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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 127, de 22/03/2017
cve: BOCG-12-D-127
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
22 de marzo de 2017

Núm. 127


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

161/001558 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reforma del Tribunal Constitucional ... (Página9)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001584 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a impulsar y presentar la candidatura de Alicante como sede de la Agencia Europea del Medicamento ... (Página12)

161/001585 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación y el impulso de la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España ... (Página13)

161/001593 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la aduana comercial de La Línea de la Concepción y el paso fronterizo no comercial con Gibraltar ... (Página14)

Comisión de Justicia

161/001557 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la incitación al odio en contenidos emitidos por la ETB y por la defensa de la convivencia ... (Página16)

161/001586 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la colaboración entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, en orden a facilitar el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a menores ... (Página17)

161/001601 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la conveniencia de crear un nuevo Juzgado de lo Mercantil en la ciudad de Granada ... (Página18)

161/001604 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la evaluación del Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores ... (Página19)


Página 2




Comisión de Interior

161/001556 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la agilización del proceso de traslado de personas refugiadas en España ... (Página20)

161/001562 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para hacer frente a la grave situación de robos en el campo en la provincia de Huelva ... (Página22)

161/001563 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para hacer frente a la grave situación de robos en las viviendas en el medio rural en la provincia de Ourense ... (Página24)

161/001598 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la disponibilidad de los recursos oportunos para un control de pasaportes ágil y eficiente en el aeropuerto de Barcelona-El Prat ... (Página26)

Comisión de Defensa

161/001606 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de mayor transparencia en la gestión de los Programas Especiales de Armamento ... (Página27)

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/001573 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reforma del sistema de homologación de vehículos de motor en la Unión Europea para mejorar su eficacia y reducir la contaminación ... (Página28)

161/001578 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el estímulo de las patentes y para la adhesión del Estado español a la patente europea con efecto unitario ... (Página29)

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/001577 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la modificación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal) para exonerar su pago en las transmisiones sin incremento real de valor ... (Página31)

161/001596 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a asumir la deuda del Consorcio Valencia 2007 ... (Página33)

161/001599 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la supresión del Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito ... (Página33)

Comisión de Fomento

161/001554 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre reposición del estado originario de los terrenos de vecinos de Isorna (Rianxo, A Coruña) afectados por las obras de construcción del viaducto sobre el río Ulla para el Eixo Atlántico ferroviario ... (Página35)

161/001560 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la mejora de las comunicaciones ferroviarias con El Caminito del Rey, en la provincia de Málaga ... (Página36)


Página 3




161/001567 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al mantenimiento del aeropuerto San Javier-Murcia y a la gestión pública del transporte aéreo regional ... (Página37)

161/001569 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al aumento de la seguridad en los trabajos aéreos de extinción de incendios ... (Página38)

161/001574 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las obras de conservación en el Castillo de San Felipe (Ferrol-A Coruña) ... (Página39)

161/001579 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de las infraestructuras ferroviarias en Andalucía ... (Página41)

161/001591 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre alquileres abusivos, garantías para personas arrendatarias y pequeños propietarios y parque público de alquiler... (Página43)

161/001592 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre construcción de accesos a la segunda fase del Polígono Industrial Fuente del Jarro de Paterna (Valencia) ... (Página45)

161/001594 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejora del mercado de la vivienda en régimen de alquiler ... (Página46)

161/001597 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la mejora de la señalización de las vías principales de acceso a Catarroja (Valencia) ... (Página47)

161/001600 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de los propietarios de las viviendas ... (Página48)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/001553 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para evitar la explotación laboral mediante el control de la jornada de trabajo y el control del fraude en la contratación a tiempo parcial ... (Página49)

161/001559 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el derecho a la desconexión laboral fuera del horario de trabajo ... (Página52)

161/001581 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al desarrollo normativo de la figura del trabajador autónomo a tiempo parcial ... (Página54)

161/001582 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación de la Agencia Estatal de la Administración de Seguridad Social ... (Página55)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/001551 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la rehabilitación de los chalés de la Font Roja ... (Página56)

161/001564 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la paralización de la mina de uranio en Salamanca ... (Página57)


Página 4




161/001576 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la necesidad de proceder a la ejecución de los proyectos de modernización de los regadíos de Terra Chá y Val de Lemos (Lugo) y A Limia (Ourense) ... (Página58)

161/001588 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la demanda a la Unión Europea del establecimiento de un marco jurídico y reglamentario que dé amparo a las empresas mixtas pesqueras ... (Página60)

161/001590 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el principio de estabilidad relativa, referenciado a los totales admisibles de capturas (TAC) ... (Página62)

161/001605 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar el sistema de autorización de las nuevas plantaciones de viñedo ... (Página63)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/001575 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a acabar con la discriminación de los enfermos de diabetes en el acceso al empleo público ... (Página64)

161/001580 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que ayuden a combatir el despilfarro alimentario ... (Página65)

161/001583 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a impulsar y presentar la candidatura de Alicante como sede de la Agencia Europea del Medicamento ... (Página68)

Comisión de Cultura

161/001565 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a establecer una línea de ayudas al desarrollo de guiones de cine y guiones de series de televisión ... (Página69)

161/001603 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar una campaña de respeto y sensibilización a los derechos de propiedad intelectual en los medios de comunicación ... (Página70)

Comisión de Igualdad

161/001555 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas para que las llamadas al 016 no queden guardadas en la lista de llamadas salientes del terminal ... (Página71)

161/001571 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a eliminar la publicidad de personas prostituidas ... (Página72)

161/001602 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al tratamiento igualitario de las parejas de hecho en todo el territorio nacional ... (Página73)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/001561 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a las personas con síndrome de Smith-Magenis ... (Página74)

161/001568 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a mejorar la accesibilidad del servicio telefónico del 112 ... (Página75)


Página 5




Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/001570 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la identificación, señalización y sustitución de los guardarraíles por sistemas de protección homologados en los tramos de mayor peligrosidad para motos ... (Página76)

161/001595 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el fomento del transporte público ferroviario de alta velocidad entre Lleida y Barcelona como medida disuasoria al uso del vehículo privado ... (Página78)

161/001607 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la mejora de la seguridad vial del trazado de la N-230 que transcurre entre Huesca y Lleida ... (Página79)

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/001566 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el matrimonio forzado ... (Página80)

161/001587 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a prevenir y frenar el maltrato en el ámbito escolar ... (Página82)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Fomento

181/000126 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de acometer el traspaso integral de las infraestructuras ferroviarias correspondientes al servicio Renfe Media Distancia o Regionales ... (Página84)

181/000157 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca del desdoblamiento definitivo del tramo de vía Vandellòs-Tarragona dentro del Corredor Mediterráneo ... (Página84)

181/000158 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre valoración de la propuesta de túnel pasante de Serrería y nueva estación central soterrada en Valencia ... (Página85)

181/000159 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre fecha prevista para que entre en servicio el tramo de alta velocidad Valencia-Xàtiva ... (Página85)

181/000160 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre estado del proyecto de tren de la costa Gandia-Dénia ... (Página85)

181/000177 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsiones acerca de continuar las obras de modernización de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, cumpliendo con los plazos y compromisos adquiridos con la Unión Europea para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) ... (Página86)

181/000178 Pregunta formulada por el Diputado don José Zaragoza Alonso (GS), sobre situación en que se encuentra el proyecto de soterramiento de la línea férrea convencional Barcelona-Portbou, tramo Vallbona-Montcada i Reixac, así como acciones previstas, calendario de actuación y partidas presupuestarias para ejecutar dicho proyecto ... (Página86)


Página 6




181/000186 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre medidas y acciones previstas para la reapertura de la línea ferroviaria Madrid-Riaza-Aranda-Burgos, así como su inclusión en la red básica ferroviaria europea y su rehabilitación para que sea una línea de tráfico mixto o la doble vía electrificada para poder servir de energías renovables ... (Página86)

181/000187 Pregunta formulada por el Diputado don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM), sobre firma por Renfe de los protocolos necesarios para incorporarse con plena funcionalidad a la tarjeta única de transporte en Sevilla ... (Página87)

181/000194 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Sánchez Serna (GCUP-EC-EM), sobre criterios que justifican el cierre de un aeropuerto público, rentable y financiado con fondos FEDER, para favorecer la apertura del aeródromo de Corbera calificado por AENA como "inviable" y "no rentable" ... (Página87)

181/000204 Pregunta formulada por la Diputada doña Isabel Rodríguez García (GS), sobre actuaciones previstas para reducir la siniestralidad de la N-430 ... (Página87)

181/000205 Pregunta formulada por la Diputada doña Carlota Merchán Mesón (GS), sobre previsiones acerca de desbloquear el plan de desarrollo de la zona norte de la ciudad de Madrid ... (Página88)

181/000206 Pregunta formulada por la Diputada doña Carlota Merchán Mesón (GS), sobre medidas previstas en relación a la movilidad y accesibilidad al estadio de "La Peineta" en la ciudad de Madrid ... (Página88)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000161 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de restablecer la prestación por desempleo para mayores de 52 años en las condiciones previamente existentes a las reformas de 2012 y 2013, con los requisitos establecidos en el Real Decreto 200/2006, de 17 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, que desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo ... (Página88)

181/000162 Pregunta formulada por la Diputada doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM), sobre datos de los que dispone el Gobierno que confirmen que, en el plazo de los cuatro meses siguientes a que los jóvenes abandonan la escuela o pierden el empleo, se les ofrece una colocación de calidad acorde con su formación, capacidades y experiencia ... (Página88)

181/000163 Pregunta formulada por la Diputada doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM), sobre medidas para frenar el incremento de la accidentalidad ... (Página89)

181/000164 Pregunta formulada por la Diputada doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM), sobre opinión del Gobierno acerca de si la compañía adjudicataria debería subrogar los contratos laborales de la empresa anterior hasta la firma de un nuevo convenio ... (Página89)

181/000165 Pregunta formulada por la Diputada doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM), sobre consciencia que tiene el Gobierno de que la firma del convenio de la nueva empresa adjudicataria de la vigilancia de los cuatro Centros de Atención al Refugiado (CAR) fue suscrita únicamente por cinco trabajadores ... (Página89)

181/000166 Pregunta formulada por la Diputada doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM), sobre opinión del Gobierno acerca de los datos publicados por la última Encuesta de Población Activa (EPA) y, en concreto, del hecho que la ocupación generada en 2016 haya sido mayoritariamente precaria, temporal y con un notable incremento de la jornada parcial ... (Página90)


Página 7




181/000167 Pregunta formulada por la Diputada doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM), sobre consciencia que tiene el Gobierno de que el Sistema de Garantía Juvenil se encuentra muy lejos de conseguir los objetivos marcados por aquél con su aprobación ... (Página90)

181/000168 Pregunta formulada por la Diputada doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM), sobre valoración del hecho de que casi un 40 % de las pensiones de jubilación tengan un importe inferior al salario mínimo interprofesional (SMI) ... (Página90)

181/000169 Pregunta formulada por la Diputada doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM), sobre consciencia que tiene el Gobierno de que vivimos en un país que ofrece escasos atractivos y muy limitadas expectativas de futuro a nuestra población más joven ... (Página90)

181/000172 Pregunta formulada por la Diputada doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM), sobre opinión del Gobierno acerca de equiparar la pensión mínima contributiva al salario mínimo interprofesional (SMI) para garantizar la subsistencia de los pensionistas ... (Página91)

181/000173 Pregunta formulada por la Diputada doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM), sobre estudio realizado por el Gobierno acerca de la relación entre accidentalidad, precariedad y temporalidad, así como acciones previstas ... (Página91)

181/000188 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM), sobre explicación de la proliferación de contratos del Estado con empresas de seguridad denominadas "piratas" que llegan en ocasiones a pagar hasta un 40 % menos del salario establecido en el convenio del sector ... (Página91)

181/000189 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM), sobre crecimiento de las empresas denominadas de multiservicios a partir de la reforma laboral de 2012 ... (Página92)

181/000190 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM), sobre valoración de la caída de la masa salarial en España en los últimos años ... (Página92)

181/000191 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM), sobre valoración del hecho de que la Comisión Europea haya alertado del uso generalizado de contratos temporales en España y de los efectos negativos que esto supone para la competitividad del país ... (Página92)

181/000192 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de ratificar el Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos ... (Página93)

181/000193 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM), sobre crecimiento de los contratos de puesta a disposición a través de Empresas de Trabajo Temporal en un 8 % en el periodo enero-noviembre 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior ... (Página93)

181/000196 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i Canadés (GMx), sobre balance que hace el Gobierno de la entrada en vigor del nuevo marco regulador de la formación para el empleo ... (Página93)

181/000197 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i Canadés (GMx), sobre medidas adoptadas para facilitar el alta a la Seguridad Social a los trabajadores autónomos a tiempo parcial ... (Página94)

181/000198 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i Canadés (GMx), sobre balance de la Garantía Juvenil ... (Página94)


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181/000199 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i Canadés (GMx), sobre previsiones acerca de compensar a los Centros Especiales de Empleo del incremento del Salario Mínimo Interprofesional ... (Página94)

181/000200 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i Canadés (GMx), sobre medidas previstas para facilitar el mantenimiento en el empleo a los trabajadores de más edad ... (Página94)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/000170 Pregunta formulada por la Diputada doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM), sobre lectura que hace el Gobierno de los datos reflejados en el informe anual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social sobre seguimiento del indicador AROPE (At Risk Of Poverty) ... (Página95)

181/000171 Pregunta formulada por la Diputada doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM), sobre consciencia que tiene el Gobierno de que las personas en riesgo de pobreza y exclusión social en España sufrieron un significativo incremento en el último año ... (Página95)

181/000195 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i Canadés (GMx), sobre balance que realiza el Gobierno de su política de acogida a las personas refugiadas ... (Página95)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/008146 Autor: Díaz Pérez, Yolanda

Concesión de ayudas a empresas españolas por parte del Gobierno de Portugal... (Página96)

184/009575 Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian

Instrucción de Instituciones Penitenciarias de 17 de febrero de 2017 que regula las condiciones que deben cumplirse en los supuestos de presos enfermos... (Página97)

184/009801 Autor: Candela Serna, Ignasi

Adjudicación de la vigilancia de los cuatro centros de atención al refugiado (CAR) a la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad, aplicando sus propias condiciones a los contratos laborales de los trabajadores a los que se debe subrogar... (Página98)

184/009974 Autor: Rodríguez Hernández, Melisa Clemente Giménez, Diego

Documento del Consejo de Seguridad Nuclear sobre descontaminación de Palomares, aprobado en noviembre de 2015: Evaluation of Alternatives for Remediation of Soils of Contamination at the Palomares Accident Site (DoE/NV-1536)... (Página99)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión Constitucional

161/001558

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Proposición no de Ley relativa a la reforma del Tribunal Constitucional.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y, entendiendo que la creación del grupo de trabajo a que se refiere el primer párrafo de la parte dispositiva se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reforma del Tribunal Constitucional, para su debate en la Comisión Constitucional.

Exposición de motivos

La Constitución Española define en sus artículos 159 a 165 el concepto, la composición y las funciones de nuestro Tribunal Constitucional, así como el sistema de nombramiento de sus Magistrados. Todo ello está desarrollado por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y, en menor medida, por el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional.

Ya en el primero de los citados artículos de la Constitución se instauraron dos ideas fundamentales que habían de regir el funcionamiento del Tribunal: el principio de independencia e inamovilidad de sus miembros, como guardianes y últimos intérpretes de nuestra norma suprema, y la reconocida competencia


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profesional de los mismos. Y es precisamente en estas dos ideas en las que ahora, casi cuarenta años después de la promulgación de nuestra norma suprema, es preciso ahondar.

Una verdadera democracia no puede quedar garantizada si la composición del órgano encargado de vigilar el cumplimiento de nuestra Constitución se limita a un reparto de cuotas de las cúpulas de los dos viejos partidos. De un tiempo a esta parte, la designación parlamentaria de los magistrados del Tribunal Constitucional, diseñada para ser transparente y meritocrática, ha venido confundiéndose con una designación partidista, opaca y sometida, no únicamente a la trayectoria profesional (como debiera ser), sino, especialmente, a la afinidad ideológica del candidato, cuando no a su pertenencia efectiva al partido proponente.

Como advirtió el propio Tribunal Constitucional en relación con el nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial, hay que conjurar el "riesgo de que las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olviden el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atiendan solo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del estado de partidos empuja hacia actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos del poder" (STC 108/1986, de 26 de julio, FJ. 13).

Así las cosas, a pesar de la mirada atenta de los ciudadanos, recelosos ya del funcionamiento partidista de los nombramientos de los altos cargos de las instituciones de nuestro país, las anteriores obviedades no han servido para que, estos días, en el trámite de renovación de los cuatro vocales del Tribunal Constitucional designados por el Senado, se esté procediendo de forma más ejemplar que antaño. Muy al contrario, está resultando aún más preocupante, pues esta vez directamente se está ignorando el procedimiento previsto en la Ley y, en particular, lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, según el cual los magistrados propuestos por el Senado deben ser elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Según hemos conocido se han impartido instrucciones desde las cúpulas de los dos partidos que han controlado este proceso, PP y PSOE, para que las distintos Parlamentos autonómicos hiciesen la misma propuesta de candidatos. Pervirtiendo así un mecanismo que, fruto de una reforma impulsada en mayo de 2007, buscaba fortalecer la impronta de la representación territorial del Senado, intentando reforzar los vínculos entre la Cámara Alta y las asambleas regionales.

Por otra parte, aunque sin duda existe una relación causal con lo previamente mencionado, estos días crece la convicción entre la ciudadanía de que el criterio de selección, constitucionalmente previsto, relativo a la profesionalidad de los candidatos, poco a poco también ha cedido ante los intereses políticos de los viejos partidos, en el sentido de que para estos últimos hoy prima la afinidad ideológica y no de manera exclusiva la acreditación de una excelente competencia jurídica y/o profesional.

Todo lo anterior, además de una perversión del modelo constitucional de alto tribunal, supone una irresponsabilidad, y más en un momento como éste, en la medida en que implica un debilitamiento del prestigio de un tribunal cuya principal herramienta de trabajo debe ser el respeto y la consideración que alcancen sus resoluciones, como último decisor de los conflictos constitucionales y como último garante de la Constitución.

Finalmente, en tanto que esta irresponsabilidad conduce al desprestigio de una institución de tan suma importancia para la ciudadanía, ello provoca el debilitamiento del Estado de Derecho y, a la postre, de nuestra democracia, por cuanto no existe separación ele poderes sin Estado de Derecho y, como expresábamos al principio, no existe democracia sin las anteriores.

Sin embargo, pese lo escandaloso de lo hasta ahora expuesto, ni mucho menos terminan aquí los problemas que acechan al Tribunal Constitucional. Efectivamente, mientras que lo anterior sólo tiene carácter coyuntural, las críticas que se exponen a continuación son consecuencia del propio diseño del sistema o, cuando menos, de un uso torticero del mismo, y sugieren una reforma de nuestra Constitución (y de su ley orgánica de desarrollo), al objeto de recuperar las dos ideas iniciales plasmadas en el texto de la misma, es decir, la independencia y la profesionalidad de los miembros del Tribunal Constitucional, así como, de resultas de lo anterior, el prestigio de la institución.

De acuerdo con lo expuesto, y en primer lugar, para fortalecer la independencia de los magistrados es aconsejable dotar de las debidas garantías al sistema de nombramientos que tendrán lugar por parte de los órganos legislativos encargados de los mismos, es decir, del Congreso de los Diputados y del Senado. Esto último exige una reforma urgente de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en los términos que se detallan a continuación:


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i. Una Comisión de expertos independientes evaluará verdadera y eficazmente la competencia técnica y la idoneidad de los candidatos.

ii. Se realizará una convocatoria pública de las vacantes a cubrir.

iii. Se dará publicidad a los informes de evaluación.

iv. Se celebrarán verdaderas sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y del Senado, donde los candidatos deban someterse al escrutinio de los parlamentarios.

v. Se endurecerá el régimen de incompatibilidades, exigiendo que no puedan acudir a esta convocatoria pública quienes en los últimos arios hayan sido cargos electos, miembros del Gobierno o de los Gobiernos autonómicos, altos cargos de las Administraciones Públicas, de partidos políticos, o de sindicatos.

En esa misma línea, es decir, la de asegurar la independencia de los miembros del Tribunal, en cuanto a la duración del cargo y la condición de los magistrados, es deseable incrementar, tanto de nueve a doce los arios durante los cuales los miembros designados permanecerán en el cargo, como a setenta y cinco la edad de jubilación de los mismos.

En tercer lugar, también unido al párrafo precedente, en lo que a la competencia profesional de los magistrados se refiere, la exigencia de solamente quince arios de ejercicio profesional se ha configurado como un requisito insuficiente para garantizar el desarrollo de una función tan importante y necesitada de técnica jurídica como es la que debe realizar un miembro del Tribunal Constitucional. Es altamente recomendable aumentar esa exigencia a un mínimo de veinticinco años para, de esa manera, i) reducir el elemento de subjetividad en la designación de magistrados, en la medida en que el número de candidatos a elegir simplemente sería menor, y ii) incrementar la profesionalidad de los mismos. Ello, unido a la propuesta anterior de aumentar la duración del cargo y la edad de jubilación, supondría una indiscutible mejora tanto a favor de la independencia como de la excelencia de nuestros magistrados.

En cuarto lugar, el conocido colapso del Tribunal es igualmente inaceptable. Una justicia constitucional que resuelve sobre la constitucionalidad de las normas varios años después de plantearse el correspondiente recurso resulta inoperante. Es, por tanto, necesario establecer mecanismos eficaces de cumplimiento de los plazos máximos para que el Tribunal se pronuncie, plazos que en algunos casos ya aparecen recogidos en la Ley Orgánica pero que no se cumplen y, en particular, prever uno reducido para el caso especial de que estuviesen afectados derechos fundamentales.

Las críticas y propuestas anteriores subrayan la necesidad de todo punto urgente que tiene nuestro país de un Tribunal Constitucional fuerte y técnico, alejado de los juegos partidistas. En estos tiempos, es de vital importancia que a nadie le quepa duda de su independencia y de su profesionalidad y competencia jurídica.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de proceder a la reforma del Tribunal Constitucional para reforzar su independencia y garantizar la rapidez y eficacia de sus pronunciamientos, y para ello se compromete a crear un grupo de trabajo con la participación de todos los grupos parlamentarios al objeto de que, en el plazo máximo de seis (6) meses, presente un texto para la reforma integral del Tribunal Constitucional, que alcance la reforma de la Constitución Española, la modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y los Reglamentos Parlamentarios con el objeto de:

i. Que las propuestas de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional a cargo del Congreso de los Diputados y del Senado se realice conforme a una verdadera y eficaz evaluación de la competencia técnica y la idoneidad de los candidatos para lo que, en particular, a) se publicará una convocatoria pública de las vacantes a cubrir; b) se elaborarán informes de evaluación de las candidaturas presentadas por una Comisión Técnica independiente, informes que serán públicos; c) se celebrarán verdaderas sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y del Senado, donde los candidatos deberán someterse al escrutinio de los Parlamentarios.

ii. Que se endurezca el sistema de incompatibilidades de los candidatos, de forma que no puedan acudir a la convocatoria pública mencionada quienes en los últimos años hayan sido cargos electos,


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miembros del Gobierno o de los Gobiernos autonómicos, altos cargos de las Administraciones Públicas, de partidos políticos, de sindicatos y cualesquiera otros organismos que se estimen apropiados.

iii. Que solo puedan ser propuestos como candidatos aquellos juristas que posean una reconocida competencia con, al menos, veinticinco (25) años de ejercicio profesional.

iv. Que se incremente la edad de jubilación de los magistrados a los setenta y cinco (75) años.

v. Que los miembros del Tribunal Constitucional sean designados por un periodo de doce (12) años.

vi. Que se establezcan mecanismos eficaces de cumplimiento de los plazos máximos fijados para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los asuntos a resolver y, en particular, prever uno reducido para el caso especial de que estuviesen afectados derechos fundamentales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001584

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Mixto.

Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impulsar y presentar la candidatura de Alicante como sede de la Agencia Europea del Medicamento.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la incorporación de la firma del Portavoz registrada con el número 24721, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, una vez se haga constar la firma del portavoz del Grupo Parlamentario, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo Parlamentario proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados de Compromís, don Joan Baldoví Roda, don lgnasi Candela, doña Marta Sorlí y don Enric Bataller al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley, por la que se insta al Gobierno a impulsar y presentar la candidatura de Alicante como sede de la Agencia Europea del Medicamento, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Una de las múltiples consecuencias de la decisión de la Gran Bretaña de salir de la Unión Europea es que la Agencia Europea del Medicamento (AEM), cuya sede se encuentra en Londres, deberá trasladarse a un país de la Unión Europea. La principal responsabilidad de la AEM es la protección y promoción de la salud pública y animal, mediante la evaluación y supervisión de los medicamentos de uso humano y veterinario. En este sentido se encarga de la aprobación de aquellos medicamentos cuya solicitud se circunscribe en todo el ámbito de la UE; así como también, de todos los medicamentos de uso humano y veterinario derivados


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de la biotecnología y de otros procesos de alta tecnología y de los medicamentos para el tratamiento del VIH. La AEM también tiene una función de control ex post, es decir, de vigilar la seguridad de los medicamentos puestos en el mercado gracias a una red de fármaco-vigilancia. Alicante seria la ubicación ideal de la AEM, ya que se encontraría en el entorno de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), agencia descentralizada de la UE con sede en Alicante. Así, podrían compartir servicios comunes transversales, y se cumpliría uno de los requisitos de eficiencia administrativa y eficacia que recoge la agenda Junker. Además, se encuentra en un enclave estratégico en materia de comunicaciones, con el aeropuerto, el AVE y la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández a menos de 10 km.

Se suma a todo esto que la candidatura de Alicante cuenta con el firme apoyo de los rectores de las universidades, del Colegio de Médicos y Farmacéuticos, de la Cámara de Comercio, de la Generalitat, de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y de la corporación local.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar todas las gestiones que le corresponden ante las instituciones europeas para impulsar y presentar la candidatura de Alicante para que sea la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Joan BaIdoví Roda, Marta Sorlí Fresquet, lgnasi Candela Serna y Enric Bataller i Ruiz, Diputados.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001585

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación y el impulso de la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El interés estratégico de las relaciones científicas y tecnológicas con ciertos países es hoy, más que nunca, fundamental. Los asuntos científicos y tecnológicos están en la frontera de los nuevos escenarios asociados a la innovación y a las inversiones en general (económicas, comerciales, empresariales, etcétera).

El apoyo a la internacionalización de la ciencia y tecnología españolas es fundamental, ya que constituye un elemento básico a nivel científico y académico que además tiene una repercusión evidente en la internacionalización de las empresas españolas. El objetivo de la llamada "diplomacia científica" es el de facilitar el intercambio mutuo de información entre instituciones científicas de los distintos países, a la vez que se promueve la participación conjunta en proyectos de investigación y de movilidad, la generación de sinergias y el fomento de la cooperación en ciencia y tecnología.

Dada la evolución reciente de la política científica, la necesidad de la "diplomacia científica" se ha vuelto hoy, si cabe, aún más importante. La ciencia es cada vez más parte integrante de la política internacional: se encuentra cada vez más interconectada a nivel mundial (unida a la competitividad tecnológica y económica y al desarrollo social en general), los centros de investigación y desarrollo internacionales han ganado importancia, la proporción de la investigación que se genera a través de pequeños acuerdos de colaboración en lugar de a través de grandes organizaciones de investigación centralizadas ha ido en aumento y hay una necesidad de una mano de obra bien formada internacionalmente. Además, ha habido un aumento de las amenazas ambientales y tecnológicas mundiales: con ia creciente importancia de temas científicos como el calentamiento global, las enfermedades infecciosas globales y el bioterrorismo para la formulación de políticas y la diplomacia en el extranjero, la gestión internacional de la ciencia y la tecnología cobra una especial relevancia.

Sin embargo, en la mayoría de embajadas de nuestro país no se atienden los temas científicos ni tecnológicos de un modo integral. Si bien es cierto que algunas embajadas disponen de oficinas que se


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ocupan de temas científicos, como sucede por ejemplo con la "Office for Cultural and Scientific Affairs" de la embajada española en Reino Unido, no se trata de una práctica extendida y mucho menos mayoritaria.

Para solventar esta situación, se propone la creación y el impulso de la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España, tal y como existe en países de nuestro entorno como Italia o Francia.

La labor del agregado científico y tecnológico abarcaría, aunque no exclusivamente, la organización de actividades y eventos que refuercen la excelencia científica y tecnológica, así como el apoyo a proyectos desarrollados por universidades y empresas, participando activamente en colaboración con el Instituto Cervantes o las oficinas comerciales españolas. También incluiría el apoyo y el desarrollo de la cooperación bilateral, la negociación y la aplicación de acuerdos específicos, la promoción de la ciencia y la tecnología españolas, la provisión de información acerca del sistema y las políticas científicas aplicadas por los distintos países y la promoción y la gestión de contactos entre investigadores españoles residentes en el extranjero e investigadores extranjeros.

Por otra parte, esta figura se encargaría de realizar las tareas de asesoramiento al embajador sobre cuestiones científicas y técnicas, informando sobre desarrollos científicos en el exterior, a la vez que actuaría como un portavoz en asuntos científicos en el extranjero, asistiendo con este a eventos relacionados con la ciencia y la tecnología en colaboración con las academias de ciencia y tecnología, la industria y las autoridades gubernamentales de su país de residencia.

Además, el apoyo decidido de las embajadas a la ciencia y la tecnología abriría las puertas a poder participar en proyectos de dimensión internacional, proyectos que suponen una fuente potencial de ingresos, prestigio y capacidad de influencia en los mercados internacionales.

Con el fin de poner en valor y capitalizar los sectores de excelencia en la investigación científica y tecnológica y apoyar el avance de las empresas españolas que operan en sectores de tecnología avanzada se hace necesario contar con una figura como la del agregado científico y tecnológico. La administración cuenta con un amplio sector de personal ya formado en este contexto que procede de los distintos centros y organismos de investigación y las universidades.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear e impulsar la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España, con el objetivo de llevar a cabo tareas de asesoramiento y promoción de la ciencia y la tecnología españolas, así como fortalecer y profundizar en las relaciones de cooperación científica y tecnológica internacionales, apoyando la internacionalización de nuestros investigadores y empresas y las participación de estos en proyectos de dimensión internacional."

Palacio del Congreso de los Diputados 2 de marzo de 2017.-Marta Martín Llaguno y Fernando Maura Barandiarán, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/001593

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Aduana Comercial de la Línea de la Concepción y el paso fronterizo no comercial con Gibraltar, para su debate y votación en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Distintos medios de comunicación del Campo de Gibraltar se han hecho eco de manifestaciones de agentes sociales trasladando un alto grado de insatisfacción con el funcionamiento tanto de la Aduana Comercial de La Línea de la Concepción como del paso fronterizo para tráfico no comercial con Gibraltar.


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Con respecto a la aduana comercial:

Se está produciendo una intensificación de los controles y las demoras en las entradas de mercancías a Gibraltar por el puesto fronterizo de La Línea, generándose un clima de preocupación muy importante en empresarios y trabajadores españoles en Gibraltar, debido también a la coincidencia de la depreciación de la libra hasta más de un 17 %.

Y es que los horarios reducidos de la Aduana Comercial y su escasa dotación de personal hacen que los lunes se establezca una cola de 150 vehículos y camiones comerciales para entrar a Gibraltar, causando molestias no solo para los transportistas sino también para los ciudadanos de La Línea que se encuentran con sus carreteras y calles bloqueadas por estas colas y tienen que sufrir la carga medioambiental asociada.

Además, no hay ningún recinto preparado ni para la espera ni para la inspección de carga, teniéndose que hacer en un descampado de tierra y las esperas de trámites son tan largas que incluso alguna carga perecedera llega a estropearse y proveedores españoles, como por ejemplo camiones de obras o grúas, no pueden sacar sus vehículos para trabajar por la tarde en España.

El resultado de esta situación aduanera es el creciente desvío de importaciones a Gibraltar a rutas marítimas que evitan España y, por tanto, quitan trabajo a transportistas y comerciantes españoles a la vez que proveedores españoles pierden trabajo frente a empresas portuguesas que están dispuestas a dedicar equipos a trabajar en Gibraltar durante semanas.

Por otra parte, la Aduana de La Línea depende de la de Algeciras, tanto para el puesto de inspección fronteriza (PIF) como para el servicio especial de vigilancia y regulación del comercio exterior (SOIVRE). Más allá de esto, la Aduana de La Línea es una administración de Aduanas de rango inferior que depende de la de Algeciras, con un horario reducido de 08:00 a 15:00 horas, mientras que Algeciras atiende en días laborables de 08:30 horas a 23:00 horas y sábados y domingos.

