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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 10, de 19/04/2016
cve: DSCD-11-PL-10
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 10
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PATXI LÓPEZ ÁLVAREZ
Sesión plenaria núm. 10
celebrada el martes,
19 de abril de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página5)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de modificación del régimen de tasas judiciales, establecido por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, para la exención de las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 19-1, de 4 de marzo de 2016. (Número expediente 122/000011) ... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de dieciséis años (Orgánica). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 20-1, de 11 de marzo de 2016. (Número expediente 122/000012) ... (Página18)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de un pacto nacional en materia educativa. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 13, de 12 de febrero de 2016. (Número expediente 162/000067) ... (Página34)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 10, de 9 de febrero de 2016. (Número expediente 162/000007) ... (Página43)


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Declaración institucional:

- Declaración institucional con ocasión del terremoto en la República de Ecuador. (Número de expediente 140/000005)... (Página53)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación) ... (Página54)

Proposiciones no de Ley. (Votación) ... (Página55)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página5)

El señor don Francisco Domingo Cabrera García adquiere la condición plena de diputado al prestar acatamiento a la Constitución.

La Presidencia informa de que las votaciones se realizarán de manera acumulada a partir de las siete y treinta minutos de la tarde.

Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página5)

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de modificación del régimen de tasas judiciales, establecido por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, para la exención de las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades ... (Página5)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, y Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Yllanes Suárez, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Zoido Álvarez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de dieciséis años (Orgánica) ... (Página18)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


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En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro y Sánchez Maroto y el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat); los señores Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Moya Matas, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea; así como las señoras González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Cortés Bureta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de Ley ... (Página34)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de un pacto nacional en materia educativa ... (Página34)

Defiende la proposición no de ley el señor Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, que da por defendida la enmienda presentada por el señor Martínez Oblanca, así como para fijación de posición, al igual que la señora Sorlí Fresquet, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Montero Gil, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Postius Terrado, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; así como las señoras Rivera de la Cruz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Casado Blanco.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal ... (Página43)

Defiende la proposición no de ley el señor Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, las señoras Beitialarrangoitia Lizarralde y Sánchez Maroto, y el señor Candela Serna, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs Molist, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat); Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Ten Oliver, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, así como la señora Honorato Chulián, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Declaración institucional ... (Página53)

La señora secretaria (Sánchez-Camacho Pérez) da lectura a la declaración institucional firmada por todos los grupos parlamentarios con ocasión del terremoto ocurrido en la República del Ecuador el 16 de abril de 2016.


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Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación) .... (Página54)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de modificación del régimen de tasas judiciales, establecido por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, para la exención de las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, se aprueba por 322 votos a favor y 1 abstención.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años (Orgánica), se aprueba por 174 votos a favor, 144 en contra y 6 abstenciones.

Proposiciones no de Ley. (Votación) ... (Página55)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de un pacto nacional en materia educativa, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), se rechaza por 107 votos a favor, 179 en contra y 38 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el Grupo Parlamentario Mixto (señor Garzón Espinosa y señora Oramas González-Moro) a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, se aprueba por 208 votos a favor, 105 en contra y 11 abstenciones.

La Presidencia informa de que habiéndose recibido comunicación del criterio del Gobierno de que la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en relación con las preguntas con respuesta oral, la Junta de Portavoces ha acordado que en el caso de que se produjera la ausencia efectiva de los miembros del Gobierno se entendería decaído del orden del día el punto referente a preguntas. Asimismo ha acordado abrir un turno de tres minutos a los grupos parlamentarios para fijar posición al respecto.

Intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Homs Molist, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat); la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Iglesias Turrión y la señora Martín González, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea; así como los señores Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Se suspende la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

Con carácter previo al primer punto del orden del día vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. (Rumores). Silencio, por favor. En sustitución de don José Manuel Soria López pregunto a don Francisco Domingo Cabrera García si jura o promete acatar la Constitución.

El señor CABRERA GARCÍA: Sí, juro.

El señor PRESIDENTE: Don Francisco Domingo Cabrera García ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos.-Continúan los rumores).

Silencio, por favor.

Antes de comenzar con el resto de los puntos del orden del día, quiero fijar el momento de la votación acumulada de las proposiciones de ley y proposiciones no de ley para aproximadamente, como hicimos el martes pasado, las siete y media.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE TASAS JUDICIALES, ESTABLECIDO POR LA LEY 10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE, PARA LA EXENCIÓN DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS QUE HAYAN OPTADO POR EL RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL DE LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO, Y LOS SUJETOS PASIVOS QUE TENGAN LA CONSIDERACIÓN DE ENTIDADES DE REDUCIDA DIMENSIÓN DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. (Número de expediente 122/000011).

El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el punto I del orden del día, relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley. Corresponde, en primer lugar, debatir la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de modificación del régimen de tasas judiciales establecido por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, para la exención de las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Reyes.

La señora REYES RIVERA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, como abogada en ejercicio que he sido hasta hace muy poco tiempo permítanme que les diga -en tono humilde- que yo sé cómo funcionan los juzgados y la justicia en nuestro país. Señorías de mi derecha, ¿conocen ustedes la realidad de los juzgados? (Rumores). Siento decirles que no, no la conocen y no les interesa lo más mínimo. Ni el señor Ruíz-Gallardón la conocía ni la conoce el señor Catalá, que por cierto no está aquí; es algo importante, así que ruego que se lo cuenten. Digo -por aquello de la presunción de inocencia- que no la conocen ustedes, pero entiendan que algunos puedan pensar -malpensados ellos- que no es que no tuvieran conocimiento sino que han utilizado la justicia para favorecer sus intereses. Desde luego yo no soy quién para afirmar algo así, podríamos dejarlo en manos de algún juzgado o de los jueces. El problema es que, tal y como están, podríamos tardar cuatro o cinco años, con un poco de suerte, en obtener sentencia. Lo más grave no es el desconocimiento ni siquiera lo es el hecho de que no les preocupe; lo más grave es que ustedes legislaron dando la espalda a toda esta Cámara, dando la espalda a la sociedad al completo. Hicieron caso omiso a las voces de tantos y tantos profesionales, operadores jurídicos y ciudadanos a los que les preocupa la justicia y sufren su funcionamiento.

