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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 182, de 27/06/2017
cve: BOCG-12-D-182
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de junio de 2017

Núm. 182


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Asuntos Exteriores

161/002001 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la inmediata liberación del Presidente de Amnistía Internacional en Turquía y el respeto a los Derechos Humanos y a los defensores de los Derechos Humanos en dicho país ... (Página5)

161/002012 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, de Esquerra Republicana y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el asesinato de periodistas en México ... (Página6)

Comisión de Interior

161/001991 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reconocimiento de Agentes de la Autoridad a los Funcionarios de Prisiones... (Página7)

Comisión de Defensa

161/002009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a impedir la realización de maniobras militares en zonas y términos municipales de áreas altamente densificadas ... (Página8)

161/002011 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación de la valoración del Seguro Colectivo de los miembros de las Fuerzas Armadas ... (Página9)

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/001994 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la calificación como sector estratégico del sector agroalimentario ... (Página10)

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/001992 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el IVA aplicado a la donación de alimentos ... (Página11)

161/002004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación del Real Decreto-ley 17/2014 ... (Página12)

161/002005 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inclusión de los impuestos energéticos en los suplementos territoriales de cada Comunidad Autónoma ... (Página13)


Página 2




Comisión de Fomento

161/001993 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el avance en las mejoras de la línea ferroviaria entre Santander y Liérganes ... (Página15)

161/001995 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ejecución de la mejora integral de los accesos por carreteras al Aeropuerto Alicante-Elche ... (Página16)

161/001996 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar la finalización de la redacción del proyecto de construcción de un tercer carril en la A-7 en los accesos a la Región de Murcia ... (Página17)

161/001998 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la ejecución de la obra consistente en la construcción de la rotonda de acceso al municipio de Redován por el Barrio de San Carlos (Alicante) ... (Página18)

161/002008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reversión gratuita del antiguo cuartel de la Guardia Civil en Manlleu (Barcelona) ... (Página18)

Comisión de Educación y Deporte

161/002002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad ... (Página19)

161/002007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de la formación y el reconocimiento académico y profesional de los técnicos superiores sanitarios ... (Página21)

161/002022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar los caminos escolares en la lucha contra el sedentarismo de los alumnos ... (Página23)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/001999 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a aumentar los fondos del PROFEA (antiguo PER) ... (Página24)

161/002014 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ratificación del Convenio 189 de la OIT y la recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos ... (Página25)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002000 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al apoyo al proceso de aprobación de una Declaración Universal sobre los derechos humanos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, que se debate en el Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ... (Página27)

161/002013 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para paliar los daños producidos por la sequía ... (Página29)


Página 3




Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de una estructura interministerial para la coordinación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ... (Página31)

161/002015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración y puesta en marcha de proyectos sobre seguridad alimentaria destinados a mejorar el acceso al consumo de pescado de la población de los países en vías de desarrollo ... (Página33)

161/002016 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la elaboración de la posición española ante las cumbres o reuniones internacionales en materia de cooperación internacional para el desarrollo ... (Página34)

161/002017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a incrementar el compromiso de España en materia de ayuda humanitaria ... (Página35)

161/002018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a incrementar la ayuda al Yemen ... (Página36)

161/002019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al Fondo del Agua y el compromiso de España con el derecho humano universal al agua y al saneamiento ... (Página37)

161/002020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la legítima defensa de los Derechos Humanos ... (Página40)

Comisión de Cultura

161/002006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a impulsar un Plan de Acción Exterior en Patrimonio Cultural (ACEX-PATRIMONIO) que unifique los diferentes programas y actividades que se vienen realizando en materia patrimonial, por parte del MECD y el MAEC ... (Página42)

Comisión de Igualdad

161/002023 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo y concesión de un distintivo para los centros de salud que se diferencien por su excelencia en la lucha contra la violencia de género ... (Página44)

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/001997 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo de actuaciones de lucha contra el cambio climático conectadas con las políticas europeas de crecimiento azul en zonas portuarias... (Página45)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modernización del parque automovilístico español ... (Página46)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

181/000435 Pregunta formulada por la Diputada doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs), sobre situación del proyecto de Almacén Temporal Centralizado para residuos para la gestión integral del combustible gastado ... (Página48)


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/012647 Autor: Garzón Espinosa, Alberto

Valoración de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la deriva actual del Gobierno húngaro ... (Página48)

184/013417 Autor: Salvador i Duch, Jordi

Capdevila i Esteve, Joan

Actuaciones previstas para destinar la recaudación del fondo de formación proveniente de la cuota de formación profesional a formar a personas en activo ... (Página49)

184/013572 Autor: Marcello Santos, Ana

Terrón Berbel, Ana Belén

Previsiones acerca de convocar la mesa de trabajo acordada para impulsar una política de Estado sobre Alzheimer ... (Página51)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/002001

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la inmediata liberación del presidente de Amnistía Internacional en Turquía y el respeto a los Derechos Humanos y a los defensores de los Derechos Humanos en ese país, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El intento frustrado de Golpe de Estado en Turquía del 15 y 16 de julio de 2016, fue protagonizado por algunas facciones dentro de las Fuerzas Armadas de Turquía con la intención de derrocar al Presidente Recep Tayip Erdogan.

Pese a que los sublevados lograron inicialmente controlar lugares estratégicos, durante las horas siguientes el masivo rechazo de la ciudadanía, que salió a protestar en las principales ciudades, así como de los partidos políticos y la comunidad internacional, hicieron que el golpe fracasó.

Sin embargo, pese al fracaso del golpe, Erdogan puso en marcha una purga militar que también se ha propagado a otras esferas de la Administración Pública del Estado como los jueces, funcionarios y maestros. Llegando también a la conculcación de derechos humanos como fue la suspensión temporal de la Convención Europea de Derechos Humanos, anunciada por el viceprimer ministro, Numan Kurtulmus, a finales de julio de 2016.

Esta situación ha conducido a un escenario de negación sistémica de derechos fundamentales de la ciudadanía que ha provocado el rechazo de múltiples asociaciones pro derechos humanos, como Amnistía Internacional. Precisamente por ser esta última una organización activa en la denuncia de la vulneración de derechos en Turquía ha sido víctima de la arbitrariedad judicial turca al producirse el día 6 la detención del Presidente de Amnistía Internacional en Turquía, Taner Kiliç. Kiliç fue detenido, en su domicilio de Esmira, cerca de las 6:30 de la mañana, y su detención se produjo junto con la de 22 profesionales del derecho acusados por presunta relación con el movimiento Fethullah Gülen.

Taner Kiliç es miembro de la junta directiva de Amnistía Internacional Turquía desde 2002 y su presidente desde 2014. Durante sus decenios de trabajo para organizaciones de derechos humanos en Turquía ha demostrado sistemáticamente su inquebrantable compromiso con estos derechos.

La detención del Presidente de Amnistía Internacional en Turquía, supone un peldaño más en la escala represiva y de continua vulneración de derechos humanos en Turquía, orquestada por el Presidente Erdogan y bendecida, por activa o pasiva, por la comunidad internacional.

Es por todo ello que se presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados condena la detención del Presidente de Amnistía Internacional en Turquía y la violación de los Derechos Humanos en este país e insta al Gobierno español a:

1. Exigir a Turquía la inmediata liberación del Presidente de Amnistía Internacional en Turquía, Taner Kiliç, así como del resto de defensores de los Derechos Humanos detenidos.

2. Reclamar al Gobierno de Turquía el respeto a los Derechos Humanos y al Estado de Derecho.

3. Defender activamente en la Unión Europea y en las instancias internacionales oportunas la adopción de las pertinentes medidas de presión a Turquía para que se respeten los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en el país."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2017.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

161/002012

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el asesinato de periodistas en México, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

La muerte de periodistas en México se ha convertido hoy en un problema de relevancia internacional. Así lo evidencian cifras oficiales de las propias autoridades mexicanas: de acuerdo con la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en algo más de seis años -de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016- se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas.

No obstante, de esas 798 denuncias, de las cuales 47 fueron por asesinato, la FEADLE informó que solo tiene registro de tres sentencias condenatorias: una, en el año 2012; y otras dos en 2016. O en otras cifras, el 99,7 % de las agresiones no ha recibido una sentencia y han quedado impunes. Es decir, en México agredir a periodistas, o matarlos a tiros, no se castiga casi en ningún caso por parte de la Justicia de ese país.

2017 no está siendo una excepción: En lo que llevamos de año, siete periodistas han sido asesinados y uno más está desaparecido. Hasta la fecha no ha habido por parte de ninguna autoridad, ni federal ni local, detención alguna por la comisión de estos delitos.

El asesinato el pasado 15 de mayo del galardonado reportero Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Ríodoce en Sinaloa y corresponsal del diario La Jornada, ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha conmocionado a periodistas en México y en todo el mundo por lo que supone un ataque directo al ejercicio de la libertad de expresión en el país norteamericano.

La grave situación que asola el ejercicio del periodismo en el país no es sino la punta de lanza de la gravísima situación de derechos humanos que asola México, donde hace apenas unas semanas era también asesinada la activista mexicana Miriam Rodríguez Martínez, en el estado de Tamaulipas. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó enérgicamente su asesinato, ya que Rodríguez había dedicado su vida a buscar a personas desaparecidas desde el secuestro y asesinato de su hija en 2012.

México es considerado hoy uno de los países más peligrosos para los periodistas en el mundo. El informe anual de la ONG Reporteros sin Fronteras, de 2016, sitúa a México como el tercer país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, solo superado por Siria y Afganistán.

Los relatores especiales de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han realizado una solicitud oficial para visitar el país y poder investigar sobre el terreno el aumento de ataques contra periodistas y proponer medidas que acaben con la impunidad. Sin embargo, el Gobierno mexicano todavía no les ha dado respuesta.

Como representantes de la ciudadanía de los pueblos y naciones que conforman el Reino de España, hacemos nuestra la denuncia de numerosas organizaciones de periodistas de todo el mundo -la Asociación Mundial de Periódicos Editores de Noticias (WAN-IFRA), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Article19, Centro Internacional para los Periodistas (ICFJ), Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Dart Center for Journalism and Trauma, la Universidad de Columbia,


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Rory Peck Trust, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Freedom House-, y junto con ellos queremos destacar la creciente urgencia de esta situación y la necesidad de fortalecer el marco legal para proteger la vida de los y las profesionales de la información y garantizar la libertad de expresión en México.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Interceder ante el Gobierno mexicano para que este tome las medidas necesarias, efectivas e inmediatas con el objetivo de asegurar el libre desarrollo de la profesión periodística y garantizar la vida de las mujeres y hombres que la ejercen.

2. Exhortar al Gobierno mexicano a invitar al Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que puedan investigar sobre el terreno el aumento de ataques contra periodistas en México, examinen el aumento de los niveles de violencia y propongan soluciones que ataquen a la impunidad, de una vez por todas.

3. Solicitar al Gobierno mexicano a que se comprometa sinceramente a interactuar en un diálogo significativo e implemente soluciones efectivas para la profesión, tal y como lo han solicitado las asociaciones de periodistas de todo el mundo, antes que el ambiente para la libertad de expresión empeore aún más."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2017.-Enric Bataller i Ruiz, Marian Beitialarrangoitia Lizarralde y Pedro Quevedo Iturbe, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-Miguel Bustamante Martín, Diputado.-Txema Guijarro García y Antonio Gómez Reino-Varela, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comisión de Interior

161/001991

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento de Agentes de la Autoridad a los Funcionarios de Prisiones, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Pese a que nadie duda del ejercicio de autoridad que los funcionarios de prisiones ejercen en su lugar de trabajo, especialmente aquellos que se encuentran en contacto directo con los internos, lo cierto es que ninguna ley les concede el rango de agentes de la autoridad.

En este sentido, muchas han sido las reivindicaciones que han venido realizando en estos años los colectivos representativos de funcionarios de prisiones, pues según reivindican, muchas de las agresiones que han sufrido los funcionarios de prisiones en su lugar de trabajo se hubiesen evitado si éstos hubiesen sido reconocidos como agentes de la autoridad.

Y es que, tal como reflejan los datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias así como de los propios centros penitenciarios, el número de agresiones a funcionarios de prisiones en sus lugares de trabajo, muchas de ellas graves, aumenta cada vez más.

A estas agresiones, más de 2.000 agresiones en los últimos diez años, hay que sumarle además la falta de medios de autoprotección adecuados, y la deficiente tasa de reposición de efectivos, dos elementos que, si se reforzaran, frenarían considerablemente el número de agresiones a funcionarios penitenciarios.

Ante este escenario de indefensión por parte de los funcionarios de prisiones, el grupo parlamentario Ciudadanos presentó al inicio de la presente legislatura, una Proposición no de Ley en la que se instaba


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al Gobierno a realizar un Protocolo de Actuación específico para este colectivo, de forma a reforzar su seguridad en su lugar de trabajo.

No obstante, este Protocolo no resulta suficiente ante el escenario de agresiones al que se está enfrentando este colectivo, resultando la consideración de "agentes de la autoridad" un elemento más que contribuiría a reducir el número de agresiones a los funcionarios de prisiones en su lugar de trabajo.

Así pues, consideramos que la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, debería contemplar esta consideración de agente de la autoridad.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Modificar el artículo 80.2 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria quedando como sigue:

"Los funcionarios penitenciarios tendrán la condición de funcionarios públicos, con los derechos, deberes e incompatibilidades regulados por la legislación general de funcionarios civiles de la Administración del Estado.

En el ejercicio de sus funciones tendrán la condición de autoridad pública y se atenderá al principio de imparcialidad política, de conformidad con las normas constitucionales.""

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Defensa

161/002009

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de la Diputada del Partit Demòcrata Català, Miriam Nogueras i Camero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Defensa, una Proposición no de Ley relativa a impedir la realización de maniobras militares en zonas y términos municipales de áreas altamente densificadas.

Exposición de motivos

El pasado mes de febrero se realizaron maniobras de marcha de instrucción y endurecimiento por parte del ejército español en los términos municipales de Girona, Llançà, Barcelona, Sant Cugat o Celrà, ubicadas todas ellas en unas áreas cercanas a zonas altamente densificadas. En diversos casos los consistorios de los ayuntamientos afectados han manifestado al Ministerio de Defensa su oposición a la realización de tales maniobras, sin que este lo haya tenido en absoluto en cuenta e incluso sin que ello mereciera respuesta por parte de dicho Ministerio. Sin duda que este comportamiento y prepotencia por parte del Ministerio de Defensa deriva en un lógico malestar de los ciudadanos y de las administraciones afectadas.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Girona reclamó que no se realizaran las maniobras militares en la zona del Castillo de Sant Miquel, por ser un espacio muy concurrido por excursionistas, paseantes o deportistas. Otro ejemplo es el Parc de Collserola donde se llevaron a cabo unos entrenamientos y maniobras militares en la entrada de uno de los caminos que se adentran en el parque, justo delante de una escuela. En este caso, la Asamblea del Consorci del Parc Natural de Collserola y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Cugat del Vallés se pronunciaron para rechazar estas acciones que ignoran el malestar que genera la presencia de militares haciendo maniobras en el parque y cerca de escuelas.

Ante estas reacciones, el ejército se ha limitado a calificar las actividades de instrucción y endurecimiento como actividades muy habituales en la que no se hacen ejercicios que incluyan disparar o hacer fuego de artillería, sino que los soldados entrenan recorriendo largas distancias o caminos rurales con desnivel, lo cual evidentemente puede efectuarse en áreas alejadas de los núcleos urbanos.


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Por todo ello los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

1. Garantizar que, en el caso de planificar maniobras militares del ejército, estas se realicen prioritariamente en espacios estrictamente militares y en ningún caso en espacios cercanos a zonas altamente densificadas, como las efectuadas recientemente en Catalunya, en el Parc Natural de la Serra de Collserola -en el Área Metropolitana de Barcelona y junto a una escuela-, o en la zona del Castillo de Sant Miquel en Girona.

2. Informar y notificar debidamente y con antelación suficiente a las administraciones de los ayuntamientos afectados y, en su caso, atender el rechazo u oposición de estas administraciones a las maniobras, cuando así lo pongan de manifiesto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2017.-Miriam Nogueras i Camero, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002011

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no Ley sobre la modificación de la valoración del Seguro Colectivo de los miembros de las Fuerzas Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

El Ministerio de Defensa tiene concertado un Seguro Colectivo con una entidad aseguradora para todo el personal de la Fuerzas Armadas, cuya vigencia empezó a las 00:00 horas del día 1 de enero de 2017 y finalizará a las 24:00 horas del día 31 de diciembre de 2017.

En el apartado de Condiciones Generales y Particulares del contrato, se detallan los supuestos que origina el derecho a una indemnización. Entre los riesgos cubiertos, el seguro recoge dos supuestos, que son: caso de fallecimiento por cualquier causa; y caso de invalidez permanente absoluta para toda profesión u oficio (OPA), ya sea o no en acto de servicio.

Asimismo, el seguro vigente actual recoge una serie de garantías complementarias, como son:

- Reembolso de gastos de cirugía plástica y reparadora, en casos de Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u oficio causada por accidente o enfermedad;

- Reembolso de gastos de acompañamiento a los Asegurados, por hospitalización superior a 48 horas debida a un accidente o enfermedad repentina que produzca el internamiento urgente e inmediato en localidad distinta de la residencia oficial del acompañante;

- Reembolso de gastos de hospitalización en el extranjero por accidente o enfermedad repentina; o

- Reembolso de gastos de adaptación del domicilio del asegurado en caso de Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u oficio que genere tal necesidad.

Sin embargo, a pesar del riesgo al que están sometidos los profesionales de las Fuerzas Armadas, este contrato contempla unas cuantías de indemnizaciones que no se corresponden con el grado de peligrosidad que entraña esta profesión, y que distan mucho de las cuantías contempladas para indemnizaciones del ámbito civil.

