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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 6, de 05/04/2016
cve: DSCD-11-PL-6
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 6
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PATXI LÓPEZ ÁLVAREZ
Sesión plenaria núm. 6
celebrada el martes,
5 de abril de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía:

- Propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 6-1, de 9 de febrero de 2016. (Número de expediente 127/000001) ... (Página4)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Orgánica). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 8-1, de 10 de febrero de 2016. (Número de expediente 122/000001) ... (Página19)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la revisión del Plan hidrológico de la cuenca del Ebro. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 15, de 16 de febrero de 2016. (Número de expediente 162/000065) ... (Página36)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), sobre el incremento del salario mínimo interprofesional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 37, de 18 de marzo de 2016. (Número de expediente 162/000140) ... (Página43)

Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. (Votación) ... (Página53)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página53)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página53)

Corrección de error ... (Página54)


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SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

La Presidencia anuncia que las votaciones no se realizarán antes de las ocho de la tarde.

Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía ... (Página4)

Propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana ... (Página4)

Los señores Ferri Fayos, del Grupo Parlamentario Compromís; Mata Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bellver Casaña, del Grupo Parlamentario Popular, representantes de Les Corts Valencianes, presentan a la Cámara la propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto, y Homs Molist, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat); las señoras Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Ballester Muñoz, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea; y los señores López Milla, del Grupo Parlamentario Socialista, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página19)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Orgánica) ... (Página19)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, los señores Martínez Oblanca y Salvador Armendáriz, y las señoras Enbeita Maguregi, Sánchez Maroto y Sorlí Fresquet, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Postius Terrado, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat); Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y las señoras Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página36)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro ... (Página36)

Defiende la proposición no de ley el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Alonso Cantorné, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Eritja Ciuró.

Del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), sobre el incremento del salario mínimo interprofesional ... (Página43)

Defiende la proposición no de ley el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Del Campo Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea; Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Asian González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Beitialarrangoitia Lizarralde y Sánchez Maroto, y el señor Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Campuzano i Canadés.

Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía. (Votación) ... (Página53)

Sometida a votación la propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, se aprueba por 290 votos a favor y 44 abstenciones.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) .... (Página53)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Orgánica), se aprueba por 186 votos a favor, 112 en contra y 41 abstenciones.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página53)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), se rechaza por 90 votos a favor, 159 en contra y 90 abstenciones.


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Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), sobre el incremento del salario mínimo interprofesional, se aprueba por 339 votos a favor.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenas tardes.

Quiero anunciarles que, siguiendo la práctica habitual de otras sesiones, vamos a agrupar todas las votaciones del día y les comunico que esa votación se realizará, según cálculos aproximados, no antes de las ocho de la tarde.

DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA:

- PROPUESTA DE REFORMA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 127/000001).

El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el punto primero del orden del día, relativo al debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía y en este caso se tramitará la propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Por ello, nos acompañan tres representantes de Les Corts Valencianes que integran la delegación que defenderá la propuesta y a quienes doy la bienvenida en nombre de la Cámara.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra, en primer lugar y por cinco minutos, según lo fijado en la Junta de Portavoces de esta mañana, el señor Ferri Fayos.

El señor REPRESENTANTE DE LES CORTS VALENCIANES (Ferri Fayos): Moltes gràcies, senyor president.

Membres del Consell, companys y companyes de Les Corts Valencianes, senyories, hace exactamente seis meses y diecisiete días que los representantes de Les Corts estuvimos aquí exigiendo el reconocimiento de la enorme injusticia que sufrimos los valencianos en cuanto a inversiones. Si pidiera que levantaran la mano los que no eran diputados o diputadas en aquel momento, lo harían la mayoría. La ciudadanía ha decidido renovar a los representantes y dar entrada a caras y discursos nuevos. Si pidiera que levantaran la mano los que sí eran diputados en aquel momento pero prefirieron el refrigerio en el bar Manolo en vez de debatir sobre la vida de los valencianos, también lo haría alguno. El señor Rajoy, que hoy nos vuelve a honrar con su ausencia, sería uno de ellos. Que los representantes de Les Corts habláramos ante un hemiciclo casi vacío fue un símbolo perfecto de lo que nos pasa a los valencianos cuando venimos aquí a reclamar lo que creemos que es de justicia. Uno acaba con la sensación de que no importan los argumentos políticos, no importa si venimos todos los partidos unidos con un mismo objetivo. Vengamos con los argumentos que vengamos, nuestros problemas chocan con la indiferencia de los que realmente mandan. Esta indiferencia no nos castiga a nosotros, a los que venimos aquí, sino a los 5 millones de valencianos y valencianas que en estos momentos están sufriendo retrasos en cercanías, los puntos negros en las carreteras, los trayectos interminables e inacabados de nuestros trenes. Señorías, no podemos permitir que su indiferencia sea el peso muerto de nuestra historia. Esa es una historia que no estamos dispuestos a repetir.

La realidad es que seis meses y diecisiete días después volvemos a este Congreso porque aún no se ha tramitado la reforma del Estatuto valenciano aprobada en 2011, cinco años de bloqueo que ejemplifican muy bien la sensación que tenemos los valencianos y las valencianas ante el trato que hemos recibido de los Gobiernos centrales. Somos 5 millones de personas que asistimos indignadas a cómo desde diferentes Gobiernos nos han desatendido, se han menospreciado nuestros problemas, se han ignorado nuestras preocupaciones y se han bloqueado nuestros proyectos. En definitiva, 5 millones de personas que hemos visto cómo nuestros sueños e ilusiones chocaban contra la dura realidad de los Presupuestos Generales del Estado. Las cifras dejan claro que presupuesto tras presupuesto se invierte en nuestro territorio un porcentaje menor que la población que vive en él. ¿No eran más importantes las personas que los territorios? Como ya les dije, no olviden en ningún momento que los valencianos todavía somos personas. Esta discriminación ha sucedido de forma sistemática, una situación injusta en la que llueve sobre mojado porque a la marginación en las inversiones se le suma la infrafinanciación; una auténtica anomalía según


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la cual somos el único territorio pobre que en vez de recibir fondos los aporta. A ello se suma también una deuda histórica acumulada desde 2002, que ya rondaría los 16.000 millones, fondos que nunca llegaron para nuestra educación y nuestra sanidad.

Desde que subimos aquí en septiembre de 2015 han cambiado muchas más cosas que las caras de sus señorías. En octubre, todos los grupos políticos valencianos llegamos a un acuerdo en nuestro Parlamento para reclamar tres cosas que parecen de sentido común: una revisión inmediata del sistema de financiación, el pago de los déficits acumulados a nuestro territorio y cifrados en al menos 13.000 millones -para entendernos, la deuda histórica- e inversiones que compensen la infrainversión de los últimos años. Compromís, Partido Socialista, Partido Popular, Podemos y Ciudadanos firmamos estas reivindicaciones; contamos también con el apoyo de la sociedad civil valenciana, patronal, representantes de los trabajadores y trabajadoras, universidades, asociaciones, entidades de todo tipo. Necesitamos que hoy esa unanimidad se traslade al Congreso y, sobre todo, necesitamos que esas reivindicaciones se transformen en hechos. Señorías, necesitamos un Gobierno que cumpla con los valencianos y eso quiere decir que necesitamos un Gobierno, sí, pero sobre todo quiere decir tener un Gobierno que sea aliado de nuestras reivindicaciones, que en su programa incluya todas y cada una de las reivindicaciones que hemos firmado todos los grupos del Parlamento valenciano. Les decía en septiembre que la paciencia de los valencianos había llegado a su límite y hoy, en este Congreso, una fuerza valencianista como Compromís ha multiplicado por cuatro su presencia. Nuestro discurso es sencillo, sin trampa ni cartón: los valencianos merecemos vivir mejor y nos dejaremos la piel para conseguirlo. No pedimos ni privilegios ni trato de favor, únicamente que no nos traten como ciudadanos de segunda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ferri.

Tiene la palabra el señor Mata Gómez.

El señor REPRESENTANTE DE LES CORTS VALENCIANES (Mata Gómez): Gracias, señor presidente.

Señorías, presidente de Les Corts, presidente del Gobierno, vicepresidenta, miembros del Consell, es desde luego una satisfacción ver el hemiciclo lleno, porque hace apenas unos meses no había ni una cincuentena de diputados para debatir una de las cuestiones más importantes para nuestro pueblo, para el pueblo valenciano. Es significativo que no haya ningún miembro del Gobierno y, a lo mejor, hay razones para ello porque cuesta mucho entender que estemos en una comunidad que les consta que está infrafinanciada, que les consta que tiene un déficit de infraestructuras sistemático, que les consta que estamos en una policrisis que nos puede llevar a una policatástrofe, porque nuestros pensionistas cobran menos pensión que la media nacional, porque el PIB per cápita de nuestra comunidad está hoy a trece puntos de la media nacional cuando hace apenas veinte años, en los que gobernaba el Partido Popular, estaba en la media nacional. Estamos en una comunidad que cada día se levanta pensando en cómo puede pagar una deuda que es sistémica. Hay 40.000 millones de euros, 8.000 euros por cada uno de los valencianos y valencianas, que se consideran impagables, pero cuando intentamos ordenar esa situación nos encontramos con que el Gobierno de España recurre el decreto que elimina el copago farmacéutico, nos encontramos con que el Gobierno de España recurre la universalización de la sanidad, y sigue habiendo piedras y piedras en el camino. La última que nos han hecho es que, porque algunos dirigentes del Partido Popular mintieron a la Unión Europea, falsearon las cifras del déficit y metieron facturas en los cajones, hay una factura que quieren cargar sobre nuestras espaldas de 19 millones de euros.

Nosotros, señorías, hemos cambiado no solo desde hacía dos meses, cuando comparecimos, en que había un Gobierno a la valenciana y valenciano y con valencianistas y muy valenciano, sino que hemos cambiado porque sabemos qué necesita la gente para poder cambiarla. Nosotros, señorías, venimos de una tierra en que uno de los portavoces que tenía que haber comparecido aquí hace unos años, cuando se tramitaba esta iniciativa, está hoy en prisión y parece que está firmando algún acuerdo con la fiscalía. Venimos de una comunidad y de un país que cada día tiene que ver cómo en programas de humor, cómo en los telediarios se nos vilipendia y creemos que ha llegado el momento de que esta Cámara tiene que darnos una igualdad, una igualdad con el resto de españolas y españoles, no igualdad de oportunidades porque la mayor igualdad de oportunidades es nacer, igualdad para tener las mismas posibilidades en los puertos, en las carreteras, en las infraestructuras. Es dramático que la segunda y la tercera capital de España necesiten tres horas y media para comunicarse en tren, la segunda y la tercera capital de España.


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Es dramático que estemos conectados con todo el mundo a través de nuestros puertos, pero no estemos conectados con Europa porque hay un juego perverso para pervertir y machacar el corredor mediterráneo.

Nosotros, señorías, necesitamos que se nos diga claramente que al ser españoles, al querer ser españoles, tenemos el mismo derecho a que se invierta per cápita lo mismo que en otras regiones. Y la política tiene la perversión de que nunca hay que decir jamás, nunca, porque el tiempo es muy largo y el bumerán de quienes recurrieron el Estatuto aragonés, el Estatuto catalán y el Estatuto andaluz, por cuestiones como esta y por otras, van a recibir el golpe del bumerán cuando les vuelva. Porque no queremos nada diferente a lo de los aragoneses y andaluces. Y sabemos que estamos ante una declaración formal, una declaración política, un compromiso político que no es exigible ante los tribunales. Nosotros ya dijimos la última vez que comparecimos aquí que la frase más valenciana es la paraula és l'home. Y yo añadí: i de la dona. Queremos la palabra del hombre y de la mujer de este Parlamento para poder seguir teniendo justicia para afrontar nuestro futuro.

Señorías, tienen el reto de formar un Gobierno; Gobierno que necesitamos todos los españoles. La última vez que estuvimos aquí solo hubo un grupo que se opuso a esta iniciativa, que no votó esta iniciativa, que fue UPyD, ya desaparecido del escenario político valenciano y ya desaparecido del escenario político español. Nosotros necesitamos un Gobierno; un Gobierno de progreso, porque quienes se están preguntando cada día por qué no encuentran a nadie con quién hablar, que llamen a cualquier valenciano y les dirán las razones por las cuales no se puede contar con ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mata.

Tiene la palabra el señor Bellver.

El señor REPRESENTANTE DE LES CORTS VALENCIANES (Bellver Casaña): Bona vesprada, señor presidente.

Molt honorable president de la Generalitat, excellent president de Les Corts, ilustre presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana y síndica portaveu del meu grup parlamentari, señorías, seis meses después regresamos a este hemiciclo a aprobar la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en su disposición adicional primera. Esta reforma estatutaria -no conviene olvidarlo- fue promovida por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana pensando exclusivamente en el interés general y a la que posteriormente se adhirieron el resto de grupos.

Terminaba mi anterior intervención en esta Cámara pidiéndoles su voto a favor de la Comunidad Valenciana y su voto a favor de España, porque es lo mismo: nosotros conjugamos con naturalidad la incardinación de nuestra tierra en la unidad del Estado. Y lo hacemos aun en estos tiempos en los que la palabra España está en franca retirada del lenguaje político nacional, cuando no en pública subasta. Señorías, hoy vengo como representante del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a pedirles su voto a favor del todo; de todos. Y lo hago convencido, como siempre lo hemos estado, de que no cabe otra opción si queremos seguir avanzando con alguna posibilidad de éxito, pero también alarmado por el deterioro que en los últimos seis meses hemos experimentado tanto en mi comunidad como en España.

Señorías, hoy los yoísmos, los personalismos y los nacionalismos trabajan de común acuerdo y con un único objetivo: que no se hable de nosotros. Que no se hable de todos. Pero desde mi comunidad no pensamos hacerlo. Se nos da mal rendirnos y mucho peor renunciar a nuestros sentimientos, en este caso renunciar a nuestra patria. Y es que, señorías, la Comunidad Valenciana con las reformas de su Estatuto de Autonomía no ha hecho otra cosa más que reafirmar, revitalizar y renovar el compromiso de los valencianos al tratar asuntos de Estado. Y lo hacemos desde el entendimiento. La primera reforma que se produjo de las que se llamaron de segunda generación fue la nuestra, y lo fue precisamente porque con la vía valenciana le demostrábamos a toda la sociedad que es posible abrir estos debates desde la coherencia y respetando el bloque constitucional, frente a otras propuestas que ya estaban surgiendo en aquellos momentos de corte claramente rupturista.

Desde el pasado 16 de septiembre, cuando ocupé esta tribuna, han ocurrido algunas cosas importantes y preocupantes que deben ser traídas a colación a este debate ante la presencia de nuevos actores políticos. Desde el Partido Popular hablamos de la vía valenciana a la hora de afrontar reformas estatutarias sin mácula constitucional. Mientras tanto, algunas de esas nuevas formaciones hoy hablan de Gobiernos a la valenciana. El tan cacareado Gobierno a la valenciana es un Gobierno presidido, que no dirigido, por el Partido Socialista, maniatado por el Grupo Parlamentario Podemos, y que no ha traído a nuestra tierra más que más déficit, más deuda y más impuestos. (Aplausos). Y lo que es peor, como estamos viendo


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en estos últimos tiempos, este Consell se ha convertido en un verdadero repelente de las inversiones en nuestra comunidad. Han conseguido, sin bajarse de sus coches oficiales, que en nuestra comunidad haya una auténtica fuga de inversiones. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor REPRESENTANTE DE LES CORTS VALENCIANES (Bellver Casaña): Gracias, presidente.

Tan es así, señorías, que hoy mismo hemos conocido que la Comunidad Valenciana lidera el descenso de los ingresos tributarios en febrero. Ese es el Gobierno a la valenciana del que hablan. Así pues, y siendo esta la realidad y no otra, nos preocupa tanto el desconocimiento como la manipulación, porque -un ejemplo más-, ¿qué creen que piensa un valenciano cuando oye decir al líder de otra nueva formación en esta Cámara que no estamos mal financiados, que no tenemos derecho a reclamar nuestra deuda histórica? Mire, señoría, no es que estemos mal financiados, es que somos la comunidad peor financiada de las diecisiete comunidades autónomas españolas. Y eso es así, señorías, debido a un sistema de financiación ruinoso: el de Rodríguez Zapatero (Protestas.-Aplausos), que ustedes impusieron con su aplauso, del que hoy reniegan sin ningún pudor, y lo que es peor, sin pedir siquiera disculpas.

Señorías, a pesar de lo que algunos pretenden hacer ver, la Comunidad Valenciana ni hoy ni ayer tuvo un problema de gastos; el problema que tiene es un problema de ingresos, como lo dicen todos los informes de los expertos... (El señor Campos Arteseros pronuncia palabras que no se perciben).

El señor PRESIDENTE: Señor Campos, por favor.

El señor REPRESENTANTE DE LES CORTS VALENCIANES (Bellver Casaña): ... tanto públicos como privados, el último de ellos conocido precisamente hace unos días. De hecho, somos la única comunidad autónoma que reúne tres características letales para nuestras cuentas públicas, para cualquier cuenta pública: siempre menor financiación que la media; siempre menor renta per cápita que la media, debido al millón de personas que tomaron la decisión de venir a vivir con nosotros a principios de este siglo; y siempre una inversión estatal por debajo de la media nacional. Por cierto, hablando de inversión y teniendo en cuenta estas tres características, fueron los consells del Partido Popular los que tuvieron que suplir las carencias de las inversiones del Estado destinando 16.600 millones de euros a infraestructuras sociales.

El señor PRESIDENTE: Señor Bellver, le ruego que vaya concluyendo.

El señor REPRESENTANTE DE LES CORTS VALENCIANES (Bellver Casaña): Termino inmediatamente, señor presidente.

Señorías, finalizo y lo hago al igual que lo hice seis meses atrás, pidiendo su voto a favor de la Comunidad Valenciana, pidiendo su voto a favor de España, porque para nosotros, como les decía, es lo mismo: es hablar de lo más querido, es hablar de todos. Es una cuestión de sentimientos y también de identidad, al igual que aprobar esta reforma hoy, señorías, es una cuestión de justicia y a la vez de respeto; de justicia y de respeto a la Comunidad Valenciana, de justicia y de respeto a los valencianos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bellver.

Es ahora el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

Senyor president, senyora vicepresidenta, senyor president de Les Corts, delegació valenciana, parlamentaris, és un gust que estiguen hui ací i, per tant, benvinguts a esta casa.

Estoy profundamente impresionado por las palabras del portavoz popular, porque parece que ha sufrido un ataque de amnesia. Recordemos. Cuando entró el señor Zaplana, hace veintiún años, los valencianos debíamos 2.500 millones. Cuando se fue el señor Fabra, los valencianos debíamos 42.000 millones. (Aplausos). Algo ha pasado aquí que se ha hecho mal.

Decía el señor Bellver que promovían esta reforma del Estatuto. Esta reforma se aprobó en marzo de 2011, hace cinco años. En estos cinco años el Partido Popular ha tenido en esta Cámara 186 diputados.


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Podía haberlo aprobado, podía haber hecho mucho más. ¿Y sabe lo que hizo? Nada. Les recuerdo, porque parece que es el Día de la Marmota, que es la tercera vez que lo discutimos aquí, porque las dos primeras veces el Partido Popular lo impidió. La primera vez que tuvo ocasión de discutir aquí esta reforma que afectaba a los valencianos ustedes prefirieron discutir aquello de los pitos al rey en la final de la Copa, es decir, de pitos. Otro día se negaron a discutirla porque adujeron que era el 9 de octubre y que era fiesta y no enviaron a la delegación. Por tanto, no se pudo discutir. La tercera vez impidieron que se votara. Nos dejaron que lo discutiéramos, pero no que la votáramos. Al final, se pudo discutir hace apenas seis meses, ya al final de la legislatura. Ustedes consumieron toda su legislatura sin hacer absolutamente nada de nada.

Antes de hablar de esta reforma del Estatut, permítanme también que puntualice al señor Montoro, porque nos atribuye a las comunidades autónomas la responsabilidad del descontrol del déficit, de su aumento. Esto es sencillamente intolerable. Las comunidades autónomas gestionan el 36 % del gasto público y los servicios del Estado del bienestar -sanidad, educación y protección social-. Mientras que solo son responsables del 30 % del déficit, su endeudamiento representa solo el 24 % del total de las administraciones públicas. El gasto público corriente entre 2009 y 2014 se ha reducido en las comunidades autónomas 28.000 millones y ha aumentado en el Estado 2.700 millones. ¿Quién tendría que haber recortado más? Evidentemente el Estado central, porque recordemos que la Administración Central se reserva el 2,9 % del déficit y a las comunidades autónomas solo les da el 0,7 %. ¿Por qué? ¿Sobre la base de qué? Cuatro veces menos. Quizás con una distribución equitativa de los objetivos del déficit público no estaríamos hablando de intentar culpabilizar a las comunidades autónomas.

Señor Bellver, señores diputados y diputadas, el Gobierno central ha perjudicado maliciosamente a los valencianos durante todos estos años. Recordemos que el Partido Popular ha tenido la responsabilidad en los últimos veinte años de tener tres Gobiernos aquí. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal afirma respecto de la financiación pública de la Generalitat Valenciana que el gasto por habitante está muy lejos de la media de las comunidades autónomas, consecuencia de unos ingresos muy inferiores a la media. El sistema de cuentas públicas territorializadas que encarga el Ministerio de Hacienda muestra que, a pesar de tener una renta per capita inferior a la media -es decir, somos pobres-, mantenemos un déficit con la Administración central de más de 2.000 millones de euros anuales, situación que hubieran podido corregir ustedes si hubieran hecho los deberes y hubieran aprobado el nuevo sistema de financiación autonómica que les correspondía haber aprobado hace ya más de un año. Por tanto, esa actitud del señor Bellver, que parece que es nuevo aquí, que llega impoluto, me ha parecido profundamente irresponsable.

Esta actitud del Partido Popular ha conseguido una cosa que parecía imposible: que los valencianos nos uniéramos y aprobáramos por unanimidad, para exigir una financiación justa, una regularización de la deuda y unas inversiones territorializadas del Estado coherentes con nuestro peso demográfico. Eso lo han aprobado las Cortes Valencianas, es decir, PSOE, PP, Ciudadanos, Compromís y Podemos, y de esto es justamente de lo que hablamos hoy, de la propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatut, es decir, que las inversiones sean equivalentes al peso de la población valenciana sobre el conjunto del Estado por un período de siete años. Fíjense, siete años; se aprobó hace cinco años y, si no llegamos, prácticamente se habrán consumido siete años sin que se haya aprobado. A mí eso me parece elemental, justo, razonable. Así, en los Presupuestos Generales de 2016, que aprobó el Partido Popular en solitario, como los valencianos suponemos el 11 % de la población, nos hubiera correspondido una inversión del 11 % y no del 8 o del 7 del año anterior o del 6 del anterior o incluso menos del año anterior. En plata: se van a invertir 879 millones -si los acaban de invertir todos- y nos hubieran correspondido 1.216. Si miramos los últimos quince años, no encontraremos un solo presupuesto en el que la inversión por habitante no haya sido inferior a la media española, siempre inferior. En estos últimos cinco años hay más de 2.000 millones que no se han invertido, que no han generado empleo, que no han generado riqueza y, lo que es peor, que han puesto trabas a nuestro crecimiento. Compromís ha presentado muchísimas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado: 230, por valor de 1.400 millones; 230 enmiendas en clave valenciana. ¿Saben cuántas aprobó el Partido Popular? Ninguna, ninguna, ni el año anterior ni el anterior; de las mil enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, no nos han aprobado ni una. Ahí estaba el corredor mediterráneo; ahí estaba el contrato-programa de la ciudad de Valencia. Recordemos: 127 millones a Madrid, 99 a Barcelona, cero a Valencia. Ahí estaba el Instituto Valenciano de Arte Moderno, 170.000 euros; Reina Sofía, 36 millones; el Thyssen, 6 millones. Ahí estaba el Palau de les Arts, 500.000 euros; 9 millones al Teatro Real de Madrid, 7 al Liceu. No estamos en contra, al contrario, estamos a favor.


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Lo que pedimos es igualdad, igualdad; lo que pedimos es el mismo trato, que se cumpla la Constitución. Se ha dejado de invertir en cercanías, en las conexiones del puerto de Valencia, en el aeropuerto de Alicante, en el tren de la costa, en el eje Zaragoza-Teruel-Sagunto, en la A-33, en la N-340. Algunos han dicho que no era justo que se ajustaran las inversiones al peso poblacional sino a las necesidades. Yo me pregunto: ¿No les parecen muy necesarias todas estas inversiones? Que una parte del PIB valenciano esté por debajo de la media es consecuencia directa de la falta de inversiones.

Acabo. Veo que el Partido Popular ha visto la luz; ya está bien. Si hubieran hecho lo que les tocaba, no estaríamos hoy en el Día de la Marmota, discutiendo esto por tercera vez. Espero que todos los grupos voten a favor de esta propuesta razonable, que ya cuenta con precedentes en otros estatutos, y espero que el próximo Gobierno recoja esta aspiración legítima del pueblo valenciano que respaldaron Les Corts de manera unánime. Esperamos que el próximo Gobierno sea justo con los valencianos.

Moltes gràcies, señor president. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), va a intervenir el señor Azpiazu? (Denegación).

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra el señor Homs.

El señor HOMS MOLIST: Gracias, señor presidente. President de la Generalitat Valenciana, president de Les Corts Valencianes, representants de la Generalitat Valenciana y de les pròpies Corts Valencianes que ens acompanyen, diputats de Les Corts Valencianes que han intervingut en aquesta presentació de proposta de reforma de l'Estatut Valencià una vegada més, benvinguts.

En nombre del Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat) queremos dar un valor simbólico a esta iniciativa, que además es la primera y que, como se ha recordado aquí, en la legislatura anterior fue la última. Creo que esto tiene algo de simbólico. Aparentemente hay algún progreso, porque hace seis meses se reivindicaba visibilidad, por ejemplo, y creo que visibilidad se ha ganado. Al menos hoy en esta Cámara hay más concurrencia que en el mes de septiembre, aunque hay algunos que siempre fallan y que nunca están o que al menos no han estado en estos últimos cuatro años, que son los representantes del Gobierno de España. Que en el marco de una propuesta como la que hoy nos presentan tres diputados de las Cortes Valencianas sobre un tema simbólico y políticamente muy relevante el Gobierno de España responda con su falta de presencia no es solo un detalle, no es solo un error, es la expresión de una falta no de sensibilidad sino de compromiso que, por cierto, nosotros conocemos muy bien en relación con lo que pasa en Cataluña, pero que veo que no es solo en relación con Cataluña, sino también en relación con otros territorios. Cuando el ministro Montoro -que debería ser de pura lógica que estuviera aquí presente, él como mínimo- nos dice, por ejemplo, que las comunidades autónomas son las responsables de no cumplir los objetivos de déficit, no está teniendo en cuenta ni el contexto ni los argumentos ni las precisiones que conlleva en parte -no en todo, pero en parte al menos- el debate que hoy tenemos en relación con esta propuesta planteada por las Cortes Valencianas. Sepan ustedes, representantes de las Cortes Valencianas, que pueden contar con nuestro humilde apoyo, con lo que nosotros representamos, y que respetamos su propuesta. Sabemos que es una propuesta -hemos tenido ocasión de hablarlo otra vez en estos últimos días con los representantes de Compromís- que se explica solo en términos políticos, porque no deja de ser sorprendente que esta ley establezca que el compromiso de una inversión por un plazo de tiempo determinado -siete años- no tiene vinculación alguna en términos jurídicos y en términos de configuración de los futuros presupuestos del Estado. Esta es una contradicción en sus justos términos. Saben ustedes, representantes de las Cortes Valencianas -particularmente aquellos que de una forma constante y coherente han venido reivindicando a lo largo de tantos y tantos años la necesidad de una inversión en infraestructuras que se correspondiera con las necesidades de un territorio, de una economía que no se distancia del conjunto del Estado español y que aporta riqueza con creces-, que este hecho se discute en el marco de la posición de un ministro, el ministro Montoro, que simplemente acusa por acusar a las comunidades autónomas del incumplimiento del objetivo de déficit, menospreciando las circunstancias en las que se encuentran determinados territorios. En este sentido, me pongo a disposición de los proponentes y de los grupos parlamentarios que ahora van a tramitar esta iniciativa. Deberíamos comprometernos en esta sesión plenaria no solo a tramitarla sino a que su contenido sea realmente materializado. Si quien redactó la exposición de motivos hace cuatro o cinco años tenía voluntad directa y expresa de ponerlo pero no de cumplirlo, esta Cámara actual debe sentirse comprometida en hacer precisamente lo contrario, es decir, hacer de aquella palabra dada, de aquello que se reivindicaba, no solo un compromiso, no solo un testimonio de voluntad política, sino una traducción en hechos


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contrastables, esto es, que este compromiso de inversiones en infraestructuras sea reflejado en los presupuestos.

