Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 131, de 28/03/2017
cve: BOCG-12-D-131
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
28 de marzo de 2017

Núm. 131


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001648 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la concesión de visados a los familiares de las víctimas del Tarajal... (Página7)

161/001657 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre fortalecimiento de las relaciones de la Unión Europea con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)... (Página8)

Comisión de Justicia

161/001612 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al inventariado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR)... (Página9)

161/001627 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil... (Página10)

161/001632 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a retrasar el cómputo de prescripción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales a menores hasta cuando la víctima cumpla 30 años... (Página12)

Comisión de Interior

161/001608 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre Plan Especial de Seguridad contra las mafias que trafican con pisos vacíos... (Página14)

161/001654 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la mejora de la seguridad y las necesidades de más y mejores recursos personales de la prisión de Teixeiro en la provincia de A Coruña... (Página15)

161/001655 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la cesión gratuita al Ayuntamiento de Ferrol del antiguo edificio de aduanas, sito en la Avenida de la Marina s/n de Ferrol (A Coruña)... (Página17)

161/001662 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre cobertura de forma inmediata de la plantilla de Guardias Civiles en el Cuartel de Isla Mayor (Sevilla)... (Página18)


Página 2




Comisión de Defensa

161/001617 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a promover el acceso a la condición de permanente de los oficiales de complemento de las Fuerzas Armadas... (Página19)

161/001631 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a solicitar la investigación por parte del Protectorado de Fundaciones de las actividades presuntamente ilícitas realizadas por la Fundación Francisco Franco... (Página21)

161/001637 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a reconocer en el plazo no superior a 4 meses el periodo de formación a efectos de antigüedad (trienios) al Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar... (Página22)

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/001614 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a promover la negociación de un convenio colectivo único para la empresa Navantia que incluya a la totalidad de la plantilla, y muy especialmente al colectivo de técnicos superiores... (Página24)

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/001651 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la revisión de los cuadros de exclusiones médicas en las ofertas públicas de empleo... (Página26)

Comisión de Fomento

161/001609 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la conexión ferroviaria del litoral de la Vega Baja... (Página27)

161/001615 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la seguridad en el puerto de Laxe (A Coruña)... (Página28)

161/001618 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso del Corredor Mediterráneo... (Página29)

161/001621 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la eliminación del punto negro en la A-4 Córdoba-Cuesta del Espino... (Página31)

161/001622 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ejecución de una glorieta en la intersección de la antigua N-I con la BU-945 en el término municipal de Fuentespina (Burgos)... (Página32)

161/001625 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a mejorar la seguridad de las actividades relacionadas con trabajos aéreos... (Página33)

161/001641 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al mantenimiento de la Avenida Cardenal Cisneros de Zamora en los tramos cuya titularidad pertenece al Gobierno de España... (Página34)

161/001643 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al enlace del municipio de Rivas con la M-50... (Página34)

161/001649 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla... (Página36)

161/001666 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre cesión gratuita de los


Página 3




terrenos de dominio público marítimo-terrestre ubicados en el entorno del puerto y fábrica de Massó en Cangas (Pontevedra)... (Página37)

Comisión de Educación y Deporte

161/001613 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las titulaciones de Ingeniero e Ingeniero Técnico Informático... (Página40)

161/001630 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a solicitar la investigación por parte del Protectorado de Fundaciones de las actividades presuntamente ilícitas realizadas por la Fundación Francisco Franco... (Página41)

161/001663 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al desarrollo de un nuevo método de asignación de las plazas en las facultades de España... (Página43)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/001620 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implantación del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2017-2020... (Página44)

161/001628 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la modificación de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social... (Página45)

161/001629 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a modificar la regulación contenida en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sobre "jubilación parcial"... (Página46)

161/001635 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar las pensiones de viudedad y orfandad y otras prestaciones familiares en el marco del Pacto de Toledo... (Página48)

161/001636 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la exposición al amianto de los profesionales de la extinción de incendios... (Página51)

161/001645 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral por los servicios de emergencias del conjunto del Estado... (Página52)

161/001652 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a garantizar el derecho de huelga e impedir que se pueda eludir con la contratación de terceras empresas... (Página54)

161/001660 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para recuperar el Diálogo Social e Impulsar Políticas Públicas en materia de prevención de riesgos laborales y así revertir la situación de creciente siniestralidad laboral... (Página55)

161/001664 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la consideración como cotizado del periodo de cumplimiento del servicio social femenino... (Página57)


Página 4




161/001665 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la reforma de las políticas activas de empleo... (Página58)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/001610 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en marcha de planes efectivos para reducir la brecha digital de género... (Página59)

161/001623 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la declaración de la Semana Santa de Puente Genil de Interés Turístico Nacional... (Página61)

161/001626 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la planificación del dominio público radioeléctrico para servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro... (Página62)

161/001644 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la modificación normativa de la declaración de fiestas de interés turístico internacional para conseguir la Declaración de la Semana Santa de Baena de Interés Turístico Internacional... (Página63)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/001275 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la unificación de las competencias estatales sobre la gestión de los servicios veterinarios oficiales en materia de sanidad y seguridad de la producción agroalimentaria... (Página65)

161/001616 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a que se posicione en el seno de la Unión Europea en contra de prorrogar el uso del herbicida tóxico glifosato... (Página65)

161/001619 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la promoción del consumo de productos pesqueros... (Página67)

161/001624 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los trabajos de limpieza y mantenimiento del cauce del río Yeguas-Sierra de Yeguas (Málaga)... (Página69)

161/001638 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a corregir la situación creada por el Plan de Descarte para los moluscos de Venus spp y evitar la diferencia de trato entre países de la Unión Europea... (Página70)

161/001653 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la sentencia del Tribunal Supremo que prevé la demolición de la depuradora Vuelta Ostrera en Suances (Cantabria)... (Página71)

161/001667 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la prohibición para el uso veterinario del diclofenaco... (Página72)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/001640 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la sostenibilidad y utilización del aceite de palma para uso industrial y alimentario... (Página74)

161/001642 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los requisitos mínimos que


Página 5




han de cumplirse para la realización de procesos de fusión y reordenación hospitalaria... (Página77)

161/001650 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la revisión de los cuadros de exclusiones médicas en las ofertas públicas de empleo... (Página78)

Comisión de Cultura

161/001658 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la regulación de la venta y la reventa telemática de entradas a espectáculos y actividades recreativas... (Página79)

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/001639 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la sostenibilidad y utilización del aceite de palma para uso industrial y alimentario... (Página80)

161/001661 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al compromiso de España en la defensa del origen humano del cambio climático y en la lucha contra sus causas... (Página83)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/001611 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de realizar actuaciones de mejora de la seguridad vial en varios tramos de la N-540 a su paso por la provincia de Lugo... (Página86)

161/001634 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la implantación de un sistema específico para alcohol y drogas en la Dirección General de Tráfico... (Página87)

161/001656 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre incremento de la seguridad en el motociclismo... (Página88)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Fomento

181/000226 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre situación de las obras del AVE en la provincia de Granada... (Página89)

181/000227 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre previsiones acerca de gestionar la puesta en servicio de una línea de ferrocarril transfronterizo que conecte las localidades de Bayona y San Sebastián, con el fin de favorecer la cohesión social, impulsar la cooperación y colaboración en materias económicas y culturales así como la movilidad sostenible en el ámbito de la Eurociudad Vasca... (Página90)

181/000228 Pregunta formulada por la Diputada doña Esther Peña Camarero (GS), sobre previsiones acerca de la gratuidad del tránsito por la AP-1 a partir de noviembre de 2018... (Página90)

181/000229 Pregunta formulada por la Diputada doña María Jesús Serrano Jiménez (GS), sobre calendario de actuación con respecto a la conversión en autovía de la N-432, Badajoz-Granada... (Página90)


Página 6




181/000233 Pregunta formulada por la Diputada doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), sobre medidas previstas para revertir el deterioro y desmantelamiento de la línea de FEVE en la provincia de León... (Página90)

181/000272 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre minutos de media en los que se reduce o incrementa el tiempo de viaje entre Valencia y Castellón en los trenes con instalación del tercer carril... (Página91)

181/000273 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre opinión del Gobierno acerca de si pueden generarse agravios comparativos entre ciudades si los criterios para optar entre soterramiento e integraciones blandas no son exclusivamente técnicos... (Página91)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000231 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre compromisos que va a adquirir el Gobierno en la reestructuración del sector de la estiba... (Página91)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000230 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre motivos por los que la nueva planta de biomasa anunciada por la empresa ENCE en el año 2016 ya no se va a construir en Pontevedra... (Página92)

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

181/000259 Pregunta formulada por el Diputado don José Luis Martínez González (GCs), sobre medidas previstas para cumplir con la reciente Sentencia condenatoria en materia de Gestión de Residuos, asunto C-563/15, de 15/03/2017... (Página92)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/010341 Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel

Coherencia del trato que recibe la Casa Real con el artículo 14 de la Constitución... (Página93)

184/010389 Autor: Rufián Romero, Gabriel

Coste del mantenimiento de la bandera de la plaza de Colón de Madrid... (Página94)


Página 7




CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001648

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la concesión de visados a los familiares de las víctimas del Tarajal, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El 6 de febrero de 2014, catorce personas fallecieron cuando trataban de llegar a nado a Ceuta a través de la frontera del Tarajal. Ésta misma semana se cumplían tres años desde aquellos acontecimientos. Por esto hechos se sigue el procedimiento ante el Juzgado de Instrucción n.º 6 de Ceuta en las Diligencias Previas 123/2014, causa que ha sido reabierta por Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz de fecha de 10 de enero de 2017, donde entre otras cuestiones se interesa la identificación de los cuerpos hallados en Ceuta.

Con la finalidad de poder identificar los cuerpos que se hallan enterrados en Ceuta, entendemos que deben adoptarse todas las medidas posibles para que estas personas puedas ser identificadas, lo que a su vez permita la personación de sus familiares en el procedimiento y la restitución al menos en parte del daño sufrido por estas familias dentro del proceso de reparación necesario a las víctimas de esta tragedia.

Asimismo, entendemos como una cuestión humanitaria básica que los progenitores de la víctimas puedan saber la suerte de sus hijos, el lugar donde se encuentran sus cuerpos y poder honrarlos.

El Ministerio de Exteriores ha denegado el visado de entrada a España a los familiares de los fallecidos nacionales de Camerún: familiares de Armand Souop Tagne, Larius Fotio, Aboubacar Oumarou Maiga, Luc Bikai Firmin, Daouda Mahatma, Roger Nana Chimie, Oussmane Hassan, Jeannot Flame y Blaise Fotchin.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"1. Conceder de manera extraordinaria visados de carácter humanitario a los familiares de Armand Souop Tagne, Larius Fotio, Aboubacar Oumarou Maiga, Luc Bikai Firmin, Daouda Mahatma, Roger Nana Chimie, Oussmane Hassan, Jeannot Flame y Blaise Fotchin, a efectos de que puedan visitar la playa donde murieron sus familiares, rendirles homenaje, así como facilitar la identificación de las víctimas de los hechos de Tarajal enterradas en España y asistir personalmente a lugar donde se encuentran enterradas.

2. Que en todo caso se oficie a las delegaciones diplomáticas que corresponda a los efectos de que se les realice toma de muestras de ADN de doña Marie Therese Ndeubi; Fatime Oumarou Hada y Mariamo


Página 8




Hassan Aoudou, conforme al protocolo establecido por la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios; y que estos sean remitidos a la Brigada de Policía Científica de la Guardia Civil para su cotejo con las muestras de ADN de los fallecidos enterrados en Ceuta."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2017.-Pablo Bustinduy Amador, Diputado.-lone Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001657

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fortalecimiento de las relaciones de la Unión Europea con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

América Latina es uno de los tres anclajes de la política exterior española, y el fortalecimiento de las relaciones con esta región ha constituido siempre una prioridad para España, dadas las referencias, historia, cultura y valores que compartimos con esta región. Las relaciones entre la Unión Europea (UE) y América Latina comprenden diversas facetas y se desarrollan en distintos niveles, a través de cumbres de Jefes de Estado y de gobierno, con toda la región, con los distintos bloques regionales y también con países concretos.

Las relaciones de la UE con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) se remontan a los orígenes del segundo, y ambos mantienen negociaciones desde el año 2000 para alcanzar un Acuerdo de Asociación que descanse sobre el diálogo político, la cooperación y una zona de libre comercio. Durante los últimos dieciséis años, las negociaciones entre los dos bloques económicos han afrontado diferentes obstáculos y demoras, debido fundamentalmente a las dificultades en la unificación de posiciones en el bloque latino, y también por diferencias en el capítulo comercial, que tuvieron como consecuencia un suspenso en las negociaciones durante seis años, hasta que se retomaron en 2010, en gran medida gracias al impulso de España, que tenía la Presidencia de la UE en ese momento -primer semestre de 2010-.

España ha mostrado siempre su interés por la progresiva vinculación político-económica entre los distintos procesos de integración en la región -es el primer país observador de la Alianza del Pacífico-, y ha apoyado siempre la firma de este acuerdo interregional, que supondrá beneficios de los ciudadanos a ambos lados del Atlántico. La UE es el primer socio comercial de Mercosur, representando el 18 % (según datos del FMI de 2015) de su comercio total con el mundo, y Mercosur, por su parte, es el sexto mercado de exportación más importante para la UE. Además durante los últimos años, el comercio de bienes entre ambos bloques ha aumentado de forma constante, pasando de 28 mil millones de euros en 2007 a 88 mil millones de euros en 2015.

Los cambios geopolíticos y económicos de los últimos años; la creciente importancia de potencias como China en la región; el nuevo gobierno de Estados Unidos; y los cambios políticos en Argentina y Brasil, con gobiernos reformistas y más partidarios del libre comercio; también han tenido su efecto en el curso de las negociaciones. Esto se ha traducido en nuevas realidades y oportunidades para la región. En los últimos meses, las negociaciones entre ambos bloques se han visto impulsadas con el inicio del proceso de intercambio de ofertas de bienes, servicios y compras públicas en mayo 2016, seguida de una última ronda de negociaciones entre ambas partes en octubre de ese mismo año.

El acuerdo entre la UE y Mercosur será un elemento clave para el desarrollo de la región, y supone un importante desafío político de integración en el cono sur. Además de suscitar un gran interés económico y comercial, con importantes complementariedades entre ambas economías, comporta beneficios para la cooperación y el diálogo político. A nivel institucional, la firma de este acuerdo conllevará además una mayor colaboración entre el Parlamento Europeo y el Parlasur, que se institucionalizará en una Comisión Parlamentaria Mixta con el objeto de supervisar el acuerdo.


Página 9




Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Potenciar el papel de España como puente de acercamiento a la región de América Latina, con el objetivo de conseguir progresos sustanciales en las negociaciones y en el desarrollo de una agenda firme y un calendario de trabajo para las próximas negociaciones, que sirva para avanzar en la negociación de acuerdos con la región.

2. Continuar trabajando con los países de Mercosur para lograr un marco de mayor cooperación y diálogo político, así como en el objetivo común de lograr, a la mayor brevedad, un acuerdo comercial, equilibrado y ambicioso, que cubra, el acceso al mercado de mercancías, servicios, inversiones y compras públicas, y las barreras no arancelarias con el objetivo de mejorar y consolidar las relaciones económicas y comerciales así como la calidad de la cooperación existente entre las regiones, sobre la base de la sostenibilidad, la reciprocidad y del interés mutuo.

3. Trabajar, en el seno de la UE y a través de la diplomacia parlamentaria, para reforzar los vínculos entre el Parlamento Europeo y el Parlamento de Mercosur (Parlasur) con el fin de facilitar la sinergia de las relaciones regionales, subregionales y bilaterales, y beneficiar la influencia que ambas instituciones tienen en la firma del acuerdo.

4. Avanzar y reforzar el diálogo político sobre nuevas formas de cooperación más allá del enfoque tradicional de donante-beneficiario, apostando por una estrategia más igualitaria basada en instrumentos como la cooperación triangular y cooperación sur-sur que abarquen la cohesión social o el fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía, e incluyendo el diálogo en asuntos globales como el cambio climático."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Justicia

161/001612

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura, relativa al inventariado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR).

Exposición de motivos

En 1998, el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, modificó el Reglamento Hipotecario para permitir la inscripción de templos de culto en el registro de la propiedad, lo cual hasta entonces no era posible por su naturaleza históricamente pública.

Para aprovechar esta nueva norma, la jerarquía católica resucitó el uso de dos normas franquistas e inconstitucionales, aprobadas en 1946 y 1947: los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario. El primero equipara a la Iglesia con la Administración Pública, otorgándole el privilegio de acceder al registro de la propiedad sin aportar título. El segundo artículo equipara a los diocesanos con notarios, de forma que un obispo puede certificarse a sí mismo que es el propietario de un inmueble atendiendo a lo que él mismo argumente.

Esos privilegios son a todas luces inconstitucionales y esas normas deben entenderse automáticamente derogadas con la entrada en vigor de la Constitución sin necesidad de eliminación expresa. Ambos artículos han sido incluso reprobados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Desde entonces, la presión ciudadana y política ha desvelado numerosos escándalos, a partir de los cuales tuvo lugar la aprobación de la Ley 13/2015, del 24 de junio, que modifica la Ley Hipotecaria para


Página 10




eliminar el privilegio registral mencionado. Sin embargo, lo hace sin efectos retroactivos, con lo que, de hecho, se genera una situación de "amnistía registral" sobre los incalculables bienes inscritos por la Iglesia Católica sin presentar título de propiedad. A día de hoy, la única forma de recuperar esos bienes públicos es acudir a los tribunales caso por caso, tarea prácticamente imposible debido a la cantidad de inmuebles en cuestión e injusta, de partida, por el procedimiento de su inscripción.

Por todo ello Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"Impulsar, en colaboración con las CCAA y los municipios, los recursos necesarios para el inventariado de inscripciones de propiedad realizadas en virtud de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario por parte de la Iglesia Católica (ICAR) y tomar las medidas oportunas para establecer el carácter retroactivo en la Ley 13/2015, de 24 de junio, en todo el periodo democrático desde 1978, con vistas a recuperar y promover el patrimonio público perdido."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2017.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001627

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre modificación de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

El 22 de julio de 2011 se publicó en el "BOE", la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Ante los cambios sustanciales que esta norma, que fue aprobada prácticamente por unanimidad de la Cámara, comportaba, su disposición final décima pospuso la entrada en vigor hasta los tres años de su publicación, a la vez que mandataba al Ministerio de Justicia a adoptar las medidas y los cambios normativos necesarios que afectaran a la organización y funcionamiento de los Registros Civiles dentro del proceso de modernización de la Justicia.

La propia norma en su Exposición de motivos señala que:

"La Constitución de 1978 sitúa a las personas y a sus derechos en el centro de la acción pública. Y ese inequívoco reconocimiento de la dignidad y la igualdad ha supuesto el progresivo abandono de construcciones jurídicas de épocas pasadas que configuraban el estado civil a partir del estado social, la religión, el sexo, la filiación o el matrimonio.

Por este motivo, la Ley abandona la vieja preocupación por la constatación territorial de los hechos concernientes a las personas, sustituyéndola por un modelo radicalmente distinto que prioriza el historial de cada individuo, liberándolo de cargas administrativas y equilibrando la necesaria protección de su derecho fundamental a la intimidad con el carácter público del Registro Civil.

En este sentido, la Ley suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones -nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales- y crea un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción que se practique se le asigna un código personal.

Asimismo, en la presente Ley se incorpora tanto la Convención de los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007.


Página 11




[...], la aplicación al Registro Civil de técnicas organizativas y de gestión de naturaleza administrativa permitirá una mayor uniformidad de criterios y una tramitación más ágil y eficiente de los distintos expedientes, sin merma alguna del derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva, pues todos los actos del Registro Civil quedan sujetos a control judicial.

[...]

Esa misma vocación modernizadora hace que en la Ley se diseñe un Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente.

[...]

La descentralización introducida por la Constitución de 1978 está presente, no sólo desde el punto de vista territorial, sino también desde la perspectiva de la distribución de competencias. Así, se contempla el acceso al Registro Civil de actos regulados en algunos Derechos civiles especiales como, por ejemplo, las autotutelas, apoderamientos preventivos o especialidades en materia de régimen económico del matrimonio. Igualmente, se prevé la utilización de las lenguas cooficiales, tanto en la inscripción como en la expedición de certificaciones. Además, la Ley garantiza la adecuada coexistencia de la competencia estatal sobre Registro Civil y las de carácter ejecutivo que corresponden a las Comunidades Autónomas.

Transcurrido prácticamente en su totalidad el plazo de vacatio legis, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, el cual en su disposición adicional decimonovena, prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil hasta el 15 de julio de 2015, a la vez que atribuyó la competencia para la Ilevanza del Registro Civil a los Registradores mercantiles, de forma que aquellas oficinas adquirieran la condición de Oficinas del Registro Civil y Mercantil. Este Real Decreto-ley es tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre, que aprueba con algunas modificaciones, que no mejoraban el texto, la reforma de la Ley del Registro Civil.

Ante la oposición a esta medida mostrada por los Grupos políticos, multitud de colectivos, los sindicatos y una parte del propio colectivo de registradores, el Gobierno revisa su posición y en la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, en el apartado Diez de del artículo segundo, se pospone la entrada en vigor al 30 de junio de 2017, a la vez que se vuelve a mandatar al Gobierno a adoptar las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los Registros Civiles y en la Disposición Derogatoria se procede a derogar las disposiciones adicionales vigésima, vigesimoprimera, vigesimotercera, vigesimocuarta y vigesimoquinta de la Ley 18/2014, de 15 de octubre de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Tal y como manifiesta la Defensora del Pueblo en su informe de 2016, las situación de provisionalidad normativa derivada de los vaivenes a que el Gobierno ha sometido esta Ley, es la principal causa del colapso que padecen las comunidades autónomas, que actualmente y sin haber entrado en vigor la Ley de 2011, tienen la competencia para la dotación de medios humanos y materiales en los registros civiles.

A cuatro meses de entrada en vigor de la Ley del Registro civil, el 30 de junio de 2017, el Ministerio de Justicia, tras su absoluta inactividad de los últimos años, traslada a los sindicatos de la justicia y a las Comunidades Autónomas una propuesta de reforma que viene a ratificar y afianzar el mantenimiento del servicio de Registro Civil en la Administración de Justicia y a la vez mantener las oficinas, estructura y su funcionamiento exactamente iguales que hasta ahora, salvo por la salida de los Jueces de las mismas, eliminando con ello de facto los objetivos de la Ley 20/2011.

La iniciativa que comienza reflejando cuales son los tres pilares fundamentales sobre los que se asienta la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (configuración y funcionamiento, modelo organizativo y nueva gobernanza), para a continuación afirmar que con la misma se pretende mantener dichos pilares, cuando en realidad lo que realmente se hace es demolerlos. Pero si esto es malo, lo peor ya no es que se derrumben, sino que no se sustituyen por otros que permitan mantener en pie el Registro Civil, ni como se pretendía con la Ley 20/2011, ni como se encuentra configurado actualmente.

Otro dato relevante es que en dicha propuesta se sustituye la fecha cierta de entrada en vigor que recogía la ley, por la remisión a una hipotética Orden Ministerial que se aprobará para la puesta en producción de las aplicaciones informáticas que permitan el funcionamiento del Registro Civil de forma íntegramente electrónica. Así se contempla la paradoja de que lo justifica como sigue: "[...] en esta disposición se pretende establecer un hito claro que, para garantizar la seguridad jurídica, determine la fecha exacta en la que se pongan en producción las aplicaciones informáticas y el funcionamiento íntegramente electrónico del Registro en todo el territorio del Estado [...]."


Página 12




El segundo "pilar", de la Ley de 2011 es el referido al establecimiento de un nuevo modelo organizativo que se asienta sobre la existencia de una Oficina Central del registro civil y Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma, y obedecía a lo que en el preámbulo de la Ley se contemplaba como "... una organización del Registro Civil mucho más sencilla que la anterior...". Este también salta por los aires cuando se pretende mantener 431 registros en lugar de los 107 que se preveían.

Y en cuanto a la nueva Gobernanza, la propuesta de que sean los Letrados de la Administración de Justicia los encargados del Registro Civil que puede ser aceptable, de hecho es una de las opciones que contempla la Ley 20/2011, requiere de una reflexión mayor y un grado de desarrollo que no está previsto y que en ocasiones choca frontalmente incluso con la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La incapacidad del Ministerio para cumplir en estos seis años con las obligaciones que debían haber cumplido en los tres primeros, básicamente el desarrollo e implantación de las aplicaciones informáticas necesarias para que entrase en vigor la ley, ha llevado a hacer una propuesta de modificación de la misma que la desfigura totalmente y la haría incongruente e ineficaz. La nueva reforma, lo que pretende es dejar a la exclusiva voluntad del Ministerio de Justicia la implantación de lo que realmente es el núcleo de la reforma que se pretendía.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, ante la falta de un soporte tecnológico testado y con garantías para el servicio y para una correcta implantación, por no haberse desarrollado las aplicaciones informáticas necesarias para que entrase en vigor el próximo 30 de junio, insta al Gobierno a acordar una nueva prórroga inaplazable, hasta el 30 de junio de 2018, de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil en su integridad como fue aprobada y así se preserve:

- Su configuración como una base de datos única que permita compaginar la unidad de la información con la gestión territorializada y la universalidad en el acceso, priorizando el historial de cada individuo, y equilibrando la necesaria protección de su derecho fundamental a la intimidad con el carácter público del Registro Civil.

- Se mantengan las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de Registro Civil tal como se configuran el dicha Ley, sin vínculo entre las que tiene asumidas las competencias en materia de justicia y el Registro Civil, y en consecuencia se preserve su capacidad para crear oficinas generales del registro civil, así como para su diseño, creación y organización lo que incluye la de designar a los Encargados de las Oficinas Generales del Registro Civil en sus respectivos ámbitos territoriales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Juan Carlos Campo Moreno, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001632

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de doña Lourdes Ciuró i Buldó Diputada del Partit Demócrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Justicia, una Proposición no de Ley para retrasar el computo de prescripción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales a menores hasta cuando la víctima cumpla treinta años.

Exposición de motivos

Los actos de abuso y de violencia sobre menores de edad, son repugnantes y generan un rechazo unánime y generalizado en nuestra sociedad. La obligación de los poderes públicos es la de proteger a los menores vulnerables de tales situaciones mediante la detección de eventuales riesgos que permitan que se produzcan tales actos y proteger así la integridad de los menores de edad, que son las personas más vulnerables.

El acoso sexual, la vulneración de su intimidad inocente por parte de personas de su entorno, a priori confiables a sus ojos, generan daños perpetuos físicos y psíquicos duraderos y permanentes que además


Página 13




tiende a agravarse con el paso del tiempo que perjudican enormemente a estos futuros adultos ya que condicionan sus relaciones afectivas y sociales futuras.

Nuestra sociedad no puede permanecer impasible ante estas situaciones y es tarea importantísima de todos los poderes públicos proporcionar herramientas suficientes para que el entorno de los menores, en el sentido más amplio que abarca desde padres, profesores, monitores, familiares, etc, puedan prevenir situaciones de riesgo, puedan detectar si se dan en el entorno de un menor determinado, a la par de dotar de herramientas legales que permitan la máxima facilidad para que se denuncien estos hechos por parte de las personas que los han sufrido, se facilite su perseguibilidad al máximo y se produzca el necesario reproche penal sobre su autor a los efectos de resarcir al máximo a la víctima y a su entorno.

El reproche penal, la respuesta de la sociedad que castiga a quién comete tal execrable delito, debe no tan solo poder darse sino que además debe servir para que la conciencia social perciba claramente que tales delitos obtienen pronto o tarde, su correspondiente castigo.

Por otra parte, es obvio que el tratamiento de las reformas que procedan para conseguir los objetivos anunciados, deben provenir de la necesaria reflexión, adecuando los principios generales del derecho a la respuesta penal que sin duda se debe producir.

Estamos ante un delito que no puede abordarse de cualquier manera y debe tenerse presente que la víctima que la ha sufrido, debe tener la suficiente madurez para enfrentarse a esta realidad y reconocer su existencia y después tener los recursos necesarios que le permitan proceder a su denuncia.

El derecho penal y para garantizar la seguridad jurídica, fija unos plazos de prescripción en todos los delitos en virtud de los cuales, la prescripción de un delito por el transcurso del tiempo desde que se cometió, significa que la justicia no puede perseguir ni castigar esta acción porque se extingue la responsabilidad penal y por lo tanto la denuncia se archiva.

El Código Penal establece que los delitos contra la libertad sexual con víctimas menores de edad prescriben a los diez, quince o veinte años a partir de su comisión, en función de si se trata de un abuso o de una agresión sexual (violación). La vigente legislación española fija para estos delitos que el plazo de prescripción empiece a contar desde que la víctima cumple los dieciocho años.

Desgraciadamente esto es lo que ha acontecido en la mayoría de las denuncias presentadas por ex alumnos contra el ex profesor de gimnasia de una escuela en Barcelona por abusos sexuales, así como contra antiguos docentes de varios centros docentes.

No podemos obviar que en este tipo de delitos la víctima acostumbra a presentar barreras que le impiden hacer la denuncia después de haberse cometido los hechos, como una relación de dependencia (emocional, económica...) con el autor de los abusos o el bloqueo psicológico como consecuencia de la experiencia traumática vivida. Es por estos motivos que la víctima acostumbra a denunciar el delito mucho tiempo más tarde, años incluso. Es muy habitual que cuando el afectado decide denunciar, el delito ya haya prescrito por transcurso del tiempo, por lo que es preciso arbitrar soluciones normativas diferentes en materia de prescripción, en casos de abusos o agresiones sexuales a menores.

Se considera acertado, que tal y como resulta del informe elaborado por el Centre de Estudis Jurídics i Formació Especialitzada "Prescripción de los delitos contra menores de edad: análisis del problema" que no se aumenten las penas aparejadas a estos delitos o que no se declare su imprescriptibilidad por un criterio de proporcionalidad pero sí que se considera necesario incrementar el período de prescripción para garantizar que estos delitos puedan perseguirse. Así se considera adecuado que la prescripción no compute desde el día en que la víctima ésta haya alcanzado la mayoría de edad, sino desde que el día que cumpla treinta años.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la modificación del artículo 132 del Código Penal, en lo que atañe a la prescripción de los delitos contra libertad e indemnidad sexuales cuando la víctima fuere menor de edad, con el fin de retrasar el inicio del cómputo del periodo de prescripción, desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, es decir desde que la víctima cumple los dieciocho años, hasta que cumpla los treinta años y, si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento. Ello permitiría reconocer que el delito de abuso o agresión sexual, en el caso que la víctima sea un menor, genera lesiones psicológicas permanentes o continuadas que habitualmente aparecen en momentos muy posteriores al de la agresión sexual."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-Lourdes Ciuró i Buldó, Diputada.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Página 14




Comisión de Interior

161/001608

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre Plan Especial de Seguridad contra las mafias que trafican con pisos vacíos, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

En el Derecho de la Unión, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que el Tribunal remitente debe tomar en consideración al aplicar la Directiva 93/13 y así se proclama en la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de septiembre de 2014. Monika Ku?ionová contra SMART Capital, a.s., PARÁGRAFO 65. Sin embargo, en la Constitución Española, el derecho a la vivienda digna no es un derecho fundamental, solo un principio inspirador, mientras que el derecho de propiedad sí está en el núcleo duro de derechos protegibles. En la jurisprudencia tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como en la del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, se vincula el derecho a una vivienda digna con el derecho fundamental de la integridad del domicilio, lo que traslada la vivienda al núcleo principal de cualquier norma constitucional.

Sentado lo anterior, debemos asumir compromisos y medidas que dejen claro que como tal derecho fundamental debe ser protegido por los poderes públicos y las políticas que se adopten, tiene que tener presente esa perspectiva.

La crisis económica trajo con ella a España una crisis humanitaria con manifestaciones en varias vertientes, y una muy relevante es la relacionada con la pérdida de la vivienda. Pero como toda crisis es una oportunidad para algunos, también hemos visto como han ido proliferando mafias organizadas, que algún medio ha definido como "inmobiliarias okupas", que a la sombra de la burbuja inmobiliaria, ocupan viviendas y cobran por asaltar los pisos vacíos para extorsionar a sus propietarios, (sean particulares, bancos o administraciones públicas), detectan un piso vacío, entran forzando la puerta, enganchan los suministros, cambian la cerradura y entregan la llave a sus nuevos inquilinos en la mayor parte de los casos para realquilar, actividad claramente penal que no ha encontrado una respuesta en el ámbito que corresponde, que no es otro que el policial y el Código Penal.

Mayoritariamente, por omisión, las administraciones públicas han permitido, muchas de ellas, esta actividad con el fin de ganar paz social, y dado que a quienes realquilan son personas en muchos casos en situación de vulnerabilidad, han consentido y consolidado una práctica que está dañando a quienes cumplen la Ley y generando un negocio que se reparten entre mafias de distinto origen, pero que finalmente consiguen el mismo resultado. Impedir la actuación ordenada de las administraciones públicas y cumplir las obligaciones que como tales tienen para garantizar el derecho a la vivienda.

Conscientes en muchos casos de que el estallido de la burbuja inmobiliaria presenta una gran complejidad, se ha tratado de intervenir, pero nunca se ha abordado la cuestión en los términos en que debemos presentar el debate y que no es otro que cómo se debe conciliar el derecho fundamental a la vivienda con el derecho de los propietarios, que no deben soportar cargas que incumben a las administraciones, pero sin olvidar que la propia Constitución en el artículo 128.1 establece que: "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general".

Desde esa vertiente de derecho fundamental, y atendiendo a lo que un procedimiento judicial comporta cuando la vivienda es lo que se discute, creemos que hay cosas que pueden hacerse y que no se están haciendo, y que podrían tener un gran impacto en la vida de los ciudadanos que se ven expulsados de su vivienda y así deberíamos prever que el Juzgado, desde el momento en que se interpone un procedimiento hipotecario o se señala la fecha de un lanzamiento, podría dar noticia de su existencia, previa autorización de los propios interesados, y de las personas a las que afecta, a los servicios sociales correspondientes, por ejemplo, (en poblaciones de más de 20.000 habitantes Ayuntamiento y menos de 20.000 Diputación Provincial).


Página 15




Con este traslado, los servicios sociales podrían contar con un conocimiento previo y así como con la posibilidad de actuar para evitar situaciones irreversibles, conocimiento del que ahora mismo carecen habitualmente por no contar con un itinerario de comunicación entre administraciones.