La razón fundamental por la que la cuantía de las indemnizaciones contempladas en el Seguro Colectivo de las Fuerzas Armadas es extraordinariamente inferior a las indemnizaciones contempladas en otros seguros de responsabilidad civil, radica en que no se tienen en cuenta ni la reparación íntegra del daño, ni su reparación vertebrada, dos principios fundamentales en el sistema para la objetivación de la valoración del daño.


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Es de tener en cuenta que el principio de la reparación íntegra tiene por finalidad asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos, a cuyo efecto, las indemnizaciones de este sistema tienen en cuenta cualesquiera circunstancias personales, familiares, sociales y económicas de la víctima, incluidas las que afectan a la pérdida de ingresos y a la pérdida o disminución de la capacidad de obtener ganancias. Así pues, a través del principio de la reparación íntegra no solo se contemplan las consecuencias patrimoniales del daño corporal sino que se tienen en cuenta además las consecuencias morales o extra patrimoniales de daño, respetando así la dignidad de las víctimas y la de sus familiares.

Por otro lado, el principio de vertebración requiere que se valoren por separado los daños patrimoniales y los no patrimoniales, teniendo en cuanta los diversos conceptos perjudiciales.

Buen ejemplo de una correcta valoración de los daños causados, es la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, que regula la reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, establecida en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

Así pues, si se comparan las indemnizaciones establecidas en el Seguro Colectivo de las Fuerzas Armadas, y las contempladas en la citada Ley 35/2015, de 22 de septiembre, se puede observar cómo las indemnizaciones previstas para el personal de las Fuerzas Armadas, son extraordinariamente inferiores; una situación realmente injusta para el personal de las Fuerzas Armadas que debe ser revisada para ser solventada.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:

Realizar un estudio para la posible asimilación de las indemnizaciones previstas en el Seguro Colectivo de los miembros de las Fuerzas Armadas, a las indemnizaciones contempladas en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, que regula la reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, establecida en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, (aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre), y que en su caso, lo ejecute, aprobando nuevas Condiciones Generales y Particulares del Contrato para el personal de las Fuerzas Armadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2017.-Francisco Javier Cano Leal, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/001994

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la calificación como sector estratégico del sector agroalimentario, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.

Exposición de motivos

El sector agroalimentario es el primer sector industrial de nuestro país. La parte manufacturera del sector supone el 22,5 % de todo el sector, el 21,3 % del empleo industrial y el 10 % de las exportaciones españolas. Ha duplicado su actividad en los últimos trece años, registrando en el año 2014 casi 380.000 altas en la Seguridad Social y un aumento de casi un 6 % de su volumen exportador.

La importancia del sector para la economía española queda de manifiesto en el continuo incremento de las exportaciones, alcanzando cifras record cada año. Tiene una balanza comercial positiva y ha ayudado de forma especial a la salida de la crisis a la economía española en todos los aspectos, empresas, empleos e inversiones. Además, es el segundo sector en aportación al PIB por detrás del turismo.


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El sector tiene un objetivo claro: mejorar la presencia española en el exterior por medio de la exportación continuada, la apertura de nuevos mercados y la internacionalización de las empresas, y mantiene compromisos claros con la salud, la innovación y con el medio ambiente.

Por tanto, es un sector que tiene un desarrollo importante de actividad industrial, que invierte en bienes de equipo, en tecnología, y que con algunos de sus productos, lleva por todos los lugares del mundo la Marca España; además, conecta con el mayor sector de nuestro país -el turismo- a través de la gastronomía.

En resumen, este sector que tiene conexiones importantes con el sector primario, el industrial y de servicios, lo consideramos trascendental, como actividad económica, como instrumento para potenciar el valor de nuestro medio rural y como yacimiento de empleo que permita fijar la población en el ámbito rural.

Por lo tanto, si fuera necesario identificar los actuales sectores estratégicos claves de la economía de un país, para desarrollar un nuevo modelo de economía para impulsar medidas del fomento de la competitividad, redistribuir los recursos e inversiones pública y privada para reactivar la economía, generar nuevo empleo, el sector agroalimentario estaría presente.

Durante los cuatro años de Gobierno Popular se ha trabajado por todas las personas que viven del sector agroalimentario y por los que pueden encontrar en él una oportunidad, porque ha demostrado su potencial, y queremos seguir haciéndolo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a considerar al sector agroalimentario como prioritario en la atención de las necesidades del sector, y en el desarrollo de las políticas necesarias para la garantía de su futuro y la garantía de su sostenibilidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/001992

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el IVA aplicado a la donación de alimentos, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

La normativa española reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, contenida en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre (BOE de 29 de diciembre), supone la transposición al Derecho interno de las previsiones de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del IVA.

La Ley 37/1992, mantiene adicionalmente un amplio régimen de exenciones, dentro de los límites establecidos por la Directiva comunitaria, que suponen la exoneración del Impuesto sobre el Valor Añadido a un importante volumen de servicios y actividades de interés general.

No obstante, la Directiva armonizada comunitaria no recoge la exención del IVA en las entregas de bienes o alimentos a organizaciones sin ánimo de lucro, cuando los mismos van a destinarse a ser consumidos dentro de la Comunidad. Más concretamente, el artículo 74 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, considera las donaciones de alimentos como imponibles.

La Comisión Europea presentó, en el año 2011, una comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre el futuro del IVA, reconociendo la necesidad en avanzar hacia un sistema de IVA más simple y eficaz. En ella, considera que cualquier acción para fomentar una redistribución justa de los alimentos debería realizarse centrándose en una fiscalidad diferente al IVA,


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pues la medida para hacer frente a problemas concretos iría en contra de la simplicidad y la eficiencia del sistema y obstaculizaría la neutralidad del impuesto.

Como consecuencia del agravamiento de la crisis económica, la Comisión retomó el debate con los Estados miembros. Así, en la reunión 97a del Comité del IVA celebrada en septiembre de 2012, frente a una consulta realizada por Polonia sobre los Productos alimenticios donados, el Comité del IVA acordó que la donación de alimentos, realizada por un sujeto pasivo gratuitamente, se considerará como entrega de bienes a título oneroso, de conformidad con el primer párrafo del artículo 16 de la Directiva IVA, a menos que esta donación cumpla las condiciones establecidas por el Estado miembro para ser considerada como un regalo de valor reducido en el sentido del párrafo segundo del artículo 16 de la Directiva IVA.

En una respuesta, en mayo de 2013, a la consulta realizada por Europarlamentarios sobre el desperdicio alimentario y el sistema tributario para alentar a los supermercados a redistribuir alimentos, la Comisión interpretaba estos antecedentes y recomendaba que el valor de las donaciones fuera testimonial o próximo a cero.

La comisión había anunciado una "Comunicación sobre la alimentación sostenible" en 2014, pero más tarde fue retirada del programa de trabajo de la Comisión. Más tarde, el plan de acción de la UE para la economía circular, de diciembre de 2015, recogió algunas de estas cuestiones y las incluyó en la reducción de los desperdicios de alimentos como una prioridad clave. Está previsto que el marco de seguimiento para la economía circular en Europa esté listo durante 2017.

La UE y los Estados miembros, en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para 2030, se ha comprometido para reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante a nivel de consumidores y minoristas, y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro.

Recientemente, en noviembre de 2016, la Comisión presentaba la Comunicación "Próximas etapas para un futuro europeo sostenible", que anuncia acciones específicas que facilite la donación de alimentos futuras a través de la nueva Plataforma Europea contra las pérdidas y el desperdicio de alimentos para respaldar el objetivo de las Naciones Unidas.

En ausencia de unas directrices finales y la falta de claridad, algunos países europeos han optado por una interpretación unilateral e incorporar la excepción de la donación de alimentos en el Impuesto del Valor Añadido.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Solicitar a las instituciones europeas correspondientes la modificación de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del IVA, para añadir en las exenciones las entregas de bienes o alimentos a organizaciones sin ánimo de lucro, cuando los mismos vayan a destinarse a ser consumidos dentro de la Comunidad.

- En el interim, adoptar el criterio recomendado por el Parlamento Europeo de considerar el valor de las entregas de dichos bienes próximo a ceros."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002004

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley de modificación del Real Decreto-ley 17/2014, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.


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Exposición de motivos

El Real Decreto-ley 17/2014, por el que se crea el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas fue concebido en un momento de debilidad fiscal de las CC.AA. En este contexto, gran parte de las CCAA disponían de una baja capacidad fiscal en relación con el grado de competencias que asumían. Así pues, se intentaba cubrir por parte del Estado y vía préstamos los déficits y/o necesidades de financiación que las CCAA tuviesen. Estas ayudas se enmarcaba en cuatro compartimentos:

a) Facilidad financiera.

b) Fondo de liquidez autonómica.

c) Fondo social.

d) Fondo de liquidación para la Financiación de los Pagos a los Proveedores de Comunidades Autónomas.

El más importante de ellos por su impacto en el ejercicio fiscal de las CC.AA es el apartado b). El Fondo de liquidez autonómica (FLA) ha sido y sigue siendo una vía de financiación imprescindible para las CCAA. No obstante, y derivado de la articulación del Real Decreto-ley 17/2014, el acceso a este mecanismo sigue mostrando carencias más que evidentes.

Por una parte, las condiciones financieras aplicables a estas operaciones de crédito se fijan sin tener en cuenta a las CC.AA. Esto es, se fijan sin tener en cuenta a la contraparte.

Otra carencia más que evidente es la falta de una calendarización de pagos, toda vez que las CCAA acceden a las condiciones necesarias para cumplir los requisitos del Fondo de liquidez autonómica. Este hecho, provoca inseguridad presupuestaria a las CC.AA y, en cambio, dota al gobierno central de una ventaja negociadora que no se justifica de ninguna de las maneras.

En tercer lugar, no existen garantías de seguimiento y supervisión de los acuerdos de operaciones de crédito. Es decir, actualmente no se dispone de ningún observador independiente que certifique si se están cumpliendo las condiciones pactadas.

Por estos motivos, existen un grado de incertidumbre muy elevado en estas operaciones de crédito que dificultan el correcto funcionamiento de los ejercicios presupuestarios de las CC.AA.

Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Modificar el Real Decreto-ley 17/2014 y el resto de normas necesarias para que el Fondo de Liquidez Autonómica deje de tener carácter de crédito y pase a tener carácter de transferencia para aquellas Comunidades Autónomas con déficit de financiación derivado del modelo de financiación autonómica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2017.-Ignasi Candela Serna, Diputado.- Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002005

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la inclusión de los impuestos energéticos en los suplementos territoriales de cada Comunidad Autónoma, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Motivación

El Tribunal Supremo acaba de dar a finales del mes de marzo un plazo de tres meses al Ministerio de Energía para que establezca la cuantía que deben devolver las personas consumidoras de diferentes


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Comunidades Autónomas, entre ellas Galicia, a las compañías eléctricas por los tributos autonómicos cobrados al sector eléctrico.

La Ley del sector eléctrico de 1997, establecía que en el caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran grabadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las Comunidades Autónomas, o recargos sobre tributos estatales, podrían incluir un suplemento territorial que abonarían las personas consumidoras de esas comunidades para cubrir ese coste adicional.

En julio de 2012 ,el Gobierno de España aprobó un decreto ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Entre otras cuestiones, modificó la citada norma y eliminó el carácter opcional del suplemento territorial. Esto abría la puerta a fijar distintos precios por comunidades en función de los tributos autonómicos que se aplicaran al sector.

Esto vulnera el artículo 86.1 de la Constitución ya que afecta a la potestad tributaria propia de la comunidad autónoma en los términos en que viene reconocida. Además es destacable la deslealtad en la que incurrió el gobierno al alterar mediante el anterior decreto ley una política medioambiental sustentada en la finalidad extra fiscal de los tributos pactados habitualmente en las comisiones bilaterales de cooperación.

También se vulnera el principio de igualdad tributaria del art. 139 de la CE en relación con los artículos 31 y 34, en cuanto que se infringe el principio de capacidad económica al repercutir en la ciudadanía un tributo que no atiende ni en su cuantía ni en su determinación a su capacidad contributiva.

Se puede afirmar que tanto el exceso de normas afectadas por el decreto ley como la vulneración del principio de seguridad jurídica expresado en la disposición adicional decimoquinta constituyen dos elementos más que cuestionan esta regulación.

Aun así el Gobierno quiso aplicar esta medida en 2013, incluyendo en los precios de la electricidad un suplemento de 200 millones de euros que deberían pagar los consumidores y las consumidoras de las comunidades que contasen con estos impuestos.

Sin embargo, la Comisión Nacional de la Energía recomendó desestimar la medida porque el citado decreto ley no fuera desarrollado.

Finalmente, se desestimó incluir el suplemento territorial y a finales de 2013, en la nueva Ley del sector eléctrico, el Gobierno volvió a la redacción anterior. Pero durante cerca de un año y medio estuvo en vigor una norma que obligaba a repercutir en la factura al consumidor o consumidora los impuestos autonómicos a las compañías eléctricas.

Las empresas recurrieron la decisión del Gobierno de no cobrar por este concepto en las dos órdenes que regularon las tarifas de 2013.

En junio de 2014 y septiembre de 2016, el Tribunal Supremo les da la razón y condena al Ministerio de Industria a establecer el cobro de los suplementos territoriales.

Sin embargo, la ejecución de estos fallos judiciales presentó nuevos problemas. A finales de diciembre el Tribunal Supremo apercibió al Ministro de Energía para que antes del 20 de enero iniciara la tramitación de la orden correspondiente. Así lo hizo, y también aportó un informe sobre los problemas para ejecutar la sentencia de 2014. En concreto, el Ministerio alegó que para dar cumplimiento a las sentencias, pidió en abril del año 2016 a las comunidades autónomas información sobre los tributos existentes durante 2013 que gravaban actividades e instalaciones destinadas al suministro eléctrico. Pero sólo dispuso de datos suficientes de Cataluña, La Rioja, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.

El pasado 26 de enero de este año publicó en el "Boletín Oficial del Estado" la orden exigida que únicamente afecta a estas cuatro autonomías. También se hicieron requerimientos a otras diez comunidades: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla León, Extremadura, Galicia y Madrid.

La orden de enero de este año establece la forma en la que los consumidores y consumidoras de las cuatro comunidades autónomas a las que afecta deben pagar a las eléctricas 16,5 millones de euros por los impuestos declarados por sus gobiernos.

La mayor parte, 12,4; se asignan a la Comunidad Valenciana. Pero también recoge que se continuará solicitando información sobre estas y otras comunidades autónomas.

Para el Gobierno solo cabe devolución de aquellos tributos que graven actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico que fueron objeto de retribución regulada en el año 2013, por lo que se limita al transporte, distribución y producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con régimen primado. Pero el proceso no terminó. Tras la publicación de la orden en enero, las eléctricas solicitaron al Tribunal Supremo que declare que no se cumplió la sentencia de 2014,


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y que se amplíe la exigencia de devolución de todos los tributos satisfechos por las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico.

Así mismo, piden que se reingrese todo lo cobrado mientras estuvo en vigor el Real Decreto-ley de 2012.

Por su parte la abogacía del Estado dio por cumplida la sentencia y pidió que sea el Tribuna el que requiera a las comunidades que no aportaron los datos solicitados.

En un auto del pasado 10 de marzo el Tribunal Supremo considera que la sentencia de 2014 fue parcialmente ejecutada y que por lo tanto, solo cabe que las eléctricas impugnen la orden de enero, por lo que no deja claro si avala el criterio del Gobierno. Además da un plazo de tres meses para que el Ministerio dicte una nueva resolución en la que fije cuanto hay que exigir a los consumidores de las cuatro Comunidades afectadas inicialmente y del resto de Comunidades, entre ellas Galicia.

Por todo ello habría que modificar la Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del sector eléctrico.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para evitar que los impuestos energéticos y ambientales establecidos por la administración autonómica se incluyan en los suplementos territoriales y tengan que ser abonados por los consumidores de ese territorio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2017.-Pilar Cancela Rodríguez, Merixell Batet Lamaña, César Luena López, Julián López Milla, Óscar Galeano Gracia, Pere Joan Pons Sampietro, Esther Peña Camero, María Soledad Pérez Domínguez, Rafael Simancas Simancas y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Fomento

161/001993

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el avance en las mejoras de la línea ferroviaria entre Santander y Liérganes, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Durante la Legislatura 2012-2015, se decidió acometer mejoras en la red convencional de ancho métrico. Para ello, se adoptaron las medidas necesarias para optimizar la gestión de la misma, incorporando las infraestructuras de la extinta entidad Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en el año 2013.

Desde entonces, esta red se ha integrado dentro de los planes de conservación y explotación de ADIF y ha sido sometida a un análisis pormenorizado de su situación previo al inicio de la ejecución de las actuaciones más adecuadas en cada tramo de la red, incluyendo el desarrollo del plan de trincheras que permita su mejora gradual.

Por lo tanto, durante 2014 y 2015, se han priorizado las inversiones para la mejora de trincheras afectadas por condiciones meteorológicas adversas, que conllevaron a la implantación de limitaciones temporales de velocidad. Gracias a estos trabajos ya se han reparado doce trincheras en el tramo Unquera-Santander de la línea Santander-Cabezón de la Sal, superando la inversión los dos millones de euros.

Además se ha actuado en tres trincheras de la línea León-Bilbao a su paso por Cantabria, por importe de 165.000 euros.

En estos momentos se continúa trabajando en la mejora del resto de la red de ancho métrico, lo que conllevará beneficios en la fiabilidad de los servicios ferroviarios.


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Otra de las actuaciones que se acometieron en 2014, en la Red de Ancho Métrico fue la automatización de las instalaciones de seguridad en el tramo Orejo-Karrantza y el control de tráfico desde el Puesto de Mando de Santander.

