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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 10, de 28/04/2016
cve: DSCG-11-CM-10
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS

Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 10
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. TEÓFILO DE LUIS RODRÍGUEZ
Sesión núm. 2
celebrada el jueves,
28 de abril de 2016
en el Palacio del Congreso de los Diputados


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:

Oganismos autónomos:

- Informe de fiscalización del organismo autónomo Agencia para el Aceite de Oliva, ejercicio 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000033 y número de expediente del Senado 771/000033) ... (Página4)

- Informe de fiscalización del organismo autónomo "Confederación Hidrográfica del Tajo", ejercicios 2008-2010. (Número de expediente del Congreso 251/000039 y número de expediente del Senado 771/000038) ... (Página4)

- Informe de fiscalización del Instituto Nacional del Consumo. (Número de expediente del Congreso 251/000020 y número de expediente del Senado 771/000019) ... (Página4)

- Informe de fiscalización del Centro de Estudios Jurídicos, ejercicios 2010 y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000038 y número de expediente del Senado 771/000039) ... (Página4)

- Informe de fiscalización de la actividad de la Biblioteca Nacional, ejercicios 2011 y 2012. (Número de expediente del Congreso 251/000074 y número de expediente del Senado 771/000074) ... (Página4)

Organismos públicos con independencia o autonomía:

- Informe de fiscalización de la Comisión Nacional de la Competencia, ejercicio 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000003 y número de expediente del Senado 771/000002) ... (Página11)


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- Informe de fiscalización de la actividad de la Agencia Española de Protección de Datos, ejercicio 2009, referida en especial al seguimiento de las recomendaciones del tribunal y resoluciones de la Comisión Mixta correspondiente al informe de fiscalización de la agencia relativo al ejercicio 2001. (Número de expediente del Congreso 251/000017 y número de expediente del Senado 771/000017) ... (Página11)

- Informe de fiscalización del Consejo de Seguridad Nuclear, ejercicio 2010. (Número de expediente del Congreso 251/000030 y número de expediente del Senado 771/000029) ... (Página11)

Consorcios y agencias estatales:

- Informe de fiscalización del Consorcio Centro Sefarad-Israel, ejercicios 2011 y 2012. (Número de expediente del Congreso 251/000051 y número de expediente del Senado 771/000048) ... (Página17)

- Informe de fiscalización del Consorcio Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán, ejercicios 2011 y 2012. (Número de expediente del Congreso 251/000053 y número de expediente del Senado 771/000047) ... (Página17)

- Informe de fiscalización del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ejercicio 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000050 y número de expediente del Senado 771/000049) ... (Página17)

- Informe de fiscalización de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, anteriormente Agencia Estatal Antidopaje. (Número de expediente del Congreso 251/000059 y número de expediente del Senado 771/000058) ... (Página18)

- Informe de fiscalización de la actividad realizada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para el cobro efectivo de las deudas tributarias, durante los ejercicios 2012 y 2013. (Número de expediente del Congreso 251/000077 y número de expediente del Senado 771/000076) ... (Página18)

Fundaciones:

- Informe de fiscalización de la Fundación para el desarrollo de la formación en las zonas mineras del carbón, ejercicio 2010. (Número de expediente del Congreso 251/000006 y número de expediente del Senado 771/000004) ... (Página26)

- Informe de fiscalización de la Fundación Residencia de Estudiantes, ejercicios 2005 a 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000013 y número de expediente del Senado 771/000012) ... (Página26)

- Informe de fiscalización de la Fundación Escuela de Organización Industrial, ejercicio 2010. (Número de expediente del Congreso 251/000019 y número de expediente del Senado 771/000016) ... (Página26)

- Informe de fiscalización sobre la gestión de la Fundación tripartita para la formación en el empleo en relación con el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta. (Número de expediente del Congreso 251/000064 y número de expediente del Senado 771/000057) ... (Página26)

- Informe de fiscalización de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, ejercicios 2012 y 2013. (Número de expediente del Congreso 251/000079 y número de expediente del Senado 771/000078) ... (Página26)

- Informe de fiscalización de la Fundación española para la Ciencia y la Tecnología, ejercicios 2012 y 2013. (Número de expediente del Congreso 251/000083 y número de expediente del Senado 771/000081) ... (Página26)


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Administración local:

- Informe de fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Teruel, periodo 2006-2009. (Número de expediente del Congreso 251/000016 y número de expediente del Senado 771/000015) ... (Página33)

- Informe de fiscalización sobre los gastos ejecutados por las entidades locales sin crédito presupuestario. (Número de expediente del Congreso 251/000037 y número de expediente del Senado 771/000037) ... (Página33)

- Informe de fiscalización de los consorcios de ámbito local. (Número de expediente del Congreso 251/000040 y número de expediente del Senado 771/000036) ... (Página33)

- Informe de fiscalización de las incidencias producidas durante el año 2012 en la ejecución de los contratos celebrados por las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. (Número de expediente del Congreso 251/000041 y número de expediente del Senado 771/000040) ... (Página33)

- Informe de fiscalización de las retribuciones y de la gestión de los sistemas de provisión y promoción de los puestos de la intervención de las entidades locales. (Número de expediente del Congreso 251/000044 y número de expediente del Senado 771/000043) ... (Página33)

- Informe sobre las actuaciones del Tribunal de Cuentas para promover en el ámbito local la rendición de cuentas. (Número de expediente del Congreso 251/000068 y número de expediente del Senado 771/000068) ... (Página33)

- Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. Ayuntamiento de Logroño. (Número de expediente del Congreso 251/000073 y número de expediente del Senado 771/000072) ... (Página33)

- Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. Ayuntamiento de Murcia. (Número de expediente del Congreso 251/000078 y número de expediente del Senado 771/000077) ... (Página33)

- Informe de fiscalización de los servicios prestados en materia de mataderos y mercados en el sector público local, en coordinación con los órganos de control externo. (Número de expediente del Congreso 251/000082 y número de expediente del Senado 771/000082) ... (Página34)

- Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso 251/000084 y número de expediente del Senado 771/000083) ... (Página34)


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:

ORGANISMOS AUTÓNOMOS:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA, EJERCICIO 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000033 y número de expediente del Senado 771/000033).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO "CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO", EJERCICIOS 2008-2010. (Número de expediente del Congreso 251/000039 y número de expediente del Senado 771/000038).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO. (Número de expediente del Congreso 251/000020 y número de expediente del Senado 771/000019).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS, EJERCICIOS 2010 Y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000038 y número de expediente del Senado 771/000039).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, EJERCICIOS 2011 Y 2012. (Número de expediente del Congreso 251/000074 y número de expediente del Senado 771/000074).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Vamos a comenzar esta primera y única sesión de la Comisión mixta del Tribunal de Cuentas Congreso-Senado. Dadas las fechas, sabéis que esta Comisión comienza y todos los expedientes que se van a abrir se agotan aquí. Tal y como habíamos hablado ayer con los portavoces, hemos ajustado aún más los tiempos para conseguir que el trámite sea más ágil. El presidente del Tribunal de Cuentas dispondrá de diez minutos por cada uno de los cinco bloques, que irá explicando en el orden que corresponde, y luego los portavoces de los grupos podrán intervenir durante tres minutos, tal y como tiene a bien indicarme el portavoz del Grupo Socialista, que es buen amigo y además es una de las personas con las que se negoció el tema.

Sin más, cedo la palabra al presidente del Tribunal de Cuentas para que informe respecto a los informes de fiscalización que se encuentran en la Comisión en relación con distintos organismos autónomos.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

Respecto del primer bloque, organismos autónomos, el Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo fiscalizaciones sobre los organismos autónomos Agencia para el Aceite de Oliva, Confederación Hidrográfica del Tajo, Instituto Nacional del Consumo, Centro de Estudios Jurídicos y Biblioteca Nacional.

De acuerdo con la información disponible, existen 58 los organismos autónomos del sector público estatal al cierre del ejercicio 2015, frente a los 61 existentes a finales del ejercicio 2014. Entre los aspectos que son objeto de fiscalización recurrente en este tipo de organismos es preciso referencia, primer lugar, a la regularidad contable en términos de rendición de cuentas y representatividad de las mismas; cuestión que ha sido incluida entre los objetivos de fiscalización de cuatro de estos informes, exceptuándose en el de la Biblioteca Nacional. En este sentido, todas las entidades han rendido sus cuentas al tribunal, si bien en algunos casos con retraso respecto al plazo máximo establecido legalmente, como el Instituto Nacional de Consumo, la Confederación Hidrográfica del Tajo y en menor medida la Agencia para el Aceite de Oliva.

Se ha emitido una opinión favorable en relación con las cuentas de la Agencia para el Aceite de Oliva, una opinión favorable con salvedades para el Instituto Nacional del Consumo y una opinión desfavorable para la Confederación Hidrográfica del Tajo debido a la importancia de las limitaciones y salvedades de la fiscalización. También han sido objeto de fiscalización los procedimientos de gestión económico-financiera de cada uno de los organismos, con arreglo a su régimen jurídico y a la naturaleza de sus operaciones, pudiendo señalarse los siguientes resultados principales.


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La Agencia para el Aceite de Oliva no disponía de un plan anual de inspección con indicación de los objetivos previstos y los riesgos existentes, los recursos disponibles y los criterios de inclusión en el plan de los sujetos a inspeccionar. Además, no consta que la agencia realizase un seguimiento activo de las propuestas de sanción remitidas a las comunidades autónomas y en particular, del cumplimiento del plazo de los sesenta días para comunicar las actuaciones iniciadas a raíz de la remisión de la propuesta de sanción. Asimismo, se observa que el importe de las sanciones impuestas por las comunidades autónomas era en general muy inferior al señalado en las propuestas de sanción remitidas por la agencia.

Por lo que se refiere a la Confederación Hidrográfica del Tajo, disponía de al menos 737 inmuebles ocupados por personal del organismo y por terceros ajenos, sin que constase en la mayoría de los casos título alguno de la cesión en uso. Únicamente en el 10% de los inmuebles ocupados existía una contraprestación económica por parte del cesionario.

Respecto al Instituto Nacional del Consumo, como consecuencia de la anulación parcial por sentencia del Tribunal Supremo de la concesión de subvenciones a varias asociaciones de consumidores para el apoyo y asesoramiento de los afectados por los casos Forum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles, los perceptores de dichas subvenciones debieron reintegrar el importe previamente abonado. Estas asociaciones reclamaron la responsabilidad patrimonial de la Administración por los gastos judiciales sufragados y el Ministerio de Sanidad, previo dictamen del Consejo de Estado, reconoció esta responsabilidad por el 50% del importe reintegrado. Sin embargo, debió ser el valor del daño debidamente acreditado y no el de la subvención reintegrada sobre el que se debió calcular el citado 50%.

El Centro de Estudios Jurídicos disponía de trabajadores contratados en régimen de colaboración social que desempeñaban desde hace años labores con carácter administrativo y auxiliar, iguales a las realizadas por otros empleados del organismo, lo que lleva a considerar la conveniencia de su sustitución por personal fijo de plantilla.

En el caso de la Biblioteca Nacional se han observado deficiencias en el procedimiento de adquisición de fondos por compra, por la incorrecta regulación de las competencias de la Comisión de Adquisiciones Bibliográficas y la falta de integración en un único expediente de la documentación original completa, lo que dificulta su localización y revisión. Asimismo, la Biblioteca carecía de un inventario contable de sus fondos. No tenía valorados ni contabilizados los fondos iniciales que componían su patrimonio histórico y se detectaron algunas diferencias no aclaradas entre los importes registrados por compras y donativos y la información de gestión facilitada por la entidad. Por otra parte, también se han efectuado comprobaciones sobre áreas de especial riesgo, como la contratación pública y la gestión de subvenciones concedidas por los organismos.

La Confederación Hidrográfica del Tajo gestionó expedientes de obras tramitados por el procedimiento excepcional de emergencia por una cuantía global de 62 millones de euros, lo que permitió adjudicar los contratos directamente. No ha quedado acreditado el acontecimiento catastrófico, la situación que suponga grave peligro o la necesidad que afecte la defensa nacional que justifique este proceder.

Por lo que se refiere a la gestión de las subvenciones otorgadas a las asociaciones de consumidores y usuarios por el Instituto Nacional del Consumo, la justificación del número mínimo de 10.000 socios para poder concurrir a la convocatoria se acreditaba únicamente mediante un certificado expedido por el presidente de cada asociación sin realizarse comprobaciones sobre la veracidad del mismo. Asimismo, se han apreciado incidencias en la justificación de la aplicación de las subvenciones como imputaciones de gastos no elegibles, falta de control de los asistentes a los cursos y seminarios, concurrencia de subvenciones con las otorgadas por otras entidades, ausencia de justificantes de pago y no acreditación de la actividad subvencionada. El informe sobre el Instituto incluye asimismo conclusiones específicas relativas a las asociaciones de consumidores y usuarios perceptoras de las subvenciones. En relación con ellas, se indican los supuestos de posibles infracciones detectadas, así como las deficiencias en la justificación y otras incidencias en las subvenciones recibidas.

En el caso del Centro de Estudios Jurídicos la mayor parte del gasto de formación fue gestionado por una empresa con la que se había suscrito un contrato para la prestación de los servicios de viajes y actividades formativas. No obstante, estaban incluidos en el objeto del contrato todos los servicios relacionados con la liquidación de los gastos de los participantes, lo que implicaba el incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y resultaba incompatible con la normativa sobre indemnizaciones por razones de servicio. Se concedieron indebidamente cinco becas por importe de 15 miles de euros a solicitantes que habían superado el límite máximo de convocatorias previstas en las bases reguladoras.


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La entidad no exigió el reintegro de 35 becas concedidas en 2009 y 2010 por importe conjunto de 105 miles de euros y tampoco otro caso de beca no justificada en 2011.

Con ello he terminado mi presentación, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, presidente.

El presidente ha estado extremadamente prudente, en siete minutos ha agotado los diez que tenía.

¿Grupo Parlamentario Mixto, señor Garzón? (Pausa). No está. El Grupo Vasco excusa su asistencia por razones obvias y pide que traslade sus disculpas por no estar presente.

Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, lo primero es agradecer y reconocer la importante labor del Tribunal de Cuentas, organismo dependiente de las Cortes Generales, auditor de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Ya que vamos a aprobar veintinueve informes de manera agrupada y es difícil pararse en los detalles, al menos me gustaría detenerme en una cuestión general y conocer un poco la opinión del presidente del Tribunal de Cuentas. El alcance de sus informes de fiscalización cubre la auditoría de las cuentas anuales; una revisión que se cumple con la normativa aplicable de gestión de fondos públicos. También verifica las cuestiones relacionadas con el tema de igualdad y una última cuestión es la evaluación de los procedimientos y sistemas de gestión.

Para Ciudadanos, para poder fortalecer el Estado del bienestar, especialmente en un contexto en el que el déficit público ha alcanzado ya, como sabemos, el 5% del PIB y la deuda la tenemos en el 100%, se requiere una gestión de políticas públicas basada en evaluaciones, análisis de impacto y medición de objetivos. Me gustaría saber si hay algún solapamiento con la Agencia de Evaluación y Calidad.

A modo introductorio también me gustaría comunicarle que el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó una proposición no de ley -que, por supuesto, volverá a presentar en la próxima legislatura- sobre la web del Tribunal de Cuentas porque nos gustaría conocer el seguimiento y el cumplimiento y que se hicieran públicas las recomendaciones que realiza.

En cuanto al bloque uno, organismos autónomos, en esta sección tenemos cinco informes. Dos de los organismos fiscalizados ya no existen como tal: La Agencia para el Aceite de Oliva y el Instituto Nacional del Consumo se han reconvertido o fusionado en otros organismos. Viendo los informes del Tribunal de Cuentas, uno agradece al menos que se esté intentando. Los organismos autónomos tienen unas tareas específicas, que es lo que justifica su creación y autonomía de gestión, pero luego demuestran una tenacidad asombrosa para perpetuarse a costa del presupuesto público, aunque hayan cambiado las circunstancias que les dieron origen. La Agencia para el Aceite de Oliva ofrece un buen ejemplo: fue creada en 1987 para vigilar las cuotas asignadas por la Política Agraria Común. Con un presupuesto de más de 5 millones, que en un 69% corresponden a gastos de personal, es imposible no preguntarse si tenía sentido tener una agencia para el aceite de oliva. En estos cinco informes, en nuestra opinión, las deficiencias más graves se centran en la Agencia para el Aceite de Oliva y en la Confederación Hidrográfica del Tajo. En el informe apunta a múltiples deficiencias en la inspección y en el seguimiento de los expedientes y el procedimiento sancionador; sin embargo, la agencia sido reconvertida en Agencia de Información y Control Alimentarios. Nos gustaría saber si realmente esta agencia ha heredado las deficiencias de la antigua.

Por otro lado, el propósito y las funciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo están más claros, pero llaman la atención las importantes negligencias en la gestión contable y ordinaria de este organismo, que tiene un presupuesto anual de casi 100 millones de euros. Voy terminando. Me gustaría saber qué consecuencias se han derivado de que la Confederación Hidrográfica del Tajo no tenga ese inventario de inmovilizado a que usted hacía referencia, señor presidente. El hecho de que haya dudas en la contratación de personal, la adjudicación de contratos menores sin publicidad, la gestión bajo procedimiento de emergencia de más de 62 millones de euros, sin que estuviese acreditado el acontecimiento catastrófico -entre otras deficiencias apuntadas por el tribunal-, son un conjunto de indicios de la mala gestión. Tal vez se deberían depurar responsabilidades políticas.

Por último, en relación con la Biblioteca Nacional de España, creo que -según un artículo que sale publicado precisamente hoy- se podían haber ahorrado 365.000 euros, dinero que realmente le hace falta al erario público.

Muchísimas gracias, presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

Ha habido un error y nos hemos saltado en el orden de intervenciones al señor Picornell, de Esquerra Republicana de Cataluña. Señor Picornell, tiene tres minutos. Muchas gracias.

El señor PICORNELL GRENZNER: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, señor presidente de la Comisión mixta, quería empezar agradeciendo el trabajo del Tribunal de Cuentas, que nos presenta hoy un trabajo discreto y preciso, pero a partir de este momento voy a hablar de los problemas que hemos detectado y de algunas soluciones a los mismos, olvidándonos del punto de partida, es decir, del trabajo realizado por el tribunal.

Quiero señalar que el volumen de documentación que tenemos en esta Comisión hoy es excesivo y somos conscientes. Sería conveniente dosificarla de forma más adecuada, haciendo más reuniones, con una periodicidad menor, que nos permitiese discutir y analizar más a fondo los temas que traemos, pues se entiende que en el día de hoy vamos a realizar un visionado muy superficial de todos ellos. Lo que a continuación vamos a discutir es un muestrario de detalles que podrían ser auténticos despropósitos de la microgestión pública, un detalle del día a día de las entidades analizadas. De hecho, si recogemos todas las observaciones, se trata de un auténtico manual de cómo no debe gestionarse una institución pública o, si lo tomamos en positivo, es un manual de cuáles son los aspectos que deberíamos mejorar los que creemos en la gestión pública de nuestras instituciones.

Nuestra filosofía es que no existen problemas sino oportunidades de mejora y todas las observaciones que vamos a realizar deberían entenderse en este sentido. En general no se detecta mala fe, si me lo permiten, se trata más de incompetencia diaria en este limbo en el que los niveles de gestión técnica, una gestión técnica que se transforma en designación política. La responsabilidad en último término corresponde siempre a los políticos, que han decidido esta estructura técnica. Por lo tanto, en mi intervención hablaré con una mirada política sobre aspectos técnicos y que seguramente no son exactamente objeto de la Comisión pero que queremos señalar.

Si analizamos el informe número tres, relativo al Instituto Nacional del Consumo, se evidencian diversas deficiencias en cuanto a la contabilidad, contratación, firma de convenios, gestión de subvenciones, de recursos humanos, de actuaciones con referencia a terceras asociaciones, etcétera.

Si nos fijamos en el informe cinco, relativo a la Biblioteca Nacional se referencia un análisis de eficacia, eficiencia y economía en relación con la gestión. Este aspecto se indica en diversos informes y a nosotros nos gustaría profundizar en la eficiencia social de las instituciones, es decir la capacidad de analizar los números de la institución respecto al impacto que esta tiene en la sociedad según su misión y sus objetivos. Por ejemplo en dicho informe se nos referencia el plan estratégico de la institución, a partir del cual podemos conocer el verdadero impacto -más allá del cuantitativo- cuando cuenta que la Biblioteca Nacional no tiene establecidos sistemas que permitan la evaluación del grado de eficiencia, eficacia, etcétera, ni los planes estratégicos ni las memorias del programa presupuestario gestionado por la biblioteca.

Termino. Creemos que se debería potenciar en el resto de informes esta visión más de impacto social -en lugar de estrictamente el análisis económico y técnico- en el resto de informes de las instituciones. Nos interesaría profundizar, como decía, en los objetivos de cada una de las instituciones además de en su contabilidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picornell.

Quiero señalar algo que estaba pensando mientras intervenía el representante de Esquerra Republicana de Cataluña y es que la velocidad de intervención realmente es muy acelerada, pero saben los portavoces que es el acuerdo al que ayer se ajustaron ellos por iniciativa propia. A esta presidencia y desde luego al presidente del tribunal no les hubiera importado si hubiéramos ido a más, pero así lo hemos decidido entre todos. Además también es bueno que conste en el "Diario de Sesiones" de la Comisión que todos esos informes volverán a ser analizados con el detenimiento que sus señorías deseen en la próxima legislatura, en la Legislatura XII.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor González García.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente de la Comisión.

Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda por acudir al Congreso de los Diputados. Es triste que tengamos que agradecer la comparecencia de un alto cargo, pero en esta breve legislatura no ha sido lo


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más normal. Con el permiso del presidente voy a aprovechar un minuto para valorar el papel del Tribunal de Cuentas, ya que es la única intervención que tenemos en esta Comisión. Nosotros creemos que las agencias de fiscalización son fundamentales para la democracia, pero creemos que estas deberían funcionar de forma totalmente independiente del resto de poderes. El hecho de que el Consejo del Tribunal de Cuentas sea nombrado directamente por elección de las Cortes no garantiza esta independencia, especialmente con la cultura política del amiguismo que hay en este país...

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor portavoz, ruego que se ciña usted al contenido porque no estamos hablando ni de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas ni de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas; estamos hablando de unos informes de fiscalización y su turno es precisamente para hablar de los informes de fiscalización. Gracias.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Perfecto, continúo con los informes de fiscalización.

Como reflexión general sobre los informes que se nos presentan hoy aquí, parece claro que hay que dotar de medios suficientes al Tribunal de Cuentas para que estos informes de fiscalización se publiquen con mayor diligencia y también es necesario hacer que esta Comisión trabaje con mayor celeridad y se reúna con mayor frecuencia para poder evaluarlos. La mayoría de los informes que se presentan son de 2010 y 2011 y, como ustedes bien saben, la mayoría de los delitos asociados a la corrupción -como pueden ser la prevaricación o el fraude fiscal- prescriben a los cinco años. Por lo tanto, cualquier conclusión o resolución que podamos sacar de esta Comisión tiene un alcance limitado en este sentido. El retraso que lleva en algunos casos la publicación y elaboración de estos informes que se nos presentan, como por ejemplo en el Instituto Nacional del Consumo, hacen que se esté hablando de organismos autónomos que ahora mismo ya no existen o están subsumidos en entidades más amplias. Este es el caso de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Por lo tanto cualquier resolución, como decía, tendrá un alcance limitado.

En relación con el informe del Instituto Nacional del Consumo, como tiene potestad sobre el registro de asociaciones y el derecho de inspección de dicho registro en lo relativo a las asociaciones que tienen actividad relacionada con el consumo, nos gustaría preguntarle al señor Álvarez de Miranda si se hicieron las inspecciones para contrastar la buena gestión de las ayudas percibidas por las asociaciones vinculadas al INC y si el déficit en la gestión o en la justificación de dichas subvenciones se tuvo en cuenta a la hora de proporcionar nuevas subvenciones al siguiente año.

De la lectura del informe sobre la Confederación Hidrográfica del Tajo -2008-2010, de nuevo-, se contrasta que el Tribunal de Cuentas no aprueba el inventario de sus bienes ni la contabilidad de sus presupuestos. Tal inventario no existe conforme a lo establecido legalmente y la contabilidad presenta varios errores o inconsistencias, como por ejemplo imputar algunas tasas como ingresos por operaciones o algunos gastos de viaje que se imputan a infraestructuras de proyectos. Dada la antigüedad del informe, nos gustaría saber si se han continuado produciendo estos hechos en los años posteriores al de este informe.

Respecto del Centro de Estudios Jurídicos, también presenta numerosas irregularidades y queremos saber si el Tribunal de Cuentas ha solicitado algún informe de gestión adicional al Centro de Estudios Jurídicos y si a posteriori se aplicaron las recomendaciones sugeridas en el informe que hoy se nos presenta aquí.

La Biblioteca Nacional da cuenta de varias recomendaciones, como mejora de los procedimientos de seguimiento y control de la documentación, tener en cuenta la variable de sexo en las estadísticas que elabora. Se recomienda al gobierno de la Biblioteca Nacional dotar de los medios suficientes, en particular de medios personales y propios, con el fin de limitar el recurso de la contratación externa de servicios bibliotecarios.

Querríamos saber, igual que en los anteriores, si han sido estos procedimientos corregidos en el futuro. Asimismo -compartimos la reflexión del portavoz de Esquerra Republicana- si el señor presidente considera que son necesarios informes de impacto social sobre todos estos organismos, que creemos que pueden ser muy interesantes con vista la evaluación.

Muchas gracias a los dos presidentes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.

No me corresponde a mí, pero sabe que el hecho de agrupar tan importante número de informes de fiscalización en esta sesión era intentando descongestionar el estocaje de asuntos pendientes que había en la Comisión para dar una mayor dinámica y una mayor utilidad al conocimiento por la Cámara de los informes que el Tribunal de Cuentas evacua.


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Si es delito o no lo es, no corresponde a este ámbito, el ámbito legislativo, ni tampoco al ámbito de la Comisión, sino al ámbito judicial. Por tanto, aunque la reflexión es válida, no nos corresponde a nosotros determinar si es delito o no. Eso se escapa de nuestras competencias.

Aparte de esto, que es simplemente una precisión, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Navajas.

La señora NAVAJAS GONZÁLEZ: Muchas gracias.

En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de que participemos en esta Comisión al final de esta corta legislatura y decir aquí que existe un compromiso, por parte de todos los grupos políticos y de la nueva Presidencia de la Comisión cuando se constituyó en su día, de intentar agilizar y tener más sesiones para procurar solventar todo este cúmulo de informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Como tenemos poco tiempo y todos nos hemos leído los informes, voy a decir que en la mayoría de las recomendaciones que se hacen por el Tribunal de Cuentas hemos podido observar el déficit de organización y administración en estos organismos. No sé si esto es lo que necesariamente tienen que hacer los organismos para que no se lleguen a producir los informes de fiscalización. Está bien que su contabilidad sea fiscalizada, que se remitan a la legalidad establecida por ley, pero tienen que mejorar esa organización y esa administración.

Respecto al informe del Instituto Nacional del Consumo, que hoy día ya no existe, solo quiero hacer una pregunta. No he encontrado la mención específica sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración en el caso de Forum y Afinsa. Se habla de que no está justificada la totalidad de los gastos, de que no se puede cuantificar porque está pendiente todavía el procedimiento en la jurisdicción contencioso-administrativa, pero no se dan unas conclusiones al respecto. Con respecto al tema de las subvenciones de dicho Instituto, quiero hablar de la discrecionalidad que deja patente el Tribunal de Cuentas a la hora de la concesión y la cuantificación de las subvenciones, que deberían regirse un poco más y estar más clarificadas en sus propuestas.

En cuanto al tema del aceite de oliva, las comunidades autónomas aquí tienen una gran labor, y es la de cumplir con sus obligaciones de pasar anualmente esas inspecciones de los operadores. En general, sin querer profundizar mucho más porque todos nos hemos leído los informes, intentemos agilizar un poco más la fiscalización desde esta Comisión y darle un poco más de celeridad para no estar debatiendo informes de 2001 y 2003.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Navajas. No puedo estar más de acuerdo con la parte final de su intervención, y es precisamente el ánimo que nos ha guiado desde el inicio de esta legislatura.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Barrachina.

El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, don Teófilo.

Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por comparecer. España ha hecho un ejercicio gigante, un esfuerzo colosal de reducir los 100.000 millones de euros del agujero fiscal de diciembre de 2011 a 50.000. En buena medida el gasto era debido a 2.100 organismos autónomos que en España felizmente se han disuelto aliviando de un gasto corriente que pesaba y pesa sobre los bolsillos y sobre los tributos que pagan los españoles. Es verdad que se hizo un esfuerzo grande durante la pasada legislatura por aliviar la carga que arrastraba esta Comisión Mixta, y estos veintinueve puntos pactados unánimemente con todos los grupos deben contribuir a ello. De los cinco informes hay algunos que son, a mi juicio, auténticamente escandalosos por lo que contienen. Otros sencillamente son aceptables.

En el informe de la Biblioteca Nacional, donde se tratan los años 2011 y 2012, tan solo hay un mero apercibimiento a que, reflejando la imagen fiel de las cuentas, las acciones formativas en relación con la igualdad de género no han tenido lugar. Aduce la Biblioteca Nacional que es por la falta de demanda. De hecho, un 61% de la plantilla son mujeres. Por tanto, por ausencia de demanda no se había realizado.

El informe referido al organismo autónomo de la Agencia del Aceite de Oliva refleja que sus acciones han sido subsumidas dentro de la Agencia de Información y Control Alimentario y tampoco contiene incidencias de importancia durante todo el año 2011.

Sin embargo, en cuanto a las actuaciones del Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Ministerio de Justicia y referido a los años 2010 y 2011, todas las tareas importantes son francamente mejorables. Habla este informe de aquella etapa, el año 2010, donde existe oscurantismo en todos los procesos de


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selección de personal. Se establece que no hay resoluciones firmadas de las convocatorias de lo que debieran ser oposiciones, que los baremos a veces son desconocidos y que ni siquiera se acredita el pago posterior de las horas de los profesores que imparten docencia. Me resulta alarmante -le traslado la pregunta al presidente del Tribunal de Cuentas- el hecho de que en el año 2010, como recoge el informe, el 68% de los contratos se hiciesen a dedo y que de hecho con la empresa que al parecer tenía en aquella etapa el monopolio de la contratación, para todo lo que son servicios de viajes y actividades formativas se han venido prorrogando tácitamente sus contratos hasta el momento de la fiscalización de este tribunal. Por tanto, toda la parte de contratación -voy concluyendo, señor presidente- es francamente mejorable. Hay una denuncia expresa del Tribunal de Cuentas al fraccionamiento de los contratos para que tengan lugar en las mismas empresas, pero sin el procedimiento público concurrente al que anima la ley.

Sin duda, de los cinco -concluyo, señor presidente-, quien se lleva la palma es la Confederación Hidrográfica del Tajo, donde directamente el tribunal recoge -he de confesarle que es el peor informe que he leído en mi vida- que entre 2008 y 2010 no refleja la imagen fiel de sus cuentas. Por tanto, no sabemos qué es lo que han presentado. Dice, es verdad, que a partir del año 2011 se corrigen esta serie de actuaciones, pero, si se me permite, es un compendio de ilegalidades manifiestas, todas ellas que debieran haber tenido -imagino que lo habrán tenido- sus consecuencias. Directamente se dice que hay 62 millones de euros con los que se han hecho, por un procedimiento excepcional de emergencia para abastecer agua, obras, algunas de ellas casualmente en los mismos municipios donde compartían militancia socialista quien presidía la confederación y el alcalde. Algunas de estas obras de emergencia para saltarse el procedimiento público tardaban 670 días.

El señor PRESIDENTE: Señor Barrachina, debe concluir.

El señor BARRCHINA ROS: Por tanto, concluyo haciéndole la pregunta de si usted cree que, especialmente en estos dos a que me he referido, el Centro de Estudios Jurídicos y singularmente la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el procedimiento de contratación ha habido algún avance sobre el periodo estudiado de 2008-2010.

Muchas gracias por el esfuerzo que han hecho todos los componentes del tribunal.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrachina.

Para responder a las preguntas formuladas, el presidente del Tribunal de Cuentas tendrá ahora un tiempo de cinco minutos.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Intentaré dar contestación a aquellas preguntas sobre las que puedo tener información o valoración. Muchas no las podría responder directamente y si las formulan por escrito, se les contestará adecuadamente. En primer lugar, solapamiento con la Agencia de Evaluación y Calidad que me plantea el señor Ten. Desde mi punto de vista, no existe solapamiento porque realizamos funciones que son complementarias y perfectamente válidas en el ámbito del tribunal y en el ámbito de la agencia. Me plantea también una pregunta sobre la opinión que le supone al tribunal, a través de su informe, el conjunto de incidencias contables referidas al inmovilizado que afectan a la Confederación Hidrográfica del Tajo. De los cinco informes, es el único del que el tribunal emite una opinión desfavorable sobre la fiabilidad de las cuentas, precisamente por la gravedad de incidencias que tiene el inventario de la Confederación, y así queda recogido en el informe. Me plantea preguntas en relación con el seguimiento de las recomendaciones. Esta es una pregunta que me han formulado otros portavoces parlamentarios y paso a dar contestación general a todos ellos. Indudablemente, el seguimiento de recomendaciones es una de las asignaturas pendientes que tiene el tribunal. Para el programa de fiscalizaciones del año 2016 estamos estudiando arbitrar algún sistema rápido de seguimiento de recomendaciones, porque es cierto que el tribunal no puede recoger, ni yo puedo informar aquí, que las cuestiones se han resuelto con el paso del tiempo, si no hacemos comprobaciones efectivas para poderlo comprobar, lo cual llevaría a que tuviéramos que repetir las auditorías y fiscalizaciones todos los años, cosa que no está en el ámbito de las disponibilidades de medios y materiales que tiene el tribunal. Pero en el programa de fiscalizaciones de 2016 se está valorando un estudio del sistema de seguimiento de recomendaciones, y hay informes específicos de seguimientos sectoriales de las recomendaciones formuladas para determinadas entidades.

En relación con el plazo, me plantea el portavoz del Grupo Podemos si la tardanza en ver este tipo de informes puede perjudicar la eventual vida penal de estos informes, en el caso de que la tuvieran. La


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mayor parte de los informes que se presentan en el año 2016 fueron aprobados en 2013. La aprobación de esos informes dio paso al procedimiento que existe en el tribunal, y es que cuando el fiscal advierte de la existencia de cualquier eventual ilícito penal en cualquier informe, solicita al departamento correspondiente que le den un testimonio de particulares para remitirlo generalmente a la Fiscalía Anticorrupción o a las fiscalías territoriales que se encuentren afectadas por cada uno de los informes. En los casos en los que ha habido una eventual o posible responsabilidad penal, el traslado de la misma se ha producido en el año 2013. En el caso concreto de la Confederación Hidrográfica del Tajo sí existe un procedimiento abierto en el tribunal en el ámbito de la jurisdicción sobre responsabilidad contable y se encuentra en tramitación como procedimiento de reintegro por alcance.

En cuanto a la petición sobre el enfoque de las fiscalizaciones, desde el punto de vista de incluir el impacto social que las entidades puedan tener, un enfoque de fiscalización desde el punto de su impacto social, el tribunal hace diferentes tipos de trabajos y diferentes tipos de fiscalizaciones. Hay ocasiones en las que hacemos fiscalizaciones financieras, porque entendemos que es precisamente el riesgo con el que nos encontramos y abordamos el análisis de los estados financieros de la entidad que estamos revisando. Hay fiscalizaciones de carácter operativo porque nos parece interesante analizar cómo esa entidad gestiona, pero también hay fiscalizaciones en las que el tribunal ha empezado a preguntarse la utilidad, la finalidad o el cumplimiento de los objetivos de una determinada sociedad, de una determinada institución o de un determinado organismo autónomo. No es la primera vez que el tribunal ha presentado ante esta Cámara serias dudas sobre que un determinado organismo público haya sido creado y esté en funcionamiento. Quiere decir que esa visión de impacto social, cuando ha sido analizada así por el pleno del tribunal, también se ha producido. Me plantean preguntas en relación con informes concretos sobre contratación, en el caso del Centro de Estudios Jurídicos, o de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Los informes son muy completos en este ámbito de la contratación. Dan la información que se puede dar en relación con los mismos. En el caso de la Confederación Hidrográfica del Tajo, el informe ha dado pie a actuaciones jurisdiccionales, pero no puedo ir más allá de lo que dice el informe, que creo que es suficientemente completo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, presidente.

¿Algún grupo quiere hacer algún comentario respecto a las respuestas que el presidente ha dado a las preguntas formuladas? (Pausa).

ORGANISMOS PÚBLICOS CON INDEPENDENCIA O AUTONOMÍA:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA, EJERCICIO 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000003 y número de expediente del Senado 771/000002).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, EJERCICIO 2009, REFERIDA EN ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL Y RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA RELATIVO AL EJERCICIO 2001. (Número de expediente del Congreso 251/000017 y número de expediente del Senado 771/000017).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR, EJERCICIO 2010. (Número de expediente del Congreso 251/000030 y número de expediente del Senado 771/000029).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día que engloba los puntos 6, 7 y 8, que se refieren a la fiscalización de la Comisión Nacional de la Competencia, ejercicio 2008, a la Agencia Española de Protección de Datos, 2009, y Consejo de Seguridad Nuclear, 2010. Para proceder a la explicación de los informes de fiscalización, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El Tribunal de Cuentas ha efectuado diversas fiscalizaciones en relación con determinados organismos públicos previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de organización y funcionamiento de la Administración


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General del Estado. Aunque estos organismos presentan una naturaleza esencialmente administrativa, la relevancia y peculiaridad de sus funciones han llevado al legislador a dotarles de un régimen jurídico especial. Tanto la Agencia Española de Protección de Datos como el Consejo de Seguridad Nuclear ya habían sido fiscalizados con anterioridad, mientras que el informe de la Comisión Nacional de la Competencia es el primero realizado tras la creación de este organismo, que posteriormente pasó a ser la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y asumió las competencias, funciones y recursos de otros órganos reguladores, entre ellos, la Comisión Nacional de Energía o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Desde el punto de vista de la regularidad contable, en los tres informes se ha emitido una opinión favorable, con salvedades, sobre la representatividad de las cuentas anuales fiscalizadas. En el caso de la Comisión Nacional de la Competencia, se expresa la salvedad derivada de la falta de dotación de la previsión para riesgos y gastos por el importe devengado de la compensación a abonar al presidente y a los consejeros de la entidad cuando cesasen en sus cargos y cuyo importe estimado ascendía a 1,1 millones de euros al cierre del período fiscalizado, ejercicio 2008. Respecto a la Agencia Española de Protección de Datos, cabe destacar que continuaba calculando la dotación para la provisión de insolvencias simultáneamente mediante el procedimiento del seguimiento individualizado y mediante el de dotación global, lo que conlleva un exceso de provisiones de 2,6 millones de euros, así como la no aplicación al presupuesto del importe de un depósito a plazo en una entidad bancaria por 12,5 millones de euros. Por lo que se refiere al Consejo de Seguridad Nuclear, la salvedad más relevante consiste en la incorrecta contabilización de los ingresos generados por las tasas que gestiona el organismo por incumplimiento del principio de devengo.

Entrando en el análisis de los ingresos, la Comisión Nacional de la Competencia y el Consejo de Seguridad Nuclear exigían tasas para las que no se ha podido comprobar el cumplimiento del principio de equivalencia por carecer de contabilidad analítica, en el primer caso, o por las deficiencias de modelo implantado, en el segundo. Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos no liquidaba en todos los supuestos los intereses de demora por ingresos realizados fuera del plazo voluntario ni el recargo de apremio reducido por las deudas recaudadas en vía ejecutiva. Además, esta última entidad continuaba sin aplicar criterios homogéneos para la emisión de las providencias de apremio y tampoco procedía a liquidar el recargo de apremio reducido exigible por las deudas en ejecutiva recaudadas directamente, incumpliendo lo establecido en el reglamento general de recaudación.

Respecto a los gastos de personal de la Comisión Nacional de la Competencia, a finales del ejercicio 2008 reconoció un aumento de los complementos específicos correspondientes a un total de cuarenta y ocho puestos de trabajo, si bien la Cecir había autorizado el reconocimiento de sus efectos económicos a partir del 1 de enero de 2009. Así, la subida de retribuciones prevista en la Ley de Presupuestos se aplicó sobre las cuantías ya incrementadas, lo que supuso un aumento medio del 21% de tales complementos, cuando hubiera correspondido un incremento del 15%. Por otra parte, se abonó a un asesor económico, que se incorporó a la Comisión a finales de 2008, un importe de 3 miles de euros por el concepto de productividad por objetivos correspondiente a los doce meses del ejercicio, a pesar de haber prestado aquél sus servicios únicamente durante dos meses del citado periodo.

Del análisis de las encomiendas de gestión de funciones del Consejo de Seguridad Nuclear a diferentes comunidades autónomas, se ha detectado la inexistencia en todos los casos de informes de valoración económica de los costes asociados a dichas encomiendas que hubieran permitido justificar su implantación. En el análisis de los contratos celebrados por la Agencia Española de Protección de Datos se han detectado deficiencias en relación con el cumplimiento y los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización, así como en relación con el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

Por lo que se refiere al análisis de los procedimientos de gestión, cabe resaltar los siguientes resultados. La aplicación específica de que disponía la Comisión Nacional de la Competencia para la gestión de los expedientes presentaba inconsistencias en las fechas de los mismos y no efectuaba automáticamente el cómputo de los plazos. Sería deseable tanto una mejora del control de los plazos de tramitación de los expedientes sancionadores de la Agencia Española de Protección de Datos como la unificación de criterios en la tipificación y cuantificación de las sanciones. Se han detectado debilidades en el flujo de información entre las distintas unidades orgánicas del Consejo de Seguridad Nuclear que tenían encomendadas actividades específicas en relación con la gestión de tasas.