Para acabar mi intervención, aparte de reiterar el respaldo de mi grupo parlamentario a esta tramitación, quiero hacer hincapié en la forma de hacer que hemos vivido en estos últimos años: hacer falsas promesas que luego no se cumplen. Esto afecta al corazón de la credibilidad de la política. En estos tiempos que corren, estamos comprometidos en hacer las cosas mejor, en mejorar la distancia entre la política y el conjunto de la ciudadanía, y esto pasa también por muchas otras cosas, por ejemplo, por no hacer intervenciones que provocan cierto bochorno, como ha hecho algún portavoz antes, para justificar lo que, a mi modo de ver al menos -lo digo sinceramente-, es injustificable. No voy a entrar en más detalles, porque ya se han apuntado, pero sí quiero decir que aquello a lo que uno se compromete, aquello que uno formaliza, incluso y particularmente en el marco de una ley, luego se tiene que cumplir. Aquí estamos acostumbrados -en estos últimos años de una forma constante, locuaz incluso- a que se nos recuerde que se debe cumplir siempre la ley, pero parece ser que aquellos que reivindican su cumplimiento, a la hora de la verdad, a la hora de traducir los compromisos materializados en la ley -que en los discursos además se recuerdan y con cierta vehemencia- en hechos, es decir, a la hora de cumplir la propia ley -insisto-, no lo hacen o no lo hacen del todo. En ese sentido, los aquí presentes tenemos una oportunidad de dar curso a esta iniciativa y de superar así la distancia que a veces existe entre la credibilidad de la política y aquello que nos atribuye la gente, a veces con toda la razón del mundo. Tenemos un buen ejemplo. Podemos superar este techo que hay entre la confianza de la ciudadanía y la política, que es algo que indudablemente debemos mejorar. Insisto en animarles a sacar adelante esta iniciativa, que para nosotros tiene un valor simbólico muy relevante. Más allá de cuál sea el futuro marco político en el que nos movamos, estoy convencido de que el País Valencià y Catalunya vamos a continuar en la senda de encontrar espacios en común, reivindicaciones en común, y de conseguir metas en común, como hemos hecho, por ejemplo, en Europa en relación con el corredor Mediterráneo, precisamente ante el propio Estado español, porque esta es nuestra historia más reciente. Hemos conseguido al final que el corredor Mediterráneo sea una infraestructura prioritaria de las instituciones europeas, a pesar de la oposición del Estado español y del Gobierno español. Creo sinceramente que el País Valencià y Catalunya, por la responsabilidad que tenemos de contribuir a la mejora del crecimiento y al sostenimiento de las economías y las sociedades del sur de Europa, continuaremos en este camino y por muchos años.

Muchas gracias por su atención. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

President de la Generalitat Valenciana, president de Les Corts Valencianes, vicepresident de la Generalitat del País Valencià, la participación en este debate parlamentario por parte de Esquerra Republicana lo es por deseo expreso, voluntad y vocación de representar -como siempre lo hemos hecho- al republicanismo del País Valencià y a los independentistas valencianos. Hoy sometemos a votación una reforma del Estatut d´Autonomía del País Valencià que llega tarde por evidente falta de voluntad política, siendo responsable únicamente de ello el Partido Popular. Esta reforma -seamos realistas- compromete poco o nada al Gobierno del Estado español. Es un gesto más simbólico que real y no garantiza en absoluto la solución a la falta de inversiones del Gobierno español en el País Valencià. Prueba de ello es la propia exposición de motivos de la reforma, donde se alude expresamente a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya en aquel apartado que establece que, en cuanto a las inversiones del Gobierno español, los estatutos de autonomía no vinculan a las Cortes Generales en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. En conclusión, la reforma del Estatut d´Autonomía puede decir que la inversión del Estado en el País Valencià debe ser equivalente al peso que representa su población en el total de la población del Estado, pero el Gobierno puede hacer caso omiso y continuar haciendo lo que hace: invertir poco o nada. En fin, como dice el refrán, aunque lo digo sin fe y con poco convencimiento: nunca es tarde si la dicha es buena. Por ello, bienvenida la reforma, pero añado que está por ver qué nos deparará, atendiendo a la aplicación de una disposición similar del Estatut de Catalunya y al comportamiento habitual al que nos tiene acostumbrados el Gobierno del Estado español, sea del color que sea. También preciso que para Esquerra Republicana no es más que un pequeño paso para ir avanzando en la construcción de lo que ha de ser la futura república del País Valencià.


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Esta reforma pone de manifiesto la grave situación de financiación que padece el País Valencià, derivada de la falta de inversión histórica por parte de los diferentes Gobiernos del Estado español. Sin ir más lejos, ayer por la tarde el president de la Generalitat así se lo manifestaba al ministro Montoro. Solo es necesario analizar los Presupuestos Generales del Estado de los últimos quince años. Es evidente que este análisis afecta a todos los Gobiernos del color que sean. La inversión del Gobierno español por habitante en el País Valencià nunca ha llegado a la media española. Si se hubiese aplicado el criterio de población ya en el año 2000, el Gobierno debería haber invertido más de 6.800 millones de euros, inversión que por lo pronto habría permitido financiar, por ejemplo, el corredor mediterráneo, el tren Gandia-Denia, la línea Xàtiva-Alcoy, el desdoblamiento de la N-332 a su paso por la Marina Alta o de la N-340 por el Baix Maestrat. Mientras tanto, como dice el señor Rajoy en relación con las inversiones en otros trenes de discutible necesidad, lo importante es que los tengamos, aunque no viaje en ellos nadie.

Haré memoria y les recordaré que ante este déficit de inversiones Esquerra Republicana no ha callado nunca. Lo hemos denunciado siempre y lo hemos reclamado allá y aquí. A cada proyecto de Presupuestos Generales del Estado hemos presentado enmiendas que contenían incrementos de inversión en beneficio del País Valencià y de su ciudadanía. Si sus señorías las hubiesen votado afirmativamente, no estaríamos hablando de déficit de inversión ni de déficit histórico. ¿Y qué decirles de los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados en agosto pasado, esos que fueron aprobados con nocturnidad, alevosía y que servirán de bien poco en atención a lo que ya les dijo y les continua diciendo Europa? En esos Presupuestos Generales del Estado el Gobierno presupuesta una media de 176 euros por habitante, mientras que la media de inversión del Estado es de 273 euros por habitante.

Es evidente que la falta de inversión en el País Valencià es solo la punta del iceberg de los problemas de financiación del propio País Valencià. Es un territorio con una renta por habitante inferior a la media y, sin embargo, aporta al Estado más ingresos vía impuestos de lo que después recibe en gasto e inversión. Este extremo lo ha confirmado el propio ministro de Hacienda, hoy ausente en este hemiciclo, quien a través de la publicación de las balanzas fiscales puso de manifiesto ya un déficit fiscal de más de 1.400 millones de euros. Es intolerable que el País Valencià aporte más de lo que recibe cuando el sistema de financiación no cubre ni siquiera la inversión en educación, sanidad y servicios sociales. Resulta indecente que la solución adoptada por el Gobierno español hasta la fecha no haya sido modificar el sistema de financiación, sino ofrecer un préstamo, es decir, hacer negocio. (Rumores). El País Valencià, igual que ocurre con la totalidad de los països que conforman los països catalans, padece expolio fiscal, y ello afecta a la vida de los ciudadanos y las ciudadanas del País Valencià, a sus derechos y a su bienestar. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Esquerra Republicana no se ha cansado de proponer reformas para solucionarlo. Por ejemplo, en el debate de la reforma del Estatut de Autonomía del País Valencià en el año 2006, el Grupo Parlamentario de Esquerra, entre muchísimas enmiendas, propuso la creación de la Agencia Tributaria valenciana; enmiendas que fueron rechazadas tanto por el Partido Popular, como por el Partido Socialista Obrero Español. Tomen nota ambos de este dato.

En definitiva, Esquerra Republicana votará a favor de este mientras tanto, pero ustedes saben que Esquerra Republicana aboga por que en un futuro inmediato el País Valencià emprenda el camino de la proclamación de la república del País Valencià, donde los valencianos y las valencianas sean dueños de su futuro y tengan la plena libertad para decidir sobre todo aquello que les afecta. Concluyo haciendo mías las palabras del poeta Pere Quart: I una pàtria tant petita que la somio complerta. ¡Visca el País Valencià!¡Visca els països catalans! (Aplausos).

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Señorías, me gustaría comenzar dando la bienvenida al president de Les Corts Valencianes y a tota la delegació que ha vingut esta tarde.

Mientras preparaba esta intervención en Alicante, Comunidad Valenciana, venían a mi cabeza algunos recuerdos de cuando estaba en el instituto y me hicieron leer un libro que se llamaba El gatopardo, de Lampedusa, que seguramente habrán leído. Hay un momento en el que Tancredi le dice al tío Fabrizio: Si


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queremos que todo siga como está, necesitamos hacer que todo cambie. Pues me viene al pelo esta frase para hablar de la financiación autonómica. Miren ustedes, si se quiere ser valiente y se quiere hacer política de otra manera, lo importante no es hacer ver que uno mueve algo que sabe que no va a tener efecto alguno para poder seguir quejándose y así seguir gestionando igual.

Soy valenciana. Desde hace veinte años vivo en Alicante, supuestamente la provincia peor financiada de la Comunidad Valenciana. Coincido desde el primer punto hasta el último con todos los grupos políticos en que sin duda en esta parte del Mediterráneo necesitamos urgentemente una mejor financiación, que garantice mejores servicios públicos, y mejores inversiones territorializadas, que fomenten la competitividad de nuestro territorio, pero además añado: necesitamos también unos políticos mejores, unos políticos más honestos, menos demagogos y que vengan a hacer política de verdad. (Aplausos). Ciudadanos dice sí a una mejor financiación para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, aunque se niega a engañarlos con propuestas como esta.

El sistema de financiación autonómica actual se ha manifestado insuficiente e injusto y requiere una enmienda a la totalidad. La Lofca, con todos los parches de Zapatero, no ha permitido garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a los servicios públicos fundamentales. Coincidimos con todos los grupos parlamentarios en que la situación es grave y que en Valencia estamos especialmente perjudicados. Estamos especialmente perjudicados por una mala financiación autonómica; estamos especialmente perjudicados por una mala inversión racional en infraestructura. Es tan real esta realidad como que Valencia ha sido minada por los casos de corrupción. ¿Cuánto dinero de la financiación autonómica que nos ha tenido que llegar ha ido a las cloacas de la corrupción? (Aplausos). ¿Cuánto dinero de nuestros colegios, cuánto dinero de nuestros hospitales y de nuestras infraestructuras se ha perdido en casos como Imelsa, como Fórmula 1 o como Nóos? No quiero seguir, porque no tendría tiempo. La mala gestión es muy grave, la corrupción es muy grave, tan grave como establecer este argumento de la infrafinanciación como excusa para recortar allí donde más nos duele a los valencianos, pero también para perpetuar un sistema de pescadilla que se muerde la cola: las comunidades autónomas incumplimos el déficit de financiación autonómica y culpamos a Madrid; en lugar de recortar gastos superfluos y hacer una buena gestión, seguimos quejándonos y, al final, el ciudadano es el que sale perjudicado, porque no sabe dónde poner la responsabilidad.

Lo que hoy se plantea aquí es, a nuestro juicio, apoyar un modelo erróneo, soportar un modelo de financiación territorializada a la carta. La inversión territorializada supone sui generis una forma de financiación autonómica y se ha realizado hasta ahora respondiendo a los criterios políticos que han convenido a cada comunidad. Entre el año 2004 y el año 2011 hemos asistido a actos como este y hemos pedido reformas de los estatutos: los catalanes, en función del PIB; en la Comunidad balear alegando la inversión media per capita; los andaluces lo han pedido por población; Castilla y León por territorio. Convendrán conmigo en que así no se puede financiar y así no se puede vertebrar un país.

Esto es un circo de críticas cruzadas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, y nosotros proponemos que cambie. Hacer ruido para aparentar que se hace algo, para que no cambie nada, no es nuestra manera de hacer política. Es tiempo de valientes, y Ciudadanos va a decir no a los parches. La apuesta de mi partido es tomarse muy en serio esto de la financiación e invitamos al resto de fuerzas políticas a que se sumen. El desbarajuste que hay en este país no se ordena con los parches que suponen las concesiones bilaterales; parchear el sistema haciendo una financiación cachito a cachito es generar más problemas. Ciudadanos propone dos soluciones. En primer lugar, una reforma del sistema de financiación autonómica en profundidad, de manera conjunta e incluyendo parámetros no solamente cuantitativos sino también cualitativos, porque hay que recordar que los impuestos los pagan las personas y no los territorios. En segundo lugar, el establecimiento de un plan de evaluación y de priorización de infraestructuras, porque nosotros no queremos más aeropuertos sin aviones. Vuelvo a repetirlo: Ciudadanos dice sí a una mejor financiación para los ciudadanos de la comunidad autónoma, pero dice no a que a los valencianos se nos engaña una vez más. La propuesta de modificación del estatuto que hoy se nos trae a las Cortes no garantiza ni un euro más a los valencianos y a las valencianas, y esto hay que decirlo. La propuesta que se trae hoy aquí no garantiza ni un euro más a Valencia. La propia Generalitat entendió en su momento que estas cláusulas eran abiertamente inconstitucionales; ya se ha recordado aquí que se ha traído varias veces y que alguno de los ponentes, lamentablemente, no pudo defenderla porque estaba imputado y hoy está en la cárcel. La propuesta presentada hoy por parte de Les Corts no puede convertirse en un acto de propaganda; es más, no puede convertirse en un acto de propaganda irresponsable. Por eso, nosotros no vamos a ser cómplices de una operación de impostura. Hacer ver a


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la ciudadanía que se nos va a dar algo que no hay y, encima, aparecer ante el resto de España como que lo tenemos y que lo estamos gastando nos parece un fraude. Los políticos tenemos que hacer política de verdad. Una cosa es que las sesiones se transmitan por televisión y otra cosa es que el hemiciclo se convierta en un antro desde donde sale propaganda. Lo que se está proponiendo hoy es un acto jurídicamente inútil -y así se ha reconocido por parte del resto de ponentes-, inviable, que no responde en absoluto al problema de la financiación actual de Valencia. Además, es una paradoja que el señor Montoro votase este acto para luego decirnos que no tiene dinero para poder pagárnoslo. La propuesta de modificación del estatuto que nos traen las Corts, insisto, no nos garantiza un euro más. Por eso nosotros, que no hemos venido a hacer lo mismo, a hacer lo de siempre, queremos ser valientes y proponemos que se sumen a una reforma profunda del sistema de financiación y a un modelo de financiación territorial que haga los territorios más competitivos, que fomente que la Comunidad Valenciana incremente la competitividad y se transforme en un territorio inteligente y que consiga una financiación más justa no solo para los valencianos sino también para todos los españoles.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín.

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Ballester.

La señora BALLESTER MUÑOZ: Muchas gracias, presidente, señorías.

En primer lloc, una salutació cordial als representates del poble valencià que hui ens acompanyen", senyor president, señor president de Les Corts Valencianes, senyora vicepresidenta i especialment als companys diputats de Podem i de la resta de grups parlamentaris.

Siento que no esté aquí hoy el señor Sánchez, porque quería aprovechar, ya que una imagen vale más que mil palabras, para pedirle que retenga esta imagen del Gobierno valenciano en su retina, la imagen de un Gobierno, un Gobierno plural, de coalición, de cambio y de progreso, un Gobierno que incluye a muchos pero que camina en un solo sentido. Quédese con la imagen de ese Gobierno, al que se opusieron PP y Ciudadanos, porque esa es la imagen que queremos también para el Gobierno de España. Quería pedirle al señor Sánchez que escuche los discursos para que compruebe que las fuerzas del cambio tenemos muchas cosas en común, fundamentalmente, la necesidad de un Gobierno que acabe con las políticas que nos han llevado hasta aquí a los valencianos y también a los españoles. Por último, quería pedirle que observase los hechos, los resultados que puede conseguir un Gobierno con voluntad política. Abordamos hoy una reforma del Estatut de Autonomía que se aprobó en Les Corts Valencianes en 2011 y que se ha visto obstaculizada una y otra vez por el Partido Popular, una reforma que es crucial para nuestros intereses, los de los valencianos y valencianas, y que ha tenido que esperar a un Gobierno del cambio en la Generalitat Valenciana.

Estoy aquí hoy en calidad de valenciana, pero también en calidad de representante de Podemos y de un grupo parlamentario plural y fraterno que apuesta decididamente por la construcción de un país unido en su diversidad, un país plurinacional como salida a la crisis territorial que las políticas del Partido Popular no han hecho más que incrementar, un país donde sea inconcebible que un ministro de Hacienda culpe del incumplimiento del déficit a la construcción de escuelas o a la atención de las personas dependientes. Pero pasemos a los hechos que nos ocupan, a las necesidades urgentes que hacen que esta reforma estatutaria del Gobierno valenciano sea de crucial importancia.

La valenciana es una de las comunidades pobres de España, con un PIB per cápita por debajo de la media. La fragilidad de nuestra economía se debe a las inversiones del Estado y al sistema de financiación. Con respecto a la inversión pública, existe una diferencia notable en nuestro territorio con respecto a la media estatal y no se corresponde con el peso poblacional de la comunidad. La media estatal se sitúa en 237 euros por habitante, mientras los valencianos solo recibimos 176. Podemos decir, por tanto, que se incumple de forma evidente el principio de equidad que el sistema de financiación debería cumplir según la Constitución. Por otra parte, el País Valencià se ve afectado por un déficit fiscal que discrimina gravemente a la ciudadanía, pues estamos por debajo de la media del PIB per cápita estatal y aun así somos la tercera autonomía con mayor déficit, es decir, somos la única autonomía pobre que paga más de lo que recibe, cuando el criterio de solidaridad interterritorial amparado por la Constitución ordena justamente lo contrario. Los ingresos por habitante y por tanto los gastos son de los más bajos de España, dificultando el ejercicio de las competencias autonómicas y poniendo en riesgo el principio de suficiencia.

La combinación de estos elementos determina que tengamos un nivel de endeudamiento público que obliga a dedicar casi una cuarta parte de nuestro presupuesto al servicio de la deuda. Somos la comunidad


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más endeudada con respecto al PIB y la segunda en términos absolutos. El resultado último, señorías, es una deuda acumulada de más de 40.000 millones de euros, que lastra las posibilidades de crecimiento económico de la comunitat y su tejido empresarial y hace imposible garantizar una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad capaces de atender las necesidades de la gente. Se amenaza nuestro Estado del bienestar y se impide construir otro modelo productivo. Pero me temo, señorías, que el problema no se entiende ni se explica solamente con cifras, así que permítanme mostrar lo que hay detrás de esos números. Una financiación injusta y unas inversiones deficientes son sinónimos de tener los servicios sanitarios más precarios de todo el país. Son más de 13.000 niños y niñas que estudian en barracones, son 312 empresas cerradas en 2015 por falta de financiación, son 30.000 dependientes fallecidos antes de recibir las ayudas.

Es evidente que el actual sistema de financiación y de inversiones implica una discriminación y supone un obstáculo al desarrollo pleno de nuestro autogobierno y el incumplimiento de principios constitucionales. Esta reforma del estatut plantea que la inversión del Estado en la comunitat sea equivalente a su peso poblacional. Es por tanto una reforma necesaria pero insuficiente. ¿Por qué? En primer lugar, porque se limita a la cuestión de la inversión, pero no aborda el problema fundamental, que es el sistema de financiación. En segundo lugar, porque no es vinculante, no obliga al Gobierno a tener en cuenta en los Presupuestos Generales del Estado las necesidades de la Comunitat Valenciana. En tercer lugar, porque los problemas de los valencianos no se limitan a los ingresos -y por tanto no acaban en ellos-, afectan también a los gastos. La situación financiera de la comunitat se debe también al derroche y la mala gestión de los recursos públicos que hemos sufrido durante décadas, que nos han llevado a acumular esos más de 40.000 millones de euros en deuda; una deuda que se multiplicaba y se multiplicaba mientras se seguía recortando en educación, en sanidad y en servicios sociales; una deuda que se multiplicaba mientras seguíamos esperando el corredor mediterráneo o el tren Gandía-Denia, mientras se cerraba la televisión pública; una deuda que se acumulaba por la mala gestión -recordemos una Ciudad de la Luz cerrada, un aeropuerto sin aviones-; una deuda que se acumulaba también por culpa de Brugal, de Ciegsa, de Gürtel, del caso Taula, por culpa de la corrupción convertida en forma de gobierno.

La Comunitat Valenciana ha contado con pocos recursos, es verdad, pero esos recursos no se han destinado al rescate de la ciudadanía, sino al de los poderosos. Señores del Partido Popular, pudieron elegir y eligieron darle la espalda a la ciudadanía, darle la espalda a la gente que lo necesitaba. Señoras y señores del Partido Popular, pudieron elegir y eligieron que tuviésemos que esperar cinco años para aprobar esta reforma del estatut. La financiación es una histórica y justa reivindicación del pueblo valenciano. Les ruego, por favor, que no la usen como excusa para esconder la mala gestión y la corrupción de sus Gobiernos, su política profundamente antivalenciana. Así pues, nos podemos felicitar hoy aquí de venir todos juntos, las fuerzas políticas valencianas, también el Partido Popular. Nos podemos felicitar del paso importante que hemos dado, pero no nos podemos detener. Para garantizar un futuro de prosperidad, de igualdad, de autogobierno para la Comunitat Valenciana seguiremos exigiendo un sistema de financiación justo y el reconocimiento y la quita de la deuda histórica. Esta reforma es solo el primer paso, el primer paso de un camino que deberemos recorrer en esta legislatura para solucionar la gran amenaza al Estado del bienestar y al autogobierno valenciano. Necesitamos un Gobierno responsable, capaz de afrontar la cuestión territorial. Necesitamos iniciar un diálogo honesto y sincero entre este Parlamento y los parlamentos autonómicos para encontrar un modelo de financiación justo que sea el pilar del nuevo pacto de convivencia entre los pueblos de este país. Necesitamos aprobar durante esta legislatura unos presupuestos generales que garanticen los principios de equidad, solidaridad y suficiencia para los valencianos, pero también para el resto de autonomías. Por eso, el grupo parlamentario al que represento votará sí a la reforma del Estatut valencià que hoy debatimos, pero no nos quedaremos ahí. Vamos a solicitar la constitución en este Congreso de una comisión de estudio para la reforma del sistema de financiación autonómico que resuelva los desajustes y desigualdades que produce el modelo actual, para buscar solución a la financiación valenciana y, como digo, no solo a ella, sino también a la de otras comunidades autónomas, dentro de un país de países basado en la fraternidad, la solidaridad y la igualdad entre sus pueblos. Seguiremos impulsando un Gobierno de cambio a la valenciana que afronte con valentía y responsabilidad los desafíos del momento y que esté dispuesto a trabajar por un nuevo modelo territorial y de financiación para que esta reforma del estatut, que tanto nos ha costado que llegase a esta Cámara, no se quede en papel mojado.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ballester.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Milla.

El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, señor presidente del Congreso.

Quiero comenzar mi intervención saludando por supuesto al president de la Generalitat Valenciana, al president de Les Corts, a los miembros del Consell y de la Mesa de Les Corts que nos acompañan esta tarde y también a los diputados y diputadas autonómicos que se encuentran en la tribuna de invitados.

La verdad es que hace un rato he sentido vergüenza. He sentido vergüenza escuchando en esta tribuna a un representante del Partido Popular valenciano. He sentido probablemente la vergüenza que le ha faltado al PP valenciano para no hacer lo que ha hecho durante veinte años en la Comunidad Valenciana. Esa es la vergüenza que he sentido. (Aplausos). Ya solo faltaría que ahora detrás de mí suba a esta tribuna para defender la posición del grupo parlamentario el que era conseller de Hacienda en los años en que se ocultaban facturas en los cajones, fruto de lo cual hemos recibido la sanción de la Comisión Europea, y que hoy es diputado del Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos).

Señorías, debo recordar, como se ha dicho esta tarde, que la propuesta de reforma del Estatut de Autonomía de la Comunidad Valenciana, de la que estamos tratando hoy, fue aprobada en Les Corts Valencianes en marzo de 2011, después de que, por cierto, el Gobierno valenciano la tramitara de urgencia. Si han transcurrido más de cinco años desde entonces y si todavía estamos aquí hoy votándola, es porque a lo largo de la pasada legislatura la mayoría absoluta del Partido Popular en este Parlamento, en connivencia con otra mayoría absoluta del Partido Popular en Les Corts Valencianes, hizo todo lo posible para aplazar su debate con argumentos absurdos que solo pretendían evitar -con poco éxito, por cierto- la falta de apoyo de la dirección del PP a esta reforma del Estatut valenciano. Solo al final de la pasada legislatura, cuando el Partido Popular ya no tenía mayoría absoluta en Les Corts Valencianes y no quedaba tiempo suficiente para tramitarla por completo, solo entonces, en vísperas de las elecciones, dio vía libre a su tramitación en el Congreso.

Confiamos en que esta tarde se inicie de verdad el procedimiento para aprobar definitivamente la reforma del estatuto. Desde luego, para los valencianos y las valencianas esta reforma constituye un motivo adicional para desear que la presente legislatura pueda continuar más allá del 2 de mayo, para que se apruebe cuanto antes la reforma del Estatut de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Como alicantino y como socialista confío en que sea así. Estoy convencido de que la aprobación de esta reforma del Estatut valenciano también sería uno de los frutos del cambio de políticas que podría venir asociado al cambio de Gobierno que esperamos que se produzca en las próximas semanas.

El Grupo Socialista va a apoyar, por supuesto, esta reforma, como ya hizo en la pasada legislatura, cuando trató de impulsarla en contra de los deseos del Grupo Popular, y va a hacerlo porque es consciente de la capacidad, de las posibilidades y del enorme empuje de la Comunitat Valenciana, va a hacerlo porque sabe que si a la Comunitat Valenciana le va bien, a España le va a ir mucho mejor. Las personas que vivimos en la Comunitat Valenciana estamos haciendo un gran esfuerzo. En veinte años, quienes vivimos allí hemos pasado de tener una renta por habitante que estaba cercana a la media de España a encontrarnos a 2.704 euros por debajo de ella. Lo que esto representa es que en la Comunitat Valenciana disponemos para todo el año de unos ingresos per cápita equivalentes a poco más de diez meses y medio de la renta media anual de los españoles. Señorías, somos en términos comparativos una comunidad pobre. Sin embargo, todos los informes, todos, todos los que analizan la distribución territorial de los ingresos y gastos públicos durante las últimas décadas, incluidos los del Ministerio de Hacienda, ponen de manifiesto que quienes vivimos en la Comunidad Valenciana, a pesar de ser pobres, contribuimos como si fuéramos ricos al conjunto de las políticas de gasto que se llevan a cabo en España. Una de las razones de que sea así -se ha dicho esta tarde- es el sistema de financiación autonómica, que ha situado a la Comunitat Valenciana muy lejos de la media de ingresos por habitante, y lo ha hecho durante décadas. El modelo actual no es probablemente el peor que hemos tenido, pero es muy insuficiente, porque en lo fundamental preserva el statu quo derivado de los modelos anteriores en estos años de crisis que han sido muy duros para todos, pero especialmente para la Comunitat Valenciana. Quizás por ello la propia norma reguladora del sistema de financiación autonómica preveía la revisión del modelo a los cinco años de su entrada en vigor para que se pudieran corregir los desequilibrios que se hubieran observado, para asegurar la suficiencia financiera de todas las comunidades autónomas, pero esa troika que formaron los señores Rajoy, Montoro y Beteta prefirió seguir recortando el gasto en sanidad, recortar el gasto en


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educación, el gasto en dependencia, prefirió cercenar la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas, que son las responsables de prestar esos servicios públicos tan importantes.