En el año 2016, también se invirtieron 1,1 millones de euros en la ejecución de las obras en la trinchera situada entre los pp.kk. 496/100 y 496/780 de la línea 08-770 Oviedo-Santander, de la red de ancho métrico, en Cantabria.

Asimismo, cabe destacar la renovación de vía prevista entre Orejo y Liérganes (9,5 km). A finales de 2016, ADIF inició la ejecución de las obras correspondientes, que tendrán un plazo de ejecución de nueve meses y un presupuesto de 7,5 millones de euros. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 se ha previsto un importe de 5,3 millones de euros para el año 2017.

Mediante estas obras se llevará a cabo una renovación de la superestructura de la vía, saneamiento de plataforma en todo el tramo, mejora del sistema de drenaje, recrecido de muros existentes en aquellas zonas donde resulta necesario, renovación integral de la vía general entre Orejo y Liérganes y mejora de la configuración ferroviaria de la estación de Solares.

Además el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, recoge una partida específica para el soterramiento de Torrelavega con 0,15 millones de euros para 2017 y un importe de 43 millones de euros en total.

Asimismo, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 también recoge la integración del ferrocarril en la ciudad de Santander con un importe de 0,762 millones de euros para el 2017 y un importe total de casi 50 millones de euros, actuación que afectará tanto a la red de ancho métrico como a la red convencional.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados considera necesario seguir avanzando en las mejoras de la línea ferroviaria entre Santander y Liérganes, a través de ADIF, así como en otros tramos de la Red de Ancho Métrico de Cantabria, con objeto de continuar mejorando los parámetros de calidad y confort del servicio ferroviario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001995

A La Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ejecución de la mejora integral de los accesos por carretera al Aeropuerto Alicante-Elche, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La historia reciente del aeropuerto Alicante-Elche, es sin duda una historia de éxito. En los últimos cuatro años, la evolución de llegada de viajeros a este importante referente aéreo de la zona Sureste del Mediterráneo español, ha sido muy importante.

Mes a mes, gracias al enorme empuje del sector turístico en España, clave para la recuperación económica en nuestro país, esta infraestructura ha permitido batir records de llegadas de viajeros, que han dinamizado de manera muy importante los sectores turísticos hoteleros y residenciales, apreciados por su calidad y competitividad, siendo líderes a nivel mundial.

Al margen de los fríos datos estadísticos, el aeropuerto Alicante-Elche, impulsado por los Gobiernos del Partido Popular como una infraestructura necesaria, se ha convertido también en la primera buena y agradable impresión del visitante que arriba a España, percibiéndolo como un país moderno, adaptado a las exigencias de los que nos visitan temporalmente o deciden consolidar su segunda residencia en nuestro territorio, al disfrutar de nuestro clima y de nuestra hospitalidad.


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Como atracción de inversión y de economía, la rentabilidad de esta infraestructura aérea es incuestionable. Las nuevas rutas no paran de aumentar, especialmente a ciudades de países altamente interesantes por el poder de gasto de los potenciales visitantes que de allí procedan. Y es muy importante destacar que para este año el aumento de asientos para el invierno ha sido del veinte por ciento, alcanzando en temporada baja puntas de actividad logística en este aeropuerto, que igualaran la que tenga lugar en julio o en agosto. Todo ello hace prever que si el año 2011 finalizó con 8,5 millones de viajeros, en el 2016 el aeropuerto Alicante-Elche, alcanzará la cifra de 11,5 millones de viajeros.

Gracias al éxito de esta infraestructura, es imprescindible ahora, acometer una adaptación, mejora y modernización, de todo el entramado de carreteras que agilicen la conexión desde el aeropuerto, hacia los cercanos municipios de Elche, Alicante, y especialmente a las vías rápidas de comunicación por coche o autobús, tanto por la Autovía A-7, como por la carretera N-332, vertebrando la permeabilidad del territorio, y facilitando que el viajero llegue al municipio destino final.

El flujo de llegadas al aeropuerto, básico para el sector turístico vacacional hotelero y residencial de la Costa Blanca, precisa de la inversión en infraestructuras para mejorar sus accesos por carretera. Esos accesos facilitan la movilidad en el territorio de amplia influencia de esta puerta de entrada de inversión y de dinamización de la actividad económica necesaria para generar empleo, que excede el área geográfica de la provincia de Alicante.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de urgir al Ministerio de Fomento la ejecución de la mejora integral de los accesos al Aeropuerto Alicante-Elche, por carretera, con la finalidad de agilizar la llegada y salida de usuarios de esta infraestructura y su movilidad en el área de influencia de esta instalación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001996

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar la finalización de la redacción del proyecto de construcción de un tercer carril en la A-7 en los accesos a la región de Murcia, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Una actuación esencial encaminada a descongestionar los accesos a la ciudad de Murcia y su área metropolitana consiste en la construcción de un tercer carril en la autovía A-7, siguiendo su trazado actual.

A tal fin, es fundamental que culmine la redacción del proyecto y su tramitación para que se pueda construir el tercer carril en el tramo comprendido entre los enlaces de Orihuela-Benferri, en la provincia de Alicante, y de Monteagudo-Fortuna, ya en la Región de Murcia y a las puertas de la capital.

El pasado 12 de diciembre de 2015, el Boletín Oficial del Estado sometió a información pública el proyecto de trazado de la ampliación del tercer carril por calzada en la Autovía A-7, entre los puntos kilométricos 741,00 y 757,00, en el citado tramo entre el enlace de Orihuela-Benferri y el enlace de Monteagudo-Fortuna, con una longitud total de 16 kilómetros.

El presupuesto estimado de licitación de las obras inicialmente contemplado en el proyecto es de 84,2 millones de euros.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España para que, a través del Ministerio de Fomento, impulse la finalización de la redacción del proyecto de construcción de un tercer carril de la A-7


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en el tramo de acceso a la Región de Murcia al objeto de avanzar en lo posible de cara al futuro inicio de los trabajos de dicha infraestructura."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001998

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ejecución de la obra consistente en la construcción de la rotonda de acceso al municipio de Redován por el Barrio de San Carlos (Alicante), para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En los Presupuestos Generales del Estado del año 2015 aparecen recogida la inversión de 789.000 euros para la construcción de una rotonda en el término municipal de Redován, municipio ubicado al Sur de la Provincia de Alicante, situado en una estratégica posición en las áreas de conexión por carretera entre la zona de Murcia-Orihuela y Alicante-Elche.

Esta deseada infraestructura, no solo mejorará los accesos al municipio, sino que además será clave para la dinamización del Polígono industrial.

El barrio de San Carlos, precisa de la eliminación de ese punto negro en el principal acceso al municipio, permitiendo por ello al tráfico pesado realizar una mejor conectividad con la autovía A-7.

No menos importante es impulsar el desarrollo del polígono industrial de Redován, que desarrolla desde hace tiempo, políticas fiscales de ámbito municipal, llegando incluso a bonificar hasta el 90% del ICIO, para las empresas que se instalen en ese entorno de potencial competitividad económica.

Cabe recordar que la Comarca de la Vega Baja del Segura, además de ser uno de los motores turísticos del Sureste Español, goza de una privilegiada ubicación estratégica, al Sur de la dinámica provincia de Alicante, y limítrofe con la Comunidad Murciana, al asumir la llegada y salida de gran parte del tránsito de mercancías y exportación hortofrutícola de la denominada "Huerta de Europa", que se desenvuelve en la cuenca del Río Segura, a su paso por las zonas detalladas.

Es por ello que parece vital importancia que el Ministerio de Fomento, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, desarrolle la inversión programada de la ejecución de la rotonda de acceso a Redován en el barrio de San Carlos a la Altura de la N-340.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de que el Ministerio de Fomento impulse la redacción del proyecto de seguridad vial para el acondicionamiento de intersección, reordenación de accesos y tratamiento de travesía de la carretera N-340 a su paso por Redován, provincia de Alicante, para poder posteriormente licitar las obras en cuanto lo permitan las disponibilidades presupuestarias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002008

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reversión gratuita del antiguo cuartel de la Guardia Civil del municipio de Manlleu (Barcelona), para su debate en la Comisión de Fomento.


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El 16 de mayo de 1972, se efectuó el contrato de cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de Manlleu al Estado de un solar en la calle Caballería para la construcción de una casa cuartel de la Guardia Civil. El acuerdo establecía que, si treinta años después de la cesión del solar no se realizaban las tareas propias de una casa cuartel, esta se retornaría al municipio.

En el año 2000, se cerró la casa cuartel y, actualmente se encuentra abandonada, pudiéndose destinar a otros usos sociales y comunitarios, sin embargo el Gobierno exige al Ayuntamiento de Manlleu para el cambio de titularidad una importante cuantía económica.

Los patrimonios públicos de suelo y vivienda y los stocks de suelo del Ministerio de Defensa (cuarteles militares), Economía (servicios aduaneros y otros), Interior (casernas de la Policía y de la Guardia Civil), Fomento (infraestructuras) y otras, a menudo situadas en el centro de las ciudades, deberían tener como destino preferente la promoción del derecho a la vivienda y otras obras de interés social.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la reversión gratuita de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Manlleu al Ayuntamiento tal y como establece la escritura de cesión de 16 de mayo de 1972 para poder ser destinada, entre otros usos sociales, a viviendas dotacionales de alquiler para jóvenes o tercera edad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2017.-Aina Vidal Sáez, Diputada.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Educación y Deporte

161/002002

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Proposición no de Ley sobre las pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad.

Acuerdo:

Considerando que no solicita el debate de la iniciativa ni en Pleno ni en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación y Deporte. Asimismo publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, dando traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antonio Roldán, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos y Marta Martín, Diputada del mismo Grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad.

Exposición de motivos

El pasado martes 6 de junio comenzaron a realizarse en las Islas Baleares las Pruebas de Bachillerato de Acceso a la Universidad (PBAU). Hasta la fecha, y pese a tratarse de una Comunidad Autónoma con


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dos lenguas oficiales, el catalán y el castellano, los enunciados de las pruebas solo se facilitaban en catalán, salvo las que eran de una lengua específica; para sus respuestas, en cambio, los estudiantes podían servirse de cualquiera de los dos idiomas oficiales.

Este año, por primera vez, en la instrucción que la Universidad de las Islas Baleares facilitó a los correctores de las pruebas se indica que a los alumnos que lo soliciten se les entregará el enunciado en castellano. Sin embargo, este derecho, hasta ahora inexistente, no ha podido ejercerse con plenitud, dado que en la mayoría de las pruebas a los estudiantes se les ha repartido, una vez sentados en sus pupitres, la versión catalana. Quienes han decidido optar por la castellana, han tenido que reclamarla expresamente, lo que les ha impedido disponer de ambas versiones desde el primer momento en igualdad de condiciones.

Se pone de manifiesto un problema recurrente en la ordenación del sistema educativo. Por un lado, las deficiencias normativas y, por otro, los incumplimientos reiterados. En cuanto a las primeras, la legislación reguladora de estas pruebas incurre en un silencio escandaloso, a pesar de su profusión y detalle:

1. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, prevé la realización de evaluaciones individualizadas al finalizar la etapa de Bachillerato en su artículo 36 bis.

2. El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en el artículo primero, punto 3, que hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, la evaluación de Bachillerato regulada por el artículo 36 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.

3. El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, establece que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determinará, mediante Orden ministerial, las características, el diseño y el contenido de las pruebas de la citada evaluación, así como los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas.

4. Y, por último, es la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, la que determina las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017 (BOE núm. 309, de 23 de diciembre de 2016).

Ese conjunto de disposiciones silencia lo que parece escandalosamente evidente: el derecho de los alumnos a elegir el idioma con el que celebrar las pruebas, en aquellas Comunidades en las que rija la cooficialidad lingüística. Es desconcertante que el Estado omita esta garantía cuando le corresponde la esencialísima función del aseguramiento de la igualdad básica de todos los españoles. En consecuencia, este desfallecimiento, este incumplimiento de la función que la Constitución le asigna, hace posible que tal derecho quede al arbitrio de la consejería responsable de la política universitaria en cada comunidad autónoma o incluso de cada universidad. El resultado ha quedado puesto de manifiesto por lo vivido en Baleares.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Que proceda a la modificación de la normativa que determina las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, a fin de que en el próximo curso conste, entre las características de las pruebas, la obligatoriedad de que en las comunidades con cooficialidad lingüística los enunciados de las pruebas, salvo en aquellas específicas de la lengua correspondiente, estén redactados tanto en castellano como en la otra lengua cooficial, a efectos de que los alumnos puedan elegir el idioma. La comunidad autónoma podrá decidir si esa garantía se instrumenta mediante distintas hojas de examen, cada una con el enunciado en una de las dos lenguas cooficiales, o mediante una misma hoja donde figure el enunciado en ambas lenguas. En todo caso, la normativa deberá concretar que dicha posibilidad de elección de lengua tiene que poderse ejercer desde el primer


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momento, sin que el alumno se vea compelido a hacer ninguna manifestación pública de cuál es el idioma elegido."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2017.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002007

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la formación y el reconocimiento académico y profesional de los técnicos superiores sanitarios, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

En España existen alrededor de 30.000 Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) de distintas ramas que realizan una labor imprescindible para la organización de la asistencia sanitaria. Existen hasta once titulaciones diferentes, principalmente en las siguientes especialidades: técnicos superiores en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear (TSIDyMN), Técnicos Superiores en Radioterapia y Dosimetría (TSRyD), Técnicos Superiores en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (TSAPyC), técnicos Superiores en Laboratorio Clínico y Biomédico (TSLCyB) y Técnicos Superiores en Dietética (TSD).

La normativa vigente en materia educativa que afecta a los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) los sitúa actualmente en el ámbito de la formación profesional de grado superior, siendo regulada esta figura por diversos Reales Decretos del año 2014, que establecen la titulación de las diferentes especialidades, y por Órdenes del año 2015, que establecen el currículum de los ciclos formativos correspondientes.

Competencialmente, se inicia la regulación de los TSS con la Orden Ministerial de 14 de junio de 1984, del Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre competencias y funciones de los técnicos especialistas, y posteriormente por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre de 2003, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS). Así, en la disposición transitoria tercera de esta Ley ya se establece la previsión de adecuación de las profesiones sanitarias de formación profesional al espacio europeo de enseñanza superior.

Posteriormente, los Reales Decretos 1087/2005 de 16 de septiembre, 140/2011 de 4 de febrero y 887/2011 de 24 de junio, establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, situando a la mayoría de los TSS en un nivel 3 de cualificación profesional, dentro de la familia profesional de sanidad, en la formación profesional de grado superior. Dicha regulación establece por una parte las "unidades de competencia", con las correspondientes "realizaciones profesionales" y "criterios de realización"; y por otra parte, los "módulos formativos", con las correspondientes "capacidades" y "criterios de evaluación", quedando delimitado así, el marco académico y competencia, de los mismos.

Más tarde, el Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, las titulaciones de TSS quedan situadas en el Nivel 1 del MECES (120 créditos, ECTS equivalente a 2.000 horas de formación). Como así se refleja, posteriormente, en lo articulado en el Real Decreto 770/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y se fijan sus enseñanzas mínimas, en el Real Decreto 772/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría y se fijan sus enseñanzas mínimas, el Real Decreto 771/2014 por el que se establece el título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas, o el Real Decreto 767/2014 para el título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

Ocurre, por otra parte, que en el Espacio Educativo Europeo existen diversas titulaciones profesionales (por ejemplo "radiographer-radiotherapist") que, realizando funciones análogas a las de estos TSS, exigen una formación y reconocimiento de grado universitario, con una exigencia de carga lectiva y desarrollo de competencias también superior (180 a 240 créditos ECTS). Esto obliga a los TSS españoles


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que desean ver reconocida su titulación o ejercer en otro país europeo a realizar cursos o prácticas de formación que compensen la diferencia en los programas formativos entre los países. Con ello se perjudica la libre circulación de estos profesionales dentro del espacio europeo . y, en ocasiones, se promueven determinados comportamientos que no benefician a nadie, como por ejemplo la matriculación de españoles en escuelas de formación extranjeras con el fin de lograr la homologación de sus títulos.

Por otra parte, es evidente que una mejora de la formación y cualificación de estos profesionales redundaría en la mejora de la calidad técnico-asistencial que reciben los usuarios de la sanidad española en áreas técnicas, por otra parte, sometidas a una acelerada innovación y tecnificación en muchas de sus especialidades.

El último informe que se conoce realizado por el Ministerio de Sanidad y Consumo de agosto de 2006 ("Informe de Síntesis: La profesión de técnico especialista de laboratorio clínico y radiología médica en Europa: Situación actual y principales tendencias de evolución") ya avanza que en esos años la mayoría de los países europeos están revisando sus planes de estudio para adaptarlos al marco educativo de Bolonia. También es cierto que en la mayoría de los países europeos existe una titulación única para las dos especialidades de laboratorio: laboratorio de diagnóstico clínico y anatomía patológica; y otra, para las dos especialidades radiológicas: imagen para el diagnóstico (que incluye medicina nuclear) y radioterapia.

Otro fenómeno que se produce es la coexistencia en España de las titulaciones de formación profesional superior sanitarias con nuevos Grados Universitarios desarrollados por Universidades españolas dentro del mismo espectro de competencias (dietética y nutrición o laboratorio, por ejemplo).

Los TSS españoles llevan muchos años luchando por una mejora de su formación, cualificación y reconocimiento académico y profesional, así como por su homologación en el espacio europeo. En este sentido, recientemente (2016) la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL) ha visto aceptada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo su solicitud de realización de un "Estudio y Análisis de la Situación Actual en España de la Titulación-Nivel de Formación y Cualificación de los Profesionales Técnicos Superiores de Laboratorio Clínico y Biomédico y Técnicos Superiores en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico" y que, como consecuencia del citado estudio, se proceda a requerir al Estado Español la adecuación de su normativa interna a la de la Unión Europea y resto de países miembros.