Estas comunicaciones supondrían que, llegado el momento material de la práctica del lanzamiento, las personas pudiesen tener oportunidad, a través del asesoramiento facilitado por servicios sociales, de disponer de todos los recursos administrativos y sociales que la sociedad puede prestarles, evitando situaciones graves de desamparo, situación acrecentada mucho más cuando además nos encontramos ante familias con menores, personas impedidas o con graves situaciones de discapacidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Elaborar un Plan Especial de Seguridad contra las mafias que trafican con pisos vacíos, impulsando en este marco acuerdos con las Corporaciones Locales para incorporar a la Policía Local a las labores de vigilancia, en el ámbito de sus competencias, y en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional; mejorando los niveles de prevención; reforzando las labores de investigación y potenciando las labores de captación de información y de elaboración de inteligencia específica; y donde se atienda a los intereses de los titulares de las viviendas y las necesidades de quienes las ocupan de manera efectiva, así como a otras personas directamente afectadas.

- Promover una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevea que siempre que se notifique una resolución que contenga fijación de fecha para el lanzamiento o desahucio de primera vivienda, se dará traslado de dicha resolución a los servicios sociales competentes por razón del territorio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001654

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la seguridad y las necesidades de más y mejores recursos personales de la prisión de Teixeiro en la provincia de A Coruña, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El sábado 25 de febrero un nuevo incidente llenó de alarma al personal de la prisión de Teixeiro. El ataque sufrido por varios funcionarios a manos de un peligroso recluso, puso de nuevo en entredicho los recursos materiales y humanos existentes en la prisión coruñesa para mantener la seguridad en la misma y para garantizar las condiciones adecuadas para quienes allí trabajan y para procurar la reinserción de quienes allí cumplen condena.

No era este el primer incidente y, desde luego, no son nuevas las demandas y reivindicaciones del personal de Teixeiro que durante los últimos años ha insistido en reclamar más y mejores medios de seguridad, sanitarios y sociales para esta institución. Así, hace menos de un año, sendas peleas entre reclusos se saldaron con varios heridos y con las protestas de los trabajadores y trabajadoras que pusieron de manifiesto -una vez más- la insuficiencia de los recursos existentes. Ante estas peticiones, los responsables ministeriales aseguraron una y otra vez que los hechos eran puntuales y los redujeron a poco más que una anécdota, haciendo oídos sordos a las reclamaciones del personal de Teixeiro y a una realidad que cada día se muestra más deficitaria para trabajadores y reclusos.

Las restricciones de personal y los traslados son los factores principales que han ido elevando las dificultades que se viven en Teixeiro. Así, la RPT preveía 459 puestos de trabajo, sin embargo apenas están cubiertos 415 mientras el número de internos supera la capacidad prevista. Los traslados de reclusos


Página 16




con problemas en otras prisiones exigirían mayores medidas de seguridad y más personal para los turnos, especialmente en los módulos de mayor conflictividad. Un sistema penitenciario como el nuestro, basado en la reinserción de las personas presas, no puede escatimar medios profesionales para conseguir este fin y, es obvio, en las condiciones actuales se trata de un objetivo prácticamente imposible de alcanzar. El incidente del pasado sábado no es más que una nueva muestra de ello.

Ante estas circunstancias los representantes sindicales han levantado la voz reclamando más dotación presupuestaria, más recursos humanos y materiales y una mayor formación para el personal. El sindicato UGT enviaba a la Subdirección General de RRHH, dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, un documento evaluando la situación actual y poniendo de relieve los déficits existentes:

- La escasez de personal en la totalidad de los servicios del Centro Penitenciario y en todos los turnos

- La situación de precariedad mantenida en el tiempo, del Departamento de Trabajo Social, con escasez de plazas y en el que se enlazan contratos temporales de escaso recorrido que dificultan la realización de una labor esencial en un Centro Penitenciario. La imposibilidad de llevar a cabo una labor preventiva y una intervención continuada y de calidad con los presos y sus familias es total.

- La situación de la Enfermería y los equipos sanitarios es de similar precariedad. Poco personal, no se cubren las bajas, contratos temporales en los que apenas tienen tiempo los profesionales de adquirir el dominio suficiente del entorno y todo ello con una población reclusa con importantes problemas de salud y en la que, por ejemplo, más de un tercio precisan tratamientos de deshabituación de drogodependencias.

Por último, en el área de Servicio Interior se viene produciendo una pérdida de efectivos paulatina que, además, va acompañada de un aumento de la edad media, lo que genera problemas cada vez mayores a la hora de gestionar el servicio y sus tareas. La complicación para cubrir los servicios mínimos y facilitar las naturales licencias y permisos, así como la conflictividad que se genera por esta falta de personal va siendo compensada por la profesionalidad del mismo pero aún así van aumentando los conflictos y van siendo cada vez más continuos y graves, como el ocurrido estos días pasados en aislamiento. Todo ello se suma a la cantidad de internos de alto perfil de violencia que se atiende en el centro, que parece haberse convertido en primera opción de traslado ante graves altercados en otros centros, algunos con gran repercusión mediática, desde hace años.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, tras escuchar las demandas de los trabajadores y trabajadoras de la prisión de Teixeiro, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Atender, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, las necesidades de plantilla del Centro Penitenciario de Teixeiro, procediendo a la dotación y cobertura de plazas en la RPT a través de los concursos u oposiciones pertinentes y, de manera inmediata, paliando el déficit mediante la adscripción de personal interino, en prácticas, comisiones de servicios u otros mecanismos posibles para poner fin a esta situación de inseguridad y precariedad.

2. Atender las necesidades de dotación de personal sanitario y social preciso para garantizar los programas de prevención y atención sanitaria que necesitan los internos y la prevención e intervención social que exige esta población.

3. Dimensionar de manera adecuada la capacidad de los centros penitenciarios, y en concreto el de Teixeiro, tanto numéricamente como atendiendo a las características y necesidades de la población reclusa, para garantizar las condiciones de trabajo del personal y la posibilidad de alcanzar el objetivo de reinserción social en que se basa nuestro sistema penitenciario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2017.-Ricardo Antonio García Mira y Pilar Cancela Rodríguez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Página 17




161/001655

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz don Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Interior relativa a la cesión gratuita al Ayuntamiento de Ferrol del antiguo edificio de aduanas, sito en la Avenida de la Marina s/n de Ferrol (A Coruña).

Exposición de motivos

El Ministerio del Interior tiene desocupado y en el más absoluto abandono el inmueble procedente de la Guardia Civil, utilizado antiguamente como Administración de Aduanas de Ferrol, situado en la Avenida de la Marina s/n, con vuelta a c/ Cristo, en el Puerto de Curuxeiras (Ferrol).

Tampoco existe previsión de que el Ministerio de Interior vaya a afectar o explotar dicho inmueble en el futuro.

El Gobierno, en respuesta enviada a la Diputada del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre esta cuestión afirma que el mencionado inmueble ha salido a subasta pública el pasado 12 de septiembre de 2016, quedando ésta desierta por falta de licitadores. Así, y según indica el Gobierno en su escrito, el referido bien se encuentra actualmente en la situación de "inmueble en venta", y está tasado en 280.674 euros.

La demanda unánime de la ciudad es que este espacio sea cedido de manera gratuita al Ayuntamiento de Ferrol, para que sea la administración local quien pueda darle uso como dotacional público.

En la actualidad este edificio está sin uso y abandonado por la Administración Pública del Estado y cuya continuación en ese estado lo único que reporta es daños a la propia estructura del inmueble y la pérdida de un recurso a una ciudad que lo necesita.

Y todo parece indicar que será así, ya que en la mencionada respuesta del Gobierno, el Ejecutivo del PP afirma que "en el momento actual no hay prevista la ejecución de actuaciones tendentes a la conservación del edificio", a pesar que es su obligación tal y como se indica en el artículo 129 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas:

129.1 "La conservación de los bienes y derechos de dominio público compete al ministerio u organismo público al que se encuentren afectados o adscritos, o al que corresponda su administración".

Asimismo, la citada Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas establece en su artículo 145.1:

145.1. "Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado cuya afectación o explotación no se juzgue previsible podrán ser cedidos gratuitamente, para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia, a comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública".

Por lo tanto, al contrario de lo que afirma el Gobierno en el escrito remitido a la Diputada Yolanda Díaz Pérez en el que se indicaba que el edificio referido "no podía ser objeto de donación o cesión gratuita", existe cauce legal para proceder a la cesión gratuita del inmueble al Ayuntamiento de Ferrol, tal y como se lleva demandando desde la ciudad departamental desde hace tiempo.

Por lo señalado, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo las obras de mantenimiento y acondicionamiento necesarias del inmueble procedente de la Guardia Civil, utilizado antiguamente como Administración de Aduanas de Ferrol, situado en la Avenida de la Marina s/n, con vuelta a c/ Cristo, en el Puerto de Curuxeiras (Ferrol), para evitar su progresivo deterioro.


Página 18




2. Iniciar los trámites para la cesión gratuita del inmueble procedente de la Guardia Civil, utilizado antiguamente como Administración de Aduanas de Ferrol, situado en la Avenida de la Marina s/n, con vuelta a c/ Cristo, en el Puerto de Curuxeiras (Ferrol), al Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001662

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre dotar de cobertura de forma inmediata a la plantilla de Guardias Civiles en el Cuartel de Isla Mayor (Sevilla), para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La carencia de efectivos en la Guardia Civil está afectando, de manera muy especial, a determinados territorios donde la falta de cobertura de la plantilla llega, en ocasiones, a representar de manera efectiva, la mitad de la que determina el catálogo de activos, con la gran incidencia que esto provoca en la seguridad ciudadana y en la tranquilidad de las personas que se ven afectadas de manera directa.

Esta es la situación de Isla Mayor en la provincia de Sevilla, un rico municipio, con alrededor de 6000 vecinos, gente honrada y trabajadora. Tiene el mayor arrozal de España y el segundo de Europa. Sus 38.000 hectáreas dedicadas a este cultivo en el Bajo Guadalquivir conforman un vasto terreno de marismas tres veces superior a la de la Comunidad Valenciana. En Isla Mayor nacieron variedades únicas de este cereal como el "puntal". Las 340.000 toneladas al año de producción de arroz o los 20 millones de facturación del cangrejo rojo, que convierten a Isla Mayor en el tercer productor y el segundo exportador mundial de este crustáceo. Luego la base de la economía isleña es el arroz y el cangrejo rojo.

Los motores económicos de los isleños están pues ligados al entorno: el arroz, el cangrejo y las campañas agrícolas, preferentemente la de la fresa onubense. Hay fechas en las que roza el pleno empleo.

Sin embargo este municipio de gente trabajadora, ha sufrido en tiempos anteriores y está sufriendo, el peligro y daño que le reporta el tener unas condiciones geográficas que han sido utilizadas como vía de entrada para el narcotráfico. Son varias las operaciones contra esta lacra que han tenido que desarrollarse en el entorno y bien saben los cuerpos de seguridad del estado que el lugar constituye un punto caliente que requiere un especial esfuerzo de vigilancia y control.

Un mes y medio después de la operación antidroga desarrollada en Isla Mayor (Sevilla), el Cuartel de la Guardia Civil cierra días alternos porque no tiene efectivos suficientes para dar un servicio diario a un municipio de alrededor de 6.000 habitantes. La situación es tal, que cuando la Guardia Civil lleva a cabo actuaciones especiales como controles de seguridad en el municipio ribereño, tienen que desplazarse agentes de otras localidades para respaldar a una plantilla reducida a la mitad.

La falta de efectivos de la Guardia civil no es exclusiva de este municipio, ya que son muchos los municipios andaluces que en los últimos cinco años están sufriendo las consecuencias, como el aumento de los robos y mayor inseguridad ciudadana, por la merma de efectivos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero esta carencia de efectivos, que es grave en todo caso, es especialmente relevante en uña localidad cuya situación geográfica, en la orilla del río Guadalquivir, favorece las condiciones terrestres para ser una de las entradas principales del hachís a la península y por ende a Europa. Una ubicación que ha atraído a los traficantes, que emplean el municipio como base de descarga de los cargamentos que remontan el Guadalquivir.

En esa vía de agua hay varios embarcaderos rudimentarios que disponen de un camuflaje perfecto entre los cañaverales que crecen a ambos lados. No tiene nada que ver con los sofisticados narcoembarcaderos que se han construido en otros lugares, sin embargo el lugar como escondite de alijos es idóneo.


Página 19




El Alcalde de Isla Mayor, mantuvo una reunión en enero con el Subdelegado del Gobierno, Ricardo Gil-Toresano, quien le prometió que buscarían una solución al haberse quedado insuficientemente dotado el cuartel.

Según declaraciones del Subdelegado del Gobierno, Ricardo Gil-Toresano, la Guardia Civil ha iniciado el proceso administrativo para que los cuatro agentes que están separados de sus cargos ahora, cesen en el destino y dejen vacantes esos puestos en el cuartel isleño. Asegurando que mientras, los servicios se realizan con normalidad a través de los agentes de reserva de la Compañía que se envían en coyunturas de reducción de personal.

Pero la indignación y preocupación de los vecinos de Isla Mayor, se acrecienta aún más cuando ven que el cuartel de la Guardia Civil de su municipio continúa abriendo solo en días alternos, por la falta de agentes.

La realidad a fecha de hoy es que la seguridad del pueblo recae principalmente en la Policía Local que ofrece un servicio 24 horas, con el consiguiente gasto para las arcas públicas municipales, lo que supone un gran esfuerzo económico para el municipio al asumir trabajos de competencias estatales en materia de seguridad, que se traduce en un sobrecoste de horas extraordinarias y servicios nocturnos.

El Grupo Parlamentario Socialista entiende que el Gobierno debe dar respuesta inmediata a este grave problema y no dejar a los pueblos abandonados a su suerte, haciendo dejación de competencias que le son propias, como es la seguridad y lucha contra el narcotráfico, ya que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no la Policía Local quien tiene que desarrollar esta complicada tarea.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que atendiendo las especiales circunstancias que han llevado a la grave insuficiencia de efectivos, de forma urgente proceda a adoptar las previsiones necesarias para dotar los efectivos suficientes de la Guardia Civil al destacamento de Isla Mayor, de manera que el Cuartel pueda desarrollar sus funciones y prestar sus servicios todos los días del año como se ha venido realizando por la Guardia Civil y además poder hacer frente de manera eficaz al control de los peligros que supone las peculiares circunstancias geográficas de este municipio y que le hace ser vulnerable como punto de narcotráfico."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.-Juana Amalia Rodríguez Hernández y Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Defensa

161/001617

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover el acceso a la condición de permanente de los oficiales de complemento de las Fuerzas Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

De acuerdo con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, reguladora de la Carrera Militar, los militares de complemento son aquellos oficiales que, tras superar un proceso selectivo de concurso oposición y pasar un período de tiempo en las Academias militares, establecen su relación de servicios profesionales mediante compromisos de carácter temporal para atender necesidades específicas de las Fuerzas Armadas. En total, y desde el año 1942 al 2001, se han formado como oficiales y suboficiales de milicias de tierra, mar y aire, más de un cuarto de millón de universitarios españoles, dando muchos de ellos su vida en el ejercicio de sus funciones. Se trata por lo


Página 20




tanto de una figura con gran arraigo en nuestras Fuerzas Armadas, y que ha aportado un gran valor público desde su nacimiento hasta nuestros días.

Ha sido una constante en los últimos años el reconocimiento de la condición de permanente a los militares de complemento, bajo distintos sistemas, según la ley reguladora vigente en cada momento. Así, bajo el paraguas de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, a su entrada en vigor todos los militares de complemento adquirieron la condición de permanente sin tener que superar ningún proceso selectivo. Al comienzo de la vigencia de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, sobre Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, se posibilitó la adquisición de la condición de permanente a los militares de complemento con titulación de Cuerpos Comunes.

Con la vigente Ley 39/2007 de 19 de noviembre de la Carrera Militar, se contemplan dos sistemas para adquirir la condición de permanente, como son la promoción interna y el concurso oposición.

Por lo que se refiere a la promoción interna en las plazas que reglamentariamente se publiquen anualmente, esta vía requiere tener en consideración la limitación de edad (treinta y siete a cuarenta años dependiendo de la oposición) así como el límite en el empleo (solo se puede realizar con el empleo de teniente, no permitiéndose con un empleo superior) con lo que un gran número de efectivos tienen restringida esta vía. Además, con la implantación del sistema de promoción interna de la Ley de la Carrera Militar, solo pueden acceder a la condición de carrera por esta vía un número muy limitado de oficiales, con unos grados, licenciaturas o ingenierías muy limitados, que no corresponden a las titulaciones requeridas de inicio para acceder a la condición de militar de complemento.

La segunda opción es acceder a una relación de servicios de carácter permanente mediante concurso-oposición a las plazas que reglamentariamente se publiquen. Esta opción presenta el inconveniente de que la provisión de plazas ofertadas hasta la fecha para acceder a esta condición es claramente insuficiente, no solo para las necesidades reales de las unidades, sino para el personal que desea optar por este instrumento.

En definitiva, se trata de un contingente de militares inferior a los ochocientos efectivos que accedieron a las Fuerzas Armadas tras superar un proceso selectivo de concurso oposición, que han sido calificados como críticos por el Ministerio de Defensa, es decir, esenciales en sus unidades, que desarrollan una prestación mediante un compromiso temporal, y a los que se les ofrece la posibilidad de adquirir la condición de permanentes bajo dos fórmulas muy limitadas y estrechas que impiden a la mayor parte de ellos, hacer lo que desean, o sea, continuar sirviendo a la Patria mediante una relación activa indefinida de carácter permanente.

A pesar del hermetismo inicial de la propia Ley 39/2007, esta misma norma en el punto 7 de la disposición transitoria quinta, según la redacción añadida por la Ley 46/2015, de 14 de octubre, habilita al Gobierno para que, una vez analizadas las necesidades específicas de las Fuerzas Armadas, dotar las plazas necesarias para facilitar la permanencia de los militares de complemento. Y lo cierto es que todas las plazas ya ocupadas por este personal de carácter temporal, son necesarias para el desarrollo de los cometidos de seguridad nacional y los previstos en el planeamiento militar.

Se deduce, pues, lo siguiente. En primer lugar, no hay un impedimento legal para que el Gobierno promueva la consolidación de los Oficiales de Complemento. Y En segundo lugar, existe una necesidad de cuadros medios de empleo teniente/capitán, que son los que ocupan los militares de complemento, dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas y la norma permite que todo aquel oficial de complemento que así lo requiera pueda acceder a la condición de militar de carrera.

Por todo lo anterior, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Promover las acciones oportunas que permitan a todos los actuales militares de complemento con más de diez años de servicio, adquirir la condición de permanente en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro o hasta que voluntariamente manifiesten su voluntad de pasar a la reserva, según normativa, de acuerdo al párrafo cuarto del apartado séptimo de la disposición transitoria quinta de la Ley de la Carrera Militar y sin ningún tipo de limitación por razón de empleo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2017.-Francisco Javier Cano Leal, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Página 21




161/001631

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez y el Diputado y Portavoz don Antón Gómez-Reino Varela, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, solicitando la investigación por parte del Protectorado de Fundaciones de las actividades presuntamente ilícitas realizadas por la Fundación Francisco Franco, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

La Fundación Francisco Franco ha enviado una carta a 355 alcaldes en la que les ofrece asesoramiento y asistencia legal para que no tengan que aplicar la Ley de la memoria histórica que obliga a retirar los símbolos franquistas de las calles y edificios públicos.

En la carta, la fundación pone a disposición de esos regidores "un equipo de abogados con experiencia, riguroso, externo, independiente y a bajo coste para asesorarle, con la garantía de que triunfará el derecho sobre la barbarie, la historia sobre su borrado, la civilización sobre el odio iconoclasta".

El vicepresidente de la fundación, Jaime Alonso, quien firma el escrito, asegura que los ayuntamientos que se niegan a aplicar la "mal llamada" ley de la memoria histórica "hacen lo correcto en tanto en cuanto un tribunal, mediante sentencia firme, no le obligue a ello".

La Fundación Francisco Franco incluye algunas razones por las cuales los alcaldes no deberían "ceder" ante quienes quieren "legitimar su pasado y deslegitimar todo lo demás: la transición, la monarquía y la derecha que gobierna más o menos acobardada y sin referente ideológico".

A juicio de esta entidad, la ley de la memoria histórica tiene como propósito que "ganen la guerra los que perdieron hace 80 años, sin importar la verdad, la historia o el daño que pueda provocar en la democracia ese falseamiento de la historia".

La ley obliga a retirar de los espacios públicos escudos, placas u otros objetos de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.

El artículo 34 de la Constitución española reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley, estableciendo su artículo 22.2, por remisión de aquel, que las fundaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

Evidentemente ninguna fundación puede dedicarse a promover el incumplimiento de la legalidad vigente impunemente.

De acuerdo a la Ley de Fundaciones corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y a los patronos desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal, respondiendo solidariamente frente a la fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo. Los patronos cesarán en su cargo, entre otros motivos, cuando una resolución judicial declare que no han desempeñado el cargo con la diligencia legalmente exigible o acoja la acción de responsabilidad por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, pudiendo ser acordada cautelarmente por el juez su suspensión cuando se entable contra ellos la acción de responsabilidad.

La misma ley establece que el Protectorado velará por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones, encontrándose entre sus funciones la de velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo con la voluntad del fundador y teniendo en cuenta la consecución del interés general, así como verificar si los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a los fines fundacionales.

En este sentido, el Protectorado está legitimado para impugnar los actos y acuerdos del Patronato que sean contrarios a los preceptos legales o estatutarios por los que se rige la fundación y para ejercitar la correspondiente acción de responsabilidad de los patronos por la realización de actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, así como para instar el cese de los patronos por no desempeñar el cargo con la diligencia que les resulta legalmente exigible.

Además, si el Protectorado advirtiera una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, requerirá del Patronato la adopción de las medidas que estime pertinentes para la corrección de aquella y, si el requerimiento no fuese atendido en plazo, podrá solicitar de la autoridad judicial que acuerde la intervención temporal de la fundación asumiendo, en caso de que la intervención de la fundación


Página 22




fuese autorizada judicialmente, todas las atribuciones legales y estatutarias del Patronato durante el tiempo que determine el juez.

En última instancia, si el Protectorado encontrase indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de una fundación, dictará resolución motivada, dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente.

Tras la entrada en funcionamiento, el día 2 de diciembre de 2015, del Protectorado único de Fundaciones de competencia estatal en virtud del Real Decreto 1066/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se concentran en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte todas las funciones de protectorado de las fundaciones de competencia estatal, con la única excepción de las fundaciones bancarias.

Por todo ello, se formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dicte las instrucciones pertinentes para que, por parte del Protectorado único de Fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en cumplimiento de las funciones que legalmente tiene encomendadas de velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones, se abra una investigación sobre el funcionamiento de la Fundación Francisco Franco y:

1. Constatada la existencia de indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de la fundación, dicte resolución motivada, dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente.

2. Impugne todos aquellos actos y acuerdos del Patronato que sean contrarios a los preceptos legales o estatutarios por los que se rige la fundación, en particular el envío de cartas ofreciendo asesoramiento legal a aquellos ayuntamientos que se niegan a cumplir la Ley de memoria histórica y solicite de la autoridad judicial que acuerde la intervención temporal de la fundación asumiendo, en su caso, todas las atribuciones legales y estatutarias del Patronato durante el tiempo que el juez determine, por existir una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada.

3. Ejercite la correspondiente acción de responsabilidad de los patronos por la realización de actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, instando su cese inmediato."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001637

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley por la que insta al Gobierno a reconocer en el plazo no superior a cuatro meses el periodo de formación a efectos de antigüedad (trienios) al Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

El Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar se creó por Orden del 31 de julio de 1941, mediante el Reglamento del Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar (D.O. número 172/5 de agosto de 1941). Posteriormente se crea el Real Decreto 2808/1977, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Especial de Damas Auxiliares de Sanidad Militar. Constituyeron, hasta 1988, el único colectivo femenino dentro del Ejército español.

El acceso al Cuerpo se llevaba a cabo de la siguiente manera: anualmente, la Dirección de Enseñanza del Ejército de Tierra convocaba los cursos para el ingreso en la Agrupación de Damas de Sanidad. Una


Página 23




vez superadas las pruebas de ingreso, se iniciaba el periodo de formación teórico-práctico de dos años (igual en duración que el impartido en la Academia General Básica de Suboficiales) en los distintos Hospitales Militares, bajo la supervisión de las Inspectoras y Subinspectoras del Cuerpo, que eran a su vez las Directoras de las Escuelas de Damas. El profesorado era nombrado por la Dirección de Sanidad a propuesta de los Directores de los Hospitales y su nombramiento se publicaba en el Diario Oficial. Al superar el periodo de formación, las aspirantes eran nombradas Damas Auxiliares de Sanidad Militar, haciéndoseles entrega de Diploma acreditativo y de Insignia del Servicio, y pasando a formar parte de la Agrupación de Damas de Sanidad Militar.

La Sanidad Militar fue unificada por la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional como Cuerpo Común de la Defensa en 1990. En consecuencia, se creó el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (en adelante ISFAS), los Escalones Médicos Avanzados y la participación en las misiones en el exterior en cumplimiento de compromisos internacionales. Esto supuso la desaparición del Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar. En el año 1996 se creó la Inspección General de Sanidad y, posteriormente, la Escuela Militar de Sanidad. En 1999, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, tuvieron lugar varias reuniones entre representantes del Ministerio de Defensa y la Inspección de Sanidad con el fin de considerar la integración de las Damas Auxiliares de Sanidad Militar como Reservistas Voluntarias (en adelante RRVV). Se acordó que podrían optar a las plazas de RRW siempre que acreditasen los niveles educativos exigidos por la Ley.

Reiteradamente, desde la década de los noventa del pasado siglo XX, miembros del Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar han solicitado al Ministerio de Defensa el reconocimiento del periodo de formación a efectos de antigüedad (trienios). Especialmente, esta reclamación se ha elevado por las Damas desde la publicación de la Sentencia 61/2008 del Juzgado de lo Social número 1 de Melilla, en relación a los Autos 566/2007 en los que varias Damas demandan al Ministerio de Defensa en orden a obtener el citado reconocimiento. En la sentencia se declara "como tiempo de servicios prestados a efectos de percepción del complemento de antigüedad (trienios) los servicios prestados como Dama Auxiliar de Sanidad Militar", condenando al Ministerio de Defensa. Además, algunos Directores de hospitales militares como el de Valladolid, han certificado el periodo de formación de Damas que prestaban servicios en sus hospitales, siendo posteriormente reconocidos estos periodos de formación por la Subdirección de Personal Civil.

Siguiendo la estela de lo anterior, muchas otras Damas han solicitado al Ministerio de Defensa el reconocimiento del periodo formativo a efectos de antigüedad (trienios), aportando para ello sus certificados de los cursos de formación realizados, desestimándose las peticiones por entender que "durante el periodo de formación, el personal seleccionado para el mismo tenía la consideración de alumno y no de trabajador, aunque esporádicamente pudiera efectuarse alguna forma de prestación de servicios para desarrollar su formación". No obstante, a cualquier militar o civil, siempre que sea varón, que haya desempeñado una formación similar a la de las Damas (como se indicaba previamente en el caso de los suboficiales) o que haya realizado el Servicio Militar Obligatorio durante el periodo en que este estuvo vigente, se le reconoce a efectos de antigüedad y de vida laboral siempre que lo solicite, creándose un agravio comparativo hacia el Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar basado, aparentemente, en su condición de mujeres en el ámbito del Ejército español.

Si bien, incluso el pasado año 2016 se ha reconocido a las mujeres que realizaron el Servicio Social (noventa días mínimos), instaurado en 1937 por el general Franco, considerándolo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como equiparado al Servicio Militar Obligatorio y a la Prestación Social Sustitutoria y se considera como periodo cotizado a la Seguridad Social a efectos del cómputo establecido para el cobro de la jubilación. Se invoca en el pronunciamiento del Tribunal vasco, como único precedente, una sentencia emitida en el mismo sentido por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en septiembre de 2014.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Reconocer en el plazo no superior a cuatro meses el periodo de formación a efectos de antigüedad (trienios) al Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar.


Página 24




- Reconocer al Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar su periodo de formación a efectos de antigüedad (trienios).

- Establecer los cauces necesarios para que las integrantes en activo, en reserva o en retiro del Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar realicen las solicitudes pertinentes para obtener el antedicho reconocimiento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-Zaida Cantera de Castro, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/001614

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover la negociación de un convenio colectivo único para la empresa Navantia, que incluya a la totalidad de la plantilla, y muy especialmente al colectivo de técnicos superiores, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.

Exposición de motivos

Navantia, empresa pública española de construcción naval civil y militar, nació en 2005 como resultado de la segregación de los activos de la empresa pública Grupo IZAR que, a su vez, surgió de la fusión de Astilleros Españoles S.A. (AESA) con la Empresa Nacional Bazán.

En 1947 el Estado tomó el control de los arsenales militares, formalizados en la Empresa Nacional Bazán, con el propósito de aplicar tecnologías extranjeras en la construcción naval militar. Desde ese momento, la E.N. Bazán fue evolucionando hacia la creación de proyectos navales propios, merced a la alta cualificación y especialización de su plantilla. Especial relevancia tiene la creación de la Unidad de Sistemas FABA, a partir de finales de los años 80, para la gestión y desarrollo de la tecnología militar a bordo de los buques.

La irrupción de FABA supone un cambio en la estructura de la plantilla, con la contratación de licenciados, ingenieros, etc., conocidos como técnicos superiores dentro de la empresa, que hasta entonces eran un número reducido, pero que comenzaban a ganar peso en la empresa.

Por su parte, AESA, empresa naval española surge en 1969 como fusión de astilleros privados y con el objetivo de competir en la construcción de grandes buques petroleros. En julio de 2000, AESA se fusiona con la Empresa Nacional Bazán, dando lugar a IZAR. Navantia, nacida como la rama de construcción naval militar de IZAR, pronto asumió también la rama de construcción naval civil de IZAR, que pasó a liquidación.

De este proceso de fusión surgió una heterogénea plantilla con diferentes condiciones laborales que, supuestamente, debían confluir en un convenio único que homogeneizase dichas condiciones. Por un lado nos encontramos al personal laboral procedente de AESA, con un convenio colectivo para la totalidad de la plantilla proveniente de los astilleros civiles, en los diferentes centros de trabajo. Por otro lado el personal procedente de la Empresa Nacional Bazán, dividido en personal sujeto a convenio colectivo y en personal excluido del mismo, que son los Técnicos Superiores (TT.SS.). Esta diferenciación, hace años, pudo tener su justificación, pero debido al incremento de la complejidad de los proyectos y tareas a realizar en la empresa, este colectivo ha elevado su número en la compañía haciendo necesaria la regulación de sus condiciones laborales.

Los mercados de nuevas tecnologías en los que se desenvuelve Navantia, donde la innovación y la continua formación suponen una necesidad constante, implican la urgencia de una adecuada gestión de los Recursos Humanos, muy especialmente en aquellos empleados que ostentan el conocimiento y la responsabilidad.


Página 25




Desde el año 2001, se abrió una mesa de negociación que no ha sido capaz de conseguir esta unificación de las condiciones laborales, creando una degradación en las condiciones laborales de los Técnicos Superiores de los astilleros militares, garantes del conocimiento y de la formación dentro de la empresa y sobre cuyo trabajo recae la responsabilidad de los proyectos.

Esta compleja diferenciación de condiciones laborales ha enrarecido el ambiente laboral hasta el punto de crear una conflictividad indeseada, especialmente en el colectivo de técnicos superiores no sujetos a convenio colectivo, que está afectando la buena marcha de la compañía. No son tan solo las diferencias en los beneficios sociolaborales entre los trabajadores, sino también la disparidad y falta de criterio a la hora de establecer una adecuada carrera profesional y bandas salariales en los técnicos superiores.

Toda esta desorganización en relación a la gestión de RRHH de la compañía, y muy especialmente del colectivo clave en el desarrollo y evolución de la empresa, como son los Técnicos Superiores, supone no solo un grave perjuicio para el funcionamiento de la compañía, sino también un foco de dudas en cuanto a la transparencia de la gestión de estos RRHH. No es lógico que una empresa pública, del tamaño de Navantia, con 5.500 trabajadores, deje a un 10 % de su plantilla, precisamente los que ostentan el conocimiento y la formación, sin una regulación en sus condiciones, provocando su desmotivación, ante la falta de regulación por escrito de sus condiciones, la ausencia de un plan de formación y, sobre todo, de un plan de carrera.

La situación actual en el colectivo de TT.SS. procedentes de la antigua Bazán, es el resultado de una carencia de políticas de gestión por parte de Recursos Humanos desde el año 2001. La ausencia de promociones profesionales, junto con la falta de conceptos como antigüedad, complementos por desempeño de tareas de mayor responsabilidad, por formación, entre otros, ha derivado en un estancamiento profesional y salarial del colectivo, que hace compleja la motivación del mismo.

Si queremos mantener Navantia a la vanguardia de las grandes empresas tecnológicas europeas debemos conseguir un cambio en la gestión de su mayores activos, los Técnicos Superiores. Es esencial una política de Recursos Humanos transparente y clara, en la que no exista la actual incertidumbre respecto al futuro profesional y donde se premie y fomente la formación y la responsabilidad.

La gestión de RR.HH. de Navantia, hasta la fecha, no se corresponde con el grado ejemplaridad que los españoles esperan de una empresa pública. La última prueba de ello ha sido la impugnación definitiva del IV Convenio Colectivo de Navantia en noviembre de 2016 por parte del Tribunal Supremo (sentencia 1011/2016).

El Tribunal Supremo deja claro que el Comité Intercentros que firmó el Convenio, no ostentaba la representación de los trabajadores ni tenía la legitimidad ni para negociar, y que la Dirección de la Empresa conocía "el cúmulo de irregularidades que se han venido sucediendo a lo largo de la negociación del citado Convenio" y por tanto no obró de buena fe.

Por último, se recoge en esta Proposición no de Ley la moción consecuencia de interpelación aprobada en el Pleno del Senado del día 8 de febrero de 2017, con el apoyo de los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto, por iniciativa del Sr. D. Francisco Javier Alegre Buxeda, Senador de Ciudadanos integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, para impulsar un plan industrial, financiero y laboral para Navantia.

Por todo lo anterior, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Adoptar las medidas necesarias para la apertura, con carácter de urgencia, de la negociación de un convenio colectivo único para toda la compañía, que incluya a todos los empleados de la empresa pública Navantia, y muy especialmente al colectivo de técnicos superiores no recogidos en ninguno de los actuales convenios colectivos.

Garantizar una gestión ejemplar de Navantia, que promueva el talento con el desarrollo de una política de Recursos Humanos basada en los principios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad.

