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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 5, de 15/03/2016
cve: DSCD-11-PL-5
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 5
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PATXI LÓPEZ ÁLVAREZ
Sesión plenaria núm. 5
celebrada el martes,
15 de marzo de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la unidad de España. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 9, de 8 de febrero de 2016. (Número de expediente 162/000032) ... (Página6)

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la democracia, la igualdad y la unión de todos los españoles. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 9, de 8 de febrero de 2016. (Número de expediente 162/000011) ... (Página6)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 10, de 9 de febrero de 2016. (Número de expediente 162/000006) ... (Página22)

- Del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 20, de 23 de febrero de 2016. (Número de expediente 162/000079) ... (Página33)

Propuestas de creación de comisiones:

- Solicitud del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, de creación de una Comisión permanente no legislativa de lucha contra la corrupción. (Número de expediente 155/000002) ... (Página42)

- Solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y de los señores Baldoví y Garzón (Grupo Mixto), de creación de una Comisión permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. (Número de expediente 155/000003) ... (Página42)


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- Solicitud del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, de creación de una Comisión permanente no legislativa de derechos de la infancia y adolescencia (CPDIA). (Número de expediente 155/000005) ... (Página51)

- Propuesta de creación de una Comisión permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 19, de 22 de febrero de 2016. (Número de expediente 155/000006) ... (Página59)

- Propuesta de creación de una Comisión permanente sobre seguridad vial y movilidad sostenible. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 19, de 22 de febrero de 2016. (Número de expediente 155/000007) ... (Página59)

- Propuesta de creación de una Comisión permanente para las políticas integrales de la discapacidad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 19, de 22 de febrero de 2016. (Número de expediente 155/000008) ... (Página59)

- Propuesta de creación de una Comisión permanente para el estudio del cambio climático. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 19, de 22 de febrero de 2016. (Número de expediente 155/000009) ... (Página59)

- Propuesta de creación de una Comisión mixta de control parlamentario de la Corporación de RTVE y sus Sociedades. (Número de expediente 155/000010) ... (Página59)

- Propuesta de creación de una Comisión mixta para el estudio del problema de las drogas. (Número de expediente 155/000011)... (Página59)

Dación de cuentas de la Diputación Permanente:

- Dación de cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de la X Legislatura a la Cámara de la XI Legislatura. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 11, de 10 de febrero de 2016. (Número de expediente 062/000001) ... (Página59)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página59)

Propuestas de creación de comisiones. (Votación) ... (Página61)

Dación de cuentas de la Diputación Permanente. (Votación) ... (Página62)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

Proposiciones no de ley ... (Página6)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la unidad de España ... (Página6)

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la democracia, la igualdad y la unión de todos los españoles ... (Página6)

Defienden las proposiciones no de ley la señora Montserrat Montserrat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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En defensa de la enmienda presentada tiene la palabra la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Alli Martínez, las señoras Beitialarrangoitia Lizarralde y Sánchez Maroto, y el señor Candela Serna, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs Molist, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y los señores Errejón Galván y Domènech Sampere, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Vuelve a hacer uso de la palabra el señor Rivera Díaz.

A los solos efectos de a aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas intervienen los señores Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones ... (Página22)

Defiende la proposición no de ley la señora Rodríguez Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Alli Martínez, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Montero Soler, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Rodríguez Fernández.

Del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos ... (Página33)

Defiende la proposición no de ley la señora Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición las señoras Enbeita Maguregi, Sánchez Maroto y Sorlí Fresquet, del mismo grupo; el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat); la señora Faba de la Encarnación, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el señor Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y las señoras Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Vidal Sáez.


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Propuestas de creación de comisiones ... (Página42)

Solicitud del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, de creación de una Comisión permanente no legislativa de lucha contra la corrupción ... (Página42)

Solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y de los señores Baldoví y Garzón (Grupo Mixto), de creación de una Comisión permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales ... (Página42)

En turno a favor de las propuestas de creación de las comisiones de referencia intervienen los señores Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, e Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, así como la señora Sánchez Maroto y el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat); la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Solicitud del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, de creación de una Comisión permanente no legislativa de Derechos de la Infancia y Adolescencia (CPDIA) ... (Página51)

En turno a favor de la propuesta de creación de la comisión de referencia interviene la señora Montero Gil, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Ardanza Uribarren, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Ribera i Garijo, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat); el señor Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y las señoras Miguel Muñoz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, y González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Propuesta de creación de una Comisión permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo ... (Página59)

Propuesta de creación de una Comisión permanente sobre seguridad vial y movilidad sostenible ... (Página59)

Propuesta de creación de una Comisión permanente para las políticas integrales de la discapacidad ... (Página59)

Propuesta de creación de una Comisión permanente para el estudio del cambio climático ... (Página59)


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Propuesta de creación de una Comisión mixta de control parlamentario de la Corporación de RTVE y sus Sociedades ... (Página59)

Propuesta de creación de una Comisión mixta para el estudio del problema de las drogas ... (Página59)

La Presidencia informa de que las propuestas de creación de las comisiones de referencia se someterán directamente a votación por asentimiento sin debate previo.

Dación de cuentas de la Diputación Permanente ... (Página59)

Dación de cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de la X Legislatura a la Cámara de la XI Legislatura ... (Página59)

La Presidencia informa de que el punto de referencia se someterá directamente a votación por asentimiento sin debate previo.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página59)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la unidad de España, se aprueba por 147 votos a favor, 79 en contra y 101 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones, se aprueba por 219 votos a favor, 109 en contra y 10 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca) y del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), se aprueba por 224 votos a favor, 1 en contra y 114 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la democracia, la igualdad y la unión de todos los españoles, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 131 votos a favor, 95 en contra y 114 abstenciones.

Propuestas de creación de comisiones. (Votación) ... (Página61)

Sometidas a votación las propuestas a solicitud del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, de creación de una Comisión permanente no legislativa de lucha contra la corrupción, y a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y de los señores Baldoví y Garzón (Grupo Mixto), de creación de una Comisión permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, con la propuesta transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto, se aprueban por 332 votos a favor y 6 abstenciones.


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Sometida a votación la solicitud del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, de creación de una Comisión permanente no legislativa de Derechos de la Infancia y Adolescencia (CPDIA), en los términos de la propuesta de modificación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, se aprueba por 333 votos a favor y 6 abstenciones.

Propuesta de creación de una Comisión permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.

Propuesta de creación de una Comisión permanente sobre seguridad vial y movilidad sostenible.

Propuesta de creación de una Comisión permanente para las políticas integrales de la discapacidad.

Propuesta de creación de una Comisión permanente para el estudio del cambio climático.

Propuesta de creación de una Comisión mixta de control parlamentario de la Corporación de RTVE y sus Sociedades.

Propuesta de creación de una Comisión Mixta para el estudio del problema de las drogas.

Sometidas a votación conjunta las propuestas de referencia, se aprueban por asentimiento.

Dación de cuentas de la Diputación Permanente. (Votación) ... (Página62)

Sometida a votación la dación de Cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de la X Legislatura a la Cámara de la XI Legislatura, se aprueba por asentimiento.

Se levanta la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Señorías, buenas tardes.

Antes de dar paso al orden del día, quisiera anunciarles que, como ha sido tradición en las últimas legislaturas, vamos a agrupar todas las votaciones del Pleno de hoy, y para ello les comunico que la votación, según un cálculo estimativo de la Mesa, se podrá realizar alrededor o a partir de las ocho de la tarde. Tomen esta previsión horaria simplemente a título indicativo porque es la primera vez que este Parlamento con esta composición tiene un Pleno en el que va a debatir proposiciones no de ley y otras cuestiones y, en consecuencia, todavía tenemos que ajustar bien el uso de los tiempos. Por tanto, la votación agrupada será a partir de las ocho de la tarde.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA UNIDAD DE ESPAÑA. (Número de expediente 162/000032).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, LA IGUALDAD Y LA UNIÓN DE TODOS LOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 162/000011).

El señor PRESIDENTE: Ahora damos paso al orden del día. En primer lugar, se debatirán conjuntamente, conforme a la solicitud de los grupos proponentes y según se ha trasladado a la Junta de Portavoces, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la unidad de España, y la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la democracia, la igualdad y la unión de todos los españoles. Para la presentación de las iniciativas y, en su caso, para la defensa de las enmiendas tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que en este turno defenderá su proposición no de ley y también la enmienda que han presentado, la señora Montserrat, por un tiempo de diez minutos.


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La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Gracias, presidente.

Señorías, es gozoso formar parte de un mundo en el que todos estamos unidos entre sí, como lo está la naturaleza. No podríamos entender el mar Mediterráneo sin la fusión del mar Atlántico por el paso del estrecho de Gibraltar. No podríamos disfrutar del arte de Barceló sin la asociación de todos los colores, la paleta, el pincel y las horas del artista. Y tampoco podríamos escuchar la música de Manuel de Falla sin la cohesión de todas las notas, partituras y los instrumentos en perfecta comunión. España es como la naturaleza, el arte, la música, el lenguaje, está ligada entre sí. España es el título de una historia de éxito de más de quinientos años.

Y nos preguntaremos: ¿Cómo lo hemos conseguido? Simple, lo hemos conseguido juntos. Juntos hemos conseguido quinientos años de convivencia. Juntos hemos conseguido treinta y ocho años de reconciliación, palabra y democracia. Juntos hemos conseguido que no ganaran la batalla quienes han malgastado su vida con el odio y la violencia. Juntos hemos derrotado policialmente a ETA, y lo hemos hecho desde la ley. Juntos hemos apoyado y acompañado a las víctimas y a sus familias, velando por los principios de memoria, verdad, dignidad y justicia. Juntos hemos evitado una intervención y hemos salido de la recesión más profunda de nuestra democracia, y me atrevo a decir que de nuestra historia. Y no les quepa ninguna duda, juntos somos más generosos y más solidarios.

España es la admiración del mundo, porque fuimos los primeros en caminar en la senda de la modernidad hace ya quinientos años. Nuestra unión como país no es solo un tributo a la historia ni el apego a una bandera; nuestra fusión se sustenta en la democracia, en la razón, en la libertad, en la justicia, en la igualdad, en la convivencia y en el pluralismo ideológico dentro del marco que nos hemos dado todos en nuestro ordenamiento jurídico, la supremacía del derecho y la limitación del poder.

Señorías, España está viva y les propongo que continuemos moviéndonos juntos en esta historia de éxito y de ilusión. Algunos proponen una visión antagónica de España, quieren romper nuestra nación y levantar muros cuando no queda ningún muro en Europa; quieren suplantar la soberanía nacional amparándose en los llamados hechos diferenciales. En España no hay conflicto de soberanías porque hay una sola soberanía que recae en los 47 millones de españoles. Nos proponen decadencia frente a la pujanza y el progreso social y económico de los últimos cuarenta años que hemos conseguido juntos. Nos proponen intolerancia frente al susurro de la razón. Algunos han saqueado Cataluña envueltos en la estelada y han detraído el dinero público de la sanidad y la educación para orquestar un aparato propagandístico y sectario que nos ha dividido entre catalanes y resto de españoles. Mientras recibíamos menosprecios y desplantes, enfrente estábamos todos los españoles, juntos, invirtiendo en los problemas reales de todos los catalanes y del resto de españoles en todas las comunidades autónomas de España. Ellos fracturan los acuerdos, dinamitan los consensos y amenazan cada día con hechos consumados. Frente a este sinsentido, nosotros luchamos por la convivencia y el cumplimiento de la ley.

Sé que lo que voy a decir no va a gustar, pero en Cataluña vivimos un régimen de castas: la casta de los catalanes de primera y la casta de los catalanes de segunda. Sí, señor Iglesias, usted no se ha inventado lo de las castas; lo inventaron primero los nacionalistas y lo advirtió, utilizando el mismo vocablo, el señor Rajoy desde esta tribuna el 1 de febrero de 2005, hace ya once años. A mí me tachan de catalana de segunda por el solo hecho de sentir, pensar, parlar, estimar en català, que es mi mejor manera de sentirme orgullosamente española. (Aplausos). Y me resulta bochornoso e incongruente observar cómo políticos independistas y populistas han aprovechado estos años de esfuerzo y sufrimiento general para imponer su agenda y su almanaque que no es otro que el adiós a España, volar fuera de la Constitución, destruir el sistema democrático y la unidad de España.

En un mundo global no caben las imposiciones ni las irrealidades, solo cabe abandonar el pesimismo de los que nos quieren convencer de que nos iría mejor siendo peores, de que nos iría mejor siendo menos, de que nos iría mejor con una sola manera de pensar, excluyente y nacionalista. En un mundo global no cabe la independencia ni la separación. Este proyecto rupturista ya fracasó en Europa, ha fracasado el pasado 27 de septiembre y fracasará en el futuro. A ustedes, a la gente independentista les digo: Claro que España no es un país perfecto -ninguno lo es-, pero abandonen su fracaso, manténganse en la historia de esta gran nación de hombres y mujeres de todos los rincones de España, venidos de todos los recovecos del mundo que se han formado con el paso de muchas generaciones y con la suma de todas las ideologías y de todas las lenguas sin excluir jamás a nadie. Y que les quede claro que ningún catalán ni ningún español somos casta; somos simplemente ciudadanos de este país, donde queremos convivir dentro del marco constitucional en paz y en libertad para continuar construyendo esta democracia de progreso codo con codo con los que piensan diferente a nosotros. Vivimos juntos, sí, y juntos debemos


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decidir y juntos debemos mejorar España. ¿Y cómo mejorar? ¿Cuál es la solución? Solo hay una, la democracia; la democracia que nos hemos dado todos. Solo lo podremos resolver con más democracia y más política.

La democracia es el máximo diálogo entre nosotros; la democracia es el marco de nuestra convivencia y la política es el arte de convivir. Para los que piensan que la única respuesta es un referéndum en Cataluña y para los que quieren fragmentar España como única solución les digo que ni la democracia ni la política son solo votos sino respeto a la ley. Solo la ley nos hace iguales y no cabe libertad fuera de la ley.

La concepción de España para el Partido Popular es la de la España constitucional. Estamos hartos de ver cómo muchos desprecian y tiran al alcantarillado esta gran obra que es la Constitución. La Constitución es el concepto más moderno, más avanzado y más europeo que España jamás ha conocido. No solo es garantía de unidad, sino que es, ante todo, garantía de la libertad que yo quiero para mi tierra, de igualdad que yo quiero para mi tierra -que no me traten de catalana de segunda- y de convivencia. La Constitución nos ha traído el mejor periodo de gloria de nuestra historia. Ante aquellos que quieren -últimamente lo estamos escuchando- cambiar la Constitución por el mero hecho de que no es nueva y que no la votaron, quiero decirles que sí estoy agradecida de la Constitución que no voté, agradecida a mis padres y a los padres de mis amigos por la Constitución que nos han dejado. Hoy, en el inicio de esta legislatura, es el mejor día para traspasar el testigo de nuestra Constitución a nuestros hijos, para que continúen progresando junto a los que piensan diferente a ellos, que valoren lo conseguido por las generaciones que les han precedido, que se muestren determinados en hacer crecer nuestra nación, con la fuerza de la ley y con la ilusión de vencer todos los obstáculos. Este es el mayor reto que tiene España y por lo que está trabajando día a día el Partido Popular. Nuestro punto en común con todos los españoles es España. Solo podemos conseguirlo juntos y con la palabra. Aquí les esperamos a todos.

Con este alegato el Grupo Parlamentario Popular acaba de defender nuestra proposición no de ley, pero, conscientes de la importancia de este debate sobre la unidad de España, la soberanía nacional y la convivencia entre todos, hemos presentado una enmienda al texto de Ciudadanos para concitar en un punto de encuentro a PP, PSOE y Ciudadanos. Sinceramente, esperamos que sea apoyado porque ahora más que nunca y sin dejar un halo de oxígeno a los que quieren romper España debemos defender la unidad de España sin fisuras. Esto lo espera la gran mayoría de los españoles. Espero, sinceramente, que no antepongan -por un pacto Ciudadanos-PSOE- la reforma de la Constitución a la unidad de España. Ahí les esperamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montserrat.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Rivera.

El señor RIVERA DÍAZ: Señor presidente, señorías, ciudadanos que nos ven en este Pleno, el siguiente después del debate de investidura, ¿por qué defendemos hoy aquí lo que parece obvio: la igualdad de todos los españoles, el respeto a las reglas de juego, a la democracia, y la unión del pueblo español y la soberanía nacional? Lo hacemos porque, lamentablemente, en los últimos meses y especialmente en Cataluña, en mi tierra, Junts pel Sí -que son dos grupos parlamentarios que están representados en esta Cámara democrática- defendieron y siguen defendiendo la ruptura de la legalidad democrática, la ruptura de la igualdad de los españoles y la ruptura de la convivencia en nuestro país. Frente a eso, frente a la tentación que algunos pueden tener de pensar que, como no hay Gobierno porque está en funciones, no tenemos Parlamento, hoy les quiero lanzar un mensaje claro a todos los españoles: hay Parlamento, hay legislador y hay una amplia mayoría que defiende y va a defender la unión de todos los españoles. Hoy los españoles tienen que saber que tres cuartas partes de esta Cámara van a apoyar lo que nos une, van a apoyar la Constitución española, van a apoyar cualquier reforma dentro del marco constitucional y van a apoyar que todos los españoles somos iguales ante la ley y todos decidimos sobre nuestro país; no por territorios, no por comunidades autónomas, no por provincias, no por comarcas, sino entre todos, como hacen las naciones más avanzadas del mundo.

Hoy venimos a defender el artículo 1 de la Constitución. (Muestra un ejemplar de la Constitución española). Y dirán ustedes, está escrito en la Constitución -Constitución que, por cierto, en esta misma tribuna algunos han roto y otros han resquebrajado y otros quieren hacerlo políticamente-, pero nosotros venimos a defender que esta Constitución está viva, que esta Constitución es lo mejor que ha pasado en los últimos años de la historia de España, pero que es necesario revisarla y actualizarla, como cualquier otra constitución del mundo. Por tanto, el artículo 1 de la Constitución es fundamental. Para nosotros, la


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igualdad no se negocia, la unión de los españoles no es una moneda de cambio de ningún pacto de Gobierno ni de ninguna legislatura, sino que es algo fundamental para prosperar juntos en nuestro proyecto común. Finalmente, también queremos dejar claro en esta iniciativa que el Gobierno en funciones no puede hacer lo que quiera al estar en funciones, pero a la vez tiene que tener el apoyo de esta Cámara para tomar decisiones, al igual que queremos que esta Cámara diga claramente que el Poder Legislativo ampara y amparará al Gobierno en funciones para defender la legalidad democrática como se ha hecho de manera consensuada en los últimos meses y como se tiene que seguir haciendo gobierne quien gobierne, sea quien sea el presidente y sea cual sea la mayoría. Hoy los españoles pueden estar tranquilos porque sabrán que, después de esta votación, tres cuartas partes de la Cámara, tres cuartas partes del pueblo español dice que, gobierne quien gobierne, la igualdad y la unión no se negocian. Este es un mensaje de tranquilidad, de estabilidad política y también un mensaje de futuro para los españoles.

¿Por qué traemos esta iniciativa en estos primeros pasos de esta legislatura? Como les decía, porque hay un reto, porque hay gente, hay diputados, hay parlamentarios y hay Gobiernos autonómicos que defienden la ruptura de nuestro país abiertamente. Hay una hoja de ruta pactada por grupos parlamentarios en el Parlamento de Cataluña que dicen abiertamente que en menos de dieciocho meses quieren dar un golpe contra la Constitución, saltarse las reglas del juego y, por tanto, menoscabar la igualdad y los derechos fundamentales de todos los españoles, también de los catalanes. Por tanto, queremos dejar clara esa posición. Nosotros, los que estamos aquí, representamos con gran honor a los ciudadanos españoles.

Por otro lado, también queremos dejar claro hoy en esta iniciativa que, frente a los titubeos, frente a la tentación de los pactos, frente al intercambio de cromos, frente a cosas que han sucedido en los últimos años, algunos partidos no han trabajado por el bien común, sino que han intentado condicionar a los Gobiernos de España o a esta Cámara no por el bien común, sino por un bien particular -alguno incluso personal, como hemos visto en algunos casos de corrupción- y que, a partir de ahora en esta Cámara, los temas nacionales se tratan entre partidos nacionales, que invitamos a los partidos nacionalistas a participar de las reformas de este país, pero que nunca más los que quieren romper nuestro país pueden condicionar lo que queremos todos juntos. Por consiguiente, esta mayoría parlamentaria de tres cuartas partes que hoy se va a visualizar en esta Cámara representa a millones y millones de españoles, por lo que también quiero dejar claro en esta tribuna que no vamos a reformar la Constitución para contentar al señor Mas o al señor Junqueras, pero que sí podemos satisfacer a la inmensa mayoría de los españoles con un proyecto que se renueva, con un proyecto que vuelve a coger impulso, con un proyecto que tiene que cambiar muchas políticas, no solo la Constitución -políticas económicas, políticas sociales, políticas de justicia, educativas-, que pueden, a través de la actualización de nuestra Carta Magna, impulsar nuevamente el proyecto común. Por tanto, no es el objeto de esta iniciativa, ni de la reforma constitucional que algunos defendemos, contentar a los que nunca estarán contentos; sí es el objeto de la misma el que los españoles, que son los que atesoran la soberanía nacional, estén satisfechos con quienes les gobiernan y con las Cámaras que les representan.

Finalmente, quería también dejar claro que, aunque algunos digan mentiras mil veces, no por repetirlas mil veces van a ser verdad, aunque a algunos ya les gustaría. Hemos escuchado en los últimos años, incluso a algunos partidos de ámbito nacional como Podemos, que han caído en la trampa de ese discurso, invocar, por ejemplo, el derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación es un derecho que la Carta de Naciones Unidas, en su Resolución de 1960, deja claro que es para pueblos oprimidos, para minorías perseguidas, para persecución, en este caso étnica o religiosa, pero en ningún caso se puede invocar el derecho de autodeterminación en un país democrático porque sería tanto como reconocer que no somos una democracia, porque sería tanto como reconocer que perseguimos a las minorías, porque sería tanto como reconocer que no hay autogobierno en Cataluña, en Euskadi o en cualquier otro territorio. Les invito a leer el punto 6 de la Resolución 1514, de 1960, lean lo que dice. Nunca se podrá invocar el derecho a la autodeterminación para romper unidades nacionales, ni países que pertenecen a la propia entidad, a Naciones Unidas. Por tanto, no vale invocar el derecho de autodeterminación porque es falso, porque es un derecho que no se puede invocar en un país democrático. Solo hay una constitución en el mundo que recoge ese derecho, la de Etiopía, que no es precisamente un ejemplo de la prosperidad ni democrática ni económica ni social que nosotros queremos. El resto de constituciones reconocen la reforma, la capacidad de cambio, pero en ningún caso la ruptura como fórmula de trabajo.

Segunda mentira, la Constitución española es un muro, la Transición fue una mordaza, esta Constitución es antigua. Miren, es de las constituciones más nuevas de Europa porque hay constituciones


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de los años sesenta, de los años setenta y hay otras, como la de Estados Unidos, de dos siglos o dos siglos y pico. Por tanto, es falso. Segundo, es un muro porque no se puede reformar. Falso. La Constitución española, a diferencia de otras constituciones, se puede cambiar. Es más, podemos cambiar hasta el modelo de Estado. Yo les invito a que lo intenten en la Constitución italiana. No pueden. Yo les invito a que intenten cambiar el modelo federal en Alemania. No pueden. Pero en España sí podemos escoger si queremos ser monarquía o república, podemos escoger si queremos autonomías o modelo más federal, o menos autonomía. Porque nos dieron, nuestros padres de la Constitución, una Carta Magna abierta, flexible, para adaptarla a los tiempos. Por lo tanto, es mentira que nuestra Constitución sea antigua, es de las más nuevas; es mentira que nuestra Constitución no se pueda cambiar. Lo que pasa, señores, lo que sí es verdad, es que se tiene que cambiar por amplias mayorías; por suerte, porque, si no, las minorías impondrían al resto de la población cuestiones que no son aceptadas por la mayoría.

¿Queremos desde Ciudadanos reformar la Constitución, actualizarla o mejorarla? Sí. ¿Queremos que algunos rompan nuestra Carta Magna, nuestra convivencia y nuestra unión? No, nunca; ni lo vamos a permitir democráticamente, con esta votación lo vamos a demostrar. Así que es tiempo de reformas, es tiempo de una nueva etapa política, pero no es tiempo de romper lo que nos une. No es tiempo de dinamitar la convivencia ni la unión entre españoles. No es tiempo del privilegio ni la desigualdad, es tiempo de igualdad, de convivencia y de prosperidad para todos los españoles. Por amplia mayoría deberemos reformar la Constitución española y el resultado de la votación que hoy se va a ver aquí es el necesario para reformar la Constitución, y yo invito al Partido Popular a que igual que acordamos hoy votar este punto conjuntamente, que además recoge el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos -es el mismo punto del mismo texto-, ya que vamos a votar esto así, ¿por qué no vamos pensando si entre la inmensa mayoría de esta Cámara, que somos tres cuartas partes de la población española, empezamos a ver en qué puntos nos une la reforma constitucional?

Yo les dejo decidir si recogen el guante o no a esta reforma. Insisto, una reforma para refortalecer el proyecto común, una reforma para garantizar la igualdad entre españoles, una reforma para limpiar y sanear nuestra democracia, no una reforma para romperla como a algunos les gustaría. Así que yo invito a la mayoría amplia, amplísima, que va a votar hoy este punto que también pensemos que en un futuro nos va a tocar actualizar e impulsar nuevamente nuestro proyecto común. Así que con el texto que ha quedado finalmente, transaccionado con el Grupo Socialista, sumado a la iniciativa que presentó días más tarde el Grupo Popular pero que recoge básicamente lo mismo -la unión, la soberanía, el respeto a la Constitución y la convivencia-, hoy votemos juntos esto. Invitamos a los demás partidos a que se sumen a cualquier reforma de nuestra Constitución, a cualquier cambio dentro de la ley y también queremos dejar claro a aquellos que quieren romper la convivencia, a aquellos que quieren romper lo que nos une, que la democracia española tiene mecanismos para reformarse, pero que la democracia española tiene mecanismos también para hacerle cumplir la ley a todo el mundo. Por lo tanto, hoy el Gobierno en funciones tiene también un aval de esta Cámara para seguir haciendo cumplir las leyes en todo el conjunto del territorio español.

Finalmente, haré una reflexión. Hay algo que comparto con matices, no exactamente como lo ha dicho la representante del Partido Popular, aunque comparto la mayoría de su intervención. Yo creo que España no es un proyecto identitario. España es un proyecto civil. España es un proyecto de valores civiles. España es un proyecto donde no hay una identidad común, ni en España, ni en Cataluña en particular, ni en el País Vasco; hay 47 millones de identidades, cada uno tiene su identidad individual, cada uno tiene su libertad de interpretar este país como quiere y sentirse como quiera sentirse. No pretendemos decirle a nadie en qué lengua tiene que hablar porque, por suerte, tenemos varias lenguas oficiales y cooficiales. No pretendemos decirle a nadie cómo se tiene que sentir, cada uno que se sienta como le apetezca. No pretendemos decirle a nadie ni siquiera que se sienta más español o menos. Simplemente le pedimos que comparta un proyecto común, que respeten las leyes democráticas y que participen de las reformas de este país.

Ese es nuestro modelo de España, una España diversa pero una España unida, una España que defiende valores civiles más allá de las identidades particulares e individuales de cada español, a los que respetamos profundamente. Por tanto, señorías, queremos que hoy se dé el primer paso para una amplia mayoría que sirva para garantizar la unión, pero que sirva también en un futuro para revisar e impulsar una nueva etapa política ilusionante, reformista, con ganas de volver a poner a España y a los españoles donde se merecen. En definitiva, señores, España merece la pena, pero, sobre todo, los españoles se lo merecen.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivera.

Es turno ahora para los grupos que han presentado enmiendas, y para su defensa por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Batet, por siete minutos.

La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señor presidente.

Señorías, se traen a esta Cámara dos iniciativas en las que se insta al Gobierno a defender la legalidad y a reafirmar valores que están en nuestra Constitución, como la igualdad entre españoles, la integridad territorial o la unidad de España. El Grupo Socialista, más allá de mostrar la conformidad y la defensa de la Constitución, como siempre hemos hecho, ha presentado una enmienda con el objetivo de ofrecer una solución política a la crisis territorial, que es uno de los principales problemas políticos que tiene nuestro país. Es obvio que compartimos, como cualquier demócrata que el Gobierno, así como todos los poderes públicos, tiene que defender la legalidad vigente. El imperio de la ley ha sido, sin duda, una de las grandes conquistas de la civilización y es el origen último de nuestra libertad. Dicho esto, el Parlamento está para plantear soluciones a los problemas reales de los ciudadanos y nos tenemos que preguntar: ¿no sería mucho más útil estar sustanciando hoy, por ejemplo, la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones para que fuera al Consejo Europeo con una posición común, con un mandato de este Parlamento, para atender la mayor crisis humanitaria, la más dolorosa y alarmante, que estamos viviendo? (Aplausos). Nos tenemos que preguntar: ¿resultamos realmente útiles? Esta Cámara, este Parlamento, ¿resulta útil a los ciudadanos votando la Constitución en forma de proposiciones no de ley? ¿Aporta algo, aporta alguna solución o deberíamos ir más allá? La respuesta, desde nuestro punto de vista, es que esta Cámara debe hacer política y, señora Montserrat, para nosotros hacer política no es solo decir que hay que cumplir la ley y la Constitución, que cae por su propio peso, es una obviedad, sino que hacer política es dialogar (Rumores), hacer política es escuchar, es entenderse con el otro, es aproximarse, es buscar puntos de encuentro, es acordar. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

La señora BATET LAMAÑA: Eso es algo que no han hecho durante estos cuatro años y me temo que tampoco lo están haciendo en esta nueva legislatura. (Un señor diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso pronuncia palabras que no se perciben).

Las dos proposiciones no de ley subrayan que se debe respetar la Constitución cuando esta habla de la unidad de España, la soberanía nacional o la igualdad entre españoles -nosotros estamos de acuerdo-, pero también se debe respetar la Constitución en lo que se refiere a ser un Estado social, al derecho de huelga como un derecho fundamental y, por tanto, no restringible (Aplausos), al reconocimiento de la diversidad de España, de sus lenguas, de sus culturas o de la autonomía política de las comunidades autónomas. Todo eso y muchas otras cosas también están en nuestra Constitución y también debe ser respetado. (Aplausos). Pensamos que la solución a los problemas territoriales no vendrá de proclamas solemnes, sobreactuadas y resistencialistas como las del Grupo Parlamentario Popular, sino de ponernos a trabajar para tener un país mejor, y eso es precisamente lo que han hecho el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos. La solución a los problemas territoriales, la mejor manera de defender la unión entre todos los ciudadanos, es construir una España mejor desde los poderes públicos, es apostar por un país que reconozca la diversidad de manera sincera y orgullosa, es invertir en educación, es invertir en sanidad, es democratizar las instituciones, es generar bienestar, es que el Estado defienda las culturas y las lenguas -todas las lenguas españolas- como una riqueza propia, es tener un proyecto de país que clarifique las competencias de cada cual para evitar la actual conflictividad, es reformar el Senado para que las comunidades autónomas se sientan representadas y participen activamente en un proyecto y en una gobernanza común, y es también un sistema de financiación más justo.

Todo esto, desde nuestro punto de vista, es una manera mucho más útil y eficaz de defender la unidad de España. Pero, hablemos claro: más allá de reafirmaciones sobre principios constitucionales, estas proposiciones no de ley van sobre uno de los principales problemas políticos que tenemos como país, que es la crisis territorial en Cataluña. A ello han hecho referencia los dos oradores que me han precedido. Los problemas políticos no se solucionan exclusivamente, como ya he dicho, alegando el cumplimiento de la ley. La actual situación de Cataluña exige una solución política, lo llevamos diciendo desde hace más de cuatro años. Para los socialistas, esta solución pasa por una reforma constitucional para caminar hacia una España federal. El Partido Socialista entiende España como un país plural, como un país diverso, y


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esa es una de las mayores riquezas que tenemos y es una riqueza colectiva de la que todos deberíamos sentirnos orgullosos. Hoy, es cierto, hay muchos catalanes descontentos con la actual relación entre Cataluña y el resto de España. Algunos se querrán ir hagamos lo que hagamos, pero estoy segura, estamos seguros en el Grupo Parlamentario Socialista de que la mayoría, la inmensa mayoría de esos catalanes, así como de otros muchos españoles, están esperando a que cambiemos algunas cosas para volver a sentirse parte de un proyecto común, ilusionante, un proyecto que podamos seguir construyendo juntos y conquistando juntos. El mejor servicio que podemos hacer como representantes de todos los ciudadanos es huir de la confrontación y buscar el diálogo. Hay que defender la ley porque fuera de la ley solo existe la arbitrariedad, pero no compartimos que ello derive en una retórica vacía y contundente contra el independentismo, porque eso ya lo ha estado practicando cuatro años el Gobierno del Partido Popular y nos ha conducido hasta aquí. (Aplausos). De hecho, eso es lo fácil pero es tan fácil como estéril y dañino. Vayamos más allá, cambiemos el rumbo porque eso es lo que nos está pidiendo la inmensa mayoría de ciudadanos de este país; defendamos el Estado de derecho pero luego hagamos política, busquemos lo que nos une, abordemos la reforma del marco de convivencia, abordemos una reforma constitucional entre todos y contando con todos, porque defender hoy la reforma de la Constitución es la mejor manera de defender la Constitución.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Batet.

En el turno de fijación de posiciones de los grupos y, como saben, de menor a mayor, tiene, en primer lugar, la palabra por el Grupo Mixto el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, se nos invita a reafirmar nuestros compromisos con España como nación europea, con el Estado de derecho como marco democrático de nuestras libertades públicas e individuales y con el cumplimiento de las leyes como garantía cívica del orden económico y social justo, que son los pilares de nuestra Constitución frente a quienes desde Cataluña, invocando un inexistente derecho a decidir, pretenden imponer la voluntad de una parte del pueblo español sobre la totalidad de los españoles.

En nombre de Foro anuncio el voto favorable a esta transaccional que, siendo obvia en su contenido, resulta oportuna y necesaria políticamente. Lo hago con indisimulado orgullo porque me siento respaldado por la fuerza de nuestro lema fundacional "Más Asturias, mejor España", que sintetiza todo aquello que nos identifica con muchos y que nos diferencia de algunos en nuestra acción política. Me parece imprescindible expresar con claridad y compartir nuestra voluntad de defender la integridad de la España democrática y de libertad construida, desde 1978, sobre la constitución de la convivencia y la igualdad como cimientos de la arquitectura democrática que permite a los españoles ser protagonistas de un periodo que, mírese por donde se mire, ha sido admirable y que de hecho es reconocido en todo el mundo.

Para nosotros la clave está en que en Europa las quimeras independentistas son una antigualla inútil para afrontar y resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos sean madrileños, vascos, andaluces, catalanes, gallegos, asturianos o de cualquier comunidad. Solo desde el cumplimiento responsable de los mandatos constitucionales dispondremos los españoles de idénticas oportunidades para construir el futuro de todas y cada una de las comunidades autónomas, generar crecimiento económico, puestos de trabajo, garantizar las pensiones de nuestros mayores y atender los servicios públicos esenciales como son la educación, la sanidad y las prestaciones sociales. La unidad de España es nuestra gran fortaleza y al tiempo nuestra Constitución es la herramienta que proporciona, en un marco de diversidad y de autonomía sin comparación en ningún otro país europeo, los instrumentos de solidaridad y equilibrio territorial a los que aspira sin duda la gran mayoría de los españoles.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.

Ahora tiene la palabra, dentro del Grupo Mixto también, el señor Alli.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, buenas tardes.

Unión del Pueblo Navarro votará a favor de esta proposición no de ley porque Unión del Pueblo Navarro está lógicamente por la unidad de España y por la unión constitucionalista, porque es un partido constitucionalista y, por tanto, defiende el artículo 2 de la Constitución, que es el techo político frente a


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cualquier fuerza identitaria que vaya en contra de esa unidad de España. Unión del Pueblo Navarro defiende a Navarra dentro de su Régimen Foral, dentro de España y dentro de Europa; defiende esa singularidad y defiende ese Régimen Foral que, como bien saben sus señorías, le administra la capacidad de recaudar y gestionar sus propios impuestos, pero siempre desde la lealtad constitucional y siempre desde la solidaridad con todos los ciudadanos de España. Porque su contribución a través del Concierto navarro, que no es otra cosa que el instrumento económico-financiero de relación Estado-Navarra, siempre está amparada, en la aportación en generación de sus rentas, por esa solidaridad -insisto-, y por la igualdad de todos los españoles. Unión del Pueblo Navarro es un partido que cree lógicamente en la unidad de España y la defiende, porque así lo ampara la disposición adicional primera que configura ese derecho constitucional además de nuestro Régimen Foral.

Por esas mismas razones que durante más de treinta y ocho años han defendido los predecesores que han estado en esta tribuna, hubo en Navarra dos asesinados por ETA, don José Javier Mújica y Tomás Caballero, por defender estas mismas ideas, y como ellos otras tantas personas que defendían esa unidad de España frente a lo que quieren hoy las fuerzas segregadoras de este país. Navarra ha hablado abiertamente el pasado 20 diciembre en las elecciones para que no estuviesen presentes aquí fuerzas independentistas como Bildu en Navarra ni PNV-Geroa Bai.

Para finalizar, señorías, defenderemos, ante la posibilidad de una modificación de la propia Constitución, como algunas fuerzas políticas están hablando en esta Cámara, la eliminación de esa disposición transitoria cuarta que da la posibilidad del mecanismo de la anexión de Navarra a Euskadi porque -insistimos- Navarra es Foral y es española.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alli.

Es turno de la señora Beitialarrangoitia.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on. Buenas tardes.

El respeto a lo que la ciudadanía mayoritariamente decida es, y no otra, la esencia de la democracia. No hay principio más democrático que este y, como tal, debería ser punto de partida y límite único para todas las formaciones políticas, para quienes aspiramos a ser parte de un pueblo en el que sus gentes sean dueños de su presente y su futuro y participen de las decisiones grandes y pequeñas que les afectan a diario para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, en definitiva, un pueblo en el que las personas sean libres y estén empoderadas y activas en las decisiones de toda índole. Este es el único límite a considerar.

Por el contrario, quienes hace treinta y ocho años sentaron las bases de la llamada unidad de España en los pilares del franquismo y quisieron cerrar toda posibilidad a naciones como la gallega, la catalana o la vasca, ante la crisis de su modelo de Estado tan solo saben responder como lo han hecho siempre: negando a sus pueblos su capacidad de decisión, amenazando con todo el peso de la ley. Esta Constitución, en lugar de garante de los derechos más elementales, se ha convertido desde sus orígenes en cárcel de la voluntad popular. Y esos mismos defensores de la mal llamada Transición se muestran dispuestos ahora, treinta y ocho años después, a poner por delante de los intereses de la ciudadanía, de las personas, el que es su objetivo principal y nexo de unión: la unidad de España, para lo que podrían llegar incluso a hacer una gran coalición de gobierno por mucho que en público insistan en lo contrario. Por tanto, tenemos dos opciones: esperar a que en España se conforme una mayoría democrática que posibilite un proceso a la escocesa o bien hacer nuestro propio camino. Cataluña ha optado por esta vía absolutamente legítima por cuanto que se basa en el sentir mayoritario de sus gentes y a Euskal Herria, visto lo visto, no le queda otra vía.

Por ello quisiera terminar diciendo al pueblo catalán que contarán con nuestro apoyo en el camino que han emprendido y que, ante las más que evidentes amenazas del Estado, encontrará en Euskal Herria Bildu a un aliado. Y junto con el apoyo seguirá trabajando, Euskal Herria Bildu, para abrir un proceso constituyente propio que lleve a Euskal Herria a la constitución de un Estado propio, independiente, conformando mayorías sociales y políticas para ello, al igual que lo está haciendo Cataluña. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Beitialarrangoitia.

Tiene la palabra la señora Sánchez.


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La señora SÁNCHEZ MAROTO: Como el Grupo Mixto tiene tres minutos para defender su posición y dar su opinión, me vais a permitir que vaya directamente al fondo del asunto.

Estamos discutiendo dos proposiciones no de ley, una relativa a la defensa de la democracia, la igualdad y la unión de todos los españoles y, otra, -el PP la ha acortado, lo cual agradecemos porque incide más en lo que realmente es el contenido- sobre la unidad de España. Esto está muy bien y se han escuchado un montón de palabras y de ideas grandilocuentes y muy bien expresadas. Ahora bien, si vamos a cuál es la propuesta que se está poniendo encima de la mesa en este momento, se trata ni más ni menos que de respaldar al Gobierno en funciones en todas las iniciativas que tenga que tomar para llegar a esto. Pues bien, el Gobierno en funciones de ninguna de las maneras ha sido un convidado de piedra ante el proceso que ha devenido en el momento en el que nos encontramos. Todas sus políticas han sido las causantes, entre otras cosas, de tener el mayor número de independentistas que hemos tenido desde el comienzo de la época democrática en este país. Por tanto, no entendemos que la solución sea respaldar al mismo Gobierno que en buena medida ha traído el problema que tenemos encima de la mesa. Si lo que queremos es trabajar para la defensa de la democracia... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio, por favor.

La señora SÁNCHEZ MAROTO: ... la igualdad y la unión de todos los españoles, lo último que hemos de hacer es seguir respaldando al Gobierno en funciones, que durante cuatro años ha causado en buena medida el asunto que nos ocupa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.

Por último, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Candela.

El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies, senyor president.

Señorías, señora Montserrat, en primer lugar, quiero hacer una consideración: muchos han utilizado las banderas para crear tramas de corrupción. Ustedes los primeros y, si no, pregúntenle a Rita Barberá.

Señor Rivera, señora Montserrat, ¿saben cuántas personas en España consideran que el principal problema de este país es la independencia de Cataluña? El 0,2 %. Únicamente el 0,2 % de los españoles considera que el principal problema de España es la independencia de Cataluña. ¿Sabe cuántas personas creen que el principal problema es el paro? El 53,1 %. Y la corrupción el 18,5 %, señorías. Yo me pregunto, señorías del Partido Popular, sabiendo lo que ustedes saben sobre paro, sabiendo lo que ustedes saben de corrupción, ¿cómo es posible que la primera iniciativa que presentan en esta legislatura sea sobre Cataluña y no sobre otra cosa? De verdad, uno alucina. (Aplausos). Y ustedes, señor Rivera, riéndole las gracias al Partido Popular, a un partido que solo habla de España cuando le van mal las cosas, riéndole las gracias a un partido que solo habla de Cataluña cuando tiene algo que esconder, riéndole las gracias a un partido que, en definitiva, utiliza a España con fines electoralistas. ¡Qué poco quieren a este país, señorías! Señor Rivera, usted habla de igualdad entre españoles, pero niega un hecho; niega sistemáticamente el hecho de que los valencianos seamos españoles de segunda debido a la deuda histórica y a la infrafinanciación. ¿En qué quedamos, señor Rivera?, ¿en qué quedamos?

Señorías, estamos dispuestos a hablar de todo, como lo hemos estado siempre, pero Compromís hoy votará que no al panfleto político que nos han presentado. Vamos a votar que no porque entendemos que no aporta nada -más bien, al contrario-, que no ofrece ninguna solución dialogada al problema y, en definitiva, señorías, porque lo que nos presentan hoy aquí roza la indigencia intelectual. (La señora Montserrat Montserrat hace gestos negativos). Sí, señora Montserrat.

Señor Rivera, ¿usted cree que el Parlamento español puede acusar a más de un millón y medio de catalanes y catalanas de promover un régimen político -cito literalmente- claramente antidemocrático y que se aproxima a los modelos de los Estados totalitarios? (Aplausos). ¿Así van a solucionar ustedes la cuestión territorial de este país?

Señorías, en Compromís creemos que este baile es cosa de dos. Creemos que es necesaria una solución dialogada al malestar de los catalanes y catalanas. Creemos que es más necesaria que nunca una altura de miras que el señor Rajoy -que no está hoy aquí- no ha tenido. Señorías, creemos que para resolver este problema es necesario un Gobierno plural. Así, para terminar me dirijo al señor Sánchez -que tampoco está- para que se ponga manos a la obra y hagamos un Gobierno a la valenciana para, entre otras muchas cosas, dar una solución dialogada y democrática al pueblo de Cataluña.


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Moltes gràcies. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Señoras y señores, llevamos meses y meses sin llegar a ningún acuerdo para constituir un gobierno. Hoy hay oportunidad de hacer las primeras propuestas de debate parlamentario en una situación económica complicada y en una situación política en el este de Europa todavía más complicada, y ¿qué se les ocurre? Nada más y nada menos que dos propuestas muy propias de España. Aquí vienen con el patrioterismo habitual a decir que España está en peligro y simplemente a reafirmar cosas que ya vienen en la Constitución y a inventarse alguna otra de paso. (Rumores). Mucho viva España, mucha nación española por aquí y por allá y mucha proposición no de ley, pero esto sigue siendo el país de Rinconete y Cortadillo; un país de pandereta en el que la corrupción campa a sus anchas, empezando por el ámbito político -hoy mismo noticia blanqueando billetes de 500 euros por Valencia-, siguiendo por la banca y las tarjetas black y llegando a la evasión de capitales en Suiza. Un país en el que hoy mismo para más inri el Gobierno se niega a ser controlado por el Parlamento. ¿Y nos vienen hablando de la Constitución y su cumplimiento? Patriotas de boca y pocos hechos, de boca y pocos hechos. (Aplausos).

¿Qué pueden buscar dos grupos políticos presentando una primera iniciativa como esta en la Cámara? No les mueve el amor al país ni el respeto a la democracia, sino achicar el espacio a los grupos de izquierda, especialmente al Partido Socialista, para que se sientan presionados si intentan pactar con los nacionalistas, porque eso supondría la posibilidad de un Gobierno alternativo. (Aplausos). ¡Como si la derecha españolista no hubiera pactado puntualmente con nacionalistas vascos y catalanes, y más de una vez! Y viene ahora el PSOE -señora Batet, usted no ha hablado de su enmienda- con una enmienda que, como dice mi compañero de escaño don Mikel Legarda, tiene en sus dos primeros puntos sendas resoluciones furriel: dan ganas de ponerse a desfilar. O tienen miedo escénico o el PSOE ya no es lo que era.

Cataluña se ha convertido hoy en la gran excusa, en el pan y toros para que el resto de los problemas desaparezcan de la vista de los ciudadanos. Dicen que la nación española se ha forjado en un proceso que se ha desarrollado durante siglos. Así será, así es, pero no todos los pueblos presentes en el Estado español están integrados en esa nación; si lo estuvieran, no se suscitaría el problema que tienen ustedes tanto en Euskadi como en Cataluña.

No voy a entrar en los excesos y demasías de la exposición de motivos; baste señalar que calificar el régimen político que supuestamente están prefigurando las instituciones catalanas como un modelo de Estado totalitario es absolutamente disparatado, aparte de gratuito. Ustedes siguen sin integrar a la nación catalana y a la nación vasca. Su única propuesta de integración es a martillazos legales y, en su caso, a la fuerza. Esos tiempos han pasado y estamos en el siglo XXI. Para que las tesis de unos o de otros, de unos o de otros salgan adelante, ello debe ser de forma democrática; tendrá que ser consultando a la ciudadanía, tendrá que ser preguntando qué es lo que quiere su sociedad, tendrá que ser acordando, tendrá que ser convenciendo y no venciendo por la fuerza, ni tampoco por la fuerza numérica del Estado.

Es muy significativo que ustedes sigan insistiendo en que las decisiones las tendrá que tomar el conjunto del pueblo español. Si hay que modificar la Constitución, así tendrá que ser; pero lo que piensan los catalanes lo tendrán que decir los catalanes. ¿Cuál es la voluntad del pueblo para constituir o no un nuevo Estado? Lo tendrán que decir los catalanes o los vascos, en su caso. ¿Dónde han visto ustedes que sea un sujeto distinto del que va a autodeterminarse el que se manifieste en una votación? ¿En Timor Oriental? No. ¿En Eslovaquia, en Eslovenia, quizás en Noruega? ¿Se ha visto en la reunificación alemana, en Quebec o en Escocia? No. Denme un solo ejemplo de ejercicio del derecho a decidir por vías democráticas en el que haya votado el conjunto del Estado. No hay ninguno. ¿De dónde sacan estas teorías de tres al cuarto?

Por cierto, señor Rivera, dice que invocar el derecho de autodeterminación en un país democrático es imposible; que esa es la propia muestra de que no es un país democrático. Parece, entonces, que el Reino Unido y Canadá son peores que el país de Al Asad, parece ser que son perores que el país de Al Asad. (Aplausos.-Los señores Girauta Vidal y Rivera Díaz hacen gestos negativos). ¡Sí, señor! O también Alemania, que se reunificó basándose en la autodeterminación. Señor Rivera, lea usted un poquito más. (Risas.-El señor Rivera Díaz pronuncia palabras que no se perciben). Tendrán que


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votar aquellos ciudadanos que se reconocen según la ley como ciudadanos catalanes y, estos, a tenor de la legislación actual son quienes tienen vecindad administrativa allí.

La señora Montserrat comenzaba su intervención con un torno beatífico, casi sensiblero, diría yo. Es más, ha habido un momento en el que me ha recordado el Juntos de Paloma San Basilio. (Risas). Pero luego ha dejado claro su mensaje, tanto como el señor Rivera. En definitiva, el mensaje que nos lanzan con sus propuestas es claro. Nos dicen a los nacionalistas: Ustedes son españoles, todos son españoles y esto está atado y bien atado -a qué me suena esto, por cierto-. Como decía el señor Gómez de la Serna -antes portavoz muy habitual del Grupo Popular en estos temas y que hoy se encuentra, cosas de la vida, en los escaños del Grupo Mixto-: abandonen toda esperanza, no tienen nada que hacer. ¿No pretenderán que un partido como el mío, que no votó favorablemente la Constitución española, vaya a votar a favor estas proposiciones no de ley? ¡Ah!, perdón, es que por un momento había olvidado que lo que buscan no es integrar o acordar, sino imponer, dejar claro quién manda. ¡Y se quedarán ustedes muy tranquilos y a gusto con sus PNL aprobadas! En su conciencia quedará el deber cumplido y se dirán: ya se han enterado los nacionalistas vascos y los catalanes de que pueden ser de izquierdas, derechas o centro; zurdos o ambidiestros; zambos o estevados, pero lo que no son ni lo serán jamás, por mucho que lo deseen mayoritaria y democráticamente, es vascos o catalanes a secas ni tendrán su propio Estado.

Pues bien, si eso es lo que han querido dejar claro, llegados a este punto he de contarles quién era Peli Salegi para acabar mi intervención. Peli Salegi era un gudari del Partido Nacionalista Vasco, natural creo que de Deba y enrolado en el batallón Saseta durante la Guerra Civil. Fue apresado por el Ejército franquista, el Ejército sublevado, y tuvo que recorrer bastantes prisiones en el Estado, empezando por el Dueso, Larrínaga, Burgos y otras. En la prisión conoció, junto a otros, que le habían condenado a muerte tras una farsa de juicio en la que el juez leía el periódico y el defensor, más que defender, acusaba. Esperaban cada noche, mes tras mes, la llamada del carcelero sin saber a quién llevarían al paredón en esa ocasión; no sabían qué día iban a ejecutarlos. No había cometido ningún crimen ni asesinato ni violación ni robo; simplemente, como sus compañeros, había sido leal a sus ideas y había luchado por defenderlas. Un día llegó un 'curita' franquista a la prisión a dar una prédica, y se acercó donde estaban los condenados a muerte, mayoritariamente nacionalistas vascos. Después de echarles en cara lo poco agradecidos que eran con sus carceleros -que, por cierto, les mataban de hambre y piojos-, les dijo: Mirad, no vengo a convenceros de que seáis buenos cristianos y católicos, porque eso ya sé que lo sois; he venido aquí para que aprendáis a amar a España porque tenéis que amar a España, porque lo queráis o no, sois españoles. Y entonces, entre el grupo de condenados a muerte se oyó una voz recia gritar: ¡Que te crees tú eso! Y ese era Peli Salegi. Y hoy mi grupo, el Partido Nacionalista Vasco, quiere recordar a Peli Salegi y a sus compañeros porque en su grito de rebeldía nos sentimos representados: ¡Que se creen ustedes eso!

Desde esta tribuna queremos homenajear a aquellas personas, a aquellos gudaris que sufrieron persecución simplemente por ser demócratas y defender sus ideas. Votaremos en contra de sus propuestas y del añadido socialista con gran convencimiento. A ver si aprenden de una vez, que no por mucho predicar, como el "curita", a quien no se le permite hablar y decidir sobre su libertad, desde la imposición, se le va a convencer así a nadie. Votaremos en contra y bien convencidos de ello. Seguro que a Salegi y a sus compañeros así les hubiera gustado.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.

Tiene la palabra el señor Homs, por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).

El señor HOMS MOLIST: Señor presidente, señoras y señores diputados, la verdad es que tengo un sentimiento algo extraño (Un señor diputado: ¿Por qué?), por la razón siguiente. Se me pregunta por qué, y efectivamente es una pregunta retórica, si usted quiere. Decía antes la señora Batet, y creo que no le faltaba razón, que se podía haber inaugurado esta actividad de la Cámara ordinaria debatiendo hoy asuntos como mínimo más urgentes, y que afectan, por ejemplo, al conjunto de Europa, como es una cuestión que nos afecta a todos, y de qué manera, y nos incumbe a todos, que es la de los refugiados. Pero ustedes han elegido la agenda hoy en este Pleno y han fijado el marco. Y en ese sentido -por eso digo que tengo una sensación extraña- se lo quiero agradecer al Partido Popular y a Ciudadanos, porque dicho con toda la modestia, esto ya es una primera victoria nuestra; no sé si se dan cuenta. Ya sabemos que hoy aritméticamente -no somos tan cortos- no vamos a ganar, ¡faltaría más! Tampoco les vamos a pedir nunca que estén a favor de la independencia de Cataluña. No se lo hemos pedido nunca. Solo pedimos


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que se reconozca aquello que se vote en Cataluña, en el pueblo de Cataluña. Y esto no ha pasado. Por ejemplo, el pueblo de Cataluña votó hace diez años un estatut que luego el Tribunal Constitucional se cargó, con lo cual aquello que votó el pueblo de Cataluña -por cierto, solo el pueblo de Cataluña- luego fue alterado. Dirán ustedes que legalmente, no voy a entrar en estas discusiones, pero en cualquier caso el contenido de aquello que votó el pueblo de Cataluña luego fue alterado. Legalmente, de acuerdo, pero el contenido fue alterado, por cierto por parte de un Tribunal Constitucional que era cualquier cosa menos un tribunal... No lo voy a calificar, pero lo saben ustedes perfectamente.

Vienen ahora aquí y el primer debate que nos ponen encima de la mesa yo se lo agradezco, porque ya hemos ganado la batalla del marco. Además hoy van a poner de manifiesto, y de qué manera, que la mayoría de diputadas y diputados de Cataluña no están con este tipo de posiciones. Tendremos evidentemente nuestras diferencias, no voy a negarlas, pero seguro que no estamos en estas posiciones que ustedes quieren imponer, al menos con relación a Cataluña, con lo cual tengo, insisto, esta sensación algo extraña, porque nos proponen un debate, nos proponen votar un contenido que no compartimos, ya que lo vemos anacrónico. Ustedes hoy básicamente se han justificado, y es aquello de la excusatio non petita, accusatio manifesta, o dicho de otra manera más común, dígame usted de qué presume y le diré qué le falta. Hoy ustedes, de una forma simbólica -van a ganar esa votación, señor Rivera, evidentemente-, están certificando lo que ya es el fin de un marco constitucional que seguro que en Cataluña políticamente ya no sirve. Y ustedes confunden lo que es voluntad democrática, sentimiento de libertad, anhelo de libertad, con lo que hoy es un marco legal de hecho de imposición en estos momentos. En estas estamos -insisto que con nuestra sorpresa, porque no deja de ser una cierta sorpresa- por iniciativa de ustedes.

Apelan ustedes a los padres de la Constitución, cuya opinión es plenamente respetable; no diría lo contrario, pero creo sinceramente que ustedes no se dan cuenta de hasta qué punto los hijos de estos padres de la Constitución han cambiado ya de chip, que ya están dentro de otra lógica, que es la de una democracia muy arraigada. Cuando ustedes vienen aquí e intentan dar un mensaje de cuál es el límite de las cosas, de cuál es la legalidad vigente a la que se debe obedecer sin tan siquiera cuestionarla, no se dan cuenta de que así igual van a vencer un tiempo más, como ya han hecho durante mucho tiempo atrás, pero que no están convenciendo. En este sentido -y se lo voy a decir también de corazón- les doy las gracias, porque este tipo de iniciativas nos ayudan. Los argumentos con los que sustentan estas iniciativas ayudan a que mucha gente en Cataluña vea que el camino de la libertad, el camino de la independencia de Cataluña, que hoy se sitúa en ese marco de debate, y que hoy efectivamente no está aún consumada, va a ser posible gracias a la voluntad de la inmensa mayoría de catalanes y catalanas, y gracias también a su acción política, a la de los señores de Ciudadanos y a la de los señores del Partido Popular. Les voy a dar un dato para la reflexión, si es que son capaces ustedes de hacerla -que seguro que sí-. Hoy ponen a votar estas dos resoluciones, señores del Partido Popular y de Ciudadanos, y 29 diputados y diputadas de Cataluña van a decir que no y 18 que sí. Solo les ruego que escuchen dónde están -al menos en Cataluña- las mayorías y que actúen en consecuencia. (Aplausos).

Acabo, señor presidente. Hoy tienen ustedes la fuerza que también tenía el franquismo entre los años 1975 y 1978. (Rumores y protestas). Sí; sí, hombre, sí. Y todo se hacía -decían entonces- en nombre de la ley. (Rumores). Tienen la fuerza y pueden vencer usando esta fuerza (El señor ministro de Justicia en fuciones, Catalá Polo: No; los votos de los españoles), pero no van a convencer y no están convenciendo, porque la senda de la libertad y el compromiso de libertad pueden más que la fuerza que ustedes en estos momentos tienen, que puede vencer, pero no convencer.

Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías del Partido Socialista, señorías de Ciudadanos, pero especial y particularmente señorías del Partido Popular, su concepto de unidad de España está claro. De hecho está claro desde que su fundador, Manuel Fraga Iribarne, en el año 1967, afirmaba que se sentía orgulloso, que sentía orgullo ante la ocupación de Cataluña por parte de Felipe IV, por la victoria de Felipe V ante los catalanes, por la ocupación de Barcelona en 1939, y se mostraba dispuesto a hacer lo mismo de nuevo si se requería. También lo dejó dicho Gregorio Peces-Barba en el año 2011 en unas manifestaciones públicas. Dijo Gregorio Peces-Barba: No sé cuántas veces hubo que bombardear Barcelona. Creo que esta vez se resolverá sin necesidad de bombardearla. O quizá ustedes nos hablan del concepto de unidad de España que nos


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recordaba hace pocos días Juan Carlos I, en un programa que se emitió en la televisión pública francesa, en el que él recordaba y decía, textualmente, que Franco le había dicho -cito textualmente-: La única cosa que le pido es preservar la unidad de España. ¿De qué unidad nos hablan? ¿De la que en su nombre provocó un millón de muertos? ¿Nos hablan de la unidad de España -sí, sí- cuando los franquistas retiraron a miles de exiliados republicanos su condición de nacionales españoles, a fin y efecto de que pudieran ser confinados en los campos de exterminio nazis? ¿Esta es su concepción de la unidad de España?

Ustedes nos hablan de una unidad basada en la mentira. Ustedes hacen creer -y se han creído la propia mentira- que Cataluña se incorporó de manera voluntaria a España, obviando que fue impuesta por la anexión. ¿Ustedes recuerdan que la única institución común a los reinos de Castilla y Aragón durante el reinado de los Reyes Católicos fue la creada Santa Inquisición, para poder proceder a la limpieza étnica? ¿No recuerdan la unión de armas en tiempos de Felipe IV? ¿No recuerdan los decretos de nueva planta y el derecho de conquista? ¿Han olvidado ustedes todo esto? ¿Son amnésicos de todo ello? Ustedes están viviendo en una gran contradicción. Fíjense, aun cuando su falsedad fuera cierta, si libremente los catalanes nos hemos incorporado a España, libremente podremos marchar, ¿no? Entonces ustedes están instalados en un bucle perverso intelectualmente muy reduccionista; pero no es así. Ustedes apelan a una supuesta unidad de España que no es la de hoy, sino la de hace trescientos o quinientos años. ¿Ustedes nos llaman nacionalistas a nosotros, cuando consideran inamovible el mapa que dibujaron por la fuerza hace siglos? ¿Ustedes nos consideran nacionalistas a nosotros, cuando consideran inadmisible que sea la voluntad de la ciudadanía catalana la que decida hoy? ¿Ustedes nos consideran nacionalistas a nosotros, cuando en su Constitución aparece la amenaza de las armas contra un pueblo pacífico y pacifista como el catalán, caso de que optara por la independencia?

Señorías del Partido Popular, de Ciudadanos, y por desgracia -lo digo con el corazón partido- del Partido Socialista, las unidades en todo caso se construyen desde abajo, desde la libertad de decidir; no son impuestas. Ustedes que presumen de ser liberales, ¿por qué no hacen como el señor Trudeau, padre del actual primer ministro de Canadá, que en su momento refundó constitucionalmente Canadá? Pero, ¿cómo lo refundó? A partir de la igualdad entre los anglos y los franceses. Y hoy día, por ejemplo, en Vancouver, a tres mil kilómetros de Québec, la lengua francesa es oficial. Esto es refundar un Estado desde abajo.

Ustedes hablan de utilizar con determinación y firmeza -fíjense que hoy lo someten a votación- todos los mecanismos para impedir el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. De hecho ya lo están haciendo. Cargos municipales en Berga, Vic, Celrá, compañeros de la CUP, Joan Coma, Montserrat Venturós, Dani Cornellá, incluso nuestro anterior presidente Artur Mas, todo ellos tendrán que comparecer ante los tribunales de justicia por defender el mandato democrático. Pero ustedes se están encontrando y se encontrarán con la dignidad -de hecho se toparán y ya se están topando- de los representantes democráticos del pueblo de Cataluña, con su firmeza, con su determinación. De hecho en los próximos meses, en los próximos años quizá el ejemplo de resistencia pacífica de Rosa Parks estará muy presente, no lo duden, en Cataluña. Su tragedia, señorías del Partido Popular, de Ciudadanos, y por desgracia del Partido Socialista, es que para mantener su concepto de unidad deben enfrentarse a la democracia. Cataluña será lo que decidamos nosotros: los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, sean o no independistas. Esto lo decidiremos nosotros, el señor Rivera, el señor Girauta, la señora Chacón, la señora Montserrat, yo mismo. Lo decidiremos los catalanes y ustedes a respetarlo (Risas.-Aplausos), porque la democracia es imbatible, y porque si atentan contra nosotros y contra nuestras libertades, atentarán contra las suyas, y sus sociedades no se lo van a permitir. La democracia es imbatible, a ver si lo entienden, la democracia es imbatible. Repitan conmigo: ¡la democracia es imbatible! (Aplausos).

Finalmente, unas palabras en catalán, señor presidente. (Termina su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega al "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: Ciutadans de Catalunya demanem el vostre suport a les decisions del Parlament de Catalunya. Suport al Govern de Catalunya i suport a les forces politiques que, independentistes o no, són favorables a l'exercici del dret a decidir. Endavant, que guanyarem.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.

El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea sí que ha decidido repartir su tiempo en dos intervenciones. Tiene, para la primera de ellas, la palabra el señor Errejón.


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El señor ERREJÓN GALVÁN: Señorías, nos encontramos hoy ante un texto desconcertante que nos dice que la ley ha de cumplirse. Proclamar en la sede del Legislativo que las leyes han de cumplirse es como aquello de que un plato es un plato, una obviedad lanzada contra un adversario imaginario. El Congreso sirve precisamente para reformar las leyes. No podemos eludir nuestra tarea como Poder Legislativo tirando al tejado de los jueces un problema que no nos atrevemos a afrontar políticamente. Señora Montserrat, ustedes esto ya lo han probado y no ha dado buen resultado. Nosotros decimos sí a la unidad de España, de una España que es un país de países, decimos sí a una España plural, rica y diversa, que permanece unida cuando mira hacia delante. Todavía más, decimos sí a un Parlamento vivo, capaz de enfrentarse a la realidad y no mirar para otro lado. Decimos sí a la Constitución, pero nos comprometemos a trabajar para que esta no sea un jarrón chino, duro pero en el fondo muy frágil, intocable y meramente decorativo. Porque tiene que ser práctica y flexible, porque tenemos que caber todos en ella, como somos ahora y no como éramos hace cuarenta años.

Pocos dudan hoy que el contrato social que nos permitía vivir juntos con certezas compartidas está quebrado, y no ha sido la gente común la que lo ha roto. En lo que respecta al modelo de Estado la sentencia del Tribunal Constitucional apelado por el Partido Popular contra el Estatut de Catalunya, hace diez años, colapsó los mecanismos de equilibrio territorial en España, y de aquellos barros, estos lodos. En lo referente a los derechos sociales, el verdadero corazón del pacto de convivencia, es difícil sostener que para la gente común siga habiendo garantías y seguridad. Ese acuerdo de país, la verdadera garantía de unidad entre españoles, establecía que tenía casi las mismas oportunidades quien nacía en un barrio humilde que quien nacía en un barrio privilegiado, fuese este madrileño, andaluz o valenciano. Este es el mejor legado de la gente humilde, de nuestras abuelas y de nuestras madres, y de ese legado nosotros sí estamos profundamente orgullosos. Pues bien, señorías, hoy en Barcelona la esperanza de vida en El Raval es ocho años menor a la esperanza de vida en Sant Gervasi. En Madrid la diferencia de esperanza de vida entre un vecino de Orcasur y otro del barrio de Salamanca es de más de siete años. Y esto es lo que está separando a las personas, a los españoles: la terrible desigualad por razón de origen entre los ganadores de la crisis -los menos-, y los perdedores de la crisis -los más-. Por eso para nosotros defender España tiene que ver con defender a sus gentes, principalmente defenderles de sus principales problemas: de los desahucios, del desempleo, de la precariedad o los recortes. (Aplausos).

Hay una vieja tradición muy española entre los malos políticos que consiste en utilizar Cataluña como excusa para no enfrentarse a los verdaderos problemas de nuestro país. El señor Rajoy, hoy ausente, se ha doctorado en esta costumbre y el señor Rivera no le va a la zaga. Por su parte, en las cuarenta y ocho ocasiones en las que intervino en el Parlament durante los últimos años, nunca, ni una sola vez, interpeló al Gobierno de la Generalitat, nunca, sobre un solo tema de contenido social. ¿Dónde nos ha conducido a nosotros este inmovilismo? Según el barómetro del Centro de Estudios de Opinión, el CIS catalán, un 42 % de los que se declaran nuevos independentistas no se considera independentista de toda la vida, sino que lo es -cito textualmente- por la actitud y comentarios del Gobierno central hacia Cataluña. Es decir, prácticamente la mitad de los nuevos independentistas lo son gracias a la última legislatura del Partido Popular. ¿Es este el mejor camino para trabajar por la unidad de España? Nosotros creemos que las mismas recetas dan los mismos resultados, y que el problema fundamental del Partido Popular y de Ciudadanos, unidos hoy -y seguramente les veremos unidos en muchas más ocasiones-, es que no tienen ninguna propuesta para Cataluña. Ustedes saben que con sus políticas fabrican independentistas y les hacen la campaña a quienes desde Cataluña pretenden enfrentar esto unilateralmente, sin escuchar a la otra mitad. No es de extrañar, hay un interés que comparten por encima de todo: esconder los problemas que más preocupan a la gente, la corrupción que pudre estructuralmente a alguno de los partidos tradicionales, ese 3 % de mordidas en Valencia, en Madrid o en Barcelona, los 48.000 millones de euros que se nos van cada año por el agujero negro de la corrupción, esconder el sufrimiento de nuestra gente por las agresiones a lo público, por los 13 millones que están en riesgo de exclusión social, que es lo que está fracturando la unidad entre españoles. No escondamos los problemas de nuestro país, ninguno. (Aplausos). En cuanto al que aquí nos ocupa, asumamos que una buena Constitución solo dura si se adapta. Por lo tanto, porque nosotros decimos sí a la fraternidad y al futuro, votaremos no a este enésimo intento de instrumentalizar Cataluña para tapar los problemas de España, votaremos no a que los políticos irresponsables de Madrid o de Barcelona utilicen a Cataluña o a Madrid como excusa para su irresponsabilidad, votaremos no a este gesto vacío, diciendo que la unidad de España se construye día a día, desde el reconocimiento de la plurinacionalidad, de la fraternidad y de la seducción. Esta España sí que ilusiona y no la del frentismo.


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El señor PRESIDENTE: Señor Errejón, le recuerdo que se está comiendo el tiempo de su compañero.

El señor ERREJÓN GALVÁN: Acabo en una sola frase.

Tenemos una responsabilidad histórica -y aquí miramos al Partido Socialista y al señor Sánchez, hoy también ausente-: para que nuestro país construya un camino conjunto, compartido y fraterno no hay que temer a la voz de la gente, no hay que temer a las urnas, hay que alejarse de los pirómanos, hay que construir una España nueva que reconozca su riqueza, su diversidad, su plurinacionalidad, que una a fuerza de ilusionar, una patria compartida de la que sentirnos orgullosos porque no deja a nadie atrás. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Domènech.

El señor DOMÈNECH SAMPERE: Nos encontramos ante un debate que tiene ya una primera curiosidad: esta mañana este debate se presentaba por separado. Había una proposición no de ley del Grupo Ciudadanos y una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, y han decidido que tenían que ir juntas. No sé si es por esa maravillosa idea de la unidad de destino en lo universal, espero que no, pero, tras este debate, he descubierto otro cambio: que quizá no es la unidad de destino en lo universal lo que anima esta pasión por la defensa de la unidad de España, sino que es la unidad de destino hacia la gran coalición, visto lo que presenta el PSOE como enmienda, que en realidad no es una enmienda, sino un refrendar lo que ya se dice. De hecho también sorprenden otras cosas, sobre todo en el caso de Ciudadanos -que es a lo que voy a dedicar fundamentalmente esta intervención, porque es lo que tenía preparado-, que instan en su proposición no de ley al Gobierno del Partido Popular a estar atentos, a actuar sin dilación ante cualquier posible disidencia soberanista o independentista que se produzca en Cataluña, y uno se sorprende de eso. Creo que no se puede achacar al Partido Popular que no haya estado atento, no sé que más se le puede pedir en ese caso. Me dice el ministro que con razón, que es verdad, que han hecho todo lo posible, y más allá, para crear la crisis institucional más grave de la historia de la democracia entre Cataluña y España, y parece que Ciudadanos quiere ir hacia esa gran coalición y que el Partido Socialista aplaude esa enmienda.

También apelan en esta proposición no de ley al resultado de las elecciones del 20 de diciembre en Cataluña. Dicen: el 20 de diciembre en Cataluña ganaron las opciones que defendían esta proposición. Tengo una mala noticia para Ciudadanos: perdieron las elecciones del 20 de diciembre en Cataluña. (Aplausos). No solo las perdieron, ¡quedaron quintos! (Aplausos). Y aquellos que les acompañan en su proposición no de ley ¡son los sextos! ¿Esa es la gran propuesta que surge de Cataluña el 20 de diciembre? El 20 de diciembre en Cataluña varias opciones -bastantes- quedaron por delante de ustedes. La que ganó, la mayoritaria, se llamaba En Comú Podem y el mensaje era de igualdad, de libertad, que se construye desde la fraternidad de los pueblos. (Aplausos). Y esa fraternidad de los pueblos se construye no desde una idea homogénea y vacía que tienen ustedes de España, sino -y ahí está la clave- que esa fraternidad construye la igualdad y la solidaridad porque es la que permite que haya un Gobierno de izquierdas. (Aplausos). Y esa fraternidad se construye -ya voy acabando; bueno, me queda un minuto; he sido rápido incluso- asumiendo el derecho a poderlo decidir todo (Protestas), y en el caso de Cataluña, el 80 % de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña apoyan el derecho a decidir, apoyan el referéndum. Ese es el mensaje de fraternidad para construir una alternativa para España. Ese es el mensaje de fraternidad que ustedes desoyen, que ustedes falsean, que ustedes manipulan. Cuando hablan del referéndum, dicen: no, se rompe la Constitución. Dicen: no... y un día hablaremos del derecho a la autodeterminación, porque también es muy gracioso lo que ha dicho el señor Rivera. Pero es que tenemos a un señor como Rubio Llorente; tenemos a un señor como Herrero de Miñón; tenemos a un señor como Pérez Royo. ¿Independentistas? ¿Son independentistas radicales esta gente? ¿Qué dicen estos? Dicen que se puede hacer un referéndum, en ese libro que enseña usted, que usted enseña constantemente, pero debería leerlo mejor. Y debería leer a los constitucionalistas que lo explican. (Aplausos). Y ustedes también deberían de leerlo; pero es que no hace falta ni leerlo, en el caso del Partido Socialista Obrero Español solo hace falta que escuchen: escuchen a Núria Parlón, del Partido Socialista de Cataluña (Aplausos), que les ha explicado perfectamente que eso que pedimos nosotros se puede hacer.

Y ahora sí que acabo. El problema de fondo es la no aceptación de una realidad, que es verdad -y lo decía un portavoz antes que yo- que existe de forma creciente, y que es el futuro de este país, que es


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la aceptación de la plurinacionalidad. Se llenan la boca con los artículos 1 y 2 de la Constitución; citan y citan y citan. Les voy a traer a colación otras citas; otras citas de esos padres de la Constitución.

El señor PRESIDENTE: No, no, no; no muchas, porque han agotado el tiempo entre los dos más que de manera sobrada.

El señor DOMÈNECH SAMPERE: Solo un momento. Solo una cita, por favor. Hablan de los artículos 1 y 2; les voy a leer una cita de Peces-Barba, cuando habla de por qué se configura el artículo 2: La existencia de España como nación no excluye la existencia de naciones en el interior de España. Eso no se atreverán a decirlo nunca ustedes en público. Y por eso son pasado y no son futuro.

Otra cita de otro padre de la Constitución.

El señor PRESIDENTE: No, no, no, señor Domènech, ha indicado que iba a decir una cita; ya ha acabado el tiempo.

El señor DOMÈNECH SAMPERE: Se acepta toda una realidad: que España es un Estado plurinacional. Y por tanto... Voy acabando.

El señor PRESIDENTE: Acabe ya, por favor.

El señor DOMÈNECH SAMPERE: Acabo ya. Que ustedes se llenan la boca y traen propuestas aquí, y cuanto más grandilocuentes y más se llenan la boca gritando la unidad de España, más la deshacen con su práctica diaria. Se tienen que acabar los frentismos.

Gracias. (Aplausos.-El señor Rivera Díaz pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Rivera, según hemos quedado en la Junta de Portavoces esta mañana, no existe turno de réplica a la hora de fijar posición en esto.

El señor RIVERA DÍAZ: Como cuestión de orden, presidente. No le pido réplica; es por falsedad y por aclarar estas cosas.

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. No vamos a empezar con esto en los debates porque entonces no acabamos nunca. (Rumores).

El señor RIVERA DÍAZ: Señor presidente, para aclarar una falsedad en la Cámara frente a los diputados. Artículo 71. Le pido treinta segundos.

El señor PRESIDENTE: ¿Cuál ha sido?

El señor RIVERA DÍAZ: Si me deja, se lo explico. Pero autoríceme. Es usted quien manda.

El señor PRESIDENTE: Sí, pero solo el enunciado. No, no quiero que luego intervenga. Quiero el enunciado de cuál ha sido la falsedad. Punto.

El señor RIVERA DÍAZ: Sí. El señor Errejón ha dicho que en 48 ocasiones nunca he defendido ningún tema sobre asuntos sociales. Y luego, explicar lo que ha dicho el señor Domènech.

El señor PRESIDENTE: Esto no vale. Se acabó.

El señor RIVERA DÍAZ: ¡Presidente!

El señor PRESIDENTE: No, no. En cuanto a las alusiones, señor Rivera, y ya lo comento también para todos los parlamentarios y parlamentarias (Rumores), el turno de alusiones se pide en el momento en que se comete o se produce la alusión. Punto. No ha sido así y por lo tanto vamos a pasar a lo que corresponde en este momento, que es preguntar a los grupos proponentes si aceptan la enmienda que se ha presentado. He creído entender, por el debate, que hay una transacción que es aceptada tanto por el Grupo Ciudadanos como por el Grupo Popular. (Rumores). ¿No? (Rumores).

El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: No nos han presentado enmienda alguna y queremos que la proposición no de ley se someta a votación en sus términos.


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El señor PRESIDENTE: ¿Y no aceptan la enmienda presentada, por tanto? (Rumores). Corresponde preguntar por la aceptación o no de la enmienda. En el debate se ha hablado de una transacción, que efectivamente todavía no ha llegado a la Mesa. Era por si la conocían los proponentes. Si no la conocen, la pregunta es: ¿El Grupo Popular acepta la enmienda? (Denegaciones). No. ¿El Grupo Ciudadanos acepta la enmienda?

El señor VILLEGAS PÉREZ: El Grupo Ciudadanos acepta la enmienda presentada por el Grupo Socialista y, como va a votar a favor de la propuesta del Grupo Popular, ya no hace falta aceptar su enmienda, porque sería redundante.

Gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A RECUPERAR EL PACTO DE TOLEDO, COMO EXPRESIÓN DE CONSENSO POLÍTICO, Y EL DIÁLOGO SOCIAL, CON EL FIN DE ACORDAR LAS MEDIDAS QUE PERMITAN ASEGURAR PENSIONES DIGNAS Y FORTALECER LA VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. (Número de expediente 162/000006).

El señor PRESIDENTE: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, por siete minutos, la señora Rodríguez Fernández.

La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, tengo que reconocer que me siento muy honrada de que la primera iniciativa que defiende el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara sea sobre la reconstrucción del Pacto de Toledo y la dignidad de nuestro sistema de pensiones, que es lo mismo que defender la seguridad y la dignidad de los más de 8,5 millones de hombres y mujeres, muchos de ellos y ellas viudos, mayores, enfermos... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rodríguez.

Por favor, guarden silencio, y los que tengan que discurrir por el Parlamento hacia las afueras que lo hagan también en silencio, por favor.

La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Decía que defender el Pacto de Toledo y la dignidad de nuestro sistema de pensiones es tanto como defender la seguridad y la dignidad de esos 8,5 millones de personas, de mujeres y hombres, muchos de ellos viudos y viudas, mayores y enfermos que viven de una pensión, aunque quizá sea más de justicia decir que han trabajado duramente para poder vivir hoy de una pensión y que han sido los grandes héroes de esta crisis, porque muchas de las familias de nuestro país han aguantado la falta de trabajo y el recorte de las prestaciones por desempleo porque estaban los abuelos y abuelas y sus pensiones para dar de comer a sus hijos y a sus nietos.

Es la primera iniciativa de esta legislatura del Grupo Parlamentario Socialista; una iniciativa sobre la defensa de las pensiones; una iniciativa sobre personas, sobre los problemas de las personas. Es importante la patria, señorías, muy importante, pero, más allá de la retórica vacía y a veces hueca, la patria es la gente, nuestra gente, sus problemas, sus deseos, sus expectativas, sus esperanzas. (Aplausos). Eso es lo verdaderamente importante para el Grupo Parlamentario Socialista y eso será -me atrevo a decirlo en nombre de todos mis compañeros y compañeras- lo que marque nuestro trabajo político en esta Cámara: traer aquí la voz y los problemas de la ciudadanía; perseguir aquí la mejora de la calidad de vida de nuestros compatriotas. Eso es ser patriota, y no hablar de la unidad de España.

Señorías, el sistema público de Seguridad Social -y, dentro de él, el sistema de pensiones- constituye la pieza más importante de nuestro Estado del bienestar, como plasmación de una acción solidaria y redistributiva garante de la cohesión social. Nuestro sistema público de pensiones -y remarco lo de público- es un gran pacto entre generaciones, entre trabajadores activos y trabajadores jubilados, para la defensa de su mutuo bienestar; un sistema que hemos construido entre todos, pero que se ha visto amenazado -me atrevería a decir que seriamente amenazado- desde el año 2012 por las políticas del Partido Popular.


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Para empezar, las pensiones no han subido tanto como dicen sus señorías del Partido Popular. A nosotros nos acusan una y otra vez de haber congelado un año las pensiones, y pudimos cometer un error, pero la cuantía de las pensiones mínimas subió más de un 53 % en siete años y con el Partido Popular la subida no ha llegado al 6 % en cinco años. Y en general, digan lo que digan sus señorías del Partido Popular, en esta legislatura las pensiones no han subido más que un raquítico 3,75 %, lo que significa 33 euros en cuatro años en una pensión media que no alcanza los 900 euros.

El Partido Popular se ha pulido -y perdonen que lo diga con esta expresión- además el Fondo de reserva de la Seguridad Social. En lo que va de legislatura, el Partido Popular ha sacado de la hucha de las pensiones más de 47.200 millones de euros, a los que hay que sumar -aunque son más opacos, señorías, pero hay que sumarlos- los más de 8.600 millones de euros que han esquilmado de los fondos de las mutuas. En total, y lo voy a decir con todas las cifras, señorías, han sido 55.822 millones de euros los que el Partido Popular ha sacado de las arcas públicas de los pensionistas. En fácil, para que nos entiendan todos, el Partido Popular se ha gastado 6.560 euros de cada uno de los pensionistas de nuestro país. Ustedes, señorías del Partido Popular, que después de más de cuatro años siguen hablando de la herencia socialista, deberían también recordar esta herencia: los socialistas dejamos, después de haber gobernado cuatro años de dura crisis, más de 66.800 millones de euros en el Fondo de reserva; ustedes van a dejar -porque espero que sea así, que lo vayan a dejar después de haber gobernado cuatro años de dura crisis- poco más de 32.000 millones de euros. En cuatro años, señorías del Partido Popular, se han gastado más de la mitad del Fondo de reserva, y la autoridad independiente que ustedes crearon cuando dicen que no nos rescataron nos acaba de advertir que si seguimos a este ritmo y no cambiamos las políticas de seguridad social, el Fondo de reserva, la hucha de todos los pensionistas se va a agotar en menos de dos años.

Ustedes me dirán seguramente, señorías, lo han dicho siempre: es que no hay fondos para pagar las pensiones, y yo les contestaré, señorías del Partido Popular, que cómo va a haberlos con su política de empleo. Les daré un ejemplo: entre enero y noviembre del año 2015, los cotizantes a la Seguridad Social ha subido casi un 4 % y, sin embargo, la recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social han subido poco más de un 1 %. ¿Saben por qué se produce esta disfunción? Porque con un modelo de empleo precario -un modelo de empleo basado en la devaluación salarial, un modelo en el que no se controlan las horas extraordinarias ilegales, un modelo en el que no se controla el fraude en la contratación temporal- y con una política de empleo que se basa en la exención de cotizaciones a la Seguridad Social no se llena la caja de las pensiones. Es su política de empleo, señorías del Partido Popular, la que está poniendo en riesgo las pensiones. Si no cambiamos entre todos la política de empleo del Partido Popular, señorías, corremos el riesgo cierto de que no podamos tener pensiones en el futuro. (Aplausos).

Señorías del Partido Popular, nosotros tenemos herencia, pero ustedes tienen algunos récords que conviene recordar: tienen el récord de haberse firmado más de 17 millones de contratos precarios en un solo año; tienen el récord de haber bajado más de un 3 % los salarios en una legislatura; tienen el récord vergonzoso de tener más de 2,5 millones de trabajadores pobres y de haber hecho que por primera vez en la historia de la democracia la Seguridad Social tenga déficit cada uno de los cuatro años de su mandato. Esto, señorías, lo han hecho solos, ustedes solos; no les ha ayudado nadie, han sido ustedes solos. Y quizá lo peor de todo sea que han despreciado el pacto político y social que significa el Pacto de Toledo. En el año 1995 las fuerzas políticas y sociales de nuestro país decidimos que las políticas de seguridad social tenían que estar al margen de la lucha partidaria, que el modelo de pensiones de nuestro país era tan importante para la conformación de nuestro modelo de convivencia que tenía que estar basado en grandes acuerdos sociales en lugar de en grandes acuerdos políticos, y ustedes, señorías, han quebrado ese consenso y debilitado hasta el extremo el Pacto de Toledo. Nada de lo que han hecho en pensiones, nada de lo que han hecho en seguridad social ha contado con el consenso de ninguna fuerza política. Todo lo que han hecho en pensiones, todo ha sido pura imposición a los pensionistas y a los ciudadanos de nuestro país.

Señorías, estamos en un nuevo tiempo -y termino ya-, un tiempo de pluralismo político y social que invita más que nunca -y lo digo con toda sinceridad- a los consensos en la construcción de los pilares básicos de nuestra convivencia y de nuestra democracia. El sistema de pensiones es sin ninguna duda uno de ellos, no solamente porque hoy viven de él más de 8,5 millones de personas de nuestro país, sino porque con prontitud, a veces más pronto que tarde, viviremos de él todos nosotros. Por eso, señorías, les invito desde esta tribuna a empezar por reconstruir el Pacto de Toledo como una seña de identidad de este nuevo tiempo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.

Ahora es el turno de los grupos que han formulado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán.

El señor ROLDÁN MONÉS: Señor presidente, señorías, es un honor para mí realizar mi primera intervención en esta Cámara, en nombre del Grupo Ciudadanos, para mostrar nuestro respaldo a la proposición no de ley del Grupo Socialista para recuperar el espíritu de consenso y de diálogo que inspiró el Pacto de Toledo firmado hace veinte años. Esta misma demanda que hace en su PNL el Grupo Socialista viene recogida en el acuerdo que hemos firmado con el Partido Socialista para un Gobierno reformista y de progreso. Es urgente y necesario que, como en tantos otros temas de Estado, dejemos el cortoplacismo político de lado y abordemos conjuntamente, sobre el diálogo y la sensatez, los enormes retos a los que se enfrenta el futuro de nuestro Estado del bienestar.

En esta intervención voy abordar tres cuestiones que considero absolutamente prioritarias. En primer lugar, quisiera tratar de concienciar -o al menos ayudar a hacerlo- sobre los enormes retos demográficos a los que nos enfrentamos. En segundo lugar, quisiera subrayar que para abordar la cuestión de las pensiones y la sostenibilidad del Estado del bienestar es imprescindible abordar otras reformas estructurales absolutamente necesarias en nuestro país. En tercer lugar, destacaré algunos de los principios que para nosotros inspirarían esas reformas que consideramos necesarias.

España está envejeciendo, y lo está haciendo a un ritmo más rápido que el de los países de nuestro entorno. Tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo, pero también una de las tasas de fecundidad más bajas de los países desarrollados. Para que los ciudadanos puedan hacerse una idea de cómo se ha transformado nuestra demografía, es bueno pararse a analizar algún dato. Por ejemplo, mientras que en 1919, cuando se establecieron los sesenta y cinco años de edad de jubilación, tan solo uno de cada tres ciudadanos alcanzaba esa edad, hoy uno de cada tres ciudadanos llega a los ochenta y nueve años. Es decir, los sesenta y cinco años de 1919 son los ochenta y nueve años de hoy. Al mismo tiempo, en España se tienen cada vez menos hijos; la tasa de fecundidad es la segunda más baja de los veintiocho países de la Unión Europea. ¿Por qué tenemos una tasa de fecundidad tan baja? La razón principal es la enorme precariedad de nuestro mercado laboral. Con unos niveles de rotación y de temporalidad como los que tenemos, con 7 millones de trabajadores que no logran llegar al salario mínimo interprofesional a pesar de estar trabajando, porque se pasan la vida entrando y saliendo del mercado laboral, es imposible tomar decisiones vitales como la de emanciparse o tener hijos. Asimismo, como hemos insistido muchísimo desde Ciudadanos, existe en España un enorme problema de conciliación que dificulta muchísimo la decisión de tener hijos; si no pueden conciliar su vida familiar y laboral, las familias jóvenes deciden no tener hijos. El resultado de esas tasas de fecundidad tan bajas es que nuestro equilibrio intergeneracional en cuanto a las pensionas va a ser muy difícil de defender. Si queremos que en el futuro se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones, como dice esta PNL, tenemos que ser valientes y hacer reformas que cambien nuestra manera de trabajar y producir. Con un 90 % de los trabajos de carácter temporal y una tasa de paro estructural que es el doble de la media de la Unión Europea, simplemente los gastos de seguridad social seguirán siendo más altos que los ingresos. Por mucho que queramos mirar hacia otro lado, debemos abordar reformas profundas en nuestro mercado laboral para mejorar la estabilidad de nuestros trabajos y para permitir a los jóvenes tener unas vidas laborales más dignas, que les permitan conciliar el trabajo y la vida personal. Solamente así la Seguridad Social podrá generar los ingresos que necesita.

Por mucho que queramos mirar hacia otro lado, también debemos abordar reformas profundas en nuestro sistema educativo y en nuestras políticas de formación que nos permitan ser más productivos y serlo durante más años. Promesas como reducir la edad de jubilación a los sesenta años solo sirven para generar frustración, engaño y desconfianza en los políticos. No hacemos un favor a nadie prometiendo políticas que no podemos financiar. Repito, no hacemos un favor a nadie prometiendo políticas que no podemos financiar. Ahora mismo en Grecia estamos viendo las dramáticas consecuencias de unas políticas irresponsables con respecto, precisamente, a las pensiones. Tsipras, después de prometer durante años lo contrario, acaba de recortar de manera muy significativa los ingresos de los pensionistas. Si nuestro objetivo es seguir ofreciendo unas pensiones dignas y justas, tratar de mantener su poder adquisitivo y evitar que colapse nuestro sistema de pensiones, tenemos que hablar y hacerlo sobre el consenso, buscando soluciones razonables. Ese diálogo necesario en el Pacto de Toledo debe basarse en dos principios esenciales. En primer lugar, el sistema necesita una mayor flexibilidad. Aquellos que


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quieran trabajar durante más tiempo -pensemos en escritores, profesores, médicos- deben poder jubilarse más tarde. Debemos imitar a nuestros socios del norte, permitiendo una mayor flexibilidad para combinar el trabajo con la pensión. En segundo lugar, necesitamos un sistema más transparente, en el que los pensionistas puedan conocer los ingresos que van a tener cuando se jubilen y puedan tomar decisiones de ahorro a lo largo de su vida laboral.

En definitiva, España envejece a toda velocidad y, siguiendo las tendencias presentes, avanzamos hacia un mundo en el que por cada persona jubilada tendremos, en vez de dos, como teníamos hasta hace poco, una sola para sostenerla. Dejemos de mirar hacia otro lado, hablemos y sentemos las bases del futuro Estado del bienestar que queremos. Prometer cosas imposibles no sirve y tampoco sirve quedarse con los brazos cruzados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roldán.

También como grupo enmendante, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora España.

La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, dice esta proposición no de ley que el Pacto de Toledo hay que reconstituirlo, y yo digo que ha estado muy vivo en la anterior legislatura y que todas las reformas que ha hecho el Partido Popular han sido siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, como ahora veremos. La Ley de Mutuas, el factor de sostenibilidad, el índice de revalorización, el complemento de maternidad, el régimen de las empleadas de hogar, el tiempo parcial o la jubilación anticipada, todas estas reformas han sido debatidas hasta la saciedad en el Pacto de Toledo. Y, señorías, no hay nada más contrario al espíritu del Pacto de Toledo que, sin que el mismo se haya reunido, traer a Pleno un debate parlamentario para utilizarlo como confrontación. Nosotros hemos presentado una enmienda precisamente para empezar a trabajar a raíz del informe exhaustivo que va a presentar el Gobierno y no entendemos cómo el Grupo Socialista no la acepta. Bonita forma de recuperar el consenso en el Pacto de Toledo no aceptando una enmienda que supone empezar a trabajar a raíz de ese informe exhaustivo.

Vamos por partes. Hablan ustedes del índice de revalorización, de recuperar el poder adquisitivo. Tengo que decirles que gracias al nuevo índice de revalorización los pensionistas han ganado poder adquisitivo. Es falso lo que dice la exposición de motivos, que se han ganado 200 millones al año de poder adquisitivo y que se han gastado 800 millones al año de copago farmacéutico. Es absolutamente falso. Solo en el año 2013 los pensionistas han ganado más de 1.300 millones de euros en poder adquisitivo. Lo han ganado en 2013, en 2014, en 2015 y posiblemente lo harán en 2016, porque las pensiones han subido siempre por encima del IPC; por cierto, 16.000 millones de euros de copago farmacéutico, porque hubo que tapar el déficit de 16.000 millones de euros que dejaron ustedes en la sanidad. Este índice supone también que nunca nadie va a volver a poder congelar las pensiones, porque la mayor pérdida que han tenido los pensionistas en este país fue la congelación que hicieron los socialistas cuando el IPC estaba cercano al 3 %, más de 2.000 millones de euros. Además, señorías, el nuevo índice de revalorización sigue las recomendaciones del Pacto de Toledo. La recomendación segunda menciona la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización empleados por los países de nuestro entorno. ¿Para qué queremos un Pacto de Toledo y unas recomendaciones si, cuando las seguimos, ustedes hacen caso omiso y votan en contra? Díganles la verdad a los pensionistas. Díganles que si hubiésemos aplicado la ley anterior, la del IPC, hubieran salido perdiendo. Hoy, con el IPC en el menos 0,8 % y una subida del 0,25 %, los pensionistas tienen ya más de un 1 % de ganancia de poder adquisitivo. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, si alguien ha roto alguna vez el Pacto de Toledo ha sido el Gobierno socialista, que congeló las pensiones, sin consenso en el Pacto de Toledo, y aumentó la edad de jubilación de los sesenta y cinco a los sesenta y siete años, sin consenso en el Pacto de Toledo. Señora Rodríguez, ¿eso es ser patriota y mirar por la gente? ¿Congelar las pensiones y aumentar la edad de jubilación, que supuso un recorte de un 20 % en las pensiones?

Luego hablan ustedes del déficit en la Seguridad Social. Señorías, les voy a decir que la primera vez que expedientaron a España por déficit excesivo fue en el año 2009. Tienen ustedes el dudoso honor de dejar a la Seguridad Social en déficit cada vez que gobiernan. Nosotros estamos intentando reducir poco a poco -y lo estamos consiguiendo- el déficit en la Seguridad Social, pero esos números rojos solo se reducen cuando se crea empleo. Les recuerdo que ustedes mandaron a 3,5 millones de personas al paro y ahora, con el Gobierno del Partido Popular, se han creado más de un millón de empleos. Y no me hable


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de empleo precario, señora Rodríguez, porque cuatro de cada diez nuevos empleos indefinidos en la zona euro son empleos españoles. (Rumores).

Dicen ustedes también que hemos deprimido los ingresos. Nada más lejos de la realidad. Hemos culminado la separación de las fuentes de financiación, que es la primera recomendación del Pacto de Toledo. Eso supone poner encima de la mesa 13.000 millones de euros que van a la Seguridad Social para pagar la parte no contributiva. Ustedes hicieron todo lo contrario: cargaron 40.000 millones de euros de gastos impropios al sistema.

Luego hablan del Fondo de reserva. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio, por favor.

La señora ESPAÑA REINA: El Fondo de reserva se les está dando a los pensionistas en el momento que más lo necesitan. Se está utilizando para lo que se creó, para pagar pensiones. Sin embargo, ustedes utilizaron el Fondo de reserva no sabemos para qué. Hubo 15.000 millones de euros de excedente de la Seguridad Social que no fueron al Fondo de reserva ni fueron a pagar pensiones porque las congelaron. Por lo tanto, quien se saltó el Pacto de Toledo fue el Gobierno socialista. Les voy a decir una cosa. Es verdad que los pensionistas han sido el sostén de muchas familias, que lo han pasado mal y que han ayudado a muchos hijos y a muchos nietos, pero desde luego los pensionistas están peor si se les congela la pensión que si se les sube, están peor si se crea paro que si se crea empleo, están peor si se cargan gastos impropios al sistema que si se aportan recursos al sistema. Por lo tanto, señores de la izquierda, no me hagan demagogia. Les voy a dar un dato clarísimo para la sostenibilidad del sistema. Por cada pensionista que entraba en el sistema cuando ustedes gobernaban tres trabajadores salían de él; ahora por cada pensionista que entra en el sistema tenemos cinco nuevos trabajadores. Eso es sostenibilidad. Por lo tanto, señorías, las reformas del Partido Popular han seguido las recomendaciones del Pacto de Toledo, y si alguna vez se ha roto ha sido cuando se congelaron las pensiones sin consenso y cuando se elevó la edad de jubilación.

Termino, señor presidente. Mano tendida, diálogo, consenso y trabajo conjunto; eso es lo que queremos en el Pacto de Toledo y lo que está en nuestra enmienda, que no entendemos por qué no ha sido admitida. Trabajemos juntos por todos los pensionistas. Arrimen ustedes el hombro y pongámonos a trabajar. Si no, va a parecer que están ustedes en permanente campaña electoral.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Ahora los grupos fijan posición y tiene la palabra el señor Alli.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, buenas tardes de nuevo.

Unión del Pueblo Navarro, lógicamente, apoyará esta proposición no de ley. En cualquier caso, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, solo con leer la exposición de motivos se ve que es cuando menos injusto lo que allí han redactado. No quiero hacer demagogia en absoluto sobre lo que pone en esa exposición de motivos, pero el mayor recorte a los pensionistas de este país en la historia moderna de España se hizo con el Gobierno socialista del señor Zapatero.

Señorías, como diputado de Unión del Pueblo Navarro, quiero decir que llevamos 86 días y aún no somos capaces de ponernos de acuerdo para sacar adelante este país y primar el interés general por encima de los intereses personales o particulares o partidistas. Son grandes los retos que tiene en este momento el país, y me van a permitir que los defina de manera simplista como las cuatro des. La primera de es la deuda, el alto endeudamiento que tiene este país, tanto en el ámbito público, donde alcanza prácticamente el 100 % del producto interior bruto anual, como en el ámbito privado. La segunda de es el déficit, que si bien es cierto que con las políticas de los últimos cuatro años se ha ido reduciendo gracias a la gestión de los ingresos y los gastos de las arcas públicas, debe ser uno de los grandes objetivos que debe tener este país. No hay que gastar más de lo que se recauda, señorías. La tercera de es el desempleo, y vuelvo insistir en ello desde esta tribuna: ninguno de los 350 diputados que nos sentamos en esta Cámara, ninguno, facturamos, generamos IVA y mucho menos generamos empleo. Quien genera empleo realmente es la empresa, es el empresario y es el autónomo, y es a ellos a quienes tenemos que apoyar con políticas que incentiven la generación de empleo y de empleo de calidad. Ahí sí que estaremos de acuerdo.

Para finalizar, tenemos un gran reto demográfico. Ya lo ha dicho el diputado del Grupo Ciudadanos en la presentación de los datos: el envejecimiento paulatino y progresivo de la sociedad española, como dicen los expertos sociológicos, nos va a llevar a una debacle poblacional, lo que supondrá consecuencias


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en el ámbito sociosanitario y, lógicamente, en el ámbito del sistema de pensiones. Ahí es donde tenemos que recobrar fuerzas y llegar a grandes pactos de Estado en materia de bienestar y de sostenibilidad de las pensiones de las personas jubiladas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alli.

Señora Beitialarrangoitia.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: El acceso a una pensión que permita llevar una vida digna es un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos; algo que está lejos de ser una realidad. Ello se debe a las reformas realizadas en los últimos años, y debe revertirse esta situación, pero no nos engañemos, volver a la situación de 2011 tampoco lo hace posible. No hay más que mirar los datos: la mitad de las pensiones son inferiores a los 700 euros al mes y unos 5 millones de pensionistas malviven con ingresos inferiores al umbral oficial de pobreza. Esta situación se agrava en el caso de las mujeres, que por término medio vienen recibiendo pensiones un 40 % más bajas. Hablar de pensiones de viudedad supone hacerlo de pobreza, cuando no de extrema pobreza, y no quisiera olvidar además a las miles de personas cotizantes que han quedado excluidas del derecho mismo a una pensión pública. Por tanto, no basta con hablar de recuperación del poder adquisitivo cuando hay pensiones que nunca lo han tenido. Para ello debemos garantizar que no habrá pensiones por debajo del umbral de la pobreza. La Unión Europea define que el umbral de la pobreza se debe calcular sobre el equivalente al 60 % del salario medio de los trabajadores del entorno, que en el caso de Euskal Herria supone, por ejemplo, que ninguna pensión debería ser inferior a 1.080 euros. Es por tanto urgente dar una solución integral a esta cuestión que afecta cada vez a más personas. Por supuesto, no aceptamos las excusas que se han venido esgrimiendo para profundizar en la vía de los recortes, como son la insostenibilidad del régimen de las pensiones y su creciente déficit. Si partimos de la base de que las pensiones han de ser dignas, el siguiente paso es garantizar los recursos suficientes para ello, y por tanto los esfuerzos deben hacerse en la ampliación de los ingresos, invirtiendo el orden de prioridades, poniendo las necesidades de la población en primer término, apostando realmente por una política social que impulse la creación de empleo digno y la reducción del paro. Esto equilibraría las cuentas de la Seguridad Social sin necesidad de recortes. Esta es la única manera de garantizar las pensiones presentes y futuras. Para ello, Euskal Herria Bildu reclama un marco propio en materia de Seguridad Social, así como de relaciones laborales. Esa sería la forma de crear empleo y por tanto de garantizar las pensiones.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Beitialarrangoitia.

Tiene la palabra el señor Bataller.

El señor BATALLER I RUIZ: Señor presidente, señorías, Compromís va a votar favorablemente esta proposición no de ley para la recuperación del Pacto de Toledo, y ello porque nos habla de consenso, que es lo que entendemos que debe caracterizar la legislatura en la que nos hallamos. La crisis ha tenido un fuerte impacto en nuestro Estado del bienestar y las medidas neoliberales tomadas de manera unilateral por el Gobierno del Partido Popular no han hecho más que empeorar la situación porque en la práctica han apostado por hacer que tengamos que confiar en las pensiones privadas, porque este Gobierno ya saliente nunca ha creído realmente en lo público. El paso del Partido Popular por el Gobierno ha comportado el deterioro de la viabilidad del sistema de pensiones; ha comportado la merma de sus ingresos y también el empobrecimiento real de las cuantías, sobre todo de aquellas con importes mínimos.

La representante del grupo proponente ha ofrecido abundantes cifras. No voy a incidir más, pero quiero decir que nos preocupa mucho la tendencia a la baja en las pensiones, nos preocupa mucho el saqueo del fondo de reserva de la Seguridad Social y también nos preocupa mucho el recurso sistemático al decretazo, como por ejemplo el Real Decreto-ley 5/2013, que ha intentado imponer la continuidad laboral de los trabajadores de mayor edad. Nosotros entendemos que el Gobierno saliente del Partido Popular ha comportado un paso atrás en el tiempo; ha comportado la ruptura de los consensos políticos y sociales anteriores; ha apostado por leyes regresivas a golpe de rodillo; ha apostado por la potenciación de los contratos por horas y la eventualidad, todo lo cual ha supuesto una drástica caída de los ingresos de la Seguridad Social.

Según el último barómetro del CIS del mes de febrero, el principal problema de los españoles es el paro, y efectivamente este es un problema que en esta legislatura debemos intentar abordar de la forma


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más directa posible, porque si la gente no puede trabajar ¿cómo vamos a aumentar el volumen de las cotizaciones en el sistema? Es necesario que fomentemos el retorno de nuestros jóvenes en el exterior ofreciéndoles oportunidades aquí, en casa. Hemos de incluir a los colectivos más vulnerables mediante planes de empleo. Hemos de luchar contra la economía sumergida para que deje de serlo y cotice también en el sistema.

Afortunadamente los tiempos están cambiando. La ciudadanía nos pide consenso y abrir nuevos procesos y espacios de escucha. Apostamos por recuperar el diálogo y dotar al sistema de recursos adicionales, por garantizar niveles de bienestar a los pensionistas de ahora y a los del futuro, por ofrecer seguridad a sus pensiones, y sobre todo que nunca más prime la necesidad de financiar el déficit público sobre la garantía para los pensionistas. Esas garantías no deben tocarse.

Queremos que contribuyan los trabajadores jóvenes, a los que hemos de facilitar la entrada al mercado laboral con garantías, porque vienen cargados de fuerza, de motivación y de preparación, y les hemos de proporcionar mayores cotizaciones a la Seguridad Social, fomentando los contratos indefinidos, aumentando el salario mínimo, no congelándolo, no reduciendo salarios. Hemos de apostar por un gran pacto social con el espíritu que en su día alumbró los Pactos de la Moncloa, cuando la derecha democrática negociaba con el resto de formaciones.

Señorías, tengamos amplitud de miras, que los mayores puedan dormir tranquilos esta noche, y mañana y pasado mañana, y que los jóvenes puedan empezar a trabajar con empleos dignos y puedan cotizar y cooperar con el sistema. Desde Compromís tendemos la mano para trabajar juntos en este propósito. Apoyamos la propuesta e invitamos al resto de formaciones parlamentarias a que se sumen a esta iniciativa, que entendemos positiva para el mantenimiento y mejora de nuestro Estado del bienestar.

Moltes gràcies. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bataller.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

El señor BARANDIARAN BENITO: Señorías, el hecho de que se solicite en esta Cámara al Gobierno reconstituir un pacto, el Pacto de Toledo, significa que hay alguien que piensa que se ha roto. El hecho de que se pueda sacar adelante esta PNL significa no solo que alguien crea que se ha roto, sino que la Cámara va a entender que se ha incumplido. Y el hecho de entender que se ha incumplido un pacto como el de Toledo significa dejar de lado un hito político, porque fue un hito político inédito conseguir conciliar posturas políticas diferenciadas, que, además, consiguieron concretar medidas dirigidas a eso que el artículo 50 de la Constitución llama garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.

La idea de la confianza mutua fue el eje sobre el que pivotó la existencia del Pacto de Toledo, y la existencia de aquel llamado Pacto de Toledo y la constitución posterior de la Comisión no Permanente de Seguimiento y Evaluación de aquellos acuerdos se fundamentaban, y lo quiero recordar porque así lo dice literalmente, en excluir de la lucha partidista al sistema de protección social, para encauzarlo dentro de un debate político más sosegado que permitiera alcanzar el máximo nivel de acuerdo como garantía de la eficacia y perdurabilidad de cualquier reforma. Esto es, se sostenía en un acuerdo político desde sensibilidades diferentes para concretar medidas que tuvieran como fin garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos, precisamente en un momento o en los momentos en los que pueden ser más vulnerables, bien en la tercera edad o bien en situaciones de desfavorecimiento. Además, la idea de confianza mutua que impregnaba el Pacto de Toledo también subyace en los propios ciudadanos destinatarios de aquellas medidas. Esos ciudadanos durante tiempo han entendido que se encontraba fuera del tráfico político, del mercadeo, la posibilidad de adoptar medidas que pudieran poner en riesgo o disminuir aquello que entendían que eran mínimos vitales, aquellos mínimos sin los cuales su dignidad, su identidad como ser humano pudiera verse comprometida.

La idea de confianza, como representante del Grupo Vasco, también se ha visto truncada desde el momento en el que en el País Vasco hemos apreciado, al igual que en el resto del Estado, que las consecuencias materiales han sido especialmente duras para todos, duras para los más desfavorecidos, y sabiendo además que en Euskadi hubiéramos podido tener una gestión económica en el ámbito de la Seguridad Social si se hubieran transferido, tal y como refiere el artículo 18 del Estatuto de Autonomía, las competencias que en ese sentido se contemplan para la Comunidad Autónoma del País Vasco.


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Consecuencia de todo ello es que las medidas descritas en la proposición no de ley han supuesto, primero, a mi modo de ver, una injustificada quiebra de la confianza legítima que habían depositado tanto los ciudadanos, las instituciones y los propios partidos políticos que se habían sumado a ese acuerdo. Además, han sido medidas unilaterales de un Gobierno corporativo que se ha basado en sus propias fuerzas nada más y que ha preferido ignorar el valor añadido de un acuerdo socialmente impecable. Pero además, son unas medidas que han supuesto un inexcusable retroceso en los derechos sociales que aquel acuerdo había permitido a sus destinatarios.

Ha prevalecido, y eso es cierto, el objetivo de la estabilidad. Determinadas medidas han atendido únicamente al objetivo de la estabilidad presupuestaria, que han preferido al de consolidar aquel sistema de garantías dispuesto no solo entre las medidas contempladas sino en los artículos 40 y 51 de la Constitución, y se ha justificado dicha política en asegurar su sostenibilidad financiera, sin intentar siquiera consensuar otro tipo de medidas que pudieran evitar el grave impacto social. Por ello, dicho con todo el respeto, resulta inaceptable que la respuesta del Gobierno ahora en funciones haya sido esa decisión unilateral y causante del grave retroceso en el contenido de aquellas prestaciones. Ese es el eje de la crítica a esas decisiones: el direccionamiento político en materia de pensiones que ha supuesto que aquellas decisiones hayan tenido un contenido antisocial. No es nuestra la definición, sino del propio Tribunal Constitucional, de aquello que se debe entender como medidas adecuadas en este aspecto, y leo: Las medidas adoptadas han terminado por incidir de manera directa en el núcleo básico del Estado social (artículo 1.1 de la Constitución). Forma parte de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la materia. Además, señala que el núcleo básico del Estado social es aquel encaminado a garantizar a toda persona una existencia acorde, con imperativos de respeto, al valor constitucional de la dignidad humana (artículo 10 de la Constitución). Por ello entendemos que esas medidas han sido incompatibles con una acción de gobierno que fuera a su vez coherente, consecuente no solo con los artículos 1.1 sino con el 10, el 40 y el 51 de la Constitución a la que creemos que vacía de contenido.

Se ha puesto en valor por mi predecesor -y yo insisto en ello- la importancia del consenso. Es cierto que estamos ante una situación, no sé si atípica pero sí dura...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Barandiaran, vaya finalizando, por favor.

El señor BARANDIARAN BENITO: Por ello, no resulta ajeno a los deberes de esta Cámara intentar recuperar no solo el contenido de determinadas prestaciones que pudieran garantizar a los ciudadanos ese tratamiento adecuado sino que además entendemos que se debe intentar recuperar también el valor del consenso, el valor de la mutua confianza que es el que ha quebrado las medidas del Gobierno desde que se han adoptado.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, mi grupo agradece la iniciativa de la señora Rodríguez. Compartimos el petitum que nos plantea -recuperar el consenso en el Pacto de Toledo- y discrepamos, como no puede ser de otra manera, de la señora España en la intervención que ha hecho hace un rato. En la pasada legislatura hemos vivido esa ruptura del Pacto de Toledo, no tanto porque el Partido Popular no cumpliese con las recomendaciones sino porque las reformas legislativas que impulsó en la pasada legislatura llegaron a la Cámara sin ningún acuerdo con los interlocutores sociales -que es la esencia del Pacto de Toledo- a diferencia de las reformas producidas en la anterior legislatura que fueron fruto del acuerdo de los interlocutores sociales. Fueron aprobadas por el Partido Popular en la más estricta soledad sin que ningún otro grupo de la Cámara los apoyase, a diferencia también de anteriores reformas que no gozaron de su apoyo pero sí del apoyo de otros grupos.

En la pasada legislatura, desde esta tribuna se insistió en numerosas ocasiones en que debíamos recuperar el consenso en el Pacto de Toledo. Por tanto, bienvenida sea esta iniciativa que nos plantea el Grupo Socialista, que desde la perspectiva del Grupo Catalán (Democràcia y Llibertat) enlaza con la mejor tradición que este grupo ha tenido en sus anteriores representaciones en esta Cámara, recordando de nuevo -y mi grupo no va a cansarse nunca de recordarlo- que la existencia del Pacto de Toledo es fruto de la propuesta que Miquel Roca formuló en 1995. En materia de reformas en el sistema de pensiones y


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en la convicción del consenso en materia de pensiones no nos van a ganar; la hoja de servicios que el Grupo Catalán puede exhibir en esta Cámara en esta materia es rotunda. Por tanto, bienvenido ese consenso, bienvenida esa recuperación del Pacto de Toledo, siendo muy conscientes de los enormes retos que el sistema de pensiones tiene planteado en relación con la suficiencia de las pensiones y con la sostenibilidad del sistema de pensiones.

En cuanto a la suficiencia del sistema de pensiones, mi grupo debe remarcar que la reforma que se introdujo en la pasada legislatura es un mal negocio para los pensionistas, y especialmente para los pensionistas que viven en territorios con inflaciones más altas como es el caso de los pensionistas de Cataluña o de Madrid, y que en un contexto de inflaciones estándares -las normales, no las que tenemos hoy- la reforma que impuso el PP abre el camino al empobrecimiento de los pensionistas. Esta cuestión habrá que reformularla en esta legislatura sin ningún tipo de dudas, incorporando también, señorías, que mantener un índice de revalorización de las pensiones que no tenga en cuenta el distinto poder adquisitivo de los pensionistas en los distintos territorios del Estado empobrece a los pensionistas de esos territorios con inflaciones más altas. Hay que abordar ese debate si queremos que la igualdad que ustedes reclaman sea realmente efectiva.

También hay cuestiones pendientes como la reforma de la pensión de viudedad; por cierto, acordada entre el Grupo Socialista y el Grupo Catalán y vetada durante los pasados cuatro años por el Grupo Popular, impidiendo la mejora de las pensiones de viudedad. Tenemos retos en materia de suficiencia y, evidentemente, también en materia de sostenibilidad, las que se derivan en el medio y corto plazo del mercado de trabajo, ya que nuestra recuperación de empleo no está siendo suficiente en términos de ingresos al sistema vía cotizaciones. Ahí tenemos un problema de déficit enorme. Tenemos el debate sobre el presente y el futuro del Fondo de reserva y sabemos que en la próxima década tenemos planteado el reto del inicio de la jubilación de los baby boomers. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por tanto, junto con el reto vinculado a la suficiencia, el compromiso en las reformas del sistema de pensiones debe continuar. Eso solo es posible desde el acuerdo con los interlocutores sociales y buscando el máximo acuerdo en esta Cámara.

Finalmente, señorías, ya lo ha planteado el portavoz del Grupo Vasco, a pesar de los pesares llevamos incumpliendo sistemáticamente los estatutos de autonomía que reconocen competencias de gestión en materia de Seguridad Social. Esta es otra cuestión que en esta legislatura también va a plantearse. De acuerdo con esta lógica, mi grupo votará a favor de la iniciativa de la señora Rodríguez del Grupo Socialista con la esperanza de que el consenso llegue de nuevo al Pacto de Toledo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.

Es el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y tiene la palabra el señor Salvador.

El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, señor presidente.

Soy nuevo en esta Cámara y a veces me gustaría hacer una fotografía para que la gente entendiera que a algunos les preocupa mucho más la unidad de España que el tema de las pensiones. (Aplausos). Me gustaría ver a todos estos que se preocupan por la unidad de España y que ahora tienen sus escaños vacíos.

Dicho esto, a la espera de la Constitución catalana que deberá aprobarse en referéndum -y, en caso de dar la ciudadanía catalana un sí, entraríamos en una negociación bilateral por el reparto de los activos y pasivos de la Seguridad Social en Cataluña y el Fondo de reserva-, como republicanos de izquierdas e internacionalistas siempre sumaremos nuestros votos a favor de los intereses de las clases trabajadoras de los diferentes pueblos. Por ello daremos un sí a la propuesta del Grupo Socialista para recuperar el consenso necesario, así como a todas las medidas necesarias dirigidas a asegurar las pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público: el único sistema, el público, en el que nosotros creemos. Pero es un sí crítico y, a la vez, escéptico, muy escéptico, pues más que el Pacto de Toledo lo que hace falta es un Gobierno de izquierdas -que sí que suma, señor Sánchez, aunque usted no esté y lo van a ver en esta votación-, si por izquierdas entendemos aquellos que defienden los derechos sociales y los derechos nacionales de los pueblos y que en esta Cámara tiene el respaldo de millones de ciudadanos de todo el Estado. Más de 8 millones de personas del Estado español han votado a favor del derecho a decidir -tomen nota de esto también-, que entienden y votaron diciendo bien alto que no hay derechos sociales sin derechos nacionales ni derechos nacionales sin derechos sociales. Millones de trabajadores que entienden perfectamente el derecho a decidir, sin ningún


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problema, porque son verdaderamente de izquierdas y demócratas. Es un sí crítico y escéptico, como decía, a la propuesta presentada porque solo verdaderas y valientes políticas de izquierdas contra la dictadura de la troika pueden salvar nuestro salario diferido, que son las pensiones.

Esas políticas, que esperan con urgencia millones de ciudadanos, se deben hacer con Pacto de Toledo o sin Pacto de Toledo. Y digo esto de con o sin pacto porque quiero recordar que las últimas reformas se han hecho, tanto con el señor Zapatero como con el señor Rajoy, sin pacto. Son reformas que han ido en contra de los trabajadores al aumentar la edad de jubilación, al permitir la pérdida del poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Todas se han hecho sin consenso y sin pacto, pasando el rodillo e incumpliendo incluso sus programas electorales. Urge, pues, recuperar lo perdido por las clases trabajadoras, con o sin pacto, y esto solo depende de la coherencia de quienes se llaman representantes de las clases trabajadoras. Depende de la mayoría de los elegidos por los trabajadores dejar de financiar lo que se ha hecho durante años: Reducciones de cuotas a la Seguridad Social por parte de los empresarios -hasta 3.000 millones de euros al año; volver a situar la edad de jubilación en sesenta y cinco años y derogar las sucesivas reformas que la impusieron en sesenta y siete; recuperar y facilitar las jubilaciones anticipadas y de relevo, teniendo en cuenta, además, que el paro juvenil ronda el 50 % de media. Igualmente, dejar de saquear el Fondo de reserva, la hucha de las pensiones, que no se saque ni un euro más de nuestro futuro, de nuestras pensione; levantar los topes de cotización; exigir que las pensiones se revaloricen de nuevo y, como mínimo, de acuerdo con el IPC, debiendo recuperar especialmente las mínimas y las no contributivas hasta hacerlas llegar a pensiones dignas. Asimismo, acompañar esta proposición con otras como la subida del salario mínimo interprofesional -que nosotros ya hemos presentado-, buscando la recuperación del poder adquisitivo y del empleo, la derogación de las reformas laborales y todas y cada una de las medidas adoptadas por el Partido Popular que han sangrado y empobrecido a millones de ciudadanos y, por supuesto, las pensiones de presente y de futuro. Es necesaria una batería de políticas para reconstituir las relaciones laborales, sobre todo las de subsectores más empobrecidos como son los pensionistas y los que no pueden trabajar por edad o por enfermedad, que requieren no solo recuperar el poder adquisitivo sino también garantizar su sanidad, de calidad pública y gratuita.

En resumen, y con esto acabo, urge recomponer una legislación que devuelva a los trabajadores sus derechos. Esta mayoría existe y está en manos del señor Sánchez, aunque aquí no esté.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero.

El señor MONTERO SOLER: Señor presidente, señorías presentes en el hemiciclo; un saludo a los ausentes.

El Grupo Socialista nos presenta una proposición no de ley que aspira a recuperar el Pacto de Toledo como expresión de un momento de consenso y de diálogo social que permitió, aparentemente, poner a salvo las pensiones públicas de la confrontación partidista. Como sus señorías pueden apreciar, la palabra mágica en ese enunciado es la palabra consenso y es que del texto de la proposición parece inferirse que las reformas que se hacen por consenso no pueden ser malas o nocivas para quienes sufren los efectos de esas reformas. Lo que nos preguntamos desde nuestro grupo parlamentario es si efectivamente basta con el consenso y el retorno al espíritu del Pacto de Toledo para que el sistema público de pensiones garantice unas condiciones de vida dignas para nuestros pensionistas. Porque sí, señorías, en 2011 hubo consenso para hacer una reforma del sistema de pensiones por parte del Gobierno del señor Zapatero que fue buena para la salud financiera del sistema, pero desastrosa para las condiciones de vida de los pensionistas. Hubo consenso para, entre otras cosas, ampliar la edad de jubilación desde los sesenta y cinco a los sesenta y siete años. Hubo consenso para ampliar el periodo de cálculo de la base reguladora de quince a veinticinco años y hubo consenso para plantear un factor de sostenibilidad que, fíjense por donde, ustedes luego reprochan al Partido Popular que lo haya aplicado, no sé si porque les han copiado la idea o porque lo han hecho sin consenso.

Ese fue el resultado del consenso: Un consenso para recortar las pensiones. Claro, después de esto, y ya abierta la veda, llegó el Gobierno del Partido Popular y le dio otro hachazo al sistema recortando las pensiones por dos vías fundamentales: Una, dándole vida al factor de sostenibilidad concebido en la reforma de 2011, es decir, dando continuidad a sus políticas, y dos, introduciendo un índice de revalorización que hace que los incrementos de las pensiones no dependan del incremento del coste de la vida, como


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sería lo deseable y lo que venía ocurriendo hasta ese momento, sino de la salud financiera del sistema. Además, la reforma del Partido Popular, para poder venderla, la acompañaron de la triquiñuela de introducir que las pensiones se incrementarían como mínimo, siempre en un 0,25 %. Y eso les permite subir a esta tribuna a decir que las pensiones no van a bajar nunca, sin que se les caiga la cara de vergüenza. ¡Como si los pensionistas no entendieran la diferencia entre pensiones nominales y pensiones reales cuando tienen que ir al mercado o a la farmacia y ven lo que sube el precio de las medicinas o de los productos que compran y lo que han subido sus pensiones!

Y miren ustedes por dónde, hace apenas unas semanas que Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro de este país, acaba de publicar un estudio en el que estima el coste para los pensionistas de las dos reformas, la consensuada, del año 2011, y la no consensuada, del año 2013. Según Funcas, la reforma del 2011 supondrá una rebaja media en la pensión vitalicia en torno al 20 %, mientras que la reforma del 2013 añadirá una pérdida adicional del 15 %. Es decir: en menos de tres años, entre ustedes y ustedes (señalando a los escaños situados a izquierda y derecha del hemiciclo), han pegado un recorte a los derechos de los pensionistas de más de un 35 %. (Aplausos); un recorte que todos ellos irán experimentando desde que se jubilen hasta el día justo antes de morirse. Eso es lo que ustedes hacen cada vez que se ponen a reformar las pensiones, con o sin consenso: salvar la salud financiera del sistema a costa de la salud de los pensionistas. Así que no vengan ahora a buscar nuestro apoyo para recortar derechos. Ahí no nos van a encontrar por mucha invocación al Pacto de Toledo o al pacto de los Toros de Guisando que hagan unos u otros en función del día y del motivo. Sin embargo, no piensen que les estamos dando un portazo en las narices porque sí les voy a decir dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar cuando se trate de hablar de qué es una pensión digna en este país, en el que el 23 % de los pensionistas viven por debajo del umbral de la pobreza y en el que el 61 % de los pensionistas tiene una pensión inferior a 800 euros. Creo sinceramente que ante esos datos, su preocupación y la nuestra es exactamente la misma y estoy seguro de que ahí podemos llegar a consensos; solo le ruego, señora Rodríguez, que no empecemos la casa por el tejado.

Lo primero sobre lo que nos tenemos que poner de acuerdo es en que lo más importante de un sistema público de pensiones no es la salud financiera del sistema, sino las condiciones de vida de los pensionistas. No hacerlo así es confundir los fines con los medios. Si nos ponemos de acuerdo en eso, luego ya es más fácil poder ponernos de acuerdo en cómo conseguir los recursos para garantizar condiciones de vida dignas para nuestros pensionistas porque estoy seguro de que entonces será mucho más fácil hablar de otros temas. Podremos hablar de cómo subir las pensiones mínimas, porque nosotros queremos subirlas y creemos que ustedes también. Podremos hablar de cómo financiar las pensiones más allá de las cotizaciones a la Seguridad Social, porque nosotros queremos complementarlas con impuestos e igual a ustedes les parece una buena idea. Podremos hablar de qué margen tenemos para hacer una reforma fiscal que no solo nos permita ayudar a financiar las pensiones con impuestos, como se hace en otros países europeos y ustedes lo saben bien, sino también garantizar más y mejores derechos sociales. Pero, señora Rodríguez, decídase pronto si quiere hablar de eso o no, si quiere buscar consensos en ese terreno o no, porque al ritmo al que vamos, las políticas del Partido Popular no solo van a agotar el Fondo de reserva de la Seguridad Social, sino que además van a acabar con todas las conquistas sociales que tanto trabajo y lucha costaron a nuestros mayores, tanto a los que han trabajado en este país como a los que han retornado al mismo desde el exilio. Esos mayores...

El señor PRESIDENTE: Señor Montero, debe ir concluyendo.

El señor MONTERO SOLER: Termino ya, señor presidente.

Esos mayores que ya hicieron un esfuerzo enorme para traernos hasta donde hemos llegado y a los que no es justo que les sigamos reclamando más sacrificios ahora que les corresponde merecidamente descansar. Ni ellos se merecen esos sacrificios ni es justo que nosotros se los impongamos jugando políticamente con su miedo y con su pan.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montero.

Le corresponde ahora a la señora Rodríguez Fernández decirnos a la Cámara si acepta alguna de las enmiendas presentadas.


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La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Presidente, no aceptamos ninguna de las dos enmiendas presentadas ya que no añaden nada sustancialmente diferente al hecho de fortalecer el Pacto de Toledo.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO NÚMERO 189 DE LA OIT Y LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 201 SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS O TRABAJADORES DOMÉSTICOS. (Número de expediente 162/000079).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Vidal.

La señora VIDAL SÁEZ: Señorías, ilustres invitadas, lo cierto es que, pese a que este es el primer Pleno de esta legislatura, les traigo una vieja conocida por esta Cámara. Con la cercanía del 8 de marzo, En Comú Podem-Podemos-En Marea cree imprescindible el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar. Es, ante todo, una cuestión de derechos humanos, de dignidad de las mujeres y de justicia de género. Les traemos, pues, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y la Recomendación 201.

Ayer mismo, la OIT presentaba un estudio en el que ponía de manifiesto los enormes déficits que padecen las trabajadoras domésticas en todo el mundo, y permítanme que hable en femenino pues el 80 % de este colectivo son mujeres. En el mundo, la mayoría de trabajadoras del hogar no tienen acceso a ningún tipo de cobertura social, a ninguno. La mayor parte de su trabajo es subestimado y ellas doble y triplemente discriminadas: por ser de clase trabajadora, por ser mujeres y muchas también por el hecho de ser inmigrantes. Aún resuenan en nuestros oídos las palabras que un concejal de un partido -no hace falta decir cuál- dedicó ayer a mi alcaldesa. Le decía -y leo-: En una sociedad seria y sana, Ada Colau estaría limpiando suelos y no de alcaldesa de Barcelona. Aquellas que nos hemos ganado la vida alguna vez limpiando suelos, que somos hijas, hermanas o nietas de mujeres que han sacado adelante a sus familias fregando suelos, le pediríamos hoy a ese concejal que dimitiera. (Aplausos). Entendemos que el machismo y el clasismo no tienen lugar en nuestras instituciones. Extender la protección social a las trabajadoras del hogar es un elemento fundamental en la lucha por la dignidad en el trabajo, por aflorar la economía sumergida y a favor de la igualdad de género.

En España, la EPA sitúa la cifra de 700.000 personas trabajando en este sector, más del 90 % mujeres, más del 50 % inmigrantes; el 30 % de ellas están excluidas de la legislación laboral nacional, incluso el 45 % no tienen derecho siquiera a periodos de descanso semanal o a vacaciones anuales remuneradas y más de la tercera parte no tienen derecho a la protección por maternidad. El trabajo doméstico ha sido considerado -y construido así- como una actividad íntimamente asociada al género femenino: invisible, sin valor, sin apenas reconocimiento. Sin embargo, la contribución de las trabajadoras del hogar a la sociedad y a la economía es valiosísima. Son ellas, de hecho, las que garantizan, ante una sociedad cambiante, la pervivencia de los cuidados, o de la vida, como decía una compañera cuando hablábamos antes de entrar aquí. El hecho de que muchas se muevan en la economía informal las convierte en víctimas potenciales de abusos y de acoso. Son trabajadoras invisibles. Y las que además no tienen papeles son víctimas de la desprotección, la precariedad, los abusos sexuales, la violencia, el maltrato, los trabajos forzosos o incluso la reclusión. Ellas son víctimas de todo esto y el miedo a ser deportadas, las barreras lingüísticas o, por supuesto, el desconocimiento de las leyes y de sus propios derechos las empuja a una situación de extrema vulnerabilidad. El Convenio 189 ofrece protección específica a las trabajadoras y a los trabajadores del hogar. Establece los derechos y principios básicos; básicos, señorías, tampoco están ofreciéndoles la luna a estos trabajadores. Se trata de dar una protección mínima a estas personas ante la explotación que en muchas ocasiones sufren. Pedimos que las trabajadoras domésticas tengan en el trabajo los mismos derechos fundamentales que tenemos el resto de trabajadores en este país. Esto significa horas de trabajo razonables, trabajo semanal de al menos veinticuatro horas consecutivas, un límite en el pago en especies para que no se les haga fraude, información clara sobre los términos y condiciones del empleo, y respeto a los principios y derechos fundamentales -repito, fundamentales- en el trabajo, incluyendo, por supuesto, la libertad sindical y el derecho a la negociación


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colectiva. Incomprensiblemente, el Gobierno español aún no ha ratificado este convenio; de hecho, el Consejo de Ministros del pasado 14 de diciembre de 2012 comunicó la no ratificación. Y yo me pregunto: ¿qué nos ha llevado a no ratificar este convenio? ¿Por qué dificultar que cerca de 700.000 personas en España tengan los mismos derechos que cualquier otro trabajador o trabajadora? ¿Es porque son mujeres? ¿Quizá porque son mujeres inmigrantes?

Quiero recordar que la Comisión Europea presentó en 2013 una propuesta de decisión del Consejo que insta y autoriza a los Estados miembros a la ratificación y recuerda la importancia que tendría la misma porque contribuiría, sin lugar a dudas, a la aplicación de la Estrategia de la Unión Europea contra la trata de seres humanos; la trata, señorías. Sindicatos, asociaciones de mujeres, ONG y también muchos partidos de esta Cámara llevan cuatro años exigiendo al Gobierno la ratificación del Convenio 189 de la OIT. Es tarde ya para ser pioneros en la defensa de las garantías mínimas de este colectivo. Los años han ido pasando y, por suerte, mientras algunos iban poniendo excusas, veintidós países han ratificado ya el acuerdo, siete de ellos europeos; veintidós, insisto, siete de ellos europeos: Italia, Alemania, Finlandia, Irlanda y Suiza, donde ya está en vigor, y Bélgica y Portugal, donde entrará en vigor este verano. Que España se añada fortalecería además la acción internacional para garantizar el trabajo decente en muchísimos países donde la situación es aún peor que en el Estado español.

En Comú Podem-Podemos-En Marea creemos, en resumen, que no solo es un buen gesto por parte de este Parlamento que apruebe instar al Gobierno la ratificación este convenio, sino que es de justicia, señores y señoras. Esta proposición debería aprobarse por unanimidad sin más dilación; hoy y ahora. Es una votación que tiene que ver con el prestigio y con la marca de nuestro país, la marca de una España diferente, una marca con relación a su gente y no a los intereses de las grandes empresas. Podemos estar del lado de los que protegen, o no; podemos estar del lado de los que legislan para avanzar, o no; de los que reconocen los derechos a las trabajadoras del hogar, o no. Son cerca de 700.000 personas, pero aunque solo fuera una persona también valdría la pena ratificar este convenio, que tiene que ver con el hecho de reconocer su condición de trabajadoras y trabajadores y su equiparación con el resto, y porque es una cuestión de derechos humanos y de justicia de género. Como les decía al inicio, este no es un tema nuevo, pero les brindamos nuevamente la oportunidad de hacer nuestro trabajo como parlamentarios: garantizar los derechos de la gente.

Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados además se ponen en pie).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vidal.

Turno de los grupos que han presentado enmiendas, empezando por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, según los datos de la EPA, que elevan a más de 637.000 las personas empleadas del hogar, España es uno de los países europeos que más empleo doméstico genera y, por lo tanto, esta iniciativa es importante por cuanto atañe a los trabajadores del sector, de los que una grandísima mayoría, como se ha dicho, son mujeres, y a la necesidad de que nuestro país ratifique el Convenio 189 de la OIT y su Recomendación 201, unos prolijos documentos que fueron remitidos por el Gobierno a las Cortes Generales a finales de 2012 para conocimiento de Congreso y Senado, previo paso por el Consejo de Ministros. Desde entonces esta Cámara, a través de su Comisión de Empleo y Seguridad Social, acordó por unanimidad instar al Gobierno a adaptar la legislación española, en un plazo razonable, a la recomendación y a las disposiciones de la OIT sobre los trabajadores domésticos. La realidad es que el Gobierno no lo hizo ni tampoco los legisladores impulsaron nuevas medidas para acomodar nuestras leyes. No entendemos que haya sido pasividad, falta de voluntad política o escasa reivindicación sindical, sino más bien complejidad, como acredita el escaso número de ratificaciones realizadas por los países miembros de la OIT, que todavía es menor si atendemos a los que lo tienen en vigor, poco más de la décima parte. En Europa solo tres países lo tienen en vigor y otros dos lo comenzarán a aplicar a partir del verano; es decir, que hay ciento ochenta y tres países en el mundo que, al igual que España, no lo han ratificado. Mi enmienda fija un plazo concreto de un año para que España se sume a la lista de veintidós países que ya tienen en vigor todas las disposiciones hechas por la OIT.

No tengo mucho tiempo, pero me gustaría señalar que a partir de la entrada en vigor serán precisamente los empleadores, es decir, los hogares de las familias españolas, quienes tendrán que asumir muchas obligaciones específicas derivadas de estos cambios legislativos, razón de más para que el mandato de la OIT no entre en vigor de la noche a la mañana.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.

Tiene la palabra la señora Enbeita.

La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.

Señorías, según los últimos datos el 80 % o más de las trabajadoras del hogar trabajan más de cuarenta horas semanales, aunque ese sea el máximo de horas semanales establecidas por la ley, y esto sin tener en cuenta a las empleadas internas, que trabajan veinticuatro horas al servicio de quienes las contratan y muchas no llegan al salario mínimo interprofesional. ¿Es esto un trabajo digno? Pues, señorías, no lo es. Y, claro, nadie se asombrará a estas alturas si decimos que la mayoría de trabajadoras del hogar son mujeres; mujeres e inmigrantes. ¡Qué casualidad! A lo mejor por eso las instituciones hacen tan poco para dignificar este trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo publicó allá por el año 2011 un convenio y unas recomendaciones tan lógicas como, por ejemplo, asegurar que si se exige a una trabajadora doméstica que resida en el hogar del empleador a la remuneración no se aplique ningún descuento con respecto al alojamiento. Los últimos datos del Gobierno vasco, por ejemplo, nos cuentan una vez más que esto es mentira, que esto no se hace así. También se dice en esas recomendaciones que los miembros del contrato deberían adoptar medidas para asegurar que las trabajadoras domésticas disfruten de condiciones que no sean menos favorables que las que se apliquen a los demás trabajadores en general, pero todas sabemos que el gremio más castigado en el sistema laboral es el de las trabajadoras del hogar que, teniendo unas condiciones tan cutres de trabajo, nunca han tenido derecho a una negociación colectiva.

Señorías, estas mujeres, que atienden y cuidan a nuestras abuelas, madres e hijas, muchas de ellas combinan los cuidados en nuestros hogares con los cuidados en los suyos y lo mínimo que la sociedad les debe es respeto. El Gobierno debería hacer algo para impulsar condiciones dignas en su trabajo. Nos vendría bien, y así lo reivindicamos, un marco propio de relaciones laborales en Euskal Herria para poder dignificar las condiciones de empleo de las trabajadoras del hogar.

Para acabar me gustaría decir a ese concejal que le parece que fregar suelos un trabajo indigno -como a otros tantos- que es bastante más indigno ensuciar suelos que fregarlos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Enbeita.

Señora Sánchez, tiene la palabra.

La señora SÁNCHEZ MAROTO: En Izquierda Unida-Unidad Popular celebramos esta proposición no de ley que supone corregir la discriminación de más de 429.000 trabajadoras y trabajadores, de los que el 80 % son mujeres y en buena parte son migrantes. Por tanto, lo que se corrige es una doble discriminación: clasista y machista.

Aparte de esto, queremos puntualizar que rechazamos las enmiendas que supeditan el reconocimiento de estos derechos a su posibilidad de financiación; si de eso se tratase, si hubiera dependido de eso, cosas como la abolición de la esclavitud no se hubiesen producido. Todavía estaríamos esperando que hubiese una coyuntura económica mejor y serían esclavos quienes seguirían cosechando los campos de algodón. Por tanto, no nos parecen aceptables las condiciones que se ponen sobre el posible impacto económico. Los derechos se reconocen como derechos y se busca su financiación, no podemos hacerlo al revés: esperar a reconocer la justicia y los derechos a que los podamos financiar.

Por último, diré que la ratificación del Convenio 189 es necesaria, pero es insuficiente. Después se deberá adaptar la legislación y hacerlo pensando muy bien en las características específicas de este trabajo, porque el hecho de que sean los hogares de los ciudadanos el lugar de trabajo de estos trabajadores y trabajadoras tiene implicaciones bastante particulares.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.

Señora Sorlí.

La señora SORLÍ FRESQUET: Mientras estamos aquí muchas personas están realizando un trabajo invisible, están ocultas, son las trabajadoras del sector doméstico. Es un trabajo sin derechos, sin reconocimiento; un trabajo realizado por personas que no tendrán derecho a jubilación ni a paro, ni a ayudas, ni tan siquiera a estar enfermas, porque si no trabajan, no cobran. Se trata de un trabajo muy útil y necesario para nuestra sociedad, pues confiamos nuestros hogares, la atención de las personas


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mayores, de nuestros hijos, nuestra tranquilidad a esas personas que realizan el trabajo en el hogar. No podemos esclavizar a las personas a quienes confiamos nuestra intimidad.

¿Por qué nos parecen excesivas las cuotas, los precios de las residencias para mayores o de las guarderías? Porque no tenemos conciencia del trabajo que hay detrás. Escondemos la atención domiciliaria. No es trabajo aquel por el que no se cobra nada o casi nada. Y tenemos que dignificar el trabajo doméstico remunerado, pero también las segundas jornadas de todas esas mujeres que después de trabajar fuera del hogar llegan a casa y tienen que realizar las tareas domésticas: la atención infantil, la limpieza, la alimentación; mujeres que acaban agotadas, que acaban sin tiempo personal.

Hoy tenemos que reconocer el avance de muchos padres, como los de la Plataforma por el permiso intransferible por nacimiento y adopción, que hoy mismo se han personado para poder tener derecho a atender a sus hijos e hijas.

Tomemos conciencia de esta realidad. Un trabajo mal remunerado es un trabajo no reconocido, un trabajo no dignificado. La estructura ya le va bien: tener un trabajo gratuito, no atender económicamente las necesidades domésticas. En Compromís decimos sí al reconocimiento profesional, a los derechos, a la dignidad del trabajo doméstico. Y el señor Sánchez -al cual me gustaría dirigirme, pero no está- tiene la oportunidad de elegir entre la derecha que ha reducido prestaciones y ha abocado a esta gente a la clandestinidad, la nueva derecha, que se disfraza pero quiere alimentar desigualdades, favorecer a los bancos, al mercado y al poder (Aplausos), o puede elegir la oportunidad, la alternativa política, la alternativa para todas las personas. Puede decidir gobernar para reconocer derechos, dignificar trabajos y hacer una sociedad más justa y más feliz. Hagámoslo posible; hagamos posibles políticas para todas las personas, también para las trabajadoras domésticas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sorlí.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora Vidal, mi grupo va a apoyar su iniciativa. Como usted ha recordado, en esta Cámara hemos debatido en distintas ocasiones, y casi siempre protagonizado por el señor Coscubiela, al menos en la pasada legislatura, sobre la necesidad de ratificar el Convenio 189. Incluso ese mandato llegó a aprobarse por la Comisión de Empleo con una enmienda transaccional ofrecida por el Partido Popular, aunque, como usted también ha recordado, pasó la legislatura y el convenio finalmente no se ha ratificado.

Supongo que en la fijación de posición de los grupos -y singularmente del grupo que en la pasada legislatura se oponía a esa ratificación- podremos escuchar de nuevo los argumentos que explicarían por qué España aún no ha procedido a esa ratificación. Los sitúan en determinadas obligaciones que establece el convenio y que, al parecer, dificultarían su encaje en la actual legislación española y, lógicamente, obligarían a modificar esa legislación, especialmente en materia de protección al desempleo y salud laboral. Existiendo esas complejidades, que supongo que de nuevo los portavoces del Grupo Parlamentario Popular nos van a recordar, también es verdad que el hecho de que otros Estados europeos hayan decidido proceder a esa ratificación indica que si existe voluntad política esas complejidades pueden abordarse. Por tanto, reconociendo la complejidad, mi grupo hoy votará de nuevo a favor de esa ratificación. Como se ha defendido por los distintos portavoces, nos parece que es de justicia dignificar el empleo en el seno de los hogares, en el seno de las familias. Lo hacemos por nuestras empleadas y empleados del hogar, los que conviven en el Estado español, pero también por la importancia que tiene la legislación de la OIT en relación con otros países. Algún portavoz nos decía que son pocos los Estados que han ratificado este convenio. Pues esa es precisamente una buena razón para proceder a ratificarlo en la medida en que seguramente va a estimular que otros Estados lo hagan.

Ahora bien, en este debate mi grupo ve necesario plantear al menos dos consideraciones. La primera es que llevamos años exigiendo, planteando, sugiriendo, proponiendo en la Cámara, y con muy poco éxito, que en el Estado español se incorporasen medidas, como ha ocurrido en Francia y en Bélgica en los diez o doce últimos años, que favoreciesen la emergencia de empleo en el sector de los servicios a las personas y a las familias. Singularmente hemos puesto como ejemplo lo que en Francia se conoció como la ley Borloo, en tiempos del ministro francés Borloo, cuando gobernaba la UMP, un mecanismo que permitía a las familias de clase media acceder a servicios personales en el seno de su hogar vinculados a las diversas actividades de la vida cotidiana que, sin apoyo público en la contratación de estos servicios, condenaba a las familias a contratar esos servicios en la economía sumergida y, por tanto, sin garantizar empleo de calidad a quienes trabajaban en estos ámbitos. Lo hemos planteado en diversas ocasiones y


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tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario Popular nos han rechazado esta cuestión. Hoy de nuevo, señora Vidal, la invito a usted e invito a Podemos y a sus confluencias a estudiar el modelo francés y a ser capaces de intentar trasladar ese modelo francés que no solo busca la protección de los empleados del hogar, sino también facilitar a las familias el acceso a esos servicios. En este sentido, la enmienda que hemos planteado pretende saber qué impacto han tenido las reformas que se aprobaron en las dos pasadas legislaturas y que permitieron el establecimiento de un sistema especial para empleados del hogar que introducía mejoras en materia de protección de estas trabajadoras y trabajadores. Así, podremos saber al inicio de esta legislatura qué impacto real han tenido esas mejoras que se han introducido, sobre todo el impacto en relación con el aumento de la afiliación al sistema de la Seguridad Social de los empleados del hogar, porque las cifras que nos indica la EPA y las cifras de afiliaciones continúan demostrándonos que en este sector sigue habiendo mucha economía sumergida. En este sentido, la enmienda que mi grupo plantea pretende conocer el impacto que ha tenido esa reforma, algo que nos parece imprescindible para volver a iniciar en esta legislatura el proceso de ratificación del Convenio 189. En todo caso, señora Vidal, bienvenida su iniciativa, que va a contar con nuestro apoyo.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Faba.

La señora FABA DE LA ENCARNACIÓN: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Ciudadanos considera absolutamente prioritaria la garantía de unas condiciones de seguridad y salubridad adecuadas en el trabajo, así como la máxima protección social de todos los trabajadores. Ciertamente, el ejercicio de esa función protectora de nuestro Estado para la garantía de esas condiciones laborales óptimas es más complejo cuando la actividad laboral se produce dentro del domicilio del empleador, dado que para su control administrativo se requiere autorización judicial o consentimiento del propietario del domicilio donde se prestan los servicios. El Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 que lo complementa suponen un avance significativo en relación con la protección de los derechos de los trabajadores domésticos. Este convenio viene referido de manera amplia a todo trabajador doméstico; es decir, a toda persona de género femenino o de género masculino que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo, bien sean empleados por organizaciones o empresas, bien sean empleados por particulares. Este convenio establece normas ampliamente protectoras de los empleados que realizan trabajos domésticos, regulando detenidamente tanto sus derechos laborales y de protección social como las condiciones mínimas del desempeño de su actividad profesional, tales como el tiempo de trabajo, los descansos y vacaciones obligatorias, la remuneración, las condiciones de seguridad y salubridad en el entorno de trabajo, la formalización del contrato de trabajo, entre muchas otras. Y, lo que es más, la referida Recomendación número 201 proporciona una orientación más detallada y práctica acerca de las cuestiones que se abordan en el convenio y establece medidas adicionales de protección de los empleados del hogar, como son la conciliación entre el trabajo y la vida privada, la garantía del derecho de igualdad entre trabajadores y trabajadoras, el desarrollo profesional de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, la mejora de la recopilación de datos estadísticos sobre trabajo doméstico o la protección de los trabajadores empleados por personal diplomático.

Por otro lado, nos encontramos con un régimen jurídico vigente en nuestro Estado que no prevé una protección tan amplia y garantista de los derechos de los trabajadores domésticos. Estos trabajadores domésticos están inscritos en el sistema especial para empleados del hogar, incluido en el régimen general de la Seguridad Social, aunque, según la regulación contenida en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, estos trabajadores no tendrán exactamente el mismo derecho a las prestaciones de la Seguridad Social en los términos y condiciones establecidos en el régimen general de la Seguridad Social para cualquier otro trabajador por cuenta ajena, equiparación que sí contempla el Convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en febrero de 2016 estaban afiliados al sistema especial de empleados del hogar, tal y como ya se ha comentado, 429.626 empleados, un 0,13 % más que el año anterior. La amplísima mayoría, como también se ha comentado, de los trabajadores que son contratados para la realización de trabajos domésticos son mujeres. Es evidente que nuestro ordenamiento jurídico interno no se ajusta a las determinaciones del Convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo, pero al mismo tiempo no puede obviarse que es imprescindible que las medidas que se adopten


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sean económicamente viables. Por tanto, procede concretar con precisión las modificaciones económico-presupuestarias y normativas que procederían, al objeto de impulsar la ratificación del Convenio número 189 de la OIT para la máxima garantía y defensa de los derechos de los empleados y empleadas del hogar.

La ratificación del citado convenio es una oportunidad para corregir la tradicional carencia de medidas protectoras de los derechos de los empleados del hogar y para lograr su total equiparación a los derechos reconocidos a otros trabajadores por cuenta ajena en sectores de actividad distintos. Por lo tanto, la ratificación es necesaria pero no es suficiente; debemos hacer además un ejercicio de responsabilidad. Cuando nos toque implementar el convenio desde el Gobierno, tendremos que hacerlo con las máximas garantías de solvencia económica, con un cálculo estudiado de sus costes y con especial atención para evitar el fraude. Solo así estaremos garantizando lo mejor posible la protección de los derechos de los empleados del hogar. Por tanto, a través de esta enmienda de modificación y siendo prioritario para el Grupo Parlamentario Ciudadanos lograr la máxima protección de los trabajadores domésticos y el reconocimiento pleno de sus derechos laborales y sociales, esperamos que sea admitido por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y que logre el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Faba.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Echániz.

El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que comience poniendo de manifiesto que el Reino de España es el país de la Organización Internacional del Trabajo que mayor número de convenios ha ratificado hasta este momento, ciento treinta y tres. Quiere esto decir que nuestra nación, a lo largo de las últimas décadas, no solo ha sido diligente, sino avanzada y ejemplar en el desarrollo, el impulso, la incorporación y la defensa de los derechos de los trabajadores. Nuestra legislación ha sido siempre permeable a las mejores prácticas en el ámbito laboral y a un importante volumen de recomendaciones impulsadas por la OIT, cuando no ha liderado la extensión de nuestros usos y normas laborales a otros países y regulaciones.

Señorías, si España no ha ratificado de momento el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la OIT no es por un capricho, es porque existen razones de peso que aconsejan su ratificación cuando, y solo cuando, el conjunto de recomendaciones suscritas sean todas compatibles con nuestro ordenamiento jurídico y beneficiosas en todos sus extremos para los trabajadores domésticos. Como es razonable, el criterio general para la ratificación de un convenio internacional es que la legislación española cumpla con todos los requisitos del convenio o que, aun no cumpliéndolos previamente, no exista ningún impedimento en el acervo europeo o por razones siempre excepcionales de política nacional.

La comunicación del convenio a España por parte de la OIT coincidió prácticamente en el tiempo con la publicación del real decreto que reguló, en el año 2011, bajo el paraguas del Gobierno del Partido Socialista, el régimen laboral especial del hogar familiar. Ya entonces se identificaron varios artículos del convenio, algunos muy importantes, incompatibles con nuestra legislación -por ejemplo, el 2, el 4, el 7, el 9, el 13 y el 14-, porque nuestra legislación excluye de esta legislación laboral especial los casos en que el empleador no es el titular de un hogar, sino una persona jurídica. Eso es lógico, porque en España esa relación laboral se encuentra en el ámbito del Régimen General de la Seguridad Social, que es mucho más beneficioso para el trabajador, de la misma manera que en el caso de los menores de dieciocho años, donde el Estatuto de los Trabajadores contribuye a una mayor seguridad jurídica; o en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, donde nuestra propia ley, acorde a las directivas comunitarias europeas, excluye algunos preceptos por no ser el hogar un centro de trabajo al uso y por las dificultades de la Inspección de Trabajo de realizar sus obligaciones en un entorno privado y vedado a la autoridad pública; o ante la no homogeneidad de la protección social de los empleados de hogar con los trabajadores por cuenta ajena; o ante la obligación de información o por las disposiciones que hacen a nuestra normativa no calcable ni coherente con algunos de los apartados del convenio, pero que la dotan de todas las garantías en derechos básicos y en derechos laborales que otorga nuestro Estatuto de los Trabajadores.

Para dar cumplimiento a la disposición trigésima novena de la Ley 27/2011, el Gobierno de España compareció en esta Cámara a petición propia y presentó un informe sobre la integración del régimen especial de empleados del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Tres meses después, presentó el Real Decreto-ley de mejora de la gestión y de la prestación social del sistema especial para


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empleados de hogar que simplificaba y equilibraba las bases de cotización con una nueva escala de tramos y que mejoró sustancialmente la integración y aumentó las cuotas y las prestaciones, permitiendo a los trabajadores ser sujetos responsables del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, sumando la parte de la cuota de quien contrata a su retribución para pagarla. Todo esto se realizó con el objeto de mejorar también las futuras prestaciones de este colectivo y avanzar en el paulatino proceso de acercamiento con el Régimen General hasta el año 2019.

Señorías, todas estas medidas han avanzado en la protección social. Han desarrollado una verdadera relación laboral, incorporando el derecho de los trabajadores incluidos en el sistema especial para empleados de hogar a las prestaciones de la Seguridad Social, en los términos y en la condiciones establecidas en el Régimen General de la Seguridad Social; apostando por la dignificación de las condiciones de trabajo; estableciendo mayores y mejores derechos de los trabajadores; aplicando en lo que resulte factible el Estatuto de los Trabajadores y la normativa complementaria y, sobre todo, introduciendo una mayor estabilidad en el empleo. Por tanto, señorías, se ha hecho mucho, y se puede seguir haciendo si perseveramos en las reformas que generen demanda, que aumenten el deseo de contratar de las familias españolas y que continúen dando oportunidades a las personas que necesitan un empleo. En consecuencia, señorías, nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a este importantísimo colectivo, por el que este Gobierno va a seguir trabajando.

Señorías, cualquier consenso, cualquier convenio o acuerdo al que el Reino de España se sume debe hacerse sin menoscabar nuestro derecho del trabajo y sin impactar negativamente en el empleo. Así lo hacen el resto de países. Por eso, hasta este momento, de los ciento ochenta y cinco países de la OIT, solo veintidós lo han ratificado, un poco más del 10 %; y de los veintiocho países de la Unión Europea, solamente seis lo han ratificado. Casi un 90 % de los países de la OIT no lo han ratificado aún. Por eso, señorías, España, que tiene una situación mejor que la mayor parte de todos esos países de la OIT, debe hacerlo cuando tengamos la seguridad -y así lo defiende la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular- de que no perjudicará a nuestro mercado de trabajo, de que no perjudicará a nuestros trabajadores y, desde luego, cuando exista el consenso necesario entre todos los implicados.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Echániz.

Ahora sí entramos en el turno para fijar posiciones de aquellos grupos que no han presentado enmiendas. Tiene en primer lugar la palabra el representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Barandiaran.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes otra vez, señorías.

Intervenir después de que lo haya hecho el representante del grupo que sostiene al Gobierno, y precisamente haciendo mención a cuestiones contenidas en un informe que dicen que han impedido la posibilidad de suscripción de este convenio es un tanto extraño. De existir impedimentos, se habrán podido sustanciar, se habrán podido solventar, se habrán podido viabilizar desde que, con fecha 8 de mayo de 2013, la Comisión de Empleo y Seguridad Social adoptara, además en una enmienda transaccionada por todos los grupos, el impulso de la suscripción de este convenio. Por tanto, o bien existía la posibilidad y no se ha querido o bien no se ha aludido a situaciones de imposibilidad de contradicción entre los términos de normativa de aplicación.

Por ello, señorías, voy a volver a lo que iba a ser el hilo de mi argumentación, y es que la suscripción de este convenio era y sigue siendo, primero, el cumplimiento de una instrucción, de un debate, de una transacción parlamentaria que, reitero, no se ha explicado por qué no se ha llevado a término; pero sobre todo es un acto de justicia respecto de un colectivo especialmente vulnerable y desprotegido. Se han señalado diferentes aspectos en los que la normativa laboral puede colocar en situación desfavorable a este colectivo y se ha hecho mención también a su situación en el ámbito económico, en el ámbito del empleo y en tantos otros, así como también al informe de la OIT y a algunos otros que han hecho referencia al número y a las personas que están empleadas, a las que se ha blanqueado, etcétera. A lo que no se ha hecho mención es a que, siendo un sector precarizado o, en muchas ocasiones, sometido a no pocas situaciones de explotación, no ha sido objeto del suficiente control. Es decir, pudiendo haber existido, desde el ámbito de la autoridad laboral, de Inspección, actividad de control respecto a situaciones irregulares, hoy, y a pesar del notable avance que hemos podido contemplar desde que se pudieron incardinar en el ámbito de la Seguridad Social, no se ha normalizado, al menos hasta unos extremos deseables. Es cierto -y se nos dice- que desde su inclusión estimada en la Seguridad Social, con los


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déficits o carencias que puede haber al no tener determinadas prestaciones, la situación de precariedad ha pasado de un 42 % a un 69 %, pero ello no nos hace olvidar que, como también alguien ha destacado, sigue siendo un ámbito en el que no solo la precariedad y la incidencia económica, sino la situación de economía sumergida que subyace en ella haya sido objeto de un tratamiento adecuado.

Además, también hay una faceta que me gustaría destacar y es la particular incidencia de esta actividad en especial en el ámbito de las políticas sociales. La actividad de los trabajadores domésticos no se reduce hoy solo al tradicional del servicio doméstico, que también se ha comentado; la actividad de ese sector se dirige también, y desde hace mucho tiempo, a otras actividades ligadas a políticas sociales que también son objeto de dirección y de estructura por parte de las administraciones públicas como son las de cuidado a domicilio de personas mayores, sean o no dependientes; las de acompañamiento de menores, que permiten ser complemento a políticas de conciliación de la vida laboral, e incluso otros más especializados como los de atención a situaciones de precariedad física o psíquica. Esta regulación, por tanto, podría permitir aflorar en esos términos también una realidad que ha de tener incidencia en otros ámbitos materiales como el mapa de los servicios sociales y los parámetros de calidad que conforme a él se pueden ofrecer. Ello además me permite conducir el debate a señalar la importancia de la ratificación del convenio desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma del País Vasco ya que al hilo de competencias propias que se han desarrollado en materia de servicios sociales -Decreto 177/2010 y Decreto 31/2015- no solo se ha permitido situar a dichas trabajadoras en el ámbito de lo social en un marco regulado, sino que, haciendo referencia a una cuestión que también se ha planteado, señora Enbeita, permite concretar un ámbito laboral de negociación, de condiciones de empleo que posibilita también un ámbito de garantía de los derechos de estas trabajadoras. Si bien todas estas facetas son importantes, la preferente a mi juicio es aquella relativa a la justicia social.

La PNL recuerda en un momento que este colectivo tiene rostro de mujer, y yo quería añadir que a veces tiene también un rostro de niña, también tiene acento inmigrante y no en pocas ocasiones apellido de irregular o clandestino. También por ello está sometido a ámbitos de explotación. Si bien la normativa laboral debiera permitir impedir esas situaciones -reitero lo que he comentado antes-, hace falta una mayor actuación inspectora para prevenir este tipo de situaciones. Como decía, como consecuencia de todo ello entendemos que, sin perjuicio de que existan ámbitos que haya necesidad de superar, es posible hacerlo puede que con alguna, pero no demasiada, dificultad. Por ello, la ratificación del Convenio 189 y de la Recomendación 201 de la OIT es una cuestión que cuesta poco hacer y más imaginar que un Gobierno democrático pueda no realizar. Anunciamos por ello que el Grupo Vasco apoyará esta PNL.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Surra.

La señora SURRA SPADEA: Señor presidente, señoras y señores diputados, hablar hoy del trabajo doméstico en España es hablar de un trabajo en el que solo tienen cobertura legal, al igual que el resto de los trabajadores, un 9 % de las trabajadoras del sector. Es hablar de las peores condiciones laborales que sufren las mujeres en Europa y en particular nosotras, las mujeres inmigrantes, que representamos un alto porcentaje de esas trabajadoras. Es hablar, a solo una semana del Día Internacional de la Mujer, de un trabajo en el que se expresan las mayores desigualdades de género en el mercado laboral. Es hablar de una de las tareas más importantes para nuestra sociedad como lo son el cuidado de nuestros niños, ancianos, personas dependientes y el cuidado de nuestros hogares. Y parece mentira que un día como ayer, en el Ayuntamiento de Barcelona, de mi ciudad, a nuestra alcaldesa, la señora Ada Colau, la hayan pretendido denigrar y desprestigiar diciendo que mejor que alcaldesa fuera a fregar los pisos. No es ninguna contradicción ser alcaldesa y fregar los pisos como tampoco ser diputada y fregar los pisos; la contradicción triste en el siglo XXI es ser regidor y machista. (Aplausos).

Hablar hoy del trabajo doméstico en España es hablar de un trabajo que, por un lado, condena a las mujeres trabajadoras del sector a la precariedad laboral y a la desprotección legal, mientras que, por otro, ha permitido la liberación de las mujeres autóctonas para su desarrollo personal y profesional. Es hablar también de una Ley de Extranjería que nos dificulta el reagrupamiento familiar a los inmigrantes, impidiendo a muchas mujeres vivir con su familia, alejadas de sus hijos mientras, paradójicamente, cuidan y protegen el núcleo familiar de los autóctonos. Es hablar de las mujeres que encontramos los domingos en los locutorios, intentando ejercer de madres por teléfono, educando y aconsejando a sus hijos en la distancia; en esos mismos locutorios donde desgraciadamente la Policía de extranjería realiza redadas a la caza del


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inmigrante irregular. Es hablar de desigualdad y discriminación, de desprotección laboral, de jornadas diarias interminables, de invisibilidad, de bajos salarios, de dificultades a la hora de regularizar su permiso de residencia y trabajo. En definitiva, es hablar de trabajadoras en semiesclavitud. Como mujer e inmigrante hago un llamamiento a todas las mujeres de esta Cámara para que se legisle sobre el trabajo doméstico y se apoye la ratificación por España del Convenio 189 de la OIT y la Recomendación 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras domésticas.

Finalmente, en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya apoyamos esta proposición, cumpliendo con el mandato por el que fuimos elegidos, el de apoyar todas las medidas sociales para los trabajadores del Reino de España. Aseguramos a las trabajadoras domésticas de Cataluña que en una futura república catalana, socialmente justa, se garantizará la igualdad de derechos de todas y todos los trabajadores. Los inmigrantes no somos una casta de segunda en Cataluña, el mejor ejemplo soy yo hoy aquí. Som un sol poble.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Surra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Sumelzo.

La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista apoyará esta iniciativa y lo haremos porque es de justicia garantizar y proteger los derechos laborales y de la Seguridad Social de casi 600.000 personas, según la EPA, que día a día trabajan en el servicio doméstico. Más del 90 % de ellas son mujeres, de las cuales más del 50 % son inmigrantes. Por lo tanto, señorías, no ratificar el Convenio 189 de la OIT supone cercenar derechos y fomentar la desigualdad entre trabajadores, algo inconcebible hoy, en pleno siglo XXI. Así lo entiende el Grupo Parlamentario Socialista, que también presentó una proposición no de ley similar el pasado mes de febrero, con idéntico sentido que la que hoy debatimos, una iniciativa que se suma a la legislación que aprobó un Gobierno socialista en el año 2011 para dignificar el trabajo de las personas empleadas domésticas. Quiero recordar que fue un Gobierno socialista el que entonces, en el año 2011, obligó a las personas empleadoras a dar de alta a quienes trabajaban en su hogar, con independencia de la duración de su jornada de trabajo. Esta legislación -insisto, aprobada por un Gobierno socialista- también garantizó sus derechos laborales y de protección social. De esta forma se formalizó el trabajo informal -por decirlo de alguna forma- existente siempre en esta actividad productiva, pues según la EPA más de 200.000 personas probablemente están y estaban trabajando sin estar afiliadas. También entonces se asimilaban derechos laborales y de protección social de los trabajadores en este sector con el resto de los trabajadores y todo esto, vuelvo a insistir, con un Gobierno socialista.

Lamentablemente, llegó un Gobierno del Partido Popular que extendió también a este ámbito sus contrarreformas y en diciembre del año 2012 volvió al régimen anterior de 2011 con el consiguiente retroceso que esto provocó. Lo peor de todo fue que no se debió a razones económicas porque es obvio que esta medida no supuso ahorro alguno en el gasto público; las razones fueron única y exclusivamente la falta de consideración social hacia un trabajo remunerado que se desarrollaba dentro del hogar familiar. Esto lo confirmaría en repetidas ocasiones el Grupo Parlamentario Popular reiterada e injustificadamente al no querer ratificar el convenio que hoy se pide en la iniciativa que debatimos, el Convenio 189 de la OIT, sobre el trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras domésticas, y lo hacía alegando que presentaba dificultades para aplicarse en España. Fueron argumentos, como verán sus señorías, escasos e inconcretos que al Grupo Parlamentario Socialista nunca le parecieron convincentes porque, cómo eran posibles tantas dificultades para ratificar un convenio que ya habían suscrito diecisiete países, algunos de ellos incluso de nuestro entorno más cercano.

En mayo de 2014 a una pregunta de nuestro grupo parlamentario al Gobierno se nos respondía textualmente: Este colectivo tiene garantizada una protección social adecuada y se fomenta la existencia de una verdadera relación laboral. Aludía el Gobierno del Partido Popular a algunas peculiaridades en nuestro ordenamiento de empleados del hogar que obligan a reflexionar sobre la inmediata ratificación del convenio, lo que no impide avanzar para su ratificación en un futuro y, según lo dicho hoy por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no han reflexionado lo suficiente. Señorías, no se podía decir tanto y tan poco a la vez, entonces y hoy en esta tribuna. El Gobierno del Partido Popular nunca ha mostrado voluntad de adaptar a nuestra normativa los requerimientos del Convenio de la OIT y, señorías, no puede haber ningún obstáculo para ratificar un convenio que es, como hemos dicho algunos de los portavoces que hemos intervenido hoy aquí, de justicia. Su no ratificación significa avalar la precariedad laboral y la falta


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de protección social de un colectivo de trabajadores y de trabajadoras que se ocupa fundamentalmente de la atención de lo nuestro, de nuestros familiares, de nuestro hogar. A nosotros, al Grupo Parlamentario Socialista, nos gustaría que esta iniciativa -una de las primeras que se debate en esta legislatura- se aprobara por unanimidad. Sería todo un gesto que esta Cámara demostrara su capacidad para llegar a acuerdos, sobre todo en aquellos temas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas a las que representamos. El Grupo Parlamentario Socialista, como hemos dicho al inicio de esta intervención, apoyará la iniciativa pues forma parte de nuestra identidad, la igualdad, la lucha contra la desigualdad, y lo hacemos, además, con el deseo de que el resto de grupos parlamentarios también la apoyen.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sumelzo.

Señora Vidal, ¿acepta alguna de las enmiendas que han presentado los diferentes grupos?

La señora VIDAL SÁEZ: Aceptamos la de Foro, rechazamos la de Ciudadanos y la del Partido Popular, y aceptamos también la de Democràcia i Llibertat.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias.

PROPUESTAS DE CREACIÓN DE COMISIONES:

- SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE NO LEGISLATIVA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. (Número de expediente 155/000002).

- SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y DE LOS SEÑORES BALDOVÍ Y GARZÓN (GRUPO MIXTO), DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES. (Número de expediente 155/000003).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a tratar el punto del orden del día correspondiente a las propuestas de creación de diferentes comisiones. En primer lugar, se van a debatir conjuntamente, conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces, la solicitud del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, de creación de una comisión permanente no legislativa de lucha contra la corrupción y la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y de los señores Baldoví y Garzón, del Grupo Mixto, de creación de una comisión permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.

Para la defensa de las propuestas formuladas por su grupo, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Campo.

El señor CAMPO MORENO: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, buenas tardes.

Hago uso de la palabra solicitando de sus señorías el voto favorable para crear una comisión de legislatura de carácter reglamentario, y ello lo hago al amparo del artículo 50 del Reglamento de la Cámara. La iniciativa que ahora les presento conlleva la creación de una comisión con un esquema amplio y, como saben, viene transaccionada por diferentes grupos de esta Cámara. Y la primera reflexión tiene que ser congratularnos, congratularnos por ese acuerdo y ello en tiempos de tanta zozobra. El consenso no es un fin, pero es un magnífico método de trabajo. Doy las gracias a todos los grupos con los que he tenido la oportunidad de trabajar.

Decía que la propuesta de la comisión tiene un esquema que discurre entre la auditoría de la calidad democrática de nuestras instituciones, la lucha contra la corrupción y la propuesta de reformas institucionales y legales. Todo ello, como recoge el preámbulo de nuestra Constitución, con un objetivo básico: "Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo." Y asimismo, orientado a establecer "una sociedad democrática avanzada".

El objetivo de esta comisión es tan ambicioso como necesario. Persigue el examen sistemático sobre la calidad de nuestra democracia. Todos somos conscientes de la gravedad de la crisis por la que atraviesa nuestro país, una crisis de amplio espectro; económica, sí, pero también social y, sobre todo, política. Y sabemos que en toda crisis algo se rompe: se rompen las ideas, se rompen las estructuras, se rompen


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los modelos; lo que obliga al pensamiento, pensamiento como capacidad de análisis y de reflexión, y ello exige asumir y hasta compartir que los ciudadanos muestran una desconfianza hacia sus instituciones como nunca se había manifestado en democracia. Así es, asistimos con honda preocupación a la pérdida de prestigio de nuestras instituciones, solo comparable al incremento de la desafección por parte de la ciudadanía hacia muchas de ellas.

Señorías, los Estados se asientan sobre basamentos muy sólidos de los que emanan sus instituciones; instituciones como proyecciones del edificio democrático, de esta manera se crean y se configuran múltiples espacios de convivencia. Son, en suma, las referencias vertebradoras del funcionamiento democrático, pero por razones diversas algunas de estas instituciones, válidas en su concepto y en su origen, se han degradado en los últimos tiempos devaluando el propio concepto de Estado social que nos dimos. Todos sabemos, y existe una amplia unanimidad en nuestra doctrina, que el Estado social no es un ser sino un actuar, una manera de actuar por parte del poder público. Y lo cierto es que, unas veces por comportamientos individuales y otras porque o no han sabido o no han podido cumplir su cometido constitucional y normativo, muchas de nuestras instituciones terminan por alejarse de los ciudadanos.

Señorías, sé que no les descubriré nada que no conozcan si les digo que esta profunda crisis política e institucional ha alcanzado unos niveles hasta ahora desconocidos teniendo como máximo exponente la corrupción. La corrupción como el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado. Pero en este momento prefiero quedarme con su significado original, el término corrupción, del latín corruptio, corruptionis, a su vez del prefijo de intensidad con- y rumpere (romper, hacer pedazos). Sí, lo han oído bien, exactamente estamos hablando de eso, la corrupción rompe en pedazos nuestro modelo de convivencia. Quizás deberíamos prestar más atención a enseñanzas de personas como el sociólogo estadounidense Sutherland cuando viene a expresar que pocos espejos pueden devolver la imagen de la realidad con tanta nitidez como el crimen. Como explica Klitgaard, antiguo académico de Harvard y Yale, la corrupción es un crimen de cálculo, no un crimen pasional. Comparto su conclusión de que la corrupción no es solo, que también, un problema de individuos carentes de toda ética, sino fundamentalmente un problema de sistemas.

Sé que no es únicamente un fenómeno patrio y que los entornos internacionales ponen foco de atención en ellos. La lucha contra la corrupción ha sido impulsada por varios tratados internacionales, destacando el de la Organización de Estados Americanos del año 1996 o el de Naciones Unidas del 2003, y todos buscan lo mismo: reforzar y armonizar normas ambientales, comerciales y fiscales para eliminar los resquicios legales que puedan hacer posible la corrupción. En la Unión Europea puede ser prototipo de esta lucha OLAF y sus derivados: el Centro Técnico y Científico o su Comité de Coordinación de Lucha contra el Fraude (Cocolaf), gozando de gran prestigio las actuaciones de Greco, auspiciado desde el Consejo de Europa. (Rumores). Pero centrémonos en las ideas y en nuestro país.

Señorías, tenemos la oportunidad de abordar un proceso serio y profundo, proceso que afecta a lo más importante del sistema democrático: la legitimación de las instituciones y de sus representantes; en suma, la confianza de la ciudadanía en su sistema político. (Rumores). Efectivamente, el crédito ciudadano en las instituciones y la legitimación social del conjunto del sistema democrático están fuertemente relacionados con la capacidad de las propias instituciones y de las legislaciones para generar en la ciudadanía confianza en su funcionamiento, para que las perciban como instrumentos confiables y eficaces. Aquí me van a permitir unas reflexiones del maestro coreano Hang: La transparencia y el poder se soportan mal. Y, por encima de ellas, tiene que estar la confianza. Tenemos que avanzar porque la confianza es mucho más y significa que, a pesar de no conocerlo todo, de todos y de todo, podemos creer en ello. Valores como la honradez, la lealtad, el mérito o la capacidad recobran todo su significado. La confianza nos releva de tener que conocerlo o saberlo todo. Es más, la exigencia de una transparencia infinita solo se hace oír donde no hay ninguna confianza y, créanme, un control absoluto, total, aniquilaría la libertad de acción y provocaría la uniformidad. (Continúan los rumores). No es esa la sociedad que deberíamos querer. Lo anterior no quiere decir -espero que nadie lo haya entendido mal- ausencia de controles; todo lo contrario, soy consciente de que los casos de corrupción que ocupan diariamente la información y actuaciones personales que contaminan a la entidad representativa, incluida la utilización de la mentira en sede parlamentaria o ante los medios de comunicación, son problemas que estamos viendo constantemente en el clima social que nos ha tocado vivir. Si a todo ello se suman generalizaciones deliberadas y exageraciones estimuladas por quienes combaten la democracia, la crisis institucional está servida. También desde sede parlamentaria debemos analizar si, al proceder a los nombramientos en diversos órganos e instituciones que nos han correspondido por mandato legal, hemos actuado con rigor


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y la necesaria y recíproca generosidad al consensuarlos. Por ello, señorías, debemos revisar los criterios de nombramientos en diversos órganos e instituciones. Tenemos que analizar el propio sistema parlamentario. Pero esta auditoría no debe quedar circunscrita al diagnóstico, es preciso lograr el objetivo final de luchar y eliminar la corrupción y todo aquello que suponga un obstáculo, un muro, entre el ciudadano y sus instituciones. Para conseguir este objetivo no hay otro mecanismo que el de hacer propuestas de reformas institucionales y legales.

Como jurista, tengo la convicción de que sistema institucional y ciudadanía son dos nociones indisolubles; es más, son dos principios que se refuerzan mutuamente, interaccionan. Un sistema eficaz equivale a una ciudadanía convertida en el centro de la actividad política, económica y social y una ciudadanía fuerte genera, necesariamente, un sistema cada vez más eficiente.

Señorías, les propongo la creación de una comisión que tenga por objeto analizar, acordar y proponer las medidas y modificaciones legislativas necesarias para fortalecer las instituciones democráticas; fortalecer estas instituciones mejorando la representación política y la participación ciudadana; regular de manera más exhaustiva los conceptos de intereses de cargos públicos y electos; combatir y prevenir más eficazmente la corrupción y reforzar la imparcialidad y la independencia de los órganos constitucionales y organismos reguladores.

La comisión que se somete a su consideración pretende ser mucho más que un juicio paralelo o anticipado de los que acaecen en nuestros tribunales de justicia. No se trata de estudiar aquellos casos de corrupción más alarmante, sino de determinar las fallas o las quiebras del sistema que lo han permitido. No se trata de convertir el Parlamento en un plató de televisión o en un pseudotribunal de justicia; se trata de que el Congreso sea el lugar desde el que puedan pilotarse las reformas del sistema parlamentario, el sistema electoral, la participación y el Gobierno abierto, la lucha contra la corrupción y los propios estatutos que deben regir el ejercicio de la política. (Rumores).

Termino, señorías. No nos deseo suerte, pero no me entiendan mal, porque creo que la suerte tiene un componente de azar que ahora ya no nos podemos permitir. Estamos obligados a liderar esa demanda de cambio, creérnosla y buscar consensos, pues solamente así la política recuperará el terreno perdido y nuestro sistema político recuperará su fortaleza. Hay que recuperar en suma la pasión por la democracia entre la ciudadanía y con ello la credibilidad perdida ante la sociedad; reformar nuestras leyes y nuestro funcionamiento para que la política recupere afectos y adhesiones; reformar el funcionamiento de nuestras instituciones para que sean abiertas, participativas y transparentes, y devolver así la confianza a los ciudadanos en la democracia. La creación de esta comisión es solo el principio pero es un buen principio.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campo.

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias, señora presidenta.

Señorías, reconozco que sorprende, en este segundo Pleno de esta legislatura, la ausencia de los líderes del Partido Socialista y del Partido Popular, a la vista además de la trascendencia de los temas que tratamos aquí. Me sorprenden también algunas ausencias en los escaños. Me decía un diputado veterano que aquí hay muchísima gente para lo que es habitual en el Congreso. Quizá nosotros seamos demasiado ingenuos, pero entendemos que el puesto de trabajo de un diputado un día que hay Pleno es su escaño, y creo que los ciudadanos de nuestro país deben pensar lo mismo. (Rumores).

Es un honor para mí presentarles las razones por las que nuestro grupo parlamentario desea que este Parlamento cuente con una comisión que investigue la corrupción. A la vista de los acontecimientos y las declaraciones de hoy, señoras y señores del Partido Popular, parecería que sería un día perfecto para que este Parlamento se dotara de esa comisión. Lo triste es que en España desde hace mucho tiempo cualquier día es bueno para que el Parlamento español cuente con un dispositivo específico que ayude a los ciudadanos a estar protegidos frente a la corrupción. Nombrar todos los casos de corrupción que en los últimos años han servido para humillar la dignidad de nuestro país podría consumir todo el tiempo que tengo en esta intervención e incluso más, pero permitan que repita algunos nombres: Gürtel, Púnica, Pokémon, Palma Arena, Nóos, los ERE de Andalucía, Brugal, el 3 %, Acuamed, Bárcenas... Esos significantes revelan bien el cáncer de nuestra democracia y ese cáncer no se combate con buenas palabras y buenos gestos, se combate con hechos y con actos.


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La corrupción, señorías, no es una suma controlable de manzanas podridas que se dan en todos los ámbitos y en todos los partidos, la corrupción no es una consecuencia inevitable de la naturaleza humana, como pretenden decir los defensores del cinismo político; la corrupción para desgracia es una forma de Gobierno, es un conjunto de mecanismos políticos que sirven para que tengan el poder, para que manden los que no se presentan a las elecciones. La corrupción se fundamenta en la desigualdad; los países más desiguales son países más corruptos; allí donde hay más desigualdad, allí donde hay más injusticia social, la corrupción campa a sus anchas. La corrupción es lo que sirve para que una minoría se apropie de lo que es de todos, se apropie de lo que es común.

La corrupción preocupa a los ciudadanos de nuestro país, pero además de preocuparles les cuesta muchísimo dinero. Según un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, los sobrecostes generados en la contratación pública por la corrupción equivalen, nada más y nada menos, que al 4,5 % del producto interior bruto; nada más y nada menos que 48.000 millones de euros. Luego algunos se preguntan de dónde queremos sacar nosotros el dinero, pues lo tenemos bastante claro.

Según algunos medios de comunicación, la Púnica -creo que en este momento no estaría de más recordar, señor Rivera, que aquellos que dicen luchar contra la corrupción quizá no debería sostener en Madrid al Gobierno de la Púnica- venía a costar 250 millones de euros, que es lo que cuesta que 41.500 estudiantes puedan pagar su matrícula universitaria o es lo que cuestan 125.000 días de ingresos en un hospital. Es triste que hayamos tenido que llegar al mes de marzo de 2016 y que algunos hayamos tenido que llegar a este Parlamento para que vaya a ser posible, por fin, que haya una comisión que luche contra la corrupción.

Hoy me congratulo de que nos hayamos podido poner de acuerdo con el Grupo Socialista, con Izquierda Unida y con Compromís para hacer una enmienda transaccional y que esta comisión se convierta en una realidad. Ojalá que ese acuerdo que hemos podido alcanzar hoy se convierta en un acuerdo para hacer un Gobierno en este país.

He escuchado a la señora Luz Rodríguez decir algo que me ha gustado mucho -nosotros lo hemos repetido hasta la saciedad en los dos últimos años- y me hace feliz escuchárselo a una representante del Partido Socialista, y es que la patria es la gente. Luchar contra la corrupción es defender la patria, luchar contra la corrupción es defender la justicia social y combatir la desigualdad. Bienvenidos al lado de los verdaderos patriotas. Ser patriotas no tiene nada que ver con proclamar la unidad de España, ser patriotas tiene que ver con defender los derechos de la gente y combatir con hechos la corrupción. (Aplausos). Ojalá podamos seguir poniéndonos de acuerdo para que este país cuente con un Gobierno que acabe, por fin, con la corrupción como forma de gobierno.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Mixto, en primer lugar, señora Sánchez.

La señora SÁNCHEZ MAROTO: En Izquierda-Unidad Popular tenemos la firme convicción de que la transparencia, la participación ciudadana y el control democrático de las instituciones son indispensables si hablamos de una verdadera lucha por la regeneración democrática y contra la corrupción, una corrupción que es sistémica y no excepcional como, desafiando los hechos y los datos empíricos, algunos se obstinan en defender. Por eso, porque es sistémica y no accidental, no sirve de nada luchar contra las consecuencias al igual que no hacer nada contra las causas ni los causantes, tanto de corruptores como de las herramientas que la posibilitan. Porque cosas como la disolución de las fronteras entre lo privado y lo público, cuestiones como las fraudulentas privatizaciones o externalizaciones son las que crean el caldo de cultivo para después encontrarnos con todos los casos de corrupción que nos despiertan cada mañana. Por tanto, la pretensión de la creación de esta comisión, desde nuestro punto de vista, tiene que ser no solamente de endurecimiento de penas y tratamiento punitivo de las cuestiones -que está muy bien y que se agradecerá, así como el fin de los aforamientos y otras cuestiones de este tipo-, sino además para combatir y tratar, de una vez por todas, las causas de las cuestiones que provocan la corrupción y que la hacen posible. Y con ánimo de que esto se trate, de una vez por todas, y no solamente de que hablemos del final del proceso, sino de donde se crea, invitamos a todo el mundo a que vote a favor de la creación de esta comisión.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví.


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El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora vicepresidenta.

Mientras esta tarde inaugurábamos aquí esta legislatura y amenizábamos nuestra digestión con unas soflamas por la unidad de la patria, me he permitido consultar las preocupaciones del CIS de hace apenas una semana. Las dos principales preocupaciones eran el paro, con un 78 % de preocupación entre los ciudadanos, y la corrupción, con un 47 %, que ha aumentado 8 puntos respecto del mes de enero. En cambio, la independencia de Cataluña preocupaba apenas al 1,4 % de los ciudadanos. Este Parlamento tiene que ser el reflejo de los problemas que preocupan en la calle -debería ser el reflejo de los problemas que preocupan en la calle-, pero mientras en Valencia asistimos a una mascletà de corrupción incesante que arrecia día a día, que va in crescendo y acorralando a los principales líderes del Partido Popular valenciano, presidentes de Diputación, consellers, la alcaldesa de Valencia, esta tarde ustedes han preferido inaugurar la legislatura para dar diplomas de españolidad y para decir quiénes son los buenos españoles y los malos españoles. Me suena de Valencia, cuando el PP valenciano daba diplomas de buenos valencianos y de malos valencianos (Aplausos) y decía que los otros valencianos éramos como traidores.

Es muy conveniente que se presente aquí esta propuesta que hemos firmado conjuntamente con los compañeros y compañeras del PSOE, de Unidad Popular y de Podemos, porque se hace eco de las preocupaciones que tiene la gente. Vengo de una tierra especialmente castigada, pero no la única, ¿eh?, no la única, no la única. Son los casos de corrupción Brugal, Gürtel, Emarsa, Cooperación, Taula, Feria Valencia... y ayer se ha imputado al Partido Popular. ¿Cuántas escuelas se hubieran podido hacer?, ¿cuántos hospitales se hubieran podido hacer?, ¿cuántas empresas hubieran tenido una viabilidad?, ¿cuántos trabajadores hubieran tenido trabajo?, ¿cuánto dinero se ha robado a los ciudadanos? Todo esto ha provocado la desafección y la desconfianza en las instituciones y por eso entendemos -acabo ya- oportuna la creación de esta comisión permanente de lucha contra la corrupción, para que analice las causas y proponga las reformas necesarias para que aumente la calidad democrática de nuestras instituciones.

Entiendo que el Partido Popular hará bueno ese deseo que anunciaba la señora Cospedal, de que es el partido que más ha luchado contra la corrupción de todos los que estamos aquí, y votará a favor de la creación de esta comisión permanente de lucha contra la corrupción.

Moltes gràcies, senyora vicepresidenta. (Aplausos.-El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.

Nadie ha solicitado el turno en contra, por lo que entramos en el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, se nos propone la creación de una comisión permanente no legislativa para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Todas ellas tienen como objeto último el fenómeno de la desafección política y afectan a la legitimación de las instituciones y sus representantes. Como causas estructurales europeas están la crisis económica y social, la globalización y su afección a la posición de los Estados. La corrupción y su impunidad, en definitiva, lleva a la cesura entre la sociedad y sus instituciones. Por tanto, son objeto de esta Comisión cosas tan diversas y dispares como fortalecer las instituciones democráticas, mejorar la representación política, mejorar la democracia interna de los partidos políticos, mejorar la participación ciudadana, mejorar la transparencia, regular los conflictos de intereses de los cargos políticos y electos, y también de los funcionarios públicos, combatir y prevenir la corrupción o reforzar la imparcialidad e independencia de los órganos constitucionales y organismos reguladores.

Adelanto que nuestro grupo parlamentario no comparte el tratamiento conjunto en la misma comisión de todo lo que suscita desafección entre la ciudadanía y las instituciones democráticas. No se puede ni se debe mezclar la prevención, control y represión de la corrupción con otras cuestiones que, sin serlo, también puedan generar desafección política. Así, no es lo mismo la corrupción que la tramitación, de un modo u otro, de un decreto-ley ni tampoco es lo mismo la financiación ilegal de un partido político que el hecho de que la elección de sus candidatos a la Presidencia del Gobierno no se realice mediante el sufragio directo y secreto. Tampoco es lo mismo el procedimiento de creación de comisiones de investigación que los principios de buena regulación normativa -necesidad, proporcionalidad, etcétera- o que la regulación de los debates electorales. No es lo mismo la regulación de las iniciativas legislativas populares ni el cese de los altos cargos cuando se les abra juicio oral. Tampoco es lo mismo la regulación de los lobbies que la falta de lo que se denomina huella legislativa. Podría seguir enumerando en extenso


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estos binomios de posibles reformas de naturaleza diversa que, siendo disolventes para la afección ciudadana a las instituciones, unos provienen de la comisión de ilícitos penales o administrativos y, otros, son maneras de proceder manifiestamente mejorables pero que no suscitan reproche jurídico-penal ni administrativo alguno. No se pueden tratar conjuntamente, porque se corre el riesgo de que todo se visualice por la sociedad como distintas manifestaciones de la corrupción y esta Cámara no debiera caminar en este sentido.

Por nuestra parte, apoyamos la creación de una comisión de prevención, control y represión de la corrupción stricto sensu, pero no que en la misma comisión se aborden otras reformas que diagnostiquen las causas y provean las reformas oportunas para sellar la cesura entre la sociedad y las instituciones.

Por último, respecto al normativismo que traslucen las propuestas de creación de estas comisiones, ya que se identifica el problema que se pretende atajar con la falta de legislación, se dice literalmente: el problema reside en la falta de legislación, en los resquicios a la corrupción y en establecer mecanismos sancionadores eficaces. Desde los tiempos del conde-duque de Olivares llevamos oyendo esto, pero este no es a nuestro juicio el núcleo del problema. El núcleo del problema es una falta de moralidad tanto pública como privada y esto no lo arregla en exclusiva la fe en la magia de las normas. Por lo expuesto, y estando ante una cuestión de gran relevancia pública, no nos opondremos, pero tampoco la apoyaremos con el contenido propuesto.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Graciès, senyor president.

Señorías, las iniciativas que nos plantean los grupos parlamentarios Socialista y Podemos y los portavoces de Izquierda Unida y Compromís son realmente ambiciosas y, el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, en su intervención apuntaba que quizás la agenda que se nos plantea es tremendamente amplia y demasiado ambiciosa respecto a las capacidades que puede tener una comisión en este Parlamento e incluso puede conducir a una cierta confusión de la opinión pública. Pero es cierto que todos necesitamos recuperar la confianza en el sistema y las instituciones y, por tanto, sea bienvenido un instrumento parlamentario que nos permita abordar las cuestiones que preocupan a la ciudadanía y que han marcado la agenda social y política en los últimos años. Desde este punto de vista, sin negar un cierto escepticismo sobre la capacidad efectiva de una comisión para abordar estas cuestiones, el Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat) apoyará su creación. Estamos convencidos de que hoy tenemos graves problemas que corroen la democracia, estamos convencidos de que la corrupción es un mal negocio.

Decía el señor Iglesias que los países más desiguales son los países con mayor índice de corrupción. También es cierto que los países más abiertos a la economía global, más competitivos son también los países con menos nivel de corrupción. Si usted analiza los índices de corrupción, de igualdad social y de capacidad de emprendimiento, verá que son los mismos países. Por tanto, ese es el camino a recorrer; ahí hay plena coincidencia. Pero también estamos convencidos de que una comisión de estas características no puede ser una comisión del "y tú más". El debate que no genera confianza entre la ciudadanía en relación con la corrupción es que convirtamos este Parlamento, este Congreso, esta comisión en un espacio de exclusivo desgaste político entre los grupos parlamentarios en relación con las cuestiones de la corrupción. Eso ni va a crear confianza entre la ciudadanía ni va a permitir abordar las reformas que seguramente hacen falta.

Si me permiten introducir un punto no de cierto escepticismo sino de una aproximación realista a esta discusión, los problemas de desafección hacia la política, de corrupción política, de empobrecimiento de nuestras instituciones, ¿están directamente vinculados a nuestro marco legal? ¿Es que el marco legal del que nos hemos dotado en los últimos años, y singularmente en la pasada legislatura -hay que reconocer al Grupo Popular que se han aprobado importantes reformas en esta materia- se aleja del marco legal de los Estados más avanzados de nuestro entorno? ¿El problema está en las leyes que tenemos, o quizá los problemas que existen en esta materia tienen que ver con cuestiones que no son tan simples como hacer más y nuevas leyes? En el Estado español continúa instalada la idea de que, frente a cualquier patología social, la respuesta es más normativa, y quizás somos líderes en legislar, pero nuestros problemas de desafección y de corrupción continúan ahí. Tenemos problemas de gobernanza en las instituciones y tal vez, señorías, tengamos problemas culturales de fondo que no se resuelvan


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exclusivamente con modificaciones legislativas. En esos problemas de cultura, de fondo, que tienen que ver con la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones, que de verdad seamos capaces de convertir esta agenda tan ambiciosa que se plantea en una agenda posible, que no se planteen tan solo cambios legislativos, sino que se introduzcan cambios culturales para encontrar el apoyo del Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat).

Vamos a ver qué da de sí esta comisión. La elaboración del plan de trabajo que se anuncia al final del texto que se va a someter a votación será fundamental. Mi grupo solicita a los demás grupos que seamos lo más serios posible en la construcción de este plan, porque lo peor que nos podría pasar es que nuestro discurso retórico, con la creación de esta comisión contra la corrupción, se quedase simplemente en una exhibición de nuevo de las diferencias políticas, de los trapos sucios, de aquello que degrada la confianza de la ciudadanía frente a esos problemas. Al menos esa va a ser nuestra posición.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente. Bon vespre.

Desde Esquerra Republicana de Catalunya defendemos una comisión de investigación sobre corrupción tal y como ya presentamos en la anterior legislatura, una comisión de investigación como la que ha habido en el Parlament de Catalunya, en que han comparecido corruptos, y donde los políticos se han visto obligados a una cosa que aquí no es muy habitual, que es dar explicaciones. Este Parlamento, el Congreso, la Cámara Baja, debe pedir explicaciones a los partidos que han practicado de manera sistemática la corrupción. Los votantes, señoras y señores diputados, deben saber antes de votar quién les ha mentido, quién les ha estafado y quién les ha robado, porque la corrupción es un robo a la ciudadanía, un robo con todas las letras, y un atentado a la democracia. Tanto es así que creemos que las políticas del Gobierno han sido en buena parte fruto de la corrupción. Me explico. No era que la política estuviera salpicada de corrupción, sino que las políticas eran corrupción en sí mismas. Consideramos que ha habido políticos a los cuales no les ha importado perjudicar a la mayoría de la población a cambio de recibir dinero por ello, da igual si en Génova o en Suiza.

Entre otras cosas consideramos que hay que investigar si la liberalización del suelo se hizo pensando en el bien común o si fue porque unas empresas sencillamente llamaron a la puerta de unos políticos ofreciéndoles sobres, maletines, yates y chalés. De la misma manera habría que investigar si hay algo extraño en que los impulsores de la reforma laboral, que cercena derechos y legaliza la explotación de las trabajadoras y de los trabajadores, dieran dinero al partido que la aprobó, o si es casual que Hacienda destine el 90 % a la investigación de las clases medias mientras tres cuartas partes del fraude se sitúan precisamente en las grandes fortunas, o simplemente que haya más policías siguiendo a movimientos sociales que a partidos políticos que han estado robando a espuertas durante años y años. (Aplausos). También consideramos que hay indicios -no pocos, muchos indicios- para investigar si el hecho de que paguemos la luz más cara de Europa -perjudicando evidentemente a personas y a empresas- se debe a unas puertas giratorias engranadas en el eje de una corrupción que sienta a expresidentes del Gobierno y a exministros en el consejo de administración, y que ha generado injustificadamente una deuda de más de 30.000 millones de euros. (Aplausos). La deuda española es en esencia fruto de la corrupción, de los beneficios de los oligopolios, de las obras faraónicas, de los proyectos fallidos e innecesarios que han crecido a la sombra de los sobres.

Por otro lado, si se beneficia tan escandalosamente a las grandes empresas y a las grandes fortunas mientras se perjudica a todo el resto del pueblo, no es por ideología, sino porque las grandes fortunas y las grandes empresas compran al poder político. Solo así se puede explicar una legislación a medida de las grandes empresas y en perjuicio de las pymes y de la economía social. Voy terminando. De hecho la corrupción está permitiendo que empresas poco competitivas, lejos de vivir su capacidad competitiva e innovación, vivan de los pelotazos que pegan a la sombra de unas leyes hechas a la medida de la corrupción. Eso sí, señorías del Partido Popular, se lo diré clarito: el neoliberalismo que predican resulta ser una estafa cuando se impone la ley del sobre y no la ley del mercado. La democracia es una estafa cuando los sobres que contienen billetes pesan mucho más que los sobres que contienen votos.

El problema no es puntual. La corrupción ha podrido todo el sistema político. Las leyes que tenemos responden en buena medida a un sistema corrupto, y hay que hacer nuevas leyes que garanticen que se responda a la voz popular y no a la voz del IBEX 35. Nosotros vamos a hacer un


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verdadero proceso constituyente en Cataluña para ello. Vamos a hacer un país nuevo. Vamos a hacer la república catalana.

Moltes gràcies.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Jordà.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Villegas.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Señor presidente -el Gobierno no, que no está-, señorías, se trae una propuesta para hablar de corrupción y de calidad democrática. Creemos que es una preocupación compartida, por lo menos debería serlo, por todos los grupos que forman la Cámara. Efectivamente la corrupción y la falta de calidad de nuestro sistema democrático han provocado una crisis de confianza de los ciudadanos en las instituciones, y especialmente en los partidos políticos, una desafección contra la que estamos obligados a luchar, una desafección que está justificada por ese reguero de casos de corrupción que salpican nuestra vida día sí y día también.

Casi todos los partidos viejos que han ostentado parcelas de poder se han visto salpicados por uno u otro caso de corrupción política: los señores del Partido Popular, los señores del Partido Socialista, los señores de Convergència, que ahora van juntos con los de Esquerra en Junts pel Sí. Todos los viejos partidos se han visto salpicados, y algunos de los nuevos, señor Iglesias, parece que también están siendo investigados por la UDEF por posible financiación ilegal desde potencias extranjeras. (Aplausos). Ya veremos cómo acaba. Lo que quiero decir es que no son casos puntuales, son casos que han afectado a todos los niveles institucionales, nivel nacional, nivel autonómico, nivel municipal, y a la mayoría de partidos políticos. No son casos puntuales, insisto, son tramas de corrupción que han asaltado el poder. Esas tramas sí que han asaltado el poder, están socavando y erosionando los pilares de nuestro sistema, y sin duda, como se ha dicho por anteriores intervinientes, han afectado también gravemente a la calidad de nuestra democracia. Han provocado efectos negativos y perniciosos en la calidad de nuestra democracia y también perjuicios económicos. Se ha hablado antes de los efectos económicos de la corrupción, que algunos cuantifican en casi 50.000 millones. Pero más allá de eso hay otros efectos, como que empresas menos competitivas están pudiendo alcanzar contratos en detrimento de empresas más competitivas, y eso es una lacra para la competitividad y para la economía de nuestro país. (Aplausos). Esto perjudica también, como decía, no solo a la economía, sino también a nuestro sistema político y a nuestro sistema democrático. La sombra de la sospecha se extiende sobre la toma de decisiones políticas, que no se sabe si se están tomando a favor del interés general o a favor del interés del que más paga. Otro ejemplo de cómo afecta la corrupción a nuestro sistema democrático es la contienda desigual que se puede producir en las propias elecciones cuando algunos partidos se han estado financiando ilegalmente. Eso provoca desigualdad en la contienda democrática, y por tanto desigualdad también en los resultados. Este es un reto que debemos afrontar.

Esta nueva etapa que algunos creemos que se debe abrir en España, que se ha abierto a partir del 20 de diciembre, tiene que tener como principal objetivo erradicar la corrupción política. Debemos erradicarla por lo menos como fenómeno de nuestro sistema. Seguro que no vamos a poder evitar que algún chorizo robe, eso es imposible, pero sí tenemos que evitar que sea parte del sistema. Tenemos que evitar que los partidos aprovechen la corrupción para financiarse. Tenemos que sacar las tramas de corrupción del sistema democrático. Por tanto Ciudadanos va a apoyar esta comisión permanente para la auditoría y para la calidad democrática, para la lucha contra la corrupción y para las reformas institucionales y legales. Creemos que es bueno -aunque todos los partidos o la mayoría llevamos en nuestro programa y defendemos con insistencia la necesidad de tomar medidas en muchos aspectos: en mejorar la lucha contra el fraude fiscal, en cambiar la Ley de Financiación de Partidos Políticos, en resolver la independencia de la justicia, en dotar de medios suficientes a la propia justicia para que pueda luchar; insisto en que todos llevamos medidas en nuestros programas para ayudar a luchar contra la corrupción- que se ponga en marcha esta comisión que de alguna forma pueda velar, pueda centralizar, pueda proponer medidas, y sobre todo pueda evaluar si las medidas están teniendo buen resultado o no.

Sin duda esta comisión no va a resolver el problema de la corrupción; hay que luchar en muchos ámbitos, hay que luchar en muchos frentes, pero creemos que puede ayudar a coordinar las medidas de lucha contra la corrupción política. Por eso, como he dicho, desde Ciudadanos votaremos a favor de la creación de esta comisión.

Muchas gracias, señoras y señores. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villegas.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moro.

La señora MORO ALMARAZ: Señor presidente, señorías, como hemos escuchado aquí una serie de cuestiones que vienen a mezclar, quiero comenzar diciendo que a todos seguro que esta tarde nos gustaría estar hablando de otro tema; nos gustaría preocuparnos de otros temas de nuestros ciudadanos. Sin embargo tenemos la obligación de preocuparnos, como se ha dicho, de aquello que a ellos les está afectando psicológicamente, en su ánimo y en su credibilidad frente a las instituciones. Pero la sociedad nos demanda rigor; vamos a ver si conseguimos en esta legislatura y en esta Cámara imponer el rigor y la seriedad para abordar la lacra de la corrupción y para mejorar la calidad democrática. El paso del tiempo a veces hace muy buenos vinos, pero en otras ocasiones los deteriora. Ese deterioro no nos debe llevar a engaño ni a perder el tiempo, sino por el contrario a asumirlo y a afrontarlo, a plantarle cara.

La legislatura pasada fue una legislatura de gran avance en medidas que permiten mejorar los instrumentos legales para que sean utilizados por aquellas instituciones democráticas, parte del Estado de derecho, que permiten que nuestra democracia funcione, que nuestra democracia crezca y no se deteriore. Se avanzó en un amplio programa de regeneración democrática, el más amplio de nuestra historia, pero desde la perspectiva de construir, de valorar sobre lo que otros habían hecho, cosa de la que muchos grupos políticos se están olvidando. Desde el primer Consejo de Ministros de la legislatura 2011-2015 se pusieron en marcha importantes reformas institucionales para mejorar la calidad de la democracia y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Necesitábamos -seguimos necesitando- administraciones más ágiles y más eficientes. Pero además se ha trabajado -porque también se necesita- en administraciones e instituciones más transparentes, más abiertas, más fiscalizadas, y con gestores sometidos a ineludibles principios éticos que pasan a ser legales y en principios sin duda legales. Además nuestro presidente planteó la necesidad de alcanzar un pacto por la transparencia y contra la corrupción, pero tras un largo diálogo no fue posible llegar a ese pacto, aunque sí se plasmó en un programa legislativo de regeneración que está vigente, y que sin duda nos ha diseñado un contexto normativo muy diferente; un contexto normativo que sin embargo tendríamos que recordar aquí que no tiene necesariamente aplicación retroactiva, porque muchas veces, con nuestras polémicas estériles, confundimos a los ciudadanos y piensan que no estamos haciendo nada útil. Todo es mejorable, pero claro que se ha avanzado -y mucho- con la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, con la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información y Buen Gobierno, con la reforma del Código Penal, con la determinación de medidas en el Código Penal que han llevado a que sea delito la financiación irregular de los partidos políticos, y a que los partidos políticos como personas jurídicas también puedan ser titulares de estos procedimientos. Luego no digamos que no hemos avanzado; hemos avanzado y mucho en el control de la actividad financiera, en la regulación del ejercicio del alto cargo, en procedimientos más ágiles a través de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sin duda todavía tiene que hacer mucho más.

También hemos avanzado con la implantación de algo que era muy necesario y que nos demandaban todos, la Oficina de Recuperación y de Gestión de Activos. ¿Quiere decir esto que la labor estaba concluida? Nunca lo pensamos ni lo pensamos tampoco ahora. Por tanto, a pesar de ese camino recorrido, a pesar de lo hecho, creemos que es necesario atender la voz de la ciudadanía y afrontar la incorporación de otros instrumentos, y sobre todo mejorar aquellos mecanismos que pueden atender a la prevención -probablemente lo que más ha fallado en otros momentos- y dejar de tirarnos los trastos a la cabeza, porque como se decía en un texto por todos conocidos, nadie está libre, y por tanto, si nadie está libre, que no tire la primera piedra. Aquí se han hecho listados que faltan a la verdad, que no miran a sí mismos y que solo miran a los demás. Así no podemos trabajar. Queremos trabajar en esta Cámara, de hecho el Grupo Parlamentario Popular ha contribuido con esa transacción, que agradezco por el trabajo y el buen tono de los grupos, para que esta comisión sea una realidad. Ojo, no es una comisión que sustituye a los jueces, no es una comisión de investigación, no es una comisión que aparece ex novo, no es una comisión que sustituye al resto de comisiones legislativas. Es una comisión que permite avanzar en instrumentos de trabajo, en instrumentos de regeneración, en evaluación de lo que hemos hecho, para superar cosas que no han servido, para incorporar otros instrumentos. Eso es lo que nos piden los ciudadanos y ahí van a encontrar al Partido Popular. Seguro que la democracia finalmente nos lo agradecerá. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moro.


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- SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE NO LEGISLATIVA DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, CPDIA. (Número de expediente 155/000005).

El señor PRESIDENTE: Tratamos ahora la solicitud del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea de creación de una comisión permanente no legislativa de derechos de la infancia y la adolescencia. Para la defensa de la propuesta formulada por su grupo tiene la palabra la señora Montero.

La señora MONTERO GIL: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo parlamentario les propone hoy crear una comisión permanente no legislativa de derechos de la infancia y la adolescencia. Para mí es un honor que mi primera intervención en este Pleno sea para defender la creación de esta comisión. No puedo empezar sin destacar antes que esta propuesta no hubiera sido posible sin el trabajo obcecado de nuestra diputada Ione Belarra -que está aquí sentada- y del equipo de derechos de la infancia de Podemos (Aplausos), a Marta -que está ahí arriba-, a Aurea y a David, y sobre todo sin el recorrido largo, valiente y tenaz de las organizaciones de la sociedad civil que día a día trabajan en nuestro país y en todo el mundo para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Organizaciones como Unicef, como Save the Children y otras agrupadas en la plataforma de organizaciones de infancia que hoy están también aquí defendiendo esta propuesta, y a las cuales les agradecemos no solamente que estén aquí, sino todo el trabajo que ha posibilitado que hoy estemos defendiendo la creación de esta comisión de infancia y adolescencia.

Señorías, las niñas, niños y adolescentes representan el 17,9 % del total de la población en nuestro país, son 8.300.000 ciudadanos cuyos derechos están reconocidos por el marco legislativo nacional e internacional, y que por tanto deben poder ejercerlos de manera real y efectiva sin distinción de ningún tipo. No votan, pero son ciudadanos de pleno derecho. La Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, sirvió para reconocer a nivel internacional que su bienestar material, subjetivo y relacional, debía salir de la esfera privada para convertir la infancia en un asunto público, y reconocer su condición de ciudadanos con derechos que deben ser garantizados, y que conllevan obligaciones y responsabilidades para todos los adultos, y en particular, con especial énfasis, para las instituciones públicas. Su ratificación por España en 1990 obliga a nuestro país a garantizar el cumplimiento de esta convención a través del conjunto de la legislación vigente, sin embargo la situación de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país es de verdadera emergencia social.

Los derechos fundamentales de la infancia se ven vulnerados de forma sistemática en España sin la necesaria atención por parte de las administraciones públicas. Les voy a dar solo algunos datos. La pobreza y la desigualdad han aumentado de forma alarmante en nuestro país. España es el segundo país más desigual de la Unión Europea y el país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad, solamente por detrás de Chipre. El número de millonarios ha crecido en nuestro país un 40 % durante la crisis, mientras que un tercio de la población española está en riesgo de exclusión social o en riesgo de pobreza. Esta situación se agrava para los niños, niñas y adolescentes, ya que según los datos del INE y de Eurostat, más del 30 %, en ocasiones más del 35 %, es decir, más de un tercio de la población infantil está en riesgo de pobreza o exclusión social. La pobreza infantil además se traduce a medio plazo en mayores costes en prestaciones sociales y laborales y en un tejido laboral de menor calidad. Invertir en infancia es -incluso desde un punto de vista estrictamente económico, si es que a alguien no le importa la garantía de los derechos fundamentales en nuestro país- invertir, decía, en el conjunto de la sociedad y en la prosperidad y desarrollo económico del país.

En materia de educación España sigue arrojando un muy elevado porcentaje de abandono escolar, que sigue siendo el más alto de Europa. Según Save the Children, mientras los hogares han perdido de media más de un 10 % de su renta, el gasto medio por hogar en enseñanza ha debido incrementarse en más de un 30 %. A su vez la inversión consolidada en educación ha disminuido en casi 11 puntos en este periodo, y todo esto por no hablar de los casi inexistentes mecanismos de participación de la infancia en la vida social y política de nuestro país. Estos datos y otros que podrían aportarse dan cuenta de los muchos retos que tenemos que abordar, y en concreto de las políticas públicas que deben ser desarrolladas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es imposible mencionarlas todas, pero les citaré únicamente algunas: proteger a las niñas, a los niños y a los adolescentes de toda forma de violencia, promover la participación infantil en las instituciones, garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, prohibir los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, así como los cortes de suministros devenidos por causas de pobreza sobrevenida, porque están afectando a millones de niños,


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niñas y adolescentes en nuestro país. (Aplausos). Asimismo proteger los derechos de las familias migrantes, apostar por la cooperación al desarrollo y focalizar los esfuerzos en la infancia y en el desarrollo de la Estrategia de Infancia recientemente aprobada. En definitiva, a los niños, niñas y adolescentes les afectan de manera directa o indirecta todas las políticas sobre las que esta Cámara legisla. En este sentido la nueva Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, aprobada en la legislatura anterior, es sin duda un avance reconocido por el conjunto de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la materia, pero es un avance insuficiente. Debemos reconocer que hay un déficit estructural en materia de inversión a la infancia, y cuando hay un déficit de este calibre se imposibilita o se dificulta enormemente el desarrollo efectivo de las medidas incluidas en cualquier ley, entre otras en esta.

Si analizamos los Presupuestos Generales del Estado para 2016 observaremos, por ejemplo, cómo existe un incremento general en partidas que afectan a la infancia de forma directa o indirecta, pero nos encontramos aún muy lejos de las cifras de inversión de 2011 y de las que exigen los organismos internacionales. Es especialmente sangrante la drástica reducción de las prestaciones por desempleo, porque eso lleva a que en millones de hogares en los que conviven niños, niñas y adolescentes no pueda haber ningún ingreso. Por todo ello entendemos imprescindible promover un espacio parlamentario que se ocupe de forma específica del desarrollo de propuestas y del seguimiento de políticas públicas, que permitan garantizar en nuestro país el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Les pedimos para ello su más decidido apoyo.

Esta comisión debe aportar la perspectiva de infancia desde un enfoque de derechos al conjunto de la actividad parlamentaria y al seguimiento de la acción de gobierno en materia de infancia, en todas aquellas políticas que afecten a los niños, niñas y adolescentes de forma directa o indirecta. Un seguimiento parlamentario que además fortaleza el rol del actual Observatorio de la Infancia, que ha visto muy mermada su capacidad de trabajo por la falta de presupuesto. (Rumores). La comisión debe velar también por el adecuado seguimiento y evaluación de la inversión en infancia, así como garantizar la apertura de un diálogo cotidiano con el conjunto de la sociedad civil, y en especial esas organizaciones que defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a fin de que las propuestas de estos niños y niñas puedan verse reconocidas en la actividad cotidiana de esta Cámara. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio, por favor, que ya queda poco.

La señora MONTERO GIL: Esta comisión debe ser por último, a nuestro juicio, impulsora de medidas altamente demandadas por las organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de un pacto de Estado por la infancia y la garantía presupuestaria de inversión en infancia, que es una propuesta que surge de las organizaciones que hoy están aquí y que defienden día a día los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Señorías, no son muchas las ocasiones en las que esta Cámara tiene el consenso de todas las fuerzas políticas. Ahora podemos hacerlo y demostrar que las políticas de infancia son para nosotros y nosotras prioritarias. Decía Nelson Mandela que no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños y a sus niñas. Hagamos del cumplimiento de los derechos de la infancia un amplio compromiso de Estado. Puede parecer una cosa pequeña, pero en materia de infancia podremos estar haciendo historia con la aprobación de esta comisión.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montero.

Para fijar las posiciones de los grupos, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Ardanza.

La señora ARDANZA URIBARREN: Señor presidente, señorías, muy buenas tardes.

Con relación a esta propuesta de creación de una comisión permanente no legislativa de derechos de la infancia y adolescencia, de entrada, les digo que en principio mi grupo no tiene nada que objetar. Sin embargo también les digo que tenemos serias dudas en cuanto a las funciones propuestas y en cuanto a su alcance. Una primera lectura de dichas funciones nos permite constatar ya interferencias e incluso invasión de competencias propias de otros poderes del Estado. Y me estoy refiriendo, tanto a la interferencia con competencias propias de los poderes ejecutivos, como es la propia de la acción de gobierno, que implica entre otras muchas actuaciones la realización, la coordinación, la planificación y evaluación de la ejecución de las políticas en esta materia y otras transversales, como a las competencias exclusivas y


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propias de las comunidades autónomas y sus correspondientes parlamentos. Y en cuanto a interferencias en competencias propias de otros poderes hay que advertir que este Congreso legisla y controla la acción de gobierno, dentro del ámbito de competencias del Estado, pero no puede realizar funciones propias de la actividad administrativa, incluso de la jurisdiccional, tales como garantizar que todas las leyes, políticas, mecanismos, planes, programas y presupuestos estén en alineación con el interés superior de la persona menor y otras similares, y aún mucho menos si lo garantizado no está dentro del ámbito competencial del Estado. Puede que no sea esta la intención de la propuesta presentada. Pero la ambigüedad y el exceso en la redacción de la propuesta permiten interpretaciones amplias y muy diversas. (Rumores).