Por último, el Congreso de los Diputados no ha sido ajeno a esta problemática, habiéndose tramitado, a lo largo de las VIII y IX Legislaturas, diferentes iniciativas parlamentarias, sobre todo preguntas escritas al Gobierno, pero también una Proposición no de Ley de la VIII Legislatura que fue debatida, aunque no prosperó su aprobación.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar el diálogo con los sindicatos y las asociaciones de Técnicos Superiores Sanitarios con el fin de atender las demandas de reconocimiento académico y profesional de estos profesionales.

2. Elaborar un plan de reordenación de las actuales titulaciones de TSS orientadas a las nuevas necesidades tecnológicas requeridas por el Sistema Nacional de Salud, a la mejora de la formación de estos TSS, a su reconocimiento académico más apropiado y al mutuo reconocimiento en el espacio europeo, tomando en consideración la práctica de la mayoría de los países del espacio educativo europeo.

3. Considerar prioritariamente, por existir ya una clara armonización europea, la unificación de las especialidades de laboratorio clínico y anatomía patológica, por una parte, y de radiodiagnóstico y radioterapia, por otra, homologando su formación a los estándares europeos.

4. Incluir en el citado plan de reordenación los procedimientos y requerimientos que permitan a los actuales TSS su recalificación académica de acuerdo a los nuevos programas y titulaciones.

5. Recabar de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud una posición respecto de la adecuación de titulaciones y planes de estudio de estos profesionales, así como de su adaptación a la realidad tecnológica actual y futura de las instituciones sanitarias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2017.-Jesús María Fernández Díaz e Ignacio Urquizu Sancho, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/002022

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar los caminos escolares en la lucha contra el sedentarismo de los alumnos, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

El camino escolar es un proyecto de movilidad sostenible dirigido a facilitar que los estudiantes puedan ir solos a la escuela. Esto conlleva convertir las calles en itinerarios seguros con prioridad de uso para la población infantil y juvenil.

Se trata de una realidad que se va incorporando a nuestras ciudades por diferentes administraciones y entidades, con el objetivo de recuperar la ciudad para la infancia. Entre las medidas adoptadas destaca la llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico dentro de la Estrategia de la Seguridad Vial 2011-2020, que promueve los caminos escolares seguros.

Los países de nuestro entorno están llevando a cabo iniciativas similares desde hace tiempo. Francia celebrará próximamente la Semana Nacional de la Movilidad Activa al Colegio: andando y en bicicleta a la escuela (Semaine nationale de la marche et du vélo) organizado por los departamentos de Educación, Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía e Interior (Seguridad Vial).

Han existido también proyectos piloto de ámbito europeo como STARS (Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools) en el que participó Madrid, con el objetivo fundamental de incrementar el trasvase modal desde el uso del coche al de la bicicleta por parte de alumnos de colegios de primaria y secundaria.

El Consejo Superior de Deportes presentó, en febrero de 2017, la "Estrategia de Fomento de la Actividad Física y lucha contra el sedentarismo". El propósito principal que persigue es que la población físicamente inactiva acceda a la práctica del deporte y cumpla las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que señalan que los niños y adolescentes deben practicar al menos una hora diaria de deporte.

A tal efecto, el Consejo ha propuesto la creación de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas que permita aunar los programas ya existentes en esta materia en cada comunidad y trabajar conjuntamente.

La actividad que conlleva caminar o utilizar la bicicleta es beneficiosa en la lucha contra la obesidad y el sedentarismo. En este caso, los alumnos podrían mejorar su salud a diario en su camino al centro educativo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con otros Ministerios, las comunidades autónomas, entes locales, comunidad educativa y tejido asociativo y empresarial, a impulsar los caminos escolares en el marco de la Estrategia de Fomento de la Actividad Física y lucha contra el sedentarismo, que incluya el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, así como otros medios de desplazamiento activo (andar, correr, patinar, ...) con el fin de promover la actividad físico-deportiva entre los alumnos y promocionar los beneficios ambientales, económicos y sociales que de su uso se derivan."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/001999

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa aumentar los fondos del PROFEA (antiguo PER).

Exposición de motivos

En 1983 se puso en marcha un Plan de medidas dirigido a los/as trabajadores/as agrarios/as de Andalucía y Extremadura que contemplaba tres líneas, una de las cuales era el Plan de Empleo Rural (PER) actualmente denominado Plan de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA).

Este programa ha posibilitado, a lo largo de todos estos años, en Andalucía y Extremadura, que miles de jornaleros y jornaleras pudieran cubrir algunos jornales suplementando la ya difícil situación que este sector atraviesa desde tiempo inmemorial, así como conseguir que esos jornales le sirvieran para reunir las jornadas reales necesarias para poder solicitar el subsidio agrario.

La aplicación de estos proyectos en el medio rural ha supuesto el dotar a sus municipios de una serie de infraestructuras tan básicas y necesarias que han elevado el nivel de vida de sus habitantes con la ejecución de servicios e infraestructuras importantes para el ocio, la cultura, el deporte o la mejora de instalaciones municipales: polideportivo, piscinas, ambulatorios, guardería, calles, plazas, viviendas, y hasta arreglo de cuarteles de la Guardia Civil.

Esto es el PER, proyectos de obras que los distintos ayuntamientos presentan en el SEPE, antiguo INEM, para su aprobación, y que después ejecutan con mano de obra jornalera en un 80 %, y el 20 % restante de la mano de obra necesaria, con la contratación de personal técnico más cualificado en función del tipo de proyecto.

El dinero destinado para este concepto en Andalucía, Extremadura y el resto del Estado en el 2017 ha sido el siguiente:

Andalucía ;147.712.000 euros

Extremadura ;39.200.000 euros

Resto del Estado ;29.192.250 euros

Total ;216.104.250 euros

Este dinero sólo ha posibilitado, una media de entre tres y cinco jornales por trabajador o trabajadora afiliado al sistema especial agrario para eventuales del campo. En el medio rural andaluz y extremeño el paro se sitúa en una media del 32 %, 10 puntos superior a la media nacional y alcanza hasta el 40 % en comarcas como Sierra Sur de Sevilla, Alcornocales o Azuaga en Badajoz, por ello, la ampliación de estos fondos es una ayuda fundamental para un sector tan golpeado por el desempleo y tan necesitado de estos jornales, los cuales le ayudarán a conseguir las jornadas reales necesarias para solicitar el Subsidio Agrario o la Renta Agraria.

Al mismo tiempo, es necesario aclarar que los fondos destinados a este Plan de Empleo junto a todo el dinero destinado al subsidio agrario y la renta agraria sólo suponen el 2 % de todo el dinero que el Estado destina al subsidio por desempleo, siendo que beneficia a una media de 137.000 trabajadores y trabajadoras, lo que significa que tan solo acceden a este programa menos del 20 % del total de los eventuales del campo.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas indicadas para que la situación de las y los jornaleras y jornaleros de Andalucía y Extremadura mejore:

1. Ampliar la partida del Programa PROFEA de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, hasta conseguir cubrir al menos 30 días de trabajo al año para todos los jornaleros y jornaleras de Andalucía, Extremadura y del resto de comunidades donde se ejecutan estos proyectos.


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2. Que las jornadas de trabajo realizadas en el marco de estos programas sean validadas para todas las personas que trabajen en estos proyectos, para que puedan contabilizarse a efectos de solicitud del Subsidio Agrario o Renta Agraria.

3. Que se establezca la posibilidad por ley de priorizar en la contratación de los programas de empleo a las personas a las cuales les falten jornadas reales justificadas para poder acceder al subsidio o renta agraria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017.-Diego Cañamero Valle e Isabel Franco Carmona, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002014

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre ratificación del Convenio 189 de la OIT y la recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El 16 de junio de 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 189 sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos y la recomendación 201 que lo acompaña.

Se trata de la primera norma internacional sobre este colectivo dirigida a extender los derechos laborales a los millones de trabajadores domésticos que trabajan en hogares privados y corregir la discriminación que sufren en condiciones laborales y derechos humanos; y que, como sucede con todos los marcos normativos de esta naturaleza, debe servir de base para que los países revisen su normativa interna, la amplíen o reconozcan en su curso la protección legal para los y las trabajadoras domésticas. La Comisión y el Parlamento europeos han instado a los Estados miembros a ratificar el Convenio 189 y a aplicarlo con urgencia.

Este Convenio ha sido ya ratificado por veintidós países, seis de ellos Estados miembros de la Unión Europea (Alemania, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal).

Han pasado seis años desde la aprobación del Convenio que España aún no ha ratificado pese a que el 28 % del trabajo doméstico de la Unión Europea se localiza en España, lo que supone que el 3,4 % del empleo de nuestro país.

El 8 de mayo de 2013 la Comisión de Empleo y Seguridad Social consensuó y aprobó por unanimidad una enmienda transaccional a una Proposición de Ley que instaba al Gobierno a "que en un plazo razonable evalúe la posibilidad de someter a ratificación el Convenio número 189 y la Recomendación número 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en consecuencia, adapte la legislación española en el sentido que regulan los citados textos".

En marzo de 2016 se aprobó una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y similar a otra presenta por el Grupo Parlamentario Socialista exigiendo la ratificación del Convenio 189 y la recomendación 201.

Cuatro años después de la aprobación de la enmienda y más de uno de la aprobación de la PNL dicha ratificación aún no se ha producido.

En mayo y julio de 2014 el Gobierno presidido por Mariano Rajoy respondió a sendas preguntas de la entonces Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, María Virtudes Monteserín Rodríguez, la existencia de "peculiaridades en nuestro ordenamiento de empleados de hogar que obligan a reflexionar sobre la inmediata ratificación del Convenio" y que esas peculiaridades estaban referenciadas en los artículos 7, 13 y 14 del propio Convenio. Han pasado tres años y no hay nuevas noticias al respecto.

De hecho, es más que dudoso que deba ser necesaria la plena y completa adaptación de la normativa nacional a los requerimientos del Convenio 189 de la OIT como condición imprescindible para la ratificación


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de este Convenio, tal y como esgrime el Gobierno del PP. Y ello porque tanto el artículo 13 como el artículo 14 de dicho Convenio establecen que las medidas recogidas en los mismos (y que son las opuestas como impedimento para su ratificación por el Gobierno del PP) podrán aplicarse progresivamente previa consulta con los organizaciones de trabajadores y empresarios más representativas. De lo que se deduce que es perfectamente posible la ratificación del Convenio 189 y después el inicio de un proceso de consultas con las organizaciones de trabajadores y empresarios más representativas para la adaptación de la normativa nacional sobre empleo en el hogar familiar a los requerimientos de dicho Convenio.

Como se ha señalado anteriormente, el 28 % del empleo doméstico de la Unión Europea se localiza en España donde el 14,4 % de los hogares tiene un trabajador de hogar de manera regular.

El empleo doméstico y del cuidado es desempeñado mayoritariamente por mujeres, casi el 90 %, de las que casi la mitad son mujeres inmigrantes, produciéndose una transferencia de tareas de mujer a mujer, mujeres que dejan su hogar al cuidado de otras mujeres para cuidar hogares ajenos, que cubren las necesidades en hogares de un lugar a otro, de un país a otro en lo que se conoce como la cadena global de cuidados.

Al mismo tiempo, este sector se ha convertido en un nicho refugio para muchas mujeres durante la crisis económica que bien han perdido otro empleo o se han incorporado al mercado laboral en busca de una fuente de ingresos ante la ausencia de la misma en su hogar.

El trabajo doméstico y de los cuidados incide de manera determinante en la calidad de vida de nuestra sociedad por su contribución a la sostenibilidad humana de las familias.

El envejecimiento de la población y/o incorporación de la mujer al mercado de trabajo confirma el incremento en la demanda de este colectivo que a pesar de su creciente significación económica y social, sigue sin ser reconocido social y económicamente de manera adecuada.

En nuestra sociedad, la insuficiencia de cobertura de las necesidades de cuidados a través de los servicios sociales y servicios residenciales es cubierta por el trabajo doméstico y del cuidado. Resulta muy difícil, si no imposible, imaginar nuestra sociedad funcionando sin el trabajo de las personas empleadas del hogar y del cuidado.

En nuestro país hay más de 630.000 personas ocupadas en el empleo de hogar de las el 30 % aún trabaja en la informalidad.

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, supuso un primer paso de gran trascendencia en materia de reconocimiento de derechos a las empleadas de hogar ya de una parte obligaba a los/as empleadores/as a dar de alta en la Seguridad Social a los/as empleados/as de hogar, cualquiera que fuera la duración de su jornada de trabajo, y, de otra, se regulaba de manera más garantista en lo concerniente a los derechos laborales la llamada relación laboral especial de empleados/as en el hogar familiar.

Desde enero de 2012, fecha de entrada en vigor de ambas medidas, hasta el 1 de abril de 2013, fecha en que terminó la vigencia de la primera, el número de empleados/as de hogar afiliados/as a la Seguridad Social creció en más de 146.000, más del 98 por 100 de los/as cuales eran mujeres y casi el 54 por 100 de los/as mismos/as extranjeras.

No obstante, en diciembre de 2012 el Gobierno del Partido Popular volvió al régimen anterior a 2011, lo que ha supuesto un retroceso en los derechos de miles de trabajadoras.

La ratificación del Convenio 189 supondrá un paso más en la visibilización y reconocimiento del empleo doméstico complementando el avance realizado con Ley 27/2011 y avanzando en la equiparación de los derechos de este colectivo al del resto de trabajadores y trabajadoras.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ratificar, sin dilación, el Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2017.-Carlota Merchán Mesón y Rafael Simancas Simancas, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Agrilcultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002000

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa al apoyo al proceso de aprobación de una Declaración Universal sobre los derechos humanos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, que se debate en el Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Exposición de motivos

Del 15 al 19 de mayo del 2017 se celebró en Ginebra, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cuarto período de sesiones del Grupo Intergubernamental de composición abierta sobre los derechos de campesinas y campesinos y otras personas que trabajan en el medio rural. Este grupo de trabajo, bajo la presidencia actual de la Embajadora Nardi Suxo del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene el mandato, según la Resolución 30/13 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de 1 de octubre de 2015, de negociar, finalizar y presentar al Consejo un "Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales". En la sesión celebrada se debatió sobre la aprobación de la última revisión del borrador elaborado por la presidenta-relatora, sobre la base del informe emitido en la tercera sesión en mayo del 2016 y de las consultas informales que ha llevado a cabo con otros gobiernos y con la sociedad civil. Tras el debate, El Grupo de Trabajo ha quedado emplazado para una quinta y última sesión en otoño de 2017, donde se decidirá definitivamente el texto, antes de ser enviado a la Asamblea General de NN.UU.

La población campesina que trabaja en el medio rural y que se dedica a la producción de alimentos a pequeña escala provee la mayor parte de la alimentación sana y diversificada que consumimos a diario. En Europa y en el mundo entero, desempeñan un papel clave en el mantenimiento de la diversidad biológica, en la supervivencia de nuestras comunidades rurales y la resiliencia de nuestros sistemas alimentarios frente al cambio climático. Sin embargo, las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias desaparecen rápidamente y la agricultura campesina está amenazada por la expansión de la agricultura industrial, el acaparamiento y la concentración de las tierras, y el desmantelamiento de las políticas agrarias públicas de apoyo a la agricultura familiar y social.

Los campesinos y campesinas, así como otras personas que trabajan en las zonas rurales, son sujetos de todos los derechos humanos que han sido reconocidos por la Asamblea General de NNUU desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, incluyendo los consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Sin embargo, 50 años después de la adopción de estos dos instrumentos en 1966, los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, constituyen dos de los grupos sociales más vulnerables y en mayor situación de riesgo. Hombres y mujeres campesinas, agricultoras, dedicadas a la pesca, el pastoreo, la ganadería extensiva o trabajadoras agrícolas son poblaciones que han sufrido procesos de discriminación históricos. En el mundo entero sufren de manera desproporcionada hambre y pobreza, y según revelaron los informes del PNUD y del propio BM en 20111, el 80 % de las aproximadamente 925 millones de personas en el mundo que padecían hambre, vivían en zonas rurales y, de éstas, más del 50% se dedicaban a la producción de alimentos, siendo el 70 % mujeres2. Cientos de millones de campesinos y trabajadores rurales son víctimas de discriminación y de violaciones de derechos humanos. La mayoría de ellos no están protegidos de manera efectiva por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque no trabajan en el sector formal3, o por el marco

1. PNUD-BM 2012. Pobreza Rural en el Mundo.

2. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Informe sobre la pobreza rural 2001: El desafío consistente en acabar con la pobreza rural, 2011. Puede consultarse en www.ifad.org/poverty/.

3. Sobre la labor de la OIT sobre empleo y desarrollo rurales, véase L. de Luca et al., Unleashing the Potential for Rural Development through Decent Work-Building on the ILO Rural Work Legacy 1970s-2011, ILO, Ginebra, 2012.


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jurídico internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en el caso de las comunidades rurales indígenas que no tienen reconocido su estatuto de pueblos originarios.

El Estudio Final del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de NNUU señaló en el 2012 como las principales causas de discriminación y vulnerabilidad de las comunidades campesinas y de otras personas trabajadoras del medio rural: a) la expropiación de la tierra, los desalojos forzados y los desplazamientos; b) la discriminación por género; c) la ausencia de reformas agrarias y de políticas de desarrollo rural; d) la ausencia de rentas mínimas y de protección social y e) la criminalización de los movimientos que defienden los derechos de las personas trabajadoras del medio rural4.