Impulsar el plan estratégico de la compañía Navantia, que contemple y defina las actividades estratégicas para la misma, tanto en la construcción naval como en los mercados donde ya orienta su diversificación, que definan los recursos que para ello se necesitan, así como los precisos para realizar un plan de inversiones en I+D+i y definir las necesidades de la plantilla que permitan su rejuvenecimiento y


Página 26




su cualificación profesional, manteniendo las retribuciones salariales acordes a esa cualificación, y respetando el marco establecido en la Ley General de Presupuestos del Estado vigente. Además se seguirá avanzando en los proyectos en marcha para atender las necesidades de la Armada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2017.-Francisco Javier Cano Leal, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/001651

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Manuel Villegas Pérez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la revisión de los cuadros de exclusiones médicas en las ofertas públicas de empleo, para su debate en la Comisión Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) señala en su artículo 55 que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La misma norma también señala que serán las administraciones Públicas, quienes seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos que garanticen los principios constitucionales anteriormente expresados y a adecuar el contenido de los procesos selectivos a las tareas a desarrollar en la función pública. El Estatuto también señala que para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas e, igualmente, reconocimientos médicos. Todas estas pruebas adicionales tendrían la función de valorar si el candidato posee la capacidad funcional para desempeñar la plaza a la que opta.

Sin embargo, estos criterios han sido pervertidos, de tal manera que, a día de hoy, en pleno siglo XXI, las convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso en determinados cuerpos de la administración poseen cuadros de exclusiones médicas obsoletos, que no tienen en cuenta el avance de los tratamientos para determinadas patologías para el desempeño de la actividad en estos cuerpos, y que supone una clara barrera de acceso y discriminación hacia ciudadanos perfectamente aptos para desempeñar estas funciones.

A día de hoy, existen convocatorias de plazas de empleo públicas en las que patologías o afecciones perfectamente controladas con los tratamientos existentes son causa directa de exclusión para el acceso a determinados cuerpos funcionariales, sobre todo, en aquellos relacionados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ejemplo, en la última Orden de la Dirección General de la Policía, por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, se recogen como exclusiones definitivas dolencias que, en sus grados inferiores, no ponen en riesgo la capacidad funcional para desempeñar esta tarea: úlcera gastroduodenal, hipertensión leve, psoriasis, eczemas, diabetes, enfermedades transmisibles, entre las que se encuentra el VIH, etc.

En la Orden por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias de junio de 2016, se recogen también patologías o afecciones similares para limitar el acceso de los candidatos: Diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal crónica, elevación de las transaminasas hepáticas (GOT, GPT, GGT), junto con aumento del VCM, por encima de las cifras normales de referencia o enfermedades transmisibles.

Son solo dos ejemplos de las exclusiones automáticas para el acceso a diferentes cuerpos funcionariales.

En relación a estas exclusiones automáticas, en 2015, la Sección Séptima de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resolvió que no se puede excluir de un proceso de


Página 27




selección a un candidato fijando como filtro requisitos que no guarden relación con las funciones que tendría que desempeñar si accediera finalmente la plaza. Además, establece que los tribunales examinadores deben razonar adecuadamente los motivos por los que un aspirante es descartado a raíz del recurso presentado por un candidato a una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía tras ser rechazado por una patología recogida en el anexo de exclusiones médicas. El Tribunal resolvió que solo la existencia de la enfermedad no es causa suficiente para el rechazo del candidato, sino que se debe justificar la relevancia que esta puede tener en la prestación del servicio. Es decir, que no se entienda una dolencia únicamente en términos absolutos y se deben exigir, para tal efecto, un principio de proporcionalidad.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que es preciso aplicar la jurisprudencia emanada de las sentencia del Tribunal Supremo y, primero, evaluar los criterios de exclusiones médicas para el acceso a puestos en la Administración Pública, así como introducir criterios proporcionales para la exclusión de los candidatos, siendo siempre el rechazo debidamente justificado.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Revisar el catálogo de exclusiones médicas a fin de actualizar este para afecciones que realmente limiten la capacidad funcional de los aspirantes para el correcto desempeño de las actividades correspondientes.

2. Que en los procesos de selección la tenencia de las dolencias señaladas no sea causa directa de exclusión, sino que deba existir una evaluación médica que establezca criterios proporcionales de exclusión para las mismas.

3. Que los reconocimientos médicos, en caso de haberlos, sean las primeras pruebas a superar en los procesos de convocatoria para ofertas de empleo público."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.-Francisco Igea Arisqueta y Francisco de la Torre Díaz, Diputados.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Fomento

161/001609

A la Mesa del Congreso de los Diputado

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley de conexión ferroviaria del litoral de la Vega Baja, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La situación ferroviaria de la comarca alicantina de la Vega Baja presenta insuficiencias más que evidentes. La falta de una red ferroviaria que una el litoral de la Vega Baja con el resto de la provincia de Alicante supone para esta comarca pérdidas en materia de competitividad y dinamización de la economía comarcal. De esta manera, se está desaprovechando la posibilidad de conectar Torrevieja y Orihuela con, por ejemplo, el aeropuerto del Altet (quinto aeropuerto en España en materia de transporte de pasajeros).

Además, la conexión de estas dos ciudades con el aeropuerto y con el resto de ciudades del litoral valenciano supondría su vertebración, que sería un auténtico apoyo para la dinamización de la economía de la Comunidad Valenciana. Prueba de ello es el estudio del profesor de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Transporte de la UE, de la Universitat d'Alacant, Armando Ortuño, que estima las potencialidades de vertebrar el litoral en 2,6 millones de pasajeros anuales.


Página 28




Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Convocar una Mesa de expertos e instituciones (principalmente, la Generalitat Valenciana, la Diputació d'Alacant y el Ayuntamiento de Torrevieja) que analice la situación ferroviaria de la Vega Baja y proponga las obras necesarias para su mejora y correcto funcionamiento.

2. Comprometerse firmemente con la realización de las obras ferroviarias para vertebrar el litoral de la Vega Baja que en la Mesa se consensúen."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2017.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001615

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la seguridad en el Puerto de Laxe (A Coruña), para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El pasado 17 de septiembre de 2014 la Xunta de Galicia, en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Socialista de Galicia, sobre las medidas a adoptar para garantizar unas condiciones de seguridad en el Puerto de Laxe, indicaba que en una primera fase del proyecto de actuación, se llevaría a cabo un dragado en el interior del Puerto, con la finalidad de garantizar un mejor abrigo, dejando para una segunda fase el resto de las acciones contempladas en la alternativa elegida por la Comisión de Trabajo. Además, el Gobierno gallego señalaba que el ente público había iniciado ya los trámites para la contratación del proyecto técnico de dicho dragado.

A día de hoy, el puerto continúa en una situación de inseguridad que supone un grave riesgo en caso de mar bravo, dejando de ser, por tanto, refugio en el que salvar el medio de vida. Esta situación es conocida por el Gobierno de Galicia, y denunciada por la Cofradía de Pescadores y las autoridades locales, obteniéndose hasta ahora únicamente una dilatación de los plazos para adopción de soluciones.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, a la vista de la grave situación de riesgo que con marejada se produce en el Puerto de Laxe, como consecuencia de las contracorrientes y remolinos causados por el nuevo puerto comercial, adopte de forma urgente las medidas que sean necesarias para paliar la situación de inseguridad creada, ofreciendo a los marineros y sus embarcaciones un refugio fiable y adecuado, llevando a cabo las actuaciones oportunas, estableciendo los plazos y las dotaciones presupuestarias correspondientes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2017.-Ricardo Antonio García Mira y Pilar Cancela Rodríguez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Página 29




161/001618

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso del Corredor Mediterráneo, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Hace 30 años que se presentó la primera iniciativa parlamentaria sobre el corredor del Mediterráneo y hoy sigue sin acabar entre Barcelona y Valencia/Alicante y sin desarrollar de forma completa los trayectos y servicios en dirección sur a Alicante, Murcia, Almería, Granada y Algeciras.

El retraso y demora en su construcción es consecuencia de la falta de voluntad política en establecer un modelo real de movilidad territorial en toda España, y en especial para este área, de los sucesivos gobiernos, que han considerado la política de infraestructuras como moneda de cambio para conseguir apoyos electorales en lugar de favorecer y priorizar infraestructuras productivas, con alto retorno económico y social.

El resultado de esta nefasta política de infraestructuras, de esta politización extrema de las infraestructuras, salta a la vista: muchas autopistas sin coches, líneas de trenes sin pasajeros y aeropuertos sin aviones que los españoles aún tienen y tendrán que pagar.

Después de tantos años de promesas incumplidas, es hora de impulsar y acelerar la construcción del Corredor ferroviario del Mediterráneo y las conexiones con el resto de modos con centros logísticos, puertos y aeropuertos, como ejemplo de infraestructura necesaria, productiva, que responda a la demanda real de servicios y de elevado retorno social y económico, en el marco de una España productiva.

El Corredor del Mediterráneo es una infraestructura esencial, transcendental, que ha tenido en los últimos años un desarrollo inferior al del resto de los corredores de transporte radiales y que atraviesa unas Comunidades Autónomas donde se concentra el 50% del volumen de exportaciones totales de España y de su población, a parte de la generación de casi un 45% del PIB. No cabe duda de que potenciar el Corredor es potenciar las economías de las Comunidades Autónomas que atraviesa, pero también y muy significativamente de las próximas a estas y del conjunto de España.

Muchas son las razones para apostar por el corredor del Mediterráneo:

a) Favorece el comercio, las exportaciones y la competitividad. El Corredor del Mediterráneo que va desde Algeciras a Hungría, enlazando puertos, aeropuertos, personas y empresas, es especialmente necesario en la era de la globalización para facilitar el libre comercio interior, exportaciones a Europa y al mundo entero, de nuestros productos a precios más competitivos y favorecer así la competitividad de nuestras empresas y la generación de más y mejores servicios y empleos.

La finalización del Corredor convertirá a España en una plataforma continental de conexión con Europa, pero también con América del Sur, Estados Unidos y Canadá abriendo nuestra economía al mundo y venciendo las tentaciones de proteccionismo que hoy nos acechan. El corredor reforzará nuestras relaciones económicas con la UE, y diversas organizaciones de mercados comunes como MERCOSUR en América Latina, o el APTA (Acuerdo Comercial Asia-Pacífico), actuando como gran puerto intercontinental competitivo.

Se trata, pues de un eje trascendental para la economía española. Su desarrollo completo, ayudaría a cubrir de forma más sostenible, eficiente y eficaz:

- El transporte de viajeros de altas prestaciones, con reducción significativa de tiempos y la conexión más rápida de acceso a nueve aeropuertos.

- Las conexiones terrestres logísticas con los nueve puertos de titularidad estatal, entre ellos cuatro muy importantes como Barcelona, Valencia, Cartagena y Algeciras, y como nexo de unión con otros centros y zonas logísticas regionales, vitales tanto para el mercado interior como exterior.

b) Vertebra los territorios. El Corredor es una infraestructura que contribuye a unir y conectar mejor España, las personas y sus territorios, que huye de un modelo excesivamente radial de infraestructuras. Vertebra directamente, como una cremallera transversal, el territorio de las Comunidades Autónomas de


Página 30




Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Y de manera indirecta vertebra las regiones de influencia de Aragón, Castilla La Mancha y Baleares.

c) Apuesta de país por el medio ambiente y la lucha contra la contaminación. Ahora mismo las regiones españolas incluidas en el Corredor Mediterráneo cuentan con las carreteras como principal medio de comunicación con Autovías A-7 y A-48, y la Autopista de Peaje AP-7, saturadas en numerosos tramos, produciendo efectos ambientales negativos, en materia de emisiones contaminantes y de huella de carbono, que con el Corredor podrían disminuirse en casi 900.000 Toneladas de CO2 anuales. También se podría reducir la siniestralidad del tránsito de estas rutas. En total, los efectos positivos para la economía en estos aspectos de bajada de la siniestralidad y emisiones podrían ascender a unos 15.000 millones de euros en los próximos cuarenta años.

d) Genera consenso social y económico. Existe una clara y mayoritaria demanda social y empresarial que piden una infraestructura para vender sus productos de forma más competitiva y mayor rapidez en los tiempos de movilidad entre las ciudades del arco mediterráneo. Asociaciones como Ferrmed en sus estudios, han aportado que esperaban una reducción de costes de transporte para el corredor íntegro desde el sur al norte de Europa, y para el periodo 2016-2056, de las siguientes cuantías: 228.000 millones de euros en costes operativos por reducción de tiempo de transporte; y 285.000 millones en ahorro en otros costes operacionales de explotación

Cuanto más tiempo de retrasos acumula el Corredor, más efectos negativos está generando sobre aspectos importantes para la modernización de nuestro país, convirtiéndolo en ocasiones en un elemento más de reivindicaciones nacionalistas y proteccionistas, cuando nada debería tener que ver con ellas.

Desde Ciudadanos proponemos un impulso definitivo al Corredor Mediterráneo, basado en un plan racional de actuaciones a lo largo de todo su recorrido y con un calendario anual de ejecuciones y una dotación presupuestaria de inversiones realista y sostenible. En Ciudadanos consideramos que es hora de invertir de manera eficaz, que esta inversión sea transparente y que su ejecución responda a licitaciones y contratos que se atengan a los principios de legalidad, competencia y plena concurrencia, no contribuyendo a financiaciones ilegales o corrupción, ni al despilfarro de fondos públicos.

Por último, hay que decir el desarrollo técnico y tecnológico para establecer la conexión con el resto de la Unión Europea, no puede convertirse en un argumento que impida el avance del desarrollo de los servicios y las infraestructuras como se ha argumentado en ocasiones anteriores.

Con las opciones tecnológicas actuales del material rodante de viajeros y mercancías, el establecimiento de un cierto ancho de vía ferroviario en el Corredor, no debe resultar una barrera infranqueable ni para su ejecución ni para sus servicios o capacidades a establecer.

Deben, además respetarse los criterios de seguridad y operatividad de las conclusiones del "Informe de la Comisión Técnico-Científica para el estudio de mejoras del sector ferroviario" de junio del año 2014, impulsada por el propio Ministerio de Fomento.

En especial, las recomendaciones de su apartado 3.4.2. "Red de Alta Velocidad", en consideraciones sobre el análisis y programación de las líneas con tráficos compartidos de viajeros de altas prestaciones y mercancías, y 3.4.4. "Red de Ancho Mixto", sobre la limitada extensión en longitud y provisionalidad del llamado tercer carril o ancho mixto.

Por todo ello, teniendo presente la importancia estratégica que posee el Corredor Mediterráneo para la definición del modelo territorial y de movilidad y para la dinamización de la economía de España, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Contemple el desarrollo del Corredor Mediterráneo en el Pacto Nacional sobre las Infraestructuras y Transportes, por tratarse de una infraestructura estratégica para el desarrollo económico y la vertebración territorial no solo de las Comunidades Autónomas que atraviesa sino también del conjunto del país y para su conexión con el resto de Europa.

2. Presente, en cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, en el plazo máximo de un año una Estrategia Indicativa del Desarrollo, Mantenimiento y Renovación de la Infraestructura Ferroviaria de competencia estatal, en forma adecuada a los servicios y objetivos previstos, con un calendario de hitos anuales y presupuestario plurianual hasta su finalización en 2025.


Página 31




3. Refuerce las competencias de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), dotándola de una unidad específica encargada del impulso, supervisión, seguimiento y control de todos los proyectos de infraestructuras cuya financiación deba ser aprobada por el Consejo de Ministros.

En particular, la Oficina Nacional de Evaluación emitirá informe previo y preceptivo de evaluación de la rentabilidad socioeconómica de los proyectos de infraestructuras promovidos por el Ministerio de Fomento, con la finalidad de promover la transparencia, imparcialidad, eficiencia y racionalidad de la política de infraestructuras y su planificación a partir de criterios preferentemente técnicos y no exclusivamente políticos.

4. Considere de modo urgente el estudio inmediato de la priorización de actuaciones del Corredor Mediterráneo, no solo relativas a infraestructuras, sino también al material rodante, que permitan avanzar hacia la reducción tanto de tiempos de viaje como de restricciones al transporte en los trayectos de la red ferroviaria ya en servicio. A estos efectos, se estudiará como opción preferente las posibilidades del cambio de ancho en las instalaciones fijas y la rodadura desplazable en los vehículos, así como el desarrollo de tramos de nueva construcción o sus conexiones con otras líneas de la red y centros logísticos, entre ellos, los siguientes:

- La zona entre Castellón, Vandellós, Tarragona, y Barcelona, sobre todo en lo que se refiere al área de la variante de Vandellós;

- La conexión directa definitiva de alta velocidad entre Valencia y Alicante, con sus pasos por Xátiva y Villena, y la definición del paso por la conexión del nuevo nudo ferroviario que sustituye al de La Encina: el Nudo de la Teja;

- La conexión entre Monforte del Cid y Murcia;

- La conexión de la nueva línea ferroviaria entre Murcia y Almería;

- El desarrollo del tramo Antequera-Granada;

- La adaptación en gálibos y la ejecución de apartaderos de gran longitud y variantes de trazado ferroviarias desde Antequera a Algeciras;

- Las conexiones con puertos y aeropuertos a fin de promover la intermodalidad necesaria para poder impulsar el tráfico de mercancías, según se exige desde la Unión Europea;

- Las integraciones urbanas como en Barcelona-La Sagrera o Valencia-Parque Central."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-Antonio Cantó García del Moral, Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Miguel Ángel Garaulet Rodríguez y Diego Clemente Giménez, Diputados.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/001621

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en relación con la eliminación del punto negro en la A-4 Córdoba-Cuesta del Espino, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El punto kilométrico 416-418 de la A-4 denominado Cuesta del Espino es el principal punto negro en las carreteras de la provincia de Córdoba.

El número de accidentes en la Cuesta del Espino son frecuentes y las medidas que se vienen adoptando por parte del Estado, titular de la carretera, para la mejora de la seguridad vial son claramente insuficientes.

Los últimos datos aportados por la Dirección General de Tráfico sobre los accidentes en este punto negro son de 6 accidentes en el 2012, 5 accidentes en el 2013 y 5 accidentes en el 2014.

Hasta ahora se han adoptado medidas de limitación de velocidad a 80-70 kilómetros por hora, la instalación de un radar, la mejora lumínica y la reparación del firme. Los Presupuestos Generales del


Página 32




Estado, a través de SEITTSA la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, han incluido para mejora del firme de la Cuesta del Espino, 694.000 euros en el 2015 y 1 millón de euros para el 2016.

Pero la solución definitiva implica la eliminación de las peligrosas curvas que tienen el trazado de la autovía por la Cuesta del Espino. Esta solución se ha planteado por parte del Ministerio de Fomento en algunas ocasiones, integrando esta actuación en un plan de mejora de las autovías antiguas, sin embargo nunca se ha abordado.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a programar y actuar en la eliminación definitiva del punto negro con más números de accidentes en la provincia de Córdoba en la A-4 Córdoba-Cuesta del Espino."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2017.-Antonio Hurtado Zurera y María Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001622

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre ejecución de una glorieta en la intersección de la antigua N-I con la BU-945 en el término municipal de Fuentespina (Burgos), para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El acceso por carretera para entrar en Fuentespina es la carretera BU-945, a la que se accede por la antigua N-I. Los vehículos que circulan en dirección a Madrid que se quieren incorporar a la BU-945, tienen que detenerse para realizar esta incorporación, incrementando el riesgo de accidente por alcance u obligando a otros vehículos a realizar una maniobra, para salvar el obstáculo de los vehículos detenidos, que les obliga a ocupar el arcén derecho de la calzada, arcén que es habitual que esté transitado por viandantes. En muchas ocasiones la realización de esta maniobra de incorporación provoca auténticas retenciones de vehículos detenidos en la calzada a la espera de poder realizar el giro de incorporación a la BU-945.

Muchos vehículos que circulan en dirección a Irún con intención de incorporarse a la BU-945, ante la situación en que se encuentra la calzada, tienen que aminorar su velocidad lo suficiente para no forzar un giro a la derecha. De no aminorarse la velocidad, el vehículo ocupa, al realizar el giro, el carril izquierdo de la BU-945 con el consiguiente riesgo de colisión con los vehículos que se encuentran detenidos en el stop.

En la incorporación a la N-I desde la BU-945 a la salida de Fuentespina, existen también importantes riesgos para la seguridad. La escasa visibilidad del stop desde la línea que señaliza la obligación de parada de los vehículos, provoca que los conductores deban traspasarla, introduciendo parte del vehículo en la N-I para poder mejorar la visibilidad, incrementándose con ello el riesgo de colisión con los vehículos en circulación.

Por otro lado, debe de tenerse en cuenta que el tramo donde se produce la citada intersección tiene una importante afluencia de tráfico proveniente de la vecina Aranda de Duero (30.000 habitantes) y de los polígonos de Allendeduero y Milagros.

Esta intersección no es utilizada únicamente por los vecinos de Fuentespina con una población residente de 800 habitantes, sino que también da servicio a otros núcleos de población de la zona, como Fuentelcésped o Santa Cruz de la Salceda, además de ser la vía de acceso a lugares de interés natural como el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega, el pantano de Linares o el Cañón del Riaza.


Página 33




El proyecto constructivo de dicha actuación ya está redactado por la Demarcación de Carreteras del Estado en la Demarcación de Castilla y León Oriental.

Técnicos de dicha Demarcación han podido comprobar y constatar recientemente la efectividad de la instalación de la glorieta en dicha zona, como elemento singular ordenador del tráfico, garantizando una mayor seguridad a los vehículos que circulan pero también a las personas que cruzan en esa zona para acceder a las zonas verdes y al entorno de la Ermita del Padre Eterno.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a licitar y ejecutar, en el plazo más breve posible, la construcción de una glorieta en la intersección de la antigua N-I con la BU-945 en el término municipal de Fuentespina (Burgos), complementando las actuaciones que se están llevando a cabo en la A-1, N-I y A-11 en el entorno de dicho término municipal."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-Esther Peña Camarero, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001625

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la seguridad de las actividades relacionadas con trabajos aéreos, para su debate en la Comisión de Fomento.

Motivación

Los trabajos aéreos han experimentado un gran desarrollo en España en los últimos años. Las sociedades más avanzadas demandan cada vez más este tipo actividades debido a su enorme eficacia y su contribución al desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos. Las Administraciones Públicas han incrementado paulatinamente la prestación de servicios relacionados con trabajos aéreos, principalmente en extinción de incendios (LCI), transporte sanitario (HEMS) y rescate y salvamento (SAR).

Si bien es cierto que en materia de seguridad aérea se han producido importantes avances durante las últimas décadas, en las actividades relacionadas con trabajos aéreos es donde se concentra el mayor índice de siniestralidad: entre 2010 y 2015 se produjeron 58 accidentes e incidentes graves, con el resultado de 29 muertos y 25 heridos.

El importante desarrollo del sector relacionado con las actividades de trabajos aéreos no ha ido en paralelo a la mejora de las condiciones profesionales de los pilotos ni a las medidas de seguridad operacionales que deben garantizar la correcta prestación de unos servicios que exigen una alta especialización y entrenamiento continuo.

Entre las actividades de trabajos aéreos, es la lucha contra incendios quien soporta una mayor siniestralidad. El principal riesgo para los profesionales que intervienen en este tipo de operaciones proviene de los cables de las líneas de alta tensión, difíciles de identificar, bien por la distancia del tendido entre las torres, bien por su altura, bien porque las torres se encuentran escondidas entre la masa forestal o pintadas de camuflaje para evitar el impacto visual. Adicionalmente, esta circunstancia resta eficacia y efectividad a las labores de extinción. Por ello es necesario adoptar medidas que refuercen específicamente la seguridad en estas operaciones.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a exigir la señalización o balizamiento de los obstáculos de más de 30 metros de altura, así como de los cables de líneas eléctricas y el empleo de pinturas que ayuden a la visualización de las torres de alta tensión, que crucen valles y zonas de alto


Página 34




tráfico o situados en zonas de posible trabajo de mantenimiento forestal o extinción de incendios y en zonas de especial valor medioambiental, y que puedan poner en riesgo la seguridad en operaciones de trabajos aéreos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-César Joaquín Ramos Esteban y Manuel Gabriel González Ramos, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001641

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de mantenimiento de la Avenida Cardenal Cisneros de Zamora en los tramos cuya titularidad pertenece al Gobierno de España, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En el mes de agosto del año 2015, durante el transcurso de una reunión mantenida entre la Alcaldía de Zamora y la Subdelegación del Gobierno de España en dicha provincia, se acordó que la Subdelegación diese instrucciones inmediatas para el arreglo de las aceras de la Avenida de Cardenal Cisneros entre el Puente de la Autovía y la Rotonda del Sancho, cuya titularidad le corresponde.

Dichos trabajos se iniciaron con la señalización de las marcas en las aceras correspondientes con los tramos a arreglar. Con posterioridad, las labores iniciadas se suspendieron. A pesar de haberse iniciado la mejora de algunos tramos, el Ministerio de Fomento canceló rápidamente el resto de actuaciones que tan buena acogida habían tenido entre los vecinos de la capital zamorana.

Desde el Ayuntamiento de Zamora se ha vuelto a reiterar a la Subdelegación del Gobierno la urgente necesidad de acometer los arreglos pendientes dado el mal estado del firme y el consiguiente peligro que esto supone para los ciudadanos, que ya han tramitado numerosas reclamaciones al respecto.

Dada la inacción por parte del Ministerio de Fomento, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Zamora aprobó el pasado 31 de enero una moción recogiendo dicha necesidad y trasladándola al Gobierno de España que es a su vez inspiradora de esta Proposición no de Ley.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a completar con carácter de urgencia un programa periódico de mantenimiento de las aceras de la Avenida de Cardenal Cisneros de Zamora en los tramos cuya titularidad pertenece al Gobierno de España con el fin de reducir el actual abandono y la situación de peligrosidad que sufren los ciudadanos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/001643

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa al enlace del municipio de Rivas con la M-50.


Página 35




Exposición de motivos

La quinta vía de circunvalación madrileña, conocida como M50, inició su proceso de construcción en el año 1990, concluyéndose su último tramo construido hasta la fecha en el año 2007.

Este último tramo, que transcurre entre la autovía de valencia A-3 y la vía de circunvalación autonómica M-45, podría contar con una vía de conexión directa con el municipio de Rivas Vaciamadrid y así ha venido reclamándolo su ciudadanía desde el año 1999.

Ya entonces la Revisión del Plan de Ordenación Urbana que realizaba el consistorio ripense preveía la incorporación de un sistema de viales de entradas y salidas a dicha vía en función del crecimiento previsto para la ciudad. En coherencia con este plan, en diciembre de ese mismo año se remiten al Ministerio de Fomento alegaciones al "Estudio Informativo de la Autopista de Circunvalación Madrid M-50", en las que se estimaba que; "como mínimo debería existir un punto de enlace directo desde los desarrollos previstos en la ciudad hacia la M-50".

A pesar del consenso de todos los grupos políticos del municipio, y las diversas movilizaciones sociales que se desarrollaron, el tramo que se concluye en 2007 carecía del enlace directo con el municipio. Transcurridos diez años, lejos de disminuir la necesidad y demanda esta no ha ido más que en aumento, lo que ha llevado al consistorio local a desarrollar numerosas acciones institucionales de diálogo, movilizaciones sociales y acciones políticas; incluyendo la tramitación de enmiendas parlamentarias a los Presupuestos Generales del Estado que fueron aprobadas a pesar de lo cual, nunca se ha iniciado proceso alguno que materializara una solución real a esta demanda, ni por los gobiernos del PP ni por los gobiernos del PSOE.

Como muestra de que nunca ha bajado la demanda ciudadana de esta infraestructura, durante el pasado mes de noviembre de 2016, después de 18 años de las primeras acciones, se reinició la acción ciudadana reclamando este acceso; no es comprensible para los y las vecinas del Barrio de la Luna; zona de desarrollo Norte de Rivas al que separan 350 metros del trazado de la M-50, que la negativa constante al desarrollo de esta conexión les obligue a atravesar todo el núcleo urbano para llegar a la A-3, ni es comprensible para el conjunto de la ciudadanía ripense este trato desigual que reciben en relación con otros municipios de la región que, aún con muchos menos habitantes y con múltiples conexiones con otras vías tiene acceso directo a la M-50.

El desarrollo de esta infraestructura además de cubrir las necesidades de movilidad del municipio de Rivas, supondría un alivio sustancial del tráfico rodado de la A-3, que presta servicio a buena parte de los municipios del sureste madrileño en su conexión con el centro de la ciudad, además de ser la salida de todo Madrid hacia el mediterráneo, lo que sin duda implica un volumen de tráfico que convendría reducir.

Con anterioridad a las elecciones del 20D, el Ayuntamiento en pleno aprobaba por unanimidad moción reclamando que el Ministerio de Fomento resultante de dicho proceso electoral se comprometiera con esta histórica demanda de la ciudadanía de Rivas, con independencia del o los partidos políticos que sustentaran el futuro gobierno.

Tras la celebración de nuevas elecciones, ya en junio, y con la configuración no provisional del Gobierno del Estado, y a puertas de la elaboración de un nuevo presupuesto, el PP no solo vuelve a ignorar esta demanda, sino que además ahora pretende escurrir su responsabilidad asegurando que es responsabilidad del Ayuntamiento de Rivas la ejecución de dicha obra. Esta afirmación de los nuevos responsables de Fomento es inaceptable, falaz, o simplemente fruto de la ignorancia de un nuevo equipo ministerial.

No solo el proyecto de conexión de la M-50 ha estado en múltiples ocasiones aprobado y presupuestado por el Ministerio de Fomento, que jamás ha cuestionado su competencia y responsabilidad con este asunto, sino que incluso este ha llegado a litigar con la Comunidad de Madrid por la competencia en la ejecución de obras relacionadas con esta vía, siendo reconocido por el Tribunal constitucional que la M-50 es competencia del Estado y que por tanto ninguna otra administración puede licitar ni ejecutar obras relacionada con la misma.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"- Instamos al Ministerio de Fomento a la retirada de sus afirmaciones en relación con la obligación del Ayuntamiento en la ejecución de las vías de conexión del municipio de Rivas y la M-50, asumiendo así su exclusiva e indelegable competencia en esta materia.


Página 36




- Instamos al Ministro de Fomento y a su dirección General de Carreteras a que retomen el asunto del necesario enlace de Rivas con la M-50 iniciando las relaciones institucionales pertinentes para la inclusión de las previsiones presupuestarias necesarias para dicha obra en el presupuesto de 2017.

- Instamos al Ministerio de Fomento a garantizar que no haya más retardos en la ejecución de dicha obra comprometiendo el inicio de las mismas a lo largo del año 2017.

- Instamos al conjunto de Grupos Parlamentarios a comprometerse en sede parlamentaria con el impulso del proyecto de conexión de Rivas con la M-50 garantizando el trabajo parlamentario necesario para que sea una realidad antes de finalizar la presente legislatura."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-Tania Sánchez Melero, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea.

161/001649

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Aeropuerto de San Pablo (Sevilla) tiene un volumen anual de pasajeros de 4,6 millones y sirve a una población superior a los dos millones de habitantes que residen a sesenta minutos de su terminal. Ocupa el segundo puesto en importancia dentro del conjunto de aeropuertos de Andalucía, por el número de pasajeros que transitan por él y el sexto de la Península.

Con vuelos regulares nacionales e internacionales, el tráfico internacional del aeropuerto sevillano prácticamente iguala al tráfico nacional (un 47,2%). En la actualidad son 25 las compañías aéreas que operan en sus instalaciones.

Durante los últimos diez años ha pasado de tener un volumen anual de 3,5 millones de pasajeros, que en el año 2005 pasaron por sus instalaciones, a tener un volumen de más de 4,6 millones, lo que supone un incremento del 30%, que se prevé aumente en los próximos años.

Los cinco primeros aeropuertos peninsulares atendiendo a su volumen de pasajeros (Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante y Valencia) cuenta con una amplia oferta de transporte público, tanto de tipo viaria (red de autobuses) como ferroviaria (cercanías y/o metro). El aeropuerto de Sevilla, que como ya se ha mencionado, ocupa el sexto lugar peninsular, solo cuenta con un servicio de transporte público consistente en una línea de autobús urbano, que es la línea de autobús (Línea EA) que une Plaza de Armas con el Aeropuerto, con paradas intermedias, siendo una de ellas la de la Estación de FFCC de Santa-Justa (Cercanías + Regional Media Distancia + AVE), hecho que se hace complicado entender.

La línea de autobús (Línea EA) que une Plaza de Armas con el Aeropuerto San Pablo, con un precio de billete sencillo de 4?, tiene un recorrido de duración aproximada de 35 minutos y da servicio a setenta mil viajeros al mes, lo que arroja una cifra de aproximadamente 2.400 viajeros al día.

En los últimos años hemos conocido dos proyectos ferroviarios distintos para unir Santa Justa con el Aeropuerto de San Pablo, y ambos han sido rechazados por una u otra causa.

El Proyecto inicial de la Red de Metro de Sevilla, contemplaba una estación en el Aeropuerto de San Pablo. Con un recorrido que tomaba como punto de partida la Isla de la Cartuja, y recorría la ciudad de este a oeste con paradas tanto en la estación de trenes como en San Pablo. En el año 2004 la Junta de Andalucía suprimió del recorrido de la línea 2 de Metro la Estación del Aeropuerto.

Posteriormente, en el "Eje Ferroviario Transversal de Andalucía", el Gobierno autonómico proyectó una conexión ferroviaria entre ambas estaciones, dentro del tramo Sevilla-Antequera, pero fue paralizado el proyecto en el año 2011, en plena crisis económica, debido a la inviabilidad de acometer un proyecto que había alcanzado los 1.300 millones de euros de presupuesto.

Ante esta tesitura, el Grupo de Ciudadanos entendemos La Línea de Cercanías Santa Justa-Aeropuerto como la opción más económica y viable para la ciudad de Sevilla que las planteadas con anterioridad.


Página 37




Contemplada en el PGOU de Sevilla del año 2006, tendría una longitud total de 5.500 metros y un trazado con inicio en la curva de la línea C4, próximo a la carretera de Miraflores, que paralelamente a la autovía A4 enlazaría con el Aeropuerto de San Pablo, donde se ubicaría la nueva Estación de Cercanías.

La línea, con una frecuencia de paso de circulación de aproximadamente media hora, y una cobertura de más de 800.000 pasajeros anuales, no solo conectaría en algo más de diez minutos el Aeropuerto con la Estación de Santa Justa, sino también con Polígonos Industriales, como Calonge y Strore. Del mismo modo enlazaría con la Línea de Cercanías C4 que llega al Palacio de Congresos y a las Estaciones de Virgen del Rocío y San Bernardo, donde conectaría con el centro de la ciudad mediante el intercambiador allí ubicado (Metro-Tranvía-Cercanías-Autobuses-Bici).

Atendiendo a lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Sevilla, llevó a pleno una moción para impulsar la Conexión Ferroviaria entre la Estación de Santa Justa y el Aeropuerto de Sevilla, que fue aprobada por unanimidad en el Pleno del 25 de noviembre de 2015.

Por ello el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Contemplar la Conexión Ferroviaria entre la Estación de Santa Justa y el Aeropuerto de Sevilla en el Pacto Nacional sobre las Infraestructuras y Transportes.