La otra de las razones de la situación comparativa de la Comunidad Valenciana es la falta de inversiones del Estado, que casi siempre han sido en la comunidad muy inferiores al peso de nuestra población, a nuestra contribución al producto interior bruto, sobre todo en los últimos años, cuando después del brusco descenso que experimentaron tras la llegada del señor Rajoy a La Moncloa acabaron rebajándose hasta cerca del 6 % en dos presupuestos consecutivos, un porcentaje del 6 % que es poco más de la mitad de la participación de la población de la Comunidad Valenciana en la población de España. En los cinco presupuestos de Rajoy han faltado casi 2.000 millones de euros en inversiones estatales para que estas alcanzasen una proporción equivalente a la de la población valenciana, 2.000 millones de euros, nada más y nada menos. El problema es que, como casi siempre ocurre con Rajoy, la realidad ha acabado empeorando las previsiones más pesimistas, porque los presupuestos no son más que eso, unas previsiones.

La realidad de la obra pública y sobre todo de las expectativas sobre su evolución en el futuro se refleja fundamentalmente en la licitación. Les voy a mostrar un gráfico en el que se ve claramente cuál ha sido la evolución de la licitación de obra pública en la Comunidad Valenciana durante los últimos diez años. Los años que están en rojo son los años de Gobierno socialista. Hubo incluso dos años, 2007 y 2008, en los que el peso de la licitación de obra pública sobre el total de España fue superior al peso de la población de la Comunidad Valenciana. La media de los años en rojo que están aquí es el 10,6 %, equivalente al peso de la población de la Comunidad Valenciana. Pero llegó 2012, llegó Rajoy -son las barras que están en azul-, ¿y qué se observa? Se observa que en la media de los cuatro años, el peso de la licitación de obra pública en la Comunidad Valenciana bajó hasta poco más del 4 % y en los dos últimos años ni siquiera llega al 3 %. Ni qué decir tiene, claro, que estos porcentajes tan bajos que se registran en 2014 y 2015 lo que significan es que, si la licitación de obra pública es tan baja, apenas se podrá ejecutar obra pública en los próximos meses y, si la tendencia no cambia, tampoco en los próximos años.

No quiero cansarles con cifras, pero permítanme una más. Fíjense, para que la licitación de obra nueva -solo la licitación de obra nueva, que es la que estaba representada en el gráfico- hubiera alcanzado un porcentaje equivalente al de la población valenciana se tendría que haber licitado un euro y medio adicional por cada euro que efectivamente se ha licitado. Y, miren, no me gustaría que pensasen que tras la reforma del Estatut valenciano se esconde un discurso victimista, porque el victimismo, que se ha practicado mucho en los años del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, es una estrategia de perdedores y puedo asegurarles que los valencianos y las valencianas no nos resignamos a ser perdedores. Tampoco quiero que vean en la reforma del estatut una muestra de insolidaridad, porque en la Comunitat Valenciana viven más de 5 millones de personas que han sido solidarias, que están siendo solidarias y que quieren continuar siéndolo. Lo que esas personas reclaman, esos 5 millones de personas, no es más que tener las oportunidades que les ha denegado el Gobierno de Rajoy, un Gobierno que no ha confiado en la Comunitat Valenciana. ¿Saben por qué? Porque probablemente cuando miraba a la Comunitat Valenciana lo que veía era a sus compañeros del Partido Popular en la Comunidat Valenciana, a los mismos que construyeron un decorado de cartón piedra para proyectar la falsa imagen de un Levante feliz mientras se deterioraban los servicios públicos, mientras se extendía el despilfarro, mientras se manipulaban las cifras de déficit y mientras se debilitaban los controles sobre el gasto, los mismos que permitían que la corrupción campara a sus anchas por las instituciones valencianas y utilizaban esas instituciones para llegar dopados a las elecciones. Pero ni era cierta la imagen del Levante feliz que quisieron construir ni lo es la que proyecta el paso del Partido Popular por la Comunidad Valenciana durante los últimos veinte años.

Señorías, el valenciano es un pueblo honrado, un pueblo trabajador, un pueblo con una enorme capacidad para emprender, un pueblo que está haciendo un enorme esfuerzo para levantar la hipoteca económica y "reputacional" que han dejado veinte años de Gobiernos del Partido Popular, de esos Gobiernos a los que Mariano Rajoy -ausente- ponía como ejemplo de lo que iba a ser su labor al frente del Gobierno de España. Es una lástima que el señor Rajoy se haya traído a La Moncloa una muestra de lo peor que la Comunitat Valenciana puede ofrecer, porque en la Comunitat Valenciana hay más de 5 millones de hombres y mujeres infatigables que continúan dispuestos a avanzar, que quieren aprovechar de forma eficaz y eficiente los recursos públicos, las inversiones, las infraestructuras. Son las mismas personas que a pesar de la falta de financiación, a pesar de la falta de inversiones del Estado, han logrado


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que la Comunidad Valenciana haya ejercido como locomotora del crecimiento económico en España en 2015 y que, según las previsiones que han salido hoy, también lo será en 2016.

Señorías, quizás es que a los valencianos nos define muy bien aquella frase que escribió uno de los grandes poetas de nuestra tierra cuando puso sobre un papel que "Hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot".

Moltes gràcies. Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Milla.

Para finalizar este turno tiene la palabra el señor Camps, por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor CAMPS DEVESA: Señor presidente, señorías, sean nuevamente mis primeras palabras para sumarme a las que ya se han pronunciado por otros portavoces parlamentarios con anterioridad y de saludo al molt honorable president de la Comunitat Valenciana, a la honorable vicepresidenta, al molt excellent president de Les Corts, al sindic que le acompaña y también a aquellos representantes de las Cortes Valencianas que han tomado la palabra anteriormente a que lo hayamos hecho los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.

Debatimos hoy sobre la proposición de ley orgánica -y leo textual, señora portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya- de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Subrayo, Comunitat Valenciana, no País Valenciano supuestamente parte de unos països catalans que solo existen en el imaginario colectivo de algunos de ustedes. (Aplausos). Mi tierra se llama Comunitat Valenciana. Subo además a esta tribuna a defender la posición de mi grupo, orgulloso, señor López, orgulloso de los Gobiernos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, de su obra, con algunos errores, pero con muchos más aciertos que errores durante todos estos años. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor CAMPS DEVESA: Además, señor López, sin vergüenza. Vergüenza torera es la que debería tener usted, porque mire qué ejemplo ha ido a poner. Al conseller que regularizó en los años 2007 y 2009 las denominadas obligaciones no reconocidas en materia sanitaria, o sea yo mismo, lo pone usted de ejemplo cuando los Gobiernos socialistas dejaron en el año 1995 15.000 millones de las antiguas pesetas en facturas en los cajones de la sanidad. (Aplausos). Yo era muy joven, pero igual el señor president, que estaba por allí, sí se acuerda. Y he dicho que nuevamente, señorías, porque este debate ya se produjo en estas Cortes el 16 de septiembre de 2015. Yo ya tuve la responsabilidad y, si me lo permiten, el honor de representar a mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, entonces y ahora el mayor de esta Cámara. Señorías, misma propuesta, mismo partido, mismo grupo parlamentario, mismo ponente o, lo que es lo mismo, mismo respeto al procedimiento, mismo rigor respecto al fondo del asunto, misma coherencia en el sentido de nuestro voto o, lo que es lo mismo también y como conclusión, misma posición política.

Señorías, desde mi grupo respetamos la decisión de la Mesa y de la Junta de Portavoces de esta Cámara que trae consigo la repetición de este debate, como en su día también respetamos las decisiones que adoptaron Les Corts Valencianes aplazando el mismo; respeto a todas y cada una de esas decisiones, con independencia de quien las tomara, porque lo que nos une hoy a todos nosotros aquí -y no lo debemos olvidar- es una reforma estatutaria presentada por el Consell del Partido Popular; una reforma que fue aprobada por unas cortes autonómicas con mayoría del Partido Popular; una reforma que se tomó en consideración en esta Cámara con el voto favorable del entonces grupo mayoritario, el del Partido Popular, y una reforma que hoy volverá a tomarse en consideración con el voto afirmativo del grupo que sigue siendo mayoritario en esta Cámara, el del Partido Popular, y, señorías, como dije en su día y hoy repito, con coherencia y con rigor, algo que les ha faltado esta tarde a más de un grupo parlamentario. Rigor, señorías, porque, si bien en el fondo de la propuesta que hoy nuevamente debatimos subyace una legítima aspiración común a todos nosotros, como es garantizar un determinado nivel inversor del Estado en las distintas comunidades autónomas, su causa y principal fundamento se encuentran en la propia exposición de motivos de la proposición de ley que hoy debatimos y que les recuerdo fue aprobada por una amplia mayoría de Les Corts Valencianes -no unanimidad, señor Ferri, amplia mayoría-, y en ella se dice textualmente: La Comunitat Valenciana no pretende estar por encima de ningún otro territorio dentro de España, pero tampoco va a consentir que sus legítimas aspiraciones se vean truncadas por la


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consolidación de un modelo asimétrico en el que unas comunidades autónomas puedan, en detrimento de otras, acceder a más competencias, a más financiación, a más inversiones o a más infraestructuras. O lo que es lo mismo, con la aprobación de esta disposición adicional, lo que pretendíamos era poner fin a un modelo injusto e insolidario, fruto de las decisiones adoptadas por el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero y que afortunadamente, gracias a las políticas del Partido Popular, hoy ya está quedando atrás.

Quien hoy se queja del señor Montoro olvida que el señor Solbes y la señora Salgado negaron a la Comunidad Valenciana la inversión que hoy se solicita, justamente, por no tener una disposición de este tipo aprobada. Por cierto, señorías, señor Solbes y señora Salgado, curioso el veto socialista a lo de las puertas giratorias. Señorías, hace apenas siete meses -lo ha recordado alguno de ustedes- el entonces portavoz del Grupo Parlamentario Socialista calificaba en este mismo debate de lamentable la situación económica de la Comunidad Valenciana. Cito, que no aludo, al señor Ábalos. Hablaba de una Comunidad Valenciana marcada por un sistema de financiación absolutamente injusto y unos indicadores socioeconómicos lamentables. No estuvo muy acertado. En septiembre del año pasado, como seguramente hoy, la Comunidad Valenciana era la comunidad autónoma que más crecía económicamente de toda España. Lo demuestra el dato del 3,6 % de crecimiento en el año 2015, el mayor, como he dicho, de todas las comunidades autónomas, y que les recuerdo que en septiembre ustedes, los socialistas, aún negaban, pero he de reconocerles que en algo tenían razón: el modelo de financiación era y es injusto, sí, lo es, y no solo para los valencianos, pero ese, señorías, no es el debate de hoy, se han equivocado algunas de sus señorías.

Seamos serios, el debate que hoy nos ocupa versa sobre una disposición que no vincula ya a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, o, lo que es lo mismo, no vincula al Estado en su política de inversiones ni menoscaba la plena libertad de estas Cortes para decidir sobre las mismas. Carecen por tanto de absoluto rigor todos los argumentos que se han vertido aquí esta tarde que lo que pretenden es, a partir de la aprobación de normas de este tipo, intentar construir en los estatutos de autonomía un sistema de financiación para inversiones que se diferencie territorialmente según el criterio variable que sea más favorable en cada momento a los intereses de cada comunidad autónoma. Señorías, no. Hoy carecen de sentido las propuestas-trampa parlamentarias que en otros momentos se intentaron -señor Baldoví, ¿las recuerda?-, todo sea dicho, sin éxito alguno. Hoy ya no pueden más que reconocer una cosa, que las decisiones de carácter socioeconómico tomadas por los Gobiernos del Partido Popular, tanto en la Comunidad Valenciana como en España, han traído consigo crecimiento económico, empleo y bienestar social, base real de cualquier incremento de inversiones.

Sus señorías serían capaces de negarlo, lo sé. Su capacidad no tiene parangón. Más que capacidad sería un atrevimiento que rozaría, si lo hicieran, el ridículo parlamentario, porque, si no, contéstenme a estas preguntas. Contesten a la Comunidad Valenciana qué dejaron los Gobiernos del Partido Popular. ¿Crece o no crece la Comunidad Valenciana el 3,6 % en el año 2015, primera comunidad de España? ¿Descendió el paro en más de 40.000 personas en el último año en la Comunidad Valenciana y aumentó el empleo en más de 60.000 personas o no? ¿Lidera la Comunidad Valenciana el crecimiento en exportaciones a nivel nacional o no? ¿Estábamos a la cabeza, y lo estamos, del crecimiento del sector turístico? ¿Crece o no nuestro índice de producción industrial, especialmente el de la industria manufacturera? ¿Se recupera o no incluso la construcción residencial en la Comunidad Valenciana? Señorías, si quieren negarlo niegan lo evidente, porque lo que ponen de manifiesto no es otra cosa que su propia inconsciencia o, lo que es peor, señor López, el limitado interés partidista que guía sus acciones. Y sáqueme, sáqueme el gráfico, sáqueme el gráfico. ¡Qué sufridos son los gráficos, señor López! Qué sufridos. ¡Cómo se pueden retorcer los números en algunas ocasiones!. Pero yo le voy a decir una cosa que sí es verdad, que hasta reconocían sus propios compañeros de grupo: en ninguno de los años de Gobierno del señor Rodríguez Zapatero la inversión en la Comunidad Valenciana no es que no alcanzara su porcentaje de participación en la población, no, es que ni siquiera alcanzó el porcentaje de participación en el producto interior bruto de este país; en ninguno de los años de Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Saque usted el cuadro.

Se lo voy a explicar de otra manera. Como diría el presidente del Gobierno, se lo voy a explicar de manera que hasta ustedes lo entiendan. Si hoy la Comunidad Valenciana lidera el crecimiento económico y la creación de empleo en España es gracias a las políticas económicas y sociolaborales del Partido Popular. Y si hoy la Comunidad Valenciana tiene un déficit por encima de la media de las comunidades


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autónomas es por un sistema de financiación injusto que aprobaron algunos de ustedes, socialistas y La Izquierda Plural, en el año 2009, y aplaudieron muchos más. (Aplausos). Creo que me han entendido, señorías.

Pero miren, si el rigor una vez más avala nuestro planteamiento, la coherencia lo hace más firme. Por ello, porque somos coherentes, votaremos a favor de la toma consideración de la propuesta como ya hicimos en estas Cortes con ocasión de la aprobación de la reforma del Estatuto de Andalucía allá por noviembre de 2006. Votaremos a favor de la toma en consideración de esta propuesta como ya lo hicimos en las Cortes Valencianas en febrero de 2011. Votaremos a favor como lo hicimos el pasado 16 de septiembre, y como ya tuve ocasión de manifestar en esta tribuna, no todos pueden decir lo mismo, simplemente porque no lo han hecho. Hay quien cambia de ideas o planteamientos según esté en la oposición o en el Gobierno, nosotros no.

Por eso hoy puedo acabar esta intervención repitiendo las palabras que ya reproduje en el anterior debate y que dijo en esta Cámara Mariano Rajoy -ya que le han echado ustedes tanto de menos- en el año 2006: Estaremos siempre abiertos a las medidas que redunden en un beneficio claro para la gente. Estaremos siempre obstinadamente empeñados en proteger la legalidad democrática que emana de la Constitución de 1978. Defenderemos en toda circunstancia la unidad de los ciudadanos, la igualdad de sus derechos y esa corresponsabilidad entre unos y otros españoles a la que llamamos solidaridad. Este es nuestro marco y esta es nuestra voluntad de convivencia y de entendimiento. Estas son nuestras reglas, que se pueden resumir en una sola: con el Partido Popular es posible ir a cualquier parte dentro de la senda constitucional y a ningún lado fuera de ella.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camps.

Hemos concluido el debate de la propuesta de reforma del Estatut de la Comunidad Valenciana y quisiera volver a agradecer, en nombre de la Cámara, a los representantes de Les Corts su presencia y su participación en este debate. Quiero agradecer también, cómo no, al president de estas Corts, al señor Enric Morera, que nos acompaña desde la tribuna, y al conjunto de la delegación que ha venido de este territorio encabezada por su president, el president de la Generalitat Valenciana, don Ximo Puig. Moltes gràcies. Muchas gracias a todos y a todas. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL CALENDARIO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000001).

El señor PRESIDENTE: Corresponde debatir la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Simancas.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Presidente, señor ministro, señoras y señores diputados, representantes de la comunidad educativa, subo a esta tribuna para solicitar la toma en consideración de una proposición de ley destinada a suspender la implantación de la Lomce. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio, por favor. Espere, señor Simancas. Por favor, si van a salir del hemiciclo, háganlo en silencio.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: La mal llamada -decía- Ley para la mejora de la calidad educativa. Pretendemos, además, que la paralización de la Lomce suponga el primer paso para su derogación efectiva y su sustitución por un nuevo marco regulatorio, una nueva regulación estable, perdurable, que debe ser fruto de un gran pacto social y político sobre el mejor futuro para la educación en España. Como saben ustedes, la Lomce se aprobó en diciembre del año 2013 con el respaldo exclusivo del Partido Popular y con la mayor parte de la comunidad educativa manifiestamente en contra: docentes, estudiantes, padres y madres de alumnos, administraciones autonómicas. Por tanto, se trata de una ley no dialogada y no acordada, una ley estructural impuesta por una mayoría coyuntural y, ahora que las mayorías han cambiado, bastaría probablemente con este argumento para reclamar la paralización de la


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Lomce. Sin embargo, el Grupo Socialista no solicita el fin de esta ley porque sea una ley del PP que atiende solo y de manera sectaria a las ideas e intereses que defiende el PP. Proponemos parar la Lomce porque su implantación está provocando incertidumbres, confusión, dificultades prácticas y graves perjuicios en los centros educativos para profesores, para docentes, para los alumnos y para las familias. Y sobre todo, solicitamos parar esta ley porque se trata de una mala ley para la educación en nuestro país. En el Grupo Socialista estamos convencidos de que el futuro de España será lo que sea su educación y no queremos para el futuro de nuestro país el atraso, la desigualdad, el autoritarismo y el clericalismo añejo que representa la Lomce. (Aplausos). Paremos la Lomce, deroguemos la Lomce y alcancemos cuanto antes un gran pacto social y político que proporcione a la sociedad española la educación de calidad y con igualdad de oportunidades que necesita y que merece. Este es el objetivo de la proposición que les presentamos.

Señorías, el 13 agosto de 2015 el Ministerio de Educación rechazó la propuesta de hasta doce de las diecisiete administraciones autonómicas para llevar a cabo una moratoria en la Lomce, una moratoria en la conflictiva implantación de una ley ya de por sí conflictiva; mayoría que hoy se ha reproducido en la reunión de la Comisión General del Ministerio de Educación, esta misma mañana: doce de diecisiete comunidades autónomas. Pero el Gobierno se ha negado, el Gobierno quiere una aplicación a toda prisa de su ley, a matacaballo, sin tener en cuenta la opinión y las dificultades lógicas en los centros educativos. En consecuencia, la implantación de la Lomce está siendo precipitada, confusa, con instrucciones contradictorias y sin recursos suficientes. Entre los desarrollos más controvertidos de la ley están, desde luego, las famosas reválidas. En pocas semanas, si no lo remediamos, cientos de miles de niños y niñas que cursan 6.º de Primaria se enfrentarán a una prueba anacrónica e inútil. Porque, ¿cuál es el objetivo de esta reválida? ¿Detectar los problemas que aquejan al conjunto de la enseñanza primaria a fin de corregirlos? ¿Qué sentido tiene entonces hacer la prueba al final mismo de la etapa, cuando ya no cabe corrección alguna? ¿Se trata de comprobar el grado de asunción de competencias por parte de los escolares? ¿Por qué no confiar entonces en la evaluación de los profesores que trabajan día a día con esos escolares y saben muy bien de su evolución? ¿Por qué despreciar el trabajo de estos docentes y confiar más en el resultado de una prueba concreta que se realiza en unos minutos y que puede estar sesgada por los nervios o por un mal día para el estudiante?

Esta prueba responde al anacronismo pedagógico de concebir el desarrollo del aprendizaje como una especie de carrera de obstáculos que el estudiante debe ir superando para no ser arrojado a la cuneta del fracaso escolar. Algo peor incluso, la prueba responde al interés por elaborar ránquines competitivos con los que premiar a determinados centros educativos y con los que estigmatizar a otros sin tener en cuenta las condiciones bien diferentes en las que han de hacer su trabajo día a día. Desde luego, evaluar para diagnosticar y mejorar, sí, siempre, pero evaluar para competir, para premiar aún más a los centros ricos y para estigmatizar aún más a los centros pobres, no, no cuenten, señorías, con nosotros para esto.

Esta reválida solo sirve para provocar estrés en niños de corta edad, para generar una desconfianza inmerecida entre los docentes y para añadir tensiones, disfunciones y agobios presupuestarios a unos centros educativos muy castigados ya por los recortes. Y si hay problemas en la reválida de primaria, no menos problemas hay con las reválidas que ha sembrado la Lomce en la enseñanza secundaria y en el bachillerato que, además, son punitivas: o apruebas o fracasas. Si existía en nuestra enseñanza un consenso dificultoso pero relevante era el establecido en torno a la selectividad. La prueba de acceso a la universidad garantiza, aún hoy, unas aptitudes mínimas para los estudiantes que llegan a la enseñanza superior y al mismo tiempo esta prueba distribuye a los aspirantes en los estudios más demandados mediante una prueba única, válida para todos los campus, garantista de la igualdad de oportunidades. Con la Lomce este consenso ha saltado por los aires y ahora mismo los alumnos de bachillerato de este país viven una incertidumbre absoluta sobre los procedimientos que han de llevarles a la universidad a partir del próximo curso. Si no lo remediamos aquí, en 2017 ya no habrá selectividad. Los estudiantes tendrán que superar la reválida punitiva de 2.º de Bachillerato y además tendrán que superar las pruebas que cada una de las universidades establezca específicamente. Es decir, que un aspirante a estudiar medicina puede pasarse meses o años, tras superar la reválida de bachillerato, haciendo una prueba distinta de acceso en cada universidad. Además de disparatado, este es un proceso que acaba con la igualdad de oportunidades. La Conferencia de Rectores, con toda lógica, ha pedido una moratoria al Gobierno en funciones, y el Gobierno en funciones, como es lógico, como es de su lógica, se ha negado, claro está. Pero hay más, mucho más. Los repetidores de 2.º de Bachillerato que han cursado con modelo LOE este año tendrán que repetir con modelo Lomce el año próximo. No tiene sentido, pero nadie


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ha resuelto aún el problema y nadie ha establecido quién va a pagar la solución al problema. Los estudiantes de la FP básica, incluso los que obtengan un aprobado raspado, tienen prioridad sobre los titulados en secundaria, incluso los sobresalientes, para acceder a la FP de grado medio. Tampoco tiene sentido y tampoco tiene solución. El paso de la formación profesional de grado medio a grado superior también está sin resolver y puede darse perfectamente el caso de un estudiante de jardinería en grado medio que decida cursar enfermería en el grado superior sin obstáculo alguno. Podría pasar perfectamente -permítanme la broma- de podar a amputar sin ningún obstáculo.

Señorías, la Lomce es una mala ley que se está aplicando de manera chapucera, sin diálogo con la comunidad educativa, sin acuerdo con las administraciones autonómicas, sin claridad en las instrucciones a los centros educativos, sin respeto a los profesionales docentes, sin recursos económicos suficientes. La Lomce es una mala ley y su aplicación es un auténtico desastre, un desastre que tenemos que parar con esta iniciativa que sometemos a la consideración del Pleno del Congreso. Queremos parar y queremos derogar la Lomce, pero no porque sea una ley del PP; queremos parar y derogar la Lomce porque es una ley que no resuelve los problemas de la educación en el presente y porque genera problemas aún más graves para el futuro. La Lomce parte, señorías, de un análisis falso. Las dificultades de nuestra enseñanza no están en los resultados de los informes PISA, en los que generalmente figuramos en los tramos medios, y la raíz de nuestro elevado abandono escolar tiene muy poco que ver con ley alguna, con esta y con la anterior. No es verdad, como sostienen los ideólogos de la Lomce, que en la educación española falte esfuerzo, talento, excelencia. Lo que falta en la educación española, sobre todo tras el paso del Partido Popular por los Gobiernos, son los recursos para que el esfuerzo y el talento de nuestros docentes y de nuestros estudiantes puedan transformarse en éxito individual y colectivo. Esto es lo que falta. Claro que buscamos la excelencia, todos queremos la excelencia, pero para nosotros la excelencia sin equidad, sin igualdad de oportunidades es tan solo elitismo, discriminación y darwinismo social. Claro que hay problemas en la educación española, pero no se resuelven, señorías, con reválidas y catecismos. Los problemas reales de la educación española se resuelven con diálogo, con inversión, con respeto a los docentes y con una apuesta simultánea por la calidad y por la equidad. Por eso no nos gusta una ley segregadora como la Lomce. El sistema educativo debe servir para compensar las desigualdades de partida con que el niño llega a la enseñanza, no para consolidar esas desigualdades con segregaciones tempranas y con reválidas punitivas. Frente a las desigualdades sociales hay dos modelos educativos: el que ayuda a cada cual en función de sus necesidades y el que discrimina tempranamente entre presuntos listos y presuntos torpes para enviarlos por caminos distintos, y la Lomce representa el segundo modelo, el más injusto.

La Lomce es también una ley mercantilista, porque persigue formar antes buenos empleados que ciudadanos capaces y los ciudadanos deben ser capaces de ser buenos empleados y capaces también de ejercer críticamente sus derechos y sus libertades. (Aplausos). Es mercantilista porque permite que un alumno transcurra toda la etapa de escolarización obligatoria sin haber estudiado nunca filosofía y es mercantilista porque hace posible que todos los Franciscos Granados de este país adjudiquen suelo público para construir centros educativos privados y que los montadores de muebles de Ikea olviden después sus maletines con cientos de miles de euros en los dormitorios de sus suegros. (Aplausos). También es una ley autoritaria y contraria a la participación democrática en los centros educativos, porque resta capacidad de decisión a los consejos escolares, a los docentes y a las familias, mientras refuerza la capacidad de decisión de los directores nombrados a instancias de la Administración. Y es una ley clerical, porque invierte la tendencia laicista de la propia sociedad española, convirtiendo el adoctrinamiento religioso en materia curricular y evaluable. Mientras nuestros vecinos europeos procuran reforzar el currículum educativo con más idiomas, más tecnología y más soft skills, aquí se examina a los niños con padrenuestros y avemarías, y a esto lo llaman calidad educativa. (Aplausos). Es una ley que refuerza la religión y devalúa la formación profesional, pensada otra vez -como antaño- para recoger al alumnado residual del sistema, como la vía del fracaso, como el destino preestablecido para los alumnos con dificultades. Créannos, señorías, la FP española no necesita importar grandes inventos; necesita plazas, profesores y los recursos que ustedes recortan. Es una ley que no respeta al profesorado porque le niega la formación que requiere; que no respeta a las familias porque les limita la participación democrática; que no respeta a los centros educativos y a las administraciones territoriales porque les niega los recursos básicos para cumplir con su labor. Es una ley barata para una educación devaluada, como puso de manifiesto el informe del Consejo de Estado. Es una ley para una educación low cost. De hecho, la Lomce supone el tercer paso en una estrategia calculada de desmontaje de la enseñanza pública de calidad. Primero fueron los recortes en el gasto educativo, después


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los recortes en las becas y, más tarde, la ley para administrar una educación barata. La derecha suele reivindicar el uso eficiente de los recursos, pero no suele admitir que para que los recursos sean eficientes primero tienen que ser suficientes, y los recursos de la Lomce no lo son.