Durante la crisis alimentaria en el 2008-2009, la Asamblea General de NNUU en Nueva York y el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, pidieron la colaboración de Vía Campesina, como articulación y movimiento social que aglutina a más de 200 millones de campesinas y campesinos alrededor de 173 organizaciones en más 86 países, para adoptar medidas que permitieran paliar la situación. La recién adoptada Declaración sobre Derechos de Campesinas y Campesinos en el seno de este movimiento se presentó como una herramienta esencial en la lucha contra el hambre y la discriminación de la población rural en todo el mundo. En el 2009, el Consejo de Derechos Humanos encargó al Comité Asesor llevar a cabo un estudio sobre la discriminación en lo referente al derecho a la alimentación. En marzo del 2012, el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos presentó el Estudio sobre la promoción de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. En dicho estudio, el Comité recomienda al Consejo de Derechos Humanos establecer un nuevo mandato sobre procedimientos especiales para fortalecer la promoción y protección de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. La Declaración sobre los derechos de los campesinos que se presenta, adoptada por el Comité Asesor e inspirada en gran parte en la declaración de La Vía Campesina, pretende ser un instrumento al respecto. En septiembre del 2012, el Consejo, compuesto por 47 Estados miembro, adoptó la histórica Resolución 21/19 que creó el primer grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de negociar, concluir y presentar una Declaración de NN.UU. sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, con 23 votos a favor, 9 en contra y 15 abstenciones. Todos los países de la UE votaron en contra.

La primera sesión del grupo de trabajo se celebró en julio del 2013 y concluyó con la recomendación de elaborar un nuevo texto para la segunda sesión. En junio del 2014, la Resolución 26/26, adoptada por 29 votos a favor, 5 en contra y 13 abstenciones, prorrogó el mandato de realizar un segundo grupo intergubernamental de trabajo que celebró su reunión en febrero del 2015. En junio del 2015 se adoptó la tercera resolución, esta vez con 31 votos a favor, 1 en contra y 15 abstenciones, destacando que entre las abstenciones se encontraban las de todos los países de la Unión Europea presentes, lo que sirvió para dar un apoyo implícito a la continuidad del trabajo y al seguimiento de las discusiones y las negociaciones en el 2016 y 2017. En mayo del 2016 se llevó a cabo la tercera sesión del grupo de trabajo que concluyó con la recomendación de elaborar una revisión del texto que se presentó y debatió en la cuarta reunión del Grupo de Trabajo en mayo del 2017.

El actual proyecto de Declaración aprobado en la reunión de mayo de 2017 incluye la definición de "campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales"; las obligaciones de los Estados; los principios de igualdad y no discriminación, en lo referente a los derechos de las mujeres rurales; los derechos civiles y políticos; los derechos económicos, sociales y culturales; los derechos humanos existentes: derecho a la vida, libertad y seguridad; libertad de circulación, de pensamiento, opinión y expresión, de asociación, participación e información; acceso a la justicia; trabajo y seguridad y salud en el trabajo; alimentación; agua y saneamiento; salud; vivienda adecuada; educación y formación; así como los derechos culturales y conocimientos tradicionales. Todos los derechos antes mencionados son reconocidos en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular el PIDESC (arts. 7, 11, 12, 13 y 15) y el PIDCP (arts. 6, 9, 10, 14, 19, 21 y 22). Además propone derechos que, aunque son nuevos en las normas internacionales de derechos humanos, están ya reconocidos en instrumentos internacionales de protección referidos a grupos humanos específicos como; el derecho a la tierra y a los recursos naturales, a las semillas y la biodiversidad, a los medios de producción agrícola, a la soberanía alimentaria o a un medio ambiente digno y saludable. Estos derechos recogidos por la Declaración de los Pueblos Indígenas, la CEDAW o por la FAO y el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, asumidos progresivamente por determinados Gobiernos, o incorporados incluso a las Constituciones nacionales.

4. Estudio definitivo del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales A/HRC/19/75.


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Este nuevo texto de Declaración será sometido a debate y votación final en una quinta reunión que se celebrará en el otoño de 2017, en fecha todavía por determinar.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados aprueba e insta al Gobierno a que participe de manera activa en el proceso de del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre los derechos de los campesinos y campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales:

1. Apoyando las demandas de los movimientos campesinos que tienen como objetivo el reconocimiento y la protección y promoción de sus derechos.

2. Reconociendo los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales a nivel mundial como víctimas de discriminación sistemática, y el compromiso de cumplimiento de su obligación de adoptar medidas especiales o acciones positivas para eliminarla.

3. Ejerciendo el liderazgo dentro del grupo de trabajo en el seno de la Unión Europea, demandando cambios concretos en la legislación internacional para proteger los medios de vida de miles de personas productoras en las zonas rurales tanto en España como en el resto del mundo, dando su compromiso a través de la Carta de Naciones Unidas y el PIDESC a la cooperación internacional en la adopción de marcos jurídicos internacionales que permitan generar un ambiente propicio para la realización de los derechos humanos5.

4. Realizando un encuentro con las organizaciones de la sociedad civil que participan en el proceso, antes de la próxima sesión de trabajo en otoño de 2017."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2017.-Diego Cañamero Valle, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

5. Carta de Naciones Unidas, artículos 55 y 56 y PIDESC, artículo 2.1.

161/002013

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para paliar los daños producidos por la sequía, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La escasez de lluvia en toda España está creando inquietud a agricultores y ganaderos de casi todo el país. Está suponiendo ya una amenaza para el desarrollo de la campaña de los cereales de invierno, y al mismo tiempo se produce un aumento de los gastos en la ganadería extensiva y en las explotaciones de vacuno en las provincias del norte de España. La situación más grave se produce en Castilla y León. Se han evaluado las perdidas en Castilla y León en torno al 30 % en el 80 % de la superficie de secano, y de más del 60 % en 700.000 ha. Lo que supone el 40 % de la superficie de secano en Castilla y León.

En la mitad sur de la península, por su periodo de siembras más adelantadas y las lluvias caídas en su día, la situación de los cultivos es mucho mejor que en el resto del país. Sin embargo, la falta de agua está perjudicando a los cultivos y las previsiones son a la baja.

Se estima que la cosecha se podría reducir más del 35 % sobre la media de producción de las campañas anteriores.

Las zonas más afectadas son Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Canarias y algunas zonas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Aragón.

Las reservas hidráulicas en las dieciséis cuencas de España se sitúan en torno al 56 %, 10 puntos inferior a la media de la década y 13 menos que en los últimos cinco años.


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Es de destacar, por ejemplo, que la sequía del Duero obligará a estudiar restricciones de agua. Muchos agricultores han tomado la decisión de reducir las superficies de cultivos como maíz o remolacha por temor a la falta de recursos en los meses de verano.

La falta de agua está afectando también al desarrollo de los viñedos, así como al olivar en las zonas más productoras, donde se teme que la buena floración de los árboles se acabe perdiendo, lo que afectaría al precio del aceite ante una cosecha a la baja y por la falta de existencias.

La escasez de lluvia está causando perjuicios a las cabañas ganaderas extensivas en toda la península y conlleva la necesidad de utilizar piensos y transporte de agua en cisterna a las explotaciones. En las provincias del norte, la sequía ha reducido a mínimos los pastos para las explotaciones de vacuno. En plena sequía por media España, el pedrisco, las heladas del pasado mes de marzo y abril, agravan más aún la situación del campo, por lo que las organizaciones agrarias han instado a los Ministerios de Agricultura y Hacienda a que tengan en cuenta estos daños que sufre el campo de cara a elabora el real decreto.

Las pérdidas por el exceso de calor, heladas, pedriscos y la falta de lluvia son ya millonarias en los cultivos de vid y cereal, y corren serio peligro los cultivos de regadío, forrajes y pastos, puesto que el agua disponible es muy baja o incluso inexistente, y la disponibilidad en la mayor parte de los casos absolutamente insuficiente para sacarlos adelante.

La problemática de la sequía tendrá consecuencias, lógicamente, en todo el sector que trabaja paralelamente al campo, por ejemplo en el transporte o en la venta de productos agroalimentarios.

En España este tipo de situaciones de sequía son algo normal por lo que se requiere dar respuesta con medidas compensatorias a los agricultores y ganaderos afectados.

La política de seguros es fundamental en este contexto, por ello nos parece / grave la disminución presupuestaria que en esta política ha aplicado el Gobierno del PP y que ha dado lugar a un encarecimiento notable de las pólizas.

En 2016, el Ministerio de Agricultura dedicó 267.45 millones de euros, lo que demuestra que en el proyecto de PGE para 2017 no se recogen las necesidades del sector, y la realidad es que estamos un 26 % por debajo de los recursos destinados en el ejercicio anterior, desincentivando la contratación de pólizas por el aumento de las primas a pagar por los agricultores.

Buena parte de las primas de este tipo de seguro se apoyan en subvenciones, tanto del MAPAMA, a través de ENESA, como de las distintas CC.AA., pero se han visto drásticamente reducidas en el periodo de crisis económica, y actualmente no se ve la voluntad políticamente de ir incrementando presupuesto a presupuesto para subsanar la reducciones anteriores. En consecuencia, las primas de los seguros agrarios han aumentado dando lugar a una reducción de los niveles de cobertura de riesgo.

El Ministerio de Hacienda publicó el 4 de mayo las reducciones fiscales de las que podrán beneficiarse los agricultores y ganaderos más afectados por la sequía, principalmente en cereales, productos hortícolas: tomate, bovino de leche y ganadería extensiva. Una medida que las principales organizaciones del campo consideran insuficientes para paliar las graves consecuencias de esta sequía.

Entendemos que hay que adoptar medidas concretas que palíen los daños que está sufriendo el campo español como consecuencia de la sequía. Medidas de carácter económico y fiscal y ayudas directas.

El real decreto-ley de sequía aprobado recientemente por el Gobierno es insuficiente para paliar los daños ocasionados, insuficiente en las medidas que contempla y en las zonas de aplicación que recoge.

Dado que se requieren más medidas y más extensas para tratar de atajar esta gravísima situación de sequía, que ocasiona pérdidas muy importantes a muchas explotaciones agrarias y ganaderas, lleva al Grupo Parlamentario Socialista a presentar la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aprobar y dotar un Fondo Extraordinario destinado a financiar medidas de ayuda para compensar las pérdidas producidas por la sequía y otras adversidades climáticas en las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas, y para la compra y transporte de alimentación en las explotaciones ganaderas afectadas.

2. Establecer una línea preferencial de créditos ICO dirigida a explotaciones agrícolas con reducción de su cosecha superior al 30 % o ganaderas afectadas por la sequía y otras adversidades climáticas. Los


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créditos dirigidos a las explotaciones cuyos titulares sean jóvenes, mujeres y agricultores profesionales serán bonificados con tipos de interés más bajos.

3. Aprobar las siguientes medidas de carácter fiscal:

- En relación con el IRPF, establecer mejoras para los sectores afectados por la sequía y otras adversidades climáticas, tanto en el régimen de módulos como en el de estimación directa.

- Aprobar la exención en el pago de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) rústicos correspondiente al ejercicio de 2017 para agricultores y ganaderos afectados por la sequía y otras adversidades climáticas y compensar a los ayuntamientos afectados por la pérdida de este impuesto.

- Aprobar moratorias en pagos a la Seguridad Social por contingencias comunes de los sectores afectados por la sequía y otras adversidades climáticas por el periodo que dure esta situación.

4. El Gobierno, tras el informe favorable de la Mesa de la Sequía, revisará y aprobará en su caso la inclusión en el Decreto de Sequía aprobado ya por el Gobierno de otras zonas afectadas por la sequía, como el eje del Ebro y otras que pudieran estar afectadas y no estén contempladas en el Decreto de sequía recientemente aprobado.

Y por tanto, puedan acogerse a las ayudas contempladas en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas.

5. Formalizar convenios con las Entidades Financieras que gestionan las ayudas de la PAC para propiciar un adelanto de los pagos antes del final de verano; que dicho adelanto se realice a coste cero para los agricultores y ganaderos; y que flexibilice, en la medida de lo posible, los requisitos y condiciones que han de cumplir los agricultores y ganaderos para obtener ayudas derivadas de la Política Agrícola Común (PAC) en orden a garantizar que no se perderán dichas ayudas como consecuencia de la sequía y otras adversidades climáticas.

6. Reducir las tarifas eléctricas y el canon de riego a los agricultores localizados en las zonas afectadas por la sequía y otras adversidades climáticas.

7. Recuperar la aportación de la Administración General del Estado al Plan Nacional de Seguros Agrarios, reponiendo la aportación de 300 millones de euros.

Asimismo adoptar las medidas necesarias para garantizar la tramitación urgente y el pago inmediato de las pólizas de siniestro presentadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2017.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gonzalo Palacín Guarné, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002010

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Juan Carlos Girauta Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de una estructura interministerial para la coordinación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

Reconociendo el avance logrado con la adopción en 2015 y entrada en vigor en 2016 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que establecen la agenda global de desarrollo hasta el año 2030 e incrementan los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.


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A pesar de que estos ODS no son jurídicamente obligatorios, se consideran de aplicación universal y España se ha comprometido junto a la comunidad internacional a adoptar estos 17 objetivos como propios y a establecer un marco nacional para su logro.

Reconociendo la dimensión interna y externa que tienen estos objetivos a nivel de políticas nacionales y apoyando la reciente designación de un embajador en Misión Especial para la Agenda 2030 mediante el Real Decreto 465/2017, de 5 de mayo.

Considerando la importancia de los ODS para la redefinición de la política española de cooperación internacional y para el desarrollo como parte de un Pacto de Estado sobre la Política Exterior hacia una cooperación intensiva en conocimientos eficaz y orientada a resultados, con mayor coherencia de políticas, con una evaluación independiente y con un importante foco en la dimensión iberoamericana de nuestra acción exterior. Considerando que esta política de cooperación internacional y para el desarrollo deberá ser complementaria y coherente con la de la Comisión Europea, centrada en las ventajas comparativas de la cooperación española, introduciendo a su vez mecanismos para un mayor control y debate parlamentario y acompañada por una estrategia para fomentar la presencia de españoles en puestos decisivos de los organismos multilaterales, en especial en los servicios de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior.

Reconociendo el potencial de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado para contribuir a una mayor coherencia de políticas y a introducir elementos estructurales de coordinación de aplicación de los ODS en las políticas nacionales e internacionales, abordando algunas de las deficiencias estructurales señaladas en el último informe del examen entre pares del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

En línea con nuestra propuesta sobre la necesidad de una reforma estructural de la cooperación española, diferenciando estructuras políticas y de gestión, y sobre la necesidad de construir un acuerdo sobre una política española de cooperación internacional, como parte de un Pacto de Estado sobre la Política Exterior y basada en una planificación estratégica y transparente, fundamentada en la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible de todas las políticas públicas, principalmente la política exterior.

Por todo ello se insta al Gobierno a

Proposición no de Ley

"1. Crear una estructura interministerial para la coordinación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional, adscrita orgánicamente al Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

2. Otorgar a esta estructura la responsabilidad de la elaboración de un plan nacional de desarrollo sostenible; del seguimiento y examen a nivel nacional de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos y las metas, recopilando datos de calidad, accesibles y oportunos; de la elaboración de indicadores nacionales agregables con los indicadores mundiales adoptados por la Comisión de Estadística, el Consejo Económico y Social y la Asamblea General de Naciones Unidas; de la elaboración de los informes anuales sobre progresos en el cumplimiento de los ODS; y de la representación de España en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, así como en la coordinación de las posiciones españolas en otros foros relevantes del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y la UE.

3. A nivel nacional esta estructura se responsabilizará de transversalizar la agenda 2030 y los ODS en las políticas sectoriales a nivel del conjunto de las administraciones públicas y a promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil.

4. Deberá establecerse un mecanismo de coordinación permanente entre esta estructura y la Vicepresidencia del Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Secretaría de Estado de la Unión Europea), el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y otros Ministerios que participan activamente en proyectos de cooperación internacional y para el desarrollo, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

5. Esta estructura, asimismo, deberá coordinarse adecuadamente con la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo para promover acciones concertadas destinadas a aumentar eficacia e impacto, reducir la fragmentación y costes administrativos, y dotar las políticas y la gestión de la cooperación descentralizada de mayor coherencia.


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6. En su dimensión exterior, se apoyará en las Oficinas Técnicas de Cooperación, como Oficinas de la Cooperación Española, que asumen responsabilidades del conjunto de la cooperación técnica y financiera (reembolsable y no reembolsable)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2017.-Luis Miguel Salvador García, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002015

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración y puesta en marcha de proyectos sobre seguridad alimentaria destinados a mejorar el acceso al consumo de pescado de la población de los países en vías de desarrollo, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

Hasta el pasado 9 de mayo, solo dos de cada cinco pescados que se consumían en España provenían de nuestros caladeros, dejando de ser un país autosuficiente en el consumo de pescado. Desde entonces, el pescado que se consume en nuestro país proviene de capturas que se hacen en caladeros de otros países.

La dependencia pesquera de nuestro país cada vez es mayor y no es un hecho aislado en el contexto de los países de la Unión Europea. Este dato pone en evidencia a una realidad preocupante vinculada a ámbitos como el desarrollo económico y social o la sostenibilidad medioambiental de multitud de países en los que se realiza la actividad pesquera.

El 50 % de las importaciones de pescado que se realizan por países de la Unión Europea proviene de caladeros pertenecientes a países en vías de desarrollo y, en el caso de España, este porcentaje es del 38 %. El impacto de la actividad pesquera en estos países es muy importante, no solo en los ámbitos antes señalados, también en otro fundamental: la seguridad alimentaria de la población de los países en vías de desarrollo. Esto es así porque en buena parte de los acuerdos pesqueros firmados por la UE se destina un porcentaje de las capturas al mercado interior de cada uno de los países con el objetivo de promover una mejor alimentación entre la población.

A pesar de ello, la falta de instalaciones para conservar el pescado, la ausencia de redes de distribución eficaces o el hecho de que el pescado no sea un producto habitual en la cultura gastronómica del país, dificulta la introducción de un ingrediente necesario para incrementar la ingesta de proteínas a pesar de la oportunidad que representa poder contar con un importante volumen de pesca disponible en lugares en los que es necesario mejorar la seguridad y la calidad alimentaria.

Por este motivo, es importante desarrollar proyectos que posibiliten el desarrollo de acciones que, aprovechándose de una oportunidad como la que se ha mencionado, logren establecer los canales de distribución y venta adecuados para mejorar la seguridad y la calidad alimentaria allí donde sea posible.

A pesar de la importancia que tiene la seguridad alimentaria dentro de la política de cooperación de un Estado, en nuestro país, y como un efecto más del escaso compromiso que el Gobierno del Partido Popular tiene con la Cooperación, entre los años 2011 y 2017 se ha producido un recorte del 93,11 % en el programa de Seguridad y Ayuda Alimentaria de la AECID, programa que ha pasado de estar dotado con 29.020 millones de euros en 2011 a 2.000 millones de euros en 2017.

Pero como ya hemos mencionado, la seguridad alimentaria debe ser un elemento importante dentro de la política de cooperación y, también, debe ser eficaz, valiéndose de las oportunidades con las que se puede contar en cada territorio.

Teniendo en cuenta el elevado consumo de pescado en nuestro país, considerando que más de un tercio del pescado que importamos procede de caladeros situados en países en vías de desarrollo, que fruto de los acuerdos pesqueros firmados un porcentaje de las capturas debe destinarse al consumo interior de los países donde se faena y sabiendo que uno de los problemas fundamentales de muchos de


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esos países tiene que ver con la alimentación, resulta oportuno que desde nuestro país pongamos en marcha proyectos que incrementen la seguridad y calidad alimentaria.

Sirva como ejemplo de lo anterior, el proyecto de "Mejora del acceso al consumo de pescado de la población mauritana como refuerzo de la seguridad alimentaria", que se puso en marcha en el año 2012, fruto del esfuerzo de los trabajadores de la AECID.

Gracias a este proyecto, y con la puesta en marcha de la Sociedad Nacional de Distribución de Pescado, se han logrado distribuir 9.000 toneladas anuales de pescado a poblaciones del interior de Mauritania, uno de los países más pobres del Sahel, que cuenta con un 42 % de población que vive bajo el umbral de la pobreza y donde unas 600.000 personas se encuentran en situación de malnutrición crónica.

El proyecto de mejora del acceso al consumo de pescado ha supuesto la creación de plataformas logísticas donde se almacena y distribuye el pescado, y la puesta en marcha de una red de gestión, manipulación y venta del pescado.

Dicho proyecto es un buen ejemplo de lo que la política de cooperación y los proyectos de seguridad alimentaria pueden hacer para mejorar la situación de multitud de países.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar y poner en marcha proyectos sobre seguridad alimentaria destinados a mejorar el acceso al consumo de pescado de la población de los países en vías de desarrollo con los que existan acuerdos pesqueros, financiando de manera suficiente la ejecución de los mismos estableciendo los indicadores adecuados para evaluar su impacto en la población.

Para ello, deberá tomar como referencia el proyecto de "Mejora del acceso al consumo de pescado de la población mauritana como refuerzo de la seguridad alimentaria", elaborado por la AECID en 2012."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2017.-David Serrada Pariente y Margarita Pérez Herráiz, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002016

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Jordi Xuclà i Costa Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una Proposición no de Ley sobre la elaboración de la posición española ante las cumbres o reuniones Internacionales en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Antecedentes

Las políticas públicas de Cooperación Internacional para el Desarrollo tradicionalmente, se han venido realizando desde la base del consenso político y social. Los diferentes actores públicos y privados han participado en la construcción de un sistema plural que, en la variedad de mecanismos, exige la máxima comunicación y colaboración entre ellos, a pesar de los recortes y ajustes sufridos en estos últimos años.

Si bien este marco se ha circunscrito al desarrollo y ejecución de los programas y acciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo, los Diputados del Partit Demòcrata consideran que debería darse definitivamente, un paso más y ampliarse la participación de todos los actores, en la concreción de la posición española en las principales cumbres internacionales en la materia, así como participar en la evaluación de los resultados obtenidos en cada una de ellas.

En este sentido, fruto del debate parlamentario del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) 2012, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados aprobó una Propuesta de Resolución presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Catalán que implicaba la participación y colaboración de las cámaras legislativas, a través de sus comisiones, en la elaboración de la posición española ante las cumbres o reuniones internacionales, emitiendo sus opiniones de manera previa a la celebración de los citados eventos.


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Con el objetivo de materializar lo antes posible, la citada colaboración del Congreso y del Senado en la elaboración de la posición española en materia de cooperación para el Desarrollo, en la esfera internacional, y de ampliar esta participación a otros actores también imprescindibles para hacer más eficaces, consensuadas y adecuadas las acciones de ayuda al desarrollo, el Grupo Parlamentario Catalán y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presentaron una Proposición no de Ley ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo el 5 de octubre de 2012, pero la iniciativa fue rechazada por la Comisión el 13 de marzo de 2013.

Sin embargo más tarde, insistiendo en la necesidad de articular y materializar los mecanismos que permitan alcanzar este objetivo, los citados Grupos Parlamentarios volvieron a presentar una Proposición no de Ley el 1 de abril de 2016 y la Comisión la aprobó, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que iría dirigida al Gobierno que se constituyera, con el siguiente texto:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar un protocolo de actuación para la elaboración de la posición española en las cumbres o reuniones internacionales sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo, que incluya:

- Una solicitud de información al Consejo de Cooperación al Desarrollo y a las Comunidades Autónomas sobre las consideraciones y recomendaciones que deseen proponer de forma previa a la celebración de una cumbre o reunión internacional en materia de cooperación, en relación a esta.

- La remisión a las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados y del Senado de la información remitida por el Consejo de Cooperación y por las comunidades autónomas, así como la posición inicialmente propuesta por el Gobierno ante el evento internacional.

- La comparecencia del responsable del Ejecutivo ante las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados y del Senado, para informar sobre la posición española inicialmente propuesta por el Gobierno ante el evento internacional.

- La remisión a las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados y del Senado, de las consideraciones que fruto del debate parlamentario se hayan incorporado a la posición inicialmente prevista por el Gobierno ante el evento internacional.

- La remisión a las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados y del Senado de un informe relativo a la evaluación y resultados obtenidos de la posición adoptada por el Gobierno en las cumbres o reuniones internacionales en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo."

Con la intención de que la Comisión de Cooperación haga de nuevo suyo en la presente legislatura, el texto aprobado en la pasada y dé formalmente traslado de la misma, al Ejecutivo, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata Europeu Català, presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para dar cumplimiento con la mayor celeridad posible y en todo caso en el plazo de un mes desde la aprobación de la presente, a la Proposición no de Ley sobre la elaboración de la posición española ante las cumbres o reuniones internacionales en materia de Cooperación internacional para el desarrollo, presentada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Democràcia i Llibertat) y Vasco (EAJ-PNV), aprobada por La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 13 de abril de 2016."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2017.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002017

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Jordi Xuclà i Costa Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la


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Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una Proposición no de Ley para incrementar el compromiso de España en materia de ayuda humanitaria.

Antecedentes

Las necesidades humanitarias del planeta siguen siendo enormes y van en ascenso continúo. 2017 ha batido un nuevo récord con cerca de 129 millones de personas que requieren ayuda humanitaria para sobrevivir. De ellas, 108 millones se hallan en una situación de inseguridad alimentaria severa, cifra que se explica por hambrunas en Sudán del Sur, en el Yemen y en el Cuerno de África. En 2015 esta cifra era de 80 millones, lo que representa un aumento del 26 % en tan solo dos años.

Estas crisis unidas a los conflictos y la violencia que se viven en muchas zonas, están provocando la mayor crisis de desplazamiento de la historia. Son ya 65,3 millones de personas las que han tenido que huir de sus hogares escapando de la violencia y el conflicto.

Ante esta realidad, la sociedad española sigue comprometida con los valores de solidaridad y con los Derechos Humanos, como muestra el Eurobarómetro, cuyos datos de Diciembre 2016 por ejemplo, indican que la inmensa mayoría de la ciudadanía española, concretamente un 96 %, considera importante ayudar a los países en desarrollo.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno de España ante esta situación no se corresponde ni con los valores de la sociedad que representa, ni con la posición que debería tener un país que figura entre las principales economías del mundo, ni con las demandas de ayuda humanitaria existentes.

El presupuesto de 16 millones de euros para acción humanitaria en 2017, el ratio de acogida de refugiados que no llega ni al 7,5 % de la cuota comprometida en la UE, y la venta de armas a zonas donde pueden ser utilizadas para violar los derechos humanos, como es el caso de Arabia Saudí en el conflicto de Yemen, muestran la falta de compromiso de España con estos millones de personas.

Además, la política de Cooperación, con un presupuesto de 0,12 % de la Renta Nacional Bruta (RNB), se encuentra en mínimos históricos y a la cola de Europa.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 al parecer, no responderán a estos retos globales y no permitirán destinar a acción humanitaria los importes que serían necesarios.

Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata Europeu Català, presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que manifieste su firme compromiso con que la ayuda humanitaria sea uno de los principales estandartes de la cooperación española, respondiendo con urgencia a las extremas necesidades de millones de personas afectadas por conflictos y desastres naturales, y garantizando que en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que comenzarán a elaborarse en los próximos meses, se garantice un mínimo de 150 millones de euros para ayuda humanitaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2017.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002018

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Jordi Xuclà i Costa Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una Proposición no de Ley para incrementar la ayuda al Yemen.

Antecedentes

Desde que en marzo de 2015 una coalición internacional liderada por Arabia Saudí atacara el territorio del Yemen, desencadenando un conflicto armado que perdura a día de hoy, más de 8.000 personas han


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muerto, 44.000 han resultado heridas, más de un millón de personas se encuentran al borde de la hambruna y hay un éxodo de tres millones de personas de sus hogares.

Sin duda, es necesario alertar sobre la situación en la que se encuentra el Yemen y censurar el desinterés tanto de la comunidad internacional, como del Gobierno de España. Ambos, podrían contribuir a paliar esta situación si destinaran más fondos y cesasen la venta de armas a países que están implicados en la guerra, como Arabia Saudí.

Durante los dos años del conflicto, España ha destinado al Yemen un total de 700.000 euros en ayuda humanitaria: 200.000 en 2015 y medio millón en 2016. Esta cantidad, que es absolutamente insuficiente, no supone ni el 0,02 % del total de las contribuciones de todos los donantes internacionales.

En materia de comercio de armas, actualmente, uno de los principales compradores en España es Arabia Saudí, territorio que lidera dentro de una coalición de nueve países árabes, los ataques al Yemen. Según el último informe publicado por Oxfam junto con Amnistía Internacional, Fundi Pau y Greenpeace, entre 2015 y 2016 España exportó munición, bombas, torpedos, cohetes, misiles, granadas de mortero, sistemas de dirección de tiro, equipos electrónicos y aeronaves a Arabia Saudí por un valor superior a 650 millones de euros. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), entre 2013 y 2015 España fue el tercer principal exportador mundial de armas a Arabia Saudí, tras EE.UU. y Reino Unido. Datos oficiales recogidos por Oxfam dicen que, entre 2014 y de 2016, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de casi 1.000 millones de euros, la mayor parte de los más de 1.400 millones exportados en total por España en la última década.

Sin embargo España, no debería distribuir armamento a países en conflicto sospechosos de emplearlo en crímenes de lesa humanidad. España es firmante del Tratado Internacional del Comercio de Armas (TCA) y de acuerdo con este tratado no deberían venderse armas a países que impliquen un riesgo elevado de usarlas en conflictos.

Es pues necesario que de forma urgente, el Gobierno de España incremente la ayuda para atender y responder a las necesidades humanitarias de la población del Yemen, ponga fin al comercio de armas con Arabia Saudí y presione para que las partes en conflicto encuentren una solución política. Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata Europeu Català, presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar con urgencia, la ayuda para atender y responder a las necesidades humanitarias de la población del Yemen, a poner fin al comercio de armas con Arabia Saudí y a presionar para que las partes en conflicto encuentren una solución política."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2017.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002019

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, relativa al Fondo del Agua y el compromiso de España con el derecho humano universal al agua y al saneamiento.

Exposición de motivos

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) fue impulsado por el Gobierno de España con el objetivo de dotar de servicios de agua potable y saneamiento en zonas periurbanas y rurales de América Latina, favoreciendo la gestión pública, integral y participativa del ciclo integral del agua mediante ayudas no reembolsables y no ligadas (no condicionadas a la intervención de empresas españolas). Sin embargo, la investigación del caso Lezo ha revelado que se han adjudicado contratos en Haití y otros países a distintas empresas relacionadas con Canal de Isabel II, como la denominada Triple A (Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla-Triple A Barranquilla, S.A. ESP Colombia), financiados


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por este Fondo. Estas operaciones, más allá de que supongan o no, malversación o acciones ilegales -cuestión que determinarán los tribunales-, revelan prácticas que no se corresponden con los objetivos y enfoques que determinaron la creación del Fondo y pueden afectar al prestigio de la ayuda oficial al desarrollo de nuestro país.

Para suplir su deficiencia en medios y capacidades la AECID viene trabajando con intermediarios movidos por intereses comerciales, que no se dedican a la solidaridad y cuyos objetivos poco tienen que ver con la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Por otro lado, resulta complicado dar seguimiento a los fondos en cuanto al cumplimiento de objetivos y procedimientos. El propio Tribunal de Cuentas denuncia en su informe sobre el FONPRODE, un fondo también de ayuda oficial al desarrollo (AOD), operaciones en paraísos fiscales, irregularidades y debilidades, como la falta de un seguimiento individualizado desde las Oficinas Técnicas de Cooperación, lagunas de información y problemas de transparencia, falta de recursos humanos... Lo que subraya que los problemas de uno u otro fondo no son puntuales sino estructurales y de dirección.

La gestión del fondo del agua está dividida en dos partes: el FCAS bilateral gestionado por la AECID y otro fondo gestionado por el Banco Interamericano de Desarrollo (FECASALC), que apalanca sus propios créditos reembolsables con estos fondos españoles no reembolsables. Desde su planteamiento, organizaciones no gubernamentales expertas en el sector del agua vienen denunciando determinadas prácticas como:

- Instrumentar créditos reembolsables, que generan endeudamiento en países empobrecidos, para ofrecer servicios básicos de agua potable y saneamiento, que no deberían gestionarse desde la lógica del beneficio empresarial;

- Financiar proyectos de los grandes operadores europeos y españoles en sus estrategias de privatización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina, en contra de los principios establecidos en la Cooperación Española para el sector y el FCAS.

Entre distintos proyectos problemáticos destacan los de Haití y Colombia, donde los fondos de cooperación han servido para favorecer la privatización de los servicios de agua. Lyonnaise des Eaux y AGBAR, controladas por la multinacional francesa SUEZ, obtuvieron fondos de cooperación para sus operaciones de privatización de estos servicios; al igual que otras empresas españolas, como Incatema, Metroagua (filial del Canal de Isabel II), SGS, Euroestudios, SERS, EPTISA y la citada Triple A. No hay que perder de vista que en Haití, un país de institucionalidad muy frágil, se ha operado en un escenario poscatástrofe, lo que debilitó aún más las capacidades del Gobierno. Todavía por conocer los resultados de la evaluación de estos proyectos, no parece ni prudente ni coherente abordar el reto del derecho humano al agua y al saneamiento financiando el desembarco de multinacionales, que acaban controlando y pilotando programas y tomas de decisión de las autoridades locales, sin dinámicas de consulta y seguimiento social que promuevan transparencia, seguimiento y sostenibilidad de los proyectos. A pesar de la considerable cantidad de fondos que debía administrar y la multitud de procesos de desarrollo en las que las intervenciones se inscribían, la AECID no ha priorizado enfrentar las carencias internas para la gestión, la falta de herramientas adecuadas y no dedicó la debida atención y recursos a los procesos de rendición de cuentas.

Bajo la responsabilidad del Gobierno del PP, la Cooperación Española ha vuelto a gestionarse desde la lógica de favorecer los negocios internacionales de las empresas españolas, como se hizo en los años ochenta y noventa. La AECID ha puesto en marcha distintos seminarios del Fondo de! Agua centrados en las "posibilidades de cooperación para empresas españolas", animándolas a "penetrar en las administraciones locales" de los países a los que se destinan los fondos.

Tras conseguir, en la IX Legislatura, distinguir claramente fondos de solidaridad de fondos para la internacionalización de las empresas españolas, resulta dolorosa e inaceptable esta involución, que degrada la cooperación española, ya de por sí muy tocada por los recortes presupuestarios. Así lo indica el último informe de pares del CAD que, al evaluar la Cooperación Española, señala: "España necesitará una estrategia clara y aumentar su capacidad de implementación para poder incluir al sector privado de forma eficaz como parte de esta estrategia"; "España tendrá que dedicar mayores esfuerzos a la coordinación de sus instrumentos financieros orientados al desarrollo y mejorar la información que suministran si se quiere que tengan un impacto positivo en los países socios". En definitiva, falta compromiso efectivo y dirección hacia la Agenda de Eficacia de la Ayuda y los principios de Busán.


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El agua debe ser considerada un bien común y los servicios de agua y saneamiento como servicios públicos de interés público superior, vinculados a derechos humanos y ciudadanos que, por su naturaleza, deben ser de acceso universal. Todavía hoy 663 millones de personas en el mundo se enfrentan a una lucha diaria para acceder a agua de calidad suficiente. No teniendo más remedio que beber agua sucia y sin agua suficiente para lavarse, cocinar, limpiar y producir alimentos, se enferman y sufren su educación y sus medios de subsistencia. Atendiendo a la resolución de la Asamblea General de NN.UU. de 2010, en la que se reconoce que el acceso al agua potable y al saneamiento "es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos", los servicios de agua y saneamiento no pueden ser gestionados desde la lógica del mercado, sino del interés general, asegurando un mínimo vital, incluso para quienes tengan dificultades de pago. Por ello, cuando los fondos públicos de cooperación se dirigen a garantizar este derecho humano en las comunidades y sectores más vulnerables, resulta inmoral que la lógica sea la de hacer negocios, aunque se trate de empresas españolas.

Aunque el FCAS esté finalizando parte de sus proyectos es fundamental que España mantenga su 'compromiso con el derecho humano al agua y el saneamiento, garantizando la sostenibilidad de las inversiones ejecutadas y la gestión pública de los servicios que se derivan de ellas, favoreciendo el empoderamiento y capacitación de las instituciones y comunidades en la gestión de sus servicios.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Presentar información detallada de todos los contratos que hayan sido adjudicados a empresas del grupo del Canal de Isabel II.

- Ejecutar la financiación comprometida por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina desde un enfoque basado en derechos humanos y asegurando la gestión pública, transparente y participativa de estos servicios.

- No basar en adelante la ayuda oficial al desarrollo para agua y saneamiento en operaciones de crédito y mantener la financiación no reembolsable dirigida a poblaciones vulnerables y empobrecidas.

- Elaborar sin más retraso un Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible (con políticas externas e internas), incluyendo la contribución al ODS 6 de agua y saneamiento.

- Incorporar en el próximo Plan Director de la Cooperación Española el agua y el saneamiento como un derecho humano, priorizando regiones y colectivos vulnerables.

- Asumir el derecho humano al agua y al saneamiento en la Acción Humanitaria de la Cooperación Española, tanto en respuestas de emergencia como en planes de prevención y reducción de riesgo de desastres, en línea con los estándares internacionales recogidos en el proyecto Sphera y la Nueva Norma Humanitaria.

- Asegurar que todas las acciones de cooperación en este campo se diseñen, ejecuten y evalúen en coherencia con los criterios y principios que NN.UU. establece para el acceso al agua y al saneamiento como derecho humano (accesible, equitativo, asequible, sostenible, seguro), vigilando desde la AECID el cumplimiento de las correspondientes obligaciones por parte de actores públicos, privados e intermediarios, y asegurando la participación efectiva de la población en la definición de las acciones.

- Asegurar que todas las actuaciones promuevan el fortalecimiento de capacidades de instituciones públicas y comunidades locales, contando con los operadores públicos españoles para asegurar la sostenibilidad de los servicios sin ánimo de lucro.

- Fortalecer las capacidades de la AECID para promover de forma efectiva el derecho humano al agua y al saneamiento, tanto en las acciones de la cooperación española como en los espacios e instituciones internacionales en los que participa.

- Garantizar transparencia, como clave para erradicar la corrupción, especialmente en países con instituciones débiles, empoderando a poblaciones y comunidades mediante procesos de auditoría social y testimonio social.

- Promover y regular mayor transparencia en la información no financiera de empresas; en particular el "reporte país por país" para garantizar que se pagan impuestos allí donde se generan beneficios, especialmente cuando las empresas trabajan con fondos de cooperación al desarrollo.

- Llevar adelante un Plan de Derechos Humanos y Empresas, consensuado con la sociedad civil, que recoja medidas de prevención y castigo al fraude y la corrupción.


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- Recuperar una mayor proporción de AOD bilateral no reembolsable genuina en el próximo Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 que sitúe a nuestro país en la senda de cumplir nuestro compromiso con el 0,7 % AOD/RNB lo antes posible y el 0,4 % como mínimo en 2020, sin ayuda ligada y sin contabilizar como AOD la gestión de refugiados dentro de nuestras fronteras.

- Destinar 1.000 millones de euros en programas de agua, saneamiento e higiene dentro de este contexto de recuperación general con horizonte 2030, priorizando las regiones y colectivos más vulnerables, con especial atención al África subsahariana, asegurando una estrategia de financiación coherente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2017.-Pedro Arrojo Agudo, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002020

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, relativa a la legítima defensa de los Derechos Humanos.

Exposición de motivos

La garantía de los derechos fundamentales es una seña de identidad de un estado democrático, que se recoge y ampara en tratados como el de los Derechos Humanos que incluye la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos humanos, el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, la Convención Contra la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, entre otros. En el ámbito europeo rigen también el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea integrada dentro del Tratado de Lisboa del año 2008.

Pese a este marco normativo, los defensores y defensoras de DD.HH. son sujeto de ataque por parte de gobiernos, agentes no estatales o empresas que pretenden poner fin a su actividad relacionada con los DDHH y disuadir a otras personas de ser activas en esta defensa.

Su labor defensora está protegida desde 1998, año de la firma por la Asamblea de la ONU de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos; desde 2006 cuando la UE revisó las Directrices sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos adoptadas en 2004 para guiar la acción en la protección de los y las defensores de los derechos humanos que trabajan en terceros países (no pertenecientes a la UE), en apoyo a la labor del Relator Especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos y los mecanismos regionales para la protección de los defensores de los derechos humanos; desde 2011 cuando los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (UNGP, siglas en inglés) fueron aprobados por consenso por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2011 en su resolución 17/4.

Sin embargo, más de 3500 defensores y defensoras han sido víctimas de homicidios, el más grave riesgo con el que se encuentra un defensor o defensora de DDHH, pero no el único. Estas personas, o los colectivos de la sociedad civil a los que pertenecen, se enfrentan a amenazas, desapariciones, violencia, campañas de desprestigio, detenciones arbitrarias y acoso por parte de la justicia sin causas justificadas y en circunstancias de absoluta indefensión. A menudo, como recoge un reciente informe de Amnistía internacional, autoridades de todo el mundo usan de forma abusiva leyes penales, civiles y administrativas para atacar o acosar a defensores y defensoras, que son llevados a juicio en aplicación de leyes excesivamente generales y redactadas de forma imprecisa, en especial leyes antiterroristas, contra el


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narcotráfico, de seguridad nacional o contra el extremismo. Estas actuaciones, judiciales o violentas, suponen un obstáculo a la defensa de los DDHH y al desarrollo de actividades en favor de la igualdad, la justicia, la defensa del medio ambiente y el territorio, el desarrollo sostenible o la paz.

En concreto, se han detectado situaciones extremadamente graves en la defensa de los derechos ambientales y territoriales en América Latina -como demuestra el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres que este Congreso de los Diputados ha condenado-, en la defensa de los derechos de las personas LGTBI y feministas así como en la defensa de los Derechos Humanos de poblaciones sometidas a ocupación militar, como el caso de Palestina.

En su caso, los defensores y defensoras de los DD.HH. de la población palestina que vive bajo la ocupación militar israelí han visto especialmente coartados en los últimos tiempos sus derechos, especialmente los y las participantes en la campaña internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones. Colectivos y personas defensores y defensoras palestinos, israelís y de otros países han sufrido acoso por parte de las autoridades por la implicación en esta campaña o el desarrollo de actividades relacionadas, a pesar de que estas acciones están protegidas por los derechos de asociación y libertad de expresión. Así lo han reconocido numerosas instituciones, como la vicepresidenta y Alta Representante de la Unión Europea Federica Mogherini citando la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea el pasado 15 de septiembre de 2016; así como los Ministros de Asuntos Exteriores de Irlanda y Holanda y el Parlamento de Navarra.

Por su parte, los defensores y defensoras LGTBI son doblemente víctimas de discriminación, amenazas y ataques, por su condición de defensores de los DD.HH. y por su condición LGTBI. Una situación similar afrontan las mujeres en muchas regiones del mundo. Ambos colectivos se tienen que enfrentar a múltiples estrategias de las autoridades y de agentes no estatales para obstaculizar su trabajo, como formas de violencia por motivos de género, como violencia sexual, hostigamiento y campañas de difamación, o violaciones del derecho de reunión pacífica (con prohibiciones, por ejemplo, de marchas del Orgullo Gay).

En línea con la Ley de Cooperación y el vigente Plan Director, la política de cooperación española tiene entre sus principios la defensa y promoción de los DD.HH. y las libertades fundamentales, la paz, la democracia y la participación social. Por tanto, estas amenazas a personas y colectivos de defensa de los DDHH son también una amenaza a la aplicación de las políticas de cooperación al desarrollo así como al cumplimiento de algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible específicos, como el 10 y el 16, puesto que son estas personas y colectivos las responsables del desarrollo o el éxito de las iniciativas y proyectos en los países receptores de esta ayuda.

Proteger a los defensores y defensoras de DD.HH., a sus organizaciones y el trabajo que realizan es proteger los Derechos Humanos, y es por tanto una obligación de todo Estado, gobierno o institución. Esta protección incluye el reconocimiento de la legitimidad de la defensa de los DD.HH. y la toma de medidas para garantizar su aplicación y desarrollo.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Aplicar la coherencia de políticas en la defensa de los DD.HH. y aplicar políticas activas y medidas concretas para proteger a los defensores y defensoras de DD.HH. en el mundo, en cumplimiento del derecho internacional, en concreto la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de los Defensores.

- Reconocer el derecho a la defensa de los DD.HH. y en concreto los derechos medioambientales de los pueblos en América Latina, y exigir justicia y reparación en los casos de violencia u homicidio de defensores.

- Reconocer y defender el derecho a las actividades legales y pacíficas de los activistas de derechos humanos palestinos, israelíes y de otros países protegidas por la libertad de expresión y reunión, derechos básicos de nuestro ordenamiento jurídico y de las democracias, como el derecho a promover campañas de boicot, sanciones o desinversiones.

- Reconocer el trabajo en defensa de los DD.HH. y las condiciones doblemente adversas en las que se desarrolla cuando se trata de defensores y defensoras LGTBI o defensoras de los derechos de las mujeres.


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- Proteger la defensa de los DD.HH. en el mundo con líneas específicas de financiación de proyecto y con políticas de apoyo a colectivos y organizaciones, españolas y de los países en cuestión.

- Defender en instancias internacionales a las organizaciones, colectivos y personas que defiendan los derechos humanos con métodos y acciones avaladas por la Declaración Universal de los DD.HH. y el derecho internacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2017.-Àngela Ballester Muñoz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Cultura

161/002006

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar un Plan de Acción Exterior en Patrimonio Cultural (ACEX-PATRIMONIO) que unifique los diferentes programas y actividades que se vienen realizando en materia patrimonial, por parte del MECD y el MAEC, logrando con ello una mayor eficiencia y eficacia en su gestión, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

A día de hoy, España es el tercer país del mundo con más sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, sólo por detrás de Italia y China, por lo que es incuestionable el gran potencial patrimonial con el que cuenta nuestro país. Pese a su importancia en el desarrollo socio-económico español, en el contexto internacional estamos por detrás de países europeos como Francia e Italia en abanderar la conservación y protección del patrimonio cultural mundial.

La actual estructura del MECD establece que es la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico la encargada de mantener relaciones con otros estados y organismos internacionales en materia de patrimonio cultural, a excepción de las Jornadas Europeas de Patrimonio y el Programa de ayudas a proyectos arqueológico en el exterior que están coordinadas por el Instituto del Patrimonio Cultural de España.

En octubre de 2016, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó una Proposición no de Ley, en esta misma Comisión, relativa a la elaboración de un Plan de Acción dispuesto en la 38.ª Conferencia General de la UNESCO relativo a la protección de la cultura en caso de catástrofe o conflicto armado, creando los llamados "Cascos Azules de la Cultura", una unidad de movilización rápida de expertos nacionales que actúe bajo el amparo de la ONU, y que fue aprobada por unanimidad por todos los Grupos Políticos.

En diciembre de 2016 el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Sr. D. Alfonso Dastis, se reunión con la Directora General de la UNESCO, encuentro en el que se ratificó el apoyo de España para la protección del patrimonio cultural en zonas de conflicto de otoño de 2015, para cuyo fondo España ha comprometido una aportación de 120.000 euros. En esas mismas fechas, diciembre de 2016, se celebra la Conferencia internacional de Abu Dhabi sobre la protección del patrimonio cultural en peligro, en la que se llega al acuerdo para crear un fondo dotado con 100 millones de dólares para el período 2017-2019 encaminado a luchar contra la masacre arqueológica perpetrada, sobre todo, por el Estado Islámico. El acuerdo fue suscrito por 40 países y la UNESCO, y estuvo abanderado por Francia y Emiratos Árabes Unidos que donaran 30 y 15 millones respectivamente. Pese a la importancia de la Alianza y la invitación realizada por Francia durante la pasada reunión bilateral hispano-gala celebrada a finales de febrero, España todavía no se ha incorporado al acuerdo, tal y como informó el periódico El País tras consultar al MECD.

En lo que se refiere al MAEC, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) establece como objetivo general en su vigente IV Plan Director (2013-2016), la Cultura y Desarrollo, y en concreto marca como línea estratégica el apoyo a los procesos de conservación,


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restauración, preservación y revalorización de los bienes patrimoniales, analizando la contribución que estos al desarrollo sostenible, estrategia donde se inserta el Programa Patrimonio para el Desarrollo. Programa que viene funcionando desde 1985, especialmente en Latinoamérica, y que establece como una de sus líneas de actuación la prevención de daños en el patrimonio cultural producidos por catástrofes naturales y conflicto armado, cuyo objetivo es el de contribuir a partir de la recuperación y puesta en valor del patrimonio a restablecer el desarrollo social, económico y cultural, regenerando las señas de identidad y anclajes históricos de los habitantes de la zona damnificada.

En el Plan Estratégico de la AECID 2014-2017, vinculado al Plan Director, disminuye drásticamente el número de países socios en los que la AECID estará presente aludiendo a que así la acción de la Agencia será más eficaz en su cometido y no por lo grandes recortes presupuestarios sufridos. De los 23 países seleccionados en el IV Plan Director tan solo se contempla actuaciones en Oriente Próximo en los Territorios Palestinos y se cerrarán o rediseñarán 29 programas país, entre ellos Irak y Siria.

La AECID ha sufrido un descenso de un 70 % de su presupuesto desde 2011, si bien este año recibirá 284,43 millones de euros frente a los 252,75 millones, incrementándose su asignación en un 12,5 %, pero tremendamente lejos de lo asignado en 2011, más de 2.000 millones de euros.

En su objetivo estratégico octavo, "mejorar la eficacia y coordinación de la acción cultural en el exterior y la cooperación cultural y científica en el ámbito de las relaciones internacionales" , tan solo se alude a que se potenciará la red de Embajadas, Consulados y Centros Culturales en el exterior, sin especificar cómo y en qué, e Impulsará las alianzas público privadas y la coordinación con otros organismos españoles con competencia en materia de promoción de la cultura, la educación y la ciencia en el exterior.

Con estos datos, podemos establecer que pese a la importancia que ha tenido el Programa de Patrimonio para el Desarrollo durante muchos años como marca identitaria de la AECID, y de España, en las diferentes actuaciones que ha realizado, en la actualidad no cuenta con la dotación presupuestaria correspondiente a dicha importancia, ni tiene diseñado una actuación sectorial específica.

En lo que respecta al Plan Cultural 2020, impulsado por el Gobierno, y pese a contemplar en su en estrategia, el "fortalecimiento de la cooperación internacional para visibilizar la riqueza del patrimonio cultural y el fomento de la colaboración internacional en material de protección e investigación del patrimonio cultura", esta tan solo se reduce, a grandes rasgos, al refuerzo de la presencia de los museos estatales y su conocimiento en el ámbito internacional, a la creación del Registro Iberoamericano de Museos y a diferentes acciones en materia de patrimonio cultural subacuático. Una propuesta muy pobre si, como hemos comentado anteriormente, queremos que España sea uno de los países que lidere el contexto internacional, en cuanto a la conservación y protección del patrimonio cultural mundial se refiere.

Por todo lo anterior, y con el objetivo de suplir la ausencia de mecanismos eficaces de cooperación y coherencia entre los actores de los diferentes Ministerios competentes en materia de acción exterior en patrimonio cultural, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar un Plan de Acción Exterior en Patrimonio Cultural (ACEX-PATRIMONIO) interministerial, en el que se unifiquen los diferentes programas y actividades que se vienen realizando en materia patrimonial fuera de nuestras fronteras, logrando con ello una mayor eficiencia y eficacia en su gestión.

2. Dotar de la planificación estratégica y los recursos necesarios para promover acciones concertadas destinadas a aumentar el impacto y la visibilidad de la "Marca España", haciendo más competitiva nuestra acción exterior en patrimonio cultural, reduciendo la fragmentación y costes administrativos.

3. Establecer colaboraciones y acuerdos público-privados que contribuya al enriquecimiento y financiación de ACEX-PATRIMONIO y hacer partícipe del mismo a las Comunidades Autónomas a través del Consejo del Patrimonio Histórico.

4. Suscribir al acuerdo de Abu Dabi para la lucha por la protección del patrimonio cultural en peligro en zonas de conflicto armado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2017.-Marta María Rivera de la Cruz, Guillermo Díaz Gómez y Félix Álvarez Palleiro, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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Comisión de Igualdad

161/002023

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo y concesión de un distintivo para los centros de salud que se diferencien por su excelencia en la lucha contra la violencia de género, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La violencia de género es la manifestación más dramática de la desigualdad persistente entre mujeres y hombres. Según la ONU, está considerada como la primera causa de mortalidad de las mujeres entre 18 y 45 años; y la Organización Mundial de la Salud la califica como un problema prioritario de salud pública desde el año 1996.

Esta lacra social, pese a ser el año con menor número de víctimas mortales, terminó con la vida de 44 mujeres en nuestro país en 2016. Una sola víctima es demasiado, por lo que estos datos ponen en evidencia que pese a los esfuerzos realizados por los sucesivos gobiernos, aún queda mucho camino por recorrer, desde la sensibilización y la prevención, hasta la detección precoz y la salida de la víctima del círculo de violencia.

Y es precisamente en la detección y diagnóstico de casos de violencia de género donde el papel de los profesionales del sector sanitario es determinante, ya que, generalmente, cuentan con la confianza y la empatía de sus pacientes. Así lo pone de manifiesto la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del 2015, que establece que, de entre el personal médico, al menos el 49 % de las mujeres y el 37,3 % de los hombres han detectado en su consulta a un agresor de violencia de género; o que el 80,5 % de las doctoras y el 65,3 % de los médicos han atenido en algún momento a una mujer víctima de violencia de género en su consulta.

Por otra parte, el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 1/2004, establece que "las Administraciones Sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones por parte de los profesionales, para la detección precoz de la violencia de género y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario".

Es por ello que, pese a encontrar multitud de actuaciones encaminadas a reforzar el papel de los profesionales sanitarios, como el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género, no siempre el compromiso es el mismo, ni se aplican de la misma manera.

Con el fin de que aquellos centros sanitarios que hayan implantado prácticas eficaces y de calidad en el tratamiento de la violencia de género puedan servir de ejemplo, sería útil otorgar un distintivo que reconozca estas buenas experiencias en el abordaje del maltrato contra las mujeres, tal como ocurre por ejemplo con el distintivo "Igualdad en la empresa", que supone una marca de excelencia otorgada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reconociendo a las empresas y otras entidades que destacan en el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un distintivo que reconozca a los centros de salud que se diferencien por su excelencia en la lucha contra la violencia de género, con el fin de desarrollar una coordinación más activa con las Comunidades Autónomas para trasladar las buenas prácticas de estos centros y continuar avanzando para que la igualdad, el respeto a la dignidad humana y la libertad de las mujeres sean una realidad en nuestra sociedad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/001997

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo de actuaciones de lucha contra el cambio climático conectadas con las políticas europeas de crecimiento azul en zonas portuarias, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.

Exposición de motivos

La Comisión Europea presentaba, en septiembre de 2012, una Comunicación para instar a los Estados miembros a buscar el crecimiento sostenible e innovador de la economía marina y marítima, en su conjunto, y para recuperar su estabilidad financiera, en lo que vino a denominar la Estrategia de Crecimiento Azul o Blue Growth.

Pocos meses antes, se presentaba la estrategia y plan de acción para un economía sostenible en Europa, llamada "Innovar para el crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa". El objetivo es avanzar hacia una economía más innovadora y con bajo nivel de emisiones, la conciliación de las demandas de la agricultura y la pesca sostenible, la seguridad alimentaria, y el uso sostenible de los recursos biológicos renovables para fines industriales, garantizando al mismo tiempo la biodiversidad y la protección del medio ambiente.

En la Estrategia de Crecimiento Azul se realizaba una revisión a los cinco ámbitos donde UE podía realizar un esfuerzo adicional, en sintonía con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, para impulsar a largo plazo el crecimiento y el empleo en la economía azul: Energía oceánica o blue energy, acuicultura, turismo de cruceros, costero y marítimo, recursos minerales marinos y biotecnología azul.

Según la valoración de la Comisión, la economía azul de la Unión Europea representa 5,4 millones de puestos de trabajo y un valor añadido bruto de casi 500.000 millones de euros al año. En su conjunto, el 75 % del comercio exterior de Europa y el 37 % del comercio interior de la UE tienen lugar por vía marítima.

A su vez, la Estrategia Europea para el crecimiento Europa 2020, fija una serie de objetivos para un crecimiento inteligente, sostenible e integrados, en materia de empleo, inversión en I+D, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, educación y lucha contra la pobreza.

Como dimensión marítima de la Estrategia Europa 2020, la economía azul puede contribuir a la competitividad internacional de la Unión, a la eficiencia en el uso de los recursos, a la creación de empleo y al nacimiento de nuevas fuentes de crecimiento, salvaguardando la biodiversidad, protegiendo el medio marino y preservando así los servicios que prestan los ecosistemas marinos y costeros si se mantienen sanos y fuertes.

Pero el auténtico instrumento para cumplir esas metas y orientar la inversión de la Unión Europea es la Política de Cohesión 2014-2020, con una dotación equivalente a un tercio del presupuesto general de la Unión en el periodo 2014-2020. La Política de Cohesión tiene por objetivo apoyar la creación de empleo, la competitividad empresarial, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de todas las regiones europeas.

Entre los 11 objetivos temáticos del Reglamento 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo de Cohesión para fomentar el crecimiento, encontramos referencias sustanciales para combatir el cambio climático, como por ejemplo "favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores" o el "fomento de la adaptación al cambio climático y gestión y prevención de riesgos".

Como no podía ser de otra manera, los planes, estrategias y políticas de la Unión Europea confluyen en unos objetivos comunes de futuro. Algunas entidades públicas han aprovechado estas sinergias para proponer actuaciones en el ámbito de la economía marina y marítima. Es el caso de Estrategia de "Crecimiento Azul" del puerto de Vigo que plantea 82 proyectos y acciones a realizar antes del 2020, con el propósito de potenciar la actividad portuaria y marítima en Vigo de manera que beneficie al puerto y a la economía local.


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Al igual que sucede en otras áreas de actuación, en materia de cambio climático no debe despreciarse los proyectos y las experiencias adquiridas por otros organismos y organizaciones, a modo de buenas prácticas de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Promover en el Sistema Portuario Español, compuesto por 28 puertos de interés general, estrategias de crecimiento sostenible e innovador de la economía marina y marítima, que incluyan actuaciones de lucha contra el cambio climático con arreglo a criterios recogidos en la Estrategia de Crecimiento Azul.

- Independientemente de la existencia de Estrategias, los puertos desarrollarán las siguientes actuaciones para contribuir en la lucha contra el cambio climático:

? Impulsar el cálculo y registro de las Huella de Carbono de las instalaciones competencia de Puertos del Estado y estimular su cálculo en las entidades de la comunidad portuaria.

? Promover la puesta en marcha de un programa de compensación de la huella de carbono generada por la comunidad portuaria.

? Fomentar el uso eficiente de la energía y la implantación de las energías renovables en el suelo portuario.

? Fomentar el uso de combustibles alternativos por los buques en puerto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002021

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modernización del parque automovilístico español, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

En España, la vida útil de los coches se prolonga más allá de lo recomendable. La situación de crisis económica que ha atravesado nuestro país no ha hecho posible una adecuada renovación del parque automovilístico tal y como se produjo con anterioridad a 2008.

Un análisis de la fecha de matriculación de los vehículos presentes en las carreteras españolas entre 2010 y 2016 permite apreciar cómo se ha producido un envejecimiento. Si en 2010 el grupo más numeroso de vehículos tenía entre cero y cinco años, en 2016 son los vehículos de entre once y quince años. Destaca también el aumento de vehículos de más de veinte años .

Según la DGT, en 2015 el riesgo de fallecer en accidente en carretera convencional fue de más del doble dentro de un turismo de quince a diecinueve años (3,52 fallecidos por 100.000 vehículos de esta edad) respecto a un turismo de hasta cuatro años (1,50 fallecidos/100.000 turismos).

En 2016, los turismos en los que viajaban los fallecidos tenían una edad media de 13,6 años, las furgonetas 11,1 y las motos 9,5. En 2017, el 67 % del parque automovilístico tendrá más de una década.

Los principales impactos de un parque tan envejecido están en la seguridad y en el medio ambiente. La prolongación de la vida útil de los vehículos pone en cuestión la seguridad del parque automovilístico nacional. La posibilidad de fallecer en un accidente de tráfico se triplica en los coches de más de diez


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años. Además, es preciso mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades. Un vehículo nuevo consume un 30 % menos de combustible y emite un 95 % menos de partículas que uno antiguo.

Por lo tanto, activar un plan estructural de renovación del parque es la única medida efectiva capaz de reducir la edad media de los coches en circulación, incentivando a la renovación también en cuanto a vehículos alternativos, que en la actualidad sólo suponen el 2,7 % del total del parque móvil.

Dentro de este plan es necesario seguir ofreciendo iniciativas para retirar de la circulación los vehículos viejos, y facilitar la incorporación de otros nuevos, con mayor seguridad de los ocupantes y también más ecológicos, con una reducción de emisiones contaminantes.

Así, siendo el envejecimiento de los coches, uno de los factores que más accidentes producen en nuestras carreteras, convienen hacer los esfuerzos que sean posibles para ayudar a rejuvenecer el parque móvil.

A mayor abundamiento, además de la mejora de la seguridad en los nuevos turismos con la aplicación de las nuevas tecnologías, debería constituir un componente prioritario, la implementación de las nuevas tecnologías, y en concreto, de los sistemas de asistencia a la conducción, en los vehículos de transporte de personas y mercancías, especialmente en los vehículos destinados al transporte escolar.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar campañas informativas dirigidas a concienciar a los ciudadanos de las características técnicas y de seguridad que han de contemplar los automóviles que manejamos y de los peligros que conlleva circular con vehículos envejecidos que no reúnen unas adecuadas condiciones de mantenimiento.

2. Realizar campañas especiales de vigilancia del cumplimiento de la obligación de paso del vehículo por las ITVs, al objeto de garantizar que los vehículos en circulación cumplen con las condiciones técnicas necesarias para poder circular sin riesgos.

3. Adoptar medidas dirigidas a dinamizar la renovación del actual parque automovilístico español con el objetivo de mejorar la seguridad vial y de reducir las emisiones contaminantes.

4. Promover la renovación de los vehículos destinados a los transportes públicos, especialmente los destinados al transporte escolar, para mejorar la seguridad en el transporte, ya que los nuevos vehículos disponen de sistemas de asistencia a la conducción avanzados, de los que no disponen los vehículos del parque más antiguos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, la siguiente pregunta oral al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por la Comisión que se indica, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

181/000435

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión

Diputada doña Melisa Rodríguez Hernández

Dirigida a: Secretario de Estado de Energía

Texto:

¿En qué situación se encuentra el proyecto de Almacén Temporal Centralizado para residuos para la gestión integral del combustible gastado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2017.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/012647

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Garzón Espinosa, Alberto (GCUP-EC-EM).

Reformulación de su pregunta sobre valoración de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la deriva actual del Gobierno húngaro.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

Exposición de motivos

El pasado 18 de mayo el Parlamento Europeo resolvió -con el voto en contra de los miembros españoles, alemanes e italianos del Partido Popular Europeo, los tories británicos y la extrema derecha europea-, una resolución donde se proponía activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea para


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así retirar los derechos de voto de Hungría por existir un "riesgo claro de violación de los valores europeos". En esta resolución se resaltaba asimismo "el grave deterioro del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales" que se está dando actualmente en Hungría.

El Gobierno de Viktor Orbán se caracteriza por su xenófoba política de persecución de migrantes y refugiados, con leyes de excepción propias del fascismo; por sus ataques a la independencia de medios de comunicación, órganos judiciales y universidades; así como por el menoscabo de las libertades ciudadanas básicas.

Tal es así que la resolución del Parlamento Europeo finalmente aprobada detalla literalmente una lista de derechos que se están viendo acorralados, si no suprimidos, en Hungría "la libertad de expresión, la libertad de cátedra, los derechos humanos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, la libertad de reunión y asociación, las restricciones y obstrucciones de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, el derecho a la igualdad de trato".

Diversas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional o Reporteros sin Fronteras en una lista que superaban las 500, solicitaron hace unas semanas una resolución explícita de rechazo a las políticas del gobierno húngaro por parte del Parlamento Europeo. A los cierres de periódicos como el Népszabadság, la segregación de niños gitanos en escuelas o la detención de solicitantes de asilo se unía estos días una ofensiva contra la sociedad civil con una nueva legislación de control sobre las subvenciones internacionales que reciben las Organizaciones No Gubernamentales. Poniendo en marcha una táctica evidente de criminalización, la nueva legislación califica de "agentes extranjeros" a las ONG húngaras que sobrepasan los 24.000 euros anuales de subvención no nacional y liga además esta iniciativa a la lucha contra el terrorismo.

El próximo paso en las instituciones europeas una vez se ha aprobado esta resolución por el Parlamento consiste en la elaboración de un Informe por parte de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara para que se inicie un procedimiento sancionador. Con arreglo a la norma 83 del Reglamento del Parlamento, este Informe ha de ser aprobado por dos tercios del Parlamento en una próxima sesión. De ser así, el Consejo Europeo habría de votar la aplicación del artículo 7 al caso de Hungría. Esto implicaría la retirada los derechos de voto a Hungría, por grave vulneración de los valores europeos. El proceso no está exento de dificultad, más, aún cuando se precisa la unanimidad de los países miembros en el Consejo, Europeo.

Sin embargo, la activación de este procedimiento supone una extraordinaria presión política para que el gabinete de Orbán abandone la vía fascista de gobierno adoptada. Es por ello de extraordinaria importancia que los Estados miembros de la UE tomen conciencia del desafío que supone la deriva actual del gobierno húngaro para todo el continente y tengan clara la estrategia para hacerle frente.

Por todo lo anterior, se formulan las siguientes cuestiones:

¿Qué valoración hace el Gobierno español de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la deriva actual del Gobierno húngaro?

¿Qué medidas adoptará el Gobierno español a la hora de desarrollar esta resolución del Parlamento Europeo?

¿Qué otras medidas diplomáticas está desarrollando el Gobierno español para frenar la deriva fascista de un Estado miembro de la UE como es Hungría?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2017.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

184/013417

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Salvador i Duch, Jordi (GER).

Capdevila i Esteve, Joan (GER).

Actuaciones previstas para destinar la recaudación del fondo de formación proveniente de la cuota de formación profesional a formar a personas en activo.


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Acuerdo:

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados Joan Capdevila i Esteve y Jordi Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Exposición de motivos

El pasado 29 de mayo, la Sra. Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, pidió por escrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que destine toda la recaudación del fondo de formación, proveniente de la cuota de formación profesional, a la finalidad para la que fue concebido: la de formar a personas en activo, tal y como exigen los agentes sociales.

En el citado documento, se insta al Ministerio a destinar los fondos provenientes de la cuota de formación profesional a la financiación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral de acuerdo con el carácter finalista de los mismos. Además, la Defensora recomienda al Ministerio de Empleo articular las medidas necesarias para la incorporación de los remanentes de crédito provenientes de la cuota de formación profesional a los Presupuestos Generales del Estado tramitando los expedientes de modificación presupuestaria pertinentes.

Además, el mismo Tribunal Constitucional ha declarado reiterado en múltiples sentencias sobre la formación profesional para el empleo que la cuota de formación es una cuota finalista, sujeta a un principio de caja única propio, diferenciado incluso de la caja única de la Seguridad Social.

El pasado 4 de noviembre de 2016, el Ministerio de Empleo admitió por escrito a la Defensora del Pueblo que sólo en 2015 dejó de gastar 273 millones de euros correspondientes a Formación.

Entidades como la asociación empresarial CECOT estiman que entre 2012 y 2016 el Gobierno ha destinado más de 4.000 millones de euros de estos fondos para cubrir prestaciones y formación para trabajadores en paro.

La CECOT recuerda que un año y medio después de la aprobación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, sigue sin desarrollarse el reglamento que la misma Ley establece y que la consecuencia directa ha sido una reducción del número de personas formadas, una reducción de la participación de las empresas y que el remanente generado en 2015 no se ha aplicado a los planes de formación de 2016.

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Qué actuaciones tiene previstas realizar el Ministerio para que los fondos de las cuotas de formación profesional se utilicen en su integridad, siempre, incluidos los remanentes y reintegros, en la Formación Profesional para el Empleo, de acuerdo con la petición de la Defensora del Pueblo y las sentencias del Tribunal Constitucional?

2. Un año y medio después de la aprobación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, ¿tiene el Gobierno la intención de desarrollar el Reglamento que la misma Ley establece?

3. ¿Cómo piensa actuar el Gobierno con el remanente generado en 2016?

4. Regulará nuevamente el Gobierno que las Comunidades Autónomas incorporen a sus presupuestos los reintegros obtenidos en los ejercicios anteriores, como así venía realizándose hasta el año 2014, ya que también son finalistas para la Formación Profesional para el Empleo?

5. ¿Es consciente el Gobierno que la reducción de los recursos dedicados a la Formación Profesional para el Empleo ha supuesto una reducción del número de personas formadas así como de empresas participantes?


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6. ¿Qué actuaciones piensa realizar el Gobierno para revertir esta situación?

7. ¿Cuáles son las previsiones para el año 2017?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2017.-Jordi Salvador i Duch y Joan Capdevila i Esteve, Diputados.

184/013572

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM).

Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM).

Previsiones acerca de convocar la mesa de trabajo acordada para impulsar una política de Estado sobre Alzheimer.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito registrado con el número 38656, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a las Sras. Diputadas autoras de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta a iniciativa de Ana Marcello Santos y Ana Terrón Berbel la siguiente pregunta relativa a la PNL sobre alzheimer dirigida al Gobierno para las que se solicitan respuesta escrita.

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó y fue aprobada con modificaciones una PNL relativa a:

- La creación de una mesa de trabajo, contando con las Comunidades Autónomas y con representación de las organizaciones de la sociedad civil, para elaborar de manera conjunta el Plan Nacional Específico de alzheimer, con un plazo máximo de convocatoria inicial de tres meses desde su aprobación.

- Establecer un registró anonimizado de incidencias de personas con alzheimer.

- Fomentar la investigación social y sanitaria en alzheimer y otras demencias.

Por todo esto, se pregunta

¿Tiene el Gobierno intención de convocar la mesa de trabajo acordada en la PNL relativa a impulsar una política de Estado sobre Alzheimer, aprobada el 09/03/2017?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2017.-Ana Marcello Santos y Ana Belén Terrón Berbel, Diputadas.

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