2. Evaluar la rentabilidad socioeconómica y priorización de esta actuación, a través de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), modificando la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y las disposiciones adicionales de la Ley de Contratos del Sector Público, de forma que se dote de una unidad específica de seguimiento para los proyectos del Ministerio de Fomento (similar a la implantada en otros países). Esta unidad tendrá como objetivo impulsar, regular, controlar y supervisar todos los proyectos con financiación presupuestaria o extrapresupuestarios que deban ser aprobados por el Consejo de Ministros.

3. Instar al Ministerio de Fomento a la firma de un convenio de colaboración junto con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla para el estudio de la conexión ferroviaria entre la Estación de Santa Justa y el Aeropuerto de Sevilla e incluir una partida presupuestaria consecuente en los Presupuestos Generales del Estado de 2017."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez y María Virginia Millán Salmerón, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/001666

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, para que se proceda a la cesión gratuita de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre ubicados en el entorno del Puerto y Fábrica de Massó en Cangas (Pontevedra).

Exposición de motivos

El frustrado puerto deportivo de Cangas do Morrazo, situado en el ámbito de la conservera Massó Hermanos, fue una de esas obras propias de la cultura del pelotazo y un absoluto ejercicio de especulación en pleno dominio público con una finca de 16.992 metros cuadrados.

A fin de entender el punto actual de esta infraestructura que tuvo un proceso complejo, es necesario retrotraerse brevemente a los antecedentes y su evolución hasta el tiempo actual. Así comprenderemos asimismo la reivindicación del ayuntamiento de Cangas para que la Autoridad Portuaria de Vigo ceda de forma gratuita dichos terrenos al ayuntamiento y reviertan en beneficio de la sociedad canguesa.


Página 38




Debemos comenzar señalando que la operación de compraventa de la estos terrenos estuvo precedida de otra operación extraordinariamente larga y compleja, vinculada a la crisis y liquidación en los años 90 de la conservera, que sometió el conjunto del solar que ocupaban sus instalaciones -incluida la finca de dominio público marítimo-terrestre- a sucesivas hipotecas para obtener liquidez. Los embargos fueron acumulándose y los terrenos con las concesiones, subastados en diversos lotes, pasaron finalmente a dominio de los ex trabajadores de la conservera como compensación de la deuda salarial que tenían contraída.

De la escritura no había constancia en Cangas ni en la Autoridad Portuaria, y según la cofradía de pescadores, principal sector opositor al proyecto, el documento era "nulo de pleno derecho".

Todos los inmuebles, con sus derechos y cargas, fueron adquiridos después a los ex trabajadores de Massó por Conservas y Frigoríficos del Morrazo, que anunciaba su propósito de desarrollar en ellos un proyecto industrial que daría continuidad al que Massó Hermanos había iniciado en los años treinta del siglo pasado.

Sin embargo, en 2003, Frigoríficos del Morrazo presentó un "proyecto básico de remodelación y adecuación ambiental de las instalaciones portuarias de la factoría Massó para usos náutico-recreativos", que la Autoridad Portuaria sometió a información pública el 31 de julio de 2004. La cuestión es que el día anterior su consejo de administración ya había aprobado el cambio de titularidad de la concesión que ostentaba Frigoríficos del Morrazo a favor de Marina Atlántica.

El cambio de titularidad se registró ante notario en octubre de 2004 en dos escrituras distintas. En la primera no es posible concluir la superficie total que Frigoríficos fue adquiriendo a los particulares; Marina Atlántica pagó por ellos unos 580.000 euros. En la otra escritura, por la compra de los 16.992 metros de superficie del dominio público marítimo-terrestre, que Frigoríficos había comprado a los ex trabajadores de Massó por 65 millones de pesetas (unos 391.000 euros), Marina Atlántica pagó 1.127.080 euros.

De esta segunda escritura no había constancia en la Autoridad Portuaria ni en el Ayuntamiento de Cangas. Una opacidad y un oscurantismo que generó evidentes sospechas de que se ocultaba algo. Finalmente, ambas escrituras se remitieron al juzgado por Marina Atlántica, tras reiterados requerimientos.

Desde el inicio se produjo una fuerte oposición al proyecto de puerto deportivo de Massó, entre ellos el motivado por parte de la cofradía de pescadores, totalmente contraria a dicha infraestructura y pusieron de realce la serie de incongruencias existente para enfatizar lo que denominaron "chapuza administrativa y jurídica". Temían con razón que las actuaciones perjudicasen su principal modo de vida: la pesca. Sin embargo, quedó claro que el concepto de "pleno dominio" solo cabe aplicarlo a bienes raíces, como los suelos, pero no a una concesión administrativa de que se es tan solo "titular" o "concesionario".

Además, la concesión administrativa que Frigoríficos del Morrazo vende a Marina Atlántica es la que previamente había comprado a los ex trabajadores de Massó, dedicada a fines industriales pesqueros y que, en el momento de esa primera compra, ya había caducado por falta de uso. Y la siguiente incongruencia estribaba en tratar de digerir cómo una concesión administrativa caducada puede valer más de un millón de euros.

Para la cofradía de pescadores, que se implicó verdaderamente en contra de un proyecto sin sentido, la escritura era "nula de pleno derecho", cuestión suficiente para anular los expedientes derivados de su reconocimiento.

Sin embargo, a pesar de esta sucesión de despropósitos, Residencial Marina Atlántica obtuvo la concesión administrativa para la construcción y explotación del puerto deportivo en O Salgueirón, la finca antes ocupada por el complejo conservero de Massó Hermanos, en marzo de 2005. El proyecto se complementó con el desarrollo en tierra de un conjunto residencial y terciario diseñado por el arquitecto Norman Foster, arquitecto omnipresente en macro obras del gusto del PP.

El proyecto náutico fue recurrido por la cofradía de pescadores y el Foro Social ante el Tribunal Supremo por considerar que la tramitación del cambio de usos de la concesión -de industrial pesquera a náutico recreativa- incumplía los requisitos normativos imprescindibles, tanto de competencia de la Autoridad Portuaria (inexistencia de Plan de Utilización de los Espacios Portuarios) como municipal, en su variante urbanística. Frigoríficos del Morrazo incluyó los 16.992 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre en el convenio urbanístico, lo que reforzaría la tesis de la cofradía de pescadores de que los consideraba privados. Un informe de la Dirección General de Costas sobre el particular, en 2005,


Página 39




reforzó esa tesis al observar que tales terrenos de dominio público "deberán quedar excluidos" del polígono incluido en el convenio.

En 2013, y diez años más tarde, la justicia dio la razón a los pescadores y vecinos de Cangas que se manifestaron durante años en contra de la construcción de un puerto deportivo en los terrenos de la antigua fábrica de Massó. El Tribunal Supremo anuló la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que en 2009 dio la razón al Puerto de Vigo y ratificó que los opositores a aquel proyecto, ya paralizado, estaban en lo cierto cuando aseguraban que la concesión administrativa con la que contaba la promotora por un plazo de 35 años era ilegal.

El fallo del Supremo establecía que la concesión administrativa que otorgó la Autoridad Portuaria de Vigo en marzo de 2005 a la empresa Residencial Marina Atlántica, SA no se debía haber aprobado debido a que la entidad no contaba en aquel momento con un documento clave, el Plan de Usos de Espacios Portuarios, en el que se establece el tipo de actividad al que se debe destinar cada parte del recinto.

Así, el permiso a la promotora lo otorgó el Puerto vigués en un área de uso industrial sin que mediara ninguna recalificación. El Supremo anulaba así la concesión administrativa para un proyecto que llevaba aparejada una urbanización de 750 viviendas, un hotel y un centro comercial.

El masivo movimiento de oposición estuvo encabezado especialmente por los marineros que veían peligrar su modo de vida y los recursos marinos debido al impacto ambiental que tendría dicha actuación. Los trabajos para construir el puerto deportivo con 450 amarres avanzaron a duras penas por las continuas interrupciones provocadas por las protestas. Finalmente, la justicia dio la razón a los que se oponían a un proyecto fuera de toda lógica.

Después de un proceso complejo, la banca y los promotores del puerto deportivo de Massó perdieron en los tribunales en 2016 su último intento por resucitar dicho proyecto. También el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazó el recurso presentado en su momento por NCG Banco y Marina Atlántica contra la decisión del consejo del Puerto de dar por finiquitada la concesión.

Abanca, que es la propietaria actual de la antigua conservera, quería salvar el puerto deportivo del Salgueirón para revalorizar sus terrenos. Pero la Justicia no admitió la petición.

La concesión para construir el puerto deportivo fue otorgada en el 2005 por 35 años. La Cofradía de Pescadores San José encabezó la batalla judicial. El proyecto de puerto deportivo no salió adelante por la oposición de buena parte de la sociedad civil canguesa.

Una vez ganada la batalla judicial, que fundamentalmente se debió a la movilización de la Cofradía de pescadores San José de Cangas y a la sociedad civil canguesa, comenzó la batalla política.

Los vecinos y vecinas de Cangas continúan esperando que todo el conjunto de Massó pase a ser dominio municipal. Existió un lapsus de esperanza con el anterior Presidente de la Autoridad Portuaria que se mostró abierto y accesible a realizar dicho traspaso. Es preciso en consecuencia, que el actual responsable de la Autoridad Portuaria mantenga inexcusablemente los compromisos adquiridos, atendiendo la demanda de ceder gratuitamente los terrenos al ayuntamiento.

La solución de la Autoridad Portuaria es proceder a negociar la venta con el consistorio de Cangas, lo que resulta una desmesura para las arcas de un ayuntamiento de una localidad.

El anterior Presidente de la Autoridad Portuaria se comprometió en el año 2013 a desbloquear la cesión gratuita de los 23.500 metros cuadrados.

Aun sabiendo que existe un recurso de casación sobre la anulación de la concesión sobre el Puerto de Massó y las instalaciones anejas, no es óbice para que el actual Presidente de la Autoridad Portuaria deje de mantener los compromisos adquiridos por la anterior Ministra de Fomento, Ana Pastor, y el ex Presidente de la Autoridad Portuaria.

En consecuencia, consideramos que no es adecuado configurar esta operación como un negocio o como una mera fuente recaudatoria. En cambio, sería muy positivo que se cumpliese la promesa de ayudar a promover el despegue económico y social del ayuntamiento de Cangas, garantizando la cesión gratuita de los citados terrenos de dominio público marítimo-terrestre, para que de este modo dicho espacio público se ponga al servicio del presente y futuro del pueblo de Cangas, teniendo en cuenta su posición estratégica dentro de la Ría de Vigo.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

- Ceder gratuitamente los terrenos de dominio público marítimo-terrestre ubicados en el entorno del Puerto y Fábrica de Massó en Cangas (Ponteveda) al ayuntamiento de Cangas, de forma que revierta en


Página 40




beneficio de la sociedad canguesa, sin someterlo a una operación de compra venta y aprobando una cesión gratuita entre Administraciones públicas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Antonio Gómez-Reyno Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Educación y Deporte

161/001613

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las titulaciones de ingeniero e ingeniero técnico informático, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.

Exposición de motivos

Los servicios digitales son clave para el desarrollo social y económico de un país. Además, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen un gran potencial para crear empleo. Según el Consejo de Colegios de Ingenieros Informáticos de España, en España habrá 100.000 nuevas vacantes para programadores en los próximos tres años y la mayoría no se podrá cubrir por falta de candidatos. En la Unión Europea habrá 900.000 vacantes en el campo de las TIC, de los cuales más de la mitad serán programadores y desarrolladores web.

En el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado se recoge la relación de profesiones y actividades reguladas en España, a efectos de la aplicación de dicho Real Decreto: allí se incluyen las especialidades de ingeniero aeronáutico, agrónomo, de armamento y material, de armas navales, de caminos, canales y puertos, de construcción y electricidad, de minas, de montes, de telecomunicación, industrial y naval y oceánico, así como los de ingeniero técnico en topografía, aeronáutico, agrícola, de minas, de obras públicas, de telecomunicación, forestal, industrial y naval, en las correspondiente especialidades. No se hace referencia, por tanto, ni a los ingenieros informáticos ni a los ingenieros técnicos informáticos.

A este vacío en la regulación no ha sido ajeno el Congreso de los Diputados, al menos sobre el papel. Así, por ejemplo, en febrero de 2015 la Comisión de Educación y Deporte aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley instando al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que la ingeniería informática alcanzara el mismo nivel de definición académico que el resto de ingenierías. Sin embargo, nada se ha avanzado en este campo, y el reciente borrador de actualización del Real Decreto 1837/2008 sigue sin equiparar a la informática con el resto de ingenierías.

Nos encontramos ante un agravio comparativo que afecta a unos 205.000 estudiantes y titulados en ingeniería informática e ingeniería técnica informática con respecto al resto de las ingenierías. La equiparación efectiva con el resto de ingenierías para conseguir un terreno de juego igual para todos, que garantice la seguridad jurídica y que evite la incertidumbre regulatoria y legal se hace necesaria ante una situación que debería haber sido temporal pero ante la que los sucesivos Gobiernos siempre han alegado falta de oportunidad.

Las consecuencias de esta falta de equiparación son muchas y bien conocidas: la principal desventaja es la falta de reconocimiento profesional, a la que se suman las dificultades en la movilidad internacional o su falta de homogeneidad en el conjunto de universidades españolas. En este último plano, el académico, las universidades han seguido durante los últimos años los requisitos para la verificación de las titulaciones de ingeniería informática e ingeniería técnica informática que el Consejo de Universidades aprobó en 2009


Página 41




como "recomendaciones", con la consecuencia implícita de que no conllevan un reconocimiento de las competencias profesionales.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incluir las especialidades de ingeniería e ingeniería informática en la relación de profesiones y actividades reguladas de la actualización del Real Decreto 1837/2008.

2. Estudiar, respetando la legislación y normativa vigentes, las posibilidades de definir soluciones transitorias para que la ingeniería informática tenga el mismo trato que el resto de las ingenierías hasta la actualización del Real Decreto 1837/2008.

3. Garantizar que los titulados en ingeniería informática e ingeniería técnica informática están en las mismas condiciones de reconocimiento que en otros países europeos.

4. Que, adaptando la normativa legal existente, los titulados en ingeniería informática e ingeniería técnica informática puedan obtener la tarjeta profesional europea al mismo nivel que el resto de profesiones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2017.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/001630

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Yolanda Díaz Pérez y el Diputado y Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, solicitando la investigación por parte del Protectorado de Fundaciones de las actividades presuntamente ilícitas realizadas por la Fundación Francisco Franco, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

La Fundación Francisco Franco ha enviado una carta a 355 alcaldes en la que les ofrece asesoramiento y asistencia legal para que no tengan que aplicar la Ley de la memoria histórica que obliga a retirar los símbolos franquistas de las calles y edificios públicos.

En la carta, la fundación pone a disposición de esos regidores "un equipo de abogados con experiencia, riguroso, externo, independiente y a bajo coste para asesorarle, con la garantía de que triunfará el derecho sobre la barbarie, la historia sobre su borrado, la civilización sobre el odio iconoclasta".

El vicepresidente de la fundación, Jaime Alonso, quien firma el escrito, asegura que los ayuntamientos que se niegan a aplicar la "mal llamada" ley de la memoria histórica "hacen lo correcto en tanto en cuanto un tribunal, mediante sentencia firme, no le obligue a ello".

La Fundación Francisco Franco incluye algunas razones por las cuales los alcaldes no deberían "ceder" ante quienes quieren "legitimar su pasado y deslegitimar todo lo demás: la transición, la monarquía y la derecha que gobierna más o menos acobardada y sin referente ideológico".

A juicio de esta entidad, la ley de la memoria histórica tiene como propósito que "ganen la guerra los que perdieron hace 80 años, sin importar la verdad, la historia o el daño que pueda provocar en la democracia ese falseamiento de la historia".

La ley obliga a retirar de los espacios públicos escudos, placas u otros objetos de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.

El artículo 34 de la Constitución española reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley, estableciendo su artículo 22.2, por remisión de aquél, que las fundaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.


Página 42




Evidentemente ninguna fundación puede dedicarse a promover el incumplimiento de la legalidad vigente impunemente.

De acuerdo a la Ley de Fundaciones corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y a los patronos desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal, respondiendo solidariamente frente a la fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo. Los patronos cesarán en su cargo, entre otros motivos, cuando una resolución judicial declare que no han desempeñado el cargo con la diligencia legalmente exigible o acoja la acción de responsabilidad por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, pudiendo ser acordada cautelarmente por el juez su suspensión cuando se entable contra ellos la acción de responsabilidad.

La misma ley establece que el Protectorado velará por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones, encontrándose entre sus funciones la de velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo con la voluntad del fundador y teniendo en cuenta la consecución del interés general, así como verificar si los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a los fines fundacionales.

En este sentido, el Protectorado está legitimado para impugnar los actos y acuerdos del Patronato que sean contrarios a los preceptos legales o estatutarios por los que se rige la fundación y para ejercitar la correspondiente acción de responsabilidad de los patronos por la realización de actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, así como para instar el cese de los patronos por no desempeñar el cargo con la diligencia que les resulta legalmente exigible.

Además, si el Protectorado advirtiera una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, requerirá del Patronato la adopción de las medidas que estime pertinentes para la corrección de aquélla y, si el requerimiento no fuese atendido en plazo, podrá solicitar de la autoridad judicial que acuerde la intervención temporal de la fundación asumiendo, en caso de que la intervención de la fundación fuese autorizada judicialmente, todas las atribuciones legales y estatutarias del Patronato durante el tiempo que determine el juez.

En última instancia, si el Protectorado encontrase indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de una fundación, dictará resolución motivada, dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente.

Tras la entrada en funcionamiento, el día 2 de diciembre de 2015, del Protectorado único de Fundaciones de competencia estatal en virtud del Real Decreto 1066/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se concentran en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte todas las funciones de protectorado de las fundaciones de competencia estatal, con la única excepción de las fundaciones bancarias.

Por todo ello, se formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dicte las instrucciones pertinentes para que, por parte del Protectorado único de Fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en cumplimiento de las funciones que legalmente tiene encomendadas de velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones, se abra una investigación sobre el funcionamiento de la Fundación Francisco Franco y:

1. Constatada la existencia de indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de la fundación, dicte resolución motivada, dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente.

2. Impugne todos aquellos actos y acuerdos del Patronato que sean contrarios a los preceptos legales o estatutarios por los que se rige la fundación, en particular el envío de cartas ofreciendo asesoramiento legal a aquellos ayuntamientos que se niegan a cumplir la Ley de memoria histórica y solicite de la autoridad judicial que acuerde la intervención temporal de la fundación asumiendo, en su caso, todas las atribuciones legales y estatutarias del Patronato durante el tiempo que el juez determine, por existir una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada.


Página 43




3. Ejercite la correspondiente acción de responsabilidad de los patronos por la realización de actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, instando su cese inmediato."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001663

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de un nuevo método de asignación de las plazas en las facultades de España, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

Las calificaciones en las notas de las pruebas de acceso a la universidad no son homogéneas entre comunidades autónomas, siendo las diferencias muy importantes, en particular, en el porcentaje de estudiantes con notas entre 9 y 10. Eso implica que utilizar las notas de acceso como criterio para asignar las plazas es injusto, salvo que se asuman diferencias igualmente notables en la capacidad y formación de los estudiantes de diferentes comunidades autónomas.

Esta situación tan manifiestamente desigual hace necesaria la propuesta de un criterio alternativo. Una opción, presentada en un informe del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Valladolid, consiste en normalizar las notas de acceso: se trata de un método simple y que garantiza que la probabilidad de que un estudiante acceda a una determinada facultad o grado en el territorio español sea la misma, independientemente de la comunidad autónoma donde se hayan realizado las pruebas de acceso a la universidad. Además, este método permite que cada comunidad autónoma decida el tipo de examen y su nivel de exigencia, al utilizar indirectamente las notas de acceso de todas las comunidades autónomas.

Concretamente, el criterio propuesto en el citado informe consiste en la elaboración de un nuevo índice de acceso que permitiría a los estudiantes de una determinada comunidad autónoma acceder a las plazas de facultades de su misma comunidad en el mismo orden entre sí que el que resulta utilizando las notas de acceso actuales; sin embargo, altera el orden de entrada en el resto de las comunidades autónomas y también el orden que ocupan los candidatos de otras comunidades autónomas que opten a las plazas de dicha comunidad.

Se trata, en la práctica, de utilizar el percentil que corresponde a la nota de acceso obtenida, en vez de la nota en sí misma, relativo a la distribución de las notas de alumnos aptos (o presentados a las pruebas de acceso a la universidad) de la misma comunidad autónoma.

Si se mantiene el sistema actual, la brecha entre comunidades autónomas puede hacerse cada vez más alta. Además, los responsables de las pruebas de acceso a la universidad en las comunidades autónomas se ven cada vez más presionados para obtener calificaciones que compitan con calificaciones de otras comunidades autónomas. Esta carrera hacia el abismo puede llegar a ser muy perjudicial para el sistema de evaluación y para los propios estudiantes.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un nuevo método de asignación de las plazas en las facultades de España, que garantice que la probabilidad de que un estudiante acceda a una determinada facultad o grado en el territorio español sea la misma, independientemente de la comunidad autónoma donde se hayan realizado las pruebas de acceso a la universidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Página 44




Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/001620

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a estudiar la implantación del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2017-2020, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

La lucha contra el fraude laboral ha sido y sigue siendo una prioridad para el Gobierno del Partido Popular, junto con la creación de empleo estable y de calidad, la activación para el empleo de las personas desempleadas y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

En abril de 2012 el Gobierno aprobó un Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que desplegaba una estrategia integral de actuación en la lucha contra el fraude, con medidas normativas, institucionales, de gestión y de prevención y sensibilización social.

Este Plan ha tenido unos resultados muy positivos. El impacto económico global desde su puesta en marcha es de 17.772 millones de euros en ahorros al sistema. Se han aflorado casi 420.000 empleos irregulares, 5.985 empresas ficticias, y se ha logrado la conversión de más de 253.000 contratos indebidamente temporales, en indefinidos.

Debemos destacar el papel jugado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en este balance positivo, reafirmándose como una institución esencial para continuar mejorando la estabilidad y la calidad en el empleo.

La aprobación de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha puesto en marcha un nuevo modelo de Inspección, que permite reforzar la coordinación y la eficacia en la actuación al servicio de los trabajadores, de los empresarios y de la sociedad en su conjunto. Se crea, además, una Oficina de lucha contra el fraude, que será un instrumento eficaz para luchar contra el empleo sumergido, el fraude laboral y a la Seguridad Social.

Al fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contribuye igualmente el refuerzo de los medios humanos. Desde 2012 hasta finales de 2016, se han incorporado en plantilla 265 nuevos inspectores y subinspectores.

En definitiva, desde el Gobierno del Partido Popular se han desplegado medios y se ha actuado con gran contundencia ante una situación que menoscaba los derechos de los trabajadores. El empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, vulnera los derechos de los trabajadores y provoca competencia desleal hacia la gran mayoría de empresarios que cumplen con normalidad la legislación laboral y de Seguridad Social.

El fraude constituye una agresión intolerable contra la calidad del empleo. Es por ello que no debemos conformarnos y tenemos que continuar trabajando intensamente y sin bajar la guardia para reforzar las instituciones de vigilancia y control de la normativa laboral y de Seguridad Social. A estos efectos, resulta prioritario estudiar la implantación del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2017-2020, en colaboración con las Comunidades Autónomas y agentes sociales, con el objetivo de estructurar las actuaciones inspectoras de forma concreta y evaluable. Especialmente en materia de contratación, siniestralidad laboral, igualdad y no discriminación, y formación en el empleo, así como en materia de trabajo no declarado, empleo irregular y fraude a la Seguridad Social.

Todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicar el fraude y hacer frente a las conductas insolidarias e injustas.


Página 45




Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, la elaboración e implantación del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2017-2020."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001628

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz, Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social relativa a la modificación de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Exposición de motivos

La regulación de la jubilación parcial ha sufrido una evolución progresivamente restrictiva, con la aprobación de diferentes normativas que fueron endureciendo las condiciones de acceso a la misma.

La primera vez que se regula la compatibilidad entre contrato y jubilación es en 1984, cuando existía una necesidad de luchar contra el paro juvenil, un objetivo que casual y desgraciadamente sigue en plena actualidad. Y tras ésta se aprobaron seis modificaciones del régimen jurídico aplicable al proceso de jubilación parcial.

Con la reforma del Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, de Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad, para intentar potenciar el uso de la fórmula de la jubilación parcial anticipada, se revisa principalmente el régimen jurídico de la contratación de relevo. En él, se establece el derecho a la jubilación anticipada parcial, con hasta cinco años de antelación a la edad ordinaria de jubilación, con el objetivo de posibilitar una jubilación flexible, menos traumática y al mismo tiempo generar nuevas contrataciones y la renovación de las plantillas de las empresas.

Sin embargo, las posteriores modificaciones reglamentarias a esta normativa fueron endureciendo las condiciones de acceso a la jubilación anticipada parcial. Así, el alcance de las dos últimas reformas trastocó por completo el objetivo inicial de la instauración de la jubilación parcial, ya que pasó de ser una medida para el fomento del empleo a ser una vía de ahorro del Sistema.

Así, en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se consolidan medidas que modifican, a peor, las condiciones de acceso a la jubilación parcial.

Sin embargo, la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece que:

5. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019, en los siguientes supuestos:

a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.


Página 46




b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2019.

c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013.

En aquellos supuestos a que se refieren los apartados b) y c) en que la aplicación de la legislación anterior tenga su origen en decisiones adoptadas o en planes de jubilación parcial incluidos en acuerdos colectivos de empresa, será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine.

Consideramos que limitar la aplicación de este régimen transitorio a los supuestos en que la pensión de jubilación se cause antes del 1 de enero 2019 supone una restricción de la aplicación de ese régimen transitorio totalmente injustificada, que va a dificultar el acceso de los trabajadores jóvenes al mercado de trabajo, lo que incidirá en los ya elevados índices de temporalidad que caracterizan nuestro mercado laboral.

De hecho, la eliminación de esta limitación temporal reportará beneficios tanto para las empresas, ya que procederá a rejuvenecer sus plantillas, como para la seguridad social, ya que es alto el número de incapacidades temporales que se producen a esas edades y que no son cubiertas debido a las políticas de contención de gasto impuestas e impulsadas desde el Ministerio del señor Montoro.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En ComúPodem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Modificar la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en el sentido de hacer extensivo dicho régimen transitorio a todas las pensiones de jubilación, cualquiera que sea la fecha en la que se causen, siempre y cuando concurran los requisitos contenidos en la misma."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001629

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz, Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social relativa a modificar la regulación contenida en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sobre "jubilación parcial".

Exposición de motivos

La regulación de la jubilación parcial ha sufrido una evolución progresivamente restrictiva, con la aprobación de diferentes normativas que fueron endureciendo las condiciones de acceso a la misma.


Página 47




La primera vez que se regula la compatibilidad entre contrato y jubilación es en 1984, cuando existía una necesidad de luchar contra el paro juvenil, un objetivo que casual y desgraciadamente sigue en plena actualidad. Y tras ésta se aprobaron seis modificaciones del régimen jurídico aplicable al proceso de jubilación parcial.

Con la reforma del Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, de Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad, para intentar potenciar el uso de la fórmula de la jubilación parcial anticipada, se revisa principalmente el régimen jurídico de la contratación de relevo. En él, se establece el derecho a la jubilación anticipada parcial, con hasta cinco años de antelación a la edad ordinaria de jubilación, con el objetivo de posibilitar una jubilación flexible, menos traumática y al mismo tiempo generar nuevas contrataciones y la renovación de las plantillas de las empresas.

Sin embargo, las posteriores modificaciones reglamentarias a esta normativa fueron endureciendo las condiciones de acceso a la jubilación anticipada parcial. Así, la Ley 40/2007 de Medidas en materia de Seguridad Social estableció como edad mínima los 61 años, y pasó a exigir 30 años de cotización, e incorporó como condición que el trabajador debería tener 6 años de antigüedad en la empresa.

Al mismo tiempo se acotó la posibilidad de reducir la jornada a un máximo del 75% de la jornada completa. Para consolidar este cambio se acordó un periodo transitorio, de endurecimiento progresivo, entre 2008 y 2014.

Pero tan sólo dos años después el Gobierno decide legislar unilateralmente sobre materias de Seguridad Social al margen de los interlocutores sociales y del Pacto de Toledo, incumpliendo los acuerdos firmados y aprueba el Decreto-Ley 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, una norma que elimina el periodo transitorio acordado, 4 años antes de su finalización.

Se estableció aquí una excepcionalidad (que sólo duraría hasta el 31 de diciembre de 2012) para aquellas trabajadoras y trabajadores afectados por compromisos adoptados en expedientes de regulación de empleo o por medio de convenios o acuerdos de empresa en vigor, en cuanto a la exigencia en la edad mínima de jubilación, que sería de 60 años y 6 meses (o 60 si el trabajador relevista es contratado a tiempo completo mediante un contrato de duración indefinida). Sin embargo, en dicha excepcionalidad no se incluían ya los acuerdos y convenios sectoriales que contuviesen compromisos sobre la misma materia, con lo que las restricciones iban en aumento.

Y esta es la línea seguida en las posteriores reformas legislativas. El Real Decreto-ley 5/2013, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, introduce nuevas medidas que modifican, a peor, las condiciones de acceso a la jubilación parcial, hasta el punto de producir su desaparición en la práctica y reduce y limita excesivamente el derecho a la jubilación anticipada.

Y, con estas nuevas modificaciones, la jubilación parcial pasó de ser una medida para el fomento del empleo a ser una vía de ahorro del Sistema.

A partir de este momento se incrementan la edad y los años cotizados para acceder a la jubilación parcial, una medida que se aplicará de forma progresiva en un periodo transitorio de 15 años, hasta el 2027.

- Así en el año 2027, el acceso será a partir de los 63 años, siempre y cuando tengamos 36 años y 6 meses cotizados o más. A partir de los 65 si contamos con 33 años cotizados o más.

- Acreditar un periodo de antigüedad en la empresa de, al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación.

- Que la reducción de su jornada de trabajo se halle comprendida entre un mínimo de un 25% y un máximo de un 50% (antes 75%), o del 75% (antes 85%) para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida.

- Que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, no inferior al 65%.

- Durante el periodo de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por la base de la cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando este a jornada completa.

Sin embargo, en el artículo 8 se establecen normas transitorias en materia de pensión de jubilación, que contemplan la aplicación de la legislación existente a 31 de diciembre de 2012 en los siguientes supuestos:


Página 48




- Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013.

- Las personas incorporadas antes de 1 de abril de 2013 a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido antes o después del 1 de abril de 2013.

En esta nueva modificación legislativa se actúa no sólo en los requisitos a acreditar por parte de los trabajadores sino también sobre los que debe cumplir la empresa en el proceso de jubilación parcial anticipada, una dinámica con la que el Gobierno pretende acabar con el recurso a la jubilación parcial, ya que su utilización acabará siendo residual o anecdótica. Sobre todo, teniendo en cuenta las dificultades para el acceso de los trabajadores jóvenes al mercado de trabajo y los elevados índices de temporalidad que caracterizan nuestro mercado laboral.

Estas reformas laborales aprobadas, primero por el PSOE y después refrendadas y endurecidas por el PP, suponen el mayor recorte a los derechos de los trabajadores desde la transición democrática.

Y exigimos su derogación, así como la configuración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, y centrar las políticas económicas en crear empleos de calidad que reduzcan la temporalidad y la precariedad de las personas trabajadoras.

Así que, con el objeto de recuperar el sentido inicial de la regulación de la jubilación parcial, aprobada para garantizar el relevo generacional en las empresas, rejuvenecer plantillas y generar nuevas contrataciones consideramos necesario volver a la regulación anterior y sobre todo, modificar, con urgencia, la actual en lo que a jubilación parcial se refiere.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Modificar la regulación sobre "jubilación parcial", contenida en el artículo 215 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para volver a los términos en los que estaba regulada la jubilación parcial en la Ley 40/2007 de Medidas en materia de Seguridad Social."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001635

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para garantizar las pensiones de viudedad y orfandad y otras prestaciones familiares en el marco del Pacto de Toledo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

En los últimos 30 años nuestro Sistema Público de Pensiones ha mostrado una extraordinaria fortaleza, un sistema que se ha constatado como el mejor instrumento de cohesión social a lo largo de la Democracia. A ello han contribuido las sucesivas reformas a las que ha sido sometido, siempre precedidas del diálogo político y social, con un único objetivo, de mejorar la cobertura, garantizar su sostenibilidad, viabilidad y asegurar su equilibrio financiero. Siempre permitiendo sellar la solidaridad intergeneracional como elemento esencial en nuestra convivencia y como garantía de los derechos de la ciudadanía.

Durante los años del Gobierno Socialista se consiguió un equilibrio financiero, que permitió que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ascendiera a 66.815 millones de euros a finales de 2011. Su


Página 49




fortaleza venía, primero, por unas bases de cotización más elevadas, pues las retribuciones salariales no habían sufrido la devaluación salarial propiciada por la reforma laboral del Partido Popular, así como por una mayor estabilidad en el empleo. Al respecto es preciso recordar que, según la EPA del tercer trimestre de 2016 en relación al mismo período de 2011, el número de personas asalariados con contrato indefinido ha descendido en 225.800 mientras el número de personas asalariadas con contrato temporal se ha incrementado en 151.100, hechos que, sin entrar en otras cuestiones de deterioro del mercado de trabajo desde 2012, ha acabado con la dotación de Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Ha sido, pues, la política desarrollada durante estos últimos años por el Gobierno del Partido Popular fundamentalmente en el ámbito laboral, y su incidencia directa en las arcas de la Seguridad Social, la que ha puesto en riesgo el equilibrio financiero de nuestro Sistema Público de Pensiones. Para el Gobierno del Partido Popular la única receta en cuanto a la creación de empleo fue precarizar las condiciones de trabajo, incluido la remuneración salarial, para ganar en competitividad, con sustitución de empleos estables y de calidad por empleos temporales y a tiempo parcial, así como una política de incentivos a la creación de empleo, única política activa desarrollada, basada en reducciones, exenciones y tarifas planas, sin consecuencias reales en el objetivo perseguido y que sí mermaban los ingresos del sistema. El Fondo de Reserva ha sido utilizado sistemáticamente para enjugar el desequilibrio entre déficit y gastos, hasta su posible desaparición a mediados de 2017, sin que en ningún momento el Gobierno del Partido Popular se haya planteado adoptar ninguna otra medida para paliar el mencionado desequilibrio.