Respecto al seguimiento de las recomendaciones, señor presidente, en el apartado de recomendaciones no he entrado en los anteriores y ahora tampoco voy a entrar, salvo que por parte de los miembros de la Comisión se me solicite. Con lo cual, con lo ya dicho, quedan presentados estos tres informes.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Para fijar posición por los grupos parlamentarios, el Grupo Mixto está ausente, el Grupo Vasco se ha excusado, el Grupo Catalán no está presente y por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Picornell Grenzner.

El señor PICORNELL GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente.

En este apartado seré breve y me extenderé un poco más en los siguientes informes. En estos tres informes seguimos la línea de señalar aspectos concretos que son generalizables en el resto de los informes de las instituciones y el recorrido de los mismos, a nuestro juicio, debería ser más político que técnico. Por ejemplo, en el informe 6, el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, encontramos malas praxis de tipo laboral con consecuencias en los recursos y fondos públicos. En el apartado 6.12, por ejemplo, la entidad abonó un importe de 3.000 euros por el complemento de productividad de un asesor económico que se incorporó a finales de 2008, importe correspondiente a los doce meses del ejercicio, a pesar de haber prestado sus servicios únicamente durante dos meses del citado periodo. Nuestra pregunta es qué seguimiento se hace de esta situación y en qué momento se encuentra.

Por otro lado, en el informe 7, de la Agencia Española de Protección de Datos, encontramos observaciones de malas praxis o mal funcionamiento del sistema de control interno, de incumplimientos de la legalidad en temas de contratación, unas recomendaciones en cuanto a la gestión diaria y un no seguimiento de las recomendaciones del primer informe de la primera visita en el año 2001. En este informe no se encuentra que se hayan llevado a cabo estas mejoras y recomendaciones. Entendemos que el Tribunal de Cuentas no puede fiscalizar año a año, como ha dicho el señor presidente, todas las entidades públicas, pero ¿qué pasa cuando una entidad no hace caso a las recomendaciones, como es el caso? Es un problema que podemos ir alargando años y años si no se siguen estas recomendaciones. Insisto, el tribunal no tiene función judicializadora, pero es nuestra obligación, como miembros de la Comisión, reflexionar sobre el contenido de estos informes y concretamente del informe número 7, donde no se siguen, al menos en parte, las recomendaciones hechas por el mismo tribunal.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Ciudadanos, señor Villegas.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Agradezco al presidente del Tribunal de Cuentas y a todo el personal los informes que nos han presentado. Este bloque de estos tres informes se refiere a tres organismos públicos de especial trascendencia por las funciones que realizan. La opinión del Tribunal de Cuentas respecto a la contabilidad de los tres casos es favorable y se señalan determinadas incidencias. Por un lado, respecto al primer informe de la Comisión Nacional de la Competencia, destacamos su fecha. Estamos viendo informes atrasados, de 2010, y en este caso estamos ante un informe de 2008, especialmente atrasado. Este organismo es totalmente diferente a como era en el momento en que se realizó el informe. Respecto al mismo, como hemos dicho, hay opinión favorable y se señalan determinadas incidencias, sobre todo en el ámbito del control interno y en el ámbito de los estados financieros, como ha dicho el señor presidente, en cuanto a determinadas provisiones y creo que también hay alguna referencia en el informe a la valoración del inmovilizado y también alguna incidencia, que se ha señalado ya, en cuanto a la retribución de personal. Nosotros, lógicamente, vamos a apoyar que se cumplan las recomendaciones que el tribunal establece en este informe, especialmente aquellas que van referidas a que haya manuales internos para la gestión financiera y a la implantación de un sistema de contabilidad analítica que haga más fácil el control de la propia actividad.

En cuanto al segundo de los informes, la Agencia Española de Protección de Datos, no voy a reiterar las incidencias que se han señalado. Únicamente resaltaré aquellas recomendaciones que se emitieron en un informe de 2001 y que en 2009 no se habían aún cumplido, no se habían puesto en práctica. Creo que aquí no ha habido una valoración del señor presidente y me gustaría oír la valoración del presidente del Tribunal de Cuentas respecto de estos incumplimientos.

En el último de los informes, el del Consejo de Seguridad Nuclear, quizá las incidencias son algo más graves, aunque la opinión general sigue siendo favorable respecto al informe, pero se detectan graves problemas en la gestión de las tasas, como ha dicho el presidente, alguna ilegalidad en el procedimiento de contratación, procedimientos de gestión interno que podían considerarse obsoletos, un incumplimiento del plan de objetivos que estaba referido sobre todo a conseguir firmar más convenios con más municipios


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y también debilidades en el procedimiento de gestión de las tasas y en los procedimientos de recaudación. También aquí teníamos un informe previo del año 2003 con una serie de recomendaciones y, por tanto, también pediría la valoración del presidente sobre cómo se han ido cumpliendo estas recomendaciones desde el informe de 2003 hasta la nueva fiscalización de 2009.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villegas. Se ha ajustado al tiempo que tenía concedido.

Por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Boa tarde e moitas grazas. (Continúa su intervención en gallego).

No queríamos dejar de reflexionar, como el resto de grupos, sobre dos cosas que son prácticamente contradictorias: en primer lugar, la cantidad de información a la que nos tenemos que enfrentar para reflexionar en este espacio sobre cuál es la actividad del Tribunal de Cuentas y, por otra parte, la celeridad con la que necesitamos que se trate esta información. Realmente, no es el momento de buscar soluciones a esta contradicción, pero está claro que se pone de manifiesto en todas las intervenciones, y por algo es. Así que pido en este caso al Tribunal de Cuentas y a su presidente, que está aquí representándolo, alguna reflexión al respecto.

Sobre este bloque y los tres informes que estamos analizando, observamos en general, como ya se ha comentado, incidencias en todos ellos y, aún así, informes favorables al respecto. Pero, por el poco tiempo de exposición que tenemos, queríamos destacar aquellas cuestiones que tienen que ver con el informe del Consejo de Seguridad Nuclear porque, como ya se ha comentado también, nos parece que son las que tienen mayor gravedad y sobre algunas de ellas queremos preguntarle alguna cuestión. Sobre el Consejo de Seguridad Nuclear se señalan algunas cuestiones como las siguientes: que incumplió la normativa al dejar vacante el 10,6% del total de los puestos de trabajo cuando el máximo de personal funcionariado y laboral vacante está fijado en el 5%. Señor presidente, dada la sensibilidad de la cuestión nuclear, nos gustaría saber si dicho incumplimiento, después de estos años y de las recomendaciones del propio tribunal, ha sido corregido, ya que entendemos que, dadas las circunstancias y la ocupación de este organismo público, en ningún caso podríamos permitir que esto continuara de esta forma. Por otra parte, se indica que el Consejo de Seguridad Nuclear incluyó en su cuenta de ingresos tasas devengadas en el ejercicio 2009 pero contabilizadas en el 2010 y, sin embargo, no incluyó tasas devengadas en el ejercicio de 2010 que fueron contabilizadas en el 2011, debido a la excesiva tardanza existente entre las fechas de devengo y las de contabilización de algunas tasas. Se indican otras cuestiones relativas a tasas que, como ya han dicho antes en otras intervenciones, son bastante graves y, aunque suscribimos las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, nos gustaría transmitir nuestra preocupación respecto a este organismo público y su situación en la actualidad. Quería recordar que Fernando Martí, que es su presidente, se ha negado a comparecer en la Comisión de Industria, tras un acuerdo de todos los grupos parlamentarios en esta última legislatura; lleva sin hacerlo desde el año 2014. Este organismo público depende de esta Cámara Baja y, como decía antes, tiene una ocupación bastante delicada, y es más escandaloso aún que esta situación que transmite el Tribunal de Cuentas sea del año 2010; querríamos saber si alguna de estas cuestiones que se tratan en el informe están ya solucionadas y cuál es en realidad la situación que tiene este organismo.

Para finalizar, otra reflexión, si me lo permite el presidente. Como esta legislatura ya está terminada y me parece que tenemos que seguir celebrando la existencia de este tribunal, que cada vez puede incidir más en algunas cuestiones, no quería retomar esta palabra que utilizaban los griegos, que era idiotes, y pedir que con lo público, que es de todos y de todas, no hagamos el idiota porque lo que se lee en estos informes, aun con resultados favorables, es realmente preocupante.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.

Desde luego, el funcionamiento de esta Comisión y el número de asuntos tratados lo que pretende precisamente es demostrar que esta Cámara y el Tribunal de Cuentas jamás hacen el idiota. El Tribunal de Cuentas lleva funcionando desde 1982 y la Comisión mixta del Tribunal de Cuentas lleva muchísimos años haciendo esta función, que es informar a los representantes de la soberanía de los informes que realiza el Tribunal de Cuentas. También quería simplemente decirle al presidente del Tribunal de Cuentas que, a la pregunta que ha formulado su señoría, la señora Rodríguez, respecto al denso orden del día que


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estamos analizando, le libero de la obligación de responder, porque no compete al presidente del Tribunal de Cuentas entrar en un conflicto con la Mesa y los portavoces de esta Comisión, que hemos acordado este orden del día precisamente por dar celeridad y proximidad entre el acto que hoy estamos realizando y los ejercicios que estamos fiscalizando.

Sin más, pasamos al Grupo Socialista. Señora Moreno Ruiz.

La señora MORENO RUIZ: Buenas tardes. Gracias, señor presidente de la Comisión y gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas por su presencia y su exposición.

Se trata, efectivamente, de tres informes de fiscalización: de la Agencia de Protección de Datos, de la Comisión Nacional de la Competencia y del Consejo de Seguridad Nuclear y, en conjunto, tal como nos ha explicado el presidente del Tribunal de Cuentas y como hemos podido comprobar en el informe, no se han producido limitaciones de alcance en ninguno de los tres, y los tres informes, en lo que se refiere a la auditoría financiera, merecen la opinión favorable del tribunal con salvedades de distinta relevancia. Más allá de las discrepancias de diferente tenor que constan en dichos informes, me gustaría realizar las siguientes puntualizaciones y alguna pregunta. Creo que todos los grupos compartimos la necesidad de que las administraciones públicas sean lo más escrupulosas posible en la gestión, como es natural, y desde luego no parece de recibo que, como indican estos tres informes de fiscalización, año tras año el Tribunal de Cuentas señale distintas deficiencias que son reiteradas; es decir, no son deficiencias respecto a que un organismo hace A y otro hace B, sino que, por ejemplo, la falta de justificación de los procedimientos negociados sin publicidad es algo muy habitual y la frecuente confusión de los criterios de los pliegos de las cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas o la insuficiente justificación de los incrementos de precio en los contratos se reitera y se repite en muchísimos informes. Por eso, nos parece que tenemos que hacer el enésimo llamamiento al cumplimiento escrupuloso de las recomendaciones e indicaciones de los informes de fiscalización, aunque, en positivo, tal vez merezca destacar que, también con una visión amplia e histórica, es evidente que los procesos administrativos se han ido depurando muchísimo a lo largo de los últimos años, perfeccionándose y ganando control, claridad y transparencia. También entre lo positivo está el hecho de que exista esta Comisión, con la profusión de información que se ha puesto a disposición de los diputados y senadores; esto es un ejercicio de transparencia en sí mismo por parte de las distintas administraciones, puesto que todos tenemos tiempo para el examen, para profundizar y para sacar iniciativas políticas de todo aquello que no nos guste de estos informes y de esta abundante información que se pone a nuestra disposición.

Para terminar, me gustaría que los gestores del Consejo de Seguridad Nuclear recibieran un mensaje muy nítido de esta Comisión -si no, lo haremos en la próxima legislatura- en el sentido de que deben respetar más y mejor la distinta normativa de contratos, contable y de personal. El Consejo de Seguridad Nuclear ha incumplido un acuerdo del Consejo de Ministros, el de 2 de julio de 2010; ha incumplido el principio de devengo en la contabilidad de tasas y, desde luego, ha incumplido taxativamente las recomendaciones de una Comisión mixta, como esta, que se celebró en el año 2003 y el Consejo de Seguridad ha tenido trece años para mejorar sus sistemas de comunicación interna, para mejorar la contabilidad analítica, para suscribir acuerdos con determinadas comunidades autónomas y no lo ha hecho, con lo cual eso merece nuestro reproche y, en su día, tal vez nuestra actuación.

Quiero reiterar la gratitud y hacer solamente una pregunta concreta al presidente del Tribunal de Cuentas, y es: en el caso de estos informes en concreto o tal vez con carácter general, ¿qué relación o coordinación existe con la Intervención General del Estado para comunicar las deficiencias y garantizar su corrección?

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Acedo tiene la palabra.

La señora ACEDO REYES: Muy buenas tardes.

En primer lugar, quiero agradecer al presidente de la Comisión y al presidente del Tribunal de Cuentas por estar esta tarde aquí acompañándonos y tratando estas cuestiones. Quiero referirme, en alusión a lo que han dicho los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, a que este tema que se ha traído a esta Comisión, como bien ha dicho el presidente, se ha acordado con todos los portavoces; se han incorporado veintinueve expedientes y agradecemos enormemente al presidente del Tribunal de Cuentas que esté aquí hablando de esos veintinueve expedientes, precisamente para ese objetivo que tenemos


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todos en común, que es acelerar el trabajo, intentar sacar el estocaje que tenía esta Comisión, poder avanzar para la fiscalización de los mismos y poder tratar cuestiones en esta Comisión que sean más cercanas en el tiempo; quería reiterarlo.

Respecto al bloque al que nos vamos a referir, los tres informes reflejan una imagen fiel y una opinión favorable del Tribunal de Cuentas. Quiero destacar que el relativo a la Comisión Nacional de la Competencia es del año 2008, lo que hace que estemos tratando un ejercicio muy lejano. Las únicas referencias destacables se encuentran dentro del concepto de estados financieros y, como bien ha dicho el presidente del tribunal, es importante destacar la falta de provisión para riesgos derivados de compensaciones económicas por cese de presidentes y consejeros, concepto que nosotros consideramos importante y que tampoco en 2008 se cumplió, aunque a algunos se hayan olvidado de quienes estaban en el Gobierno. En las retribuciones de personal funcionario, el incremento medio del 21% frente al 15% que hubiese correspondido de haberse aplicado la mejora con efectos en 2009 creo que es una cuestión muy importante. Y, en tercer lugar, la falta de instrucciones internas que contuvieran los criterios para la asignación de productividad.

En cuanto a la Agencia Española de Protección de Datos, estamos de acuerdo con las recomendaciones que ha llevado a cabo el Tribunal de Cuentas. En este caso hay que reconocer la evolución experimentada sobre la base del propio tribunal y de la Comisión Mixta del año 2015 sobre la fiscalización de la agencia del año 2001, así como la necesidad de seguir avanzando en pro de una mayor transparencia en la gestión de la agencia, por lo que reiteramos algunas de las recomendaciones que ya hiciesen tanto el Tribunal de Cuentas como la Comisión mixta en el año 2005 para que sean asumidas no solo en parte, como se ha hecho hasta ahora, sino en todos sus extremos y también -por no extenderme mucho- algunas de las recomendaciones que hace el propio tribunal y que están incorporadas en el expediente.

Por último, en lo relativo al informe de fiscalización que hace el Tribunal de Cuentas del Consejo de Seguridad Nuclear relativo al año 2010, creo que es el más destacable de los tres. Una vez analizado, se observa que las recomendaciones efectuadas por el tribunal y suscritas por esta Comisión mixta han sido asumidas en su mayoría, aunque no en todos sus extremos, como decía anteriormente, observándose deficiencias a destacar, tal y como viene reseñado en el informe de fiscalización del año 2010, de manera que sumándonos a dichas recomendaciones, entre todas las que se hacen, debemos destacar los mecanismos de gestión de tasas porque, como también han manifestado el resto de portavoces, es importante que en el Consejo de Seguridad Nuclear tomen buena nota de las resoluciones de esta Comisión, así como de los informes de fiscalización y recomendaciones del Tribunal de Cuentas en una cuestión tan fundamental como la gestión de tasas. En definitiva, se han incorporado todas las recomendaciones, a las que todos hemos tenido acceso. Estas serían las cuestiones a destacar por el Grupo Popular al referido bloque, con la correspondiente prudencia, atendiendo a que muchas de las recomendaciones y resoluciones tanto del tribunal como de la Comisión mixta pueden haber sido asumidas en su totalidad por parte de los diferentes organismos -ojalá fuese así-, habida cuenta de los años a los que nos estamos refiriendo, concretamente 2008, 2009 y 2010. No obstante, reiteramos nuestro agradecimiento al presidente de Tribunal de Cuentas y esperamos que sigamos trabajando para agilizar todos esos expedientes que teníamos pendientes.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Acedo.

Para responder a las preguntas formuladas por los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Presidente, en relación con el retraso que estos informes tienen en su presentación en esta Comisión mixta debo advertir que uno de ellos fue aprobado hace cuatro años y los otros dos hace tres. Quiere decirse que el tribunal remitió a la Comisión mixta en el pasado estos informes y no es imputable a la gestión del tribunal que los estemos viendo hoy y no en un tiempo anterior. Sí quisiera contestar a la reflexión que el señor Picornell reclama del debate en relación con que estas fiscalizaciones tengan un mayor recorrido político y no se queden en lo que estrictamente sería la naturaleza técnica. Desgraciadamente, tengo que contestar al señor Picornell que precisamente la función del tribunal es realizar un control de naturaleza técnica. Es nuestra misión, pero si entráramos en la que no es la nuestra sino la suya, le diré que precisamente la función de control técnico que realiza el tribunal es una función auxiliar que a ustedes, que ejercen el


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control político, les tiene que servir de apoyo para poder formular sus propuestas y sus valoraciones, pero no nos corresponde al Tribunal de Cuentas tener una opinión en ese ámbito político, que hoy no tenemos.

Se han referido diferentes portavoces parlamentarios a la situación -creo que también se ha hecho en los informes anteriores- de las recomendaciones de estos informes. Me gustaría aclarar que el tribunal en sus informes respecto de la Comisión Nacional de la Competencia hace un seguimiento de las recomendaciones anteriores y se incluyen otras dirigidas a aprobar manuales de procedimientos, a subsanar las deficiencias en la gestión de tasas por análisis y estudios de las operaciones de concentración económica, así como la implantación del sistema de la contabilidad analítica para verificar el cumplimiento del principio de equivalencia.

Respecto del Consejo de Seguridad Nuclear, las recomendaciones también coinciden con las que estaban formuladas en su momento y de alguna manera evidencian. El Consejo de Seguridad Nuclear reitera gran parte de las deficiencias que en su momento se formularon. Plantean ustedes qué se podría hacer ante esto. El control realizado por el tribunal, de naturaleza técnica, queda exclusivamente como lo que es, como un informe de naturaleza técnica y quien tiene la competencia o la capacidad para resolver, para legislar o para modificar el ámbito de actuación de una entidad pública creo que puede ejercer sus funciones y podría perfectamente modificar el ámbito de actuación de estas entidades.

Entrando en el derecho comparado, me parece interesante poderles decir que hay organismos similares al nuestro que formulan recomendaciones y que la legislación aplicable en esos países no es que obligue al cumplimiento de las recomendaciones del órgano de control externo, pero sí obliga a que los responsables justifiquen por qué no las han cumplido. En primer lugar, que indiquen si las han cumplido y, en segundo lugar, que justifiquen las razones para el no cumplimiento de las mismas. Creo que es un campo de reforma legislativa. Seguramente ustedes estarán pensando abordar en el futuro reformas legislativas de estas y otras cuestiones, y a mí me parece importante y sugerente poder decir que en el ámbito de este tipo de informes, cuando menos, existiera la obligación de justificación de por qué no se han cumplido las recomendaciones. En el caso de que el tribunal vea en la gestión de los fondos públicos de una determinada entidad tanto ilícitos contables como ilícitos penales ya existen mecanismos para ponerlo de manifiesto a las diferentes fiscalías o iniciar los procedimientos abiertos en el tribunal, algo que se hace con absoluta normalidad. Es decir, sí existe una vía de corrección de lo que podrían ser las irregularidades o los ilícitos tanto contables como penales, pero si nos referimos a lo que serían modificaciones de procedimientos de gestión que el tribunal ha considerado y ha recomendado que deberían aplicarse les sugiero la existencia en el futuro de esa fórmula de justificación de por qué no se han aplicado.

La señora Moreno me pregunta cuál es la utilización por parte del tribunal de las relaciones con la IGAE. Las relaciones con la Intervención General de la Administración del Estado son muy fluidas; de hecho, normalmente el control externo siempre parte y utiliza como antecedente aquellos informes que la Intervención General de la Administración del Estado ha podido realizar sobre los diferentes organismos, de esa manera la unión y engarce entre el control interno y el control externo produce un efecto muy positivo en lo que es el conjunto del control. Tenemos la máxima colaboración de la IGAE, es decir, no existen en ningún caso problemas de relación con el citado organismo en cuanto a compartir información.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, presidente.

CONSORCIOS Y AGENCIAS ESTATALES:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO CENTRO SEFARAD-ISRAEL, EJERCICIOS 2011 Y 2012. (Número de expediente del Congreso 251/000051 y número de expediente del Senado 771/000048).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO CASA ÁRABE Y SU INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ÁRABES Y DEL MUNDO MUSULMÁN, EJERCICIOS 2011 Y 2012. (Número de expediente del Congreso 251/000053 y número de expediente del Senado 771/000047).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES, EJERCICIO 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000050 y número de expediente del Senado 771/000049).


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- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE, ANTERIORMENTE AGENCIA ESTATAL ANTIDOPAJE. (Número de expediente del Congreso 251/000059 y número de expediente del Senado 771/000058).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA EL COBRO EFECTIVO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS, DURANTE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013. (Número de expediente del Congreso 251/000077 y número de expediente del Senado 771/000076).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque tercero, Consorcios y Agencias estatales, que incluye la fiscalización del Consorcio Centro Sefarad-Israel, Consorcio Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán, ambos informes de los años 2011 y 2012; del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, de 2011; y de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, anteriormente Agencia Estatal Antidopaje. También se incluyen dos informes de fiscalización referidos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013.

Para dar cuenta del contenido de los informes, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

El conjunto de fiscalizaciones agrupadas en este epígrafe hace referencia a fiscalizaciones realizadas por el tribunal sobre distintos consorcios, organismos y agencias. Los dos primeros informes, relativos al Consorcio Centro Sefarad-Israel y Consorcio Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán, presentan una estructura y un contenido muy similares. Ambas entidades, constituidas en 2006, estaban integradas en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y por las respectivas administraciones autonómicas y locales, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en ambos consorcios y la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba únicamente en el Consorcio Casa Árabe. Otros dos informes se refieren al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y a la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, anteriormente denominada Agencia Estatal Antidopaje. El cambio de denominación y de competencias de esta última entidad se aprobó por Ley orgánica 3/2013, de 20 de junio.

En relación con los resultados de la fiscalización, por lo que se refiere al análisis de la regularidad contable, los estados financieros del Consorcio Centro Sefarad-Israel no expresan la imagen fiel del patrimonio ni de la situación financiera de la entidad fiscalizada y de los resultados de sus operaciones, mientras que los del Consorcio Casa Árabe sí expresan dicha imagen fiel, pero con salvedades.

Entre las deficiencias que afectan a los estados financieros del Consorcio Centro Sefarad-Israel, cabe destacar la ausencia del registro de la concesión por el Ayuntamiento de Madrid del uso gratuito de los espacios en el Palacio de Cañete, en los que tiene su sede. En el caso del Instituto de Cinematografía, sus estados financieros representaban adecuadamente la imagen fiel, excepto por las salvedades que se exponen en el informe y destaca la diferencia de 21,3 millones de euros que se mantenía a 31 de diciembre de 2011 entre el inventario del inmovilizado material y el coste contable debido a la existencia de elementos no incorporados al inventario y no valorados en el mismo. En relación con la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, a pesar de su condición de agencia estatal, carecía del instrumento clave para el desarrollo de su actividad, el llamado contrato de gestión. Por este motivo, la entidad no ha dispuesto de objetivos mensurables y de indicadores de evaluación, salvo en el área específica correspondiente al laboratorio de control del dopaje, cuyos objetivos vienen determinados y son controlados por la Agencia Mundial Antidopaje.

En el caso de los consorcios, las aportaciones de las administraciones consorciadas, que constituyen la principal fuente de financiación de ambas entidades, presentan en los últimos años descensos muy importantes. Destaca la relativamente escasa financiación procedente del entorno de las legaciones diplomáticas, empresas o entidades culturales de la comunidad judía y de los países árabes, respectivamente.

Respecto a la composición del consejo rector de cada uno de los consorcios, el del Centro Sefarad-Israel disponía de 14 miembros, superior al máximo de 9, mientras que el de la Casa Árabe contaba con 17 vocales, superando el límite de 12 miembros previsto en el Real-decreto 451/2012. Se insta a modificar sus respectivos estatutos para adaptarlos a dicho límite. En relación con los gastos de personal, los nuevos directores generales de ambos consorcios se incorporaron en abril de 2012, aunque no se


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formalizaron sus contratos de alta dirección hasta el 24 de octubre siguiente. Este retraso ha supuesto el ejercicio de las funciones propias de dichos cargos sin la necesaria habilitación contractual durante un periodo de más de seis meses, así como la percepción de retribuciones sin el debido soporte contractual, por importe de 43.451,61 euros en el caso del Consorcio Centro Sefarad-Israel y de 45.018 euros en el del Consorcio Casa Árabe. En relación con este último, a partir de la fecha del contrato se excede el salario mínimo por la retribución en especie percibida, consistente en un seguro de vida. Respecto al secretario general del Consorcio Centro Sefarad-Israel, sus retribuciones no se ajustaron a lo previsto en la Orden de 26 de abril de 2002, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por lo que habría cobrado un exceso de salario de 10.927 euros sobre lo establecido en dicha norma. En el caso de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, no obstante lo indicado anteriormente acerca de la carencia del contrato de gestión, el personal directivo percibió en su totalidad y en su nivel máximo el complemento variable de productividad a pesar de que dicho complemento se halla legal y contractualmente ligado al cumplimiento de los objetivos, situación sostenida desde la creación de la entidad en 2008. Por su parte, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales suplía la carencia de personal para realizar funciones habituales y permanentes recurriendo a la figura del colaborador social; además, formalizó 43 contratos administrativos de asistencia técnica con personas físicas para realizar actividades estructurales y no coyunturales, siendo unas relaciones laborales encubiertas que debieron tramitarse por la legislación laboral y que han dado lugar a un coste en concepto de indemnización de 1,2 millones de euros, abonado en los ejercicios 2012 y 2013. En materia de contratación, el Consorcio Casa Árabe tenía simultáneamente dos contratos de servicios de asesoría jurídica y laboral y además disponía de un acuerdo con la Abogacía del Estado para el asesoramiento jurídico, representación y defensa en los mismos términos que para la Administración General del Estado, por lo que no se aprecia la racionalidad de acumular tales contratos. Y en relación con las recomendaciones, lo formularé en su caso en el debate posterior.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, presidente.

Para fijar posición respecto a la información que acaba de facilitar el presidente del Tribunal de Cuentas, el Grupo Parlamentario Podemos y el Grupo Parlamentario Mixto están ausentes; el Grupo Parlamentario Vasco se excusa; y el señor Bel, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), tampoco está. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Picornell.

El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias.

En este apartado vamos a hablar de distintos temas, a algunos de los cuales ya nos hemos referido anteriormente. Nuestro grupo encuentra en estos informes asuntos graves o muy graves que cita el tribunal. En cuanto al Consorcio Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios, dice el informe que esta institución no existe, que no hay ninguna entidad administrativa con este nombre, algo que de entrada sorprende a este grupo. En cualquier caso, respecto a la gestión de este consorcio, encontramos en este informe mala gestión en general. Si nos adentramos en la gestión de los recursos humanos, encontramos falta de documentación de los empleados que han causado baja, defectuosa formalización de los contratos laborales, abono de 18.500 euros por incumplimiento del deber de preaviso -cosa que también denota muy mala gestión- y otros casi 4.000 euros por el mismo motivo. Otro caso más grave sería, señalando el punto 6.12, que el director general que se incorporó no formalizó su contrato de alta dirección hasta unos meses más tarde, y además la percepción de las retribuciones de dicho periodo excede el salario máximo establecido para el director general. Además, referido también a la misma persona, encontramos un caso a nuestro juicio más grave, incluso escandaloso, ya que hablamos de gastos de mudanza, gastos por el cambio del billete de avión de su esposa...Hay infinidad de ejemplos en gastos inadecuados y más relevantes. No se aporta el expediente de un contrato formalizado en 2012 con un bufete de abogados, no se aporta esa información. En un expediente de contratación de 20.000 euros no se llega a aportar la documentación. Y, como ha dicho el señor presidente, también encontramos distintos contratos en vigor simultáneamente con el mismo objetivo: contratos de asesoría jurídica y laboral, además de disponer de los servicios de la Abogacía del Estado para el asesoramiento jurídico y asistencia jurídico-procesal, etcétera. En fin, una infinidad de despropósitos en esta entidad.

Podríamos hablar también de la arbitrariedad a la hora de conceder, o más bien dar directamente, subvenciones, hecho que se repite en más de una institución. Si nos fijamos en el informe del Instituto de Cinematografía, encontramos que el ICAA otorgó dieciséis subvenciones directas por valor de 2 millones


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de euros, en cuyos procedimientos de concesión y justificación se han detectado deficiencias, a nuestro juicio graves, como insuficiencia o indeterminación del objeto subvencionable, omisión de la propuesta de resolución de la concesión o falta de aceptación de las mismas. En fin, infinidad de problemas en este sentido. Para las subvenciones en concurrencia competitiva, de las dieciséis líneas de subvenciones por importe de más de 71 millones de euros, encontramos omisión o insuficiente definición del objeto subvencionable y existencia de inconsistencias entre el contenido de las bases reguladoras y de las convocatorias. Además, se ha constatado la incorrecta aplicación de los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras.

Los demás puntos van un poco en la misma línea. Hay falta de justificación total o parcial de algunas subvenciones, cosa que nos extraña enormemente. Estos hechos serían considerados escandalosos en cualquier ayuntamiento o en cualquier entidad social del tercer sector. A nuestro juicio, aquí debería pasar un poco lo mismo. ¿Se han solucionado ya esos problemas? ¿Podemos garantizar que no se repetirán en esta institución? O algo más importante, ¿conocen los afectados directos o indirectos la casuística señalada? Creemos que en el caso de subvenciones -voy terminando- se podría enviar también el informe señalado a todas las personas, instituciones y empresas que se presentaron a las convocatorias de subvenciones. Si somos transparentes, no es suficiente con colgar el informe en la web, sino que deberíamos ser proactivos -al menos esa es nuestra propuesta- y hacer llegar el trabajo del Tribunal de Cuentas al conjunto de la ciudadanía afectada para que sean conscientes de la situación.

Para terminar, paso a referirme a otro tema que aparece respecto al análisis del seguimiento de las recomendaciones. Se indican observaciones no corregidas al cabo de unos años. Nos volvemos a encontrar en esa situación -como en otros casos que hemos citado anteriormente- de no hacer caso de las recomendaciones que hace el tribunal. Deberíamos preguntarnos cómo podemos garantizar que las recomendaciones no se repitan en futuros informes y cómo aseguramos que los responsables implicados en la gestión lleven a cabo todas y cada una de estas recomendaciones.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero constatar esas irregularidades que tienen los consorcios y los institutos habida cuenta de lo que nos ha comentado el anterior grupo parlamentario y el presidente. Se repiten esas deficiencias contables, se repite esa falta de indicadores de evaluación, se repite de nuevo esa falta de formalización de contratos, de retribuciones, relaciones laborales encubiertas, etcétera. En definitiva, múltiples deficiencias en la justificación de gastos, de dinero público que no se ha gestionado correctamente. Me gustaría saber la opinión del presidente sobre cómo podemos depurar esto.

En segundo lugar, señor presidente, me gustaría detenerme en el informe de fiscalización realizado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para el cobro efectivo de las deudas tributarias. Más allá de una valoración creciente de la deuda tributaria pendiente de cobro -en la página 60 se observa ese gráfico ascendente-, nos preocupa seriamente la evidencia de la falta de medios materiales y humanos para el cobro de efectivo de estas deudas cuando hablamos de más de 50.000 millones de euros anuales sin cobrar. El 26 de marzo de 2015 el presidente del tribunal nos indica textualmente que hay un grave problema de gestión de la deuda tributaria y un incremento continuado. Además, califica como modesta dicha actuación, porque cuando hace referencia a los ingresos reales en ejecutiva por actuación de la Administración cifra no más de 4.300 millones de euros sobre los 25.000 millones de los que hablamos de deuda en ejecutiva. De igual forma, el informe califica de muy significativas las anulaciones de las liquidaciones por los tribunales, deuda que es cancelada todos los años sin que sea atribuible, por supuesto, a la profesionalidad y rigor de los órganos liquidadores, sino, en mi opinión, a la sobredimensión de la carga de trabajo de los funcionarios, pues en comparación con los países europeos estos ratios disminuyen cuando utilizan muchísimos más recursos que nosotros, exactamente más del doble. Solo daré un dato, 5,4 funcionarios por 10.000 habitantes es lo que tenemos aquí en España y evidentemente la media europea supera el doble. Se significa también en el informe la falta de desarrollo de aplicaciones informáticas que faculten mejor la calidad de información en el cobro de las deudas, así como la mejora de automatización en cuanto al tema de la interrupción de la prescripción y las derivaciones de responsabilidad. La inmediatez de respuesta en las actuaciones de gestión recaudatoria es fundamental en el cobro de estas, señorías, y piensen que el procedimiento administrativo de apremio es garantista y


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requiere plazos legalmente establecidos por la Ley General Tributaria, por lo que se le concede al deudor un tiempo para su vaciamiento patrimonial.

Señorías, el llamado datado de la deuda, es decir, la declaración de créditos incobrables, si bien se incluye como una cancelación de la deuda, es un no ingreso de esta y, por tanto, son recursos públicos que no llegan al sistema, por lo que, dado su elevado volumen, debe plantearse de una vez por todas -tal y como se ha debatido por algunos diputados en Comisiones de Hacienda, Economía e incluso en el Pleno- aumentar esa plantilla de la Agencia Tributaria, así como los medios materiales para equipararnos a la Unión Europea en la lucha contra el fraude y la recaudación. Una pregunta muy concreta, señor presidente; si esto es así, ¿usted cree realmente que con ese aumento de recursos humanos y materiales podría mejorar la gestión recaudatoria?

Para finalizar, en el seguimiento de las recomendaciones del informe de 2010, el Tribunal de Cuentas estima tres de las ocho presentadas, que las cumplen. Es decir, el resto se incumplen parcial o totalmente, por lo que recomendamos al presidente que dicho seguimiento -como comentábamos anteriormente- o respuesta de los órganos fiscalizados se publique en una web. Ese seguimiento debe hacerse público para que tanto los ciudadanos como los medios de comunicación y las instituciones conozcan realmente el gran trabajo que están haciendo ustedes en el Tribunal de Cuentas, habida cuenta de todas esas deficiencias, todas esas irregularidades y, en este caso, la falta de recursos para obtener este dinero público que se necesita para el Estado del bienestar, es fundamental que la sociedad lo sepa.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

Precisamente por eso está el presidente del Tribunal de Cuentas ante la Junta General de Accionistas del Reino de España, que no ostenta la soberanía, sino que corresponde al Congreso de los Diputados y al Senado.

Por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González García.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, no me gusta la comparación de la sede de la soberanía nacional con una junta general de accionistas, pero bueno, es un comentario del presidente que no entraré a valorar más allá.

Respecto a estos informes, para no repetir nada de lo que ya se ha dicho y poder agilizar y continuar el debate, simplemente quería decir que creo que es especialmente grave el caso del Centro Sefarad Israel, en el que el informe del Tribunal de Cuentas recoge que la contabilidad de 2011 y 2012 no refleja una imagen fiel, presenta una serie de irregularidades, no constan transferencias al Ayuntamiento de Madrid por valor de 250.000 euros en 2010, existe un acuerdo con una empresa belga por un importe de 255.000 euros sin una memoria o propuesta, etcétera. En fin, una serie de irregularidades que me parecen especialmente graves en este caso. Querría saber cuáles han sido las consecuencias de dichos informes y si se remitió en su momento a la fiscalía para deducir si había algún tipo de ilegalidad que se pudiera perseguir judicialmente.

Con referencia al Consorcio Casa Árabe, las irregularidades son también bastante grandes en términos de gestión, especialmente en lo relativo a los recursos humanos, a nivel financiero y de dirección, como ya se ha comentado aquí. Al igual que en el caso del Centro Sefarad, querría saber si ha habido algún tipo de procedimiento ulterior a raíz del envío del informe y la publicación del mismo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Me imagino que esta sesión maratoniana también será especialmente agotadora para usted, habida cuenta de la densidad de los informes.

Hemos resaltado ya algunos detalles de este lote de expedientes de fiscalización que hemos traído. Yo procedo de la Administración de la Generalitat valenciana, de un ente público, y he trabajado también en la Generalitat y realmente me produce preocupación pensar que en la época en la que estamos todas estas estructuras de la Administración que se pretendía que fueran más ágiles y diseñadas ad hoc para cumplir ciertas finalidades de manera muy operativa estén en pleno año 2016 tan deterioradas. Uno podría pensar que desde los años noventa, en que toda esta generación de organizaciones administrativas


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o de estructuras administrativas habían ido evolucionando, habrían dado mejores resultados, y eso independientemente del color político de los distintos responsables en cada época. Esto viene al caso porque, como se ha comentado ya, los dos primeros informes, el de la Casa Árabe y el Centro Sefarad, la verdad es que son bastante lamentables. Por eso, me sumo a las preguntas que se han hecho de qué hacemos luego con estos informes y a quién se elevan para que esto no caiga en saco roto, tanto por el esfuerzo del propio Tribunal de Cuentas como por la responsabilidad que nos compete a nosotros como parlamentarios, viendo que aquí van fondos públicos y que de alguna manera o van a la fiscalía o van a una rendición de cuentas o van a algún otro sitio. Como mínimo, desde luego, estoy de acuerdo en que fueran a la página web para que por lo menos se produzca ese ejercicio de transparencia. Desde luego, me sumo a la petición en primera instancia de saber hacia dónde se llevan.

En el caso del Instituto de Sefarad, ustedes lo ponen negro sobre blanco, las cuentas anuales merecen una opinión negativa y parece que, por el importe económico, no era aconsejable tomar medidas excepcionales de seguimiento. Sin entrar en el ámbito de la reglamentación legal, sí considero que, independientemente de los importes -aunque usted nos lo podrá aclarar luego-, quizá no tanto por la cantidad, que a lo mejor se trataría de llevarlo directamente a la fiscalía, pero sí por la cualidad, sería bueno saber hasta qué punto este tipo de organismos merece la pena que pueda seguir funcionando con estas características si el balance es tan negativo.

Me llama la atención la coincidencia -que esto sí que puede ocurrir- de la contratación de un nuevo director general en el año 2012; y en los dos lugares ocurre la misma circunstancia, lo cual parece una absoluta anomalía. Es verdad que del año 2011 a 2012 hubo un cambio de Administración. En el año 2011 cesó la Administración socialista y en el año 2012 entra la Administración del Partido Popular. Cuando hay cambios de administraciones los nuevos responsables en los ministerios o en los organismos correspondientes toman decisiones diferentes, y aquí se vio que algo no se encaminó bien, no sé si para salvar situaciones anteriores o no, pero no se refleja. Me refiero a que era el inicio de un camino que sí habría que seguir para saber qué pasó porque esto no es lo adecuado. Es que parece realmente que este tipo de organizaciones se toman un poco al asalto y que no funcionan.

Los modelos de consorcio siempre han sido muy complejos, y es una pena porque deberían ser -como decía- instrumentos modernos para conseguir aunar intereses de administraciones muy diferentes; por ejemplo, en el caso cultural de la Casa Árabe, con la Agencia Española de Cooperación, con los ayuntamientos de Córdoba y Madrid y con la Comunidad de Madrid. Pero, claro, como comentábamos, las diferentes opciones políticas, los diferentes presupuestos o el azote de la crisis que hace que no todo el mundo pueda disponer de los fondos a los que en origen se comprometió para mantener estos consorcios pueden producir resultados tan penosos como el que aquí estamos viendo. Al final, por lo que ustedes resaltan, es el ministerio el que está saliendo al rescate de esta entidad. Desde luego, sí me gustaría saber en qué ha quedado esta evolución.

Por último, el Instituto de Cinematografía realmente da una imagen bastante asilvestrada en su funcionamiento y deberíamos saber qué ha pasado con él. También me gustaría saber de quién depende, de qué tipo de Administración depende el Instituto de Cinematografía, de qué dirección general. Me imagino que tendrá una dependencia orgánica del Ministerio de Cultura, porque entiendo que a ellos sí que les remitirán los resultados de la auditoría; se remitirá al órgano administrativo del que jerárquicamente dependa, porque la conclusión que uno saca es que será por la contaminación que lleva el espíritu del arte y de la cultura, pero el resultado de la gestión es bastante asilvestrado.

