero de 1998, la plataforma petrolífera móvil Discoverer Enterprise, de 254 metros de eslora, chocó y destruyó el puente de As Pías, que une Ferrol y Fene. El buque, que estaba atracado en uno de los puertos del astillero Navantia, había quedado a la deriva tras romper amarras.

Se acaban de cumplir 20 años de aquel trágico accidente, que hizo desaparecer el puente y que provocó un auténtico caos en la comarca de Ferrolterra durante varios meses, ya que este puente era, en aquel momento, la principal vía de comunicación de la comarca. Sin embargo, después de transcurridos veinte años, en el fondo marino, a la altura del puente siguen depositados los restos de la vieja estructura


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de hormigón, el cableado y las tuberías arrancadas e incluso se pueden ver sobre los trozos de asfalto las líneas blancas de la señalización horizontal de la carretera.

Estos restos están perjudicando seriamente al sector marisquero, el sector más afectado por este accidente, ya que estos restos han facilitado el avance del mejillón, molusco que se adhiere a esos elementos cubriendo el sustrato del fondo en una amplia zona de la ría, que se estima en unos 300 metros cuadrados, impidiendo de este modo la cría de la almeja, que es el principal recurso de las mariscadoras y los mariscadores de Ferrol y Fene. Además, estos restos les impiden faenar, porque se enganchan en los aparejos utilizados por estos trabajadores.

Además, los usuarios del puente de As Pías denuncian, desde hace tiempo, que las juntas de dilatación se han movido varios centímetros, por lo que los vehículos se resienten aunque se circule a poca velocidad. Otra de las denuncias de los usuarios de esta infraestructura es la gran cantidad de basura que se acumula en los paseos peatonales de ambos márgenes del puente de As Pías, en la carretera N-VI, infraestructura de la que es titular el Ministerio de Fomento.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Proceder a la extracción y retirada del fondo marino de la ría de Ferrol de los restos del antiguo puente de As Pías, destruido en enero de 1998.

- Elaborar un estudio del estado de conservación actual del puente de As Pías para garantizar que esta infraestructura es segura tanto para la circulación de vehículos como la de personas.

- Aprobar un plan de mantenimiento y conservación que incluya la limpieza de márgenes, aceras y paseos peatonales del puente de As Pías (N-VI)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002829

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa al desarrollo de una estrategia para la rehabilitación energética de edificios con el fin de reducir las emisiones.

Exposición de motivos

La última actualización de la estrategia española para la rehabilitación energética de edificios recoge que cerca de un tercio de las emisiones contaminantes lanzadas a la atmósfera proceden del consumo de energía en hogares y edificios. Esto no es un dato sorprendente si tenemos en cuenta que, según la última guía del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y la Asociación de Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMAT), más de la mitad de los edificios de España superan los 40 años, no se ajustan a ninguna reglamentación sobre condiciones térmicas y energéticas adecuadas para la habitabilidad y, por tanto, carecen de un aislamiento térmico apropiado. Además, de la energía utilizada en la calefacción y refrigeración casi el 75 % proviene de combustibles fósiles.

Así, cobra especial sentido en España la necesidad de recoger el reciente acuerdo de los 28 y la Eurocámara sobre la necesidad de una normativa comunitaria de eficiencia energética que garantice, usando el término recogido en el propio acuerdo, la descarbonización de los edificios antes de 2050 y que se concreta en el compromiso que se pide a los Gobiernos europeos de desarrollo de estrategias


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nacionales y detalle de inversiones para la renovación de los edificios con el fin de reducir las emisiones entre un 80 y un 95% respecto a los niveles de 1990, según el acuerdo preliminar.

En esta línea, la UE promueve la puesta en marcha de nuevas normas, que todavía deberán aprobar formalmente el Parlamento Europeo y el Consejo en los próximos meses, y que forman parte del paquete normativo más amplio de "Energía Limpia para todos los europeos", presentado por la Comisión Europea en noviembre de 2016 para cumplir los objetivos del clima y el Acuerdo de París. Entre estas obras de reforma y rehabilitación centradas, entre otros factores, en reducir el consumo de energía, se proponen distintas medidas:

1. Primera estrategia para optimizar la calefacción y refrigeración de los edificios e industrias. La Comisión pretende que este sector sea "más inteligente, más eficiente y sostenible", para que así bajen el nivel de importaciones y dependencia energéticas y se reduzcan los costes y las emisiones de gases contaminantes.

2. Facilitar la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de edificios aumentando el uso de energías renovables, eliminando el uso del carbón como fuente de calor en 2050, mientras que se potencia el uso de la energía eólica, solar o geotermal. Reforzar el aislamiento en la construcción de edificios resulta un punto clave en el ahorro de energía. Hemos de señalar, en este caso, los beneficios añadidos de incorporar cubiertas verdes o ajardinadas que, además, capturan los gases contaminantes y nocivos, reducen la contaminación acústica, estabilizan las condiciones térmicas del edificio, en verano proporcionan frescor y sombra ante la intensa radiación solar, regulan mejor el drenaje y evacuación de aguas pluviales, contribuyen a reducir la demanda de energía de las ciudades, y, por tanto, rebajan la cantidad de dióxido de carbono emitida a la atmósfera.

3. Promoción de modelos probados de eficiencia energética para que se apliquen en escuelas y hospitales e incrementar el uso de energías renovables para mejorar la eficiencia energética de los edificios europeos. Este hecho traería aparejado un beneficio nada desdeñable: la creación del doble de puestos de trabajo que los generados por las energías convencionales.

El aumento de la eficiencia energética es una de las formas más económicas y eficaces de reducir nuestro consumo de energía y contribuir a alcanzar nuestros objetivos en materia de clima.

Por ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Diseñar una estrategia de descarbonización de edificios que permita cumplir los acuerdos a nivel europeo con el horizonte en 2050.

2. Habilitar los instrumentos presupuestarios y financieros necesarios para desarrollar la estrategia aprobada sobre rehabilitación y eficiencia energética del parque edificado.

3. Poner en marcha un plan de eficiencia y energías renovables en edificios públicos que supere el requisito de actualización con criterios de energía casi nula exigido a la Administración General del Estado, para incorporar al resto de niveles de la administración y alcanzar el nivel edificios de energía positiva.

4. Como criterio general, en los planes y convocatorias de rehabilitación y eficiencia energética, incluir como presupuesto subvencionable la instalación de cubiertas verdes aisladas en los edificios.

5. Extender, en relación con fa Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios,la aplicación de la consideración de edificios de consumo casi nulo para edificios de nueva construcción, al conjunto de la edificación existente.

6. Desarrollar los mecanismos necesarios para evitar que fa fiscalidad sea una barrera en la consecución de estos objetivos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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161/002832

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la remodelación de las aceras del tramo de la carretera nacional N-550 a su paso por el ayuntamiento de Pontecesures, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Adoquines levantados, gravilla a la vista por doquier, aceras con múltiples desniveles, asfalto levantado, coches subidos en algo que no merece el nombre de aceras, numerosos desperfectos en suma y un muy grave problema de seguridad vial para todas aquellas personas que deben transitar por la carretera nacional N-550 a su paso por el ayuntamiento de Pontecesures.

Una situación denunciada en numerosas ocasiones por los afectados y que los socialistas han puesto en numerosas ocasiones en conocimiento del Gobierno y que ha llegado a plasmarse en enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en varios ejercicios, siempre con respuesta negativa por parte del Gobierno.

En base a ello, consideramos que acometer la remodelación de las aceras del tramo de la N-550 a su paso por Pontecesures es una actuación de urgente necesidad en materia de seguridad vial que no puede esperar más tiempo.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer, en el presente año, las actuaciones necesarias para la remodelación de las aceras del tramo de la carretera nacional N-550 a su paso por el ayuntamiento de Pontecesures."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2018.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y María Dolores Galovart Carrera, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en relación con acciones para favorecer la Intermodalidad de la bicicleta con el transporte colectivo, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La intermodalidad entre diferentes medios de transporte no es nueva, y menos tratándose de la bicicleta. Además, su combinación es una herramienta de primer orden para amortiguar el Cambio Climático. La bicicleta por su escaso volumen y peso es susceptible de ser transportada por otros vehículos sin grandes problemas. De hecho, desde el principio ha sido transportada en trenes, tranvías, autobuses, barcos, aviones y coches.

El maridaje con el ferrocarril ha sido históricamente fundamental y muy importante, en tanto que los trenes disponen de más espacio que otros medios terrestres para transportar bicicletas, y por ser ambos, los primeros y únicos vehículos mecánicos que circulaban en los países industrializados hasta la aparición del automóvil. La bicicleta podría considerarse como parte de la solución a muchas deficiencias, a través de la aplicación de planes intermodales de movilidad sostenible para armonizar y cohesionar el transporte en general.


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Pero no solo el tren y la bicicleta se complementaron, sin que, en casi todos los países industrializados del mundo, ambos sufrieron entre los años 50 y 80, un proceso de abandono y desinterés, desde el punto de vista social y política, en contraposición con la creciente valoración que se tenía del automóvil. Aunque algunos de estos países por cuestiones de economía y motivos sociales comenzaron a recuperar la bici a partir de los 70.

En el caso español, y en lo que se refiere a la intermodalidad bicicleta y tren, hubo un antes y un después a partir del año 1992, año en el que RENFE dejó de operar con vagones o disponer de espacio para facturar equipajes en sus trenes de Cercanías, Media y Larga Distancia. Hasta entonces, se podía viajar gratuitamente con bicicleta en el tren, previa facturación de la misma por el personal ferroviario. Las reclamaciones y solicitudes de la Coordinadora Estatal ConBici promovieron e instaron a la entonces presidenta de Renfe, Mercé Sala, a buscar una solución, que terminó con la redacción de una normativa que sienta las bases de la que rige actualmente en Renfe, Feve y otras compañías autonómicas de ferrocarriles, y que se basa en la idea del transporte de las bicicletas, no como encargos (envíos que se mandan), sino como equipajes de mano de la persona que realiza el viaje.

Durante los años 90 y lo que llevamos de siglo, comenzó a reivindicarse y a calar en la sensibilidad de la sociedad, aumentando así la conciencia colectiva del valor que tiene este medio de transporte para la descongestión de la movilidad urbana y metropolitana, además de como medio de ocio en la naturaleza.

Sin embargo y simultáneamente, las normas e infraestructuras no han ido evolucionando consecuentemente con respecto al progresivo crecimiento del uso y valoración que de la bicicleta se tiene, obviando así las posibilidades y prestaciones que da su intermodalidad a la hora de dar herramientas y facilidades a la población para sus desplazamientos habituales de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Con el tiempo, se han hecho más que evidentes las contradicciones y problemas del modelo de transportes basado en el automóvil privado, y más ahora, entrado el siglo XXI, bajo los efectos evidentes del Cambio Climático. Hoy en día, es primordial recuperar la potencialidad y eficacia sostenible del transporte por ferrocarril combinada con la bicicleta.

En estos últimos 25 años, Renfe y el resto de compañías ferroviarias o de autocares, aviones o barcos apenas se han planteado tímidamente las posibilidades y ventajas de la intermodalidad con la bicicleta, manteniendo normativas caducas y restrictivas, eludiendo la evidencia de la demanda y de la realidad actual.

Si la bicicleta es el medio más competitivo en espacios urbanos y distancias cortas, y el tren en los metropolitanos y distancias medias y largas, sería oportuno que Gobiernos, Parlamentos y Ejecutivas de Empresas Ferroviarias crearan sinergias que faciliten rigurosas estrategias de desarrollo, fomento y explotación en pro de una intermodalidad más eficaz y sostenible.

La combinación del tren y la bici procura con muy bajo coste económico, social y medioambiental la consecución del Derecho a la Movilidad Universal: Un derecho que se satisface, en este caso, a precios asumibles para la mayoría de la población, que conlleva una baja tasa de accidentes, ocupa menos espacio y menos gastos que el modelo basado en la carretera y el automóvil particular, además de no emitir emisiones de CO2 y con altos rendimientos energéticos.

En los países más avanzados de la UE es una realidad integrada que se tiene muy en cuenta al realizarse estudios, planes y seguimientos estadísticos. De ahí que en Holanda, gracias al sistema implantado de Biciaparcamiento+Tren+Biciaparcamiento se haya calculado que se producen al menos 25 millones anuales de combinaciones bici y tren, o el ejemplo de los ferrocarriles alemanes con casi 1 millón de bicicletas que se transportan anualmente.

Muchas compañías ferroviarias de la UE consideran que la intermodalidad entre bici y tren es positiva para el turismo. Esto no es de extrañar pues la bicicleta amplía el radio de acción de los clientes del ferrocarril y a su vez atrae a potenciales clientes que viven, trabajan, o sencillamente se desplazan diariamente por los motivos que sean, hasta unos 8 km de distancia de las estaciones, o de hasta 60 km y más en el caso de desplazamientos turísticos. Es por ello, que las compañías ferroviarias europeas, especialmente las danesas, holandesas y alemanas, junto con las de Francia, Italia y Portugal implementan políticas y normativas que fomentan esta forma de transporte.

Por ejemplo, mediante el establecimiento de aparcamientos seguros en las estaciones, establecimiento de puntos de alquiler, reparación y consigna de bicis en las estaciones, establecimiento de espacios


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adecuados para transportar bicicletas en la mayoría de sus trenes, publicidad adecuada y clara de los servicios tren+bici que prestan, etc...

También los Ministerios de Turismo en muchos países de la UE potencian el cicloturismo pues es una actividad económica nada desdeñable: En los Países Bajos se ha calculado que la red de itinerarios ciclistas de larga distancia genera ingresos anuales importantes. Además, este tipo de turismo también enriquece económicamente y activa el medio rural, y es comparativamente superior al que genera el turismo en automóvil, pues el cicloturista realiza más paradas y permanece más tiempo en las comarcas de destino elegido. Es por ello por lo que en España se ha dado impulso a la red de infraestructuras de "Vías Verdes" y otros itinerarios semejantes, sin embargo y paradójicamente, sorprende que en paralelo no se haya potenciado ni dinamizado un óptimo desarrollo de la combinación bici y tren en España.

El cicloturismo es dependiente de la combinación bici y transporte público, y especialmente con los transportes ferroviarios. Sin su potenciación e impulso será complicado apostar por este tipo de turismo, cada día más demandado y que añade más valor y beneficio, además de complementar al turismo de costa. El fomento del cicloturismo amplía y diversifica el abanico de atractivos a potenciales turistas nacionales y extranjeros que agradecen y se identifican con las maneras de viajar y desplazarse de sus países de origen.

Aunque el ferrocarril es el primer actor a la hora de la intermodalidad con la bicicleta, hay otros transportes públicos suplementarios, allí donde éste no llega, que desempeñan ese papel fundamental. En muchas zonas de España, por su singularidad geográfica de insularidad o por estar alejadas de vías férreas, es donde barcos, aviones o autocares adquieren, con sus características propias, el necesario papel complementario del viaje en bicicleta. Si bien la mayor parte de las normativas de la compañías ferroviarias nacionales tienen la ventaja de considerar la bicicleta como equipaje de mano haciendo su transporte más versátil, no deja de concurrir y contrastar (al margen de que en algunos trenes se supla con el limitado espacio de las plataformas de acceso) con lo que ha ocurrido con los espacios específicos para transportarlas. En todo este tiempo ha habido una falta, disminución o incluso desaparición de espacios específicos para poder transportarlas. Se ha preferido eliminar espacio para transportar bicicletas para instalar máquinas dispensadoras de bebidas & snack, se han mandado construir nuevos trenes sin espacio alguno o con menos espacio que los anteriores para llevar bicicletas e incluso se han hecho desaparecer esos espacios en trenes recién construidos como es el caso de los de alta velocidad regional. Con ello estas normativas iniciales se han acabado convirtiendo en la actualidad en papel mojado.

Los colectivos de usuarios, llevan más de dos décadas intentando dialogar, sensibilizar, acordar y negociar con Renfe y subsidiariamente con el Ministerio de Fomento sin apenas avances. Fomento aún titubea en sus competencias de regulación con Renfe, y ésta junto con Adif mantienen una política nada definida en la regulación de la intermodalidad bici+tren.

Actualmente Renfe está pendiente de realizar un pedido de material rodante para los servicios de cercanías y regionales por un montante de 1.500 millones de euros. Y Adif está desarrollando inversiones en diferentes planes de mejoras de estaciones y núcleos de cercanías.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que la empresa pública Renfe Operadora tenga en cuenta, en la adquisición en 2018 del nuevo material rodante de Cercanías y Media Distancia, la necesidad de habilitación de espacios suficientes en los vagones reservados para el transporte de bicicletas.

2. Que la empresa pública Renfe elimine el suplemento de 3 euros por el transporte de la bicicleta en los trenes de Media Distancia.

3. Redactar una Ley de Movilidad Sostenible en la que se recoja la función de la intermodalidad entre bicicleta y transporte público y que establezca la obligación por parte de las empresas de transporte público, sean ferroviarias o de transporte por carretera, de proporcionar en sus vehículos espacios reservados para bicicletas, teniendo en cuenta la opinión de la Mesa española de la bicicleta y de Conbici como colectivo representante de los usuarios de la bici.

4. Hacer posible y potenciar la intermodalidad entre la bici y el tren, para lo cual la empresa pública Adif junto con Renfe facilitarán en sus planes de mejoras de estaciones, sistemas de estacionamiento de


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bicicletas con aparcamientos visibles y protegidos al exterior y/o interior, especialmente en las estaciones de gran afluencia de personas usuarias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2018.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa de la Comisión de Fomento

Isidro Martínez Oblanca, diputado de FORO integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a redactar con urgencia el proyecto de acondicionamiento a alta velocidad de los tramos ferroviarios Valladolid-Palencia-León, para proceder inmediatamente a la correspondiente licitación de las obras que permitan a toda la línea ferroviaria Madrid-Asturias cumplir con las especificaciones europeas de las líneas de alta velocidad.

Exposición de motivos

El pasado día 26 de diciembre, el ministro de Fomento anunció en Asturias determinadas actuaciones en la Variante de Pajares para su puesta en servicio en ancho de vía internacional (UIC), mediante las cuales la conexión Madrid-Oviedo se realizaría en 2 h 56' y la conexión Madrid-Gijón en 3 h 21', lo que supone en términos objetivos un retroceso inexplicable y un agravio a Asturias porque no se corresponden con los tiempos previstos en 2003 para una línea de la red española de alta velocidad por la Dirección General de Ferrocarriles y por el GIF (organismo antecesor de Adif) del ministerio de Fomento, como era la línea de alta velocidad de Asturias.

Estos tiempos no están en consonancia con los tiempos actuales de la red española de alta velocidad, algunos en trayectos de longitud superior, cuyos tiempos de viaje son:

Madrid-Zaragoza 274 km 1 h 15'

Madrid-Valencia 370 km 1 h 40'

Madrid-Alicante 400 km 1 h 45'

Madrid-Sevilla 471 km 2 h 20'

Madrid-Málaga 510 km 2 h 35'

Madrid-Barcelona 670 km 2 h 30'

Madrid-Murcia 440 km 2 h 30'

Madrid-Castellón 460 km 2 h 34'

Por otra parte, es injustificable técnica y económicamente que se hayan construido entre 2000 y 2010 dos gigantescas Variantes de nuevo trazado para superar las dificultades montañosas en el Guadarrama y en Pajares, que costaron 2.000 M ? y 3.000 M ?, y no se hayan culminado después las sencillas tareas de acondicionamiento ferroviario de los tramos llanos Valladolid-Palencia y Palencia-León entre ambas Variantes, que no cumplen las especificaciones europeas de Interoperabilidad establecidas para que una línea sea considerada de alta velocidad:

"1. Infraestructuras.

b) las líneas de alta velocidad incluirán:

- las líneas especialmente construidas para la alta velocidad equipadas para velocidades por lo general iguales o superiores a 250 km/h;

- las líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad equipadas para velocidades del orden de 200 km/h;

- las líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad, de carácter específico debido a dificultades topográficas, de relieve o de entorno urbano, cuya velocidad deberá ajustarse caso por caso.


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2. Material rodante.

Los trenes de alta velocidad de tecnología avanzada deberán estar concebidos para garantizar una circulación segura e ininterrumpida:

- a una velocidad de 250 km/h como mínimo en las líneas construidas especialmente para la alta velocidad, pudiéndose al mismo tiempo, en las circunstancias adecuadas, alcanzar velocidades superiores a los 300 km/h;

- a una velocidad del orden de 200 km/h en las líneas existentes acondicionadas especialmente."

Un medio de comunicación tan proclive a aplaudir las decisiones del Ministerio de Fomento, como La Nueva España, bajo el título "El AVE asturiano: el más lento de España", acaba de publicar esta noticia el pasado día 17 de enero "El AVE a Asturias será, al menos en principio, el más lento de España pero superará en velocidad a varios trayectos entre algunas de las principales capitales europeas. Los tiempos anunciados por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su penúltima visita al Principado (2 horas 56 minutos para el trayecto Madrid-Oviedo) implican que la velocidad comercial del AVE a Asturias será de 154 kilómetros por hora. Todas las líneas AVE españolas actuales superan esa velocidad, pues la más lenta es la Madrid-Zamora, que se queda en 164 kilómetros por hora, según los tiempos oficiales anunciados por Renfe. El trayecto Madrid-León, por el que discurrirá el AVE asturiano, se cubre en la actualidad a una velocidad comercial de 165 kilómetros por hora, aunque mejorará sensiblemente en un año con varias intervenciones en la línea, como la eliminación del fondo de saco de la estación leonesa o un nuevo sistema de gestión del tráfico ferroviario".

En definitiva, no estamos ante una demanda localista asturiana o partidista de FORO sino ante la rectificación necesaria de un agravio que, una vez más, margina y perjudica a Asturias. Conviene recordar que la línea Madrid-Asturias marchaba en 2004 entre las líneas cuyas obras avanzaban a la cabeza de España y hoy, catorce años después, encabeza los retrasos, marcha a la cola respecto del resto de las líneas y, además, ha perdido su condición de línea AVE (Alta Velocidad Española) para convertirse en línea BVE (Baja Velocidad Española) que tiene como consecuencia la consagración de una España ferroviaria de dos velocidades que discrimina al Noroeste español. No conviene olvidar que la falta de acondicionamiento a alta velocidad entre Valladolid, Palencia, León, también penaliza los tiempos de la las conexiones ferroviarias entre Madrid-Cantabria y entre Madrid-País Vasco, dado que estas líneas comparten con Asturias tramos hasta Palencia.

Por todo ello, en nombre de FORO, su diputado en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, presenta para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a redactar con urgencia el proyecto de acondicionamiento a alta velocidad de los tramos ferroviarios Valladolid-Palencia-León, para proceder inmediatamente a la correspondiente licitación de las obras que permitan a toda la línea ferroviaria Madrid-Asturias cumplir con las especificaciones europeas de las líneas de alta velocidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2018.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, sobre la necesidad de modificar la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, que contempla privilegios fiscales para las concesionarias.


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Exposición de motivos

La autopista AP-9, la única vía que vertebra Galicia de norte a sur (desde Ferrol a Tui), es objeto de numerosos flancos que hemos traído en numerosas ocasiones al Congreso de los Diputados: su transferencia reclamada de forma unánime por el Parlamento gallego mediante una Proposición de Ley cuya tramitación ha sido vetada por el Ministerio de Fomento; sus elevados peajes; su pésima gestión por parte de la concesionaria que ni siquiera contempla un programa de descuentos para usuarios habituales; la liberación del peaje en el tramo Redondela-Vigo que funciona como circunvalación de la ciudad viguesa; la eliminación del peaje en el tramo Vigo-Tui para evitar la peligrosísima A-55. En Marea ha criticado sus recortes en personal, y la falta de inversiones en mantenimiento. Todas estas cuestiones y alguna más las hemos traído a debate a esta Cámara.

Sin embargo hay un tema que afecta a la fiscalidad de la AP-9 que consideramos importante debatir por su impacto negativo en las arcas municipales y por tratarse de un privilegio fiscal procedente de los tiempos de la dictadura franquista. Autopistas como la AP-9 (Autopista del Atlántico) están exentas del pago del 95 % del IBI gracias a las bonificaciones previstas en la Ley 8/1972 de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión. Una ley caduca, aprobada durante la dictadura franquista y que hace tiempo que tenía que haber sido modificada o derogada. La ley 1972 sobre la explotación de autopistas en régimen de concesión argumentaba este privilegio en base a la necesidad de incentivar la construcción de autopistas con exenciones fiscales. Sin olvidar que era y sigue siendo un modo para beneficiar los intereses de empresas constructoras amigas. Algo usual e inherente al franquismo que extendió sus tentáculos hasta la actualidad.

El artículo doce de la Ley de 1972 recoge todos los beneficios tributarios, entre ellos, "la reducción de hasta el noventa y cinco por ciento de la base imponible de la Contribución Territorial Urbana que recaiga sobre el aprovechamiento de los terrenos destinados a autopista de peaje. Esta reducción afectará a los terrenos y construcciones que constituyan la autopista o estén directamente destinados a su servicio y no se aplicará a los edificios ocupados por oficinas de la entidad concesionaria ni a los construidos en las áreas de servicio".

El Decreto del 17 de agosto de 1973 por el cual se adjudicaba la concesión administrativa para la AP-9 preveía que dicha infraestructura vial se beneficiase de tal exención prevista en la ley a lo largo del periodo de la concesión. Un privilegio que ha tenido continuidad en el tiempo a pesar de que su concesión fue prorrogada en 2001 por el entonces Gobierno del PP, presidido por Aznar.

Privilegios hace tiempo que se tendrían que haber suprimido, sobre todo si tenemos en cuenta la enorme cartera de ingresos que la concesionaria hace a cuenta de la explotación de una vía fundamental para la movilidad en Galicia. Se calcula que en todos estos años de la concesión, Audasa ha ingresado más de 2.500 millones de euros. Entre el año 2011 y el año 2015, el beneficio neto de la concesionaria fue de 186 millones de euros. Sus ingresos aumentarán durante este año 2018 con la subida de los peajes.

En la actualidad, Audasa continúa exenta de pagar el 95 % del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), solo paga el 5 %, sufragando así una cantidad irrisoria y evitando compensar a los municipios por los que atraviesa por el impacto de la vía de alta capacidad.

La eliminación de este privilegio a Audasa es una larga reclamación de muchos de los municipios afectados que en abril de 2017 decidieron presentar ante la Comisión Europea una denuncia por infracción de la normativa comunitaria por parte del estado español. Cinco ayuntamientos de la provincia de A Coruña: Abegondo, Cambre, Betanzos, Ferrol y Miño se unieron para interponer dicha denuncia.

Posiblemente esta iniciativa se haga extensiva a otros muchos municipios que están considerando la idoneidad de tal medida. La Comisión Europea podría considerarlo como ayudas públicas indirectas.

El Tribunal Supremo denegó las reclamaciones de los ayuntamientos bajo el argumento de que la ley de 1972 está vigente. Pero a día de hoy nadie discute que se trata de una normativa caduca y obsoleta, superada por los tiempos que debería ser modificada o derogada. Debemos recordar además que las autopistas creadas a partir de 1989 no se benefician de la exención del 95 % del IBI.

Así las cosas, actualmente Audasa está pagando tan solo 1.500 euros por kilómetro, cuando según los cálculos debería sufragar 28.000 euros por kilómetro. Tal y como señalado anteriormente, la concesión de la AP-9 fue prorrogada en 2001 hasta el año 2048, aunque el incentivo fiscal finalizaría en 2023. Audasa goza de muchos años por delante para seguir beneficiándose de este incentivo fiscal a pesar de sus pingües beneficios.


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Mientras tanto, los ayuntamientos que sufren el impacto de esta infraestructura ni siquiera reciben la compensación de que la empresa concesionaria satisfaga íntegro el IBI correspondiente. El beneficio tributario del que disfruta Audasa supone finalmente un copago para los vecinos y vecinas que habitan en los municipios por los que discurre.

El Parlamento de Galicia, a instancias de En Marea, aprobó el pasado 18 de enero una Proposición no de Ley que instaba al Gobierno del estado a realizar las modificaciones legislativas necesarias para eliminar los privilegios fiscales a Audasa, exenta del pago del 95 % del IBI. Además de pedir a la Xunta que apoye las acciones de los ayuntamientos al respecto.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar cuanto antes el artículo 12 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, eliminando los privilegios fiscales a las concesionarias de autopistas como Audasa (AP-9) que gozan de la exención del pago del 95 % del IBI (solo pagan el 5 %), de modo que procedan a satisfacer el 100 % del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles a los ayuntamientos por los que discurren. Una modificación que correlativamente debe llevar asociado su correspondiente cambio en la disposición transitoria primera del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

2. Modificar la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, una normativa caduca y obsoleta aprobada durante la dictadura franquista, y que debe ser revisada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002845

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a garantizar la iluminación de las infraestructuras de alumbrado asociado a las autovías que atraviesan Cantabria.

Exposición de motivos

En el año 2010, el Ministro de Fomento del Gobierno Socialista, don José Blanco, toma la medida de proceder al apagado de la iluminación instalada de centenares de enlaces de autovías y autopistas a lo largo y ancho de España, afectando de manera especial a Cantabria, pues a diferencia de la situación de otras comunidades, toda la red de carreteras de alta capacidad de Cantabria pertenece al Estado, por tanto todos los enlaces fueron apagados.

Curiosamente, en las autonomías con vías de gran capacidad cuya responsabilidad es de la comunidad autónoma, como es el caso de Asturias o con las competencias de tráfico transferidas, como es el Euskadi, mantienen sus infraestructuras iluminadas.

Con la llegada del Partido Popular en 2011, no se hacen cambios y la iluminación permanece apagada. De hecho, la Orden circular 36/2015 viene a dar respaldo jurídico y a consolidar el apagado, estableciendo umbrales de iluminación, en función de la Intensidad Media Diaria de tráfico, muy difíciles de cumplir, exigiéndose un mínimo de 60.000 vehículos diarios aplicables a todo el territorio español, sin tener en cuenta el peligro que esto representa para zonas de alta pluviosidad como Cantabria.

Esta medida puede parecer inocua, pero tiene serias repercusiones. Evidentemente, los postes de luz o farolas no están ubicados en los carriles de aceleración y deceleración de los enlaces porque sí o por capricho. Precisamente están ahí para mejorar la seguridad de las y los conductores en maniobras en las


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que pueden generarse situaciones de riesgo, al pasar los vehículos de unas vías de alta velocidad a vías urbanas, muchas de ellas frecuentadas por peatones y ciclistas, en las que hay intersecciones que pueden desencadenar situaciones de peligro.

Está acreditado, mediante los datos que proporciona la Dirección General de Tráfico, que la gran mayoría de accidentes con heridos y/o muertes que se producen de noche, tienen lugar en tramos que carecen de iluminación artificial.

Ahora en invierno que es cuando menos horas de luz tenemos y por lo tanto cuando más incidencia tiene este "apagón lumínico" que afecta a enlaces como el de Los Tánagos, Laredo (A-8), Sierrapando (A-67), Reinosa, Los Corrales, Las Fraguas, Puente San Miguel, Comillas, etc es decir todas las salidas e incorporaciones de las autovías de Cantabria.

En estos años numerosas administraciones, fundamentalmente, gobiernos municipales, se han dirigido al Ministerio con la intención de revertir esta situación, obteniendo en la gran mayoría de los casos la callada por respuesta o la propuesta de que los ayuntamientos asuman el coste de iluminar en esos tramos (opción que supone un claro abuso de poder del Ministerio) caso de Castro Urdiales donde el Ministerio de Fomento autorizó al Ayuntamiento a dar luz al tramo de acceso a Sámano.