El Gobierno del Partido Popular en el ámbito de Seguridad Social desarrolló sólo una política, cual es, y desde 2012, detraer de forma continua disposiciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Durante su mandato, y a día de hoy, el Fondo de Reserva se ha mermado en más del 80%, la última disposición a inicios de diciembre de 2016, dejando este mes un saldo de 15.915 millones. El mayor desfalco al Fondo de Pensiones que se ha dado en la historia: estamos hablando que en este año 2016 se han sacado 19.200 millones, seis veces más que el año 2012. En definitiva, las consecuencias de estas políticas en la viabilidad y sostenibilidad del Sistema, así como la previsible desaparición de la hucha de las pensiones, están creando alarma en la sociedad española respecto al futuro de las pensiones, tanto para quienes las están percibiendo en estos momentos, como para los pensionistas del futuro.

Además, las políticas puestas en marcha de manera unilateral por parte del Gobierno del Partido Popular durante los últimos 5 años, -la primera vez que se reforma el sistema fuera del diálogo social y al margen del Pacto de Toledo-, hace que la suficiencia de las pensiones públicas se vean en peligro, entendiendo la suficiencia como la capacidad del poder adquisitivo de las personas jubiladas. En concreto, y entre otras, nos estamos refiriendo a la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, una Ley que, aparte de la mayor penosidad que introduce sobre la cuantía de las pensiones el "nuevo factor de sostenibilidad", ha supuesto un cambio de modelo de revalorización de las pensiones, cambio que, si no se remedia, condena a los pensionistas a una merma continua de sus ingresos. Algunos economistas cifran la pérdida de poder adquisitivo por parte de los pensionistas en el horizonte 2050 en un 30%. En 2017, y dada la senda de crecimiento que ya manifiesta el IPC, los pensionistas ya perderán poder adquisitivo, pues el 0,25% de revalorización se quedará muy por debajo de las previsiones para dicho año. Al respecto se señala que, diferentes estimaciones oficiales sitúan de media dicho crecimiento entre el 1% y el 1,6%. Es más, la tasa de variación anual del IPC en el mes de enero, así como el indicador adelantado del mes de febrero, lo han establecido en el 3%, con lo cual, a día de hoy los pensionistas arrastran una pérdida del poder adquisitivo de sus pensiones de un 2,75%.

Por ello, el grupo socialista ha impulsado una iniciativa dirigida a la revalorización de las pensiones de cara el próximo 2017, en base al IPC y no por el índice de revalorización de las pensiones (IRP), impuesto unitariamente por parte del Gobierno, iniciativa que ha sido vetada.

Ciertamente, el momento de dificultad del Sistema de Pensiones viene derivado del descenso en la recaudación, vinculado, como venimos diciendo, a la precarización del mercado de trabajo y la devaluación salarial consecuencia de la reforma laboral del Partido Popular, y también al aumento del desempleo, y a la fuerte caída de las cotizaciones de los desempleados -resultado de una política de caída de la protección emprendida por el Gobierno Popular a partir del Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad-.Si comparamos los ingresos que se obtuvieron en los ejercicios 2011 y 2015, observamos que en este último año los ingresos obtenidos se redujeron en 6.102 millones de euros respecto 2011, a pesar de que en ese mismo espacio


Página 50




de tiempo el número de cotizantes se hubiese incrementado en 78.479 personas. Es decir, a pesar de un incipiente crecimiento de las afiliaciones, los ingresos se redujeron.

A pesar de esta situación, no podemos admitir que las dificultades actuales por la que atraviesa el Sistema Público de Pensiones sean utilizadas como coartada para sustituir el modelo actual, pilar fundamental del Estado de Bienestar. El mantenimiento y defensa de nuestro Sistema Público de Pensiones, siempre dentro del marco del Pacto de Toledo, exige adoptar medidas urgentes que aseguren el equilibrio financiero en el corto, medio y largo plazo, que garantice la sostenibilidad y viabilidad del sistema, sin merma de los derechos de las personas que tienen la condición de pensionistas, y menos aún de las personas más frágiles del Sistema.

La última propuesta del Gobierno de la Nación de revisar las pensiones de Viudedad, orfandad y prestaciones familiares para tapar el déficit de la Seguridad Social y la posibilidad de que las misma pasen a ser pagadas por los Presupuestos Generales del Estado, como apuntó la Ministra de Empleo en su Comparecencia en la comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo de 22 de noviembre de 2016, significaría un desmenuzamiento del Sistema y un ataque directo a las personas más vulnerables del Sistema de Seguridad Social.

En España estamos hablando de más de 2,3 millones de personas viudas, de las cuales más del 90% son mujeres, las cuales dejarían de tener una prestación contributiva para pasar a una prestación asistencial, con la inseguridad jurídica que ello provoca.

Las personas beneficiadas de pensiones de viudedad, actualmente perciben dichas prestación dentro del sistema de pensiones contributivas y supone, con carácter general, el 52% de la base reguladora correspondiente a la vida laboral del cónyuge fallecido, pudiendo alcanzar el 70% si el cónyugue superviviente tiene cargas familiares o no alcanza determinado límite de ingresos.

Pasar de una pensión contributiva a una pensión asistencial o no contributiva significaría, aparte de sus connotaciones sociológicas, un cambio en la naturaleza jurídica de la prestación, que difícilmente podría justificar la percepción de pensiones diferenciadas en función de las cotizaciones realizadas, ya que este cambio en su naturaleza implicaría que su financiación se realizaría con cargo a la imposición general. Y ello porque, el establecimiento de las medidas de protección social consistentes en rentas económicas financiadas a través de los impuestos suele articularse a través de prestaciones de importe uniforme, con importes diferenciados, sí, pero solo para los supuestos de más necesidad.

Pero, fundamentalmente, este cambio de naturaleza significaría que estas pensiones articuladas como derechos pasarían a formar parte de un sistema asistencial, y por tanto gracioso. Con lo que ello supone de incertidumbre, no solo sobre su cuantía que fácilmente podría ser rebajada, sino sobre su reconocimiento y su gestión y los principios sobre los que se regirían.

Los Socialistas creemos firmemente en el Sistema Público de Pensiones, estructurado en dos modalidades, contributiva y no contributiva, e integrada por todas y cada una de las prestaciones que componen ambas modalidades, basada en la equidad y la solidaridad intergeneracional. Un modelo que, como decíamos, se ha mostrado viable y solvente a pesar de los envites padecidos en los últimos cinco años; un modelo que debemos preservar dada su función redistributiva y de cohesión social.

En esta Legislatura deben abordarse la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, instrumento que nos hemos dado como garantía de la viabilidad y la solvencia de nuestro sistema público de pensiones y es en este marco dónde se deben adoptar las decisiones que permitan continuar avanzando en la corrección de los desequilibrios por los hoy atraviesa y en la mejora de su acción protectora, previo diálogo social.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados reitera su firme compromiso con el mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, basado en la equidad y en la solidaridad intergeneracional. Por ello, manifiesta la necesidad de alcanzar, en el ámbito de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, un nuevo acuerdo parlamentario, en orden a seguir garantizando su futuro así como sus prestaciones, estructuradas en una modalidad contributiva y una modalidad no contributiva, y con garantía de mantenimiento de la naturaleza jurídica de cada una de estas prestaciones en la modalidad en que se insertan, evitando el riesgo de solventar el desequilibrio financiero entre ingresos y


Página 51




gastos que hoy presenta el sistema a través de la derivación de prestaciones del ámbito contributivo al ámbito no contributivo, en concreto, las prestaciones de viudedad y resto de prestaciones de muerte y supervivencia.

Asimismo, insta al Gobierno a dar cumplimiento a la a Disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, suspendida desde 2012, disponiendo que, a partir del 1 de enero de 2017, se aumente progresiva y paulatinamente la cuantía de la pensión de viudedad de las personas beneficiarias que, con una edad igual o superior a 65 años, no tengan derecho a otra pensión pública o ingresos del trabajo o de cualquier otra naturaleza que superen el límite de ingresos establecido en cada momento para la pensión mínima. Dicho aumento se efectuaría en ocho años, por aplicación cada año de un 1% de incremento a su base reguladora hasta alcanzar el 60%."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Josefa Inmaculada González Bayo, Antonio Pradas Torres, Miriam Alconchel Gonzaga, Carmen Rocío Cuello Pérez, Salvador Antonio de la Encina Ortega, Sonia Ferrer Tesoro, Micaela Navarro Garzón, José Juan Díaz Trillo, Elvira Ramón Utrabo, Juana Amalia Rodríguez Hernández y María Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001636

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la exposición al amianto de los profesionales de la extinción de incendios, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

A pesar de que en España desde el año 2001 se ha prohibido la fabricación, uso y comercialización del amianto y de materiales que lo contengan, lo cierto es que se estima que aún existen 2,5 millones de toneladas de amianto instalado en distintas infraestructuras, edificaciones, instalaciones, vehículos o embarcaciones.

Las ingentes cantidades de amianto instalado en edificios hacen que cualquier actuación en estructuras construidas con antelación a 2001 sea susceptible de riesgo de exposición para los profesionales que han de realizar intervenciones en ellos, siendo especialmente grave para los bomberos. La actividad de estos profesionales se desarrolla en edificios e instalaciones afectadas por incendios, destrucciones o roturas, lo que permite una mayor liberación de fibras de amianto y aumenta de manera notable la posibilidad de inhalación por parte de los trabajadores.

Es de recibo, entonces, exigir que se tomen medidas concretas para que se reconozca la exposición al amianto en las evaluaciones de riesgo de los servicios de extinción de incendios, se reorganice su actividad para minimizar el riesgo a este tipo de exposición y, en cualquier caso, se garantice que la vigilancia de la salud se convierta en una herramienta preventiva de primer orden.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para:

1. Reconocer de manera urgente la exposición de los profesionales de la extinción de incendios al amianto para desarrollar protocolos de actuación durante las intervenciones que minimicen y protejan de este riesgo a estos trabajadores.

2. Incluir a los profesionales de la extinción de incendios en el Registro de Trabajadores Expuestos al Amianto (RETEA) previsto en el Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores que han estado Expuestos al Amianto (PIVISTEA) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para permitir


Página 52




que se les aplique el Protocolo de Vigilancia de la Salud específico del amianto incluso una vez haya finalizado su vida laboral."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-Eva García Sempere y Alberto Montero Soler, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001645

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa al reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral por los servicios de emergencias de todo el conjunto del Estado Español.

Exposición de motivos

Los servicios de gestión telefónica de emergencias que prestan las Comunidades Autónomas, son el primer eslabón de la cadena asistencial del sistema sanitario español. La función de éstos profesionales es fundamental dado que con ellos empiezan a activarse los recursos que van a dar las soluciones en las propias situaciones de emergencias. Es por ello que de su profesionalidad y buen hacer dependen las vidas de las personas que realizan una llamada a estos servicios.

La cualificación profesional que este servicio necesita es de especial importancia, ya que nos encontramos ante unos profesionales que han de ser capaces de reconocer y gestionar con máxima celeridad las distintas tipologías de situaciones de emergencias que se desarrollan en la vida, con sus distintos niveles de gravedad.

Para estos profesionales, su máxima es activar los medios y recursos disponibles para proteger a la población y debemos contribuir en la recuperación y mantenimiento de la excelencia de nuestro sistema sanitario público de emergencias.

A modo de ejemplo, aunque esta situación es compartida por el conjunto de los profesionales de los servicios de emergencia de todo el Estado, corno bien reconoce EPES, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la Junta de Andalucía, tanto en su página web, como en los diferentes documentos que elabora, la calidad en la prestación de servicios es una cuestión prioritaria. En ellos, se asegura que EPES fue la primera institución española y europea dentro del ámbito de las urgencias y emergencias, en lograr las primeras certificaciones ISO. Hoy en día cuenta con diferentes certificaciones como la ISO 1997, ISO 14001, el certificado de Acreditación Avanzada de la agencia de Calidad Sanitaria, ha sido calificada según el modelo EFQM y cuenta con una Unidad de Mejora Continua.

Igualmente en los servicios de emergencias 112 dependientes de la consejería de Justicia e Interior, El Consejo de las Comunidades Europeas, en el año 1991, estableció la obligatoriedad a todos los estados miembros de activar 112 como número de emergencias. El objetivo era que cualquier ciudadano, ante una situación de urgencia, sólo tuviera que recordar un número de teléfono. La Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, consolidó y elevó el marco normativo anterior, estableciendo un sistema de coordinación integrada de las demandas de urgencia y emergencia realizadas tanto por la población, como por las entidades públicas y privadas a través del teléfono único europeo 112.

Sin embargo, la calidad del servicio se ha descuidado por su lado más valioso, el humano, en las propias salas de emergencias. En concreto, nos referimos al servicio de gestión telefónica y de coordinación de emergencias donde tanto las condiciones laborales, como la cualificación de los nuevos trabajadores/as, se han desmejorado en los últimos años.

Respecto a las condiciones laborales, una espiral de constantes denuncias, informes y declaraciones de diferentes instituciones públicas, así como de los propios trabajadores y sus representantes, vienen a constatar incumplimientos constantes de la legislación laboral y del convenio colectivo de Contact-Center (Venta telefónica) que los ampara.


Página 53




La Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitió el 20 de agosto de 2015, cinco actas de infracción a la empresa que dispone de la gestión del servicio del 061 de Andalucía por modificación del calendario laboral, por transgresión del derecho de información que el artículo 64 otorga a los representante de los trabajadores, así como por los incumplimiento de los artículos 23, 27 y 57 del Convenio Colectivo, siendo nuevamente sancionada en junio 2016 por fraude en la contratación, camuflaje de horas extras, etc.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció en 2015 vulneración del derecho fundamental de Huelga de los trabajadores del 061 y 112, que en ese momento trabajaban para MK PLAN 21 S.A., empresa cuyo administrador y trabajadores son los mismos que ILUNION (la actual empresa que tiene concedidos el servicio del 061, 112 y Salud Responde en Andalucía) mismo CIF y todas ellas empresas del grupo ONCE.

Respecto a la cualificación, y tal y como indica un Informe del año 2000 de la Cámara de Cuentas de Andalucía, estos profesionales:

"son el primer contacto del usuario con el sistema de emergencia y el desempeño de estas funciones exige formación y experiencia muy específica.

De la actividad desarrollada por este puesto de trabajo dependen dos de las cuatro fases del proceso asistencial. Son asimismo responsables de realizar las encuestas de satisfacción a los usuarios."

El Real Decreto 1553/2011, de 31 de octubre, amplía y completa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y estableciendo determinadas cualificaciones profesionales como las que se refieren al servicio de gestión telefónica para emergencias. Éste, en su artículo 2, reconoce la categoría profesional a las y los trabajadores a los que se refiere esta PNL con la denominación de "Tele-operaciones de atención gestión y coordinación de emergencias" nivel 3.

Sin embargo, las trabajadoras y trabajadores de los servicios de gestión telefónica de emergencia no ostentan la acreditación fehaciente por la experiencia laboral adquirida, realizando en la actualidad sus funciones o competencias profesionales sin marco legal, sin convenio colectivo propio y por ello, encontrándose en situación de desamparo ante las empresas comisionistas para la Administración Pública, que no reconocen dichas competencias a pesar de contar con una amplia experiencia en el sector.

Esta situación debe ser resuelta con la mayor celeridad posible, para garantizar la igualdad en el acceso a los derechos laborales y puestos de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras. Las administraciones públicas deben ser paradigma y ejemplo de derechos laborales ante las personas que prestan servicios en los centros de trabajo públicos o privados mediante concierto, convenio o similar.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar, con la mayor celeridad posible, las medidas necesarias para la habilitación urgente como tele-operador de atención, gestión y coordinación de emergencias que acredite y reconozca las competencias profesionales y, por tanto, la posesión de conocimientos y experiencias adecuados para desempeñar las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral por los servicios de emergencias de todo el conjunto del Estado Español. Todo ello en virtud del procedimiento recogido en el artículo 10.6 del RD 1224/2009 de 17 de julio, en el que se recoge que "la Administración General del Estado, con la colaboración de las comunidades autónomas, podrá realizar convocatorias de evaluación y acreditación de competencias para determinados sectores o colectivos de carácter supra autonómico, cuando las convocatorias autonómicas no permitan garantizar la integración de los intereses contrapuestos de diversas comunidades autónomas, así como la igualdad en las posibilidades de acceso al procedimiento para las personas potencialmente beneficiarias residentes en el territorio de distintas comunidades autónomas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-Isabel Franco Carmona y Alberto Montero Soler, Diputados.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 54




161/001652

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el derecho de huelga e impedir que se pueda eludir con la contratación de terceras empresas, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El derecho de huelga está reconocido en su artículo 8 por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (una de las partes de la Carta Internacional de los Derechos Humanos), firmado y ratificado por el Estado español. Asimismo, la Constitución española de 1978 lo recoge en su artículo 28 estableciendo que se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Casi cuatro décadas más tarde de su aprobación, el desarrollo de este precepto constitucional no se ha producido y la regulación de la huelga se contiene en una norma preconstitucional: el Real Decreto-ley de Relaciones de Trabajo de 4 de marzo de 1977.

Asimismo, dicha norma prohíbe expresamente los "actos de esquirolaje" estableciendo en su artículo 6 que en tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma. Si bien dicho precepto se refiere a la sustitución de los huelguistas por el empresario, la doctrina judicial venía admitiendo que los actos vulneradores del derecho de huelga pueden ser realizados por terceros empresarios distintos del titular de la empresa o centro de trabajo en cuyo ámbito se produce la huelga, siendo imputable la vulneración del derecho de huelga a terceras empresas contratistas que reciban los servicios de la empresa cuyos trabajadores hayan convocado la huelga.

Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo número 961/2016, de 16 de noviembre, avala por primera vez la contratación por los clientes de la empleadora de los trabajadores en huelga de terceras empresas para realizar el trabajo que deberían desempeñar los huelguistas. En este sentido, entiende el alto tribunal que impedirlo supondría una protección "totalmente exorbitante" del derecho de huelga. Se trata de una visión absolutamente restrictiva del derecho de huelga y que, en caso de consolidarse, originaria una limitación de las garantías de dicho derecho fundamental pudiendo entenderse, incluso, que se vacía de contenido el derecho de huelga.

La falta de desarrollo legal del artículo 28 de la Constitución española posibilita, en plena etapa de recortes económicos y de libertades -entre ellas las relacionadas con la negociación colectiva-, que se hagan interpretaciones restrictivas en contra del efectivo ejercicio del derecho a la huelga. Siendo necesario, para preservar la plenitud de dicho derecho fundamental, que se impulsen cambios legislativos que garanticen la no consolidación de una doctrina totalmente limitadora del derecho de huelga.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:

Impulsar los cambios legislativos necesarios a fin y efecto de garantizar la plenitud del derecho de huelga impidiendo que esta se pueda eludir contratando por los clientes de la empleadora de los trabajadores en huelga de terceras empresas para realizar el trabajo que deberían desempeñar los trabajadores huelguistas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


Página 55




161/001660

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para recuperar el Diálogo Social e Impulsar Políticas Públicas en materia de prevención de riesgos laborales y así revertir la situación de creciente siniestralidad laboral, para su debate en Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

La siniestralidad laboral va en aumento en España, lo hace desde 2012, y esta tendencia se reafirma con los datos estadísticos del tercer trimestre del 2016 publicados en la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Los sindicatos señalan la precarización de las condiciones de trabajo, la falta de políticas públicas activas para promover la salud laboral y de inversión en las empresas en medidas preventivas como causa del deterioro de las condiciones de trabajo y de la salud y seguridad de los trabajadores. El Gobierno, sin un "diagnóstico claro", apunta a simplemente a la necesidad de mejorar los controles y la patronal señala como causa de este aumento de la actividad económica.

Distintas normas internacionales y nacionales reconocen el derecho a la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores y es necesario que los poderes públicos respondan a la demanda de una sociedad cada vez más sensibilizada y exigente, con la seguridad y salud en el trabajo como parte esencial del bienestar social. Esta implicación no se ha materializado durante el gobierno del Partido Popular, durante el cual la prevención de riesgos laborales ha sido llevada a la irrelevancia.

En el primer semestre de 2016, último del que se tienen datos, la tendencia de incremento generalizado de la siniestralidad se mantiene. Comparando con el mismo periodo del año anterior el número de accidentes con baja aumenta en un 7,6% más que en el mismo periodo de 2015 y un 8,4% los producidos in itinere, mientras que el índice de incidencia de los accidentes en jornada (que expresa la siniestralidad relativa) aumenta un 4,2%.

La curva ascendente se repite en todas las comunidades autónomas y en todos los sectores y, dentro de ellos, casi en buena parte de las ramas de actividad, tanto en hombres como en mujeres y en todos los niveles de gravedad. El número de accidentes solo logra reducirse de manera significativa en las industrias extractivas y en la administración pública, siendo los incrementos más importantes en los sectores de hostelería (7,7%), construcción (7,4%) e industria manufacturera (6,3%). El sector agrario alcanzó la tasa más elevada de toda la serie histórica, tras dos años de incremento consecutivos.

La evolución de la siniestralidad mortal reproduce el patrón de los últimos meses con un aumento del 1,5% de los fallecimientos.

Las cifras de las estadísticas de accidentes, no son solo cifras sino que esconden historias de sufrimiento y muerte de trabajadores y de sus familias, la siniestralidad laboral no solo es el peor de los indicadores socioeconómicos en la actualidad, sino que unida a las enfermedades profesionales, se está convirtiendo en un problema de salud pública de primer orden con sus consiguientes efectos negativos para el sistema nacional de salud y la economía española.

Es vergonzoso intentar justificar el aumento del número de accidentes en una supuesta mejora del empleo. Hay factores que han llevado al aumento de la siniestralidad, desde la reforma laboral del Partido Popular la precarización del mercado de trabajo ha aumentado el riesgo de sufrir accidentes por muchas razones: los empresarios se han relajado al hilo de la crisis económica y justificándose en esta circunstancia muchos han dejado de invertir en prevención, tenemos un marco normativo que no ha sido revisado en los últimos años y acoge mal situaciones nuevas, como son la excesiva parcialidad, la aparición incontrolada de los TRADES, la externalización y subcontratación abusiva; con la modificación del Estatuto de los Trabajadores, las relaciones laborales cada vez son más flexibles, se trabajan muchas horas no retribuidas ni cotizadas, al amparo de una falsa parcialidad, se ha apostado polivalencia funcional, no hay estabilidad en el empleo, debido a la alta tasa de temporalidad por el uso abusivo de los contratos temporales y los trabajadores tienen miedo a perder su trabajo, se hacen escasa reclamaciones individuales y aún menos por incumplimientos de obligaciones preventivas. Todo ello ha llevado a que el trabajador sea más vulnerable pues acepta para no quedarse en desempleo cualquier condición de trabajo y esté más


Página 56




expuesto no solo a sufrir un accidente, sino que existen nuevos riesgos psicosociales y derivados del estrés laboral. Además muchas personas que son realmente trabajadores, como los "falsos autónomos" carecen de protección y los empresarios para los que trabajan no asumen ninguna obligación en materia preventiva.

La ya difícil integración de la actividad preventiva de la empresa, y el cumplimiento formal de determinadas obligaciones, como aquellas que tienen que ver con la gestión de la prevención, ha llegado a su máxima expresión con la entrada de las empresas privadas en la prevención, la mercantilización de los servicios de prevención no favorece la integración de la misma en la empresa.

Los déficits que tenían nuestras empresas tradicionalmente se han agudizado con la crisis y, actualmente, a la empresa le es muy fácil decir que es un coste que en situación de crisis no puede asumir.

La dejadez del actual gobierno en relación a la prevención de riesgos ha sido absoluta, no ha llevado impulsado ninguna reforma, ni diálogo social relacionada con la normativa preventiva a pesar de las circunstancias referidas y cada vez tenemos más riesgos emergentes, riesgos psicosociales, estrés laboral, más accidentes de tráfico, nuevas patologías.

Se ha debilitado el poder sindical, se ha abandonado la concertación social y el Partido Popular en estos años ha acabado con el pilar básico de la prevención, al amparo de la directiva comunitaria, que era la consulta y la participación.

Existen colectivos muy vulnerables que acceden al mercado de trabajo, como los jóvenes, los trabajadores con discapacidad, las mujeres, a las que la legislación en materia de prevención no hace ninguna referencia; a esos tres colectivos les dedica un solo artículo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Además este gobierno no ha apostado por la prevención, en los PGE para el 2016 la partida dedica al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha disminuido de forma que solo cubre gastos de personal y mantenimiento de las instalaciones, ha disminuido en un 40% el crédito vinculado a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que es muy importante porque ayuda a la pequeña y mediana empresa en temas de formación, de información, de asistencia técnica, se ha presupuestado menos para los programas de seguimiento y control de los partes anuales de enfermedades profesionales a través del Cepross, la Estrategia 2015-2020 en materia de prevención de riesgos laborales, no se ha dotado de contenido económico adecuado.

La causa de este aumento de la siniestralidad no va vinculada a una mejora del empleo sino al deterioro continuado de las relaciones laborales, a la ruptura de la acción sindical a las que han llevado las políticas de empleo del Partido Popular y a la ausencia de interés tanto en el ámbito normativo como presupuestario de este gobierno por la prevención.

Es necesario por tanto revertir el panorama actual impulsando de forma enérgica políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales, es necesario acabar con el trabajo precario, invertir en prevención y acometer un análisis profundo de la normativa vigente, además de recuperar la negociación colectiva y la concertación social para acometer todas estas reformas, incidiendo como no, en las campañas de inspección de trabajo para vigilar el cumplimiento de la normativa, en colaboración con las CCAA.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Recuperar el Diálogo Social y, en su marco, realizar un diagnóstico de la situación, de las deficiencias aplicativas de nuestro sistema normativo y establecer unos objetivos consensuados que permitan a los poderes públicos ordenar sus actuaciones de forma coherente.

- Impulsar políticas públicas en materia de prevención de riesgos, de conformidad con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.

- Incrementar en los Presupuestos Generales del Estado aquellas partidas que de forma directa e indirecta inciden en la seguridad y salud en el trabajo, y prevención y reducción de la siniestralidad laboral.

- Coordinar con las CCAA campañas de Inspección de Trabajo para el control del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, incidiendo en los sectores de mayor siniestralidad, riesgos emergentes y trabajadores más vulnerables.


Página 57




- En el marco del Dialogo Social promover la reforma del mercado de trabajo, la recuperación de la negociación colectiva y la regulación de las relaciones laborales para revertir el deterioro de las condiciones de trabajo y de la salud y seguridad de los trabajadores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001664

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consideración como cotizado del periodo de cumplimiento del servicio social femenino, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El Servicio Social obligatorio de la mujer española fue creado en octubre de 1937 y se mantuvo vigente hasta agosto de 1978, cuando fue suprimido por el Real Decreto 1914/1978. Durante los años de vigencia del régimen franquista en España, las mujeres estaban obligadas a cumplir, por un periodo comprendido entre los tres y los seis meses, con un servicio similar al servicio militar masculino en cuanto a su obligatoriedad.

Sin embargo, si bien este último se ha reconocido ya, por parte del Estado, como periodo cotizado efectivo a la Seguridad Social, se ha mantenido de forma inexplicable la diferencia con el servicio social femenino, constituyendo una discriminación por motivo de género inaceptable en nuestro actual ordenamiento jurídico.

En esta línea, la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en su sentencia 438/2014, de 9 de septiembre de 2014, declaró que cabía equiparar el periodo de Prestación Social Obligatorio de la Mujer (de cumplimiento necesario por las mujeres solteras para el ejercicio de funciones públicas o la obtención de títulos profesionales) con el del servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, pues entender lo contrario vulneraría el artículo 14 de la Constitución Española en relación con el artículo 9 del propio texto legal.

Posteriormente, la sentencia número 1950/2016, de 11 de octubre, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, estableció que el período de prestación del servicio social obligatorio en la Sección Femenina es computable a efectos del cómputo del período de cotización exigido para tener derecho a la pensión de jubilación anticipada. El pleito fue promovido por una mujer a quien el Instituto Nacional de la Seguridad Social le había negado la pensión de jubilación anticipada solicitada por entender no computables los días del Servicio Social efectuado por las mujeres en los años en que este resultaba obligatorio.

Si bien es cierto que estas sentencias no dictan jurisprudencia en general, sí que ponen de manifiesto lo discriminatorio de la situación, por lo que se debería avanzar en este sentido y universalizar la cotización, igual que se hizo con el servicio militar obligatorio en el año 2011, entre otros motivos, para reducir la brecha de género en las pensiones, que supera ya el 37%.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el periodo de cumplimiento del servicio social femenino se considere periodo cotizado, de forma que se equipare al servicio militar masculino obligatorio o a la prestación social sustitutoria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-José Cano Fuster, Saúl Ramírez Freire y Sergio del Campo Estaún, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Página 58




161/001665

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de reforma de las políticas activas de empleo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

Las cifras de desempleo en nuestro país siguen siendo dramáticas: 2016 cerró con una tasa de paro del 18,63%, frente al 8,5% de media en la UE-27 y muy lejos de países de nuestro entorno corno Portugal (11,2%), Francia (10%) o Alemania (4,1%). Además, tanto el paro juvenil como el paro de larga duración siguen en niveles históricos. En este contexto, las políticas activas de empleo deberían servir para aliviar la situación de las personas más afectadas.

Desgraciadamente, las políticas activas son uno de los mayores fracasos de nuestro sistema político. El vigente texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, define las políticas activas de empleo como el conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación profesional para el empleo en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.

Estas políticas deben desarrollarse en todo el Estado, teniendo en cuenta la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los contenidos comunes establecidos en la normativa estatal de aplicación, las necesidades de los demandantes de empleo y los requerimientos de los respectivos mercados de trabajo.

Para ello, el diseño de estas políticas es crucial: esto requiere contar con servicios públicos de empleo bien preparados y de diseñar planes de acción individuales eficaces. España todavía necesita poner en marcha herramientas muy básicas para ofrecer una atención personalizada a los grupos más vulnerables, y es urgente poner en marcha planes que actualicen la formación de los desempleados combinados con programas de orientación individualizada en la búsqueda de empleo.

La evidencia nos muestra que la participación de nuestros desempleados en formación, reglada y no reglada, cae muy fuertemente con la edad; por ello, España necesita invertir más y mejor en formación de adultos, permitiendo que los desempleados de larga duración puedan elegir directamente los cursos de formación que más se adapten a sus necesidades, mediante cheques de formación.

Sin embargo, lejos de sus objetivos, las políticas activas de empleo no se han mostrado hasta el momento en nuestro país como un instrumento eficaz para promover la inserción laboral de las personas desempleadas. En países con menores niveles de desempleo, la inversión en políticas activas es mucho mayor, no solo cuando se mide por persona desempleada, sino también en relación al PIB. Además, estas políticas han sido sometidas a procesos de evaluación, bajo criterios de eficacia y de eficiencia.

En este sentido, Ciudadanos ha reclamado en reiteradas ocasiones la necesidad de mejorar nuestras políticas activas de empleo con el objetivo de que convertirlas en instrumentos eficaces para facilitar la inserción laboral y formativa de las personas desempleadas.

Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Refuerce la cartera común de los servicios públicos de empleo de manera que se garantice en todo el Estado el acceso en condiciones de igualdad a los servicios prestados por los mismos. En particular, se potenciarán los servicios de orientación laboral y formativa con el fin de garantizar una atención personalizada de las personas desempleadas, se profundizará en la vinculación de las diferentes acciones en materia de políticas activas de empleo y su financiación a los resultados obtenidos en términos de inserción formativa y laboral de las personas desempleadas, y se informará públicamente del impacto de las acciones de políticas activas para favorecer su fiscalización pública.

2. Apruebe, en un plazo máximo de tres meses, el desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral,


Página 59




con el objetivo diversificar la oferta de acciones de formación, incorporando, entre otras, la implantación de un sistema de cheques de formación, accesible de manera inmediata para los desempleados de larga duración, con el que las propias personas desempleadas puedan elegir directamente, con la asistencia en su caso de los servicios de orientación laboral de los servicios públicos de empleo, los cursos de formación que más se adapten a su perfil de empleabilidad y a sus necesidades de colocación.

3. Constituya una Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Activas de Empleo, como organismo independiente con competencias suficientes para evaluar de forma continua los efectos de las políticas activas de empleo implementadas por todas las Administraciones Públicas, con la finalidad de mejorar la coordinación interterritorial entre las mismas y entre los servicios públicos de empleo que las promuevan y fomentar un aumento de su eficacia y eficiencia en términos de inserción formativa, laboral y social."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-José Cano Fuster, Saúl Ramírez Freire y Sergio del Campo Estaún, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/001610

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para poner en marcha planes efectivos para reducir la brecha digital de género, para su debate en Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

La llamada revolución 4.0 está entre nosotros, ha llegado para quedarse. Los fenómenos de la digitalización y la robotización están alterando los procesos de producción, de distribución y de consumo de bienes y servicios en todos los sectores.

Surgen nuevos mercados, los grandes actores tradicionales ven su posición amenazada, y aparecen nuevos modelos de negocio y de financiación. Parece claro por tanto, que los países que pretendan estructurar una sociedad y una economía desarrolladas deberán ligar en gran medida sus procesos productivos al sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

La igualdad entre mujeres y hombres es un objetivo básico para los estados democráticos actuales y está en la base de cualquier democracia que aspire a su legitimidad. Bajo estas directrices, las mujeres y los hombres deben estar presentes en esta revolución digital y lo deben hacer en igualdad de oportunidades.

La desigualdad de la mujer en España es un hecho conocido y ampliamente contrastado y por el que el Partido Socialista siempre ha mostrado una gran preocupación. Todos los avances en igualdad en la historia democrática de nuestro país han venido de la mano del socialismo.

La brecha digital de género (diferencia entre el uso de las TIC de los hombres y el uso de las TIC de las mujeres) ha aumentado en 2016 en los principales indicadores que analiza la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación del INE (uso de Internet en los tres últimos meses, uso frecuente de Internet y compras por Internet), rompiendo así la tendencia histórica observada en años anteriores,

La diferencia entre el porcentaje de mujeres y de hombres que habían usado internet en los últimos 3 meses era de 3,9 puntos en 2016, mientras que en 2015 esta diferencia era de 3,2 puntos. Esta brecha se agranda al referirnos a la intensidad y la frecuencia en los usos más complejos o profesionales de las nuevas tecnologías, así como en la creación. Por ejemplo, en compras por Internet la brecha es de 6,1 puntos.

Teniendo en cuenta todos los indicadores que se recogen en la encuesta, la brecha digital por cuestión de género rondaría una media del 5%, duplicando las de otros países de nuestro entorno. Así en EEUU, Francia o los países nórdicos, la paridad en el uso de Internet es un hecho desde hace años.


Página 60




Esta brecha a nivel usuario se traslada también a las carreras universitarias relacionadas con las ingenierías, arquitectura, matemáticas o nuevas tecnologías, ya que solo el 28% de los graduados en estas disciplinas son mujeres, a pesar de la mayoritaria presencia de éstas en todas las ramas de la enseñanza universitaria. De hecho, sólo un 12% de las mujeres se gradúan en ciencias, matemáticas y tecnología, lo que conlleva que sólo el 29% de los empleos de alta y alta/media tecnología sean ocupados por féminas, algo que ya ha sido denunciada por la ONU, instando a España a tomar medidas al respecto.