Señorías, queremos derogar la Lomce para sustituirla por una nueva ley fruto de un gran pacto social y político, como decíamos. Será difícil porque existen grandes diferencias ideológicas entre algunos de nosotros. Todos decimos promover el talento para alcanzar el éxito, pero unos enfatizamos la igualdad de oportunidades mientras otros subrayan la libre elección y la supervivencia solo del más fuerte. Para el PP la excelencia tiene que ver con el resultadismo y con los ránquines, y para el Partido Socialista la excelencia depende de la equidad, de la atención a la diversidad, de la participación y del conocimiento adquirido. (Aplausos). Para nosotros lo público es garantía de justicia, para el PP lo privado es garantía de libertad para perpetuar las diferencias; lo inclusivo frente a lo competitivo, lo participativo frente a lo jerárquico, lo laico frente a lo confesional. Hay diferencias, sí, diferencias de fondo. Ahora bien, ¿es necesario el acuerdo? Indudablemente, sí. Las bases del sistema educativo constituyen los fundamentos mismos de la convivencia, los pilares sobre los que asentar el progreso individual y el desarrollo colectivo. Ninguna ley logrará cambiar a fondo y a mejor el sistema educativo si no parte de un amplio consenso social y político. No se trata de volver a la Logse o a la LOE; no es eso lo que pretendemos, aunque reivindicaremos siempre la contribución de las leyes socialistas a la universalización y a la socialización de la enseñanza en nuestro país. No queremos volver a la Logse o la LOE, pero entenderán que tampoco nos conformemos con la Lomce de las reválidas y los rezos.

Señores diputados, señoras diputadas, termino como comencé. Hay leyes para el ser y leyes para el estar. España será lo que sea su educación. Queremos una educación de calidad y equidad para una España más desarrollada y más justa. Cambio en la ley, cambio en la educación y cambio en el Gobierno cuanto antes. Pongámonos a ello.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Simancas.

Nadie ha solicitado la utilización del turno en contra. Por lo tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. Empezamos por el Grupo Mixto y por la señora Oramas, que tiene dos minutos.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señor presidente, señorías, una vez más traemos a este Pleno un asunto que tiene como rasgo más destacado la ausencia del diálogo, porque si hay un proyecto que ha tenido en su contra a todos los sectores sociales es la Lomce, una ley que nace obviando la participación, el debate y el consenso.

Por centrarnos solo en algunos de los aspectos más preocupantes que afectan a Canarias, hablaré de la supresión de los ciclos de educación primaria que dificulta el respeto a los ritmos de aprendizaje individualizado que en nuestra comunidad se trabaja y se considera. Además, no creemos en la existencia de centros que segreguen al alumnado por sexo, una medida discriminatoria y contraria a la convivencia en pleno siglo XXI.

En cuanto a los consejos escolares, los transforman solo en órganos informativos. Además, quiero decirles que unas de las medidas que más nos preocupan son las evaluaciones externas, estableciendo ránquines entre centros y -nos tememos- sin tener en cuenta los contextos socioeconómicos y culturales, que son los que ayudan a explicar y comprender los resultados, no solo entre comunidades autónomas sino también dentro de ellas. En todo este proceso no se han tenido en cuenta las características de territorios como Canarias, regulándose que estas pruebas las aplicará funcionariado externo al centro. ¿Sabe el Estado que en Canarias somos ocho islas y lo que supondría desplazar al profesorado? ¿Sabe el Estado que tenemos alumnado disperso en escuelas unitarias y en un territorio orográfico complicado? ¿Se ha tenido en cuenta cómo organizar la aplicación de las pruebas en los centros privados? Una vez más se trata igual a quienes son distintos. Tiene que haber una nueva ley de educación que esta vez esté apoyada por todos los partidos políticos y refrendada por la sociedad, que tenga estabilidad en el tiempo y donde la formación profesional tenga un papel fundamental. Estamos hablando de la educación, señorías, de aquello que vertebra las sociedades, que forma ciudadanos responsables, que crea conciencia crítica y que diferencia a un país avanzado de otro subdesarrollado.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas.

Tiene la palabra el señor Martínez.


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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Basta con leer la exposición de motivos de esta iniciativa para destapar el revanchismo que se camufla bajo el señuelo de la mejora de la educación. Estamos ante una torpe exhibición de puras y duras descalificaciones genéricas, tópicas y retóricas que ponen de manifiesto la irritabilidad que le provoca a los compañeros de Pedro Sánchez no controlar la enseñanza tras haber sido retocada y reformada suavemente, que no derogada, su última ley educativa, la LOE. Foro discrepó de la Lomce porque no modificó la escuálida estructura del sistema escolar, secuela de la legislación socialista vigente, ni rectificó aspectos del profesorado aún más débiles, aunque si valoramos la existencia de reválidas y pruebas externas de carácter nacional, de eficaz uso en toda Europa, porque estimulan el esfuerzo y el grado de exigencia. Sin embargo, hoy rechazamos este patético propósito de bloqueo socialista que tiene como principales y grandes damnificados a los alumnos. La Lomce ya está aplicada al completo en Primaria, en 1.º y 3.º de ESO y en 1.º de Bachillerato. ¿Cómo van a encajar los alumnos un nuevo cambio? ¿Cómo repercutirá en todos aquellos que necesitan medidas de atención a la diversidad por sus diferentes carencias? Una paralización del calendario de implantación perjudica gravemente a quienes son el centro de la política educativa. Varios de los párrafos de esta propuesta son dignos de la antología del disparate y la constatación del desamparo a que se arrastrará a los estudiantes perjudicados. Borrón y cuenta nueva. No pocos se definirán de mayores como hijos de un medio plan.

Esta inaceptable argucia torpedera ya tiene un precedente similar durante el periodo democrático. Asistimos hoy a la misma reedición marrullera que los socialistas incitaron contra la LOCE promovida por el entonces Gobierno de José María Aznar. Para Foro los pactos en materia tan sacrosanta como la enseñanza hay que forjarlos coordinadamente en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Educación y deben ser útiles para mejorar la Lomce, desarrollando su normativa y corrigiendo sus debilidades, siempre de forma consensuada con toda la comunidad educativa. El grupo de Pedro Sánchez ni siquiera alude en este remedo reformador que ahora apadrina cómo se verán afectados la estructura, el currículum de asignaturas, la organización de aula y de centro, el profesorado, la formación profesional, el mantenimiento de la ley socialista. Nada de nada. Su consigna es: Paralicemos la Lomce y luego ya veremos si pactamos bajo cuerda, a la bolivariana, en streaming o en Periscope, que es más moderno. De aprobarse esta proposición, será otro colosal paso en falso en la ya de por sí muy zarandeada política educativa española.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.

Tiene la palabra el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Para UPN la mejora de la educación de nuestros hijos, de los jóvenes españoles, es uno de los objetivos que como país todos debiéramos de priorizar. Siempre hemos defendido dos principios: uno, que debemos despolitizar al máximo este tema y sacarlo del pimpampum dialéctico, que no soluciona nada, y, dos, que deberíamos llegar a un consenso político amplio, entre todos, sobre bases técnicas, docentes. Ese debería ser el núcleo irradiador que promoviera un acuerdo aún más amplio entre los verdaderos agentes educativos. Nosotros nos abstuvimos en la Lomce porque no introdujo aquellas aportaciones interesantes que creíamos que la mejoraban y hoy tampoco lo vamos a hacer con esta propuesta porque no aborda los temas importantes de la educación. Es más, si se aprobara su propuesta, crearía más conflictos de los que pretende resolver, sobre todo porque aumentaría aún más las diferencias entre los distintos modelos autonómicos, al establecerse distintos criterios y ritmos de implantación.

Señorías, los debates educativos deberían incluir impulsar un verdadero sistema de evaluación permanente e integral del sistema; defender la libertad y la responsabilidad que tenemos los padres para educar a nuestros hijos -si no les gusta la palabra libertad, llámenlo derecho a decidir; igual es más de su gusto-; dignificar la educación pública para que cumpla su objetivo clave, que es conseguir igualar por arriba las oportunidades de todos los españoles, en especial de aquellos que tienen menos oportunidades; copiar -esto no deberían oírlo mis hijas- aquello que se hace bien en otros sitios; y, sin duda, escuchar a aquellos que saben, a los docentes, a los expertos, etcétera. Lo peor que podríamos hacer en materia educativa sería caer en la tentación de hacer de la educación un instrumento de control social, de ingeniería social. Cuando la educación se vuelve una obsesión para los políticos, señorías, se están sentando las bases para que deje de cumplir sus verdaderos objetivos. El caso de hoy de Navarra es uno de los más lamentables y escandalosos de Europa.


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Por último, señorías, deberíamos recuperar algunos valores que están proscritos u olvidados -no me digan por qué-, que no hacen que nos pongamos de acuerdo en el modelo ni que estemos orgullosos del sistema, que siempre se ha evaluado de manera deficiente en el exterior; valores como el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, la autoridad de los profesores, la excelencia, la integración, la igualdad, la calidad, la competencia y también la ilusión, algo que muchos de nuestros docentes han perdido. Por tanto, hoy nos pedimos a nosotros, pero también les pedimos a todas sus señorías, altura de miras, sentido de Estado y visión de futuro, algo de lo que carece esta iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.

Tiene la palabra la señora Enbeita.

La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.

Señorías, en su día, a pesar de que la comunidad educativa estaba absolutamente en contra, el Partido Popular aprobó la Lomce. Solos ante la Cámara, con el no más rotundo del resto de los partidos políticos, el señor Wert acabó por implantar su capricho. Después de la aprobación de la ley, el Partido Popular no ha conseguido convencer a nadie de lo importante y buena que ha sido esta ley. En Euskal Herria, por ejemplo, la mayoría sindical se ha pronunciado en contra de esta ley, la sociedad se ha movilizado reiteradamente, hay padres y madres que han optado por que sus hijos desobedezcan las reválidas, a pesar de las consecuencias educativas, las huelgas estudiantiles se repiten en contra de la Lomce y de la reforma universitaria del 3+2. Pero algunos, como siempre, ahí siguen en su erre que erre particular. Ahora nos alegra que como ejercicio de sentido común podamos debatir o decidir en esta Cámara la desimplantación de la Lomce, si es que esa palabra existe, ya me perdonarán que soy de colegio público. Pero parar el calendario no es suficiente. En la legislatura anterior esta Cámara adquirió un claro compromiso que decía así: Los grupos parlamentarios abajo firmantes acuerdan que en el primer período de sesiones de la próxima legislatura procederán a derogar la Lomce y paralizar de forma inmediata su aplicación. Señorías, el PSOE nos presenta hoy una propuesta para parar el calendario de la aplicación de la Lomce, pero no estamos hablando de la derogación. Señorías, siendo honesta cada una consigo misma, el compromiso que se adquirió fue la derogación. Lo que deberíamos de conseguir es la derogación, porque la Lomce jamás nos garantizará una educación en igualdad de género que nos construya una juventud con capacidad crítica o, por ejemplo, que garantice las mismas oportunidades para todas. Comenzar con la no aplicación está bien, es un paso adelante, siempre que el compromiso de derogación siga en pie. Si no volverán ustedes a decepcionar a muchísima gente.

En el caso de Euskal Herria, y dejando claro que estamos absolutamente en contra de la Lomce y de todo lo que puede llegar a significar, reivindicamos un sistema educativo propio, soberano, euskaldun, paritario y libre de religiones. Y viendo lo que valen los acuerdos y lo que cambian las palabras en esta Cámara, una vez más, está claro que si Euskal Herria acabará teniendo un sistema educativo como el que se merece será porque han sido la sociedad y la comunidad educativa vasca las que han construido su propio modelo. Y en eso estamos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Enbeita.

Tiene la palabra la señora Sánchez.

La señora SÁNCHEZ MAROTO: Paralización del calendario de implantación de la Lomce. No voy a detenerme en si estamos o no de acuerdo con la Lomce porque ya sabemos todos y todas lo que opinamos de esta nefasta ley. Pero vamos a meternos con el fondo del asunto de la propuesta que tenemos hoy encima de la mesa, que lo único que propone es la paralización del calendario. ¿Vamos a votar a eso que sí? Evidentemente sí, porque es indispensable. Ahora bien, desde Izquierda Unida-Unidad Popular esperamos que este primer incumplimiento del PSOE de su compromiso de derogar la Lomce no sea una deriva hacia tiempos pasados como, OTAN de entrada no, y se convierta en un nuevo revival que nos puede llevar a cosas como, reforma laboral de entrada no, o Ley mordaza de entrada no. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!

La señora SÁNCHEZ MAROTO: Me ha encantado escuchar al señor Simancas pronunciar un par de veces la palabra derogar, porque si no han mentido a sus votantes y están incumpliendo un pacto que han


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firmado con toda la oposición, van a tener que aprender a conjugar el verbo derogar, que no es una herejía, es un verbo simplemente.

También nos preocupa otra cuestión: cuando dentro del escueto texto que hoy discutimos dicen que hace falta un nuevo pacto, porque en realidad esto no es necesario. No vamos a hacer un nuevo acuerdo. Si no, van a tirar ustedes a la papelera lo que durante más de dos años se lleva pactando con la Marea Verde, con el Sindicato de Estudiantes, con la plataforma por la Educación Pública con la que todos nosotros hemos firmado también el pacto de documento de bases para una nueva ley de educación, acuerdo social y político educativo, y que debe ser la base de lo siguiente que empecemos a construir para sustituir esta nefasta ley, y lo que tenemos que hacer no es paralizar un calendario, sino derogar la ley absolutamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.

Tiene la palabra la señora Sorlí.

La señora SORLÍ FRESQUET: President, senyorias, aplaudimos sinceramente esta iniciativa, pero nos parece insuficiente. Nos parece insuficiente paralizar una ley en la que aparece antes la palabra competitividad que la palabra derecho. La Lomce es una ley arcaica, que ha ignorado a la comunidad educativa, que ha ignorado al profesorado, que ignora a los centros. Es una ley que convierte la palabra educación en una mercancía, una mercancía para imponer vuestra ideología pagada con el dinero de todos y de todas, que segrega, que impone la religión, que vincula los recursos a los resultados, sin tener en cuenta las desigualdades y garantizando el elitismo. Una ley que hipoteca el futuro a los catorce años. ¿Sabían ustedes qué querían hacer a los catorce años? Yo creo que no. A todo este despropósito hay que sumarle, en el caso del País Valenciano, la infrafinanciación. Seguimos esperando que el señor Montoro nos diga qué centros tenemos que cerrar para cumplir ese dichoso déficit.

No queremos una ley nueva; Compromís no la quiere; queremos un pacto educativo, acordado y firmado; un pacto que incluya a la comunidad educativa, que garantice la autonomía de los centros, que legisle en pro de la igualdad de derechos y de acceso, que marque las bases educativas, que descentralice competencias y que favorezca la participación territorial. Un pacto similar al de Finlandia, ese con el que tanto nos llenamos la boca usándolo como ejemplo. Un pacto que esté por encima de ideologías y de legislaturas. En fin, un pacto que se asemeje al Gobierno a la valenciana; hoy hemos tenido un gran ejemplo. Un pacto que aporte soluciones, que genere consenso y que no ponga tiritas a las cosas que se han hecho mal. Como el Gobierno valenciano, como he dicho antes, liderado por Pérez-Marsá y Mónica Oltra, de quien queremos ser el altavoz. Necesitamos un Gobierno que nos deje avanzar, que deje avanzar a la sociedad; un Gobierno que tome decisiones con valentía, que tenga agallas para derogar una ley de educación mercantilista y elitista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sorlí.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Agirretxea. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

El Grupo Nacionalista Vasco se ha posicionado siempre en contra de la Lomce. Por lo tanto no va a ser ninguna novedad hoy que apoyemos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista para esta paralización. Entiendo que todos tenemos los mismos deseos de que se derogue esta ley, pero hay unos mecanismos que hay que tener en cuenta para que esto tenga un efecto positivo en la comunidad educativa -que es de lo que se trata- y para que no exista un vacío legal en un momento dado. Por tanto lo urgente en estos momentos es verdad que es la paralización de estas pruebas tan nefastas que no debieron darse nunca.

Como decía, nosotros nos hemos posicionado siempre en contra de la Lomce, incluso desde antes de que se aprobara la ley, cuando empezó a debatirse entre la comunidad educativa, y cuando había la idea de que se iba a aprobar este proyecto de ley. Hubo reuniones, debates en el Senado, en el Congreso, reuniones con las diversas comunidades autónomas y el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno vasco -en el que era titular en la materia- desde un primer momento se opusieron frontalmente. Por varios motivos, varios fundamentales y alguno de ellos básico para nosotros -y me da pena que no se haya


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nombrado en la intervención del proponente-: porque vulnera el derecho de competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia educativa, tal y como dicen el Estatuto de Autonomía y la propia Constitución.

El Estatuto de Autonomía, en su artículo 16 -y quiero que se tenga en cuenta, porque esto no es un invento de que algunos quieren o tienen privilegios y cosas así. No, lo dice el Estatuto de Autonomía, y por tanto es algo que también debe tener en cuenta quien quiera hacer una nueva ley, porque va a ser fundamental si quiere el apoyo del Partido Nacionalista Vasco-, dice: En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución es de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución. Por tanto creo que queda claro que somos competentes en la materia y tenemos plena soberanía en esta área. En definitiva, esta ley, la Lomce, vulnera claramente este derecho que ostenta la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Por otro parte, y ya entrando en una materia que no es del ámbito competencial, aunque para nosotros sea fundamental, creemos que no hay estudios sólidos que respalden la decisión del ministerio sobre la implantación de esta ley, sobre lo positivo que tiene esta ley y que justifique de alguna manera que era necesaria, que argumente su necesidad. Hay que señalar algo fundamental y que también han dicho otros grupos: la falta de consenso en el Estado español. No es normal que sea una séptima modificación de un programa educativo en un Estado serio. Creo que cada Gobierno que ha venido ha traído su Ley de Educación, y como ha sido su caramelito, lo ha sacado y venga a cambiar y venga a cambiar. Pero al fin y al cabo, ¿quién ha sido el damnificado? Los propios alumnos, que al final no sabían ni por dónde tenían que ir, porque cada legislatura tenía una nueva Ley de Educación.

Nuestro grupo para nada comparte -no lo compartió en su momento y ahora tampoco evidentemente- el punto de vista de la calidad en la enseñanza que plantea esta ley, ya que la consideramos limitadísima. El modelo pedagógico que plantea la Lomce no es justo con las calificaciones de los alumnos, ya que se reduce únicamente a los resultados académicos y no tiene en cuenta el resto de cualidades, y sí, es una herramienta de homogeneización. A nosotros no nos importa que otras comunidades autónomas quieran plantear o estén dispuestas a aceptar los programas educativos que se les implante desde Madrid y lo que el Gobierno central quiera, pero en Euskadi no. Tenemos nuestro propio modelo, tenemos nuestro propio currículo, tenemos nuestro propio sistema educativo, y tenemos una comunidad educativa de padres, alumnos, profesores, sindicatos y Administración que ha trabajado en conjunto, que ha elaborado leyes de educación que han funcionado muy bien durante muchos años. Por lo tanto no necesitamos ninguna otra ley que nos imponga criterios que nos son ajenos, y el artículo 16 del Estatuto de Autonomía refleja claramente el ámbito competencial que comentábamos.

En cuanto al sistema educativo vasco he de decir que sus resultados actuales -para demostrar que no necesitamos ninguna Lomce- son mejores, muchísimo mejores que los objetivos que plantea la Lomce. La Lomce plantea alcanzar el 15 % de la tasa de abandono temprano en 2020; en Euskadi es ya del 11,5 frente a la media española que es del 24,9. Pretende aumentar las tasas de educación secundaria postobligatoria; en Euskadi es del 82,92 frente al 65 % del Estado español. Mirando a la FP, otra de las grandes bases fundamentales del sistema educativo, que hoy en día cada vez adquiere más importancia, la tasa vasca de graduación es del 53,5 % frente al 40 % del Estado español. El porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan en Euskadi es de un 15,3 mientras que en España esta cifra se dispara al 23,5, casi el 24, y así y todo en Euskadi esperamos mejorar esta tasa.

Los objetivos que plantea la Lomce están superados desde hace tiempo en Euskadi. El sistema educativo vasco ha dado respuestas a todo ello, y esta ley no representa ningún avance para nuestras verdaderas necesidades, sino todo lo contrario, es un camino de regresión -para nosotros largo camino que hemos construido en los últimos veinte años, como decía, entre toda la comunidad educativa y la Administración vasca-, y ataca la calidad, que ha alcanzado al sistema educativo vasco creo que de una manera importante. En definitiva es un sistema que intenta centralizar, que intenta inmiscuirse donde no le corresponde, y además no aporta ninguna mejora. Esa es la conclusión final que podemos sacar. Por lo tanto en cuanto al sistema de evaluación evidentemente estamos de acuerdo en que no necesitamos estas reválidas para nada, están perjudicando, están entorpeciendo y no aportan nada positivo.

Formación profesional, base fundamental. Hace una semana los empresarios en Euskadi han dicho que cada vez necesitan más gente formada en formación profesional. Lo que en su día algunos decían: el que vale a la universidad y el que no a FP, hoy en día no es válido; yo creo que afortunadamente la formación profesional cada vez tiene más valor, y en Euskadi hemos tenido un sistema de formación


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profesional envidiable, y creo que la comunidad educativa de todo el Estado español puede atestiguarlo. Y hay un elemento también fundamental para nosotros y al que esta ley no responde, y es el tratamiento de las lenguas. El uso de las lenguas en el sistema educativo vasco es competencia de las instituciones vascas, y con la pretensión regulatoria de las lenguas que plantea la Lomce esta supone una intromisión inaceptable en cualquier caso, y alejada del ordenamiento constitucional que tanto les gusta a algunos añadir en nuestro ámbito lingüístico. Una invasión competencial que supone una involución cercenadora del autogobierno vasco.

¿Qué debería tener un sistema educativo que nos pudiera valer, que pudiera aportar, que pudiera enriquecer lo que ya tenemos? Pues, en primer lugar, que pudiera determinar la organización de las etapas de la enseñanza obligatoria y postobligatoria y el desarrollo del currículo; que permitiera que la Comunidad Autónoma de Euskadi concretara los criterios de evaluación; que permitiera que pudiéramos establecer aspectos esenciales de las acciones formativas y el currículo de la formación profesional básica; que pudiera determinar el contenido y características de las pruebas y cursos; que pudiera regular las condiciones y requisitos para el desarrollo, y por último que pudiera dar atención a las características y peculiaridades de la comunidad educativa de Euskadi.

En consecuencia vamos a apoyar esta toma en consideración, pero repito lo que he dicho al inicio: no vamos a aceptar ni ésta ni ninguna otra ley que no contemple las cuestiones que hemos planteado, que son básicas y fundamentales. Primero, que no se inmiscuya en el terreno que no le corresponde. No vamos a aceptar ni esta ni ninguna otra ley que haga eso, por mucho que tenga otro nombre y por mucho que vaya por otros derroteros. Y me gustaría que otros partidos, que otros grupos también pudieran posicionarse en esta materia si verdaderamente apuestan por leyes centralizadoras, por muy ideológicamente que puedan plantear una cuestión que pudiera estar alejada de la Lomce cuando se habla del ámbito competencial, si verdaderamente apuestan por leyes centralistas, leyes homogeneizadoras. No necesitamos en Euskadi ninguna ley educativa que nos diga lo que tenemos que hacer cuando ya lo hacemos bien y somos -creo- ejemplo para muchas cosas.

Muchas gracias, señor presidente.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), señor Postius.

El señor POSTIUS TERRADO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, buenas tardes. Siguiendo los debates de la Lomce que han tenido lugar en esta Cámara en los últimos años, uno se da cuenta de los dos principales problemas de que adolecen todas las leyes de educación tramitadas en democracia. En primer lugar, la manipulación política que se ha hecho de todas ellas. Y en segundo lugar, la falta de visión de Estado en un ámbito estratégico como es el de la educación. Solo así se entiende que hoy impulsemos la defunción de la séptima ley escolar de la democracia y en cierto modo empecemos de facto la tramitación de la octava. Es decir, de media este Congreso ha aprobado una ley educativa cada cinco años, un hecho insólito en aquellos Estados que tienen un sistema educativo que funcione. Y es que la Lomce sintetiza muy bien lo que fue la legislatura pasada: una legislatura marcada por la falta de diálogo, la imposición, el rodillo, la falta de consenso y de acuerdos. Y claro está que de esos polvos, estos lodos. Y todo ello habida cuenta de que desde Cataluña entendíamos simple y llanamente que era una mala ley, y que además atacaba frontalmente el marco competencial de la Generalitat de Catalunya en el ámbito educativo. En este sentido, haré un breve resumen de los motivos por los que en su momento ya nos opusimos a la tramitación de esta ley.

En primer lugar, la Lomce conculca el principio de igualdad de oportunidades al producir la segregación temprana; permite la publicación de rankings de centros docentes y favorece la exclusión del alumnado con dificultades. Basta pensar en el hecho de que se establece un sistema de reválidas con efectos punitivos en vez de formativos. En segundo lugar, la Lomce también establece una clasificación de asignaturas arbitraria, con una ordenación académica incongruente y antipedagógica, que deja fuera del currículo importantes áreas imprescindibles para la formación integral del alumnado como, por ejemplo, la filosofía o la música. En tercer lugar, la clasificación de las materias que se deben impartir en las etapas de primaria, secundaria y bachillerato en tres bloques de asignaturas distintos, y la previsión de realizar evaluaciones al finalizar cada una de las etapas también supone una clara incidencia en las competencias autonómica sobre el establecimiento del currículo educativo. En cuarto lugar, la Lomce introduce un cambio en el modelo de acceso a las diferentes etapas de la educación. Los alumnos solo podrán pasar de una etapa a la siguiente y del bachillerato a los estudios universitarios tras haber superado unas


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evaluaciones finales de cada etapa. Este cambio incide de nuevo en las competencias autonómicas, puesto que elimina u omite toda participación de las comunidades autónomas en la realización de dichas pruebas. A la vez demuestra un escaso aprecio por la competencia de los docentes y su capacidad para la evaluación de los alumnos. Finalmente, desde el punto de vista de las lenguas oficiales de la enseñanza, la Lomce introduce una nueva regulación de su uso vehicular, niega la diversidad lingüística de las comunidades autónomas con lengua propia, como es el caso de Cataluña, y atenta contra el modelo de inmersión lingüística que garantiza el conocimiento del castellano y del catalán al finalizar la formación, y que ha sido fundamental para la cohesión social y la convivencia. Establece a su vez un nuevo control jerárquico del Estado sobre las comunidades autónomas no previsto en la Constitución, y que de hecho la contradice, al prever un procedimiento por el cual la Administración central puede decidir por cuestiones lingüísticas el pago de hasta 6.000 euros por alumnos en la escuela privada a cargo de la Administración educativa autonómica.

De manera resumida la ley vulnera la autonomía política y económica reconocida a las comunidades autónomas, invade las competencias asumidas por la Generalitat de Catalunya en materia de educación y de lengua propia, y trasgrede en definitiva el régimen lingüístico de la enseñanza en Cataluña que resulta del artículo 35 de su Estatuto de Autonomía. Si a todo ello le añadimos que la Lomce se hizo de espaldas a los grupos de esta Cámara, a la comunidad educativa, sin el consenso necesario con las comunidades autónomas, y con una clara intencionalidad política e ideológica, a nadie le tiene que extrañar que ahora apoyemos esta proposición de ley. Ahora bien queremos dejar muy claro que esta proposición no nos satisface del todo respecto a lo que se firmó en 2013, y en este sentido, en el trámite de enmiendas, impulsaremos una serie de cambios para que se derogue también el Real Decreto 591/2014, y aquellas normas de desarrollo de la ley que sean contrarias a los principios enunciados, y de acuerdo con los cuales apoyamos su suspensión y derogación. Dicho de otra forma, vamos a pedir que se suprima directamente el mecanismo que permite que si la programación anual de la Administración autonómica no garantiza supuestamente, y a criterio del ministerio, una oferta razonable de lengua castellana, el Ministerio de Educación asuma los gastos de escolarización de los alumnos en centros privados, y que después pase la factura a la comunidad autónoma correspondiente. En Cataluña, que les quede claro, se garantiza el aprendizaje del castellano, como demuestran todos los estudios conocidos al respecto y no aceptamos que se sostenga lo contrario. También vamos a defender que en la octava ley de educación que se tendrá que tramitar no se vulnere el marco competencial de Cataluña en el ámbito educativo ni tampoco en lo referente a la inmersión lingüística. Esta nueva ley puede representar una oportunidad magnífica para hablar de pacto por la educación, y que de una vez por todas la educación deje de ser un arma arrojadiza entre los grandes partidos, y la tramitación de la misma pueda contar con amplios consensos no solo de la comunidad educativa, sino también de una amplia mayoría política. Todo esto es posible si hay voluntad y altura de miras, como sucedió en Cataluña con la aprobación de la Lley d'Educació, con el modelo de inmersión lingüística incluido, que en 2009 tuvo un respaldo muy amplio entre Gobierno y oposición. De hecho esta ley se aprobó con el Partido Socialista en el Gobierno y con Convergència en la oposición, una ley que se hizo desde el consenso y que en muchos aspectos puede servir de base para esta nueva ley.

Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Catalán se muestra favorable a la tramitación de esta proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor

Postius.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Olòriz tiene la palabra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Señora presidenta, diputadas, diputados, amigas y amigos de la comunidad educativa, una primera constatación: está muy bien que hablemos de educación, incluso mejor que nos escuchemos hablando de educación. En mi intervención partiré de una evidencia. Para nuestro grupo toda educación es una elección. ¿Qué se quiere transmitir? ¿Cuáles son los valores dominantes y cuáles son los conocimientos importantes? Toda acción educativa es una elección política, y como tal se ve sometida a los mismos vaivenes históricos que el conjunto de las decisiones que conforman el modelo social y el modelo territorial elegido. No digo nada nuevo si insisto en que el sistema educativo español ha sido históricamente un campo de batalla. Las reformas y contrarreformas marcan un récord absoluto en la legislación europea, y señalan claramente la incapacidad para alcanzar acuerdos entre las diferentes


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fuerzas políticas, con el agravante de su retraso secular, la dictadura franquista y sus rémoras, bajo la forma de una doble red de escuelas públicas y concertadas sostenidas con fondos públicos, estas últimas sin diferenciar las que hacen un servicio público de las que no, y lamentablemente la escasa inversión educativa antes y ahora. No es de extrañar el hecho de que siempre se hacen las leyes educativas sin memoria económica, siendo todo lo dicho una enorme losa de la que no se ha recuperado el sistema educativo.

El sistema escolar español se ha asentado sobre cuatro grandes leyes orgánicas: la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, LRU, de 1982; la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de la Educación, LODE, de 1985; la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, Logse, de 1990, y la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, Lopeg, de 1995. Posteriormente se le han añadido un rosario de leyes contradictorias. La Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, de 2002, fue una ley nonata al ser sustituida por la Ley Orgánica de la Educación, LOE, de 2006. Y cómo no, para empeorar, la pasada legislatura, en 2013, se sustituyó la anterior por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. En general los enormes vaivenes que ha sufrido la educación en España, a golpe de reforma educativa, se han justificado en la búsqueda de una mayor eficacia. Esta avalancha legislativa, en muchos casos contradictoria, ha provocado el efecto contrario: una crisis permanente que se ha trasformado en crítica continua, incapaz de buscar alternativas reales. Como profesor durante más de treinta años, he padecido esta situación de la enseñanza en España.

La aprobación de la Ley orgánica 8/2013, de 9 de noviembre, para la mejora de la calidad educativa únicamente con los votos del grupo parlamentario que apoyaba al Gobierno, constituyó un enorme error que demostró la nula capacidad de consenso del Gobierno del momento. Sin él, la perdurabilidad de la reforma y la estabilidad del sistema era y es nula. Las elecciones del pasado 20 de diciembre han constatado que la mayoría excluyente que sirvió para apoyar la ley se ha volatilizado, siendo hoy mayoría en el Congreso las fuerzas políticas que se opusieron y que llevaron en sus programas la derogación de la ley. El inicio de la implantación de la Lomce que se puso en marcha el curso 2014-2015 ha traído aparejadas multitud de variables e inconvenientes tanto por la ineficacia de la ley misma como por la forma dispar en que se ha llevado a cabo en las comunidades autónomas. Las prisas del ministerio por imponer esta ley, acelerando el calendario de implantación de la misma sin el apoyo de la mayoría de la comunidad educativa y en contra de la mayoría de las comunidades autónomas está generando, ha generado y continuará haciéndolo enormes problemas en la aplicación de la misma: Problemas en las administraciones educativas para adaptar sus normativas, lo que lleva aparejado desconcierto y desorganización en los centros. Problemas para el alumnado, que está sufriendo las consecuencias de este desorden. Problemas para las familias, que viven con preocupación e incertidumbre la educación de sus hijos y, fundamentalmente, problemas para el profesorado, que es el que tiene que aplicar los cambios de la normativa educativa sin tiempo para asumirlos y prepararlos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Los datos que aportan los estudios realizados hasta hoy sobre la implantación de la Lomce al finalizar el curso 2014-2015 revelan que en cada comunidad autónoma la situación es distinta. En los cursos de implantación tanto de Primaria, 1.º, 3.º y 5.º, como en 1.º de FP básica, en muchos casos comenzó el curso sin la normativa requerida o bien aprobada en último momento sin tiempo para conocerla y prepararla adecuadamente. Existen comunidades autónomas con desarrollos normativos nuevos, otras con los antiguos, en otras conviven los dos, e incluso se han dado situaciones tan caóticas como implantar un curso Lomce pero utilizando el material del currículo anterior.

Con respecto a la prueba individualizada de 3.º de Primaria, que se presentó como un pilar fundamental para mejorar el sistema educativo, también ha tenido una puesta en marcha dispar. Si se profundiza en la normativa para la realización de esta evaluación externa, se vuelven a observar un gran número de variables dependiendo de cada comunidad autónoma. En Andalucía y Asturias no la han realizado, en Cataluña se mantiene el modelo propio de evaluación, en Canarias y Euskadi se ha realizado con carácter censal pero con múltiples casuísticas tanto en las competencias evaluadas como en la aplicación de las pruebas. Un ejemplo de ello es que en unos territorios son aplicadas por profesorado externo, en otros por profesorado del centro que no imparte clase al grupo evaluado, en otros es el propio profesorado del grupo el que la aplica. Con este panorama difícilmente se pueden sacar conclusiones fiables sobre la validez y eficacia de estas pruebas. En el curso 2015-2016 se ha iniciado la implantación de 1.º y 3.º de la ESO y 1.º de Bachillerato sin el desarrollo normativo, por lo que todo nos lleva a la conclusión de que este curso actual, y más aún si se aplican la revalidas, será todavía más problemático que el pasado.


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Ante la situación que hemos explicado de desconcierto, se hace necesario con la mayor urgencia que se derogue esta ley para impedir males mayores a los descritos y para abrir una reflexión para recomponer el sistema educativo, reflexión que ha de ser respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas, especialmente con aquellas que tienen leyes vigentes, como es el caso de Cataluña; una normativa que pueda ser aceptada por la mayoría sin presiones ideológicas, abandonando las obsesiones contra la lengua catalana, dirigiendo y centrando todos los esfuerzos en las necesidades reales de un sistema educativo que ha de respetar la pluralidad ideológica, la existencia de diferentes naciones como la catalana y en la que la apuesta por la calidad de la enseñanza vaya unida a la equidad.

Por todo esto, no es suficiente a nuestro parecer la proposición de ley que el Grupo Parlamentario Socialista nos propone. Es vergonzante y no se puede entender de ninguna manera que de hecho solo nos propongan suspender el calendario de su aplicación, manteniendo lo que se ha hecho mal y que continúa perjudicando al conjunto del sistema educativo. Hay una mayoría suficiente en esta Cámara para derogar la Lomce aquí y ahora, hacernos consecuentes con la promesa electoral, de hecho, con el contrato electoral por el cual estamos aquí y somos diputados y diputadas. Ustedes con esta proposición de ley van en contra de su programa y, por si fuera poco, derogarlo es de obligado cumplimiento porque todos los que lo acordamos en su momento así lo hemos de hacer, todas las fuerzas parlamentarias que la pasada legislatura el 17 julio 2013 lo firmamos con este objetivo. Aquí están las firmas, también las firmas del señor Rubalcaba, el antecesor de Pedro Sánchez. ¿Es que su palabra y su firma no sirven para nada? Si no se cumple la palabra, ¿qué confianza podrán pedir a esta Cámara en el futuro? ¿Por qué no se unen a la mayoría? Cuenten bien porque últimamente no se les da demasiado bien la aritmética. No excluyan ni se excluyan. Este no es el camino del cambio y, si no lo siguen ni lo persiguen, otros tendrán que coger el testimonio y en este Pleno pedir lisa y llanamente la derogación. Tendrá nuestro voto a regañadientes, se ganará la votación, pero al dejar a medias lo que se debería de hacer de forma completa, no habrán cumplido posiblemente por mirar más a Ciudadanos que a sus electores.

Un poeta catalán decía que qui perd els orígens perd l'identitat. Quien pierde sus orígenes, pierde la identidad. Háganselo mirar, aún están a tiempo. Ni nos convencen ni habrán convencido a una comunidad educativa que esperaba más, mucho más.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olòriz.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Roldán.

El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, es un orgullo para mí hablar en esta Cámara sobre educación porque pienso que está en el corazón del programa político, social y económico que representa Ciudadanos y diría que lo está por tres razones principales. En primer lugar, porque la educación es la base de la igualdad de oportunidades. Con un trato divergente que discrimine a la gente, a los estudiantes, a los alumnos y a las personas por su origen socioeconómico no lograremos tener la sociedad que queremos.

En segundo lugar, la educación es esencial para nosotros también porque es la base de nuestro modelo económico. Hablamos siempre de cambiar el modelo económico, de reformar nuestra economía. La educación es el corazón de la economía del conocimiento, la única que nos permitirá en el futuro mantener nuestro Estado del bienestar. El capital humano es la esencia del crecimiento económico y del desarrollo de los países.

En tercer lugar, la educación es esencial, decía, porque es la clave para tener una democracia sana. Solamente con una buena educación tendremos personas críticas y tendremos ciudadanos completos que piensen de forma independiente, que dialoguen y que mejoren nuestra democracia. Por tanto, la educación es el pilar de cualquier proyecto sensato para un país. En definitiva, la educación es la base de nuestro futuro; sin embargo, en España nos hemos encontrado en los últimos años con bastantes problemas.

Hasta ahora la educación se ha reformado siete veces desde la llegada de la democracia, ni una sola de las leyes ha estado vigente por más de seis años y ninguna contó con el consenso de los principales partidos de esta Cámara. La educación, señorías, está excesivamente politizada en este país. Los partidos tradicionales la han utilizado como un arma arrojadiza, como un arma de confrontación en vez de como un arma de construcción y los problemas de fondo han permanecido inalterados. Déjenme que les mencione algunos de esos problemas.


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Probablemente, el problema prioritario es el enorme fracaso escolar. Seguimos teniendo el fracaso escolar más alto de la Unión Europea. Uno de cada cinco alumnos sigue abandonando la escuela sin terminar y la inmensa mayoría no vuelve a reengancharse nunca. De hecho, las colas del paro están llenas de estudiantes que no han terminado la educación. España, además, ocupa una posición mediocre en todos los organismos y evaluaciones internacionales, muy por debajo de lo que nos tocaría por nuestro poder adquisitivo. Tenemos menos conocimientos en ciencia, en comprensión lectora y en matemáticas que los países de nuestro entorno, tenemos muy pocos alumnos excelentes y muchos rezagados. Fracasamos en los dos principales objetivos de la educación: la equidad y la eficiencia. En España en demasiadas ocasiones se recurre a la repetición. Uno de cada tres alumnos ha repetido curso antes de cumplir los quince años y eso absorbe el 8 % de nuestro presupuesto en educación y todavía agrava más los problemas en las aulas. La media de repetición en los países de la OCDE es muchísimo menor que la que tenemos.

En España se sigue premiando el estatus socioeconómico y se sigue minusvalorando la meritocracia. Los países de nuestro entorno tienen menores desigualdades en la educación y permiten un acceso más fácil a la educación pública. En España tenemos un enorme problema de trabas a la igualdad de oportunidades por el enorme coste del material escolar. Cada familia española gasta aproximadamente de media 1.200 euros al año en material escolar. En España tampoco contamos con planes eficaces para tratar a los alumnos con necesidades especiales diferentes, pero déjenme que me pare un segundo a hablar de algo que probablemente es lo más importante: los profesores. Es el factor clave de la enseñanza. Por encima de los recursos tecnológicos, por encima del tamaño de las aulas, los maestros y maestras son los que deben liderar el cambio educativo en nuestro país. Sin embargo, solamente el 8 % de nuestros profesores cree que su labor es valorada por la sociedad y la mayoría cuenta con insuficientes apoyos para ejercer su labor. Por tanto, déjenme que desde esta Cámara mande un mensaje de reconocimiento a los profesores, que están trabajando cada vez con menos recursos y haciendo una labor esencial para nuestro país. (Aplausos).

Hemos hablado de los problemas y ahora permítanme que les diga cuál es la propuesta de Ciudadanos para cambiar la situación. En primer lugar -es lo más importante-, debemos hablar de un gran acuerdo transversal. En educación, a pesar de que algunos parezcan tener más interés en encontrar diferencias que similitudes, existen algunos espacios significativos para el consenso. Ciudadanos ha propuesto en la Comisión de Educación la creación de una comisión parlamentaria que tenga como objetivo la consecución de un pacto nacional por la educación. Podemos ponernos a trabajar desde ya, no necesitamos que empiece un Gobierno, podemos hacerlo ya desde esta Cámara. Podemos hablar, podemos dialogar, podemos intentar buscar consensos; no nos quedemos con los brazos cruzados, criticando los problemas de siempre. Ese pacto tendría que estar basado en tres cuestiones principales, aunque hay algunas otras. La prioritaria, como decía, son los profesores. Hemos hablado desde el principio de crear un MIR docente, un MIR que dignifique la carrera de los profesores, que les permita tener una proyección, una progresión académica y acceder a la buena formación. Hemos hablado también de la Educación Infantil, de 0 a 3, que es absolutamente clave. Un euro invertido en los primeros años de la educación es infinitamente más rentable que un euro invertido más tarde. Y hemos hablado de muchas otras cosas.

Para terminar, déjenme que les diga que en Ciudadanos estamos a favor de dejar de tirar para los lados. Queremos ir hacia adelante. Queremos abandonar de una vez por todas la retórica de la confrontación. Pensamos que no sirve para nada parar, derogar e ir para atrás. No creemos que las leyes anteriores hayan ofrecido soluciones a estos problemas que acabo de mencionar. Lo que ha inspirado el espíritu de nuestro acuerdo con el Partido Socialista -esta ley se presentó antes de ese acuerdo- es que hay problemas con la Lomce y que tiene que cambiar, pero la solución no es volver a la LOE ni a la ley de Zapatero. La solución es sentarnos en una mesa y encontrar respuestas a esos problemas de los que hemos hablado. Me gustaría que los viejos partidos discutieran con la misma vehemencia de la que hablan sobre ciudadanía o sobre religión -cuestiones muy importantes-, sobre cómo mejorar la calidad de la enseñanza en las matemáticas, la creatividad de nuestros alumnos y la calidad de nuestros profesores. Por esa razón, nos vamos a abstener en esta votación.

Para concluir simplemente quería hacer una pequeña cita de Kennedy: La educación es la clave del futuro, la clave del destino del hombre y de su posibilidad de actuar en un mundo mejor. Estemos a la altura de los tiempos, por la igualdad, por el progreso y por la democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roldán.

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Belarra.

La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, señor presidente.

Señores y señoras diputadas, el 28 de noviembre de 2013 en esta misma Cámara se aprobó el texto definitivo de la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. El Grupo Parlamentario Popular votó en solitario frente al rechazo unánime de todo el resto de grupos parlamentarios. En dicho texto no se incluyó ninguna de las enmiendas ni aportaciones del resto de fuerzas. Aquel día, señorías del Grupo Parlamentario Popular, no solo hicieron oídos sordos al resto de fuerzas políticas, también desoyeron el grito unánime de la sociedad y de la comunidad educativa. Redactaron una ley que contradecía todos los conocimientos procedentes de los sistemas educativos de otros países, así como la investigación en la práctica educativa. Ustedes aprobaron una ley de educación de marcado carácter ideológico que suscitó el rechazo de toda la sociedad, tanto en las calles como en las instituciones. Antes incluso de que se aprobara dicha ley, todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Parlamentario Popular, junto a los principales sindicatos y representantes del alumnado y las familias firmaron ya el compromiso de su derogación. Es una ley que nació ya condenada al fracaso.

Nos encontramos ahora, tan solo dos años después, teniendo que cumplir ese compromiso por la irresponsabilidad de un Gobierno todavía en funciones; el compromiso de derogar una ley que nunca debió ser aprobada. En democracia los votos no se pueden usar como un cheque en blanco y las cuestiones de Estado como la educación nunca deben abordarse sin el diálogo con la comunidad educativa. Para la sociedad en general y para quienes somos profesionales del mundo de la educación ha sido difícil entender cómo un Gobierno que dice apostar por la calidad de la educación es el mismo que ejecuta el mayor recorte en materia educativa en nuestro país de toda la historia. La triste realidad, señorías, es que en una única legislatura la inversión en educación ha retrocedido a las cantidades de hace una década. ¿Cómo se puede mejorar la calidad de la educación cuando se contratan menos profesores y se aumenta el número de alumnos por aula? Su Gobierno ha pedido a los y las docentes de nuestro país que enseñen mejor pagándoles menos y obligándoles a trabajar más horas, ha pedido al alumnado que aprenda más con menos becas y ha cargado a las familias con todo el coste de la educación de sus hijos e hijas. ¿Es así como el Partido Popular entiende la mejora de la calidad de la educación? Ustedes pretenden hacernos creer que la mejor forma de enseñar es no enseñar y que la mejor forma de aprender es no aprender. Quizá la mejor forma que tengan ustedes de gobernar es que dejen de una vez de gobernar y, siguiendo su misma lógica, nosotras estamos plenamente convencidas de que para que esta ley se implante de manera satisfactoria la mejor solución es que no se implante.

Son muchos los motivos para oponerse a esta ley, para votar a favor de que se paralice su aplicación. Buena parte de estos motivos se los vinieron repitiendo tanto el alumnado como la comunidad educativa y las asociaciones de padres y madres, pero como entonces no quisieron escuchar, se los voy a repetir yo hoy. Estas son algunas de las conclusiones del Foro de Sevilla, que fueron publicadas en el manifiesto Por otra política educativa, suscrito por un grupo de académicos e intelectuales de toda España y que cuenta con un amplio respaldo de la comunidad educativa. En este manifiesto se denuncia que la Lomce plantea un enfoque eminentemente utilitarista de la educación. Entiende la educación como el motor que promueve la competitividad de la economía y así se priorizan los contenidos técnicos sobre cualquier contenido o estudios de humanidades. Sin embargo, ya decía Aristóteles que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Con su modelo educativo habría que olvidar frases como esta, así como al gran maestro que la pronunció. La filosofía, el arte y el pensamiento crítico resultan a su parecer inútiles en una sociedad de mercado. Otros en cambio pensamos, como Nuccio Ordine, que existen saberes que son fines en sí mismos y que precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada ejercen un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad. Además, su ley limita la participación democrática del alumnado y las familias en los centros escolares y convierte los consejos escolares en meros órganos consultivos. Su ley saca la Educación para la Ciudadanía del currículo para incluir la Religión. Su ley rebaja la responsabilidad de los poderes públicos y los pone al mismo tiempo al mismo nivel que la potestad de regulación y financiación de los agentes privados. Su ley segrega al alumnado en función de su condición socioeconómica y blinda la educación segregada por sexo.

Por todos estos motivos nuestra postura es clara: apostamos decididamente por la derogación completa, inmediata e inequívoca de la Lomce. (Aplausos). Para ello creemos imprescindible iniciar un proceso de elaboración colectiva de una nueva ley de educación que cuente con la participación de la


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comunidad educativa y que de una vez por todas se establezca un diálogo abierto y sincero con el conjunto de la ciudadanía. Tenemos claro que la única forma de dotar de estabilidad a nuestro sistema educativo es apoyarse en los y las profesionales de la educación que trabajan en él. Solo así podemos acabar con este vaivén de aprobación y derogación de leyes educativas, que han sido hasta siete en treinta y ocho años de democracia, dos de las cuales ni siquiera llegaron nunca a aprobarse. En este sentido, confiamos en que el Partido Socialista apueste definitivamente por poner en marcha con nosotros un Gobierno de cambio en nuestro país que permita iniciar este diálogo y apueste por una nueva ley de educación progresista, que dé la estabilidad política y presupuestaria necesaria al sistema educativo de nuestro país. Como veis y como ya ha manifestado el ponente de Ciudadanos, esta postura es mucho más cercana entre Podemos y el Partido Socialista que con el Partido Ciudadanos; esperamos que lo recordéis. (Aplausos).

Nuestra posición en este debate no puede ser otra que la de votar a favor de esta iniciativa ante la necesidad inminente de paralizar la Lomce. Hoy tenemos una oportunidad que no debemos dejar pasar, una oportunidad para detener las medidas más controvertidas de la que ha sido la legislatura más negra del Partido Popular. Sin embargo, es imprescindible que esta paralización solo sea el primer paso hacia la derogación definitiva de la Lomce. Tenemos claro que lo peor de la Lomce todavía está por llegar. Las evaluaciones externas y los ranking de centros, así como los itinerarios en 4.º de la ESO son solo la punta de lanza de un modelo educativo netamente neoliberal. Un modelo que busca hacer competir a las escuelas públicas con las escuelas privadas y pretende convertir lo que es un derecho fundamental en un negocio de unos pocos. Las evaluaciones externas condicionan lo que se enseña al alumnado y, en este sentido, son una poderosa herramienta de política educativa, son un método para seleccionar personas y no para evaluar contenidos, que es para lo que debería servir el sistema educativo. Solo un paso más allá de las evaluaciones externas se encuentran los ranking de centros, algo que la mayoría de los países de la Unión Europea ya ha rechazado en numerosas ocasiones, especialmente porque estos ranking contribuyen a una ilegítima comparación entre aquellas escuelas que atienden al alumnado en desventaja social y con mayores dificultades, que siempre salen injustamente perjudicadas en los mismos.

Las evaluaciones de final de etapa instalan la desconfianza en la labor del profesorado y en su capacidad para promover y evaluar los aprendizajes. Además de esto, generan itinerarios de externalización que expulsan al alumnado con más necesidades del sistema educativo, exigiéndole volver a demostrar que ha aprendido contenidos por los que ya ha sido evaluado. Los itinerarios diferenciados al final de la enseñanza obligatoria que plantea la Lomce convierten al sistema educativo en un catalizador de desigualdad, creando callejones sin salida para el alumnado con más problemas. Seleccionar de manera temprana en función del rendimiento académico condena al alumnado en desventaja social a cursar itinerarios con menor formación y reconocimiento. Además, a través de los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, los conocidos como Pemar, y la FP básica, la Lomce crea un sistema de selección que orienta al alumnado con menos calificaciones hacia una formación de baja cualificación, que genera obra barata y precaria, aparentemente la que más le gusta al Partido Popular. Se pervierte así el sentido de la educación que, como bien definió Nelson Mandela, es la que permite que el hijo de un agricultor pueda llegar a ser el presidente de una gran nación. (Aplausos). Además, la eliminación de la selectividad acaba con el único mecanismo que mínimamente permitía garantizar la igualdad de acceso a las universidades públicas.

Para concluir, quisiera manifestar que Podemos va a luchar por una educación, como decía Pablo Freire, que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Por eso desde aquí queremos hoy dar las gracias a todos los que durante estos años no han dejado de pensar, de trabajar y de desobedecer; a los profesores, profesoras y orientadores, educadores, educadoras que en estos últimos años se han dejado la piel para mantener la calidad de nuestro sistema educativo, que han preparado desayunos y han llevado ropa a las escuelas para sus alumnos y alumnas en riesgo de exclusión, que han trabajado cientos de horas de más para suplir cientos de docentes menos. Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento. Gracias a toda la comunidad educativa y a los cientos de miles de personas que han defendido en las calles una educación pública y de calidad. No solo se ha quebrado en estos últimos años el presente de muchos niños, niñas, adolescentes y familias, sino el futuro de todo un país, porque un país más desigual es un país peor y porque, como tantas veces hemos gritado en la calle y en las plazas, la educación de nuestros niños y de nuestras niñas no se vende, se defiende.

Gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Belarra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, debo decirles que mi grupo albergaba la esperanza de que la cordura y el sentido común imperasen en ustedes, señores del Grupo Socialista, antes de someter nuevamente a la sociedad española a un debate de confrontación en materia educativa. Es evidente que para ustedes las buenas intenciones expresadas con el fin de lograr un pacto por la educación han quedado olvidadas desde el mismo momento en que han decidido situar esta materia en el centro del enfrentamiento político. Nos da cierta tristeza porque, después de transcurridos varios meses desde las pasadas elecciones, la conclusión es clara: Ustedes ni han entendido nada ni han aprendido nada. Desde aquí les digo que si lo que pretenden es enfrentar a la educación en España con nosotros no van a contar.

Este grupo parlamentario sigue manteniendo en pie la oferta que hizo al conjunto de la sociedad española, a partidos políticos, a la comunidad educativa: la necesidad de lograr, de una vez por todas, un gran pacto por la educación. Somos plenamente conscientes de que los españoles no pueden seguir sometidos a los vaivenes e incertidumbres impulsados por quienes se creen poseedores de la verdad absoluta. Nosotros estamos muy lejos de esa postura. Por eso ustedes no nos pueden dar lecciones ni en respeto democrático ni en búsqueda de acuerdos, porque siempre que hemos asumido responsabilidades de Gobierno hemos valorado lo aportado por Gobiernos anteriores, aun siendo de diferente signo y no estando de acuerdo con algunas de sus iniciativas. Permítame que recupere la historia. Desde el año 1996 al año 2000, el Gobierno del Partido Popular aplicó la ley vigente en aquel momento, la Logse, aun no ha habiéndola aprobado en su día y teniendo serias dudas sobre su efectividad. Tan solo se intentó reforzar la presencia de las Humanidades en el sistema educativo, pero ustedes, los que debieron haber sido los aliados culturales en esta materia, se opusieron frontalmente. ¿Y ahora le preocupa a usted la filosofía, señor Simancas?