El de la Agencia Antidopaje causa bastante mala impresión, porque de entrada, por lo que ustedes explican, es una agencia que no funciona como tal. Entonces, ¿para qué le dan la categoría de agencia, con lo que puede suponer de contrato programa o de contrato de gestión o de cumplimiento de objetivos? Una cosa está clara, y es que de los 5,5 millones de euros encomendados a su gestión más de la mitad se han ido a gastos de personal, por tanto, habría que ver la eficacia de este organismo. Me lo plantearía exactamente igual si esto dependiera de la Secretaría de Estado de Deportes o si se remiten estos informes al órgano jerárquico correspondiente del ministerio.

Por último, comparto lo que comentaba el diputado de Ciudadanos con respecto a la Agencia Tributaria. Al principio, cuando lo he leído, me lo he pensado y he dicho: ¿realmente estamos hablando de la Agencia Tributaria? Dice: Informe de fiscalización de la actividad realizada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para el cobro efectivo de las deudas. Se ve que es la Agencia Tributaria, pero una de las unidades de gestión, que es la de las deudas tributarias, se fiscaliza por el Tribunal de Cuentas, y el resultado también es muy lamentable. Creo que tendríamos que tomar algún tipo de consideración o


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llevar un seguimiento, porque estamos hablando de una Administración que entra nueva en el año 2012, que se supone que entra con toda la pujanza de una nueva Administración en un periodo de legislatura y en el año 2013 adolece de los mismos resultados que en 2012. No quiero entrar en detalle porque sería muy gravoso, pero da una idea de que todos nuestros intereses...

El señor PRESIDENTE: Señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Me he pasado del tiempo.

En cualquier caso, la conclusión sería de qué manera estos informes son después operativos y producen rendimientos en cuanto a las mejoras.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Botella.

Únicamente me gustaría aclararle que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Cultura, y como organismo autónomo sus presupuestos son tramitados en la Cámara a la vez que los Presupuestos Generales del Estado, por tanto, le evito al presidente del Tribunal de Cuentas tener que darle esa información. Aquí, naturalmente, se conocen los presupuestos al detalle e incluso hay comparecencias para una mayor profundidad en el conocimiento de la distribución de sus créditos.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Bienvenido, presidente del Tribunal de Cuentas. Desde mi grupo le quiero trasladar el agradecimiento por el esfuerzo de síntesis que está haciendo esta tarde para exponernos estos informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

En primer lugar, y antes de entrar en el análisis de cada uno de ellos, me gustaría destacar algo que hoy adquiere especial importancia, porque estamos al final de una legislatura que ha sido fallida, una legislatura que ha sido decepcionante para los ciudadanos. Por eso, hoy me parece especialmente destacable poner en valor la función constitucional y democrática que el Tribunal de Cuentas lleva a cabo con sus informes de fiscalización para controlar de manera externa el funcionamiento del sector público, en definitiva, el funcionamiento del dinero público, del dinero que ponen todos los ciudadanos. Por tanto, es momento de ensalzar nuestras instituciones y no de desprestigiarlas.

Entrando en el contenido de los informes, y con referencia a la actividad de la Agencia Tributaria, se ha hecho aquí alusión, especialmente por el Grupo Ciudadanos y por la portavoz del Grupo Socialista, a una serie de deficiencias en su funcionamiento de las que quiero discrepar, así como poner en valor el enorme trabajo, el enorme esfuerzo que ha hecho la Agencia Tributaria durante esta legislatura, que se ha traducido en los mejores resultados de la historia de la Agencia Tributaria, en los mejores resultados en la lucha contra el fraude fiscal: más de 50.000 millones en cuatro años. Por tanto, creo que nadie en la sociedad española se plantea que la Agencia Tributaria no funcione de manera eficaz y adecuada. Funciona de manera muy eficiente, con unos profesionales extraordinarios y, vuelvo a repetir, ha batido año a año todos los récords de recaudación y de lucha contra el fraude. Por eso me gustaría preguntarle al presidente si usted cree que es destacable la actividad que ha desarrollado la Agencia Tributaria durante estos ejercicios.

Hemos hablado también de los consorcios Casa Árabe y Centro Sefarad-Israel y el tribunal pone de manifiesto una serie de deficiencias -que, por supuesto, mi grupo intentará subsanar a través de las propuestas de resolución que elaboremos como consecuencia de la exposición de estos informes-, pero hay algo que nadie ha destacado y que yo, como mujer, como diputada y como política quisiera destacar, y es que el Tribunal de Cuentas recomienda en su informe a la Casa Árabe una actitud más diligente con la actitud de la mujer en el mundo árabe. Me parece una cuestión muy importante. Y recomienda a esta Casa Árabe que incremente la planificación de actividades dirigidas a la ejecución efectiva de los compromisos asumidos a este respecto. Las irregularidades contables y financieras son importantes, pero este contenido especial que destaca el tribunal en sus recomendaciones creo que merece la pena ser destacado en esta Comisión. Por lo demás, las recomendaciones que hace el tribunal son muy similares en contenido y estructura en un caso y en el otro, en el consorcio Centro Sefarad-Israel y en el consorcio Casa Árabe y, por tanto, muchos de los portavoces ya las han puesto de manifiesto.


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Con respecto al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, quiero recordarle a la portavoz del Grupo Socialista que se trata de un informe de la gestión del año 2011. Usted recuerda perfectamente quién dirigía el Gobierno en esa etapa -era precisamente su partido, el Partido Socialista- y ha calificado esta gestión de un informe asilvestrado. Usted verá a quién le está pidiendo cuentas. Por nuestra parte, vamos a proponer que se valoren las enormes incidencias detectadas en este instituto, en la concesión de subvenciones, y en bastantes casos además no justificadas, y atendiendo a ese volumen importante de subvenciones concedidas quisiéramos dirigir una petición al presidente del Tribunal de Cuentas. ¿Sería posible incluir una nueva fiscalización de esta gestión en el próximo programa de fiscalizaciones que vayan a realizar, que supongo que será para el ejercicio 2017? Porque efectivamente las irregularidades que se ponen de manifiesto nos parecen muy destacables y dignas de profundizar en ellas.

Por último, en cuanto a la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, quisiera preguntarle -porque me ha extrañado- acerca de los ejercicios que abarca, que son del año 2009 al año 2013. No sé si porque no se ha podido efectuar antes otro informe. Me parece un periodo muy amplio y me gustaría que me aclarase el presidente a qué se debe ese periodo tan amplio de fiscalización...

El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo, tiene que terminar.

La señora MADRAZO DÍAZ: Sí, voy concluyendo.

... y una serie de irregularidades que también nosotros intentaremos paliar a través de las propuestas de resolución que presente el grupo parlamentario.

Concluyo ya. Quiero preguntarle como siempre al presidente si se pueden derivar responsabilidades contables en la gestión de alguno de estos organismos que estamos analizando y felicitarle y animarle por la labor que efectúa el organismo al que representa, el Tribunal de Cuentas, porque el Partido Popular va a estar siempre con la máxima transparencia en el sector público y con la máxima agilidad y eficiencia en el funcionamiento de nuestras administraciones públicas, que al final están al servicio de los ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.

Un mero inciso en respuesta a unas cuestiones que ha señalado la señora Madrazo. Naturalmente el Tribunal de Cuentas establece su propio calendario de fiscalizaciones, pero la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas tiene capacidad para proponer fiscalizaciones. Por lo tanto, esta propuesta que usted hace, señora Madrazo, como espero que renovará su acta de diputada, puede perfectamente ponerla en marcha desde su grupo en la siguiente legislatura. (Risas). Muchas gracias.

Para contestar a los comentarios hechos por los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

Empiezo por hacer referencia a los dos consorcios, tanto Sefarad-Israel como el consorcio Árabe, respecto de los cuales se ha pedido información adicional para saber qué actuaciones se derivan de estos informes en orden a las responsabilidades. Debo indicar que para ambos consorcios el fiscal del tribunal solicitó diligencias para remitirlas a la Fiscalía Anticorrupción y que los dos testimonios de particulares se remitieron en el ejercicio 2014 a esa fiscalía. Por supuesto, la información sobre la actividad de la fiscalía ni me corresponde darla ni tengo información sobre cuál ha sido la vida de ese tipo de requerimientos.

En relación con la Agencia Tributaria, se ha producido una diferencia de opinión, que es la lógica y legítima en relación con las diferentes posiciones que en la Comisión existen, en la medida en que es fácil ver los aspectos negativos que contiene el informe -y los contiene-. También es fácil ver los aspectos positivos que el propio informe contiene, porque nosotros hemos hecho una valoración en la que acabamos concluyendo que es necesario un reforzamiento del personal dedicado a labores de recaudación. Lo importante no es solo hacer actas de inspección y levantar esas eventuales reclamaciones de deuda tributaria, sino luego llevarlas a su cobro, y en esa medida el tribunal ve que los porcentajes de cobro son bajos, que hay que incrementarlos y la Agencia Tributaria tiene que dedicar esos medios. Se me ha preguntado si con mayores recursos humanos se podrían conseguir. Por supuesto. Indudablemente, con mayores recursos humanos cualquier institución de esta naturaleza podría conseguir mejores resultados. También hay que darse cuenta de que estamos en una situación de crisis económica donde hay muchas deudas que no se cobran porque el eventual pagador se encuentra en situación de


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insolvencia, es decir, no tiene los medios para hacer frente a la deuda tributaria que tiene, y eso hay que valorarlo también desde el punto de vista de gestión, porque no es lo mismo cobrar deuda tributaria en un periodo de auge que cobrarla en un periodo de crisis económica grave como la que hemos vivido. Pero indudablemente la recomendación del tribunal es clara: es necesario un incremento de dotación de medios para que la Agencia Tributaria tenga mejores posibilidades de cobro.

Hemos indicado en el informe, sin embargo, que mejora en los tiempos medios de resolución para los aplazamientos y fraccionamientos; hemos indicado también mejora sobre las actuaciones de depuración y control de la deuda litigiosa y hay aspectos de la gestión que en el informe se manifiestan como positivos, pero por supuesto es plenamente legítimo por parte de las diferentes fuerzas políticas que hagan su propia valoración sobre qué valor -con perdón de la expresión- conceden a las apreciaciones positivas que hace el tribunal y qué valor conceden a nuestra carga crítica, que siempre está presente en los informes que realizamos.

En cuanto a las fiscalizaciones, lógicamente el tribunal tiene iniciativa fiscalizadora y es importante que la mantenga porque es parte indispensable de la independencia del tribunal que no solo reclamo, sino que defiendo. Es decir, el tribunal tiene autonomía e independencia para establecer el programa anual de fiscalizaciones, y así lo hacemos sobre la base de nuestra valoración de cuáles son los riesgos y las situaciones que requieren nuestra acción, pero también la ley reconoce capacidad e iniciativa fiscalizadora a las Cortes Generales. Por tanto, si ustedes nos solicitan la realización de una fiscalización, nosotros atenderemos la solicitud e intentaremos llevarla a efecto de la manera más rápida posible. Todos los informes que les he presentado son en este caso realizados en tiempos bastante rápidos. Son todos informes de los años 2014 y 2015, pero han estado un tiempo pendientes de poder analizarse en la Comisión mixta por razones diversas en las que no voy a entrar.

Discúlpenme si hay alguna pregunta que no les contesto. Si quieren formularla por escrito, tengan por cierto que se les contestará. Se me plantean cuestiones relativas a los diferentes consorcios que hemos estado viendo y sobre el Instituto de Cinematografía. Hay que indicar que los informes -creo que es una cuestión importante- no solo los publicamos en la página web del tribunal, como hacemos, sino que se remiten a los responsables de los sectores públicos fiscalizados y damos cuenta de ellos a las administraciones vinculadas. No es que el tribunal apruebe el informe y ya no se responsabilice de hacerlo llegar adonde corresponde. Lo hacemos llegar a las entidades fiscalizadas a las que, por otra parte, les hemos dado un trámite de alegaciones para que en cada caso manifiesten lo que estimen oportuno en defensa de la gestión que ellos han realizado.

Disculpen si hay alguna cuestión a la que no les he contestado, pero me comprometo a hacerlo por escrito si así me lo solicitan.

El señor PRESIDENTE: Gracias, presidente.

¿Algún grupo parlamentario quiere hacer alguna intervención en respuesta a lo expuesto por el Presidente del Tribunal de Cuentas?

Señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Simplemente quiero aclarar una cosa. El Grupo Parlamentario Ciudadanos no ha dicho que la Agencia Tributaria funcione mal. Todo lo contrario. Yo defiendo esa casa; es más, pertenezco a esa casa y ustedes lo saben. Lo único que decimos es que se puede mejorar ampliamente el resultado de la Agencia Tributaria, y eso lo reconoce el presidente del tribunal con su ampliación de personal.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

Señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Quiero destacar que, efectivamente, todo en esta vida es mejorable, pero está claro que se ha hecho un esfuerzo desde el Gobierno para que la Agencia Tributaria tenga los medios materiales y personales suficientes para llevar a cabo la función que tiene encomendada, y lo está a la vista de los resultados alcanzados en la lucha contra el fraude fiscal.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Madrazo.


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FUNDACIONES:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN EN LAS ZONAS MINERAS DEL CARBÓN, EJERCICIO 2010. (Número de expediente del Congreso 251/000006 y número de expediente del Senado 771/000004).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, EJERCICIOS 2005 A 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000013 y número de expediente del Senado 771/000012).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, EJERCICIO 2010. (Número de expediente del Congreso 251/000019 y número de expediente del Senado 771/000016).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO EN RELACIÓN CON EL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN MATERIA DE FORMACIÓN DE OFERTA. (Número de expediente del Congreso 251/000064 y número de expediente del Senado 771/000057).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III, EJERCICIOS 2012 Y 2013. (Número de expediente del Congreso 251/000079 y número de expediente del Senado 771/000078).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, EJERCICIOS 2012 Y 2013. (Número de expediente del Congreso 251/000083 y número de expediente del Senado 771/000081).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al cuarto bloque, fundaciones. Afecta a la Fundación para el desarrollo de la formación en zonas mineras, ejercicio 2010; Fundación Residencia de Estudiantes, 2005 a 2009; Fundación escuela de organización industrial, 2010; fiscalización sobre la gestión de la Fundación tripartita; centro de investigaciones oncológicas Carlos III, 2012 y 2013, y fiscalización de la Fundación española para la ciencia y la tecnología, 2012.

Para dar cuenta de los informes que están en trámite en la Comisión, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

Otro de los ámbitos de las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas es el relativo a las fundaciones del sector público estatal. A finales del ejercicio 2014 había un total de cuarenta y una fundaciones que se habían reducido a treinta y nueve en 2015, en el marco del proceso de reestructuración del sector público fundacional estatal. Para aquellas fiscalizaciones entre cuyos objetivos se incluía el análisis de regularidad contable, las cuentas rendidas reflejaban con carácter general en todos los aspectos significativos la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial y de los resultados de sus operaciones, si bien en algunos casos con salvedades, como son las fundaciones Residencia de Estudiantes y Escuela de Organización Industrial. En el caso de la Fundación española para la ciencia y la tecnología, tras la fusión por absorción de la Fundación Genoma, la entidad no presentó las cuentas anuales de la fundación absorbida durante el año 2012.

Por lo que se refiere al cumplimiento de la normativa sobre contratación del sector público, cabe efectuar las siguientes consideraciones. La Fundación para el desarrollo de la formación en las zonas mineras del carbón no siguió en todos los casos los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, destacando por su importe el contrato correspondiente al servicio de gestión del conjunto de actividades constitutivas de su objeto social prestado por la Sociedad Pública Infoinvest, Sociedad Anónima. La Fundación Residencia de Estudiantes incumplió el régimen aplicable al contratar servicios sin observar ni promover los principios de publicidad y concurrencia. La escuela de organización industrial incumplió la normativa en aspectos como la falta de negociación de las condiciones de los contratos adjudicados mediante el procedimiento simplificado, la indeterminación del precio y del número de prestaciones de ciertos contratos y la existencia de prácticas contrarias a la libre concurrencia o a la objetividad de la


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adjudicación. En el análisis de expedientes de la Fundación española para la ciencia y la tecnología, los pliegos de cláusulas jurídicas, al establecer los criterios objetivos de valoración de las ofertas técnicas, incluían factores personales o materiales susceptibles de la aplicación de fórmulas y, por tanto, de valoración conforme a criterios objetivos.

Uno de los aspectos más relevantes que han sido objeto de fiscalización es el relativo a las subvenciones otorgadas especialmente en el caso de la Fundación tripartita para la formación en el empleo, respecto de la cual se efectúan las consideraciones que se exponen a continuación. En cuanto a los planes de formación, las funciones asignadas a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el proceso de concesión de subvenciones públicas no garantizan los principios de concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad promulgados en la Ley General de Subvenciones. Debe tenerse en cuenta que los planes de formación fueron desarrollados en un elevado porcentaje por entidades asociadas o agrupadas a dichas organizaciones, lo que convierte a estas últimas en meros intermediarios, y en otros casos su ejecución fue subcontratada con otro tipo de entidades, vulnerándose el principio de eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Se observaron deficiencias relacionadas con la subcontratación por las entidades beneficiarias de la actividad subvencionada. El trámite de subcontratación a favor de las entidades vinculadas a las beneficiarias de las subvenciones se limitó a una mera solicitud efectuada por estas y su autorización posterior por la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, sin la exigencia de ningún requisito adicional. La metodología de financiación de estas subvenciones consiste en un reparto previo e igualitario en el que se otorga un 50% de los fondos asignados a los planes presentados por las organizaciones empresariales y el 50% restante a los presentados por las organizaciones sindicales. Ello contraviene los principios de objetividad, igualdad y no discriminación y eficiencia de los recursos públicos. Se ha constatado la aceptación por parte de la Fundación tripartita de un elevado porcentaje de los costes presentados por las entidades beneficiarias en la justificación de estas subvenciones sin la debida motivación.

En relación con las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal, que son miembros del patronato de la Fundación tripartita para la formación en el empleo, fueron, a su vez, las únicas entidades perceptoras de las subvenciones para la realización de determinados tipos de tales acciones de apoyo y acompañamiento, y también las ejecutantes de las mismas. En el caso de la Fundación para el desarrollo de la formación en las zonas mineras del carbón, al evaluar las convocatorias de becas y ayudas se aprecian carencias relativas al cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia que debe rendir la actividad subvencionadora. En relación con la Fundación escuela de organización industrial, se ha analizado la actividad que recibía cofinanciación comunitaria del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional junto con financiación procedente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, detectándose la inclusión indebida en la cuenta justificativa de cursos que fueron anulados.

Con respecto a los gastos de personal, destacan los siguientes resultados de fiscalización. En la Fundación para el desarrollo de la formación de zonas mineras del carbón no se redujeron inicialmente las retribuciones del gerente, en los términos previstos en el Real Decreto 8/2010, de 20 de mayo, regularizándose en 2011. La gestión llevada a cabo por la Fundación Residencia de Estudiantes presentaba deficiencias, debidas en especial a la carencia de una plantilla adecuadamente autorizada, a los procedimientos para la selección del mismo y al abono de retribuciones no previstas en el convenio aplicable. En el caso de la Fundación escuela de organización industrial, se autorizaron modificaciones no lineales en las retribuciones que supusieron incrementos anuales superiores al límite del 0,3% autorizado en la Ley de Presupuestos. La Fundación centro nacional de investigaciones oncológicas carecía desde 2009 de un acuerdo laboral que regule las tablas salariales, conceptos retributivos y beneficios sociales de los distintos tipos de personal y categorías. Por otra parte, en relación con el patronato de la Fundación tripartita para la formación en el empleo, su composición no se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Fundaciones. La Fundación Residencia de Estudiantes no era titular de los derechos de propiedad intelectual de sus publicaciones, que eran ejercidos por la Asociación de Amigos de la Residencia de Estudiantes, sin haber formalizado acuerdo alguno de dicha gestión.

Finalmente, por lo que se refiere al seguimiento de las recomendaciones, contestaré a las preguntas que sobre este caso se me formulen.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

En el turno de grupos parlamentarios, constatada la ausencia del Grupo Mixto, del Grupo Vasco y del Grupo Catalán, pasamos al Grupo de Esquerra Republicana.

Tiene la palabra el señor Picornell Grenzner.

El señor PICORNELL GRENZNER: Intervengo brevemente para ir concluyendo poco a poco.

Queremos hacer unas consideraciones un tanto más políticas que técnicas. En el Pleno del Congreso de ayer se debatieron diversas PNL orientadas hacia la mejora de la situación de la I+D+i y por ello creemos relevante que, además de garantizar el objetivo del 3% del PIB en este sector, se mejore la gestión de los recursos dedicados a la ciencia.

Por ello deberíamos ser consecuentes y sensibles a lo que indica, por ejemplo, el informe de la Fundación del centro nacional de investigaciones oncológicas o a la Fundación española para la ciencia y tecnología. En dichos informes se reflejan aspectos preocupantes en cuanto al cumplimiento de la legalidad para la mejora de los procedimientos de control interno y de gestión, pero, sobre todo para nosotros son relevantes las referencias a los programas de ayuda a los investigadores.

Nos gustaría demostrar la utilidad de los informes del Tribunal de Cuentas porque, a partir de sus recomendaciones, las Cámaras de las Cortes, el Congreso y el Senado, el Gobierno y demás entidades que puedan intervenir, pueden llevar una gestión con un impacto social más elevado. En el caso de los investigadores el objetivo sería el de poder facilitar el acceso a dicha investigación y al de su gestión. No puede ser que las culpas de los problemas documentales recaigan en los investigadores cuando las mismas instituciones deberían garantizar que el acceso a los recursos se realizara de forma abierta, transparente, ágil y, sobre todo, eficiente.

Por eso aspectos como la coordinación de las bases de datos para asegurar que el mismo sistema garantizasen que se puedan evitar las duplicidades en el régimen de incompatibilidades o la justificación de las ayudas recibidas debe estar al alcance de cualquier persona que prioriza la investigación a su siempre necesaria justificación. Por tanto, creo que es nuestro deber, no el del Tribunal porque el Tribunal ya ha hecho su trabajo, recoger esas recomendaciones y trabajar a favor de estas instituciones y fundaciones para mejorar su posible trabajo en la investigación y no tanto en la gestión diaria que a veces dificulta justamente su trabajo principal, que es nada más que el de investigar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picornell.

Por el Grupo Ciudadanos, señor Villegas.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Este bloque de informes que ahora comentamos es más preocupantes que los que había comentado anteriormente. Las salvedades y las irregularidades que se ponen de manifiesto en estas fundaciones son de mayor calado y no las voy aquí a reiterar, está en los informes, pero sí voy a manifestar la preocupación ante el funcionamiento en su momento de la mayoría de las que son objeto de estos informes que ahora comentamos.

Me van a permitir que me centre en la Fundación tripartita por su importancia y por la cantidad de dinero que manejaba. Este informe, aparte de detallar irregularidades en el funcionamiento de la Fundación tripartita en 2010, viene a ser una enmienda a la totalidad por cómo funcionaba el sistema de formación de los trabajadores en ese momento. Luego explicaré por qué hago esa consideración.

En cuanto a la formación para el empleo, todos estamos de acuerdo en que no ha funcionado en este país y a la vista de este informe queda muy claro por qué cierto modelo de formación para el empleo no funciona. No es el sitio para que cada uno exponga su modelo -se hará en otro ámbito-, pero quiero detallar agrupadamente aquellas consideraciones que se hacen en el informe sobre el modelo, no sobre el funcionamiento sino sobre el propio modelo de funcionamiento. En primer lugar, en el mismo se dice -lo ha dicho anteriormente el presidente del Tribunal de Cuentas- que las funciones asignadas a las cuatro organizaciones -CEOE, Cepyme, UGT Y Comisiones Obreras- les llevaba a una situación -no lo ha dicho así, la palabra es mía- de monopolio que no garantizaba los principios de concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad que deberían cumplirse en estos procedimientos de adjudicación de subvenciones. Lo dice el informe. La segunda crítica, a la base del sistema, es que quienes evalúan las solicitudes de subvención son las mismas organizaciones que las solicitan. El tribunal habla ahora de ser juez y parte. Podemos decir que yo me lo guiso y yo me lo como. Y la tercera crítica que se hace en el informe, a la base también del sistema, es cuando se habla de la subcontratación masiva e irregular de


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las actividades formativas. Estas cuatro entidades se repartían las subvenciones y luego subcontrataban sin que existieran los criterios que se daban en la adjudicación de las subvenciones.

Aparte de las críticas al modelo están las críticas al funcionamiento y ahí se habla de sobreutilización por parte de determinadas personas. Hubo personas que hicieron más de cincuenta acciones formativas en la misma convocatoria; se habla de que miles de alumnos eran trabajadores de las entidades que daban los cursos y de que era imposible el seguimiento y el control de la formación recibida por los trabajadores, juez y parte y sin control posterior. Además -acabo, señor presidente-, se habla de cada una de las entidades -CEOE, Cepyme, UGT y Comisiones Obreras-, de que hay irregularidades comunes a las cuatro, contratación directa millonaria por parte de las cuatro, formación de sus propios trabajadores por parte de las cuatro. No hay mecanismos de control para poder acreditar la exactitud de las horas declaradas como apoyo y acompañamiento de la formación, y en el apartado de UGT especialmente la presencia de gastos no justificados de manutención y locomoción y la imputación de gastos que no procedía imputar. Todas son de gravedad y hacen que la sombra de la sospecha recaiga sobre la actuación de estas instituciones a la hora de gestionar estos 400 millones que gestionaron durante el año 2010 en cursos de formación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villegas.

En nombre del Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Alemán.

La señora ALEMÁN GUEDES: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero alabar la labor realizada por los miembros del Tribunal Constitucional en la elaboración de estos informes. Intentaré ser breve también, ya que más o menos los temas han sido tocados, pero me gustaría destacar el tema de la Fundación tripartita para la formación en el empleo. Ciertamente, sorprende este tipo de informe del Tribunal de Cuentas, en el que se relata de manera contundente y con mejores formas el uso de fondos públicos para la mejora del empleo como si fuera un cortijo. El reparto entre la entidad del patronato, entidades que ofrecen formación a través de entidades propias, con alto riesgo de no seguimiento de cumplimiento de estos planes, costes no motivados, trabajos pendientes de liquidación, falta de control de horas cumplidas, el incumplimiento de los principios de concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad realmente es un tema suficientemente serio como para que la investigación de esta gestión depure responsabilidades.

Respecto a la Fundación para la ciencia y la tecnología, denota relevancia la falta de control del genoma, algo que parece que va a continuar siendo así, puesto que se justifica que no se extingue, sino que se incorpora a la fundación, quedando aplazada esta elevación del informe y las cuentas de la entidad absorbidas, justificado por la IGAE. También resulta preocupante en aras de la transparencia que en 2015 aún no se hayan puesto en marcha los mecanismos de apertura pública de las licitaciones de esta fundación. Me gustaría saber si a fecha de hoy, más de un año después de las alegaciones, al menos estas deficiencias estarán dentro de cauces para poder subsanarse.

Por último, respecto a la Fundación para el desarrollo de formación de la zona minera del carbón, en las recomendaciones realizadas en la fiscalización del Tribunal de Cuentas del ejercicio 2002, recogidas parcialmente en la resolución de la Comisión mixta, se decía que seguían sin llevarse a cabo medidas como el cruce de formación con la totalidad de administraciones públicas que conceden becas y ayudas. ¿Estas deficiencias se corregirán en el futuro?

Y con esto termino. En 2008, el patronato concedió a la empresa Infoinvest la planificación, organización, dirección y control de la marcha de la entidad y de todas sus actividades. En la práctica, la gestión tanto de la actividad principal como de los servicios accesorios a la misma fue contratada por dicha empresa pública. ¿Han podido auditar ustedes la gestión de esta empresa?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Perdón ¿a qué empresa se refiere?

La señora ALEMÁN GUEDES: Infoinvest.

El señor PRESIDENTE: Infoinvest.

Concluido el turno de la señora Alemán, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Iglesias Parra.


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La señora IGLESIAS PARRA: Buenas tardes.

Gracias, señor presidente de la Comisión. Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Consideramos estos informes muy útiles para nuestra labor, para poder proponer iniciativas, entre ellas la que ha sugerido y que me parece muy interesante de hacer el seguimiento de las recomendaciones que se proponen por parte del tribunal.

En cuanto a la Fundación para el desarrollo de la formación de las zonas mineras del carbón, al Grupo Socialista le preocupan especialmente los siguientes puntos: las deficiencias detectadas en las ayudas para la formación y el empleo. Afirma el informe que no se exigió la justificación del pago de los gastos realizados, de lo que se desprende que pueden haberse dedicado a su finalidad legal o a cualquier otra porque, creándose causas claras de reintegro como la subcontratación, ni siquiera se inició el correspondiente expediente. Y en los expedientes que sí se iniciaron y que concluyeron con una resolución para pedir la devolución no se inició su reclamación judicial.

Por lo que se refiere a las becas, lo más llamativo -a mí me parece hasta escandaloso- es la inclusión en las convocatorias de una cláusula que establece que en caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios de las condiciones establecidas en la convocatoria, la fundación se reserva el derecho a proceder como estime oportuno, lo que es una puerta abierta de par en par a la arbitrariedad. Estas cuestiones y otras graves también, como no poder constatar las fechas de entrada de documentos o la manera de no controlar los plazos, pueden generar una mancha de sospecha generalizada y seguramente injusta sobre la fundación, máxime cuando ya se le habían hecho recomendaciones en 2002 y el tribunal aprecia escaso grado de implantación de las mismas. Hay además elevados excedentes de tesorería y al Grupo Socialista le parece que si mala es la falta de control de los fondos públicos, peor es que este esfuerzo de todos los españoles no sirva para lo que tiene que servir.

En cuanto a la Fundación Residencia de Estudiantes, en el caso de esta fundación se desprende del informe que salvo en lo que se refiere a las cuentas anuales, aunque también aquí hay incidencias, en todo lo demás se aprecian deficiencias importantes: vulneración generalizada de las normas de contratación pública, falta de publicidad y concurrencia, cuestiones esenciales como la no formalización de los contratos o la conculcación de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la contratación de los trabajadores. En tesorería no hay registro contable de una cuenta. En la gestión de inversiones se dice que no hay ningún tipo de control interno ni supervisión. Ocurre que los años fiscalizados son de 2005 a 2009 y aunque este informe fue aprobado en el año 2013, nos sigue pareciendo que es demasiado, porque ya cuatro años puede suponer la prescripción.

En cuanto a la Fundación escuela de organización industrial, son numerosas e importantes las deficiencias detalladas, llamándonos la atención en primer lugar la ausencia de una estructura de control interno. Se produce una vez más una justificación insuficiente de las subvenciones. Esta es una nota común a prácticamente todas las fundaciones. Habrá que tomar nota para ver si existen controles externos, que supongo que sí, pero en todo caso no funcionan; y estos controles son la única manera de garantizar que el dinero público se destina adecuadamente y en caso de que no sea así, que revierta a quien es su dueño, que no somos más que todos los españoles. Resultan de difícil entendimiento las subidas de sueldos, se habla de un 9,6% de promedio en una empresa del sector público y en una situación de crisis. Las conclusiones sobre la contratación pública son de extrema gravedad también, sobre todo con los ejemplos concretos que nos ponen como la contratación de los viajes y la publicidad; suponemos que habrán sido investigados y estaremos al tanto de esto.

Compartimos con los compañeros la preocupación por la Fundación tripartita para la formación en el empleo, porque son muchas las cuestiones y muy graves. En primer lugar la eficacia de los programas de formación deja mucho que desear. Es necesario un control no solamente de la legalidad sino también de la calidad de estos programas. Entendemos que existe un claro fraude de ley en la utilización de los modelos de intervención a través de subvenciones, el de formación de oferta y el de formación de demanda porque, pervirtiendo su esencia, efectivamente en muchos casos se aplica al primero de ellos cuando debería aplicarse al segundo cuando se imparten cursos a los propios trabajadores para ahorrarse los costes las organizaciones implicadas. Suponemos que esto se habrá investigado también y le querría preguntar, puesto que es un caso bastante significativo, si conoce algún tipo de procedimiento penal o administrativo en este caso, como en el caso de las irregularidades detectadas con respecto a los alumnos; es gravísimo todo lo que se detalla en el informe. Respecto al hecho de que el patronato no se encuentre compuesto de conformidad con la Ley de Fundaciones, entendemos que probablemente se ha hecho con un buen fin, para que fuese más adaptado al modelo de diálogo social, y probablemente habrá


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que pensar si es conveniente una modificación de la ley o establecer alguna excepción. De las últimas dos no voy a decir nada, porque más o menos es favorable el informe...

El señor PRESIDENTE: Señora Iglesias, debe terminar.

La señora IGLESIAS PARRA: Ya termino.

Le quería preguntar si sería posible en estos informes de fiscalización apuntar de alguna manera los casos en los que se ha pasado la documentación a fiscalía o a algún órgano administrativo o si hay algún problema y no se puede hacer.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero darle las gracias una vez más al presidente del Tribunal de Cuentas por comparecer en esta Comisión y además por traernos un informe tan concluyente como el que nos acaba de presentar. Como dispongo de poco tiempo, me voy a centrar en cuatro fundaciones, en los informes de aquellas fundaciones que son precisamente el ejemplo de lo que pasa en el sector público cuando el Partido Socialista gobierna nuestro país, porque, si bien es cierto que la compañera del Grupo Socialista hablaba de que teníamos que tomar buena nota de las observaciones de los informes, también es cierto que cuando ellos gobernaban los controles brillaban por su ausencia y también porque estas fundaciones son aquellas sobre las cuales el Tribunal de Cuentas ha constatado innumerables irregularidades e incumplimientos.

Voy a empezar por la Fundación tripartita para la formación en el empleo. El Tribunal de Cuentas, como decían otros intervinientes, emite prácticamente una enmienda a la totalidad del sistema que se concreta básicamente en la clara vulneración de los principios de objetividad y transparencia, la limitación de las entidades facultadas para ser solicitantes de las subvenciones, el alto nivel de subcontratación, la multiparticipación en cursos realizados por algunos participantes, la ausencia de seguimiento y control adecuado de las acciones formativas desarrolladas o el retraso en la revisión de la documentación con respecto a varias convocatorias de subvenciones, generando riesgo de prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar el posible reintegro derivado de estas subvenciones. En este sentido, en el Grupo Popular en la pasada legislatura nos pusimos manos a la obra para intentar corregir esto y me interesaría saber si el presidente del tribunal considera que la nueva ley que regula el sistema de formación profesional que aprobó el Partido Popular para el empleo en el ámbito laboral puede contribuir a mejorar esta situación.

En segundo lugar, la Fundación para la formación en las zonas mineras del carbón. Obviamente, se reflejan irregularidades que son relativas al cumplimiento de la legalidad como, por ejemplo, el contrato de Infoinvest, que se mencionaba anteriormente, la vulneración de los principios de gestión de ayudas públicas, el principio de información, errores en la evaluación de expedientes o la existencia de subcontratación, que debió suponer el reintegro de las ayudas, o también aquellas relativas a la gestión, como los excedentes de tesorería que se mencionaban antes, deficiencias en las bases de las convocatorias, el papel del gerente o la ausencia de cruce de datos, además de la falta de seguimiento de las recomendaciones del informe de 2002, con la ausencia de documentación necesaria para poder contrastar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y la eficiencia en la asignación y utilización de esos recursos públicos. En Asturias, por ejemplo, mi tierra, en general hay la sensación de despilfarro, del malgasto de fondos públicos, que no se han cumplido los objetivos y también un tufillo relacionado con presuntos casos de corrupción, algo que no digo yo sino que también ha llegado al Parlamento regional.

Tercero, en lo que se refiere a la Fundación de escuela de organización industrial, el informe recoge también deficiencias significativas en todos los epígrafes, al igual que sobre la Fundación Residencia de Estudiantes, siendo en este caso de especial gravedad el incumplimiento de la rendición de cuentas.

Con respecto a la Fundación para la ciencia y la tecnología y también la Fundación centro nacional de investigaciones oncológicas Carlos III, en general y visto que cumplen con la legalidad y no se realizan reparos por parte del tribunal, tampoco voy a detenerme mucho, pero sí quiero decir que desde el Partido Popular consideramos la ciencia y tecnología como un pilar fundamental para la competitividad y la creación de empleo en nuestro país, que no deja de ser el objetivo fundamental y prioritario de nuestro partido, del Partido Popular.


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Finalmente, me gustaría que el presidente nos indicara si es posible si se han llevado a cabo algunas medidas para exigir esas responsabilidades correspondientes en las fundaciones sobre las que se han constatado numerosas irregularidades e incumplimientos graves y sobre todo en el caso de la Fundación tripartita y la fundación para la formación en las zonas mineras.

Mi grupo espera que en la próxima legislatura seamos capaces de formar un Gobierno que continúe mejorando el sector público y contribuyendo a la buena gestión, al tiempo que se depuran y corrijen aquellas cuestiones que el Tribunal de Cuentas expresa en estos informes que debatimos esta tarde.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arias.

Para responder a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

En primer lugar -y creo que esto es importante-, quiero indicar que respecto a todas estas fundaciones he empezado diciendo que, vista su regularidad contable con carácter general, el conjunto de las fundaciones tenían sus cuentas en orden y presentaban la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial y de los resultados. Esto pone de manifiesto que el tribunal no es una entidad que exclusivamente quede para revisar los aspectos formales y de carácter financiero, sino que efectúa un análisis en profundidad de la gestión de cada una de estas fundaciones. En mi opinión ha puesto resultados importantes encima de la mesa en la medida en que efectúa una revisión del funcionamiento de las fundaciones. Es fundamentalmente a ustedes, que tienen la competencia para promover los cambios, a quienes les tiene que ocupar en sus resoluciones para acertar con nuevos modelos que puedan significar mejoras. Todos ustedes han puesto el acento fundamental en la Fundación tripartita para la formación en el empleo porque quizás es, evidentemente, la más destacable por su volumen de fondos y por la contundencia del informe. Indudablemente, esos 400 millones de euros que gestiona la Fundación tripartita para la formación en el empleo se pueden valorar por el conjunto de cuestiones críticas que el informe contiene pero -a lo mejor con esto me salgo de mi función- me hago una pregunta que se puede hacer cualquier persona de la calle y es qué porcentaje de personas que recibieron formación encontraron empleo. Si verdaderamente tenemos un sistema de formación continua que es caro pero proporciona empleo, bienvenido sea. El problema es que el porcentaje de personas que recibieron esa formación y que encontraron empleo ha sido bajo. Al principio de esta tarde se solicitaba qué impacto social suponía, pues aquí tenemos una medida de impacto social que es muy significativa. La formación para el empleo tiene que cambiar y creo que es intención de los diferentes responsables políticos a los que he oído proceder -que ya se está procediendo- al cambio del sistema de formación, como no puede ser otra manera.

También se me ha solicitado información sobre actuaciones que el tribunal haya hecho para que todas estas irregularidades no queden simplemente en el papel. Indudablemente, en la actualidad en el tribunal hay diversos procedimientos que están en fase de diligencias preliminares relativos a subvenciones que se tramitaron con cargo a la Fundación tripartita, unos en fase de instrucción y otros en distintas fases. En definitiva, por sus diferentes composiciones -tampoco creo que sea el caso entrar en su descripción- se están llevando a efecto las actuaciones en la sección de enjuiciamiento del tribunal. Por otra parte, se formularon peticiones de responsabilidad penal por parte del fiscal del Tribunal de Cuentas indicando diferentes supuestos de prevaricación, de malversación y de pago de retribuciones en exceso. Estos hechos han sido remitidos a la Fiscalía de Madrid en marzo de 2015, siguiendo su curso en ese ámbito.

También se han formulado peticiones en el ámbito de la responsabilidad tributaria, dándose traslado a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de los supuestos recogidos en el artículo 165 del Real Decreto-legislativo 1/1994 en relación con pensiones de jubilación. Todo esto en cuanto a la Fundación tripartita.

Asimismo, se me solicita información y mayores precisiones sobre la Fundación de minerías del carbón y he de decir que es cierto que se incumplían muchas de las recomendaciones que sobre el informe anterior se formularon y que la fundación no informó sobre la supervisión y control de la formación a través de los instrumentos del Plan de minería del carbón.

Se me solicita igualmente información sobre Infoinvest, que indudablemente está en el ámbito del sector público y se puede fiscalizar. El tribunal la fiscalizó por última vez en el año 2000 y se podría volver


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a hacer. Esta entidad lleva y presta muchos servicios inmobiliarios y de gestión para muchos organismos de la Administración, si bien está en su capacidad ejercer la iniciativa para solicitar que sobre esa entidad se pueda abrir una nueva fiscalización.

Se han planteado diferentes cuestiones sobre si la nueva ley puede contribuir y, discúlpeme, pero creo que excedería de mis funciones manifestar una opinión pues entraría dentro de una función consultiva que el tribunal no tiene, salvo para el ejercicio de las propias funciones que afectan al tribunal. Yo no podría anticipar una opinión del tribunal que no fuera el resultado de la fiscalización concreta de cómo se ha aplicado esa ley y los resultados que puedan dar.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, presidente. ¿Algún grupo quiere intervenir?

Señor Arias, del Grupo Popular.

El señor ARIAS NAVIA: Quiero aludir simplemente a dos cuestiones y seré muy breve. En primer lugar, volver a agradecer el trabajo del Tribunal de Cuentas y también poner en valor el trabajo de esta Comisión porque los que formamos parte de la misma en la pasada legislatura sabemos que hubo un empujón muy importante en los expedientes que se tramitaron -concretamente fueron 292 expedientes- teniendo en cuenta que en las legislaturas precedentes, en la VIII y en la IX, suman 244. Por tanto, creo que el trabajo realizado durante la X legislatura fue bueno, por lo que quiero ponerlo en valor y agradecer nuevamente el trabajo del presidente y también de los miembros del Tribunal de Cuentas. (Aplausos).

ADMINISTRACIÓN LOCAL:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL, PERIODO 2006-2009. (Número de expediente del Congreso 251/000016 y número de expediente del Senado 771/000015).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS GASTOS EJECUTADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES SIN CRÉDITO PRESUPUESTARIO. (Número de expediente del Congreso 251/000037 y número de expediente del Senado 771/000037).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSORCIOS DE ÁMBITO LOCAL. (Número de expediente del Congreso 251/000040 y número de expediente del Senado 771/000036).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS INCIDENCIAS PRODUCIDAS DURANTE EL AÑO 2012 EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO. (Número de expediente del Congreso 251/000041 y número de expediente del Senado 771/000040).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES Y DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROVISIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PUESTOS DE LA INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES. (Número de expediente del Congreso 251/000044 y número de expediente del Senado 771/000043).

- INFORME SOBRE LAS ACTUACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA PROMOVER EN EL ÁMBITO LOCAL LA RENDICIÓN DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso 251/000068 y número de expediente del Senado 771/000068).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA EN AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 100.000 HABITANTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO. AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. (Número de expediente del Congreso 251/000073 y número de expediente del Senado 771/000072).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA EN AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 100.000 HABITANTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA. (Número de expediente del Congreso 251/000078 y número de expediente del Senado 771/000077).


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- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE MATADEROS Y MERCADOS EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO. (Número de expediente del Congreso 251/000082 y número de expediente del Senado 771/000082).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso 251/000084 y número de expediente del Senado 771/000083).

El señor PRESIDENTE: Por último, entramos ya en el quinto bloque, que hace referencia a la Administración local. Me ahorro la lectura de los distintos títulos e informes, entrando directamente en este bloque.

Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias.

El último bloque se refiere a un conjunto de informes relacionados con la Administración local. Entrando directamente en los asuntos, por lo que se refiere al Ayuntamiento de Teruel déjenme decirles que desde el ejercicio 2007 la corporación no pudo hacer frente a los gastos ordinarios con sus ingresos corrientes, a pesar de los distintos planes de saneamiento, debido a las desviaciones entre las previsiones contempladas y los ingresos ejecutados. La falta de cumplimiento de las previsiones de ingresos y gastos contenidas en los ocho planes económicos y de saneamiento financiero cuestiona el ajuste a la realidad de las cifras utilizadas y su eficacia en cuanto al objetivo de reequilibrio financiero. Se aprobaron once expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos como consecuencia de la realización de gastos sin crédito presupuestario. No todas las cantidades se habían registrado en la cuenta de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto y además se incorporaron obligaciones que sí estaban contabilizadas en dicha cuenta, sin tramitarse el expediente de reconocimiento que legalmente se exige.

Por lo que se refiere al informe sobre los gastos ejecutados sin crédito presupuestario, el Real Decreto-ley 4/2012, por el que se crea el mecanismo extraordinario de pago a proveedores, estableció la obligación de emitir certificación al Ministerio de Hacienda de todos los gastos vencidos, líquidos y exigibles cuya factura hubiera tenido entrada antes del 31 de diciembre de 2011 y correspondieran a gastos devengados. Acudieron al mecanismo un total de 3.777 entidades locales, 3.753 ayuntamientos, 16 diputaciones provinciales, 4 cabildos, los 3 consejos insulares y la Ciudad Autónoma de Ceuta. Estas entidades financiaron un importe total de 9.598 millones de euros pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011. El 37% de las entidades locales que habían rendido cuentas no habían registrado en contabilidad las deudas con acreedores pendientes de aplicar a presupuesto, que fueron financiadas a través del mecanismo por importe de 416,6 millones de euros. Por comunidades, las entidades que recibieron mayor importe fueron las de Andalucía, con el 29%, y Madrid, con el 24% del total. Además de implicar un incumplimiento masivo de la ley, las facturas no contabilizadas supusieron una infravaloración del déficit a efectos de contabilidad nacional que dio lugar a un ajuste de al menos 934 millones de euros, equivalente al 0,1% del PIB español.

Respecto a los consorcios de ámbito local, a la fecha de aprobación del informe no se había regulado suficientemente la figura del consorcio y los estatutos de los consorcios locales adolecían de falta de concreción respecto a elementos esenciales para su funcionamiento, seguimiento y control. No obstante, la Ley 27/2013 de racionalidad y sostenibilidad de la Administración local ha reformado sustancialmente su régimen jurídico. Tras comparar y depurar las distintas fuentes, se identificaron un total de 969 consorcios con participación local, de los cuales 498 estaban participados exclusivamente por entidades locales y en los restantes, 471, participaban además otras administraciones. Hasta septiembre de 2013 habían rendido las cuentas relativas a 2011 un total de 260 consorcios, 148 de los cuales habían gestionado menos de un millón de euros en dicho ejercicio.

Por lo que se refiere a las incidencias en la ejecución de los contratos producidas en 2012, las entidades locales incumplieron mayoritariamente y de manera sistemática la obligación de remitir la información referente a tales incidencias. Los ayuntamientos fiscalizados únicamente comunicaron la modificación de dieciocho contratos así como la prórroga de otros siete. Se solicitó a 104 ayuntamientos de las comunidades autónomas sin órganos de control externo la cumplimentación de una relación certificada de todas las incidencias producidas en la ejecución de los contratos. Esta petición fue atendida por todas las entidades requeridas, resultando un total de 724 incidencias por importe de 1.445 millones de euros.


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En cuanto al informe sobre retribuciones y sistemas de provisión y promoción de puestos de intervención local, el desempeño de la función pública de control y fiscalización interna de las entidades locales corresponde en todo el territorio nacional a funcionarios con habilitación estatal. En marzo de 2013 constaban inscritos en el registro de habilitados estatales un total de 5.894 puestos obligatorios con funciones de control y fiscalización interna. Existía un puesto de intervención de clase primera en la totalidad de las diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares, no así en cambio en las diputaciones forales del País Vasco conforme a la ley. En cuanto al análisis de la legalidad de las retribuciones percibidas por el personal que desempeña las funciones de intervención, las cuantías del sueldo y trienios se correspondían con los importes establecidos para la categoría del puesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como el complemento de destino se correspondía con los establecidos por la ley para el nivel de puesto o grado consolidado del ocupante.

En relación con los dos informes sobre el sistema de gestión recaudatoria de los ayuntamientos de Logroño y Murcia que forman parte de los seis en total que ya están aprobados, ambos municipios prestaban el servicio de recaudación de sus ingresos de derecho público mediante el sistema de gestión directa. En los dos ayuntamientos se observa la indebida aplicación de la reducción de las multas de tráfico y estacionamiento en un 50% a pesar de haberse pagado con posterioridad al plazo previsto de veinte días, así como deudas cobradas sin recargo después del periodo voluntario, correspondientes generalmente a entidades públicas.

Otro de los informes aprobados por iniciativa de las Cortes Generales y con colaboración de los OCEX, es el relativo a la prestación de los servicios de mataderos y mercados en el sector público local. Ante la inexistencia de censos completos de mataderos y mercados municipales, se elaboró uno que incluía 250 mataderos y otro en el que figuraban 958 mercados pertenecientes a 646 entidades. Los mataderos gestionados de manera externa generaron recursos en 2012, mientras que fueron deficitarios en 2013. Los mataderos en gestión interna produjeron necesidad de financiación en ambos ejercicios. En el caso de los mercados, tanto los gestionados directamente como los externos fueron deficitarios.

Finalmente, en relación con los informes referidos a la fiscalización del conjunto del sector público local en el ejercicio 2013 y a las actuaciones del tribunal para promover la rendición de cuentas en el ámbito local, presentan cierta relación aunque su ámbito objetivo y subjetivo es diferente. El 64% de las entidades locales rindió sus cuentas de 2013 en plazo. Este porcentaje fue similar al de 2012, que a su vez había sido 16 puntos superior al de 2011 y 30% mayor al de 2010. Por comunidades, el menor porcentaje de rendición a 31 de diciembre de 2014 lo ostentaba Andalucía, con el 48%. En el extremo opuesto estaba la región de Murcia con el 75%, Castilla-La Mancha con el 73% y Cantabria con el 71%. Comparado con 2012, destacó el incremento en rendición de cuentas en Castilla y León con un aumento de 20 puntos y en la Comunidad de Madrid con un incremento de 11 puntos. Los plazos legales de rendición de cuentas son muy extensos, hasta el 15 de octubre del año siguiente al que se refieran, llegando algunas comunidades hasta el 31 de octubre. Estos plazos deberían de ser más breves y homogéneos, lo que contribuiría a evitar desajustes temporales y a aproximar el control a la gestión.

Destaca la extraordinaria relevancia que tiene en esta materia la plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales, que ha permitido incrementar la colaboración con los OCEX, así como recibir otro tipo de información como la contractual. Desde la implantación de la plataforma de rendición de cuentas en 2010, el tribunal llevó a cabo seis planes de actuación de carácter anual que abarcan las cuentas relativas a los ejercicios de 2006 a 2013. A raíz de ello los niveles de rendición de cuentas experimentaron un incremento sustancial. Así, las cuentas rendidas del ejercicio 2007 llegaron al 66% al finalizar 2010. Transcurrido un periodo equivalente, las cuentas rendidas de los ejercicios 2008, 2009 y 2010 llegaron al 69%, 83% y 87% respectivamente. Ello pone de manifiesto que los medios y herramientas aplicados y los planes puestos en práctica por el Tribunal de Cuentas de manera coordinada con los OCEX han redundado positivamente en la implicación de las entidades locales en el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y además dentro del plazo legal.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, presidente.

Para el turno de grupos parlamentarios, empezamos por el representante de Esquerra Republicana, señor Picornell.


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El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, una cuestión previa que nosotros consideramos importante es la situación grave que atraviesa el mundo local en el ámbito económico, de servicios, de recursos humanos y que hemos podido comprobar a través de la lectura de muchos de estos informes. Esta situación grave se muestra, por ejemplo, en la necesidad de cerrar servicios públicos y de privatizar otros para poder sobrevivir. Por lo tanto, para nosotros también es importante recordar esta situación por la que atraviesa el mundo local.

En estos informes hay algunos muy concretos y muy localizados geográficamente, pero nosotros nos hemos fijado en el informe 25.º, que busca promover en el ámbito local la rendición de cuentas. Se fija cuáles son las actuaciones en este sentido y queríamos felicitar al Tribunal de Cuentas y a su presidente por este informe. Ya sabemos que el tribunal no es un ente judicializador, pero si no lo he entendido mal, si los ayuntamientos no entregan la documentación requerida reciben la sanción correspondiente, y quería preguntar al presidente del tribunal qué multas se ejecutan si se llega a tal caso y qué pasa con el resto de instituciones. El Tribunal de Cuentas no es un ente judicializador, pero en el mundo local sí tiene este mecanismo de presión, y en este sentido iba mi pregunta.

Por último, en relación con los informes que hemos visto hasta ahora, muchos aplicables al sector local, nos gustaría hacer algunas recomendaciones generales para el sistema público y aplicables también -insisto- al sector local. En general el funcionamiento de las administraciones es correcto, pero necesita mejoras importantes en muchos ámbitos concretos: contratación, laboral, contable, etcétera. Debemos priorizar la formación y capacitación de los niveles técnicos; y aquí también me refiero al mundo local y a los problemas de recursos humanos que acaban teniendo las administraciones municipales más pequeñas que deben gestionar estas instituciones. Para nosotros es básico que la gente esté preparada para que cuando reciba la visita del Tribunal de Cuentas haya podido realizar su tarea lo mejor posible. Debemos potenciar el equilibrio entre el control, la transparencia y la capacidad de innovar. Nuestras instituciones no se deben quedar obsoletas y menos aún por culpa de un sistema burocratizado. Nos gustaría poner mayor énfasis en algunas cosas que ya hemos repetido a lo largo de esta tarde en las recomendaciones en la gestión, más allá de la gestión estrictamente económica y técnica, hacer más referencia a los planes de gestión, como, por ejemplo, los planes estratégicos que hemos ido viendo; análisis de impacto social; la importancia del seguimiento de las recomendaciones y modificaciones necesarias que estime el Tribunal de Cuentas. En resumidas cuentas, y volviendo al principio de mi intervención, este es un trabajo que sirve a esta Comisión y a la Administración en general de soporte para la gestión pública. Los informes son buenas herramientas para la mejora de nuestras instituciones y deberíamos garantizar que su contenido llegara a los ciudadanos. Ya que hablamos del mundo local, debería llegar concretamente a todos los ciudadanos. Nos gustaría desde aquí animar al Tribunal de Cuentas a seguir transformando los pesados informes técnicos de los que ya hablamos en la reunión que mantuvimos en su sede hace unas semanas, en mensajes asumibles, directos, claros y más digeribles para todos los ciudadanos. Lo importante en todo caso es la capacidad de llegar a los implicados, tanto a los responsables políticos y técnicos de las instituciones como a la oposición, a la prensa -como ya hacen- y a los ciudadanos en general. Debemos ser proactivos en este sentido y mejorar muchos aspectos de la comunicación. Seguro que tendremos espacio en próximas ocasiones para hablar acerca de la documentación. Debemos aprender de los errores para evitarlos en el futuro. La mejora continua como principio de gestión debería ser nuestro leitmotiv y, por tanto, le animo a seguir con esta labor.

Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por todo el trabajo, los informes que esta tarde hemos analizado y que tendremos que analizar dentro de unas cuantas semanas en esta misma Comisión en otras circunstancias. Nos volveremos a ver las caras y tendremos más ocasiones para charlar sobre estos aspectos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picornell.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Señor presidente, gracias.

En esta sección tenemos diez informes sobre la Administración local, que es el conjunto de las administraciones públicas que gestionan provincias, municipios, mancomunidades y otras entidades de ámbito inferior. Por hacernos una idea del ingente trabajo que ha realizado el Tribunal de Cuentas y que hay que elogiar en esta tribuna, el sector público local estaba integrado en 2013 por 13.694 entidades de las cuales 8.116 eran ayuntamientos. El conjunto del sector manejó un presupuesto de más de


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50.000 millones y el 78% del gasto fue gestionado por los ayuntamientos. El Grupo Parlamentario Ciudadanos está muy preocupado por racionalizar nuestra organización territorial y así lo recogimos con el Grupo Parlamentario Socialista en esas reformas. Además, el tema de las diputaciones provinciales es un asunto que está en debate pero en el que no vamos a entrar ahora, por supuesto, porque además dos terceras partes del gasto se asignan a gastos de personal. De todas formas, las incidencias encontradas en el análisis de coherencia de cuentas remitidas ganan por goleada en los cabildos y las diputaciones provinciales. Aquí le quería preguntar si existe alguna razón objetiva que pueda explicar esa diferencia en la coherencia de las cuentas remitidas por las diputaciones. Creemos que la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, se ha quedado corta, ha sido poco ambiciosa. Evidentemente ha obtenido algún ahorro, pero yo creo que hay que trabajar más por esa vía, hay que seguir trabajando por ese camino.

La crisis económica y financiera que estalló en 2009 en nuestro país desde luego ha impuesto un importante ajuste presupuestario en todos los niveles, además con incumplimiento continuado del déficit. Los informes que tenemos aquí presentados reflejan, como es el caso del informe sobre Teruel, un escenario de descontrol presupuestario que pensamos que es inaceptable. Yo creo que además deberíamos insistir en la recomendación número 9 que hace de la organización del sector público en su informe sobre el sector local de 2013, que incluye la disolución de mancomunidades que no estén desarrollando una actividad. Parece razonable que se cierren si no desarrollan una actividad, pero me gustaría pedirle su opinión sobre si esas entidades consumían recursos incluso aunque no estuviesen desarrollando esa actividad.

Para terminar, por supuesto, quería dar las gracias al señor presidente del Tribunal de Cuentas, a su equipo de trabajo y a todos los parlamentarios que han estado en esta Comisión. Desde luego, deseo volver a encontrarnos pronto en una nueva legislatura donde los grupos parlamentario sean conscientes de la voluntad de acuerdos y de reformas para España.

Muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ten.

Por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Bosaho.

La señora BOSAHO GORI: Gracias, señor presidente.

Más allá de la relación de irregularidades que se han manifestado en esta sala debido a la cantidad de informes que hemos ido viendo y trabajando, voy a centrarme justamente en el informe sobre gastos de entidades locales. Voy a hacerlo de una manera general, porque a nivel específico casi todos los grupos que están presentes en la sala se han referido a todos los aspectos reseñables que hemos venido analizando esta tarde.

En el informe se observa que el 20% de las entidades que recibieron financiación, según el Plan de pago a proveedores para la cancelación de deudas de las corporaciones locales, en septiembre de 2013 aún no habían hecho la correspondiente rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas, ni siquiera los órganos autonómicos correspondientes. Esta observación viene a colación por los acuerdos del 25 de noviembre de 2014, aprobados por esta misma Comisión mixta.

En relación con el informe de fiscalización del sector público local del ejercicio de 2012, en su punto 2 se hablaba de instar a que se estudiase la posibilidad de homogeneizar los plazos de rendición de cuentas de las entidades locales mediante las oportunas reformas legislativas que establezcan plazos de rendición de cuentas uniformes en todo el territorio nacional. En el punto 3 de la misma resolución se acordaba analizar la conveniencia de promover las reformas legales oportunas para que la rendición de cuentas fuera considerada requisito indispensable para el acceso por las entidades locales y sus entes dependientes a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas y a la percepción de su participación en los tributos de otras administraciones e instar al Gobierno a ello.

Finalmente, quería hacerle una pregunta: ¿qué mecanismos se prevén para instar a cumplir con los plazos requeridos a aquellas entidades que todavía no rinden sus cuentas?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bosaho.

Por el Grupo Socialista, el señor Hurtado.


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El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.

En nombre del Grupo Socialista quisiera agradecer la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas y trasladar ese agradecimiento a todos los trabajadores y empleados públicos, hombres y mujeres, que hacen una labor de fiscalización externa encomiable. Son muchos los expedientes pendientes a estudiar por esta Comisión, y eso significa que la elaboración de esos informes va bastante por delante del trabajo que se desarrolla en el Parlamento, claramente mejorable. Por tanto, les felicito en nombre de mi grupo parlamentario por el trabajo que desarrollan.

También quisiera trasladar un sentimiento de frustración ante una legislatura fallida, la primera legislatura fallida en toda la historia democrática de España. Espero que todos saquemos conclusiones y que esto no se vuelva a repetir. Pero en esta legislatura que ha sido tan breve ha habido un acuerdo, uno de los pocos que ha tenido un respaldo importante en la Cámara, y ha sido la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Es una ley que se aprobó justo al final del año 2013, y hoy viene aquí un informe que creo se debía haber tenido en consideración antes de elaborar esa ley que ha significado una reducción radical del esfuerzo inversor que venían haciendo los ayuntamientos y una pérdida de capacidad para desarrollar políticas sociales, políticas de igualdad. En este informe del sector público local de 2013 se hace...

El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, por favor, ajústese al informe de fiscalización que nos ocupa.

El señor HURTADO ZURERA: Señor presidente, sé que me estoy ajustando a lo que corresponde, si no, no lo estaría diciendo.

En este informe, que justamente se refiere al estado de la Administración local en 2013, se pone de manifiesto que estamos ante un sector público local que gestiona el 5% del PIB, 50.000 millones de euros, que tiene un remanente de tesorería positivo de 16.000 millones de euros, es decir, claramente superávit, que tiene un resultado económico financiero de 5.700 millones de euros y que tiene un escaso nivel de endeudamiento. Eso lo dice el informe del Tribunal de Cuentas. Evidentemente, eso está en contradicción con el corsé que se ha puesto, a través de esa ley, a los ayuntamientos. En el informe de fiscalización que hoy se trae aquí se pone de manifiesto que el problema de los ayuntamientos son otros bien distintos y que justamente no se abordan en esa ley. En estos expedientes se habla de un problema respecto a la rendición de cuentas; es más, yo diría que a la presentación de los presupuestos. Se da un dato, y es que el 78% de la Administración local tiene sus presupuestos prorrogados -y eso pone de manifiesto que no se presentan a tiempo- y que no rinden las cuentas, solo un 64% las rinde conforme a lo establecido. Se hacen una serie de recomendaciones que no se abordan en esta ley. Se habla de homogeneizar la legislación, la normativa, de reducir el plazo de presentación, incluso de supeditar los programas de ayudas y subvenciones a la rendición de estas cuentas. Somos partidarios, pero la merma de posibilidad de utilizar los superávits de la Administración local para crear empleo, bienestar y dotar de recursos administrativos a los propios ayuntamientos, que en la gran mayoría, como indican esos datos, tienen superávit, no ayuda a abordar este problema que pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas. También se habla de un segundo problema: los gastos sin crédito o sin aplicaciones presupuestarias. El propio Tribunal de Cuentas dice que hay que ser mucho más riguroso en la regulación de estos expedientes extrajudiciales de reconocimiento de gastos. Incluso habla de exigir responsabilidades. Esta ley tampoco lo aborda y creemos que la merma de recursos humanos y materiales en la Administración local no va en consonancia con estas recomendaciones.