Por otra parte, el personal investigador y diseñador en el sector TIC es mayoritariamente masculino, lo que dificulta la representación de la diversidad. En la práctica, los productos TIC están diseñados por profesionales masculinos que proyectan sus expectativas e intereses en los productos planteados. Este hecho favorece las situaciones de exclusión tecnológica de algunos grupos de población potencialmente usuaria.

Por otra parte, hay que destacar que la participación de la mujer en el mercado laboral de las TIC cuenta con un porcentaje alarmante y residual del 17,4% en 2015, cuando en 2009 era del 22,3%. El número de varones trabajando en el Sector de las TIC supera en más de medio millón al número de mujeres, mientras que solo uno de cada cuatro investigadores en I+D son mujeres.

Además, según el informe de "Mujer y Tecnología" elaborado por UGT, las mujeres ganan un 20% menos que sus pares masculinos en los puestos de trabajo TIC.

Del mismo modo, la presencia de mujeres directivas, en las principales compañías europeas del sector de las telecomunicaciones, es aún muy baja.

Estos datos nos confirman una tendencia de segregación ocupacional de la mujer de uno de los sectores laborales que se dibujan como de mayor proyección presente y futura, además de ser uno de los que ofertan mejores salarios y condiciones laborales. Si no se actúa adecuadamente desde los poderes públicos, la digitalización de nuestra economía puede desplazar a la mujer a escenarios laborales muy vinculados a su rol de género: ciencias sociales y de la salud, enseñanza, comercio etc. agrandando de este modo la desigualdad y brecha salarial existentes.

En el marco de la Agenda Digital para España 2013, el Gobierno del Partido Popular propuso un plan de acción que pretendía responder a este importante reto, el Plan para el compromiso del Gobierno con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la Sociedad de la Información 2014-2017.

A día de hoy, este Plan propuesto por el Gobierno para la Igualdad de Género en las TIC es un auténtico fracaso. Solo 3 de los 13 objetivos cuantificados de dicho plan dibujan resultados positivos. Las cifras en cuanto a talleres impartidos y número de mujeres que han asistido a los mismos, menos de 2.000 entre mujeres y niñas, parecen claramente insuficientes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar que las mujeres y los hombres se incorporen, en condiciones de igualdad de oportunidades, a la sociedad de la información y , entre otras medidas:

1. Impulse un Plan de Igualdad específico para reducir la brecha digital en materia de género, que facilite y promueva una mayor presencia en la sociedad digital de las mujeres como creadoras de contenidos en la red y promotoras de proyectos TIC.

2. Aborde el diseño de mecanismos de promoción y medición de la participación de las mujeres y niñas en el acceso y uso de las TIC, así como en la capacitación, empoderamiento y educación en competencias digitales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Óscar Galeano Gracia, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Página 61




161/001623

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración de la Semana Santa de Puente Genil de Interés Turístico Nacional, en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

I

La Semana Santa de Puente Genil (municipio de la provincia de Córdoba de 31.594 habitantes), familiarmente conocida como "La Mananta", constituye una de las manifestaciones de religiosidad popular más importantes y singulares de Andalucía. Más allá de la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, La Mananta adquiere en Puente Genil un sello único que se torna en inolvidable para el que la visita por primera vez. Es, sin duda alguna, una fiesta de sensaciones, donde todo parece mezclarse en un desorden aparente e incluso contradictorio. Es ahí, no obstante, donde reside gran parte de su misterio y atractivo. Es también, la gran fiesta de la participación, pues La Mananta es una fiesta del pueblo. Y junto a ello, el peso de la tradición. La Mananta se forjó a lo largo de cientos de años, y es tradicional porque sus costumbres se han conservado en el pueblo transmitiéndose de generación en generación.

La Semana Santa de Puente Genil ha sido ampliamente estudiada a lo largo de la historia. Desde el amplio estudio antropológico publicado por Julio Caro Baroja en los años cincuenta del pasado siglo, numerosos antropólogos se han interesado por esta manifestación de religiosidad popular.

Fruto de este interés, es sencillo encontrar referencias documentales que van desde reportajes emitidos por la televisión pública estatal desde los años sesenta, discos que recopilan las músicas distintivas de la Semana Santa pontana o artículos en revistas especializadas en antropología o religiosidad.

En el año 1979, la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España, propone al Ayuntamiento de Puente Genil la declaración de la Semana Santa como "Fiesta de Interés Turístico", debido a su especial singularidad. Dicha declaración fue aceptada por el Consistorio y la declaración surte efecto en el año 1980.

Las sucesivas modificaciones en la legislación de referencia eliminaron esta figura, sin embargo, esta declaración ha contribuido al mayor conocimiento de la fiesta que cada vez goza de un extendido reconocimiento en otras partes de España.

Si hay algo que caracteriza especialmente estas celebraciones es el impresionante apoyo popular del que goza, contando con 26 Cofradías, 54 Corporaciones bíblicas y 17 grupos de picoruchos que participan activamente en las celebraciones que rodean la Semana de Pasión y la particular Cuaresma pontana. Esta popularidad con la que cuenta La Mananta hace que las calles del municipio se conviertan en un auténtico crisol de gentes venidas de todas partes de España y otros puntos del orbe.

Fruto de esa evolución histórica y del amplio apoyo popular que rodea esta festividad, La Mananta se ha erigido en la actualidad como un recurso notable para el desarrollo económico de Puente Genil que trasciende de las fechas propias de la Semana Santa. La proliferación de actividades cofrades durante todo el año viene propiciando una actividad comercial, hostelera y turística que proyecta La Mananta como un estímulo de inversión económica para la ciudad, una realidad que adquiere también el carácter de "inversión social" dada su fuerte raigambre en la sociedad pontana.

II

Por todo lo descrito, existe desde hace años una fuerte apuesta institucional por la promoción de la fiesta. Prueba de la implicación del Consistorio de Puente Genil en la promoción de La Mananta, el Ayuntamiento pertenece a la Asociación para el Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos de Pasión, asociación de municipios del interior de Andalucía creada en el año 2002, cuyo denominador común es tener una Semana Santa singular, además de un patrimonio histórico, etnográfico y cultural relevante que merece la pena poner en valor, para potenciar el turismo cultural, religioso y gastronómico como herramienta de diversificación de la economía y generación de empleo en dichas localidades. Dicha Asociación está patrocinada por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Por tanto, en dicha entidad se delega la promoción turística de la Semana Santa en los últimos años, lográndose importantes


Página 62




resultados en cuanto a impactos publicitarios y número de visitantes. Además, fruto de la labor de esta entidad, se están creando nuevos productos turísticos relacionados con la Semana Santa, cuya comercialización a nivel nacional e internacional es hoy una realidad.

III

En los últimos años, tanto el Ayuntamiento de la ciudad como la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas, se han comprometido fuertemente por lograr que la Semana Santa de Puente Genil logre el reconocimiento que se merece y por ello decidieron en abril de 2014 tramitar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Entendían ambas entidades, según se desprende de la Memoria presentada solicitando tal declaración, que es de justicia reconocer a dicha fiesta con ese distintivo dados los antecedentes históricos y porque además es necesario para potenciar la misma, en cuanto a nivel de conocimiento, difusión y promoción, por lo que esta fiesta supone para el desarrollo socioeconómico, la diversificación de la economía local y, en definitiva, para la generación de empleo.

Aquella solicitud estaba avalada no solo por una memoria consistente y fundamentada en todas las raíces históricas, antropológicas que contiene esta fiesta sino también por los demás requisitos necesarios establecidos en la normativa.

La sorpresa para el Ayuntamiento de Puente Genil fue recibir el escrito de la Secretaria de Estado de Turismo, de fecha 28 de mayo de 2014, donde se indica que la documentación enviada por el Consistorio no reunía los requisitos contemplados en la Orden (TC 1763/2006 de 3 de mayo (BOE 07/06/06), en lo referente a la acreditación de la realización, por la entidades organizadoras, de acciones promocionales suficientes para la atracción de corrientes turísticas. Concretamente, la normativa establece que, "como documentación justificativas de esa promoción será necesario presentar, para el caso de las fiestas de Interés Turístico Nacional un mínimo de veinte actuaciones promocionales en medios de prensa escrita (periódicos, revistas, etc.) radios y televisión de difusión nacional en uno o varios países extranjeros". Tal respuesta resultó incompresible para el Ayuntamiento pontanés, toda vez que en su memoria acreditativa incluyó más de veinte publicaciones en medio nacionales e internacionales, tal y como establece dicha orden, pero no fueron validadas muchas de las mismas por inconcreción de la normativa (por ejemplo, no admite las publicaciones en medio digitales) y por no reconocer como publicaciones válidas las acciones impulsadas por la Asociación Turística Ruta Caminos de Pasión.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar la normativa relativa a la Declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional en lo relativo a los requisitos de las publicaciones o informaciones consideradas válidas, de manera que quede perfectamente definida dicha normativa y no se deje lugar a la ambigüedad o subjetividad en la validación.

2. Revisar la normativa para poder reconocer a la Asociación para el Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos de Pasión, como una entidad válida a efectos de publicaciones necesarias según la normativa, toda vez que se trata de una asociación de municipios cuyo fin es difundir y promocionar la Semana Santa de los pueblos que la integran, por lo que sus acciones promocionales no pueden ser ignoradas y deben tener la misma validación que las realizadas directamente por el municipio interesado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2017.-María Jesús Serrano Jiménez y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001626

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la planificación del dominio público radioeléctrico para servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.


Página 63




Exposición de motivos

La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual creó una nueva categoría de radio y televisión por ondas terrestres denominada "servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro".

Según establece el artículo 32 de la Ley 7/2010 en su apartado 1, estos servicios están destinados a "atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo." "La Administración General del Estado habilitará el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios", según dispone el apartado 2 de dicho artículo.

Desde la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual han sido numerosas las solicitudes realizadas por las comunidades autónomas para que la Administración General del Estado (AGE) planificara el espectro radioeléctrico necesario para proceder conceder licencias para la prestación de estos nuevos servicios.

Sin embargo, hasta el momento la AGE no ha planificado ninguna frecuencia ni ha establecido ninguna normativa. La inacción por parte del Gobierno impide a las comunidades autónomas el desarrollo de sus competencias y supone una restricción a la libertad de expresión al impedir la creación de estos nuevos medios de comunicación.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a habilitar, en el plazo máximo de seis meses, el dominio público radioeléctrico solicitado por las comunidades autónomas para la prestación de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-Ricardo Sixto Iglesias y Yolanda Díaz Pérez, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001644

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación normativa de la declaración de fiestas de interés turístico internacional para conseguir la Declaración de la Semana Santa de Baena de Interés Turístico Internacional, en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

I

La Semana Santa de Baena, aún sin rivalizar en fama, valor artístico o lujo con los pasos e imágenes con los de Sevilla o Málaga, es lo suficientemente rica en matices como para estar considerada como una celebración del Sur de Córdoba con un merecido prestigio más allá de las fronteras provinciales y regionales. De hecho, desde el año 2001 ostenta el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

De orígenes datados en el siglo XVI, una de las primeras notas que resaltan en la Semana Santa de Baena es la variedad y el colorido, magistralmente combinados con una estricta fidelidad cronológica a los hechos que se rememoran, lo que nos traslada de una forma insensible a los tiempos bíblicos. La originalidad de Baena reside en algo más, único e inconfundible: el metálico sonido de sus tambores a manos de los judíos, la figura típica y original de Baena.

Divididos en dos turbas, ya lleven en su casco cola negra o cola blanca, y con un uniforme peculiar que se completa con artístico casco con coraza de metal del que surge un plumero multicolor y se desprende la citada cola de caballo, una chaqueta roja ricamente bordada y un tambor de chillones, el judío se ha convertido en la actualidad en uno de los grandes atractivos de la Semana de Pasión de Andalucía. En la actualidad existen ocho cuadrillas de la cola negra (unos dos mil judíos) y siete de la cola


Página 64




blanca (unos seiscientos judíos), si bien la Semana Santa baenense moviliza a unos diez mil cofrades durante los siete días de esta celebración.

Junto a la peculiaridad de los judíos, la Semana Santa de Baena presenta otros atractivos. Destaca la riqueza de su imaginería con imágenes procedentes de las escuelas granadina y sevillana de los siglos XVI y XVII, de autores como Juan de Mesa, Martínez Montañés, los hermanos García, José Risueño o Pedro de Mena.

II

Durante estos días, Baena recibe la visita de varios miles de turistas atraídos por la peculiaridad de su Semana Santa, que ha sido destacada por medios de comunicación nacionales e internacionales, tanto escritos como audiovisuales. Este movimiento de visitantes tiene un impacto directo en términos de ocupación hotelera, así como en la actividad de restauración en un amplio radio que abarca el sur de la provincia de Córdoba y otras provincias limítrofes como Sevilla, Málaga, Granada y Jaén.

La promoción exterior y el prestigio de la celebración de la Semana Santa de Baena quedas reflejados de manera muy destacada y de diferente modo en las dos últimas décadas. Así lo atestiguan las múltiples referencias en medios de comunicación, la presencia en eventos y ferias culturales y turísticas, de forma notable desde la adhesión en 2008 de Baena a la Asociación para el Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos de Pasión.

III

El Ayuntamiento de Baena está muy involucrado en diversificar la economía local en torno al turismo de interior, cultural, arqueológico y religioso. Consciente de que cualquier distinción que suponga un marchamo de calidad y un reconocimiento de prestigio, promoción o publicidad a Baena es necesaria, el Consistorio inició en 2012 el camino para la Declaración de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de Baena. Para ello, envío la documentación y justificación que se exige en la orden ITC 1763/2006 de 3 mayo (BOE 07/06/06), a la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística en junio de 2013.

Entre otras cuestiones, dicha orden exige acreditar un mínimo de diez actuaciones de difusión en uno o varios países extranjeros, en medios de prensa escrita (periódicos, revistas, etc.), radios y televisión, en uno o varios países extranjeros. El Ayuntamiento de Baena presentó un dosier justificativo de las peculiaridades y características de la Semana Santa de Baena de más de 400 páginas y acreditó más de 20 publicaciones, de las cuales el Ministerio solo reconoce como válidas cinco publicaciones, porque desestima la validez de todas aquellas publicaciones previas a la Declaración de Interés Turístico Nacional y las realizadas en medios digitales.

Por todo lo expuesto con anterioridad, el Grupo Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar la normativa relativa a la Declaración de Fiestas de Interés Turístico Internacional en lo relativo a los requisitos de las actuaciones de difusión en uno o varios países extranjeros en medios de prensa escrita (periódicos, revistas, etc.), radios o televisión, de manera que queden perfectamente definidas y no se deje lugar a la ambigüedad o subjetividad las consideradas válidas o no.

2. Incluir en la normativa como actuaciones de difusión las realizadas en medios de comunicación digitales puesto que en pleno siglo XXI no se puede ignorar la existencia de los medios digitales.

3. Revisar la normativa para poder reconocer a la Asociación para el Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos de Pasión, como una entidad válida a efectos de publicaciones necesarias según la normativa, toda vez que como asociación de municipios cuyo fin es difundir y promocionar la Semana Santa de los pueblos que la integran, no pueden ser ignoradas las acciones promocionales que impulsa pues en ella delegan los ayuntamientos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-María Jesús Serrano Jiménez y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Página 65




Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/001275

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Solicitud de modificación del título de la Proposición no de Ley relativa a la unificación de las competencias estatales sobre la gestión de los servicios veterinarios oficiales en materia de sanidad y seguridad de la producción agroalimentaria.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 107, de 21 de febrero de 2017.

161/001616

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, para que el Gobierno español se posicione en el seno de la UE en contra de prorrogar el uso del herbicida tóxico glifosato.

Exposición de motivos

El glifosato es un herbicida de amplio espectro, comercializado por Monsanto, bajo el nombre de Roundup en la década de 1970 en EE.UU.

Una vez caducada su patente, actualmente son varias las compañías que producen este herbicida, aunque el producto de la poderosa Monsanto siga siendo el más comercializado. Es la sustancia activa de más de 750 productos diferentes que se utilizan en la agricultura, silvicultura, jardinería y también en el ámbito doméstico.

En el Estado español se autorizaron en 2015, 125 productos distintos. Es un producto de amplio espectro, es decir, mata a todas las plantas sobre las que se aplique y no solo las denominadas "malas hierbas", exceptuando los cultivos transgénicos que precisamente han sido modificados genéticamente para que sean resistentes a este tipo de compuestos.

Preocupa enormemente las consecuencias dañinas sobre la salud y el medio ambiente del glifosato puesto que se dosifica sobre tierras de cultivo, parques, cunetas de las carreteras e incluso las aceras acaban rociadas con este tóxico producto cada año.

En marzo de 2015 la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó el glifosato como "probablemente cancerígeno" para las personas. Una clasificación que se basa en la evidencia limitada en seres humanos pero con fuertes


Página 66




evidencias de cancerígeno para los animales. Precisamente, la inclusión del glifosato en el listado de agentes cancerígenos de la IARC reactivó la oposición global a esta sustancia.

El listado de la IARC clasifica a los agentes en cuatro niveles basándose en pruebas científicas existentes sobre carcinogénesis. El glifosato ha sido incluido en la categoría 2A (probablemente cancerígeno en humanos), la segunda dentro de la escala de la IARC. La evidencia sobre la exposición, mayoritariamente de trabajadores del campo, procede de estudios realizados en los EE.UU., Canadá, Suecia y publicados desde 2001.

Mientras que las multinacionales agroquímicas patrocinaban investigaciones orientadas a demostrar que no existía riesgo asociado concluyente a su exposición específica, numerosos estudios independientes también incidían en su toxicidad, resaltando el hecho de que tenga efectos como disruptor endocrino y como causante de alteraciones genéticas y trastornos reproductivos y sus efectos nocivos para el medio ambiente.

Hay sectores de la población más vulnerables por estar más expuestos a este producto debido a su actividad: agricultores, jardineros, trabajadores y trabajadoras municipales; y sectores extremadamente vulnerables como fetos y población infantil.

Además de los perniciosos efectos sobre la salud humana, hay que sumar el impacto sobre el medio ambiente, tanto a la fauna como a la flora, puesto que contamina suelos y también el agua. El hecho de que el glifosato afecte a plantas que no son objetivo es causa de pérdida de especies silvestres. Afecta a la diversidad y cantidad de especies y seres vivos que pueden resultar fundamentales para la agricultura como son los insectos polinizadores. El uso masivo de este producto tóxico acaba convirtiendo a las "malas hierbas" en más resistentes, con lo cual resultan más difíciles de erradicar; un círculo vicioso que lleva a aumentar el uso de sustancias químicas tóxicas y las concentraciones y las mezclas peligrosas de sustancias.

La UE autorizó su uso en 2002. Y tras importantes disensiones en el seno de la Comisión Europea, decidió el año pasado prorrogar su uso otros 18 meses.

Las dudas sobre sus posibles riesgos para la salud humana provocaron importantes tensiones en la UE, donde en junio del pasado año no había acuerdo para prorrogar la autorización de este producto químico durante los próximos quince años, o un periodo inferior. El permiso vigente expiraba el 30 de junio de 2016.

Países como Francia e Italia se opusieron, y Alemania se abstuvo. Debido a las importantes dudas sobre este compuesto en la UE, las multinacionales como Monsanto procedieron a realizar la correspondiente presión, actuando como voraces lobbies que influyen en las decisiones políticas de Bruselas.

Sin embargo, y como era previsible, la fuerte presión de los lobbies tuvo sus frutos y la Comisión Europea aprobó el 30 de junio de 2016 una prórroga de 18 meses, tras vencer el plazo de 15 años que existía.

La moratoria de 18 meses se debió, como explicitamos anteriormente, a la oposición de importantes países europeos, donde la conciencia gubernamental sobre el tremendo impacto sobre la salud humana y el medio ambiente del glifosato está más asentada. Ante las reticencias de distintos países de gran peso en la UE como Alemania -que se abstuvo en las votaciones previas- y Francia -que votó en contra-, los responsables comunitarios de Salud y Seguridad Alimentaria decidieron habilitar una moratoria limitada.

Se supone que a la vez se iban a encargar nuevos estudios científicos para analizar el efecto del glifosato en la salud.

Hemos hecho referencia al informe de marzo del 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dictaminó que el glifosato es "probablemente cancerígeno para los seres humanos". Sin embargo, la Comisión europea, estados que votaron a favor, como el Estado español, y la industria productora acreditan en el dictamen de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), que concluyó que era poco probable que este principio activo provocara cáncer.

A falta de una mayoría cualificada entre los Estados miembros, el comisario de Salud y Seguridad Alimentaria explicó la adopción de la vía intermedia, la de prorrogarlo 18 meses, con el objetivo de prolongar la autorización "hasta que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas publique su dictamen, como muy tarde a finales de 2017".


Página 67




En el Estado español, las administraciones públicas: Fomento, corporaciones locales o autonómicas como la Xunta de Galicia, lo utilizan bajo el argumento de que "es legal". Además, se simplifica alegando que es más cómodo que el desbroce, más duradero y eficiente, más barato, aspectos que bajo nuestro punto de vista nunca se deberían anteponer a la necesaria protección y preservación de la salud humana. La versión oficial dice que si se siguen los protocolos establecidos, no debería haber temor por el uso del glifosato para limpiar de maleza las cunetas de las carreteras.

A medida que se van percibiendo y estudiando las consecuencias de este herbicida, crecen cada vez más las voces a nivel internacional que critican y cuestionan su uso.

En el caso de territorios como el gallego, entre otros muchos del Estado, preocupa enormemente el alcance del uso masivo de fitosanitarios y herbicidas en el medio rural. Existen evidencias fundadas de que no se están respetando las distancias de seguridad establecidas con casas y zonas cultivadas ni con manantiales y pozos, además de otras irregularidades. Las quejas y las denuncias provienen de multitud de colectivos, asociaciones ecologistas, agricultores, ganaderos, apicultores y miles de personas particulares.

No es nuestra intención extender el debate sobre el uso del glifosato y otras sustancias químicas al necesario debate sobre el modelo de agricultura que ha propiciado el capitalismo: la agricultura y la alimentación industrial, pero sí advertir que el glifosato es uno de sus reversos tenebrosos. Explicitamos, eso sí, nuestra apuesta decidida por la agricultura ecológica y un desarrollo sostenible, un modelo que debería ser la prioridad de la UE.

Lo que es indudable es que ante datos como los que se están revelando acerca del glifosato y sus peligros para la salud y el medio ambiente, debe primar siempre el principio de la precaución y cautelas y anteponer la protección de la salud a decisiones basadas en elementos económicos, comerciales y de intereses de multinacionales. Con los datos actuales de los que se dispone, puesto que existe una amplia bibliografía sobre este herbicida, con alertas como la de la OMS y numerosos estudios independientes, creemos que no existen argumentos para defender que se continúe contaminándonos con este producto.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Asumir la postura de países de la UE críticos con el uso masivo del glifosato debido a sus efectos perniciosos sobre la salud humana, el medio ambiente y la agricultura, y posicionarse en contra de una posible nueva prórroga cuando finalice la moratoria de 18 meses acordada en la Comisión Europea el 30 de junio de 2016.

- Eliminar su uso en las infraestructuras estatales: carreteras, aeropuertos, ferrocarril y otras infraestructuras que dependan de la Administración General del Estado.

- Coordinar con las CC.AA. y las administraciones locales campañas informativas sobre los peligros y los efectos tóxicos que provoca el uso de este herbicida, especialmente en trabajadores de empresas y trabajadores del campo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-Alejandra Fernández Gómez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001619

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la promoción del consumo de productos pesqueros, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación-y Medio Ambiente.


Página 68




Exposición de motivos

España ha sido un país tradicionalmente consumidor de pescado, con una rica gastronomía y cultura en torno a la mar. Nuestro país todavía se encuentra a la cabeza de Europa en su consumo, con un 75 % de los españoles que aseguran consumir pescado un mínimo de 2-3 veces por semana según la encuesta realizada por la patronal europea de pesca, Europêche, sobre Consumo de Pescado y el Papel del Sector Pesquero en la Unión Europea.

Sin embargo, según datos del último informe del consumo de alimentación en España, el consumo doméstico de pescado realizado por persona, a lo largo del año 2015, fue de 25,90 kilos, descendiendo en un 2,4 % respecto al año 2014.

Se trata de una tendencia que se viene observando desde hace años en la compra de pescado, aunque hay que matizar que se aumenta el consumo de conservas, frente al descenso de la compra de pescado fresco y de marisco y moluscos. Pese a todo, el 45 % del pescado consumido en los hogares sigue siendo pescado fresco.

El informe de consumo también señala que el gasto permanece estable, a pesar del incremento del precio medio del pescado en un 2,7 %, establecido en 7,76 euros/kilogramo. El precio puede justificar parte de la bajada en el consumo, pero el motivo principal es el cambio generalizado en los hábitos de compra y de consumo en el mercado español, en los productos consumidos tanto dentro como fuera del hogar, siendo más apreciable en los segmentos más jóvenes de la población.

Otro aspecto a tener en cuenta ha sido la crisis, que ha condicionado la forma de cocinar y comprar para aprovechar mejor los productos y contribuir al ahorro. En este sentido, otro dato significativo lo extraemos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, elaborada por el INE, en la que se manifiesta que la alimentación, en general, ocupa un papel cada vez menos relevante en los hábitos de consumo de los españoles. En este sentido, de los tres grandes grupos en los que repartimos el gasto del hogar (vivienda, agua, electricidad y combustibles; transportes, y alimentación), a los alimentos y bebidas no alcohólicas dedicamos el 15,1 % del presupuesto, en torno a 4.125 euros, distribuidos en carne (3,6 % del gasto total), pan y cereales (2,3 %), leche, queso y huevos (1,8 %) y pescado (1,8 %).

Cada segmento, en el que dividimos los tipos de pescados: pescados frescos, pescados congelados, mariscos/moluscos/crustáceos, conservas de pescado y molusco, tienen un perfil de consumidor. El consumidor de pescado fresco se corresponde con hogares formados por parejas con hijos mayores, parejas adultas sin hijos y jubilados. Son hogares de rentas acomodadas, cuyo responsable de compras supera los 50 años, generalmente no activos. Mientras que el consumo de pescados congelados se realiza en hogares con presencia de hijos de 6 a 15 años, hogares numerosos (más de 4 personas) y, normalmente, en ciudades más bien pequeñas.

El incremento de conservas está relacionado con el incremento de consumo de las personas inactivas y jóvenes independientes, siendo estos últimos los que en mayor medida incrementaron el consumo per cápita. En este último caso, el problema puede hallarse en la no disponibilidad de tiempo y en el desconocimiento de las formas de manipular y cocinar el pescado.

Nadie duda de las bondades nutricionales del pescado dentro de una dieta equilibrada. El Ministerio ha realizado diversas campañas informativas y editado materiales, para promocionar el consumo de pescado en general o para el de productos o especies concretas, que han tenido buena acogida por la sociedad.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Promover el consumo de productos pesqueros.

- Realizar campañas para la promoción del consumo de productos pesqueros, destinada a que los niños y jóvenes consuman pescado y generar en ellos habitos de consumo.

- Continuar por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con las campañas de promoción del consumo de pescado, que incorporen medidas para permitir un incremento del consumo de los productos pesqueros, mediante la adaptación al consumidor a través de un mayor servicio en punto de venta, mejor información sobre el producto, y el impulso de medidas educativas sobre su consumo.


Página 69




- Colaborar en la puesta en marcha de iniciativas individuales o sectoriales para promocionar el consumo del pescado aprovechando las posibilidades que ofrece el Programas Operativos del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001624

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre los trabajos de limpieza y mantenimiento del cauce del río Yeguas-Sierra de Yeguas (Málaga), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La rivera del río Yeguas tiene más de veinte kilómetros de largo y nace en la localidad malagueña de Sierra de Yeguas, en el paraje de la Sierra de los Caballos, transcurre por los términos de Sierra de Yeguas (Málaga), La Roda de Andalucía (Sevilla), Casariche (Sevilla) y Puente Genil (Córdoba), confluyendo en Santa Ana de las Quebradas con el río Genil.

Atraviesa todo el término municipal de Sierra de Yeguas, afectando a la zona de especial protección agraria singular de los Llanos de Navahermosa. Su recorrido por el municipio de La Roda de Andalucía es de aproximadamente 10,5 kilómetros, mientras que el de Casariche, es inferior (8 km) fragmentando y dividiendo en dos partes prácticamente semejantes dichos municipios. Es el verdadero "sifón de drenaje" puesto que hacia él se dirigen la totalidad de las escorrentías producidas por los arroyos de ambos municipios. Asimismo, atraviesa por ambos núcleos poblacionales, dividiéndolo en dos sectores, produciéndose un elevado impacto paisajístico a su paso por Casariche, puesto que sus riberas están hormigonadas para evitar la erosión a ambos márgenes del mismo. En este sentido hemos de decir que la principal acción mecánica que realiza es la de erosionar el terreno a lo largo de su recorrido. De caudal irregular e inferior al río Genil, no posee ningún embalse que regule y determine su aportación hídrica a su paso por ambos municipios. Es frecuente ver sus crecidas importantes durante el otoño e invierno de los años más lluviosos. Posee unos niveles de contaminación relativamente bajos, si exceptuamos su paso por ambos núcleos poblacionales.

Hay numerosas noticias referentes a las intervenciones en el río Yeguas en el municipio sevillano de Casariche; sin embargo, poco o nada se ha hecho en la zona de su nacimiento como es Sierra de Yeguas, puesto que ya son 7 años los que llevan sin hacerse labores de mantenimiento y limpieza del río. La última actuación fue llevada a cabo por la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza del Agua con una inversión de 42.000 euros para la limpieza del río en el término municipal de Sierra de Yeguas. Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir poca o ninguna labor de mantenimiento se ha realizado en estos años atrás y son numerosas las quejas de agricultores que ven como por crecidas de agua sus cosechas se ponen en peligro por los restos que se acumulan en el arroyo desbordándose en diversos puntos de su recorrido.

Esta situación está provocando que numerosos agricultores de la localidad vean afectados sus cultivos y principal fuente de ingresos por las lluvias. Situación que se encuentra agravada por el transcurso del río prácticamente en su totalidad con una zona de inundabilidad como consecuencia del mismo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se acometan los trabajos pertinentes de limpieza y mantenimiento, y de esta forma evitar los daños que están sufriendo los agricultores de la localidad que están viendo como peligra su producción agrícola, provocando un perjuicio económico en la


Página 70




localidad, no solo en las inversiones realizadas por los agricultores, sino en la posibilidad de la generación de empleo en el municipio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2017.-Victoria Begoña Tundidor Moreno, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001638

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para corregir la situación creada por el Plan de Descarte para los moluscos de Venus spp y evitar la diferencia de trato entre países de la UE, para su debate en Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

En el Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo contempla las características biológicas, sociales y económicas de las pesquerías mediterráneas y exige que la Comunidad establezca un marco específico de gestión.

Entendemos que hay que establecer un marco de gestión eficaz y equitativo para cada uno de los países que conforman la EU, sin que se tomen medidas que perjudiquen a ningún país miembro.

El "Diario Oficial de la Unión Europea", ha publicado el pasado 23 de diciembre el Reglamento Delegado (EU) 2016/2376 de la Comisión, de 13 de octubre de 2016, que establece un plan de descarte para los moluscos de Venus spp (Chirlas) en las aguas territoriales italianas. Algo que nos sorprende y nos parece insólito porque puede dar pie a discriminación entre las pesquerías de los países miembros.

Andalucía tiene una flota marisquera importante que se dedica a la captura de las especies "Chamaellea gallina", conocida vulgarmente como chirla.

Así, en el caladero nacional del Golfo de Cádiz están censadas 85 dragas hidráulicas que se dedican de manera exclusiva a la captura de esta especie y 17 rastros remolcados que compaginan la captura de la chirla con la de coquina.

En el caladero nacional Mediterráneo hay censadas 240 dragas mecanizadas que, si bien no se dedican exclusivamente a la captura de chirla, la alternan con otras especies como la concha fina, el corruco y la coquina.

En el Golfo de Cádiz, la actividad marisquera comentada está regulada en la Orden de 24 de junio de 2011 para las dragas hidráulicas y en la Orden de 28 de septiembre de 2011 para los rastros remolcados, de la Consejería de Agricultura y Pesca, de la Junta de Andalucía. En el caladero Mediterráneo, esa actividad marisquera está regida por la aún vigente Orden de 24 de marzo de 2014, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de la Junta de Andalucía, por la que se establece un Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral Mediterráneo de Andalucía, ya que actualmente el plan de gestión que incluye está siendo evaluado y revisado por los servicios de la Comisión Europea, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo.

En ambos caladeros la talla mínima para la captura de la chirla está fijada en 25 mm.

En el caladero del Mediterráneo esa talla se encuentra fijada en el anexo III del comentado Reglamento 1967/2006 para todos los países ribereños de la Unión Europea.

En el Golfo de Cádiz, la talla mínima de 25 mm se encuentra fijada en la Orden de 25 de marzo de 2003, de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, por la que se establecen las tallas mínimas y épocas de veda para los moluscos bivalvos y gasterópodos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y esa talla se encuentra armonizada con la talla mínima que Portugal tiene establecida en la Portaría 27/2001, de 15 de enero ("Diario de la República" n.º 12, p. 229).


Página 71




El Reglamento Delegado estable en su artículo 2 una talla mínima de referencia a efectos de conservación para la especie Venus spp, es decir, las Chirlas, de 22 mm de longitud total en las aguas territoriales italianas. De esta manera, asistimos muy preocupados, cómo Italia ha establecido una excepción a las tallas establecidas en el anexo III del Reglamento 1967/2006, reduciendo esa talla de 25 a 22 mm, y si viene esa talla mínima de referencia solo es aplicable en sus aguas territoriales.

Al Grupo Parlamentario Socialista no le cabe duda que esas decisiones van a tener un impacto negativo en el sector marisquero andaluz, ya que se creará una competencia desleal a efectos de su comercialización en el momento en que la chirla italiana entre libremente en los mercados españoles.

Es más, esa reducción de talla también va a repercutir en el control de las tallas mínimas que deben ejercer las administraciones públicas, ya que, al no ser una importación, puesto que procede de un país europeo, nos encontraremos en la cadena de comercialización con 2 tallas, la de 25 mm procedente de Andalucía, del resto de las Comunidades Autónomas del Mediterráneo y de Portugal y la de 22 mm procedente de Italia.

Esta circunstancia podría dar lugar a situaciones irregulares, por no decir ilegales, ya que podría romperse la trazabilidad en cualquier punto de la cadena de comercialización suplantándose la procedencia de la chirla inmadura (por debajo de 25 mm) del caladero nacional o incluso del caladero portugués por chirla italiana.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Buscar soluciones dentro de la EU a la situación creada tras la publicación del Reglamento Delegado de la Comisión Europea, para evitar la diferencia de trato entre países de la UE y la repercusión económica, especialmente en el sector marisquero andaluz y, por ende, en el español.