Sólo en casos de gran presión e insistencia se ha logrado conquistar el encendido de enlaces puntuales, como el de la rotonda de acceso al Hospital Sierrallana en Ganzo (Torrelavega).

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Estudiar y evaluar el impacto en la seguridad vial de mantener sin iluminación las autovías de Cantabria, con especial incidencia a los carriles de aceleración y desaceleración, los pasos cercanos a núcleos urbanos y las conexiones e intersecciones con otras carreteras o vías urbanas por la que transitan peatones y ciclistas en una región donde en numerosas ocasiones la visibilidad se ve reducida por cuestiones climatológicas.

2. Extraer recomendaciones y propuestas del estudio y evaluación que permita devolver la iluminación viaria utilizando la tecnología más eficiente para aquellos puntos donde se concluyan como necesarios.

3. Revisión de la Orden 36/2015 de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles que permita establecer iluminación viaria en Cantabria bajo nueva tecnología eficiente para el refuerzo de la visibilidad y seguridad vial.

4. Evaluación y revisión de las condiciones lumínicas para mejorar la seguridad y visibilidad para el resto de carreteras del Estado que quedaron afectada por la aplicación del Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 y EA-07.

5. Dotar una partida presupuestaria suficiente para materializar las recomendaciones y propuestas extraídas de la evaluación o evaluaciones realizada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2018.-Rosa Ana Alonso Clusa, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Educación y Deporte

161/002752

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración de 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.


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Exposición de motivos

La Conferencia General de Naciones Unidas propuso, en noviembre de 2017, la proclamación en 2019 del "Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos".

Con esta celebración se conmemoraría el 150 aniversario de la creación de la tabla periódica por el científico ruso Dimitri I. Mendeleev, considerado uno de los padres de la química moderna.

El gran mérito de Mendeleev fue la elaboración de una tabla ordenando los elementos por su número atómico y agrupándolos por propiedades semejantes, dejando huecos a átomos que previó que se descubrirían posteriormente.

La tabla constituye uno de los logros más significativos de la química y una herramienta única para predecir la aparición y propiedades de nuevos elementos sobre la tierra y resto del Universo, de trascendencia fundamental para el desarrollo de la humanidad.

Asimismo, con esta proclamación, se rendiría homenaje al reciente descubrimiento y denominación de cuatro elementos superpesados de la tabla periódica con los números atómicos 113 (nihonio), 115 (moscovio), 117 (teneso) y 118 (oganesón), como resultado de una estrecha colaboración científica en el plano internacional.

Además, Naciones Unidas ha anunciado que la celebración de un Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos en 2019 ofrecerá al Programa Internacional de Ciencias Fundamentales de la UNESCO, una valiosa oportunidad para cumplir su cometido de promover la cooperación internacional en la esfera de las ciencias fundamentales al servicio del desarrollo sostenible, así como en las de la educación científica y el fortalecimiento de capacidades, mediante un Programa de Microciencia dedicado a la tabla periódica de los elementos químicos.

En el convencimiento de que la celebración del Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos en 2019 será una forma de reconocer la función crucial que desempeñan las ciencias fundamentales, y especialmente la química y la física, a la hora de aportar soluciones a muchos de los desafíos que afrontan los Estados Miembros para aplicar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, reconociendo la importancia de la química y los avances en la investigación y los descubrimientos relacionados con la tabla periódica de los elementos químicos para el desarrollo sostenible y el bien de la humanidad, insta al Gobierno a:

- Apoyar, en el seno de Naciones Unidas, la propuesta de proclamación de ''2019 Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos''.

- Programar, en su caso, y coordinar con las diferentes administraciones y entidades públicas y privadas interesadas, las actuaciones para llevar a cabo en 2019, en particular en el ámbito educativo, con ocasión de su proclamación, contribuyendo, de este modo, a mejorar la valoración social de la Química."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002758

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antonio Roldán, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Marta Martín, Diputada del mismo Grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su discusión en la Comisión de Educación y Deporte, sobre la publicidad de las pruebas EBAU por centro educativo en todas las Comunidades Autónomas.


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Exposición de motivos

Actualmente los estudiantes de bachillerato pueden consultar las calificaciones de la Evaluación del Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU, antigua Selectividad) bien sea a través de las páginas webs de las universidades en las que se examinaron o, en algunos casos, a través de portales que las Comunidades Autónomas ponen a disposición de los evaluados.

Además, en algunas comunidades como Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha o Asturias se ponen a disposición de las familias los resultados de la EBAU por centro educativo mientras otras como Baleares, Cataluña o Andalucía, los estudiantes y familias no pueden conocer con anterioridad a la elección de centro cuál ha sido el histórico de resultados y la nota media de cada centro educativo de esa comunidad.

Más allá de la falta de transparencia generalizada llama la atención la diversidad de criterios en torno a la publicidad de los resultados en función de la Comunidad Autónoma y la ausencia de datos agrupados por centro educativo.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Instar a las Comunidades Autónomas a que hagan públicas la nota media agregada por centro educativo de la Evaluación del Bachillerato para Acceso a la Universidad en los boletines oficiales de cada Comunidad Autónoma y a habilitar un portal web donde esta información se encuentre disponible para que estudiantes y familias puedan consultar los datos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002767

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reconocer a Sabrina Vega Gutiérrez en la defensa de los derechos de las mujeres a través del deporte e instar al Gobierno a incluir la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres a través del deporte como criterio a valorar para la concesión de la Real Orden del Mérito Deportivo, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

La igualdad entre hombres y mujeres es una meta política y social que desde hace décadas es perseguida cada vez por una mayor parte de la sociedad. Pese a ello, a día de hoy, tanto en nuestro país, como en otros Estados, esta igualdad no es real, vulnerándose los derechos fundamentales de miles de mujeres cada año.

Por otro lado, es conocido por todos que el deporte es una herramienta efectiva para la transmisión de valores tales como la solidaridad, el trabajo en equipo y la cultura del esfuerzo. Y además de ello, en los últimos tiempos también ha quedado patente que el deporte también transmite valores que trascienden a los intrínsecamente relacionados con la actividad física y la interacción entre compañeros. En muchísimas ocasiones, el deporte también se ha convertido en un elemento reivindicativo en favor de diferentes movimientos sociales. No debemos ni podemos pasar por alto, actitudes como la reciente negativa de la campeona de España de ajedrez, Sabrina Vega Gutiérrez, a la hora de acudir al campeonato mundial de partidas rápidas y semirrápidas que se están celebrando en Riad (Arabia Saudí) como vía para denunciar la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres en este país. Nuestra campeona no ha dudado en poner en riesgo su carrera profesional y deportiva, anteponiendo valores de igualdad y justicia frente a los posibles premios, reconocimientos y contraprestaciones económicas, que por cierto en esta ocasión son más cuantiosas que en campeonatos similares.


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En este sentido, el Consejo Superior de Deportes se ha posicionado a favor de la lucha por la igualdad en el deporte, tanto es así, que ha redactado el Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la Mujer en el Deporte, en el que reconoce que "el deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y mediática, constituyen un motor de cambio social y contribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad entre mujeres y hombres".

Además, ha suscrito la Declaración de Brighton, la hoja de ruta referente a nivel internacional en materia de mujer y deporte redactada por la International Working Group and Women and Sport, cuyos principales objetivos son:

a) Asegurar a todas las mujeres la oportunidad de participar en el deporte en un ambiente seguro, que les apoye, y que conserve los derechos, la dignidad y el respeto del individuo.

b) Incrementar la participación femenina en el deporte a todos niveles y en todas las funciones y roles.

c) Garantizar que los conocimientos, las experiencias y los valores de las mujeres contribuyen al desarrollo del deporte.

d) Fomentar el reconocimiento de la participación femenina en el deporte como contribución a la vida de todos, al desarrollo de la comunidad, y a la construcción de naciones sanas.

e) Animar a las mujeres a reconocer el valor intrínseco del deporte y su contribución al desarrollo personal y a una vida sana.

Si realmente apostamos por la igualdad real en el deporte, debemos promover que tales valores no se queden únicamente en una mera declaración de intenciones. Los gestos valientes y desinteresados en favor de la lucha por la igualdad, tales como el de Sabrina Vega, deben ser reconocidos, apoyados y fomentados por el Gobierno y por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Es por ello por lo que, dado que la máxima distinción deportiva que concede el Estado, la Real Orden del Mérito Deportivo, no recoge en sus bases, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres a través del deporte como elemento a valorar para su concesión, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados:

1. Reconoce la actitud, compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de los derechos de la mujer y coraje de doña Sabrina Vega Gutiérrez.

2. Insta al Gobierno para que trabaje en colaboración con el Consejo Superior de Deportes a fin de modificar el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, a fin de que la lucha por los valores de igualdad entre hombres y mujeres en el deporte, sea un elemento valorativo a la hora de conceder estas distinciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2018-Patricia Reyes Rivera, Marta Martín Llaguno, Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Marta María Rivera de la Cruz y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002814

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Educación y Deporte, sobre la necesidad de garantizar la alimentación de los y las menores escolarizados en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla a través de la red de centros educativos.

Exposición de motivos

La situación educativa en las Ciudades de Ceuta y Melilla requiere que se tornen medias estructurales que permitan ir mejorando las condiciones a corto, medio y largo plazo y que sean una garantía para


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mejorar la calidad educativa de acuerdo a la media del territorio español. Es inadmisible que estas ciudades no dispongan del mismo trato y recursos que el resto del Estado, y prueba de ello son los últimos recortes que implican que más de 300 niños y niñas dejarán de ser atendidos en los comedores escolares, con la excusa de "desmasificarlos", limitando el servicio sólo a los 800 estudiantes aproximadamente que recibirían beca a tal efecto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).

Esto es preocupante teniendo en cuenta la altas tasas de deserción escolar, según el último informe sobre el estado del sistema educativo Ceuta y Melilla, para el curso 2014-2015, donde la ciudad de Ceuta, al igual que en los cursos anteriores, conserva en las edades que corresponden al primer ciclo de Educación Infantil y, comparada con el resto de las comunidades y ciudades autónomas, una de las tasas de escolarización más baja (13,3 %), situándose el valor de este indicador a una distancia de 20,7 puntos respecto del territorio nacional (34,0 %). Ceuta y de Melilla se sitúan en las últimas posiciones, superada sólo por Canarias. Si hablamos del acceso a la educación superior, entre las edades de 30-34 años, se marca una brecha respecto al resto del Estado. A nivel nacional, España alcanza el 40,9 %, mientras que Ceuta y Melilla el 29,2 % y 25,5 %, respectivamente. Sin duda, estas cifras se traducen en precariedad laboral y mayores índices de pobreza.

Teniendo en cuenta que, a diferencia de los demás territorios del Estado, Ceuta y Melilla dependen estrictamente de la gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así las decisiones sobre las políticas educativas se dirigen desde la Dirección General de Cooperación Territorial, lo que implica que en la mayoría de los casos la gestión del MECD se realiza con un desconocimiento de las necesidades de la población escolarizada en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, afectando negativamente las necesidades educativas que sufre esta ciudad autónoma.

Es preciso y urgente, implementar una política de financiación suficiente, que cubra las necesidades de los y las menores que día a día, curso tras curso, pueblan los centros educativos. Las convocatorias de ayudas de comedor deben contemplarse sin concurrencia competitiva y todas las solicitudes que cumplan los requisitos deben ser dotadas de la correspondiente ayuda. Para ello, creernos que es básico que éstas deban contemplar la posibilidad de solicitar beca de comedor aunque el centro en el que se encuentre escolarizado no disponga de esta instalación, así mismo, los centros que no dispongan de cocina ni comedor deban habilitar un espacio para tal fin, o se posibilite que el alumnado que disponga de beca, acuda a comer a otro centro. Finalmente estas convocatorias deben realizarse durante el período de escolarización, dejando abierta la posibilidad de realizar la petición de ayuda de comedor en las escolarizaciones realizadas fuera de plazo durante el curso escolar.

Para paliar esta situación de crisis, es necesario que se tenga en cuenta las siguientes propuestas:

- Los datos económicos a tener en cuenta deben reflejar la situación del curso actual, en lugar de reflejar la situación de dos años atrás tal como recoge la última declaración de la renta.

- Tanto la Dirección Provincial de Educación, como los centros educativos públicos ofrecerán sus recursos a las familias en el período de convocatoria de becas para facilitar el acceso a todas las familias garantizando la igualdad de oportunidades.

- La cumplimentación de las solicitudes también podrá realizarse mediante documento físico, además de la vía telemática, para facilitar la entrega por parte de las familias que no tienen competencias telemáticas ni posibilidad de acceso a un ordenador.

- Dotar de infraestructuras necesarias para que todos los centros educativos dispongan de cocina in situ, y comedor, y los centros de nueva creación dispondrán de estos espacios en los proyectos de construcción.

Por todo ello el se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar un plan integral de actuaciones, destinadas a combatir la pobreza infantil, y cubrir las necesidades básicas en términos de alimentación de los menores escolarizados en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades.

2. Ampliar el presupuesto en becas y ayudas de comedor en Educación Primaria y ESO, puesto que el alumnado de estas etapas educativas es menor de edad.


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3. Agilizar los trámites destinados a posibilitar que a través de los centros escolares se atiendan estas necesidades en el menor plazo posible.

4. Realizar un estudio sobre las posibilidades de que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla puedan asumir mayores competencias en la gestión del sistema educativo público de manera paulatina hasta equipararse con el resto de las Comunidades Autónomas del Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2018-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Marta Martín, Diputada del mismo grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su discusión en la Comisión de Educación y Deporte, sobre la integración y mejora de la compatibilidad de plataformas universitarias de las Administraciones.

Exposición de motivos

A la hora de remitir documentación a las diferentes administraciones públicas relacionadas con el ámbito universitario español, muchos docentes deben hacer frente a problemas de carácter operativo que dificultan y entorpecen el envío de información para procesos como: acreditaciones ANECA, presentación de documentación al MECD, sexenios CNEAI, solicitud de proyectos de investigación, etc.

Este proceso puede convertirse en una labor tediosa debido a la multitud de plataformas en las que hay que intervenir para remitir información y la incompatibilidad entre las mismas que supone una limitación técnica que genera ineficiencia y pérdida de tiempo a la hora de remitir la información, en especial en aquellos casos que la documentación requiera del docente o investigador el adjuntar un currículum vítae.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Instar a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) y a cuántos organismos públicos intervengan en procesos de concurso u otros similares de selección y validación a que integren sus plataformas y, más a corto plazo, mejoren su compatibilidad tanto en al consulta de información como en la introducción, exportación y remisión de datos y/o documentos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 enero de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.- Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta


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la siguiente Proposición no de Ley para limitar las causas de despido objetivo por ausencias laborales justificadas en base a causas directas derivadas de su discapacidad, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

La Unión Europea ha trabajado por la protección y la inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida. En concreto, las instituciones europeas aprobaron la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Esta directiva prohíbe en todo el territorio de la Unión cualquier tipo de discriminación, directa o indirecta, por motivos de religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

Nuestra Constitución también establece la igualdad de trato para todos los ciudadanos en su artículo 14, al señalar que: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Este principio constitucional se ha traducido en normativa específica del ámbito laboral. En concreto, el Estatuto de los Trabajadores señala que los trabajadores tienen derecho "a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por la le, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, filiación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español. Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad...".

Pese a ello todavía existen resquicios legales mejorables a fin de aumentar la protección de los trabajadores con discapacidad. Un ejemplo es el siguiente: el 18 de enero de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió respuesta a una decisión prejudicial planteada por un juzgado nacional en relación a las causas de despido objetivo de un trabajador con discapacidad en relación a faltas de asistencia al trabajo, justificadas, pero relacionadas con la discapacidad que posee. En el caso juzgado, el trabajador contratado en 1993, trabajó sin incidentes ni tuvo problemas o sanciones hasta que en septiembre de 2014 se le reconoce la condición de persona con discapacidad. Se le otorga una discapacidad del 37 %, un 32 % relativo a limitaciones físicas derivadas de una enfermedad endocrino-metabólica, y el 5 % debido a factores sociales complementarios.

En el año siguiente, este trabajador tuvo seis ausencias laborales, causadas directamente por su discapacidad, y justificadas por los servicios médicos correspondientes. Pese a ello, la empresa comunica su despido en julio de 2015 en base a ausencias laborales que han superado los límites tasados en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores (ausencias, incluso justificadas, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o gel 25 % en cuatro meses discontinuas en el plazo de un año).

El trabajador interpondría una demanda contra el despido, alegando que existe una vinculación directa entre las ausencias motivo de su despido y su condición de discapacitado, solicitando la nulidad del mismo. El juzgado competente, dada las dudas que le suscita el citado artículo 52 en relación al grado de protección de los trabajadores con discapacidad en comparación con los trabajadores sin discapacidad, emitió la siguiente cuestión prejudicial a las instancias europeas:

"¿Se opone la Directiva 2000/78 a la aplicación de una norma legal nacional conforme a la que el empresario está facultado para despedir a un trabajador por causas objetivas, por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcance el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de las faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5 % de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuas dentro de un período de doce meses, en el caso de un trabajador al que se deba considerar discapacitado en el sentido de la Directiva cuando la baja laboral fue causada por la discapacidad?"

El Tribunal de Justicia Europeo ha contestado que todo trabajador amparado por la DIRECTIVA 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, "debe ser protegido contra cualquier discriminación respecto de un trabajador que no lo es". Indica también' que artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores "se aplica de igual manera a las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad", no estableciendo una diferencia de trato directa por motivos de discapacidad. A este respecto, el tribunal señala que "un trabajador discapacitado está, en principio, más expuesto al riesgo de que se le aplique el


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artículo 52, letra d), del Estatuto de los Trabajadores que a un trabajador sin discapacidad", de manera que "corre mayor riesgo de acumular días de baja por enfermedad, y por tanto, de ser objeto de despido objetivo. Finaliza apuntando que: "Queda de manifiesto que la regia establecida era esta disposición puede desfavorecer a los trabajadores con discapacidad y, de este modo, suponer una diferencia de trato indirecta por motivos de trabajadores con discapacidad en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78".

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que la integración laboral de las personas con discapacidad y su trato en igualdad de condiciones dentro de sus respectivos puestos es esencial para conseguir una mejor calidad de vida para estas personas y la forma de garantizar su desarrollo personal. Toda norma que suponga una discriminación directa o indirecta hacia este objetivo debe ser modificada y adaptada a las necesidades específicas y reales del colectivo.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la extinción del contrato por causas objetivas, a fin de limitar las posibilidades de despido objetivo de personas con discapacidad que superen las faltas de asistencia a su puesto de trabajo por causas directas derivadas de su discapacidad, estando justificadas por los servicios médicos correspondientes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2018.-Diego Clemente Giménez, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002844

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa a la adopción de medidas para la prevención de la salud laboral y reducción de la edad de jubilación para el colectivo de trabajadoras que prestan el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Exposición de motivos

El Servicio de Ayuda a Domicilio es uno de los pilares que sustenta nuestro Sistema de Atención a la Dependencia, sobre todo a partir de la aprobación en 2006 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. Se trata, por tanto de un servicio público de carácter esencial cuya finalidad es garantizar la igualdad en el derecho subjetivo de ciudadanía mediante la promoción de la autonomía personal de las personas en situación de Dependencia. El número de usuarios de los distintos servicios de Ayuda a Domicilio en nuestro país ronda más de 500.000 personas.

Las trabajadoras del SAD son personal especializado que proporciona una serie de atenciones en su domicilio a personas con dificultades para su desenvolvimiento habitual y en desarrollo de apoyo en todas las actividades básicas de la vida diaria, fundamentalmente personas mayores, pero también personas con diversos grados de dependencia y familias, permitiendo de este modo la autonomía de las personas y facilitando la permanencia en sus hogares.

Las trabajadoras que se dedican al servicio personal y doméstico, realizan diferentes tareas para los/as usuarios/as: aseo personal, gestiones médicas, seguimiento de medicación y alimentación, gestión administrativa, cambios posturales-levantar/acostar, movilización, ejercicios de mantenimiento, acompañamiento, vigilancia de sondas y cambio de bolsas, arreglo del hogar, compra de alimentos, preparación de comida, limpiezas del hogar que llevan asociadas una serie de factores de riesgo que no han sido debidamente considerados hasta ahora.

Se debe tomar en especial consideración, que estas trabajadoras, pese a estar normalmente subcontratadas por medio de empresas privadas, prestan un servicio de titularidad pública que gestionan normalmente los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, mancomunidades y/o Diputaciones, pero del


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que son corresponsables también las administraciones autonómicas y la estatal con arreglo a lo establecido en el título I de la Ley para la Dependencia, por lo que desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, las administraciones públicas titulares de los servicios ostentan la condición de empresario principal respecto de las trabajadoras del SAD, conforme a lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

Diversos estudios y las propias trabajadoras del SAD a través de sus organizaciones llevan años denunciando el alto grado de exposición a riesgos laborales de su actividad, la siniestralidad laboral del sector, y el desamparo en el que se encuentran ante la precariedad. A lo largo de estos últimos años estos problemas se han agravado, debido a los recortes presupuestarios a la Dependencia, lo que ha motivado que las administraciones adjudiquen los contratos para el SAD atendiendo exclusivamente a las ofertas más baratas, sin importar la calidad en la atención a los/as usuarios/as, ni las condiciones de vida y trabajo de las cuidadoras.

La aportación estatal al sistema se ha ido reduciendo paulatinamente, de manera que el propio Gobierno ha reconocido en sucesivos informes que la batería de recortes en dependencia ha supuesto un "ahorro" a las arcas públicas que actualmente podemos cifrar en más de 4.000 millones de euros acumulados.

Los principales riesgos que destacan las trabajadoras del sector son los riesgos ergonómicos, destacando como importante los problemas y/o lesiones músculo-esqueléticas que padecen las trabajadoras a lo largo de su trayectoria profesional. Es habitual que las funciones propias de la Auxiliar a Domicilio requieran un alto nivel de esfuerzo físico, por tareas relacionadas con la movilización de los/as usuarios/as, realización y traslado de las compras para varios usuarios cada día, levantamiento de peso, etc.

Si además se tiene en cuenta que estas tareas se repiten en diferentes domicilios a lo largo de la jornada, la exposición a las lesiones músculo-esqueléticas se incrementa. El movimiento de trabajo es repetido y el tiempo de recuperación en la mayoría de las ocasiones es el inadecuado. Frecuentemente se asigna a una sola trabajadora la atención de usuarios/as que por sus condiciones físicas requerirían para ser manipulados de al menos dos personas. El levantamiento de peso es la causa principal de lesiones músculo esqueléticas en las trabajadoras.

Las condiciones de los domicilios son de vital importancia a la hora de valorar los posibles riesgos ergonómicos, donde, tareas que no presentan riesgo alto para los trastornos músculo esquelético, pueden convertirse en algo complicado si en el domicilio nos encontramos con la falta de camas y mobiliario adaptado a la dependencia del usuario, obstáculos arquitectónicos, ausencia de ascensor, etc, etc, etc.

Después de los ergonómicos, las trabajadoras del sector denuncian como principales riesgos laborales de la actividad los riesgos psicosociales y biológicos.

Durante la realización del trabajo de la auxiliar, el grado de responsabilidad que asume el/la trabajador/a frente al usuario/a es muy elevado, y la falta de apoyos por parte de la empresa y de los ayuntamientos conlleva a un incremento del desgaste psíquico de las trabajadoras, que además, a consecuencia de los importantes recortes en la financiación de los servicios se ven compelidas por las empresas a realizar un mayor número de atenciones a usuarios/as en el menor tiempo posible, lo que evidentemente incrementa el estrés laboral y el consiguiente déficit en la calidad del SAD.

En cuanto a los riesgos biológicos, vienen causados por la exposición a los agentes infecciosos que frecuentemente transportan los/as usuarios/as, lo que implica un riesgo importante de transmisión de enfermedades. De la misma manera, la transmisión puede darse en sentido inverso. La transmisión de los agentes infecciosos puede seguir una o más vías (respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas). Para poder poner en práctica las medidas preventivas adecuadas, es prioritario conocer la existencia de una enfermedad infecciosa, o bien obtener esa información del personal sanitario, información que en la mayoría de las ocasiones la trabajadora desconoce.

El principal problema en materia de prevención de riesgos laborales en el sector es que no hay una evaluación efectiva de los riesgos laborales del trabajo, porque no se evalúa el lugar de trabajo real, es decir, los domicilios de los/as usuarios/as. Los Servicios de Prevención propios y ajenos de las empresas del sector no realizan una evaluación real de los riesgos laborales, sino estrictamente formal, que se materializa en folletos y cursos genéricos en materia preventiva. Nadie evalúa realmente las condiciones reales en que se encuentra cada usuario y domicilio, para poder determinar la forma de realizar el trabajo que implique menor riesgo para la salud de las trabajadoras del SAD, puesto que muchos servicios del


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SAD se inician sin la visita correspondiente de la coordinadora del SAD de la empresa gestora ni de la persona responsable de los servicios sociales correspondientes.

Esta falta de evaluación y previsión de los riesgos laborales es susceptible de provocar accidentes laborales como el que provocó la muerte el pasado 18 de agosto de 2017 de la trabajadora del SAD de la localidad granadina de Cúllar, al caer a un pozo de 30 metros de profundidad que se encontraba en el domicilio en el que estaba asistiendo a una persona mayor dependiente.

La siniestralidad laboral es elevada en el sector. Según estudios realizados por organizaciones sindicales, el 74 % de las trabajadoras del SAD refieren haber tenido que acudir a consulta médica durante el último año por causa de una patología considerada como derivada del trabajo.

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, tales patologías no se imputan a contingencias profesionales, al no estar reconocidas las enfermedades profesionales asociadas a la actividad de las Auxiliares de Ayuda a Domicilio, y atribuirse sus dolencias y lesiones la mayor de las veces a causas comunes de forma injusta.

Finalmente, y sobre la base las anteriores consideraciones, entendemos como evidente la concurrencia del factor de excepcional penosidad en las funciones que deben realizar las trabajadoras del SAD con categorías profesionales que implican realizar en el domicilio del usuario/a la prestación del servicio, por lo que entendemos debe activarse el procedimiento regulado en el Real Decreto 1698/2011 para reducir la edad de jubilación de estas trabajadoras, porque es evidente que con 67 años la mayoría de las personas van a tener enormes dificultades para la manipulación de personas con movilidad reducida o nula.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Promover los cambios normativos específicos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para establecer la obligatoriedad de realizar evaluaciones de riesgos laborales específicas en los domicilios de los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio regulado en el artículo 23 de dicha ley, que contemple específicamente la evaluación de los potenciales riesgos físicos ergonómicos, psicosociales y biológicos asociados a cada servicio.

2. Incrementar sustancialmente la aportación de la Administración General del Estado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado.

3. Reconocer el excepcional índice de penosidad asociado a la actividad laboral de la Ayuda a Domicilio, en la categoría profesional de Auxiliar de Ayuda a Domicilio o cualquier otra que implique la prestación directa de cuidados a domicilio a usuarios/as del Servicio de Ayuda a Domicilio contemplado en el artículo 23 de la Ley 39/2006, y a aprobar en el plazo de un año mediante Real Decreto la anticipación de la edad de jubilación de estas trabajadoras, con los coeficientes reductores que se determinen en los estudios preceptivos del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, conforme a lo previsto en el artículo 12.3 del Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2018.-Ana Marcello Santos y Ana Belén Terrón Berbel, Diputadas.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002778

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente


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Proposición no de Ley para que se reduzca la retribución regulada de la distribución eléctrica en cumplimiento de las recomendaciones de las CNMC, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

El 14 de diciembre de 2017 publicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en Informe de Análisis Económico-Financiero de las Principales Empresas de Distribución del Sector Eléctrico (2013-2016), en el que se analizan las filiales de EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo, destinatarias de casi el 92 % de la retribución de la distribución.

El regulador señala en su informe que la retribución de estas compañías se ha situado en el periodo por encima del 10 %, muy por encima del 6,5 % en el que según lo dispuesto en la Ley 24/2013 y el Real Decreto-ley 9/2013 se debería haber situado.

La CNMC destaca asimismo el descenso significativo de los gastos de explotación, el aumento del 14 % del EBIDTA o el incremento de la rentabilidad económica hasta llegar al 8,16 %.

Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Revisar de cara al siguiente periodo regulatorio que comenzará el 1 de enero de 2020 la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica para adecuarla al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2018.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002810

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para rehabilitar, adaptar e incluir el palacio de La Encomienda de Santiago de Ricote, en la Región de Murcia, para uso como parador nacional, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

Ricote es un municipio situado en la cuenca media del río Segura a su paso por la Región de Murcia. Cabeza de la histórica comarca del Valle de Ricote, llamado también Valle Morisco por ser el último reducto de los musulmanes en España.

Este pequeño municipio cuenta con una población que no supera los mil cuatrocientos habitantes y goza de un entorno natural privilegiado que se caracteriza por un paisaje fértil de frutales y palmeras, atravesado por sierras como la de Ricote, del Cajal, Umbría, Oro y Salitre, y surcado por profundos barrancos y ramblas.

Posee una historia rica en acontecimientos y un patrimonio cultural y artístico envidiable laborado por los siglos. Su clima mediterráneo con una media anual entorno a los 16 ºC destaca por inviernos cortos y fríos y veranos largos y calurosos que convierte a Ricote y al valle, que da nombre, en un vergel sin igual casi desconocido merecedor de ser destino turístico nacional e internacional, formando así, de la red de paradores nacionales.

La importancia de Ricote se entiende teniendo en cuenta el conjunto de la comarca natural e histórica del Valle de Ricote que posee una identidad paisajística muy diferenciada por el contraste entre la frondosa huerta y las áridas montañas impregnadas ambas, de los vestigios de la convivencia de las culturas musulmanas y cristianas.


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Está situado en un lugar estratégico de la Región de Murcia perfectamente comunicado por carretera (autovía A-30), a menos de una hora de la ciudad de Murcia y de las principales vías de comunicación del país, y además, integra a los municipios de Abarán, Blanca, Ojós, Ricote, Ulea, y Villanueva del Segura.

El clima, la gastronomía, la hospitalidad de sus gentes y el patrimonio cultural y paisajístico hacen de Ricote y del Valle un destino turístico de interior, activo y de salud de primer orden por las características cualitativas suficientemente relevantes.

A todo lo mencionado cabe destacar desde el punto de vista arquitectónico el edificio construido en el siglo XVI para la gestión administrativa y económica de la Orden Militar de Santiago, La Encomienda, en el municipio de Ricote. Un edificio de tres plantas, de 600 m2 cada una, y rodeado de un huerto cercado de 2.200 m2, de estilo renacentista que por su valor histórico, artístico y cultural, y su emplazamiento destacado en la zona lo hacen merecedor de una rehabilitación integral que recupere la esencia histórica para el Valle de Ricote y sea hospedaje de un oasis de cultura, historia, naturaleza, gastronomía y costumbres como el Valle de Ricote en el corazón de la Región de Murcia.