También se habla de la incidencia en la ejecución de los contratos. Voy a detenerme un momento en esto, porque es muy significativo y me encanta la conclusión que saca el Tribunal de Cuentas. Normalmente, los incumplimientos de los contratos de las administraciones locales, sobre todo de obras, se les atribuye a los incumplimientos de la empresa adjudicataria. El tribunal concluye que muchas de las causas de esos incumplimientos derivan de las fases de tramitación y preparación de esos contratos. Es decir, para garantizar un mejor cumplimiento de los contratos de obra de las administraciones locales es necesario mejorar y fortalecer sustancialmente los contratos de administración y, sobre todo, las unidades administrativas de contratación, porque los incumplimientos son, sobre todo, de plazos, pero también con modificados, muchos modificados, cuando realmente no atienden a nuevas necesidades que fuesen desconocidas a la hora de adjudicar.

Por último, se habla también de un cuarto problema, que es el tema de la intervención, el control interno por parte de los ayuntamientos, muchos de ellos con nula dotación y en los que la función de fiscalización interna la desempeña personal funcionario probablemente con capacidad claramente


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mejorable para dicha ocupación. Se habla de la necesidad de abordar la agrupación de municipios para el desempeño de la función fiscalizadora e interventora, así como de tratar que las dotaciones de estos recursos humanos sean mejores y más conforme a derecho, tanto las interinidades como los puestos accidentales. Esto tampoco va en consonancia con lo que esa Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local ha querido crear, ya que son unos modelos de ayuntamientos muy mermados en el ámbito de sus competencias y también de sus medios materiales y humanos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hurtado.

Por el Grupo Parlamentario Popular se van a dividir la intervención entre el señor Fernández González y el señor Suárez Lamata. En primer lugar, tiene la palabra el señor Suárez Lamata.

El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por estar aquí en esta sesión titánica en donde, al final, usted es el que más se va a cansar después del compendio de informes que ha tenido que hacer. En cualquier caso, se demuestra que el tribunal trabaja, frente a aquellos que cuestionan su trabajo -en la anterior legislatura sucedió-, y buena prueba de ello son los casi cuarenta informes. Queda poco tiempo, pero sí quiero hacer algunas reflexiones más allá del informe, que no he encontrado, sobre la Ley de racionalización, siguiendo un poco la intervención de mi buen amigo, el señor Hurtado. En el informe del sector público, yo le preguntaría al señor presidente -porque al final los defectos se van reproduciendo, pero yo creo que se van produciendo mejoras- si, desde su punto de vista, se aprecian mejoras en la gestión, si avanzan las entidades locales respecto de las recomendaciones. Hay otra cuestión que también me resulta curiosa, al hilo de la intervención del portavoz de Ciudadanos en esa obsesión por acabar con las diputaciones provinciales. En el informe del sector público local, en la página 128, el propio tribunal habla -y yo no le voy a poner en un brete, señor presidente- de intensificar el apoyo efectivo de las diputaciones provinciales a los servicios de asistencia. A mí me da la sensación de que el propio tribunal comparte lo que es de puro sentido común, que gracias a las diputaciones provinciales las entidades que no tienen recursos y los propios ayuntamientos pueden sobrevivir.

Con respecto al informe de contratación de las entidades locales, es verdad, coincido, sin que sirva de precedente, con el señor Hurtado en que en el problema de las resoluciones ustedes ya llevan mucho tiempo sugiriendo que hay que regular la resolución del contrato. Le formulo una pregunta. ¿Considera usted que la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local ha obligado a los ayuntamientos al final a mejorar el plazo de rendición de cuentas, sobre todo la rendición de estas? Ya de paso me gustaría saber, si puede explicarlo -esto es como una anécdota-, por qué los ayuntamientos andaluces tardan bastante más en rendir cuentas que, por ejemplo, los madrileños o los castellano-leoneses. No sé si tendrá mucho que ver con quién dirige la comunidad autónoma o si son cosas ya instauradas en el tiempo.

Hay una cosa que me interesa bastante. Se hablaba de la provisión de puestos de trabajo y de la intervención. El representante de Esquerra hablaba de escasa formación, también lo ha inducido el señor Hurtado. Le hago una formulación. ¿Si les pagara el Estado a esos mismos funcionarios, a los que se deja aquí entrever -ya sabe que me afecta y, como me afecta, evidentemente me enciendo-, igual que la Intervención General de la Administración del Estado, un sueldo independiente, considera usted que mejoraría sustancialmente la fiscalización, aunque eso supusiera que muchos alcaldes se iban casi a tirar por la ventana cuando el interventor les dijera que no se podían hacer determinadas cuestiones? Porque siempre planea la duda de que el funcionario está poco capacitado, de que no hay recursos, y muchas veces la presión de quien paga es lo que realmente hace que al final se haga lo que no se debe.

Quiero plantear solo dos cuestiones más porque si no el señor presidente me llamará la atención. Yo venía de otra Comisión en la que el portavoz del Grupo Socialista me ha hecho gracia. Decía que hay distintas formas de gestionar y, efectivamente, señor Hurtado, las hay. Aquí ha habido dos ayuntamientos hoy gobernados por el Partido Popular, Murcia y Logroño, y hay otro que no, el de Teruel. Tengo aquí al alcalde y casi me da rubor. (El señor Blasco Marqués: Al posterior alcalde). Sí, al posterior alcalde. (Risas). Recibió una herencia que no se puede usted imaginar, pero no voy a entrar en la herencia, voy a entrar en la filosofía de lo que usted decía -y se lo pregunto a usted, señor presidente, no quiero debatir con el señor Hurtado-, porque detrás de la filosofía del Partido Socialista está que los presupuestos se hacen de la siguiente forma, primero los gastos y, cuando tengo cuadrados los gastos, inflo los ingresos, y el remanente de tesorería negativo, que lo aguante el que venga, que es lo que viene a decir el informe


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del Ayuntamiento de Teruel, que créanme que es un auténtico despropósito -y se lo pregunto al señor presidente- (Una señora diputada: ¡Anda que el de Madrid!), hasta el extremo de que cuando Zapatero congela los sueldos, en el Ayuntamiento de Teruel se les ocurrió, así, al margen de la ley, un complemento que llamaban para compensar el IPC, y se pagaron las congelaciones y disminuciones de sueldos con ese complemento, al margen de incrementar la deuda al cien por cien.

Quiero acabar. Señor Hurtado, o usted es nuevo en esta Comisión o no ha querido oír, pero el señor presidente acaba de hacer un esfuerzo tremendo. Usted no puede venir aquí a decir que la Comisión del Tribunal de Cuentas no ha funcionado. En las legislaturas que gobernó el Partido Socialista hubo 113 expedientes en la IX y 131 en la VIII. En la legislatura anterior hemos visto aquí 244 informes. Reconozca el trabajo de todos los compañeros -no ya el mío- y el de los suyos.

En cuanto a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, señor Hurtado, debajo de su filosofía siempre está lo mismo: gastar sin tener recursos, y eso ya sabemos a que nos lleva.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.

Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para contestar.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

En primer lugar, en cuanto a la petición de información relativa a qué es lo que hace el tribunal ante los incumplimientos de rendición de cuentas, me gustaría indicar que el tribunal ha aplicado en el pasado multas coercitivas que tienen el carácter de instar el cambio de la actitud de no rendición. Entre los años 2007 y 2011 se tramitaron aproximadamente 200 multas coercitivas. Estas multas coercitivas van dirigidas contra el patrimonio personal del cuentadante incumplidor y no son de una cuantía muy elevada porque están fijadas por ley hace más de treinta años. Las cuantías de las multas oscilan, creo recordar, entre los 60 y 900 euros, pero en todo caso pueden reiterarse tantas veces como sean necesarias. Lo que es indudable es que la aplicación de estas multas coercitivas por parte del tribunal supuso un grandísimo impacto en el mundo local y llevó aparejada una modificación muy notable en los índices de rendición de las entidades locales.

Más que las multas coercitivas que aplicó el tribunal después de procedimientos contradictorios y con audiencia de los interesados, lo que verdaderamente ha modificado y creo que ha cambiado el panorama del mundo local en estos diez últimos años han sido dos instrumentos: por una parte, los planes anuales de rendiciones de cuentas que realiza el tribunal, que vienen a estar encima de cada uno de los ayuntamientos reclamando la rendición de cuentas, instando a que si hay algún problema se pueda resolver, y, por otra parte, el instrumento fundamental que es la plataforma telemática de rendición de cuentas, que permite a todas las entidades locales rendir bien al OCEX o al tribunal -en todo caso, compartimos mediante una plataforma común la información- las cuentas por esta vía telemática. Existen además procedimientos de auxilio y de ayuda para que esa rendición de cuentas telemática esté tutelada por funcionarios que acaban facilitando la labor de que efectivamente las cuentas se puedan rendir.

Usted me ha preguntado por algo también muy importante, en el sentido de que había que darle a esto una visión de cara al ciudadano. Lo hemos hecho. Es decir, la plataforma de rendición de cuentas tiene un doble canal de gestión: a la propia plataforma de rendición de cuentas accedemos los usuarios directos, es decir, Tribunal de Cuentas, los OCEX y las entidades que rinden para poder intercambiar la información, y existe una réplica de esta plataforma de rendición de cuentas que se constituye en el portal del ciudadano. Cualquier ciudadano puede acceder a cualquier cuenta de una entidad local española y revisar el conjunto de estados financieros, de documentación y de información adicional que tiene que rendir. La antigua Ley de Régimen Local -y la nueva dice lo mismo- establecía el plazo de exposición pública de las cuentas por un periodo determinado para que cualquier vecino pudiera ver la gestión municipal. Pues bien, en estos momentos este plazo está extendido a los 365 días del año. Cualquier persona puede ver la rendición de cuentas de las entidades locales, de su propio ayuntamiento, y tener esa información entrando por supuesto gratuitamente en el portal del ciudadano.

En relación con preguntas que se me han formulado respecto a la rendición de cuentas, quería indicar que este informe hace referencia a los planes de los ejercicios que fueron fiscalizados, y el dato de la rendición de cuentas correspondiente a 2011 es el 92,56%; el de 2012, el 94,72%, y el de 2013, el 93,86%. El de 2014 es algo más bajo, solo el 85,39%, porque todavía no han transcurrido los seis meses desde la fecha de rendición, que es el plazo que nosotros otorgamos para realizar nuestro informe y remitirlo a esta Cámara con los datos de rendición de cuentas.


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La acción conjunta de las medidas legales que se han adoptado en las diferentes comunidades autónomas y también a nivel estatal para vincular la rendición de cuentas con la percepción de subvenciones o de financiación pública, juntamente con estas medidas de potenciar los planes de rendición de cuentas y la propia plataforma, han supuesto una verdadera revolución en el ámbito local. Hace diez años a mí me correspondió llevar la gestión en el Tribunal de Cuentas de las entidades locales y era descorazonador comprobar que existían unos índices de rendición no presentables, porque, con carácter general, las cuentas no se rendían y no pasaba nada. Creo que esto ha cambiado, pero sí es cierto que en el informe se dice algo sobre lo que en parte tiene razón el señor Hurtado cuando dice que esta realidad es superior a la de la rendición de cuentas. El problema de la gestión local no es solo llevar las cuentas al día, sino gestionar el ayuntamiento al día. Normalmente los presupuestos se aprueban tarde, los informes dicen que la mayor parte de los ayuntamientos aprueban sus presupuestos muchas veces en octubre o en diciembre del año en curso, con lo cual es un instrumento que no sirve para la gestión corriente y únicamente se utiliza como una formalidad. Me estoy refiriendo por supuesto a muchos ayuntamientos que son pequeños y que no tienen una verdadera infraestructura administrativa de gestión que les permita cumplir con todas las obligaciones que la gestión pública requiere. Muchas veces los interventores y los funcionarios que llevan a cabo estas tareas se encuentran sobrepasados y con dificultades para poder cumplir con las obligaciones que establece la ley. No solo es un problema de rendición de cuentas, es un problema de que los ayuntamientos requieren medios de administración corriente que les permitan estar bien gestionados. En este sentido he de decir que, es cierto, las diputaciones provinciales durante estos años han prestado servicios inestimables a los ayuntamientos ayudándoles a rendir cuentas. Yo conozco relativamente bien la Diputación de Palencia y sé que cada año ayuda en torno a 100 o 150 ayuntamientos a que puedan rendir cuentas. Eso lo hacen las diputaciones como un servicio que les da sentido y significado en la medida que prestan servicios para un conjunto de administraciones que requieren de ese auxilio superior.

Quiero indicar que el conjunto de informes del sector público local que les presento tienen una característica que creo que es importante, porque el tribunal puede hacer 60 o 70 informes al año, pero una buena muestra del trabajo que llevan detrás estos informes son precisamente los informes de entidades locales, cada uno de los cuales supone la fiscalización y la revisión de un conjunto que oscila entre 70, 100, 150 y muchas veces hasta 900 entidades locales, como alguno de los que les he presentado a ustedes en el día de hoy. Esto quiere decir que es un trabajo muy completo de un tipo de fiscalización que nosotros denominamos fiscalización horizontal y que produce unos efectos muy positivos en la medida que llevan a cabo una labor que cala en el conjunto de las administraciones para que estén bien gestionadas y rindan. He de decir que indudablemente la Administración local ha hecho un esfuerzo en los últimos años para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, pues es la única Administración que se encuentra en ausencia de déficit y que incluso tiene el 0,44% de superávit del producto interior bruto. Creo que es algo que debe ser especialmente reseñable.

En cuanto a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, no voy a entrar a valorar si es buena o mala. Lo siento, señor Suárez, no es mi función; es la suya. A ustedes les corresponde entrar en pugna para saber qué es mejor y qué es peor, y lo que nosotros haremos siempre será utilizar los instrumentos que el propio Parlamento nos da para ejercer nuestra función. Pero sí he de decir que dicha ley establecía -lo digo por si hay alguna norma que en el futuro pueda sustituirlo- una obligación, que era remitir al Tribunal de Cuentas la información sobre acuerdos contrarios a los reparos de los interventores y anomalías en materia de ingresos. Esta es una muy buena medida, porque significa vincular el control interno de las administraciones locales -que muchas veces se realiza en situaciones muy difíciles, como bien ha dicho el señor Suárez- con el control externo, en la medida en que en relación con aquellos acuerdos que las corporaciones hayan adoptado en contra de los reparos formulados por los interventores, si llegan al Tribunal de Cuentas, va a permitir que nosotros, como control externo, podamos ejercer la fiscalización y el control real sobre situaciones que pueden haberse desarrollado con irregularidad.

Termino, presidente, agradeciendo por supuesto las felicitaciones y agradecimientos que he recibido en esta Comisión y deseándoles a todos lógicamente mucha ventura en el futuro que tienen por delante.

Muchas gracias. (El señor Hurtado Zurera pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, presidente.

Don Antonio Hurtado.


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El señor HURTADO ZURERA: Gracias.

Como es la última intervención, quería agradecer el talante del presidente de esta Comisión. Creo que es reseñable.

Se ha hecho una mención por parte del señor Suárez. No habría pedido esta intervención si hubiese defendido la gestión en un ayuntamiento en concreto, que era el objeto del expediente de fiscalización, pero el señor Suárez ha querido hacerlo extensible a todos los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Entonces le tengo que hacer un recordatorio y es que hay ayuntamientos sobre los que no pueden ustedes sacar pecho, llámese Granada -andaluz-, llámese Valencia, con Rita Barberá, o llámese Madrid, con Ruiz-Gallardón. No saquen ustedes pecho. Defiendan lo defendible, pero no defiendan lo indefendible.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, en general me alegro de la visión tan positiva que el portavoz socialista manifestó en la anterior intervención acerca de las cuentas del sector público local, porque desde luego en esa visión positiva de las cuentas locales muchísimo ha tenido que ver la Ley de reforma del año 2013 que regula la racionalización y modernización del sector público local. Esas cuentas que hoy son tan positivas seguramente no lo hubieran sido tanto sin una ley que resultó tremendamente eficaz y eficiente, aunque resulta que luego desde el Partido Socialista se pide su derogación.

En cualquier caso, quería terminar reiterando la felicitación al Tribunal de Cuentas y a su presidente. Con carácter general se han hecho muchas felicitaciones muy merecidas, pero yo quisiera felicitar especialmente al Tribunal de Cuentas por su labor para dar cumplimiento a lo que es el objeto de uno de los informes, que es promover en el ámbito local la rendición de cuentas. Los resultados que se recogen en el informe y que no son fruto de la casualidad, sino que se obtienen con la implantación de la plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales y con el desarrollo de planes de actuación del Tribunal de Cuentas, son ciertamente espectaculares. En pocos años se ha pasado, de una situación en la que existía la percepción generalizada de que el rendimiento y el control de las cuentas de las entidades locales era algo aleatorio, a que ahora sin embargo estemos en una situación en la que se percibe que es un control absolutamente generalizado, tanto del rendimiento como de las cuentas de las entidades locales por parte del Tribunal de Cuentas. Este informe a mi juicio invita en líneas generales al optimismo en relación con esta cuestión, lo que estoy convencido de que se va a ver reforzado si se atiende a las acertadísimas recomendaciones que el Tribunal de Cuentas recoge en su informe, y por ello una vez más felicito al Tribunal de Cuentas y a su presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Ahora sí quiero tomar la palabra para cerrar el orden del día de la Comisión. Yo también me quiero unir al agradecimiento hacia la persona del presidente del Tribunal de Cuentas, cuya comprensión ha sido muy importante para poder desarrollar esta sesión y también para estructurar el contenido tan amplio que tenía este orden del día, que hubiera servido para avanzar en la descongestión de asuntos pendientes si la legislatura no hubiera sido fallida. Por cierto, comparto al cien por cien -es un punto de coincidencia entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular- lo de legislatura fallida, porque espero que no vaya a perjudicar los intereses generales del país, que es la principal preocupación que tenemos desde el Grupo Popular. Estoy seguro de que el Grupo Socialista y los demás grupos presentes en la Cámara también comparten esta inquietud.

Me complace mucho haber podido escuchar cómo todos los grupos que han intervenido han destacado la importante labor que realiza el Tribunal de Cuentas como órgano fiscalizador máximo - presidente, me corrige- de la Administración pública. Esta labor que hace el Tribunal de Cuentas es una labor oscura. Cuando la opinión pública demanda transparencia tenemos que hacer un esfuerzo desde aquí, no solo desde el tribunal, sino sobre todo desde el ámbito parlamentario, para que se conozca que la labor de fiscalización externa que hace el Tribunal de Cuentas es muy antigua en el devenir de la historia de la democracia española, no es nada nuevo. La fiscalización existe antes de las voces que demandan una transparencia y una inmediatez, y el rigor y el conocimiento por parte de los


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representantes de la soberanía popular -ahora corrijo, ya no lo llamo junta general de accionistas, digo los representantes de la soberanía popular- son de todos conocidos desde hace mucho tiempo.

También me complace haber podido escuchar cómo en la legislatura pasada, en los últimos años, el Tribunal de Cuentas ha hecho un esfuerzo muy grande por agilizar la tramitación de informes de fiscalización, como también las Cortes Generales, la Comisión Mixta Congreso-Senado, a la que yo no pertenecía. Por tanto, solo rindo homenaje a quienes han hecho un esfuerzo para tramitar esos más de 240 expedientes o informes de fiscalización que se tramitaron en la legislatura pasada.

No sé cuál será el destino ni en qué comisión acabaremos en la Legislatura XII. Espero que todos los que estamos en la sala nos veamos las caras en esa legislatura, pero creo que es muy importante que los que tienen en vena el interés por la fiscalización y por el trabajo de esta Comisión y del Tribunal de Cuentas se acuerden -aquí se ha comentado- del amplísimo campo que existe siendo miembro de esta Comisión, miembro de las Cortes Generales, tanto para el seguimiento de las resoluciones y recomendaciones del tribunal a través de iniciativas políticas de distinto nivel como para hacer propuestas de fiscalización al tribunal. Tenemos la facultad las Cámaras -esta es una Comisión mixta- de estimular, impulsar y divulgar lo que se está haciendo para el control de los recursos públicos, que es el objetivo fundamental no solamente del Tribunal de Cuentas y de la Comisión mixta, sino que también es el origen de todo el sistema parlamentario tal y como se entiende en democracia.

Por último, agradezco mucho la colaboración que he recibido. Era la primera vez que presidía una comisión, a pesar de ser muy viejo en esta plaza, y agradezco a todos los portavoces y a los miembros de la Mesa la colaboración recibida. Solamente diré, para que conste en el "Diario de Sesiones", que ha sido un honor ser presidente de esta Comisión aun cuando la legislatura haya sido tan corta.

Muchas gracias. (Aplausos).

Se levanta la sesión.

Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.

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