2. Proponer en la UE la corrección de la situación creada por el Reglamento Delegado (EU) 2016/2376 de la Comisión, de 13 de octubre de 2016, que establece un plan de descarte para los moluscos de Venus spp (chirlas) en las aguas territoriales italianas, para evitar la diferencia de trato entre países de la UE."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-Josefa Inmaculada González Bayo, José Juan Díaz Trillo y Margarita Pérez Herraiz, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001653

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la sentencia del Tribunal Supremo que prevé la demolición de la depuradora Vuelta Ostrera, en Suances (Cantabria), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

En 2001, tras acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, que declaró como zona de reserva una parcela de terreno de 87.450 metros cuadrados en la ría de San Martín, en Suances (Cantabria), en un humedal de dominio público-terrestre conocido como marismas de la Junquera o de Cortiguera, se aprueba el proyecto para la construcción de la EDAR Vuelta Ostrera y, al mismo tiempo, se produce la primera denuncia de la Asociación Ecologista ARCA, que señala el error del acuerdo al incumplirse, supuestamente, la Ley de Costas.

La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Vuelta Ostrera fue inaugurada, aún sin entrar en funcionamiento, el 1 de agosto de 2015 por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tras una


Página 72




inversión de 24 millones de euros, financiada en un 85 por ciento por la Confederación Hidrográfica del Norte, a través del Fondo de Cohesión Europeo, y el resto por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Esta infraestructura, con capacidad para tratar las aguas residuales de unos 370.000 habitantes, está ubicada en Suances y forma parte del saneamiento integral de la cuenca del Saja-Besaya, un proyecto de 145 millones de euros de inversión que incluía además la construcción de 82 kilómetros de colectores, 12 estaciones de bombeo y un emisario submarino que enviaría los vertidos, ya tratados, a tres kilómetros de la costa.

En 2006, el Tribunal Supremo anuló, tras la denuncia de la Asociación Ecologista ARCA, el acuerdo adoptado en 2001 por el Consejo de Ministros y ordenó la demolición de esta obra al considerar que había alternativas a la ubicación de la depuradora fuera del dominio público marítimo-terrestre, que se excluyeron, y señala que el acuerdo del Consejo de Ministros no respetó la exigencia de la Ley de Costas de que solo se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.

Cuando todo parecía preparado para construir una nueva depuradora y demoler, más de una década después, la ilegalizada Vuelta Ostrera, el MAGRAMA ha solicitado al Tribunal Supremo, a mediados de enero de 2017, un nuevo aplazamiento, que ha sido denegado en un auto de 26 de enero donde el Alto Tribunal declara que no aceptará más retrasos en la demolición de Vuelta Ostrera.

Ante la amenaza de cierre y la posibilidad de un derribo inminente, el abogado del Estado presentó un recurso en el que reconoce los retrasos en el cumplimiento de la sentencia, pero exculpó al Ministerio de ellos: "No obedece a incuria ni a falta de diligencia, sino a las exigencias impuestas para sustituir la instalación existente por otra". Además, el jurista solicitó una nueva prórroga para presentar los planes ambientales y pidió al Supremo que no cerrase la estación. Pero los magistrados han desestimado el recurso del Ministerio y "confirmado en su integridad" la providencia dictada por la Sala.

En relación a lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo, de manera inmediata, todas las acciones necesarias, dentro de sus competencias, para evitar la demolición de la actual estación depuradora antes de la puesta en marcha de la nueva instalación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez y Félix Álvarez Palleiro, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/001667

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la prohibición para el uso veterinario del diclofenaco, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El pasado mes de febrero tuvo lugar en la ciudad de Toledo la reunión final del Plan de Acción sobre el Buitre de la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CMS), un encuentro clave para esta especie y preparatoria de la cumbre internacional de la CMS, que se celebrará en octubre de este año en Filipinas.

La CMS, también conocida como Convenio de Bonn, es un tratado internacional bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas. Ofrece una plataforma global para la conservación y el uso sostenible de especies migratorias y de sus hábitats. La CMS reúne a más de 120 Estados, entre ellos España y el resto de países de la Unión Europea, y establece las bases legales para la adopción de medidas de conservación coordinadas internacionalmente para la conservación de especies migratorias.


Página 73




Las conclusiones de este encuentro, que ha reunido a 43 expertos de 22 nacionalidades y en el que se analizaron las principales amenazas que se ciernen sobre esta especie, dibujan un muy preocupante panorama que coloca al buitre al borde de la extinción.

La situación del buitre en todo el mundo es alarmante con más del 60 % de las especies amenazadas y en estado crítico. Un estudio publicado en Biological Conservation apunta a que sus poblaciones son las que más rápido han descendido en la última década. De las 22 especies conocidas, nueve de ellas están ya en peligro crítico -cuatro de ellas en África-, otras tres están en peligro -todas ellas africanas- y otras cuatro en situación próxima a la amenaza. Solo seis especies se encuentran en un estado de conservación aceptable. En España, que acoge al 90 % de los buitres de Europa, solo el buitre leonado cuenta con poblaciones suficientes para considerar que se encuentra fuera de peligro.

En algunos países, como India y Pakistán, las poblaciones prácticamente han desaparecido y de hecho, ahora mismo, se considera que el único lugar seguro para los buitres en el mundo es la Península Ibérica, donde existen las densidades más grandes de esta especie.

Sin embargo, ni siquiera en España los buitres están a salvo. En los últimos años se ciernen sobre esta especie una serie de amenazas que podrían provocar que la tendencia a la baja también se diera en nuestro país. Así, el Plan de Acción que quiere aprobar la CMS para Asia, África y Europa vincula a aquellos países donde las poblaciones están en descenso, pero también quiere poner remedio para que en territorios como España se puedan eliminar los riesgos.

Las amenazas a las que se enfrentan los buitres son muy diversas. Hay algunas históricas como el uso de veneno, la electrocución en tendidos eléctricos y las colisiones con parques eólicos, problemas con los que ya se lucha y para los que se han ido aprobando soluciones. Pero, actualmente, el riesgo más importante en nuestro país es la autorización desde hace unos años del diclofenaco, un fármaco antiinflamatorio usado por los veterinarios en el ganado que es el que ha causado la práctica extinción de los buitres en el sudeste asiático. Se trata de un producto que, utilizado en el ganado de cuyos restos luego se alimentan los buitres, provoca un fallo hepático en estas aves difícil de detectar, al contrario que con el envenenamiento, con el que mueren cerca del foco.

El riesgo es muy grave porque no es necesario un uso masivo para causar un desastre: el estudio sobre lo sucedido en el subcontinente indio mostró que con menos de un 1 % de cadáveres portadores del medicamento bastaba para arrasar a toda la población de buitres. Son tan sensibles al diclofenaco que con una pequeña ingesta sufren el fallo renal y como pueden acudir varias decenas de ejemplares a comer de mismo cadáver, unos pocos cadáveres contaminados pueden diezmar la población.

Siendo paradójico que frente a este panorama los gobiernos de España e Italia hayan autorizado este fármaco para uso veterinario en solitario frente a la comunidad internacional. Cuando, además, en la CMS en 2011, los 120 países aprobaron por unanimidad solicitar la prohibición del diclofenaco para uso veterinario a nivel mundial. Es decir, ya hay un tratado internacional que alerta de su riesgo en los buitres. A lo que se une un informe de la Agencia Europea del Medicamento alertando de su "alto riesgo" para los buitres.

De hecho, desde que el Gobierno aprobara el uso del diclofenaco en 2013, la comunidad científica se ha manifestado unánimemente al tratar de convencer al Gobierno en que diera marcha atrás en multitud de artículos y cartas publicadas en revistas especializadas. El argumento, sencillo: la extinción casi por completo de las carroñeras en India solo se frenó cuando se prohibió el uso de este medicamento con el ganado. Un argumento en el que cabe ahondar más si se tiene en cuenta que hay otros productos farmacológicos alternativos con el mismo coste y disponibles para los ganaderos que no entraña peligro para los buitres.

Una amenaza que se torna aún más incompresible cuando observamos que no solo acecha a los buitres en un país como el nuestro con una tan alta densidad de esta especie, sino también a una especie en extinción como el águila imperial, que se alimenta principalmente de conejos pero que en ocasiones también come carroña.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Prohibir el uso veterinario del diclofenaco en España y a defender su total prohibición en Europa, por el gran riesgo que supone para las poblaciones de aves necrófagas, principalmente de buitres y águilas.


Página 74




2. Establecer a la mayor brevedad un procedimiento reglado para evaluar el impacto de los medicamentos de uso veterinario en la fauna necrófaga, tanto de los ya autorizados como los que puedan llegar a autorizarse."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.-Marc Lamuà Estañol, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/001640

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la sostenibilidad y utilización del aceite de palma para uso industrial y alimentario, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El aceite de palma es el aceite vegetal más utilizado en todo el mundo por su eficiencia y bajo precio. Una hectárea cultivada con palma produce una gran cantidad de aceite, por lo que las empresas encargadas de producir este aceite aprovechan grandes extensiones, previamente deforestadas, para su cultivo. Este aceite se usa tanto en la industria alimentaria, como en la fabricación de cosméticos, así como en la producción de biodiésel. El aceite de palma proviene del fruto de la palma, que crece mayoritariamente en zonas tropicales. Más del 85 % de la producción global tiene lugar en Indonesia y Malasia.

Europa es el tercer consumidor de aceite de palma, tras Indonesia e India. Desde el año 2000, la producción de aceite de palma se ha duplicado y está previsto que su volumen aumente aún más dada la alta demanda de aceite vegetal en todo el globo. Si a mediados de los años ochenta se consumían anualmente 1,5 millones de toneladas de este aceite, a día de hoy se superan los 50 millones de toneladas. Las previsiones de diferentes gestoras de fondos señalan que su consumo puede aumentar a un ritmo de un 5 % anual en los próximos años. Este uso masivo puede tener dos consecuencias importantes en el medio y largo plazo: provocar una deforestación masiva de zonas tropicales y perjuicios en la salud de los ciudadanos por posibles riesgos que el aceite de palma posee en la elaboración de alimentos.

Según datos ofrecidos por The New York Times y organizaciones ecologistas, la plantación masiva de palma ha supuesto la pérdida de más de la quinta parte de zona boscosa de Indonesia entre 1990 y 2010. Una deforestación masiva que se está trasladando a los países productores de este aceite: Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Guatemala o México. La deforestación asociada a la producción de aceite de palma está también relacionada con la expulsión de comunidades indígenas, y riesgo claro para la biodiversidad de los hábitats deforestados. De hecho, algunas especies concretas de primates y felinos se ven ya amenazados y en riesgo de extinción por la deforestación de sus ecosistemas naturales. Cabe mencionar también que el método más utilizado para la deforestación previa a la plantación de la palma son los incendios, lo que repercute también de manera importante en la emisión de CO2 a la atmósfera. Un CO2 que tampoco puede ser convertido en oxígeno posteriormente al eliminarse la foresta encargado de ello. Dada la elevada presión que reciben las multinacionales que utilizan el aceite de palma en sus productos, algunas de ellas están reaccionando y comprometiéndose a utilizar aceite de palma sostenible y trazable a fin de evitar un mayor perjuicio medioambiental.

A raíz de la preocupación global por el impacto medioambiental que el cultivo y producción de aceite de palma supone, en 2004 la industria crea la "Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), un organismo formado por empresas consumidoras de este aceite que certifica que el aceite de palma que se emplea en los productos de las empresas asociadas es sostenible y respeta la biodiversidad. Sin embargo, su éxito ha sido limitado pues solo ha conseguido certificar el 20 % de la producción mundial de este aceite y desde asociaciones ecologistas como WWF se critica duramente su falta de rigor y compromiso a la hora de valorar y certificar el aceite de palma sostenible. Sin embargo, esta concienciación sobre la importancia de consumir


Página 75




aceite de palma sostenible aumenta. La "European Palm Oil Alliance" y "The Sustainable Trade Initiative" señalan que en 2015 el 57 % de aceite de palma consumido en Europa estaba certificado como sostenible.

Los gobiernos nacionales poseen un importante papel a la hora de motivar a las diferentes industrias a utilizar aceite de palma sostenible. Por ejemplo, en la Unión Europea existen criterios al respecto en la Directiva Europea de Energías Renovables, aunque diferentes Estados miembros están yendo más allá y aplican programas concretos para incentivar el uso de aceite de palma sostenible. Por ejemplo, en Bélgica se estableció en 2012 la Alianza belga del aceite de palma sostenible, en el que las compañías miembros han conseguido en 2015 que todo el aceite de palma utilizado en sus productos sea sostenible; en Dinamarca, la Federación danesa de bebidas y comidas lidera la iniciativa relativa al aceite de palma sostenible que tiene como objetivo que para finales de 2018 la totalidad de aceite de palma utilizado en sus industrias sea sostenible; en los Países Bajos, el principal importador de aceite de palma en toda Europa, la Alianza holandesa del Aceite de Palma Sostenible promueve y monitoriza el uso de aceite de palma sostenible en su industria. A día de hoy el 72 % del aceite de palma utilizado en Países Bajos es sostenible; Italia, el segundo país europeo que más aceite de palma importa, ha lanzado la última alianza para certificar la trazabilidad y sostenibilidad del aceite de palma que utilizan sus empresas, lanzando incluso campañas para concienciar a consumidores de los efectos del aceite de palma en la dieta, en el medio ambiente y la importancia de que sea producido de manera sostenible; Reino Unido, por su parte, ha impulsado desde el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales una declaración conjunta con asociaciones clave en el uso de aceite de palma sostenible, promoviendo el uso de este tipo de aceite a toda la industria. También se han impulsado iniciativas multisectoriales a fin de disminuir el consumo de este tipo de aceite, como, por ejemplo, la British Hospitality Association (BHA), que representa a más de 40.000 empresas de hostelería, ha elaborado una guía para promocionar el aceite de palma ecológico entre sus asociados o el propio Ejecutivo ha puesto como condición esencial en todos los servicios de comidas que provee en la administración, centros escolares, etc., la utilización de aceite de palma sostenible.

Sin embargo, el interés por el aceite de palma y las consecuencias de su producción y consumo no solo residen en el sector industrial. Los consumidores europeos reclaman cada vez mayor información sobre aquello que consumen y en base a las quejas emitidas por estos, ya que en el etiquetado de los alimentos no se especificaba el tipo de aceite vegetal utilizado en la elaboración de alimentos procesados, las instituciones europeas aprobaron el Reglamento (UE) N.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, en el que se obliga a que las empresas productoras de alimentos deban especificar el tipo de aceite utilizado en el etiquetado. Pese a ello, todavía existen empresas que no cumplen con la normativa dentro de la Unión Europea o productos que son importados y no contienen dicha especificación.

Con el aumento del consumo de este tipo de aceite por la población, comienza a investigarse su efecto a corto, medio y largo plazo sobre los efectos que puede poseer en la salud. El perfil lipídico del aceite de palma, sobre todo la naturaleza de los ácidos grasos que componen este, ha levantado intensos debates sobre su inocuidad. El aceite de palma es una grasa rica en ácidos grasos saturados de cadena molecular corta y par, un tipo de ácido graso que al ser tratado para la elaboración de alimentos, da lugar a ésteres que poseen propiedades genotóxicas y carcinógenas.

A los estudios ya existentes de la European Food Safety Authority (EFSA) en relación al aceite de palma y su influencia en el desarrollo de patologías coronarias y metabólicas, se añaden nuevos estudios independientes que arrojan resultados a tener en cuenta.

Un estudio publicado recientemente en la revista Nature, en diciembre de 2016, liderado por investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, señala que los tumores son capaces de iniciar metástasis a través de un marcador específico, la proteína CD36, cuando interacciona con grasas. Cuando los investigadores analizaron la implicación del metabolismo de las grasas en el proceso de metástasis y la función que desempeña la proteína CD36, comenzaron a investigar la influencia que la dieta rica en grasas poseía en las metástasis. Los investigadores dieron a ratones una dieta rica en grasas, un 15 % adicional al consumo habitual, inoculándoles posteriormente un tipo de cáncer oral. En situación de condiciones normales, con una dieta con contenido normal en grasas, un 30 % de los ratones desarrollaba metástasis. Con la dieta rica en grasas, casi el 80 % de los casos desarrollaban metástasis y de mayor tamaño. Tras ver esta influencia directa sobre de las grasas sobre las metástasis, el equipo investigador desarrolló otro experimento utilizando un ácido graso específico: el ácido palmítico, componente principal del aceite de palma. Se trató un tumor durante dos días con este ácido graso y se inyectó posteriormente a ratones que tenían una dieta normal. Una vez inoculado, el tumor pasaba de


Página 76




reproducirse en el 50 % de los casos al 100 %. Es decir, todos los ratones desarrollaban metástasis por la influencia del ácido palmítico sobre la proteína CD36 presente en el tumor.

Nuestra normativa prevé mecanismos para limitar los daños que un agente pueda causar al conjunto de la población cuando existe información disponible que así lo atestigüe, pero la evidencia científica precise de más estudio. En este supuesto, la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición estipula el principio de cautela que debe regir las actividades del Gobierno a fin de proteger al conjunto de la población para evitar complicaciones sanitarias. En concreto, su artículo 7 señala que "en circunstancias especificas, y en particular ante la aparición de riesgos emergentes, cuando tras haber evaluado la información disponible, se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud, pero siga existiendo incertidumbre científica, podrán adoptarse medidas provisionales de gestión del riesgo para asegurar la protección de la salud, todo ello en espera de una información científica adicional, que permita una evaluación del riesgo más exhaustiva". A lo que añade que: "las medidas deberán ser proporcionadas y revisadas en un tiempo razonable", así como "cuando se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud de carácter crónico o acumulativo, y siga existiendo incertidumbre científica, podrán adoptarse medidas provisionales para asegurar la protección de la salud, que serán proporcionadas y revisadas en un tiempo razonable a la luz del riesgo contemplado y la información científica adicional que resulte pertinente g'.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo una campaña de consumo responsable del aceite de palma, así como a entablar negociaciones con las empresas del sector alimentario a fin de que se abandone su uso para fines nutricionales.

2. Llevar a cabo cuantas medidas considere oportuno el Gobierno, basadas siempre en el principio de cautela, para proteger a la población de posibles efectos nocivos del consumo del aceite de palma hasta la mejora de la evidencia científica al respecto.

3. Llevar a cabo las medidas oportunas para limitar el acceso de los menores de edad a productos con aceite de palma, especialmente en centros escolares u otro tipo de centros públicos ya sea limitando los productos que se dispensen en máquinas expendedoras o alimentos que puedan ofrecerse en menús escolares.

4. Desarrollar un estudio en profundidad, recopilando la evidencia existente, así como desarrollando una investigación propia sobre los efectos que el aceite de palma posee sobre la salud de la población.

5. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la necesidad de que los ejecutivos autonómicos tomen medidas a fin de reducir el consumo de este tipo de grasa tanto en su ámbito directo de competencia, como en colaboración con otras consejerías.

6. Supervisar el cumplimiento del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor por parte de las empresas alimentarias.

7. Llevar a cabo conversaciones con los representantes del sector hostelero para que los establecimientos que utilicen aceite de palma en su actividad, sustituyan este por aceites con menores implicaciones sanitarias a medio y largo plazo, o que en caso de no sustituirse, se utilice aceite de palma sostenible.

8. Llevar a cabo un plan a fin de que, en un plazo razonable, las empresas españolas que utilicen aceite de palma para fines industriales y energéticos se comprometan a utilizar aceite de palma sostenible.

9. Instar a las instituciones europeas a la modificación del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor para que las empresas deban informar de manera clara sobre si el aceite de palma o derivados que contiene el producto es sostenible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-Francisco Igea Arisqueta y José Luis Martínez González, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Página 77




161/001642

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguientes Proposición no de Ley, sobre los requisitos mínimos que han de cumplirse para la realización de procesos de fusión y reordenación hospitalaria, para su debate en la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales y Consumo.

Exposición de motivos

En los últimos años se han venido produciendo fusiones hospitalarias en España. Estas fusiones se desarrollan conforme a los criterios y modalidades que deciden los propios Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. Además, se han venido realizando con mayor o menor grado de contestación profesional y social, ya que frecuentemente son percibidas como meras estrategias para introducir recortes sanitarios.

Con frecuencia estas fusiones hospitalarias se hacen sin objetivos específicos sanitarios concretos y medibles, más allá de la propia fusión en sí. Además, se realizan sin garantizar la participación efectiva de los profesionales, de los agentes sociales, o de la ciudadanía. Habitualmente no siguen ninguna metodología basada en la evidencia técnico-científica y objetivable desde el punto de vista de la gestión y las políticas sanitarias. Asimismo, son procesos que se hacen sin producir y difundir un mínimo de información para la ciudadanía y profesionales, es decir, carecen de la transparencia debida en una sociedad democrática.

Por otra parte, bajo la denominación de fusión hospitalaria se incluyen cambios en la organización y provisión de servicios sanitarios de muy diferente índole, intensidad y calado. A veces, es simplemente la unificación de unidades de gestión clínica o servicios presentes en dos hospitales, pero manteniendo la cartera de servicios en ambos hospitales. Pero otras, como la recientemente detenida fusión de centros hospitalarios de la ciudad de Granada, la denominada fusión es el desmembramiento de uno o más hospitales y el reparto de las especialidades (la cartera de servicios) y unidades y servicios en diferentes edificios dispersos en un área de varios kilómetros. Mientras que el primer tipo afecta a aspectos de la gestión y organización de la oferta, con un impacto potencial limitado en la provisión de los servicios sanitarios, el segundo tipo de fusión tiene la capacidad potencial de afectar muy gravemente a la calidad y la seguridad de los pacientes, y al derecho ciudadano a una atención sanitaria integral que establece la legislación española.

En resumen, hechas así, las fusiones hospitalarias -y los procesos de reordenación de la red hospitalaria en términos generales- tienen un enorme potencial de reducir el acceso de la ciudadanía a los servicios sanitarios especializados, deteriorar la calidad de la atención sanitaria, aumentar la ya de por sí alta presión asistencial empeorando así las condiciones de trabajo de los profesionales, e incrementando las desigualdades en salud.

Existe una amplia evidencia científica acerca de fusiones hospitalarias que se han desarrollado en países de nuestro entorno. Hay pues suficiente información de carácter técnico-científico para posibilitar que estas fusiones se desarrollen conforme a criterios técnicos y de gestión óptimo, y con plenas garantías para la ciudadanía y los profesionales de que con dicho proceso se mejorará la atención sanitaria.

Una fusión hospitalaria debe tener por objetivo general contribuir a mejorar la salud de la población de referencia de los centros hospitalarios implicados. En segundo lugar, debe garantizar que se mejorará en aspectos organizativos, de gestión, u otros, la provisión de la atención sanitaria a la población afectada. Y, finalmente, debe garantizarse que la nueva organización, promueve la mejora de los procesos asistenciales afectados por la fusión, con una perspectiva centrada en el paciente. Finalmente, todo proceso de fusión debe contar con la participación ineludible de los profesionales y los usuarios, de forma eficaz, transparente, registrable y formal.

Para ello, con esta Proposición no de Ley se propone el establecimiento de un proceso normalizado de reestructuración de las redes hospitalarias basado en la legislación sanitaria actualmente vigente en España. El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho de todas las personas a la protección integral de su salud. Su desarrollo básico, a través de la Ley General de Sanidad 14/1986, y la posterior de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 16/2003, establecen la necesidad


Página 78




de integración y de cohesión del Sistema Nacional de Salud. Los procesos de fusión hospitalaria afectan además a la organización y gestión de las unidades de gestión clínica, por lo que deberían realizarse contemplando también la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 44/2003. Y, finalmente, debe contemplarse la Ley General de Salud Pública 33/2011, que orienta la actuación de los servicios sanitarios a los resultados en salud de las poblaciones a las que sirven.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que todo el proceso de fusión y reordenación de la red hospitalaria incluya:

- Una evaluación de impacto en salud (EIS), conforme define la Ley General de Salud Pública, de la población afectada por la fusión.

- La elaboración y presentación del plan funcional del hospital(es) previsto tras la fusión.

- El desarrollo del mapa de procesos afectados por la fusión.

- El establecimiento de los órganos y procedimientos para la participación de la ciudadanía y profesionales.

- El mecanismo de difusión y transferencia de la información a la ciudadanía y a las instituciones locales implicadas (Ayuntamientos, Diputaciones, etc).

- La prohibición del desmembramiento de hospitales y la dispersión de sus servicios y unidades de gestión clínica por edificios separados por distancias incompatibles con el mantenimiento de la atención integral y segura de la población. Los procedimientos de reordenación hospitalaria deberán revertir favorablemente en la salud de la población, y nunca al contrario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Marta Sibina Camps y Ana Belén Terrón Berbel, Diputadas.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001650

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Manuel Villegas Pérez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la revisión de los cuadros de exclusiones médicas en las ofertas públicas de empleo, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) señala en su artículo 55 que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La misma norma también señala que serán las administraciones públicas quienes seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos que garanticen los principios constitucionales anteriormente expresados y a adecuar el contenido de los procesos selectivos a las tareas a desarrollar en la función pública. El Estatuto también señala que para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas e, igualmente, reconocimientos médicos. Todas estas pruebas adicionales tendrían la función de valorar si el candidato posee la capacidad funcional para desempeñar la plaza a la que opta.

Sin embargo, estos criterios han sido pervertidos, de tal manera que, a día de hoy, en pleno siglo XXI, las convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso en determinados cuerpos de la administración poseen cuadros de exclusiones médicas obsoletos, que no tienen en cuenta el avance de los tratamientos para determinadas patologías para el desempeño de la actividad en estos cuerpos, y que supone una clara barrera de acceso y discriminación hacia ciudadanos perfectamente aptos para desempeñar estas funciones.


Página 79




A día de hoy, existen convocatorias de plazas de empleo públicas en las que patologías o afecciones perfectamente controladas con los tratamientos existentes son causa directa de exclusión para el acceso a determinados cuerpos funcionariales, sobre todo, en aquellos relacionados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ejemplo, en la última Orden de la Dirección General de la Policía, por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, se recogen como exclusiones definitivas dolencias que en sus grados inferiores no ponen en riesgo la capacidad funcional para desempeñar esta tarea: úlcera gastroduodenal, hipertensión leve, psoriasis, eczemas, diabetes, enfermedades transmisibles, entre las que se encuentra el VIH, etc.

En la Orden por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias de junio de 2016, se recogen también patologías o afecciones similares para limitar el acceso de los candidatos: Diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal crónica, elevación de las transaminasas hepáticas (GOT, GPT, GGT), junto con aumento del VCM, por encima de las cifras normales de referencia o enfermedades transmisibles.

Son solo dos ejemplos de las exclusiones automáticas para el acceso a diferentes cuerpos funcionariales.

En relación a estas exclusiones automáticas, en 2015, la Sección Séptima de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resolvió que no se puede excluir de un proceso de selección a un candidato fijando como filtro requisitos que no guarden relación con las funciones que tendría que desempeñar si accediera finalmente la plaza. Además, establece que los tribunales examinadores deben razonar adecuadamente los motivos por los que un aspirante es descartado a raíz del recurso presentado por un candidato a una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía tras ser rechazado por una patología recogida en el anexo de exclusiones médicas. El Tribunal resolvió que solo la existencia de la enfermedad no es causa suficiente para el rechazo del candidato, sino que se debe justificar la relevancia que esta puede tener en la prestación del servicio. Es decir, que no se entienda una dolencia únicamente en términos absolutos y se deben exigir para tal efecto un principio de proporcionalidad.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que es preciso aplicar la jurisprudencia emanada de las sentencias del Tribunal Supremo y, primero, evaluar los criterios de exclusiones médicas para el acceso a puestos en la Administración Pública, así como introducir criterios proporcionales para la exclusión de los candidatos, siendo siempre el rechazo debidamente justificado.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Revisar el catálogo de exclusiones médicas a fin de actualizar este para afecciones que realmente limiten la capacidad funcional de los aspirantes para el correcto desempeño de las actividades correspondientes.

2. Que en los procesos de selección la tenencia de las dolencias señaladas no sea causa directa de exclusión, sino que deba existir una evaluación médica que establezca criterios proporcionales de exclusión para las mismas.

3. Que los reconocimientos médicos, en caso de haberlos, sean las primeras pruebas a superar en los procesos de convocatoria para ofertas de empleo público."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Cultura

161/001658

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no


Página 80




de Ley relativa a la regulación de la venta y la reventa telemática de entradas a espectáculos y actividades recreativas, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

En la actualidad las nuevas plataformas de reventa de entradas on line de espectáculos y actividades recreativas están obteniendo pingües beneficios mediante sofisticados programas informáticos que les permiten captar una gran cantidad de entradas para su posterior reventa por un sustancial sobreprecio.

Los compradores de estas entradas se encuentran desprotegidos. Sus derechos como consumidores y usuarios no están garantizados, tampoco sus intereses económicos y sociales y, llegado el caso, no encuentran tutela en la reclamación por los daños y perjuicios. A esto hay que añadir, además, el agravio que la reventa abusiva ocasiona tanto a los promotores del espectáculo como a los artistas.

La proliferación de esta práctica abusiva ha dado lugar a la creación de la alianza anti-reventa, impulsada por el cantante Alejandro Sanz, después de verse afectado por la reventa masiva de entradas para su concierto de Madrid y tras las polémicas provocadas por la utilización de este procedimiento en los conciertos de artistas como Joaquín Sabina, Bruno Mars, U2, Ed Sheeran y Lady Gaga, entre otros, que consideran injusta para espectadores y artistas.

Hasta ahora la legislación estatal que data de 1982, el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas establece en su artículo 67.2 que queda terminantemente prohibida la venta y la reventa callejera o ambulante de localidades. Además, permite la reventa en algunos casos en locales o a personas autorizados por la organización, siempre que el precio establecido no se incremente más de un 20 por ciento sobre el original.

Por su parte, algunas Comunidades Autónomas, como Asturias, Cataluña, Madrid o Valencia, han regulado la venta comisionada o con recargo, la reventa no acreditada o la percepción de sobreprecios superiores a los autorizados. Del mismo modo, han tipificado el favorecimiento de tales situaciones ilícitas por parte del empresario u organizador del espectáculo o actividad recreativa, como una infracción grave.

En estas condiciones la regulación de la reventa debe adaptarse al entorno digital mediante una regulación transparente y eficaz que proteja los derechos de los consumidores, de los promotores y de los artistas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a proteger y garantizar los derechos de los consumidores y usuarios y de los artistas y promotores ante las prácticas abusivas de reventa de entradas a espectáculos públicos y actividades recreativas online."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/001639

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la sostenibilidad y utilización del aceite de palma para uso industrial y alimentario, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.

Exposición de motivos

El aceite de palma es el aceite vegetal más utilizado en todo el mundo por su eficiencia y bajo precio. Una hectárea cultivada con palma produce una gran cantidad de aceite, por lo que las empresas encargadas de producir este aceite aprovechan grandes extensiones, previamente deforestadas, para su


Página 81




cultivo. Este aceite se usa tanto en la industria alimentaria, como en la fabricación de cosméticos, así como en la producción de biodiésel. El aceite de palma proviene del fruto de la palma, que crece mayoritariamente en zonas tropicales. Más del 85 % de la producción global tiene lugar en Indonesia y Malasia.

Europa es el tercer consumidor de aceite de palma, tras Indonesia e India. Desde el año 2000, la producción de aceite de palma se ha duplicado y está previsto que su volumen aumente aún más dada la alta demanda de aceite vegetal en todo el globo. Si a mediados de los años ochenta se consumían anualmente 1,5 millones de toneladas de este aceite, a día de hoy se superan los 50 millones de toneladas. Las previsiones de diferentes gestoras de fondos señalan que su consumo puede aumentar a un ritmo de un 5 % anual en los próximos años. Este uso masivo puede tener dos consecuencias importantes en el medio y largo plazo: provocar una deforestación masiva de zonas tropicales y perjuicios en la salud de los ciudadanos por posibles riesgos que el aceite de palma posee en la elaboración de alimentos.

Según datos ofrecidos por The New York Times y organizaciones ecologistas, la plantación masiva de palma ha supuesto la pérdida de más de la quinta parte de zona boscosa de Indonesia entre 1990 y 2010. Una deforestación masiva que se está trasladando a los países productores de este aceite: Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Guatemala o México. La deforestación asociada a la producción de aceite de palma está también relacionada con la expulsión de comunidades indígenas, y riesgo claro para la biodiversidad de los hábitats deforestados. De hecho, algunas especies concretas de primates y felinos se ven ya amenazados y en riesgo de extinción por la deforestación de sus ecosistemas naturales. Cabe mencionar también que el método más utilizado para la deforestación previa a la plantación de la palma son los incendios, lo que repercute también de manera importante en la emisión de CO2 a la atmósfera. Un CO2 que tampoco puede ser convertido en oxígeno posteriormente al eliminarse la foresta encargado de ello. Dada la elevada presión que reciben las multinacionales que utilizan el aceite de palma en sus productos, algunas de ellas están reaccionando y comprometiéndose a utilizar aceite de palma sostenible y trazable a fin de evitar un mayor perjuicio medioambiental.

A raíz de la preocupación global por el impacto medioambiental que el cultivo y producción de aceite de palma supone, en 2004 la industria crea la "Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), un organismo formado por empresas consumidoras de este aceite que certifica que el aceite de palma que se emplea en los productos de las empresas asociadas es sostenible y respeta la biodiversidad. Sin embargo, su éxito ha sido limitado pues solo ha conseguido certificar el 20 % de la producción mundial de este aceite y desde asociaciones ecologistas como WWF se critica duramente su falta de rigor y compromiso a la hora de valorar y certificar el aceite de palma sostenible. Sin embargo, esta concienciación sobre la importancia de consumir aceite de palma sostenible aumenta. La "European Palm Oil Alliance" y "The Sustainable Trade Initiative" señalan que en 2015 el 57 % de aceite de palma consumido en Europa estaba certificado como sostenible.