En términos comparativos, se encuentra la Aduana de La Farga de Moles (Lleida) en la frontera de Andorra, que soporta un tráfico similar a La Línea y que, sin embargo, tiene el mismo rango que la Aduana de Algeciras y un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Con respecto al paso fronterizo no comercial:

Tras las reformas exigidas por la Unión Europea se han notado leves mejoras de fluidez, aunque en las últimas semanas se observa una vuelta a la antigua política de colas vividas en la etapa del ex ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ya que en varias ocasiones se han registrado retenciones de una hora de salida hacia España.

La reforma del recinto fronterizo durante 2014 (nuevos edificios, maquines ABC de lectura electrónica de documentos para peatones, un nuevo recinto de inspección vehicular, paneles de información en la carretera CA34/N-351 de acceso a Gibraltar) ha costado más de siete millones de euros, habiéndose manifestado públicamente por representantes del Gobierno de "macro autopista para acceder a Gibraltar", prometiéndose cuatro carriles de salida de Gibraltar y hasta seis de entrada.

Sin embargo, la única y cierta realidad es que dos años después la entrada a Gibraltar sigue conformada de un solo carril, abriéndose un segundo muy ocasionalmente y sin información previa a los conductores en cola.

De manera similar, en la salida de Gibraltar a España, los seis carriles de salida se convierten en uno solo (de no declarar mercancías), al entrar a España, agravándose esta circunstancia por el hecho de que este estrechamiento se produce en una curva de serpentín provocando importantes problemas con las motos, que están obligadas al uso del mismo carril.

Ante esta situación, la ciudadanía se pregunta cómo se justifica que tras un gasto de siete millones de euros la frontera este dotada del mismo número de carriles que antes de la reforma.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Asegurar una Aduana de La Línea de la Concepción con Gibraltar, frontera moderna, decente y fluida a través del aumento de carriles en la entrada y salida, haciéndose efectiva la inversión acometida de siete millones de euros.


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2. Aprobar una equiparación de horarios para la Aduana de La Línea de la Concepción, igual a otras que soportan un tráfico similar, como la Aduana de La Farga de Moles (Lleida) en la frontera de Andorra, de 09:00 a 17:00 horas, incluyendo fines de semana, para con ello evitar los enormes atascos de los lunes.

3. Realizar en la Aduana de La Línea de la Concepción obras de mejora del espacio en el recinto aduanero comercial existente para poder realizar en condiciones las cargas y descargada en régimen de inspección.

4. Que las exigencias administrativas en cuanto a índices de control, manipulación y registro de mercancías, sea igual o similar al resto de las aduanas existentes en España."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Justicia

161/001557

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la incitación al odio en contenidos emitidos por la ETB y por la defensa de la convivencia, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

El programa "Euskalduna naiz, eta Zu?" (Soy vascohablante, ¿y tú?) su emisión del pasado 8 de febrero de 2017 fue dedicado a analizar despectivamente los vínculos con España. El vídeo íntegro logró un 2,8 de share y fue visto por unos 27.000 espectadores. Las reacciones de sorpresa y condena a este programa, incluyendo las del propio Gobierno vasco, llevaron a la EiTB a retirar el video de su página web y el programa de la parrilla de emisión.

El programa, que empezaba de manera insultante clasificando a los españoles en cuatro clichés: el "facha" el "paleto" la "choni" y el "progre", a través de una serie de supuestas entrevistas mostraba un general desprecio y desagrado por todo lo "español". El programa emitido en la ETB insultaba a todos los españoles sólo por el mero hecho de serlo.

El Parlamento vasco aprobó por unanimidad la creación de la ETB en 1982. El presupuesto de EiTB para 2016 fue de 129,8 millones de euros. La propia EiTB, en un comunicado de prensa, admite que "determinadas manifestaciones que se realizan en el programa han sido ofensivas. Conscientes de ello pide disculpas a las personas y colectivos a los que se haya podido ofender".

Es necesario reivindicar el respeto mutuo y la defensa de la convivencia frente al insulto gratuito y la confrontación, sobre todo en los medios de comunicación social de titularidad pública.

Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta su repulsa y su condena al programa "Euskalduna naiz, eta Zu?" emitido en la cadena pública vasca ETB el 8 de febrero de 2017 dado que programas como este contribuyen a incitar el odio y atentan contra la convivencia porque fomentan los prejuicios xenófobos y racistas entre ciudadanos de un mismo país y se reafirma en la necesidad de profundizar en los valores del respeto y la convivencia frente a contenidos discriminatorios y vejatorios.

Además, este programa, emitido en vasco, podría representar un caso de malversación de dinero público ya que no hay interés general que justifique dar difusión a mensajes denigrantes, prejuicios y ofensas desde ninguna plataforma y menos aún desde una televisión pública.


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Por ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que valore dar traslado al Ministerio Fiscal del contenido del programa "Euskalduna naiz, eta Zu?" por si el mismo fuese constitutivo de algún tipo de delito."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/001586

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en eI artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la colaboración entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, en orden a facilitar el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a menores, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor (LORPM) señala en su Exposición de Motivos la primacía en la aplicación de las medidas "el superior interés del menor. Interés que ha de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio desde luego de adecuar la aplicación de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presunción de inocencia".

Por su parte, Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo establece en la disposición adicional cuarta, d) la necesidad de que en la ejecución tanto de las medidas cautelares como las de internamiento, el Gobierno, a través de un convenio con las Comunidades Autónomas, pondrá a disposición de la Audiencia Nacional, y bajo su dirección, los establecimientos y el personal especializado para favorecer el proceso de rehabilitador de la persona menor de edad.

El contexto histórico y la realidad social han variado, y se hace necesario revisar los mecanismos para hacer efectivas las previsiones legales contenidas en la Ley Orgánica 5/2000. En la actualidad nos encontramos una nueva tipología de terrorismo, el yihadista, que basa buena parte de su estrategia en la captación de personas menores de edad, así como en los delitos de narcotráfico.

En estos momentos los Convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas se reduce a uno, con la Comunidad de Madrid.

Para garantizar los principios de interés superior del menor y finalidad educativa de las medidas judiciales impuestas a menores, se hace preciso dotar de una mayor posibilidad de centros para la ejecución de las medidas judiciales impuestas por la Audiencia Nacional.

Desde la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor se ha venido reiterando en la Comisión de Seguimiento del Convenio vigente la necesidad de ampliar la suscripción de Convenios de Colaboración con otras Comunidades Autónomas.

Con ello se evitaría la agrupación de menores que cumplen medidas judiciales, lo que podría dificultar su reinserción, de una parte, y de otra, se favorecería una mayor proximidad de la persona menor a su núcleo familiar y social, cuando esta proximidad fuera adecuada según el criterio de los equipos técnicos para implicar a las familias y reforzar su proceso educativo.

Por ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a alcanzar los acuerdos necesarios para la suscripción de los convenios de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas que permitan mejorar la oferta y distribución geográfica de plazas de centros


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para la ejecución de medidas judiciales impuestas por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, con el fin de evitar la concentración y el agrupamiento de jóvenes a los que se pudiera imponer una medida de internamiento cuando el programa de intervención del joven así lo aconsejare, así como a asegurar la presencia en dichos Convenios de los ministerios con competencias en la materia, incluido el Ministerio del Interior cuando se trate de delitos de terrorismo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001601

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la conveniencia de crear un nuevo Juzgado de lo Mercantil en la ciudad de Granada, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

El único Juzgado de lo Mercantil existente en Granada soporta una carga de trabajo cifrada en el 294 por ciento por encima del módulo que establece como razonable soportar para un órgano judicial. Son datos reflejados en las estadísticas publicadas en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) correspondiente a 2015, así como en los últimos datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El último balance anual del Alto Tribunal, que recogió expresamente la necesidad de "ampliación de plazas judiciales" en Granada para los asuntos mercantiles, refleja que el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Granada, registró en el segundo trimestre del 2016, 2491 asuntos pendientes en trámite, iniciándolo con 2.572 y resolvió 242.

El Juzgado de lo Mercantil de Granada presenta un agravante, pues al tratarse de la capital judicial de Andalucía, es el único competente para conocer en asuntos de propiedad industrial y patentes de toda Andalucía por el hecho de estar en Granada la sede del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía. Estos procedimientos son "muy largos y voluminosos" y llevan casi siempre aparejadas medidas cautelares.

Además, están los concursos de acreedores, hasta hace poco más de un año el principal cometido del órgano y cuya entrada está ahora en paulatino retroceso, aunque la tramitación de los que ya están también resulta ardua.

En los últimos años el volumen de asuntos que ingresan no ha dejado de crecer, como se recoge en el memorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) e incluso en el Informe del Consejo del Poder Judicial".

Sobre la falta de espacio físico, el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) destaca que en los procedimientos concursales un solo expediente puede ocupar varias estanterías. Estos procesos son lentos y voluminosos y se tramitan en varias fases. Los expedientes suelen superar los 1.000 folios y, según el sindicato, ya no queda espacio para guardarlos... Con este nivel de saturación no se puede responder a las necesidades de los ciudadanos, ya que los procedimientos, se dilatan de tal forma que lleva a los justiciables a carecer de una verdadera respuesta de la Administración de Justicia. El STAJ considera así necesario que se lleven a cabo "medidas urgentes" para paliar la situación en el Juzgado de lo Mercantil en Granada, pues, como recuerda, es un solo juzgado el que abarca todos los asuntos mercantiles de Granada y de toda la provincia.

Por otro lado, el atasco en el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Granada, supone un freno para la economía granadina y andaluza, ante la tardanza en la resolución de numerosos litigios que podrían aliviar la situación de miles de ciudadanos afectados y de empresas que podrían ver resueltos sus procedimientos en los tiempos de respuesta habituales.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación y puesta en marcha de un nuevo Juzgado de lo Mercantil en Granada que favorezca la respuesta eficaz y pronta de la Justicia a las demandas de los ciudadanos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001604

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a la evaluación del Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de Ios menores.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la subsanación de la omisión de la firma del portavoz contenida en el escrito número de registro 25090, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la evaluación del Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

Cada vez que tiene lugar un crimen ejecutado por menores se reabre el debate en torno al sistema de justicia juvenil implantado en España por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM). Una Ley que aportó cambios importantes en el tratamiento del menor que delinque, sustituyendo el modelo tradicional de justicia penal juvenil, denominado "de protección o tutelar" por el denominado "modelo de responsabilidad o de justicia".

La necesidad de un reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores fue una demanda constante desde su publicación debido principalmente a las numerosas remisiones que la Ley realiza a su reglamento de desarrollo. Si bien hubo que esperar al Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para pormenorizar aspectos muy concretos de la Ley y regular los llamamientos de aquella a desarrollo reglamentario, como competencias y actuaciones de la policía judicial y del equipo técnico, reglas para la ejecución de las medidas, y régimen disciplinario de los centros de internamiento.


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La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ha sido reformada en varias ocasiones con el objeto de corregir las disfunciones observadas en la práctica y de adecuar su contenido a la realidad social. Sin embargo, su Reglamento, pese a contemplar en su disposición adicional única que "transcurrido un año desde la entrada en vigor del reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, el Gobierno procederá a evaluar los resultados de su aplicación, consultando para ello a las Comunidades Autónomas, al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado" no ha sido evaluado.

Transcurridos once años desde la entrada en vigor Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se hace necesario hacer una evaluación que permita valorar con una amplia perspectiva la aplicación y efectividad de las previsiones contenidas en el mismo.

Esta valoración permitiría conocer de forma precisa los aspectos que necesitan ser mejorados y los que suponen puntos fuertes en el proceso de reinserción de las personas menores de edad, en especial los que tienen que ver con la garantía de sus derechos, la ejecución de las medidas, la actuación de la policía judicial y de los equipos técnicos y de la mediación como instrumento para la conciliación y la reparación del daño. Cambios que, apareciendo como absolutamente necesarios, redundarían en la mejora del funcionamiento del sistema de justicia juvenil en su conjunto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar la evaluación prevista en la disposición adicional única del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, con el fin de valorar adecuadamente su aplicación, consultando para ello a las Comunidades Autónomas, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Interior

161/001556

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia don Enric Bataller i Ruiz (Compromís) presenta, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la agilización del proceso de traslado de personas refugiadas en España, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

A finales del 2015, 65,3 millones de personas se encontraban desplazadas forzosamente en el mundo a consecuencia de persecuciones, conflictos, situaciones de violencia generalizada o violaciones de derechos humanos. 65,3 millones, en comparación con los 59,5 millones de tan solo 12 meses antes. Esta es la primera vez que se supera el umbral de los 60 millones de personas, según denuncia el último informe de ACNUR. De esta cifra, 21,3 millones eran refugiadas, 40,8 millones desplazadas y 3,2 millones solicitantes de asilo.

En septiembre del 2015, los líderes europeos firmaron un acuerdo por el que establecían un mecanismo de reubicación de emergencia, es decir, se repartieron una parte de los refugiados entre los países miembros de la Unión Europea. No obstante, decenas de miles de personas siguen atrapadas en campos de refugiados en condiciones deplorables.

Según un informe de Amnistía Internacional los campos oficiales de refugiados no son adecuados ni tan solo para estancias cortas. Los refugiados denuncian la escasez de atención médica, de instalaciones


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sanitarias y de agua potable. La mayoría de los campos de refugiados se construyeron sin tener en cuenta las necesidades de los grupos de población más vulnerables y sin contar con los servicios necesarios para atenderlos: ancianos, mujeres embarazadas, madres solteras, menores no acompañados (MENAs), víctimas de violaciones o torturas, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas. Actualmente, miles de refugiados están intentando sobrevivir bajo temperaturas extremas, como consecuencia de la ola de frío por y del incumplimiento de promesas de la UE. Los campos de refugiados no están preparados y las ONGs denuncian que no se les está dotando de recursos.

Esta situación pone al descubierto, cada vez más, la incapacidad de la comunidad internacional para resolver y prevenir conflictos y situaciones de emergencia humanitaria. Al mismo tiempo que se pone de manifiesto la falta de voluntad política para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección internacional.

El Gobierno de España se comprometió a acoger a 2.479 personas en julio y a 14.931 personas en septiembre del 2015, cifra que estipuló la Unión Europea para España.

Con un total de 17.410 personas según los datos del Ministerio del Interior, España ha reubicado hasta el momento únicamente a 851 personas (144 desde Italia y 707 desde Grecia).

En cuanto a las personas reasentadas, el Gobierno de España ha reasentado a 289 personas; 232 desde el Líbano y 57 desde Turquía. Es decir, que desde la asunción de los compromisos, hasta principios del 2017, el Gobierno de España ha acogido tan solo un 6% del total de personas al que se había obligado a acoger.

Según Amnistía Internacional, casi 60.000 personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes que llegaron a Grecia entre 2015 y 2016, se encuentran allí atrapadas. Los Estados miembros de la Unión Europea tienen capacidad, recursos y competencias para solucionar esta crisis y ayudar a todas estas personas que no son responsables de la situación en la que se encuentran. Lo único que hace falta es voluntad política para activar las medidas necesarias y, sobretodo, para cumplirlas.

Por todo ello

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Agilizar de manera urgente el proceso de traslado de personas refugiadas en España por vías seguras (corredores humanitarios), procediendo a su reubicación y reasentamiento.

2. Cumplir, en el plazo previsto, los compromisos acordados con la Unión Europea para la acogida de 17.410 personas, y proceder a la acogida inmediata de las personas que deberían haberse acogido desde 2015.

3. Permitir la posibilidad de realizar solicitudes de asilo a través de las embajadas y consulados españoles con tal de asegurar que las personas refugiadas puedan ser trasladadas en condiciones de seguridad y, dentro de la legalidad, a otros países europeos, con criterio de urgencia para los grupos más vulnerables.

4. Permitir la emisión de visados humanitarios a través de las embajadas y consulados españoles para las solicitudes de asilo de nacionalidades que no tienen derecho a la reubicación o reasentamiento para que puedan viajar a España o a otros países europeos.

5. Permitir la flexibilidad de la reagrupación familiar y la extensión del derecho de asilo, de las personas familiares de las personas refugiadas ya reconocidas, así como la exención de visados en tránsito de personas que proceden de países en conflicto que les permita realizar solicitudes de asilo y protección internacional.

6. Mejorar el sistema de acogida e inclusión de las personas resituadas, reasentadas y aquellas que llegan de diversas maneras a España y solicitan o no protección internacional, de manera que se garanticen los derechos humanos y el bienestar de estas personas.

7. Establecer mecanismos específicos de colaboración con las Comunidades Autónomas para dar cumplimiento a los compromisos acordados con la Unión Europea en cuanto a la acogida de personas refugiadas.

8. Hacer un inventario de los recursos disponibles en materia de alojamiento a nivel estatal, y los haga llegar al Congreso a la mayor brevedad posible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2017.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/001562

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para hacer frente a la grave situación de robos en el campo en la provincia de Huelva, para su debate en la Comisión de Interior

Exposición de motivos

En la provincia de Huelva, podemos observar en los datos aportados por Ministerios de Interior, a través de su Secretaria de Estado de Seguridad, observamos como los delitos y faltas aumentan y los hurtos han subido un 6,1 % en el último trimestre del año 2016, así mismo se observa como también aumenta en los municipios los robos con violencia e intimidación.

Se viene observando en este último año como vecinos y vecinas y agricultores y ganaderos onubenses están soportando y enfrentándose a la perdida de sus bienes y herramientas para el desarrollo de su vida diaria, cada día, en cada pueblo de la provincia Huelva se aprecia un incremento de los robos, los hurtos, entradas y saqueos en sus explotaciones agropecuarias y de sus casas en el campo y en el pueblo, muchos de ellos que han entrado mientras la familia duerme. La disminución durante el último lustro de las plantillas en la Guardia Civil, especialmente en su despliegue en el medio rural, ha llevado aparejado un incremento descontrolado de sustracciones en el campo y los pueblos onubenses, que se ha visto agravado en la explotaciones agrarias por la cada vez más habitual actuación de grupos organizados, verdaderos grupos criminales, que se dedican a la sustracción de productos agrícolas y de distintos materiales de las instalaciones y explotaciones, llevando a muchos agricultores a pernoctar en sus explotaciones durante la campaña agraria y los más pudientes a poner seguridad privada.

La provincia de Huelva tiene una singularidad a tener en cuenta por parte del Ministerio de Interior, que ve incrementada la población durante la campaña agrícola, cada vez con una duración mayor por la incorporación de nuevos cultivos como la frambuesa, que hace que la campaña se extienda más de 6 meses, que luego coincide con la época estival del verano, que hace que en nuestros pueblos costeros aumente nuevamente su población en un 150%, con todo ello, observamos como todo el año, los pueblos de mayor población de provincia de Huelva, soportan un gran volumen de población flotante durante todo el año.

El sindicato AUGC (Asociación Unificada de la Guardia Civil) ha denunciado la gran escasez de plantilla de los guardias civiles en la provincia, que está provocando que las plantillas estén desbordadas y sean incapaces de atender debidamente sus tareas encomendadas, con el siguiente perjuicio para la ciudadanía.

Este verano podíamos ver y leer que la plantilla de la Guardia Civil se reduce en un tercio por motivos de las vacaciones de verano de los guardias civiles, mientras que la población se aumenta en 150%, igual que ocurre durante las campañas agrícolas.

Es pues imprescindible mejorar la seguridad y, especialmente, la de los ciudadanos de cada municipio, así como de las explotaciones e instalaciones agrícolas y ganaderas en dicho territorio.

En cuanto a la explotaciones agrarias hay que tener presente unas características singulares que las hacen vulnerables, puesto que son explotaciones con grandes inversiones por parte de los agricultores que se quedan durante la noche a merced de aquellas personas que se organizan para acometer delitos y faltas, y el Estado no puede pretender que los agricultores se hagan cargo de las medidas de seguridad, y cada día observamos el alto índice de incidentes, en el caso de hacer ellos mismos, con la inseguridad y peligrosidad que conlleva este tipo de acciones.

En la X legislatura, el único Plan impulsado por el Gobierno no ha sido más que una copia del puesto en marcha por el Gobierno socialista, con el agravante de que, además, desde el Ministerio del Interior ni siquiera se ofrecen datos sobre los efectos que ha provocado este plan.

Significativo es el caso de los equipos ROCA de la Guardia Civil que desempeñan una función fundamental en nuestra tierra pero son escasos los medios materiales y profesionales y por tanto, es necesario aumentar las plantillas y los medios materiales. Además, a pesar de la insistente demanda de información por parte del Grupo Socialista no se ha facilitado información sobre cuántos miembros forman esos equipos y de dónde proceden.

La plantilla de Guardia Civil en 2011 en la provincia de Huelva era de 1.534 efectivos, mientras que en octubre 2016 se había reducido a 1.410, es decir, 124 agentes menos.


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Además podernos leer como la empresa de seguridad Seguridad Direct, a través de estudios internos, sitúa a Huelva como la provincia "más insegura de España, teniendo el pasado año el índice de incidencia más alto, cuatro veces mayor que el de Segovia, la provincia más segura".

Frente a la problemática descrita, la única propuesta del Gobierno ha sido la de volver a su panacea habitual, que no es otra que recurrir al populismo punitivo, que ha consistido en incluir reformas del Código Penal para agravar una penas que ya ofrecen respuesta suficiente, y que además, no pueden ser la única y exclusiva respuesta ante este grave problema.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Dotar a las Fuerzas y Cuerpos y de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, del número suficiente de efectivos materiales y humanos en todo el territorio español que hagan efectivo el derecho a la seguridad, también en el medio rural.

2. Rediseñar el Pian de Seguridad en el Medio Rural, destinado a mejorar la seguridad de los ciudadanos en dicho territorio, la seguridad de sus propiedades y sus explotaciones y los medios de vida económica en el mismo. Dicho Plan debe ser evaluado trimestralmente, con presentación de los objetivos y los resultados alcanzados en cada provincia. Anualmente, el Ministro del Interior presentará la evaluación del Plan en el Parlamento.

3. Impulsar acuerdos con las Corporaciones Locales, en el marco de dicho Plan, para incorporar a la Policía Local a las labores de vigilancia en el ámbito de sus competencias, cooperando con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

4. Sustentar el Plan, en la mejora de los niveles de prevención, reforzando las labores de investigación, potenciando la labor de captación de información y de elaboración de inteligencia especifica.

5. Activar operaciones específicas en diferentes ámbitos territoriales, dirigidas a problemáticas delincuencia les concretas, en las que se analicen las zonas o lugares más afectados, franjas horarias más castigadas, "modus operandi", productos que suele ser mayor objeto de las infracciones penales, normativa nacional, autonómica, provincial y local, que regula su recogida, transporte, comercialización, etc., impulsando especialmente las medidas preventivas y de investigación.

6. Celebrar Juntas de Seguridad, locales y provinciales, con una periodicidad suficiente como para lograr el máximo conocimiento real de la situación para impulsar y conseguir una mayor eficacia en el servicio.

7. Facilitar la interlocución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los principales agentes relacionados con el medio rural como Guardas Particulares del Campo, Asociaciones y Sindicatos Agrarios, Oficinas Comarcales Agrarias, Asociaciones Vecinales, así como Policía Local y empresas de seguridad privada, procurando la más fluida y constante interlocución con objeto de facilitar la máxima participación ciudadana.

8. Establecer, de forma sistemática, por parte de las Fuerzas de Seguridad, comunicaciones periódicas con los distintos propietarios de fincas y explotaciones ganaderas y agrícolas.

9. Reforzar la coordinación con los agentes de medio ambiente y los agentes forestales, proporcionándose mutuamente información de interés relacionada con los aspectos propios del servicio que realizan. Planificar e intensificar inspecciones sobre establecimientos dedicados a la compra venta de objetos usados, tratamiento industrial de los productos hortofrutícolas (industrias, almazaras, etc.), o empresas de gestión de residuos, prestando especial atención a aquellas inspecciones libros de registro y control de los transportes de productos del campo (aceitunas, fresa, etc.).

10. Estudiar todas aquellas medidas que implantadas en España por otras policías integrales o en países de nuestro entorno y que estén dando resultado para adaptarlas a las necesidades y características de los lugares que son objeto de los robos y hurtos sistemáticos.

11. Modificar la Ley 87/1978 para incorporar estos riesgos al sistema de seguros agrarios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Josefa Inmaculada Gónzalez Bayo y José Juan Díaz Trillo, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/001563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para hacer frente a la grave situación de robos en las viviendas en el medio rural en la provincia de Ourense, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Cada día de este año, la provincia de Ourense registra, de media, un robo con fuerza en domicilio, robos que se han incrementado sobre todo en el medio rural, acompañados además de ataques a las personas.

El Ministerio del Interior ha hecho pública la estadística de criminalidad que refleja la evolución del total de infracciones penales, en el que se ha producido un repunte de casi un 17%, este tipo de delitos, que es el único que aumenta entre enero y septiembre de 2016, el último periodo con datos. Desde comienzos de año y hasta el 30 de septiembre, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvieron conocimiento de un total de 295 denuncias de robo con fuerza en domicilios. En el mismo periodo del año anterior los casos fueron 253.

En los últimos meses estos ataques a viviendas se han disparado y se han convertido en alarmantes tanto por el número, como por la forma en que se producen y las personas a las que afecta. Ha habido días en que se han llegado a asaltar cuatro viviendas en menos de cinco horas, seis casas de un municipio en apenas una hora, con la particularidad de que todas ellas son casas habitadas y en algunos casos como los perpetrados en las localidades de Allariz y Bande, son personas ancianas las que sufrieron agresiones físicas. Este hecho se repitió el día 16 de enero de 2017 en San Mamede de Urrós, en Allariz, cinco encapuchados y armados con pistola agredieron al matrimonio de ancianos de 84 años y 82 años, a los que robaron 3.600 euros.

Otros dos asaltos con violencia se produjeron el 9 de enero del 2016 en Outomuro (Cartelle) y el 7 de agosto en Baxes (Vilamartín de Valdeorras). En el primero, también fueron cinco encapuchados, armados con tres pistolas, los que irrumpieron de madrugada en el domicilio en el que dormían un hombre y su madre de 92 años, a los que sustrajeron 200.000 euros. En Vilamartín, tres delincuentes propinaron una paliza a una persona de 75 años, para robarle 40.000 euros y joyas.

Esto pone de manifiesto la violencia y peligrosidad de estos hechos, pues una vez que los delincuentes entran en una vivienda habitada el desenlace es imprevisible.

Los robos han afectado a los municipios de Vilaza (Monterrei), Pereiro de Aguiar, Verín, Allariz, Castrelo do Val y Barbadas, Allariz, Bande, es decir se extienden por prácticamente todo el "medio rural de la provincia de Ourense". Todos repiten una sistemática, casas ocupadas o desocupadas, forzando una puerta o ventana para entrar al interior de la vivienda, algunos de los robos sorprendieron a los dueños de las casas en el interior, son robos rápidos, de 10 minutos, y directos a las habitaciones principales de las viviendas, es el modus operandi de las bandas o banda itinerante que está causando miedo e intranquilidad a los vecinos de todos los Concellos, dándose el agravante de que los afectados son personas mayores.

En los últimos 14 meses, los delincuentes entraron en 316 viviendas del rural de la provincia de Ourense.

En virtud del Plan de 2013 se crearon los "Equipos ROCA" para la lucha contra los robos en el campo en las 15 provincias más afectadas por robos rurales con un total de 55 equipos con 275 agentes de la Guardia Civil. Los primeros efectivos llegaron a las provincias que habían sufrido más robos en zonas rurales, Zaragoza, Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Murcia, Almería, Granada, Córdoba, Sevilla, Huelva, Ciudad Real, Toledo, Cáceres y Badajoz. Estos equipos están especializados en robos en fincas rústicas en la actuación de grupos organizados, que se dedican a la sustracción de productos agrícolas y de distintos materiales de las instalaciones y explotaciones.

Pero desde su creación no se ha rediseñado su función y además no han desarrollado su actividad en Ourense.

Además en los últimos 5 años se ha producido una disminución de las plantillas en la Guardia Civil, que a mes de agosto de 2016 tenía una falta de cobertura en el catálogo de activos de casi 10.600 efectivos


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que con los efectos que ello produce en su despliegue en el medio rural, ha llevado aparejado un incremento descontrolado de sustracciones en el medio rural en todo el territorio.

A mayor abundamiento el bajo índice de criminalidad respecto a otras provincias españolas y la despoblación en general que sufre Ourense son argumentos para no aumentar significativamente las plantillas de los cuerpos policiales. Si la Guardia Civil tenía a finales del 2010, 874 efectivos en la provincia, en septiembre del año 2016 disponía de 838, sobre un catálogo de 927, según la respuesta escrita del Gobierno y la ocupación de vacantes en las unidades interesadas se harán "según evolucionen las necesidades del servicio, de conformidad con los estudios que se mantienen permanentemente actualizados para lograr una mejora de los niveles de seguridad de los ciudadanos", según señala el Gobierno.

Los datos expuestos hacen imprescindible mejorar la seguridad y, especialmente, la de los ciudadanos en el medio rural, puesto que la dispersión y despoblación inciden en el incremento de este tipo de delitos. Del mismo modo, en muchas ocasiones se encuentran alejadas de las vías de comunicación y es habitual que sus propietarios no vivan cerca de las mismas, por lo que es normal la ausencia de testigos.

La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en 2011 puso en marcha planes específicos para combatir determinadas modalidades delictivas, entre ellas las infracciones penales contra la propiedad en explotaciones agrícolas y ganaderas. Resulta imprescindible a la luz de los datos, redefinir planes específicos, para mejorar los niveles de prevención, potenciar la labor de captación de información, la elaboración de inteligencia específica y reforzar las labores de investigación, en el medio rural, no solo en lo relativo a explotaciones agrarias, sino a las viviendas y habitantes de los pueblos.

Desde el comienzo de su mandato, el único Plan impulsado por el Gobierno no ha sido más que una copia del puesto en marcha por el Gobierno socialista, con el agravante de que, además, desde el Ministerio del Interior ni siquiera se ofrecen datos sobre los efectos que ha provocado este plan. Significativo es el caso de los equipos ROCA de la Guardia Civil, pues a pesar de la insistente demanda de información por parte del Grupo Socialista no se ha facilitado información sobre procedencia de sus miembros, es decir de donde se detraen esos efectivos, así como tampoco si se dedican con carácter exclusivo a la vigilancia e investigación de los delitos de robo y hurtos en el campo o lo compatibilizan con otras ocupaciones.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Dotar a los Fuerzas y Cuerpos y de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, del número suficiente de efectivos materiales y humanos en todo el territorio español que hagan efectivo el derecho a la seguridad, también en el medio rural.

2. Rediseñar el Plan de Seguridad en el Medio Rural, destinado a mejorar la seguridad de los ciudadanos en dicho territorio, la seguridad de sus propiedades y sus explotaciones y los medios de vida económica en el mismo. Dicho Plan debe ser evaluado trimestralmente, con presentación de los objetivos y los resultados alcanzados en cada provincia. Anualmente, el Ministro del Interior presentará la evaluación del Plan en el Parlamento.

3. Impulsar acuerdos con las Corporaciones Locales, en el marco de dicho Plan, para incorporar a la Policía Local a las labores de vigilancia en el ámbito de sus competencias, cooperando con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

4. Sustentar el Plan, en la mejora de los niveles de prevención, reforzando las labores de investigación, potenciando la labor de captación de información y de elaboración de inteligencia especifica.

5. Activar operaciones específicas en diferentes ámbitos territoriales, dirigidas a problemáticas delincuencia les concretas, en las que se analicen las zonas o lugares más afectados, franjas horarias más castigadas, "modus operandi", productos que suele ser mayor objeto de las infracciones penales, normativa nacional, autonómica, provincial y local, que regula su recogida, transporte, comercialización, etc., impulsando especialmente las medidas preventivas y de investigación.

6. Celebrar Juntas de Seguridad, locales y provinciales, con una periodicidad suficiente como para lograr el máximo conocimiento real de la situación para impulsar y conseguir una mayor eficacia en el servicio.

7. Facilitar la interlocución de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado con los principales agentes relacionados con el medio rural como Guardas Particulares del Campo, Asociaciones y Sindicatos Agrarios,


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Oficinas Comarcales Agrarias, Asociaciones Vecinales, así como Policía Local y empresas de seguridad privada, procurando la más fluida y constante interlocución con objeto de facilitar la máxima participación ciudadana.

8. Establecer, de forma sistemática, por parte de las Fuerzas de Seguridad, comunicaciones periódicas con los distintos propietarios de fincas y explotaciones ganaderas y agrícolas.

9. Reforzar la coordinación con los agentes de medio ambiente y los agentes forestales, proporcionándose mutuamente información de interés relacionada con los aspectos propios del servicio que realizan. Planificar e intensificar inspecciones sobre establecimientos dedicados a la compra venta de objetos usados, tratamiento industrial de los productos hortofrutícolas (industrias, almazaras, etc.), o empresas de gestión de residuos, prestando especial atención a aquellas inspecciones libros de registro y control de los transportes de productos del campo (aceitunas, fresa, etc).

10. Estudiar todas aquellas medidas que implantadas en España por otras policías integrales o en países de nuestro entorno y que estén dando resultado para adaptarlas a las necesidades y características de los lugares que son objeto de los robos y hurtos sistemáticos.

11. Modificar la Ley 87/1978 para incorporar estos riesgos al sistema de seguros agrarios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-María del Rocio de Frutos Madrazo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001598

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado don Gabriel Rufián Romero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la disponibilidad de los recursos oportunos para un control de pasaportes ágil y eficiente en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Con ocasión del Congreso Mundial de Móviles (Mobile World Congress, MWC) que se ha celebrado en Barcelona, la ciudad ha tenido un gran aumento puntual del número de visitantes. Sin embargo, los controles de pasaportes en el aeropuerto -responsabilidad de la Policía Nacional española- no han estado al nivel requerido para asumir tal afluencia de pasajeros y han generado unas colas que han podido alcanzar la hora y media o dos horas de espera.

Este hecho, más allá de la mala imagen que produce para la ciudad y por extensión para el acogimiento del Congreso, ha provocado entre los pasajeros el malestar y el lógico nerviosismo ante la perspectiva de poder perder el vuelo por las colas provocadas por la ineficiencia en el control de pasaportes.

Estos problemas en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat no son la primera vez que se producen, sino que se dan en los puntuales aumentos del número de pasajeros como puede ser con motivo de las vacaciones.

En tal sentido, parece lógico que haya una previsión adecuada de estas fechas y que se dispongan los medios humanos y materiales oportunos para dar una atención adecuada a los clientes.

Por todo ello se presente la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

Realizar una previsión adecuada de los recursos humanos y materiales oportunos para ejercer el control de pasaportes en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat de manera ágil y diligente, especialmente en las fechas en que hay una mayor afluencia de pasajeros."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


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Comisión de Defensa

161/001606

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Defensa, relativa a la necesidad de mayor transparencia en la gestión de los Programas Especiales de Armamento.

Exposición de motivos

De acuerdo con el "Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento y material para las Fuerzas Armadas, ejercicios 2012, 2013 y 2014. Análisis especial de los programas de gestión Internacional: EF2000, A400m, y Tiger, y de los Programas de Gestión Nacional: BAM, Leopard y NH90", n.º 1.155, aprobado en el pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 30 de junio de 2016, hay una serie de disfunciones preocupantes, fruto de decisiones de carácter político, que afectan a los Programas Especiales de Armamento del Ministerio de Defensa.

El conjunto de estos programas se estima en 30.000 millones de euros, condicionando de forma significativa el margen de maniobra del Ministerio de Defensa para los próximos lustros, con una incidencia de primer orden para la industria de defensa española, y la propia seguridad y defensa de nuestro país.

Tal y como se recoge en el informe realizado a seis de los programas en cuestión, algunas de las irregularidades que se constatan son, por un lado, el exceso de financiación pública, -como el relativo al programa Leopard o el correspondiente al BAM-. O por otro lado, la omisión en la imposición de penalidades de demora en otros que han sido objeto de retrasos -como nuevamente, el programa BAM-. Además, se deja constancia que España no está en condiciones de aceptar en servicio aviones "por razones de administración dentro de las limitaciones financieras", dejándose estos almacenados en territorio español pero sin hacerse uso de ellos.

Por si fuera poco, se apunta a la escasez de efectivos dedicados a la gestión de estos programas, haciendo uso de encomiendas de gestión para satisfacer necesidades de carácter permanente, y la alta rotación del personal dedicado a esta labor.

De acuerdo con estas preocupantes conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, y teniendo en cuenta la opacidad que ha caracterizado la gestión de los Gobiernos sobre estos programas, conviene tomar medidas para hacer más transparente a la ciudadanía qué equipamientos se han adquirido, para qué escenarios de riesgo, y cómo se ha llevado a cabo su gestión en las dos últimas décadas.

En ese sentido, conviene no perder de vista la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2013, que tiene al conjunto de la Administración General del Estado sometida a su ámbito subjetivo de aplicación, y por lo tanto también al propio Ministerio de Defensa. En el artículo 5.1 de dicha Ley, se plantea la necesidad de "publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública". Asimismo, en el artículo 8, correspondiente a la información económica, presupuestaria y estadística, figura lo siguiente:

"Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, !a información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación:

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de! adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente [...]

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan."


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Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Realizar una auditoría exhaustiva de carácter público del conjunto de los programas especiales de armamento desde sus inicios hasta la actualidad para, de acuerdo con el necesario ejercicio de transparencia, garantizar que se haga un uso eficiente y acorde al ordenamiento jurídico de los recursos públicos. La auditoría en cuestión será accesible al público en la página web del Ministerio de Defensa, y expondrá los resultados de manera clara, estructurada y entendible para que puedan ser objeto de escrutinio público por parte de la ciudadanía.

- Hacerse eco de las conclusiones y recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas, y destinar más personal con carácter estable a la gestión de estos programas.

- Tomar las medidas oportunas con las empresas contratistas para recuperar por parte de la Administración General del Estado las cantidades correspondientes a los excesos de financiación pública, así como imponer las penalidades de demora que correspondan a los incumplimientos ya identificados en el informe del Tribunal de Cuentas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2017.-Juan Antonio Delgado Ramos, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/001573

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reforma del sistema de homologación de vehículos de motor en la UE para mejorar su eficacia y reducir la contaminación, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.

La Comisión Europea está proponiendo cambios importantes en el marco de homologación de vehículos de lo que se conoce como "tipo UE". Según las normas actuales, las autoridades nacionales son las únicas responsables de certificar que un vehículo cumple todos los requisitos de comercialización y que el fabricante respecta las normas de la UE. Las nuevas propuestas se encaminan a contribuir a que los ensayos de los vehículos se hagan de forma más independiente y a mejorar la vigilancia de los vehículos que ya están en circulación.

Al parecer, la Comisión ya estaba revisando el marco de homologación de tipo de la UE para los vehículos de motor cuando estalló el caso Volkswagen. Desde entonces, ha decidido que es necesario llevar a cabo una reforma más profunda para evitar que se repitan casos de incumplimiento de normas como este. Así, a finales de mayo próximo se acordará la reforma del actual sistema de homologación de vehículos que ha permitido el fraude del diésel y los abusos de la industria del motor.

Tal y como afirma Ecologistas en Acción, organización que forma parte de la campaña "Malos Humos", el fraude en la medición de emisiones no es solo una estafa al consumidor, sino al conjunto de la ciudadanía pues es la calidad de nuestro aire la que está en juego. Evitar casos como el fraude del diésel supone una reducción de las emisiones de dióxido de nitrógeno en nuestras áreas metropolitanas, cuyos niveles de contaminación se sitúan en muchas de ellas por encima de los máximos legales permitidos.

Después del caso Volkswagen sabemos que la gran mayoría de las marcas de automóviles contaminan mucho más de lo declarado, en especial en los vehículos diésel, ya que las pruebas que se realizan en laboratorio no reflejan las emisiones en conducción real.

La propuesta de Reglamento de la Comisión pretende reforzar la independencia y la calidad de los ensayos que permiten comercializar los automóviles. Se propone modificar el régimen de remuneración


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para evitar los lazos financieros entre los fabricantes y los servicios técnicos, y también se prevén unos criterios de funcionamiento más estrictos con auditorías periódicas independientes para obtener y mantener su designación como tales servicios técnicos. Además, las autoridades nacionales de homologación de tipo se someterían a revisiones cruzadas para asegurar que las normas correspondientes se aplican y de manera rigurosa en toda la UE.

Se pretende introducir un sistema eficaz de vigilancia del mercado que controle la conformidad de los automóviles que ya están en circulación. Así, sería posible detectar incumplimientos en una fase temprana y asegurar una intervención inmediata en lo que respecta a vehículos que no respeten las normas, que presenten riesgos graves para la seguridad o que sean nocivos para el medio ambiente. Los Estados miembros deberían revisar periódicamente el funcionamiento de sus actividades de vigilancia del mercado y publicar los resultados.

Se propone, además, reforzar el sistema de homologación de tipo con una mayor supervisión europea. La Comisión tendría la facultad de suspender o restringir la actividad, o retirar la designación, de los servicios técnicos que no trabajen correctamente y no apliquen las normas con el debido rigor. También podría llevar a cabo ensayos de verificación en los vehículos ya comercializados y, en caso necesario, de poner en marcha recuperaciones de vehículos.

Dicha propuesta de Reglamento mantiene la prohibición actual de utilizar dispositivos de desactivación o manipulación que las autoridades nacionales tienen la obligación de vigilar y cuya utilización deben impedir, pero además, el fabricante tendrá que facilitar el acceso a los protocolos de software de los vehículos. Así, será más difícil sustraerse a las exigencias de emisiones.

Según Ecologistas en Acción, en España circulan cerca de 1,9 millones de vehículos diésel fraudulentos altamente contaminantes. Muchas de nuestras áreas metropolitanas superan los límites admisibles de dióxido de nitrógeno y, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, solo por este contaminante fallecen de forma prematura 4.280 personas cada año en España.

El texto del Reglamento tendrá que ser negociado y acordado por el Parlamento Europeo y el Consejo. Es urgente la necesidad de restablecer la confianza en el sistema de homologación y vigilancia del mercado de los vehículos de motor, introducir transparencia e independencia sobre el proceso de homologación, evitar el control por los fabricantes de vehículos, establecer un control estricto de las emisiones reales de los vehículos y apostar decididamente por medidas que protejan la salud de la población y del medio ambiente.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener en las instituciones europeas una posición en la reforma del actual sistema de homologación de vehículos en favor de un control europeo eficaz e independiente que evite y sancione los posibles fraudes, controle las emisiones reales de los vehículos y proteja la salud de la población y del medio ambiente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2017.-Eva García Sempere, Diputada.- Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001578

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata don Francesc Homs i Molist, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, una Proposición no de Ley para el estímulo de las patentes y para la adhesión del Estado español a la patente europea con efecto unitario.

Exposición de motivos

Una recomendación unánime entre los analistas económicos para promover la competitividad futura de las economías es la de apostar por la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). La apuesta requiere recursos económicos, pero también requiere estrategia. Un elemento estratégico relevante para consolidar


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y proteger las innovaciones es el sistema de patentes, sin embargo, no parece que esta haya sido una prioridad de la política económica española.

Por ejemplo, sorprende que España suponga el 5.º PIB de la UE-28 en magnitud y sin embargo ocupe la 10a posición en cuanto a solicitud de patentes. Sorprende más aún que cuando Europa impulsó la patente europea con efecto unitario, un paso trascendente para ganar competitividad frente a Estados Unidos y frente a países terceros en materia de innovación, España condicionase su aceptación a la política lingüística, en vez de asumir la suma de ventajas de orden tecnológico y competitivo que le podía suponer su incorporación.

En una economía globalizada y altamente competitiva es preciso subrayar la importancia de proteger la propiedad intelectual de la innovación como factor de competitividad, lo cual conlleva, en nuestro caso, adecuar la legislación y, a la vez, impulsar medidas y programas de apoyo a la sistemática de patentar, por parte de las empresas e investigadores, como política de mejora de la competitividad.

Resumiendo lo ocurrido en Europa en los últimos años en materia de patentes, en enero de 2013 entraron en vigor dos reglamentos comunitarios: el Reglamento 1257/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, y el Reglamento (UE) n.º 1260/2012, del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción. El conjunto de ambos reglamentos regula la "patente europea con efecto unitario" o también conocida como la "patente unitaria".

La principal característica de la patente unitaria reside en el hecho de que, una vez concedida, surte efectos (los mismos efectos) en todos los Estados de la Unión Europea participantes en el proceso de creación de este tipo de patente. Esta característica es su principal ventaja frente a los problemas de la patente europea clásica, lo cual beneficia principalmente a las PYMES.

La patente europea clásica -que sigue vigente- presenta diversos inconvenientes que la patente europea con efecto unitario pretende superar. Un inconveniente principal es que una vez concedida, debe ser traducida y validada ante las oficinas nacionales de propiedad industrial de los diferentes Estados para que produzca efectos en su territorio, lo cual comporta costes económicos y administrativos importantes. Otro gran inconveniente es de sus efectos jurídicos se determinan de conformidad con la legislación nacional de cada Estado donde la patente está vigente y ello obliga a su titular a iniciar acciones por infracción en cada una de las jurisdicciones en que se hayan producido actos lesivos. Es decir, el principio legal de cosa juzgada, que impide que una misma cuestión sea juzgada dos veces no se aplica a la patente europea clásica, al ser jurisdicciones distintas, con lo que las sentencias pueden ser contradictorias. Así, la existencia de varias jurisdicciones hace que en caso de querer anular la patente, se deban emprender acciones de nulidad en cada uno de los estados donde está vigente.

Contra la situación descrita, la reciente patente europea con efecto unitario presenta claras ventajas: primera en costes, según la Comisión Europea, el coste de una patente unitaria se situaría sobre los 4.725 ?, una cifra muy inferior a los 35.000 ? de media que podría costar la patente europea clásica; segunda en jurisdicción, sus efectos jurídicos alcanzan a los 26 Estados miembros adheridos.

A pesar de estas ventajas, el Estado español, junto al italiano, recurrieron los dos reglamentos que regulan la patente unitaria y que establecen que solo el inglés, el alemán y el francés sean las lenguas oficiales en las que se puedan registrar las patentes. En mayo de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dirimió el recurso y avaló la exclusión de ambas lenguas de la patente única. Acto seguido, en septiembre de 2015, Italia decidió adoptar la patente única, con lo que actualmente 26 de los 28 miembros de la Unión Europea ya forman parte de esta realidad. En cambio España aprobó en julio de aquel mismo año la Ley 24/2015, de Patentes, sin incorporar la patente unitaria. Hoy, de los 28 Estados de la UE únicamente el Estado español y Croacia no se han adherido a la patente con efecto unitario.

Patentar es una estrategia básica de las economías para proteger la innovación. En Europa, son Alemania, con un 38,6 % de las patentes concedidas y Francia con un 14,9 %, las dos economías más dinámicas en cuanto a protección de la propiedad intelectual de sus innovaciones. Les siguen Italia con 6,8 % y el Reino Unido con un 5,7 %. Entre estas cuatro economías obtuvieron dos terceras partes de las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes en 2015. En cambio el Estado español, la quinta economía de la Unión Europea en términos de PIB, tiene un porcentaje muy reducido de patentes concedidas, solo un 1,4 %, muy por detrás de países como Suecia o los Países Bajos, con mucha menos población y un PIB muy inferior.


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El Partit Demòcrata Europeu Català presenta esta Proposición no de Ley para estimular las políticas orientadas a patentar las innovaciones y para que el Estado español adopte la patente europea con efecto unitario. Reiteramos así una propuesta ya presentada por CIU en 2010 instando al Gobierno a desbloquear las negociaciones para la creación de la patente única con validez en todos los Estados miembros de la Unión Europea, prescindiendo de la oposición lingüística que presentaba el Gobierno español de entonces y reiterando también la propuesta de CIU, en el trámite parlamentario de debate de la actual Ley 24/2015, de Patentes, de incorporar una disposición para que el Gobierno iniciara "los trámites necesarios para ser partícipe, junto al resto de estados miembros de la Unión Europea, del despliegue de la Patente Europea con Efecto Unitario, favoreciendo con ello una mayor protección y simplificación del sistema de patentes."

Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Solicitar la adhesión a la patente europea con efecto unitario.

2. Impulsar la modificación de la Ley 24/2015, de Patentes, para adecuaría a los reglamentos que regulan la patente europea con efecto unitario.

3. Establecer un conjunto de medidas transitorias de estímulo a la elaboración de patentes, como instrumentos de transformación y mejora de la competitividad del tejido productivo. Entre estas:

- Financiar planes de estímulo a la elaboración de patentes, gestionado por las administraciones competentes, destinados a promover la formación en patentes de las empresas que invierten en innovación, así como de los sectores universitarios, y de la formación profesional.

- Bonificar las tasas para la solicitud y concesión de patentes, modelos de utilidad, modelos industriales y certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, por un período de cinco años, para las microempresas y las pequeñas empresas, es decir aquellas que ocupan a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no superan los 10 millones de euros."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2017.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/001577

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata don Francesc Homs i Molist, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, una Proposición no de Ley para la modificación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos (plusvalía municipal) para exonerar su pago en las transmisiones sin incremento real de valor.

Exposición de motivos

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004, de 5 de marzo) regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos (IIVTU). En su artículo 104 establece que el hecho imponible grava el incremento de valor que experimenten los terrenos calificados corno urbanos y se ponga de manifiesto como consecuencia de la transmisión de la propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

La determinación de la base imponible del IIVTU, a tenor de lo previsto en el artículo 107 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se realiza mediante un método de estimación objetiva, y no siempre se corresponde con la plusvalía efectivamente obtenida, sino que se establece a través de un método de cálculo basado en el valor catastral del bien transmitido y en el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de transmisión, sin admitir prueba en contrario para el caso en que en vez de


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generar plusvalías genere minusvalías. Por ello, en el caso de transmisiones patrimoniales en las que el precio de venta sea inferior al precio de adquisición, el transmitente se ve obligado a ingresar el citado impuesto a pesar de no haberse producido un incremento de valor del terreno urbano.

La crisis económica y la bajada de precios de los terrenos e inmuebles ha conducido a que las transmisiones con minusvalía en vez de plusvalía hayan sido numerosas en los últimos años, por lo que, en virtud de la vigente normativa, aquellas transmisiones onerosas o lucrativas del terrenos urbanos mediante compraventa, permuta, donación, herencia, dación en pago de deudas... etc., en las que no se haya producido una plusvalía real, el transmitente o adquirente, según el caso, se ha visto obligado a pagar el citado impuesto al Ente Local competente.

Recientemente han sido muchos los contribuyentes que han presentado la autoliquidación del citado impuesto en el plazo previsto para evitar ser sancionados y, posteriormente, han solicitado a través de los Tribunales el reintegro del impuesto considerándolo improcedente. Así, son diversas las sentencias de Tribunales que en los últimos años se manifiestan a favor del contribuyente y declaran nulo dicho impuesto por considerar que el IIVTU, cuando hay minusvalía, es un tributo inaplicable. Se han pronunciado en este mismo sentido, diferentes Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Catalunya, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco, Navarra, entre otros.

Más recientemente, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, analiza la Norma Foral que regula, el IIVTNU en el Territorio Histórico de Guipúzcoa con el principio de capacidad económica recogido en el artículo 31 de la Constitución concluyendo que los preceptos son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, o en palabras del tribunal constitucional "se someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica".

El alcance de la sentencia se limita a la norma guipuzcoana, pero su redactado -casi idéntico a la norma vigente en los territorios no forales del Estado- presupone una futura sentencia, del Tribunal Constitucional respecto de la normativa estatal, en igual sentido que la referida a la norma foral. Por ello urge adoptar cambios normativos inmediatos que permitan corregir la incoherente situación legal vigente.

En este contexto, no sería lógico que los costes que se derivan de la Sentencia del Tribunal Constitucional los deban soportar las haciendas locales. Los Ayuntamientos en 2014 recaudaron 1.176 millones de euros por este impuesto, parte de los cuales procedentes de transmisiones con minusvalía que deberán presumiblemente devolver. No corresponde a estas administraciones sufrir el correspondiente quebranto derivado de las devoluciones, sino a la administración estatal, que es la que tiene la competencia legislativa, y por tanto también es competente para impulsar las correspondientes modificaciones normativas.

Por todo ello, urge asumir la inconstitucionalidad del precepto, cuando se han producido minusvalías e impulsar una nueva regulación que permita que las administraciones locales participen efectivamente de las plusvalías reales generadas, cuando las haya. Asimismo, el Estado debe compensar a las haciendas locales, por las evoluciones y pérdidas de ingresos que les pueda suponer.

Estas modificaciones normativas deberían enmarcarse dentro de una reforma global de la financiación de las Haciendas Locales, la cual constituye una asignatura pendiente de realizar desde hace años.

Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar:

1. La modificación urgente, en los próximos 3 meses, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con el fin de articular, explícitamente la no sujeción a tributación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos de aquellas transmisiones en las que no se haya producido incremento de valor.

2. Las medidas legislativas y presupuestarias necesarias para compensar a las administraciones locales por:

1) Los pagos que, en su caso, deberán afrontar, relativos a la devolución de liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos indebidamente cobradas.

2) La pérdida de ingresos que tendrán en el futuro, como consecuencia de la modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que determinará la no sujeción al impuesto de IIVTU cuando la transmisión no conlleve un incremento de valor al transmitente, en cumplimiento del principio de lealtad institucional.


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3. En el caso que se declaren inconstitucionales algunos artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que regulan el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos, establecer un procedimiento regulado y ágil para la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, en los casos que proceda, en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor, de acuerdo con lo establecido en anterior apartado segundo.

4. La creación de un grupo de trabajo con representantes de la administración central y de las administraciones locales con el fin de abordar la reforma global de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004, de 5 de marzo), pendiente desde hace años, que, entre otras modificaciones deberá incorporar la vinculación de la tributación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos a la plusvalía real obtenida por el transmitente, en vez de vincularla a una plusvalía irreal, dependiente del valor catastral y de los años transcurridos desde la última transmisión."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2017.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001596

A la Mesa del Congreso

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para que el Gobierno asuma la deuda del Consorcio Valencia 2007, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función pública.

Exposición de motivos

El pleno de Les Corts Valencianes aprobó el 8 de febrero de este año que el Consell solicite al Gobierno de España la condonación de la deuda contraída por el Consorcio Valencia 2007 con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El Consorcio Valencia 2007 fue creado en 2003 por la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno central para organizar la Copa del América y gestionar el proyecto de la Marina Real. La Copa del América, que según se decía iba a tener un retorno económico de 1.500 millones de euros para la ciudad de Valencia, ha supuesto unas deudas que actualmente ascienden a 427 millones de euros (236 con el ICO, 123 con el Tesoro y 67 con el Banco de Santander).

Esta deuda de 430 millones de euros es totalmente inasumible para la comunidad valenciana debido a la situación financiera en que se encuentra, por eso, al igual que se ha hecho en ciudades como Sevilla, Barcelona, Zaragoza y Madrid pedimos la condonación de la deuda.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Que adquiera un compromiso con La Marina, y que liquide, anule y condone el crédito que tiene contra los valencianos ayudando a esta Comunidad a levantar la cabeza."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001599

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta


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la siguiente Proposición no de Ley sobre la supresión del Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

A lo largo de los últimos años, diversas comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, han puesto en marcha un Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito, como tributos propios de cada comunidad, mediante el cual se grava el stock de depósitos bancarios de las entidades financieras.

2001;30/11/2001;Extremadura crea el IDEC (Ley 14/2001, de 29 de noviembre).

2002;27/03/2002;Recurso de inconstitucionalidad contra IDEC de Extremadura.

;01/10/2002;Levantamiento de la suspensión del IDEC extremeño.

2010;04/12/2010;Andalucía crea el IDEC (Ley 11/2010, de 3 de diciembre).

2012;26/06/2012;Canarias crea el IDEC (Ley 4/2012, de 25 de junio).

;24/11/2012;Desestimación recurso de inconstitucionalidad contra el IDEC extremeño. La STC 210/2012, de 14 de noviembre, declaró la constitucionalidad del impuesto extremeño preexistente sobre estos depósitos y, por extensión, del impuesto andaluz.

;29/11/2012;Introducción del IDEC en Proyecto de Ley estatal.

;19/12/2012;Cataluña crea el IDEC (Decreto-ley 5/2012, de 18 de diciembre).

;28/12/2012;IDEC estatal (artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre).

;28/12/2012;Interposición de recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra el IDEC catalán.

;29/12/2012;El Principado de Asturias crea el IDEC (Ley 3/2012, de 28 de diciembre).

2013;01/02/2013;Recurso de inconstitucionalidad contra ei IDEC asturiano.

;23/04/2013;Recurso de inconstitucionalidad contra lDEC estatal.

;21/05/2013;Levantamiento de ta suspensión del IDEC catalán 23/12/2013.

;;Creación del IDEC de la Comunidad Valenciana.

La primera comunidad autónoma en introducir un Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito fue la CA de Extremadura en el año 2001. Desde entonces, Andalucía, Canarias, Catalunya, Asturias y el País Valenciano han legislado en este sentido.

Y en 2012, el legislador estatal reacciona al anuncio de expansión del tributo en estas últimas CA, cambiando de estrategia y creando el IDEC en el artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, mediante una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Según el razonamiento de los proponentes de la enmienda, esa expansión del tributo creaba un delicado problema de costes del sistema financiero que el Estado trata de encauzar. Para ello, crea el IDEC como un tributo directo sobre los depósitos bancarios, pero inicialmente a tipo cero. Solo en el año 2014, primero por el Real Decreto-ley 8/2014 y luego por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, se modifica el artículo 19 de la Ley 16/2012, estableciendo el tipo impositivo del 0,03 por 100 en el IDEC, tipo sensiblemente inferior al previsto en las leyes autonómicas.

Esta decisión del Gobierno español sobre los tipos impositivos supuso un claro perjuicio para las comunidades autónomas que habían tenido la iniciativa.

Actualmente, el Estado recauda todo el impuesto y lo distribuye por comunidades, de acuerdo con el texto normativo que aprueba el impuesto (Ley 18/2014, de 15 de octubre), ya que el contribuyente (entidad bancaria) debe presentar una única autoliquidación para todos los depósitos que tiene en el conjunto del territorio del Estado español.

Las entidades deben desagregar el importe de cada CCAA en que radiquen la sede central o sucursales donde se mantengan los fondos, así como hacer constar el importe de los fondos mantenidos mediante sistemas de comercialización no presenciales.

Posteriormente, el Estado transfiere a cada comunidad la parte que le corresponde en función de los depósitos de su territorio autonómico y distribuye la recaudación de los fondos correspondientes a los sistemas de comercialización no presenciales en proporción al importe de la distribución territorial anterior, sin reservarse ninguna participación.

Por todo ello se presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

Suprimir el Impuesto estatal sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito, para permitir su aplicación por parte de las Comunidades Autónomas que quieran desarrollarlo mediante su propia normativa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comisión de Fomento

161/001554

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, para que se reponga a su estado originario los terrenos de vecinos y vecinas de Isorna (Rianxo, A Coruña) afectados por las obras de construcción del viaducto sobre el río Ulla para el Eixo Atlántico ferroviario.

Exposición de motivos

La ejecución del Eixo Atlántico ferroviario, A Coruña-Vigo, supuso la expropiación definitiva o temporal de terrenos, fincas, bienes y propiedades de vecinos y vecinas a lo largo de su recorrido. Una de las zonas afectadas fue la parroquia de Isorna, en Rianxo, donde la construcción del viaducto sobre el río Ulla tuvo un impacto negativo sobre los terrenos de habitantes de este lugar.

En su momento, cuando se estaban realizando las actuaciones, la empresa concesionaria se comprometió a devolverles los terrenos restituyéndolos previamente a su estado original, restaurando la posible afectación de las obras sobre dichas propiedades. Las parcelas fueron ocupadas temporalmente para llevar a cabo la construcción de esta infraestructura.

Sin embargo, una vez finalizadas las obras, los vecinos y vecinas han visto con estupor como la empresa concesionaria no cumplía los compromisos adquiridos y sus terrenos presentaban un lamentable estado de regresión: llenos de piedras y de cantos, sin apenas tierra vegetal y con aguas pluviales estancadas, sin estar encauzadas.

A fin de tener un mayor conocimiento de los hechos, aportamos a continuación un breve relato de los antecedentes que permitirá visualizar la sucesión de incumplimientos.

En agosto de 2015, inaugurada ya la línea ferroviaria, algunos los vecinos y vecinas comenzaron a recibir por correo comunicación de la finalización de las obras y del replanteo de las fincas. Pero cuando se acercaron a la zona, se llevaron una desagradable sorpresa. Los terrenos no estaban delimitados, carecían de accesos y se encontraban en mal estado, con las aguas pluviales anegando las fincas y habiéndose llevado los marcos instalados para delimitar las fincas río abajo.

El desastroso estado en el que se encuentran las tierras de los vecinos y vecinas de Isorna se debe al impacto de las obras realizadas y al incumplimiento de la concesionaria de los compromisos adquiridos. Sus terrenos están ahora sin delimitar, muchos de los caminos que daban servicio a las parcelas han desaparecido y otros se han estrechado debido al cambio sufrido en los terrenos. Han desaparecido los cauces por los que discurrían las aguas pluviales, anegando todas las propiedades.

Asimismo, gran parte de los caminos que daban servicio a las parcelas han desaparecido y otros son más estrechos que antes. Las parcelas están llenas de piedras, casi sin tierra vegetal y se han desmantelado los cauces por los que discurrían las aguas pluviales, encharcando por completo los terrenos.

Los habitantes de Isorna se sienten engañados puesto que en su día aceptaron la expropiación temporal de sus terrenos para la ejecución de la línea del Eixo Atlántico, lo aceptaron bajo unas condiciones


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y se encuentran ahora con terrenos que antes eran de labranza y se han convertido en fincas pedregosas llenas de agua. Además de acusar una total falta de información durante el proceso y al rematar las obras.

La empresa concesionaria se ha "ido de rositas", incumpliendo las condiciones y haciendo oídos sordos a las demandas de los afectados, algo que el Ministerio de Fomento no debería tolerar.

Los afectados demandan a Fomento que reponga sus terrenos al estado originario y subsane las deficiencias. Asimismo, solicitan que no se realice ninguna entrega previa de parcelas si no existe una firma de conformidad del estado de dichas propiedades por parte de los dueños.

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

- Adoptar las medidas precisas para que cuanto antes se repongan a su estado originario los terrenos de vecinos y vecinas de la parroquia de Isorna (Rianxo, A Coruña), expropiados temporalmente para la ejecución del viaducto sobre el río Ulla para el Eixo Altántico ferroviario, y que presentan un lamentable estado de regresión debido al impacto de las actuaciones.

- Mantener una reunión con los afectados y afectadas para recoger y subsanar todas las deficiencias que la empresa concesionaria de las obras causó en sus propiedades y que no solventó incumpliendo las condiciones fijadas antes de las expropiaciones temporales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001560

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de las comunicaciones ferroviarias con el Caminito del Rey, en la provincia de Málaga, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La zona de El Chorro y su entorno, en la provincia de Málaga, forman un enclave natural y turístico de primer nivel. Rodeando la garganta o desfiladero, y con un total de 2.016 hectáreas, encontramos el Paraje Natural "Desfiladero de los Gaitanes", con un paisaje de espectaculares formaciones rocosas de diferente origen y distinta edad geológica. La garganta divide al paraje en dos mitades, con paredes cuyas caídas superan en algunos casos los 300 metros y su escasa anchura que no supera en la mayoría de las ocasiones los 10 metros.

En él se encuentra el conocido internacionalmente como "Caminito del Rey", un sendero construido en las parcelas del desfiladero de los Gaitanes. Se trata de un paso peatonal de unos 4 km con largos tramos con una anchura de apenas un metro colgado hasta 100 metros de altura sobre el río Guadalhorce, en unas paredes casi verticales.

El Caminito del Rey no solamente tiene gran interés para Ardales o Álora, sino para toda la comarca y la provincia de Málaga en general, pues ya está suponiendo un importante atractivo turístico de interior, que va a complementar y a enriquecer la oferta de sol y playa a los miles de turistas que nos visitan cada año, acercándolos así a nuestros pueblos, costumbres, gastronomía, naturaleza, etc., con la repercusión económica que ello va a aportar a la provincia en general y a la zona del Guadalhorce y Guadalteba en particular.

Además, esta zona geográfica de la provincia de Málaga ofrece otros atractivos que pueden generar una gran afluencia de visitantes, que podrían aumentar considerablemente si se hace un esfuerzo importante en materia de comunicaciones.

En la actualidad, se puede acceder a este indudable atractivo turístico a través de dos modos: por carretera o a través del ferrocarril, por las líneas de media distancia que tienen parada en la estación de El Chorro-Caminito del Rey. Dado el desarrollo turístico que está alcanzando la zona, parece indispensable


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incrementar las vías de comunicación para evitar aglomeraciones y abrir el abanico de posibilidades de atraer a visitantes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aumentar el número de paradas de los trenes regionales que ya pasan por la estación del El Chorro-Caminito del Rey.

2. Prolongar la línea de cercanías C-2 de Málaga, cuyo fin de línea es la población de Álora, hasta la estación de El Chorro-Caminito del Rey, con parada en Las Mellizas, ofreciendo así la posibilidad al gran número de turistas que se alojan en la Costa del Sol de utilizar el cercanías para visitar esta zona que ya es referente de visita obligada en toda la provincia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001567

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa del Diputado don Javier Sánchez Serna, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa al mantenimiento del aeropuerto San Javier-Murcia y de la gestión pública del transporte aéreo regional.

Exposición de motivos

Hace unas semanas conocíamos el acuerdo que el Sr. Ministro de Fomento ha realizado con el Presidente (actualmente investigado/imputado) de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, para hacer que el Gestor Estatal de Aeropuertos AENA sea segregado y por tanto eliminado de la Región de Murcia.

El Sr. Ministro de Fomento intenta, por tanto, llevar a término un acuerdo político para salvar el prestigio del Presidente de la Región de Murcia y del Partido Popular de Murcia; un acuerdo político que pasaría por eliminar el aeropuerto Murcia-San Javier al Gobierno de Murcia con el fin de facilitar la apertura de un aeropuerto fantasma en la localidad de Corvera (Murcia), aún inconcluso y de carácter exclusivamente privado, que ha supuesto el mayor fracaso de la política regional de infraestructuras.

El aeropuerto Murcia-San Javier pertenece a la Red Estatal de Aeropuertos y la arbitrariedad del Sr. Ministro de Fomento obligaría al Gestor Estatal AENA a dejar la Región de Murcia aislada de la Red Estatal y por tanto dejar a los ciudadanos de la Región de Murcia sin derecho al transporte público de viajeros por avión.

El aeropuerto Murcia-San Javier es uno de los pocos aeropuertos rentables de la Red Estatal de Aeropuertos, debido a que es un proyecto de la Unión Europea cuya financiación con Fondos FEDER ha conseguido la consolidación del turismo en la Costa del Levante español. Ha conseguido ser premiado como mejor Aeropuerto de Europa en su categoría. Ha conseguido consolidar más de 1 Millón de pasajeros y ha conseguido estar entre los 12 aeropuertos rentables de un total de 46 que componen la Red Estatal de Aena. Ha conseguido ser la única empresa pública rentable de la Región de Murcia.

No existe, por tanto, causa objetiva económica alguna, ni alusiva en cualquier caso al interés general, por la que dicho aeropuerto deba ser eliminado de la Red Pública Estatal de Aeropuertos y favorecer la apertura de un aeropuerto fantasma privado cuyo resultado se le asegura incierto y alarmante desde el propio Tribunal de Cuentas de la UE.

El Sr. Ministro de Fomento, a sabiendas de la injusticia que supone apoyar un aeropuerto fantasma inviable tanto social como económicamente, decide privatizar mediante dicho invento el transporte de


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viajeros por avión en la Región de Murcia, lo que supondría incrementar el déficit de una Región dependiente del FLA con más de 6.000 millones de deuda.

El Sr. Ministro de Fomento sabe, conoce y es plenamente consciente que pactar con presidentes investigados por corrupción en contra del interés general y del derecho de los ciudadanos de la Región de Murcia de disponer de transporte público de viajeros por avión, constituiría dolo contra los ciudadanos, contra el Gestor Estatal de Aeropuertos Aena y contra la Unión Europea.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"1. Desestimar la opción de cierre del aeropuerto de Murcia-San Javier, su defensa como modelo de aeropuerto rentable de gestión pública y a la búsqueda de alternativas para los terrenos e instalaciones del denominado aeropuerto de Corvera.

2. En el caso de que se imponga políticamente el cierre del aeropuerto Murcia-San Javier, que sea concedida a Aena la explotación de Corvera sin necesidad de someter esta solución a concurso. En este caso, defendemos un acuerdo multilateral entre el Ministerio de Fomento, Aena, el Ministerio de Defensa y la CARM que convenga el cierre del aeropuerto de San Javier, la explotación del aeropuerto de Corvera por parte de Aena (sin concurso público alguno), un nuevo trazado de las cartas de navegación aérea, una permuta de terrenos y compensaciones económicas -que permitan a los murcianos recuperar su inversión-, y todo ello enmarcado en una estricta defensa del carácter público del aeropuerto de Corvera que Aena garantiza.

3. Un estudio jurídico previo de la fórmula legal para plasmar ese acuerdo multilateral, que determine las obligaciones asumidas, los obstáculos que puedan derivarse de la planificación efectuada hasta ahora y que garantice el cumplimiento de la normativa internacional, europea, estatal y autonómica a fin de otorgar plena seguridad jurídica a la operación. Y una licitación independiente de la gestión comercial del aeropuerto realizada con un pliego de prescripciones técnicas y económicas que disipe cualquier duda sobre la transparencia de la misma y evite el acostumbrado favoritismo de la administración popular."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2017.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-lrene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001569

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al aumento de la seguridad en los trabajos aéreos de extinción de incendios, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En España se producen de media 13.000 incendios al año. En la última década ardieron anualmente 107.300 hectáreas. Especialmente en verano, pero últimamente en cualquier época del año, los incendios forestales despiertan la alarma social, arrasan nuestros bosques y el medio rural y ponen en peligro vidas humanas.

Los grandes incendios forestales son cada vez más habituales y se propagan a gran velocidad y con gran virulencia. Además, como decíamos, los incendios de invierno son cada vez más importantes, tanto en número de siniestros como en superficie afectada.

A consecuencia del cambio climático, se prevé para España un aumento de las temperaturas en torno a 4 grados en invierno y 6 grados en verano, con períodos de fuertes sequías y olas de calor extremas más frecuentes y duraderas. El número de días con precipitaciones se estima disminuirá un 25 % al año. Todo esto tendrá, entre otras consecuencias, que la duración de la temporada de incendios será mayor.


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Si bien es fundamental trabajar de forma exhaustiva en las políticas de prevención, la realidad es que para preservar el patrimonio natural de nuestro país, la extinción de incendios sigue siendo una herramienta fundamental, una actividad en la que intervienen distintos colectivos profesionales, entre ellos los pilotos.

Los pilotos especializados en extinción de incendios, pero también los de otros servicios aéreos como es el transporte sanitario o el rescate y salvamento (SAR), están expuestos a situaciones de riesgo de la propia misión, pero también a otros factores de índole externo que son absolutamente mejorables desde las Administraciones Públicas.

Tales son los cables de líneas eléctricas y líneas de alta tensión no señalizadas. El principal peligro proviene de:

1. Los cables que cuelgan de torres que están demasiado separadas. Es habitual utilizar las torres como referencia visual para detectar por donde discurre el cable que las une. Cuando estas están muy separadas, es mucho más difícil prever la trayectoria de la línea.

2. Cables cuya altura supera los 15 metros sobre el terreno.

3. Torres de sujeción escondidas entre la masa forestal o pintadas de verde para evitar el impacto visual. Si no se ve la torre, con mayor motivo no se verá el cable, puesto que en la maniobra que realiza el piloto, ni siquiera está previsto.

Tengamos en cuenta que entre 2010 y 2015 se produjeron 58 accidentes e incidentes graves en el sector de trabajos aéreos, con el resultado de 29 muertos y 25 heridos.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las modificaciones normativas necesarias para:

1. La obligatoria señalización o balizamiento de los obstáculos, sean antenas, torres, etc., de más de 30 metros de altura.

2. La señalización de cables de líneas eléctricas cuya altura supere los 15 metros sobre el terreno.

3. La señalización de los cables de líneas eléctricas que crucen valles situados en zonas de posible trabajo de mantenimiento forestal o extinción de incendios, en zonas de especial valor medioambiental o aquellas que por sus características y ubicación constituyan un peligro para la actividad aérea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Irene Rivera Andrés y Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputados.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/001574

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento, relativa a las obras de conservación en el Castillo de San Felipe (Ferrol-A Coruña).

Exposición de motivos

El Castillo de San Felipe (Ferrol-A Coruña) fue construido en el siglo XVI, concretamente en el año 1557, por orden de Felipe II. Su ubicación en la bocana de la ría, justo donde empieza a estrecharse la Ría de Ferrol, constituía un bastión defensivo ante posibles ataques marítimos de piratas, corsarios y ejércitos invasores. Además, Ferrol, era puerto de abastecimiento para la Armada Real, por lo que se necesitaba un elemento defensivo. En frente de este, se situaban dos pequeñas fortalezas, la de Nuestra Señora de la Palma y el de San Martín. Desde este último, hoy prácticamente desaparecido, se unía una gran cadena con el de San Felipe, para detener los posibles avances militares por mar. En el siglo XVIII,


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el ingeniero Francisco Montaigu es el encargado de la remodelación de la fortaleza que llegará en este estado hasta nuestros días.

Aunque esta remodelación no podrá evitar la progresiva decadencia de este sistema de defensa, que ya en las primeras décadas del siglo XX perdería definitivamente su función. El Castillo de San Felipe se convierte entonces en un centro de reclusión para penas de la Justicia Militar, sobre todo en el periodo de la Guerra Civil.

A finales de los noventa se realizaron algunas obras con idea de utilizar algunas zonas, como el interior del semibaluarte de levante y el edificio central, como archivo judicial del Tribunal Territorial IV, proyecto que no llegó a ver la luz.

El 31 de diciembre del año 2000 el Castillo de San Felipe fue enajenado por el Ministerio de Defensa y adquirido por el Ayuntamiento de Ferrol. Y es considerado Bien de Interés Cultural por la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Las principales patologías constructivas que sufre en la actualidad el Castillo de San Felipe derivan, en su mayor parte, de problemas relacionados con el agua, su recogida, y evacuación.

Existe una importante superficie de la fortaleza cuyas cubiertas son transitables y están resueltas con un pavimento de losas de granito, presumiblemente sin ningún tipo de impermeabilización bajo las mismas. Es el caso, por ejemplo, del hornabeque en torno al patio de armas del castillo, o el adarve de la muralla. La impermeabilidad de estas cubiertas está confiada únicamente a las ligeras pendientes de las mismas, el sistema de canalización y evacuación de las aguas, la impermeabilidad del propio granito y el rejuntado entre las piezas.

Con el transcurso de los años y la falta de mantenimiento de la edificación, varios de los elementos citados que componen el sistema se han ido deteriorando, lo que nos ha llevado a la actual situación de degradación.

Por lo que respecta a la recogida de las aguas, el castillo cuenta con un sistema hidráulico de evacuación de aguas que ya fue parcialmente analizado en el "Proyecto del estudio petrológico de las fábricas y el sistema de abastecimiento y evacuación de aguas del Castillo de San Felipe, Ferrol (A Coruña)", redactado en el año 2009 por la empresa Tomos Conservación y Restauración, S.L., en colaboración con el CSIC, y promovido por la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Cultura.

Actualmente, este sistema de evacuación de las aguas presenta problemas de mantenimiento, presentando los canales a cielo abierto abundante cantidad de tierra y vegetación que dificultan o incluso impiden su correcto funcionamiento.

Además, esta vegetación, con sus raíces, acaba afectando a las juntas de las fábricas pétreas, incrementándose con ello los actuales problemas de filtraciones.

Es fundamental mantener limpios de tierra y vegetación los canales de recogida de las aguas para evitar su estancamiento y posterior filtración hacia el interior. Así mismo, es necesario mejorar la impermeabilidad de estos canales, por lo general tallados en las propias losas de granito, actuando fundamentalmente en sus rejuntados.

La permanencia en el tiempo de estas patologías supondría la paulatina degradación de este importante bien de interés cultural, por lo que resulta imprescindible tomar las medidas oportunas para su subsanación de forma inmediata.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la reparación de estas entradas de agua resulta también una actuación previa imprescindible de cara a cualquier futura operación de rehabilitación y puesta en valor del castillo, ya que en la situación actual los espacios situados bajo estas cubiertas, a pesar de su elevado potencial de uso, no serían utilizables dado su pésimo estado de conservación. Esta puesta en valor del bien, con la introducción en el mismo de usos museísticos o aquellos otros que se consideren adecuados, será además una garantía adicional para su futura conservación, puesto que siempre se conservará mejor un edificio que albergue un uso que aquel que cae en un estado de abandono.

Ya este respecto, la Orden CUL/596/2005, de 28 de febrero, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Interministerial para la coordinación del uno por cien cultural, por el que se adoptan los criterios de coordinación de la gestión del uno por cien cultural establece, en el apartado segundo, unos criterios generales de priorización.

En cuanto a la aportación del Ministerio de Fomento, el VI Acuerdo establece el compromiso del mismo de ampliar su aportación a estos fines al 1,5 % del presupuesto de las nuevas obras públicas que acometa con su presupuesto y con el de los organismos y entidades dependientes. Este incremento


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corresponde al firme compromiso con la conservación del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Fomento.

Y es en base a este compromiso, y con cargo a las partidas presupuestarias destinadas a este fin, por lo que exigimos que el Ministerio de Fomento se haga cargo de los trabajos de urgencia necesarios para la conservación del Castillo de San Felipe, en el Ayuntamiento de Ferrol y que detallamos en esta iniciativa.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a consignar la partida presupuestaria necesaria, a través del plan de concesión de ayudas para actuaciones de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, con cargo a los recursos procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por la entidades del sector público dependientes o vinculadas, para:

1. Redacción del proyecto para la actuación sobre el sistema de evacuación de aguas cubiertas pétreas del Castillo de San Felipe (Ferrol-A Coruña).

2. Realización de los trabajos arqueológicos y documentales complementarios para completar el análisis de aquellas partes pendientes de estudio del sistema de evacuación de aguas del castillo (foso oeste, Castillo del siglo XVI, etc.).

3. Ejecución de la obra para la actuación sobre el sistema de evacuación de aguas cubiertas pétreas del Castillo de San Felipe (Ferrol-A Coruña)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001579

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de las infraestructuras ferroviarias en Andalucía, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Andalucía cuenta con un territorio extenso y cuya conectividad es primordial para su desarrollo económico. La administración autonómica ha hecho un esfuerzo considerable de inversión en aquellas infraestructuras que son de su competencia, a través del Plan Pista 2020. El Plan se formula como una revisión del PISTA 2007- 2013, constituyendo el instrumento estratégico y de coordinación de las políticas sectoriales en materia de infraestructuras del transporte del territorio andaluz.

En este sentido, conviene señalar que el actual programa operativo FEDER (2014-2020) reduce a prácticamente la mitad los fondos destinados para actuaciones de infraestructuras y transportes de la Junta de Andalucía, con un total de 760 millones de euros, frente a los 1.500 millones del marco de apoyo comunitario anterior, entre 2007 y 2013. Igualmente, y por los nuevos criterios fijados por la Comisión Europea, la dotación para las políticas de transportes también han visto reducido su peso relativo para el conjunto de financiación FEDER de todas las regiones, al pasar de representar un 25,3 % en el marco 2007-2013 a un 12,43 % en el actual programa operativo, en beneficio de otras políticas ligadas a la investigación, tecnologías de la información y comunicación, energías o al desarrollo de las pymes.

El Ministerio de Fomento, dentro de la planificación estatal (PITVI 2012-2024), incluye la relación de actuaciones en materia de infraestructuras y transportes en ejecución, fase de proyecto, o bien en estudio informativo, que el Gobierno ha comprometido en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien es cierto que dicho documento no determina una calendarización con los horizontes concretos de puesta en servicio para estas infraestructuras y redes de transportes ni la inversión prevista en los mismos.


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Sin embargo, en cada una de las ocho provincias andaluzas existen proyectos de infraestructuras terrestres que han sido olvidadas por el Gobierno del PP. Este déficit de inversiones sostenido en el tiempo ha producido una situación de discriminación respecto a otros territorios que han lastrado la competitividad e igualdad de oportunidades en nuestra comunidad autónoma.

Se hace imprescindible, por tanto, una verdadera equidad territorial en las inversiones públicas del Gobierno Central para posibilitar que los sectores productivos desplieguen todo su potencial. Sin esa equidad territorial se ponen en peligro las opciones de Andalucía para ser competitivos en el contexto de las cadenas logísticas internacionales, desperdiciando una gran oportunidad de creación de empleo y actividad productiva.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno acometer la ejecución de las siguientes actuaciones en materia de infraestructuras de transporte, por su importancia estratégica para los intereses económicos y sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

En la provincia de Almería:

- Mejora del trazado, adecuación de los límites de velocidad y construcción de un intercambiador de ancho de vía que permita conectar los trenes que parten de Almería a la línea AVE Granada-Antequera.

- Comenzar la ejecución de las obras de plataforma del tramo de AVE del Corredor Mediterráneo entre Pulpí y Cuevas del Almanzora.

En la provincia de Cádiz:

- Modernización y electrificación de la vía ferroviaria Algeciras-Bobadilla.

En la provincia de Córdoba:

- Eje ferroviario entre Palma del Río y Villa del Río (Red de cercanías de Córdoba).

- Integración de la red ferroviaria en el área logística del Higuerón para potenciar la intermodalidad en la plataforma logística.

- Cambiador de vía de Alcolea en Córdoba.

En la provincia de Granada:

- Restablecimiento, de manera urgente, del tráfico ferroviario.

- Licitación de las obras de la variante de Loja tal y como estaban proyectadas.

- Entrada del AVE de forma soterrada a la ciudad de Granada con una estación digna y que se reanude el funcionamiento del tren nocturno entre Granada y Barcelona.

En la provincia de Huelva:

- Conexión ferroviaria de alta velocidad Sevilla-Huelva.

- Mejora de la línea ferroviaria Huelva-Zafra.

En la provincia de Jaén:

- Culminación de las obras de la línea ferroviaria de Altas Prestaciones Jaén-Madrid.

En la provincia de Málaga:

- Prolongación del tren de Cercanías a Marbella y Estepona, como proyecto estratégico para el desarrollo económico y turístico de Málaga, la Costa del Sol y toda Andalucía.

- Prolongación del Cercanías al Parque Tecnológico de Andalucía.

- Conexión ferroviaria de Altas Prestaciones Algeciras-Bobadilla.

- Prolongación del Cercanías hasta la estación de El Chorro-Caminito del Rey.

- Soterramiento vías de acceso al Puerto de Málaga.


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En la provincia de Sevilla:

- Mejora y ampliación de la red de Cercanías.

- Convenio de colaboración para cofinanciar la puesta en marcha para las obras de las líneas 2, 3, y 4 del Metro.

- Soterramiento de las vías del polígono sur."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Antonio Pradas Torres, Sonia Ferrer Tesoro, Salvador Antonio de la Encina Ortega, María Jesús Serrano Jiménez, Elvira Ramón Utrabo, José Juan Díaz Trillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001591

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre alquileres abusivos, garantías para personas arrendatarias y pequeños propietarios/as y parque público de alquiler, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Después del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, hoy el Estado español acumula cifras alarmantes que deberían hacer reaccionar a cualquier Gobierno que tuviera entre sus prioridades garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía de su país. Según el Consejo General del Poder Judicial, se han producido casi 700.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008 (aún no tenemos datos oficiales que nos permitan saber cuántas de ellas han afectado a viviendas habituales) y los desahucios llegaron casi a medio millón a finales de 2016, siendo de alquiler el 54 %. A falta de cifras oficiales más actualizadas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2011 había 3,5 millones de viviendas vacías. Sin embargo, hoy en día el parque público de vivienda en alquiler no alcanza el 1,5 % del total del parque de viviendas según datos del INE y Housing Europe; muy por debajo de los porcentajes de Holanda (32 %), Austria (23 %) o Francia (17 %).

Como consecuencia, los ayuntamientos no pueden dar respuesta a la emergencia diaria de los desahucios, las ocupaciones de viviendas vacías o la infravivienda, ni tampoco ofrecer una solución a aquellas personas que necesitan acceder a una vivienda a precios inferiores a los del mercado. Mientras tanto, la SAREB acumula viviendas vacías de entidades financieras rescatadas con dinero público que, en su gran mayoría, vende o traspasa su gestión a fondos de inversión, inmobiliarias u otros gestores de vivienda. Según los últimos datos facilitados por la propia SAREB, hasta la fecha tan sólo 4.000 viviendas de su cartera han sido cedidas a administraciones autonómicas y ayuntamientos. Una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que en junio de 2014, declaraba tener en aun cartera más de 45.000 viviendas residenciales. Pisos que, por lo tanto, siguen engrosando el parque de viviendas vacías.

A este panorama hay que añadir el hecho de que el precio de los alquileres se ha disparado durante los últimos años en varias ciudades del Estado. En concreto, en 2016, algunos operadores privados, como Fotocasa o Idealista, muestran incrementos de entre un 14 y un 16 % en ciudades como Barcelona o Madrid. Ambas, por ese orden, son las ciudades con los alquileres más caros, a la vez que concentran, según un estudio de la inmobiliaria Solvia, el 50 % de las viviendas en alquiler de todo el Estado. También ciudades como San Sebastián (17 %), Valencia (20 %), Málaga (11 %) o Valladolid (11 %) han experimentado aumentos de precio importantes este último año, a pesar de que ya en 2014 los ingresos familiares destinados a pagar el alquiler oscilaban entre el 30-40 % de media en todas ellas.

El incremento de los alquileres no se corresponde con una mejora en la capacidad adquisitiva de la población. Según un estudio de Intermón Oxfam -Una economía para el 99 %-, la brecha de ingresos se ha profundizado en España al tiempo que los salarios más bajos se han desplomado desde el principio de la crisis. Entre 2008 y 2014, los salarios más bajos cayeron un 28 % mientras los más altos apenas se


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contrajeron. España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea, tras Chipre, donde más ha crecido la desigualdad de renta, 20 veces más que el promedio europeo.

Si al descenso de los salarios le sumamos que ahora finaliza el plazo de tres años de los contratos de alquiler firmados bajo la reforma operada en 2013, nos encontramos ante una oleada de familias que se ven expulsadas de sus casas porque les aumentan el precio del alquiler. Familias que se ven obligadas a buscar otro piso con precios inasumibles y cuyo contrato volverá a ser de tres años. Es decir, de aquí a tres años podrán volver a ser expulsadas de sus casas porque no pueden pagar el alquiler. Pero no solo son expulsadas de sus viviendas, sino también de sus barrios, que pierden a sus vecinos y se transforman así en aparadores para el turismo o en zonas residenciales solo para personas con alto poder adquisitivo. Esto se llama segregación urbana: las familias con menos recursos económicos quedan relegadas a las afueras de las ciudades, mientras que los centros históricos se convierte en una "boutique" fuera del alcance de una mayoría, esto es, la máxima expresión de la desigualdad en el sí de las tramas urbanas.

Los factores que explican este aumento desorbitado de los precios de los alquileres también van más allá de la fuerte demanda turística que siempre ha existido en muchas de esas ciudades. La inexistencia de un parque público de alquiler a causa de las nefastas políticas de vivienda desarrolladas en España durante, como mínimo, los últimos treinta años; las dificultades de acceso al crédito hipotecario y la consecuente creciente demanda de alquiler; la oportunidad de nuevos negocios especulativos para inversores que compren paquetes de pisos vacíos a bancos, promotores o inmobiliarias en quiebra; la legislación en materia de SOCIMIS y alquiler que PSOE y PP han impulsado durante los últimos años o la baja rentabilidad que ofrecen otros productos de inversión, han convertido la vivienda en alquiler en un suculento producto especulativo.

En este sentido son significativos los últimos datos publicados por el Banco de España, que indican que, hasta el tercer trimestre de 2016, la rentabilidad media de la vivienda en alquiler era del 9,2 %. Se trata de la cifra más alta de los últimos nueve años, equiparable a las cifras que se observaban en plena burbuja.

La legislación y políticas públicas en materia de alquiler implementadas por los sucesivos Gobiernos, tanto del PP como del PSOE, han sido claves para llegar a esta dramática situación. En concreto, la última modificación legal se trata de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que supuso una nueva vuelta de tuerca a la ya precaria situación de las personas inquilinas. Bajo el mantra de aumentar la oferta, rebajar los precios y "dinamizar el mercado", y siguiendo la línea que ya habían marcado gobiernos anteriores del PSOE (vía Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios y vía Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal), el Gobierno del PP limitó aún más las garantías judiciales frente a los procesos de desahucio; rebajó de cinco a tres años la duración mínima de los contratos de alquiler y acabó con la vinculación del aumento de precio de alquiler al IPC entre otras medidas. Parece bastante claro, a la vista de los datos expuestos, que la reforma no ha servido ni para bajar los precios, ni para aumentar la oferta.

Dicha ley se complementó con una reforma fiscal específica que otorgaba nuevos privilegios fiscales, financieros y legales a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMIS). Curiosamente, coincidiendo con la modificación de la duración de los contratos de alquiler, en dicha reforma también se redujo de siete a tres años el plazo durante el cual los bienes inmuebles promovidos por las SOCIMIS debían mantenerse en arrendamiento.

A eso hay que sumarle en la supresión total de la Renta Básica de Emancipación, el final de las irrisorias reducciones fiscales a las personas arrendatarias y el aumento de la presión fiscal a las personas arrendadoras, todo ello entre 2013 y 2015.

La situación es grave en muchas ciudades, la ciudadanía organizada (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Asambleas de Vivienda, asociaciones de vecinos y otras) hace años que reclama un parque público de alquiler y una nueva regulación que permita que vivir de alquiler sea una opción estable, segura y asequible. Recientemente, tanto el Ayuntamiento de Madrid como el de Barcelona, han reclamado con urgencia una modificación de la legislación estatal para poder hacer frente a las dinámicas especulativas que impiden el acceso a la vivienda a amplios sectores de la ciudadanía que no pueden hacer frente a alquileres totalmente abusivos. De hecho, ciudades europeas con problemáticas parecidas como Amsterdam, París o Berlín, ya han puesto en marcha medidas legislativas que limitan los precios y las subidas abusivas de los alquileres.


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Los desahucios por impago de alquiler, la saturación de los servicios sociales municipales y la precarización de los arrendamientos genera exclusión y sobreendeudamiento de los arrendatarios, o lo que es lo mismo, más impagos de alquiler. En cambio, más estabilidad y adaptación de los alquileres a los salarios de las personas equivale a más seguridad de pago y, por lo tanto, de cobro por parte de los propietarios.

Las cifras son claras, en 2014 había en Europa más de 11 millones de viviendas vacías. El Estado español acumula el 31 % de todas ellas. Considerando que el Estado español tiene un parque total de viviendas de 25 millones, si queremos un parque público de vivienda equiparable a los países de nuestro entorno, es decir, como mínimo, de un 10 %, necesitamos 2,5 millones de viviendas que lo conformen. La vivienda es un bien de primera necesidad y su función social debe ser preservada por las instituciones públicas por encima de cualquier otra consideración.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo las medidas oportunas para posibilitar que los municipios que acrediten incrementos de precios de alquiler desmesurados, puedan intervenir para impedir alquileres abusivos.

2. Modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para revertir la situación de vulnerabilidad a la que actualmente están expuestas las personas arrendatarias, incluyendo las siguientes medidas de mínimos:

a) Mejorar las garantías judiciales de las personas arrendatarias de buena fe con el fin de que puedan presentar oposición al desahucio (derogación de facto del desahucio exprés).

b) Ampliar el límite legal para prorrogar tácitamente el contrato de alquiler, de tres a cinco años, como mínimo.

c) Reinstaurar la obligación de referenciar la variación anual del precio del alquiler al Índice de Precios de Consumo (IPC).

3. Incluir en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que en estos momentos está elaborando el Ministerio de Fomento y Vivienda, ayudas al alquiler en función de la renta (para sectores amplios de la población, no únicamente para jóvenes), así como ayudas para incentivar que pequeños propietarios pongan sus viviendas en alquiler asequible (fianza, rehabilitación, cuotas impagadas, etc.).

4. Impulsar la creación de un parque público de alquiler utilizando las viviendas vacías de grandes tenedores de vivienda que no estén cumpliendo su función social, mediante su cesión obligatoria a las administraciones públicas que así lo exijan. Todo ello teniendo en cuenta que deberán ser las CCAA las que tengan la capacidad de generar y gestionar dicho parque y establecer, si así lo deciden, unos objetivos mínimos de porcentaje de vivienda pública de su parque total.

5. Revisar la fiscalidad y condiciones legales de las SOCIMIS con el objetivo de vincularlos a la promoción de vivienda de alquiler asequible, para garantizar el retorno social de este tipo de sociedades, preservando la función social de la vivienda y evitando la proliferación de las lógicas especulativas bajo las que fueron concebidas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Lucía Martín González, Diputada.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001592

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre construcción de accesos a la segunda fase del Polígono Industrial Fuente del Jarro de Paterna (Valencia), para su debate en la Comisión de Fomento.


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Exposición de motivos

El municipio de Paterna es conocido por tener un tejido empresarial rico, en el que destaca el Polígono Industrial Fuente del Jarro con cerca de 500 empresas y 9.000 trabajadores como uno de los parques empresariales más importantes de la Comunidad Valenciana y de referencia en Europa.

Fuente del Jarro se construyó hace cuarenta años y desde entonces el Ministerio de Fomento, a pesar de haber construido diversas vías de circunvalación alrededor del Polígono como la V-30, como el bypass o la N-220, ha obviado los accesos a la segunda fase de este complejo empresarial.

Desde hace décadas, los empresarios del Polígono Industrial Fuente del Jarro llevan denunciando deficiencias en sus accesos y, sobre todo, en estos últimos años, han centrado sus reivindicaciones en la necesidad de un acceso directo a la segunda fase de este Polígono Industrial Fuente del Jarro como en el Parque Empresarial Táctica, teniendo que lidiar diariamente con esta insostenible situación tanto proveedores como clientes y empresas dedicadas al transporte urgente.

En diciembre de 2013, la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento se comprometió con el Ayuntamiento de Paterna a crear una entrada y una salida de vehículos desde la V-30 a la segunda fase del Polígono Fuente del Jarro para dar cobertura a las más de 200 empresas que tienen su sede en esta fase. A pesar de ello, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2015 el Ministerio de Fomento sólo ha destinado la irrisoria cantidad de 10.000 euros para el proyecto de ampliación de la autovía desde Paterna hacia el aeropuerto, dejando fuera del presupuesto el acceso directo a la segunda fase del Polígono Fuente del Jarro al que se comprometió.

Por todo lo expuesto, y dado que se trata de una infraestructura imprescindible para favorecer el crecimiento, el desarrollo y la competitividad de las empresas que conforman el Polígono Industrial Fuente del Jarro y para mejorar la movilidad en un lugar de gran interés estratégico, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar en 2017 la ejecución de los accesos directos a la segunda fase del Polígono Industrial Fuente del Jarro en Paterna (Valencia), como eslabón de apoyo al sector industrial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-José Luis Ábalos Meco, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001594

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para mejorar el mercado de vivienda en régimen de alquiler, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El sector de la vivienda en alquiler en España ha sufrido históricamente un deterioro significativo, pasando de más del 50 % del parque residencial a mediados de siglo pasado hasta llegar a porcentajes inferiores al 15 % a principios de los años ochenta.

Tras décadas de control del mercado de la vivienda, a mediados de los años ochenta, ante la urgente necesidad de resolver el problema de la accesibilidad a la vivienda en España, se flexibiliza el mercado de alquiler de vivienda para facilitar esta forma de uso. A pesar de ello, durante las décadas siguientes, el sector del alquiler siguió estancado y se generó un auge intenso y prolongado del sector inmobiliario orientado principalmente a la vivienda en propiedad, hasta alcanzar una intensidad y duración sin precedentes a finales de los noventa, provocando tasas de endeudamiento de las familias y de las empresas del sector muy elevadas. La intensa creación de nuevos hogares, tanto nacionales como de inmigrantes, intensificó la demanda de vivienda, reforzada además por la presencia del efecto riqueza


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derivado de unas amplias expectativas de revalorización de los precios de las viviendas. El fin de esta situación tiene lugar en el año 2007, con nefastas consecuencias para las familias, las empresas y el conjunto de la economía, poniéndose de manifiesto el grave desajuste que ha vivido y vive el sector de la vivienda en España.

La existencia de un parque suficiente de viviendas es fundamental para conseguir una mayor estabilización de los ciclos inmobiliarios, sirviendo de amortiguador para las bruscas oscilaciones de los precios de las viviendas, con lo que se produce una mejor asignación de los recursos, favorece la emancipación de los jóvenes y la movilidad de los trabajadores y mejora las posibilidades de acceso a la vivienda para los segmentos de población con menor renta. En España, cada vez es más urgente contar con un parque de viviendas sociales en alquiler con rentas moderadas y racionales para atender las necesidades de los hogares con menores recursos.

En la actualidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el parque de vivienda en alquiler hoy en España es el 22,7 % del parque residencial total, lejos del 55 % de Suiza o el 47,5 % de Alemania.

Como confirman todos los portales inmobiliarios, la escasez de la vivienda en alquiler en España está provocando un incremento significativo de los precios de los alquileres en las grandes ciudades. Es el caso de Madrid y Barcelona especialmente, pero también en Málaga, Bilbao, San Sebastián, Valencia, Sevilla, Alicante, Gerona o Baleares. El incremento de la demanda de alquiler como consecuencia de los bajos salarios, la retirada del mercado del alquiler de viviendas para destinarlas a la venta como consecuencia del repunte de precios y, en el caso específico de algunas ciudades, el destino turístico de las mismas, son factores añadidos que están provocando un importante aumento de los precios de los alquileres y, como consecuencia, dificultando el acceso a la vivienda a numerosas familias, especialmente aquellas que cuentan con menos recursos económicos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incrementar la dotación presupuestaria destinada al programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler, con el objetivo de duplicar el número de actuaciones previstas durante la vigencia del próximo Plan de Vivienda, en comparación con el anterior.

2. Impulsar programas para la reducción del número de viviendas deshabitadas fomentando su destino al mercado del alquiler.

3. Promover los acuerdos con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. (SAREB) y las entidades bancarias, para la cesión de sus viviendas vacías a las Administraciones autonómicas y locales, con el objeto de destinarlas al alquiler social.

4. Dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO) establecer una línea de crédito destinada a financiar la construcción o rehabilitación de viviendas con destino al alquiler.

5. Aprobar ayudas directas destinadas al pago de la renta del alquiler que faciliten el acceso a la vivienda o la permanencia en la misma a familias con ingresos no superiores a tres veces el IPREM, que cubran hasta el 40 % del alquiler."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-María del Mar Rominguera Salazar, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001597

A la Mesa del Congreso

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la mejora de la señalización de las vías principales de acceso a Catarroja (Valencia), para su debate en la Comisión de Fomento.


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Exposición de motivos

El Parque Natural de la Albufera y dentro del mismo el Puerto de Catarroja, es uno de los lugares más emblemáticos que tenemos los valencianos y las valencianas. Actualmente este parque no está señalizado en ninguna de las vías principales de acceso, como son la V-30 o la V-31 (de competencia del Gobierno español) donde, además de obviar este parque emblemático y el Puerto de Catarroja, existe una falta de rotulación evidente del mismo municipio; uno de los más importantes de la comarca por población e interés.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

La mejora en la señalización de las vías principales de acceso a Catarroja, como la V-30 y V-31, con el objetivo de poner en valor el municipio pero también el Puerto de Catarroja y el Parque Natural de la Albufera como reclamo de interés turístico."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001600

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de los propietarios de las viviendas, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El artículo 47 de la Constitución Española establece que "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Sin embargo, fruto de la peor crisis económica de nuestra historia reciente, las familias han tenido que hacer un enorme esfuerzo y muchas de ellas se encuentran en una situación vulnerable.

Conscientes de ello, se han aprobado numerosas medidas con el fin de garantizar la protección social, jurídica y económica de los auténticos pilares del Estado del Bienestar. Entre estas acciones cabe destacar la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar, el Plan Integral de Apoyo a la Familia o el Real Decreto-ley 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos que facilita la reestructuración de la deuda hipotecaria con la suspensión inmediata y por un plazo de dos años, prorrogado sucesivamente, de los desahucios de familias en especial riesgo de exclusión.

En enero de 2013 el Ministerio de Fomento, el de Economía y Competitividad y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; así como el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector que integra las principales ONG de este país y representa a nueve millones de personas, las patronales bancarias y 29 entidades de crédito que aportan 9.866 viviendas, firmaron un convenio para la constitución del Fondo Social de Viviendas destinado al alquiler. Actualmente alrededor de 7.000 familias en situación de especial vulnerabilidad se han acogido a un alquiler social pagando unas rentas que oscilan entre los 150 y los 400 euros al mes, con un límite máximo del 30 % de sus ingresos netos totales por unidad familiar.

Por otro lado, según el informe del Banco Central Europeo publicado en diciembre de 2016, a pesar de la grave situación económica vivida, el 83 % de los hogares españoles es propietario de la vivienda en la que habita, muy por encima de la media europea del 60 %. De estas familias, un tercio tienen un préstamo hipotecario, lo que nos sitúa en la media de la Eurozona. Asimismo, el Banco de España afirma que en nuestro país un 29,1 % de familias tienen una segunda vivienda. De este porcentaje, el 23,7 % son familias por debajo del percentil del 40 % de renta y el 34,5 % son hogares en el que el cabeza de familia está jubilado. En definitiva, esas segundas viviendas no son suntuosos palacios sino casa rurales en el pueblo o apartamentos de playa comprados con los ahorros de toda una vida.


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En los últimos años hemos visto que, con la excusa de que durante la crisis han aumentado un 15 % el número de viviendas vacías, y con el beneplácito e incluso apoyo explícito de los mal llamados ayuntamientos del cambio, se ha producido un importante incremento de ocupaciones ilegales de viviendas que ponen en jaque al sistema jurídico en torno al cumplimiento del artículo 33 de la Constitución, privando al legítimo propietario del derecho a la propiedad privada.

Todo ello se refleja en el crecimiento exponencial de las denuncias, querellas y atestados policiales que llegan a los juzgados por delitos de ocupación ilegal, produciéndose un aumento del 92 % en un solo año, según los últimos datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2015. El número de incoaciones de procedimientos penales se duplicó entre 2013 y 2014, pasando de 12.569 a 24.164.

Sólo en Madrid capital se detectaron un total de 1.205 viviendas ocupadas y, a raíz de la puesta en marcha de la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas por la Delegación de Gobierno de Madrid en mayo de 2016, se recibieron en cuatro meses más de 3.000 denuncias de ocupaciones, y se identificaron casi 700 usurpadores. Por su parte, en Barcelona los asentamientos ilegales han crecido un 66 % en el primer semestre de 2016, hasta llegar a 1.065 casas ocupadas ilegalmente en la ciudad condal.

Frente a estas situaciones, las autoridades competentes no sólo no buscan soluciones sino que apoyan, por acción u omisión, la ocupación ilegal. Como ejemplos, en septiembre de 2016 la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) regularizó la situación de 88 viviendas sociales ocupadas en Madrid y los vecinos del distrito Centro están esperando la construcción de un nuevo centro de salud en el solar de 500 metros cuadrados en la calle Antonio Grilo, cerca de Gran Vía, actualmente ocupado por el colectivo Patio Maravillas, cuyo expediente está paralizado por el Ayuntamiento de Madrid, a pesar de contar con un informe municipal favorable.

La proliferación de la ocupación ilegal está creciendo tan rápido que incluso existen páginas web con toda la información necesaria para vulnerar la propiedad ajena aprovechando los resquicios legales y minimizando los riesgos de ser acusados de otros delitos. Como ejemplo, una conocida web incluye un "Manual de Okupación" (2.ª edición ampliada y revisada), de 128 páginas ofreciendo asesoría gratuita para que la ocupación ilegal sea exitosa.

Con todo ello, los legítimos propietarios se encuentran en una situación de desprotección e inseguridad en la que, además, tienen que asumir los gastos de la demanda en un proceso que se prolonga indefinidamente y al que hay que añadir todos los costes de reparaciones y arreglos por daños en sus viviendas.

La ocupación ilegal es un problema que ocasiona graves complicaciones en la normal convivencia y la vida cotidiana de las comunidades de vecinos afectadas y, por ende, de la sociedad en su conjunto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar los cambios normativos necesarios para garantizar el cumplimiento efectivo del artículo 33 de la Constitución Española en el que se reconoce el derecho a la propiedad privada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/001553

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para evitar la explotación laboral mediante el control de la jornada de trabajo y el control del fraude en la contratación a tiempo parcial, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.


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Exposición de motivos

El trabajo más allá de la jornada laboral legal o convencionalmente establecida, se ha convertido en una realidad cotidiana y generalizada en nuestro tejido empresarial, incidiendo de manera sustancial en la precarización del mercado de trabajo, al afectar a dos elementos esenciales de la relación laboral, el tiempo de trabajo y el salario y con relevante influencia en la vida no solo laboral, sino personal, de subsistencia e incluso emocional del trabajador.

Para visualizar de forma concreta la dimensión de esta práctica, según la encuesta de población activa, cada semana del año 2015 los trabajadores por cuenta ajena hicieron, de media, 6,2 millones de horas extraordinarias, de ellas, más de la mitad, 3,48 millones no se pagaron; se trata de la cifra más alta desde el año 2008. Y es más dramático el dato en las horas extras no cobradas por los trabajadores a tiempo parcial que han crecido un 67 % desde 2008. Según un cálculo realizado por las Organizaciones Sindicales estas horas realizadas sobre la jornada ordinaria legal o pactada equivaldría a 326.836 empleos.

;Total asalariados;Total horas extra a la semana *;Horas extra a la semana pagadas *;Horas extra a la semana no pagadas *;Horas extra no pagadas (en %) *

2008;16.861,20;9.387,03;5.728,80;3.658,23;38,97 %

2009;15.881,10;6.650,48;3.868,55;2.781,93;41,83 %

2010;15.592,30;5.823,28;3.218,35;2.604,93;44,73 %

2011;15.394,20;5.917,98;3.134,88;2.783,10;47,03 %

2012;14.573,40;5.165,70;2.321,28;2.844,43;55,06 %

2013;14.069,10;5.591,98;2.413,78;3.178,20;56,84 %

2014;14.285,80;5.492,55;2.453,40;3.095,15;55,33 %

2015;14.773,48;6.251,58;2.773,78;3.477,80;55,63 %

* Media de horas a la semana hechas por todos los asalariados

A este incremento de las horas extraordinarias ha llevado no solo la utilización de los contratos a tiempo parcial, de forma abusiva e indiscriminada, sino la ausencia de una obligación clara por parte de la empresa en el estatuto de los Trabajadores de la obligación de registro, de tener un control fehaciente de la jornada que realizan sus trabajadores, lo cual ha llevado a que los excesos de jornada sean una práctica habitual en la empresa, con lo que el trabajador "cuenta" en el momento de ser contratado y en muchos casos unidos además a la organización del trabajo en jornadas partidas hace que el trabajador este de forma permanente en la empresa.

En relación al contrato a tiempo parcial, España es uno de los países de la Unión Europea en los que más se ha generalizado esta modalidad contractual, de forma que en el año 2015 1,7 millones de trabajadores según la EPA, estaban vinculados a la empresa por un contrato a tiempo parcial, siendo porcentualmente un 63,4 % los trabajadores afectados, con dos particularidades importantes, es involuntario y afecta más a las mujeres que los hombres. Los contratos a tiempo parcial encubren una verdadera explotación laboral, pues se ha generalizado el trabajo con sueldo parcial y a tiempo completo, situando a los trabajadores en una situación de pobreza.

El exceso del tiempo de trabajo realizado y no pagado tiene consecuencias negativas no solo para el trabajador en particular sino para la sociedad y el Sistema de la Seguridad Social:

- Es una de las vías de devaluación salarial, trabajar más tiempo cobrando lo mismo.

- Incrementa la precariedad que, además, recae en los colectivos más vulnerables como son los jóvenes a través de los contratos para la formación, las mujeres y los trabajadores a tiempo parcial.

- Aumenta las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar y con ello de forma simultanea la incidencia en la brecha salarial entre hombres y mujeres y el retroceso en la tasa de empleo femenino.

- Reduce la cotización a la seguridad Social, pues no se ingresa las cuantías correspondientes a las horas realmente trabajadas. La Seguridad Social deja de ingresar 8.382 euros por cada empleo que no aflora, por lo que si se multiplica por los 265.609 empleos que no se generan por el uso abusivo de jornadas el quebranto al erario público es de 2.200 millones de euros.


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- La dificultad para generar puestos de trabajo, pues se desarrolla una actividad empresarial "a coste cero" que debería ser realizada por más trabajadores que se incorporarían al mercado de trabajo.

Y no solo es un tema laboral, ni relativo a la conciliación, sino que el establecimiento de horarios racionales y sobre todo retribuidos legalmente incrementa la productividad en la economía, reduce el absentismo y la siniestralidad laboral, mejora las condiciones de vida de las personas, supone un mayor ahorro energético y potencia la digitalización de la economía.

La Inspección de Trabajo ha detectado en los primeros once meses del año 2015 que el 60 % de los 43.400 empleados investigados han realizado horas extras y de forma ilegal unos 27.000; pero el porcentaje de sanciones y de expedientes liquidatorios es muy bajo, ya que se dan dos circunstancias que dificultan la actuación de la Inspección, por un lado la ausencia de registro de las jornada en las empresas, por otros el hecho de que en numerosos convenios colectivos la jornada se establece en cómputo anual, lo que junto a la posibilidad de flexibilizar un porcentaje de la misma dificulta su control, y en tercer lugar la escasa cuantía de las sanciones previstas para este incumplimiento y que además es independientemente del número de trabajadores afectados, e incluso el incumplimiento de la obligación de registro, es una obligación formal o documental de carácter leve.

La referencia al registro de jornada se establece no en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores relativo a la jornada, sino en su artículo 35 " A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente". Dada esta posición sistemática de la obligación de registro, las empresas y numerosos sectores entienden que esta obligación existe solamente cuando se realizan horas extraordinarias por lo que en la práctica en la mayor parte de las empresas no realizan el registro de la misma.

No obstante empieza a aceptarse por nuestro tribunales, incluso el Tribunal Supremo se pronuncia ya en este sentido que, aunque el precepto se refiera al cómputo de las horas extraordinarias, la obligación contemplada en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores solo puede cumplirse llevando un registro de la jornada diaria de cada trabajador; porque solo a partir de la determinación de cuál es la jornada efectivamente realizada se puede discriminar qué horas tienen la consideración de ordinarias y cuáles de extraordinarias.

De forma reciente, la Audiencia Nacional, en Sentencia de 4 de diciembre de 2015, ha establecido que "el registro de jornada, que no de horas extraordinarias, es el requisito constitutivo para controlar los excesos de jornada". Y, a mayor abundamiento, precisa que la inexistencia del registro "coloca a los trabajadores en situación de indefensión que no puede atemperarse porque las horas extraordinarias sean voluntarias, puesto que el único medio de acreditarlas es, precisamente, el control diario".

En relación a los contratos a tiempo parcial, una de las modalidades contractuales a los que más afecta la realización de un exceso de jornada sobre la pactada, si bien se establece la obligación de llevar a cabo un registro conforme a la nueva redacción del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, este es fácilmente manipulable, ya que ni siquiera se establece que deba estar en el centro de trabajo, por lo que sería necesario volver a instaurar la obligación, que fue suprimida, de que en los contratos conste expresamente la distribución de la jornada pactada con el trabajador, a fin de comprobar que las horas efectivas de trabajo coinciden con las contratadas y cotizadas. Así como reformar otros aspectos de su régimen jurídico como el relativo al registro de jornada y las horas complementarias.

Y lo mismo ocurre con los contratos para la formación en los que a pesar de limitarse la parte del tiempo dedicado al trabajo efectivo, no se establece esa obligación de registro de la jornada de los trabajadores incrementando aún más la precariedad de esta modalidad contractual.

Es preciso operar cambios para tratar de erradicar estas prácticas en materia de jornada, para facilitar y potenciar su control por parte de la administración y la prueba por los trabajadores, promoviendo un Plan contra la explotación laboral con las siguientes medidas.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Adoptar las medidas necesarias para garantizar el registro de jornada de todos los trabajadores de la empresa, independientemente de la modalidad contractual que les vincule a la misma, mediante


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mecanismos adecuados y fehacientes, así como para que se fije como parte esencial del contrato de trabajo la distribución horaria de la misma.

- Reformar, previo diálogo social, la regulación del contrato a tiempo parcial para que este se utilice para necesidades de trabajo parcial, se modifique el régimen de las horas complementarias y del registro de jornada y se exija la constancia en el contrato del tiempo en el que se va a prestar servicios para garantizar el control fehaciente de la jornada.

- Revisar las sanciones por incumplimientos de las obligaciones en materia de jornada tanto en su cuantía, como su posible vinculación al número de trabajadores afectados.

- Potenciar las Campañas de Inspección de Trabajo en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias.

- Adoptar una regulación del tiempo de trabajo, previo diálogo con los interlocutores sociales, que permita recuperar el equilibrio de las relaciones laborales.

- Creación de un sello de Horario Racional para aquellas empresas que incorporen en sus Convenios Colectivos medidas de flexibilización del tiempo de trabajo. Incluirlo como prioritario en la responsabilidad social corporativa de las empresas.

- Difundir Modelos de Buenas prácticas en la implementación de horarios y reestructuración de tiempos laborales en las empresas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2017.-María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el derecho a la desconexión laboral fuera del horario de trabajo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El artículo 40.2 de la Constitución española encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizar el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral.

La Carta Social Europea del Consejo de Europa establece el Derecho a disponer de unas condiciones de trabajo equitativas. Para ello, establece que las Partes se comprometan, entre otras cosas, a fijar una razonable duración diaria y semanal de las horas de trabajo, reduciendo progresivamente la semana laboral en la medida en que lo permitan el aumento de la productividad y otros factores pertinentes.

La excesiva duración de la jornada de trabajo tiene consecuencias para la salud de los trabajadores, y es por ello que la ley regula la duración máxima de la jornada de trabajo en cuarenta horas semanales en cómputo anual.

El anterior mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de las trabajadoras y los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales su pilar fundamental. Esta ley transpuso al Derecho Español la Directiva 1989/391/CEE del Consejo, de 12 de junio, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores y trabajadoras en el trabajo que, a su vez, fue sustituida por la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la seguridad y la salud de las trabajadoras y trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Así, es la propia ley la que explicita el derecho de los trabajadores y trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, entendiendo que dicho derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario/a de protección


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de los trabajadores y trabajadoras frente a los riesgos laborales. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario/a debe encargarse de la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud. Asimismo, el empresario/a debe ser también responsable de desarrollar una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes, y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.

Por su parte, la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos del tiempo de trabajo, destaca la importancia de que todos los trabajadores y trabajadoras dispongan de períodos de descanso adecuados, y que el concepto de descanso debe expresarse en unidades de tiempo, esto es, días, horas o fracciones de los mismos. Así, los trabajadores deben poder disfrutar de períodos mínimos de descanso diario, semanal y anual, y de períodos de pausa adecuados.

El advenimiento de las nuevas tecnologías en los últimos tiempos ha revolucionado el mundo laboral, permitiendo nuevos esquemas organizativos que han hecho tambalear el concepto de descanso y la garantía del mismo, y las últimas reformas laborales han facilitado mecanismos de desregulación y dilatación de las jornadas de trabajo. Si bien es cierto que las nuevas tecnologías han aportado nuevas oportunidades de flexibilidad, como la posibilidad de trabajar a distancia y de facilitar las comunicaciones en grupo, no lo es menos que también borran las fronteras entre la vida personal y la profesional, generando por ello tiempos de disponibilidad que no deberían existir pues no respetan las jornadas pactadas y remuneradas, y que además, pueden llegar a tener un impacto negativo en la salud de los trabajadores y trabajadoras. Sin ir más lejos, un reciente estudio publicado en octubre de 2016 en Francia, indica que ya es un 37 % de la población activa la que usa sus herramientas digitales profesionales fuera de los horarios de trabajo y que un 62 % estaría de acuerdo en que se regulara.

En este contexto, países de nuestro entorno como por ejemplo Francia han legislado para reconocer el derecho a desconectar del trabajo y de este modo frenar o revertir la tendencia, cada vez más extendida, de alargar la jornada laboral mediante el uso de dispositivos móviles e internet. En concreto, la legislación francesa establece que en aquellas empresas de más de cincuenta empleados, la dirección y los representantes de los trabajadores/as deberán llegar a acuerdos para establecer "las modalidades del pleno ejercicio por el trabajador de su derecho a la desconexión y la puesta en marcha por !a empresa de dispositivos de regulación de la utilización de los dispositivos digitales, a fin de asegurar el respeto del tiempo de descanso, vacaciones, jornada establecida, así como de su vida personal y familiar".

La finalidad de esta medida es clara: evitar que los trabajadores y trabajadoras puedan continuar trabajando después de finalizar su jornada laboral utilizando los medios electrónicos de la empresa.

El alcance de la medida es trascendente: las empresas deberán implantar sistemas tecnológicos que limiten o impidan el acceso de los trabajadores a sus dispositivos digitales fuera del horario de trabajo.

La normativa laboral prevé un tiempo de duración determinada de las jornadas laborales pero en la práctica cotidiana, con el uso de dispositivos digitales e internet, las jornadas de trabajo se están dilatando y diluyendo los límites de las mismas, sometiendo, a muchos trabajadores y trabajadoras, a jornadas interminables. Hay que decir que la posibilidad de hacer horas complementarias en los contratos a tiempo parcial (a menudo no retribuidas), la compensación de horas, las cláusulas de plena disponibilidad, el cómputo anual de las horas trabajadas, la no contemplación de referencias expresas a los dispositivos digitales o al correo electrónico, entre otras particularidades, dificultan el respeto a la jornada laboral pactada.

Legislar la desconexión laboral fuera del horario haría explícito y adecuaría a los tiempos un derecho que en principio ya tienen reconocido las trabajadoras y trabajadores, pero que los nuevos usos tecnológicos lo están poniendo en duda. Es necesario reconocer el derecho a desconectar con el objetivo de respetar las jornadas pactadas y remuneradas, y combatir el estrés que provoca el alargamiento camuflado de la jornada laboral.

Por último, es importante destacar que la necesidad de defender algo tan básico como es el respeto de períodos de descanso adecuados y las jornadas pactadas es una consecuencia más de la aplicación de una reforma laboral injusta que desequilibró la relación laboral en favor del empresario/a, porqué


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aunque no hay obligación de trabajar fuera del horario laboral, este tiene, gracias a la reforma laboral, más herramientas para modificar las condiciones de trabajo de forma unilateral, lo que lleva irremediablemente a la desprotección y a un incremento de la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar una regulación legal conjuntamente con los agentes sociales del uso de las tecnologías de la comunicación (mensajería y correos electrónicos o dispositivos móviles) fuera de la jornada laboral con el objetivo de evitar que los trabajadores y trabajadoras puedan continuar trabajando después de finalizar su jornada laboral utilizando los medios electrónicos de la empresa, y garantizar la seguridad y salud en el trabajo y el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral y el respeto a las vacaciones de las personas trabajadoras.

2. Impulsar la creación de un plan de uso de las tecnologías de la comunicación fuera de la jornada laboral con el objetivo de educar digitalmente tanto al empresariado como a los trabajadores y trabajadoras.

3. Impulsar la creación por parte del Instituto Nacional de Estadística de indicadores de medición del estrés laboral de los trabajadores y trabajadoras.

4. Impulsar la derogación de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

5. Impulsar la realización de un estudio que analice si el uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación (mensajería y correos electrónicos o dispositivos móviles) puede llegar a provocar problemas de adicción o dependencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Aina Vidal Sáez, Diputada.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001581

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo normativo de la figura del trabajador autónomo a tiempo parcial, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en su disposición final décima, modificaba en diversos apartados la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, al objeto de introducir la figura del trabajador por cuenta propia o autónomo a tiempo parcial. En particular, se establecía que "los trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial estarán incluidos, en los supuestos y conforme a las condiciones reglamentariamente establecidas, en el Régimen de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos". Asimismo, considerando los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera, se disponía que por ley el Gobierno podría establecer "un sistema de cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos, para determinadas actividades o colectivos y durante determinados periodos de su vida laboral. En su defecto, se aplicarán la disposición adicional séptima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social sobre normas aplicables a los trabajadores contratados a tiempo parcial".

Sin embargo, desde la entrada en vigor de la citada Ley 27/2011, de 1 de agosto, las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado previeron la suspensión de la entrada en vigor de las disposiciones relativas a la figura del autónomo a tiempo parcial, que en consecuencia nunca llegó a desarrollarse normativamente. Pero dado que en el año 2016 no se ha aprobado ninguna Ley de Presupuestos


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Generales del Estado, dicha suspensión no se ha prorrogado, por la que la figura del trabajador autónomo a tiempo parcial es una realidad desde el 1 de enero de 2017.

Esta demora ha tenido como consecuencia que la figura del trabajador autónomo a tiempo parcial no haya sido objeto de un desarrollo reglamentario específico, así como que tampoco se haya presentado ninguna iniciativa legislativa dirigida a establecer un sistema especial de cotización a tiempo parcial para esta modalidad de trabajo autónomo.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos siempre hemos defendido la necesidad de articular sistemas que se adapten a las distintas realidades en la que realizan su actividad los trabajadores por cuenta propia o autónomos y que permitan modular sus obligaciones fiscales en función de sus ingresos reales. Prueba de ello es que esta premisa, así como el desarrollo de la figura del autónomo a tiempo parcial, se incluyen entre las exigencias de Ciudadanos recogidas en el Acuerdo de Investidura suscrito por el Gobierno, concretamente en su punto 31, en el que se contempla el compromiso "establecer fórmulas de cotización para el trabajo autónomo a tiempo parcial y para el que tenga vocación de no habitualidad o complementariedad económica".

Por todo ello, Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Desarrolle a la mayor brevedad la normativa reglamentaria aplicable a los trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

2. Promueva, a tenor de las conclusiones que se alcancen en la Subcomisión para la Reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), el establecimiento de un sistema especial de cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos, en los términos previstos en el artículo 25.3 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-José Cano Fuster, Saúl Ramírez Freire y Sergio del Campo Estaún, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/001582

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de la Agencia Estatal de la Administración de Seguridad Social, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

La disposición adicional séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, recogía una autorización al Gobierno para la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, cuyo objeto es llevar a cabo, en nombre y por cuenta del Estado, la gestión y demás actos de aplicación efectiva del sistema de la Seguridad Social, así como aquellas otras funciones que se le encomienden, integrándose en la mismas las funciones relativas a la afiliación, cotización, recaudación, pago y gestión de las prestaciones económicas, salvo las correspondientes a la cobertura de desempleo.

La creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social conllevaría, paralelamente, la integración las siguientes Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, así como su personal y funciones:

- El Instituto Nacional de la Seguridad Social.

- El Instituto Social de la Marina, en aquellos ámbitos que se correspondan con las funciones de Seguridad Social inherentes a la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.


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- La Tesorería General de la Seguridad Social.

- La Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

- El Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

La creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social supone todo un cambio institucional en la organización gestora de la Seguridad Social, enmarcado en las orientaciones de la Recomendación Octava del Pacto de Toledo, por la que se estipula la conveniencia de "potenciar la mejora de la gestión, a través de la integración de las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones", y por la que se considera adecuado "el desarrollo de un mecanismo unitario de gestión, desde el que se garantice, no sólo la oportuna simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia social, sino la más efectiva aplicación de los principios de solidaridad, igualdad y equidad que informan el sistema español de Seguridad Social".

A este respecto, la referida disposición adicional séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, preveía que la constitución y entrada en funcionamiento de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social se produjese con la aprobación de su Estatuto por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa negociación con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido la aprobación del citado Estatuto, por lo que la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social aún no se ha producido.

Teniendo presente todo lo anterior, y a fin de racionalizar las estructuras administrativas con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en el empleo y gestión de los recursos públicos y de contribuir a una mayor eficacia y agilidad en los mecanismos de protección social de todos los ciudadanos.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo máximo de seis meses acuerde el Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, en los términos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-José Cano Fuster, Saúl Ramírez Freire y Sergio del Campo Estaún, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/001551

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley de rehabilitación de los chalés de la Font Roja, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La Font Roja es uno de los parques naturales más representativos de la provincia de Alicante. El parque, situado en el término municipal de Alcoi, es uno de las joyas medioambientales que esta provincia. Además, su biodiversidad y recursos hidrológicos convierten este parque en un pulmón verde de las comarcas interiores de la provincia de Alicante. Además de todo esto, el parque contiene construcciones históricas como los chalets y los "masos", muchos derribados parcialmente, que recuperados harían que el segundo parque más visitado del País Valenciano, aumentase sus posibilidades siempre dentro de un ecoturismo sostenible.

Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Buscar todas las vías posibles de financiación para la recuperación de los históricos chalés de la Font Roja.

2. Buscar todas las vías posibles de financiación para la recuperación de los "masos" del parque natural.

3. Aumentar los efectivos del Seprona en el parque natural."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2017.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Frances Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001564

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa de los Diputados Juan Antonio López de Uralde y Eva García Sempere, presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa a la paralización de la mina de uranio en Salamanca.

Exposición de motivos

La empresa "Berkeley Minera España, S.A.", tiene intención de abrir una mina de uranio a cielo abierto en la provincia de Salamanca (España), cerca de la frontera de Portugal, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes. Junto a la mina se pretende construir una planta para el tratamiento del mineral de uranio extraído que fue autorizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo mediante Orden IET/1944/2015, de 17 de septiembre, pero esta autorización se encuentra recurrida ante la Audiencia Nacional por las múltiples irregularidades detectadas en el procedimiento administrativo seguido para su concesión.

La Confederación Hidrográfica del Duero también tiene concedidos los permisos de abastecimiento y vertidos, aunque estos últimos están recurridos por el Ayuntamiento de Villavieja que tiene su captación de aguas pocos kilómetros aguas abajo de la mina.

A nivel local está pendiente la autorización de uso excepcional de suelo rústico y licencia urbanística, habiendo finalizado el 3 de enero el proceso de presentación de alegaciones.

Las instituciones europeas tienen que resolver una queja formulada por el partido Equo y el Grupo de Os Verdes de Portugal por los efectos negativos de la mina en el Medio Ambiente. Además la mina se asienta al lado del río Yeltes, cuyas márgenes han sido declarados espacios Zec y Zepa según el reciente Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas especiales de conservación y las zonas de especial protección para las aves, y se regula la planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León.

Nuestros vecinos portugueses están preocupados por el proyecto minero por lo que se ha requerido al Gobierno español información sobre la mina de uranio de Retortillo-Santidad, cuyos efectos transfronterizos no fueron considerados en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada. Sin embargo la Agéncia Portuguesa de Ambiente ha manifestado que el proyecto de explotación minera de uranio "era susceptible de tener efectos ambientales significativos en Portugal" por la cercanía a la frontera portuguesa, en "atención a la dirección de los vientos", y, especialmente, por la posible contaminación de las aguas del río Yeltes, afluente del Duero del que se nutren "aproximadamente dos millones de personas y riega todo el Douro Vinhateiro".

Los habitantes de esta zona se oponen a la mina por los efectos negativos que esta actividad va a suponer para la Comarca, así la existencia de una mina a cielo abierto a pocos kilómetros de algunos pueblos (2,5 km en el caso de Retortillo) supondrá molestias y peligros para las personas que viven en esta tierra: explosiones con expulsión de polvo para la atmósfera (efecto negativo del gas radón), continuo trasiego de camiones y maquinaria pesada, lixiviación en balsas con peligro de rotura que conllevaría a


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una catástrofe de incalculables consecuencias. También hay que contar con los efectos negativos que para el Medio Ambiente tienen este tipo de explotaciones: se formará un cráter de varias hectáreas de extensión y más de un centenar de metros de profundidad, con la consiguiente pérdida de la masa forestal, desviaciones de los cursos de agua, etc.

Tenemos conocimiento que la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca ha dictaminado el pasado 1 de febrero, que las obras que la empresa "Berkeley Minera España, S.L." ha venido desarrollando para el desvío de la carretera comarcal SA-322, debían ser autorizadas previamente. Sin embargo la empresa minera ha realizado una balsa de enormes proporciones y un trazado de variante de la carretera sin que el expediente de autorización de uso excepcional de suelo rústico y licencia urbanística, para el Proyecto Minero Retortillo (n.º 6.605-10 del registro de Derechos Mineros), en el término municipal de Retortillo (Salamanca), promovido por "Berkeley Minera España, S.L.", hubiese sido resuelto.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil también ha informado al ayuntamiento de Retortillo de una posible infracción medioambiental por parte de la empresa minera, pues se ha visto obligado a instruir un expediente sancionador a la misma.

Ante las graves consecuencias ambientales y sociales que se derivarían de la puesta en marcha del proyecto de una mina de uranio en Salamanca presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que manifieste su oposición a la instalación de una mina de uranio en Salamanca y adopte todas las medidas legales y políticas en su mano para evitar la implantación de esa mina de uranio.

2. Que paralice cualquier acción en la zona de Retortillo-Villavieja de Yeltes, relacionado con la mina, hasta que se resuelva la obtención de permisos por parte de la empresa "Berkeley Minera España, S.L.",

3. Que solicite al Instituto de Salud Carlos III, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, de un estudio científico-técnico del estado del conocimiento sobre las repercusiones en la salud humana de la explotación de la mina a cielo abierto de uranio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2016.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia y Eva García Sempere, Diputados.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001576

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputados, Miguel Anxo Fernández Vello, y Alexandra Fernández Gómez, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentacón y Medio Ambiente, sobre la necesidad de proceder cuanto antes a la ejecución de los proyectos de modernización de los regadíos de Terra Chá y Val de Lemos (Lugo) y A Limia (Ourense), pendientes desde hace años.

Exposición de motivos

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), y la Xunta de Galicia, suscribieron en Santiago de Compostela (A Coruña) un Convenio Marco de Colaboración para la modernización de regadíos en Galicia, en concreto los contemplado en el Plan Hidrológico Nacional situados en las comarcas de Val de Lemos y Terra Chá (Lugo) y A Limia (Ourense).

El acuerdo fue rubricado por la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia y el Presidente de SEIASA.

En el momento de la firma del Convenio, se anunció que las actuaciones beneficiarían a cerca de 6.800 hectáreas y en las que el MARM invertiría cerca de 19 millones de euros en el horizonte 2015. Se señaló que contarían con una inversión global de 46,5 millones de euros aportados por el Gobierno central, por la Xunta de Galicia y por las comunidades de regantes.


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Asimismo, se publicitó que la financiación de cada una de las obras se llevaría a cabo en un 41 % por el MARM, a través de SEIASA; en un 22 % por la Xunta de Galicia; en un 10 % por las comunidades de regantes y el 27 % restante procederá de los fondos FEADER.

El objetivo de estas actuaciones de modernización de los regadíos, que llevan muchos años de espera, es mejorar las infraestructuras para la utilización del agua, el incremento de la eficiencia de riego y la reducción de costes de explotación, previéndose un ahorro de agua de 21,7 hectómetros cúbicos anuales. Las modernizaciones tendrían por objetivo la regeneración de los elementos de las lagunas, al mantenimiento de sotos de ribera, a la creación de setos vivos en las lindes y medidas necesarias para mejorar y conservar la flora y la fauna de la zona de actuación.

En 2011 se firmó el Convenio Marco, pero las obras se debían concretar mediante convenios específicos con cada una de las comunidades de regantes beneficiadas.

En ese momento de publicitó que los regadíos de Val de Lemas y Terra Chá y A Limia se iban a beneficiar de un programa de modernización encaminado a la mejora del aprovechamiento de los recursos y ahorrar agua.

A partir de ahí, Seiasa, (Ministerio de Medio Ambiente), debía iniciar la evaluación de los terrenos y realizar una propuesta de actuación que tendría que ser sometida a Estudio de Impacto Ambiental. A posteriori se tendrían que haber concretado las obras con las comunidades de regantes, e iniciar el proceso y tramitación de los proyectos para su ejecución.

Nada de esto ha sucedido. La necesaria modernización de los regadíos en Terra Chá y Val de Lemos y A Limia continúa pendiente muchos años después. En aquel momento, el Gobierno de entonces programó un horizonte temporal de las inversiones situado en el año 2015, pero es fácil comprobar que no se ha cumplido.

Las obras de modernización de regadíos se llevarían a cabo en comunidades de regantes declaradas de Interés General y serían en:

- Zona de A Limia (Ourense), que comprende las siguientes comunidades de regantes: C.R. de Lagoa de Antela (la única modernizada), C.R. de Alta Limia, C.R. de Corno do Monte, C.R. de Lamas-Ganade y C.R. de Sabucedo.

- Zona de Val de Lemos (Lugo), que comprende la siguiente comunidad de regantes: C.R. de Val de Lemos (Lugo).

- Zona de Terra Cha (Lugo), que comprende las siguientes comunidades de regantes: C.R. de Miño Pequeno-Anlló-Arneiro (la única modernizada), C.R. de Espiñeira, C.R. de A Pesqueira, C.R. de Mos-Carballosa, C.R. de Matodoso, C.R. de Río Lea, C.R. de Loentia y C.R. de Costa Moura.

Hace ya la friolera de casi seis años, se anunció a bombo y platillo que estas comunidades de regantes se beneficiarían de las modernizaciones de los regadíos.

En la actualidad, la zona de Tera Chá cuenta con 1700 hectáreas de regadío, muchas en estado de abandono o descuidadas debido al mal estado de las instalaciones que claman a voces por la modernización.

La modernización implicaría la instalación de avanzada tecnología que automatizaría todo el sistema y se podría realizar un seguimiento informático.

La modernización supondría un aumento de la productividad de las tierras y del ahorro del agua, lo cual beneficiaría enormemente a una zona como Terra Chá declarada Reserva de la Biosfera.

Las comarcas de Val de Lemas y Terra Chá y A Limia son zonas de importante producción agrícola, sustento económico de los habitantes de estas comarcas. Destaca la producción de la patata en estas tierras, cuya calidad es sobradamente conocida y reconocida.

La modernización de los regadíos no es solo una cuestión de mejora de la actividad agraria y del rendimiento de las tierras, se trata también de un tema medioambiental puesto que el propósito está en economizar el consumo de agua y optimizarlo adecuadamente, Es por tanto, una actuación importante desde una doble perspectiva.

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a:

- Proceder al desarrollo del Convenio Marco de Colaboración para la modernización de los regadíos de Galicia (Terra Chá, Val de Lemos y A Limia), firmado en 2011 entre el Ministerio de Medio Ambiente (SEIASA), y la Consellería de Medio Rural de la Xunta.


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- Coordinar con la Xunta de Galicia y las comunidades de regantes las actuaciones a llevar a cabo para ejecutar por fin la esperada modernización de los regadíos, necesaria desde una perspectiva agrícola y medioambiental."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2017.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello y Alexandra Fernández Gómez, Diputados.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Poldemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la demanda a la Unión Europea del establecimiento de un marco jurídico y reglamentario que dé amparo a las empresas mixtas pesqueras, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

A mediados del siglo pasado empezaron a proliferar empresas mixtas para la pesca debido a dos motivos fundamentalmente, el avance tecnológico que hacía posible almacenar y procesar pescado desde lugares alejados del puerto base y la posibilidad de acceder libremente a los recursos marinos en prácticamente todos los mares y océanos.

La regulación de la pesca recaía sobre el Estado de pabellón de cada buque. Con este régimen jurídico inspirado en la idea de la inagotabilidad de los recursos se formaron importantes flotas pesqueras que a partir de los años 50 del pasado siglo empezaron a introducir métodos industriales en la explotación de los recursos.

En diversos países y apoyados en muchos casos en programas de subvenciones y ayudas estatales, se crearon pujantes sectores pesqueros destinados a abastecer mercados con creciente consumo de productos de la pesca.

Muchos países, ante la ausencia de pesca en sus costas, conformaron las flotas de pesca a distancia cuya capacidad extractiva y de transformación se fue haciendo cada vez más eficaz gracias a los avances en la tecnología pesquera.

Otros países tenían importantes caladeros de pesca cerca de sus costas y se veían perjudicados por el orden jurídico reinante ya que al carecer de derechos soberanos sobre estos recursos pesqueros veían, especialmente los países menos desarrollados, como tales recursos eran capturados por países terceros.

Todo esto generó una tensión entre los derechos de las naciones costeras sobre estos recursos y los de aguas distantes, lo que se convirtió en un terreno fértil para las controversias internacionales.

Esta pulsión llevó a una paulatina extensión por parte de los Estados ribereños de su soberanía económica sobre las riquezas pesqueras localizadas en espacios cada vez más alejados de sus costas, a través de la ampliación del mar territorial y de la creación de nuevos espacios marítimos como el de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y mediante la reivindicación de un interés especial en las aguas de afta mar colindantes con sus ZEE y sobre las especies transzonales o altamente migratorias.

Así surgió un nuevo orden jurídico de los mares y océanos que fue recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) de 1982, donde se atribuye a los Estados ribereños un papel crucial en lo que se refiere a conservación y gestión de los recursos pesqueros.

El establecimiento generalizado de ZEE supuso una reducción espacial de la alta mar, de las zonas donde desarrollaban su actividad pesquera las flotas de pesca a distancia.

Esto supuso alejar la pesca libre a más de 200 millas de las costas, lo que excluía al 90 % de los recursos pesqueros explotables, ya que los principales caladeros se encuentran situados cerca de los Continentes, sobre las aguas que cubren las plataformas continentales y, generalmente, dentro de las aguas jurisdiccionales de los Estados ribereños.


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Progresivamente los recursos pesqueros mundiales y las posibilidades de su captura fueron quedando bajo la jurisdicción nacional de los Estados ribereños y los buques de países con flota a distancia fueron desplazados.

Esta situación obligó a los Estados de pesca a distancia a buscar otras vías para salvaguardar su actividad, mantener puestos de trabajo y proveer los mercados de países con una fuerte demanda de pescado: negociar acuerdos de pesca con los Estados ribereños a fin de obtener cuotas de pesca o licencias que les dieran la posibilidad de acceder a estos caladeros; desplazar la flota a aguas de alta mar; y deslocalizar sus actividades pesqueras instalándose en estos países ribereños, fundamentalmente a través de las empresas mixtas pesqueras.

Entre estos países se encuentra España que desde los años 60 del pasado siglo tuvo que trasladar parte de la actividad pesquera a otros países, integrándose en el tejido socio-económico de estos países ribereños, en muchos casos, países en desarrollo.

Las empresas mixtas son una peculiar figura jurídica constituida por uno o varios armadores de la Unión Europea y uno o varios socios de un país tercero, destinada a explotar los recursos pesqueros situados en las aguas pertenecientes a la soberanía o a la jurisdicción de dicho país tercero. La sociedad mixta es una empresa extranjera en la que participan uno o varios socios europeos.

El Comité Económico y Social Europeo reconoció que la labor de estas empresas se asienta en una lógica económica especialmente adecuada para una economía globalizada, consistente en el ahorro de costes y en la transferencia de tecnologías, la creación y reparto de valor añadido, el acceso a los recursos y el abastecimiento de los mercados.

Pero las empresas mixtas se están quedando en un vacío legal; el Reglamento 1380/2013 relativo a la Política Pesquera Común las deja sin más amparo que el que puedan brindar los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones entre el Estado miembro de origen y el tercer país de destino. Anteriormente la PPC a través del Reglamento 3944/1990, las consideraba un instrumento de política estructural alternativo al desguace de buques o su simple exportación definitiva, integrándolas en el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) pero con el Reglamento 2369/2002 del Consejo por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca han quedado prácticamente eliminadas de la política de estructuras pesqueras de la UE.

Dado el alcance de las actividades económicas que llevan a cabo y el impacto social que estas producen, sería conveniente que se introdujera en la legislación europea un marco jurídico y reglamentario relativo a estas empresas y que se ubicara en el seno de la Política exterior pesquera. En dicho marco deberían incluirse normas y mecanismos destinados a dotar a las empresas mixtas de seguridad jurídica (fiscales, protección de inversiones, acceso al mercado europeo, etc.) teniendo en cuenta las singularidades de esta actividad y sus efectos beneficiosos desde el punto de vista de la gestión de los recursos pesqueros, el abastecimiento de los mercados, la creación de empleo, la creación de valor añadido, la cooperación al desarrollo y el intercambio internacional.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que demande de la Unión Europea un marco jurídico y reglamentario que dé amparo a las empresas mixtas pesqueras en el seno de la Política exterior pesquera y mejore la articulación y coherencia de esta Política con la Política comunitaria de cooperación para el desarrollo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Margarita Pérez Herráiz y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el principio de estabilidad relativa, referenciado a los TAC, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La política pesquera común se basa en tres principios esenciales: el reconocimiento de los derechos históricos de pesca en las aguas comunitarias, el criterio de conservación de los recursos marinos y el principio de estabilidad relativa.

Los totales admisibles de capturas (TAC) son límites de capturas que se establecen para la mayoría de las poblaciones de peces de interés comercial.

La Comisión prepara las propuestas basándose en dictámenes científicos de organismos consultivos, como el CIEM y el CCTEP, sobre la situación de las poblaciones. Los TAC de la mayoría de las poblaciones los establece anualmente (cada dos años los de las poblaciones de aguas profundas) el Consejo de Ministros de Pesca.

Los TAC se reparten entre los países de la UE en forma de cuotas nacionales aplicando el principio de estabilidad relativa.

La entrada en la Unión Europea de Reino Unido, Dinamarca e Irlanda condicionó la política pesquera y especialmente el reparto de las posibilidades de pesca.

Se justificó entonces el principio de estabilidad relativa por las necesidades especiales de tres regiones altamente dependientes de la pesca: Escocia, Groenlandia y la costa de Irlanda.

Cuando sea firme el abandono del Reino Unido de la Unión Europea ya solo quedará una de las tres regiones, ya que Groenlandia abandonó la Unión Europea en 1982.

El abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido puede ser una oportunidad para adaptar la política pesquera a una realidad muy diferente de la que había en 1983, la gestión pesquera avanzó hacia un enfoque ecosistémico que no se aplicaba entonces y las dependencias de la pesca también cambiaron considerablemente.

La obligación de desembarcar todas las capturas también va a repercutir en el sistema de cuotas tal y como está funcionando hasta ahora y contribuye a que sea necesaria una revisión del principio de estabilidad relativa.

La retirada del Reino Unido, uno de los países que más se ha beneficiado del sistema de reparto de posibilidades de pesca con el principio de estabilidad relativa, podría ser la ocasión de revisar este criterio y modificar el sistema de gestión por TACs y cuotas teniendo en cuenta las nuevas dependencias socioeconómicas de la pesca en todos los países y la repercusión en este sistema de la obligación de desembarcar toda la pesca.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a demandar ante la Unión Europea que, en los ajustes que se hagan cuando el Reino Unido abandone efectivamente la Unión Europea, incluya modificar el principio de estabilidad relativa en la política pesquera común de manera que tenga en cuenta le especial dependencia de la pesca de los diferentes países que existe en le actualidad, otros principios como la diferente productividad y la repercusión de la obligación de que no haya descartes en los totales máximos admisibles de capturas y las cuotas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Margarita Pérez Herráiz y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/001605

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar el sistema de autorización de las nuevas plantaciones de viñedo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El nuevo régimen jurídico del potencial vitícola, establecido en el Reglamento Europeo 1308/2013, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos anteriores, establece el régimen de autorizaciones para plantaciones de vid que se debía aplicar desde el 1 de enero de 2016, y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030.

A partir de este momento, las vides de las variedades de uva de vinificación clasificadas por los Estados miembros, que tengan clasificadas para sus territorios, podrán ser plantadas o replantadas únicamente si se concede una autorización administrativa a dicho efecto.

Los derechos de plantación han sido sustituidos por un sistema de autorizaciones administrativas y se establece un reparto anual de un cupo de nuevas plantaciones con una superficie máxima de un 1 % del total nacional, calculada sobre la superficie plantada a 31 de julio del año anterior. Para poder obtener una autorización administrativa se mantienen otras dos vías: por arranque de un viñedo de la propia explotación del viticultor o por conversión de un derecho existente en una autorización administrativa.

Se trata de una autorización administrativa que, a diferencia de los derechos, no se podrán transferir ni vender y tendrán una validez máxima de tres años desde el momento de su concesión.

En enero de 2016, el Ministerio aprobaba la resolución por la que se fija para el año 2016 la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, y se establecen las indicaciones geográficas donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de plantación.

De esta manera, en 2016 se estableció un cupo de 4.173 hectáreas para nuevas autorizaciones administrativas y se limitó la superficie máxima disponible para autorizaciones de nueva plantación en la respectiva zona geográfica para cuatro Denominaciones de Origen Protegida (DOP); Chacolí de Bizkaia, Navarra, Ribera del Duero y Rioja, siguiendo las recomendaciones de los Consejos Reguladores de estas DOP y de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja.

En base a los criterios establecidos por el Real Decreto 740/2015, de 31 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola, se realizó el Ranking Nacional de Solicitudes con la superficie admisible y la superficie concedida.

Iniciado el proceso, la demanda de superficie solicitada era de 13.481 hectáreas. Una vez ordenada las hectáreas admisibles, casi triplica el cupo establecido, hasta alcanzar 11.858 hectáreas.

Así, se ha repartido todo el cupo, priorizando los criterios de Joven "nuevo viticultor", que es aquel que en el año de la presentación de la solicitud no cumpla más de cuarenta años y sea un nuevo viticultor, y de "buen comportamiento", que es aquel solicitante que no posea plantaciones de viñedo sin autorización.

La experiencia adquirida con esta primera convocatoria ha demostrado que el criterio de prioridad referente a nuevo joven viticultor, lejos de conseguir el fin perseguido, ha excluido a la viticultura profesional de este primer reparto, por lo que se deben realizar ajustes que mejoren el procedimiento.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que se revisen los actuales criterios de reparto de autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo, para mejorar la concesión para el año 2018 en adelante, para lo cual se establecerán:

a) Incluir, además del ya existente, el criterio de admisibilidad de disponer de la capacidad y competencia profesionales adecuadas. Entre estos se encontrarían los jóvenes que se instalen en el marco de los Programas de Desarrollo Rural de las CCAA.


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b) incluir como criterio de prioridad a aquellas explotaciones vitícolas, que en el momento de presentación de la solicitud se ajusten dentro de unos umbrales de dimensión mínimos y máximos.

c) Establecer elementos de control adicional, para poder así comprobar con mayor eficacia el cumplimiento de la condición de jefe de explotación, requiriendo desde el mismo momento de la solicitud el cumplimiento de condiciones como la disponibilidad de contratos de arrendamientos liquidados y alta en el régimen especial agrario de la seguridad social.

2. Crear un grupo de trabajo para, de cara a la revisión intermedia del Reglamento Europeo, que deberá realizar la Comisión, evaluar el funcionamiento del régimen y realizar las propuestas oportunas de mejora que vayan acordes con la realidad vitícola española."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/001575

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para acabar con la discriminación de los enfermos de diabetes en el acceso al empleo público, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por una intolerancia a la glucosa, lo que provoca una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas.

En España, el 13,8 % de los españoles mayores de dieciocho años tiene diabetes tipo 2, lo que equivale a más de 5,3 millones de ciudadanos. A estos casos de diabetes tipo 2 (la más frecuente), hay que sumar los de la diabetes tipo 1 (insulinodependientes), con una incidencia de 1.100 nuevos casos cada año en España.

La diabetes es pues una enfermedad crónica frecuente que en un alto numero de casos se controla únicamente con medidas de mejora de estilos de vida (dieta y ejercicio físico). Un segundo escalón en la estrategia de control de la enfermedad es el tratamiento farmacológico oral; y solo en los casos más resistentes o en la diabetes tipo 1 se exigen dosis diarias regulares de insulina para controlar los niveles de glucosa en sangre.

El efecto de la diabetes sobre el organismo se produce solo a largo plazo, siendo los accidentes agudos de la diabetes infrecuentes cuando se hace un tratamiento regular. No existe por tanto ninguna reducción en la capacidad de trabajo por se, simplemente por el hecho de padecer una diabetes. Y en todo caso es la situación individual de cada persona, por el efecto de la enfermedad sobre los órganos a los que afecta, la que determina su capacidad funcional para desarrollar tareas y trabajos.

Así pues, la persona diabética es capaz de desempeñar cualquier tipo de trabajo, con un adecuado control de su enfermedad y de las situaciones de riesgo, sin que ello deba afectar a su oportunidad para acceder a los puestos de trabajo.

Tanto es así, que el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusválida, atribuye a la diabetes mellitus de clase 1 un porcentaje de minusválida del 0 %.

Sin embargo, existen determinadas normas reguladoras de ciertos empleos públicos, como, a modo de ejemplo, la Orden de 11 de enero de 1988, por la que se establece el cuadro de exclusiones médicas para el ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, que contienen, entre los supuestos de exclusiones definitivas, la diabetes. La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha documentado otras muchas convocatorias de puestos de empleo público en los que se considera a la diabetes causa genérica de exclusión, sobre todo en puestos de trabajo relacionados con fuerzas armadas, cuerpos y fuerzas de


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seguridad, protección, bomberos, puestos relacionados con el transporte e inclusive puestos de atención al público.

Existe un amplio consenso profesional y social en el sentido de que la diabetes no tiene por qué ser causa de exclusión genérica para acceder a un puesto de trabajo. Deberían valorarse las condiciones físicas de cada aspirante en relación con las aptitudes requeridas para cada puesto, y no basarse en posibles o potenciales problemas que podrán o no darse en cada persona.

Si las causas de exclusión para el acceso al empleo público no corresponden a criterios de escrupulosa objetividad se estarían vulnerando los derechos a la no discriminación amparados por los artículos 14 y 35 de la Constitución.

Por tanto, es necesario actualizar los actuales cuadros de exclusión médica por los que se rige la oferta pública de empleo a nivel local, autonómica y estatal, ya que las vigentes han quedado al margen de los avances científicos, sanitarios, técnicos y formativos que actualmente permiten el autocontrol de la diabetes por quien la padece y por tanto, el normal desarrollo de diversas actividades profesionales de las que con la actual normativa quedan excluidos.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el menor plazo de tiempo posible adopte las medidas legales y reglamentarias necesarias para imposibilitar que el diagnóstico de la diabetes, sea causa de exclusión genérica para el acceso al empleo público.

Al mismo tiempo el Gobierno adoptará las medidas necesarias para evitar que el diagnóstico de diabetes con carácter genérico pueda constituir ninguna discriminación en los derechos laborales de los empleados y empleadas públicos, incluidos sus derechos de promoción y traslado de puestos de trabajo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2017.-Jesús María Fernández Díaz, Miriam Alconchel Gonzaga, María Jesús Serrano Jiménez y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001580

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para impulsar medidas que ayuden a combatir el despilfarro alimentario, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Motivación

Según la FAO, aproximadamente un tercio de las partes comestibles de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o desperdicia, lo que representa alrededor de 1.300 millones de toneladas al año. En su informe "Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo (2011)", se estima que las pérdidas per cápita de alimentos en Europa y América del Norte son de 280 a 300 kg/año. De estas pérdidas, la cantidad de alimentos per cápita desperdiciada por los consumidores es de 95 a 115 kg/año en Europa y América del Norte.

Las pérdidas de alimentos en los países industrializados son tan altas porcentualmente como en los países en desarrollo con la diferencia de que, en los países en desarrollo, más del 40 % de las pérdidas de alimentos se produce en las etapas de almacenamiento y procesamiento, mientras que en los países industrializados más del 40 % de las pérdidas de alimentos se produce en la venta minorista y el consumo. Los consumidores de los países industrializados desperdician casi la misma cantidad de alimentos (222 millones de toneladas) que la producción de alimentos neta total del África subsahariana (230 millones de toneladas).

Las consecuencias de este despilfarro son graves y variadas y muy importantes los beneficios que reportaría su reducción. El informe FAO "El estado mundial de la agricultura y la alimentación (2016)",


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considera que la disminución de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, al incrementar la eficiencia global de las cadenas alimentarias, podría contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como a mejorar el acceso a los alimentos y la adaptación de los sistemas alimentarios al cambio climático.

Según algunos de los estudios llevados a cabo en Europa, podría evitarse un 60 % del despilfarro de los alimentos en los hogares. Esta reducción se traduciría en un ahorro medio anual de 565 euros por hogar y el ahorro medioambiental equivaldría a la retirada de uno de cada cinco vehículos en circulación.

En 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un objetivo de reducir a la mitad los residuos de alimentos por habitante a nivel de los consumidores y de los minoristas, así como de reducir las pérdidas de alimentos hasta el 2033. La UE y sus Estados miembros se han comprometido también a alcanzar dicho objetivo.

Por ello en el plan de acción de la UE sobre la economía circular se señala que "Los residuos alimentarios constituyen una creciente preocupación en Europa. En la producción, la distribución y el almacenamiento de alimentos se utilizan recursos naturales que repercuten en el medio ambiente. Tirar alimentos que aún son comestibles aumenta dicha repercusión y provoca pérdidas financieras para los consumidores y la economía. Los residuos alimentarios también pueden verse desde un importante ángulo social: debe facilitarse la donación de alimentos que aún son comestibles pero que, por razones logísticas o de comercialización, no pueden ser comercializados". En citado plan de acción se señalan distintas vías de acción de la Comisión y los estados miembros para evitar el desperdicio.

Una de las cuestiones a tener en cuenta es que los residuos alimentarios se producen a lo largo de toda la cadena de valor: durante la producción y la distribución, en tiendas, restaurantes, establecimientos de comidas para colectividades, y en casa. Por ello es difícil de cuantificar: en la actualidad, no existe ningún método fiable ni armonizado para medir los residuos alimentarios en la UE, lo que hace más difícil que las autoridades públicas evalúen su escala, sus orígenes y las tendencias a lo largo del tiempo. Abordar la cuestión de ia medición es un paso importante para lograr una mejor comprensión de los problemas, un seguimiento y una transmisión de informaciones coherentes, así como un intercambio eficaz de buenas prácticas a través de la UE. La Comisión elaborará una metodología común de la UE para medir los residuos alimentarios en estrecha cooperación con los Estados miembros y con las partes interesadas.

Por otra parte, la acción de los Estados miembros, las regiones, las ciudades, y las empresas a lo largo de la cadena es esencial para evitar los residuos alimentarios y hacer frente a situaciones que varían según los países y regiones. Tal y como señala la Comisión Europea, son necesarias campañas de sensibilización para modificar los comportamientos. La Comisión apoya la sensibilización a escala nacional, regional y local, y la divulgación de buenas prácticas en materia de prevención de residuos alimentarios.

En el mismo documento la Comisión Europea propone tomar medidas a fin de aclarar la legislación de la UE relativa a los residuos, los alimentos y los piensos, y de facilitar la donación de alimentos y la reutilización de antiguos alimentos y subproductos de la cadena alimentaria en la producción de piensos sin comprometer la seguridad de los alimentos y los piensos; y examinará las formas de mejorar el uso de la indicación de la fecha por los agentes de la cadena alimentaria y su comprensión por parte de los consumidores, en particular la relativa al "consumo preferente".

La lucha contra la pobreza pasa también por conductas colectivas que impidan el injusto derroche de comida. Contribuimos a una mayor justicia social si favorecemos que los excedentes alimentarios sean donados en lugar de tirarlos a la basura; o si favorecemos con nuestro comportamiento a evitar fluctuaciones en el precio de materias primas que condenan al hambre a millones de personas en países en vías de desarrollo que compran esas materias primas en el mismo mercado mundial.

Quizás uno de los motivos más importantes del desperdicio de alimentos en la etapa de consumo en los países ricos, como alerta la FAO, es simplemente que la gente puede permitirse desperdiciar comida, en gran parte por una falta de sensibilización pública sobre las consecuencias sociales y medioambientales que esta actitud conlleva. Por ello es fundamental fomentar un consumo consciente y responsable. Es necesario que los poderes públicos informen sobre las consecuencias del despilfarro alimentario y fomenten el compromiso ético de los consumidores en relación con las consecuencias de sus actos de consumo, promoviendo un cambio en nuestros hábitos que evite las consecuencias de nuestro despilfarro y la enorme insolidaridad con quienes, directa o indirectamente, padecen las consecuencias de nuestro derroche.


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Pero hay otras causas que tienen que ver, por ejemplo, con el etiquetado de los productos alimenticios y la confusión que este etiquetado genera en los consumidores o con los estándares de calidad que dan lugar a descartes innecesarios. Según datos de la Comisión Europea, hasta 1/3 de la comida que se desperdicia en los hogares está vinculada al etiquetado de los productos alimenticios. En Francia se ha establecido un grupo de trabajo para establecer fechas de caducidad o consumo preferentes basadas en datos objetivos y con criterios uniformes. De hecho, en estudios publicados por organizaciones de consumidores, se ha comprobado que productos idénticos tales como los yogures naturales, los fabricantes aplican criterios totalmente diferentes. Unos tienen fechas de caducidad y otros, fechas de consumo preferente. La fechas de duración pueden variar de 28 hasta 35 días o más. Esta diversidad de criterios dificulta la labor didáctica para explicar la diferencia entre ambas fechas y a la adecuada gestión de los productos que las superen.

Por otro lado, hay productos que en épocas de mayor tirada tienen, por motivos comerciales, una vida útil más corta que cuando el producto tiene una demanda menor, como ocurre por ejemplo en los gazpachos, o que se mantiene refrigerado innecesariamente, por lo que una ruptura en la cadena de frío, podría acabar con ellos en la basura, sin que en realidad esto suponga ningún riesgo real.

Si bien, como señala el informe FAO "Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo (2011)", las acciones no deben orientarse únicamente hacia partes aisladas de la cadena, ya que lo que se hace (o no) en una parte tiene consecuencias en el resto; en los países industrializados, sin embargo, las soluciones propuestas a nivel industrial y del productor serán poco eficaces si los consumidores siguen desperdiciando a los niveles actuales. Hay que informar a los hogares de los consumidores y cambiar el comportamiento que provoca los altos niveles actuales de desperdicio de alimentos. En este sentido un adecuado etiquetado de las fechas de duración de los alimentos y las formas de conservación son imprescindibles.

También es importante que, sin perjuicio de las medidas adoptadas o que puedan adoptarse para paliar el despilfarro alimentario por parte de productores y comerciantes, las Administraciones Públicas contribuyan a fomentar comportamientos responsables que permitan a los consumidores gestionar mejor unos recursos que, aun no siendo escasos en los países desarrollados, no pueden ni deben ser desperdiciados.

Tanto desde la Unión Europea, con la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2012, sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria; como desde el Ministerio de Agricultura con el Programa para la reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario y la valorización de los alimentos desechados, se han puesto en marcha estrategias para combatir el despilfarro alimentario. No obstante, desde diversas organizaciones se están demandando medidas más contundentes que pongan freno a un problema cuya envergadura debe e involucrar a toda la sociedad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Salvaguardando siempre los máximos niveles de seguridad alimentaria, adoptar medidas que favorezcan que todos los agentes implicados en la producción, generación, distribución y comercialización de alimentos puedan donar la comida que desechan a bancos de alimentos.

2. Incentivar las donaciones de alimentos estableciendo, a estos efectos, beneficios fiscales específicos para este tipo de donaciones.

3. Adoptar modificaciones en materia de etiquetado que eviten confusiones en el consumidor con respecto a la aptitud para el consumo de determinados alimentos. Promover grupos de trabajo que revisen los criterios por los que se establecen fechas de caducidad o de consumo preferente y su homogeneización, así como revisión de las condiciones de conservación, basadas en criterios científico-técnicos y no comerciales.

4. Impulsar la diversificación del tamaño de los envases en la industria alimentaria, con el objeto de ayudar a los consumidores a adquirir cantidades adecuadas.

5. Fomentar la reutilización y el reciclado de los productos alimentarios sobrantes no aptos para consumo humano, para su transformación en otros productos, alimentación animal, compostaje o producción de biogás.


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6. Con la colaboración de las asociaciones nacionales de consumidores, impulsar campañas informativas que fomenten comportamientos responsables en los consumidores que contribuyan a la reducción del despilfarro alimentario en los hogares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Victoria Begoña Tundidor Moreno, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Miriam Alconchel Gonzaga, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001583

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Mixto.

Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impulsar y presentar la candidatura de Alicante como sede de la Agencia Europea del Medicamento.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la incorporación de la firma del Portavoz registrada con el número 24722, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, una vez se haga constar la firma del Portavoz del Grupo Parlamentario, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo Parlamentario proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados de Compromís, don Joan Baldoví Roda, don Ignasi Candela, doña Marta Sorlí y don Enric Bataller al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley, por la que se insta al Gobierno a impulsar y presentar la candidatura de Alicante como sede de la Agencia Europea del Medicamento, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Una de las múltiples consecuencias de la decisión de la Gran Bretaña de salir de la Unión Europea es que la Agencia Europea del Medicamento (AEM), cuya sede se encuentra en Londres, deberá trasladarse a un país de la Unión Europea. La principal responsabilidad de la AEM es la protección y promoción de la salud pública y animal, mediante la evaluación y supervisión de los medicamentos de uso humano y veterinario. En este sentido se encarga de la aprobación de aquellos medicamentos cuya solicitud se circunscribe en todo el ámbito de la UE; así como también, de todos los medicamentos de uso humano y veterinario derivados de la biotecnología y de otros procesos de alta tecnología y de los medicamentos para el tratamiento del VIH. La AEM también tiene una función de control ex post, es decir, de vigilar la seguridad de los medicamentos puestos en el mercado gracias a una red de fármaco-vigilancia. Alicante seria la ubicación ideal de la AEM, ya que se encontraría en el entorno de la Oficina de Propiedad Intelectual


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de la Unión Europea (Euipo), agencia descentralizada de la UE con sede en Alicante. Así, podrían compartir servicios comunes transversales, y se cumpliría uno de los requisitos de eficiencia administrativa y eficacia que recoge la agenda Junker. Además, se encuentra en un enclave estratégico en materia de comunicaciones, con el aeropuerto, el AVE y la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández a menos de 10 km.

Se suma a todo esto que la candidatura de Alicante cuenta con el firme apoyo de los rectores de las universidades, del Colegio de Médicos y Farmacéuticos, de la Cámara de Comercio, de la Generalitat, de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y de la corporación local.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar todas las gestiones que le corresponden ante las instituciones europeas para impulsar y presentar la candidatura de Alicante para que sea la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Joan Baldoví Roda, Marta Sorlí Fresquet, Ignasi Candela Serna y Enric Bataller i Ruiz, Diputados.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Cultura

161/001565

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Marta Rivera de la Cruz, don Félix Álvarez Palleiro, don Guillermo Díaz Gómez, Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos y don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a establecer una línea de ayudas al desarrollo de guiones de cine y guiones de series de televisión, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Es difícil imaginar el proceso de producción de cualquier pieza audiovisual sin su elemento fundamental, la piedra angular sobre la que se construye la producción concreta: el guión.

Y sin embargo, es difícil encontrar entre todas las profesiones relacionadas con el mundo audiovisual, una que padezca más y más gravemente las dificultades, especialmente económicas, que aquejan a la industria.

A menudo el guionista invierte meses, años incluso, de su trabajo en un proyecto de futuro incierto sobre cuyas opciones de viabilidad comercial (en manos de un productor) tiene poco o nada que decir y sobre el que a menudo no tiene otra opción que ceder todo derecho de explotación a cambio de una remuneración que puede llegar o no, dependiendo de la suerte que acompañe al productor en el proceso de vender su idea a quien pueda financiarla. A menudo, esta remuneración no se corresponde con el esfuerzo, la calidad del trabajo o el riesgo asumido dada esta peculiar relación.

A pesar de ello, nuestros guionistas se cuentan entre los mejores del mundo y constituyen una bolsa de talento fundamental para el desarrollo de las industrias audiovisuales. Sin ellos, sin sus ideas y los guiones que las desarrollan, nuestras películas, nuestras series de televisión -y conviene recordar que somos el cuarto exportador mundial de programas televisivos-, nunca llegarán a serio, nuestras industrias audiovisuales no existirían.

Por ello es de vital importancia contribuir al mantenimiento de este enorme depositorio de talento e ideas y estimular su crecimiento a través de una línea de ayudas destinadas al desarrollo de guiones tanto de cine como de series, sin olvidar que esto es de poca utilidad si al mismo tiempo no se atiende a la necesidad de promocionar y mover esos guiones para que acaben por ser producidos.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias, incluida la inclusión de la partida presupuestaria pertinente en los Presupuestos Generales del Estado, para establecer una línea de ayudas al desarrollo de guiones de cine y guiones de series de televisión y similares así como ayudas destinadas a promocionarlos con el objeto de pasar a la fase de producción efectiva."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Marta María Rivera de la Cruz, Félix Álvarez Palleiro y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

161/001603

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar una campaña de respeto y sensibilización a los derechos de propiedad intelectual en los medios de comunicación, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Como bien es sabido, la propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponde a los autores y a otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión,...) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación. Entre estos derechos se encuentran los derechos morales, sobre todo el derecho al reconocimiento de la condición de autor de la obra o el derecho al reconocimiento del nombre del artista sobre sus interpretaciones o ejecuciones, el derecho de exigir el respeto a la integridad de la obra o actuación y la no alteración de las mismas y los derechos patrimoniales (derecho de indemnización, entre otros).

Uno de los objetivos del Gobierno es reforzar la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en internet. A lo largo de los últimos años se han dado pasos importantes, pero es necesario seguir avanzando en la adopción de medidas que garanticen la protección de estos derechos.

En este sentido, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya ha anunciado el fortalecimiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, dotándola de más medios humanos y tecnológicos. Del mismo modo, se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Justicia para crear una Fiscalía especializada para la lucha contra la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual.

Para contribuir a alcanzar este objetivo, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, considera que, además de la necesidad de fomentar la cultura de respeto a los derechos de propiedad intelectual desde el ámbito educativo, los medios de comunicación pueden convertirse en un instrumento idóneo para sensibilizar a los ciudadanos en relación con el respeto a los derechos de los sujetos titulares de derechos de propiedad intelectual.

Efectivamente, los medios de comunicación están comprometidos en su labor diaria de información, con la promoción del conocimiento y la difusión de los principios constitucionales y los derechos fundamentales, así como de los valores de igualdad, libertad, pluralismo y tolerancia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y los medios de comunicación públicos y privados interesados, una campaña de sensibilización de respeto a los derechos de propiedad


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intelectual en los medios de comunicación, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de respetar la propiedad intelectual permitiendo mantener el crecimiento de nuestras industrias creativas, protegiendo a los creadores y ampliando nuestro patrimonio cultural."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Igualdad

161/001555

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al dar solución técnica para que las llamadas al 016 no queden guardadas en la lista de llamadas salientes del terminal, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Las llamadas de teléfono han cambiado nuestra manera de relacionarnos socialmente, tanto, que una llamada telefónica puede salvar la vida de una persona. Uno de estos casos es el 112. Es un servicio regulado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y todos los operadores tienen la obligación de prestarlo con unas garantías que están recogidas en el Real Decreto 903/1997 del 16 de junio. Una de las condiciones del servicio que figuran en el Real Decreto es que, independientemente de si el usuario se ha registrado en la red (es decir, ha marcado su pin y tiene cobertura del operador), se debe prestar el servicio. Todos los teléfonos en la red GSM tienen pre-configurado poder disparar un "evento" en la red. Este "evento" lleva por encima un número que identifica al servicio de emergencias, el cual varía por cada región o país. Por defecto, este número ya está pre-configurado en nuestro terminal móvil y asociado al "evento" que debe lanzar el terminal móvil en la red en caso de emergencia.

El número de emergencias 112 y su funcionamiento está más que asimilado por la sociedad, pero no ocurre lo mismo con el 016, servicio telefónico para mujeres maltratadas y familiares de las mismas, ya que todavía quedan algunos aspectos que mejorar. El 016 funciona desde el mes de septiembre de 2007. Desde su creación, el servicio ha atendido a más de 1,5 millones de llamadas. Según datos del Ministerio de Igualdad, el 016 atiende a una media de ocho llamadas cada hora a lo largo del día, con un mayor volumen entre las 11:00 y las 12:00 horas. El 75 % de los usuarios que llaman al 016 son las propias víctimas, siendo el 22 % de los Ilamantes familiares y allegados. En la presentación de la puesta en marcha de este servicio supimos a través de las explicación del Gobierno del Estado español que la llamada al 016 no deja huella en la factura telefónica. Siendo esto cierto, desde diversas asociaciones de apoyo a mujeres maltratadas alertan de que sí queda grabada en el listado de llamadas salientes del terminal, ya sea móvil o fijo. En el protocolo de atención a la víctima el operador/a indica a la persona que está al otro lado de la línea telefónica que ellas son quienes deben borrar manualmente la llamada. Esto es una dificultad más para las mujeres que sufren malos tratos y sobre todo si carecen de habilidades tecnológicas suponiendo un grave riesgo para ellas, ya que suele ser habitual que el maltratador controle el terminal y podrá ver que se ha llamado a ese número.

El proceso de llamada al 112 sin condicionantes de cobertura requirió de una serie de compromisos sociales corporativos de las compañías telefónicas, y es en este sentido donde se deben llevar a cabo las modificaciones técnicas necesarias para permitir que cualquier usuaria del 016 pueda hacer uso del número sin que éste quede grabado en el registro de llamadas salientes.


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Es por ello que presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado español a que en el plazo más breve posible tome las medidas necesarias para que se propicie el borrado automático del registro de llamadas realizadas al 016."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2017.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

161/001571

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de doña Marta Sorlí Fresquet, Diputada de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para eliminar la publicidad de personas prostituidas, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Cada día los medios de comunicación impresos, audiovisuales y digitales, difunden imágenes de mujeres y sus cuerpos como objetos sexuales obteniendo así ingentes beneficios de la publicación de anuncios de contenido sexual y pornográfico. Podemos afirmar, por tanto, que la prensa generalista es un agente movilizador de prostitución dado los reclamos publicitarios que venden productos dirigidos, fundamentalmente, a un público masculino que utiliza el cuerpo femenino como objeto sexual basado en la cosificación de las mujeres y transmite modelos de belleza poco acordes con la realidad.

La Comisión de Estudios del Consejo de Estado, en su informe de 9 de marzo de 2011, llegaba a la conclusión de que es acorde con el Derecho español "la adopción de medidas que coadyuven a la limitación de la publicación de anuncios de prostitución". Así, el Consejo de Estado reclamaba en su informe que limitar la publicidad de la prostitución en la prensa impresa, no infringe ninguna de las posibles manifestaciones de derecho de la libertad de información y libertad de empresa. Igualmente, reconocía que los anuncios periodísticos de servicios sexuales afectan esencialmente a la dignidad de la persona cuyos servicios se ofrecen; y por lo tanto, limitar la publicidad de la prostitución en la prensa escrita es una medida constitucionalmente no solo posible, sino que también conveniente.

Consideramos que los anuncios periodísticos de servicios sexuales, aparte de implicar un trato vejatorio y degradante, vulneran el valor fundamental de la igualdad entre mujeres y hombres, y perpetúan la transmisión de roles y estereotipos contrarios a dichos derechos y valores, y favorecedores de la violencia de género, por cuanto transmiten la idea de un género femenino sumiso, subordinado, servil e inferior.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias a fin de modificar el redactado de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual y de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, para la inserción o exhibición de anuncios publicitarios que ofrezcan servicios sexuales mediante contraprestación económica, que informen sobre los locales en los que se ofrecen dichos servicios o inciten directa o indirectamente al tráfico camal o al comercio sexual.

2. Potenciar a través del Instituto de la Mujer y en colaboración con las Comunidades Autónomas actividades de sensibilización dirigidas a la modificación de la percepción social del uso y publicidad de


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las personas como mercancía sexual. Así como avanzar en el concepto igualitario de las mujeres en los medios de comunicación y en la publicidad para impulsar una imagen no sexista y romper con las cualidades tradicionalmente asociadas con las mujeres que dificultan su plena incorporación para alcanzar una sociedad igualitaria y solidaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2017.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001602

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al tratamiento igualitario de las parejas de hecho en todo el territorio nacional, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, en línea con la del Tribunal Constitucional, ha establecido que la unión de hecho es una institución que nada tiene que ver con el matrimonio, aunque uno y otro se sitúen dentro del derecho de familia.

La inexistencia de una normativa de carácter estatal da lugar a que las Comunidades Autónomas que han optado por legislar la materia no confieran los mismos derechos hereditarios, fiscales o de liquidación del patrimonio común. La principal diferencia entre las Comunidades Autónomas se deriva del hecho de que algunas tienen competencias en derecho civil y otras no. De este modo, mientras que en algunas Comunidades Autónomas, para la constitución de la pareja de hecho se exige la convivencia de un año, descendencia común o escritura pública; en otras se requiere en cambio un número de años de convivencia diferente, escritura pública pero puede no precisarle descendencia común.

Ello supone que los derechos económicos reconocidos al cese de la relación varíen, desde la pensión alimenticia a la compensación legal o pactada, la pensión periódica o la ausencia de derechos económicos. Los derechos sucesorios se mueven entre aquellas Comunidades Autónomas que lo equiparan a la viudedad matrimonial, las que no reconocen la existencia de derechos sucesorios y aquellas que solicitan para ello residir en la vivienda conjunta durante un año.

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 40/2014, de 11 de marzo de 2014, declaró la inconstitucionalidad de un tratamiento diferenciado entre los solicitantes de la pensión de viudedad en función de su residencia o no, en una Comunidad Autónoma con Derecho civil propio que hubiera aprobado legislación específica en materia de parejas de hecho.

Debido a que cada Comunidad Autónoma tiene su propia normativa, existen muchas desigualdades entre los ciudadanos en función de donde residan, a diferencia del matrimonio, que cuenta con una norma estatal.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cohesionar, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas, los criterios para que las parejas de hecho reciban un tratamiento homogéneo en todo el territorio nacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/001561

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo a las personas con síndrome de Smith-Magenis, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

El síndrome de Smith-Magenis corresponde a una enfermedad rara, muy inusual y desconocida en España que afecta a tan solo setenta personas con una prevalencia estimada de 1/15000 a 1/25000 nacimientos.

La enfermedad de Smith-Magenis es una enfermedad genética que se basa en la ausencia del cromosoma 17. Consiste en un retraso mental de gravedad con serias anomalías que provocan trastorno de conducta, déficit de atención, serios problemas y alteraciones de sueño. Son enfermos asociados a una discapacidad psíquica y suelen presentar además de los rasgos anteriores de conducta, deficiencias auditivas y/o visuales y rasgos físicos reconocibles.

Muchos de estos enfermos se autolesionan de manera grave ya que el umbral del dolor es inferior al de otras personas, también muestran síntomas de agresividad y no solo en edades infantiles sino también en edad adulta.

Los afectados no reaccionan de manera habitual cuando pierden el control, ni existen formas efectivas o remedios para tranquilizarles en situaciones de crisis; hasta el punto de que en muchas ocasiones los intentos de tranquilizarles producen el efecto contrario, incrementándose la violencia y el descontrol.

Todos estos rasgos de la enfermedad hacen que los afectados se caractericen por una dependencia total de sus familiares, sin embargo tienen capacidad de movilidad por lo que el grado de dependencia que se les reconoce es leve o moderado.

Lamentablemente en España no hay investigaciones sobre esta enfermedad e internacionalmente se conocen muy pocas, salvo las llevadas a cabo en Estados Unidos y Francia.

Los síntomas de la enfermedad y el grado de desconocimiento hacen que a veces esta enfermedad se confunda con autismo y TDHA, aunque las necesidades y actitudes de los afectados son muy distintas entre sí, por eso la atención que se les debe prestar no es la apropiada en centros de autistas, que es el tipo de centro donde se les suele derivar.

Otra dificultad añadida se encuentra en la detección de la enfermedad, que se puede producir en el ámbito sanitario o en el educativo, para lo que es preciso un mayor conocimiento de los síntomas de esta enfermedad y de los procesos y pruebas para su diagnóstico. Las pruebas que se pueden realizar para el diagnóstico se basan en el reconocimiento del genotipo característico y se confirman mediante estudio citó-genético (Bandas G con nivel de resolución de 550 bandas, FISH: técnicas de hibridación in situ fluorescente, otros estudios genéticos a nivel molecular: RAI1). Además se puede detectar la enfermedad mediante examen físico y neurológico siguiendo una serie de evaluaciones y pruebas médicas.

Todos estos hechos hacen necesario que se tomen medidas globales para que los afectados por esta enfermedad y sus familias mejoren sus condiciones de vida y reciban el apoyo y ayuda necesarios por parte de las administraciones públicas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, a adoptar las medidas necesarias para:

1. Realizar campañas de conocimiento y formación sobre la enfermedad Smith Magenis en centros de atención primaria, entre Pediatras y también en centros educativos, especialmente entre el profesorado de educación infantil, Equipos de Orientación Psicopedagógica y el profesorado especialista de Pedagogía


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Terapéutica y Audición y Lenguaje para mejorar los procesos de detección de la enfermedad y el apoyo que se debe prestar a los pacientes y/o alumnos.

2. Promover protocolos de atención en los servicios de urgencia para los afectados por la enfermedad Smith-Magenis cuando presentan síntomas de autolesión y agresividad.

3. Garantizar que los enfermos de Smith-Magenis reciban los tratamientos más adecuados en cada caso, incluida la fisioterapia y otros tipos de terapias coadyuvantes, durante el tiempo que sea necesario.

4. Establecer líneas de investigación y cooperación con aquellos países en los que se está realizando investigación sobre esta enfermedad, Estados Unidos y Francia, con el fin de que los enfermos españoles puedan beneficiarse de las investigaciones internacionales.

5. Crear un centro de referencia nacional para atención médica a los afectados por esta enfermedad.

6. Considerar la inclusión del síndrome Smith-Magenis en el anexo correspondiente al listado de enfermedades graves del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

7. Incluir entre los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud aquellos que son necesarios y consumidos diariamente por estos pacientes, y que en la actualidad están excluidos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2017.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001568

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar la accesibilidad del servicio telefónico del 112, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

El pasado 11 de febrero se conmemoró el Día europeo del número único de emergencias 112.

El servicio ofertado por el 112, gratuito y común en la Unión Europea, sin embargo no puede ser utilizado en igualdad de condiciones por las personas sordas, con discapacidad auditiva, sordociegos o personas con dificultades de expresión oral.

El servicio telefónico del 112 es gestionado por las distintas Comunidades Autónomas, para lo cual estas solicitan con anterioridad a los usuarios con discapacidad auditiva que realicen un registro previo. Tras la realización del registro y su posterior comprobación, en caso de que una persona con discapacidad auditiva realice una llamada al 112, el sistema reconoce que la llamada proviene de un terminal perteneciente a un usuario o usuaria con sordera y/o problemas de audición, y de este modo, la comunicación puede ser realizada, por norma general, por medio de mensajes escritos, aunque se observan distintos modos de acceso en función de la Comunidad de Autónoma desde la que se realice la llamada.

Todo ello genera varios problemas. En primer lugar, cuando los usuarios realizan una llamada fuera de su propia Comunidad Autónoma, el sistema no identifica al usuario o usuaria y por tanto no se puede efectuar la comunicación entre quien emite la llamada y el operador del servicio de emergencias.

Esta circunstancia no solo es discriminatoria para las personas con discapacidad auditiva u oral, sino que además resulta incomprensible, puesto que existen otros números de teléfono, como es el caso del 016, o del teléfono contra el acoso escolar, que utilizando un sistema de acceso común al mismo evitan que este hecho se produzca.

Por otro lado, la heterogeneidad y diversidad de las personas con discapacidad aditiva se refleja también en los distintos medios que éstas utilizan para comunicarse: lengua oral, lengua de signos o combinación de ambas, por lo que es necesario establecer varios cauces de comunicación para que los usuarios con dificultades para la comprensión y expresión oral o/y escrita, puedan acceder al sistema en igualdad de condiciones respecto del resto de los usuarios y que puedan acceder a todos los servicios utilizando el vehículo de comunicación más óptimo o adecuado a su discapacidad.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, a:

1. Llevar a cabo las actuaciones que procedan para ofrecer un 112 accesible y operativo en todo el territorio nacional, eliminando las barreras de acceso para las personas con discapacidad auditiva y de expresión oral.

2. Ofrecer la posibilidad de establecer comunicación con el número 112 de forma que se atiendan las diversas capacidades lingüísticas de los usuarios sordos, con discapacidad auditiva, sordociegos o personas con dificultades para la comunicación oral como laringectomizados o mutilados de la voz, puesto que, en virtud de la Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas de 29 de julio de 1991, corresponde a las instituciones de cada país adoptar las medidas necesarias para garantizar que las llamadas que efectúen a este número reciban la respuesta y atención adecuadas, consagrando esfuerzos destinados a reducir las dificultades de comprensión que puedan surgir debido a las distintas capacidades lingüísticas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2017.-María Aurora Flórez Rodríguez y Joan Ruiz i Carbonell, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión Sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/001570

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la identificación, señalización y la sustitución de los guardarraíles por sistemas de protección homologados de los tramos de mayor peligrosidad para motos, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

Según el balance de siniestralidad vial de 2016, presentado a principios de enero de 2017 por el Director General de Tráfico, don Gregorio Serrano, durante el pasado año se produjeron 1.038 accidentes mortales en vías interurbanas en los que fallecieron 1.160 personas. Otras 5.067 necesitaron hospitalización como consecuencia de las heridas sufridas. Las carreteras convencionales siguen siendo las vías donde fallece el mayor número de personas (alrededor del 75 %).

Los accidentes de motociclistas son un hecho constatado y reconocido que debe promover acciones correctoras por parte de los ciudadanos y las administraciones públicas. En 2016 fallecieron 214 usuarios de moto y 21 de ciclomotor. Los de dos ruedas son los vehículos a motor más vulnerables en un accidente de tráfico. De cada 10 accidentes mortales y graves que suceden en nuestras carreteras, dos corresponden a usuarios de ciclomotores y motocicletas. Además, en tres de cada cuatro accidentes en los que se ve implicada una moto, dicho accidente es ocasionado por el otro vehículo.

Con el fin de reducir la siniestralidad, en agosto del pasado año, la Dirección General de Tráfico (DGT) publicó una lista con los 300 tramos denominados de Intensificación de la Vigilancia de la Velocidad (INVIVE), dotados de una vigilancia especial e identificados mediante una señal naranja bajo el límite de velocidad de la vía. Se trata de 8.707 kilómetros de carreteras en los que se ha detectado una alta siniestralidad.

Por otra parte, el consorcio EuroRAP (European Road Assesment Program), formado por la Comisión Europea y diversos clubes automovilísticos, entre otros entes, ha elaborado sus propias tablas


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estadísticas de tramos de alta peligrosidad. Sin embargo, definen el nivel de riesgo exclusivamente a través de la evaluación de los siniestros y su gravedad, en relación con el nivel de tráfico de la vía. De este modo, identifican el perfil de un tramo con un nivel de riesgo alto: se trataría de una carretera convencional, de calzada única, con intersecciones al mismo nivel, una intensidad media diaria de tráfico por debajo de 10.000 vehículos/día y en la que los accidentes se producen principalmente por salidas de la vía.

Existen ciertos tramos donde la accidentalidad es mayor en el caso de los usuarios de vehículos de dos ruedas. El informe de EuroRAP considera, de forma particular, la accidentalidad de los usuarios de los ciclomotores y las motocicletas, encontrando varios tramos en los que se produce un elevado porcentaje de los accidentes mortales y graves de motociclistas. Este dato refleja de forma evidente que la lesividad de los ciclomotores y motocicletas está concentrada en tramos concretos de nuestras vías y que, si se actúa sobre ellos, se podrían evitar muchos de estos accidentes.

En cualquier caso, conviene recordar que la DGT dispone de sus propios algoritmos para determinar cuáles son los tramos de mayor peligrosidad (denominados INVIVE intensificación de la vigilancia de la velocidad). Utilizando los datos de los que ya dispone la propia Dirección General de Tráfico, extrayendo la submuestra de motocicletas y ciclomotores, se pueden determinar los tramos de mayor peligrosidad para los usuarios de estos vehículos, para posteriormente identificar, mediante señalización, los especialmente peligrosos.

Por último, continuando con la experiencia piloto llevada a cabo por la Junta de Castilla y León y la Dirección General de Tráfico en las carreteras CL-615 y CL-613, consistente en el pintado de marcas de color verde en la calzada, que generan en los conductores la sensación de estrechamiento del carril, lo que les induce a moderar su velocidad.

Además el conductor percibe que se trata de una zona "diferente" y extrema la precaución. Son importantes este tipo de señales porque cambian los hábitos de los conductores. Una señalización vertical al igual que un radar fijo, cambia la actitud del conductor durante un instante. Una señalización horizontal diferente, al igual que un radar de tramo, cambia la actitud del conductor mientras dura la zona peligrosa.

Esta técnica ya se ha aplicado con éxito en Suecia y Holanda.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Utilizar los medios técnicos y la información de que dispone la Dirección General de Tráfico con el fin de identificar los tramos de mayor peligrosidad para motocicletas y ciclomotores de toda la red de carreteras independientemente de la titularidad de la vía.

2. Incorporar las medidas de señalización vertical adecuada en los 100 tramos INVIVE más peligrosos de entre los anteriormente identificados, de las carreteras convencionales cuyo titular sea el Ministerio de Fomento.

3. Incorporar, en los 50 tramos más peligrosos, señalización horizontal mediante líneas en las carreteras pintadas con marcas de color verde de las carreteras convencionales cuyo titular sea el Ministerio de Fomento.

4. Realizar la sustitución de los guardarraíles por sistemas Sistemas de Protección a Motoristas en los 50 tramos INVIVE más peligrosos de las carreteras convencionales cuyo titular sea el Ministerio de Fomento.

5. Notificar a las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos la existencia de estos tramos cuando la vía sea de su titularidad, con el fin de que sean conocedores de estas zonas de especial peligrosidad y/o implementen éstas u otras medidas que consideren adecuadas en el ámbito de sus respectivas competencias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2017.-Irene Rivera Andrés, Diputada.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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161/001595

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Antoni Postius i Terrado, Diputado del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, una Proposición no de Ley sobre el fomento del transporte público ferroviario de alta velocidad entre Lleida y Barcelona como medida disuasoria al uso del vehículo privado.

Exposición de motivos

El fomento del transporte público, especialmente el ferroviario, desincentiva el uso del vehículo privado, con claros beneficios en diversos ámbitos, como el medioambiental, pero también en la reducción del riesgo de accidentabilidad en las carreteras, sobre todo cuando nos referimos a desplazamientos reiterados a causa del trabajo o de los estudios.

Lleida es una ciudad de 140.000 habitantes que ejerce influencia sobre un área de unas 450.000 personas. La distancia que la separa de Barcelona, su capital política y también centro económico y cultural, es de 163 kilómetros. Las dos ciudades están conectadas por carretera y por autopista, vías que han sido las de principal uso por parte de los leridanos hasta la puesta en marcha de los servicios de alta velocidad ferroviaria. En cambio, los servicios de ferrocarril convencional mantienen una dinámica de funcionamiento de principios del siglo pasado, ya que el viaje, impuntualidades del servicio al margen, puede llegar a durar casi cuatro horas.

La alta velocidad ferroviaria constituye una oportunidad para desplazarse de forma segura y con índices elevados de puntualidad entre Lleida y Barcelona, permitiendo la substitución del vehículo privado por el tren, lo cual reduce el riesgo estadístico de sufrir un accidente de tráfico.

El servicio Avant, utilizando las vías del AVE, conecta Barcelona y Lleida pasando por la estación de Camp de Tarragona. El servicio pretende ser una opción económicamente competitiva para aquellos que deben viajar de forma asidua costeando el precio del billete por su cuenta. La diferencia en tiempo entre un AVE y un Avant entre Lleida y Barcelona es de apenas diez minutos, aunque la vía de alta velocidad amplía la distancia entre las dos ciudades origen y destino a 200 kilómetros al pasar por Tarragona en lugar de hacerlo por las comarcas del interior.

Desde 2008 el servicio ha ido acumulando quejas entre sus usuarios habituales, algunos de ellos agrupados en la Plataforma d'Usuaris de l'Avant. Si entonces el precio del billete sencillo era de 20,40 euros, actualmente cuesta 29,40, lo que significa un incremento del 44,5 %, muy por encima del IPC.

Para los usuarios habituales existen abonos que permiten rebajar el precio de cada viaje, la Tarjeta Plus y la Tarjeta Plus 10, pero sus condiciones de uso contienen elementos de rigidez cuestionables. Por ejemplo, el abono debe consumirse en un período máximo de un mes para la Tarjeta Plus, lo que supone que los viajes comprados no consumidos antes de la fecha límite, se pierdan. Estas reivindicaciones son compartidas por usuarios de trenes Avant en otras líneas.

También son cuestionables las frecuencias actuales de viajes. En determinados momentos del día prácticamente se solapan tres AVE y Avant a la misma hora, mientras que en otros no hay ningún tren programado. Y cuando solo hay AVE, a un precio muy superior por un servicio parecido, no se permite a los titulares de abonos de Avant utilizar esos trenes, aunque dispongan de plazas libres.

Los billetes de los usuarios del Avant Lleida-Barcelona tampoco permiten utilizar los trenes de Rodalies, como sí tienen oportunidad de hacerlo los viajeros de AVE.

El Avant es para muchos leridanos como su tarjeta multiviaje de metro. Es su forma de transporte diario, con la diferencia que les cuesta más de 500 euros al mes, una cantidad suficientemente respetable como para poder plantear elementos de flexibilidad que fidelicen a esos viajeros y no les empujen de nuevo a considerar el coche privado como una alternativa mejor.

El Parlament de Catalunya ha adoptado dos resoluciones por unanimidad, con fecha 1 de julio de 2015 y 6 de julio de 2016 instando al Gobierno a que atienda estas reclamaciones, que recogemos los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata.


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Por todo ello, los diputados y diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a considerar las siguientes medidas para fidelizar el uso del tren de alta velocidad Avant entre Lleida y Barcelona en detrimento del vehículo particular:

1. Rebajar el precio del billete de Avant entre Barcelona y Lleida teniendo en cuenta que la distancia entre estas dos ciudades es de 163 kilómetros pero que aumenta en esta línea a los 200 kilómetros por una decisión política, la de hacer discurrir la línea por la estación de Camp de Tarragona, en lugar de hacerlo por su recorrido "natural" por el interior. Ese incremento de kilometraje repercute injustamente en un mayor coste del billete para el viajero.

2. Modificar el precio de los abonos Tarjeta Plus y Tarjeta Plus 10, estimulando así la fidelización en el cambio de hábitos de transporte, en los siguientes términos:

a) Ampliar el plazo de formalización a un mínimo de quince días para los abonos de 10 viajes (Tarjeta Plus 10) y de dos meses en los de entre 30 y 50 viajes (Tarjeta Plus).

b) Permitir el viaje en cualesquiera de los trenes que realicen el trayecto contratado (AVE, Alvia o Intercity), especialmente en franjas horarias con poca oferta de Avant. En los casos en que se pretenda tomar un AVE, podría limitarse la posibilidad a formalizaciones de última hora, siempre que queden plazas libres.

c) Admitir anulaciones de viaje hasta 5 minutos antes de la salida, en vez de los actuales 30 minutos, tal como sucedía anteriormente.

d) Incorporar los servicios Avant a los billetes integrados con el servicio de Rodalies y la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) de Barcelona.

e) Facilitar el reembolso de abonos por causa justificada -baja médica, por ejemplo- cuando no se formalicen la totalidad de los viajes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2017.-Antoni Postius Terrado, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001607

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa de los Diputados don Jorge Luis Bail y don Jaume Moya Matas, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, relativa a la mejora de la seguridad vial del trazado de la N-230 que transcurre entre Huesca y Lleida.

Exposición de motivos

La N-230 transcurre en la mayoría de sus 188 kilómetros por el límite provincial entre Huesca y Lleida, entrando y saliendo repetidamente de ambas provincias en varios de sus tramos. Soporta además a la altura de El Pont de Suert 4.628 vehículos al día, entre los que el 12 % corresponden a vehículos pesados (presentes en el 22 % de los accidentes mortales y graves), con picos de tráfico elevados debido a que es utilizada masivamente por aficionados al esquí y turistas estacionales en las temporadas de invierno y verano. Cuando se produce un accidente, en función del lugar donde se produce, de la operadora y del repetidor de telefonía que recibe la llamada, se activan los servicios de emergencia de una u otra comunidad, sin tener en cuenta el factor clave: la proximidad al lugar del accidente, por lo que se dan casos en que los servicios sanitarios pueden tardar casi una hora en proporcionar los primeros auxilios.

Consciente con demasiada frecuencia de esta realidad, la sociedad civil lleva tiempo organizándose para que estas reclamaciones sean escuchadas, durante décadas a través de manifiestos de ayuntamientos de uno y otro lado y finalmente de forma conjunta. En diciembre del año pasado, 40 representantes municipales, provinciales y de las Cámaras de Comercio de ambas provincias acordaron reivindicar ante


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el Ministerio de Fomento las actuaciones urgentes en la mejora de la N-230 en la línea de garantizar la seguridad vial en el tramo superior (entre Arén y la frontera con Francia), además de actuaciones para ampliar el ancho de la vía en los tramos donde sea posible o la demanda de la A-17 entre Lleida y Sopeira.

Según los informes anuales del Programa EuroRAP que proporciona el Real Automóvil Club de España (RACE), esta vía contiene varios de los tramos de mayor peligrosidad a nivel estatal y se mantienen fijos en el ranking pese al paso de los años e incluso lo escalan pese a la colocación de radares móviles, como el tramo entre los kilómetros 133 y 145 que ha pasado del duodécimo en 2015 al décimo puesto en 2016. Como se ha dicho, el factor de tiempo de respuesta es clave, y los servicios de emergencia se activan, en el caso de que el aviso llegue a Lleida, en Pont de Suert, mientras que en Aragón los mismos se ubican en Benabarre. La distancia entre ambos supone, por tanto, que al arbitrio de la cobertura, el tiempo de llegada de los primeros auxilios puede doblarse, lo que en la práctica supone la diferencia entre la vida o la muerte.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"Por la cual, la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados acuerda instar al Gobierno a:

1. Que estudie el grado de cobertura y los protocolos de respuesta de los servicios de emergencias en la N-230, con arreglo a optimizar coordinadamente entre las administraciones competentes los tiempos de respuesta en una vía que reúne más tramos de alta peligrosidad, tráfico pesado y puntas estacionales de todo el Estado.

2. Aprobar actuaciones de mejora de la seguridad vial en los tramos de mayor siniestralidad, en concreto entre los puntos kilométricos 133,4-145,5 (Lleida), 88-108,4 (Huesca) y 166,7-189,6; así como la ampliación del ancho de los carriles y arcenes en los puntos de mayor peligrosidad en los que sea posible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2017.-Jorge Luis Bail y Jaume Moya Matas, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Ángela Rodríguez Martínez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre matrimonio forzado, para su debate en la Comisión de Infancia.

Exposición de motivos

Las Naciones Unidas llevan luchando contra el matrimonio forzado desde hace décadas. En la resolución 843 (IX), del 17 de diciembre de 1954, la Asamblea General declaró que ciertas costumbres, antiguas leyes y prácticas referentes al matrimonio y a la familia son incompatibles con los principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos dentro del concepto de "prácticas culturales o tradicionales perjudiciales".

La principal causa del matrimonio forzado es la desigualdad de género, que hace que se considere a las mujeres y a las niñas como objetos, incapaces de decidir por sí mismas cuándo y con quién casarse. Las niñas y las mujeres son obligadas a casarse como una forma de control para evitar el desarrollo de su personalidad y sexualidad.


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El Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, contempla el matrimonio en su artículo 16 en los siguientes términos:

"Los Estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, y en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres a) El mismo derecho para contraer matrimonio; b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial."

En su declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Resolución 48/104 de 20 de diciembre de 1993), la Asamblea general de la ONU ha hecho una llamada a los Estados parte para que revisen y, en su caso, modifiquen o deroguen todas aquellas leyes, regulaciones, prácticas y costumbres que discriminen a la mujer o tengan un impacto discriminatorio sobre ésta.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dispone en su artículo 16 que "sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio".

Dentro del ámbito comunitario esta cuestión está definida de diferentes modos, aparece el requerimiento de un consentimiento libre en Chipre, República Checa o Alemania entre otros, o el consentimiento pleno, informado y voluntario.

En el Código Civil español en su artículo 45 establece que "no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial" y en su artículo 73 que "es nulo el matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial".

El consentimiento es un requisito fundamental del matrimonio, por esta razón para ayudar a prevenir los matrimonios forzosos en la definición legal de consentimiento matrimonial se debería establecer que el consentimiento sea libre, puro, pleno, consciente y que no se haya otorgado bajo intimidación, presión o coacción de ningún tipo. Para que este consentimiento deseado se dé debemos fomentar por lo tanto todas las políticas que permitan que vivamos en una sociedad igualitaria, material y efectiva entre géneros.

El Gobierno en el año 2012 cambió el Código Penal introduciendo el delito de matrimonio forzoso, pero consideramos que esto no es suficiente.

Cataluña, Madrid, Andalucía y Canarias son las comunidades donde se han detectado más casos de matrimonios forzados y se estima que en España se dan alrededor de 400 bodas forzosas cada año.

Aunque son pocos el número de casos que se han abordado a partir de denuncias interpuestas por las víctimas o por personas de su entorno, la vulneración de derechos tan grave que esto supone nos obliga a promover un trabajo de sensibilización y formación a las comunidades afectadas y de investigación de estrategias que puedan ayudarnos a detectar casos de riesgo y abordarlos. Uno de los grandes problemas en el momento de detectar los casos es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer que está en un núcleo familiar de riesgo.

Consideramos que debería seguir la línea de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ya que gracias a la Ley 5/2008 y a su Procedimiento de Prevención y Atención policial de !os matrimonios forzados, podemos ver específicamente el alcance del problema en un territorio concreto gracias a las estadísticas de los cuerpos de seguridad, y el trato a los matrimonios forzados como un problema de violencia de género actual, real y colectivo. Además, no solo es correcta la relación del matrimonio forzado con la violencia de género, sino que es más que adecuada la asociación del matrimonio forzado con los derechos humanos, ya sea con el derecho fundamental de consentir libremente el matrimonio, o con el derecho humano de vivir una vida sin violencia. La respuesta legal más adecuada va más allá de la respuesta sancionadora o represiva y se debería centrar en incorporar medidas de prevención y de ayuda y asistencia a las víctimas.

Además, las medidas que se toman suelen dirigirse al momento de contraer matrimonio y no al momento de querer acabar con el mismo. Por eso consideramos fundamental mejorar en los recursos que tienen las víctimas a la hora de extinguirlo, a las ayudas que puede recibir y al seguimiento de su caso, con centros especializados en estos casos o servicios de cogida que sean adecuados.

Asimismo es fundamental que se establezcan las condiciones para que la nulidad sea realmente imprescriptible, revisar la regulación sobre el divorcio, la concesión y las consecuencias del mismo, cómo es la pensión alimenticia o la custodia de los hijos. Además y en esta misma línea es clave implementar una orden de protección de emergencia que proteja a las víctimas a largo plazo.


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Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Añadir en el artículo 45 capítulo II del Código Civil de los requisitos del matrimonio un redactado que disponga que el consentimiento debe ser libre, puro, pleno, consciente y que no se haya otorgado bajo intimidación, presión o coacción de ningún tipo.

2. Fomentar que las CC.AA. implementen planes como el de Cataluña y su Ley 5/2008 y a su Procedimiento de Prevención y Atención policial de los matrimonios forzados.

3. Fomentar los cambios normativos para que la nulidad de los matrimonios, la solicitud del divorcio, la concesión y las consecuencias del mismo, como puede ser la pensión alimenticia o la custodia de los hijos, sean realmente efectivas y puedan darse en total libertad.

4. Implementar una orden de protección de emergencia que proteja a la víctima de matrimonio forzado a largo plazo.

5. Qué una víctima de matrimonio forzado pueda solicitar el asilo sin que se le ponga ningún tipo de traba.

6. Creación centros especializados para las víctimas de matrimonios forzados o servicios de acogida adecuados para las mismas con ayudas formativas y laborales de planes de vida independiente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Ángela Rodríguez Martínez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001587

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para prevenir y frenar el maltrato en el ámbito escolar, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Exposición de motivos

La sociedad española, fruto de la globalización y la profunda transformación de las relaciones interpersonales a causa, entre otras razones, de la revolución digital, ha sufrido una evolución que afecta de forma especialmente intensa a uno de los colectivos más vulnerables: la infancia.

En ese sentido, la infancia, como espacio vital de conformación de la personalidad humana, es una etapa vital especialmente sensible en la relación de niños y niñas con sus iguales, dado que la convivencia de edades diferentes implica también una convivencia de caracteres, en ocasiones opuestos.

A causa de ello, en los últimos tiempos, está cobrando fuerza el fenómeno del acoso escolar o bullying, cuya falta de respuesta está produciendo desgraciadas consecuencias que, a mentido incluso, se trasladan a la edad adulta.

El acoso escolar podría ser definido como maltrato físico, verbal o psicológico entre iguales, que se produce reiteradamente y en el que existe un claro desequilibrio de poder entre el agresor y el agredido. Además, suele ejercerse cuando no hay algún adulto presente.

A pesar de que el bullying no es un nuevo tipo de violencia, sí lo es la forma en la que se produce, puesto que el lugar y la frecuencia con la que aparece ya no se limita sólo al aula sino que abarca otras esferas relacionadas con el ámbito escolar, como por ejemplo las actividades extraescolares, las deportivas o a través del uso de las nuevas tecnologías.

Por tanto, el acoso escolar se ha convertido en un grave problema social que cada día afecta a un mayor número de menores. De hecho, según expone el informe "Yo a eso no juego. Bullying y ciberbullying en la infancia", elaborado por Save the Children, el 30 % de los menores señala que ha


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recibido golpes físicos y uno de cada tres admite haber agredido a otro estudiante. Además, los datos publicados el pasado abril por la Fundación ANAR señalan que el 30 % de los niños y adolescentes que son víctimas de acoso escolar no lo cuentan a sus progenitores u otros responsables legales, y un 10 % no lo comenta a nadie.

Su trascendencia social y sus implicaciones humanas exigen que sea abordado de manera conjunta (por familias, profesorado, alumnado, etc.), transversal y que esté enfocado desde una perspectiva rigurosa y eficaz.

Los poderes públicos han sido conscientes en los últimos años de esta problemática y, por ello, han puesto en marcha numerosas actuaciones con el fin de erradicar la violencia entre iguales en el ámbito escolar, entre las que cabe destacar la aprobación, durante la X Legislatura, del informe de la Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas que contiene medidas específicas para combatir el bullying a través de la "educación como herramienta decisiva".

Por otro lado, en enero de 2016, el Gobierno presentó el Plan Estratégico de Convivencia Escolar, que entre sus ejes de actuación incluía la puesta en marcha del teléfono 900 018 018, que nació con la finalidad de atender a aquellos casos de malos tratos o acoso en el ámbito escolar, dentro o fuera del aula.

Este servicio se encuentra en funcionamiento las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana y los trescientos sesenta y cinco días del año y, además, es confidencial y gratuito. Entre el 1 de noviembre de 2016 y el 5 de febrero de 2017 el servicio registró 6.118 casos atendidos, de los cuales 2,154 resultaron ser posibles casos de malos tratos o acoso escolar, 96 se han derivado a las Inspecciones educativas y de ellos 35 a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Resulta imprescindible continuar con el trabajo desempeñado desde las Comunidades Autónomas, con las que se ha puesto en marcha una serie de medidas para garantizar un clima de respeto y convivencia en las aulas.

Sin embargo, y pese a todos estos avances, todavía son muchos los niños y niñas víctimas de acoso escolar.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar publicitando medidas de ayuda a la infancia maltratada en el ámbito escolar como el teléfono gratuito de atención a casos de malos tratos y acoso escolar, que permitan sensibilizar a los ciudadanos sobre la realidad a la que se enfrentan los niños y niñas que sufren este tipo de violencia, así como a desarrollar e impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, y desde el máximo respeto competencial, medidas y acciones tales como el plan estratégico de convivencia escolar, seguimiento, investigación, difusión e intercambio de información, actuaciones basadas en criterios científicos, formación del profesorado, cooperación institucional, prevención y apoyo a las víctimas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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Comisión de Fomento

181/000126

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.

Autor: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM).

Reformulación de su pregunta sobre previsiones acerca de acometer el traspaso integral de las infraestructuras ferroviarias correspondientes al servicio Renfe Media Distancia o Regionales.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado D. Félix Alonso Cantorné

Texto:

"¿Piensa el Gobierno acometer de una vez por todas el traspaso integral de las infraestructuras ferroviarias correspondientes al servicio Renfe Media Distancia o Regionales, incluidos los medios materiales y humanos vinculados, y la dotación económica correspondiente, tanto para su administración y mantenimiento como la correspondiente a las inversiones necesarias para su adecuación y mejora con el fin de garantizar la adecuada prestación de estos servicios?"

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.

181/000157

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado D. Ricardo Sixto Iglesias


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Texto:

¿Cuáles son las previsiones para el desdoblamiento definitivo del tramo de vía Vandellós-Tarragona dentro del Corredor Mediterráneo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2017.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

181/000158

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado D. Ricardo Sixto Iglesias

Texto:

¿Cómo valora el Gobierno la propuesta de túnel pasante de Serrería y nueva estación central soterrada en Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2017.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

181/000159

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado D. Ricardo Sixto Iglesias

Texto:

¿Cuándo está previsto que entre en servicio el tramo de alta velocidad Valencia-Xátiva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2017.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

181/000160

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado D. Ricardo Sixto Iglesias

Texto:

¿En qué estado se encuentra el proyecto de tren de la costa Gandía-Dénia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2017.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.


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181/000177

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado D. Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Va el Gobierno a retomar en el corto plazo las obras de modernización de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, cumpliendo con los plazos y compromisos adquiridos con la Unión Europea para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

181/000178

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado D. José Zaragoza Alonso

Texto:

¿En qué situación se encuentra el proyecto de soterramiento de la línea férrea convencional Barcelona-Portbou, tramo Vallbona-Montcada i Reixac? ¿Este Gobierno prevé acometer alguna acción como la constitución del grupo de trabajo, la redacción definitiva del convenio de desarrollo, así como un nuevo proyecto de obra, y el calendario de actuación y partidas presupuestarias para ejecutar dicho proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2017.-José Zaragoza Alonso, Diputado.

181/000186

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado D. Félix Alonso Cantorné

Texto:

¿Impulsará el Gobierno las medidas y acciones necesarias para la reapertura de la línea ferroviaria Madrid-Riaza-Aranda-Burgos así como su inclusión en la red básica ferroviaria europea, su rehabilitación para que sea una línea de tráfico mixto o la doble vía electrificada para poder servir de energías renovables?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.


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181/000187

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado D. Sergio Pascual Peña

Texto:

¿Por qué Renfe discrimina a los sevillanos y sevillanas respecto a madrileños, barceloneses, valencianos o bilbaínos y no ha firmado Renfe los protocolos necesarios para incorporarse con plena funcionalidad -y específicamente para transbordos- a la tarjeta única de transporte que abarataría considerablemente el transporte intermodal y facilitaría la movilidad en transporte público favoreciendo un desplazamiento más fluido y sostenible en Sevilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2017.-Sergio Pascual Peña, Diputado.

181/000194

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado D. Javier Sánchez Serna

Dirigida a Ministro de Fomento

Texto:

¿Qué criterios justifican el cierre de un aeropuerto público, rentable y financiado con fondos FEDER, para favorecer la apertura del aeródromo de Corbera calificado por Aena como "inviable" y "no rentable"?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Javier Sánchez Serna, Diputado.

181/000204

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada D.ª Isabel Rodríguez García

Texto:

¿Qué actuaciones tiene previstas llevar a cabo el Gobierno de España para reducir la siniestralidad de la N-430?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Isabel Rodríguez García, Diputada.


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181/000205

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada D.ª Carlota Merchán Mesón

Texto:

¿Cuáles son los planes del Gobierno para desbloquear el plan de desarrollo de la zona norte de la ciudad de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Carlota Merchán Mesón, Diputada.

181/000206

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada D.ª Carlota Merchán Mesón

Texto:

¿Qué medidas prevé el Ministerio de Fomento en relación a la movilidad y accesibilidad al estadio de "la Peineta" en la ciudad de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Carlota Merchán Mesón, Diputada.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000161

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su diputada Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

¿Tiene previsto el Gobierno restablecer la prestación por desempleo para mayores de 52 años en las condiciones previamente existentes a las reformas de 2012 y 2013, con los requisitos establecidos en el Real Decreto 200/2006, de /7 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, que desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.

181/000162

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada D.ª Aina Vidal Sáez


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Texto:

¿Dispone el Gobierno de datos que confirmen que, en el plazo de los cuatro meses siguientes a que los jóvenes abandonan la escuela o pierden el empleo, se les ofrece una colocación de calidad acorde con su formación, capacidades y experiencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Aina Vidal Sáez, Diputada.

181/000163

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada D.ª Aina Vidal Sáez

Texto:

¿Qué medidas está tomando el Gobierno para frenar el incremento de la accidentalidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Aina Vidal Sáez, Diputada.

181/000164

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada D.ª Aina Vidal Sáez

Texto:

¿Está de acuerdo el Gobierno en que la compañía adjudicataria debería subrogar los contratos laborales de la empresa anterior hasta la firma de un nuevo convenio así como ha sucedido en el caso de la adjudicación de la vigilancia por parte del Ministerio de Empleo de los Centros de Atención al Refugiado (CAR)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Aina Vidal Sáez, Diputada.

181/000165

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada D.ª Aina Vidal Sáez

Texto:

¿Es consciente el Gobierno de que la firma del convenio de la nueva empresa adjudicataria de la vigilancia de los cuatro Centros de Atención al Refugiado (CAR) fue suscrita únicamente por cinco trabajadores?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Aina Vidal Sáez, Diputada.


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181/000166

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada D.ª Aina Vidal Sáez

Texto:

¿Cuál es la opinión del Gobierno en relación a los datos publicados por la última Encuesta de Población Activa (EPA), y en concreto, al hecho que la ocupación generada en 2016 haya sido mayoritariamente precaria, temporal y con un notable incremente de la jornada parcial?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Aina Vidal Sáez, Diputada.

181/000167

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada D.ª Aina Vidal Sáez

Texto:

¿Es consciente el Gobierno que el Sistema de Garantía Juvenil se encuentra muy lejos de conseguir los objetivos marcados por aquél con su aprobación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Aina Vidal Sáez, Diputada.

181/000168

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada D.ª Aina Vidal Sáez

Texto:

¿Qué valoración hace el Gobierno de que casi un 40 % de las pensiones de jubilación tengan un importe inferior al salario mínimo interprofesional (SMl)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Aina Vidal Sáez, Diputada.

181/000169

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada D.ª Aina Vidal Sáez


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Texto:

¿Es consciente el Gobierno que en estos momentos vivimos en un país que ofrece escasos atractivos y muy limitadas expectativas de futuro a nuestra población más joven?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Aina Vidal Sáez, Diputada.

181/000172

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada D.ª Aina Vidal Sáez

Texto:

¿Está de acuerdo el Gobierno en que, en aras de garantizar la subsistencia de los y las pensionistas, sería necesario aumentar la pensión mínima contributiva hasta igualarla al salario mínimo interprofesional (SMI)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Aina Vidal Sáez, Diputada.

181/000173

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada D.ª Aina Vidal Sáez

Texto:

¿Ha estudiado el Gobierno la relación entre accidentalidad, precariedad y temporalidad? ¿Se plantea alguna acción al respeto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Aina Vidal Sáez, Diputada.

181/000188

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Alberto Rodríguez Rodríguez

Dirigida a D.ª María Fátima Báñez García, Ministra de Empleo y Seguridad Social

Texto:

¿Cómo explica su Gobierno la proliferación de contratos del Estado con empresas de seguridad denominadas "piratas", las cuales llegan en ocasiones a pagar hasta un 40 % menos del salario establecido en el Convenio del sector?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.


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181/000189

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado D. Alberto Rodríguez Rodríguez

Dirigida a D.ª María Fátima Báñez García, Ministra de Empleo y Seguridad Social

Texto:

¿Qué valoración hace el Gobierno del crecimiento de las empresas denominadas de multiservicios a partir de la reforma laboral de 2012? ¿Es consciente el Gobierno que estas empresas incumplen derechos laborales y tiran a la baja los salarios al aplicar los Convenios de empresa y no los de sector? ¿Qué opinión le merece al Gobierno que al menos 40 Convenios de estas empresas hayan sido anulados por distintas irregularidades?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.

181/000190

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado D. Alberto Rodríguez Rodríguez

Dirigida a D.ª María Fátima Báñez García, Ministra de Empleo y Seguridad Social

Texto:

¿Qué valoración hace su Gobierno de la caída de la masa salarial en España en los últimos años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.

181/000191

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado D. Alberto Rodríguez Rodríguez

Dirigida a D.ª María Fátima Báñez García, Ministra de Empleo y Seguridad Social

Texto:

¿Cómo valora su Gobierno que la Comisión Europea haya alertado del uso generalizado de contratos temporales en España y de los efectos negativos que esto supone para la competitividad del país?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.


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181/000192

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado D. Alberto Rodríguez Rodríguez

Dirigida a D.ª María Fátima Báñez García, Ministra de Empleo y Seguridad Social

Texto:

¿Piensa este Gobierno ratificar el Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos en esta legislatura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.

181/000193

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado D. Alberto Rodríguez Rodríguez

Dirigida a D.ª María Fátima Báñez García. Ministra de Empleo y Seguridad Social

Texto:

¿Qué valoración hace su Gobierno del crecimiento de los contratos de puesta a disposición a través de empresas de trabajo temporal en un 8 % en el periodo enero-noviembre 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior? ¿Considera el Gobierno que el aumento de este tipo de contrato contribuye a consolidar un modelo de crecimiento con empleo de calidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.

181/000196

Grupo Parlamentario Mixto

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado D. Carles Campuzano i Canadés

Texto:

¿Qué balance hace el Gobierno de la entrada en vigor del nuevo marco regulador de la formación para el empleo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.


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181/000197

Grupo Parlamentario Mixto

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado D. Carles Campuzano i Canadés

Texto:

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para facilitar el alta a la Seguridad Social a los trabajadores autónomos, a tiempo parcial?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

181/000198

Grupo Parlamentario Mixto

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado D. Carles Campuzano i Canadés

Texto:

¿Qué balance efectúa el Gobierno de la Garantía Juvenil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

181/000199

Grupo Parlamentario Mixto

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado D. Carles Campuzano i Canadés

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno compensar de alguna manera a los Centros Especiales de Empleo del incremento del Salario Mínimo Interprofesional?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

181/000200

Grupo Parlamentario Mixto

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado D. Carles Campuzano i Canadés


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Texto:

¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para facilitar el mantenimiento en el empleo a los trabajadores de más edad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/000170

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada D.ª Aina Vidal Sáez

Texto:

¿Qué lectura hace el Gobierno de los datos reflejados en el informe anual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social sobre seguimiento del indicador AROPE (At Risk Of Poverty)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Aina Vidal Sáez, Diputada.

181/000171

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada D.ª Aina Vidal Sáez

Texto:

¿Es consciente el Gobierno de que las personas en riesgo de pobreza y exclusión social en España sufrieron un significativo incremento en el último año?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2017.-Aina Vidal Sáez, Diputada.

181/000195

Grupo Parlamentario Mixto

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado D. Carles Campuzano i Canadés

Texto:

¿Qué balance hace el Gobierno de su política de acogida a las personas refugiadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2017.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/008146

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM).

Reformulación de su pregunta sobre concesión de ayudas a empresas españolas, por parte del Gobierno de Portugal.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su diputada Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta escrita sobre concesión de ayudas a empresas españolas, por parte del Gobierno de Portugal.

Exposición de motivos

El sector de la automoción es uno de los motores económicos e industriales de nuestro país. En concreto, los datos del sector en Galicia destacan que la automoción genera en la comunidad 19.000 empleos directos, y en el año 2015 facturó 8.200 millones de euros. Galicia fabrica el 15 % de los automóviles del Estado y este sector supone el 31 % de las exportaciones anuales gallegas.

Sin embargo, en la actualidad la falta de una política industrial seria por parte del Gobierno está permitiendo que cada vez sean más las empresas que empiezan a deslocalizar sus factorías a países vecinos como Marruecos o Portugal, donde encuentran incentivos fiscales a su inversión y precios mucho más baratos para el suelo industrial.

Un informe de CEAGA, el Clúster de Empresas de Automoción de Galicia, cifra ya en 27 el número de proveedores de componentes del sector del automóvil de matriz gallega que están ya instalados en suelo luso. Además, hay al menos otras tres multinacionales que están ampliando su capacidad de producción en este país. Esta organización sectorial, integrada por 106 fabricantes, acaba de recibir casi 4 millones de euros de la Xunta de Galicia para fomentar la creación de empresas innovadoras en Galicia, sin embargo, esto no evita que instalen sus fábricas en Portugal.

Así comprobamos que no existe una fiscalización seria de las subvenciones que conceden las administraciones públicas a la industria en nuestro país, pero está claro que no están destinadas ni a la innovación ni a la creación o mantenimiento del empleo en España.

Esta política de deslocalización de empresas y producciones ha provocado que el sector de la automoción en Galicia haya perdido, en los últimos cinco años, un 30 % del empleo, lo que ocasionó la pérdida de 2.000 empleos directos sólo en la provincia de Pontevedra.

La marcha de empresas del sector de la automoción al norte de Portugal se debe, principalmente, a los incentivos que la administración lusa ofrece a las multinacionales, no sólo al de la automoción sino también a otros sectores como el textil, el metalmecánico y más recientemente también el cárnico. El Gobierno


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portugués está comercializando el suelo por debajo de su precio de coste (expropiación + urbanización), incluso con promociones a un 1 euro el metro cuadrado, desarrollando una política industrial que distorsiona claramente la libre competencia en la Unión Europea (UE), y que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea regula en sus artículos 101 al 109, en los que se prohíbe expresamente esa práctica, denominada "dumping".

El área del Norte de Portugal conforma, junto con Galicia, la Eurorregión, área receptora de fondos europeos que se deberían fiscalizar para conocer si se destinan a los fines para los que fueron solicitados y concedidos, y que deberían pasar por la innovación industrial y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Uno de los principales obstáculos a la implantación de las empresas en nuestro país es la ausencia de políticas industriales y de suelo empresarial a precios competitivos, añadido al alto coste de la energía e incluso a la falta de inversión en I+D+I, lo que favorece que nuestra industria busque otras alternativas. El Gobierno del Partido Popular sigue sin tener una política industrial seria y planificada para el futuro de nuestro país.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su diputada Yolanda Díaz Pérez, presenta las siguientes preguntas escritas:

1. ¿Conoce el Gobierno si Portugal ha comunicado o solicitado autorización de la Comisión de la Competencia de la Unión Europea para ejecutar ayudas y apoyar a empresas españolas?

2. ¿Tiene previsto el Gobierno denunciar ante la Comisión de Competencia de la Unión Europea las actuaciones del Gobierno de Portugal en relación a las políticas de dumping que está llevando a cabo?

3. ¿Cómo tiene previsto el Gobierno defender los intereses del sector de la automoción en España frente a la competencia que ejerce el Gobierno de Portugal?

4. ¿Tiene previsto el Gobierno auditar las subvenciones concedidas a las empresas de la automoción en España para certificar que estas no incumplen la finalidad de las ayudas públicas?

5. ¿Tiene previsto el Gobierno desarrollar una política industrial como apuesta estratégica de país, primando la inversión en I+D+I?

6. ¿Tiene previsto el Gobierno agilizar toda la tramitación administrativa para favorecer la implantación de empresas en nuestro país?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.

184/009575

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx).

Reformulación de su pregunta sobre instrucción de Instituciones Penitenciarias de 17 de febrero de 2017 que regula las condiciones que deben cumplirse en los supuestos de presos enfermos.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, diputada de EH Bildu, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno con solicitud de respuesta por escrito.

La prensa ha publicado en los últimos días noticias sobre una Instrucción de Instituciones Penitenciarias que regula las condiciones que deben cumplirse en los supuestos de presos enfermos.

Por ello, EH Bildu quiere preguntar y conocer:

1. ¿Cuál es el motivo de que Instituciones Penitenciarias haya elaborado esta Instrucción?

2. ¿Es como dice la prensa una Instrucción de 17 de febrero de 2017.

3. ¿Ha elaborado alguna otra Instrucción en los últimos meses? ¿En caso afirmativo, cuáles y por qué motivo?

4. ¿La Instrucción de febrero se refiere a los presos enfermos? ¿Se limita como dicen las noticias a los presos políticos vascos o es una Instrucción dirigida a cualquier caso relacionado con un preso enfermo?

5. ¿Qué problemas se le han suscitado a Instituciones Penitenciarias en relación con presos enfermos?

6. Según las noticias que sobre la Instrucción se han publicado, la concreción de los supuestos y requisitos por medio de los cuales un preso podría recobrar su libertad, una vez suspendida la ejecución de su condena y decretando su libertad condicional, ha dado muchos quebraderos de cabeza, ¿Cuál es el motivo? ¿En cuántos casos?

7. ¿Es cierto como dicen las noticias publicadas, que, según esta Instrucción, los presos enfermos sólo podrán salir si su fallecimiento se prevé con razonable certeza, a muy corto plazo, si cumple los requisitos para acceder al tercer grado y la libertad condicional? ¿Cuáles son esos requisitos?

8. ¿Cuántos presos enfermos hay en la actualidad en las cárceles españolas? ¿Cuántos de estos presos son vascos y estarían en condiciones de pedir su excarcelación por motivos de salud? ¿Cuántos padecen una discapacidad o enfermedad mental grave? ¿Cómo están actuando en estos casos?

9. ¿Es el Gobierno consciente de la cada vez más amplia solicitud de la sociedad vasca para que los presos enfermos sean puestos en libertad por motivos de salud, por razones humanitarias? ¿Tiene intención de cambiar su proceder en relación a estos casos? ¿Por qué?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada.

184/009801

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Candela Serna, Ignasi (GMx).

Reformulación de su pregunta sobre adjudicación de la vigilancia de los cuatro centros de atención al refugiado (CAR) a la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad, aplicando sus propias condiciones a los contratos laborales de los trabajadores a los que se debe subrogar.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.


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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente pregunta al Gobierno, solicitando respuesta por escrito.

Exposición de motivos

Hemos conocido a través de "El País" que el Ministerio de Empleo contrata a una empresa de seguridad que paga un sueldo base de 660 euros y solo supera el mínimo legal por pluses.

Este sueldo se ha establecido después de que el departamento dirigido por Fátima Báñez haya adjudicado la vigilancia de los cuatro centros de atención al refugiado (CAR) que hay en nuestro país a la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad; cuyo Convenio colectivo reduce en más de un 90 % los pluses de nocturnidad o festivos respecto a la situación anterior. Este contrato, de un millón de euros, se ha sumado a otros ocho que Empleo ha adjudicado en los últimos dos años y medio a empresas de seguridad "low cost", según recoge "El País".

La empresa Sinergias de Seguridad y Vigilancia, que debe subrogarse a los contratos laborales de los vigilantes que, hasta enero, trabajaban para el Grupo Control, ha comunicado por escrito a los trabajadores que aplicará sus propias condiciones laborales y no las de la adjudicataria anterior; lo que supone pasar de más de 900 euros a 660. Una práctica dudosa desde el punto de vista del Derecho Laboral.

Por todo lo expuesto, don lgnasi Candela Serna, diputado del Grupo Mixto, en nombre de los diputados y diputadas de Compromís formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

¿Es conocedor el Gobierno de esta realidad? ¿ Y el Ministerio de Empleo?

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del sector?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-Ignasi Candela Serna, Diputado.

184/009974

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs) Clemente Giménez, Diego (GCs)

Documento del Consejo de Seguridad Nuclear sobre descontaminación de Palomares, aprobado en noviembre de 2015: Evaluation of Alternatives for Remediation of Soils of Contamination at the Palomares Accident Site (DoE/NV-1536).

Acuerdo:

1. En cuanto al punto 3 de la presente pregunta, por el que se solicita el contenido de un documento, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/000620).

2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.


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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados Melisa Rodríguez Hernández y Diego Clemente Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre Documento Consejo de Seguridad Nuclear sobre Descontaminación de Palomares, en nov. de 2015: Evaluation of Alternatives for Remediation of Soils of Contamination at the Palomares Accident Site (DoE/NV-1536).

Exposición de motivos

El artículo 11 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, establece que cualquier solicitud se haga a través de la comisiones establecidas.

El Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) que pretende supuestamente realizar una descontaminación modélica y definitiva. Las reuniones posteriores de EE.UU. y España han supuesto un importante decremento de los criterios radiológicos, al ser este Plan un punto de partida en las negociaciones. Los niveles consensuados no van a solucionar en los próximos 24.300 años el estigma padecido en la zona este último medio siglo.

Únicamente la transparencia puede calmar el rechazo social a este acuerdo, y se puede evitar una "mise en scène", de cara a la opinión pública, nos basamos en los siguientes:

1. La falta de transparencia y la información sesgada, tanto en el PIEM-VR (2008), el PRP (2010), así como en las negociaciones bilaterales, nos retrotraen a los modos y maneras de la dictadura en 1966.

2. La única razón "técnica" para justificar esa deflación de los niveles a descontaminar es que el PRP era una propuesta preliminarI; como si toda modificación de los niveles de limpieza tuviesen que ser a la baja.

3. Los niveles consignados en el Acuerdo Kerry-Margallo no parecen resolver la situación radiológica de la zona ni su estigma. Se marcan unos niveles residuales para americio 241 de 1 Bq/gr. (Zonas 2 y 3) Y lo más inaceptable: 4 Bq/gr. para la Zona 6II, rozando el límite legal de 5 Bq/gr para una dosis recibida de 1 mSV/año, con la excusa que no está habitada ni lo estará en los próximos 24.000 años. Desconocemos la equivalencia en plutonio 239+240, porque ha sido sesgada de la información liberada, pero sí conocemos que la proporción inventariada de plutonio 239+240 es cuatro veces la del americio.

4. Aunque los niveles finales estuviesen rozando o por debajo de los máximos legales, descontaminar una zona castigada durante tanto tiempo con fundamentos únicamente normativos es erróneo de cara al futuro. Hasta el momento, se había aceptado que el objetivo último debe ser que el impacto a la población de Palomares no supere una dosis media anual de 1 mSV/año. Los niveles máximos aceptados en las legislaciones no han hecho más que descender desde hace 76 años, que fue descubierto el plutonio. Todo indica que seguirán decreciendo en los próximos 24.000 años. Incluso el Departamento de Energía de los EE.UU. restringe para su territorio, como alternativa más exigente, 100 veces menos que lo que defiende para Palomares: una dosis de 0,01 mSv/año.

5. Las negociaciones con los norteamericanos han dado como resultado nuevamente la claudicación de la contraparte española. La cifra de tierras a descontaminar se ha reducido ostensiblemente -un 44 % nada menos- a pesar de la precisa caracterización elaborada en el PIEM-VR (refrendado por la OlEA y UE). De los 50.000 m3 (exactamente 49.771), se ha pasado a 28.000.

6. En la firma del acuerdo de intenciones la embajada norteamericana filtró a la prensa la ubicación final de los residuos. Su destino, un cementerio nuclear de Nevada que no existe, por lo visto; y con un coste de transporte y almacenaje tan exageradamente inflado que resultaba tan ridículo como hilarante, lo que resta toda credibilidad.

i SANCHO LLERANDI, C. Respuesta a una pregunta formulada por José Ignacio Domínguez en la conferencia impartida en la Sociedad Nuclear de España, dentro del ciclo "Los jueves nucleares", el 10/11/2016.

ii Declaración de intenciones entre el Reino de España y los EE.UU. de América, p. 3.


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7. La victoria del Presidente electo, Donald Trump y la mayoría republicana en el Senado y Congreso norteamericano hace suponer la demora "sine die" de las intenciones, además de una oportunidad para un irreversible olvido, aquí y allá.

Con EE.UU. o sin él, Palomares no puede esperar. Es preciso que el Gobierno español ponga en marcha lo antes posible con el PRP original y no lo acordado con EE.UU., así como un Plan A y B de Gestión de Residuos para lo evacuado en Palomares y su posible destino alternativo en cualquiera de los cementerios nucleares existentes en el mundo. Todo esto no se logrará si no existe una firme y activa reivindicación de los grupos sociales y la opinión pública. Palomares dista 500 kilómetros de los centros nacionales de decisión y 6.500 de Washington.

En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los nuevos criterios radiológicos para la descontaminación de las zonas afectadas de Palomares consensuados con el Gobierno norteamericano, así como los niveles de radiactividad residual respeto a los términos fuente en Bequereles/gr de los isótopos de plutonio 239, 240 y americio 241?

2. ¿Ha elaborado el Gobierno español un plan alternativo, un "plan B", si el actual Gobierno norteamericano no muestra intenciones de ayudar logística y financieramente en la descontaminación de la zona de Palomares?

3. [...]

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2017.-Melisa Rodríguez Hernández y Diego Clemente Giménez, Diputados.

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