El Gobierno del Partido Popular aprobó en el año 2002, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, tras comprobar la ineficacia de la Logse. Pero ustedes la paralizaron, no le dieron ni la más mínima oportunidad. Después, abordaron la elaboración de la LOE, una reedición en aspectos fundamentales de la malograda Logse, que, dos años después de su aprobación, arrojaba tasas de abandono educativo temprano de más del doble de la Unión Europea. Por eso, la pasada legislatura, asumimos la responsabilidad de cambiar el modelo educativo. España no podía mantener ni un día más una educación que no conseguía acortar la brecha que nos separaba de Europa en abandono educativo temprano, que condenaba a nuestros jóvenes al más absoluto de los fracasos, que no les ofrecía las más mínimas oportunidades. Y eso lo hemos hecho entre todos, señorías, gracias al conjunto de la comunidad educativa, a la gestión de las comunidades autónomas, pidiendo enormes esfuerzos en cuatro años verdaderamente complicados. Lo hemos hecho, además, respetando aquellas medidas que consideramos eficaces para la mejora de nuestro sistema, porque la Lomce, señorías, no solo respetó buena parte de la Ley orgánica de educación socialista, sino que incorporó más del 70 % de las propuestas educativas del pacto social y político por la educación que impulsó el ministro socialista Gabilondo. ¿Se refieren, por cierto, a estas medidas cuando habla de medidas precipitadas, confusas o segregadoras?

Señorías, están totalmente equivocados. Ustedes van al contrario del resto de la comunidad educativa, incluso de las comunidades autónomas. Pretenden utilizarlas a estas como ariete contra el Gobierno, pero mientras ustedes vociferan, ellas acuerdan. El pasado mes de agosto, acordaron con el Gobierno siete planes para la mejora del sistema educativo, en idiomas, en nuevas tecnologías, en profesorado, en acción profesional, en empleabilidad. ¿No se lo han contado, señoría? No, señorías, nosotros no somos como ustedes. Es una pena que en este proceso de avance, de mejora, no hayamos contado ni con la más mínima ayuda por su parte. Su único objetivo fue desde el primer momento paralizar la ley, impedir su aplicación como fuera. Por eso, no esperaron al debate parlamentario para anunciar que a la menor oportunidad derogarían la ley. Por eso, el 80 % de las enmiendas presentadas fueron de supresión. No presentaron alternativa, señoría, no tienen alternativa, porque la única que conocen es la que ha conducido al sistema educativo español al más absoluto de los fracasos. (Aplausos).

Ustedes no pueden plantear esta proposición de ley en la Cámara y no valorar las consecuencias, porque las tiene. Por lo pronto, si a ustedes les queda cierto grado de responsabilidad y un hipotético deseo de lograr un gran acuerdo, debo decirles que actuaciones como las del día de hoy no solo no lo favorecen, sino que lo dificultan. Pero supongamos que ese gran acuerdo ha quedado, al igual que otros,


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ya desterrado de sus expectativas. Al menos, entiendo que habrán valorado las consecuencias que una supuesta paralización de la Lomce pudiera producir. Porque, si se quita la Lomce de forma inmediata, hay un vacío y la escuela no puede funcionar. No lo decimos nosotros, señorías. Estas son las palabras del señor Álvarez Areces, portavoz de educación del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. También son las conclusiones a las que han llegado sindicatos de profesores, padres, titulares de centros. Esta es la realidad que ustedes no pueden ni se atreven a explicar. ¿O se sienten capaces de explicar a las familias cuyos hijos cursan 1.º de Bachillerato que el año próximo, por un capricho suyo, exclusivamente suyo, cursarán un currículum completamente diferente al previsto, donde no habrá correlación entre las asignaturas, algunas desaparecerán y otras serán nuevas y requerirán contenidos impartidos en años anteriores? ¿Les han explicado que esta situación puede frustrar sus expectativas de acceso a la universidad? ¿Han valorado la situación de los 18.000 centros educativos en los que la Lomce se está aplicando? ¿Han valorado la situación del profesorado que se ha estado preparando para los cambios organizativos y curriculares? Todo ello por no hablar de la pérdida de recursos económicos que implicaría su derogación. Ustedes, a los que tanto les preocupa la financiación, deberían tomar nota. Señorías, hasta el pasado diciembre las comunidades autónomas habían recibido 168 millones para la implantación de la Lomce. Otros 368 millones recibirán a lo largo de este año. Buena parte de ellos con cargo al Fondo Social Europeo. Su pequeño capricho implicaría la pérdida de 615 millones de euros provenientes de Europa. Ni más, ni menos. ¿No creen que, cuando menos, sería más sensato sentarnos a hablar, valorar aquellas medidas de éxito que permitan mejorar a los alumnos y corregir aquellas que no cumplan sus objetivos, en vez de enzarzarnos en debates sin sentido?

Señorías, nosotros no estamos cerrados al cambio, estamos cerrados al retroceso, y paralizar la ley y derogarla para volver a recetas del pasado sería la peor de las condenas para el sistema educativo. Por cierto, el Apocalipsis en el que ustedes fundamentan su intervención no ha llegado a la educación, señor Simancas, por mucho que les pese. Es más, el sistema educativo español está hoy mejor que hace cuatro años. Este Gobierno heredó una tasa de abandono educativo temprano que superaba el 26 %, hoy estamos en el 19,97 %, seis puntos por debajo. Por primera vez el abandono educativo temprano ha bajado del 20 % en nuestro país. Pero esto no es suficiente, señorías, tenemos que seguir avanzando. Queremos lograr un gran pacto por la educación y creemos firmemente en él. Trabajaremos sin descanso para lograr el acuerdo porque por encima de todo nos preocupan las personas. Ellas son la base del sistema educativo y a ellas nos debemos. Nos debemos a los docentes, por eso debemos reforzar su posición como centro del sistema educativo, elaborando un marco regulador de la función docente, cambiando el sistema de acceso, diseñando una verdadera carrera profesional, reforzando su formación a lo largo de toda la vida, defendiendo su autoridad en el ejercicio de su función. También a las familias, a ellas les debemos un derecho fundamental: la libertad. La libertad de elegir la educación y el centro para sus hijos; esa libertad que es garantía de calidad y que tanto les molesta. Ya sabemos que su apuesta es ese pensamiento único y uniforme. Lo ha definido muy bien la consejera de Educación de Castilla-La Mancha. En esta región -dijo- la educación solo tiene un color, el rojo, el de los socialistas. ¿A esto se refería usted cuando hablaba de ideología en la educación? Nos debemos a los alumnos, ofreciéndoles un sistema educativo de calidad que garantice la misma igualdad de oportunidades, a todos, con independencia de dónde residan y el centro al que acudan, que les forme en nuevas exigencias, en idiomas, en nuevas tecnologías; un sistema que no abandone a ninguno por el camino, porque todos tienen sus inquietudes y sus aptitudes y deben poder desarrollarlas.

Señorías, no terminan ustedes de entender que con la Lomce se acabaron las vías de primera y de segunda. Creemos en un sistema exigente, sí, pero a la vez inclusivo e integrador, que ayude más a quien más lo necesita, que dé respuesta a los alumnos con necesidades educativas especiales, que fomente la convivencia, la solidaridad, la participación. Creemos en un sistema en el que cada alumno encuentre su camino, un camino de éxito. Eso es lo que hemos trasladado a la sociedad y ha funcionado. Por eso los alumnos, en vez de abandonar el sistema, han optado por quedarse en el mismo. Por eso la formación profesional ha incrementado el número de matrículas en un 30 % y por eso la formación profesional dual se ha incrementado en un 400 %. También les debemos un sistema transparente, señor Simancas; sí, señorías. No termino de entender su oposición frontal a las evaluaciones, esas evaluaciones de las que disponen veinticuatro de los treinta y cuatro países de la Unión Europea y que hacen que los alumnos mejoren el nivel de rendimiento entre un 20 % y un 40 %. Señorías, desgraciadamente, la iniciativa que hoy debatimos no tiene nada que ver con la mejora del sistema educativo. No disfracen una decisión que ya estaba tomada, porque esta ley solo tiene un problema, que no es su ley.


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Señor presidente, señorías, estamos ante una oportunidad extraordinaria. Los ciudadanos nos han situado en ella y debemos aprovecharla. Les pido que reflexionen, que nos sentemos a hablar y que, de una vez por todas, en vez de practicar su política de tierra quemada, logremos un gran acuerdo en educación.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moneo.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE LA REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO. (Número de expediente 162/000065).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto III del orden del día, que es el relativo a las proposiciones no de ley, y comenzamos con la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la revisión del Plan hidrológico de la cuenca del Ebro. Para la presentación de la iniciativa y la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra el señor Eritja.

El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el pasado 8 de enero el mismo Gobierno en funciones actual decidió aprobar en el Consejo de Ministros doce planes hidrológicos correspondientes al segundo ciclo de planificación 2015-2021, según revisión y actualización incluida en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, y publicado el 19 del mismo en el BOE; un Gobierno en funciones que entonces no tuvo ningún reparo en tomar dicha decisión. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor ERITJA CIURÓ: Dicha aprobación, como viene siendo habitual en todo el proceso de implementación de la Directiva-marco del Agua europea, acumula un importante retraso en los planes exigidos por la Comisión Europea. A modo de ejemplo, ya en el 2012 el Tribunal Europeo de Justicia condenó a España por no haber aprobado los planes hidrológicos de cuenca dentro del plazo establecido, que para entonces era el año 2009. Estamos hablando de tres años de retraso. Era una directiva marco de obligada aplicación para todos los Estados miembros que supuso la revisión y actualización de los planes hidrológicos a un nuevo modelo de gestión de aguas que no solo permitiera satisfacer la demanda creciente del recurso para sus usos y explotación, sino también para reconciliar dichos usos -y es aquí donde realmente aporta nuevos elementos- con la necesidad propia del medio y la conservación de las masas de agua.

El 2 de junio de 2015... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Eritja.

Silencio, por favor. Todos estos corrillos, estando todos levantados hablando unos con otros... Un poco de respeto a quien tiene la palabra en la tribuna.

Gracias. Continúe.

El señor ERITJA CIURÓ: El 2 de junio de 2015, en el Comité de Peticiones de la Comisión Europea, Jorge Rodríguez Romero, miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea y encargado de evaluar los planes de cuenca, constata que dichos planes contienen lagunas de implementación para las cuales se incluyen recomendaciones de mejora y acaba resumiendo que los planes hidrológicos denotan una integración incompleta de los principios y objetivos de la directiva marco en la gestión de masas de agua en España. De hecho, la Comisión ha acabado reconociendo que los nuevos planes no representan cambios significativos respecto de los antiguos planes y emplaza a contestar treinta y cinco preguntas sobre cómo se piensa mejorar antes de aprobar los nuevos planes. En sus recomendaciones destaca, por ejemplo, la importancia del principio de precaución en la toma de decisiones sobre la construcción de nuevas infraestructuras. Estamos hablando, por ejemplo, de las presas, susceptibles de producir el deterioro de las masas de agua y que se han de justificar de acuerdo con las condiciones de la directiva marco. Una de las exigencias es garantizar caudales ecológicos especialmente para atender las necesidades específicas, sobre todo de aquellos espacios naturales protegidos que dependen fundamentalmente del agua, como los humedales o deltas.


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Este es precisamente el caso del Delta del Ebro, un espacio singular de un alto valor ecológico; de hecho, es el tercer delta más grande del Mediterráneo, después de los deltas del Ródano y del Nilo, con una extensión de 320 kilómetros cuadrados. Tiene casi todas las figuras de protección medioambiental que existen: Zona húmeda de importancia internacional del Convenio Ramsar, zona ZEPA, zona LIC dentro de la Red Natura 2000 y en 2013, Reserva de la Biosfera por la Unesco. Es un gran espacio realmente protegido. Aun así, el recién aprobado Plan hidrológico de la cuenca del Ebro desatiende de manera flagrante las necesidades de protección de este frágil espacio al no garantizar los requerimientos de caudales y aportación de sedimentos establecidos en la disposición adicional décima del Plan Hidrológico Nacional, donde se apunta la necesidad de un caudal ecológico de entre 159 y 223 metros cúbicos por segundo. De hecho, el Plan hidrológico del Ebro acaba fijando el caudal ecológico en el tramo final del Ebro en tan solo 100 metros cúbicos por segundo; aportaciones claramente insuficientes que suponen la desaparición del delta a corto y medio plazo. Asimismo, hipoteca el 80 % de los recursos hídricos del Ebro para garantizar, eso sí, una reserva estratégica de agua para su explotación río arriba con la creación de cuarenta nuevos embalses y la ampliación de 465.000 hectáreas de nuevos regadíos. Evidentemente, la presión que ejerce dicha explotación de los recursos hídricos sobre el ecosistema fluvial no solo es insostenible, sino que es sobre todo preocupantemente inviable. No sé exactamente cómo se podrán aplicar estas medidas. Estas propuestas desatienden por completo los objetivos de la directiva marco ya que dicha sobreexplotación va en detrimento de los caudales ambientales y condena a la desaparición los espacios protegidos de humedal como el propio Delta del Ebro cuando la directiva marco establece claramente que los caudales ambientales son previos a otros usos y han de ser una restricción a los mismos ya que, repetimos, el objetivo de la directiva marco es asegurar el buen estado de las masas de agua.

Las directrices de la directiva han sido desatendidas reiteradamente pese a las recomendaciones de la propia Comisión Europea y las peticiones del territorio; peticiones desatendidas que en el caso de Cataluña han activado un proceso de movilización social sin precedentes, liderado por diversos movimientos sociales y que ha contado con el apoyo no solo de instituciones y organizaciones políticas del territorio, sino con el propio Gobierno de la Generalitat, que recientemente ha incorporado en las alegaciones presentadas al plan de cuenca la propuesta de caudales ecológicos que ha elaborado la Comisión para la Sostenibilidad de les Terres de l'Ebre. Es una movilización que a día de hoy sigue activa, tal y como se demostró el pasado 7 de febrero en la población de Amposta, donde la asistencia y representación de la sociedad civil catalana fue masiva. En dichas peticiones se especifica que la aprobación de dicho plan de cuenca supone una clara vulneración de diversas directivas europeas de protección de espacios protegidos, como la misma directiva europea de agua, de hábitat y de aves, que en ningún caso se han tenido en cuenta a la hora de planificar. Asimismo, el reconocimiento internacional del Delta del Ebro, como hemos venido repitiendo, que constituye uno de los principales humedales europeos estratégicos en los movimientos migratorios de aves. Pero también vulnera la propia Directiva-marco del Agua con deficiencias técnicas como la identificación y delimitación incorrecta de las masas de agua, la falta de inclusión de algunos indicadores obligatorios para la medida del estado ecológico de dichas masas; indicadores que no permiten precisamente realizar un buen diagnóstico en su estado y que, por lo tanto, tampoco permiten implementar una gestión correcta.

En definitiva, el Plan hidrológico aprobado continúa respondiendo más a un modelo tradicional de planificación, centrado más en la gestión cuantitativa del recurso y el desarrollo de infraestructuras ligadas a la satisfacción de las demandas de uso, que al nuevo modelo de gestión integral que propone la Directiva-marco del Agua. Pero, como ya apuntó la Comisión Europea, en el caso de que el progreso resulte insuficiente y no exista un compromiso creíble para colmar las lagunas identificadas, la Comisión considerará las acciones apropiadas para asegurar una implementación correcta de la directiva marco. De hecho, representaría un gran perjuicio económico para los usuarios del agua la pérdida de fondos europeos, así como sanciones por el incumplimiento de los acuerdos de asociación 2014-2020 en materia de los planes hidrológicos y de las políticas tarifarias.

¿Este es el modelo de gestión que persigue el nuevo Plan hidrológico del Ebro? Si es así, y contrariamente a lo que pretende la directiva marco, va a acabar fomentando de forma inevitable el enfrentamiento social entre comunidades de regantes y ambientalistas, así como entre territorios. Quizás es esto lo que se pretende. De hecho, desde Cataluña hace tiempo que percibimos una clara intencionalidad política al respecto. Quizás desde Cataluña tengamos que esperar hasta que la nueva república catalana pueda tratar la gestión del agua como una gestión estratégica y de Estado y aprovechar, como no puede


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ser de otra manera, el momento constituyente y el nuevo posible marco jurídico sobre aguas internacionales para definir un nuevo plan hidrológico que permita poder aplicar los criterios de gestión integral, defensa y equilibrio territorial tal y como se establece en las directivas europeas.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo, señoría.

El señor ERITJA CIURÓ: Por todo ello, los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana y de Democràcia i Llibertat reclamamos al Congreso de los Diputados que reconozca como insuficientes los caudales ecológicos mínimos fijados para el tramo final del río Ebro y, por lo tanto, que inste al Gobierno español a la revisión del Plan hidrológico de la cuenca del Ebro y a la adecuación del régimen de caudales ecológicos incrementándolos con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos marcados por la Directiva-marco del Agua.

El señor PRESIDENTE: Señor Eritja, concluya ya, por favor.

El señor ERITJA CIURÓ: Respecto a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, no compartimos el contenido de las presentadas por los grupos Socialista, Ciudadanos y Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque queremos poner de manifiesto que compartimos el fondo y la filosofía de la propuesta de Podemos-En Comú Podem-En Marea instando a la participación plena y directa de la ciudadanía en el proceso de revisión del Plan de la cuenca del Ebro.

De hecho, nuestra propuesta surge precisamente de un largo proceso participativo y de la implicación directa de la ciudadanía.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eritja.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Señorías, efectivamente nuestro grupo ha presentado una enmienda junto con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Presentamos una iniciativa similar con objetivos similares y hemos entendido que era apropiado presentar esta enmienda conjunta. ¿Por qué presentamos iniciativa al respecto? Porque el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro, aprobado recientemente por el Gobierno en funciones, como se ha dicho, muestra claramente una insuficiencia en los caudales ecológicos. Lo mostraba el anterior; pero, para que tengan una idea, les doy unas cifras. El Plan hidrológico de la cuenca del Ebro aprobado en el año 1999 y vigente hasta hace pocos meses, hasta hace aproximadamente dos años en que se aprobó el primer ciclo de planificación hidrológica del Ebro con el actual Plan Hidrológico Nacional, contemplaba 100 metros cúbicos por segundo durante todos los meses en la estación de aforamiento de Tortosa. Este plan que aprobamos diecisiete años después, ¿saben qué caudal está comportando? Durante seis meses al año, 80 metros cúbicos por segundo, un 20 % más; y solo durante dos meses al año, más de 100 metros cúbicos por segundo. Es una cantidad absolutamente insuficiente, que no cumple las directivas marco, ni la Directiva-marco del Agua ni la Directiva de Aves, ni la Directiva de Hábitats. En todo caso, es un caudal absolutamente insuficiente y así lo han manifestado una importante parte de los grupos parlamentarios que hoy están presentes en esta Cámara.

¿Qué pretende nuestra enmienda? Muy fácil, constatar que estos caudales son insuficientes e instar al Gobierno, al Gobierno en funciones, que es el que lo aprobó, a modificar estos caudales ecológicos incrementándolos y fijándolos en torno a las posiciones que estableció la misma Comisión para la Sostenibilidad de les Terres de l´Ebre, donde hay una confluencia de administraciones, técnicos y sociedad civil, que establece unos caudales que van a garantizar la supervivencia del delta. Y digo la supervivencia del delta porque estos días he leído y escuchado que lo que se quiere es agua para Cataluña. No se equivoquen, el Delta del Ebro no es un problema de les Terres de l´Ebre, el Delta del Ebro no es un problema exclusivamente de Cataluña, el Delta del Ebro es también un problema y una cuestión que afecta al Estado español y al conjunto de la Unión Europea. Por tanto, lo único que pedimos es una posición de más agua para el Delta del Ebro, y esto es absolutamente compatible con los actuales usos de regadío, industriales y domésticos que tiene el río Ebro. Evidentemente, se tendrán que revisar las reservas para algunos riegos que hoy no están ni planificados. Solo con estas reservas de riegos no planificados podríamos alcanzar estos caudales ecológicos planteados.


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Evidentemente, por las enmiendas que se han planteado hacen previsible la posición de cada uno de los grupos parlamentarios. Agradezco la enmienda presentada por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea que va en la línea. Ya se ha explicado que no se incorpora para que después no sea vetada la transaccional, pero en todo caso estamos de acuerdo. Lamentamos la posición del Grupo Socialista, que se manifiesta en unos términos en les Terres de l´Ebre y en Cataluña y en otros términos aquí en la Cámara, que es donde se está debatiendo. En todo caso, les hago una última apelación. Si no rectificamos nosotros estos caudales ecológicos absolutamente insuficientes, vamos a pasar la vergüenza de que sea la Unión Europea quien nos los haga rectificar. Por tanto, hagamos un ejercicio de soberanía y rectifiquemos nosotros lo que, si no, nos va a rectificar la Unión Europea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor presidente, señorías, Esquerra Republicana nos presenta una propuesta en la que propone una revisión del Plan hidrológico del Ebro que no nos gusta y a la que hemos presentado una enmienda, que -ya me lo han dicho- temía que no iba a ser aceptada. Yo temía que no iba a ser aceptada, a pesar de no haber podido hablar con el señor Tardà y con el señor Homs, por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque nuestra enmienda es respetuosa con la ley. Ustedes a menudo -discúlpenme- no lo son. En segundo lugar, porque pretende garantizar la igualdad de todos los españoles, al contrario de lo que pretenden ustedes. Y en tercer lugar, porque tiene en cuenta algo muy importante para nosotros y que parece que a los grupos proponentes les interesa mucho menos, Europa. Hoy estamos hablando en este Pleno de dos temas que nos parecen muy importantes: agua y financiación. A menudo se crean problemas que no son sino síntomas de una enfermedad que afecta a dos pilares fundamentales para nosotros de la democracia, del Estado: la igualdad, y la solidaridad.

Creemos que la propuesta que ustedes traen aquí hoy, señores de Esquerra Republicana, es errónea por dos motivos fundamentales. El primero es puramente procedimental, ya que este plan hidrológico ha sido tramitado de acuerdo a la Directiva europea del Agua, ha pasado absolutamente todos los controles técnicos oportunos, así como los de participación, y ustedes podrían haber hecho alegaciones. Debo decir también que, si la Comisión Europea emitiese un criterio discordante, nosotros podríamos ponernos del lado de los técnicos y velar por que se cumplan todas sus recomendaciones. Pero esta propuesta que traen ustedes aquí hoy solo responde a criterios políticos y se usa una vez más -de nuevo vuelven a hacerlo- un discurso territorial y excluyente para una causa de confrontación con el resto del Estado.

Voy a hablar de nuestra alternativa, de la enmienda que les hemos propuesto. Señores de Esquerra Republicana, nosotros queremos garantizar la disponibilidad del agua como recurso en todo el territorio y para todos los ciudadanos españoles y queremos hacerlo además mediante criterios técnicos, dentro de un modelo medioambiental sostenible. Se han cometido grandísimos errores en el pasado usando el tema del agua con motivaciones políticas, lo que ha generado muchísima frustración entre nuestros ciudadanos y ha llegado a enfrentar a nuestras comunidades. Creemos necesario coordinar los diferentes planes hidrológicos en cuenca y la previsión y condiciones de transferencia entre ellos. Esos hipotéticos excedentes se garantizarán una vez satisfechas las necesidades internas de cada cuenca. Queremos también realizar inversiones para la modernización del regadío, teniendo como prioridad el ahorro energético y el ahorro del agua, y también queremos facilitar la regulación de los caudales mediante infraestructuras que mitiguen las crecidas. Además, debemos racionalizar la gestión de los acuíferos e implantar nuevas tecnologías en el tratamiento de aguas, tanto el tratamiento y depuración de las aguas residuales que se devuelven a los ríos como la instalación de desalinizadoras que sean viables y la reutilización del agua en la recarga de acuíferos, riego e industria.

Repito, señores de Esquerra Republicana y señores de Democràcia i Llibertat, es necesario tratar este tema con la responsabilidad que se merece. Menos criterios políticos y más criterios técnicos. Nosotros queremos cuidar del Delta del Ebro. Por ahora creemos que este Plan hidrológico de la cuenca del Ebro también lo hace. Europa también vela por él, cumple con todos los requisitos, pero, ojo, seremos los primeros en exigir cambios si la riqueza ecológica y agrícola de la zona del delta se resiente. Como ya hemos dicho antes, las políticas del agua deben verse desde una perspectiva global, que abarque todo el país y que busque la prestación de un servicio homogéneo y efectivo para todos los ciudadanos españoles, independientemente de dónde residan.


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Desde hace demasiado tiempo, la vieja política que ustedes practican busca la confrontación, echa balones fuera o busca chivos expiatorios antes que solucionar los problemas que tenemos los ciudadanos. Para eso no cuenten con nosotros. Por eso votaremos en contra de su propuesta.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Alonso.

El señor ALONSO CANTORNÉ: Señor presidente, señorías, el grupo al que represento, Podemos-En Comú Podem-En Marea, votará a favor de la proposición no de ley presentada. Como parece que no tendré muchas oportunidades para dirigirme a usted, señor Rajoy, en esta legislatura como presidente del Gobierno, y aunque esté, como nos tiene habituados, en modo ausente, le diré algo que seguro -espero que sea así- que el ángel de la guarda del señor Fernández Díaz, Marcelo, le hará llegar a sus oídos.

Soy diputado de En Comú Podem en representación de un territorio habitualmente olvidado por los Gobiernos, el Camp de Tarragona y les Terres de l'Ebre. No le voy a hablar, señor Rajoy, aunque no esté, solo de hectómetros cúbicos ni de acuíferos ni de aves, sino del sufrimiento con rostro humano. Nuestro hermoso paisaje convive con las ya viejas chimeneas de las centrales nucleares, ha sufrido los temblores del proyecto Castor, tiene los índices de paro más altos de Cataluña en el Baix Penedès, en el Baix Camp, el Tarragonès y el Monsia. Vive con la angustia de un pueblo, Flix, que ha sido humillado a lo largo de más de un siglo por la empresa Ercros, que ahora quiere irse de rositas y dejar los lodos contaminados a sus gentes; con la crisis del pescado azul y con deslocalizaciones como la de la antigua Bayer, que ahora ha maquillado su nombre y se llama Covestro; con trenes en una sola vía en el corredor más importante de España, el del Mediterráneo, que sigue casi paralizado y sin un proyecto claramente definido; con averías constantes por falta de mantenimiento de ADIF en las líneas férreas de Mora, de Reus o de mi querida Altafulla; con una N-340 colapsada, y que es la carretera de la muerte, una AP-7 que debe ser libre de peajes o la interminable obra de la A-27 para llegar del puerto de Tarragona hasta Montblanc. Pero sobre todo, señor Rajoy -que no está-, le quiero hablar de dignidad, dignidad de un territorio que está harto de incumplimientos y buenas palabras. El 7 de febrero 50.000 personas se manifestaron en Amposta contra el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro, 50.000 voces que reclamaron con arrojo que no se acabase con su presente ni con su futuro, llegadas de Cataluña y de España, pero mayoritariamente del Ebro y de Tarragona. Resumían su reivindicación en una frase, que es lo que representa para nosotros el Ebro: Lo riu és vida. Y este Plan hidrológico de la cuenca del Ebro que ustedes, en la prórroga de un Gobierno en funciones, han aprobado representa la muerte del delta; repito, señor Cantó: representa la muerte del delta. Como ya pasó en el ciclo anterior, los planes hidrológicos españoles, especialmente el del Ebro, no se han realizado aplicando los conceptos básicos de la Directiva-marco del Agua y continúan el mismo esquema del plan hidrológico, porque amagan un profundo interés económico y son elaborados sin una participación plena y activa de la ciudadanía. Estamos ante un fraude, un fraude científico, como diría el catedrático de Ecología Narcís Prat, y lo es porque no tiene en cuenta los estudios previos, no tiene en cuenta los requerimientos ambientales y no tiene en cuenta el cambio climático; cosa de los primos, señor Rajoy.