Los gobiernos nacionales poseen un importante papel a la hora de motivar a las diferentes industrias a utilizar aceite de palma sostenible. Por ejemplo, en la Unión Europea existen criterios al respecto en la Directiva Europea de Energías Renovables, aunque diferentes Estados miembros están yendo más allá y aplican programas concretos para incentivar el uso de aceite de palma sostenible. Por ejemplo, en Bélgica se estableció en 2012 la Alianza belga del aceite de palma sostenible, en el que las compañías miembros han conseguido en 2015 que todo el aceite de palma utilizado en sus productos sea sostenible; en Dinamarca, la Federación danesa de bebidas y comidas lidera la iniciativa relativa al aceite de palma sostenible que tiene como objetivo que para finales de 2018 la totalidad de aceite de palma utilizado en sus industrias sea sostenible; en los Países Bajos, el principal importador de aceite de palma en toda Europa, la Alianza holandesa del Aceite de Palma Sostenible promueve y monitoriza el uso de aceite de palma sostenible en su industria. A día de hoy el 72 % del aceite de palma utilizado en Países Bajos es sostenible; Italia, el segundo país europeo que más aceite de palma importa, ha lanzado la última alianza para certificar la trazabilidad y sostenibilidad del aceite de palma que utilizan sus empresas, lanzando incluso campañas para concienciar a consumidores de los efectos del aceite de palma en la dieta, en el medio ambiente y la importancia de que sea producido de manera sostenible; Reino Unido, por su parte, ha impulsado desde el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales una declaración conjunta con asociaciones clave en el uso de aceite de palma sostenible, promoviendo el uso de este tipo de aceite a toda la industria. También se han impulsado iniciativas multisectoriales a fin de disminuir el consumo de este tipo de aceite, como, por ejemplo, la British Hospitality Association (BHA), que representa a más de 40.000 empresas de hostelería, ha elaborado una guía para promocionar el aceite de palma


Página 82




ecológico entre sus asociados o el propio Ejecutivo ha puesto como condición esencial en todos los servicios de comidas que provee en la administración, centros escolares, etc., la utilización de aceite de palma sostenible.

Sin embargo, el interés por el aceite de palma y las consecuencias de su producción y consumo no solo residen en el sector industrial. Los consumidores europeos reclaman cada vez mayor información sobre aquello que consumen y en base a las quejas emitidas por éstos, ya que en el etiquetado de los alimentos no se especificaba el tipo de aceite vegetal utilizado en la elaboración de alimentos procesados, las instituciones europeas aprobaron el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, en el que se obliga a que las empresas productoras de alimentos deban especificar el tipo de aceite utilizado en el etiquetado. Pese a ello, todavía existen empresas que no cumplen con la normativa dentro de la Unión Europea o productos que son importados y no contienen dicha especificación.

Con el aumento del consumo de este tipo de aceite por la población, comienza a investigarse su efecto a corto, medio y largo plazo sobre los efectos que puede poseer en la salud. El perfil lipídico del aceite de palma, sobre todo la naturaleza de los ácidos grasos que componen este, ha levantado intensos debates sobre su inocuidad. El aceite de palma es una grasa rica en ácidos grasos saturados de cadena molecular corta y par, un tipo de ácido graso que al ser tratado para la elaboración de alimentos, da lugar a ésteres que poseen propiedades genotóxicas y carcinógenas.

A los estudios ya existentes de la European Food Safety Authority (EFSA) en relación al aceite de palma y su influencia en el desarrollo de patologías coronarias y metabólicas, se añaden nuevos estudios independientes que arrojan resultados a tener en cuenta.

Un estudio publicado recientemente en la revista Nature, en diciembre de 2016, liderado por investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, señala que los tumores son capaces de iniciar metástasis a través de un marcador específico, la proteína CD36, cuando interacciona con grasas. Cuando los investigadores analizaron la implicación del metabolismo de las grasas en el proceso de metástasis y la función que desempeña la proteína CD36, comenzaron a investigar la influencia que la dieta rica en grasas poseía en las metástasis. Los investigadores dieron a ratones una dieta rica en grasas, un 15 % adicional al consumo habitual, inoculándoles posteriormente un tipo de cáncer oral. En situación de condiciones normales, con una dieta con contenido normal en grasas, un 30 % de los ratones desarrollaba metástasis. Con la dieta rica en grasas, casi el 80 % de los casos desarrollaban metástasis y de mayor tamaño. Tras ver esta influencia directa sobre de las grasas sobre las metástasis, el equipo investigador desarrolló otro experimento utilizando un ácido graso específico: el ácido palmítico, componente principal del aceite de palma. Se trató un tumor durante dos días con este ácido graso y se inyectó posteriormente a ratones que tenían una dieta normal. Una vez inoculado, el tumor pasaba de reproducirse en el 50 % de los casos al 100 %. Es decir, todos los ratones desarrollaban metástasis por la influencia del ácido palmítico sobre la proteína CD36 presente en el tumor.

Nuestra normativa prevé mecanismos para limitar los daños que un agente pueda causar al conjunto de la población cuando existe información disponible que así lo atestigüe, pero la evidencia científica precise de más estudio. En este supuesto, la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición estipula el principio de cautela que debe regir las actividades del Gobierno a fin de proteger al conjunto de la población para evitar complicaciones sanitarias. En concreto, su artículo 7 señala que "en circunstancias específicas, y en particular ante la aparición de riesgos emergentes, cuando, tras haber evaluado la información disponible, se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud, pero siga existiendo incertidumbre científica, podrán adoptarse medidas provisionales de gestión del riesgo para asegurar la protección de la salud, todo ello en espera de una información científica adicional, que permita una evaluación del riesgo más exhaustiva". A lo que añade que: "las medidas deberán ser proporcionadas y revisadas en un tiempo razonable", así como "cuando se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud de carácter crónico o acumulativo, y siga existiendo incertidumbre científica, podrán adoptarse medidas provisionales para asegurar la protección de la salud, que serán proporcionadas y revisadas en un tiempo razonable a la luz del riesgo contemplado y la información científica adicional que resulte pertinente".


Página 83




Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo una campaña de consumo responsable del aceite de palma, así como a entablar negociaciones con las empresas del sector alimentario a fin de que se abandone su uso para fines nutricionales.

2. Llevar a cabo cuantas medidas considere oportuno el Gobierno, basadas siempre en el principio de cautela, para proteger a la población de posibles efectos nocivos del consumo del aceite de palma hasta la mejora de la evidencia científica al respecto.

3. Llevar a cabo las medidas oportunas para limitar el acceso de los menores de edad a productos con aceite de palma, especialmente en centros escolares u otro tipo de centros públicos ya sea limitando los productos que se dispensen en máquinas expendedoras o alimentos que puedan ofrecerse en menús escolares.

4. Desarrollar un estudio en profundidad, recopilando la evidencia existente, así como desarrollando una investigación propia sobre los efectos que el aceite de palma posee sobre la salud de la población.

5. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la necesidad de que los ejecutivos autonómicos tomen medidas a fin de reducir el consumo de este tipo de grasa tanto en su ámbito directo de competencia, como en colaboración con otras consejerías.

6. Supervisar el cumplimiento del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor por parte de las empresas alimentarias.

7. Llevar a cabo conversaciones con los representantes del sector hostelero para que los establecimientos que utilicen aceite de palma en su actividad, sustituyan este por aceites con menores implicaciones sanitarias a medio y largo plazo, o que en caso de no sustituirse, se utilice aceite de palma sostenible.

8. Llevar a cabo un plan a fin de que en un plazo razonable las empresas españolas que utilicen aceite de palma para fines industriales y energéticos se comprometan a utilizar aceite de palma sostenible.

9. Instar a las instituciones europeas a la modificación del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor para que las empresas deban informar de manera clara sobre si el aceite de palma o derivados que contiene el producto es sostenible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-Francisco Igea Arisqueta y José Luis Martínez González, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/001661

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al compromiso de España en la defensa del origen humano del cambio climático y en la lucha contra sus causas, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.

Exposición de motivos

El pasado mes de septiembre, 375 científicos de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, entre ellos Stephen Hawking, el español Francisco Ayala y hasta un total de 30 premios Nobel, suscribían el siguiente texto publicado en el portal "ResponsibleScientists.org", como carta abierta dirigida a los que niegan el cambio climático, y en especial, al entonces candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump:


Página 84




"El cambio climático causado por el ser humano no es una creencia, un engaño o una conspiración. Es una realidad física. Los combustibles fósiles impulsaron la revolución industrial. Pero la quema de petróleo, carbón y gas también causó la mayor parte del aumento histórico de los niveles atmosféricos de gases de efecto invernadero que atrapan el calor. Este aumento en los gases de efecto invernadero está cambiando el clima de la Tierra.

Nuestras huellas dactilares en el sistema climático son visibles en todas partes. Se ven en el calentamiento de los océanos, la superficie terrestre y la atmósfera inferior. Son identificables en el aumento del nivel del mar, patrones de lluvia alterados, retroceso del hielo marino del Ártico, acidificación del océano, y muchos otros aspectos del sistema climático. El cambio climático causado por los seres humanos no es algo muy lejano de nuestra experiencia cotidiana, que afecta solo al remoto Ártico. Está presente aquí y ahora, en nuestro propio país, en nuestros propios estados y en nuestras propias comunidades.

Durante la campaña presidencial primaria, se afirmó que la Tierra no se está calentando, o que el calentamiento se debe a causas puramente naturales fuera del control humano. Tales afirmaciones son inconsistentes con la realidad.

Otros argumentaron que no se justifica ninguna acción hasta que tengamos una certeza absoluta sobre los impactos humanos en el clima. La certeza absoluta es inalcanzable. Sin embargo, estamos seguros de que el problema del cambio climático causado por el ser humano es real, serio e inmediato y que este problema plantea riesgos importantes: nuestra capacidad para prosperar y construir un futuro mejor, para la seguridad nacional, A la salud humana ya la producción de alimentos, ya la red interconectada de sistemas vivos.

La ciencia básica de cómo los gases de efecto invernadero atrapan el calor es clara, y ha sido durante más de un siglo. Finalmente, la fuerza de esa ciencia básica trajo a los gobiernos del mundo a París en diciembre de 2015. Fueron a París a pesar de las diferencias pronunciadas en los sistemas de Gobierno, en el interés nacional propio, en la culpabilidad de las emisiones anteriores de gases de efecto invernadero y en la vulnerabilidad al cambio climático futuro. Los líderes de más de 190 países reconocieron que el problema del cambio climático causado por el ser humano es un peligro para los ciudadanos presentes y futuros de nuestro planeta. Hicieron compromisos nacionales para abordar este problema. Fue un pequeño pero histórico y vital primer paso hacia una administración más ilustrada del sistema climático de la Tierra.

A partir de los estudios de los cambios en la temperatura y el nivel del mar durante los últimos millones de años, sabemos que el sistema climático tiene puntos de inflexión. Nuestra proximidad a estos puntos de inflexión es incierta. Sabemos, sin embargo, que el calentamiento rápido del planeta aumenta el riesgo de cruzar puntos climáticos de no retorno, posiblemente poniendo en movimiento cambios en gran escala de la circulación oceánica, la pérdida de grandes capas de hielo y la extinción de especies. Las consecuencias climáticas de superar tales umbrales no se limitan a los próximos uno o dos ciclos electorales. Tienen vidas de muchos miles de años.

El sistema político también tiene puntos de inflexión. Por lo tanto, es motivo de gran preocupación que el candidato republicano a la presidencia haya abogado por la retirada estadounidense del Acuerdo de París. Una "Parexit" enviaría una señal clara al resto del mundo: "Estados Unidos no se preocupa por el problema mundial del cambio climático causado por el hombre. Tal decisión haría mucho más difícil desarrollar estrategias globales efectivas para mitigar y adaptarse al cambio climático. Las consecuencias de la exclusión de la comunidad mundial serían graves y duraderas, para el clima de nuestro planeta y para la credibilidad internacional de Estados Unidos.

Estados Unidos puede y debe ser un actor importante en el desarrollo de soluciones innovadoras al problema de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las naciones que encuentran formas innovadoras de descarbonizar los sistemas energéticos y secuestrar el CO2 serán los líderes económicos del siglo XXI. Al alejarse de París, es menos probable que Estados Unidos tenga un papel de liderazgo global, política, económica o moral. No podemos permitirnos cruzar ese punto de inflexión."

Entre las manifestaciones del entonces candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, que venía a rebatir esta carta cabe destacar aquellas en las que aquel señalaba que "el concepto de calentamiento global fue inventado por los chinos para lograr que la industria norteamericana dejara de ser competitiva" o que "... Lo que dicen los medios sobre el calentamiento global es ficción".

Unas declaraciones que no han dejado de reiterarse en boca del ya Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, quien muy significativamente ha nombrado como máximo responsable medioambiental de


Página 85




Estados Unidos a Scott Pruitt, un consumado negacionista del cambio climático, quien hace unos días ha llegado a indicar que "no estaría de acuerdo en que el hombre sea un contribuidor principal al calentamiento global", viniendo así a contradecir la que ha sido la columna vertebral de la acción política de la Agencia de Protección Medioambiental norteamericana, que ahora él dirige.

Sin duda, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ya ha tenido una primera consecuencia negativa de gran calado: incertidumbre. En un momento especialmente frágil, en el que comienzan a asentarse las bases para la transformación revolucionaria de nuestro modelo económico para hacer compatibles prosperidad y clima, la incertidumbre es un mal enemigo.

En el ámbito internacional, se plantean tres incógnitas: ¿reducirá Estados Unidos sus contribuciones financieras en materia de clima?; ¿abandonará el marco jurídico internacional integrado por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París?; y el cambio de posición de Estados Unidos, ¿generará un efecto emulación por parte de terceros o el naufragio del modelo de cooperación en curso?

En este sentido, a partir de ahora, nada bueno en particular, algunas dificultades adicionales y mucho menos margen para ir contra corriente del que, a priori, imaginamos. En aplicación de la máxima "americanos primero" es más que probable un cambio de tendencia en los esfuerzos de solidaridad internacional.

No es tan fácil una retirada de Estados Unidos del marco multilateral de clima. Sí es probable la ausencia de posiciones constructivas como las defendidas activamente en la era Obama. Asistiremos a un abandono silencioso del barco, sin protagonismo positivo en otros foros financieros, industriales o geopolíticos.

Es dudoso, sin embargo, que el Presidente Trump logre hacer naufragar la cooperación internacional en materia de clima y transición energética. En todo caso, eso no depende solo de los Estados Unido sino de la reacción del resto de países. Y, afortunadamente, el sentido económico, la demanda social y la estructura de cooperación ofrecida en París son aliados mucho más sólidos de los que teníamos hace, por ejemplo, dieciséis años.

Cada uno de los países firmantes del Acuerdo de París lo es por interés propio, por sentido económico y de desarrollo, por demanda social e industrial. La novedad más importante radica en la voluntad expresa de impulsar marcos de acción conjunta y compartir los riesgos del cambio. Si Estados Unidos se diluye, China no abandonará su estrategia, pero deberá decidir si quiere ocupar por sí sola o acompañada con otro actor global la posición de liderazgo que tenía junto con el Presidente Obama o si se retira a sus cuarteles de invierno y se mantiene discreta en la escena multilateral. Es decir, el resto de la historia nos corresponde a los demás, mucho más resilientes y convencidos. Una retirada de EEUU, contrariamente al deseo "América vuelve a ser grande", deja un espacio que será cubierto por otros.

Y en este sentido España como país especialmente amenazado por las consecuencias del cambio climático ha de abanderar de manera indubitada la apuesta internacional por asta lucha en la que nos jugamos el futuro y en la que más que nunca no cabe ser tibio y ni mirar hacia otro lado.

Nicholas Stern señalaba hace unos meses, con ocasión del décimo aniversario de la publicación de su Economics of climate change, que el impacto económico del cambio climático es mucho más grave del que inicialmente consideró y que solo disponemos de diez años para darnos la oportunidad de cambiar la tendencia de forma efectiva.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados, comprometido con la evidencia de que el problema del cambio climático causado por el ser humano es real, serio e inmediato y plantea riesgos trascendentales para el futuro de la vida en nuestro planeta, manifiesta su inquebrantable voluntad de impulsar y apoyar cuantas acciones le sean sometidas a su consideración dirigidas a luchar contra las causas del cambio climático y contra todas aquellas actuaciones y manifestaciones que nieguen tal realidad, poniendo al servicio de tal objetivo todos los instrumentos de diplomacia parlamentaria de que dispone esta cámara.

2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Mostrar su inquebrantable apoyo a la lucha contra las causas del cambio climático abanderando en el ámbito internacional todas aquellas medidas efectivas de apoyo político, normativo y financiero que propicien un compromiso global en este ámbito, impulsando modelos productivos y energéticos sostenibles


Página 86




que permitan afrontar las consecuencias de este fenómeno, la generación de modelos energéticos sostenibles, usos más eficientes de la energía y la protección de los ecosistemas vegetales.

- Condenar todas aquellas acciones y manifestaciones, que por acción u omisión, tanto a nivel nacional como internacional, nieguen como realidad la evidencia de que el problema del cambio climático causado por el ser humano es real, serio e inmediato y plantea riesgos trascendentales para el futuro de la vida en nuestro planeta, sirviéndose para ello de los mecanismos diplomáticos de que dispone, dando cuenta a esta Cámara de las actuaciones llevadas a cabo en este sentido.

- Hacer efectivo, con el adecuado incremento de la dotación presupuestaria para tal fin, el contenido del artículo 30 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado en relación al acción exterior de nuestro país en materia de cambio climático, y, en este sentido, procederá al reforzamiento de las representaciones y delegaciones ante las organizaciones internacionales especializadas en este ámbito así como a la creación unidades especializadas en nuestras representaciones diplomáticas en aquellos países considerados estratégicos en la lucha contra el cambio climático."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-Marc Lamuà Estañol, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/001611

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de los Diputados Miguel Anxo Fernández Vello y Alexandra Fernández Gómez, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial, relativa a la necesidad de realizar actuaciones de mejora de la seguridad vial en varios tramos de la N-540 a su paso por la provincia de Lugo.

Exposición de motivos

En el año 2015, el informe de la Asociación Española de la Carretera situaba a Galicia entre las cinco comunidades con el firme de los viales en peor estado. El análisis sobre el estado de la red viaria gallega arrojaba datos preocupantes desde el punto de vista de la seguridad vial. Al menos 35 tramos de 28 carreteras están en pésimas condiciones: en la mayor parte de ellos se han producido accidentes o incluso se han perdido vidas.

Uno de estos viales es la N-540, entre Lugo y Ourense, que presenta un lamentable estado del firme a la salida de la capital lucense, y también pasado Guntín, hasta Ventas de Narón. En la misma línea está el tramo situado entre Chantada y Taboada, donde el pavimento está muy gastado.

En abril del pasado año supimos que personal de mantenimiento recorrió las cunetas de la N-540 en el municipio de Chantada para limpiar la basura allí depositada. Sin embargo, nada se hizo en relación a una urgente actuación de mantenimiento para mejorar el firme en esta zona.

Por tanto, el principal problema de la N-540 que son sus deficiencias en seguridad vial continúa pendiente de resolución. El firme posee un elevado grado de deterioro, incluso en los carriles de incorporación y salida, que habitualmente soportan menos desgaste que el resto de la carretera dado que se debe reducir la velocidad.

Sabemos que el mantenimiento de este tramo de la N-540 le corresponde desde febrero de 2014, la empresa Alvac, que ganó el concurso convocado por el Ministerio de Fomento a cambio de un canon de 4,4 millones de euros, un 38 por debajo del precio de partida, por esta y otras seis carreteras en diferentes puntos de la provincia de Lugo.

Lo cierto es que la desidia del Ministerio de Fomento en relación a necesarias obras de mantenimiento es algo fácilmente constatable, basta con circular por este vial por las zonas señaladas. Construir carreteras


Página 87




y dejarlas a su suerte durante décadas y años, conlleva al final un desgaste y deterioro mayor de los viales cuando simples intervenciones rutinarias de mantenimiento podrían ahorrar inversiones mayores.

Además, la seguridad vial debe ser una prioridad en la agenda de obras del Ministerio de Fomento porque su mejora evita accidentes, reduce la siniestralidad vial y contribuye a aminorar las causas de posibles siniestros con víctimas mortales.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

Llevar a cabo actuaciones de mejora de la seguridad vial en la N-540 a su paso por la provincia de Lugo, en concreto en el tramo situado a la salida de la ciudad de Lugo, en la zona comprendida entre Guntín y Ventas de Narón, y en el área situada en la localidad de Chantada, realizando actuaciones de mejora del deteriorado y desgastado firme de esta carretera a fin de garantizar una conducción segura."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2017.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello y Alexandra Fernández Gómez, Diputados.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001634

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implantación de un sistema específico para alcohol y drogas en la Dirección General de Tráfico, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

La drogadicción es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro de un gran número de seres humanos. La enfermedad se caracteriza por su cronicidad o larga duración, su progresión y las posibles recaídas. En este sentido, cabe destacar que el adicto seguirá siendo un adicto mientras viva, es decir, que aunque el individuo se rehabilite para poder vivir sin consumir, este será un adicto en remisión, con lo que para mantenerse en ese estado de abstinencia no podrá permitirse en ningún momento bajar la guardia.

Las drogas, además de producir dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso central, dan como resultado un trastorno en la función del juicio, del comportamiento o del ánimo de la persona y que de alguna manera comportan un perjuicio individual y social.

En 2015 se realizaron 76.040 pruebas de determinación de drogas, siendo positivas un 33,3 % del total. De los 3.496 conductores que estuvieron implicados en algún tipo de accidente, dieron positivos el 20,4 % y de los 3.241 conductores que cometieron algún tipo de infracción dieron positivo el 57,70 %.

En 2016 y según las cifras dadas por la Dirección General de Tráfico, a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), se realizaron 16.000 pruebas menos que en 2015. Las cifras aumentan por consumo de drogas ilegales, en concreto, se realizaron 60.942 pruebas, resultando positivas un 39 % de ellas. De los 3.026 conductores involucrados en accidentes dieron positivo un 27 %, casi un 7 % más que el año pasado y de las 3.350 pruebas a conductores infractores dieron positivo el 63 %. Estamos hablando que con un número muy inferior de pruebas se ha producido un incremento considerable de resultados positivos con respecto al año 2015.

Respecto al alcohol descienden las cifras: se han realizado un total de 4,6 millones de pruebas, resultando positivas un total de 68.852, el 1,5 %. 59.526 pruebas realizadas en controles preventivos resultaron positivas el 1,5 %. 5.045 pruebas a conductores involucrados en accidentes dieron positivo un 4,5 % y 4.281 pruebas a conductores infractores resultaron positivas el 0,8 %. Reduciéndose en un millón de pruebas con respecto al 2015, manteniéndose los datos, salvo en las pruebas preventivas que se incrementan ligeramente en un 0,1 %.


Página 88




Por otra parte, las pruebas realizadas por la DGT, y contrastadas en el laboratorio toxicológico, constataron que doce de cada 100 conductores dieron positivo por consumo reciente de alcohol o drogas, solas o combinadas, según el último Estudio de Prevalencia del Consumo de Alcohol y Drogas 2015 (EDAP'15).

El Estudio de prevalencia de sustancias psicoactivas en conductores, EDAP'15, también constata un ligero descenso en el consumo de alcohol, pero un aumento del consumo de drogas. Un 10 % de los conductores a los que se les realizaron las pruebas dieron positivo en drogas, frente a un 3 % que dio positivo en alcohol. Las sustancias más consumidas son el cannabis, con un 7,5 %, siguiéndole la cocaína, con un 5 %, las drogas de diseño, con algo más de un 1 %, y por último los opiáceos. Por edades, el alcohol tiene un porcentaje mayor en personas a partir de los cincuenta años; los opiáceos son más comunes entre los de treinta y cinco y cuarenta y nueve años; cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas, ketamina y drogas de diseño aumentan el consumo entre los veinticinco y treinta y cuatro años y, por último, el cannabis más usado entre los más jóvenes, se dispara entre los conductores de dieciocho a veinticuatro años.

En general, son los hombres los que más consumen; y lo hacen durante el periodo nocturno y los fines de semana, mayoritariamente, detectándose un menor consumo de drogas y alcohol en vías interurbanas. Entre las mujeres destaca un mayor consumo de alcohol en edades más tempranas.

Teniendo presente lo anterior y las cifras alarmantes del aumento de consumo de drogas durante la conducción, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Implantar un sistema específico para alcohol y drogas en la Dirección General de Tráfico utilizando el banco de datos ya existentes de accidentes y fallecidos que hayan dado positivo.

2. Intensificar y priorizar los controles que realiza la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) en los puntos negros de alcohol y drogas que resulten del análisis de este nuevo sistema específico.

3. Planificar los controles de prevención de forma aleatoria en todas las provincias que eliminen los criterios actuales de horario y localización, no solo a modo de estudio o de prueba sino como algo necesario, creando una nueva cultura: en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier conductor se le puede realizar un control de alcohol y/o drogas.

4. Incluir medidas de reeducación y atención médica a los conductores afectados, poniendo especial énfasis en los colectivos policonsumidores o reincidentes.

5. Incrementar la colaboración con los ayuntamientos para intensificar los controles de alcohol y/o drogas en zonas las urbanas.

6. Elaborar campañas de concienciación continua tanto en medios de comunicación, como en colegios y universidades, centros médicos y centros de trabajo, evaluando el impacto de las realizadas previamente en cada momento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-María Sandra Julià Julià, Irene Rivera Andrés y Francisco Igea Arisqueta, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/001656

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incrementar la seguridad en el motociclismo, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.


Página 89




Exposición de motivos

En el ámbito de la seguridad vial en un Estado de Derecho el ciudadano es el objetivo fundamental de las decisiones políticas adoptadas en busca de un incremento de su seguridad.

Medidas adoptadas en los últimos años en relación a la seguridad vial, como mejoras en las dotaciones de seguridad pasiva en distintos vehículos, contribución a la conducción responsable y mejora de las condiciones de nuestra red, han conseguido concienciar a los conductores de los riesgos que se asumen, todo ello dando lugar a una disminución del número de accidentes y muertes como consecuencia de la circulación vial en general.

En esta realidad de la seguridad vial es generalmente aceptado que en muchos casos el accidente trae causa de un error humano, pero existen otros elementos o factores que inciden en el accidente y sus consecuencias como pueden ser las condiciones en la vía o la modalidad de transporte usado.

Las últimas estadísticas hacen especial referencia a la vulnerabilidad de los usuarios de motos, cuyo tráfico ha aumentado notablemente en los últimos años tanto en el casco urbano como en vías interurbanas, en muchas ocasiones vías de la red secundaria dando lugar a un número importante de accidentes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice un análisis de las distintas circunstancias que contribuyen a la siniestralidad y accidentes en los usuarios de motocicletas y establezca un conjunto de medidas tendentes a disminuir el índice de riesgo y el número de accidentes en motoristas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Fomento

181/000226

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Elvira Ramón Utrabo

Texto:

¿En qué situación se encuentran las obras del AVE en la provincia de Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.


Página 90




181/000227

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Odón Elorza González

Texto:

¿Tiene intención el Gobierno de gestionar desde el Ministerio de Fomento, con la implicación de todas las instancias competentes, incluido el Gobierno Vasco, la puesta en servicio de una línea de ferrocarril transfronterizo que conecte las localidades de Bayona y San Sebastián, con el fin de favorecer la cohesión social, impulsar la cooperación y colaboración en materias económicas y culturales así como la movilidad sostenible, todo ello en el ámbito de la Eurociudad Vasca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Odón Elorza González, Diputado.

181/000228

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Esther Peña Camarero

Texto:

¿Va a ser gratuito transitar por la AP-1 a partir de noviembre de 2018?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2017.-Esther Peña Camarero, Diputada.

181/000229

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña María Jesús Serrano Jiménez

Texto:

¿Qué calendario de actuación tiene el Gobierno de España con respecto a la conversión en autovía de la N 432, Badajoz-Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2017.-María Jesús Serrano Jiménez, Diputada.

181/000233

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña María Aurora Flórez Rodríguez


Página 91




Texto:

¿Piensa el Gobierno tomar alguna medida para revertir el deterioro y desmantelamiento de la línea de FEVE en la provincia de León?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-María Aurora Flórez Rodríguez, Diputada.

181/000272

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez

Texto:

¿En cuántos minutos de media se reduce o incrementa el tiempo de viaje entre Valencia y Castellón en cada tipo de tren con la instalación del tercer carril?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.

181/000273

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez

Texto:

¿Piensa el Gobierno que pueden generarse agravios comparativos entre ciudades si los criterios para optar entre soterramientos e integraciones blandas no son exclusivamente técnicos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000231

Grupo Parlamentario Mixto-Coalición Canaria

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada doña Ana María Oramas González-Moro


Página 92




Texto:

¿Qué compromisos va a adquirir el Gobierno en la reestructuración del sector de la estiba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000230

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo

Texto:

¿Conoce el Gobierno los motivos por los que la nueva planta de biomasa anunciada por la empresa ENCE en 2016 ya no se va a construir en Pontevedra?, de ser así ¿con cuánto tiempo de anticipación comunicó ENCE al Gobierno la nueva decisión?,¿qué repercusión va a tener la reducción de la inversión?, esta reducción de la inversión ¿va a implicar la modificación de la prórroga de la concesión a ENCE, justificada en las inversiones a realizar en Lourizán (Pontevedra) donde está ubicada la empresa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2017.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

181/000259

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático

Diputado don José Luis Martínez González

Texto:

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para cumplir con la reciente Sentencia condenatoria en materia de Gestión de Residuos, asunto C-563/15, de 15 de marzo de 2017?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.-José Luis Martínez González, Diputado.


Página 93




PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/010341

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel (GCUP-EC-EM).

Coherencia del trato que recibe la Casa Real con el artículo 14 de la Constitución.

Acuerdo:

1. Admitir a trámite el último interrogante, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

2. Comunicar al señor Diputado autor de la iniciativa que no procede la admisión a trámite del resto de las cuestiones planteadas, por suponer las cuestiones primera, segunda y cuarta consulta de índole estrictamente jurídica, en contra de lo dispuesto en el artículo 186.2 del Reglamento de la Cámara y, además, por tratarse todas ellas de materias a las que son de aplicación los artículos 56.3 y 65 de la Constitución y no sometidas por tanto al control parlamentario de la Cámara. Las cuestiones se refieren a materias ajenas al Gobierno, por lo que no pueden considerarse ejercicio de la facultad de control por parte de los Diputados en los términos que el artículo 66 de la Constitución española configura dicha función, sino que supondría, de facto, un control indirecto sobre terceros no sometidos a aquel.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.

La monarquía no parece compatible con el artículo 14 de la Constitución que sanciona la igualdad de todos los españoles ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No parece serlo si consideramos que la Jefatura del Estado se hereda en el ámbito de una familia.

Esto no solo choca con principios básicos democráticos, sino que además gran parte de la sociedad española reclama, y está en su derecho, conocer cómo se administran y reparten los recursos que el Estado pone a disposición de la Casa Real. Sin embargo ni el presupuesto de la Casa Real presenta desagregación por conceptos y subconceptos presupuestarios, necesario para conocer la distribución de los recursos, ni los miembros de la Casa Real están sujetos al cumplimiento de las obligaciones previstas en relación con los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales como hacen los altos cargos de la Administración General del Estado y miembros del Gobierno. El Tribunal de Cuentas, órgano de fiscalización externa de la actividad económico-financiera del sector público, tampoco emite informe alguno.

Desconocemos todo lo relativo a sus finanzas. En prensa han aparecido informaciones afirmando que Juan de Borbón, el padre del Rey emérito Juan Carlos de Barbón, dejó una fortuna en Suiza que fue repartida entre sus hijos. Al parecer y según informaron en su momento investigaciones periodísticas, un total de 728 millones de pesetas en tres cuentas en aquel paraíso fiscal fueron repartidos entre Juan Carlos, Margarita y Pilar de Borbón. La Casa Real jamás documentó las justificaciones que se trataron de esgrimir en su momento, ni esta cuestión fue investigada.

Cuando Alfonso XIII, el abuelo del Rey emérito, marchó al exilio, toda la riqueza de la familia real fue adscrita a Patrimonio Nacional por el Gobierno de la República. Sin embargo distintos medios calculan que Juan Carlos I abandonó la Jefatura del Estado siendo el tercer monarca más rico de Europa.


Página 94




Atendiendo a esto, medios de comunicación internacionales llegaron a calcular en 2002 que la fortuna de Juan Carlos I ascendía a alrededor de 1.800 millones de euros.

Por último, nunca se ha preguntado a la ciudadanía específicamente por la Jefatura del Estado, sino que se dio por supuesto que al aprobar la Constitución hace cerca de cuarenta años todo lo allí reflejado se daba por válido. Es decir, valía lo mismo el artículo 14 arriba mencionado que el 59.3 sobre la inviolabilidad de un monarca no sujeto a responsabilidad. La democracia sin embargo se constituye sobre la base de las decisiones ciudadanas, de la soberanía popular, especialmente en cuestiones clave como es la propia Jefatura del Estado.

[...]

¿Ha considerado el Gobierno la posibilidad de convocar un referéndum para que la ciudadanía pueda elegir entre República o Monarquía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-Miguel Ángel Bustamante Martín, Diputado.

184/010389

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Rufián Romero, Gabriel (GER).

Coste del mantenimiento de la bandera de la plaza de Colón de Madrid.

Acuerdo:

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la última pregunta, por versar sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, comunicando este acuerdo al señor Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Diputado Gabriel Rufián Romero del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

El miércoles 15 de marzo de 2017, tuvo lugar en la Plaza Colón de Madrid el izado de bandera. El acto de izado de bandera estuvo auspiciado por el Ministerio de Defensa y por miembros de la Armada española y estuvo publicitado en las redes sociales y sitios webs del Ministerio de Defensa.

La bandera española ondea en la plaza Colón desde el 12 de octubre de 2001, tiene una extensión de 294 metros cuadrados y un mástil de 50 metros de altura. Desde su instalación en 2001, la bandera no ha estado exenta de polémica debido al alto coste que supone su mantenimiento. De hecho, el Ayuntamiento de la Villa de Madrid, tuvo que llegar a cambiar tres veces la bandera en un año por culpa del viento, con un coste de más de 4.300 euros cada vez.

Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

¿Cuál fue el coste total del acto de izado de bandera del 15 de marzo de 2017? Desglosado por categorías.


Página 95




¿Cuál fue el coste de las tropas desplazadas con motivo del izado de bandera del 15 de marzo de 2017?

¿A qué empresa o empresas se les realizo el alquiler de los autobuses?

¿Cuántos autobuses se alquilaron?

¿Qué tipo de autobuses eran?

¿Qué capacidad total tenían los autobuses que se alquilaron y cuál fue la capacidad ocupada por las tropas militares desplazadas?

¿Qué procedencia tenían las tropas de la Armada que participaron en el acto de izado de bandera el 15 de marzo de 2017?

¿Cuáles fueron los trayectos que realizaron los autobuses?

¿En qué horarios se realizaron dichos desplazamientos?

¿Dispone el Ministerio de Defensa de medios de transporte colectivo propios?

En caso afirmativo, ¿por qué motivo el Ministerio de Defensa no estimó oportuno usar estos medios de transporte colectivo y proceder al alquiler de autobuses?

¿Cuál será el coste total del lavado y reparación de la bandera española que se retiró el pasado 15 de marzo de 2017? Detallar por concepto.

[...]

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-Gabriel Rufián Romero, Diputado.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal