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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 22-2, de 02/10/2018
cve: BOCG-12-A-22-2
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
2 de octubre de 2018

Núm. 22-2


ENMIENDAS E ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO

121/000022 Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas presentadas en relación con la Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados, así como del índice de enmiendas al articulado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Sema (Compromís), presenta, al amparo del artículo 109 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes enmiendas parciales al Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2018.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 1

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 5. Obligación de Registro

De modificación.

Texto que se propone:

"1. Los mediadores de seguros, los mediadores de seguros complementarios y los corredores de reaseguros deberán inscribirse en el registro administrativo previsto en el artículo 7, para poder iniciar y desarrollar su actividad de distribución de seguros o reaseguros.

Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en su condición de distribuidores de seguros o reaseguros, no deberán inscribirse en el registro del artículo 7, bastando con su inscripción en el regulado en el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, y en su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las obligaciones de registro de las personas relacionadas con las actividades de distribución de seguros a que se refiere el artículo 7.1, y con arreglo al artículo 6."


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JUSTIFICACIÓN

Ver enmienda al artículo 6.

ENMIENDA NÚM. 2

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 6. Distribución de competencias

De modificación del apartado 2 y supresión del apartado 3.

Texto que se propone:

"2. Las Comunidades Autónomas que con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan asumido competencias en la ordenación de seguros la tendrán respecto de los distribuidores de seguros, distribuidores de reaseguros, y los colegios de mediadores de seguros, cuyo domicilio y centre principal de actividad estén situados en el territorio de la Comunidad Autónoma. Entendiéndose como el centro principal de su efectiva administración y dirección, o su principal establecimiento o explotación. Dichas competencias se ejercerán con arreglo a los siguientes criterios:

a) [...]

b) En el ámbito de competencias de ejecución, les corresponden las de ordenación y supervisión de los distribuidores de seguros y reaseguros que se otorgan a la Administración General del Estado en esta Ley, entendiéndose hechas al órgano autonómico competente las referencias que en ella se contienen al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, excepto las reguladas en el capítulo V del título II y en el título III.

3. En relación con los agentes de seguros exclusivos y los operadores de banca-seguros exclusivos, corresponde a las Comunidades Autónomas ejercer las competencias sobre ellos, siempre que la entidad aseguradora para la que prestan sus servicios esté sometida al control y supervisión de la referida Comunidad Autónoma conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley 20/2015, de 14 de julio."

JUSTIFICACIÓN

El "domicilio" y el "ámbito de operaciones", que es la regulación actual, como puntos de conexión para acotar el objeto de la competencia autonómica vacían de facto el contenido de ésta cuando las empresas aumentan su dimensión económica y se expanden en el ámbito de aplicación de la Directiva, por lo que para evitarlo, en cumplimiento del sistema de distribución de competencias emanado del bloque de constitucionalidad (STC 35/2012, de 15 de marzo, -Fundamento Jurídico 5-; SIC 95/2013, de 23 de abril -Fundamento Jurídico 7- y SIC 27/2014, de 13 de febrero -Fundamento Jurídico 4-), es preciso mantener el criterio del domicilio para vincular un distribuidor de seguros y reaseguros al control y supervisión de las autoridades de una Comunidad Autónoma, incluyendo, asimismo, el punto de conexión relativo al ámbito principal de operaciones (asimilado al centro principal de actividad).

Los distribuidores de seguros pueden operar en el Espacio Económico Europeo en virtud de su autorización/ inscripción. Además, su póliza de Responsabilidad Civil profesional cubre su ejercicio en todo el Espacio Económico Europeo.


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La Directiva, en su artículo 1.1, ya prevé como ámbito de aplicación:

"La presente Directiva establece normas relativas al acceso a las actividades de distribución de seguros y reaseguros, y al ejercicio de las mismas, dentro de la Unión."

Y en el 1,6: "La presente Directiva no se aplicará a las actividades de distribución de seguros en relación con riesgos y compromisos fuera de la Unión"

Por consiguiente, el mantenimiento de la actual redacción de este precepto de la Ley supone reducir a las Comunidades Autónomas a la condición de gestoras de fenómenos estrictamente locales e intereses particularistas, en lugar de reconocerles el carácter de copartícipes en la gestión de asuntos de dimensión y relieve general, por lo que el domicilio social y el centro principal de actividad se postulan a ser los únicos criterios a considerar como delimitadores de competencias, sin perjuicio de la competencia estatal para el establecimiento de la normativa básica.

La propuesta efectuada encuentra su encaje en lo establecido tanto por la Directiva mencionada como por el bloque de Constitucionalidad, sin que ello comporte menoscabo en la supervisión de las entidades ni mermas de protección al consumidor de los servicios de mediación en seguros y reaseguros privados, toda vez que se asegura la necesaria colaboración entre los distintos supervisores existentes en el Estado.

La actividad de distribución de seguros y de reaseguras engloba a todas las categorías de distribuidores, garantizando, además la inclusión de los mediadores de seguros complementarios, de acuerdo con la Directiva (UE) 2016/97.

Atendiendo a lo establecido en los artículos 2 y 12 de la Directiva (UE) 2016/97 y que este Proyecto de Ley pretende transponer a normativa doméstica, la redacción que se propone concilia el respeto a la distribución competencial reconocida estatutariamente con el ejercicio efectivo de una pluralidad de autoridades competentes.

Así, se da cumplimiento a los siguientes mandatos:

- Los intermediarios de seguros, de reaseguros y de seguros complementarios deberán estar registrados por una autoridad competente, en su Estado miembro de origen.

- Los Estados miembros podrán establecer más de un registro para los intermediarios de seguros, reaseguros y seguros complementarios siempre que fijen criterios con arreglo a los cuales se deban registrar los intermediarios.

- En caso de que exista más de un registro en un Estado miembro, dicho Estado miembro creará un punto único de información que permita un acceso fácil y rápido a la información procedente de dichos registros establecidos y actualizados por vía electrónica. El punto de información permitirá asimismo la identificación de las autoridades competentes del Estado miembro de origen.

- Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes facultadas para garantizar la aplicación de la presente Directiva. Informarán de ello a la Comisión, indicando si existe reparto de competencias. (Tal y como prevé el artículo 6.6 del proyecto de Ley).

- Las autoridades a que se refiere el apartado anterior deberán ser autoridades públicas u organismos reconocidos por el Derecho nacional o por autoridades públicas expresamente facultadas para ello por el Derecho nacional.

- Las autoridades competentes deberán disponer de todas las facultades necesarias para el desempeño de las funciones que les asigna la presente Directiva. En caso de pluralidad de autoridades competentes en su territorio, cada Estado miembro velará por propiciar una estrecha colaboración que les permita desempeñar eficazmente sus respectivas tareas.

Por otro lado, el respeto que la Constitución española establece sobre las competencias de las Comunidades Autónomas promulgadas mediante leyes orgánicas imposibilita, al amparo del artículo 139 CE, la adopción de medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Debe tenerse en cuenta también, la profusa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los principios de necesidad; de proporcionalidad; de eficacia nacional y de no discriminación.


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Así, las decisiones tomadas por la autoridad competente (Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma) deben basarse en un criterio de confianza mutua, y deben aplicarse principios comunes como el principio de eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas en la libre iniciativa económica, lo que implica el reconocimiento implícito de actuaciones de las autoridades competentes de otras Administraciones Públicas. Por ende pues, no hay razón alguna que impida que las inscripciones autonómicas tengan eficacia en el ámbito de aplicación de la Directiva (Art. 1.1).

Por lo que se refiere a la supresión del apartado 3, la distribución de competencias de esta norma debe dar el mismo trato a toda la tipología de mediadores que contempla y no puede discriminar a los agentes exclusivos. No tiene sentido delimitar la competencia autonómica, en materia de mediadores de seguros utilizando los mismos criterios de delimitación competencial aplicables respecto de entidades aseguradoras. El propio Tribunal Constitucional avala y justifica la existencia de criterios de delimitación competencial distintos en materia de mediadores de seguros y respecto entidades aseguradoras.

Partiendo de la premisa que se consideran distribuidores de seguros y reaseguros no solo los mediadores de seguros sino también las entidades aseguradoras y reaseguradoras, al igual que a otros participantes en el mercado que distribuyan productos con carácter auxiliar (como las agencias de viajes o las empresas de alquiler de automóviles), que tendrán la consideración de mediadores de seguros complementarios y además incluye la actividad desarrollada por los comparadores de seguros.

Entendemos que es necesario que la distribución competencial ofrezca el mismo trato a todos los distribuidores de seguros y reaseguros, en los que se encuentran también las entidades aseguradoras, en función del centro de su efectiva administración y dirección, o de su establecimiento o explotación. Así, la vinculación de la actividad de distribución de seguros privados en base a los criterios mencionados, delimitan el alcance territorial de las competencias atribuidas a las distintas Comunidades Autónomas, garantizando la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, que constituyen parte de los fundamentos comunitarios de la Unión Europea.

ENMIENDA NÚM. 3

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 7. Registro Administrativo

De modificación del apartado 1.

Texto que se propone:

"1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o Comunidad Autónoma competente con arreglo al artículo 6, llevará el registro administrativo, en el que deberán inscribirse, con carácter previo al inicio de sus actividades, los mediadores de seguros, los mediadores de seguros complementarios y os corredores de reaseguros residentes o domiciliados en España sometidos a esta ley."

JUSTIFICACIÓN

En éste y otros artículos se trata de dar visibilidad al resto de supervisores distintos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.


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ENMIENDA NÚM. 4

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 18. Publicidad y documentación mercantil de distribución de seguros privados de los agentes de seguros

De modificación del apartado 1.

Texto que se propone:

"1 En la publicidad y en la documentación mercantil de distribución de seguros de los agentes de seguros, deberá figurar de forma destacada la expresión "agente de seguros exclusivo", "agente de seguros vinculado", "agencia de seguros exclusiva" o "agencia de seguros vinculada", seguida de la denominación social de la entidad aseguradora para la que esté realizando la operación de distribución de que se trate, en virtud del contrato de agencia con ella celebrado, o del contrato suscrito entre entidades aseguradoras de prestación de servicios para la distribución por medio de la cesión de sus redes, así como el número de inscripción en el registro administrativo previsto en el artículo 7 y, tener concertado un seguro de responsabilidad civil U otra garantía financiera y, en su caso, disponer de la capacidad financiera, con arreglo todo ello a los artículos 21 y 23."

JUSTIFICACIÓN

Ver artículo 23. Es consecuencia de él.

ENMIENDA NÚM. 5

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 23. Inscripción y requisitos de los agentes de seguros vinculados

De adición de un párrafo f) al apartado 3.

Texto que se propone:

"3. Para solicitar y obtener la inscripción como agente de seguros vinculado en el registro administrativo a que se refiere el artículo 7, será necesario cumplir y mantener en todo momento los siguientes requisitos:

a) [...]

[...]

f) Disponer de una capacidad financiera que deberá en todo momento alcanzar el cuatro por ciento del total de las primas anuales percibidas, sin que pueda ser inferior a 18.750 euros, salvo que contractualmente se haya pactado de forma expresa con las entidades aseguradoras, que los importes abonados por los clientes se realizarán directamente en cuentas de pago de titularidad de aquellas, o que, en su caso, el corredor de seguros ofrezca al tomador una cobertura inmediata siempre y cuando la entidad aseguradora haya autorizado al corredor a recibir en nombre y por cuenta de ésta las primas satisfechas por los tomadores, entregando el recibo de prima emitido por la entidad aseguradora, y, en uno y otro caso, que las cantidades abonadas en concepto de


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indemnizaciones se entregarán directamente por las entidades aseguradoras a los tomadores de seguros, asegurados o beneficiarios. La capacidad financiera podrá acreditarse mediante la contratación de aval emitido por una entidad financiera o de un seguro de caución, con objeto de proteger a los clientes frente a la incapacidad de los corredores de seguros para transferir la prima a la entidad aseguradora o para transferir la cantidad de la indemnización o el reembolso de la prima al asegurado.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.4.

g) Contratar un seguro de responsabilidad civil profesional o cualquier otra garantía financiera que cubra en todo el territorio de la Unión Europea las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, con una cuantía de, al menos de 1.250.000 de euros por siniestro y, en suma, 1.850.000 euros para todos los siniestros correspondientes a un determinado año.

h) [...]"

JUSTIFICACIÓN

Los apartados 4, 5 y 6 del artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/97 prevén, en relación con los intermediarios de seguros, de reaseguros y de seguros complementarios fa obligación de disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra todo el territorio de la UE y de establecer medidas para proteger a la clientela frente a la incapacidad de los intermediarios de seguros, de reasegures o de seguros complementarios respecto a la transmisión de la prima, indemnización o reembolso, como requisitos profesionales y de organización. En consecuencia, resulta necesaria la inclusión de dichos apartados a fin de dar cumplimiento con lo establecido por la Directiva.

El artículo 17 Responsabilidad civil profesional y el artículo 18 Publicidad y documentación mercantil de distribución de seguros privados de los agentes de seguros dan informaciones contradictorias entre sí: Así, el artículo 17, asume la responsabilidad civil cada entidad aseguradora, mientras que el artículo 18, establece que la asume el agente de seguros, al publicitaria en su documentación mercantil.

Por otro lado, en el artículo 23,3 no se incluye la acreditación de la responsabilidad civil ni de garantías financieras por parte del agente de seguros vinculado.

Se propone mantener el actual régimen de los agentes vinculados e incluir la acreditación de la responsabilidad civil y de las garantías financieras en el artículo 23.3. Como puntos f) y g), obligatorias para todos los agentes vinculados. O bien replicar lo dispuesto para los operadores de banca-seguros.

ENMIENDA NÚM. 6

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

A los puntos:

1. Artículo 21,3.b) segundo párrafo - Agentes de seguros exclusivos.

2. Artículo 23,3.c) segundo párrafo - Agentes de seguros vinculados.

3. Artículo 26.1.d) segundo párrafo - Operadores de banca-seguros.

4. Artículo 31.1.d) segundo párrafo - Corredores de seguros.

De modificación.

Texto que se propone:

"Las exigencias en materia de formación se modularán en función de los productos que se distribuyan, de la función desempeñada y de la actividad realizada con un mínimo de quince horas al año."


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JUSTIFICACIÓN

La Directiva establece claramente en su artículo 10.2 que los intermediarios de seguros y reaseguros y los empleados de los intermediarios de seguros y reaseguros deberán acreditar, por lo menos, quince horas de formación o desarrollo profesional al año.

Consideramos que debería incluirse en el apartado de formación de todos los distribuidores de seguros este extremo, remarcando que también la Dirección Técnica o los órganos de dirección responsables de la actividad de distribución están incluidos.

ENMIENDA NÚM. 7

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 39. Requisitos y organización de cursos de formación

De modificación.

Texto que se propone:

"1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establecerá mediante resolución los requisitos y los principios básicos que habrán de cumplir los cursos de formación en materias financieras y de seguros privados, en cuanto a su contenido, organización y ejecución, que deberán ser programados en función de la cualificación profesional y de los conocimientos previos acreditados por los asistentes, todo ello de conformidad con lo previsto en el anexo de esta ley.

Los cursos de formación continua deberán considerar la clase de distribuidor, los productos distribuidos, la función desempeñada y la actividad realizada y tendrán una duración mínima de quince horas de formación o desarrollo profesional anual."

JUSTIFICACIÓN

Ver Artículo 21.3.b) segundo párrafo - Agentes de seguros exclusivos, Artículo 23.3.c) segundo párrafo - Agentes de seguros vinculados, Artículo 26.1.d) segundo párrafo - Operadores de banca-seguros y Artículo 31,1,d) segundo párrafo - Corredores de seguros.

ENMIENDA NÚM. 8

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 60. Control de los distribuidores de seguros y reaseguros

De modificación.

Texto que se propone:

"1. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ejercerán el control regulado en esta ley sobre los distribuidores de seguros y de reaseguros residentes o domiciliados en España, incluidas las actividades que realicen en régimen de derecho de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios, con arreglo a lo establecido en el artículo 6."


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JUSTIFICACIÓN

Se trata de dar visibilidad al resto de supervisores distintos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

ENMIENDA NÚM. 9

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 61. Obligaciones contables y deber de información estadístico-contable

De modificación.

Texto que se propone:

"1. Los agentes de seguros vinculados, operadores de banca-seguros vinculados, corredores de seguros, corredores de reaseguros y los mediadores de seguros complementarios deberán llevar los libros-registro contables que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de la llevanza de los libros de contabilidad a que estuvieran obligados por las normas mercantiles o fiscales.

2. Una vez iniciada la actividad de distribución de seguros y reaseguros, los agentes de seguros vinculados, los operadores de banca-seguros, los corredores de seguros, los corredores de reaseguros y los mediadores de seguros complementarios, deberán remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones u organismo competente de la Comunidad Autónoma, la información estadístico-contable con el contenido y la periodicidad que reglamentariamente se determine.

3. El Ministro de Economía, Industria y Competitividad determinará los supuestos y condiciones en que los agentes de seguros vinculados, operadores de banca-seguros, los corredores de seguros y los corredores de reaseguras a que se refiere el apartado anterior habrán de presentar por medios electrónicos ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones u organismo competente de la Comunidad Autónoma la documentación e información que están obligados a suministrar conforme a su normativa específica."

JUSTIFICACIÓN

Por un lado, la Directiva UE establece la obligatoriedad de la inscripción en el registro administrativo pertinente de los distribuidores de seguros y reaseguras, incluidos los mediadores de seguros complementarios.

Por otro se trata de nuevo de dar visibilidad en el texto legal, al resto de supervisores distintos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

ENMIENDA NÚM. 10

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición final segunda, por la que se modifica la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras

De modificación.


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Texto que se propone:

"Artículo 19. Distribución de competencias.

1. Las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan asumido competencias en la ordenación de entidades aseguradoras y reaseguradoras, las tendrán con respecto de aquellas entidades cuyo domicilio social y ámbito de operaciones se circunscriban al territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, con arreglo a los criterios que se indican en el apartado 2 de este artículo.

A los efectos señalados en el párrafo anterior, se entiende que una entidad aseguradora, incluidas las reaseguradoras, circunscribe su actividad al territorio de una Comunidad Autónoma cuando el número de contratos realizados dentro del ámbito territorial de dicha Comunidad resulte ser superior al realizado en el conjunto de las restantes Comunidades Autónomas, siempre que tal número superior de contratos se mantenga de forma continuada durante un período mínimo de cinco años consecutivos.

2. Los criterios que regirán la actuación de las Comunidades Autónomas en los casos previstos en el apartado 1 serán los siguientes:

a) [Igual que la letra a) del actual apartado 1 de la Ley].

b) En el ámbito de las competencias de ejecución les corresponden las de ordenación y supervisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras que se otorgan a la Administración General del Estado en esta Ley. Las referencias que en la Ley se contienen al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, se entenderán hechas al órgano autonómico competente con excepción de las que se refieren a entidades españolas que actúen en el ámbito de la Unión Europea o entidades europeas que operen en España.

También corresponde a las Comunidades Autónomas la autorización del acceso a la actividad aseguradora a las cooperativas de seguros y mutualidades de previsión social, así como su revocación.

3. [...]

4. [...]

5. [...]"

JUSTIFICACIÓN

El "ámbito de operaciones", la "localización del riesgo" y la "asunción de compromisos" como puntos de conexión para acotar el objeto de la competencia autonómica vacían de facto el contenido de ésta, por lo que para evitarlo, en cumplimiento del sistema de distribución de competencias emanado del bloque de constitucionalidad (STC 35/2012, de 15 de marzo, -Fundamento Jurídico 5-; STC 95/2013, de 23 de abril -Fundamento Jurídico 7- y STC 27/2014, de 13 de febrero -Fundamento Jurídico 4-), es preciso mantener el criterio del domicilio social para vincular una entidad aseguradora al control y supervisión de las autoridades de una Comunidad Autónoma, incluyendo, asimismo, el punto de conexión relativo al ámbito principal de operaciones.

El mantenimiento de la actual redacción de este precepto de la Ley supone, por tanto, reducir a las Comunidades Autónomas a la condición de gestoras de fenómenos estrictamente locales e intereses particularistas, en lugar de reconocerles el carácter de copartícipes en la gestión de asuntos de dimensión y relieve general, por lo que el domicilio social y el ámbito principal de operaciones se postulan a ser los únicos criterios a considerar como delimitadores de competencias, sin perjuicio de la competencia estatal para el establecimiento de la normativa básica.

En consecuencia, la propuesta de modificación pretende atender a un principio de seguridad jurídica. En este sentido, el objetivo de la propuesta es:

- Solventar la cuestión práctica de determinar la competencia de supervisión, bien sea estatal o autonómica, en función de la continuidad de la cartera de contratos de seguros de la entidad supervisada. Así, únicamente cambiaría el órgano supervisor si durante más de cinco años consecutivos la cartera de


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contratos que la entidad aseguradora tiene concertados en el territorio de una Comunidad Autónoma fuese inferior a la cartera que tiene en el conjunto de las restantes Comunidades Autónomas.

Suprimir, por entender que se trata de una restricción injustificada a las competencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas, la actual limitación a la actividad ejecutiva de dichas Comunidades que supone reservar a la Administración General del Estado las competencias de otorgamiento de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora y su revocación, incluso teniendo competencia la Comunidad Autónoma por reunir la entidad los tres puntos de conexión.

A la Mesa de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

ENMIENDA NÚM. 11

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al apartado I de la Exposición de motivos

De adición.

Texto que se propone:

"Tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la UE mantienen el criterio de que el Estado no puede ampararse en el principio de su competencia exclusiva sobre relaciones internacionales para extender su ámbito competencial a toda actividad que derive de la trasposición de Directivas o aplicación de Convenios y Tratados Internacionales.

El Derecho de la Unión reconoce a los Estados miembros plena autonomía para ordenar el procedimiento destinado al desarrollo y ejecución del Derecho Europeo."

JUSTIFICACIÓN

El criterio anterior se deduce de la STJUE de 28 de febrero de 1991, de la STC 236/1991 FJ9, SSTC 112/1995 de 6 de julio, 21/1999 de 25 de febrero, 128/1999 de 1 de julio, Fi 7 entre otras.

ENMIENDA NÚM. 12

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al apartado último de la Exposición de motivos

De adición.

Texto que se propone:

"Se respetarán en todo caso las competencias de las Comunidades Autónomas que la ostenten en materia de cooperativas y mutualidades no integradas en la Seguridad Social, el desarrollo


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legislativo y ejecución de las bases estatales en materia de seguros privados, así como el ejercicio de funciones ejecutivas tales como la autorización, control y supervisión."

JUSTIFICACIÓN

La amplia interpretación del alcance de lo previsto en el art. 149.1.13 de la Constitución ha sido objeto de críticas doctrinales y de la propia jurisprudencia constitucional, denunciando que la amplitud que se confería al Estado para regular las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica amenazaba con la ablación total de las competencias autonómicas.

La STC 34/2013 ha afirmado que la competencia de las Comunidades Autónomas no puede quedar en ningún caso vacía de contenido a causa de la intervención estatal, que, a su vez, llegará hasta donde lo exija el principio que instrumenta, límite este cuya observancia se deduce partiendo de la finalidad perseguida por las medidas en cada caso adoptadas.

La STC 173/2005 que da cierta flexibilidad a los criterios que, en relación a los puntos de conexión de las competencias estatales y autonómicas en materia ele la normativa del seguro privado, establece que el domicilio del tomador deberá estar sito en la CA o los bienes allí erradicados, aunque no podrán ser de competencia autonómica las entidades que se dediquen a asegurar riesgos fuera del ámbito territorial autonómico. Las tesis anteriores acreditan que los principios de libre circulación de bienes y personas deben validarlos efectos extraterritoriales de una norma autonómica que regula una entidad aseguradora con domicilio en su territorio.

ENMIENDA NÚM. 13

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

A la Exposición de motivos

De adición.

Texto que se propone:

"Debe considerarse en el ámbito de la definición del objeto de la Ley transferencias que ya se han realizado a la Comunidad Autónoma Vasca en las siguientes normas de transferencias:

- Las competencias sobre los mediadores han sido objeto de traspaso mediante Real Decreto 559/1998, de 2 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de mediadores de Seguros.

- Las competencias que hasta el año 1982 ostentaba la Administración del Estado, en lo que afecta a las Mutualidades no integradas en la Seguridad Social y que tengan su domicilio social en el ámbito territorial del País Vasco.

- La competencia en materia de cooperativas de seguros es una competencia de carácter exclusivo en cuanto al régimen jurídico estructural y funcional, respetando exclusivamente la normativa del Estado sobre materia mercantil.

- Respecto a las entidades de seguros privados, prevé la normativa básica (art. 19 Ley 20/2015) que las CCAA que han recogido en sus EEAA competencias sobre "ordenación del seguro" pueden ejercer el desarrollo legislativo y las funciones ejecutivas (autorización, control y supervisión) siempre que se cumpla un triple punto de conexión: las entidades deben tener íntegramente localizados en el ámbito territorial autonómico a su domicilio social b)su ámbito de operaciones y c) los riesgos, en el caso de seguros distintos del de vida. O la asunción de los compromisos, en el supuesto de seguros de vida."


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JUSTIFICACIÓN

Respeto a las competencias:

- Art. 10.23 EAPV. Atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Cooperativas, Mutualidades no integradas en la Seguridad Social y Pósitos, conforme a la legislación general en materia mercantil.

- Arts. 10.25 EAPV. La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco de acuerdo con la ordenación general de la economía.

- Art. 11.2.a) EAPV. La CAPV es competente en el desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio, de las bases, en los términos que las mismas señalen, en Ordenación del crédito, banca y seguros.

ENMIENDA NÚM. 14

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 6.3

De modificación.

Se propone:

"3. En relación con los agentes de seguros exclusivos y los operadores de banca-seguros exclusivos corresponde a las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus Estatutos de Autonomía, hayan asumido competencia en la ordenación de seguros ejercerán la competencia sobre ellos, siempre que la entidad aseguradora para la que prestan sus servicios está sometida al control y supervisión de la referida Comunidad autónoma por tener su domicilio social y ámbito principal de operaciones en la Comunidad Autónoma."

JUSTIFICACIÓN

Se propone que el desarrollo normativo y la ejecución de la normativa sobre seguro privado se haga depender de un punto de conexión principal: el domicilio de la entidad, junto a él otros puntos de conexión pueden ser ponderados en la atribución competencial, tal como que su ámbito principal de actividad sea la CA, pero no deben ser tan amplios a favor del Estado como para que de facto conduzcan al vaciado de competencias autonómicas convirtiendo estas en competencias de carácter marginal.

Recuérdese la STC 173/2005 y la circunstancia de que la libre circulación de bienes y personas debieran validar efectos extraterritoriales a la norma autonómica que regula una actividad aseguradora.

El triple orden de conexión sobre la eficacia extraterritorial de las competencias autonómicas no debe constituir una regla de carácter excepcional.

El principio de seguridad jurídica no puede vincularse a la circunstancia de que sólo se garantiza impidiendo la legitimidad de los efectos extraterritoriales del ejercicio de competencias autonómicas (STC 86/1989). Esto supondría una vulneración extraordinaria de la literalidad de las competencias autonómicas, circunscrita a muy limitados y autárquicos espacios territoriales y del propio principio dispositivo en el que se basa el hecho autonómico.

No puede convertirse a las CCAA en meros gestores de fenómenos estrictamente locales en lugar de reconocerles el carácter de copartícipes en la gestión de asuntos de dimensión y relieve general.


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ENMIENDA NÚM. 15

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 7.4

De modificación.

Texto que se propone:

"Las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias de ordenación y supervisión conforme al Art. 6.2 llevarán el correspondiente registro administrativo en el que se inscribirán: los mediadores de seguros, los mediadores de seguros complementarios, los corredores de reaseguros, las entidades aseguradoras y reaseguradoras con domicilio social y ámbito principal de operaciones en la respectiva CA. Cada inscripción que se practique en dicho registro se comunicará de forma telemática a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones."

JUSTIFICACIÓN

Coherencia con el artículo 6 del Proyecto.

ENMIENDA NÚM. 16

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Nuevo apartado 8 al artículo 11

De adición.

Se propone:

"11.8 Colaboradores externos de los mediadores de seguros.

En todo caso, en relación a los colaboradores, se respetarán las competencias de las Comunidades Autónomas."

JUSTIFICACIÓN

Respeto a las competencias autonómicas de la CAPV previstas en el Real Decreto 559/1998.

ENMIENDA NÚM. 17

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Nuevo apartado 7 al artículo 15

De adición.


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Texto que se propone:

"7. El contrato de agencia de seguros podrá ser objeto de regulación también por las sociedades cooperativas y las mutualidades no integradas en la Seguridad Social desnaturalizando el carácter mercantil de los mismos."

JUSTIFICACIÓN

También las cooperativas y las mutualidades no integradas en la Seguridad Social podrán concertar contratos de agencia.

ENMIENDA NÚM. 18

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo 39.1

De modificación.

Texto que se propone:

"39. Requisitos y organización de cursos de formación.

1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o la Autoridad Autonómica competente [...] (resto igual)."

JUSTIFICACIÓN

Respeto a las competencias autonómicas en materia de organización de cursos de formación.

ENMIENDA NÚM. 19

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Nuevo apartado dos a la disposición final segunda

De adición.

Se propone la adición de un apartado dos a la disposición final segunda con el siguiente tenor:

"Disposición final segunda. Modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Dos. El art. 19 queda redactado como sigue:

"Artículo 19. Distribución de competencias.

1. Las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus Estatutos de Autonomía, hayan asumido competencia en la ordenación de seguros la tendrán respecto de las entidades aseguradoras Y reaseguradoras, cuyo domicilio social y ámbito principal de operaciones radique en la respectiva Comunidad Autónoma.

A estos efectos, se entiende que una entidad aseguradora, incluidas las reaseguradoras, tiene su ámbito principal de operaciones en el territorio de la respectiva Comunidad


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Autónoma cuando la actividad aseguradora desarrollada en dicho territorio resulte ser superior a la realizada en el conjunto de las demás Comunidades Autónomas. [...]

2. Los criterios que regirán la actuación de las Comunidades Autónomas en los casos previstos en el apartado 1 anterior serán los siguientes:

a) En el ámbito de las competencias normativas (resto igual)

b) En el ámbito de competencias de ejecución les corresponden las de ordenación y supervisión, de entidades aseguradoras y reaseguradoras que se otorgan a la Administración General del Estado en esta Ley. Las referencias que en la Ley se contienen al Ministerio de Economía [...] (resto igual).

También corresponde a las Comunidades Autónomas la autorización del acceso[...] (resto igual).""

JUSTIFICACIÓN

El "ámbito de operaciones", la "localización del riesgo" y la "asunción de compromisos" como puntos de conexión para acotar el objeto de la competencia autonómica vacían de facto el contenido de ésta, por lo que, de acuerdo con el sistema de distribución de competencias emanado del bloque de constitucionalidad, es preciso mantener el criterio del domicilio social para vincular una entidad aseguradora al control de las autoridades de una Comunidad Autónoma, incluyendo, asimismo, el punto de conexión relativo al ámbito principal de operaciones.

El mantenimiento del art. 19 de la ley vigente, por tanto, supone reducir a las Comunidades Autónomas a la condición de gestoras de fenómenos estrictamente locales e intereses particularistas, en lugar de reconocerles el carácter de copartícipes en la gestión de asuntos de dimensión y relieve general, por lo que el domicilio social y el ámbito principal de operaciones han de ser los únicos criterios a considerar como delimitadores de competencias, sin perjuicio de la competencia estatal para el establecimiento de la normativa básica.

También se enmienda la limitación del ámbito competencial de las CCAA, cuando se den los puntos de conexión, relativos a la actividad de seguros de vida.

Asimismo, se propone la supresión de la Iimitación a la actividad ejecutiva de las CCAA que supone la reserva al Estado de las competencias de otorgamiento de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora y su revocación (incluso reuniendo los puntos de conexión).

Todo ello porque entendemos que suponen una restricción injustificada a las competencias ejecutivas de las CCAA.

A la Mesa de la Comisión de Economía

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Alberto Montero Soler y Sònia Farré Fidalgo, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

ENMIENDA NÚM. 20

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

A la Exposición de motivos

De modificación.


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Párrafo segundo, que quedaría redactado como sigue

"[...] En aplicación de la Directiva 2002/92/CE ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar un mismo nivel de protección a los clientes, sea cual sea el canal a través del cual se adquiera un producto de seguro. Debido a ello, se consideran distribuidores de seguros y reaseguros no sólo a los mediadores de seguros y reaseguros, sino también a las entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como a otros participantes en el mercado que distribuyan productos de seguros con carácter auxiliar, como pueden ser las agencias de viajes o las empresas de alquiler de automóviles, que tendrán la consideración de mediadores de seguros complementarios a menos que reúnan las condiciones para ser objeto de exención, como es el caso de las empresas de alquiler de vehículos. Asimismo, el concepto de distribución de seguros incluye la actividad desarrollada a través de los denominados "comparadores de seguros". De esta forma, se amplía el ámbito de aplicación que establecía la Directiva 2002/92/CE. [...]"

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 21

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Al artículo 1

De adición.

Se añade un apartado d) con el siguiente texto:

"d) Los poderes públicos velaran en todo momento por el cumplimiento del principio de libertad en materia de elección de entidad aseguradora y de distribuidor, por parte del consumidor de seguros."

JUSTIFICACIÓN

En beneficio del consumidor, que ve como en ocasiones se ve compelido a contratar seguros a fin de que se le otorguen otro tipo de servicios (fundamentalmente bancarios), o que se le propongan ventajas en su contratación que, en general, no pasan de ser ficción pues consisten en ofrecer intereses disuasorios que solo alcanzan condiciones de mercado con la vinculación de seguros y planes de pensiones.

Un ejemplo claro lo tenemos en la contratación de hipotecas, producto destinado mayoritariamente al consumidor, en la que es norma generalizada ofrecer descuentos en el diferencial del EURIBOR a cambio de contratar seguros a prima única con la entidad y distribuidor del grupo de la entidad financiera.

ENMIENDA NÚM. 22

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Al punto dos del artículo dos

De adición.


Página 17




Añadir un apartado d) con el siguiente texto:

"d) No se contraten pólizas globales/colectivas en las que sean considerados como tomadores del contrato de seguro conforme al artículo 7 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y que permitan la adhesión a dichas pólizas por parte de sus clientes."

JUSTIFICACIÓN

La motivación principal para la introducción de esta enmienda de adición en el Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados es que, por lo general, las compañías de alquiler de vehículos (o "rent a car") son tomadoras en sentido propio de un seguro colectivo -y por tanto, titulares de la relación contractual y de las obligaciones principales (pago de prima, prestación de consentimiento, declarar el riesgo)- que, por lo general, suscriben con las compañías aseguradoras una póliza global que cubre, entre otros riesgos, la responsabilidad civil derivada del ejercicio de su actividad, pérdida de su flota, daños materiales, daños personales, invalidez o fallecimiento a causa accidentes con los vehículos de su flota. Para cada uno de estos riesgos asegurados pueden coexistir en la misma persona la figura del tomador-asegurado-beneficiario. En este sentido, y a modo de ejemplo, en caso de la responsabilidad derivada del ejercicio de su actividad la compañía de "rent a car" será la tomadora, asegurada junto con sus empleados, y los beneficiarios serán los terceros damnificados. Para la cobertura de daños personales en caso de accidente, el tomador sigue siendo la compañía de "rent a car", si bien el asegurado será el cliente que arrienda el vehículo.

De acuerdo con lo expuesto, y dada la existencia de un seguro colectivo en el que el tomador del mismo es la compañía de alquiler de vehículos, la información que la empresa de alquiler de vehículos le presta al cliente indicándole la existencia de dicha póliza debe ser encuadrada dentro de "las actividades de información prestadas con carácter accesorio al contexto de otra actividad profesional", y como consecuencia, no debe ser entendida como actividad de distribución de seguros.

ENMIENDA NÚM. 23

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Al punto tres del artículo tres

De adición.

Añadir un apartado f) con el siguiente texto:

"f) La mera incorporación por parte del tomador del seguro a terceros como asegurados en las pólizas globales o pólizas de seguro colectivo que tenga contratada el proveedor de un servicio de alquiler de vehículos."

JUSTIFICACIÓN

La motivación principal para la introducción de esta enmienda de adición en el Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados es que, por lo general, las compañías de alquiler de vehículos (o "rent a car") son tomadoras en sentido propio de un seguro colectivo -y por tanto, titulares de la relación contractual y de las obligaciones principales (pago de prima, prestación de consentimiento, declarar el riesgo)- que, por lo general, suscriben con las compañías aseguradoras una póliza global que cubre, entre otros riesgos, la responsabilidad civil derivada del ejercicio de su actividad, pérdida de su flota, daños materiales, daños personales, invalidez o fallecimiento a causa accidentes con los vehículos de su flota. Para cada uno de estos riesgos asegurados pueden coexistir en la misma persona la figura del tomador-asegurado-beneficiario. En este sentido, y a modo de ejemplo, en caso de la responsabilidad


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derivada del ejercicio de su actividad la compañía de "rent a car" será la tomadora, asegurada junto con sus empleados, y los beneficiarios serán los terceros damnificados. Para la cobertura de daños personales en caso de accidente, el tomador sigue siendo la compañía de "rent a car", si bien el asegurado será el cliente que arrienda el vehículo.

De acuerdo con lo expuesto, y dada la existencia de un seguro colectivo en el que el tomador del mismo es la compañía de alquiler de vehículos, la información que la empresa de alquiler de vehículos le presta al cliente indicándole la existencia de dicha póliza debe ser encuadrada dentro de "las actividades de información prestadas con carácter accesorio al contexto de otra actividad profesional", y como consecuencia, no debe ser entendida como actividad de distribución de seguros.

ENMIENDA NÚM. 24

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Al punto dos del artículo cuatro

De adición.

Modificar el apartado b) por el siguiente texto:

"b) Que el prorrateo anual del importe de la prima abonada por los mediadores de seguros complementarios que ejerzan actividades de distribución de seguros a las compañías aseguradoras u otras instituciones aseguradoras por el producto de seguro no supere los 600 euros, o que el importe de dicha prima abonada por persona no supere los 200 euros, cuando la duración del servicio a que se refiere la letra a) sea inferior o igual a tres meses."

JUSTIFICACIÓN

Las compañías "rent a car" a través de su gestión de pólizas colectivas por los volúmenes que contratan consiguen condiciones más ventajosas para sus clientes que si tuvieran que contratar el seguro por su cuenta. Es por tanto la compañía "rent a car" quien adquiere la obligación de abonar la prima pactada con la compañía de seguros. En consecuencia es ésta prima la que debe ser tenida en cuenta a la hora del cómputo del prorrateo anual del artículo 4 punto 2 b) del Proyecto de Ley. De lo contrario, se produciría un incremento del coste y su inviabilidad comercial para las "rent a car" resultaría seguramente en el cese de la oferta de seguros privando al consumidor de un servicio de valor añadido necesario o por el contrario en un incremento del precio y del IVA correspondiente haciendo prácticamente inaccesible al cliente final la compra de dicho servicio.

Asimismo todos los actores del sector tendrían que cambiar su modelo de negocio, los procesos y hasta la estructura de todas las compañías de "rent a car", lo que conllevaría un impacto en el sector en detrimento de sus modelos comerciales, estructurales y de prestación de servicios y en consecuencia, perjudicaría directamente las operaciones y modelo de negocio de todas las compañías afectadas, y tendría una repercusión directa en la capacidad de generación y mantenimiento de puestos de trabajo.


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ENMIENDA NÚM. 25

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Al punto dos del artículo cuatro

De modificación.

Que quedaría redactado como sigue:

"2. Esta ley no se aplicará a los mediadores de seguros complementarios que ejerzan actividades de distribución de seguros cuando concurran todas las circunstancias siguientes:

a) Que el seguro sea complementario del bien o del servicio suministrado por algún proveedor, cuando dicho seguro cubra: 1.º El riesgo de avería, pérdida o daño del bien o la no utilización del servicio suministrado por dicho proveedor, o 2.º Los daños al equipaje o la pérdida de este y demás riesgos relacionados con el servicio de viaje viaje contratado con dicho proveedor; y

b) Que el prorrateo anual del importe de la prima abonada por el producto de seguro no supere los 600 euros, o que el importe de la prima abonada por persona no supere los 200 euros, cuando la duración del servicio a que se refiere la letra a) sea inferior o igual a tres meses."

JUSTIFICACIÓN

La IDD (Directiva de Distribución de Seguros) es el nuevo marco legal para la distribución de seguros en toda la UE. El alcance se ha ampliado en comparación con la actual Directiva de mediación de seguros para incluir todos los canales de distribución de seguros, con algunas excepciones.

La línea pública de la Comisión Europea es que las nuevas reglas para seguros mejoren la manera en la que los productos de seguros son vendidos y conlleven beneficios reales a consumidores y a inversores minoristas.

La IDD amplía el alcance de las empresas de seguros a los intermediarios que venden directamente a los clientes, incluidos los sitios web y ciertos mediadores de seguros. Esto se basa en la opinión de que la protección del consumidor debe ser la misma para los productos de seguro, independientemente del canal de distribución.

Tanto la Directiva como el proyecto de ley definen la figura de distribuidor de seguros complementarias en la que podría estar incluida la actividad de las empresas de alquiler de vehículos, cuando ofrecen la posibilidad de contar con seguros complementarios a sus clientes (distintos del seguro obligatorio del vehículo) pero el proyecto de ley reconoce, en su artículo 4.2, que puede haber exenciones para ser incluidos en el ámbito de esta ley cuando concurren algunas circunstancias.

La Directiva y el proyecto de ley incluye entre las exenciones la actividad que realizan las empresas de alquiler de vehículos y esta interpretación la ha realizado también la Unión Europea como queda claro en el Plan de acción la Comisión Europea de los Servicios Financieros al Consumidor de 23.3.2017, que afirma (páginas 8 y 9 del documento-COM[(2017) 139 final)].

"La Directiva de Distribución de Seguros exime de su alcance de los requisitos de aplicación e información a los "intermediarios de seguros auxiliares", como las compañías de alquiler de automóviles que venden seguros complementarios".

Es más la redacción del artículo 4.2 del proyecto español es exacta a la redacción del artículo 1.3 de la Directiva. No puede ser que las compañías de alquiler deban ahora afrontar requisitos engorrosos cuando la intención original era lo opuesto.

Por ello, es necesario asegurar en la trasposición de la Directiva al ordenamiento español que no haya interpretaciones erróneas en la legislación de desarrollo posterior de la ley y por lo tanto, las enmiendas propuestas van encaminadas a que quede claro el espíritu ya planteado en la Directiva y a su correcta aplicación.


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Las empresas de alquiler reúnen los estándares que la Directiva pretende y que también recoge el artículo 4.3 del proyecto para las empresas que se consideren exentas. (Información previa detallada a la celebración del contrato, por escrito y los mecanismos adecuados y proporcionados).

Reino Unido y Holanda, entre otros, otorgaron una exención al alquiler de vehículos en virtud de la Directiva de Mediación de Seguros original. Después de una revisión periódica, en ambos casos los reguladores nacionales no encontraron riesgos asociados con el producto Seguro Personal/Seguro de Accidente Personal. Existe, en lo que respecta a las principales compañías de alquiler, poca evidencia para sugerir que exista un riesgo significativo que afecte al consumidor relacionado con los seguros.

Si las compañías de alquiler de vehículos no estuvieran dentro de la exención no mejoraría el servicio y garantía a los consumidores sino que añadiría cargas innecesarias. No está dentro de los intereses del consumidor eliminar este canal de distribución, el cual podría ser consecuencia definitiva de la sobrerregulación, ya que los consumidores tendrían menos opciones de coberturas cuando alquilen un vehículo.

ENMIENDA NÚM. 26

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Al artículo veintinueve

De modificación, que quedaría redactado como sigue:

"1. Son corredores de seguros las personas físicas o jurídicas que realizan la actividad de distribución de seguros, ofreciendo asesoramiento independiente basado en un análisis objetivo y personalizado, a quienes demanden la cobertura de riesgos.

2. Los corredores de seguros deberán informar a quien trate de concertar el seguro sobre las condiciones del contrato que a su juicio conviene suscribir y ofrecer la cobertura que, de acuerdo a su criterio profesional, mejor se adapte a las necesidades de aquél; asimismo, velarán por la concurrencia de los requisitos que ha de reunir la póliza de seguro para su eficacia y plenitud de efectos.

3. Igualmente, vendrán obligados durante la vigencia del contrato de seguro en que hayan intervenido a facilitar al tomador, al asegurado y al beneficiario del seguro la información que reclamen sobre cualquiera de las cláusulas de la póliza y, en caso de siniestro, a prestarles su asistencia y asesoramiento.

4. El pago del importe de la prima efectuado por el tomador del seguro al corredor no se entenderá realizado a la entidad aseguradora, salvo que, a cambio, el corredor entregue al tomador del seguro el recibo de prima de la entidad aseguradora."

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de Ley cercena parte de las actividades que el corredor realiza, y simplemente se limita a indicar que será corredor quien asesore basándose en un análisis objetivo. Olvida el Proyecto dos labores fundamentales del corredor de seguros, y que han de mantenerse, pues benefician claramente al consumidor de seguros, y que son:

1. Velarán por la concurrencia de los requisitos que ha de reunir la póliza de seguro para su eficacia y plenitud de efectos.

2. Igualmente, vendrán obligados durante la vigencia del contrato de seguro en que hayan intervenido a facilitar al tomador, al asegurado y al beneficiario del seguro la información que reclamen sobre cualquiera de las cláusulas de la póliza y, en caso de siniestro, a prestarles su asistencia y asesoramiento.


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ENMIENDA NÚM. 27

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Al punto cinco del artículo setenta y siete

De adición.

Que quedaría redactado como sigue:

"5. El tratamiento de los datos que los distribuidores de seguros lleven a cabo para valorar la honorabilidad comercial y profesional en el marco de lo dispuesto en la ley, deberá limitarse a la exclusiva finalidad de suministro de la información a las Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, quedando expresamente limitado el número de personas que dentro de la organización pueda tener acceso a dichos datos.

Las entidades aseguradoras no podrán conservar los datos que les faciliten los mediadores, y que no deriven en la contratación de un producto de seguro, estando obligadas a eliminarlos."

JUSTIFICACIÓN

Para evitar una práctica generalizada que entendemos va en contra de la normativa de Protección de Datos y, en especial, del principio de legitimidad previsto en el RGPD.

ENMIENDA NÚM. 28

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

De adición.

Se añade una disposición adicional con el siguiente texto:

"Disposición adicional XX. La duración del contrato será determinada en la póliza, y en todo caso no podrá ser de una duración superior a diez años. La prórroga será posible en plazos no superiores a un año.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, no se podrán formalizar contratos de seguro con vigencia superior a un año cuando estos afiancen operaciones de endeudamiento del tomador."

JUSTIFICACIÓN

Por las razones indicadas en el punto anterior. El ejemplo paradigmático se da en seguros de amortización de crédito, de prima única, que pueden llegar a alcanzar cuantías más que considerables, y que se incluyen en la hipoteca.

Se tiene así un seguro más caro que la media del mercado dado que no se negocia la prima, por el que -asimismo- se pagan intereses durante toda la vida del préstamo, y que si se produce el siniestro, no supondrá un extorno de prima implicando un potencial coste superlativo en comparación con los consumidores que contratan en el mercado libre.


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Además, no todos los seguros son iguales ni todos los hipotecados tienen idéntica profesión, hábitos de vida o enfermedades preexistentes, situaciones que no son contempladas y generan pérdida de cobertura.

ENMIENDA NÚM. 29

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

De adición.

Se añade una disposición final con el siguiente texto:

"Disposición final XX. Modificación de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

El último párrafo del artículo 83, de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro queda redactado en los siguientes términos:

"Por el seguro de vida el asegurador se obliga, mediante el cobro de la prima estipulada y dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a satisfacer al beneficiario un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, en el caso de muerte o bien de supervivencia del asegurado, o de ambos eventos conjuntamente.

El seguro sobre la vida puede estipularse sobre la vida propia o la de un tercero, tanto para caso de muerte como para caso de supervivencia o ambos conjuntamente, así como sobre una o varias cabezas.

Son seguros sobre la vida aquellos en que, cumpliendo lo establecido en los párrafos anteriores, la prestación convenida en la póliza ha sido determinada por el asegurador mediante la utilización de criterios y bases de técnica actuarial.

En los seguros para caso de muerte, si son distintas las personas del tomador del seguro y del asegurado, será preciso el consentimiento de éste, dado por escrito, salvo que pueda presumirse de otra forma su interés por la existencia del seguro.

A los efectos de lo indicado en el artículo 4, en los seguros sobre la vida se entiende que existe riesgo si en el momento de la contratación no se ha producido el evento objeto de la cobertura otorgada en la póliza.

Si el asegurado es menor de edad, será necesaria, además, la autorización por escrito de sus representantes legales.

No se podrá contratar un seguro para caso de muerte sobre la cabeza de menores de catorce años de edad o de incapacitados. Se exceptúan de esta prohibición, los contratos de seguros en los que la cobertura de muerte resulte inferior o igual a la prima satisfecha por la póliza o al valor de rescate.""

JUSTIFICACIÓN

El presente Proyecto de Ley deja sin actualizar el artículo 83, de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, que establece:

"No se podrá contratar un seguro para caso de muerte sobre la cabeza de menores de catorce años de edad o de incapacitados. Se exceptúan de esta prohibición, los contratos de seguros en los que la cobertura de muerte resulte inferior o igual a la prima satisfecha por la póliza o al valor del rescate."


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La exclusión de las personas incapacitadas es contraria a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 12, que establece:

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.

La exclusión de los "incapacitados" del seguro de vida no tiene cabida en la Convención. Es una discriminación por motivos de discapacidad que debe ser corregida, como viene sosteniendo el sector social de la discapacidad desde el año 2006 en que fue adoptado el tratado internacional de Naciones Unidas. Dado que este Proyecto de Ley viene referido a materia de seguros, se ha de aprovechar para mediante una enmienda específica, modificar la Ley de Contrato de Seguro, en este aspecto (que sería suprimido) y que es incompatible con los compromisos internacionales de España en relación con los derechos humanos de las personas con discapacidad.

A la Mesa de la Comisión de Economía y Empresa

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

ENMIENDA NÚM. 30

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 2

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone incluir en las definiciones dos puntos adicionales:

"24. Se entiende por venta vinculada toda oferta o venta de un paquete constituido por un contrato de seguro y otros productos o servicios diferenciados cuando el contrato de seguro no se ofrezca al cliente por separado.


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25. Se entiende por venta combinada toda oferta o venta de un paquete constituido por un contrato de seguro y otros productos o servicios financieros diferenciados, cuando el contrato de seguro se ofrezca también al diente por separado."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 31

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 3

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone incluir una segunda parte en el apartado 3.a)1.º:

"1.º) si el proveedor no efectúa ninguna acción adicional para ayudar a celebrar o a ejecutar un contrato de seguro, no entendiéndose entre tales acciones la captación de clientela, ni las funciones auxiliares de tramitación administrativa que no impliquen la asunción de obligaciones."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 32

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 4.2

De modificación.

Texto que se propone:

En el apartado 4.2 se propone la siguiente redacción:

[...]

Artículo 4.2. Esta ley no se aplicará a los mediadores de seguros complementarios que ejerzan actividades de distribución de seguros cuando concurran todas las circunstancias siguientes:

a) Que el seguro sea complementario del bien o del servicio suministrado por algún proveedor, cuando dicho seguro cubra:

1.º El riesgo de avería, pérdida o daño del bien o la no utilización del servicio suministrado por dicho proveedor, o

2.º Los daños al equipaje o la pérdida de este y demás riesgos relacionados con el servicio de viaje contratado con dicho proveedor; y


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b) Que el prorrateo anual del importe de la prima abonada por el producto de seguro no supere los 600 euros, o que el importe de la prima abonada por persona no supere los 200 euros, cuando la duración del servicio a que se refiere la letra a) sea inferior o igual a tres meses.

[...]"

JUSTIFICACIÓN

Dar mayor seguridad jurídica al sustituir un término indeterminado "viaje" por un concepto económico más preciso de "servicio".

ENMIENDA NÚM. 33

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 8

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone la siguiente redacción:

"3. Los mediadores de seguros que se sirvan de sitios web u otras técnicas de comunicación a distancia para ofertar y/o comparar productos de seguro deberán elaborar políticas escritas que garanticen su transparencia, debiendo estar a disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para su supervisión. Dichas políticas escritas incluirán al menos la siguiente información que se detalla a continuación que, además, deberá incluirse de forma destacada en la página web del distribuidor:

a) En su caso, los criterios utilizados para la selección y comparación de los productos de las entidades aseguradoras.

b) Las entidades aseguradoras sobre las que se ofrecen productos y la relación contractual con el distribuidor mediador.

c) Si la relación con las entidades aseguradoras es o no remunerada y la naturaleza de la remuneración.

d) Si el precio del seguro que figura al final del proceso está o no garantizado.

e) La frecuencia con la que la información de los distribuidores es actualizada.

Junto a la información anterior, los mediadores deberán indicar la titularidad y condición de los mismos de tal manera que los usuarios puedan ejercer con la máxima garantía los derechos de asistencia y defensa de sus intereses y, en especial, utilizar las instancias de reclamación interna."

JUSTIFICACIÓN

Se refuerza el principio de transparencia en favor de los consumidores, en línea con la Directiva de Distribución, de manera que el usuario de estos servicios tenga acceso a toda la información relevante en la misma página de internet en la que reciben la oferta de un producto de seguro.


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ENMIENDA NÚM. 34

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 11.7

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone la siguiente redacción al apartado 7 del artículo 11:

"7. El Un colaborador externo de un agente exclusivo mediador de seguros, agente de seguros o corredor de seguros, no solo podrá colaborar con otros agentes exclusivos de la misma entidad aseguradora o con agentes del mismo grupo asegurador definidos en el artículo 22 mediadores de seguros de distinta clase.

Los colaboradores externos no podrán ser titulares directos o indirectos de sitios webs que realicen comparación de productos de seguro."

JUSTIFICACIÓN

La Directiva de Distribución no contiene disposición alguna sobre el régimen de incompatibilidades, siendo una materia desarrollada por los legisladores nacionales en función de las particulares de cada mercado.

El régimen de incompatibilidades actualmente vigente ha probado funcionar bien y por tanto no parece que esté suficientemente acreditada la necesidad de su modificación.

ENMIENDA NÚM. 35

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 17

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone la siguiente redacción:

"1. Incompatibilidades de los agentes exclusivos.

a) Sin perjuicio de la responsabilidad penal o de otra índole en que pudiera incurrir el agente de seguros en el ejercicio de su actividad de distribución de seguros, la responsabilidad civil de los agentes de seguros exclusivos y de sus colaboradores externos, recaerá será imputada a en la entidad aseguradora con la que hubiera celebrado el un contrato de agencia de seguros y en los términos previstos en el mismo la responsabilidad civil profesional derivada de su actuación y de sus colaboradores externos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los contratos de agencia celebrados.

b) El apartado anterior no será de aplicación a los operadores de banca seguros.

b) En lo que se refiere a los agentes de seguros vinculados y operadores de bancaseguros se estará al régimen previsto en los artículos 23 y 26 de esta ley.


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2. Incompatibilidades de los agentes vinculados

a) Los agentes de seguros vinculados no podrán ejercer como agentes exclusivos, ni como corredor de seguros, ni como mediador de seguros complementarios, ni como colaborador externo de estos, tercer perito, perito de seguros o comisario de averías a designación de los tomadores de seguros, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguro en los que hubiesen intervenido como agentes de seguros.

b) Los agentes de seguros vinculados, personas físicas, no podrán desempeñar cargos de administración o de dirección en las sociedades que ejerzan la actividad de agencia de seguros exclusiva, ni de correduría de seguros, ni en sociedades de intermediarios de seguros complementarios o de colaboradores de unos y otros.

c) En las sociedades de agencia de seguros vinculadas, la persona responsable de la actividad de distribución y las personas que integran el órgano de dirección responsable en la mediación de los seguros no podrán ejercer como agentes de seguros exclusivos, ni como corredores de seguros, ni en sociedades de mediadores de seguros complementarios o como colaboradores de unos u otros. Tampoco podrán desempeñar cargos de dirección o de administración en sociedades de agencia de seguros exclusivas o en sociedades de correduría de seguros."

JUSTIFICACIÓN

Se propone mantener el régimen de responsabilidad actualmente previsto en la Ley 26/2006 dado que la nueva Directiva no contiene ninguna novedad sobre esta materia que haga necesaria una modificación del actual "status quo", habiendo sido además una cuestión pacífica que no ha presentado ninguna problemática frente a los consumidores.

ENMIENDA NÚM. 36

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 19

De modificación.

Texto que se propone:

Modificación del artículo 19 con la siguiente redacción:

"Artículo 19. Incompatibilidades de los agentes exclusivos.

"1. Los agentes de seguros exclusivos no podrán ejercer como agentes vinculados, ni como corredor de seguros, ni como intermediario de seguros complementarios, ni como colaborador externo de ningún tipo de mediador, tercer perito, perito de seguros o comisario de averías a designación de los tomadores de seguros, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguro en los que hubiesen intervenido como agentes de seguros.

2. Los agentes de seguros exclusivos, persona física o jurídica, no podrán ser la persona responsable de la actividad de distribución ni desempeñar cargos de administración o dirección en sociedades que ejerzan la actividad de agencia de seguros exclusiva, -salvo que se adopten los mecanismos necesarios para garantizar el respeto al pacto de exclusividad que les caracteriza y se admita por la entidades aseguradoras afectadas-, ni en sociedades de correduría, ni en sociedades de mediadores de seguros complementarios.

3. En las sociedades de agencia de seguros exclusivos, la persona responsable de la actividad de distribución o las personas que integren el órgano de dirección responsable de la actividad de distribución no podrán desempeñar cargos de dirección o de administración


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en otras sociedades de agencia exclusivas, en sociedades de agencia de seguros vinculadas, ni en sociedades de correduría de seguros, ni en sociedades de mediadores de seguros complementarios ni en colaboradores de unos u otros, salvo que se adopten los mecanismos necesarios para garantizar el respeto al pacto de exclusividad y se admita por las entidades aseguradoras afectadas.""

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con las anteriores enmiendas, se propone mantener el régimen de incompatibilidades actualmente vigente para los agentes exclusivos. Para ello, para el primer apartado se ha reformulado el actual artículo 19 del proyecto en el que además se ha añadido la incompatibilidad relativa al mediador de seguros complementarios, figura de nueva creación y que debe ser integrada en dicho régimen.

En los dos siguientes apartados, se propone mantener el régimen de incompatibilidades para las personas jurídicas previsto en la norma actual al objeto de impedir que a través de sociedades interpuestas se eluda el cumplimiento de la Ley.

ENMIENDA NÚM. 37

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 23

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone la inclusión de nuevas letras g) y h) en el artículo 23 con la siguiente redacción:

"g) Disponer de una capacidad financiera que deberá en todo momento alcanzar el cuatro por ciento del total de las primas anuales percibidas, sin que pueda ser inferior a 18.750 euros salvo que contractualmente se haya pactado de forma expresa con todas y cada una de las entidades aseguradoras que los importes abonados por la clientela se realizarán directamente a través de la domiciliación bancaria en cuentas abiertas a nombre de aquéllas, o que, en su caso, el agente de seguros vinculado ofrezca al tomador una cobertura inmediata entregando el recibo emitido por la entidad aseguradora, y, en uno y otro caso, que las cantidades abonadas en concepto de indemnizaciones se entregarán directamente por las entidades aseguradoras a los tomadores de seguros, asegurados o beneficiarios.

h) Acreditar que todas y cada una de las entidades aseguradoras con las que vaya a celebrar un contrato de agencia de seguros asumen la responsabilidad civil profesional derivada de su actuación como agente de seguros vinculado, o que dicho agente dispone de un seguro de responsabilidad civil profesional o cualquier otra garantía financiera que cubra en todo el territorio de la Unión Europea las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, de al menos de 1.250.000 de euros por siniestro y, en suma, 1.850.000 euros para todos los siniestros correspondientes a un determinado año, respecto a la actividad sobre la que no hubiera obtenido cobertura en virtud del contrato de agencia suscrito."

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con la enmienda presentada al artículo 17, se propone incluir nuevas letras g) y h) al objeto de que se mantenga la vigente regulación de la ley 26/2006, sobre responsabilidad civil y solvencia financiera de los agentes vinculados adecuándose la redacción a lo establecido en el artículo 10 de la Directiva de distribución de seguros.


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ENMIENDA NÚM. 38

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 24.1

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone la siguiente redacción del párrafo segundo del apartado 1 del art. 24:

"1. Tendrán la consideración de operadores de banca-seguros las entidades de crédito, los establecimientos financieros de crédito y las sociedades mercantiles controladas o participadas por cualquiera de ellos conforme a lo indicado en el artículo 34 que, mediante la celebración de un contrato de agencia de seguros con una o varias entidades aseguradoras, se comprometan frente a éstas a realizar la actividad de distribución de seguros como agentes de seguros utilizando sus redes de distribución.

Cuando la actividad de distribución de seguros se realice a través de una sociedad mercantil controlada o participada por la entidad de crédito o de establecimientos financieros de crédito o grupo de entidades de crédito o de establecimientos financieros de crédito, las relaciones con dicha sociedad mercantil se regularán por un contrato de prestación de servicios recíprocos consistentes en la cesión de la red de distribución de cada una de dichas entidades de crédito o establecimientos financieros de crédito al operador de banca-seguros para la distribución de los productos de seguros. En dicho contrato, las entidades de crédito o los establecimientos financieros de crédito deberán asumir la obligación de formar adecuadamente a las personas que forman parte de la red y que participan directamente en la distribución de los seguros."

JUSTIFICACIÓN

Con la inclusión de la expresión "recíprocos" se pretende aclarar que ambas entidades, en aras a la distribución conjunta de seguros, se prestan servicios entre sí. La entidad de crédito cedente de la red, presta ésta, sus medios humanos y materiales necesarios para la distribución de seguros y el operador de banca-seguros de grupo dirige la actividad de comercialización, asume la responsabilidad administrativa y pone su experiencia y conocimientos.

ENMIENDA NÚM. 39

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 26

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone la siguiente eliminación:

"1. Para figurar inscrito como operador de banca-seguros en el registro administrativo previsto en el artículo 7, será necesario cumplir y mantener en todo momento los siguientes requisitos:

c) Acreditar que la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, las personas que forman parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución y todas las personas que participan directamente en la distribución de seguros, cumplen el requisito de honorabilidad comercial y profesional en los términos dispuestos en el artículo 2."


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JUSTIFICACIÓN

No se pueda extender indiscriminadamente la obligación de aportar un certificado de penales.

ENMIENDA NÚM. 40

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 26.1

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone la siguiente redacción en la letra d) del artículo 26.1:

"d) Acreditar que la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, al menos la mitad de las personas que forman parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución y todas las personas que participan directamente en la distribución de seguros, poseen unos conocimientos y aptitudes apropiados mediante la superación de cursos de formación que podrán impartir las propias entidades de crédito o establecimientos financieros de crédito de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en su normativa de desarrollo."

JUSTIFICACIÓN

Habida cuenta que parece evidente que no se modifica la actual legislación en lo que respecta a la formación para obtener conocimientos y aptitudes necesarias para la actividad de distribución, se propone la matización indicada a fin de evitar cualquier confusión.

ENMIENDA NÚM. 41

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 33

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone la siguiente redacción:

"1. Se considerarán incompatibles para ejercer la actividad como corredor de seguros las personas físicas siguientes:

a) Los agentes de seguros u operadores de banca seguros ya sean exclusivos o no, y los administradores, delegados, directores, gerentes, los apoderados generales o quienes bajo cualquier título lleven la dirección de las sociedades que ejerzan la actividad de agencia de seguros, ya sea en exclusividad o no, así como los empleados y colaboradores de dichos agentes y sociedades de agencia.

a bis) Los administradores, delegados, directores, gerentes, los apoderados generales o quienes bajo cualquier título lleven la dirección de entidades aseguradoras o reaseguradoras, así como los empleados de éstas.


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b) Los colaboradores externos de los agentes de seguros u operadores de banca-seguros.

c) Los peritos de seguros, comisarios de averías y liquidadores de averías, salvo que estas actividades se desarrollen en exclusiva para asesoramiento de tomadores del seguro, asegurados o beneficiarios por contrato de seguro.

d) Los administradores, delegados, directores, gerentes, los apoderados generales o quienes bajo cualquier título lleven la dirección de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, y operadores de banca-seguros, así como los empleados de éstas.

2. En el caso de que la actividad de corredor de seguros se realice por una persona jurídica, aquella no podrá simultanearse con las siguientes actividades:

a) Aseguradora o reaseguradora.

b) Agencia de suscripción.

c) Agente de seguros u operador de banca-seguros.

d) Colaborador externo de agente de seguros u operador de banca-seguros.

e) Aquellas otras para cuyo ejercicio se exija objeto social exclusivo.

f) De peritación de seguros, comisariado de averías o liquidación de averías, salvo que estas actividades se desarrollen en exclusiva para asesoramiento de tomadores del seguro, asegurados o beneficiarios por contrato de seguro.

A los directores, gerentes, delegados, apoderados generales o a quienes bajo cualquier título lleven la dirección general y la dirección técnica de las sociedades de correduría de seguros les será de aplicación en el ejercicio de dicha función el régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 33.1 de esta Ley."

JUSTIFICACIÓN

Se propone completar el régimen de incompatibilidades incluyendo también las relaciones societarias. De lo contrario, la vulneración del régimen de incompatibilidades sería tan sencillo como utilizar sociedades interpuestas, por tanto, debe preservarse una regulación equitativa sea cual sea la forma jurídica del intermediario, tal y como se estipulaba en la ley de mediación actual.

ENMIENDA NÚM. 42

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 40

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone añadir un apartado número 4 final al artículo 40 con la siguiente redacción:

"4. El departamento o servicio de atención al cliente podrá ser común a otras sociedades del mismo grupo económico."

JUSTIFICACIÓN

La posibilidad de que exista un departamento o servicio de atención al cliente para todo el grupo económico está prevista en el artículo 4 de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo.


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ENMIENDA NÚM. 43

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 41

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone añadir un apartado número 4 final al artículo 41 con la siguiente redacción:

"4. La designación del defensor del cliente podrá efectuarse conjuntamente con otras entidades, de manera que aquél atienda y resuelva las reclamaciones de los clientes de todas ellas, de acuerdo con lo que disponga su reglamento de funcionamiento."

JUSTIFICACIÓN

La posibilidad de que se designe un defensor del cliente para varias entidades figura prevista en el artículo 4 de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo. La regulación actual podría ser interpretada como derogación táctica del artículo 2 del Código Civil, por lo que conviene aclararlo.

ENMIENDA NÚM. 44

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 66

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone la siguiente redacción del artículo 66.2.h:

"2. Tendrán la consideración de infracciones muy graves:

h) El reiterado incumplimiento de las resoluciones emanadas de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

A estos efectos, se entiende que el incumplimiento tiene el carácter de reiterado cuando se incumpla una resolución y no se atienda al requerimiento que al efecto se formule por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

A estos efectos, se entiende que el incumplimiento tiene el carácter de reiterado cuando se incumpla una resolución y no se atienda en el plazo previsto en el propio requerimiento o en su defecto en el plazo de un mes al requerimiento que al efecto se formule por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.


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ENMIENDA NÚM. 45

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 66

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone la siguiente redacción del artículo 66.2.K:

"k) Respecto de la distribución de productos de inversión basados en seguros, el incumplimiento sustancial y relevante de cualquiera de las obligaciones de información y normas de conducta previstas en el capítulo VI del título II, así como de las previstas en el artículo 24.1 del Reglamento (UE) N.º 1286/2014, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 26 de noviembre de 2014, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 46

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 68

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone la modificación del apartado 5 del artículo 68:

"5. A efectos de las sanciones previstas, se entenderá por volumen de negocio para mediadores de seguros y reaseguras el total de remuneraciones generadas por la actividad de distribución de seguros y reaseguras correspondiente a contratos perfeccionados o prorrogados en el último ejercicio económico cerrado con anterioridad a la comisión de la infracción. Para aquéllos mediadores de seguros y de reaseguras que operen en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, esta cifra se referirá al volumen de negocio en España.

En el caso de entidades aseguradoras y reaseguradoras se entiende por volumen de negocio lo dispuesto en el artículo 198 c) de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras, relativas al importe total del negocio generado en la distribución directa de seguros."

JUSTIFICACIÓN

Se propone aclarar el concepto de "volumen de negocio" establecido en el texto del Proyecto de Ley respecto a las sanciones aplicables a las entidades aseguradoras al objeto de que éste se circunscriba al volumen de negocio generado por la distribución directa de seguros y no abarque la totalidad del negocio de la aseguradora.


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ENMIENDA NÚM. 47

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al artículo 85

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone la siguiente redacción del artículo 85.2.:

"85.2. Se considerarán en todo caso como normas de interés general en territorio español las disposiciones relativas a las obligaciones de información y normas de conducta, y las relativas a los requisitos adicionales de información en relación con los productos de inversión basados en seguros, a las que se refiere el capítulo VI del título II, así como las relativas a responsabilidad civil profesional, capacidad financiera y exigencia de un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía financiera similar."

JUSTIFICACIÓN

Para guardar la debida coherencia con los distribuidores residentes en España y evitar cualquier probabilidad de ventaja competitiva entre los distribuidores por razón de su residencia.

ENMIENDA NÚM. 48

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

A la disposición adicional tercera, apartado 1

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone la siguiente redacción del punto 1 de la disposición adicional tercera:

"1. Las personas que realicen las actividades reguladas en esta ley estarán obligadas a conservar una copia digital de los documentos en los que se plasme la información precontractual entregada al cliente en cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo, al objeto de acreditar el cumplimiento de dichas obligaciones, durante un plazo mínimo de seis años desde el momento de la finalización de los efectos del contrato. La misma obligación tendrá respecto de la información precontractual relativa a productos de seguros o servicios que sean objeto de práctica de venta combinada o vinculada.

2. En el caso de subrogación o cesión en la titularidad de la cartera de seguros, el distribuidor original deberá ceder necesariamente al distribuidor subrogado o cesionario copia de toda la documentación precontractual de la que dispusiere y tuviese aún obligación de conservar por no tener más de seis años de antigüedad. Desde la subrogación o cesión, el distribuidor subrogado o cesionario será el obligado a facilitar dicha documentación al usuario de seguros privados, si es reclamada por éste durante el periodo fijado en el apartado anterior."


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JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 49

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

A la disposición transitoria segunda

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone un nuevo apartado en la disposición transitoria segunda

"8. Se entenderán que cumplen los requisitos en materia de formación inicial exigidos en la ley, aquellas personas que a la fecha de entrada en vigor de la misma sean responsables de la actividad de distribución o formen parte del órgano de dirección de los mediadores de seguros, o sean empleados que participen directamente en sus actividades de distribución."

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la Disposición transitoria primera, que sí lo prevé para las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

ENMIENDA NÚM. 50

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Disposición final nueva

De adición.

Texto que se propone:

Se propone una nueva disposición final con la siguiente redacción:

"Disposición final nueva.

Con carácter aclaratorio se introduce un segundo párrafo en la regla 5.1 del apartado 2 del artículo 30 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la siguiente redacción:

A estos efectos se entenderá por "gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el desarrollo de la actividad económica" a los que se realicen en días de jornada laboral del contribuyente, con independencia de la ubicación del establecimiento de restauración y hostelería."

JUSTIFICACIÓN

Aclarar que la deducción no se limita a los casos de dietas por desplazamiento fuera del municipio de residencia fiscal del contribuyente.


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A la Mesa de la Comisión de Economía y Empresa

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas al articulado al Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

ENMIENDA NÚM. 51

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Al artículo 1

De adición.

Se propone añadir un nuevo párrafo en el Artículo 1. Objeto de la Ley, que queda redactado en los siguientes términos:

"Esta ley tiene por objeto establecer las normas sobre el acceso a las actividades de distribución de seguros y reaseguros por parte de las personas físicas y jurídicas, las condiciones en las que debe desarrollarse su objetivo, y el régimen de ordenación, supervisión y sanción que resulte de aplicación, con la finalidad principal de garantizar la protección de los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiados por contrato de seguro. Los poderes públicos velaran en todo momento por el cumplimiento del principio de libertad en materia de elección de entidad aseguradora y de distribuidor, por parte del consumidor de seguros."

JUSTIFICACIÓN

En beneficio del consumidor, que en ocasiones se ve compelido a contratar seguros a fin de que se le otorguen otro tipo de servicios (fundamentalmente bancarios), o que se le propongan ventajas en su contratación que, en general, no pasan de ser ficción, pues consisten en ofrecer intereses disuasorios que solo alcanzan condiciones de mercado con la vinculación de seguros y planes de pensiones.

ENMIENDA NÚM. 52

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Al artículo 2

De adición.

Se adiciona una nueva definición en el Artículo 2. Definiciones:

"Se considera necesario establecer, completar y asimilar la definición del concepto de "Ámbito de operaciones"como el centro principal de su efectiva administración y dirección, o su principal establecimiento o explotación con la definición número "14". "Centro principal de actividad": lugar en el que se gestiona la actividad principal."


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JUSTIFICACIÓN

En concordancia con la propuesta de modificación del artículo 6.

ENMIENDA NÚM. 53

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

De adición.

Se propone adicionar un nuevo punto d) en el apartado 3 del Artículo 4. Ámbito subjetivo de aplicación, que queda redactado en los siguientes términos:

"[...]

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, cuando la actividad de distribución se ejerza a través de un mediador de seguros complementarios que esté exento de la aplicación de la ley en virtud de lo dispuesto en el mencionado apartado, la entidad aseguradora o, en su caso, el mediador de seguros por cuenta de quien actúe, deberá garantizar lo siguiente:

a) Que el cliente disponga, antes de la celebración del contrato, de la información relativa a su identidad y dirección, así como a los procedimientos a que se refiere el capítulo IV del título II, previstos para la presentación de reclamaciones y quejas por parte de la los clientes;

b) Que se hayan establecido mecanismos adecuados y proporcionados para cumplir lo dispuesto en los artículos 46 y 58 y para tener en cuenta las exigencias y necesidades del cliente antes de proponerle un contrato;

c) Que el documento de información sobre el producto de seguro, a que se refiere el artículo 50.4, se haya facilitado al cliente antes de la celebración del contrato.

d) Que el mediador de seguros complementario está en disposición de la formación que reglamentariamente se determine, que no podrá ser inferior a la exigida a los agentes de seguros exclusiva."

JUSTIFICACIÓN

En beneficio del consumidor, que ha de ser informado plenamente del seguro que contrata independientemente del canal o distribuidor que le oferte.

ENMIENDA NÚM. 54

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Al artículo 5

De modificación.


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Se propone modificar el Artículo 5. Obligación de registro, que queda redactado en los siguientes términos:

"1. Los mediadores de seguros, los mediadores de seguros complementarios y los corredores de reaseguros deberán inscribirse en el registro administrativo previsto en el artículo 7, para poder iniciar y desarrollar su actividad de distribución de seguros o reaseguros.

Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en su condición de distribuidores de seguros o reaseguros, no deberán inscribirse en el registro del artículo 7, bastando con su inscripción en el regulado en el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, y en su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las obligaciones de registro de las personas relacionadas con las actividades de distribución de seguros a que se refiere el artículo 7.1., y con arreglo al artículo 6."

JUSTIFICACIÓN

Se pretende garantizar la inclusión de todos los distribuidores de seguros y Reaseguros con arreglo a una distribución competencial sin discriminaciones asimétricas entre los diversos distribuidores.

Concordancia con la propuesta de modificación del artículo 7 de este Proyecto de Ley. La Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016 sobre la distribución de seguros prevé la inscripción de los mediadores de seguros complementarios y de las personas relacionadas con las actividades de distribución de seguros de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en su condición de distribuidores de seguros o reaseguros.

ENMIENDA NÚM. 55

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Al artículo 6

De modificación.

Se propone modificar el Artículo 6. Distribución de competencias, que queda redactado en los siguientes términos:

"2. Las Comunidades Autónomas que con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan asumido competencias en la ordenación de seguros la tendrán respecto de los distribuidores de seguros, distribuidores de reaseguros, y los colegios de mediadores de seguros, cuyo domicilio y centro principal de actividad estén situados en el territorio de la Comunidad Autónoma. Entendiéndose como el centro principal de su efectiva administración y dirección, o su principal establecimiento o explotación Dichas competencias se ejercerán con arreglo a los siguientes criterios:

a) [...]

b) En el ámbito de competencias de ejecución, les corresponden las de ordenación y supervisión de los distribuidores de seguros y reaseguros que se otorgan a la Administración General del Estado en esta Ley, entendiéndose hechas al órgano autonómico competente las referencias que en ella se contienen al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, excepto las reguladas en el capítulo V del título II y en el título III."

JUSTIFICACIÓN

El "domicilio" y el "ámbito de operaciones", como puntos de conexión para acotar el objeto de la competencia autonómica vacían de facto el contenido de ésta cuando las empresas aumentan su


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dimensión económica y se expanden en el ámbito de aplicación de la Directiva, por lo que para evitarlo, en cumplimiento del sistema de distribución de competencias emanado del bloque de constitucionalidad (STC 35/2012, de 15 de marzo, -Fundamento Jurídico 5-; STC 95/2013, de 23 de abril -Fundamento Jurídico 7- y STC 27/2014, de 13 de febrero -Fundamento Jurídico 4-), es preciso mantener el criterio del domicilio para vincular un distribuidor de seguros y reaseguros al control y supervisión de las autoridades de una Comunidad Autónoma, incluyendo, asimismo, el punto de conexión relativo al ámbito principal de operaciones (asimilado al centro principal de actividad).

Los distribuidores de seguros pueden operar en el Espacio Económico Europeo en virtud de su autorización/ inscripción. Además, su póliza de Responsabilidad Civil profesional cubre su ejercicio en todo el Espacio Económico Europeo.

La Directiva, en su artículo 1.1, ya prevé como ámbito de aplicación:

"La presente Directiva establece normas relativas al acceso a las actividades de distribución de seguros y reaseguros, y al ejercicio de las mismas, dentro de la Unión."

Y en el 1.6: "La presente Directiva no se aplicará a las actividades de distribución de seguros en relación con riesgos y compromisos fuera de la Unión".

Por consiguiente, el mantenimiento de la actual redacción de este precepto de la Ley supone, por tanto, reducir a las Comunidades Autónomas a la condición de gestoras de fenómenos estrictamente locales e intereses particularistas, en lugar de reconocerles el carácter de copartícipes en la gestión de asuntos de dimensión y relieve general, por lo que el domicilio social y el centro principal de actividad se postulan a ser los únicos criterios a considerar como delimitadores de competencias, sin perjuicio de la competencia estatal para el establecimiento de la normativa básica.

La propuesta efectuada encuentra su encaje en lo establecido tanto por la Directiva mencionada como por el bloque de Constitucionalidad, sin que ello comporte menoscabo en la supervisión de las entidades ni mermas de protección al consumidor de los servicios de mediación en seguros y reaseguros privados, toda vez que se asegura la necesaria colaboración entre los distintos supervisores existentes en el Estado.

La actividad de distribución de seguros y de reaseguros engloba a todas las categorías de distribuidores, garantizando, además la inclusión de los mediadores de seguros complementarios, de acuerdo con la Directiva (UE) 2016/97.

Atendiendo a lo establecido en los artículos 2 y 12 de la Directiva (UE) 2016/97 y que este proyecto de ley pretende transponer a normativa doméstica, el redactado que se propone concilia el respeto a la distribución competencial reconocida estatutariamente con el ejercicio efectivo de una pluralidad de autoridades competentes. Así, se da cumplimiento a los siguientes mandatos:

- Los intermediarios de seguros, de reaseguros y de seguros complementarios deberán estar registrados por una autoridad competente, en su Estado miembro de origen.

- Los Estados miembros podrán establecer más de un registro para los intermediarios de seguros, reaseguros y seguros complementarios siempre que fijen criterios con arreglo a los cuales se deban registrar los intermediarios.

- En caso de que exista más de un registro en un Estado miembro, dicho Estado 'miembro creará un punto único de información que permita un acceso fácil y rápido a la información procedente de dichos registros establecidos y actualizados por vía electrónica. El punto de información permitirá asimismo la identificación de las autoridades competentes del Estado miembro de origen.

- Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes facultadas para garantizar la aplicación de la presente Directiva. Informarán de ello a la Comisión, indicando si existe reparto de competencias. (Tal y como prevé el artículo 6.6 de/proyecto de Ley).

- Las autoridades a que se refiere el apartado anterior deberán ser autoridades públicas u organismos reconocidos por el Derecho nacional o por autoridades públicas expresamente facultadas para ello por el Derecho nacional.

- Las autoridades competentes deberán disponer de todas las facultades necesarias para el desempeño de las funciones que les asigna la presente Directiva. En caso de pluralidad de autoridades competentes en su territorio, cada Estado miembro velará por propiciar una estrecha colaboración que les permita desempeñar eficazmente sus respectivas tareas.


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Por otro lado, el respeto que la Constitución española establece sobre las competencias de las Comunidades Autónomas promulgadas mediante leyes orgánicas y de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos del Estado imposibilita, al amparo del artículo 139 CE, la adopción de medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Debe tenerse en cuenta también, la profusa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los principios de necesidad; de proporcionalidad; de eficacia nacional y de no discriminación.

Así, las decisiones tomadas por la autoridad competente (Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma) deben basarse en un criterio de confianza mutua, y deben aplicarse principios comunes como el principio de eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas en la libre iniciativa económica, lo que implica el reconocimiento implícito de actuaciones de las autoridades competentes de otras Administraciones Públicas. Por ende pues, no hay razón alguna que impida que las inscripciones autonómicas tengan eficacia en el ámbito de aplicación de la Directiva (Art. 1.1).

ENMIENDA NÚM. 56

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Al artículo 6

De supresión.

Se propone la supresión del punto 3 del Artículo 6. Distribución de competencias:

"3. En relación con los agentes de seguros exclusivos y los operadores de banca seguros exclusivos, corresponde a las Comunidades Autónomas ejercer las competencias sobre ellos, siempre que la entidad aseguradora para la que prestan sus servicios esté sometida al control y supervisión de la referida Comunidad Autónoma conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley 20/2015, de 14 de julio."

JUSTIFICACIÓN

La distribución de competencias de esta norma debe dar el mismo trato a toda la tipología de mediadores que contempla y no puede discriminar a los agentes exclusivos. No tiene sentido delimitar la competencia autonómica, en materia de mediadores de seguros utilizando los mismos criterios de delimitación competencial aplicables respecto de entidades aseguradoras. El propio Tribunal Constitucional avala y justifica la existencia de criterios de delimitación competencial distintos en materia de mediadores de seguros y respecto entidades aseguradoras.

Partiendo de la premisa que se consideran distribuidores de seguros y reaseguros no solo los mediadores de seguros sino también las entidades aseguradoras y reaseguradoras, al igual que a otros participantes en el mercado que distribuyan productos con carácter auxiliar (como las agencias de viajes o las empresas de alquiler de automóviles), que tendrán la consideración de mediadores de seguros complementarios y además incluye la actividad desarrollada por los comparadores de seguros.

Entendemos que es necesario que la distribución competencial ofrezca el mismo trato a todos los distribuidores de seguros y reaseguros, en los que se encuentran también las entidades aseguradoras, en función del centro de su efectiva administración y dirección, o de su establecimiento o explotación. Así, la vinculación de la actividad de distribución de seguros privados en base a los criterios mencionados, delimitan el alcance territorial de las competencias atribuidas a las distintas Comunidades Autónomas, garantizando la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, que constituyen parte de los fundamentos comunitarios de la Unión Europea.


Página 41




ENMIENDA NÚM. 57

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Al artículo 7

De modificación.

Se propone la modificación del Artículo 7. Registro administrativo, que queda redactado en los siguientes términos:

"1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o Comunidad Autónoma competente con arreglo al artículo 6, llevará el registro administrativo, en el que deberán inscribirse, con carácter previo al inicio de sus actividades, los mediadores de seguros, los mediadores de seguros complementarios y los corredores de reaseguros residentes o domiciliados en España sometidos a esta ley.

[...]"

JUSTIFICACIÓN

Dar cabida a la distribución competencial basada en la pluralidad de autoridades competentes en el territorio español de acuerdo con lo que prevé la Directiva 2016/97 en su artículo 3.2 párrafo primero "Los estados miembros podrán establecer más de un registro para los intermediarios de seguros, reaseguros y seguros complementarios "siempre que fijen criterios con arreglo a los cuales se deban registrar los intermediarios"".

La redacción propuesta para el artículo 6 propone transponer fijando el criterio de: "Centro principal de actividad".

ENMIENDA NÚM. 58

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Al artículo 8

De supresión.

Se propone suprimir el punto 2 del Artículo 8. Clases de distribuidores de seguros, que queda de la siguiente manera:

"1. Tienen la consideración de distribuidores de seguros:

a) Las entidades aseguradoras.

b) Los mediadores de seguros.

c) Los mediadores de seguros complementarios.

2. A efectos de lo dispuesto en esta ley, se aplicará a los mediadores de seguros complementarios no excluidos del ámbito de aplicación de la ley en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2, el régimen jurídico de los mediadores de seguros, con las excepciones previstas en la ley. [...]."


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JUSTIFICACIÓN

Resulta necesario establecer el régimen jurídico propio aplicable a los mediadores de seguros complementarios como categoría propia de distribuidor de seguros, en base al precepto 3 de la Directiva (UE) 2016/97 que regula la obligatoriedad de su inscripción en el registro administrativo. Por tanto, se precisa la inclusión en el proyecto de ley de un capítulo especifico que determine el régimen jurídico aplicable a los mediadores complementarios con sus correspondientes especificidades.

ENMIENDA NÚM. 59

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Al artículo 18

De modificación.

Se propone modificar el Artículo 18. Publicidad y documentación mercantil de distribución de seguros privados de los agentes de seguros, que queda redactado en los siguientes términos:

"1. En la publicidad y en la documentación mercantil de distribución de seguros de los agentes de seguros, deberá figurar de forma destacada la expresión "agente de seguros exclusivo", "agente de seguros vinculado", "agencia de seguros exclusiva" o "agencia de seguros vinculada", seguida de la denominación social de la entidad aseguradora para la que esté realizando la operación de distribución de que se trate, en virtud del contrato de agencia con ella celebrado, o del contrato suscrito entre entidades aseguradoras de prestación de servicios para la distribución por medio de la cesión de sus redes, así como el número de inscripción en el registro administrativo previsto en el artículo 7 y, tener concertado un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera y, en su caso, disponer de la capacidad financiera, con arreglo todo ello a los artículos 21 y 23."

JUSTIFICACIÓN

En base a la exigencia prevista en el precepto 10.6 de la Directiva (UE) 2016/97 comporta necesariamente la necesidad de acreditación de la capacidad financiera por parte de todos los distribuidores de seguros incluyendo en su totalidad a los agentes de seguros, ya sean personas físicas como jurídicas, además de los distribuidores de reaseguros o seguros complementarios

ENMIENDA NÚM. 60

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Al artículo 23

De adición.


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Se propone añadir el punto f) y el punto g) en el apartado 3 del Artículo 23. Inscripción y requisitos de los agentes de seguros vinculados, que queda redactado en los siguientes términos:

"3. Para solicitar y obtener la inscripción como agente de seguros vinculado en el registro administrativo a que se refiere el artículo 7, será necesario cumplir y mantener en todo momento los siguientes requisitos:

a) [...]

[...]

f) Disponer de una capacidad financiera que deberá en todo momento alcanzar el cuatro por ciento del total de las primas anuales percibidas, sin que pueda ser inferior a 18.750 euros, salvo que contractualmente se haya pactado de forma expresa con las entidades aseguradoras, que los importes abonados por los clientes se realizarán directamente en cuentas de pago de titularidad de aquellas, o que, en su caso, el corredor de seguros ofrezca al tomador una cobertura inmediata siempre y cuando la entidad aseguradora haya autorizado al corredor a recibir en nombre y por cuenta de ésta las primas satisfechas por los tomadores, entregando el recibo de prima emitido por la entidad aseguradora, y, en uno y otro caso, que las cantidades abonadas en concepto de indemnizaciones se entregarán directamente por las entidades aseguradoras a los tomadores de seguros, asegurados o beneficiarios. La capacidad financiera podrá acreditarse mediante la contratación de aval emitido por una entidad financiera o de un seguro de caución, con objeto de proteger a los clientes frente a la incapacidad de los corredores de seguros para transferir la prima a la entidad aseguradora o para transferir la cantidad de la indemnización o el reembolso de la prima al asegurado.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.4.

g) Contratar un seguro de responsabilidad civil profesional o cualquier otra garantía financiera que cubra en todo el territorio de la Unión Europea las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, con una cuantía de, al menos de 1.250.000 de euros por siniestro y, en suma, 1.850.000 euros para todos los siniestros correspondientes a un determinado año.

h) No incurrir en las causas de incompatibilidad previstas en esta ley."

JUSTIFICACIÓN

Los apartados 4, 5 y 6 del artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/97 prevén, en relación con los intermediarios de seguros, de reaseguros y de seguros complementarios la obligación de disponer necesidad de un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra todo el territorio de la UE y de establecer medidas para proteger a la clientela frente a la incapacidad de los intermediarios de seguros, de reaseguros o de seguros complementarios respecto a la transmisión de la prima, indemnización o reembolso, como requisitos profesionales y de organización. En consecuencia, resulta necesaria la inclusión de dichos apartados a fin de dar cumplimiento con lo establecido por la Directiva.

El artículo 17 Responsabilidad civil profesional y el artículo 18 Publicidad y documentación mercantil de distribución de seguros privados de los agentes de seguros dan informaciones contradictorias entre sí: Así, el artículo 17, asume la responsabilidad civil cada entidad aseguradora, mientras que el artículo 18, establece que la asume el agente de seguros, al publicitarla en su documentación mercantil.

Por otro lado, en el artículo 23.3 no se incluye la acreditación de la responsabilidad civil ni de garantías financieras por parte del agente de seguros vinculado.

Se propone mantener el actual régimen de los agentes vinculados e incluir la acreditación de la responsabilidad civil y de las garantías financieras en el artículo 23.3. Como puntos f) y g), obligatorias para todos los agentes vinculados. O bien replicar lo dispuesto para los operadores de banca-seguros.


Página 44




ENMIENDA NÚM. 61

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Al artículo 29

De adición.

Se propone añadir tres nuevos párrafos en el Artículo 29. Concepto de corredor de seguros, que queda redactado en los siguientes términos:

"Son corredores de seguros las personas físicas o jurídicas que realizan la actividad de distribución de seguros, ofreciendo asesoramiento independiente basado en un análisis objetivo y personalizado, a quienes demanden la cobertura de riesgos.

Los corredores de seguros deberán informar a quien trate de concertar el seguro sobre las condiciones del contrato que a su juicio conviene suscribir y ofrecer la cobertura que, de acuerdo a su criterio profesional, mejor se adapte a las necesidades de aquél; asimismo, velarán por la concurrencia de los requisitos que ha de reunir la póliza de seguro para su eficacia y plenitud de efectos.

Igualmente, vendrán obligados durante la vigencia del contrato de seguro en que hayan intervenido a facilitar al tomador, al asegurado y al beneficiario del seguro la información que reclamen sobre cualquiera de las cláusulas de la póliza y, en caso de siniestro, a prestarles su asistencia y asesoramiento.

El pago del importe de la prima efectuado por el tomador del seguro al corredor no se entenderá realizado a la entidad aseguradora, salvo que, a cambio, el corredor entregue al tomador del seguro el recibo de prima de la entidad aseguradora."

JUSTIFICACIÓN

Con tal de reforzar la descripción del corredor de seguro, totalmente insuficiente. Para ello, se pretende rescatar la definición de corredor de seguros que aparece en la Ley 26/06, de mediación de seguros y reaseguros privados.

ENMIENDA NÚM. 62

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Al artículo 21.3.b) segundo párrafo - Agentes de seguros exclusivos

Al artículo 23.3.c) segundo párrafo - Agentes de seguros vinculados

Al artículo 26.1.d) segundo párrafo - Operadores de banca-seguros

Al artículo 31.1.d) segundo párrafo - Corredores de seguros

De modificación.

Se propone modificar los citados artículos, que quedan redactados en los siguientes términos:

"Las exigencias en materia de formación se modularán en función de los productos que se distribuyan, de la función desempeñada y de la actividad realizada con un mínimo de 15 horas al año."


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JUSTIFICACIÓN

La Directiva establece claramente en su artículo 10.2 que los intermediarios de seguros y reaseguros y los empleados de los intermediarios de seguros y reaseguros deberán acreditar, por lo menos, 15 horas de formación o desarrollo profesional al año.

Consideramos que debería incluirse en el apartado de formación de todos los distribuidores de seguros este extremo, remarcando que también la Dirección Técnica o los órganos de dirección responsables de la actividad de distribución están incluidos.

ENMIENDA NÚM. 63

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Al artículo 33

De adición.

Se propone añadir un nuevo punto d) en el apartado 1 del artículo 33. Incompatibilidades, que queda redactado de la siguiente manera:

"1. Se considerarán incompatibles para ejercer la actividad como corredor de seguros las personas físicas siguientes:

a) Los agentes de seguros u operadores de banca-seguros.

b) Los colaboradores externos de los agentes de seguros u operadores de banca-seguros.

c) Los peritos de seguros, comisarios de averías y liquidadores de averías, salvo que estas actividades se desarrollen en exclusiva para asesoramiento de tomadores del seguro, asegurados o beneficiarios por contrato de seguro.

d) Los administradores, delegados, directores, gerentes, los apoderados generales o quienes bajo cualquier título lleven la dirección de otros distribuidores de seguros, personas jurídicas, distintos de los corredores de seguros.

[...]"

JUSTIFICACIÓN

Se considera necesaria la delimitación del régimen de incompatibilidades del corredor de seguros persona física, siguiendo la normativa actualmente en vigor y de acuerdo con la clasificación de los diferentes tipos de distribuidores de seguros con el objetivo de aumentar la protección del consumidor y evitar posibles conflictos de intereses. La falta de previsión afectaría la independencia del corredor de seguros y, por tanto, vulneraría las previsiones contenidas en la Directiva UE 2016/97.

ENMIENDA NÚM. 64

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Al artículo 39

De adición.


Página 46




Se adiciona el siguiente párrafo en el artículo 39. Requisitos y organización de cursos de formación, que queda redactado en los siguientes términos:

"1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establecerá mediante resolución los requisitos y los principios básicos que habrán de cumplir los cursos de formación en materias financieras y de seguros privados, en cuanto a su contenido, organización y ejecución, que deberán ser programados en función de la cualificación profesional y de los conocimientos previos acreditados por los asistentes, todo ello de conformidad con lo previsto en el anexo de esta ley.

Los cursos de formación continua deberán considerar la clase de distribuidor, los productos distribuidos, la función desempeñada y la actividad realizada y tendrán una duración mínima de 15 horas de formación o desarrollo profesional anual, con independencia del desarrollo reglamentario correspondiente previsto en la disposición final séptima."

JUSTIFICACIÓN

El artículo 10.2 de la Directiva (UE) pretende reforzar la profesionalidad y la competencia de los distribuidores de seguros y reaseguros, los empleados de las empresas de seguros y reaseguros y los empleados de los intermediarios de seguros y reaseguros, de forma que sus conocimientos profesionales estén en consonancia con el nivel de complejidad y naturaleza de sus actividades.

ENMIENDA NÚM. 65

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Al artículo 60

De modificación.

Se propone modificar el artículo 60. Control de los distribuidores de seguros y reaseguros, que queda redactado en los siguientes términos:

"1. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ejercerán el control regulado en esta ley sobre los distribuidores de seguros y de reaseguros residentes o domiciliados en España, incluidas las actividades que realicen en régimen de derecho de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios, con arreglo a lo establecido en el artículo 6."

JUSTIFICACIÓN

Precisar la delimitación competencial entre los diversos supervisores del Estado.

ENMIENDA NÚM. 66

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Al artículo 61

De modificación.


Página 47




Se propone modificar el artículo 61. Obligaciones contables y deber de información estadístico-contable, que queda redactado en los siguientes términos:

"1. Los agentes de seguros vinculados, operadores de banca-seguros vinculados, corredores de seguros, corredores de reaseguros y los mediadores de seguros complementarios deberán llevar los libros-registro contables que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de la Ilevanza de los libros de contabilidad a que estuvieran obligados por las normas mercantiles o fiscales.

2. Una vez iniciada la actividad de distribución de seguros y reaseguros, los agentes de seguros vinculados, los operadores de banca-seguros, los corredores de seguros, los corredores de reaseguros y los mediadores de seguros complementarios, deberán remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones u organismo competente de la Comunidad Autónoma, la información estadístico-contable con el contenido y la periodicidad que reglamentariamente se determine.

3. El Ministro de Economía, Industria y Competitividad determinará los supuestos y condiciones en que los agentes de seguros vinculados, operadores de banca-seguros, los corredores de seguros y los corredores de reaseguros a que se refiere el apartado anterior habrán de presentar por medios electrónicos ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones u organismo competente de la Comunidad Autónoma la documentación e información que están obligados a suministrar conforme a su normativa específica."

JUSTIFICACIÓN

Resulta necesario que el redactado especifique la denominación de los organismos competentes de las Comunidades Autónomas atendiendo a la pluralidad de autoridades competentes en el territorio.

Por otro lado, la Directiva UE establece la obligatoriedad de la inscripción en el registro administrativo pertinente de los distribuidores de seguros y reaseguros, incluidos los mediadores de seguros complementarios.

ENMIENDA NÚM. 67

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Al artículo 78

De adición.

Se propone adicionar un nuevo párrafo, el número 5, del artículo 78. Otras normas de protección de datos, que queda redactado en los siguientes términos:

"[...]

5. Las entidades aseguradoras no podrán conservar los datos que les faciliten los mediadores, y que no deriven en la contratación de un producto de seguro, estando obligadas a eliminarlos."

JUSTIFICACIÓN

Para evitar una práctica generalizada que entendemos que va en contra de la normativa de Protección de Datos y, en especial, del principio de legitimidad previsto en el RGPD.


Página 48




ENMIENDA NÚM. 68

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Nueva disposición adicional

De adición.

Se propone adicionar una nueva disposición adicional, que modifique el artículo 22.1 de la Ley 50/80 de Contrato de Seguro, que queda redactado en los siguientes términos:

"1. La duración del contrato será determinado en la póliza, la cual no podrá fijar un plazo superior a diez años. Sin embargo, podrá establecerse que se prorrogue una o más veces por un período no superior a un año cada vez.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, no se podrán formalizar contratos de seguro con vigencia superior a un año cuando estos afiancen operaciones de endeudamiento del tomador."

JUSTIFICACIÓN

En beneficio del consumidor, que ve en ocasiones se ve compelidos a contratar seguros a fin de que se otorguen otro tipo de servicios.

El ejemplo paradigmático se da en seguros de amortización de crédito, de prima única, que pueden llegar a alcanzar cuantías más que considerables, y que se incluyen en la hipoteca. Se tiene así un seguro más caro que la media del mercado dado que no se negocia la prima, por el que -asimismo- se pagan intereses durante toda la vida del préstamo, y que si se produce el siniestro, no supondrá un extorno de prima implicando un potencial coste superlativo en comparación con los consumidores que contratan en el mercado libre.

Además, no todos los seguros son iguales ni todos los hipotecados tienen idéntica profesión, hábitos de vida o enfermedades preexistentes, situaciones que no son contempladas y generan pérdida de cobertura.

ENMIENDA NÚM. 69

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

A la disposición final segunda

De modificación.

Se propone modificar la disposición final segunda, por la que se modifica el artículo 19 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradora, que queda redactada en los siguientes términos:

"Artículo 19. Distribución de competencias.

1. Las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan asumido competencias en la ordenación de entidades aseguradoras y reaseguradoras, las tendrán con respecto de aquellas entidades cuyo domicilio social y ámbito de operaciones se circunscriban al territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, con arreglo a los criterios que se indican en el apartado 2 de este artículo.


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A los efectos señalados en el párrafo anterior, se entiende que una entidad aseguradora, incluidas las reaseguradoras, circunscribe su actividad al territorio de una Comunidad Autónoma cuando el número de contratos realizados dentro del ámbito territorial de dicha Comunidad resulte ser superior al realizado en el conjunto de las restantes Comunidades Autónomas, siempre que tal número superior de contratos se mantenga de forma continuada durante un período mínimo de cinco años consecutivos.