Hoy es para mí un orgullo representar desde esta tribuna a todas esas personas que alzaron sus voces y a tantos y tantos afectados por el tasazo del PP. Si algo bueno ha tenido esta ley es que ha conseguido poner de acuerdo -en contra de la misma, claro- a jueces, fiscales, funcionarios de justicia, abogados, procuradores y ciudadanos con todo tipo de profesiones. Muchos de ellos se unieron en


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asociaciones. Hoy se encuentra entre nosotros una de ellas, la Brigada Tuitera, que tanto tiene que ver en esta proposición de ley. Se unieron y, gracias a la presión que ejercieron -y seguramente también a que había elecciones en el horizonte-, consiguieron que al final de la pasada legislatura se eliminaran las tasas judiciales para las personas físicas. Señorías, no es suficiente. La situación de la justicia es preocupante. Es nuestra obligación recuperar el prestigio de las instituciones de nuestro Estado democrático de derecho. Los ciudadanos acuden a la justicia porque desde aquí, desde el Gobierno, no somos capaces de resolver sus problemas. No acudimos a la justicia pensando: ¡Venga, vamos a atascar aún más el sistema! Uno acude la justicia generalmente cuando no le queda más remedio; tengámoslo todos muy claro ya de una vez. Además de tener desde aquí gran parte de responsabilidad sobre ese colapso judicial, no pretendamos solventar los problemas cercenando aun más los derechos de las personas obligándolas a pagar un peaje por ejercer un derecho fundamental. Es necesario que seamos profundamente sensibles ante las necesidades y requerimientos de la sociedad y plasmarlo en las leyes. Esa es nuestra misión principal.

Con la Ley de Tasas Judiciales se ha hecho justamente todo lo contrario, impidiendo el acceso a la justicia a muchos ciudadanos; se le ha impedido sobre todo a esa clase media empobrecida por la crisis, ya sea directamente o a través de pequeñas empresas o entidades sin ánimo de lucro. Refresquemos un poco nuestra memoria: año 2011, 20 de noviembre, el PP gana las elecciones con mayoría absoluta, 186 diputados; un año después, 2012, misma fecha, 20 de noviembre, deciden ustedes celebrar que cumplen un año en el Gobierno con la conocida Ley de Tasas Judiciales que, gracias a esa mayoría que obtuvieron, pudo ser tramitada de manera urgente. Fue tan urgente, tan urgente que ni siquiera tenían preparados los impresos de la Agencia Tributaria para poder hacer efectivo el pago. Tenían prisa, señorías. Esta ley supuso una verdadera bofetada para nuestro Estado democrático de derecho. La ley fue rechazada por todos los grupos parlamentarios, por todos los sectores del mundo jurídico y por la mayoría de los ciudadanos. Curiosamente, además esta ley empieza con una excusatio non petita diciendo: "El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el beneficio de la justicia gratuita." Muchas gracias por la aclaración. Avala esta frase con una sentencia del Tribunal Constitucional dictada hace unos meses; el Tribunal Constitucional sí, ¡justo ese tribunal que goza de tan buena fama por su alto nivel de independencia frente al Ejecutivo! De politización de la justicia mejor ni hablamos, ¿no? A esa politización han contribuido prácticamente todos los partidos políticos representados en esta Cámara en anteriores legislaturas. Que se obligue a los jueces a firmar un documento comprometiéndose con el llamado Gobierno del cambio, como algunos proponen, tampoco lo definiría yo exactamente como independencia judicial.

Volvamos a la ley. En opinión de expertos juristas y de muchos magistrados que así han querido plasmarlo en sus sentencias, la Ley de Tasas Judiciales atenta contra esta (Muestra un ejemplar de la Constitución española), contra nuestra Constitución, base de nuestra democracia; atenta contra el artículo 24, que lo dice bien claro: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces...". Cuando una persona gana 1.000 euros, o incluso algo menos, y por ello no tiene acceso al beneficio de justicia gratuita, y encima se le cobra una tasa desorbitada por interponer una demanda, se lo pensará muy mucho o directamente ni se lo planteará porque vive con el dinero justito para llegar a final de mes, pero no por ello sus derechos dejan de ser legítimos. Lo que ocurre es que con las elevadas tasas se coarta la posibilidad de defender estos derechos en la vía judicial. Lo mismo sucederá con pequeñas empresas que han sufrido gravemente la crisis y con las entidades sin fines lucrativos que defienden intereses colectivos y que por la tasa pueden quedar desprotegidos. No tiene justificación que esas pequeñas entidades paguen exactamente lo mismo que una gran empresa, por ejemplo un banco o una aseguradora, las cuales recurren constantemente a la justicia, tienen abogados contratados en nómina e incluso pueden deducirse fiscalmente el gasto de la tasa. No podemos crear autopistas de peaje en el ejercicio de derechos fundamentales y situar a los ciudadanos y a las pequeñas empresas en desventaja frente a esas grandes, incluso frente a las administraciones públicas, que tampoco pagan tasa alguna. Esta ley ha afectado y afecta a personas con nombres y apellidos, a trabajadores que sufren prácticas discriminatorias en sus empresas; afecta a pequeñas microempresas que con la crisis tienen que cerrar, entre otras cosas porque no han podido recuperar sus créditos en la vía judicial; afecta a víctimas de negligencias médicas que ni por sí ni a través de entidades han podido pagar las tasas para recurrir frente a aseguradoras que han podido hacerlo; ha afectado a ciudadanos o pymes perjudicados por el desarrollo de un plan urbanístico frente a una Administración pública que recurre continuamente; afecta también a consumidores que de manera individual o a través de asociaciones han sufrido la introducción de cláusulas