Con la aprobación del plan Cañete -yo lo diría así- se intenta generar división social y territorial -repito: división social y territorial, señor Cantó-, haciendo ver que los intereses del sector agrícola son incompatibles con la conservación del medio natural y de los ríos. Con las concesiones de agua para este medio millón de futuras nuevas hectáreas de regadío se prepara un suculento negocio, basado en el libre mercado de los derechos concesionales, que el Gobierno ha legalizado a través de sucesivas reformas de la figura legal de los contratos de cesión y de la normativa de trasvases. Con estas reformas legales lo que se prepara es una nueva estrategia transgresora del PP. Parece que el plan era comenzar el río por la cabecera, por la taulada, com dirien a Catalunya, y si sobra algo, para la desembocadura, y eso, señorías, es salinizar el delta y acabar con sus cultivos y su ecosistema. En definitiva, señor Rajoy, es un plan cuestionable ambientalmente por sus efectos sobre las zonas húmedas de la cuenca del Ebro y en especial en el tramo final del delta, cuestionado técnicamente por la Comisión Europea por sus efectos colaterales en materia de financiación, de viabilidad técnica y ambiental de las nuevas infraestructuras de regulación. Pero no es solo eso, señor Rajoy, es su política la que genera desigualdad y estrés en la gente y ahora en el río, un río que es la dignidad de un pueblo, de sus gentes, pero también de aquellos que creemos en el futuro económico y ecológico del delta, que


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es patrimonio de todos. (Pronuncia palabras en catalán). Señor Rajoy, señorías de la bancada popular, si no nos quieren escuchar, ya saben cuál es nuestro paradero.

Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados de Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie, muestran un dibujo que representa una cañería hecha un nudo y una pancarta en la que se lee: Lo riu sense cabals és la mort del delta).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lucio.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.

El acceso al agua y al saneamiento fue reconocido por la Asamblea Nacional de Naciones Unidas como un derecho humano en el año 2010. A nadie se le escapa que este bien de la naturaleza está íntimamente ligado a la vida y que el acceso al mismo se defiende como la propia vida cada vez que existe el riesgo de perderla.

El agua y su gestión han sido siempre motivo de grandes debates políticos, territoriales y sectoriales y no siempre se ha utilizado honestamente para conseguir los objetivos, en muchas ocasiones dispares, de cada territorio o sector económico. Pero todas las disyuntivas existentes hasta ahora tienen un nuevo factor determinante que debemos asumir antes de volver a debates cainitas sobre la gestión del agua. Ese factor es el cambio climático, que exige ya, y lo hará más en el futuro, políticas de adaptación para luchar con los cada vez más frecuentes y duraderos periodos de sequía. Para ello se requerirá, en primer lugar, una revisión profunda de nuestros patrones de desarrollo y economía productiva hacia un modelo más sostenible. En España existe una gran experiencia en la gestión de este recurso. Una de sus contribuciones históricas más importantes ha sido la introducción de modelos de gestión sobre la base de la delimitación de cuencas hidrográficas, que en estos momentos se han demostrado como los más eficaces para responder de manera integral a las necesidades socioeconómicas y, por tanto, territoriales y también a las necesidades ecológicas. La propia Directiva-marco del Agua reivindica como uno de los elementos clave para conseguir su objetivo prioritario de protección y restauración de las aguas continentales y costeras esa gestión única e integrada de las demarcaciones hidrográficas por cuencas geográficas naturales. Esta directiva, la Directiva-marco del Agua, incorpora también el principio de recuperación de costes, complementario al de que quien contamina paga, y el de la participación pública en los procesos de planificación, seguimiento y control de la gestión. Existe un claro reto, que es compaginar las nuevas estructuras de gestión de las demarcaciones hidrográficas, manteniendo la unidad de cuenca como principio, con los lícitos intereses territoriales, procurando siempre satisfacer el particular interés de las comunidades autónomas, así como el interés global de toda la cociudadanía y del Estado del que las comunidades autónomas forman parte. En este sentido, los Gobiernos de las comunidades autónomas deben ser permeables a esta realidad global de interdependencia que marca la Directiva-marco del Agua en una realidad basaba en un ciclo hídrico que implica y afecta a todos. Si hay algo claro en la directiva es que la desembocadura de un río no puede independizarse ni de la cabecera ni del resto del curso del río por mucho que se sitúe en otra comunidad autónoma.

En el caso de la PNL autoenmendada que ERC presenta para su debate en el día de hoy consideramos, tal y como aparece en la enmienda que nuestro grupo ha presentado, que se debería realizar un examen de las previsiones del Plan hidrológico de la cuenca del Ebro desde la gestión integral de toda la cuenca, como señala la Directiva-marco del Agua. Coincidimos en que el mantenimiento ecológico del Delta del Ebro es un indicador básico del propio Plan hidrológico en su conjunto. La protección integral de este ecosistema debe realizarse desde la base de un gran acuerdo social y político, que es lo que los socialistas hemos propuesto en numerosas ocasiones. Este gran acuerdo social y político debe contar con todos los implicados en la gestión del agua -los usuarios de las diversas clases de aprovechamiento, las organizaciones profesionales del sector agrario, las entidades en defensa de los intereses medioambientales, los consumidores, los gestores-, debe ser en definitiva un acuerdo grande y participado. La satisfacción de este derecho a un agua suficiente y de calidad solo se logrará si en lugar de buscar espacios de separación y de conflicto se buscan espacios de consenso sobre la base de la negociación.

El Grupo Parlamentario Socialista ha intentado consensuar una enmienda que recoge por un lado los principios básicos de la Directiva- marco del Agua, que aquí han defendido prácticamente todos los portavoces que han intervenido y que están fundamentados en la participación pública en todos los asuntos relacionados con el agua, pero también la necesidad de entender que un río y su cuenca deben considerarse como un todo y que no hay curso del río si no hay cabecera y que lo que ocurra en el Delta


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del Ebro tiene que ver necesariamente con la gestión que se haga a lo largo del curso del mismo. Como decía Heráclito, apenas y solo apenas permanece el cauce, y somos los que vivimos en el cauce los que tenemos que permitir que el fluir siga, entendiéndonos, acordando y mejorando lo que hay.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio.

En el turno de fijación de posiciones solo ha solicitado intervenir el Grupo Popular, por lo que tiene la palabra el señor Suárez.

El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar posición en relación con una iniciativa de Esquerra que pretende que una parte minoritaria de todos los que han participado en un gran e importante proceso determine los caudales ambientales del río Ebro. Señorías, tengo que confesar que he oído aquí muchas cosas, pero algunas son imprecisiones o medias verdades. Hay que hacerse una pregunta. Este Gobierno ha aprobado más de veinticinco planes hidrológicos de cuenca -incluso con otros países compartimos cuenca- y no ha habido ningún problema; el único problema está siempre en el Plan hidrológico del Ebro.

Me van a permitir que haga algunas precisiones. Aquí se ha hablado de que no había participación y Podemos ha presentado una enmienda en ese sentido. He de decir que se han celebrado 120 reuniones. La Confederación, el órgano competente, se ha reunido con más de 1.200 colectivos; se han aceptado más de 6.000 alegaciones; hay 5.100 escritos a favor del Plan hidrológico de cuenca y solamente cien están en contra del mismo. Es bueno recordar, señorías, que es un plan hidrológico de cuenca que recoge inversiones por más de 2.500 millones de euros, de los cuales 1.100 millones son para cuestiones ambientales. Claro que sí, señor Ferran, es un plan que pretende transformar hectáreas de secano en regadío, pero aquí se ha pretendido esbozar una especie de insolidaridad con Cataluña en relación con este plan cuando 170.000 hectáreas, señor Ferran, son para Cataluña; casi el 50 % de las hectáreas que se transforman son para Cataluña. Es un plan al que además, señorías, preocupa el estado de las masas de agua, hasta el extremo de que se conseguirá que el 95 % de las mismas mejore. El Plan de cuenca del Ebro, señorías, incrementa los caudales ambientales en 30 puntos, pero donde se acaban y se desmontan todos sus argumentos -no cumple la Directiva del Agua, no cumple con la legislación, los informes no están bien hechos- es con la sentencia del Tribunal Supremo 50/35, de 15 de diciembre, a instancias de un recurso de Cataluña, que una vez más se estrella en los tribunales con el río Ebro. La sentencia avala de forma contundente los informes que validan el Plan hidrológico de cuenca. Dice que cumple con la Directiva del Agua, pero no solamente eso, sino que -lo más importante- avala el cálculo de los caudales ambientales del río Ebro. Esa es la realidad por mucho que aquí se quiera contar otra cosa. Y hay otra cuestión más importante. En el Consejo del Agua en el que se aprobó el Plan hidrológico de cuenca del Ebro hubo 76 votos a favor y solo 12 en contra. Esa es la realidad, se quiera ver como se quiera el problema.

Esta cuestión, señorías, no es vieja. He escuchado con atención a Esquerra y al señor Ferran y tengo que decirles que su posición me parece profundamente insolidaria. Implica tener un desconocimiento del río, lo cual en usted me sorprende, salvo que quiera ver alguna otra intencionalidad, porque el planteamiento que ustedes formulan con los caudales ambientales que proponen supone tener Mequinenza vacío seis meses al año, señorías; supone que aguas arriba del Delta del Ebro ni La Rioja ni Navarra ni Castilla y León ni el País Vasco ni Cantabria ni Aragón y tampoco La Mancha podrán utilizar el recurso del agua.

Señorías, lo que ustedes pretenden sencillamente es colapsar el sistema de regadíos de la cuenca hidrográfica del Ebro. Aquí todo el mundo ha hecho mención a su condición, también el señor Ferran, el portavoz de Podemos. El que les habla es aragonés y podría hacer valer también esta condición. Concretamente mi infancia transcurrió en un pueblo de Los Monegros, de esos duros, como decía Labordeta. He visto emigrar a Cataluña al 50 % de ese pueblo hasta que llegó el regadío. He visto abrir escuelas y he visto a gente en la calle, todo gracias al regadío, señorías. El Plan hidrológico de cuenca que hoy está aquí en debate pretende equilibrar todos los intereses, también los del Delta del Ebro -como les decía, 170.000 hectáreas-, porque los regantes en el Delta del Ebro disponen del doble de agua que un regante en Aragón o en Navarra. Señorías, este Gobierno ha tenido el coraje de tomar decisiones, que en materia hídrica no son fáciles.

Ahora voy a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que circunscribo a esa nueva ola que nos invade de derogar todo lo que ha aprobado el Partido Popular. Fundamentalmente dice muy poco,


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señorías. Es una enmienda que no dice absolutamente nada, porque lo que se dice ahí lo cumple el Plan hidrológico de cuenca del Ebro aprobado por el Partido Popular. Les falta a ustedes coraje para apoyar hoy al Partido Popular. Señorías, lo que ustedes plantean al final ya sucedió. No han aprendido absolutamente nada. En 2004 la señora Narbona sacó la disposición adicional décima y modificó el artículo 26 para que no fuéramos capaces de fijar el caudal ambiental del río Ebro. En ocho años tuvieron que hacer lo que había dispuesto el Partido Popular en el Plan hidrológico de cuenca, pero en ocho años fueron incapaces de aprobar los veinticinco planes hidrológicos de cuenca a los que estaban obligados por la Directiva-marco del Agua del año 2009.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, le ruego que concluya.

El señor SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presidente, acabo en tres segundos.

Señores del Grupo Parlamentario Socialista, insisto en que el Plan hidrológico de cuenca ha tenido el coraje de afrontar el problema en toda la cuenca hidrográfica del Ebro y lo resuelve de buenas maneras y, por eso, les pido que no le den puerta. Es un buen plan. Les voy a decir algo más. En esta vida lo que no se consensúa es la verdad y el Plan hidrológico de cuenca recoge unas cifras que son buenas para todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.

Señor Eritja, ya sé que lo ha dicho en su primera intervención, pero me corresponde volver a preguntarle, para que conste con mayor claridad a la hora de facilitar las votaciones, si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

El señor ERITJA CIURÓ: No, en principio no. Básicamente aceptamos nuestra autoenmienda y la de Democràcia i Llibertat.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT), SOBRE EL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 162/000140).

El señor PRESIDENTE: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) sobre el incremento del salario mínimo interprofesional. Para la presentación de la iniciativa y la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta es una iniciativa conjunta que hemos planteado los grupos de Esquerra Republicana y Democràcia i Llibertat. De hecho, es la primera iniciativa conjunta que presentamos estos dos grupos desde que entramos en la Cámara y lo hacemos en relación con una cuestión importante, como es establecer un mandato al Gobierno y a la Cámara de compromiso de subida del salario mínimo interprofesional. Lo hacemos desde la convicción que compartimos con la totalidad de los grupos de la Cámara de que hoy la prioridad de cualquier política económica y social debe ser la recuperación del empleo, constatando que el empleo se está recuperando, pero también constatando con preocupación que el empleo que se está creando no tiene la calidad suficiente. Buena parte del empleo que se crea es con salarios bajos, con el riesgo de volver al modelo de crecimiento de la época de la burbuja inmobiliaria y que explica parte de la crisis en la que estamos instalados. Por tanto, estamos convencidos de que hoy toca dar un giro a esa dinámica. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Quizás nosotros discrepamos de otros grupos en el hecho de que en plena recesión el Estado español no tenía demasiadas alternativas a la devaluación salarial y que entonces hubo que optar por una política de esas características para mejorar la posición competitiva de las empresas, pero hoy, en plena recuperación, afirmamos que ese no es un camino que tenga más recorrido, que continuar por la senda de un crecimiento económico basado en la competitividad por los salarios bajos nos conduce a la pobreza a medio plazo; de ahí esa propuesta de cambio, de giro. Estamos convencidos de que los salarios bajos no permiten una recuperación robusta. Pensamos que los salarios bajos explican parte de la emigración de los jóvenes más cualificados. Entendemos que parte de los problemas de financiación del sistema de la Seguridad


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Social están precisamente vinculados a los salarios. Nos preocupa el incremento del número de los denominados trabajadores pobres. Nos preocupa el aumento de la desigualdad expresada en términos Gini, ya que España está siendo récord desde este punto de vista. Nos preocupa la pérdida de peso de las rentas salariales en el conjunto de la renta española. Este modelo de la competitividad basada en salarios bajos nos debe hacer recordar que siempre habrá una economía emergente que podrá producir un bien con menos coste salarial que aquel que podemos producir dentro del territorio del Estado español. Estamos convencidos de que necesitamos una política salarial que estimule un aumento de la productividad imprescindible para ganar posiciones competitivas.

En esa convicción, la propuesta que formulamos desde Esquerra Republicana y desde Democràcia i Llibertad parte de la idea de que una de las medidas a adoptar -aunque no sea como una receta mágica- es un incremento del salario mínimo, moderado en su aplicación, pero claramente orientado -según la posición que compartimos los grupos proponentes- a que en esta legislatura podamos alcanzar el 60 % del salario medio. Esa es la posición que defendemos en nuestra iniciativa, respondiendo a las recomendaciones de la Carta Social Europea y respondiendo también a la propia denuncia que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha hecho hace pocas semanas a España con relación a que el salario mínimo español no garantiza los objetivos de esa Carta Social Europea, recordando que nuestro salario mínimo hoy está en esos 655 euros al mes, por debajo del umbral de la pobreza en hogares con dos personas. Por tanto, planteamos una mejora del salario mínimo en ese horizonte de la Carta Social Europea como estrategia de cambio del patrón de crecimiento en materia de empleo. Lo hacemos siendo críticos con el Gobierno en funciones, que en diciembre aprobó una subida del salario mínimo del 0,5 % respecto al año 2015, muy lejos de los salarios mínimos de nuestro entorno. Además lo hacemos, señorías, siendo conscientes de que existen críticas en relación con el papel de los salarios mínimos. Intuyo que algún portavoz formulará esas críticas en relación con el salario mínimo. Hay quienes lo plantean más en términos teóricos y dicen que los salarios mínimos dificultan la creación de empleo y no son partidarios de su existencia; hay quienes entienden que los salarios mínimos son malas respuestas en economías con altas tasas de desempleo, con trabajadores con poco nivel de cualificación, con desempleo juvenil alto. A nuestro entender, esas críticas, que son muy respetables, nos hacen olvidar que respecto a esos problemas nuestras debilidades quizás están en nuestras políticas activas de empleo, en nuestros incentivos a la contratación, al peso de las cargas sociales en ese tipo de contratos más intensivos en empleo con menor cualificación o en el funcionamiento del programa de Garantía Juvenil. Estamos convencidos de que un crecimiento moderado del salario mínimo en el tiempo con ese objetivo no es incompatible con la creación de empleo sino todo lo contrario. Además, señorías, estamos convencidos de que el reto demográfico que se nos planteará a partir de la próxima década en nuestras sociedades -la catalana, la española- nos va a obligar, si no queremos reeditar un modelo intensivo en creación de empleo de baja calidad, a optar por la creación de empleo con calidad, que nos haga menos dependientes de los flujos migratorios, para garantizar la capacidad competitiva de nuestro aparato productivo. Esta es una apuesta que hacemos no pensada en el corto plazo sino en el medio plazo. Finalmente, estamos convencidos de que esta es una medida de un profundo carácter social. En un momento en el que la ciudadanía tiene la convicción de que los costes de la crisis se han repartido de manera injusta, necesitamos enviar claros mensajes de que en tiempos de recuperación los beneficios se van a compartir y que son más los que se pueden beneficiar de un cambio del ciclo económico.

Esperamos, señorías, que hoy se consiga una mayoría amplia que lance un mensaje claro y comprometido de la Cámara a favor de la subida del salario mínimo con el objetivo de cumplir con la Carta Social Europea. Esta es la iniciativa que les planteamos y que sometemos a su consideración.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Vamos a iniciar las intervenciones de los diferentes grupos que han presentado enmiendas a la propuesta. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidente.

Aunque el Gobierno no está, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Quién puede vivir con 655,20 euros al mes? No voy a entrar en el discurso fácil, pero piensen en el precio de un alquiler de un piso cualquiera en una ciudad cualquiera para entender el drama que viven centenares de miles de personas. No podemos permitir que un trabajador o trabajadora, trabajando a jornada completa, cuarenta horas


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semanales, siga siendo pobre. Creo que a la mayoría de nosotros no nos parece bien, y hoy lo podemos cambiar. La mayoría de nosotros sabemos que el problema de los salarios bajos no es nuevo, es anterior a la llamada crisis económica, pero sin duda la crisis lo ha acentuado, primero, por la magnitud de la misma y, segundo, por las reformas laborales impuestas, que se han cargado la negociación colectiva, lo que ha significado un aumento de las jornadas de trabajo, en demasiados casos muy por encima de la ley, y la imposición de una bajada sustancial de los salarios, hasta tal punto que el salario mínimo interprofesional ya no es una mera referencia sino el sueldo real de muchos trabajadores y trabajadoras, jóvenes o adultos, con jornadas de ocho horas diarias. El régimen austericida y los recortes indecentes que han impuesto el FMI, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y sus Gobiernos cómplices, como el actual del Partido Popular, condenan además a estas personas que ganan salarios de miseria a ser aún más pobres, pues sus recortes imponen los copagos en salud, el incremento del precio del transporte público, de las guarderías, el aumento de tasas educativas, etcétera.

Señores y señoras, el SMI español está muy por debajo del de otros países -en Francia, 1.458 euros; en Alemania, 1.473 euros; en Bélgica, 1.502 euros; en Reino Unido, 1.379 euros-, incluso muchísimo más bajo que en países directamente rescatados, como Irlanda, donde está situado en 1.462 euros. Esta desigualdad tan flagrante infringe incluso la Carta Social Europea, que no deja de ser una simple declaración de mínimos, pero que reconoce que el salario mínimo interprofesional debería ser como mínimo el 60 % del salario medio, es decir, 1.000 euros. Pues bien, en el Estado español no se llega ni al 35 % del salario medio, prácticamente la mitad. Mantener el salario mínimo interprofesional en estos términos es mantener y profundizar en la desigualdad y mantener y agudizar una situación que ya es insostenible y no pueden los afectados ni siquiera esperar a que se forme Gobierno. Por eso esta propuesta creemos que ha de ser de aplicación inmediata si tenemos sensibilidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Con esta propuesta del Grupo de Democràcia y Llibertad y Esquerra Republicana, pretendemos cambiar esta situación, sacar del límite, si no por debajo de la pobreza, a miles de personas con nombres y apellidos, no solo por dignidad, que también, sino por argumentos puramente económicos y reformistas, pero reformistas de verdad, y digo de verdad porque cada vez que escucho la palabra reforma a según a qué partido político, los trabajadores y trabajadoras nos ponemos a temblar de miedo. Estamos aquí para tomar medidas para rescatar a centenares de miles de ciudadanos de la pobreza, de los desahucios, para posibilitarles el pago de la luz, de la comida, del agua, en definitiva, para aliviar las condiciones de vida de una parte considerable de la población, que además es la que lo pasa peor. No entenderíamos que reclamen un Gobierno de izquierdas y que hoy no diéramos un paso para subir el salario mínimo interprofesional como mínimo a los 1.000 euros que hoy se proponen en la Carta Social Europea. No se trata de complementarlo con ayudas, subsidios o caridad, como proponen algunos grupos parlamentarios, como Ciudadanos, que va de nuevo, cuando es más de derecha que el Partido Popular. Los trabajadores tenemos derecho a vivir con dignidad, no con subsidios, no con complementos, pero no solo eso. El segundo argumento, y este les gustará mucho a muchos de ustedes, es que, además, este aumento del salario mínimo es bueno para la economía. La subida del salario mínimo tiene un efecto multiplicador, en palabras del buen economista doctor Xabier Arrizabalo, que lo explica muy bien. Tiene un efecto muy positivo al estimular la demanda. Invertir en la gente más humilde es mucho más rentable para la sociedad que hacerlo para los que se llevan el dinero a Panamá. Aumentar el salario mínimo incrementa el consumo. Cuando uno cobra 1.000 euros, estos 1.000 euros mejoran la economía en general y la economía local en particular. No se marchan a Panamá ni a ningún paraíso fiscal. Gran parte de este dinero se queda en el barrio, en la ciudad o en el pueblo. Mejoran la economía en general, porque hay que producir más para satisfacer una mayor demanda, y esto es igual a más trabajo, cuyo salario, al aumentar, contribuirá a su vez a más demanda.

Por último y acabo, para los amantes del orden la mejor manera de mantener lo que llaman paz social no es la ley mordaza ni el Código Penal pensado para los robagallinas, sino subir los salarios y las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. (Aplausos). Esta es la mejor ley para mantener la paz social, porque con injusticias, con trabajadores pobres, no hay paz posible. Por todo esto y por mucho más, pedimos que voten a favor de esta propuesta que presentamos los grupos de Democràcia y Llibertad y de Esquerra Republicana de Catalunya.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo.


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El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, señorías.

Jordi Salvador, al decir que Ciudadanos está más a la derecha que el Partido Popular, se nota que no se ha leído el programa político de Ciudadanos. Le invito desde aquí a que lo lea. (Aplausos).

Es un hecho cierto, como todos ustedes saben, que la crisis económica ha golpeado duramente a millones de trabajadores, trabajadores que, en el peor de los casos, han perdido su empleo y, cuando no, han visto reducidas su retribuciones y precarizadas sus condiciones laborales. Nos encontramos además con millones de trabajadores que entran y salen continuamente del mercado de trabajo en diferentes ocasiones a lo largo del año y no alcanzan por ello el salario mínimo en términos anuales. Hasta ahora, las medidas que se han venido adoptando no han logrado los efectos deseados. El resultado ha sido todo lo contrario. Los niveles de desempleo siguen siendo alarmantes, la desigualdad ha aumentado y los recursos empleados para solucionar esta preocupante situación se han malgastado.

¿Qué ha hecho el Gobierno hasta ahora para luchar contra esta desigualdad salarial? Recientemente, en diciembre, como todos ustedes saben, el Gobierno fijó el salario mínimo interprofesional en 655,20 euros mensuales o, lo que es lo mismo, 9.172,80 euros anuales, una cantidad insuficiente que se traducirá en una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, en línea con la devaluación salarial que se ha venido produciendo durante la última legislatura. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos necesario abordar una subida del salario mínimo interprofesional para garantizar que el empleo reporte salarios dignos. Que los trabajadores tengan salarios dignos es una prioridad para Ciudadanos y lo quiero repetir: que los trabajadores obtengan salarios dignos es una prioridad para Ciudadanos. Al mismo tiempo es imprescindible que esta subida sea adecuada y proporcional a la situación económica actual, evitando así el efecto contrario al pretendido. Por tanto, nosotros proponemos aprobar una subida del salario mínimo acompasada a la evolución de nuestra economía y de nuestra productividad, como consta, por otro lado, en el acuerdo de gobierno firmado entre Ciudadanos y el Partido Socialista el pasado mes de febrero y que en los mismos términos han acordado los agentes sociales recientemente.

Hay que tener en cuenta un dato alarmante y es que tenemos en España en torno a 6 millones de trabajadores pobres, trabajadores que no llegan al salario mínimo anual, como señalábamos anteriormente. La clave está en entender que la precariedad laboral, producto de la excesiva rotación entre contratos, es la fuente de la pobreza y que la mayoría de estos trabajadores precarios no alcanzan el salario mínimo porque trabajan solo una parte del año. Se trata en consecuencia de trabajadores que entran y salen constantemente del mercado de trabajo, alternando contratos precarios con prestaciones y subsidios por desempleo, de modo que los ingresos que tienen al final del año no superan este salario mínimo.

Ante dicha situación la pregunta que nos hacemos en Ciudadanos es la siguiente. ¿Soluciona la subida del salario mínimo interprofesional propuesta el problema de los 6 millones de trabajadores con unos ingresos anuales que no llegan a dicho salario mínimo? ¿Qué medidas son necesarias adoptar para corregir la situación real de pobreza y desigualdad de estos trabajadores? La respuesta es que el salario mínimo no es la solución para mejorar la vida de estos 6 millones de trabajadores precarios, de modo que desde Ciudadanos proponemos, de manera complementaria al aumento gradual y progresivo del salario mínimo interprofesional, la introducción de un complemento salarial que garantice unos ingresos mínimos vitales suficientes a todos los trabajadores, medida, por otro lado -recordamos-, incorporada al acuerdo suscrito el pasado 24 de febrero entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Creemos -como se ha puesto de manifiesto en otros países como Estados Unidos, Reino Unido o Suecia- que la política más efectiva para luchar contra la pobreza salarial es este complemento salarial garantizado. Nuestra propuesta consiste en una prestación complementaria para los hogares más necesitados. Dicha cuantía dependerá de los ingresos salariales y de la situación familiar, siempre que el montante total de ingresos se encontrase por debajo de un determinado umbral. Creemos imprescindible ayudar a aquellos que con menos ingresos tengan hijos u otros familiares que dependan de ellos y a los que hayan de procurar alimentos y una asistencia mínima, por lo que el complemento en su versión inicial iría dirigido a los hogares de rentas más bajas con cargas familiares y se iría extendiendo progresivamente a lo largo de la legislatura a medida que la restricción presupuestaria permita su ampliación.

En definitiva, el complemento salarial garantizado tiene tres objetivos fundamentales, primero, luchar contra la desigualdad, incrementando los ingresos de los trabajadores más desfavorecidos; segundo, hacer esto asegurando que no se crean desincentivos en el trabajo ni se expulsa del empleo a trabajadores peor pagados, como ocurriría con una brusca subida del SMI como la que se propone hoy aquí; por último, incentivar el consumo a las familias, lo que contribuirá a reactivar la economía. Por lo tanto, el Grupo


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Parlamentario Ciudadanos está de acuerdo con el incremento del salario mínimo interprofesional durante esta legislatura en los términos que se proponen en la enmienda que hemos formulado, pero no podemos estar a favor de la brusca subida del salario mínimo interprofesional del 30 % planteada por Democràcia i Llibertat. ¿Se ha planteado el Grupo de Democràcia i Llibertat cómo contrarrestar el aumento del desempleo que esta medida que proponen podría generar? Debemos recordarles que nuestra economía arrastra en la actualidad un 23 % de desempleo, de modo que creemos que los incrementos del salario mínimo interprofesional deben ir siempre acordes con la evolución de la economía y que el incremento del salario mínimo interprofesional no es la solución para acabar con la precariedad de los 6 millones de trabajadores pobres. Así pues, estamos de acuerdo con subir el salario mínimo interprofesional al tiempo que evoluciona nuestra economía, pero es fundamental introducir una medida que de verdad ayude a los trabajadores precarios, y esta es, señores, el complemento salarial garantizado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Campo.