2. Los criterios que regirán la actuación de las Comunidades Autónomas en los casos previstos en el apartado 1 serán los siguientes:

a) [Igual que la letra a) del actual apartado 1 de la Ley].

b) En el ámbito de las competencias de ejecución les corresponden las de ordenación y supervisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras que se otorgan a la Administración General del Estado en esta Ley. Las referencias que en la Ley se contienen al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, se entenderán hechas al órgano autonómico competente con excepción de las que se refieren a entidades españolas que actúen en el ámbito de la Unión Europea o entidades europeas que operen en España.

También corresponde a las Comunidades Autónomas la autorización del acceso a la actividad aseguradora a las cooperativas de seguros y mutualidades de previsión social, así como su revocación.

3. (Igual que el actual apartado 2 de la Ley).

4. (Igual que el actual apartado 3 de la Ley).

5. (Igual que el actual apartado 4 de la Ley)."

JUSTIFICACIÓN

El "ámbito de operaciones", la "localización del riesgo" y la "asunción de compromisos" como puntos de conexión para acotar el objeto de la competencia autonómica vacían de facto el contenido de ésta, por lo que para evitarlo, en cumplimiento del sistema de distribución de competencias emanado del bloque de constitucionalidad (STC 35/2012, de 15 de marzo, -Fundamento Jurídico 5-; STC 95/2013, de 23 de abril -Fundamento Jurídico 7- y STC 27/2014, de 13 de febrero -Fundamento Jurídico 4-), es preciso mantener el criterio del domicilio social para vincular una entidad aseguradora al control y supervisión de las autoridades de una Comunidad Autónoma, incluyendo, asimismo, el punto de conexión relativo al ámbito principal de operaciones.

El mantenimiento de la actual redacción de este precepto de la Ley supone, por tanto, reducir a las Comunidades Autónomas a la condición de gestoras de fenómenos estrictamente locales e intereses particularistas, en lugar de reconocerles el carácter de copartícipes en la gestión de asuntos de dimensión y relieve general, por lo que el domicilio social y el ámbito principal de operaciones se postulan a ser los únicos criterios a considerar como delimitadores de competencias, sin perjuicio de la competencia estatal para el establecimiento de la normativa básica.

En consecuencia, la propuesta de modificación pretende atender a un principio de seguridad jurídica. En este sentido, el objetivo de la propuesta es:

- Solventar la cuestión práctica de determinar la competencia de supervisión, bien sea estatal o autonómica, en función de la continuidad de la cartera de contratos de seguros de la entidad supervisada. Así, únicamente cambiaría el órgano supervisor si durante más de cinco años consecutivos la cartera de contratos que la entidad aseguradora tiene concertados en el territorio de una Comunidad Autónoma fuese inferior a la cartera que tiene en el conjunto de las restantes Comunidades Autónomas.

Suprimir, por entender que se trata de una restricción injustificada a las competencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas, la actual limitación a la actividad ejecutiva de dichas Comunidades que supone reservar a la Administración General del Estado las competencias de otorgamiento de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora y su revocación, incluso teniendo competencia la Comunidad Autónoma por reunir la entidad los tres puntos de conexión,


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ENMIENDA NÚM. 70

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

A la disposición final segunda, por la que se modifica la ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 60. Agencias de suscripción, de la Ley, que queda redactado en los siguientes términos:

"1. (Igual que el actual apartado 1 de la Ley).

2. La agencia de suscripción en España accederá a su actividad previa obtención de la autorización administrativa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

En el supuesto de que la agencia de suscripción autorizada limite su actividad al territorio de una Comunidad Autónoma, deberá ponerlo en conocimiento del órgano supervisor competente en materia aseguradora con cinco días de antelación al inicio de su actividad.

Reglamentariamente se regularán los requisitos y el procedimiento para obtener y conservar la autorización administrativa.

3. (Igual que el actual apartado 3 de la Ley)

4. (Igual que el actual apartado 4 de la Ley).

5. (Igual que el actual apartado 5 de la Ley).

6. (Igual que el actual apartado 6 de la Ley).

7. (Igual que el actual apartado 7 de la Ley).

8. (Igual que el actual apartado 8 de la Ley).

9. (Igual que el actual apartado 9 de la Ley)."

JUSTIFICACIÓN

De conformidad con las actuales competencias de la Generalitat de Catalunya, a la vista de la vigente redacción el artículo 19.2 de la Ley, que determina que "las Comunidades Autónomas que con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan asumido competencias en materia de ordenación y supervisión de entidades aseguradoras, las tendrán sobre las agencias de suscripción que actúen exclusivamente por cuenta de éstas", y sin cuestionar la competencia relativa a la autorización administrativa a la agencia de suscripción, se alcanza la conclusión de que no existe obstáculo legal para que la agencia de suscripción que haya obtenido autorización comunique el inicio de su actividad al órgano supervisor autonómico competente (cosa que también podría realizar la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) en el plazo que se propone, a efectos de que dicho órgano desarrolle sus competencias de supervisión y de protección de derechos de consumidores de forma próxima a éstos.

ENMIENDA NÚM. 71

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

A la disposición final segunda, por la que se modifica la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras

De modificación.


Página 51




Se propone la modificación de la letra i) del apartado 2 del artículo 43. Mutualidades de previsión social de la Ley, que queda redactado en los siguientes términos

"1. (Igual que el actual apartado 1 de la Ley).

2. Igual que el actual apartado 2 de la Ley, excepto la letra "i)", que tendrá la siguiente redacción:

i) Las remuneraciones y demás ingresos de los administradores por desplazamiento, alojamiento y manutención, percibidos por su gestión en la mutualidad formará parte de los gastos de administración, que no podrán exceder de los límites fijados en la normativa correspondiente. No obstante, las mutualidades de previsión social autorizadas para operar por ramos no estarán sujetas a límites en sus gastos de administración.

En las mutualidades de previsión social que no se hallen autorizadas para operar por ramos no formarán parte de los gastos de administración, a todos los efectos, aquellos en que incurran dichas entidades como consecuencia de aplicar las obligaciones contenidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo respecto de todo cuanto se refiera a sistema de gobierno e informes sobre la situación financiera y de solvencia y de revisión de dicha situación.

3. (Igual que el actual apartado 3 de la Ley).

4. (Igual que el actual apartado 4 de la Ley)."

JUSTIFICACIÓN

La actual redacción de la letra "i)" del apartado 2 del artículo 43 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, instituye, de facto y sin fundamento alguno, una discriminación entre las mutualidades en función de si están o no autorizadas para operar por ramos, resultando penalizadas aquellas que no lo están -siendo, en su gran mayoría, de menor dimensión y volumen de negocio- al establecerse sobre ellas, por vía reglamentaria, unos límites en los gastos de administración.

Si en el pasado las mutualidades de previsión social que no operan por ramos pudieron llegar a entender, o quizás conformarse, con la actual redacción de la Ley, en la actualidad, en un mercado libre, y donde además la propia Ley 20/2015, prevé, por ejemplo, la aplicación del principio de proporcionalidad por parte del supervisor al momento de valorar la estructura del denominado "sistema de gobierno" que cada entidad ha tenido que incorporar como consecuencia de lo previsto en la Directiva de la Unión Europea conocida como "Solvencia II", deviene imposible mantener la redacción de la letra "i)" del apartado 2 del artículo 43 de dicha Ley.

Por ello, se hace necesario elevar el principio de proporcionalidad, introducido por el legislador en su momento, en favor de aquellas mutualidades que no operan por ramos pero que, siendo financieramente solventes y estando bien estructuradas desde el punto de vista organizativo, cumplen una función específica en su ámbito de actuación territorial. En este sentido, es lógico y ajustado a Derecho que dichas entidades puedan disponer de mecanismos que, desde una perspectiva contable, les permitan atender el conjunto de obligaciones instauradas por la transposición de la Directiva "Solvencia II".

Y para ello es imprescindible reformular en la Ley 20/2015, así como en cuantas disposiciones se han dictado en su desarrollo o se dicten en el futuro, el concepto de "gastos de administración", excluyendo del mismo, a todos los efectos y, por tanto, también en lo que afecte al Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, aquellos gastos en que incurren las mutualidades de previsión social que no operan por ramos como consecuencia de aplicar dos de los aspectos más innovadores de la referida Ley: la instauración del sistema de gobierno, con el conjunto de funciones que el mismo comporta, y la emisión de cuantos informes se refieran a la situación financiera y de solvencia y de revisión de dicha situación de tales entidades.


Página 52




ENMIENDA NÚM. 72

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Nueva disposición final

De adición.

Se propone añadir una nueva disposición final que modifique el artículo 83, de la Ley 50/1980, de 8 octubre, de Contrato de Seguro, que queda redactado en los siguientes términos:

"No se podrá contratar un seguro para caso de muerte sobre la cabeza de menores de catorce años de edad o personas con discapacidad superior al 33%. Se exceptúan de esta prohibición, los contratos de seguros en los que la cobertura de muerte resulte inferior o igual a la prima satisfecha por la póliza o al valor de rescate."

JUSTIFICACIÓN

Con el objetivo de conciliar la especial protección y la no discriminación mediante el uso de un criterio (% de discapacidad) contrastado por la Seguridad Social mediante el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

A la Mesa de la Comisión de Economía y Empresa

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano i Canadés Diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo previsto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 73

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 2.14

De modificación.

Texto que se propone:

"Artículo 2.

14. "Centro principal de actividad": lugar en el que se gestiona la actividad principal, entendido como el centro principal de su efectiva administración y dirección, o su principal establecimiento o explotación."


Página 53




JUSTIFICACIÓN

Se considera necesario completar la definición del concepto de centro principal de actividad, en concordancia con la propuesta de modificación del artículo 6.

ENMIENDA NÚM. 74

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Artículo 2.24 (nuevo)

De adición.

Texto que se propone:

"Artículo 2.

24. (nuevo) Principio de Libertad de Contratación: Todos los clientes tendrán la libertad de contratación tanto de la aseguradora como del distribuidor."

JUSTIFICACIÓN

En beneficio del consumidor, que ve como en ocasiones se ve compelido a contratar seguros para que se le otorguen otro tipo de servicios (fundamentalmente bancarios), o para que le propongan ventajas en su contratación.

Un ejemplo lo tenemos en la contratación de hipotecas, producto destinado mayoritariamente al consumidor, en la que es norma generalizada ofrecer descuentos en el diferencial del euríbor a cambio de contratar seguros a prima única con la entidad y distribuidor del grupo de la entidad financiera.

ENMIENDA NÚM. 75

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 4.4

De adición.

Texto que se propone:

"Artículo 4. Ámbito subjetivo de aplicación.

[...]

4. Los mediadores de seguros complementarios tendrán que acreditar la formación que se establezca reglamentariamente, sin que la misma pueda ser inferior a la exigida a los agentes de seguros exclusivos."


Página 54




JUSTIFICACIÓN

Garantizar la formación del mediador, en beneficio del consumidor, que ha de estar plenamente informado del seguro que contrata, independientemente del canal o distribuidor que le oferte.

ENMIENDA NÚM. 76

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 5.1

De modificación.

Texto que se propone:

"5. Obligación de registro.

"1. Los mediadores de seguros, los mediadores de seguros complementarios y los corredores de reaseguros deberán inscribirse en el registro administrativo previsto en el artículo 7, para poder iniciar y desarrollar su actividad de distribución de seguros o reaseguros.

Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en su condición de distribuidores de seguros o reaseguros, no deberán inscribirse en el registro del artículo 7, bastando con su inscripción en el regulado en el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, y en su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las obligaciones de registro de las personas relacionadas con las actividades de distribución de seguros a que se refiere el artículo 7.1., y con arreglo al artículo 6.""

JUSTIFICACIÓN

Garantizar la inclusión de todos los distribuidores de seguros y reaseguros con arreglo a una distribución competencial sin discriminaciones asimétricas entre los diversos distribuidores.

Concordancia con la propuesta de modificación del artículo 7 de este Proyecto de Ley. La Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016 sobre la distribución de seguros prevé la inscripción de los mediadores de seguros complementarios y de las personas relacionadas con las actividades de distribución de seguros de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en su condición de distribuidores de seguros o reaseguros.

ENMIENDA NÚM. 77

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 6.2

De modificación.


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Texto que se propone:

"Artículo 6. Distribución de competencias.

[...]

"2. Las Comunidades Autónomas, que con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan asumido competencias en la ordenación de seguros, la tendrán respecto de los distribuidores de seguros, distribuidores de reaseguros, y los colegios de mediadores de seguros, cuyo domicilio y centro principal de actividad estén situados en el territorio de la Comunidad Autónoma. Entendiéndose como el centro principal de actividad, el de su efectiva administración y dirección o de su principal establecimiento o explotación Dichas competencias se ejercerán con arreglo a los siguientes criterios:

a) [...].

b) En el ámbito de competencias de ejecución, les corresponden las de ordenación y supervisión de los distribuidores de seguros y reaseguros que se otorgan a la Administración General del Estado en esta Ley, entendiéndose hechas al órgano autonómico competente las referencias que en ella se contienen al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, excepto las reguladas en el capítulo V del título II y en el título III.""

JUSTIFICACIÓN

El "domicilio" y el "ámbito de operaciones", como puntos de conexión para acotar el objeto de la competencia autonómica vacían de facto el contenido de ésta cuando las empresas aumentan su dimensión económica y se expanden en el ámbito de aplicación de la Directiva, por lo que para evitarlo, en cumplimiento del sistema de distribución de competencias emanado del bloque de constitucionalidad (STC 35/2012, de 15 de marzo, -Fundamento Jurídico 5-; STC 95/2013, de 23 de abril -Fundamento Jurídico 7- y STC 27/2014, de 13 de febrero -Fundamento Jurídico 4-), es preciso mantener el criterio del domicilio para vincular un distribuidor de seguros y reaseguros al control y supervisión de las autoridades de una Comunidad Autónoma, incluyendo, asimismo, el punto de conexión relativo al ámbito principal de operaciones (asimilado al centro principal de actividad).

Los distribuidores de seguros pueden operar en el Espacio Económico Europeo en virtud de su autorización/inscripción. Además, su póliza de Responsabilidad Civil profesional cubre su ejercicio en todo el Espacio Económico Europeo.

La Directiva, en su artículo 1.1, ya prevé como ámbito de aplicación:

"La presente Directiva establece normas relativas al acceso a las actividades de distribución de seguros y reaseguros, y al ejercicio de las mismas, dentro de la Unión."

Y en el 1.6: "La presente Directiva no se aplicará a las actividades de distribución de seguros en relación con riesgos y compromisos fuera de la Unión"

Por consiguiente, el mantenimiento de la actual redacción de este precepto de la Ley supondría reducir a las Comunidades Autónomas a la condición de gestoras de fenómenos estrictamente locales e intereses particularistas, en lugar de reconocerles el carácter de copartícipes en la gestión de asuntos de dimensión y relieve general, por lo que el domicilio social y el centro principal de actividad se postulan a ser los únicos criterios a considerar como delimitadores de competencias, sin perjuicio de la competencia estatal para el establecimiento de la normativa básica.

La propuesta efectuada encuentra su encaje en lo establecido tanto por la Directiva mencionada como por el bloque de Constitucionalidad, sin que ello comporte menoscabo en la supervisión de las entidades ni mermas de protección al consumidor de los servicios de mediación en seguros y reaseguros privados, toda vez que se asegura la necesaria colaboración entre los distintos supervisores existentes en el Estado.

La actividad de distribución de seguros y de reaseguros engloba a todas las categorías de distribuidores, garantizando, además la inclusión de los mediadores de seguros complementarios, de acuerdo con la Directiva (UE) 2016/97.

Atendiendo a lo establecido en los artículos 2 y 12 de la Directiva (UE) 2016/97 y que este proyecto de ley pretende transponer a normativa doméstica, el redactado que se propone concilia el respeto a la


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distribución competencial reconocida estatutariamente con el ejercicio efectivo de una pluralidad de autoridades competentes. Así, se da cumplimiento a los siguientes mandatos:

- Los intermediarios de seguros, de reaseguros y de seguros complementarios deberán estar registrados por una autoridad competente, en su Estado miembro de origen.

- Los Estados miembros podrán establecer más de un registro para los intermediarios de seguros, reaseguros y seguros complementarios siempre que fijen criterios con arreglo a los cuales se deban registrar los intermediarios.

- En caso de que exista más de un registro en un Estado miembro, dicho Estado miembro creará un punto único de información que permita un acceso fácil y rápido a la información procedente de dichos registros establecidos y actualizados por vía electrónica. El punto de información permitirá asimismo la identificación de las autoridades competentes del Estado miembro de origen.

- Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes facultadas para garantizar la aplicación de la presente Directiva. Informarán de ello a la Comisión, indicando si existe reparto de competencias. (Tal y como prevé el artículo 6.6 del proyecto de Ley).

- Las autoridades a que se refiere el apartado anterior deberán ser autoridades públicas u organismos reconocidos por el Derecho nacional o por autoridades públicas expresamente facultadas para ello por el Derecho nacional.

- Las autoridades competentes deberán disponer de todas las facultades necesarias para el desempeño de las funciones que les asigna la presente Directiva. En caso de pluralidad de autoridades competentes en su territorio, cada Estado miembro velará por propiciar una estrecha colaboración que les permita desempeñar eficazmente sus respectivas tareas.

Por otro lado, el respeto que la Constitución establece sobre las competencias de las Comunidades Autónomas promulgadas mediante leyes orgánicas y de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos del Estado imposibilita, al amparo del artículo 139 CE, la adopción de medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Debe tenerse en cuenta también, la profusa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los principios de necesidad; de proporcionalidad; de eficacia nacional y de no discriminación.

Así, las decisiones tomadas por la autoridad competente (Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma) deben basarse en un criterio de confianza mutua, y deben aplicarse principios comunes como el principio de eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas en la libre iniciativa económica, lo que implica el reconocimiento implícito de actuaciones de las autoridades competentes de otras Administraciones Públicas. Por ende pues, no hay razón alguna que impida que las inscripciones autonómicas tengan eficacia en el ámbito de aplicación de la Directiva (Art. 1.1).

ENMIENDA NÚM. 78

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 6.3

De supresión.

Texto que se propone:

"Artículo 6. Distribución de competencias.

[...]

3. En relación con los agentes de seguros exclusivos y los operadores de banca seguros exclusivos, corresponde a las Comunidades Autónomas ejercer las competencias sobre ellos, siempre que la entidad aseguradora para la que prestan sus servicios esté sometida al control y


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supervisión de la referida Comunidad Autónoma conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley 20/2015, de 14 de julio."

JUSTIFICACIÓN

La distribución de competencias de esta norma debe dar el mismo trato a toda la tipología de mediadores que contempla y no puede discriminar a los agentes exclusivos. No tiene sentido delimitar la competencia autonómica, en materia de mediadores de seguros utilizando los mismos criterios de delimitación competencial aplicables respecto de entidades aseguradoras. El propio Tribunal Constitucional avala y justifica la existencia de criterios de delimitación competencial distintos en materia de mediadores de seguros y respecto entidades aseguradoras.

Partiendo de la premisa que se consideran distribuidores de seguros y reaseguros no solo los mediadores de seguros sino también las entidades aseguradoras y reaseguradoras, al igual que a otros participantes en el mercado que distribuyan productos con carácter auxiliar (como las agencias de viajes o las empresas de alquiler de automóviles), que tendrán la consideración de mediadores de seguros complementarios y además incluye la actividad desarrollada por los comparadores de seguros.

Entendemos que es necesario que la distribución competencial ofrezca el mismo trato a todos los distribuidores de seguros y reaseguros, en los que se encuentran también las entidades aseguradoras, en función del centro de su efectiva administración y dirección, o de su establecimiento o explotación. Así, la vinculación de la actividad de distribución de seguros privados en base a los criterios mencionados, delimitan el alcance territorial de las competencias atribuidas a las distintas Comunidades Autónomas, garantizando la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, que constituyen parte de los fundamentos comunitarios de la Unión Europea.

ENMIENDA NÚM. 79

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 7.1 (párrafo 1.º)

De modificación.

Texto que se propone:

"Artículo 7. Registro administrativo.

"1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o la Comunidad Autónoma competente con arreglo al artículo 6, llevará el registro administrativo, en el que deberán inscribirse, con carácter previo al inicio de sus actividades, los mediadores de seguros, los mediadores de seguros complementarios y los corredores de reaseguros residentes o domiciliados en España sometidos a esta ley.""