El momento económico que atraviesa el país con más consumo interno y demanda, la situación financiera de la sociedad pública que gestiona Paradores de España que en 2016 registró los mejores resultados desde el inicio de la crisis económica y el aumento de la demanda extranjera para este tipo de turismo que aumentó un 10 % el pasado año; unido a la política expansionista que se está llevando a cabo por Paradores de España hace que sea el momento más idóneo para dotar a la Región de Murcia de un nuevo impulso en este sentido.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a:

1. Rehabilitar y adaptar el palacio de La Encomienda de Santiago de Ricote para uso como parador nacional.

2. Incluir en la oferta de paradores nacionales el palacio de La Encomienda de Santiago de Ricote."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2017.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002836

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento del autoconsumo de energías renovables como un derecho de la ciudadanía, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

El Parlamento Europeo y los Estados miembros, han venido durante los últimos tiempos manifestando la necesidad de potenciar el fomento del uso de energías renovables. La plasmación jurídica de dicho compromiso, se ha llevado a cabo a través de las Directivas 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad y 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte, y posteriormente en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE que superó las precedentes. De conformidad con los tratados constitutivos, estas Directivas han venido armonizando las legislaciones nacionales, a través de entre otros, objetivos nacionales en relación con la


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cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía y con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el transporte.

La Directiva 2009/28/EC ya considera un factor esencial la fijación de metas vinculantes, y en este sentido, la actual propuesta de Directiva de fomento de fuentes de energía renovable contempla de forma expresa el autoconsumo de energías renovables, reconociendo el derecho al autoconsumo en base a la producción renovable.

Sin embargo, la postura de España continua instalada en el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción con autoconsumo. Un Real Decreto comúnmente conocido como "impuesto al sol", que impone cargas desproporcionadas a las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, y por ello, un marco normativo netamente desincentivador.

El pasado miércoles día diecisiete de enero de dos mil dieciocho, el Parlamento Europeo votó a favor del reconocimiento del autoconsumo de energías renovables como un derecho de la ciudadanía, en el marco de la propuesta de la comisión parlamentaria para potenciar las energías renovables. El pleno de la institución, refrendó de forma mayoritaria los cambios propuestos por la comisión parlamentaria, según los cuales los Estados Miembros no deberán imponer tasas, o trabas administrativas a los productores de electricidad.

El mandato hacia los Estados miembros es claro y conciso, eliminar las barreras y promover el autoconsumo renovable, impulsando de forma específica el aumento de número de hogares que se unan a comunidades productoras de renovables. En todo caso, se deberán eliminar las cargas discriminatorias existentes que no reflejen los costes reales de producción.

La rotunda oposición expresada en el Pleno del Parlamento Europeo, en cuanto al fomento y desarrollo del autoconsumo renovable, marca la senda de democratización del acceso a la energía por la que transcurre la expresión de la ciudadanía europea. El lobby de las grandes empresas energéticas no ha podido soslayar este mensaje inequívoco, como sí pudiera suceder en otras instituciones europeas por su capacidad de incidencia en las mismas. No es baladí mencionar que a diferencia de otras instituciones europeas, los y las representantes del Parlamento Europeo son electos directamente por la ciudadanía europea.

La histórica votación, transita en la dirección opuesta de las políticas y posición del Gobierno de España en los últimos años. Así como, a través del bloqueo que han llevado a cabo en el Congreso de los Diputados los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos y del Partido Popular desde el primer trimestre del 2017, cuando ambos partidos vetaron en la Mesa del Congreso la tramitación de una Proposición de Ley apoyada por toda la oposición parlamentaria.

Mientras el desarrollo de la tecnología fotovoltaica compite sin necesidad de apoyos, y la apuesta por el desarrollo de las energías renovables en Europa es creciente, el Gobierno no nos ha procurado instrumentos jurídicos que permitan acelerar la transición energética y acometer una lucha eficaz contra el cambio climático, impidiendo por consiguiente, que la energía solar asuma el rol de liderazgo que le corresponde en la referida transición energética.

Además, desde el punto de vista de la ciudadanía y las personas consumidoras, resulta difícil comprender la diferencia entre el esfuerzo y la prioridad de agenda en la que colocan el resto de países europeos y en el fomento del uso de energías renovables, y la dinámica regresiva existente en España desde la llegada del Partido Popular al Gobierno. Sin que esté quedando claro qué planificación energética defiende el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Esta falta de planificación y estrategia, real y efectiva, tiene consecuencias negativas para el futuro de España, tanto en el medio como en el largo plazo, impidiendo y dificultando la implantación de un modelo basado en fuentes de energía renovables se limita la democratización y soberanía energética.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que eleve al Parlamento las propuestas normativas necesarias para reconocer el autoconsumo de energías renovables como un derecho de la ciudadanía. Garantizando que mediante las mismas se eliminen cualesquiera barreras técnicas, administrativas y


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económicas al autoconsumo de energías renovables, incluyendo de forma expresa aquellas contenidas en el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre."

Palacio Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de la Fiesta de la Vendimia de Jumilla (Región de Murcia), para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

En 1972 en Jumilla, municipio de la Región de Murcia, de algo más de 25.000 habitantes, nace la Fiesta de la Vendimia tras varias reuniones entre bodegueros, Comisión de Fiestas, cooperativas y Ayuntamiento, teniendo en cuenta que la actividad económica y empresarial principal del municipio, gira entorno a la viticultura.

Dicha fiesta se enmarca dentro de las Fiestas Patronales en honor a la Patrona de Jumilla, la Virgen de la Asunción, celebrándose las mismas en el mes de agosto.

Al cabo de unos años, comenzaron a participar jumillanos y jumillanas originando la creación de peñas, que ante la necesidad de organizarse nombran una Junta Directiva Provisional naciendo así la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia.

Todos los actos que en la Fiesta de la Vendimia de Jumilla se ofrecen, giran en torno al vino, su cultura y tradición, mostrando todas sus labores, como son la vendimia, la pisa, la elaboración y la degustación, organizando junto al Ayuntamiento y el Consejo Regulador de la Denominación Origen de Jumilla, numerosas actividades dirigidas a público de todas las edades y en las que la diversión está asegurada: Inauguración de una fuente que emana vino, Ofrenda de Uvas y Primer Mosto al Niño de las Uvas, organiza tres cabalgatas, Infantil, Tradicional y del Vino triplicando la población de Jumilla esos días y repartiéndose más de 70.000 litros de vino.

A lo largo del año, la Federación de Peñas se encarga de dar a conocer por toda la geografía regional y nacional la Fiesta de la Vendimia de Jumilla, siendo los principales embajadores de la misma los vendimiadores y vendimiadoras mayores e infantiles que son elegidos cada año.

Así mismo, realizan distintas actividades no solo festeras sino sociales, ello les llevo en 2014 a recibir el "Premio Hypnos Especial", galardón institucional más importante que entrega el Ayuntamiento de Jumilla, y que reconoce la labor y el trabajo de empresas, colectivos, personas individuales e instituciones en pro de la localidad, del mismo modo que en 2017, fueron reconocidos con el "Premio Hypnos a la Defensa de los Valores Humanos", por una campaña de donación de sangre que se denominó "Está en nuestra sangre" batiendo el record de donaciones y nuevos donantes tanto de sangre como de médula.

Se han hermanado con la Fiesta de la Vendimia de Requena y con la Fiesta de la Vendimia de Curicó (Chile). Este impulso da pie a apariciones en medios de comunicación muy importantes a nivel nacional.

En 1980, la Fiesta de la Vendimia de Jumilla es reconocida como "Fiesta de Interés Turístico Regional de la Región de Murcia", y en el año 2014, comienzan a trabajar en el expediente para lograr la Declaración de Interés Turístico Nacional.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados se adhiere y apoya la Fiesta de la Vendimia de Jumilla para la obtención de la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, según el trámite del expediente que está realizando la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia de Jumilla."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2018.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002763

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la disposición del Gobierno a retomar la obra de la pasarela peatonal de Sagües a Monpás en el litoral de San Sebastián, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El ansiado objetivo de completar un paseo marítimo peatonal de más de 7 kilómetros a lo largo de toda la fachada de costa de San Sebastián, desde el Peine del Viento, en Ondarreta, hasta la punta de Monpás, al final del barrio de Gros, se haría por fin realidad.

El Consejo de Ministros celebrado el 28 de marzo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

"Se autoriza el contrato para la redacción del proyecto y ejecución de las obras del nuevo acceso peatonal a la Punta de Monpás, para completar el frente litoral de las tres grandes playas de San Sebastián, entre los montes Igueldo y Ulía, en Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa). El importe previsto de las obras es de 12.181.224 euros y la ejecución de las obras tiene una duración prevista de veinticuatro meses.

El objetivo de esta actuación es la construcción de una plataforma que conforma un paseo marítimo de alrededor de 800 metros de longitud, que ofrecerá las condiciones de seguridad y comodidad necesarias para los usuarios y que discurrirá por la ladera del monte Ulía, desde la explanada de Sagües hasta la punta de Mompás.

La construcción de la plataforma ha de ser elevada sobre el acantilado y ha de estar separada sustancialmente de la ladera escarpada e inestable del monte Ulía. La altura recomendable para la plataforma se sitúa preferentemente entre los 14 y 20 metros de altura para evitar que sea alcanzada por los oleajes extremos más frecuentes en la zona. En lo relativo a la seguridad de la circulación peatonal, la pasarela estará dotada de una puerta de acceso que podría ser cerrada en condiciones de riesgo."

Posteriormente, en los Presupuestos del año 2012 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sección 23, al igual que en años anteriores, se contemplaba una partida plurianual para la ejecución del proyecto denominado "Nuevo acceso peatonal a la punta de Monpás"."

Se trataba de una actuación de la Dirección General de Costas en la ciudad de San Sebastián con un coste inicial aproximado de 12 millones de euros.

La actuación fue objeto de concurso, adjudicando el Ministerio la realización de proyecto y obra a la empresa Ferrovial por un importe que superaba los nueve millones de euros. Sin embargo, en respuesta a un escrito de la Dirección General de Costas, en verano de 2011, pidiendo que el Ayuntamiento firmara un compromiso formal para el mantenimiento de la Pasarela antes de comenzar su ejecución, la Alcaldía de San Sebastián, en manos de la coalición Bildu, sin consultar ni al Pleno ni a la ciudadanía, impuso su rechazo a la obra. Así, renunció, en escrito del 4 de julio de 2011, a la ejecución de la obra siguiendo para ello la misma argumentación que Herri Batasuna había mantenido en la ciudad durante los años anteriores.


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Tras las elecciones municipales de 2015 el nuevo Gobierno de coalición de la ciudad de San Sebastián, formado por PNV y PSE, contempla en su programa la realización de la pasarela ecológica volada sobre la mar y apoyada mediante anclajes de acero en la ladera. Por tanto, se está a la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente, quien tiene la competencia sobre las actuaciones en la costa, exprese su disposición a retomar la inversión comprometida por el Consejo de Ministros.

Lo cierto es que este proyecto ecológico e innovador que se eleva sobre el acantilado entre 14 y 20 metros por encima de la cota de la pleamar, para salvar la incidencia de las olas en ese punto en caso de temporal, fue gestionado de manera laboriosa durante seis años ante el Ministerio pero, como se ha dicho, no llegó a ejecutarse.

El proyecto contaba con los informes favorables del Gobierno Vasco en relación con el impacto medio ambiental de la Pasarela y su adecuación y respeto al medio natural existente en la ladera de costa del monte Ulía, en la zona situada entre el barrio de Sagües y la punta de Monpás.

En la actualidad, en un marco presupuestario más favorable para las inversiones sostenibles, sigue pendiente el objetivo de culminar el tránsito peatonal por el litoral donostiarra que nace en el espacio del Peine del Viento del escultor Eduardo Chillida en Ondarreta y que debiera finalizar en la punta de Monpás.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Volver a incluir el proyecto "Nuevo acceso peatonal a la punta de Monpás" entre las partidas de inversión de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y siguientes, con el fin de dar cumplimiento al acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el 28 de marzo de 2008.

2. Iniciar conversaciones con el Ayuntamiento de San Sebastián para acordar los términos de la ejecución de la actuación, retomando por la Dirección General de Costas los trámites para la convocatoria del concurso y adjudicación tanto de la redacción del proyecto final como de la ejecución de las obras citadas, en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002765

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación de ayudas urgentes para paliar los daños provocados por los tornados que han afectado al Poniente almeriense, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

En el día 6 de enero del presente año, se han producido importantes tornados en el Poniente almeriense que han afectado, en especial, a Balerma, Matagorda, Guardias Viejas, El Ejido -por la zona del Centro Comercial Copo- Santa María del Águila y Adra, provocando importantes daños materiales.

La economía de esta zona de la provincia de Almería depende en gran medida de su agricultura. Como es sabido, el Poniente almeriense tiene importantes explotaciones de agricultura intensiva (invernaderos). Como consecuencia de las tormentas acaecidas se han visto gravemente afectadas numerosas explotaciones. Así, según las primeras estimaciones, hay afectadas unas de 150 hectáreas de invernaderos.

Esta situación se ve agravada por la situación del sistema nacional de seguros agrarios. Las primas de los seguros agrarios se abonan, mayoritariamente con cargo a subvenciones públicas.


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La aportación estatal al Plan Estatal de Seguros Agrarios por parte del Ministerio es de 211 M?, mientras que antes de los ajustes presupuestarios, hace seis años, aportaba en torno a 300 M?. Esto supone una reducción en las ayudas estatales a los seguros para el Plan 2017 en 10 puntos porcentuales.

Y, justo en sentido contrario, la administración andaluza ha sido sensible a los agricultores y ha aumentado las partidas destinadas a los seguros agrarios, en concreto, un 20 % de aportación en el año 2017, de 5 a 6 millones de euros y un 30 % en el año 2018, de 6 a 7,8 millones de euros.

Como consecuencia de estas reducciones presupuestarias a nivel estatal, las primas de los seguros agrarios se han visto notablemente incrementadas, lo que ha incidido negativamente en el número de pólizas suscritas por los agricultores. Frente a estas pérdidas en la cosecha y en las infraestructuras, los agricultores del Poniente almeriense, en general, y los de El Ejido, en particular, demandan una actuación decidida y urgente del Gobierno de España que permita afrontar los daños producidos en la producción agrícola almeriense y las pérdidas económicas que este temporal les ha producido y recuperar, cuanto antes, su capacidad productiva.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aprobar, de manera urgente, un Real Decreto-ley que arbitre las ayudas necesarias para paliar los daños materiales provocados por los intensos tornados, que afectaron a lo largo del pasado 6 de enero, a la comarca del Poniente almeriense. Las medidas contempladas, que deberán garantizar la recuperación de la capacidad productiva de la comarca, habrán de establecer, en especial, exenciones y otros beneficios fiscales y moratorias en los pagos a la Seguridad Social en favor de los afectados. Las medidas que se acuerden deberán, al menos, contemplar el nivel de ayudas, subvenciones, beneficios y demás previstas en otras normas aprobadas para compensar daños producidos por catástrofes naturales, como en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.

2. Recuperar los niveles de aportación de la Administración General del Estado al Pian Nacional de Seguros agrarios, reponiendo la aportación de 300 millones de euros, de modo que haga viable el seguro agrario para todos los sectores del campo español."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-Sonia Ferrer Tesoro y Juan Jiménez Tortosa, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002779

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la transferencia de las competencias de los Parques Nacionales de las Tablas de Daimiel y Cabañeros la provincia de Ciudad Real, para debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004, de 10 de noviembre, la gestión de los Parque Nacionales corresponde a las Comunidades Autónomas.

Castilla-La Mancha, y concretamente la provincia de Ciudad Real, cuenta con dos Parques Nacionales únicos en Europa, las Tablas de Daimiel y Cabañeros. Se trata de la única Comunidad Autónoma a la que no se han transferido las competencias, a pesar de que ha manifestado su deseo de gestionarlos.

La puesta en valor del patrimonio natural como elemento de expansión y crecimiento económico, así como su vertiente social y de educación ambiental son objetivos prioritarios para el Gobierno de Castilla-La Mancha.


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Es por ello que desde el año 2016 llevan trasladando a la Administración General del Estado, a través del Director del Organismo Autónomo de Parques Naturales que se hiciera cargo de la preparación del expediente y la documentación necesaria para proceder a las transferencias. Sin que se haya avanzado sobre las mismas, hasta que en los últimos encuentros mantenidos por el Consejero de Agricultura con la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a finales del año pasado se le reiteró la necesidad de proceder con celeridad al respecto.

La Diputación Provincial trabaja en una estrategia de impulso al turismo como generador de empleo, vertebración y mantenimiento de población en el medio rural donde tanto estos dos recursos como los otros dos Parques Naturales, las Lagunas de Ruidera, y Valle de Alcudia y Sierra Madrona juegan un papel fundamental y su gestión por el Gobierno de Castilla-La Mancha mejoraría su aprovechamiento como consecuencia de la estrecha colaboración entre ambas administraciones.

Del mismo modo que en los municipios de los entornos de los parques, existe mucha confianza en que estas transferencias traerán consigo un mayor compromiso que la promoción de las zonas, una mayor cercanía en la gestión y expectativas de futuro en una mejora de los recursos.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a transferir las competencias de los Parques Nacionales de las Tablas de Daimiel y Cabañeros tal y como vienen reclamando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2018.-Isabel Rodríguez García y José María Barreda Fontes, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002792

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos de los tornados de enero de 2018 en el la zona del Poniente Almeriense, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El primer fin de semana de 2018, un frente frío atravesaba la península con lluvia, viento, nieve y frío, afectando de forma desigual a diferentes provincias. Hasta cuarenta y seis provincias y la Ciudad de Melilla se encontraban el sábado 6 de enero en situación de alerta. Más concretamente, las previsiones de los servicios meteorológicos ponían en alerta el área mediterránea, especialmente por fenómenos costeros, lluvia y viento, y todos los escenarios apuntaban a la formación de una borrasca e inestabilidad para ese mismo día.

Cumpliendo los pronósticos, a media mañana del sábado, llovía en la provincia de Almería, pero llegó acompañada de vientos y la activación de varios tornados de diversa intensidad en el término municipal de la localidad almeriense de El Ejido, provocando considerables destrozos en la zona de invernaderos, así como en el mobiliario urbano y desplome de arbolado, aunque afortunadamente no ocasionaran daños personales.

La zona afectada, a falta de la cuantificación exacta y definitiva de los daños, ronda las 200 hectáreas de cultivos en las áreas rurales de Balerma, Matagorda, Guardias Viejas, El Ejido, Santa María y El Alquián, y los daños podrían superar los 40 millones de euros.

Los daños agrícolas en el Poniente almeriense han afectado tanto a las estructuras de los invernaderos, como a los cultivos que estaban pendientes de ser recolectados y que habrían resultado dañados e irrecuperables, generando una pérdida adicional.


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Respecto a los daños en el mobiliario urbano, en diferentes puntos del término municipal, destacar el destrozó de varias casetas, algunas terrazas de comercios y vivienda y la caída de diversos árboles en Lago Victoria de Almerimar.

También se produjeron incidencias en el tráfico, que tuvo que ser interrumpido en algunas vías al caer abundantes plásticos procedentes de los invernaderos cercanos, como en el caso de la AP-7. Por otra parte, hay que añadir cuantiosos daños en vehículos aparcados en la vía pública.

Ante los inesperados efectos climatológicos que ha afectado al área del Poniente almeriense y la necesidad de ayudas para los afectados, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Determinar y evaluar, a la mayor brevedad posible, el alcance real de los daños causados por los tornados que han afectado, durante el mes de enero de 2018, la zona del Poniente almeriense.

2. Realizar un seguimiento de las indemnizaciones por el sistema de seguros agrarios, agilizando su pago.

3. Evaluar los impactos sobre cada tipo de cultivo y superficie, para considerar la implantación de una reducción de los módulos del IRPF, para la declaración del próximo ejercicio fiscal, realizada en atención a la incidencia de circunstancias excepcionales que afecta a la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

4. Analizar la posibilidad de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, y, en su caso, conceder exenciones y moratorias en el pago de las cuotas de la seguridad social para los afectados.

5. Activar, en cualquier caso, cualquier ayuda para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002799

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre el establecimiento de medidas encaminadas a reducir las muertes de animales por atropellos en carreteras.

Exposición de motivos

Las carreteras son la nueva amenaza a la biodiversidad en el mundo. La mortalidad de animales por atropellamiento en las carreteras es un problema global ya que supone la pérdida de un gran número de fauna silvestre, incluidas especies nativas y especies exóticas.

En los últimos 30 años los atropellos han superado a la cacería como la causa directa de mortandad de vertebrados en tierra por parte del ser humano.

Entre 2006 y 2012 se produjeron en España 74.600 colisiones de vehículos contra animales salvajes, lo que representa un 8,9 % del total de accidentes de tráfico registrados en ese período. Esto supuso un coste de 105 millones de euros al año, según un estudio realizado en 2015 por el departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad Complutense. La cifra engloba los costes relativos a víctimas, como el gasto de ambulancias, hospitalización, pérdida productiva o adaptaciones de viviendas. También los costes materiales, con daños de vehículos, pavimentos, gastos de policía y bomberos, y los costes de valor social calculados para cada animal muerto.


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A partir de datos facilitados por las comunidades autónomas -proporcionados a través de la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza- el citado estudio revela que los ungulados protagonizaron el 85 % de los accidentes, entre los que destacan los jabalíes y corzos, en un 79% de estos casos. Les siguen, con un 5 %, carnívoros grandes y medianos como el zorro, el tejón y el lobo y, de forma más excepcional, el oso pardo y el lince.

Aunque animales de pequeño tamaño como liebres, conejos y pájaros sólo representan el 10 % de los accidentes notificados, la envergadura de los daños que causan es tan importante como la ocasionada por grandes especies.

Así, desde el 1 de enero al 9 de agosto de 2015, se registraron hasta 3.519 siniestros con animales silvestres involucrados sólo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En 2014, hubo un total de 5.739 accidentes durante todo el año, disminuyendo un 10 % respecto al año anterior (6.337). Sin embargo, este descenso no es generalizado en la última década, ya que estos sucesos han aumentado un 35 % desde 2005, con 4.235 siniestros, hasta 2014, con 5.739 registrados. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, la media de incidentes con especies cinegéticas es de 5.224 en los últimos diez años.

En el caso del lince ibérico, el felino más amenazado del planeta (según WWF), los atropellos se convirtieron en 2017 en la primera causa de muerte no natural, por delante de la persecución directa por furtivismo y por la colocación de trampas ilegales como lazos. Así, de un total de los 34 linces que murieron en España en 2017, 21 fueron atropellados.

Esta cifra, si bien no representa una amenaza para el proceso de recuperación de la especie que sigue creciendo (la recuperación del lince no está en peligro, ya que el último censo -2016- arroja unas cifras de 475 linces y se espera que el de 2017 supere los 500), es muy grave ya que supone ralentizar los esfuerzos realizados para sacar al lince ibérico de la categoría 'en peligro crítico' de extinción; el alto número de linces muertos en 2017 está disparando nuevamente las alarmas, según denuncian organizaciones como WWF.

Además, persisten los puntos negros en las carreteras, ya que de los doce linces atropellados en Andalucía, ocho han muerto en tres puntos de la A-IV, la N-420 y la A-301, que son competencia del Ministerio de Fomento y en Castilla-La Mancha, donde han sido atropellados siete linces, tres de ellos en una única carretera. La geolocalización de los accidentes muestra que los felinos siguen muriendo en los mismos lugares en los que las administraciones se comprometieron a actuar.

Por ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Identificar los puntos negros de atropellos de fauna salvaje en las carreteras españolas, especialmente aquellos en los que persisten y aumentan los atropellos a linces ibéricos.

2. Realizar un proyecto para cada uno de los puntos negros identificados en los tramos de carretera, tanto estatales como regionales, encaminado al establecimiento de los pasos inferiores y superiores necesarios, con las características y dimensiones adecuadas, a la vez que se impermeabiliza el vial para los animales, de tal manera que se redirija a la fauna hacia esos pasos.

3. Establecer planes de seguimiento anual para determinar si las medidas adoptadas están proporcionando los resultados esperados, esto es, reducir al mínimo el número de atropellos de mamíferos en esos tramos, y, en su caso, introducir en las mismas modificaciones o llevar a cabo medidas adicionales.

4. Para el caso específico del atropello de linces ibéricos, ejecutar los convenios de actuación firmados hasta la fecha para la protección de la especie, así como las partidas anunciadas desde 2015 (un plan de 2,5 millones, del que sólo se ha invertido cinco veces menos de lo prometido)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002800

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para revertir


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el proceso de despoblación en España y potenciar el desarrollo del mundo rural, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Nuestro país padece desde hace cinco décadas un creciente problema de vaciamiento interior que, por su naturaleza lenta (pero inexorable), ha venido careciendo de la adecuada atención y respuesta política. La población de amplias zonas, caracterizadas por una orografía y una situación de lejanía de los grandes ejes demográficos, ha venido envejeciendo, se ha masculinizado y, finalmente, ha pasado a encontrarse en una fase de cuasi desaparición. Se trata de zonas con densidades de población inferiores a 10 habitantes/km2, pero que, una vez detraídas las capitales de provincia y algunas ciudades medidas, reducen esta densidad por debajo de los 4 habitantes/km2. Estas densidades, comparables en el entorno de la UE con Laponia, se ven agravadas por el citado envejecimiento de la población y por unas tasas de reposición bajísimas.

Muchos núcleos de población han sido ya abandonados o están en proceso de estarlo. Además del riesgo de perder un inestimable patrimonio cultural ancestral (sea inmaterial o material), se produce una pérdida de eficiencia económica, ya que la prestación de servicios públicos entra en una espiral de incremento de costes: los problemas en la sanidad, la educación, las infraestructuras, los servicios sociales o las telecomunicaciones en estas zonas son ejemplos palpables de esta situación. Por tanto, la población que vive en estos entornos carece de condiciones de vida equiparables con el resto de ciudadanos, lo que va claramente en contra del principio de equidad recogido en la Constitución.

Por otra parte, los potenciales recursos naturales de estas zonas se asilvestran, perdiéndose cualquier tipo de discontinuidad forestal, incrementándose el riesgo de grandes incendios forestales y de pérdida de biodiversidad, así como reduciéndose la calidad de los paisajes y los niveles de protección del suelo y de los recursos hídricos. Con el paso del tiempo, se generan importantes riesgos de seguridad derivados de la falta de población residente. Además, nuestro enorme potencial de recursos naturales renovables (claves en la transición a una economía baja en carbono mediante la apuesta por la bioeconomía) se ve mermado en gran medida.

Lo acuciante de este problema lo ha hecho llegar, aunque tarde, a la agenda política, creándose una figura, la de la Comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, con el fin de abordar esta cuestión. Sin embargo, por el momento, solo existe una página web, que recoge como única información los artículos 4 y 5 de dicho Real Decreto y un apartado que recoge "los actos en los que ha intervenido este año la comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico [...] y que han tenido alguna repercusión en los medios de comunicación".

Por ello, es necesaria una verdadera voluntad política, clara y decidida, que se materialice en un enfoque estratégico ampliamente compartido y que venga acompañada de las correspondientes medidas, muchas de las cuales se deberían ponerse en marcha de inmediato. Al tratarse de un problema transversal, necesita de un potente y continuado liderazgo político que supere los compartimentos estancos, horizontales y verticales, característicos de nuestras Administraciones Públicas, desde una perspectiva coordinada e integral.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar y desarrollar, en consenso con las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los correspondientes grupos de interés, una Estrategia Nacional contra la Despoblación que analice las causas de este problema y contemple las principales propuestas, medidas y actuaciones necesarias para combatirlo.

2. Redactar, sobre la base de la citada Estrategia, una Ley de Reversión de la Despoblación que delimite las zonas más afectadas por este fenómeno y que fije medidas concretas.

3. Apostar en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2021-2027 por proyectos tractores que generen empleo de forma sostenible y por los contratos territoriales, especialmente en espacios de la Red Natura 2000. Asimismo, a aumentar el porcentaje destinado al Pilar II (desarrollo rural) y, dentro de este, a la gestión forestal y a la ganadería extensiva y sus cadenas de valor, así como a las zonas en riesgo de


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despoblación, mediante la elaboración de una Estrategia española de ganadería extensiva y planificación silvo-pastoral.

4. Avanzar en los modelos de gestión de los montes públicos con el fin de que generen rentas y empleo local estable, desarrollando un plan estratégico de política forestal que revitalice el Consejo Forestal Nacional y fomente la producción forestal movilizando recursos forestales ociosos que generen empleo y rentas para la población rural.

5. Establecer incentivos económicos para aquellas inversiones realizadas en fincas forestales con instrumentos de ordenación forestal, como medida de fomento de la gestión forestal, con el fin de evitar el abandono de los montes en las zonas más afectadas por la despoblación.

6. Llevar a cabo una estrategia integral de crecimiento de las explotaciones agrícolas y forestales, a través del fomento del cooperativismo y el asociacionismo, promoviendo la posición de las cooperativas en las cadenas agroalimentarias del territorio rural y en los mercados internacionales.

7. Fomentar los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, como las Denominaciones de Origen o las indicaciones geográficas, con el fin de ofrecer mayor transparencia e información a los consumidores y fomentar su consumo e internacionalización.

8. Analizar la situación de las construcciones agroganaderas para evitar perjuicios con el impuesto de bienes inmuebles en aquellas edificaciones con destino agrícola, ganadero y forestal, y fomentar la rehabilitación, el acondicionamiento y la conservación de estas construcciones.

9. Revisar el procedimiento urbanístico con el fin de que la implantación de actividades económicas generadoras de empleo en las zonas más afectadas por despoblación no se vea lastrada por la complejidad administrativa innecesaria.

10. Estudiar la distancia existente entre las poblaciones y el instituto más cercano, con especial consideración a las zonas montañosas, así como el número mínimo de estudiantes en la educación primaria.

11. Reforzar y fomentar, en el ámbito de la formación profesional y de la Universidad, aquellas titulaciones que, de un modo u otro, abarcan el medio rural, con el objetivo de crear proyectos tractores de empleo.

12. Promover el envejecimiento activo y saludable en base a las mejores prácticas ligadas a la evidencia científica en materia de prevención y cuidados de la salud, prestando especial atención a la provisión de servicios de proximidad y previniendo las situaciones de dependencia, para facilitar la permanencia de las familias en sus entornos habituales.

13. Trabajar para asegurar el acceso de calidad a internet en todos los núcleos habitados, cumpliendo con los objetivos marcados por la Unión Europea de cara a 2020, aprovechando el plan "Wifi4EU" de la Comisión Europea para acelerar la digitalización.

14. Incluir en las memorias de análisis de impacto normativo los efectos territoriales de los proyectos legislativos o reglamentarios, como ya se hace con los impactos en materia de unidad de mercado e igualdad de género o el impacto en la familia, en la infancia y en la adolescencia.

15. Garantizar que el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, a quien corresponden "aquellas tareas que contribuyan a dar respuesta a la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante", cumple efectivamente con los objetivos que le corresponden según el Real Decreto 40/2017, de 27 de enero."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2018.-Rodrigo Gómez García, José Ignacio Prendes Prendes y Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al estudio sobre la situación de emergencia del manantial de los Baños de Mula y su afección a las comunidades de regantes de Albudeite, Campos del Río y Baños


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de Mula, en la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La huerta perteneciente a las Comunidades de Regantes de los Baños de Mula, se riega, desde tiempo inmemorial, con el caudal de las aguas que salen por los aliviaderos de los Baños Generales, sobre todo del llamado "Baño del Pozo", procedente del manantial de Los Baños de Mula.

Este caudal de "agua termal", según los datos de que dispone la Jefatura de Minas, a principios del siglo XX tenía un caudal de 100 l/seg (caudal que ha disminuido considerablemente, en los últimos años, sobre todo, a causa de las extracciones en el acuífero y "Sistema Bosque", ha tenido en los diez años la siguiente evolución:

- 2006-2008: 30 l/seg.

- Sequía 2009: 15-20 l/seg.

- 2010: 40 l/seg.

- Sequía 2013: 18-25 l/seg.