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abusivas en contratos con entidades bancarias (cláusulas suelo, swaps, preferentes, etcétera). Nosotros, desde Ciudadanos, señor Iglesias -que no está-, señores de Podemos, no vendemos preferentes, como manifestaron ustedes; más bien al contrario, algunos de los que estamos en Ciudadanos hemos defendido a estas personas en la vía judicial y pensamos seguir haciéndolo desde esta Cámara. (Aplausos).

Cuando el PP puso en marcha esta ley utilizó diferentes argumentos para defenderla. El tiempo ha demostrado que ni uno solo es válido. Se alegó, por un lado, que se iba a evitar el colapso judicial, aunque de ningún modo este argumento habría sostenido la limitación de un derecho fundamental; pero la realidad es que tampoco ha sido así. El atasco judicial a día de hoy, según el propio informe del Defensor del Pueblo, no ha disminuido. Con los datos que tenemos queda claro que si alguien abusa de la justicia es precisamente el que no tiene problema alguno para pagar las tasas. Por otro lado, también aseguraron que el dinero que se recaudara se iba a destinar para sufragar la justicia gratuita. Hoy escuchamos quejas fundadas del Consejo General de la Abogacía y prácticamente de todos los colegios de abogados porque en absoluto se ha cumplido lo que se dijo. El propio ministro de Justicia -que no está- ha manifestado que el dinero recaudado había pasado a la caja común del Estado, sin saber exactamente a dónde.

El resumen de todo esto es que la ley no ha cumplido ninguno de los objetivos que decía tener. Es claro que tenía y tiene un mero carácter recaudatorio. Sí, se han retirado las tasas judiciales para las personas físicas, lo cual agradecemos enormemente, pero no es suficiente. Como decía Montesquieu, ese gran olvidado, una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Hagamos más justa esta ley y ampliemos la exención de la tasa a pymes y a entidades sin ánimo de lucro, detrás de ellas hay muchas personas a las que seguimos recortando derechos. Este será un pequeño paso para mejorar nuestra justicia y quizás también, en cierta manera, la economía, porque este pequeño paso supone 90 millones de euros, aquí lo tenemos. (Muestra a la Cámara unos documentos). Nosotros hemos elaborado una memoria económica que avale la ley. Serían 90 millones que se mantendrían en esas pequeñas empresas que suponen el motor económico de este país.

Empecemos hoy por esto y continuemos con mucho más. Queremos una justicia a la que puedan acceder todos los ciudadanos sin importar su nivel de renta. Queremos acabar con esa diferencia entre la justicia para ricos y la justicia para pobres. Queremos una justicia rápida, eficaz y de calidad. Esto no se consigue, señorías, acortando plazos de instrucción y permitiendo con ello, dada la escasez de medios, que muchas causas queden impunes. ¿Quieren realmente acabar con la corrupción? Aseguremos que la justicia actúe de manera independiente, dotémosla de medios y dejemos que haga su trabajo sin meter nuestras zarpas en ella. Si no acometemos ya de una vez por todas las reformas que la justicia necesita corremos un grave riesgo. La falta de confianza de los ciudadanos en el sistema puede convertirse en algo irreversible. No podemos dejar que eso ocurra, es nuestra responsabilidad trabajar para la ciudadanía y debemos estar muy atentos a todo lo que se nos pide. La situación de la justicia es preocupante, es nuestra obligación recuperar su prestigio. Por ello, como primer paso pido a todos ustedes, señorías, que voten favorablemente esta proposición de ley que desde Ciudadanos presentamos ante esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Reyes.

Ningún grupo ha solicitado la utilización del turno en contra; por tanto, pasamos al de fijación de posiciones, comenzando por el señor Bataller, del Grupo Mixto.

El señor BATALLER I RUIZ: Señorías, en el preámbulo de la Ley 10/2012, de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, que hoy vamos a reformar, encontramos una falsedad y un menosprecio. Es falso que las tasas hayan permitido una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia judicial gratuita. No se ha podido saber todavía qué parte de lo recaudado por el Estado mediante esta ley ha ido a parar de forma efectiva a quienes utilizan el derecho a la justicia gratuita. Hace poco más de un año desde Compromís preguntábamos al Gobierno dónde habían ido a parar los más de 500 millones de euros recaudados entonces a través de las tasas judiciales que había impuesto el exministro Gallardón, ya en el remoto recuerdo. La respuesta del Gobierno fue sencillamente que desconocía el destino de ese dinero. Esta ignorancia no impide que las comunidades autónomas continúen soportando sobre sus costillas el grueso de esta carga que aún no se les ha aliviado. Así, hace pocos días la Generalitat valenciana ha tenido que pagar casi 7 millones de euros para satisfacer los honorarios de abogados y procuradores del turno de oficio que se habían devengado en el último trimestre de 2015, para


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así ponerse al día en sus pagos, como viene haciendo con regularidad el actual Gobierno valenciano. En cuanto al menosprecio que he indicado antes que existe igualmente en el preámbulo de esta ley, vemos que allí se culpabiliza a la ciudadanía por el pretendido colapso de la Administración de Justicia, cuyo proceso de modernización precisamente ha sido paralizado por el Gobierno del Partido Popular.

Señorías, ¿son malas e irresponsables las personas por hacer uso de un derecho fundamental consagrado en la Constitución, máxime cuando en una época de crisis el recurso a la jurisdicción es la única vía que les queda para intentar recuperar sus créditos pendientes de cobro para hacer valer sus derechos? El acceso libre a la tutela judicial es una conquista histórica, es un derecho protegido al máximo nivel por nuestra Constitución, y fue maltratado y denostado en 2012 por un Gobierno insensible con las necesidades reales de la gente; un Gobierno que padecía un empacho de prejuicios contra el ejercicio abierto de los derechos y libertades, con esa mentalidad atrabiliaria que llevó luego a muchos ponentes del reaccionarismo más provinciano a proclamar que se tenía que acabar con eso del gratis total. Desde luego, el sistema antes de las tasas tenía sus elementos de equilibrio, porque es igualmente demagógico, como dice el preámbulo de la ley, que se pueda obviar que los litigantes que abusan del sistema con reclamaciones infundadas ya son castigados mediante la condena a pagar las costas causadas. ¿Creen ustedes que debe pagarse por el simple acceso al ejercicio de un derecho fundamental? Porque, si es así ¿debemos pagar también una tasa por ejercer nuestro derecho al voto? ¿Debemos pagar también una tasa por ejercer nuestro derecho constitucional de petición? La Ley de Tasas se ha demostrado meramente recaudatoria, disuasoria, y es momento de librarse de esta lacra. En Compromís hemos venido rechazando el contenido material e ideológico que suponía la generalización de las tasas judiciales, porque la justicia debe sufragarse a través de los impuestos, al igual que la sanidad, sin tasas ni repagos.

El Gobierno saliente ha actuado como un prestidigitador, porque nos confundía con verborrea sobre la necesidad de bajar impuestos y al mismo tiempo nos agujereada el bolsillo para sacarnos unas tasas que en realidad no son tales, porque no se han destinado a compensar el coste del servicio prestado sino a atender necesidades presupuestarias generales. Por tanto, son unos impuestos que se han fijado al margen de los parámetros constitucionales, vulnerando los principios esenciales de toda imposición, y especialmente no atendiendo a la capacidad contributiva de cada persona ni al principio de progresividad. El Gobierno saliente ha dedicado cuatro años a escribir su particular diccionario de las restricciones que ahora, en este arranque de legislatura, estamos reescribiendo paso a paso, Pleno a Pleno. Empezamos con la P de Pacto de Toledo, por fin recuperado; seguimos en otro Pleno con la S, de salario mínimo interprofesional de vergüenza, que vamos a incrementar; y hoy estamos con la T de tasas que sangran a quien no se debe y benefician a no se sabe quién.

En Compromís votaremos a favor de la modificación propuesta por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; una solución parcial, pero la apoyamos como paso previo hacia una futura derogación total de esta ley.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias señor Bataller.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.

En fechas recientes, en concreto el día 5 del presente mes, en la Comisión de Justicia se aprobó una proposición de ley que presentó el Grupo Parlamentario Democràcia i Llibertat en la que se instaba al Gobierno a adicionar a la lista de excepciones subjetivas de las tasas judiciales de la Ley 10/2012 a las entidades sin ánimo de lucro que se acogen al régimen fiscal 49/2002 y a las empresas de reducida dimensión económica, de acuerdo con el impuesto sobre sociedades. Esta proposición de ley de Democràcia i Llibertat aprobada en la Comisión de Justicia caminaba en el sentido de recuperar el contenido de la Ley 25/1986, que suprimió, en los albores de la recuperación democrática, las tasas judiciales, siguiendo así la senda emprendida por las reformas de 2015 de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, que eximía de las tasas a determinadas personas físicas y jurídicas; y por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, que en su artículo 11 eximía de las tasas judiciales a las personas jurídicas.

Ahora el Grupo Parlamentario Ciudadanos nos presenta una proposición de ley que aparentemente tiene el mismo objeto y la misma finalidad. El objeto es incorporar a las exenciones subjetivas las personas jurídicas citadas: entidades sin ánimo de lucro acogidas al régimen fiscal especial 49/2002 y a las empresas y entidades de reducida dimensión económica. Y tiene la misma finalidad: facilitar a esas personas jurídicas el acceso a la justicia, bien porque en muchos casos operan en ámbitos de actividad de interés


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general, como la defensa ante los tribunales de intereses colectivos que sin su concurso estarían desprotegidos, bien por tratarse de entidades de reducida dimensión o pymes, es decir, aquellas cuya cifra de negocios en el periodo impositivo anterior no superen los 10 millones de euros, tal como dispone el impuesto sobre sociedades, y que por eso mismo, por esa reducida capacidad económica, dada la actual crisis económica, no podrían acceder a la justicia.

Este, señorías, sería el contenido de la proposición de ley que hoy nos presenta Ciudadanos si nos atuviéramos al título de la norma y a su exposición de motivos, pero la proposición en su parte dispositiva hace una reforma de la Ley de Tasas más amplia y profunda. Por eso decíamos que esta proposición de ley tiene aparentemente el mismo objeto y finalidad que la proposición no de ley aprobada en la Comisión de Justicia a iniciativa de Democràcia i Llibertat. Esto no sería en sí mismo nada singular, salvo que no nos lo cuentan y porque eso lo hace Podemos, que predica justamente lo contrario respecto a la transparencia un día sí y otro también.

La reforma del artículo 4.2 de la Ley 10/2012 no se limita a introducir a las empresas de reducida dimensión ni a las entidades sin ánimo de lucro acogidas a un régimen fiscal especial de la Ley 49/2002 en ese ámbito subjetivo del artículo 4.2 y dejar el resto como estaba. También suprime del beneficio de la exención de las tasas judiciales a las personas jurídicas con reconocimiento de beneficio de asistencia jurídica gratuita. Cuando se crea una inseguridad jurídica, cuando a una persona jurídica se le concede el beneficio reconocido en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, este integra la exención del pago de las tasas judiciales. Suprime también el beneficio al ministerio fiscal y suprime también el beneficio a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas y a las entidades locales y a sus organismos públicos dependientes de todas ellas. Suprime también el actual beneficio de estar exento de pago de las tasas a las Cortes Generales, a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y, sin embargo, introduce una letra b) nueva con la siguiente redacción: Quedan exentas de tasas las entidades total o parcialmente exentas del impuesto sobre sociedades. ¿Y quiénes son? Nos vamos al artículo 9 del impuesto sobre sociedades, exenciones, y en el apartado 1 fija las exenciones totales. Ya no se refiere a la Administración, como la Ley de Tasas, sino que en sentido genérico se refiere a las comunidades autónomas y al Estado, así como a las entidades de derecho público y organismos autónomos de ellas dependientes. También se excluye, lo cual es una novedad, al Banco de España y también a las entidades gestoras de la Seguridad Social que por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita no estaban exentas. También al Instituto de España y a las reales academias de la lengua y también a una serie de agencias y organismos públicos mencionados tanto en la Lofage, ya derogada, como en otras disposiciones.

En el apartado 2 del artículo 9 del impuesto sobre sociedades -las exenciones parciales- nos encontramos con las entidades e instituciones sin ánimo de lucro. Amplían sustancialmente el ámbito del título de la proposición que nos hacen y de la exposición de motivos porque no estaban exentas todas las entidades e instituciones sin ánimo de lucro, sino solo aquellas acogidas a un régimen fiscal especial y no todas, especialmente las que eran sin ánimo de lucro, y aquí se quita esta excepción. También las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y no sabemos por qué. ¿Y por qué no las cooperativas? También a los colegios profesionales y a las asociaciones profesionales, una nueva exención subjetiva, y a los fondos de promoción del empleo de la Ley 27/1984. También algo nuevo para la exención de las tasas, a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y a los entes de derecho público, lo cual no deja de ser una paradoja, Puertos del Estado y los de las comunidades autónomas que si eran organismos autónomos o entes públicos de derecho privado sí estaban excluidos de tasas, pero si no lo son, no. En fin, un auténtico galimatías hecho de remisiones y contrarremisiones con referencia a normas incluso que ya no existen.

¿Qué se pretende con todo esto? ¿Consideran, señores de Ciudadanos, que esta manera de proceder, ocultando parcialmente el objeto de la reforma al no decir nada de ello ni en la exposición de motivos ni en el título de la propia norma, regenera las instituciones? ¿Acerca los debates a la sociedad? ¿Profundiza la transparencia de la actividad parlamentaria? ¿Incorpora al expediente legislativo las gestiones y trabajos que subyacen en la propuesta? ¿Dónde ha quedado su manida huella legislativa? Esa que ustedes pregonan para facilitar la comprensión de la procedencia, así como la justificación y argumentación de toda propuesta y los principios de buena regulación? ¿Dónde queda la seguridad jurídica? ¿Y la transparencia? ¿Y la simplicidad? ¿Y la accesibilidad? ¿Y la eficacia? ¿Y la buena técnica jurídica? En fin, ¿consideran que todo esto contribuye a la formación de una opinión responsable del ciudadano?


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Finalizo. Votaremos a favor, no tanto por su contenido, que enmendaremos en el trámite oportuno, sino para caminar en pos de la tutela judicial efectiva y su acceso, que las vigentes tasas obstaculizan.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) tiene la palabra la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Subo hoy a la tribuna para debatir la admisión a trámite de esta proposición de ley. Como ha anunciado el diputado Legarda, del GrupoVasco, es cierto que mi grupo parlamentario en la última Comisión de Justicia celebrada quiso presentar una proposición no de ley sobre esta materia para asegurarnos de que los nuevos partidos de la Cámara iban a votar en el mismo sentido que prometían que votarían las iniciativas que presentaran, es decir, una especie de salvoconducto para garantizarnos que si, como parece, no hay Gobierno, quien ocupe los escaños del Gobierno vote lo mismo que votó el día de la proposición no de ley, esto es, avanzar hacia la supresión de las tasas judiciales. Aquella proposición no de ley se aprobó y hoy parece que damos el primer paso para tramitar su efectiva demolición. Estamos de acuerdo. Votaremos a favor porque estamos convencidos de que unas tasas demasiado gravosas no coadyuvan en absoluto a mejorar el acceso a la justicia.

Se sigue con la presentación de esta proposición de ley un camino abierto, una segunda rectificación porque la primera vino de manos del propio partido del Gobierno en su momento, cuando retiró las tasas a las personas físicas. Buena iniciativa, rectificar es de sabios, y vamos ahora a por la segunda; es decir, que tampoco las personas jurídicas y las organizaciones no gubernamentales paguen estas tasas de acceso a la justicia. Bien ha apuntado el diputado Legarda, del Grupo Vasco, con escrupuloso detalle los textos que traen hoy para tramitar y que, afortunadamente, son y serán susceptibles de enmiendas en esta legislatura o seguramente en una futura. Es cierto que conviene más concreción, como es dar seguridad a los operadores jurídicos para buscar en la norma aquellas soluciones que se precisen para cada caso, no caer en el barullo ni en el embrollo. Las tasas judiciales y su implementación o derogación debemos saber claramente a qué obedecen y a quiénes afectan. No queremos favorecer la liberalización para acceder a la justicia a aquellos que más medios tienen para poder pleitear tantas veces como quieran y que hagan un uso torticero de la justicia en pro de un beneficio fiscal para poder recuperar eventualmente algunos impuestos. Y además queremos asegurarnos de que las sociedades que tengan que pagar esas tasas, su recaudación vaya al fin que debería ir, a sufragar el coste de la justicia o al menos una parte de él. Las tasas tienen esa finalidad, es decir, sufragar el coste del servicio. Con ello quiero decir que actualmente este servicio mayormente lo prestan las comunidades autónomas con competencias en la materia, las cuales hacen frente a los gastos administrativos, a los gastos de personal funcionarial, a los gastos de recursos para poder atender las reclamaciones que se presentan cada día en los juzgados a miles. Por ello esas tasas deberían servir para poder retornar el coste a aquella Administración que tiene el resarcimiento.

La Ley de Tasas que ustedes, señorías del Grupo Popular, aprobaron no ha servido al fin para el cual fue concebida, que fue, según palabras de la señora vicepresidenta del Gobierno, ahora en funciones, conseguir la equidad en el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque decían que esas tasas revertirían íntegramente en la justicia gratuita, esto es, en el turno de oficio. Es decir, que aquellas personas que tienen más dificultades económicas puedan acceder al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Pues no, porque por un lado ni han recaudado lo previsto -creo recordar que los 300 millones de euros previstos para el primer año se quedaron en unos escasos 105- ni tampoco han servido para coadyuvar a la justicia gratuita porque de momento no se sabe, como se ha dicho anteriormente, dónde ha ido el capital recaudado por la implementación de esas tasas. Por lo tanto, nos hicieron combregar con ruedas de molino, como decimos en Cataluña en una burda traducción al español. Es cierto, nos han engañado con la finalidad de esta ley y ahora queremos rectificar porque, como he dicho antes, rectificar es de sabios.

Daremos nuestro apoyo a la tramitación de esta proposición no de ley. No podemos seguir permitiendo que la justicia intente paliar su endémico problema de financiación a base de incrementar el coste a su acceso. Señorías, convenimos todos en que la justicia necesita unas reformas profundas. Es una justicia lenta, es una justicia farragosa y además es una justicia que no da servicio a los ciudadanos en la forma y manera en que debería hacerlo, es decir, con mayor rapidez. No se cubren plazas que deberían cubrirse necesariamente, no se revisan los criterios objetivos para poder acceder a un servicio de calidad y además


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no se afronta su reforma desde el rigor, sino que se ponen parches gravando el acceso a ella en forma de pagos a tocateja -si quieres acceder, paga-, porque tenemos un problema de financiación que son incapaces de resolver, ya que nunca se han sentado para intentar solucionarlo; no solo ustedes, porque esto no viene solo de su etapa de Gobierno, sino de los gobiernos anteriores. (Rumores). Por tanto, me atrevería a decir que para recuperar el prestigio de la justicia y la fe de los ciudadanos en el Poder Judicial es imprescindible hoy en día un esfuerzo, que es un objetivo que todo Estado debería tener. Necesitamos que haya un abordaje de esta reforma de la justicia y no lo vamos a conseguir a base de la Ley de Tasas, sino a base de hacer un servicio público accesible, dotado de medios adecuados, respetuoso con el sistema competencial y, por tanto, más cercano y más ágil a la hora de dar servicio. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Termino reiterando que hoy con la toma en consideración de esta proposición de ley -si es el caso- retomamos el camino hacia una justicia más accesible. Por ello, Democràcia i Llibertat votará a favor de su toma en consideración. En cualquier caso, las enmiendas que podamos aportar para enriquecer el texto esperemos que coadyuven a conseguir que sea claro y de fácil acceso para los operadores jurídicos que tienen que actuar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, señorías, presidente.

No hay Estado de derecho si se impide residenciar ante el juez la garantía de los derechos e intereses legítimos. Esto lo proclama el artículo 1 de la Constitución española cuando establece que España es un Estado social y democrático de derecho. Lo señala también el artículo 24 de esa Constitución cuando fija que hay que garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental de los ciudadanos y corolario del Estado de derecho. Por ello, la gran pregunta que deberíamos formularnos es si la prestación de la tutela judicial efectiva es o no un servicio público. Para Esquerra Republicana es un servicio público y así lo hemos defendido siempre. La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan -y, por tanto, se reiniciaban- determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia significó y significa un auténtico mazazo a la consideración de la administración de justicia como un servicio público. Fue un mazazo al derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La entrada en vigor de la Ley de Tasas significó una vuelta al pasado. ¿Por qué será que el Partido Popular siente tanta nostalgia del pasado?

La reimplantación de las tasas judiciales en general, y en particular con las cuantías que se establecían en la citada ley, tenía y tiene desde el punto de vista de Esquerra Republicana una doble finalidad. Por una parte, tenía una finalidad claramente recaudatoria y, por la otra, una finalidad disuasoria. Una finalidad recaudatoria, porque no ha significado en absoluto una mejora en la administración de justicia ni en la justicia gratuita, es decir, no ha revertido en el propio servicio público. ¿Dónde han ido a parar los ingresos recaudados con las tasas judiciales? Se decía que a la caja común del Estado, pero falta por contestar si ha habido reinversión e incremento en los Presupuestos Generales del Estado respecto a la Administración de Justicia. Una finalidad disuasoria de acudir a los tribunales, de acceso de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva en defensa de sus derechos y libertades. Es verdad que el Gobierno rectificó, pero lo hizo ante la presión de la propia Defensora del Pueblo, en atención a las innumerables quejas que esta había recibido.