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda presentada al artículo 6. Se trata de dar cabida a la distribución competencial basada en la pluralidad de autoridades competentes de acuerdo con lo que prevé la Directiva 2016/97 en su artículo 3.2 párrafo primero "Los estados miembros podrán establecer más de un registro para los intermediarios de seguros, reaseguros y seguros complementarios "siempre que fijen criterios con arreglo a los cuales se deban registrar los intermediarios"".


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ENMIENDA NÚM. 80

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 8.2

De supresión.

Texto que se propone:

"Artículo 8. Clases de distribuidores de seguros.

[...]

2. A efectos de lo dispuesto en esta ley, se aplicará a los mediadores de seguros complementarios no excluidos del ámbito de aplicación de la ley en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2, el régimen jurídico de los mediadores de seguros, con las excepciones previstas en la ley. [...]."

JUSTIFICACIÓN

Resulta necesario establecer el régimen jurídico propio aplicable a los mediadores de seguros complementarios como categoría propia de distribuidor de seguros, en base al precepto 3 de la Directiva (UE) 2016/97 que regula la obligatoriedad de su inscripción en el registro administrativo.

ENMIENDA NÚM. 81

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 11 Colaboradores externos de los mediadores de seguros

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Existen corredores que montan redes multinivel, un sistema piramidal, en el que se suceden hasta siete niveles de subcontratación de colaboradores. Si un colaborador de la base de la pirámide vende, todos por encima de él también son retribuidos, siendo especialmente activos en seguros de ahorro donde los intereses técnicos son cercanos al 1 %. Como consecuencia, si el tomador decide no continuar con su seguro y rescatarlo, ve como su patrimonio en lugar de verse incrementado se ha esfumado a causa de las comisiones. En un segundo o tercer año es fácil perder el 60-80 % de las aportaciones. Los programas de fidelización de directivos en Empresas están sometidos a este riesgo. Resulta obvio, también, que la subcontratación genera una pérdida de control más que probable de la actuación de estas personas por lo que se entiende que es un riesgo para el cliente o consumidor que no debe asumir.


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ENMIENDA NÚM. 82

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 18.1

De modificación.

Texto que se propone:

"Artículo 18. Publicidad y documentación mercantil de distribución de seguros privados de los agentes de seguros.

1. En la publicidad y en la documentación mercantil de distribución de seguros de los agentes de seguros, deberá figurar de forma destacada la expresión ?agente de seguros exclusivo?, ?agente de seguros vinculado?, ?agencia de seguros exclusiva? o ?agencia de seguros vinculada?, seguida de la denominación social de la entidad aseguradora para la que esté realizando la operación de distribución de que se trate, en virtud del contrato de agencia con ella celebrado, o del contrato suscrito entre entidades aseguradoras de prestación de servicios para la distribución por medio de la cesión de sus redes, así como el número de inscripción en el registro administrativo previsto en el artículo 7 y, tener concertado un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera y, en su caso, disponer de la capacidad financiera, con arreglo todo ello a lo establecido en los artículos 21 y 23."

JUSTIFICACIÓN

La exigencia prevista en el precepto 10.6 de la Directiva (UE) 2016/97 comporta necesariamente la necesidad de acreditación de la capacidad financiera por parte de todos los distribuidores de seguros incluyendo en su totalidad a los agentes de seguros, ya sean personas físicas como jurídicas, además de los distribuidores de reaseguros o seguros complementarios.

ENMIENDA NÚM. 83

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 21.3 b) (párrafo 2.º)

De modificación.

Texto que se propone:

"Artículo 21. Inscripción y registro interno de agentes de seguros exclusivos.

3. [...]

b) [...]

"Las exigencias en materia de formación se modularán en función de los productos que se distribuyan, de la función desempeñada y de la actividad realizada con un mínimo de 15 horas al año.""


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JUSTIFICACIÓN

La Directiva establece claramente en su artículo 10.2 que los intermediarios de seguros y reaseguros y los empleados de los intermediarios de seguros y reaseguros deberán acreditar, por lo menos, 15 horas de formación o desarrollo profesional al año.

Consideramos que debería incluirse en el apartado de formación de todos los distribuidores de seguros este extremo, remarcando que también la Dirección Técnica o los órganos de dirección responsables de la actividad de distribución están incluidos.

ENMIENDA NÚM. 84

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 23.3 c) (párrafo 2.º)

De modificación.

Texto que se propone:

"Artículo 23. Inscripción y requisitos de los agentes de seguros vinculados.

3. [...]

c) [...]

"Las exigencias en materia de formación se modularán en función de los productos que se distribuyan, de la función desempeñada y de la actividad realizada con un mínimo de 15 horas al año.""

JUSTIFICACIÓN

La Directiva establece claramente en su artículo 10.2 que los intermediarios de seguros y reaseguros y los empleados de los intermediarios de seguros y reaseguros deberán acreditar, por lo menos, 15 horas de formación o desarrollo profesional al año.

Consideramos que debería incluirse en el apartado de formación de todos los distribuidores de seguros este extremo, remarcando que también la Dirección Técnica o los órganos de dirección responsables de la actividad de distribución están incluidos.

ENMIENDA NÚM. 85

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 23.3 (dos nuevos apartados)

De adición.


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Texto que se propone:

"Artículo 23. Inscripción y requisitos de los agentes de seguros vinculados.

"3. Para solicitar y obtener la inscripción como agente de seguros vinculado en el registro administrativo a que se refiere el artículo 7, será necesario cumplir y mantener en todo momento los siguientes requisitos:

a) [...]

[...]

f) Disponer de una capacidad financiera que deberá en todo momento alcanzar el cuatro por ciento del total de las primas anuales percibidas, sin que pueda ser inferior a 18.750 euros, salvo que contractualmente se haya pactado de forma expresa con las entidades aseguradoras, que los importes abonados por los clientes se realizarán directamente en cuentas de pago de titularidad de aquellas, o que, en su caso, el corredor de seguros ofrezca al tomador una cobertura inmediata siempre y cuando la entidad aseguradora haya autorizado al corredor a recibir en nombre y por cuenta de ésta las primas satisfechas por los tomadores, entregando el recibo de prima emitido por la entidad aseguradora, y, en uno y otro caso, que las cantidades abonadas en concepto de indemnizaciones se entregarán directamente por las entidades aseguradoras a los tomadores de seguros, asegurados o beneficiarios. La capacidad financiera podrá acreditarse mediante la contratación de aval emitido por una entidad financiera o de un seguro de caución, con objeto de proteger a los clientes frente a la incapacidad de los corredores de seguros para transferir la prima a la entidad aseguradora o para transferir la cantidad de la indemnización o el reembolso de la prima al asegurado.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.4.

g) Contratar un seguro de responsabilidad civil profesional o cualquier otra garantía financiera que cubra en todo el territorio de la Unión Europea las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, con una cuantía de, al menos de 1.250.000 de euros por siniestro y, en suma, 1.850.000 euros para todos los siniestros correspondientes a un determinado año.

h) No incurrir en las causas de incompatibilidad previstas en esta ley."

JUSTIFICACIÓN

Los apartados 4, 5 y 6 del artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/97 prevén, en relación con los intermediarios de seguros, de reaseguros y de seguros complementarios la obligación de disponer necesidad de un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra todo el territorio de la UE y de establecer medidas para proteger a la clientela frente a la incapacidad de los intermediarios de seguros, de reaseguros o de seguros complementarios respecto a la transmisión de la prima, indemnización o reembolso, como requisitos profesionales y de organización. En consecuencia, resulta necesaria la inclusión de dichos apartados a fin de dar cumplimiento con lo establecido por la Directiva.

El artículo 17 Responsabilidad civil profesional y el artículo 18 Publicidad y documentación mercantil de distribución de seguros privados de los agentes de seguros dan informaciones contradictorias entre sí: Así, el artículo 17, asume la responsabilidad civil cada entidad aseguradora, mientras que el artículo 18, establece que la asume el agente de seguros, al publicitarla en su documentación mercantil.

Por otro lado, en el artículo 23.3 no se incluye la acreditación de la responsabilidad civil ni de garantías financieras por parte del agente de seguros vinculado.

Se propone mantener el actual régimen de los agentes vinculados e incluir la acreditación de la responsabilidad civil y de las garantías financieras en el artículo 23.3. Como puntos f) y g), obligatorias para todos los agentes vinculados. O bien replicar lo dispuesto para los operadores de banca-seguros.


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ENMIENDA NÚM. 86

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 26.1.c) (párrafo 2.º)

De modificación.

Texto que se propone:

"Artículo 26. Requisitos de los operadores de banca-seguros.

1. [...]

c) [...]

"Las exigencias en materia de formación se modularán en función de los productos que se distribuyan, de la función desempeñada y de la actividad realizada con un mínimo de 15 horas al año.""

JUSTIFICACIÓN

La Directiva establece claramente en su artículo 10.2 que los intermediarios de seguros y reaseguros y los empleados de los intermediarios de seguros y reaseguros deberán acreditar, por lo menos, 15 horas de formación o desarrollo profesional al año.

Consideramos que debería incluirse en el apartado de formación de todos los distribuidores de seguros este extremo, remarcando que también la Dirección Técnica o los órganos de dirección responsables de la actividad de distribución están incluidos.

ENMIENDA NÚM. 87

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 29

De modificación.

Texto que se propone:

"Artículo 29. Concepto de corredor de seguros.

1. Son corredores de seguros las personas físicas o jurídicas que realizan la actividad de distribución de seguros, ofreciendo asesoramiento independiente basado en un análisis objetivo y personalizado, a quienes demanden la cobertura de riesgos.

2. Los corredores de seguros deberán informar a quien trate de concertar el seguro sobre las condiciones del contrato que a su juicio conviene suscribir y ofrecer la cobertura que, de acuerdo a su criterio profesional, mejor se adapte a las necesidades de aquél; asimismo, velarán por la concurrencia de los requisitos que ha de reunir la póliza de seguro para su eficacia y plenitud de efectos.

3. Igualmente, vendrán obligados durante la vigencia del contrato de seguro en que hayan intervenido a facilitar al tomador, al asegurado y al beneficiario del seguro la información que reclamen sobre cualquiera de las cláusulas de la póliza y, en caso de siniestro, a prestarles su asistencia y asesoramiento.


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4. El pago del importe de la prima efectuado por el tomador del seguro al corredor no se entenderá realizado a la entidad aseguradora, salvo que, a cambio, el corredor entregue al tomador del seguro el recibo de prima de la entidad aseguradora."

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de Ley cercena parte de las actividades que el corredor realiza, y simplemente se limita a indicar que será corredor quien asesore basándose en un análisis objetivo. Olvida el proyecto dos labores fundamentales del corredor de seguros, y que han de mantenerse, pues benefician claramente al cliente de seguros.

El cliente tiene derecho a saber qué puede exigir a su corredor y que este venga obligado por Ley a unas prestaciones de servicios determinadas. Es un riesgo que el profesional pueda dejar sin asistencia a su cliente y que nada lo impida. Esto es especialmente relevante en un entorno creciente de oferta de servicios digitales donde muchas veces se aceptan servicios a ciegas creyendo que se mantienen los derechos y, por ello, consideramos necesario que la Ley regule estos mínimos.

ENMIENDA NÚM. 88

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 31.1.d) (párrafo 2.º)

De modificación.

Texto que se propone:

"Artículo 31. Requisitos de los corredores de seguros.

1. [...]

d) [...]

"Las exigencias en materia de formación se modularán en función de los productos que se distribuyan, de la función desempeñada y de la actividad realizada con un mínimo de 15 horas al año.""

JUSTIFICACIÓN

La Directiva establece claramente en su artículo 10.2 que los intermediarios de seguros y reaseguros y los empleados de los intermediarios de seguros y reaseguros deberán acreditar, por lo menos, 15 horas de formación o desarrollo profesional al año.

Consideramos que debería incluirse en el apartado de formación de todos los distribuidores de seguros este extremo, remarcando que también la Dirección Técnica o los órganos de dirección responsables de la actividad de distribución están incluidos.


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ENMIENDA NÚM. 89

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 33.1.d)

De modificación.

Texto que se propone:

"Artículo 33. Incompatibilidades.

"1. Se considerarán incompatibles para ejercer la actividad como corredor de seguros las personas físicas siguientes:

[...]

d) Los administradores, delegados, directores, gerentes, los apoderados generales o quienes bajo cualquier título lleven la dirección de otros distribuidores de seguros, personas jurídicas, distintos de los corredores de seguros.""

JUSTIFICACIÓN

Se considera necesaria la delimitación del régimen de incompatibilidades del corredor de seguros persona física, siguiendo la normativa actualmente en vigor y de acuerdo con la clasificación de los diferentes tipos de distribuidores de seguros con el objetivo de aumentar la protección del consumidor y evitar posibles conflictos de intereses. La falta de previsión afectaría la independencia del corredor de seguros y, por tanto, vulneraría las previsiones contenidas en la Directiva UE 2016/97.

ENMIENDA NÚM. 90

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 39.1

De modificación.

Texto que se propone:

"Artículo 39. Requisitos y organización de cursos de formación

"1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establecerá mediante resolución los requisitos y los principios básicos que habrán de cumplir los cursos de formación en materias financieras y de seguros privados, en cuanto a su contenido, organización y ejecución, que deberán ser programados en función de la cualificación profesional y de los conocimientos previos acreditados por los asistentes, todo ello de conformidad con lo previsto en el anexo de esta ley.

Los cursos de formación continua deberán considerar la clase de distribuidor, los productos distribuidos, la función desempeñada y la actividad realizada y tendrán una duración mínima de 15 horas de formación o desarrollo profesional anual, con independencia del desarrollo reglamentario correspondiente previsto en la disposición final séptima.""


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JUSTIFICACIÓN

El artículo 10.2 de la Directiva (UE) pretende reforzar la profesionalidad y la competencia de los distribuidores de seguros y reaseguros, los empleados de las empresas de seguros y reaseguros y los empleados de los intermediarios de seguros y reaseguros, de forma que sus conocimientos profesionales estén en consonancia con el nivel de complejidad y naturaleza de sus actividades.

ENMIENDA NÚM. 91

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 60.1

De modificación.

Texto que se propone:

"Artículo 60. Control de los distribuidores de seguros y reaseguros.

"1. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ejercerán el control regulado en esta ley sobre los distribuidores de seguros y de reaseguros residentes o domiciliados en España, incluidas las actividades que realicen en régimen de derecho de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios, con arreglo a lo establecido en el artículo 6.""

JUSTIFICACIÓN

Respeto a las competencias de las administraciones autonómicas, en coherencia con la enmienda al artículo 6.

ENMIENDA NÚM. 92

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 61

De modificación.

Texto que se propone:

"Artículo 61. Obligaciones contables y deber de información estadístico-contable.

"1. Los agentes de seguros vinculados, operadores de banca-seguros vinculados, corredores de seguros, corredores de reaseguros y los mediadores de seguros complementarios deberán llevar los libros-registro contables que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de la llevanza de los libros de contabilidad a que estuvieran obligados por las normas mercantiles o fiscales.

2. Una vez iniciada la actividad de distribución de seguros y reaseguros, los agentes de seguros vinculados, los operadores de banca-seguros, los corredores de seguros, los corredores


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de reaseguros y los mediadores de seguros complementarios, deberán remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones u organismo competente de la Comunidad Autónoma, la información estadístico-contable con el contenido y la periodicidad que reglamentariamente se determine.

3. El Ministro de Economía, Industria y Competitividad determinará los supuestos y condiciones en que los agentes de seguros vinculados, operadores de banca-seguros, los corredores de seguros y los corredores de reaseguros a que se refiere el apartado anterior habrán de presentar por medios electrónicos ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones u organismo competente de la Comunidad Autónoma la documentación e información que están obligados a suministrar conforme a su normativa específica.""

JUSTIFICACIÓN

Resulta necesario que el redactado especifique la denominación de los organismos competentes de las Comunidades Autónomas atendiendo a la pluralidad de autoridades competentes en el territorio.

Por otro lado, la Directiva UE establece la obligatoriedad de la inscripción en el registro administrativo pertinente de los distribuidores de seguros y reaseguros, incluidos los mediadores de seguros complementarios.

ENMIENDA NÚM. 93

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 77.3

De adición.

Texto que se propone:

"Artículo 77. Condición de responsable o encargado del tratamiento.

[...]

3. Las entidades aseguradoras no podrán conservar los datos que les faciliten los mediadores, y que no deriven en la contratación de un producto de seguro, estando obligadas a eliminarlos."

JUSTIFICACIÓN

Para evitar una práctica generalizada que entendemos va en contra de la normativa de protección de datos y, en especial, del principio de legitimidad previsto en el RGPD.

ENMIENDA NÚM. 94

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición final segunda (nuevo apartado)

De adición.


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Texto que se propone:

"Disposición final segunda. Modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Se modifica la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras en los siguientes términos:

(Nuevo apartado.) El artículo 19 queda redactado como sigue:

Artículo 19. Distribución de competencias.

1. Las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan asumido competencias en la ordenación de entidades aseguradoras y reaseguradoras, las tendrán con respecto de aquellas entidades cuyo domicilio social y ámbito de operaciones se circunscriban al territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, con arreglo a los criterios que se indican en el apartado 2 de este artículo.

A los efectos señalados en el párrafo anterior, se entiende que una entidad aseguradora, incluidas las reaseguradoras, circunscribe su actividad al territorio de una Comunidad Autónoma cuando el número de contratos realizados dentro del ámbito territorial de dicha Comunidad resulte ser superior al realizado en el conjunto de las restantes Comunidades Autónomas, siempre que tal número superior de contratos se mantenga de forma continuada durante un período mínimo de cinco años consecutivos.

2. Los criterios que regirán la actuación de las Comunidades Autónomas en los casos previstos en el apartado 1 serán los siguientes:

a) [Igual que la letra a) del actual apartado 1 de la Ley].

b) En el ámbito de las competencias de ejecución les corresponden las de ordenación y supervisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras que se otorgan a la Administración General del Estado en esta Ley. Las referencias que en la Ley se contienen al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, se entenderán hechas al órgano autonómico competente con excepción de las que se refieren a entidades españolas que actúen en el ámbito de la Unión Europea o entidades europeas que operen en España.

También corresponde a las Comunidades Autónomas la autorización del acceso a la actividad aseguradora a las cooperativas de seguros y mutualidades de previsión social, así como su revocación.

3. (Igual que el actual apartado 2 de la Ley).

4. (Igual que el actual apartado 3 de la Ley).

5. (Igual que el actual apartado 4 de la Ley)."

JUSTIFICACIÓN

El "ámbito de operaciones", la "localización del riesgo" y la "asunción de compromisos" como puntos de conexión para acotar el objeto de la competencia autonómica vacían de facto el contenido de ésta, por lo que para evitarlo, en cumplimiento del sistema de distribución de competencias emanado del bloque de constitucionalidad (STC 35/2012, de 15 de marzo -Fundamento Jurídico 5-; STC 95/2013, de 23 de abril -Fundamento Jurídico 7- y STC 27/2014, de 13 de febrero -Fundamento Jurídico 4-), es preciso mantener el criterio del domicilio social para vincular una entidad aseguradora al control y supervisión de las autoridades de una Comunidad Autónoma, incluyendo, asimismo, el punto de conexión relativo al ámbito principal de operaciones.

El mantenimiento de la actual redacción de este precepto de la Ley supone, por tanto, reducir a las Comunidades Autónomas a la condición de gestoras de fenómenos estrictamente locales e intereses particularistas, en lugar de reconocerles el carácter de copartícipes en la gestión de asuntos de dimensión y relieve general, por lo que el domicilio social y el ámbito principal de operaciones se postulan a ser los únicos criterios a considerar como delimitadores de competencias, sin perjuicio de la competencia estatal para el establecimiento de la normativa básica.


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En consecuencia, la propuesta de modificación pretende atender a un principio de seguridad jurídica. En este sentido, el objetivo de la propuesta es:

- Solventar la cuestión práctica de determinar la competencia de supervisión, bien sea estatal o autonómica, en función de la continuidad de la cartera de contratos de seguros de la entidad supervisada. Así, únicamente cambiaría el órgano supervisor si durante más de cinco años consecutivos la cartera de contratos que la entidad aseguradora tiene concertados en el territorio de una Comunidad Autónoma fuese inferior a la cartera que tiene en el conjunto de las restantes Comunidades Autónomas.