- Sequía 2014-2016: 10-12 l/seg.

Este caudal que fluye de los Baños de Mula es el único que discurre por el río desde los Baños hasta su desembocadura durante muchos meses al año. Afectando, la disminución de su caudal, de forma directa, a las comunidades de regantes del río Mula y, por supuesto, al caudal ecológico y sanitario del río.

Ese descenso continuado del caudal del manantial que surte a los Baños de Mula, está directamente ligado a la sobreexplotación de los acuíferos de la zona y a la ampliación de terrenos para regadío que han proliferado en los últimos años, transformando zonas tradicionales de secano en nuevos regadíos, lo que permite relacionar las extracciones que se realizan en el "Sistema Bosque'' con la disminución de los caudales del manantial.

Si continua la sobreexplotación de los sistemas Morrón de Totana-Baños de Mula, Bosque y del acuífero del Cajal, y los descensos piezométricos exceden de los medidos en 2008, puede ocasionarse una afección más severa de la observada a los caudales del manantial y podían llegan a secarlo a corto plazo si las extracciones se producen en radio de unos 5 kilómetros del manantial.

Esta situación podría suponer el final de un recurso turístico y natural tan emblemático para nuestra Región como son los Baños de Mula y un enorme y grave perjuicio par a las comunidades de regantes y los municipios de Albudeite y Campos del Río que, tradicionalmente, se surten de esta agua para el riego de sus huertas, y perjudicaría, de forma significativa a la economía de ambos municipios cuya base principal es la agricultura.

Además, esta grave situación incide también sobre el hábitat provocando importantes problemas de insalubridad y grandes daños medioambientales en el entorno.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, a realizar las siguientes actuaciones en relación con los Baños de Mula, en la Región de Murcia:

1. Estudio piezométrico de los acuíferos de la zona.

2. Estudio piezométrico del manantial de los Baños.

3. Revisión pormenorizada de los perímetros de riego de la zona.

4. Control y vigilancia de los pozos y regadíos ilegales.

5. Control sobre la venta de agua de los acuíferos de esta zona a otras zonas regables."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2018.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre estudio y toma en consideración del encauzamiento de la Rambla de los Aznares, para su debate en la Comisión de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Aproximadamente a 1,5 kilómetros de su inicio, el cauce primitivo de la Rambla de los Aznares, en el término municipal de Mazarrón, discurre por los terrenos en los que hace ya una quincena de años se asentó una de la fases de la urbanización Camposol.

Para la implantación de esta fase se recurrió a lo que no puede denominarse sino como una desafortunada solución, el entubamiento de la rambla, siguiendo en grandes líneas lo que era su cauce natural, con, aparentemente, tres tubos de hormigón de 1.200 mm de diámetro, ocupando una longitud de 2 kilómetros en la zona urbanizada, de forma que, y aunque el trazado real del entubamiento no se conoce con precisión, existen fundadas sospechas de que pasa no solo bajo viales, sino bajo cierto número de parcelas edificadas. De lo que no hay ninguna duda es del insuficiente desagüe para avenidas de la rambla, cuyos caudales para periodos de retorno de 100,500 años se calculan en 11,34 y 16 m3/s respectivamente.

Huelga decir que la persistencia de la situación actual, que apenas permite la evacuación de la mitad del caudal previsible en la avenida T=100 años, implica un riesgo cierto para bienes y personas, tal y como quedó acreditado en las inundaciones del 25 de septiembre de 2014.

El Ayuntamiento de Mazarrón y la Confederación Hidrográfica del Segura llevan varios años trabajando en la búsqueda de una alternativa al encauzamiento de la Rambla de los Aznares con suficiente desagüe para las posibles avenidas y un trazado en el dominio público. Este sería el primer paso para poner solución al enorme problema que sufren cientos de residentes que compraron una vivienda sin saber que lo estaban haciendo encima de una rambla.

Según la información recabada en la Confederación Hidrográfica del Segura existe un trazado acordado con el Ayuntamiento de Mazarrón que cumpliría con los requisitos necesarios. Por tanto, corresponde hacer los proyectos técnicos pertinentes, buscar la financiación, presupuestar la obra y ejecutarla lo antes posible para evitar el riesgo cierto para bienes y personas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al estudio y toma en consideración del encauzamiento de la Rambla de los Aznares, acordado entre el Ayuntamiento de Mazarrón y la Confederación Hidrográfica del Segura, para evitar a la mayor brevedad el riesgo que existe para los bienes y las personas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2018.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el control y erradicación del la especie exótica invasora Plumero de la Pampa, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


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Exposición de motivos

El Plumero de la Pampa, Cortaderia Selloana, también conocido como hierva o carrizo de la Pampa, o simplemente por cortadera, es una planta procedente de América del Sur que se encuentra naturalizada en España.

Su introducción en España, y en Europa, se inició con el uso ornamental popularizado a principios del siglo XIX. También se achaca su origen a la mezcla de sus semillas con los cereales embarcados en los cargamentos provenientes de Argentina durante la guerra civil y la postguerra.

La especie es fácilmente reconocible por su altura, de hasta cuatro metros, que finalizan en una densa panícula blanca que florece de julio a octubre. Sus hojas son largas, con los bordes muy afilados (de ahí su denominación de cortadera) que crece en brotes muy densos.

La cortadera es una planta muy rústica, que se adaptada a las temperaturas extremas y a la sequía, aunque prefiere los terrenos frescos y con muchos nutrientes. Por este motivo es capaz de ocupar tanto en ambientes antropizados como en hábitats más o menos naturales. Así podemos encontrarla dispersa en bordes de caminos, carreteras, autopistas, eriales o en bordes de ríos y torrentes. En España, con carácter netamente invasor, ha proliferado en la Cornisa Cantábrica, donde la situación es más grave, pero también aparece en Cataluña, Canarias, centro peninsular y dispersa por la costa sur mediterránea y del Golfo de Cádiz.

El Plumero de la Pampa invade espacios naturales compitiendo con la flora autóctona, su capacidad para invadir riberas, zonas fluviales, dunas y colas de estuarios, la convierte en una especie muy peligrosa para estos valiosos ecosistemas. A nivel económico, una vez instalada, las hojas no son apetecibles para los herbívoros y, a su vez, disminuye la calidad forrajera de los pastos.

Por estos motivos, el carácter de especie exótica invasora, definida como "aquella que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural, y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética", está reconocido con su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, aprobado por Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto.

El artículo 64.5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, insta a la administraciones públicas, en el marco de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a elaborar Estrategias que contengan las directrices de gestión, control y posible erradicación de las especies del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, otorgando prioridad a aquellas especies que supongan un mayor riesgo para la conservación de la fauna, flora o hábitats autóctonos amenazados, con particular atención a la biodiversidad insular.

Desde hace años, diferentes iniciativas han intentado el control y erradicación de la especie, como las desarrolladas por el Plan de control y eliminación de especies vegetales invasoras de sistemas dunares. Sin embargo, la gran capacidad de dispersión de sus semillas y la facultad de rebrote desde su raíz hacen necesario actuaciones más drásticas, continuadas y coordinadas en las diferentes áreas afectadas.

En este sentido, frente a la dificultad de erradicación, es necesario profundizar sobre el conocimiento científico de la especie, para poner en marcha protocolos más efectivos y eliminarla lo antes posible, principalmente, de los espacios naturales.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Profundizar en el conocimiento de la especie y colaborar con los órganos de investigación y entidades, público y privadas, interesadas en los estudios sobre la Cortaderia Selloana, para establecer actuaciones eficaces de erradicación.

- Elaborar, en colaboración con las comunidades autónomas afectadas, una Estrategia de gestión, control y erradicación del Plumero de la Pampa, Cortaderia Selloana, que contemple las medidas presentes y futuras para combatir y atajar el problema.


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- Establecer mecanismos de coordinación internacional en el marco de la de Estrategia de gestión, control y erradicación de la Cortaderia Selloana, especialmente con los países donde la especie tiene un carácter invasor."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002819

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la apertura de nuevos mercados para el caqui, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El veto ruso, en vigor desde 2014, está suponiendo un grave perjuicio para la agricultura mediterránea, donde sectores netamente exportadores están soportando el cierre que la Federación Rusa decretó, prohibiendo la entrada de determinados productos agrícolas, alimentos y materias primas de terceros países, entre ellos España.

Los sectores más afectados han sido las frutas, las hortalizas, los lácteos y la carne. El 29 % de las exportaciones hortofrutícolas de 2013 de la UE fueron a Rusia. La exportación del conjunto de la UE de frutas y hortalizas a Rusia en 2013 totalizó 2.396.000 toneladas con un valor de 1.912 millones de ?. Esto ha supuesto que estas producciones tengan que desviarse a otros mercados, con resultados dispares, si bien, en la mayoría de los casos han habido caídas de precios y saturación de los mercados.

En los últimos años, el mercado ruso, poco a poco y con mucho esfuerzo por parte de los operadores comerciales, ha ido absorbiendo cada vez más producciones españolas como es el caso de las frutas y hortalizas, en especial cítricos superando las 65.000 tn o caqui, producto emergente en España, que llegó a exportar cerca de 10.000 tn en 2012.

El impacto del veto ruso, decretado en el verano de 2014 y que afecta a las exportaciones agropecuarias de los países comunitarios, está resultando devastador para el sector hortofrutícola europeo cuyas pérdidas como consecuencia de este bloqueo comercial alcanzarán los 2.000 millones de euros a finales de este año, según estimaciones del Comité Mixto Hispano-Franco-Italiano.

Un impacto devastador que en el caso del caqui, ha supuesto que dicha fruta experimente un descenso medio del 25 % en las tres últimas campañas, situándose en algunos casos, por debajo del coste de producción.

Todo ello ha venido a quebrar una estabilidad que el sector había conseguido, desde el descubrimiento del método tecnológico que permite eliminar la astringencia del caqui. Un equilibrio tanto de producción como de demanda que se había conseguido tras mucho esfuerzo, y que se traducía en precios razonables para todos los eslabones de la cadena de valor, incluido el más débil de todos, el agricultor.

Rusia en estos momentos está facilitando que nuestros competidores se asienten en su mercado, como es el caso de Turquía, Marruecos, Sudáfrica, Egipto o Túnez, lo que -sin duda- va a complicar aún más la recuperación de este mercado, por lo que es necesario actuar con rapidez.

Por tanto, y para finalizar, solicitamos que nuestros representantes políticos sean capaces de solucionar por la vía diplomática este conflicto, en especial nuestros representantes de la Comisión Europea para que el mercado ruso se recupere y no ponga en peligro la viabilidad de las explotaciones agrarias europeas y en particular, las españolas, acabando así con la sangría económica que desde hace cuatro años viene sufriendo el sector hortofrutícola europeo en general y el español y valenciano en particular.

Para ello es necesario y urgente seguir insistiendo en los protocolos de exportación de caqui a países como China, Japón, Vietnam, Argentina o Perú. Estos mercados han mostrado su interés en adquirir esta fruta, pero a día de hoy, no se puede, con lo que estamos perdiendo una oportunidad para intentar resarcir a un sector gravemente afectado por esta decisión política.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a que en combinación con la UE persevere en las negociaciones para lograr la apertura de nuevos mercados interesados en adquirir esta fruta, a través de los preceptivos protocolos de exportación del caqui."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002822

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración y aprobación del Real Decreto de adjudicaciones de viñedo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El Gobierno debe aprobar a lo largo de este año un Real Decreto que regule las adjudicaciones de plantaciones de viñedo a partir de la legislación comunitaria de reciente aprobación.

El sector Rioja, encabezado por su Consejo Regulador, ya han hecho llegar al Gobierno sus reivindicaciones, que son unánimes.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Convocar al conjunto del sector para elaborar de una forma participativa y negociada tal Real Decreto.

2. Incluir en el mismo que la elaboración de las horquillas concretas de cada CC.AA. sean aprobadas por estas, previa consulta al Consejo Regulador y a la lnterprofesional, y ratificadas por el Gobierno de España."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2018.-César Luena López, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002823

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta el inicio del plan de limpieza y recuperación de la zona de Palomares, en el municipio de Cuevas de Almanzora (Almería), afectada por las bombas termonucleares que cayeron sobre la localidad en 1966, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

En enero de 1966, en la localidad de Palomares (Almería) colisionaron dos aviones de las fuerzas aéreas de EE.UU, un bombardero estratégico B-52 y un Kc-135 de reaprovisionamiento, lo que provocó


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la desintegración de ambos aviones y la muerte de siete tripulantes. El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares B 28 de 1,5 Mt. Dos de ellas quedaron intactas, otras dos cayeron cerca del pueblo y explotó el detonante convencional que portan para conseguir la primera reacción nuclear. Estas explosiones convencionales esparcieron aproximadamente 20 kg de plutonio por los alrededores.

Las operaciones de recuperación y limpieza supusieron la retirada de 4.818 bidones, 1.400 t de tierra y restos vegetales, que fueron transportados al centro de reprocesamiento de materiales nucleares en Savannah River (Carolina del Sur). Esta actuación fue incompleta ya que no se retiró todo el material radiactivo ni se completó la limpieza de la zona.

Tras el accidente, el CIEMAT, organismo científico de referencia en España en investigación en protección radiológica, ha venido efectuando una supervisión continua del estado de salud de las personas y la posible contaminación.

En cuanto a la seguridad de los productos agrícolas de Palomares, desde 1967, se han controlado más de 3.500 muestras y se han realizado más de 5.000 análisis.

Durante muchos años, a la vista de los resultados de la vigilancia radiológica y teniendo en cuenta la escasa actividad agrícola y urbanística de la zona, no se consideró necesario adoptar medidas adicionales a las incluidas en los programas de vigilancia.

Desde 1986 hasta mitad de los años 1990 se llevaron a cabo, en la cabecera del valle, donde impactó la bomba n.º 2 (8,5 ha), una serie de actuaciones dirigidas a introducir una agricultura intensiva de regadío. Para ello, se construyeron dos grandes balsas y varias terrazas, lo que implicó importantes movimientos de tierras. Igualmente en la zona de impacto de la bomba n.º 3 se adaptaron los terrenos para un mejor aprovechamiento agrícola (0,5 ha).

A partir de 2002 se empezó a producir una reactivación de las actividades agrícolas y urbanísticas de la zona, que podían dar lugar a cambios de usos del suelo, y movimientos de tierra, que podían modificar la situación radiológica existente en ese momento.

Ante esta situación, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo competente en la protección radiológica y seguridad nuclear en España, definió los criterios necesarios para determinar el control de uso de los terrenos. La aplicación de dichos criterios llevaba a establecer restricciones de uso en algunas zonas y la necesidad de poner en marcha un plan de vigilancia radiológica.

Se reevaluó el inventario de contaminación residual remanente tras el accidente y se consideró que la nueva situación socio-económica de Palomares, en continua y creciente expansión económica, con un desarrollo agrícola de alta tecnificación y con un turismo cada vez más elevado y estable, podrían llegar a suponer un cambio en la exposición radiológica de la población.

Con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, que indicó los criterios de restricción de uso de los terrenos afectados, el Consejo de Ministros, por acuerdo de 17 de diciembre de 2004, aprobó el Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica (PIEM-VR), en los términos municipales de Vera y Cuevas del Almanzora (Almería), previsto en el artículo 130 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, designando para su desarrollo al CIEMAT. Para cuyo desarrollo fue preciso, en septiembre de 2007 y como consecuencia de los análisis realizados por el CIEMAT, ocupar 30 ha adicionales, por lo que la zona de estudio ocupa una superficie total de 40 ha.

El CIEMAT puso en marcha el PIEM-VR en diciembre de 2004, tal y como acordó el Gobierno. Con vallado de zonas próximas a los puntos de impactos de las bombas 2 y 3. Así mismo, durante el estudio se detectaron niveles de contaminación residual en 20 ha de Sierra Almagrera (zona 6), situada al este de Palomares y al norte de Villaricos, ambas pedanías de Cuevas del Almanzora.

Durante el desarrollo del PIEM-VR, se instalaron y mejoraron los vallados en las zona afectadas (2, 2 bis, 3 y 6), al objeto de restringir el acceso al público en general.

Una representación de la Dirección General de Energía (DG-ENER) de la Comisión Europea, realizó una verificación de la situación y actividades de vigilancia que se llevan a cabo en el entorno cíe Palomares. Se reconoció el importante trabajo científico que estaba desarrollando el CIEMAT.

El CIEMAT presentó en marzo de 2010 al CSN una Propuesta Preliminar del Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP), que fue aceptado con una serie de consideraciones desde el punto de vista de protección radiológica, que deben ser considerados en la redacción final del PRP.

El objetivo principal del PRP es actuar en las áreas contaminadas con transuránicos en Palomares como consecuencia del accidente de 1966, retirando las tierras afectadas con la mayor cantidad de radiactividad.


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En julio de 2015 se llevan a cabo reuniones técnicas entre representantes del departamento de energía de EE.UU. y del CSN y ClEMAT, se volvieron a analizar los niveles de intervención por parte del CSN y se reestimó el volumen de tierra a retirar en las distintas zonas, de acuerdo con los valores de intervención anteriores, obteniéndose un volumen total "in situ" de 20.587 m3, el correspondiente volumen total "ex situ" sería 28.817 m3.

El 19 de octubre de 2015 se hizo pública la firma de la Declaración de Intenciones entre el Reino de España y los Estados Unidos de América relativa a un Programa de Restauración del entorno de Palomares. En esta declaración se fijan los parámetros de un futuro acuerdo vinculante entre las partes, para desarrollar un programa conjunto de limpieza y retirada de las tierras contaminadas, previendo su depósito en territorio estadounidense; se establecen los niveles de liberación de tierras por zonas, incluyendo la limpieza y retirada de puntos aislados de contaminación y se contempla que las negociaciones dirigidas a la firma de dicho acuerdo vinculante comenzarían tras la firma de la Declaración, previendo que se firmara lo antes posible. No contenía una estimación de los costes ni el reparto de los mismos y de las responsabilidades legales, cuya determinación se recogería en el acuerdo vinculante.

La situación radiológica descrita anteriormente deja patente que, de acuerdo con los criterios establecidos por el CSN, existen condicionantes sociales, políticos y económicos en la comarca que exigen la necesidad de una intervención dirigida a la retirada o reducción del término fuente aún presente tras más de 48 años del accidente.

La resolución de esta situación constituye una demanda constante del municipio, que ha visto limitado su desarrollo socio-económico, en un área de importante atractivo turístico, y de posibilidades de desarrollo agrícola, así corno de los grupos ecologistas, que han presentado denuncia admitida por la Audiencia Nacional.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar la concreción de un acuerdo formal, con asunción de responsabilidades por ambas partes, derivado de la firma en 2015 de la Declaración de Intenciones entre el Reino de España y los Estados Unidos de América relativa a un Programa de Restauración del entorno de Palomares. Dicho acuerdo deberá comprender, entre otros aspectos, la total rehabilitación y la gestión de residuos de las zonas afectadas, así como la ubicación dada a las tierras contaminadas.

2. Iniciar el Plan de Recuperación de la zona de Palomares, en la provincia de Almería, afectada por las bombas termonucleares que cayeron sobre la localidad en 1966. Dicho Plan deberá contemplar el establecimiento, en el seno del Gobierno, de un órgano de coordinación interministerial en relación a todos los departamentos afectados.

3. Llevar a cabo, en paralelo, y en coherencia con las acciones anteriores:

a) Un estudio de impacto ambiental de la zona afectada, no realizado hasta ahora.

b) Un proyecto de instalaciones auxiliares, en colaboración y con respeto a las competencias de las restantes administraciones.

c) El diseño y homologación de contenedores por el DOE.

d) La conclusión del manual de protección radiológica.

4. Poner en marcha un plan de recuperación ecológica de la zona afectada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2018.-Juan Jiménez Tortosa y Sonia Ferrer Tesoro, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el


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desarrollo de un plan de arranque de frutales como medida de viabilidad de la producción, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

I

En agosto de 2014, como respuesta a los efectos de perturbación del mercado ocasionados por el veto ruso, la Comisión Europea puso en marcha la aplicación de medidas excepcionales consistentes en la autorización de retiradas de la producción del mercado. Tras las campañas consecutivas de aplicación de estas medidas de forma satisfactoria en el sector de la fruta dulce, en el año 2017 la retirada de la cuota establecida se ha cubierto hasta el 98 % en melocotones y nectarinas, lo que se traduce en la retirada de hasta 29.325 toneladas, en su mayor parte en Cataluña y en Aragón.

Sin embargo, la medida se ha constatado insuficiente para recuperar el precio en origen de la fruta, puesto que la problemática de exceso de oferta desde el inicio de la cosecha, en especial en las variedades de melocotones sweet dream y sweet cap, no se ha corregido.

Se ha comprobado que otras medidas alternativas, como la apertura de la fruta de hueso y, en menor medida, de pepita, a mercados extracomunitarios, deviene extremadamente compleja, considerando la condición de muy perecedera de dicha fruta y el hecho limitante del transporte en largas distancias. La necesidad de ser vendida en pocos días, coincidentes con situaciones de picos de oferta, provoca el hundimiento rápido del precio y fomenta prácticas comerciales insostenibles como la venta a resultas (ofrecer producto sin un precio pactado previamente).

Por otro lado, el mecanismo de pago en especie y la retirada del producto y la transformación en zumo destinado a organizaciones de acción social, también positivo para el sector, tampoco ha conseguido el efecto deseado en el objetivo de la consecución del precio agrario, pues la concentración de la producción y a la poca capacidad de recepción y almacenamiento de las entidades del tercer sector social, hacen inviable su efectividad total en relación con la totalidad de la cuota excepcional establecida.

II

Cabe considerar que en estos cuatro años en los cuales la Comisión Europea ha autorizado las medidas coyunturales de retiradas extraordinarias de producción, el subsector del melocotón y la nectarina ha casi agotado la totalidad de la cuota de retirada (los últimos datos del FEGA indican un uso del 98 % de la cuota excepcional autorizada por el 2017), siendo también muy elevada en el resto de subsectores (manzana y pera, ciruela y cítricos).

Por lo tanto, como alternativa a una situación de perturbación del mercado que deviene ya estructural, el sector ha planteado la propuesta de mantener medidas de retirada de producción del mercado, pero arrancando la plantación, medida más ventajosa por permanente y porque no vendría a distorsionar el mercado de los transformados en zumo.

Dichos planes de arranque se promoverían con carácter voluntario, en especial centrada en productores de melocotón, nectarina y manzana, limitados en el número de superficie por solicitante, con especial atención a aspectos como la sucesión en la titularidad de las explotaciones y las ayudas a pequeños y medianos agricultores, condicionados a abandonar la producción de dichas variedades durante un plazo mínimo de veinte años y con la posibilidad de reorientar la producción a otras producciones agrícolas mejor adaptadas a los nuevos condicionantes del mercado, de la climatología y de la demanda, especialmente.

La medida se desarrollará también buscando el relevo generacional en las explotaciones, de manera que se evite el abandono de la tierra agrícola y se mantenga la actividad agraria y el buen estado de conservación y manejo de los suelos agrarios.

III

Por ello es hora de plantear a la Comisión Europea, en el presente año 2018, la necesidad de mantener el presupuesto destinado a medidas excepcionales para hacer frente al veto ruso, pero solicitando que estas medidas se puedan usar para arrancar las plantaciones de melocotón, nectarina y manzana, en lugar de retirar la producción.


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De este modo, con los mismos recursos y de acuerdo con los datos oficiales de rendimientos medianos del Ministerio (20.879 kg/ha), se podría incrementar la cantidad de producción retirada del mercado en un año entre un 40 % y un 150 %. Ello permitiría poder llegar a retirar, con los 7.888.425 euros que había previstos por el 2017, por parte de la Comisión Europea, 1.753 hectáreas destinadas a arrancar las plantaciones que generan un mayor pico de producción. Incluso, siendo dichas hectáreas de mediana estación, lo que supone que puedan tener unos rendimientos medianos de 50.000 kg/ha, se podría llegar a retirar, 87.650 millones de kg, es decir, 58.325 millones de kg más que los, casi, 29.325 millones de kg retirados el 2017.

Por lo tanto, con la misma cuantía de gasto, se conseguiría una medida definitiva, por la cual durante un mínimo de veinte años (de acuerdo con las directrices comunitarias de ayuda de Estado) no se volverían a plantar las variedades arrancadas, y ya no tendría que ser necesaria ni una afectación de los presupuestos de la PAC.

Por todo lo cual, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mantener durante el año 2018 la declaración de situación de perturbación de mercado debido a la continuidad del veto ruso a los productos europeos, de acuerdo con el artículo 219 del Reglamento 1308/2013 de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM).

2. Solicitar a la Comisión Europea que, de acuerdo con la regulación de planes voluntarios de reducción de la producción (Reglamento 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre del 2017), autorice que los fondos previstos para paliar la situación de perturbación del mercado que provoca el veto ruso a los productos europeos, se destine a ayudar a aquellos productores que se comprometan a reducir la producción de manera voluntaria a través de arranques de frutales.

3. Que las superficies acogidas a los planes de arranque puedan acceder a la adjudicación de derechos de pago básico de la reserva nacional de derechos por estar incluido esta causa en el supuesto contemplado en el artículo 30.7, literal a), del Reglamento 1307/2013, para lo cual debería modificarse en lo que sea necesario el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.

4. Que en la regulación y aplicación de la medida priorice las explotaciones agrarias prioritarias, reguladas por la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, y se prime de especial manera y se acompañe de ayudas específicas la cesión de las explotaciones agrarias acogidas al arranque a nuevas personas agricultoras jóvenes o mujeres que quieran incorporarse al sector o a pequeñas y medianas empresas agrarias que acrediten políticas laborales de integración social y laboral de personas con discapacidad.

5. Que dichas medidas se apliquen con urgencia, a fin de que sean efectivas y aplicables antes de iniciarse la próxima campaña de comercialización, considerando que la parada invernal de las plantaciones es el mejor momento para realizar estas tareas y que debieran ser constatables antes de julio, inicio de la comercialización de la fruta de hueso."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2018.-Jaume Moya Matas, Diputado.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la


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siguiente Proposición no de Ley para reforzar el esfuerzo de España en la lucha contra la enfermedad de Chagas, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Como ha demostrado una década marcada por retos como la crisis del ébola, la batalla por el acceso a tratamientos contra la hepatitis C o la reciente epidemia del zika, el único modo de garantizar el derecho a la salud en cada uno de los países es concebir respuestas que consideren el interés común y el carácter transfronterizo de los problemas.

Así ocurre con la enfermedad de Chagas, una enfermedad parasitaria producida por Trypanosoma cruzi, de consecuencias devastadoras para el enfermo y para su entorno. Adquirida a través de la infección por insecto o a través de la transmisión congénita en el embarazo, la enfermedad se acaba convirtiendo en crónica y acompaña al paciente el resto de su vida, llegando a afectar al sistema digestivo o a producir complicaciones cardíacas letales. Unas 7.000 personas mueren al año por enfermedad de Chagas. Los enfermos de Chagas sufren de costes directos o indirectos derivados de su situación (estimados en 7.000 millones de euros), como las implicaciones económicas y sociales de la discapacidad laboral. El Chagas se ha extendido silenciosamente desde las zonas endémicas de Suramérica hasta las no endémicas de Europa, Estados Unidos y Oceanía. En Latinoamérica, el Chagas es la primera enfermedad tropical y la cuarta infecciosa con más carga de enfermedad, medida en años de vida perdidos ajustados por discapacidad (AVAD).

De los siete millones estimados de enfermos del planeta, solo un 1 % recibe el tratamiento que salvaría sus vidas, lo que ha convertido a esta patología en un símbolo de las llamadas enfermedades olvidadas. Los esfuerzos de la comunidad internacional se han concentrado en evitar el contagio pero no en mejorar el acceso al tratamiento para quienes la padecen. De esa forma, miles de pacientes con Chagas alrededor del mundo están condenados al olvido por falta de inversión y desatención política.

Derrotar la enfermedad de Chagas es posible. Sin embargo, para lograrlo se hace necesario un esfuerzo intenso y coordinado en tres ámbitos esenciales: el apoyo a los programas nacionales para ampliar el acceso al diagnóstico y tratamiento, la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y herramientas para controlar la enfermedad, y el intercambio de conocimiento entre las regiones afectadas y los equipos de investigación.

España, el país de Europa con más personas afectadas (el segundo de los países no endémicos con mayor número de casos después de EE.UU.), se ha situado en la vanguardia de la lucha contra esta enfermedad. Hasta el mes de mayo de 2016, 4.000 personas habían sido tratadas en España por Chagas. Sin embargo, considerando que el número total de infectados en nuestro país se estima en cerca de 90.000, la cifra real de atendidos no parece demasiado alta. Muchas de estas personas infectadas ni siquiera conocen su infección, por lo que un buen sistema de identificación es clave para ofrecer tratamiento de forma temprana y evitar la progresión y transmisión de la enfermedad.

España ha sido pionera en afrontar los retos de la nueva situación epidemiológica en los países no endémicos y ha logrado una cobertura de tratamiento entre cinco y diez veces más alta que la media mundial. En 2005 fue pionera en la regulación del control de la sangre y sus derivados. Tres comunidades autónomas cuentan con un protocolo validado para el cribado de mujeres embarazadas procedentes de zonas endémicas y recién nacidos de mujeres positivas. Existen también guías clínicas sobre diagnóstico, complicaciones cardíacas y digestivas, control de trasplantes de órganos, tratamiento antiparasitario, y manejo de coinfecciones por VIH y T. cruzi. Sin embargo, no existe una política nacional de cribado completo de la población de riesgo, ni una normativa general para el control de la transmisión congénita.

Además, la actividad investigadora de equipos españoles en el campo del Chagas es notable: entre 2007 y 2015, una de cada quince publicaciones internacionales sobre Chagas fue elaborado por equipos españoles; un esfuerzo que está vinculado con la cooperación internacional.

Con un total de 27,8 millones de euros aportados entre el 2000 y el 2015, España se convirtió en el primer donante bilateral de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la lucha contra esta enfermedad, apostando por apoyar a los países endémicos más afectados y contribuyendo a cambiar la vida de miles de personas. En Bolivia, por ejemplo, la contribución española ha ayudado a duplicar el número de pacientes tratados cada año. Este compromiso, sin embargo, podría estar amenazado por la marginación política y presupuestaria de la cooperación oficial española de los últimos años (la AOD dirigida a la enfermedad de Chagas se ha reducido drásticamente desde cerca de 2,5 millones de euros en 2011 a poco más de 500 000 euros en 2015).


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Los logros son tangibles. El número de muertes anuales en el mundo disminuyó de 45.000 en la década de los años ochenta a 7.000 en 2015, mientras que el número de personas que padecen Chagas es una quinta parte del que era hace 25 años.

Pese a todos estos avances, cada año siguen produciéndose alrededor de 39.000 nuevos casos en el mundo, y la inmensa mayoría de las personas afectadas sigue sin acceder al tratamiento. El Chagas demuestra que las enfermedades no conocen fronteras y que su tratamiento es mucho más que una obligación ética. Por eso España, como uno de los países no endémicos con mayor número de casos y por su caudal de experiencia e investigadores acumulado, no puede dejar de actuar en la lucha contra el Chagas, dentro y fuera de nuestras fronteras, y en particular en la cooperación con nuestros países hermanos. Una contribución que no puede sino contribuir a alcanzar nuestros objetivos estratégicos, junto con los del resto de países socios.