Las críticas a la ley han sido generalizadas. Se decía que las tasas no eran una excepción sino que eran la regla general. La ley no tenía en cuenta la capacidad económica cuando existían las tasas respecto de las personas físicas y tampoco de las jurídicas. Vulnera el principio de igualdad, proporcionalidad y progresividad del sistema tributario recogido en el artículo 31 de la Constitución. Las tasas tienen importes muy elevados. Si no se abonan antes del inicio del proceso -es decir, si estas no son pagadas-, significa la preclusión del propio proceso y la pérdida de la acción. No cabe pago fraccionado, duplicidad de pago en el caso de la casación por cuanto se requiere el depósito y tasa y no retorno de la tasa en el caso de vencimiento en costas al no estar incluido en la tasación de costas.

En esta legislatura, y siempre que gobierna, el Partido Popular ha tenido siempre unos objetivos muy claros que cumple sin pestañear, sin dudar: recortes en sanidad, en derechos sociales, en educación y en


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justicia. En definitiva, ha sido el Gobierno de los pocos, de los instalados y de los poderosos, frente a los muchos que siempre perdemos alguna cosa o lo perdemos todo cuando gobierna la derecha. La imposición de las tasas judiciales significó en su momento y significa aún el límite al acceso a la defensa de los derechos y libertades, la posibilidad de litigar solo a aquellos que tienen capacidad económica; una justicia a la medida de los ricos, una manera de privatizar el derecho público de la tutela judicial efectiva. Con la reintroducción de las tasas judiciales, el PP emitía un doble mensaje: por un lado, nos decía que la justicia está colapsada -por cierto, es verdad que la justicia está colapsada, ¿pero a quién debemos imputar el colapso de la justicia? Por de pronto yo diría que a la incompetencia de muchos de los ministros que han pasado por el Ministerio de Justicia-. Por otro, responsabilizaba a la ciudadanía de este colapso. El PP partía de una premisa perversa: la culpa es de los ciudadanos, que litigan en desmesura o son unos litigadores compulsivos; presunción de culpabilidad siempre de la ciudadanía. El PP sabe y sabía de antemano que los males que achacan a la Administración de Justicia vienen de lejos, de una infradotación económica histórica. Ha sido siempre la cenicienta o la hermana pobre de los Presupuestos Generales del Estado. Sabía de la necesidad de una reforma integral de la Administración de Justicia, de la democratización de la Administración de Justicia, de repensar la planta judicial, los órganos judiciales, de implantar la mediación, el Papel Cero, por ejemplo. Reformas, siempre aplazadas, que se han ido limitando a reformas parciales, ya que el Estado español nunca ha querido abordar la modernización de la justicia; seguramente por aquel miedo atávico de aquellos que han gobernado por si algún día puede alcanzarles la acción de esta justicia. A pesar del mal Gobierno de la justicia, tanto del ministerio como en esta última época del Consejo General del Poder Judicial, esta funciona por el empecinamiento de jueces, magistrados y magistradas, secretarios, fiscales, abogados y procuradores que han hecho de la profesión un auténtico acto de fe. Deberían saber -que seguro que lo saben, pero lo ignoran porque les conviene- que el nivel de calidad democrática de un país y el grado de desarrollo del mismo se mide por la calidad y funcionamiento de su Administración de Justicia, y España no es desde luego un país que vaya a la cabeza, más bien todo lo contrario. Solo hay que ver las ratios de jueces por cada 10.000 habitantes, que es uno de los más bajos de la Unión Europea, 10 por cada 10.000. El PP es lo que quiere y ha querido siempre, una democracia de baja calidad, un empobrecimiento de la ciudadanía en todos los sentidos, y sobre todo el principal en la merma de sus derechos, en la capacidad de podernos defender contra quienes corresponda, frente al Estado, frente a particulares y frente a las personas jurídicas.

La ley fue aprobada con informes desfavorables y negativos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo General de la Abogacía, del Consejo General del Colegio de Procuradores, con todo el mundo jurídico en contra. Es un texto legal carente de legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad. Lo más indecente de todo ello es que la finalidad que perseguía no se ha cumplido; la finalidad económica de las tasas -como decía con anterioridad- no era otra que revertir tales ingresos en la mejora de la Administración de Justicia y la justicia gratuita, pero no ha sido así. En Cataluña, donde se ha recaudado una media de 60 millones de euros anuales, el Estado no ha destinado, no ha reinvertido ni un céntimo de euro en la mejora de la Administración de Justicia en Cataluña.

Por estos motivos, Esquerra Republicana votará favorablemente al inicio del trámite de esta proposición de ley y, en todo caso, enmendaremos aquello que no nos guste, pero votaremos favorablemente. Una vez más -como siempre hemos dicho y en su momento nos opusimos a la Ley de Tasas- decimos de nuevo no a las tasas judiciales.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Yllanes.

El señor YLLANES SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Sean mis primeras palabras para expresar el privilegio que supone para mí representar desde esta tribuna a más de los 5 millones de personas que votaron a Podemos-En Comú Podem-En Marea en las elecciones del 20 de diciembre. Permítanme también que le agradezca a la Brigada Tuitera el trabajo que han hecho para que esta proposición de ley, efectivamente, vea la luz en esta Cámara. (Aplausos).