Tampoco puede este Congreso invadir por medio de la creación de comisiones permanentes no legislativas los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Ardanza.

Vuelvo a pedir silencio, porque no sé cómo sienten el volumen de esas conversaciones en los escaños, pero aquí atruenan. Por lo tanto un poco de respeto a quien está interviniendo.

Puede continuar. Gracias.

La señora ARDANZA URIBARREN: Gracias, señor presidente.

En este sentido, la comisión que se pretende crear no puede ser un paso previo a la realización de un pacto de Estado por la inversión en la infancia fundamentado, como se manifiesta en la iniciativa, en los objetivos de la estrategia 2020 de la Unión Europea, en el programa nacional de reformas del Estado, en los planes nacionales de infancia y adolescencia y de inclusión social, en la Recomendación de la Comisión Europea 2013: Invertir en la infancia, romper el círculo de las desventajas; en la nueva agenda universal del desarrollo sostenible, en las recomendaciones del Comité de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas de Ginebra o en la incorporación de un paquete específico de medidas urgentes contra la pobreza infantil y la exclusión social, desarrollando una estrategia estatal de reducción de la pobreza infantil, que incorpore un presupuesto desglosado y transparente en los Presupuestos Generales del Estado y que iguale la inversión en infancia a la media europea. Y no puede ser porque todos los objetivos, recomendaciones, planes, agendas y pactos que acabo de citar invaden, en mayor o menor medida, competencias de las comunidades autónomas y, en concreto, competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La competencia en materia de servicios sociales, de la lucha contra la exclusión y del sistema de protección a la infancia es exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aunque somos conscientes de que en algunas cuestiones que afectan a las personas, por ejemplo, en materias de legislación civil, corresponde al Estado la legislación básica. Además, no se puede obviar que para luchar contra la pobreza infantil hay que luchar contra la pobreza en las familias, pues en familias ricas no hay niños pobres, y para eso deben llevarse a cabo políticas transversales, fundamentalmente económicas, y estas también son propias y exclusivas de la Comunidad Autónoma vasca.

Finalmente, en términos generales, la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, en cuanto al desarrollo de las funciones de la comisión a través de distintos grupos y comisiones que, a su vez, trabajen en coordinación con otras comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo, con la finalidad de transversalizar el enfoque de los derechos de la infancia, dada precisamente la transversalidad de las políticas dirigidas a erradicar la pobreza, plantea grandes dudas en cuanto a su operatividad, ya que puede ralentizar y demorar en exceso el trabajo de las diferentes comisiones.

Por todo lo dicho, el Grupo Vasco se va a abstener en el momento de la votación para crear la comisión permanente no legislativa de derechos de la infancia y de la adolescencia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ardanza.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra la señora Ribera.

La señora RIBERA I GARIJO: Gracias, presidente.

Señoras y señores diputados, tengo el gusto de poder fijar la posición del Grupo Catalán sobre esta propuesta presentada por Podemos. Como saben, el Grupo Catalán, Democràcia i Llibertat, viene a este Congreso inspirado por un ánimo positivo, aunque se nos tilde de independentistas, que lo somos. Venimos inspirados por el ánimo de hacer avanzar en todo lo que podamos a Cataluña y, desde luego, ya que estamos todavía en España, también al Estado español. Por eso saludamos esta propuesta y nos


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hace mucha gracia -quizás a mí, porque soy una diputada novel que me estreno con esto- que en un país que no tiene Gobierno existan las comisiones y que vayamos creándolas. Eso me hace reflexionar sobre si quizás el Gobierno no es tan importante como algunos creen para que este país pueda funcionar, o al menos el Gobierno que tenemos.

Dicho esto, en relación con la propuesta que nos ha presentado Podemos, nuestra posición es totalmente positiva. No puede ser de otra forma porque la infancia es una etapa de vital trascendencia. No se puede llegar a ser adulto sin pasar por la infancia, y cómo se vive en esa época marca, y de qué manera: si se es pobre, qué posibilidades se tienen, con qué recursos se cuenta, qué apoyo hay de la familia y qué apoyo hay de la sociedad en general.

No solo es una propuesta que viene amparada por las leyes, porque lo marcan las leyes y hay que darles cumplimiento; lo marca la Convención de las Naciones Unidas para la protección de los derechos de la infancia, que España ratificó en 1990; lo marca la Constitución española, que también queremos cumplir en este aspecto que habla de protección, y lo marcan también las resoluciones de la Unión Europea, en concreto esta última de noviembre de 2015, cuando dice que España se encuentra entre los diecinueve países europeos que tienen un riesgo de exclusión por pobreza más elevado. Aquí sí que no podemos sacar pecho, aquí sí que no podemos decir que somos los primeros; sí que somos los primeros, pero al revés, por la cola. Estamos los segundos, después de Grecia, en reducción del riesgo de exclusión por pobreza entre los niños. No nos podemos sentir muy orgullosos de esto, pero precisamente por eso, porque somos positivos, queremos apoyar esta proposición, porque con una comisión no se solucionan los problemas pero ayuda a dar visibilidad a los temas, ayuda a que los niños estén representados, a que se puedan hacer políticas integrales y transversales, escuchando a las entidades sociales y a los profesionales que les dedican todos los esfuerzos, a los padres que están sin recursos y a los niños que se encuentran indefensos porque son vulnerables. Por eso vamos a dar apoyo a esta proposición.

Por otro lado -lo ha dicho muy bien la representante y portavoz de Podemos-, no solamente es una cuestión de pobreza, es una cuestión integral. Los niños se encuentran indefensos porque son vulnerables en las redes sociales, cuando se encuentran solos delante del ordenador y pueden tener acceso a contenidos ilícitos o que les perjudiquen en el crecimiento y en el desarrollo de su personalidad. En la educación, en la sanidad, en todo esto necesitamos una comisión que vele integralmente por las políticas que debe aplicar todo poder público para tener un país como Dios manda, ese país mucho mejor que nosotros queremos. En Cataluña -y no es para sacar pecho tampoco- ya está funcionando una comisión de este estilo con la unanimidad de todos. Me hubiera gustado que aquí hubiera habido unanimidad en este tema. Me hubiera gustado que hubiera habido unanimidad para dejar que los catalanes nos expresáramos, pero también unanimidad en este tema, porque es importante, porque los niños son de todos, los niños no tienen color político, los niños están en el centro de las políticas de democracia y libertad. Por eso, porque queremos que se les atienda fundamentalmente en la educación, en la sanidad y en todo, queremos que se cree esta comisión.

También queremos un pacto por la infancia, como tenemos en Cataluña. Siento mucho si a alguien le sabe mal, pero es así. En Cataluña hay un pacto por la infancia por unanimidad también. Con un Gobierno de Convergència i Unió -lo siento mucho si a alguien le sabe mal, pero fue así-se creó la Comisión de infancia, con un Gobierno de Convergència i Unió se aprobó el Pacto por la infancia, que no es un pacto de partidos políticos, que es un pacto social, un pacto de todos, con más de setenta entidades desde las grandes a las pequeñas. ¿Esto es posible en este Congreso? Me gustaría creer que sí. De momento acumulamos una abstención. No entiendo por qué se ha presentado esta enmienda -o se va a presentar, ya lo veremos- para que se eliminen los puntos 6 y 7, que hablan de ese pacto de Estado por la inversión, cuando en realidad no se estaba obligando a este pacto, únicamente se decía que la creación de esta comisión podría ser un paso previo para este pacto de Estado. ¿Qué miedo hay? ¿Qué miedo hay? No lo entiendo. Y menos lo entiendo cuando quien propone esta enmienda en el Parlamento catalán esta mañana quería obligar al Gobierno de la Generalitat precisamente a que se comprometiera a llegar a los niveles más altos de los países europeos en lo que respecta a inversión para la infancia. No se puede ir con dos varas de medir. O somos o no somos, o estamos o no estamos, aquí y allí, defendiendo lo que es importante, no en función de quien gobierna o de quien puede gobernar.

Con independencia de esto, nuestra posición, incluso si el grupo proponente acepta que se eliminen estos puntos 6 y 7, que tampoco entiendo qué mal hacen, porque de lo que hablan es de que esta comisión...


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El señor PRESIDENTE: Señora Ribera concluya, por favor.

La señora RIBERA I GARIJO: Sí, gracias.

Con independencia de que se acepte o no, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta que consideramos que ayuda a avanzar en positivo y que aplaudimos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ribera.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz.

El señor OLÒRIZ SERRA: Señor presidente, diputadas y diputados, bona vesprada, bona nit.

Seguro que no doy ninguna noticia nueva si constato que en esta Cámara los diputados y diputadas tenemos opiniones muy diversas sobre muchos temas, pero tampoco creo que nadie de esta Cámara deje de creer que el tema de la pobreza infantil, de los derechos de la infancia y de la adolescencia es un problema muy grave y prioritario. Save the Children dice que uno de cada tres menores en España vive en la pobreza o en riesgo de exclusión y que el impacto sobre la crisis en la infancia ha sido desproporcionado con respecto a otros grupos. Si esto es así, si la situación es tan difícil, ¿qué hemos hecho mal, sea en el diagnóstico, en los medios usados o en las dos cosas?

A mi grupo le preocupa la pobreza, la desprotección de la infancia, no solo en Cornellá o en Lleida, en Reus o en Ripoll, sino también y con el mismo empeño en Madrid, en Bilbao o en Sevilla. No nos es ajeno el sufrimiento y lucharemos en Cataluña y en este Congreso para erradicarlo. Les puedo asegurar que hasta el último segundo de nuestra permanencia en este Congreso lucharemos por que haya una situación de igualdad y de lucha contra la pobreza, porque somos republicanos y porque los catalanes somos así.

Un hogar es pobre, dice La Caixa en su último informe de estudios sociales, si dispone de menos de 780 euros en caso de familia monoparental o de 1.264 para una pareja con dos hijos. Por tanto, en España, un pobre severo sería una niña que vive con su hermano y con sus padres en un hogar en el que los ingresos no superan 630 euros al mes. Si las prioridades del Gobierno de España se concretan en este Congreso en las comisiones que se constituyen, a Esquerra republicana de Cataluña le parece muy bien que se cree la comisión permanente no legislativa de protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia, pero nos preocupan más, mucho más, el orden del día, las prioridades y lo que haremos. Será porque ya tengo una edad, pero me siento representado por unas palabras que decía Camus: Envejecer es pasar de la pasión a la compasión. Esta mañana, con mi compasión, he tenido unas palabras con Ione, que tiene la misma edad que mi hija, y creo que en este caso no nos hará falta solo compasión, sino también pasión, y dure lo que dure esta legislatura, sería un éxito. Si fuéramos capaces de diagnosticar, poner los medios y erradicar la pobreza infantil, merecería la pena haber venido a este Congreso en esta legislatura (Aplausos), porque habríamos ayudado a preservar como nunca los derechos de la infancia y de la adolescencia, con sentido y sensibilidad. Podemos conseguirlo; está en nuestras manos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olòriz.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que ha presentado además una propuesta en relación con esta iniciativa, tiene la palabra señora Miguel.

La señora MIGUEL MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Podemos-En Común Podem-En Marea presenta esta propuesta de creación de una comisión parlamentaria no legislativa sobre los derechos de la infancia y de la adolescencia, justificando esa necesidad sobre dos ejes fundamentales que compartimos. En primer lugar, que es de justicia. Es verdad que nuestra propia Constitución, desde la aceptación de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, sitúa al niño en un lugar preeminente en cuanto al desarrollo de políticas y legislación que aseguren su bienestar y su desarrollo pleno. En segundo lugar -además se ha debatido en esta Cámara hoy con respecto al Pacto de Toledo-, hay una razón demográfica. El alarmante envejecimiento de nuestra población hace especialmente importante el tratamiento de manera específica de la problemática y necesidades de los niños y sus familias. Y, sobre todo, mi grupo parlamentario apoya la creación de esta comisión porque el colectivo de niños y adolescentes está formado en España por un gran número de individuos que bien merecen tener un espacio en esta institución, donde se debaten de manera específica y especializada las medidas y políticas que les afectan.


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Nuestra enmienda, como ha comentado nuestra compañera de Democràcia i Llibertat, no va encaminada a restringir esta propuesta, sino a hacerla más adaptable, más susceptible de consenso por parte de toda la Cámara, pues creemos que es muy importante que se constituya esta comisión. Luego, en su seno, se podrán debatir los pactos, el aumento presupuestario y todo lo que creamos conveniente. Nos congratulamos de que al menos en este aspecto la Cámara haya sido capaz... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio.

La señora MIGUEL MUÑOZ: ... de alcanzar un amplio consenso. Mi grupo espera que en los próximos días seamos capaces de alcanzar otros amplios acuerdos en temas no menos fundamentales que todos o por lo menos la gran mayoría compartimos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Miguel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Rodríguez García.

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Buenas tardes.

Señor presidente, señorías, permítanme, aunque sea de manera rápida, empezar esta intervención, que se refiere a la infancia, recordando mi niñez. Soy niña de pueblo pequeño y estudié en un colegio público, con buenos recursos y buenos profesores. Tuve acceso a la lectura gracias a centros de bibliotecas públicos, estuve atendida en un magnífico centro de salud y pude ir a la universidad y estudiar gracias a un sistema de becas. Esta es mi realidad, pero también la de millones de niños españoles. He querido empezar así para agradecer el trabajo que hicieron quienes cuando nosotros éramos niños se sentaban en estos escaños o gobernaban nuestro país. Siempre es bueno ser agradecido y quería empezar así esta intervención. (Aplausos). Cuando algunos de nosotros acabábamos de nacer se sentaban en nuestro país las bases del Estado del bienestar, que nos han permitido avanzar individualmente y como sociedad. Con la apuesta por la sanidad pública y universal se garantizó la protección de la salud de todos los niños y niñas. Gracias al compromiso por una educación pública de calidad se hizo posible que los hijos e hijas de las familias trabajadoras accediéramos a la universidad, un avance sin precedentes en la igualdad de oportunidades en nuestro país. Estos hitos, señorías, se produjeron durante Gobiernos socialistas, pero no los hicimos solos, sino de la mano de la sociedad. Es un éxito colectivo de nuestro país. Y en esta Cámara también, señorías, hace muchos años -por ejemplo, en 1991, y no me refiero a mi grupo, sino que quiero mencionar a otro, al Grupo Parlamentario CDS- se propuso la creación de una ponencia sobre los derechos del niño en el seno de la Comisión de Política Social y de Empleo para garantizar la situación actual de la infancia. Quiero decir con esto que son ya muchos los avances en nuestro país. Es cierto que en la pasada legislatura mi grupo parlamentario trabajó en numerosas iniciativas que aquí se han mencionado, por lo que no las voy a repetir, pero por desgracia las iniciativas que aquí se plasmaron no tuvieron como consecuencia una buena gestión del Gobierno; también se han mencionado las consecuencias del Gobierno del Partido Popular en lo que se refiere a la desigualdad y a la injusticia social, que fundamentalmente padecieron después los más débiles, también los niños y las niñas. La pasada fue una legislatura marcada por la combinación de altas cifras de desempleo, de precariedad, de reducción de la protección social, que, como digo, trajeron esos datos a los que ya se ha hecho alusión y no voy a repetir. Simplemente quiero agradecer a las entidades, a las organizaciones no gubernamentales, a Save the Children, a Unicef, a Cáritas y a tantas otras, que nos hayan facilitado durante estos cuatro años de Gobierno del Partido Popular datos para conocer la realidad de lo que estaba sucediendo en nuestro país, pero, señorías, tras el 20 de diciembre no podemos conformarnos con esto. Es una buena noticia. Felicito al grupo proponente y les animo para que lancemos desde esta nueva Cámara, que representa al Congreso de los Diputados tras las elecciones, un mensaje claro de priorización de las políticas de infancia. Está bien que lo hagamos desde el Congreso de los Diputados, pero con la creación de esta comisión no es suficiente. ¿Qué les quiero decir, señorías? Que está muy bien que tengamos esta comisión para atender aquí de manera singular los problemas, los retos y las oportunidades de la infancia y la adolescencia; que está muy bien que garanticemos aquí que todas las leyes y los proyectos pasen los filtros para proteger el interés del menor; que está muy bien que hagamos aquí un seguimiento transversal de lo que sucede en los diferentes ministerios; que está muy bien que escuchemos en el Parlamento a las entidades que representan la defensa de los derechos de los niños


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y las niñas. Todo eso está muy bien, lo compartimos y por eso apoyamos esta iniciativa, pero lo verdaderamente importante será contar con un Gobierno comprometido con este tipo de políticas, dispuesto a afrontar los problemas que existen en nuestro país, como la pobreza infantil o el desafío de reforzar las políticas de natalidad. Tenemos que acabar con dos dramas: con el drama personal de muchas mujeres y parejas jóvenes que quieren tener hijos y no pueden y con el drama colectivo de un país que envejece cada día. (Aplausos). Eso es lo que deseamos en el Grupo Parlamentario Socialista. Deseamos desarrollar un plan estratégico para la infancia, como han dicho aquí otros grupos, lograr un pacto por la educación, avanzar en la universalización de las escuelas de cero a tres años, configurar las becas como un derecho, poner en marcha un ingreso mínimo vital e incrementar su cuantía por cada hijo a cargo. Queremos aprobar una ley marco de servicios sociales. Queremos incluir en la cartera de servicios sanitarios la atención temprana. Queremos ampliar los permisos de paternidad y maternidad a las veintiséis semanas. Queremos reconocer a todas las mujeres con un bonus de cotización de dos años por cada hijo a efectos de su pensión. Queremos un pacto nacional por la racionalización de los horarios que nos permita ver a nuestros hijos y a nuestros hijos ver a sus padres. Son solo diez medidas que hace unos días les presentábamos aquí en ese Gobierno de cambio que proponíamos los socialistas. Son solo diez y sé que podrían ser muchas más. Estoy convencida de que si la mayoría de los que hoy deseamos un cambio de Gobierno -un Gobierno alternativo al del Partido Popular, al de los recortes y al de la desigualdad- trabajamos para hacerlo posible, esta puede ser una legislatura en la que los niños de hoy puedan comprender mañana que trabajamos por garantizarles el mejor presente y el mejor futuro, que no es otra cosa que garantizar el mejor presente y el mejor futuro para nuestro país. Hagámoslo posible. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.

Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González Vázquez.

La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente la constitución de esta comisión no legislativa de derechos de la infancia y de la adolescencia. Votaremos sí a su creación porque nos parece una muy adecuada continuación del enorme trabajo legislativo que se ha hecho en esta Cámara en estos cuatro años pasados en favor de la infancia y la adolescencia. En 2011, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, España no contaba con políticas específicas destinadas a la infancia o a las familias. Si consideramos que el último Plan de apoyo a la infancia procedía del año 1996, nos daremos cuenta de la importancia de esta materia entre los objetivos de Gobierno del Partido Socialista: cero. El Gobierno ahora en funciones comenzó sus trabajos a través del Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2013-2016. Señora representante del Grupo Parlamentario Socialista, ese plan existe ya dotado con más de 5.000 millones de euros de presupuesto. Además, este trabajo se vio culminado cuando el año pasado se aprobaron la Ley orgánica y la Ley ordinaria de protección a la infancia y a la adolescencia, que han supuesto un antes y un después en nuestro ordenamiento jurídico. Se ha incorporado por primera vez en Europa el principio del interés superior del menor, con un catálogo de derechos de niños y niñas, o la obligatoriedad de realizar una valoración de impacto en la infancia y la adolescencia de todos los anteproyectos de ley y reglamentos que se tramiten. Además, se ha ampliado a los niños y niñas el Estatuto de protección integral a las víctimas de violencia de género, que la Ley orgánica de 2004 concedía tan solo a las mujeres, ampliando la atención psicológica, la asistencia jurídica, social o económica también a los menores que sufren directa o indirectamente la violencia que sus padres ejercen sobre sus madres y sobre ellos mismos. Asimismo, se obliga a los jueces a pronunciarse para dictar medidas cautelares que afecten a los menores hijos e hijas de víctimas, primando siempre que continúen con sus madres. Recordemos que el 65 % de las mujeres que denuncian la situación de violencia de género tienen hijos e hijas menores de edad, razón por la que es evidente que los menores tienen que ser objeto de atención específica para su completa recuperación de esa situación de violencia que viven tanto ellos y ellas como sus madres. Quiero también mencionar cómo se ha definido por primera vez en una norma estatal la situación de riesgo y desamparo, simplificando y agilizando los procesos de tutela y guarda, la adopción y el acogimiento para evitar en la medida de lo posible las soluciones residenciales -los centros de menores- y favorecer las familiares en todos los casos de niñas y niños en situación de riesgo. Se ha reforzado asimismo la protección de los menores frente a delitos de carácter sexual, habiéndose creado un Registro central de delincuentes


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sexuales, de forma que el acceso a determinadas profesiones que impliquen contacto con menores quede vetado a aquellas personas con antecedentes penales de este tipo. Todo ello, señorías, se ha llevado a cabo, además, con el apoyo y consejo de las comunidades autónomas, de las entidades del tercer sector -algunas de ellas presentes aquí- y de personas expertas del ámbito académico, es decir, con el máximo consenso posible. Del acuerdo que estas normas tuvieron en esta Cámara es testimonio que de 752 enmiendas presentadas se aprobaron 240, es decir, un tercio del total. Les recordaré más cuestiones concretas, señorías, en apoyo de la infancia y la mejora de las condiciones de vida de los menores y de las familias. La reforma fiscal impulsada el año pasado, 2015, tiene precisamente en las familias con varios hijos o hijas o con personas con discapacidad entre sus miembros, así como en las monoparentales con dos menores a su cargo a sus grandes beneficiarias, pagando menos y pudiendo además obtener desgravaciones y ayudas de hasta 100 euros al mes.

Señorías, el grupo proponente ha presentado su solicitud basándose en una serie de datos un poco enmarañados sobre la pobreza infantil en nuestro país, que exigen por parte de nuestro grupo cierta aclaración. En primer lugar, hay que hacer constar que durante las dos legislaturas socialistas, 2004-2011, la pobreza infantil creció en Europa, según la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, Arope, más de cuatro puntos, mientras que en la Unión Europea a veintisiete cayó en siete décimas. A pesar de esto y del conocimiento de esta caída progresiva, el Plan de inclusión del año 2010 del Gobierno socialista no hizo ninguna mención ni tomó ninguna medida en relación con la pobreza infantil. En 2013, el Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia y el Plan de inclusión social establecieron como objetivo prioritario la lucha contra la pobreza infantil, haciendo suya la recomendación europea Invertir en la infancia, romper el ciclo de desventajas. Se aprobó un fondo cuya distribución entre las comunidades autónomas permitió financiar 287 proyectos que favorecieron a 110.856 niños y niñas. En 2015 ese fondo se amplió a 32 millones de euros y en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 pasa a tener una cuantía de 48 millones de euros para situaciones de carencia material, vía comunidades autónomas, que son, como bien sabemos y se ha recordado aquí también, las competentes en materia social. Asimismo, a través de la prioridad de financiación de proyectos de apoyo a la infancia, se han destinado en el programa de subvenciones del 0,7 del IRPF, 27,7 millones de euros para proyectos de infancia en el año 2015.

El señor PRESIDENTE: Señora González, le ruego que concluya.

La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Termino, señor presidente.

La pobreza infantil no es un problema, como también se ha dicho aquí, que pueda separarse de la situación de desempleo o vulnerabilidad de los progenitores o tutores del menor. Como bien saben ustedes, las comunidades autónomas y el Gobierno han puesto en marcha a lo largo de los años diferentes respuestas al problema de la pobreza, la inempleabilidad o el paro de larga duración. En 2014 el Gobierno -y con esto termino- se comprometió a revisar el panorama de las rentas mínimas de inserción junto con las comunidades autónomas y los agentes sociales para garantizar una cobertura y una protección más eficaz en todos los casos. Pues bien, la Comisión Europea acaba de conceder un proyecto al Gobierno de España para esa revisión y el establecimiento de propuestas de mejora, que esperamos que proporcionen un marco más eficaz, siempre en el respeto de las competencias que la Constitución y los respectivos estatutos de autonomía otorgan a cada Administración.

Quiero recordar finalmente que las medidas puestas en marcha desde el Gobierno han sido valoradas favorablemente por el Consejo Europeo, que las ha considerado pasos en la adecuada dirección para mitigar la pobreza infantil. De la misma manera las han considerado los diferentes informes del secretario general de Naciones Unidas.

El señor PRESIDENTE: Señora González, ha sobrepasado, y mucho, el tiempo.

La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Damos nuestro voto favorable a la constitución de esta comisión no legislativa, considerando que desde su seno se podrá continuar trabajando en la protección de la infancia y la lucha contra la pobreza de manera clara y directa, manteniendo la prioridad que para el Gobierno del Partido Popular ha sido durante la legislatura pasada la protección a la infancia y la adolescencia.

Muchas gracias. (Aplausos).


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- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 155/000006).

- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE SOBRE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. (Número de expediente 155/000007).

- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD. (Número de expediente 155/000008).

- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE PARA EL ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente 155/000009).

- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN DE RTVE Y SUS SOCIEDADES. (Número de expediente 155/000010).

- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS. (Número de expediente 155/000011).

El señor PRESIDENTE: Señorías, en relación con el resto de propuestas de creación de comisiones permanentes incluidas en el orden del día, vamos a seguir lo acordado en la Junta de Portavoces, es decir, someterlas a su aprobación por la Cámara por asentimiento sin que haya un debate previo.

DACIÓN DE CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE:

- DACIÓN DE CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LA X LEGISLATURA A LA CÁMARA DE LA XI LEGISLATURA. (Número de expediente 062/000001).

El señor PRESIDENTE: Lo mismo haríamos con el siguiente punto del orden del día, que es el de la dación de cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de la X Legislatura a la Cámara de la XI Legislatura.

Si no hay ninguna oposición a hacer esto así, vamos a esperar a que acabe de sonar el timbre para proceder a las diferentes votaciones. (Pausa).

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA UNIDAD DE ESPAÑA. (Número de expediente 162/000032).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones pendientes del día de hoy. Les recuerdo, ya que es la primera vez que votamos en esta legislatura, que primero pulsamos el botón de presencia y luego el del sentido del voto.

Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la unidad de España. Recuerdo que se vota en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 147; en contra, 79; abstenciones, 100.

El señor PRESIDENTE: Parece que no ha funcionado. En aquella esquina parece que no ha funcionado. Aquellos que no han visto reflejado su voto en la pantalla que se levanten, por favor, y digan cuál es el sentido de su voto. (Pausa).

Vamos a hacer otra cosa. Primero, ¿cuántas personas no han podido votar en esta ocasión? (Pausa). No hablo de los que han equivocado el sentido del voto, sino de los que no han podido votar. (Pausa). Una persona. ¿Y el sentido de su voto cuál es? (La señora Botella Gómez: Abstención).

El resultado definitivo de la votación es: votos emitidos, 327; a favor, 147; en contra, 79; abstenciones, 101.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (El señor Iglesias Turrión pide la palabra). ¿Sí, señor Iglesias?

El señor IGLESIAS TURRIÓN: Disculpe, señor presidente.

Creo que algunos diputados, algunos de mi grupo, han tenido dificultades, porque era la primera vez que utilizaban el sistema de votación, y no han podido expresar correctamente el sentido de su voto. Le pido a usted que se haga cargo y que el sentido de su voto, que creo que ha quedado claro con nuestras intervenciones, se pueda expresar en todos los diputados. Teniendo en cuenta, además, que algunas de sus señorías solo acuden a este Pleno a votar, creo que esta petición es del todo razonable. (Rumores.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, lamento mucho las equivocaciones de algún diputado o alguna diputada que haya podido errar en el sentido de su voto. Lo único que podemos hacer desde la Mesa es que aquellos que no han podido ejercer su derecho a voto se manifiesten, que es lo que hemos hecho en esta ocasión.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A RECUPERAR EL PACTO DE TOLEDO, COMO EXPRESIÓN DE CONSENSO POLÍTICO, Y EL DIÁLOGO SOCIAL, CON EL FIN DE ACORDAR LAS MEDIDAS QUE PERMITAN ASEGURAR PENSIONES DIGNAS Y FORTALECER LA VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. (Número de expediente 162/000006).

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones. Les recuerdo que también se vota en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 219; en contra, 109; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO NÚMERO 189 DE LA OIT Y LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 201 SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS O TRABAJADORES DOMÉSTICOS. (Número de expediente 162/000079).

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Martínez Oblanca, y del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 224; en contra, 1; abstenciones, 114.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, LA IGUALDAD Y LA UNIÓN DE TODOS LOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 162/000011).

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a la defensa de la democracia, la igualdad y la unión de todos los españoles. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 131; en contra, 95; abstenciones, 114.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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PROPUESTAS DE CREACIÓN DE COMISIONES. (VOTACIÓN):

- SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE NO LEGISLATIVA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. (Número de expediente 155/000002).

- SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y DE LOS SEÑORES BALDOVÍ Y GARZÓN (GRUPO MIXTO), DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES. (Número de expediente 155/000003).

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la solicitud del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea de creación de una comisión permanente no legislativa de lucha contra la corrupción y la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y de los señores Baldoví y Garzón, del Grupo Mixto, de creación de una comisión permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Se votan conjuntamente en los términos de la propuesta transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo Socialista, por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y por el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 332; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE NO LEGISLATIVA DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (CPDIA). (Número de expediente 155/000005).

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la solicitud del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea de creación de una comisión permanente no legislativa sobre los derechos de la infancia y de la adolescencia y se vota en los términos de la propuesta de modificación del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 333; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE SOBRE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. (Número de expediente 155/000007).

- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD. (Número de expediente 155/000008).

- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE PARA EL ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente 155/000009).

- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN DE RTVE Y SUS SOCIEDADES. (Número de expediente 155/000010).

- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS. (Número de expediente 155/000011).

El señor PRESIDENTE: El resto de propuestas de creación de comisiones permanentes incluidas en el orden del día se someten a la votación de la Cámara por asentimiento. ¿Dan sus señorías el asentimiento? (Asentimiento).

Así lo aprobamos.


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DACIÓN DE CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE. (VOTACIÓN):

- DACIÓN DE CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LA X LEGISLATURA A LA CÁMARA DE LA XI LEGISLATURA. (Número de expediente 062/000001).

El señor PRESIDENTE: Lo mismo con la dación de cuentas de la Diputación Permanente de la anterior legislatura sobre esta. ¿Se puede votar por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada.

Se levanta la sesión.

Eran las nueve y veinte minutos de la noche.

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