Para ello los expertos y organizaciones españolas enfocadas en la enfermedad de Chagas recomiendan centrar el esfuerzo en cuatro ámbitos: 1) completar la protocolización para el control de la trasmisión en el territorio español, 2) extender la experiencia al conjunto de la Unión Europea, 3) reforzar la I+D para llenar las lagunas existentes, y 4) mantener el compromiso de la cooperación en este ámbito.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Completar el esfuerzo de prevención y atención clínica a través de la protocolización en todo el país, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de las políticas de cribado de las mujeres embarazadas y el seguimiento de los recién nacidos, el diagnóstico a los familiares de primer y segundo grado de las embarazadas con la enfermedad de Chagas, y la integración de los servicios de diagnóstico en los centros de atención primaria.

2. Extender la experiencia en el diagnóstico y tratamiento del Sistema Nacional de Salud español al conjunto de la Unión Europea (UE), y contribuir así a lograr cambios en las políticas de salud y los protocolos para el control de la enfermedad de Chagas.

3. Reforzar los recursos dedicado por España a la I+D sobre Chagas que realizan los equipos españoles y plurinacionales, con el objeto de avanzar en la obtención de biomarcadores precoces de la eficacia terapéutica y otras nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas.

4. Mantener y reforzar el compromiso de la cooperación española en este ámbito; en particular, los programas desarrollados en los países endémicos y a través de las ONG, y los fondos e iniciativas científicas que han demostrado mayor eficacia en la lucha contra el Chagas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-Jesús María Fernández Díaz y Carlota Merchán Mesón, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002775

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la mejora, extensión y consolidación de la hospitalización a domicilio, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La hospitalización domiciliaria es una modalidad asistencial diseñada para proporcionar una atención de calidad a pacientes que está aún lejos de estar consolidada y generalizada en España. Esta modalidad, mejorada respecto a la prestación actual en el país, debe permitir ofrecer al paciente una atención digna, equitativa, próxima, ajustada a sus necesidades, segura y excelente. Además, contribuye a la sostenibilidad del sistema y acerca la atención especializada al escenario terapéutico natural que es el propio domicilio.


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El desarrollo de la hospitalización a domicilio (HAD) comenzó en España en 1981 en el Hospital Clínico de Madrid y con posterioridad se extendió a otros grandes hospitales del Estado. La falta de un marco regulador específico y de incentivos dirigidos a promover el desarrollo de estas unidades ha dejado a merced de la iniciativa individual de profesionales convencidos y de gerentes emprendedores la creación de unidades en algunos centros hospitalarios. Tanto es así que incluso se han cerrado algunas unidades pioneras de HAD en España, a la vez que han aparecido otras carentes de un modelo asistencial y de una estructura de recursos definidos, sin ni tan solo una cartera de servicios homogénea.

Esta situación de las HAD contrasta con otras modalidades emergentes, como el Hospital de Día, los centros de diálisis o la Cirugía Mayor Ambulatoria, todas ellas ampliamente consolidadas.

La HAD aparece desde 2006 como una de las prestaciones reconocidas en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS). El Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de Atención sanitaria Especializada, incluye específicamente la Hospitalización a Domicilio como actividad propia. La aplicación de este Registro implica que desde el 1 de enero de 2018 en el caso de hospitales de categorías C1.1 y C1.2 (centros públicos) y desde el 1 de enero de 2020 si se trata de hospitales de agudos de estas categorías (centros privados), las Comunidades Autónomas y, en su caso, los centros hospitalarios deban iniciar la recogida de datos específicos de HAD.

La extensión y consolidación de la HAD debe ir necesariamente acompañada de los recursos suficientes desde el punto de vista asistencial para poder dar respuesta en el ámbito domiciliario a las necesidades de los pacientes que se beneficien de ella. Estas personas tienen que tener a su disposición y a la de sus familias no solamente los recursos sanitarios sino los recursos del ámbito de la atención social, que deben actuar coordinadamente con aquéllos. En muchas ocasiones, atender en casa a una persona supone una sobrecarga de trabajo para las familias, habitualmente para las mujeres. Es por eso que, cuando se den estas circunstancias, debe asegurarse los recursos necesarios de apoyo a las personas que cuidan al paciente.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar, respetando las competencias de las CC.AA. y de acuerdo con ellas, un modelo homogéneo de Hospitalización a Domicilio, definiendo cuáles son sus actividades y cuál su cartera de servicios, de manera que se garantice su efectiva implantación en todo el territorio como prestación reconocida en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS).

2. Elaborar un plan de calidad y establecer un sistema de acreditación para las unidades de Hospitalización a Domicilio.

3. Fomentar la formación en Hospitalización a Domicilio para profesionales, con un plan específico, acreditativo y con valor curricular.

4. Impulsar la coordinación de la asistencia sanitaria y social, mediante equipos multidisciplinares, así como el reconocimiento y desarrollo de programas de atención a las personas cuidadoras, especialmente en lo referente a la aplicación y desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2018.-Lídia Guinart Moreno, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002777

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la instalación de desfibriladores en espacios con gran afluencia de personas, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


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Exposición de motivos

La muerte súbita es el fallecimiento que se produce en la primera hora desde el inicio de los síntomas, o el fallecimiento inesperado de una persona aparentemente sana que vive sola y se encontraba bien en el plazo de las veinticuatro horas previas.

Su principal causa es una arritmia cardiaca llamada fibrilación ventricular, que hace que el corazón pierda su capacidad de contraerse de forma organizada, por lo que deja de latir. La víctima de muerte súbita pierde, en primer lugar, el pulso, y en pocos segundos, pierde también el conocimiento y la capacidad de respirar. Si no recibe atención inmediata, la consecuencia es el fallecimiento al cabo de unos minutos.

La muerte súbita es una de las causas más frecuentes de muerte en los países desarrollados. En España ocurren alrededor de 30.000 muertes súbitas al año, y cerca de 15.000 intentos de reanimación por los Servicios de Emergencias. Las medidas de reanimación cardiopulmonar pueden conseguir en muchos casos que la arritmia desaparezca y el paciente se recupere. La desfibrilación es una medida muy eficaz que consiste en administrar al corazón una descarga eléctrica controlada con un dispositivo que se conoce como desfibrilador. Lo habitual es que al reiniciar 'desde cero' la actividad del corazón, este recupere su ritmo habitual normal. El pronóstico de los pacientes que sufren una muerte súbita depende fundamentalmente del tiempo que transcurre entre que el corazón se detiene y se aplica una desfibrilación.

En la actualidad, siete Comunidades autónomas (Valencia, Andalucía, Canarias, País Vasco, Cataluña, Asturias y Madrid) han legislado sobre la instalación de desfibriladores en espacios públicos, entidades, empresas, centros educativos y deportivos, donde hay una gran afluencia de personas.

Para el uso de estos dispositivos, se considera necesario que la población reciba una formación específica, de modo que cualquier ciudadano pueda actuar en el caso de que alguien lo necesite.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular considera conveniente promover en todo el territorio nacional la instalación de desfibriladores en espacios públicos, instituciones, centros educativos y empresas que tengan una gran afluencia de personas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Promover un acuerdo con las Comunidades Autónomas para la extensión a todo el territorio nacional de la instalación de desfibriladores en espacios públicos, instituciones, empresas y centros educativos y deportivos con una gran afluencia de personas. Estos desfibriladores estarán señalizados de manera visible en los espacios anteriormente referidos.

2. Fomentar entre la población una formación específica sobre el uso de los desfibriladores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002785

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Ángela Rodríguez Martínez y a través de su Portavoz Miguel Anxo Fernández Bello, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el tratamiento de la hepatitis C en la población reclusa en prisiones de Galicia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

En Galicia, como en la casi totalidad de las Comunidades Autónomas, la atención de la población reclusa está a cargo de los servicios correspondientes de Instituciones Penitenciarias, recurriéndose a los del Servizo Galego de Saúde (SERGAS) cuando las y los pacientes recluidos en los centros penitenciarios radicados en la Comunidad necesitan asistencia especializada u hospitalaria.


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La puesta en funcionamiento del Plan Estratégico para el Abordaje de la hepatitis C ha puesto de manifiesto, aún con mayor crudeza, la enorme diferencia entre el acceso a los medios para La restauración de la salud entre las personas que están en situación de reclusión y el resto de la sociedad. Siendo la hepatitis C una infección con una prevalencia del 20 % entre la población reclusa, estando, además, el 26,8 % de estos pacientes coinfectados por VIH, el número de reclusas y reclusos en cárceles gallegas que han podido acceder a los nuevos tratamientos con Antivirales de Acción Directa que permiten curar la viremia por VHC es puramente anecdótico.

La Plataforma Galega de Afectadas e Afectados pola Hepatite C ha desarrollado una intensa actividad, en la que se han implicado a la Fiscalía Superior y a la Valedora do Pobo de Galicia, para que se ponga remedio a una situación que parece obviar que las personas en prisión solo están privadas de su libertad, pero no de sus demás derechos básicos como lo son el derecho a La salud y la vida. Ambas instituciones han recomendado en sendos informes el establecimiento de un convenio que permita que estos pacientes sean tratados por los servicios del SERGAS y, a posteri, los costes correspondientes facturados por este al Ministerio del Interior.

A principios del pasado año el Ministerio del Interior y la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia firmaron un convenio para establecer la colaboración en La aplicación entre la población reclusa del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C que, hay que recordar, había entrado en vigor el 1 de abril de 2015, casi un año antes.

Sin embargo, dicho convenio tampoco ha producido prácticamente efecto alguno, ya que ni erradica el efecto disuasorio sobre las personas afectadas que implica el ser trasladadas a Madrid para poder recibir el tratamiento ni siquiera establece que sea el SERGAS el organismo encargado de la dispensación de estos fármacos, ya que aún siendo el personal facultativo especializado del SERGAS quien realiza la prescripción es Instituciones Penitenciarias quien se encarga de dispensar a los y las pacientes los tratamientos. Esto dificulta el acceso, la sincronización y el seguimiento por parte de los servicios que han decidido esos tratamientos, al tiempo que impide la transparencia y el control sobre plazos y ritmos con que se ejecutan.

Hay que tener en cuenta, además, que la actual estructura, en la que todas las personas internas en los cinco centros penitenciarios de la comunidad reciben atención primaria a través de los servicios sanitarios de Instituciones Penitenciarias, para a continuación ser derivadas a servicios especializados ambulatorios y centros hospitalarios del SERGAS; implica que han de ser tratados en muchas ocasiones en un sistema que no tiene interconexión, que no puede acceder a las historias clínicas ni tiene conocimiento de los antecedentes de las personas que trata, para, después, una vez se produce el alta de especializada o el alta hospitalaria, ser de nuevo objeto de seguimiento por parte de servicios médicos ajenos a aquel que les ha tratado. Esta circunstancia es absolutamente contraria a cualquier criterio lógico en la gestión sanitaria de pacientes y conlleva una disminución objetiva de la calidad asistencial de las personas enfermas que siguen este itinerario frente a aquellas otras que son cubiertas integralmente por el Sistema de Salud de la Comunidad Autónoma.

El Parlamento de Galicia aprobó por votación unánime en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2015 instar al Gobierno de la Xunta de Galicia a que reclamase del Gobierno Central la transferencia de las competencias en materia de salud penitenciaria para su asunción por el SERGAS.

Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Ángela Rodríguez Martínez en el Congreso de los Diputados

Proposición no de Ley

"Insta al Gobierno a:

1.º Poner en marcha inmediatamente y con carácter de urgencia los mecanismos necesarios para transferir a la Comunidad Autónoma de Galicia las competencias en materia de Salud Penitenciaria para las personas reclusas en los cinco centros penitenciarios radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma (Teixeiro, A Lama, Pereiro de Aguiar, Bonxe y Monterroso). La negociación de esta transferencia, por la urgencia que implica poder activar de forma efectiva los tratamientos previstos para las personas enfermas de hepatitis C después de casi dos años de vigencia del Plan, deberá hacerse sin vinculación con cualquier otra negociación de paquetes de transferencias o de la eventual transferencia ulterior del sistema penitenciario a la Comunidad Autónoma.


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2.º Con carácter inmediato y en tanto no se hace efectiva la transferencia de la competencia en Salud Penitenciaria, activar un mecanismo que permita que todo el ciclo de tratamiento y seguimiento con los nuevos antivirales específicos para la hepatitis C de las personas reclusas en esos centros se efectúe de modo integral por los servicios especializados del SERGAS habilitados a tal efecto, realizándose la dispensación a través de las correspondientes farmacias hospitalarias, como para el resto de pacientes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2018.-Ángela Rodríguez Martínez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002788

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre el Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de los establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para dotar de mayor agilidad a la Unidad de Reconocimiento de Títulos Extracomunitario dependiente de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, regula las condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialistas en Ciencias de la Salud obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea.

El Real Decreto tiene su fundamento en lo previsto en el artículo 18 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias, por el que se mandataba al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Política Social a establecer los supuestos y procedimientos para el reconocimiento en España de títulos de especialistas obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, previendo que el reconocimiento de dichos títulos tendría efectos profesionales.

Por eso, y en cumplimiento de lo dispuesto en dicha ley y en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, donde se establecía el plazo de un año para llevar a cabo dicho desarrollo, se elaboró este Real Decreto con el que se pretendía dar respuesta a la situación que se venía viviendo en España, caracterizado por un alto nivel de movilidad de los profesionales sanitarios, no solo en el marco de la Unión Europea, sino también de los procedentes de otros países no comunitarios que desean ejercer su trabajo en nuestro Sistema Sanitario.

España dispone por tanto del marco normativo adecuado para regular esta movilidad profesional, tan necesaria además para coadyuvar al déficit de especialistas sanitarios que experimenta nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero frente a este marco legal se da la circunstancia de que miles de profesionales ven impedido su derecho a tener reconocido su título de especialidad en nuestro país por el retraso creciente que viene experimentando la resolución de sus expedientes.

El citado Real Decreto recoge además en su artículo 14 un plazo límite de seis meses para la tramitación y resolución de estos procedimientos. A pesar de todo ello, la realidad pone de manifiesto de forma clara el incumplimiento de los preceptos legales y reglamentarios enumerados por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Así, a raíz de preguntas realizadas por el Grupo Parlamentario Socialista al Gobierno durante esta Legislatura, ha quedado de manifiesto que el retraso en la resolución de expedientes no deja de incrementarse, siendo en 2017 ya 2.785 los expedientes pendientes de resolución. Es decir, menos de la mitad de las 5.366 solicitudes registradas desde la publicación del Real Decreto en 2010 han sido resueltas hasta ahora. El Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado la escasez de medios técnicos y humanos de la unidad encargada de este cometido.

También los propios interesados se han visto obligados a recurrir al Defensor del Pueblo para denunciar la demora de sus expedientes. Dicha institución emitió una resolución en Octubre de 2016 requiriendo a la Secretaría de Sanidad y Consumo a que "se adoptaran medidas extraordinarias de ampliación de personal, y de gestión y organización, con el fin de que se cumplan los citados plazos procedimentales, reglamentariamente establecidos." Medidas que evidentemente el Gobierno sigue sin arbitrar.


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Por esta situación expuesta, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a dotar a la Unidad de Reconocimiento de Títulos Extracomunitarios de medios materiales y humanos que normalicen el procedimiento del reconocimiento de los títulos, dependiente de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para evitar los efectos desfavorables que está teniendo en estos momentos las demoras, para la ciudadanía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 enero de 2018.-Josefa Inmaculada González Bayo, José Juan Díaz Trillo y Jesús María Fernández Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002813

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a la hospitalización domiciliaria.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 71232 y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la hospitalización domiciliaria, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La hospitalización a domicilio es una modalidad asistencial diseñada para proporcionar una atención de calidad a pacientes para los que su domicilio es el "mejor hábitat terapéutico" por su patología y estado clínico.

Desde el año 1981, la hospitalización a domicilio es una alternativa asistencial, pero la realidad es que ha evolucionado de manera muy dispar entre las diferentes CC.AA. e incluso entre los distintos hospitales.


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Actualmente, la hospitalización a domicilio representa el 1,9% del total de las hospitalizaciones en España; y existen 136 centros con unidades de hospitalización domiciliaria, prácticamente en todas las CC.AA.

Además, la hospitalización domiciliaria colabora en la optimización de recursos existentes en el Sistema Nacional de Salud, liberando camas hospitalarias y reduciendo las urgencias, frente al incremento del gasto generado por el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas. El ahorro de costes oscila entre un 40 % y 60 % frente a la hospitalización tradicional.

Este tipo de hospitalización está sustentada por la colaboración de los profesionales sanitarios y los sociales, el uso cada vez mayor de las nuevas tecnologías y la implicación cada vez más elevada de los pacientes y sus familiares.

Los hospitales del futuro deberán ser organizaciones cuyo fin sea atender las necesidades asistenciales, utilizando las TIC y potenciando alternativas a la hospitalización, trabajando con equipos multidisciplinares que cuenten con la participación de los pacientes, siendo una alternativa de carácter voluntario. En paralelo, es necesario trabajar desde los adecuados parámetros de calidad y avanzar en la acreditación profesional de médicos y enfermeros que trabajen en la hospitalización domiciliaria.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Promover, en coordinación con las Comunidades Autónomas y en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, la hospitalización domiciliaría en nuestro país para hacer frente a nuevos retos, como son el envejecimiento o la cronicidad.

2. Proponer, previo informe del Consejo Nacional de Especialidades, la aprobación del Diploma de Acreditación para profesionales sanitarios de hospitalización domiciliaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002824

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la disciplina de Medicina Familiar y Comunitaria, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La Medicina Familiar y Comunitaria es una especialidad médica que abarca el cuidado total de la salud de las personas, las familias y la comunidad, integrando áreas biológicas, clínicas, conductuales y sociales.

El marco de trabajo de los especialistas en Medicina de Familia es la atención clínica individual basada en el trabajo en equipo, en coordinación con otros especialistas que trabajan en el segundo nivel asistencial o servicios extra hospitalarios, actividades de prevención y promoción de la salud, rehabilitación y reinserción social, práctica médica dirigida a la familia, vigilancia epidemiológica, docencia, investigación y actividades comunitarias. La labor fundamental de estos médicos es proporcionar una atención integral y continuada en el tiempo a individuos, familia y comunidad a su cargo, independientemente de la edad, sexo o enfermedad de la población a la que se atienda.

El reconocimiento académico de la Medicina de Familia y Comunitaria se ha ido produciendo de forma lenta y progresiva en nuestra Universidad, y se imparte actualmente como asignatura en las facultades de medicina. Este reconocimiento no se ha producido de manera homogénea en cuanto al número de créditos (ECTS), denominación y carácter obligatorio u opcional de la asignatura, motivo por el cual se ha reducido necesariamente su carga lectiva a menos de lo recomendado. La formación en las competencias de Medicina Familiar y Comunitaria es básica para cualquier profesional médico.


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La Medicina de Familia es una de las disciplinas que deben considerarse necesarias y prioritarias en los Planes de Estudio del Grado en Medicina. La presencia de la especialidad en el Grado es clave para que se formen más vocaciones. La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria es la que oferta un mayor número de plazas MIR, constituyendo Ea base de nuestro sistema sanitario, tanto por el número de profesionales como por la actividad que desarrolla, y es la especialidad que garantiza la equidad y el acceso a la salud hasta en el hogar más alejado.

Sin embargo, año tras año, y aunque está creciendo lentamente, no se encuentra entre las más elegidas por los aspirantes con mejor número, debido, entre otras razones, al desconocimiento de la misma por parte del alumnado que sale de las facultades.

Además, hay un escaso número de Médicos de Familia acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) como profesores titulares impartiendo esta asignatura. Ello es debido a la escasa valoración que otorga la ANEGA a la actividad asistencial frente al valor de la docencia y la investigación.

Los poderes públicos tienen la responsabilidad de garantizar que la cantidad de alumnos y la calidad de su formación sea la adecuada a las necesidades de nuestro país. En manos de las administraciones educativas y sanitarias se encuentra la obligación de dotar a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria del protagonismo que realmente merece en nuestra Universidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a través de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades, a:

1) Promover la asignatura de Medicina Familiar y Comunitaria en todas las facultades de medicina.

2) Incluir la Medicina Familiar y Comunitaria en el catálogo de áreas de conocimiento de la Universidad Española.

3) Impulsar que los médicos de familia y comunitaria puedan incorporarse de forma estable al cuerpo docente del Grado en Medicina e impartir dicha disciplina."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002831

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el abono del gasto por la atención sanitaria prestada por las Comunidades Autónomas a las personas reclusas, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El Ministerio de Interior lleva cinco años sin pagar la atención médica de los presos. Desde finales de 2012 las cárceles devuelven las facturas de las urgencias, las hospitalizaciones, los diagnósticos y las consultas y la atención especializada que emiten las comunidades autónomas, cuyo coste supera los 110 millones de euros en el conjunto del país.

Los centros penitenciarios comenzaron en el tercer trimestre de 2012 a devolver las facturas por esos servicios que emiten las Comunidades Autónomas, que en fa práctica se ocupan del grueso de la atención sanitaria especializada a la población privada de libertad, cuya competencia corresponde, según el propio Reglamento Penitenciario, al Ministerio de Interior, el cual sólo asume la atención primaria de salud prestada dentro de las prisiones.

Esta medida está relacionada con los recortes en materia sanitaria que el ejecutivo de Rajoy llevó a cabo nada más llegar a La Moncloa y afecta a todas las comunidades autónomas con la excepción de


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Cataluña y Euskadi, la primera por tener traspasada las competencias penitenciarias y la segunda por haber recibido la de la sanidad en las cárceles. Esta situación se mantiene desde hace más de cinco años y aún hoy con el Ministro Juan Ignacio Zoido.

La atención sanitaria a los reclusos se presta de manera compartida entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que dispone en sus 71 cárceles y 32 centros abiertos de 326 médicos y 485 enfermeros, que se ocupan de la atención primaria, y las Comunidades Autónomas, cuyos servicios de salud asumen la atención especializada en régimen de hospitalización o ambulatorio, pruebas diagnósticas y administración de medicamentos de uso o diagnóstico hospitalario.

Hasta principios de esta década, el Ministerio de Interior mantenía convenios con las Comunidades Autónomas por las que estas facturaban por la atención sanitaria prestada a la población reclusa. Pero esos acuerdos fueron venciendo, y lo hicieron en vísperas de que el Gobierno ejecutara el recorte de la sanidad pública de abril de 2012.

Tras él, la Abogacía del Estado elaboró un informe que sostiene que, "la condición de asegurado del ciudadano no se altera por el hecho de que ingrese en prisión y, por tanto, el interno tiene derecho a la asistencia sanitaria como derecho propio y no en calidad de recluso", aunque, añadía, "la financiación de dicha asistencia debe ser asumida por el Servicio de Salud donde se ubique el centro penitenciario". A partir de entonces el Ministerio del Interior ha ido cancelando los convenios que tenía con las Comunidades Autónomas para coordinar y establecer las condiciones y financiación de estos servicios prestados a la población reclusa.

El Plan para el tratamiento de la hepatitis C en los penales españoles ha vuelto a poner de manifiesto la falta de diligencia con que Administraciones Penitenciarias está abordando el tratamiento de estos enfermos y además el rechazo hasta hace poco a hacerse cargo del coste de los tratamientos. Según una respuesta escrita del Gobierno a pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, casi el 40% de los reclusos con fases avanzadas de la enfermedad siguen pendientes de recibir tratamiento dos años después de poner en marcha el Plan estatal de Abordaje de la Hepatitis C. Fueron diversas sentencias de Tribunales Superiores autonómicos emitidas en 2015 (La Rioja, Castilla y León, Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón) las que refrendaron la obligación de la Administración Penitenciaria de hacerse cargo del coste de los tratamientos de diagnóstico hospitalario (con motivo de la terapia frente a la hepatitis C).

Las Comunidades Autónoma mantienen que la asistencia sanitaria a los internos está atribuida legalmente a la Administración Penitenciaria competente, que debe asumir su prestación por medios propios o a través de concierto", sin que la comunidad tenga que soportar "coste alguno por esta asistencia al no ser la titular de este servicio público".

Varias Comunidades mantienen litigios abiertos con el Estado. Andalucía, que ha visto desestimadas sus pretensiones en primera instancia, reclama varios pagos de cinco millones por año, Castilla y León teme que el coste pueda dispararse hasta los veinte anuales y Aragón cifra en 1,4 la factura anual (4,1 millones hasta agosto de 2015). En días pasados el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha emitido una sentencia a este respecto condenando a la Administración Penitenciaria a hacerse cargo de las facturas giradas por el Servicio Balear de Salud, reconociendo que es la Administración estatal la obligada, según el Reglamento Penitenciario, a asumir el coste de la atención sanitaria que no presta por medios propios.

Las Comunidades Autónomas se han visto afectadas en materia sanitaria por importantes recortes del Gobierno central, hacer recaer en ellas además este tipo de atención médica, significa más dificultades y más déficit para ellas, por eso parece razonable que en seis meses se abra una negociación por parte de Gobierno con las Comunidades Autónomas para resolver la financiación de la atención sanitaria a las personas en prisión, en tanto en cuanto no se traspasa a dichas CC.AA. esta competencia.

La solución definitiva es el traspaso de esta competencia, junto con la correspondiente financiación del coste real de una asistencia sanitaria integral, a las CC.AA., tal como estableció la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Así lo ha requerido también el Congreso de los Diputados al Gobierno, la última vez en esta misma Legislatura XII, el 15 de diciembre de 2016, requiriéndosele también a: "... satisfacer los pagos debidos por la Administración Penitenciaria a las Comunidades Autónomas en materia de sanidad penitenciaria, poniendo fin de inmediato a la litigiosidad existente en este campo. Y asegurar de manera inmediata, y según lo dispuesto en el plan estratégico para el abordaje del virus C en España, la financiación necesaria para la erradicación del virus en la población reclusa".


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abrir de manera inmediata una negociación por parte del Ministerio del Interior con las Comunidades Autónomas, con el objeto de acordar las condiciones de la financiación por parte de la Administración Penitenciaria de la atención sanitaria prestada por los Servicios Autonómicos de Salud a la población reclusa. Y reitera el llamamiento al Gobierno de España para producir cuanto antes la integración de la sanidad penitenciaria en los Servicios Autonómicos de Salud, garantizando la transferencia a las CC.AA. de la financiación suficiente por el coste real y efectivo de los servicios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Jesús María Fernández Díaz y David Serrada Pariente, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002772

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para reforzar el esfuerzo de España en la lucha contra la enfermedad de Chagas, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

Como ha demostrado una década marcada por retos como la crisis del ébola, la batalla por el acceso a tratamientos contra la hepatitis C o la reciente epidemia del zika, el único modo de garantizar el derecho a la salud en cada uno de los países es concebir respuestas que consideren el interés común y el carácter transfronterizo de los problemas.

Así ocurre con la enfermedad de Chagas, una enfermedad parasitaria producida por Ttypanosoma cruzi, de consecuencias devastadoras para el enfermo y para su entorno, Adquirida a través de la infección por insecto o a través de la transmisión congénita en el embarazo, la enfermedad se acaba convirtiendo en crónica y acompaña al paciente el resto de su vida, llegando a afectar al sistema digestivo o a producir complicaciones cardíacas letales. Unas 7.000 personas mueren al año por enfermedad de Chagas. Los enfermos de Chagas sufren de costes directos o indirectos derivados de su situación (estimados en 7.000 millones de euros), como las implicaciones económicas y sociales de la discapacidad laboral. El Chagas se ha extendido silenciosamente desde las zonas endémicas de Suramérica hasta las no endémicas de Europa, Estados Unidos y Oceanía. En Latinoamérica, el Chagas es la primera enfermedad tropical y la cuarta infecciosa con más carga de enfermedad, medida en años de vida perdidos ajustados por discapacidad (AVAD).

De los siete millones estimados de enfermos del planeta, solo un 1 % recibe el tratamiento que salvaría sus vidas, lo que ha convertido a esta patología en un símbolo de las llamadas enfermedades olvidadas. Los esfuerzos de la comunidad internacional se han concentrado en evitar el contagio pero no en mejorar el acceso al tratamiento para quienes la padecen. De esa forma, miles de pacientes con Chagas alrededor del mundo están condenados al olvido por falta de inversión y desatención política.

Derrotar la enfermedad de Chagas es posible. Sin embargo, para lograrlo se hace necesario un esfuerzo intenso y coordinado en tres ámbitos esenciales: el apoyo a los programas nacionales para ampliar el acceso al diagnóstico y tratamiento, la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y herramientas para controlar la enfermedad, y el intercambio de conocimiento entre las regiones afectadas y los equipos de investigación.


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España, el país de Europa con más personas afectadas (el segundo de los países no endémicos con mayor número de casos después de EE.UU.), se ha situado en la vanguardia de la lucha contra esta enfermedad. Hasta el mes de mayo de 2016, 4.000 personas habían sido tratadas en España por Chagas. Sin embargo, considerando que el número total de infectados en nuestro país se estima en cerca de 90.000, la cifra real de atendidos no parece demasiado alta. Muchas de estas personas infectadas ni siquiera conocen su infección, por lo que un buen sistema de identificación es clave para ofrecer tratamiento de forma temprana y evitar la progresión y transmisión de la enfermedad.

España ha sido pionera en afrontar los retos de la nueva situación epidemiológica en los países no endémicos y ha logrado una cobertura de tratamiento entre cinco y diez veces más alta que la media mundial. En 2005 fue pionera en la regulación del control de la sangre y sus derivados. Tres comunidades autónomas cuentan con un protocolo validado para el cribado de mujeres embarazadas procedentes de zonas endémicas y recién nacidos de mujeres positivas. Existen también guías clínicas sobre diagnóstico, complicaciones cardíacas y digestivas, control de trasplantes de órganos, tratamiento antiparasitario, y manejo de coinfecciones por V1H y T. cruzi. Sin embargo, no existe una política nacional de cribado completo de la población de riesgo, ni una normativa general para el control de la transmisión congénita.

Además, la actividad investigadora de equipos españoles en el campo del Chagas es notable: entre 2007 y 2015, una de cada quince publicaciones internacionales sobre Chagas fue elaborado por equipos españoles; un esfuerzo que está vinculado con la cooperación internacional.

Con un total de 27,8 millones de euros aportados entre el 2000 y el 2015, España se convirtió en el primer donante bilateral de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la lucha contra esta enfermedad, apostando por apoyar a los países endémicos más afectados y contribuyendo a cambiar la vida de miles de personas. En Bolivia, por ejemplo, la contribución española ha ayudado a duplicar el número de pacientes tratados cada año. Este compromiso, sin embargo, podría estar amenazado por la marginación política y presupuestaria de la cooperación oficial española de los últimos años (la AOD dirigida a la enfermedad de Chagas se ha reducido drásticamente desde cerca de 2,5 millones de euros en 2011 a poco más de 500 000 euros en 2015).

Los logros son tangibles. El número de muertes anuales en el mundo disminuyó de 45.000 en la década de los años ochenta a 7.000 en 2015, mientras que el número de personas que padecen Chagas es una quinta parte del que era hace 25 años.

Pese a todos estos avances, cada año siguen produciéndose alrededor de 39.000 nuevos casos en el mundo, y la inmensa mayoría de las personas afectadas sigue sin acceder al tratamiento. El Chagas demuestra que las enfermedades no conocen fronteras y que su tratamiento es mucho más que una obligación ética. Por eso España, como uno de los países no endémicos con mayor número de casos y por su caudal de experiencia e investigadores acumulado, no puede dejar de actuar en la lucha contra el Chagas, dentro y fuera de nuestras fronteras, y en particular en la cooperación con nuestros países hermanos. Una contribución que no puede sino contribuir a alcanzar nuestros objetivos estratégicos, junto con los del resto de países socios.