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, sus señorías, y saludos también a la gente que nos ve desde sus casas por Internet.

El día que pisamos este salón por primera vez les asombramos, varias fotos dieron la vuelta al mundo, pero, realmente, CiU, seguimos sin saber de qué se asombran. Ustedes han convertido la vida en este país en una misión de alto riesgo, y vengo de unas islas muy bonitas pero muy maltratadas, donde sabemos perfectamente lo que es currar como animales para no llegar a los 700 euros. Créanme que lo sabemos bien. Casi 5 millones de personas se pasan el día con un currículum debajo del brazo intentando buscar trabajo, y los que tienen la fortuna de encontrarlo disfrutan de unas condiciones que hacen imposible vivir con una mínima tranquilidad. Muchos factores influyen en esto: temporalidad, jornadas interminables de muchas horas, fraude, pérdida de poder de los convenios colectivos y un largo etcétera, pero muy posiblemente la peor de todas sea el salario, que es de lo que venimos a hablar hoy aquí. Abriendo cualquier periódico podemos encontrar ofertas de empleo con sueldos que no cubren ni el gasto para el transporte y aquí no pasa nada.

Antes de continuar, me gustaría hacer mención especial al hecho de que esta propuesta -a la que vamos a votar que sí, obviamente- la traiga al Congreso Democràcia i Llibertat, la antigua Convergència i Unió, responsables de los recortes más duros y brutales de la historia de la democracia realizados por una comunidad autónoma. Subida de tasas, copago sanitario y privatizaciones encubiertas llenaron muchas veces las calles de Barcelona de millones de catalanas y catalanes indignados. No deja de ser paradójico. (Aplausos). Me recuerda mucho a cuando Coalición Canaria, PP y PSOE hablan del 26 % de paro en Canarias como si fuera culpa del Espíritu Santo, como si no llevaran gobernando las islas treinta años de forma ininterrumpida y como si no fueran los únicos responsables de este hecho, de este desastre.

El domingo comprobamos atónitos cómo el presidente de nuestro país, ese que ha subido el salario mínimo interprofesional en los últimos cuatro años un mísero 2,4 %, tenía la cara de decir que casi nadie cobra el salario mínimo en España. Señor Rajoy -que por supuesto no está aquí, por eso ya contábamos con que no iba a estar, porque no está nunca-, ¡mire que dijo usted mentiras el domingo, pero con esta ya se superó! El salario mínimo interprofesional, o sea, unos miserables 655 euros, lo cobran el 34 % de los trabajadores y trabajadoras en este país, el 34 %. (Aplausos). Por eso es tan importante que lo subamos urgentemente a 800 euros y que consigamos acabar la legislatura en torno a los 950 para acercarnos, o por lo menos intentarlo, a la media europea.

Esto no solo es una cuestión de justicia, que lo es, es también una cuestión de eficacia. Es economía de primaria, de parvulario. Si cada vez más personas tienen menos poder adquisitivo por culpa de los salarios de miseria, consumirán mucho menos, la economía se estancará y muchas empresas, muchos negocios tendrán que cerrar las puertas, condenando a más y más gente al desempleo, esto sin olvidar que los salarios bajos provocan evidentemente menores cotizaciones a la Seguridad Social y, por lo tanto, ponen en grave riesgo la supervivencia de nuestro sistema público de pensiones, aunque yo sé que eso a ustedes no les importa mucho. En conclusión, que el salario mínimo de vergüenza de nuestro país destroza la economía, condena a muerte las pensiones, expulsa a miles de personas a la emigración forzosa y convierte la vida de millones de familias en un verdadero infierno, y todavía se asombran de que nos votaran 5 millones de personas. ¡Es que hasta pocas fueron, hasta pocas fueron! (Aplausos).


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Proponemos una subida urgente hasta los 800 euros en los dos primeros años de legislatura y un incremento hasta los 950 euros los dos últimos para homologarnos con nuestros vecinos europeos y mejorar con muy poquito esfuerzo la vida de millones de personas.

Ayer, cuando le contaba a mi madre que iba a intervenir en el Pleno por primera vez, me dijo: Mi niño, no tengas miedo. Súbete ahí arriba y dales voz a los que ni siquiera saben que tienen voz. Eso es lo que he intentado hacer en estos minutillos. Me vuelvo a mi asiento preguntándome si alguno o alguna de ustedes tendrá la poca vergüenza de votar en contra de esta subida mientras ingresan todos los meses más de 4.000 euros de dinero público.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, desde el Partido Socialista pensamos que más que nunca hay que poner la lucha contra la desigualdad en el centro de todas las decisiones de política económica y eso hay que hacerlo más que nunca porque en España se ha incrementado la desigualdad. Somos el segundo país con desigualdad del conjunto de la Unión Europea y además, en el último informe de la Comisión Europea en relación con los desequilibrios macroeconómicos de nuestro país, lo que decía es: Sí se ha creado empleo, pero no se ha reducido la desigualdad.

Esta es la novedad del momento económico que vivimos en el mundo. La hiperglobalización está generando es un fenómeno nuevo, que puede haber crecimiento económico, pero no se reducen las desigualdades. El otro día, efectivamente, el señor Rajoy, en una entrevista de televisión, decía que muy poca gente cobraba el salario mínimo. Eso muestra el profundo desconocimiento de la realidad. Hay mucha gente, muchísimos jóvenes, que están por debajo del salario mínimo, porque tienen contratos de horas, de días, y están por debajo del salario mínimo. Esa es la realidad. La política de salarios mínimos es uno de los instrumentos para reducir la desigualdad. Luego están las políticas de redistribución, del Estado del bienestar, pero, en lo que se llama la predistribución, esta es una política muy importante para reducir las desigualdades. No olvidemos que el crecimiento económico no asegura acabar con las desigualdades. Ese es el fenómeno nuevo que vivimos en el mundo. De hecho, los que hablan de estancamiento secular, de la nueva mediocridad, de la nueva normalidad del mundo, en el fondo eso tiene que ver con el incremento de la desigualdad, y por eso nosotros pensamos que hay que poner -y vuelvo al principio- en el centro de todas las decisiones de política económica la lucha contra la desigualdad. (Aplausos). Eso es lo que planteamos en estas enmiendas a la proposición no de ley que se ha planteado.

Además del problema que tenemos, resulta que nos hemos encontrado con un Gobierno, el Gobierno de la derecha en nuestro país en estos últimos cuatro años, que con su política social, con su política económica, con su política laboral, con su política fiscal, con su política presupuestaria, ha incrementado las desigualdades. El otro día el señor Montoro nos decía que uno de los culpables de la desviación del déficit del año 2015 eran los enfermos de hepatitis, cuando se han regalado prácticamente 10.000 millones de euros a las rentas más altas y a las grandes corporaciones. (Aplausos). Eso es desigualdad, desigualdad de la política económica, fiscal y presupuestaria del Gobierno del Partido Popular. Se decía que son las comunidades autónomas, es decir, el Estado del bienestar, las culpables de la desviación de los objetivos de déficit, pero es la política salarial la que hace que haya un desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social de en torno a 15.000 millones de euros, a pesar de que estemos creciendo en torno al 3 % -cuando el Gobierno anterior dejó en equilibrio las cuentas de la Seguridad Social-, 15.000 millones, en gran parte por la política laboral y de incremento de la desigualdad del Gobierno del Partido Popular.

El Gobierno anterior, del Partido Socialista, incrementó en términos de poder de compra en un 15 % el salario mínimo, en un 15 %. El Gobierno del Partido Popular, en términos de poder de compra, ha disminuido el salario mínimo en un 2,5 %. Un 15 % de incremento del salario mínimo frente a una disminución en términos de poder de compra del 2,5 %. No es lo mismo el 15 % de incremento que una disminución del 2,5 %. No es lo mismo el PSOE que el PP, también en salario mínimo. (Aplausos). Además, si en nuestro país comparamos el salario mínimo en relación con el salario medio, vemos que todavía estamos a la cola de los países de la OCDE. Por tanto, a partir de la proposición no de ley que ha presentado el señor Campuzano, nosotros hacemos una enmienda transaccional para, desde nuestro punto de vista, mejorarla. ¿Por qué vamos a apoyar con ilusión esa propuesta? En primer lugar, porque


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se marca un objetivo de la sociedad española. Tenemos que alcanzar los objetivos de los países más desarrollados de la Unión Europea, es decir, ir a la Carta Social Europea. Por eso apoyamos con pasión esa proposición no de ley y la enmienda que nosotros planteamos. Es una aspiración de la sociedad española. En segundo lugar, porque se quiere hacer de una manera consensuada entre los agentes económicos y sociales. En tercer lugar, porque se tiene que hacer de forma acompasada a la evolución de la economía y el incremento de la productividad, porque también es importante que se haga de acuerdo con el incremento de la productividad. En el mundo se abren camino los estudios económicos que dicen que el incremento del salario mínimo no solamente no disminuye el empleo, sino que además contribuye a la salida de la crisis. Se abren camino en el mundo los trabajos empíricos en relación con esta circunstancia. Sí, señorías, se abren camino ese tipo de estudios.

Termino ya. No olviden, el crecimiento no asegura la reducción de la desigualdad. Esa es última novedad en el mundo. Pongamos en el centro de todas las decisiones de política económica la lucha contra la desigualdad ahora más que nunca.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Asian González.

La señora ASIAN GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero mostrar mi sorpresa por la intervención que ha tenido el representante del Grupo Socialista, porque no hace mucho, concretamente en marzo de 2009, tuvimos ocasión de debatir en esta misma Cámara una iniciativa procedente del Parlamento catalán con idéntica finalidad: subir el salario mínimo interprofesional, y se rechazó. El Grupo Socialista la rechazó aludiendo a las palabras de Largo Caballero: A los trabajadores hay que decirles siempre la verdad, aunque no les guste. Y argumentó que lo hacía por responsabilidad, porque había que arrimar el hombro y porque había que apoyar a la pequeña y mediana empresa para crear empleo. Y digo yo, cuando el Partido Socialista no está en el Gobierno ¿ya no hay que decirle la verdad a los trabajadores? ¿No hay que ser responsable? ¿No hay que arrimar el hombro? ¿No hay que apoyar a la mediana y pequeña empresa? (Aplausos). Nosotros estamos conformes con continuar elevando el salario mínimo interprofesional. No estamos conformes con la exposición de motivos de la PNL presentada, en la que se dice que tiene que aumentar debido a la necesidad de incrementar el pago de los impuestos. Con esto no estamos de acuerdo, porque nosotros tenemos un sistema tributario solidario, basado precisamente la capacidad económica, y hay que pagar por la renta que se percibe y no por el coste de los servicios. Tampoco estábamos de acuerdo con la redacción inicial de la proposición no de ley, porque no estábamos conformes con la senda de incremento del salario. Tenemos una enmienda transaccional, en la cual hemos acordado que ese salario mínimo interprofesional crezca conforme a la coyuntura económica y la productividad. Por tanto, votaremos a favor de esta enmienda transaccional.

Nosotros pensamos que tiene que subir el salario mínimo interprofesional, pero también todos los salarios bajos y medios de nuestro país. Por eso hemos hecho una reforma tributaria para aminorar la carga tributaria de los que menos tienen; hemos hecho una ley para la formación profesional para el empleo, porque pensamos que formación y cualificación son las mejores armas para combatir los salarios bajos, y, sobre todo, hemos hecho de la lucha contra el desempleo nuestro objetivo final, porque, efectivamente, cuando se destruye empleo no se pueden subir los salarios. Afortunadamente, ha cambiado la tendencia, ahora se crea empleo, y ese menor exceso de oferta volverá a equilibrar los salarios a un nivel más alto. Además, el salario mínimo interprofesional no tiene ya el valor de referencia que tenía antes de 2004 para cubrir las necesidades de los más vulnerables. El Partido Socialista se encargó de evitarlo. Sustituyó el salario mínimo interprofesional por el Iprem. Hasta ahí, todo normal. En 2004, salario mínimo e Iprem tenían un nivel parecido. ¿Qué hicieron en las dos legislaturas? Subieron el salario mínimo un 39 %, que, descontado el efecto de la inflación, son 80 euros en ocho años -no es mucho- y beneficiaron a 125.000 trabajadores, pero el Iprem lo subieron un 16 %, por debajo de la inflación, que fue del 21 %, perjudicando a 600.000 becarios, a quienes percibían el subsidio agrario, a 2,5 millones que percibían la prestación de desempleo y a 5 millones de españoles que declaraban en 2011 no disponer de fondos suficientes para llegar a final de mes. Beneficiaron a 125.000 y perjudicaron a 8 millones de españoles (Aplausos) y además sin sufrir el coste político que ello representa.

Nosotros estamos a favor de todas las normas que signifiquen una mejora de los salarios y de la calidad de vida de los trabajadores, pero lo queremos a través de reformas estructurales, como hemos hecho hasta ahora, y se reconoce en el informe de la Comisión Europea España 2016 y en los datos de


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paro del mes de marzo de 2016, pero lo queremos, primero, con normas para el crecimiento. Cuando hay crecimiento ese crecimiento se traslada al empleo y, una vez que se ha trasladado al empleo, queremos una mayor participación de las rentas salariales en la renta nacional, pero al revés el camino es absolutamente imposible. Esta PNL es una petición que se hace al próximo Gobierno. Una vez que dejamos una situación de crecimiento de empleo, de protección a los colectivos más vulnerables con ayudas directas -porque hemos hecho un plan de inclusión social, una estrategia para personas sin hogar, un fondo para familias con hijos en situación de dificultad económica-, dejamos al próximo Gobierno la tarea de llevar a cabo el encargo de esta PNL, por lo cual ruego a todos los grupos de esta Cámara que hagamos lo posible para ponernos de acuerdo y poderlo hacer efectivo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Asian.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, la señora Beitialarrangoitia.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on, buenas tardes.

La Carta Social Europea es clara al respecto y el Gobierno español está comprometido con la misma, al menos sobre el papel. El salario mínimo debe equivaler al 60 % del salario neto medio. Traducido en euros, ello supone que la ciudadanía que vive en Euskal Herria debería cobrar como sueldo mínimo 1.200 euros al mes, casi el doble de los 655 establecidos en la actualidad. Se incumple por tanto la Carta Social Europea y la renta mínima recomendada por la Unión Europea para que las personas no se encuentren en situación de pobreza.

Conforme a estos criterios, en la actualidad y tan solo en Euskal Herria son más de medio millón las personas que carecen de recursos económicos suficientes para llevar una vida digna. Pero no solo eso. La realidad nos demuestra que incluso se incumple la propia ley en lo concerniente al salario mínimo establecido, lo que agrava aún más la situación. Ello hace que cada vez más personas sean pobres en nuestro entorno, no ya por tener trabajos parciales o carecer de ellos, que también, sino incluso trabajando a jornada completa. Y es que, a pesar de que teóricamente estamos en una fase de crecimiento, el reparto de la riqueza sigue brillando por su ausencia. Más bien al contrario, unos pocos ricos se alimentan de la miseria de la mayoría. Han aumentado por tanto las diferencias sociales.

Y qué decir del caso de las mujeres. Les voy a dar dos únicos datos ilustrativos: las vascas tendrían que ver aumentado su salario en un 35,6 % de media para igualarse a los vascos, y el 85 % de las trabajadoras del hogar internas no cobra actualmente el mínimo. Hay que combatir, por tanto, esta cruda realidad, hay que actuar contra la pobreza y reconocer un salario mínimo de 1.200 euros como derecho, entre otras muchas medidas. Por ello apoyamos la iniciativa presentada, hemos firmado también la enmienda transaccional, aunque estoy segura de que la interpretación de lo que el texto dice es muy diferente para algunos, lo de "cuanto antes posible", lo de "conforme con la situación de la economía"; pero la apoyamos porque creemos que es urgente avanzar en esta materia y dejar de estar a la cola en Europa.

Para terminar, quiero retar a sus señorías a que se pongan un momento a pensarlo y que intenten llevar una vida digna con 655 euros al mes. Ya les adelanto que les resultará difícil, cuando no imposible. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.

Tiene la palabra la señora Sánchez.

La señora SÁNCHEZ MAROTO: Gracias.

Hay un 14 % de trabajadores por debajo de la línea de la pobreza. Esta crisis la han pagado y la han repagado los trabajadores y trabajadoras de este país. De lo que aquí se trataba, al menos en la primera PNL que se presentaba, era -entendíamos- de dignificar el trabajo y de darle una contraprestación digna, de corregir, además, el aumento de la brecha salarial, de la pobreza y de la desigualdad. Ahora bien, en esta enmienda transaccional que se nos presenta finalmente se han hecho muchas concesiones entiendo que para que todo el mundo pueda votar a favor. Nos dicen que es razonable -y que no se puede hacer de otra manera- cobrar 655 euros al mes, y yo les recuerdo a todos y a todas sus señorías que aquí hay un complemento para todos y cada uno de los diputados y diputadas que viven en Madrid que pasa de los 800 euros y que se supone que es para sobrevivir. Por lo tanto, lo que estamos haciendo


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es reconocer que nos parece que los demás merecen menos o si no, no lo puedo comprender. Y si se vive fuera de la Comunidad de Madrid, son más de 1.800 euros. Me gustaría simplemente decir una cosa para que quede bien claro: no se sientan sus señorías mejores que aquellas personas, aquellos trabajadores y trabajadoras que cobran 655 euros porque no lo son.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.

Señor Bataller.

El señor BATALLER I RUIZ: Señorías, contamos con uno de los salarios mínimos más bajos de Europa que resulta casi coincidente con el umbral de la pobreza en España, que está situado en 8.000 euros al año, y nos estamos despertando de un mal sueño. El paso del Partido Popular por el Gobierno ha supuesto la casi completa congelación del salario mínimo interprofesional. Para que echen cálculos, desde 2012 hasta hoy, en cuatro años, este salario mínimo ha subido un total de 13,80 euros, señorías; 13,80 euros, es decir, el coste que tiene un menú del día en numerosos establecimientos de hostelería de nuestro país, y con esto entiendo que pocas familias pueden resolver sus pagos por vivienda, alimentación, material escolar para sus hijos, etcétera.

La pregunta que hemos de hacernos es: cuando hablamos de salarios mínimos, ¿es que nos referimos también a vidas mínimas? Porque estamos hablando de empleados en precario que se las ingenian para subsistir, porque en España existe el gravísimo problema de los trabajadores pobres, de gente que trabaja cuarenta horas o más a la semana y tiene que vivir ayudada por la beneficiencia o por sus familiares. Estamos hablando de equilibristas, y lo digo con todo respeto, de personas que mantienen sus vidas pendientes de un hilo y que, frente a cualquier gasto imprevisto, caen fatalmente en el umbral de las deudas, de la pobreza. Hablamos de personas que para llevar adelante a su familia tienen que trabajar, si pueden, en dos empleos distintos dejándose la piel. Imagínense ustedes cómo se puede compatibilizar así la vida familiar con la vida laboral.

Madrid, por poner un ejemplo, es la segunda capital europea con mayor desigualdad social y la más segregada, lo que significa que en la carrera del bienestar un gran número de personas se ha quedado atrás. Nosotros no queremos vidas mínimas, sino vidas dignas, queremos convertir el salario mínimo en un salario digno que cubra las necesidades básicas y les permita a todas las personas vivir con seguridad. Y no lo decimos esto solo nosotros, estamos vulnerando seis artículos sobre derechos laborales de la Carta Social Europea, estamos incumpliéndola. Pero, señorías, el cambio ha llegado, las personas nos exigen que respondamos a esta emergencia social y a las desigualdades. Desde Compromís apostamos por un gobierno de las personas, las mismas personas que se han visto perjudicadas por unas políticas que ahora tenemos la oportunidad de cambiar. En la anterior legislatura hemos visto bajar los salarios y hemos visto aumentar la temporalidad. También en la anterior legislatura hemos oído cómo desde escaños de esta misma Cámara se lanzaban expresiones malsonantes en menosprecio de la problemática social que vivimos en este país, groserías que no aportaban nada al debate y que solo producían vergüenza. ¿Se acuerdan ustedes, señorías? Pues bien, es hora de pasar página a todo esto y trabajar por una sociedad basada en la igualdad. Apostamos por que el Gobierno que surja en esta legislatura acabe con la devaluación salarial y la pérdida de derechos de los trabajadores. Es necesario recuperar su poder adquisitivo para dar solidez también al crecimiento económico, porque nuestro país no puede competir bajando los costes laborales, sino incrementando la productividad. Hoy defendemos e instamos al próximo Gobierno a subir el salario mínimo interprofesional y lo hacemos por todas las personas que hacen equilibrios para sobrevivir con tanto sacrificio en este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bataller.

Por último, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Señor presidente, señorías, créanme que esta cuestión del salario mínimo interprofesional desborda la mera cuestión cuantitativa e incide en la definición del modelo de sociedad que tenemos presente cada uno de nosotros. Tengo que decir que el Grupo Vasco, al que yo represento ahora, no participa de un modelo de sociedad basado en la pobreza y en la desigualdad. La gran contradicción que evidencia esta proposición no de ley es la constatación de que el salario mínimo es un salario de pobreza. Aunque se maquille, sigue siendo un salario de pobreza y el problema es que


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en tanto no se adecue a parámetros cuantitativos y cualitativos de dignidad, es decir, aquellos de nuestro entorno, va a seguir siendo un salario de pobreza.

A ese efecto, ya lo han recordado varios intervinientes antes, la Carta Social Europea -cuya revisión, por cierto, aún no ha sido ratificada por el Estado español- es el catálogo más completo a nivel europeo de los derechos de carácter social y su artículo 4 define ese compromiso de la garantía de un derecho a una remuneración digna como una remuneración equitativa entendida como una remuneración suficiente que proporciona a los trabajadores y a sus familias un nivel de vida decoroso. Tampoco es diferente esta definición de la que hace el artículo 35 de la Constitución, que concuerda con la misma acepción y entiende que el trabajador, y como contraprestación a su trabajo, a su derecho y deber del trabajo, debe alcanzar una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Y como también han recordado mis predecesores, sin embargo, nos encontramos con que el último Decreto 1171/2015, y de acuerdo con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, ha cifrado la cuantía del salario mínimo interprofesional en 665 euros al mes o 764 euros en doce pagas. Pues bien, señorías, si este dato es llamativo, aún lo es más otro que también mi predecesor me ha pisado -y permítame la expresión- y es que el salario mínimo interprofesional ha crecido en los últimos cuatro años la friolera, porque no tiene otra definición, de 13,46 euros, de 641,40 a 655,20 euros. Dicha progresión -dicho sea entre comillas-, creemos que ni es casual ni es justa.

Hace pocas fechas en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, de la que también formo parte, se comentó, entre otras cuestiones, la adaptación de la normativa española y el grado de cumplimiento de la Carta Social Europea. Era el informe XX-3, del año 2014, emitido por el Comité Europeo de Derechos Sociales. En ella se recogía, en relación con el salario mínimo interprofesional, una respuesta que había dado el Gobierno español precisamente a las preguntas que se le formulaban sobre lo inadecuado de estas cantidades. Pues bien, la respuesta del Gobierno español dice textualmente así: La crisis económica y financiera se debe tener en cuenta a la hora de fijar el salario mínimo interprofesional en la medida en que esta influye en la creación de empleos. Esta es la interpretación que hizo en su momento el Gobierno, que la congelación del salario mínimo interprofesional es una medida utilizada por el Gobierno como herramienta frente a la situación de crisis e hipotéticamente con un propósito de creación de empleo. Dicho sea con todo el respeto, señores del Gobierno, esa ecuación es inaceptable, nos parece casi infernal, pero sobre todo nos parece reveladora de modelos socioeconómicos en los que, con todo el respeto, no participamos. Nos parece insostenible desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social utilizar ese mecanismo que convierte a los pobres en más pobres, precisamente a los perceptores del salario mínimo interprofesional. Nos parece duro mantenerlo cuando se es consciente de que es generador de desigualdad, porque se ha mantenido en este último decreto a pesar de que la consecuencia de la desigualdad también ha sido analizada por parámetros que asimismo han sido analizados por mis predecesores. Y lo que es también grave es que, aun cuando esa medida produce todos estos efectos y por tanto menoscabo de la dignidad personal de estos trabajadores, se ha seguido manteniendo por razones que se han basado en la hipótesis de que serviría para la creación de empleo. Sin embargo, creemos que también es discutible que sea efectiva para este fin, para el objetivo de crear empleo, no solo porque nos parece falsa o perversa la ecuación de que a menos salario más trabajo, sino también porque no hay duda de que menos salario desincentiva al trabajador y le aleja de la posibilidad de participar en el mantenimiento de sus propios servicios y prestaciones públicas. Ese, señorías, no es el modelo que ha defendido el Grupo Vasco.

Por el contrario, creemos que es necesario aproximar las cantidades del salario mínimo a las cuantías y modelos propuestos por la Carta Social Europea, esto es, aquellos que pretenden evitar la pobreza. Y la definición de mínimo digno y la definición de pobreza no es una cuestión que nos vayamos a inventar en estos momentos. Hay unas estadísticas EU-SILC, que fueron creadas a partir del año 2013 y que están amparadas en el Reglamento 1177/2003 de la Comisión, que define, entre otras cuestiones, la tasa de riesgo de pobreza y entiende que esta es una cuantía que identifica con una renta inferior al 60 % de la renta nacional disponible equivalente. Por eso, la Carta Social Europea, en el reverso de esa misma moneda y para cumplir los requerimientos del artículo 4, precisa que la cuantía del salario mínimo interprofesional en cada país debe alcanzar el 60 % del salario medio neto del territorio del Estado.

El señor PRESIDENTE: Señor Barandiaran, vaya concluyendo. Sé que ha tapado el marcador del tiempo con los folios, pero comprobará que se ha pasado.


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El señor BARANDIARAN BENITO: Precisamente porque entiende que, en caso contrario, se incide en ese riesgo de pobreza. Ese es, por tanto, el objetivo que pretendemos que se siga y por eso ahora anunciamos que vamos a apoyar la proposición no de ley, porque ese es el modelo no solo retributivo, sino social y socioeconómico con el que de alguna manera podemos converger, y con quien se aparte de él no podríamos converger de ninguna manera.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barandiaran.

Antes de pasar a las votaciones, tengo que preguntarle, señor Campuzano, si su grupo acepta algunas de las enmiendas presentadas.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, la Mesa conoce el texto que hemos acordado con la casi mayoría de los grupos. Mi grupo agradece el debate, la propuesta y el texto acordado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.

DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. (VOTACIÓN):

- PROPUESTA DE REFORMA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 127/000001).

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a las votaciones. Votamos, en primer lugar, la propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 290; abstenciones, 44.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL CALENDARIO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000001).

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 186; en contra, 112; abstenciones, 41.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE LA REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO. (Número de expediente 162/000065).

El señor PRESIDENTE: Procedemos ahora a votar el texto de las proposiciones no de ley, según lo acordado en el curso del debate. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la revisión del Plan hidrológico de la cuenca del Ebro. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 90; en contra, 159; abstenciones, 90.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT), SOBRE EL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 162/000140).

El señor PRESIDENTE: Por último, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), sobre el incremento del salario mínimo interprofesional. Si ningún grupo se opone, se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 339.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos).

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.

Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.

Corrección de error.

En el Diario de Sesiones número 3, correspondiente a la sesión plenaria número 3, celebrada el miércoles 2 de marzo de 2016, en la página 30, tercer párrafo, donde dice "El señor IGLESIAS TURRÓN" debe decir "El señor IGLESIAS TURRIÓN".

En el Diario de Sesiones número 5, correspondiente a la sesión plenaria número 5, celebrada el 15 de marzo de 2016, en la página 61, en la votación por asentimiento de las propuestas de creación de comisión permanentes hay que incluir el siguiente título: PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 155/000006).

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