Suprimir, por entender que se trata de una restricción injustificada a las competencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas, la actual limitación a la actividad ejecutiva de dichas Comunidades que supone reservar a la Administración General del Estado las competencias de otorgamiento de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora y su revocación, incluso teniendo competencia la Comunidad Autónoma por reunir la entidad los tres puntos de conexión.

ENMIENDA NÚM. 95

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición final segunda (nuevo apartado)

De adición.

Texto que se propone:

"Disposición final segunda. Modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Se modifica la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras en los siguientes términos:

(Nuevo apartado.) El artículo 43. 2 letra i) queda redactado como sigue:

Artículo 43. Mutualidades de previsión social.

2. Las mutualidades de previsión social deberán cumplir los siguientes requisitos:

[...]

i) Las remuneraciones y demás ingresos de los administradores por desplazamiento, alojamiento y manutención, percibidos por su gestión en la mutualidad formará parte de los gastos de administración, que no podrán exceder de los límites fijados en la normativa correspondiente. No obstante, las mutualidades de previsión social autorizadas para operar por ramos no estarán sujetas a límites en sus gastos de administración.

En las mutualidades de previsión social que no se hallen autorizadas para operar por ramos no formarán parte de los gastos de administración, a todos los efectos, aquellos en que incurran dichas entidades como consecuencia de aplicar las obligaciones contenidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo respecto de todo cuanto se refiera a sistema de gobierno e informes sobre la situación financiera y de solvencia y de revisión de dicha situación."

JUSTIFICACIÓN

La actual redacción de la letra "i)" del apartado 2 del artículo 43 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, instituye, de facto y sin fundamento alguno, una discriminación entre las mutualidades en función de si están o no autorizadas para operar por ramos, resultando penalizadas aquellas que no lo están -siendo,


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en su gran mayoría, de menor dimensión y volumen de negocio- al establecerse sobre ellas, por vía reglamentaria, unos límites en los gastos de administración.

Si en el pasado las mutualidades de previsión social que no operan por ramos pudieron llegar a entender, o quizás conformarse, con la actual redacción de la Ley, en la actualidad, en un mercado libre, y donde además la propia Ley 20/2015, prevé, por ejemplo, la aplicación del principio de proporcionalidad por parte del supervisor al momento de valorar la estructura del denominado "sistema de gobierno" que cada entidad ha tenido que incorporar como consecuencia de lo previsto en la Directiva de la Unión Europea conocida como "Solvencia II", deviene imposible mantener la redacción de la letra "i)" del apartado 2 del artículo 43 de dicha Ley.

Por ello, se hace necesario elevar el principio de proporcionalidad, introducido por el legislador en su momento, en favor de aquellas mutualidades que no operan por ramos pero que, siendo financieramente solventes y estando bien estructuradas desde el punto de vista organizativo, cumplen una función específica en su ámbito de actuación territorial. En este sentido, es lógico y ajustado a Derecho que dichas entidades puedan disponer de mecanismos que, desde una perspectiva contable, les permitan atender el conjunto de obligaciones instauradas por la transposición de la Directiva "Solvencia II".

Y para ello es imprescindible reformular en la Ley 20/2015, así como en cuantas disposiciones se han dictado en su desarrollo o se dicten en el futuro, el concepto de "gastos de administración", excluyendo del mismo, a todos los efectos y, por tanto, también en lo que afecte al Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, aquellos gastos en que incurren las mutualidades de previsión social que no operan por ramos como consecuencia de aplicar dos de los aspectos más innovadores de la referida Ley: la instauración del sistema de gobierno, con el conjunto de funciones que el mismo comporta, y la emisión de cuantos informes se refieran a la situación financiera y de solvencia y de revisión de dicha situación de tales entidades.

ENMIENDA NÚM. 96

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición final segunda (nuevo apartado)

De adición.

Texto que se propone:

"Disposición final segunda. Modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Se modifica la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras en los siguientes términos:

(Nuevo apartado). El artículo 60 queda redactado como sigue:

"Artículo 60. Agencias de suscripción.

1. (Igual que el actual apartado 1 de la Ley).

2. La agencia de suscripción en España accederá a su actividad previa obtención de la autorización administrativa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

En el supuesto de que la agencia de suscripción autorizada limite su actividad al territorio de una Comunidad Autónoma, deberá ponerlo en conocimiento del órgano supervisor competente en materia aseguradora con cinco días de antelación al inicio de su actividad.

Reglamentariamente se regularán los requisitos y el procedimiento para obtener y conservar la autorización administrativa.

3. (Igual que el actual apartado 3 de la Ley).


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4. (Igual que el actual apartado 4 de la Ley).

5. (Igual que el actual apartado 5 de la Ley).

6. (Igual que el actual apartado 6 de la Ley).

7. (Igual que el actual apartado 7 de la Ley).

8. (Igual que el actual apartado 8 de la Ley).

9. (Igual que el actual apartado 9 de la Ley).""

JUSTIFICACIÓN

De conformidad con las actuales competencias de la Generalitat de Catalunya, a la vista de la vigente redacción el artículo 19.2 de la Ley, que determina que "las Comunidades Autónomas que con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan asumido competencias en materia de ordenación y supervisión de entidades aseguradoras, las tendrán sobre las agencias de suscripción que actúen exclusivamente por cuenta de éstas", y sin cuestionar la competencia relativa a la autorización administrativa a la agencia de suscripción, se alcanza la conclusión de que no existe obstáculo legal para que la agencia de suscripción que haya obtenido autorización comunique el inicio de su actividad al órgano supervisor autonómico competente (cosa que también podría realizar la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) en el plazo que se propone, a efectos de que dicho órgano desarrolle sus competencias de supervisión y de protección de derechos de consumidores de forma próxima a éstos.

ENMIENDA NÚM. 97

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición final tercera bis

De adición.

Texto que se propone:

"Disposición final tercera bis. Modificación del Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Mutualidades de Previsión Social.

El párrafo tercero del apartado 1 del artículo 42 del Real Decreto pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 42. Gastos de administración.

1.

(Párrafo tercero)

A estos efectos, se consideran gastos de administración los importes incluidos en los subgrupos 62, 64, y 68, según lo dispuesto en el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras. No obstante, no tendrán la consideración de gastos de administración los importes correspondientes a gastos en los que incurran las mutualidades de previsión social no autorizadas a operar por ramos cuando se ocasionen como consecuencia de aplicar las obligaciones contenidas en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como en sus disposiciones de desarrollo, respecto de todo cuanto se refiera a sistema de gobierno e informes sobre la situación financiera y de solvencia y de revisión de dicha situación en relación con las citadas mutualidades.""


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JUSTIFICACIÓN

Se propone la modificación del párrafo tercero del artículo 42 del Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Mutualidades de Previsión Social, a fin de adaptarlo a la propuesta de modificación de la letra "i)" del apartado 2 del artículo 43 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

ENMIENDA NÚM. 98

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición final tercera ter

De adición.

Texto que se propone:

"Disposición final tercera ter. Modificación del artículo veintidós. 1 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

"Artículo veintidós.

1. La duración del contrato será determinada en la póliza, la cual no podrá fijar un plazo superior a diez años. Sin embargo, podrá establecerse que se prorrogue una o más veces por un período no superior a un año cada vez.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, no se podrán formalizar contratos de seguro con vigencia superior a un año cuando estos afiancen operaciones de endeudamiento del tomador.""

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el principio de libertad de contratación.

Un ejemplo paradigmático, de la propuesta de impedir la formalización de contratos de seguro con vigencia superior a un año cuando estos afiancen operaciones de endeudamiento del tomador, se da en seguros de amortización de crédito, de prima única, que pueden llegar a alcanzar cuantías más que considerables, y que se incluyen en la hipoteca. Se tiene así un seguro más caro que la media del mercado dado que no se negocia la prima, por el que -asimismo- se pagan intereses durante toda la vida del préstamo, y que si se produce el siniestro, no supondrá un extorno de prima implicando un potencial coste superlativo en comparación con los consumidores que contratan en el mercado libre.

Además, no todos los seguros son iguales ni todos los hipotecados tienen idéntica profesión, hábitos de vida o enfermedades preexistentes, situaciones que no son contempladas y generan pérdida de cobertura.


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ENMIENDA NÚM. 99

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición final cuarta

De modificación.

Texto que se propone:

"Disposición final cuarta. Salvaguarda del rango.

Las modificaciones introducidas por las disposiciones finales tercera y cuarta en el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, y en el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, respectivamente, mantendrán el rango normativo de real decreto."

JUSTIFICACIÓN

Salvaguardar el rango normativo de la propuesta de nueva disposición final tercera bis de la presente Ley, por la que se modificaría el párrafo tercero del artículo 42 del Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Mutualidades de Previsión Social.

A la Mesa de la Comisión de Economía y Empresa

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al articulado al Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

ENMIENDA NÚM. 100

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo 33. 1 a)

De modificación.

Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 33, en los siguientes términos:

"a) Los agentes de seguros."

JUSTIFICACIÓN

Mejora de técnica legislativa, dada la imposibilidad de que una persona física pueda ser operador de banca-seguros.


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ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO

Exposición de motivos

- Enmienda núm. 20, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, parágrafo I, párrafo segundo.

- Enmienda núm. 11, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), parágrafo I, párrafo nuevo.

- Enmienda núm. 12, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), parágrafo VIII, párrafo nuevo.

- Enmienda núm. 13, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), parágrafo VIII, párrafo nuevo.

Título preliminar

Artículo 1

- Enmienda núm. 21, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

- Enmienda núm. 51, del G.P. Esquerra Republicana.

Artículo 2

- Enmienda núm. 22, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, apartado 2, letra nueva.

- Enmienda núm. 52, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 14.

- Enmienda núm. 73, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado 14.

- Enmienda núm. 30, del G.P. Ciudadanos, apartados nuevos.

- Enmienda núm. 74, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado nuevo.

Artículo 3

- Enmienda núm. 23, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, apartado 3, letra nueva.

- Enmienda núm. 31, del G.P. Ciudadanos, apartado 3, letra a), punto 1.º

Artículo 4

- Enmienda núm. 24, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, apartado 2, letra b).

- Enmienda núm. 25, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, apartado 2.

- Enmienda núm. 32, del G.P. Ciudadanos, apartado 2.

- Enmienda núm. 53, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 3, letra nueva.

- Enmienda núm. 75, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado nuevo.

Artículo 5

- Enmienda núm. 1, del Sr. Candela Serna (GMx), apartado 1.

- Enmienda núm. 54, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 1.

- Enmienda núm. 76, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado 1.

Título I

Artículo 6

- Enmienda núm. 2, del Sr. Candela Serna (GMx), apartados 2 y 3.

- Enmienda núm. 55, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 2.

- Enmienda núm. 77, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado 2.

- Enmienda núm. 56, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 3.

- Enmienda núm. 78, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado 3.

- Enmienda núm. 14, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 3.


Página 74




Artículo 7

- Enmienda núm. 3, del Sr. Candela Serna (GMx), apartado 1.

- Enmienda núm. 57, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 1.

- Enmienda núm. 79, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado 1.

- Enmienda núm. 15, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 4.

Título II

Capítulo I

Sección 1.ª

Artículo 8

- Enmienda núm. 58, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 2.

- Enmienda núm. 80, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado 2.

- Enmienda núm. 33, del G.P. Ciudadanos, apartado 3.

Artículo 9

- Sin enmiendas.

Artículo 10

- Sin enmiendas.

Artículo 11

- Enmienda núm. 81, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx).

- Enmienda núm. 34, del G.P. Ciudadanos, apartado 7.

- Enmienda núm. 16, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado nuevo.

Sección 2.ª

Artículo 12

- Sin enmiendas.

Artículo 13

- Sin enmiendas.

Sección 3.ª

Subsección 1.ª

Artículo 14

- Sin enmiendas.

Artículo 15

- Enmienda núm. 17, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado nuevo.

Artículo 16

- Sin enmiendas.

Artículo 17

- Enmienda núm. 35, del G.P. Ciudadanos.


Página 75




Artículo 18

- Enmienda núm. 4, del Sr. Candela Serna (GMx), apartado 1.

- Enmienda núm. 59, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 1.

- Enmienda núm. 82, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado 1.

Artículo 19

- Enmienda núm. 36, del G.P. Ciudadanos.

Artículo 20

- Sin enmiendas.

Subsección 2.ª

Artículo 21

- Enmienda núm. 6, del Sr. Candela Serna (GMx), apartado 3, letra b).

- Enmienda núm. 62, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 3, letra b).

- Enmienda núm. 83, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado 3, letra b).

Artículo 22

- Sin enmiendas.

Subsección 3.ª

Artículo 23

- Enmienda núm. 6, del Sr. Candela Serna (GMx), apartado 3, letra c).

- Enmienda núm. 62, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 3, letra c).

- Enmienda núm. 84, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado 3, letra c).

- Enmienda núm. 5, del Sr. Candela Serna (GMx), apartado 3, letra nueva.

- Enmienda núm. 37, del G.P. Ciudadanos, apartado 3, letras nuevas.

- Enmienda núm. 60, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 3, letras nuevas.

- Enmienda núm. 85, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado 3, letras nuevas.

Subsección 4.ª

Artículo 24

- Enmienda núm. 38, del G.P. Ciudadanos, apartado 1.

Artículo 25

- Sin enmiendas.

Artículo 26

- Enmienda núm. 39, del G.P. Ciudadanos, apartado 1, letra c).

- Enmienda núm. 86, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado 1, letra c).

- Enmienda núm. 6, del Sr. Candela Serna (GMx), apartado 1, letra d).

- Enmienda núm. 40, del G.P. Ciudadanos, apartado 1, letra d).

- Enmienda núm. 62, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 1, letra d).

Artículo 27

- Sin enmiendas.

Artículo 28

- Sin enmiendas.


Página 76




Sección 4.ª

Artículo 29

- Enmienda núm. 26, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

- Enmienda núm. 61, del G.P. Esquerra Republicana.

- Enmienda núm. 87, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx).

Artículo 30

- Sin enmiendas.

Artículo 31

- Enmienda núm. 6, del Sr. Candela Serna (GMx), apartado 1, letra d).

- Enmienda núm. 62, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 1, letra d).

- Enmienda núm. 88, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado 1, letra d).

Artículo 32

- Sin enmiendas.

Artículo 33

- Enmienda núm. 41, del G.P. Ciudadanos.

- Enmienda núm. 100, del G.P. Socialista, apartado 1, letra a).

- Enmienda núm. 63, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 1, letra nueva.

- Enmienda núm. 89, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado 1, letra nueva.

Sección 5.ª

Artículo 34

- Sin enmiendas.

Capítulo II

Artículo 35

- Sin enmiendas.

Artículo 36

- Sin enmiendas.

Artículo 37

- Sin enmiendas.

Artículo 38

- Sin enmiendas.

Capítulo III

Artículo 39

- Enmienda núm. 7, del Sr. Candela Serna (GMx), apartado 1.

- Enmienda núm. 18, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 1.

- Enmienda núm. 64, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 1.

- Enmienda núm. 90, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado 1.


Página 77




Capítulo IV

Artículo 40

- Enmienda núm. 42, del G.P. Ciudadanos, apartado nuevo.

Artículo 41

- Enmienda núm. 43, del G.P. Ciudadanos, apartado nuevo.

Artículo 42

- Sin enmiendas.

Capítulo V

Artículo 43

- Sin enmiendas.

Artículo 44

- Sin enmiendas.

Artículo 45

- Sin enmiendas.

Capítulo VI

Sección 1.ª

Artículo 46

- Sin enmiendas.

Artículo 47

- Sin enmiendas.

Artículo 48

- Sin enmiendas.

Artículo 49

- Sin enmiendas.

Artículo 50

- Sin enmiendas.

Artículo 51

- Sin enmiendas.

Sección 2.ª

Artículo 52

- Sin enmiendas.

Artículo 53

- Sin enmiendas.


Página 78




Artículo 54

- Sin enmiendas.

Artículo 55

- Sin enmiendas.

Sección 3.ª

Artículo 56

- Sin enmiendas.

Artículo 57

- Sin enmiendas.

Sección 4.ª

Artículo 58

- Sin enmiendas.

Sección 5.ª

Artículo 59

- Sin enmiendas.

Capítulo VII

Sección 1.ª

Artículo 60

- Enmienda núm. 8, del Sr. Candela Serna (GMx), apartado 1.

- Enmienda núm. 65, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 1.

- Enmienda núm. 91, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado 1.

Artículo 61

- Enmienda núm. 9, del Sr. Candela Serna (GMx).

- Enmienda núm. 66, del G.P. Esquerra Republicana.

- Enmienda núm. 92, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx).

Artículo 62

- Sin enmiendas.

Artículo 63

- Sin enmiendas.

Artículo 64

- Sin enmiendas.

Sección 2.ª

Artículo 65

- Sin enmiendas.


Página 79




Artículo 66

- Enmienda núm. 44, del G.P. Ciudadanos, apartado 2, letra h).

- Enmienda núm. 45, del G.P. Ciudadanos, apartado 2, letra k).

Artículo 67

- Sin enmiendas.

Artículo 68

- Enmienda núm. 46, del G.P. Ciudadanos, apartado 5.

Artículo 69

- Sin enmiendas.

Artículo 70

- Sin enmiendas.

Artículo 71

- Sin enmiendas.

Artículo 72

- Sin enmiendas.

Artículo 73

- Sin enmiendas.

Artículo 74

- Sin enmiendas.

Artículo 75

- Sin enmiendas.

Artículo 76

- Sin enmiendas.

Sección 3.ª

Artículo 77

- Enmienda núm. 93, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx), apartado nuevo.

Artículo 78

- Enmienda núm. 27, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, apartado 5.

- Enmienda núm. 67, del G.P. Esquerra Republicana, apartado 5.

Capítulo VIII

Artículo 79

- Sin enmiendas.


Página 80




Título III

Capítulo I

Artículo 80

- Sin enmiendas.

Artículo 81

- Sin enmiendas.

Artículo 82

- Sin enmiendas.

Artículo 83

- Sin enmiendas.

Artículo 84

- Sin enmiendas.

Capítulo II

Artículo 85

- Enmienda núm. 47, del G.P. Ciudadanos, apartado 2.

Disposición adicional primera

- Sin enmiendas.

Disposición adicional segunda

- Sin enmiendas.

Disposición adicional tercera

- Enmienda núm. 48, del G.P. Ciudadanos.

Disposición adicional cuarta

- Sin enmiendas.

Disposiciones adicionales nuevas

- Enmienda núm. 28, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

- Enmienda núm. 68, del G.P. Esquerra Republicana.

Disposición transitoria primera

- Sin enmiendas.

Disposición transitoria segunda

- Enmienda núm. 49, del G.P. Ciudadanos, apartado nuevo.

Disposición transitoria tercera

- Sin enmiendas.


Página 81




Disposición transitoria cuarta

- Sin enmiendas.

Disposición transitoria quinta

- Sin enmiendas.

Disposición derogatoria

- Sin enmiendas.

Disposición final primera

- Sin enmiendas.

Disposición final segunda

- Enmienda núm. 10, del Sr. Candela Serna (GMx).

- Enmienda núm. 19, del G.P. Vasco (EAJ-PNV).

- Enmienda núm. 69, del G.P. Esquerra Republicana.

- Enmienda núm. 70, del G.P. Esquerra Republicana.

- Enmienda núm. 71, del G.P. Esquerra Republicana.

- Enmienda núm. 94, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx).

- Enmienda núm. 95, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx).

- Enmienda núm. 96, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx).

Disposición final tercera

- Sin enmiendas.

Disposición final cuarta

- Enmienda núm. 99, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx).

Disposición final quinta

- Sin enmiendas.

Disposición final sexta

- Sin enmiendas.

Disposición final séptima

- Sin enmiendas.

Disposición final octava

- Sin enmiendas.

Disposiciones finales nuevas

- Enmienda núm. 29, del G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

- Enmienda núm. 50, del G.P. Ciudadanos.

- Enmienda núm. 72, del G.P. Esquerra Republicana.

- Enmienda núm. 97, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx).

- Enmienda núm. 98, del Sr. Campuzano i Canadés (GMx).

Anexo

- Sin enmiendas.

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