Para ello los expertos y organizaciones españolas enfocadas en la enfermedad de Chagas recomiendan centrar el esfuerzo en cuatro ámbitos: 1) completar la protocolización para el control de la trasmisión en el territorio español, 2) extender la experiencia al conjunto de la Unión Europea, 3) reforzar la I+D para llenar las lagunas existentes, y 4) mantener el compromiso de la cooperación en este ámbito.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Completar el esfuerzo de prevención y atención clínica a través de la protocolización en todo el país, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de las políticas de cribado de las mujeres embarazadas y el seguimiento de los recién nacidos, el diagnóstico a los familiares de primer y segundo grado de las embarazadas con la enfermedad de Chagas, y la integración de los servicios de diagnóstico en los centros de atención primaria.

2. Extender la experiencia en el diagnóstico y tratamiento del Sistema Nacional de Salud español al conjunto de la Unión Europea (UE), y contribuir así a lograr cambios en las políticas de salud y los protocolos para el control de la enfermedad de Chagas.


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3. Reforzar los recursos dedicado por España a la I+D sobre Chagas que realizan los equipos españoles y plurinacionales, con el objeto de avanzar en la obtención de biomarcadores precoces de la eficacia terapéutica y otras nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas.

4. Mantener y reforzar el compromiso de la cooperación española en este ámbito; en particular, los programas desarrollados en los países endémicos y a través de las ONG, y los fondos e iniciativas científicas que han demostrado mayor eficacia en la lucha contra el Chagas."

Palacio del Congreso de los Diputado, 9 de enero de 2018.-Jesús María Fernández Díaz y Carlota Merchán Mesón, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002801

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Compromís, Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la paralización de la venta de armas y la revisión de la aplicación de la Ley 53/2007, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

El 31 de octubre de 2014 el Estado español ratificó el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA), dicho tratado sienta las bases de un acuerdo internacional que contribuyera a cambiar la manera de funcionar del comercio de armas con el fin de salvar vidas regulando una industria rodeada de secretismo y poca transparencia. Así pues, el Tratado Internacional de Comercio de Armas es el primer acuerdo legalmente vinculante en el mundo en esta materia.

Tal y corno menciona el Instituto Español de Estudios Estratégicos la entrada en vigor del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas es la primera negociación global que ha logrado conectar el respeto del derecho internacional humanitario y los derechos humanos a las transferencias de armas, creando, al más alto nivel, un marco jurídico común de responsabilidades y rendición de cuentas.

A raíz del voto favorable de Naciones Unidas a la puesta en marcha de TCA y de la fuerte presión social a nivel estatal, el 28 de diciembre de 2007 entraría en vigor la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Dicha Ley supuso un avance en la adecuación de su legislación sobre comercio exterior de material de defensa y de productos y tecnologías de doble uso dado que se establece la obligación de aplicar los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea que impiden la transferencia de armas a países en conflicto o donde haya un riesgo de que puedan ser utilizadas para vulnerar los derechos humanos, entre otras limitaciones. Además, la Ley abre la puerta a un mayor control parlamentario y a poner en conocimiento de la ciudadanía de manera detallada el material de defensa y doble uso que exporta España.

Tal y como viene publicado en la página web del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sobre los informes de las exportaciones españolas de material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso, disponibles en: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/PDF/publicaciones/INFORMEESTAD%C3°/08DSTICAS2016.pdf, España exportó en 2016 material de defensa por un valor superior a los 4.000 millones de euros de los cuales 116.2 millones de euros fueron destinados a Arabia Saudí o 52,7 millones de euros fueron destinados a la venta de munición de artillería y para arma ligera y vehículos blindados para Irak. Además, recientemente conocíamos a través del informe "Exportaciones españolas de Material de Defensa, de Otro Material y de Productos y Tecnologías de Doble Uso en el primer semestre de 2017" elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio en el que recoge como el valor de las exportaciones realizadas en el primer semestre de 2017 fue de 2.041,6 millones de euros, de los cuales se vendieron 66,4 millones de euros a Arabia Saudí.

El pasado mes de marzo de 2017, se cumplían dos años del inicio del conflicto en Yemen desde que una coalición de varios gobiernos del Golfo Pérsico, dirigida por Arabia Saudí, comenzara los ataques en el país contra las milicias de los huzíes. Dicho conflicto ha derivado en que se hayan producido violaciones


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del derecho internacional en ataques a civiles y se estima que tres millones de personas hayan tenido que huir del país, según Naciones Unidas.

Los ejemplos de Arabia Saudí e Irak anteriormente citados, son sólo dos ejemplos de las operaciones que resultan especialmente preocupantes en la venta de armas por el posible riesgo de su uso llevadas a cabo por parte del estado español. En reiteradas ocasiones Organizaciones No Gubernamentales como Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón han exigido el cese de la venta de armas españolas ante el riesgo de que estás pudieran estar siendo para la violar los derechos humanos, por ejemplo, en el conflicto armado de Yemen o por la posibilidad de que acaben en manos del autodenominado Estado Islámico.

Después de una década de la entrada en vigor de la Ley 53/2007 sobre control de comercio de armas, y tres desde la ratificación por parte del Estado Español del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, consideramos necesaria una revisión en la legislación para blindar la aplicación de su articulado, garantizar la transparencia y evitar que los efectos prácticos de la norma queden debilitados. Consideramos que estaríamos haciendo un flaco favor a la seguridad del Estado, así como a todos los avances llevados a cabo a nivel global en materia de persecución de comercio ilegal de armamento si continuamos permitiendo la exportación de armas a países en los que se dan preocupantes contextos de violencia armada y cuya utilización de dichas armas procedentes de España pudieran ser utilizadas para cometer graves violaciones de los derechos humanos como es en el caso de la venta a: Arabia Saudí, Bahrein, Brasil, Colombia, Egipto, Irak, Israel y Turquía.

Por todo ello la Diputada de Compromís, Marta Sorlí Fresquet, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso reafirma su compromiso en virtud del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA) de no exportar armas a aquellos países donde exista un riesgo preponderante para cometer violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en conflicto armado interno y donde haya peligro de exportación de armas a países en conflicto como es el caso de Yemen.

El Congreso insta al Gobierno a:

1. Promover activamente la universalización del Tratado sobre el Comercio de Armas.

2. Realizar una revisión de la aplicación de la Ley 53/2007 en la que se identifique las medidas para reforzar los mecanismos de trasparencia, control de las exportaciones, el control parlamentario y donde se tenga en cuenta la opinión de la sociedad civil.

3. Reforzar los controles sobre las exportaciones de armas, así como llevar a cabo las investigaciones en profundidad pertinentes que esclarezcan cualquier tipo de duda ante las denuncias de presuntas violaciones de la legislación sobre la venta de armas por parte del estado español cuando exista el riesgo de que pudieran ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

4. Paralizar la transferencia de armas a Arabia Saudí o cualquier otro Estado cuando exista un riesgo sustancial de que las armas puedan ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2018.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada,-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002826

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a incrementar la aportación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y establecer un Marco de Asociación


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Estratégica con dicha Agencia, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

El pueblo palestino constituye el mayor grupo de población que mayor tiempo permanece en el exilio. Actualmente se contabilizan más de cinco millones de personas con estatuto de refugiado palestino que viven en Líbano, Siria, Jordania y más de dos millones en Gaza y Cisjordania. De estas últimas, 1,4 millones viven en alguno de los 58 campamentos que gestiona la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA).

UNRWA comenzó sus actividades el 1 de enero de 1950 con un mandato original previsto por tres años para atender a la población palestina. Ante la no resolución del conflicto, desde entonces este mandato ha sido desde entonces renovado cada tres años por la Asamblea General de Naciones Unidas junto con el estatuto de refugiado de la población palestina.

Entre las principales funciones que desempeña UNRWA en los campamentos de refugiados palestinos se encuentran la ayuda alimentaria, la educación de niños y niñas en 700 escuelas, la atención sanitaria y en especial salud materno infantil en 117 clínicas de salud, la rehabilitación de personas con discapacidad en 35 centros o el trabajo con las mujeres palestinas en 49 centros de mujeres en Gaza y Cisjordania.

Además de los servicios que presta en la atención a las personas refugiadas, la presencia y trabajo de UNRWA en Gaza y Cisjordania es un elemento de gran importancia en cuanto a la seguridad y estabilidad política de la zona.

Como sucede con el resto de agencias de Naciones Unidas la financiación de UNRWA depende de las contribuciones que realizan los Estados miembros, siendo en el caso de UNRWA Estados Unidos el primer donante, aportando un tercio de la financiación total de la Agencia.

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado recientemente una reducción drástica de sus contribuciones a UNRWA lo que pone en riesgo la supervivencia de los programas así como incorporar un nuevo elemento de inestabilidad a la región.

España mantiene una larga trayectoria de relación y colaboración con UNRWA tanto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación como a través de diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos.

En 2017 comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones aportaron 5 millones de euros mientras que el Gobierno de España realizó una contribución de 2,4 millones de euros a la UNRWA. En 2016 la contribución fue de 500.000 Euros.

Esta contribución resulta insuficiente y no se corresponde con la trayectoria de la Cooperación Española con Palestina y más en el contexto que enfrentará la agencia este año que puede suponer que se tengan que cerrar escuelas, clínicas de salud, centros de la mujer, etc., dejando a la población refugiada palestina en una situación de mayor precariedad y vulnerabilidad de la que ya viene enfrentando la población palestina.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar una contribución extraordinaria a la UNRWA por un monto no inferior a la cantidad aportada en 2017.

2. Incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado una aportación de al menos 3 millones de euros.

3. Establecer con UNRWA un Marco de Asociación Estratégica que defina las líneas de apoyo a la agencia por parte de la Cooperación Española así como un marco de apoyo presupuestario plurianual."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2018.-Carlota Merchán Mesón, José Ignacio Sánchez Amor, Meritxell Batet Lamaña, María Soraya Rodríguez Ramos, Elvira Ramón Utrabo, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Cultura

161/002753

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar el programa Erasmus de la Cultura, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

La naturaleza creativa, económica y social de la cultura se articula como un elemento estratégico de las políticas públicas para promover la cohesión e integración de nuestras sociedades.

En el último Consejo de Ministros de Educación y Cultura de la Unión Europea, celebrado en Bruselas, España se ha posicionado a favor de la propuesta francesa de recuperar Europa a través de la cultura, en especial en lo relativo a la apuesta por un "Erasmus de la Cultura" destinada a promover la movilidad de los sectores culturales y a la defensa de los derechos de autor en la era de desarrollo digital.

La propuesta de la creación de un programa de "Movilidad para la cultura" nace con el objetivo de facilitar los intercambios entre jóvenes artistas y profesionales de la cultura y aportar apoyo a las estancias y programas de residencia en Europa en los sectores culturales, artísticos y creativos, inspirado en el éxito de Erasmus, para permitir que jóvenes europeos adquieran experiencia y competencias mediante la convivencia con instituciones culturales públicas y privadas de otros Estados miembros de la Unión Europea. Lo que contribuiría asimismo a la toma de conciencia del fundamento cultural de Europa, una cultura accesible e integradora que promueva los valores comunes europeos en la construcción de sociedades cohesionadas en Europa.

En el ámbito educativo, la aportación de España al programa europeo Erasmus, después de dieciséis años, es extraordinaria: como primer destino europeo en Educación Superior se ha convertido en uno de los países que más participantes aporta, con más de 64.000 en 2017; y como primer país de destino en todos los sectores educativos, con más de 68.000 participantes. En este sentido, es factible que también en el ámbito cultural contara con la aportación de talento y capacidad de nuestros jóvenes creadores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar, en el seno de la Unión Europea, la creación de un programa Erasmus de la Cultura con el objetivo de facilitar los intercambios entre jóvenes artistas y profesionales de la cultura y aportar apoyo a las estancias y programas de residencia en Europa en los sectores culturales, artísticos y creativos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002756

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del V centenario del fallecimiento de Vasco Núñez de Balboa, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Vasco Núñez de Balboa (1475-1519), natural de Jerez de los Caballeros (Badajoz) fue condenado por alta traición al Rey y decapitado, junto a cuatro de sus hombres, entre el 13 y el 21 de enero de 1519, en la plaza mayor de Acla, Panamá.


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Núñez de Balboa partió desde Santa María de la Antigua del Darién, la primera ciudad de la América continental que había fundado dos años antes, situada a orillas del mar Caribe, en la actual Colombia, con una expedición, formada por 190 españoles y un millar de oriundos. Desde allí alcanzó el puerto situado en tierras del cacique Careta, y cruzó con gran dificultad el istmo panameño en busca de un nuevo mar, del que le habían hablado los indígenas. El 25 de septiembre de 1513, siguiendo las instrucciones de los guías, Núñez de Balboa se encaramó a una cima y pudo contemplar por primera vez el océano Pacífico, hecho que se conoció como el descubrimiento de la Mar del Sur.

El descubrimiento del Pacífico por Núñez de Balboa, posterior al de América, es de una trascendencia extraordinaria, a la que después se sumaría la expedición de la primera vuelta al mundo de Elcano y Magallanes, que supuso un punto de inflexión para el mundo moderno al comprobar que la Tierra era redonda, y por el establecimiento de nuevas rutas comerciales y de navegación, ya que desde la toma de Constantinopla por los turcos (1453), el comercio terrestre estaba interrumpido o resultaba de difícil acceso.

Este descubrimiento resultó también de una trascendencia significativa en el ámbito religioso y lingüístico, ya que el español pasa a ser una lengua de relación entre europeos, indoamericanos y africanos. De entonces datan numerosos estudios lingüísticos y antropológicos sobre los pueblos de América y las islas del Pacífico. La lengua española amplió su presencia en el mundo, llegando también a las islas del Pacífico, donde hoy permanece su huella.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar en la difusión de la historia de la figura y las hazañas de Vasco Núñez de Balboa, en la conmemoración del V Centenario de su fallecimiento en 2019, junto con las Universidades y asociaciones académicas que estén vinculadas en sus trabajos, con otras entidades nacionales e internacionales y, en particular, a través del Instituto Cervantes, dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002764

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la Proposición no de Ley para promover la presencia internacional de la Real Fábrica de Tapices, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Fundada en 1720, la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara ha atravesado en años recientes una situación económica sumamente delicada. Es encomiable que las instituciones que forman parte de su Patronato (el Gobierno de la Nación, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid) hayan tomado cartas en el asunto y puesto los medios necesarios para superar, por el momento, esta crisis.

La Real Fábrica de Tapices, en su nueva encarnación como Fundación, parece haber iniciado una senda de recuperación en gran medida gracias a la recepción de encargos externos. No parece casual que en este momento sus dos encargos más significativos (y que por su volumen e importancia parecen garantizar por el momento su viabilidad económica) provengan del extranjero: uno del gobierno regional de Sajonia -el encargo más importante en los últimos dos siglos, por valor de más de 1 millón de euros- y otro de la comunidad libanesa en el Reino Unido.

Este camino parece pues ser el más acertado para garantizar la viabilidad de una institución que, al contrario que su correspondiente francesa, la Manufacture des Gobelins, convertida en un proveedor exclusivo del Estado, tiene una clara vocación productiva.


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Un factor decisivo a la hora de conseguir estos encargos, ha sido sin duda la incontestable habilidad y capacitación de su personal, muy superiores los de sus competidores. Uno de los pilares de esta altísima reputación profesional, es la formación de los trabajadores de la Real Fábrica, de manera muy especial de los maestros tejedores. Pese a ello y pese a ser uno de los objetivos principales de la Fundación la transmisión de los oficios relacionados con su actividad -que hace unos años parecían abocados a la extinción-, en la actualidad no se imparte curso de formación alguno y su reputada escuela taller permanece cerrada. Parece evidente que si la Real Fábrica de Tapices ha de seguir por ese camino de recuperación, este es otro aspecto que debe ser no sólo tenido en cuenta sino mimado de forma particular.

Es pues evidente que el futuro de la Real Fábrica se basa en dos pilares fundamentales: la calidad y cualificación profesional de sus trabajadores y su capacidad para acceder a mercados que le permitan obtener encargos que garanticen su viabilidad económica.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Asegurar la promoción internacional de la Real Fábrica de Tapices favoreciendo su participación en ferias internacionales, misiones comerciales y cualquier otro medio que le permita incrementar su perfil internacional.

2. Promover desde el Patronato de la Fundación la recuperación definitiva de la escuela taller de fa Real Fábrica, en manera tal que pueda seguir garantizando la formación de los profesionales que necesita pero también proporcionar formación reglada con su correspondiente titulación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2018.-Marta María Rivera de la Cruz, Félix Álvarez Palleiro y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002766

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Conmemoración del Centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós y a la creación de una Comisión Nacional para su impulso y coordinación, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

El 4 de enero de 2020 se cumple el primer centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós (1843-1920). Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1843, Pérez Galdós está considerado como uno de nuestros más relevantes literatos, y son muchos los expertos y críticos literarios que lo sitúan como el más importante novelista español después de Cervantes.

Como artista su aportación a la literatura se encuadra en la corriente del naturalismo y del realismo que se desarrolló en Europa a lo largo del siglo XIX. Como artista, también, manifestó un profundo interés y conocimiento por la música y el dibujo, siendo autor de numerosas críticas musicales y colaborando como dibujante en diversas publicaciones periódicas. Pérez Galdós, además de cultivar la novela como ningún otro autor de su tiempo, escribió obras de teatro que tuvieron un enorme impacto en la opinión pública y en la conciencia social de su época.

Galdós fue un hombre de acendrados valores liberales, republicanos, laicos y socialmente progresistas, que lo llevaron a participar en la vida política española, siendo elegido diputado a Cortes en varias legislaturas.

En su obra literaria late poderosamente una voluntad cívica y política. Galdós escribe sobre la historia de nuestro país, para "rectificar el futuro", y, desde ese punto de vista, Benito Pérez Galdós es tanto un educador como un político. Describiendo el pasado histórico, Galdós trata de convencer a los españoles


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y españolas de su tiempo de qué errores deben ser superados, que costumbres abolidas, y valores deben ser preservados.

Galdós ha sido comparado con Dickens y Balzac, no sólo por su estatura literaria, sino también como novelista de la nación, aunque su idea de nación no es la de un nacionalista sino la de un patriota. Al hablar de la historia de España, Galdós cuenta la historia de los grandes personajes, de los reyes y de las batallas, por supuesto, pero descree de esa historia, horrible unas veces, empalagosa otras, para profundizar, con sus palabras, en el "vivir, el sentir y hasta el respirar de la gente". Los Episodios Nacionales, se ha dicho repetidas veces, constituyen un retrato detallado de los acontecimientos y hasta de la atmósfera política y social de la primera mitad del siglo XIX español, hasta tal punto que su obra podría considerarse un intento de Historia Total de ese tiempo.

De nuevo, en palabras de don Benito, su obra aspira a que "como en la Naturaleza, las pequeñas cosas vayan al lado de las grandes, enlazadas y confundidas, encubriendo el misterioso lazo que una la gota de agua con la montaña, y el fugaz segundo con el siglo".

La suma de la multitud de esas gotas de agua, cada una de ellas una persona, la suma de ese fugaz segundo que dura la vida de cada ser humano, dan como resultado la verdadera historia, que es la que interesa a Galdós, porque los hombres y mujeres desconocidos que el lápiz de Pérez Galdós hace tan reales como visibles, son los verdaderos sujetos de la Historia con mayúsculas.

Al contar así la historia de nuestro país, Pérez Galdós se hace universal, como Dickens o Balzac, o su admirado Tolstói. Las injusticias que denuncia, los valores que promueve, siguen vigentes, lo que convierte a su obra, además de universal, de enorme interés para las mujeres y hombres del presente.

Por ello, el primer centenario de su muerte ofrece una oportunidad única, no sólo de recordar quién fue y qué hizo Benito Pérez Galdós, sino también de comprender su pensamiento y su vida.

Por todo lo expuesto, resulta procedente la programación, preparación y celebración de actividades para la conmemoración de esta efeméride, que contribuyan a destacar la figura de Benito Pérez Caldos y su aportación al mundo de las letras y de la cultura española, así como la creación de una Comisión Nacional que sirva de instrumento para impulsar y coordinar dichas actividades.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, en el marco de sus competencias, para programar, preparar y celebrar actividades conmemorativas del Primer Centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, como acontecimiento de excepcional interés público, que contribuyan a destacar su figura y su aportación al mundo de las letras y de la cultura española, así como a crear una Comisión Nacional, adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que sirva para programar, impulsar y coordinar las distintas actividades que lleven a cabo las Administraciones Públicas, las entidades públicas y privadas, y los particulares con motivo de dicha conmemoración."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2018.-Sebastián Franquis Vera y José Andrés Torres Mora, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para que se adopten las medidas necesarias para acometer la obra de rehabilitación del Museo Arqueológico de Ourense cerrado desde hace diecisiete años, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

La sede del Museo Arqueológico de Ourense está situada en pleno casco histórico de la ciudad y fue declarado monumento histórico artístico en 1931. El museo es de titularidad estatal y lo gestiona la Xunta de Galicia.


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Desde hace diecisiete años el museo está cerrado ya que se encuentra "en fase de remodelación". Los Servicios del museo se trasladaron al edificio de Santa María de Europa en A Carballeira, en la que "se almacenan" la mayoría de las colecciones, excepto una selección de las escultura más representativa que se muestra permanentemente en la sala de exposiciones de San Francisco.

A pesar de que el museo albergaba una importante cantidad de fondos de gran variedad histórico arqueológica y artística, pues contenía piezas del paleolítico y megalítico, piezas del mundo castreño y galaicorromano y de la época romana; también una serie arqueológica prerrománica y medieval, además de una sección de bellas artes que reúne escultura del renacimiento y del barroco, pintura de los siglos XVII, XVIII y finales del XIX; a pesar de este patrimonio cultural y artístico, la sede del museo permanece cerrada desde hace diecisiete años.

Aunque las puertas del Museo Arqueológico permanecen cerradas desde hace diecisiete años, el centro mantiene su plantilla, formada por siete personas y mantiene abierta una sala de exposiciones en San Francisco y realiza una labor de investigación, catalogación y estudio de los hallazgos que se van almacenando, como se ha señalado en el centro de Santa María de Europa.

En la información que se facilita en la página web, se hace constar la siguiente información "provisionalmente cerrado al público por obras de reforma", provisionalidad que ha llevado a diecisiete años de espera, en el que el Museo Arqueológico de Ourense ha permanecido cerrado, a pesar de que se procedió a su cierre para ejecutar las obras previsiblemente antes del 2004.

El último anuncio de que las obras para su rehabilitación se reiniciarían se realizó en septiembre del año 2016, con una partida de 200. 000 euros.

El Museo Arqueológico Provincial realizó una exposición en el año 2014, que el director de las instalaciones, Julio Rodríguez, utilizó como marco para presentar los proyectos que habían concurrido al concurso, dando a conocer ya la propuesta ganadora. Posteriormente, se entregó el proyecto básico de edificación y permanece pendiente el proyecto de ejecución, muy próximo a su conclusión, y la concesión de la licencia municipal.

Si bien surgió una polémica por la reducida cuantía con la que se había dotado el proyecto, unos 100.000 euros, que luego se elevó a 200.000 euros, sigue habiendo voces críticas, sobre la insuficiencia de esa dotación para acometer el proyecto y para dar funcionalidad a las necesidades que se le exigen a un edificio de estas características, pues el montante de gasto previsto se eleva a 11 millones de euros.

No obstante la situación actual es que después de diecisiete años de haber procedido a su cierre, carece de soporte presupuestario y además continúa cerrado, pues tampoco se han previsto fondos para poder reabrir unas instalaciones en las que debería mostrarse la historia de la ciudad y cuyos fondos (que se encuentran amontonados "provisionalmente" en el almacén improvisado de material en Santa María de Europa no puede ser conocido ni por los estudiantes, ni por los visitantes de la ciudad).

El hecho de que las obras de rehabilitación del Museo Arqueológico carezcan de soporte presupuestario y por lo tanto, Ourense permanezca pendiente de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para que se inicien las obras del Museo Arqueológico Provincial en Ourense, pone de manifiesto no solo un absoluto desprecio del Partido Popular por la cultura, sino por Ourense.

El 14 de septiembre de 2017 el Secretario de Estado de Cultura aseguró en una visita a Ourense que la obra comenzaría en el año 2018 y el objetivo es que pudiera abrir sus puertas en el año 2020. Comunicó que la obra supone una inversión total de 11,4 millones de euros; según señaló hasta la fecha se ha trabajado en la redacción de los proyectos básicos y de ejecución así como de estudios previos del edificio, ya finalizados.

Transcurrido un periodo de tiempo ya inasumible y siendo este hecho una manifestación inaceptable del olvido de la cultura, es una necesidad y una obligación acometer la rehabilitación del Museo Arqueológico de Ourense.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Que se prevean las partidas presupuestarias necesarias para acometer la obra del Museo Arqueológico.


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- Que se licite la obra a los efectos de iniciar la misma en el 2018 tal como señaló el Secretario de Estado de Cultura."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2018.-María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002780

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura, relativa a convocatoria de ayudas para la creación artística con cargo al programa del 1,5 % cultural.

Exposición de motivos

Según el artículo 68.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: "En el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1 por 100 de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno."

De la misma manera en la orden FOM/1932/2014, de 30 de septiembre, que aprueba las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español con cargo a los recursos procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por las entidades del sector público dependientes o vinculadas, especifica en su primer párrafo el mismo objeto que determina la ley de Patrimonio Histórico Español por el que "se deben financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de del Patrimonio Histórico Español o de fomento a la creatividad artística", sin embargo, en las bases reguladoras no hay ninguna alusión a que se puedan ejecutar en este tipo de acciones de creatividad, más aún cuando en las sucesivas convocatorias realizadas los últimos años (la última convocatoria es del 19 de julio de 2017, con presupuesto de 50.520.823,21 ?) no se expresa que puedan ser beneficiarios de estas ayudas los proyectos de fomento de la creatividad artística, sino que se convoca una presentación de solicitudes mediante concurrencia al programa 1,5 % cultural del Ministerio de Fomento, cuyos beneficiarios podrán ser entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que ostenten la titularidad de un inmueble que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3 de la orden de bases reguladoras y resulta que en estos requisitos no se contempla tampoco ninguna especificación sobre proyectos de creatividad artística sino que se trata de especificaciones de tipos de figuras de protección de patrimonio inmueble, tipos de propiedades beneficiarias de las ayudas y usos a los que se deben destinar los inmuebles que se acojan a la subvención.

Ante esta coyuntura reguladora, observamos continuamente cómo se produce un incumplimiento de la ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, particularmente del ya nombrado artículo 68. Este incumplimiento está perjudicando directamente a los artistas y creativos que en nuestros días sufren de la precariedad laboral y la falta de nichos de empleo por la ausencia de un modelo cultural responsable y sostenible de los gobiernos de las últimas décadas.

Es relevante, llegados a este punto, destacar que la inclusión de esta medida para impulsar la creatividad, ya durante la Ponencia durante la fase de deliberación de la Comisión previa a la aprobación de la Ley 16/1985, no fue fortuita. Fueron constantes las referencias al ánimo no exclusivamente "conservador" del Proyecto de Ley, en el que quisieron integrar la educación artística y la cultura con amplias miras de fomentar precisamente a los autores y artistas, en definitiva, a los "creadores" del Patrimonio Cultural Contemporáneo. Este hecho quedó confirmado por el amplio rechazo parlamentario a la enmienda n.º 42, presentada por el PSOE para el artículo 68, donde se proponía eliminar el "fomento de la creatividad artística".

Aumentar la producción y difusión de la creación artística y del patrimonio cultural en todos los entornos territoriales, tanto urbanos como rurales, respetando así el artículo 138 de la Constitución Española por el que se "garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad", es una acción generadora de


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puestos de trabajo, de enriquecimiento para todas y todos, es la oportunidad de dar cabida a diferentes formas de expresión social y de potenciar las capacidades de aspiración del segmento de población más joven, que a día de hoy se encuentra sin oportunidades ni espacios de uso y desarrollo propios.

Estamos a favor de que se dedique esfuerzo y presupuesto para la conservación y restauración de bienes culturales inmuebles que tan representativos y enriquecedores resultan en todo el territorio estatal y que atraen visitantes internacionales, pero creemos que hay que realizar convocatorias del mismo tipo enfocadas a la creación artística, que pueden también llenar de contenido muchos de los edificios que se restauran y después quedan cerrados largo tiempo, restando sentido común a la inversión pública y a la razón de ser del Patrimonio Cultural.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"Instar al Gobierno a:

Cumplir, tal como enuncia el VII Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español a través del 1,5 % cultural, en su punto segundo de la siguiente manera:

1. Crear la convocatoria de presentación de solicitudes mediante concurrencia competitiva al Programa 1,5 % Cultural para "proyectos de fomento de la creatividad artística".

2. Crear la convocatoria de presentación de solicitudes mediante la competencia competitiva al Programa 1.5 % Cultural para la "difusión de la arquitectura y el Patrimonio Histórico Español".

3. Crear la convocatoria de presentación de solicitudes mediante concurrencia competitiva al Programa 1,5 % Cultural para "Proyectos y actuaciones de I+D+i directamente relacionados o aplicables al conocimiento, la conservación o el enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.""

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2018.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002786

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a adoptar medidas para la promoción y reforma del palacio del Marqués de Santa Cruz, en Viso del Marqués, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

El Archivo General de la Marina del palacio del Marqués de Santa Ana, situado en Viso del Marqués (Ciudad Real), que guarda la memoria de la Armada Española desde el siglo XVIII hasta la Guerra Civil, anunció el pasado 25 de noviembre de 2015, según confirmaron fuentes de la Armada y la página web del Museo Naval de Madrid, del cual depende, que ha sido cerrado de manera temporal por falta personal; aunque todo apunta a que el Archivo será trasladado a otra ubicación.

Las vacantes de los cuerpos técnicos, concretamente la de un archivero y un administrativo, unido al reciente traslado solicitado por la propia directora técnica del Archivo, que no han sido repuestas, hacen del todo inviable que en estas condiciones se pueda seguir atendiendo a los investigadores y satisfacer las consultas que llegan desde todas partes del mundo.

En el Archivo General de la Marina se encuentran almacenados, en condiciones lejos de ideales, 14 kilómetros lineales de legajos que atesoran la historia inédita de la Armada y que sólo pueden atender dos marineros y un archivero. El trabajo en un centro tan importante no se limita sólo a atender al investigador, es fundamental e imprescindible el estudio y la catalogación de los legajos que nunca han sido abiertos y


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que son una parte importante de los que se guardan en el Archivo. Con documentos procedentes del Ministerio de Marina, de Cartagena, de Cádiz y Ferrol, principalmente, es uno de los archivos más importantes de España. Además de albergar todas las misiones de la Armada durante siglos de historia, allí se encuentran todos los documentos de las expediciones a las Indias y los apostaderos de Filipinas y los relacionados con los movimientos de emancipación de las repúblicas americanas, lo que le otorga un interés histórico incluso más general.

Sirvan como ejemplo de la utilidad de este archivo los documentos que allí se hallaron y que fueron trascendentales para que España ganara el Caso Odyssey: desde la orden de Godoy para reunir la flota hasta las hojas de servicio de los 249 marineros que formaban la tripulación de la fragata Mercedes y que perecieron tras la explosión. Sólo hubo 51 supervivientes.

Es evidente que si el archivo ha de mantenerse y funcionar de forma eficiente y eficaz, debe garantizarse una dotación adecuada de medios humanos y materiales, así como de las instalaciones apropiadas.

Otro aspecto de particular interés es el valor histórico, arquitectónico y artístico del propio edificio que aloja el archivo. El Archivo General de la Marina, joya de la historia naval de España, se encuentra en el maravilloso y bellísimo palacio del Marqués de Santa Cruz, de estilo renacentista italiano, que también alberga el Museo de la Marina Española. Este impresionante palacio fue construido por don Álvaro de Bazán, almirante español del siglo XVI, célebre por el uso de galeones de guerra, por utilizar par primera vez la infantería de marina para realizar operaciones anfibias y ser uno de los grandes artífices de la victoria en la batalla de Lepanto.

Este fascinante palacio, único en su estilo, fue ubicado en Viso del Marqués, Ciudad Real, por orden de don Álvaro al encontrarse en un punto equidistante de los tres grandes puertos apostaderos de sus flotas de galeras: El Puerto de Santa María (Cádiz), Cartagena (Murcia) y Lisboa (Portugal). Dice el refranero popular que "el Marqués de Santa Cruz hizo un palacio en el Viso porque pudo y porque quiso".

La decoración del palacio fue llevada a cabo por los más importantes artistas de la época dando como resultado una joya arquitectónica que es visitada por más de 90 000 personas al año. Las pinturas manieristas al fresco que relatan la historia de la Armada española a través de las batallas más famosas en las que intervino, así como las representaciones de personajes mitológicos, son una auténtica delicia artística. En definitiva, un impresionante edificio lleno de arte y de historia.

La colección del Museo de la Marina Española que alberga el Palacio del Marqués de Santa Cruz en sus 8.000 metros cuadrados, está compuesta por los frescos sobre la historia de la Armada española y animales mitológicos, cañones, reproducciones fidedignas de barcos, armamento antiguo, carruajes y mobiliario de época. El Palacio también alberga las estatuas sepulcrales de Álvaro de Bazán y su esposa María de Figueroa, único ejemplo de escultura funeraria del siglo XVII, creados por Antonio Riera en mármol blanco que resalta sobre el gris de los nichos.

Pero la realidad es tozuda y todo señala al traslado del Archivo de la Marina a otra ubicación con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos de Viso del Marqués al menguar su capacidad de recibir visitantes, tanto turistas curiosos como investigadores ávidos de recoger los conocimientos que se esconden en los legajos del Archivo.

No negaremos que parte de esa razón es la propia ubicación, que por conveniente que resultase para don Álvaro, parece no serlo tanto para personal y visitantes. Esto se ve agravado por una carencia casi total de infraestructuras de apoyo como lugares de alojamiento para turistas o investigadores. Aunque es, indudablemente, un asunto puramente privado, al igual que en otras localizaciones, un programa adecuado de apoyo público al desarrollo de este tipo de negocios podría ser altamente beneficioso.

En Ciudadanos creemos que toda dificultad puede suponer una nueva oportunidad y estamos convencidos de que el potencial de Viso del Marqués es enorme si somos capaces de promocionar sus activos y trabajar con esfuerzo e imaginación.

Con el impulso adecuado, es posible potenciar otros recursos culturales de Viso del Marqués como es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo transición gótico-renacentista, que fue levantada en el siglo XV y de cuyas paredes cuelga "El Lagarto del Viso", un cocodrilo disecado de 5 metros procedente del río Nilo, que fue traído a la localidad por el marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán, en una de sus expediciones. También es de gran interés cultural una tabla de la escuela flamenca que representa El Calvario, que actualmente se encuentra en un nicho de la iglesia parroquial tras su restauración.

Creemos que esta solución aportada por Ciudadanos puede dar a Viso del Marqués la trascendencia cultural y mediática que merece y ayudar a aumentar el número de visitantes a esta extraordinaria localidad manchega.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Promover las acciones necesarias para reformar el palacio del Marqués de Santa Cruz y dotarlo de las instalaciones y medios necesarios para adecuarlo y permitir su funcionamiento efectivo como Archivo de la Marina española.

2. Completar con piezas navales o relacionadas con la historia naval no expuestas en otros museos de temática marítima, cuando y como sea técnicamente posible y recomendable, los fondos del museo hasta conformar una colección lo suficientemente atractiva para atraer un número creciente de turistas.

3. Promocionar tanto nacional como internacionalmente el Palacio del Marqués de Santa Cruz con todo su contenido cultural y artístico y demás activos de Viso del Marqués, como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción con su "Lagarto del Viso".

4. Iniciar conversaciones con el resto de administraciones involucradas -en particular el Ayuntamiento de Viso del Marqués y la Junta de Castilla-La Mancha-, para desarrollar un programa de medidas que estimule y favorezca el desarrollo privado de infraestructuras de apoyo adecuadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2018.-Marta María Rivera de la Cruz, Félix Álvarez Palleiro y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para crear una guía online de festivales musicales en España, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Los 50 festivales de música más grandes de España reunieron en 2015 a más de tres millones de personas. Según el Anuario de la Música en Vivo (elaborado por la Asociación de Promotores Musicales), fueron los grandes eventos los que contribuyeron a elevar un 12,1 % la facturación de la música en vivo el pasado año.

Un total de 1.385.000 espectadores pasaron por los nueve festivales más multitudinarios de nuestro país durante los meses de julio y agosto, un 3 % menos respecto al año anterior, aunque sigue quedando claro que los festivales son uno de los motores principales de la industria del directo y una herramienta de promoción económica y turística importantísima para cada pueblo o ciudad que acoge uno de ellos.

Por poner dos ejemplos, el Primavera Sound y el Sónar de Barcelona estimaban en 2013 que generaban por edición a la ciudad 65 y 60 millones de euros, respectivamente.

El Arenal Sound de Burriana (Castellón) revalidó una vez más en 2016 su posición como la cita más multitudinaria de todas, con 260.000 asistentes en seis días de duración. El podio lo completaron Rototom Sunsplash de Benicassim (también en Castellón), con 250.000 asistentes en ocho jornadas, y Viña Rock, en Villarrobledo (Albacete), que recibió a 200.000 personas en solo tres días de actividad.

A los grandes festivales de música electrónica, pop, indie o rock se suman también otros de menor tamaño pero de considerable importancia en otros géneros musicales, como la música clásica, folk o el flamenco.

Cataluña, Andalucía y Madrid, las tres comunidades que acumulan mayor número de festivales, suman casi 400 entre ellas. En general, el número de festivales musicales que se celebran en España se ha mantenido estable en la última década y en torno al millar, con la excepción de 2010, cuando la crisis económica bajó la cifra a 727.


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Es evidente la contribución de los festivales no sólo al negocio de la música sino su impacto en la cultura musical de nuestro país, un hecho que creemos debe ser reconocido.

En otro orden de cosas, un 40,1 % de los asistentes a festivales en 2015 planificaron un viaje completo, con desplazamiento y alojamiento, frente al 37,1 % que asistió a una cita a menos de cuarenta y cinco minutos de su lugar de residencia. Esto da una idea de la gran importancia que estos acontecimientos tienen en la planificación de los desplazamientos turísticos y de su potencial impacto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear una guía online de festivales musicales en todo el país que ponga en valor tanto su contribución al panorama musical como su potencial cultural y turístico y el de las localidades que los acogen."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2018.-Marta María Rivera de la Cruz, Félix Álvarez Palleiro y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002816

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al respaldo a la candidatura de Medina Azahara como Patrimonio Mundial de la UNESCO, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

La historia de Medina Azahara comienza con Abderramán III y su decisión de construir una ciudad a las afueras de Córdoba, entre los años 936 y 976. Ciudad que en su conjunto aglutinó las labores tanto administrativas como residenciales del califato.

Aprovechando la orografía del terreno, se diseñó una ciudad a partir de las alturas existentes, donde la terraza superior estuvo ocupada por la función privada y residencial de la familia real, así como la función gubernativa.

En la altura inferior es donde se desarrolló propiamente la ciudad con los servicios propios. El abastecimiento de agua se desarrollaba utilizando la antigua canalización de época romana. La conexión con la ciudad de Córdoba se realizaba a partir de tres puentes que salvaban los arroyos existentes. De estos puentes aún se conserva el de los Nogales. Los materiales que se utilizaron en su construcción nos hablan del gran interés por parte del monarca de mostrar su gran poder y supremacía. Los fastos de la corta se desarrollaban en un escenario con piedras areniscas, mármoles portugueses, estanques y jardines. Debieron ser impresionantes las recepciones en el llamado Salón Rico de al-Hakam II (961-976) con el protocolo de palacio y los jardines.

Se trata de un testigo único de la presencia musulmana en Europa y, en concreto, de esa etapa de la historia.

La Junta de Andalucía registró el pasado doce de enero ante el Ministerio de Educación y Cultura sendas copias oficiales, en inglés y castellano, del que va a ser el documento definitivo con el que Medina Azahara intentará entrar en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en 2018.

El pasado día 11 de septiembre, el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía y la alcaldesa de Córdoba presentaron la marca y la imagen de la campaña de apoyo a la candidatura de Medina Azahara para ser designada Patrimonio Mundial de la Unesco, con tres arcos de herradura entrelazados y el lema de "Enamórate de Medina Azahara, la ciudad que brilla", basado en la traducción del nombre árabe de la ciudad califal.

Ser patrimonio mundial supondrá un atractivo más para hacer de Medina Azahara un referente en el turismo cultural, que atraerá a más visitantes, tanto a la ciudad de Córdoba, como a la ciudad califal. Una


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oportunidad de conservación, recuperación y difusión del patrimonio de un conjunto arqueológico único en el mundo, y también una importante oportunidad económica para la ciudad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar la candidatura de la ciudad califal de Medina Azahara como Patrimonio Mundial de la UNESCO y a que continúe trabajando e impulsando las acciones oportunas en apoyo de dicha candidatura."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2018.-Antonio Hurtado Zurera y María Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Igualdad

161/002768

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reconocer a doña Sabrina Vega Gutiérrez en la defensa de los derechos de las mujeres a través del deporte e instar al Gobierno a incluir la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres a través del deporte como criterio a valorar para la concesión de la Real Orden del Mérito Deportivo, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La igualdad entre hombres y mujeres es una meta política y social que desde hace décadas es perseguida cada vez por una mayor parte de la sociedad. Pese a ello, a día de hoy, tanto en nuestro país, corno en otros Estados, esta igualdad no es real, vulnerándose los derechos fundamentales de miles de mujeres cada año.

Por otro lado, es conocido por todos que el deporte es una herramienta efectiva para la transmisión de valores tales como la solidaridad, el trabajo en equipo y la cultura del esfuerzo. Y además de ello, en los últimos tiempos también ha quedado patente que el deporte también transmite valores que trascienden a los intrínsecamente relacionados con la actividad física y la interacción entre compañeros. En muchísimas ocasiones, el deporte también se ha convertido en un elemento reivindicativo en favor de diferentes movimientos sociales. No debemos ni podemos pasar por alto, actitudes como la reciente negativa de la campeona de España de ajedrez, Sabrina Vega Gutiérrez, a la hora de acudir al campeonato mundial de partidas rápidas y semirrápidas que se están celebrando en Riad (Arabia Saudí) como vía para denunciar la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres en este país. Nuestra campeona no ha dudado en poner en riesgo su carrera profesional y deportiva, anteponiendo valores de igualdad y justicia frente a los posibles premios, reconocimientos y contraprestaciones económicas, que por cierto en esta ocasión son más cuantiosas que en campeonatos similares.

En este sentido, el Consejo Superior de Deportes se ha posicionado a favor de la lucha por la igualdad en el deporte, tanto es así, que ha redactado el Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la Mujer en el Deporte, en el que reconoce que "el deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y mediática, constituyen un motor de cambio social y contribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad entre mujeres y hombres".

Además, ha suscrito la Declaración de Brighton, la hoja de ruta referente a nivel internacional en materia de mujer y deporte redactada por la International Working Group and Women and Sport, cuyos principales objetivos son:

a) Asegurar a todas las mujeres la oportunidad de participar en el deporte en un ambiente seguro, que les apoye, y que conserve los derechos, la dignidad y el respeto del individuo.


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b) Incrementar la participación femenina en el deporte a todos niveles y en todas las funciones y roles.

c) Garantizar que los conocimientos, las experiencias y los valores de las mujeres contribuyen al desarrollo del deporte.

d) Fomentar el reconocimiento de la participación femenina en el deporte como contribución a la vida de todos, al desarrollo de la comunidad, y a la construcción de naciones sanas.

e) Animar a las mujeres a reconocer el valor intrínseco del deporte y su contribución al desarrollo personal y a una vida sana.

Si realmente apostamos por la igualdad real en el deporte, debemos promover que tales valores no se queden únicamente en una mera declaración de intenciones. Los gestos valientes y desinteresados en favor de la lucha por la igualdad, tales como el de Sabrina Vega, deben ser reconocidos, apoyados y fomentados por el Gobierno y por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Es por ello por lo que, dado que la máxima distinción deportiva que concede el Estado, la Real Orden del Mérito Deportivo, no recoge en sus bases, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres a través del deporte como elemento a valorar para su concesión, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados:

1. Reconoce la actitud, compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de los derechos de la mujer y coraje de doña Sabrina Vega Gutiérrez.

2. Insta al Gobierno para que trabaje en colaboración con el Consejo Superior de Deportes a fin de modificar el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, a fin de que la lucha por los valores de igualdad entre hombres y mujeres en el deporte, sea un elemento valorativo a la hora de conceder estas distinciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2018.-Patricia Reyes Rivera, Marta Martín Llaguno, Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Marta María Rivera de la Cruz y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la percepción que tienen los jóvenes sobre la violencia de género, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

En los últimos 15 años han muerto más de 900 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. En el año 2017 han sido 49 las mujeres asesinadas por violencia machista (más 3 casos en investigación), lo que supone un 10 % más que el mismo periodo del año anterior. Además hay que añadir un total de 8 menores asesinados.

La violencia machista sigue siendo un problema de primer orden en España pero la percepción de su gravedad no acompaña, al menos no entre los jóvenes. Uno de cada cinco españoles (21,2 %) de 15 a 29 años están muy o bastante de acuerdo en que la violencia de género es un tema "que está politizado, se exagera mucho". Y más de uno de cada cuatro (27,4 %) señala que es una conducta "normal" dentro de la pareja, según el Barómetro 2017 de ProyectoScopio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), en una macroencuesta online a 1.247 jóvenes cuyo resultado general se presentó en junio y del que ahora han extraído datos relacionados con género y discriminación.


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Cuando los jóvenes aluden a violencia de género "suelen referirse a conductas explícitamente violentas", según los responsables de este Barómetro. "Aspectos como vigilar el móvil, controlar a la pareja o los celos no lo incluyen dentro de la violencia a no ser que se les pregunte de forma explícita, cuando aluden a violencia de género se están refiriendo a agredir o a insultar".

Aunque va en aumento el porcentaje de jóvenes que lo consideran un problema social muy grave (más del 87 % lo cree así), el 30 % señala que este tipo de violencia ha aumentado "por culpa" de la población inmigrante según un 31,5 % y casi un 7 % cree que es "inevitable" y que, aunque esté mal, "siempre ha existido".

El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud ha explicado mediante un comunicado que este tipo de opiniones sobre la violencia machista es superior entre los varones y en los niveles de estudios inferiores. "Ellas identifican muchos más actos como violentos y ejercen menos violencia", según este Barómetro. Solo existe un mayor acuerdo con ellas cuando se dice que "es un problema social muy grave", una afirmación en la que se muestran de acuerdo el 87 % del total de la población joven encuestada.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar con la mayor brevedad un Estudio amplio sobre lo que está fallando en la percepción entre los más jóvenes de la gravedad de lo que representa la violencia de género.

2. Poner en marcha campañas de sensibilización en centros educativos y en medios de comunicación sobre este problema dirigido sobre todo a los más jóvenes sobre la gravedad de lo que representa la violencia de género."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz y Ángeles Álvarez Álvarez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar el liderazgo femenino, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Según datos de EUROSTAT, sólo uno de cada tres ejecutivos en Europa es una mujer. Tanto en España como en Europa, hay más mujeres que nunca en el mercado de trabajo y más mujeres que nunca en la cúpula de las empresas. Sin embargo, el Libro Blanco sobre el futuro de la UE declara que todavía hay barreras que impiden la igualdad de sexos.

Desde el año 2012, hasta octubre de 2017, la presencia de mujeres en Consejos del IBEX 35, ha aumentado un 7,6 % llegando a alcanzar el 21,8 % del total.

Numerosos informes afirman que las empresas con más mujeres en la dirección son más rentables. Las conclusiones del estudio de Nordea, publicado en septiembre de 2017, centrado en compañías de varios sectores y países, reflejan que las acciones de las empresas con mujeres al mando han obtenido una rentabilidad en Bolsa de un 25 % anual desde 2009, una cifra claramente superior al 11 % de media en las compañías analizadas.

En España en los últimos años se han llevado a cabo acuerdos de colaboración con las empresas para fomentar el liderazgo femenino, como el proyecto Más Mujeres, mejores empresas; el proyecto Promociona; el programa en dirección de empresas para mujeres predirectivas; el proyecto de currículum vítae anónimo para la selección de personal o los convenios de colaboración entre el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y las organizaciones del sector agroalimentario comprometidas a


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realizar una serie de actuaciones tendentes a promover una participación equilibrada de mujeres y hombres en puestos directivos y en sus Consejos Rectores.

La puesta en marcha de estas acciones ha sido muy útil a la hora de incentivar el liderazgo femenino. Sin embargo, es necesario continuar trabajando para alcanzar el objetivo del 30 % en 2020.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas, a:

- Impulsar acciones, destinadas a empoderar, visibilizar y promover la promoción profesional de las trabajadoras de empresas ubicadas en nuestro país, con el fin de incrementar el número de mujeres en puestos de responsabilidad empresarial.

- En la misma línea, desarrollar planes de mentoring, orientación y desarrollo profesional para mujeres que se encuentren realizando estudios universitarios o de formación profesional, así como para aquella que hayan concluido recientemente su formación.

- Promover actuaciones destinadas a combatir los sesgos de género que dificultan el acceso y promoción profesional de las mujeres."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre ilustradoras y autoras de cómic, tebeo y novela gráfica, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La industria española del cómic publicó en 2016 2.867 obras, de las que tan solo 86 novedades estaban firmadas por mujeres, lo que supone el 3 % del total y pone en evidencia el importante sesgo de género que domina el sector 1. Así lo expresa Carla Berrocal, comisaria junto con Elisa Mc Causland de la exposición Presentes: Autoras de tebeo de ayer y hoy: "De forma estructural y en cualquier disciplina, siempre se reivindica el trabajo que realizan los hombres y las mujeres solemos quedar relegadas a un segundo plano. Las autoras de cómic, seguimos siendo totalmente desconocidas por el gran público".

En el pasado Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que tuvo lugar del 30 de marzo al 2 de abril de 2017, la poca presencia de mujeres autoras levantó polémica en la entrega de sus galardones. Dicho salón otorga diversos premios, en concreto el Gran Premio del Salón a la mejor trayectoria, el premio a la Mejor Obra de Autor/Autora español, el premio a la mejor Obra de Autor/Autora Extranjero publicado en España, el premio al mejor Fanzine y el premio al Mejor Autor/Autora Español Revelación. Entre los ganadores de los premios no figura ni una mujer, y entre los y las 33 nominadas, tan solo dos fueron mujeres.

Es cierto que este sesgo de género en el mundo del cómic es algo generalizado en el ámbito internacional, como se puso de relieve en la edición de 2016 del evento europeo más importante del sector; el Festival Internacional de Cómic de Angoûleme, donde una decena de autores pidieron ser eliminados de las listas de nominados para denunciar la ausencia de autoras en dichas listas. Sin embargo, España se encuentra en la cola del sector en términos de género: en Europa, un 12,8 % de los autores de cómic publicados son mujeres, lo que dista mucho del 3 % de obras firmadas por mujeres en 2016.

Autoras de referencia como Carla Berrocal, afirman que parte de la complejidad del problema en la falta de autoras radica en que se han consumido menos cómics por no haberse visto representadas las

1 Estos datos no incluyen las obras de autoría colectiva.


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mujeres en los contenidos. Es importante por tanto que se creen referentes para las lectoras y futuras autoras y para ello es fundamental que los catálogos editoriales incluyan al menos un 50 % de autoras e ilustradoras, que tengan más presencia en los salones, que se hagan exposiciones que recuperen y pongan en valor nuestra historia olvidada de la ilustración, cómic, tebeo y novela gráfica, que se considere un recurso más en colegios e institutos; que se incentive su investigación y análisis desde la perspectiva de género, y que desde las bibliotecas se lleven a cabo iniciativas con el objetivo de visibilizar a las autoras e ilustradoras.

Pero no se alcanzará la igualdad si no se combate la precaria realidad profesional en la que se desenvuelven el cómic y la ilustración, y que, como en otros sectores, se ceba especialmente con las mujeres. La Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid (APIM) presentó el pasado febrero, en el marco de la XIII Edición de los Encuentros con Ilustradores Profesionales, una encuesta cuyo propósito era analizar el estado económico y social de la profesión de ilustrador en España y, abordaba específicamente la situación de las mujeres bajo el inequívoco título "Ser mujer (dibujante) no es rentable": la media de ingresos anuales de un ilustrador es de 16 323 euros, frente a los 9.473 euros de media que en el mismo periodo percibe una ilustradora.

La Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su capítulo II relativo a la acción administrativa por la igualdad, artículo 26 sobre la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual, señala que: "las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma".

Con el objetivo de cumplir esta ley, es urgente, implementar medidas que permitan una visibilización de las autoras e ilustradoras y atacar también el precariado estructural que afecta a las profesionales del sector. El Colectivo de Autoras de Cómic advierte sin embargo del riesgo de crear una etiqueta de "cómic femenino", ya que considera que no engloba la heterogeneidad de las autoras ni su riqueza, y a menudo las autoras son utilizadas como "legitimadoras" de ciertas estrategias editoriales y de marketing en un contexto de mercado.

Proposición no de Ley

"Instar al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a:

1. La creación de un plan de visibilización de mujeres ilustradoras, autoras de cómic, tebeo y novela gráfica y su correspondiente dotación presupuestaria.

2. La creación de un plan de lucha contra la precariedad de las mujeres profesionales del sector y su correspondiente dotación presupuestaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2018.-Sofía Fernández Castañón y María del Mar García Puig, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/002789

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma y adaptación del Plan Hidrológico Nacional al reto del cambio climático, para su debate en Comisión para el Estudio del Cambio Climático.

Exposición de motivos

La problemática hídrica asociada a los escenarios previsibles del cambio climático (afectando a la aportación natural al ciclo hidrológico y su distribución espacio-temporal) no puede menospreciarse ni


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sustraerse por más tiempo de las acciones que configuran la política hidráulica de nuestro país. Sin embargo, el debate público en torno al agua es actualmente en España débil y circunstancial.

Los expertos en la problemática del cambio climático prevén una disminución en España durante los próximos años (2011-2040) de dos variables muy importantes del ciclo: la aportación de agua en régimen natural (precipitaciones), que se reduciría en un 5 %; y del agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno (escorrentía), que lo haría en un 8 %. De ahí en adelante, la disminución sería aún más acusada: 2041-2070, -9 % y -16 %, respectivamente; 2071-2100, -17 % y -26 %.

Por tanto, es preciso situar la preocupación por el futuro del agua en el centro de la agenda, política y de las administraciones públicas e involucrar en el debate a la sociedad civil, a las organizaciones sectoriales y profesionales concernidas. El instrumento idóneo para ello es la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico Nacional de 2001 en el que participarían no sólo las diferentes Administraciones públicas, sino también la sociedad civil a través de un amplio proceso de participación social.

Adicionalmente, España, en una gran parte, es un país especialmente afectado por el fenómeno de la sequía, pues durante el período 1880-2000 más de la mitad de los años se han calificado como de secos o muy secos. La situación actualmente es especialmente acuciante. Sirva como indicador macroscópico el nivel de reservas hidráulicas, que se encontraba para el conjunto de los embalses en un 36,5 % de su capacidad en la semana n.º 49 del año (5 de diciembre, 2017), casi 15 puntos por debajo de su valor en el año 2016 y 22 puntos si se compara con la media de los cinco años anteriores. En este contexto vemos que desde las Administraciones se plantean medidas coyunturales como los Planes Especiales de Sequía para paliar las consecuencias del déficit hídrico del momento -es lógico- y poco más, como es costumbre.

La Base de Datos Internacional sobre Desastres gestionada por la Universidad de Lovaina nos ofrece unas estimaciones de coste directo de pasados episodios de sequía en España que pueden servirnos de referencia a qué nos enfrentamos a futuro. En dólares constantes de 2002, la sequía de 1980-82 costó 5.100 millones, la de 1990-95, 5.900 millones y la de 1998-1999, 3.550 millones. Estos costes directos se concentran fundamentalmente en el sector primario por un lado y en el descenso de la producción de energía hidroeléctrica por otro.

No obstante, en esta ocasión además deberemos afrontar un auténtico problema estructural del sistema hidráulico de nuestro país a medio plazo: garantizar la seguridad hídrica a un coste razonable, superando las condiciones adversas que supondrán las afecciones del cambio climático (disminución probable de la aportación anual del ciclo hidrológico y mayor irregularidad pluviométrica), en un contexto de demanda creciente en términos cuantitativos y cualitativos. En tales condiciones, la resiliencia del sistema hidráulico es además otro objetivo general de primera importancia.

Según estimaciones de la Dra. Jenkins del Cambridge Centre for Climate Change Mitigation Research de posibles impactos de la sequía en varios países, entre ellos España, bajo distintos escenarios de avance del cambio climático, en el caso de España, el coste medio anual en el período 2003-2050 sería de entre el 0,1 y el 0,2 % del PIB. Si a eso se añaden costes indirectos (pérdidas de producción y empleo en otros sectores el coste total podría casi doblarse.

El cambio climático es una amenaza a tomarse en serio, e implica un planteamiento renovador de la vetusta política hidráulica nacional. La gestión del agua se encuentra aquejada en España no sólo de problemas físicos e intereses contrapuestos, mal resueltos desde la política, sino que también sufre de inercia conceptual y bloqueo dogmático. Todos esos defectos dificultan el alumbramiento de ideas nuevas para un debate enriquecedor e inhiben actuaciones necesarias para afrontar en las mejores condiciones posibles el futuro de un recurso tan importante.

C's reclama que se ponga en marcha la reforma del Plan Hidrológico Nacional y planteamos diez cuestiones de amplio alcance, propicias a la reflexión crítica y el diálogo interdisciplinar, que consideramos que servirían como ejes temáticos prioritarios en torno a los cuales formular las propuestas de actuación hidrológica a medio (2030) y largo plazo (2050).

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Presentar una reforma de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en función de los escenarios previsibles sobre afección del cambio climático a los recursos hídricos nacionales para


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garantizar la plena disponibilidad como recurso en todo el territorio y para todos los ciudadanos como factor de vertebración económico, social y territorial, en el marco de una gestión eficiente de los recursos hídricos basada en criterios eminentemente técnicos.

Esta reforma ha de cubrir las siguientes áreas de actuación:

1. Afrontar el futuro del agua en España, en su doble condición de recurso natural necesario y bien público de carácter económico, mediante la identificación, diagnóstico y valoración en términos de disponibilidad hídrica, de los dilemas a los que nos enfrentamos, a la luz del estado actual del conocimiento y como bases para la renovación del ideario de la política hidráulica.

2. La articulación nacional de los recursos hídricos en un contexto de incertidumbre climatológica. Rediseño institucional e instrumentos viables para una gobernanza y gestión más eficaces del agua como bien general. Problemática de la interrelación de cuencas, demarcaciones hidrográficas y administraciones territoriales. Procedimientos de resolución de disputas y conflictos.

3. La adaptación de la infraestructura hidráulica a los riesgos y condicionantes del clima. Planificación de actuaciones nuevas, remodelaciones y mejoras necesarias en función de los escenarios probables con la debida previsión presupuestaria.

4. Problemática del mantenimiento y conservación de las obras e instalaciones actualmente en servicio, en relación con los requisitos de seguridad y resiliencia del sistema hidráulico. Especial atención a los embalses (aterramientos, eutrofización y seguridad de las presas) y a los sistemas de distribución (control de pérdidas).

5. La producción y consumo de agua no natural en España. Situación y perspectivas de la destilación, incluyendo sus problemas de rendimiento y coste. Impulso a la utilización de aguas residuales regeneradas en usos ajenos al consumo humano. Acciones necesarias.

6. La colaboración público-privada en el sector del agua. Su papel en la provisión eficiente de la infraestructura hidráulica, su operación y gestión de los usos. Regulación legal. Agua, desarrollo y modelo económico.

7. La ordenación de los servicios urbanos del agua (ciclo integral), garantizando la transparencia de los precios de los servicios de las sociedades de aguas.

8. Costes y precios del agua, según usos y contextos. Políticas de regulación de la demanda, su eficacia y problemática de implantación según usos. La educación del consumidor.

9. El impulso a la innovación, desarrollo e implantación de nuevas tecnologías en el ciclo hidrológico en general y en cada uno de los usos del agua y racionalizar la gestión de los acuíferos mediante una planificación adecuada de los cultivos y de los diferentes usos y aprovechamientos del agua.

10. El papel del agua en la transición energética de España. Generación de electricidad y almacenamiento energético a gran escala. El fomento de la eficiencia energética en los usos del agua, especialmente en el ciclo urbano y en el regadío."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002794

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, relativa al desarrollo de una estrategia para la rehabilitación energética de edificios con el fin de reducir las emisiones.

Exposición de motivos

La última actualización de la estrategia española para la rehabilitación energética de edificios recoge que cerca de un tercio de las emisiones contaminantes lanzadas a la atmósfera proceden del consumo de energía en hogares y edificios. Esto no es un dato sorprendente si tenemos en cuenta que, según la última


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guía del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y la Asociación de fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMAT), más de la mitad de los edificios de España superan los 40 años, no se ajustan a ninguna reglamentación sobre condiciones térmicas y energéticas adecuadas para la habitabilidad y, por tanto, carecen de un aislamiento térmico apropiado. Además, de la energía utilizada en la calefacción y refrigeración casi el 75 % proviene de combustibles fósiles.

Así, cobra especial sentido en España la necesidad de recoger el reciente acuerdo de los 28 y la Eurocámara sobre la necesidad de una normativa comunitaria de eficiencia energética que garantice, usando el término recogido en el propio acuerdo, la descarbonización de los edificios antes de 2050 y que se concreta en el compromiso que se pide a los Gobiernos europeos de desarrollo de estrategias nacionales y detalle de inversiones para la renovación de los edificios con el fin de reducir las emisiones entre un 80 y un 95 % respecto a los niveles de 1990, según el acuerdo preliminar.

En esta línea, la UE promueve la puesta en marcha de nuevas normas, que todavía deberán aprobar formalmente el Parlamento Europeo y el Consejo en los próximos meses, y que forman parte del paquete normativo más amplio de "Energía Limpia para todos los europeos", presentado por la Comisión Europea en noviembre de 2016 para cumplir los objetivos del clima y el Acuerdo de París. Entre estas obras de reforma y rehabilitación centradas, entre otros factores, en reducir el consumo de energía, se proponen distintas medidas:

1. Primera estrategia para optimizar la calefacción y refrigeración de los edificios e industrias. La Comisión pretende que este sector sea "más inteligente, más eficiente y sostenible", para que así bajen el nivel de importaciones y dependencia energéticas y se reduzcan los costes y las emisiones de gases contaminantes.

2. Facilitar la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de edificios aumentando el uso de energías renovables, eliminando el uso del carbón como fuente de calor en 2050, mientras que se potencia el uso de la energía eólica, solar o geotermal. Reforzar el aislamiento en la construcción de edificios resulta un punto clave en el ahorro de energía. Hemos de señalar, en este caso, los beneficios añadidos de incorporar cubiertas verdes o ajardinadas que, además, capturan los gases contaminantes y nocivos, reducen la contaminación acústica, estabilizan las condiciones térmicas del edificio, en verano proporcionan frescor y sombra ante la intensa radiación solar, regulan mejor el drenaje y evacuación de aguas pluviales, contribuyen a reducir la demanda de energía de las ciudades, y, por tanto, rebajan la cantidad de dióxido de carbono emitida a la atmósfera.

3. Promoción de modelos probados de eficiencia energética para que se apliquen en escuelas y hospitales e incrementar el uso de energías renovables para mejorar la eficiencia energética de los edificios europeos. Este hecho traería aparejado un beneficio nada desdeñable: la creación del doble de puestos de trabajo que los generados por las energías convencionales.

El aumento de la eficiencia energética es una de las formas más económicas y eficaces de reducir nuestro consumo de energía y contribuir a alcanzar nuestros objetivos en materia de clima.

Por ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Diseñar una estrategia de descarbonización de edificios que permita cumplir los acuerdos a nivel europeo con el horizonte en 2050.

2. Habilitar los instrumentos presupuestarios y financieros necesarios para desarrollar la estrategia aprobada sobre rehabilitación y eficiencia energética del parque edificado.

3. Poner en marcha un plan de eficiencia y energías renovables en edificios públicos que supere el requisito de actualización con criterios de energía casi nula exigido a la administración general del estado, para incorporar al resto de niveles de la administración y alcanzar el nivel edificios de energía positiva.

4. Como criterio general, en los planes y convocatorias de rehabilitación y eficiencia energética, incluir como presupuesto subvencionable la instalación de cubiertas verdes aisladas en los edificios.

5. Extender, en relación con la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios,la aplicación de la consideración de edificios de consumo casi nulo para edificios de nueva construcción, al conjunto de la edificación existente.


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6. Desarrollar los mecanismos necesarios para evitar que la fiscalidad sea una barrera en la consecución de estos objetivos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002770

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, para presentar la siguiente Proposición no de Ley para actualizar el listado de enfermedades del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

La disposición final vigésima primera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, modificó varios preceptos del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio y añadió también un nuevo artículo 135 quáter en la referida Ley, todo ello con la finalidad de ampliar la acción protectora de la Seguridad Social, incorporando en el ordenamiento jurídico de la protección social una prestación económica destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Dicha prestación, con naturaleza de subsidio, tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos que sufren los progenitores al tener que reducir su jornada, con la consiguiente disminución de salarios, ocasionada por la necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente de los hijos o menores a su cargo, durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad. El subsidio, por tanto, viene predeterminado por la reducción efectiva de la jornada laboral y por las circunstancias en que ésta se lleva a cabo por las personas trabajadoras.

El Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave establece, por un lado, en anexo, el listado de las enfermedades consideradas graves a efectos del reconocimiento de la prestación y, por otro, desarrolla las cuestiones referidas al régimen jurídico de la prestación que afectan, entre otras, a la situación específicamente protegida, a las personas beneficiarias, a la concreción de la reducción de jornada, a las condiciones de acceso al derecho, a la cuantía y duración del subsidio, a la dinámica del derecho y, finalmente, a la gestión y el procedimiento, de modo que la prestación pueda ser gestionada por la entidad gestora o por una Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con las máximas garantías de eficacia y seguridad jurídicas.

Actualmente, dicha prestación económica se regula en los artículos 190, 191 y 192 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Con la creación de esta prestación se pretendía dar respuesta a los casos de progenitores que, trabajando ambos, necesitan atender a un hijo afectado por cáncer u otra enfermedad grave que requiere de cuidados intensos y prolongados, ya que los permisos laborales existentes hasta entonces no alcanzaban para cubrir esta situación.

Sin embargo, se han detectado aspectos mejorables en su desarrollo reglamentario que hacen que, en determinados supuestos, no se cumpla este fin, poniendo a los padres en una situación dramática de desprotección, que les lleva a largos y costosos procesos de reclamación administrativa y judicial, incompatibles con su situación y contrarios al propio fin de la acción protectora.


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A pesar de que el listado del anexo, es amplio y utiliza en alguna categoría de enfermedades reconocidas la cláusula abierta "otras enfermedades...", lo cierto es que su aplicación está llevando a que tanto las Mutuas Colaboradoras, como los órganos jurisdiccionales, nieguen la prestación en supuestos de hecho que verdaderamente son enfermedades graves porque el diagnóstico, síntomas y efectos así lo ponen de manifiesto, pero cuya calificación no queda incluida en ese listado, como pueden ser, por ejemplo, determinadas alteraciones genéticas.

La intención del legislador al regular las enfermedades incluidas en el listado no fue que esos supuestos quedaran sin protección, sino todo lo contrario, ampliar la cobertura a los máximos supuestos posibles, teniendo en cuenta el amplio espectro de las dolencias que se contemplan, teniendo en cuenta que emplea en varias ocasiones la expresión "otras enfermedades" y teniendo en cuenta, además, que la ley a la cual da desarrollo, se refiere a cáncer u otra enfermedad grave, por lo que sería contrario al ordenamiento jurídico que, por vía reglamentaria, se pretendiera limitar la concesión de la prestación a enfermedades de gravedad extrema.

Siendo esto así, lo cierto es que la aplicación práctica del Real Decreto 1148/2011, está dando lugar a situaciones dramáticas de desprotección en supuestos de enfermedades a todas luces graves, incapacitantes y que conllevan una necesaria y constante atención y cuidado del menor, pero que no pueden incluirse en el listado, ni tampoco, parece ser, en las cláusulas abiertas contenidas en el mismo (o al menos así lo interpretan algunas Mutuas y algunos jueces), al no ser una cláusula abierta residual, sino para determinadas categorías de enfermedades, lo que lleva a los órganos que tienen que realizar su aplicación a decir que es una lista númerus clausus.

Y si bien es cierto que el citado Real Decreto incluye un anexo con una serie de enfermedades que dan lugar a la concesión de la prestación si se cumplen el resto de requisitos exigidos, tampoco se puede decir que dicha lista o Real Decreto hayan sido creados con un criterio restrictivo, sino todo lo contrario, y no solo por la Exposición de motivos, sino también por el hecho de que el Real Decreto y, en concreto, el Anexo, están sujetos a posibles modificaciones por parte del Gobierno, así como las propias patologías que se encuentran dentro del anexo, cuya filiación o nomenclatura abarca una gran cantidad de posibles enfermedades que estarían incluidas en dichos epígrafes.

Sin embargo, el efecto práctico es el de lista cerrada y negación de prestación en supuestos de enfermedad grave de un menor, en el que se dan el resto de los requisitos.

A este respecto, en la disposición final tercera del Real Decreto, relativa a la actualización del listado de enfermedades graves, señala que el Ministro de Trabajo e Inmigración (en la actualidad, Ministra de Empleo y Seguridad Social) podrá acordar, mediante orden ministerial, la incorporación de nuevas enfermedades al listado de enfermedades consideradas graves que figura en el anexo, cuando, previos los estudios e informes correspondientes, se trate de enfermedades graves que requieran el cuidado directo, continuo y permanente del menor por los progenitores, adoptantes o acogedores, durante su ingreso hospitalario, de larga duración, y tratamiento continuado de la enfermedad.

Es decir, que se está reconociendo la necesidad de actualizar el anexo y lo hace además previendo un sistema de revisión ágil, a través de Orden ministerial lo cual pone de manifiesto que, implícitamente, está reconociendo que no puede abarcar de entrada todas las patologías que tendrían cabida dentro de la situación protegida. En este sentido, y a modo ilustrativo, se puede señalar que, por ejemplo, en el mundo existen entre 7.000 y 9.000 enfermedades raras de las cuales se considera que una mayoría de ellas cursan con necesidad de cuidado directo continuo y permanente. No puede pretenderse un listado que recoja miles de patologías.

Por ello, lo que debe ser relevante en cuanto a la concesión de la prestación, no es tanto la inclusión del nombre exacto de la enfermedad en el listado, sino si esa enfermedad es en verdad grave o invalidante.

Una muestra de lo que estamos poniendo de manifiesto es el tenor de una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela en la reclamación ante la negativa de la Mutua y la resolución desestimatoria del INSS; la sentencia señala que "la gravedad de la enfermedad y su carácter invalidante, en este momento parece incuestionable a la vista de los informes pediátricos. De la documental aportada, resulta que el trastorno de [...] diagnosticado, aunque se desconozca su causa concreta como acontece frecuentemente en las denominadas enfermedades raras y con este tipo de trastornos... requiere de pruebas diagnosticas constantes, visitas a especialistas y apoyo permanente de supervisores, papel que de modo esencial vienen desarrollando los progenitores. Ninguna duda cabe que la enfermedad que padece [...] es absolutamente incapacitante cuestión que por otra parte tampoco se puso en duda por las demandadas.


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Y la sentencia reconoce "el claro ánimo de la norma de hacerse extensivo a otras patologías diferentes a las incluidas en el anexo, pues dentro de este epígrafe se han de entender englobadas todas aquellas patologías de carácter neuromuscular e invalidante, como es el caso que nos ocupa".

Pero, a pesar de esta argumentación la sentencia niega la prestación, obligando a los padres en una situación dramática a emplear tiempo, recursos y energías en reclamar, hasta el Tribunal Supremo, pues el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, resolvió en contra del recurso presentado.

Por lo tanto, a pesar de que esta reforma pretendía dar respuesta a los dramáticos casos de padres que, trabajando ambos, necesitan atender a un hijo afectado por cáncer u otra enfermedad grave que requiere de cuidados intensos y prolongados de manera que los permisos laborales existentes hasta la fecha no alcanzaban para cubrir esta situación, y a pesar de que el listado del anexo, parecía amplio y utiliza en alguna categoría de enfermedades reconocidas la cláusula abierta "otras enfermedades...", lo cierto es que su aplicación está llevando tanto a que las Mutuas Colaboradoras, como a los órganos judiciales, tal como se ha demostrado con esta Proposición, a negar la prestación en supuestos de hecho que verdaderamente, son enfermedades graves de menores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Acordar, mediante orden ministerial, la incorporación de nuevas enfermedades al listado de enfermedades que figura en el anexo del Real Decreto 1448/2011 cuando, previos los estudios e informes correspondientes, se trate de enfermedades graves que requieran el cuidado directo, continuo y permanente del menor por los progenitores, adoptantes o acogedores, durante su ingreso hospitalario, de larga duración, y tratamiento continuado de la enfermedad; todo ello según lo previsto en la disposición final tercera del citado Real Decreto.

2. Valorar el establecimiento de una cláusula residual general que pudiera determinar la inclusión de enfermedades graves e invalidantes, incuestionables a la vista de los informes pediátricos, evitando la posible interpretación de la lista como númerus clausus.

3. En tanto se modifique la norma, facilitar instrucciones a las Mutuas Colaboradoras para que resuelvan positivamente las solicitudes de prestaciones destinadas a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, cuando de las pruebas diagnósticas se deduzca que el menor padece una enfermedad grave que requieran el cuidado directo, continuo y permanente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2018.-María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, relativa al tratamiento ortoprotésico en personas amputadas.

Exposición de motivos

La cifra de personas amputadas en nuestro país alcanza las 90 000, y todas ellas requieren de prótesis para poder integrarse y participar plenamente en la sociedad, en igualdad de condiciones que el resto de la población. Este colectivo, padece cuantiosos problemas, especialmente a la hora de poder obtener las necesarias prótesis.

Las prótesis externas están recogidas en el Catálogo de prestaciones de la Cartera común básica, pero puede darse el caso que existan comunidades autónomas que oferten prótesis de calidad superior que las licitadas en otras o donde los profesionales sanitarios prescriban prótesis de gama superior. Esto


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crea una desigualdad entre la población, las personas amputadas, que dependiendo del territorio en el que vivan no tienen la opción a las mismas prestaciones a pesar de tener las mismas necesidades sociales, funcionales y sanitarias.

Por otra parte, el precio de las prótesis tiene una variabilidad importante en función de la comunidad autónoma, una variación que también se detecta según los propios establecimientos protésicos. Además, de una manifiesta carencia en cuanto a la transparencia de la industria especializada en fabricación y venta de artículos ortoprotésicos.

En la práctica usual es el paciente quien abona el coste total o parcial de la prótesis, y posteriormente el correspondiente sistema sanitario efectúa el reintegro, aunque en algunas comunidades autónomas el pago se realiza con más de un año de retraso. Asimismo, también existe diversidad de unos casos a otros, influyendo varios elementos, como el origen o el proceso de amputación o las peculiaridades del paciente, como la edad, equilibrio, peso u otras circunstancias. En el propio plan de actuación personalizado de atención a la persona amputada suelen sucederse dificultades durante el proceso, como por ejemplo la descoordinación entre el técnico ortopédico, que realiza el encaje para la adaptación de la prótesis, y el médico rehabilitador o el traumatológico que la prescribe.

Las innovaciones en relación con la ortoprótesis están sujetas a la Ley de Patentes. Nuestro país no está entre los que más invierte a nivel europeo y mundial en investigación de ortoprótesis, perdiendo así la oportunidad de investigar en un área fundamental para la innovación tecnológica y para la resolución de problemas que afectan a la población, como son las personas amputadas.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Garantizar que el Sistema Sanitario Público proporcione directamente las prótesis para las personas amputadas, especialmente en amputaciones de miembro superior e inferior, como si se tratara de una prótesis de implante quirúrgico. Por lo tanto, los profesionales del sistema sanitario público harán un seguimiento de forma integral durante todo el proceso, desde el inicio del mismo.

- Actualizar en el Catálogo de prestaciones sanitarias que incluya una oferta de prótesis de mayor calidad.

- Aumentar la inversión en I+D en el campo de la ortopedia y de la ortoprótesis."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2018.-Amparo Botejara Sanz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para limitar las causas de despido objetivo por ausencias laborales justificadas en base causas directas derivadas de su discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

La Unión Europea ha trabajado por la protección y la inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida. En concreto, las instituciones europeas aprobaron la Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Esta directiva prohíbe en todo el territorio de la Unión cualquier tipo de discriminación, directa o indirecta, por motivos de religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.


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Nuestra Constitución también establece la igualdad de trato para todos los ciudadanos en su artículo 14, al señalar que: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Este principio constitucional se ha traducido en normativa especifica del ámbito laboral. En concreto, el Estatuto de los Trabajadores señala que los trabajadores tienen derecho "a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por la le, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, filiación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español. Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad...".

Pese a ello todavía existen resquicios legales mejorables a fin de aumentar la protección de los trabajadores con discapacidad. Un ejemplo es el siguiente: el 18 de enero de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió respuesta a una decisión prejudicial planteada por un juzgado nacional en relación a las causas de despido objetivo de un trabajador con discapacidad en relación a faltas de asistencia al trabajo, justificadas, pero relacionadas con la discapacidad que posee. En el caso juzgado, el trabajador contratado en 1993, trabajó sin incidentes ni tuvo problemas o sanciones hasta que en septiembre de 2014 se le reconoce la condición de persona con discapacidad. Se le otorga una discapacidad del 37 %, un 32 % relativo a limitaciones físicas derivadas de una enfermedad endocrino-metabólica, y el 5 % debido a factores sociales complementarios.

En el año siguiente, este trabajador tuvo seis ausencias laborales, causadas directamente por su discapacidad, y justificadas por los servicios médicos correspondientes. Pese a ello, la empresa comunica su despido en julio de 2015 en base a ausencias laborales que han superado los límites tasados en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores (ausencias, incluso justificadas, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o el 25 % en cuatro meses discontinuos en el plazo de un año).

El trabajador interpondría una demanda contra el despido, alegando que existe una vinculación directa entre las ausencias motivo de su despido y su condición de discapacitado, solicitando la nulidad del mismo. El juzgado competente, dada las dudas que le suscita el citado artículo 52 en relación al grado de protección de los trabajadores con discapacidad en comparación con los trabajadores sin discapacidad, emitió la siguiente cuestión prejudicial a las instancias europeas:

"¿Se opone la Directiva 2000/78 a la aplicación de una norma legal nacional conforme a la que el empresario está facultado para despedir a un trabajador por causas objetivas, por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcance el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de las faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5 % de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses, en el caso de un trabajador al que se deba considerar discapacitado en el sentido de la Directiva cuando la baja laboral fue causada por la discapacidad?"

El Tribunal de Justicia Europeo ha contestada que todo trabajador amparado por la Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, "debe ser protegido contra cualquier discriminación respecto de un trabajador que no lo es". Indica también que artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores "se aplica de igual manera a las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad", no estableciendo una diferencia de trato directa por motivos de discapacidad. A este respecto, el Tribunal señala que "un trabajador discapacitado está, en principio, más expuesto al riesgo de que se le aplique el artículo 52 letra d), del Estatuto de los Trabajadores que a un trabajador sin discapacidad", de manera que "corre mayor riesgo de acumular días de baja por enfermedad, y por tanto, de ser objeto de despido objetivo. Finaliza apuntando que: "Queda de manifiesto que la regla establecida en esta disposición puede desfavorecer a los trabajadores con discapacidad y, de este modo, suponer una diferencia de trato indirecta por motivos de trabajadores con discapacidad en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78".

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que la integración laboral de las personas con discapacidad y su trato en igualdad de condiciones dentro de sus respectivos puestos es esencial para conseguir una mejor calidad de vida para estas personas y la forma de garantizar su desarrollo personal. Toda norma que suponga una discriminación directa o indirecta hacia este objetivo debe ser modificada y adaptada a las necesidades específicas y reales del colectivo.


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Par todo ello el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la extinción del contrato por causas objetivas, a fin de limitar las posibilidades de despido objetivo de personas con discapacidad que superen las faltas de asistencia a su puesto de trabajo por causas directas derivadas de su discapacidad, estando justificadas por los servicios médicos correspondientes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2018.-Diego Clemente Giménez, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo

161/002773

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a que el antiguo "servicio social" de las mujeres cuente para solicitar la jubilación anticipada, para su debate en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.

Exposición de motivos

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dictó el año pasado una sentencia que puede tener gran repercusión en el colectivo de mujeres que se sitúan a las puertas de la jubilación.

La Sala de lo Social confirma el fallo de un juzgado de San Sebastián por el que el cumplimiento del Servicio Social -una prestación femenina obligatoria en la época del franquismo- se equipara en cierta medida al Servicio Militar ("mili") y a la Prestación Social Sustitutoria (PSS) -destinada a los objetores de conciencia- y se considera como periodo cotizado a la Seguridad Social a efectos del cómputo establecido para el cobro de la jubilación. No existe excesiva jurisdicción al respecto.

La Sala invoca como único precedente una sentencia emitida en el mismo sentido por el Tribunal Superior de Extremadura en septiembre de 2014, sin que en consecuencia se conozca aún cuál puede ser la doctrina del Tribunal Supremo, al que se puede recurrir en casación.

El Tribunal vasco se pronuncia a raíz del recurso de súplica interpuesto por el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y la Tesorería General de la Seguridad Social contra el fallo que atendió la reclamación de una mujer a la que se le había denegado la jubilación anticipada por no contar con la duración mínima de 30 años cotizados.

A la demandante le faltaban 19 días que ella intentó acreditar infructuosamente ante el INSS con el hecho de haber realizado el Servicio Social en el último trimestre de 1972. El Juzgado primero y, luego, la Sala de lo Social del TSJPV le han dado la razón y computan en su favor el periodo que no le había sido reconocido.

El Servicio Social Femenino se instauró en 1937 y se abolió en 1978, en justa correspondencia con los cambios introducidos por la Transición que acabó con el Movimiento Nacional y sus organismos.

El Servicio Social dependía de la Sección Femenina, una rama de la Falange Española, dirigida por Pilar Primo de Rivera, que tenía entre sus cometidos la formación de la mujer española bajo los principios inspiradores del franquismo y el estereotipo de amas de casa o trabajadoras dedicadas fundamentalmente al hogar y la familia y supeditadas al varón.

Su cumplimiento, de entre tres y seis meses de duración según las épocas, era obligatorio y requisito previo imprescindible para acceder a un puesto de trabajo en la administración o cualquier esfera vinculada al Estado, e incluso en la empresa privada, así como para la obtención de distintos certificados o carnés. La mayoría de las mujeres concernidas -había excepciones para algunos colectivos- lo realizaba.


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El Servicio incluía una prestación social que podía desempeñarse en hospitales, escuelas, orfanatos, comedores infantiles, bibliotecas u otros centros y hasta en las delegaciones provinciales de Misiones Diocesanas, dependientes de los obispados. Se configuró como un deber nacional de las mujeres españolas de 17 a 35 años, que mientras lo cumplían se consideraban empleadas en el servicio inmediato a España, con un régimen jurídico equiparable en parte al de los varones al servicio de las armas, viniendo a cumplir, por tanto, para las mujeres una función sustitutoria del servicio militar obligatorio de los varones.

Las condiciones de ese periodo de "trabajo activo prestado al Estado" y "excluido legalmente de cotización a la Seguridad Social" se asemejan a las que regían la "mili" y la PSS. "La similitud de la situación es patente", concluye al extender la consideración de días cotizados a los realizados durante el Servicio Social. El ponente aduce también razones constitucionales para oponerse al suplicatorio de los organismos recurrentes.

En primer lugar rebate sus objeciones sobre el alcance restrictivo del apartado de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 que incluye como cotizados los periodos de la mili y la PSS a pesar de que en ellos no se abonara cuota alguna. Asegura que de la tramitación parlamentaria no se desprenden las limitaciones que se exponen en el recurso. Señala en segundo lugar que la norma debe leerse "en términos compatibles" con la Constitución y recuerda que ésta en su artículo 14 prohíbe "la discriminación por razón de sexo".

En resumen, ratifica los argumentos del juez de primera instancia en todos sus extremos e incluso da por buenos sus cálculos.

La demandante sólo pudo acreditar que inició el Servicio Social el 1 de octubre de 1972, mediante un certificado extendido por el Ministerio de Hacienda a partir de los datos que obran en el Archivo General de la Administración.

El juzgado consideró, sin embargo, que dicho escrito era "base suficiente para deducir que la mujer realizó los "90 días mínimos de trabajo efectivo" previstos en la regulación de la prestación femenina vigente durante el franquismo.

La Sala de lo Social comparte su argumento y rechaza el del INSS y la Tesorería sobre que el certificado refleja únicamente el inicio del Servicio, pero no su continuidad, y ni siquiera da fe de que hubiera permanecido en él los 19 días que le son necesarios para completar el periodo mínimo de cotización para el cobro de la pensión en litigio.

El magistrado alude al Decreto de creación del Servicio Social para poner de manifiesto, finalmente, que aunque podía cumplirse de forma fraccionada exigía al menos un mes de servicio continuado, lo que en su opinión avala la resolución del juzgado donostiarra en favor de la demandante.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el antiguo "servicio social" de las mujeres cuente para solicitar la jubilación anticipada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002751

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a replantear la estrategia en materia de tráfico para reducir los accidentes, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.


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Exposición de motivos

Entre 2003 y 2012, nuestro país llegó a ser referente mundial en lo que se refiere a políticas de seguridad vial. Hubo una enorme reducción de las víctimas mortales en la carretera, pasando de 5.399 a 1.903 en una década.

Esta tendencia de caída de víctimas en el asfalto ha desaparecido tras cinco años de Gobierno de Mariano Rajoy. En 2017 han fallecido en las carreteras españolas 1.200 personas, 39 muertes más que en 2016, cuando se contabilizaron 1.161. El ascenso provisional de la mortalidad del 3,3 %.

La cifra de 2017 supone el peor dato en número de víctimas mortales desde 2013. Además, se ha convertido en el segundo año consecutivo en el que se incrementa dicha cifra en las carreteras después de 13 años seguidos de descensos.

Desde 2004, la siniestralidad había disminuido año tras año, hasta que esta tendencia se rompió en 2016, con 30 fallecidos más que en 2015. Desde hace dos décadas no se producían dos años consecutivos de aumento en el número de víctimas mortales.

Desde la llegada al poder del PP en 2012, ya han sido tres personas distintas las que han estado al frente de la DGT, lo que ha supuesto entre otras cosas una grave crisis interna en esta Dirección en los últimos años.

A ello se une la necesidad de volver a colocar las políticas de seguridad vial en el centro del debate, que recobren el peso que merecen por parte del Gobierno.

Los motivos del incremento son variados, la gente ya se ha habituado al carne por puntos, que ya no infunde el mismo temor en los conductores que al principio. Además se debe revisar el estado de las carreteras secundarias y apostar por incluir la seguridad vial en la educación reglada a través la inserción en el currículo de contenidos mínimos en las áreas pertinentes y de la inclusión de programas estructurados insertados trasversalmente dentro de las programaciones propias de determinadas asignaturas.

Por otra parte, la inversión pública en el mantenimiento de carreteras nacionales se ha recortado drásticamente desde 2012 hasta la fecha, de hecho, según publica El Diario, el mal estado del firme explica el 10 % de los siniestros. Actualmente, según un reciente estudio hay 190 puntos negros, cincuenta más que en el ejercicio anterior, y entre 2011 y 2015 perdieron la vida 2.044 personas en 1.306 siniestros que se concentraron en esos fatídicos tramos.

Sería necesario asimismo más campañas informativas que conciencien y sensibilicen a la población sobre los riesgos al volante. Atajar el exceso de velocidad, el uso del móvil, el alcohol y las drogas.

Según los expertos la crisis ha influido a la hora de envejecer vehículos y carreteras, la incipiente recuperación económica ha incrementado el número de desplazamientos en vacaciones y puentes; y factores como el aumento de las temperaturas han hecho que ahora se usen más las bicicletas y motos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Replantear la estrategia en materia de tráfico para que contemple nuevas iniciativas tendentes a reducir los accidentes, así como un nuevo enfoque en las campañas informativas para alertar de los riesgos al volante.

2. Incrementar las inversiones con un Plan de mejora de las carreteras nacionales que incluya la supresión de puntos negros y la mejora de firme.

3. Que dichas actuaciones se coordinen con el resto de las administraciones para que, los criterios de actuación puedan ser aplicados igualmente en las carreteras de su titularidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz y Pablo Bellido Acevedo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/002798

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, sobre el establecimiento de medidas encaminadas a reducir las muertes de animales por atropellos en carreteras.

Exposición de motivos

Las carreteras son la nueva amenaza a la biodiversidad en el mundo. La mortalidad de animales por atropellamiento en las carreteras es un problema global ya que supone la pérdida de un gran número de fauna silvestre, incluidas especies nativas y especies exóticas.

En los últimos 30 años los atropellos han superado a la cacería como la causa directa de mortandad de vertebrados en tierra por parte del ser humano.

Entre 2006 y 2012 se produjeron en España 74 600 colisiones de vehículos contra animales salvajes, lo que representa un 8,9 % del total de accidentes de tráfico registrados en ese período. Esto supuso un coste de 105 millones de euros al año, según un estudio realizado en 2015 por el departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad Complutense. La cifra engloba los costes relativos a víctimas, como el gasto de ambulancias, hospitalización, pérdida productiva o adaptaciones de viviendas. También los costes materiales, con daños de vehículos, pavimentos, gastos de policía y bomberos, y los costes de valor social calculados para cada animal muerto.

A partir de datos facilitados por las comunidades autónomas -proporcionados a través de la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza- el citado estudio revela que los ungulados protagonizaron el 85 % de los accidentes, entre los que destacan los jabalíes y corzos, en un 79 % de estos casos. Les siguen, con un 5 %, carnívoros grandes y medianos como el zorro, el tejón y el lobo y, de forma más excepcional, el oso pardo y el lince.

Aunque animales de pequeño tamaño como liebres, conejos y pájaros sólo representan el 10 % de los accidentes notificados, la envergadura de los daños que causan es tan importante como la ocasionada por grandes especies.

Así, desde el 1 de enero al 9 de agosto de 2015, se registraron hasta 3.519 siniestros con animales silvestres involucrados sólo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En 2014, hubo un total de 5.739 accidentes durante todo el año, disminuyendo un 10 % respecto al año anterior (6.337). Sin embargo, este descenso no es generalizado en la última década, ya que estos sucesos han aumentado un 35 % desde 2005, con 4.235 siniestros, hasta 2014, con 5.739 registrados. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, la media de incidentes con especies cinegéticas es de 5.224 en los últimos diez años.

En el caso del lince ibérico, el felino más amenazado del planeta (según WWF), los atropellos se convirtieron en 2017 en la primera causa de muerte no natural, por delante de la persecución directa por furtivismo y por la colocación de trampas ilegales como lazos. Así, de un total de los 34 linces que murieron en España en 2017, 21 fueron atropellados.

Esta cifra, si bien no representa una amenaza para el proceso de recuperación de la especie que sigue creciendo (la recuperación del lince no está en peligro, ya que el último censo -2016- arroja unas cifras de 475 linces y se espera que el de 2017 supere los 500), es muy grave ya que supone ralentizar los esfuerzos realizados para sacar al lince ibérico de la categoría 'en peligro crítico' de extinción; el alto número de linces muertos en 2017 está disparando nuevamente las alarmas, según denuncian organizaciones como WWF.

Además, persisten los puntos negros en las carreteras, ya que de los 12 linces atropellados en Andalucía, ocho han muerto en tres puntos de la A-IV, la N-420 y la A-301, que son competencia del Ministerio de Fomento y en Castilla-La Mancha, donde han sido atropellados siete linces, tres de ellos en una única carretera. La geolocalización de los accidentes muestra que los felinos siguen muriendo en los mismos lugares en los que las administraciones se comprometieron a actuar.


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Por ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Identificar los puntos negros de atropellos de fauna salvaje en las carreteras españolas, especialmente aquellos en los que persisten y aumentan los atropellos a linces ibéricos.

2. Realizar un proyecto para cada uno de los puntos negros identificados en los tramos de carretera, tanto estatales como regionales, encaminado al establecimiento de los pasos inferiores y superiores necesarios, con las características y dimensiones adecuadas, a la vez que se impermeabiliza el vial para los animales, de tal manera que se redirija a la fauna hacia esos pasos.

3. Establecer planes de seguimiento anual para determinar si las medidas adoptadas están proporcionando los resultados esperados, esto es, reducir al mínimo el número de atropellos de mamíferos en esos tramos, y, en su caso, introducir en las mismas modificaciones o llevar a cabo medidas adicionales.

4. Para el caso específico del atropello de linces ibéricos, ejecutar los convenios de actuación firmados hasta la fecha para la protección de la especie, así como las partidas anunciadas desde 2015 (un plan de 2,5 millones, del que sólo se ha invertido cinco veces menos de lo prometido)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002821

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a las obras de mantenimiento para la seguridad vial en la carretera N-547 de Lugo a Santiago, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

Las obras de la A 54 entre Lugo y Santiago tienen un considerable retraso, el Gobierno dijo en julio de este año que su previsión era que estuviera terminada a finales de 2021; aun suponiendo que se cumpliera dicho plazo, que parece difícil, faltan tres años y la situación de la carretera entre Lugo y Santiago es muy deficiente con el riesgo que esto conlleva para la seguridad de las personas que la utilizan.

Por ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, insta a realizar las necesarias obras de mantenimiento para la seguridad vial en la carretera N-547 de Lugo a Santiago, especialmente en el tramo entre Palas de Rei y Lavacoia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2018.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002833

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para llevar a cabo actuaciones inmediatas en la N-640, en el tramo


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parte 1      parte 2     


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