La Ley 10/2012 reimplanta en España las tasas judiciales con carácter general tras su supresión por la Ley 25/1986, que en su exposición de motivos justificaba dicha supresión para propiciar que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social. Ya anticipamos que estamos de acuerdo con el espíritu de la propuesta hecha por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, si bien -y lo decimos desde el principio- queda corta y habría que llegar un poco más lejos.


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Pero, en suma, creemos que es una buena expresión de cómo cuando existe voluntad política nos podemos poner de acuerdo con Ciudadanos en algunas cuestiones de regeneración democrática y con el Partido Socialista en algunas cuestiones socioeconómicas.

Desde la entrada en vigor de la Ley 10/2012 se han interpuesto numerosas cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo. La Defensora del Pueblo ha recomendado su modificación. Tanto Jueces para la Democracia como el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, por poner dos ejemplos, han recomendado su derogación; y el Tribunal Constitucional ha advertido de que si se mostrase que la cuantía de la tasa resulta tan elevada que impide en la práctica el ejercicio del derecho fundamental o lo obstaculiza, en un caso concreto, en términos irrazonables, sí cabría considerarla como incompatible con el artículo 24.1 de la Constitución. No estamos hablando de cuestiones de legalidad ordinaria. Estamos hablando del derecho a la tutela judicial efectiva protegido en la Carta Magna y de que el derecho al acceso a la jurisdicción es su primera plasmación práctica. El Tribunal Constitucional, siguiendo a los tribunales europeos, solo admite las tasas cuando por su importe no impidan el acceso a la jurisdicción por motivos económicos; siendo este, precisamente, el efecto que ha producido la Ley 10/2012, al no tener en cuenta en el establecimiento de las tasas la capacidad económica del sujeto pasivo. En pocas palabras, una justicia para quien pueda permitírsela.

Desde Podemos creemos que la defensa de una justicia independiente es indisociable de una defensa más amplia de los servicios públicos en general, tanto más cuanto este Gobierno, cuyo ministro de Justicia permanece hoy en la virtualidad, ha recortado en justicia igual que lo ha hecho en sanidad o en educación. Las tasas judiciales son consecuentes con la introducción del copago sanitario o con la subida de las matrículas universitarias. En Podemos creemos que los costes de los servicios públicos, como la sanidad, la educación o la justicia generan al Estado deben satisfacerse mediante la recaudación de impuestos. Todo lo expuesto no es obstáculo para que consideremos adecuado mantener la fórmula del copago en la justicia para las grandes empresas, que vienen identificadas como tal según la legislación del impuesto de sociedades, precisamente por su gran capacidad económica. De hecho, son las principales usuarias de la Administración de Justicia a través de sus gabinetes jurídicos y, por lo tanto, corresponsables del retraso que se produce en los juzgados y tribunales. Crean que es un sarcasmo atribuir a los recursos de los particulares contra las multas el colapso de la jurisdicción contencioso-administrativa, ignorando intencionadamente que la demanda que dio origen a la cuestión de inconstitucionalidad, resuelta precisamente por la sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012, era un conflicto entre aseguradoras y por el escandaloso importe de 325 euros. Sin embargo, debe evitarse a toda costa que esta tasa sufragada, en tanto en cuanto las grandes empresas son las principales usuarias de la Administración de Justicia, acabe siendo repercutida a la ciudadanía e incluso pueda ser contabilizada como gasto, desgravada fiscalmente y, después, recuperada de la parte contraria vía tasación de costas. Por lo tanto, es necesario reformar también la Ley de Enjuiciamiento Civil, excluyendo expresamente la tasa judicial de la relación de conceptos incluidos en la tasación de costas. De ahí que en su momento propondremos una doble modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, derogando el ordinal 7º del artículo 241.1, y añadiendo un apartado 3 a dicho artículo 241, con el siguiente texto: En ningún caso se incluirán en las costas del proceso la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Si consideramos que la tasa judicial es un tributo, su sujeto pasivo es el único al que la ley obliga a soportar su gasto, por lo que no cabe que se pretenda repercutir el pago a la parte condenada en costas. En otras palabras, la obligación de pagar la tasa deriva de una relación jurídica de carácter público y de naturaleza tributaria que vincula a la persona jurídica su pago al Estado, pero que para nada afecta a la relación jurídico-privada que dio origen al procedimiento. En el preámbulo de la Ley 10/2012 se especificaba que con la asunción por los ciudadanos de las tasas judiciales se perseguía racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, dicho en otras palabras: y sin los habituales circunloquios que tanto gustan al nuevo legislador reducir la litigiosidad, además de aportar mayores recursos para una mejora de la financiación del sistema judicial, y en particular de la asistencia jurídica gratuita.

Este último objetivo desconocemos si se ha realizado en la práctica, desde el momento en que carecemos de datos acerca de cuál ha sido la cantidad derivada del pago de tasas que se ha empleado en la financiación del sistema judicial durante todos estos años. Del mismo modo que tampoco conocemos cuál ha sido el importe recaudado destinado a financiar el servicio de asistencia jurídica gratuita y qué porcentaje del coste de ese servicio ha sido asumido por aquellas comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia.


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El primer objetivo, disminuir la litigiosidad, fue solemnemente proclamado por el entonces ministro de Justicia, hoy afortunadamente dimitido, señor Ruíz-Gallardón, como un logro derivado de la Ley de Tasas, ocultando que lo que se había provocado era que los particulares y las pequeñas y medianas empresas renunciaran a litigar, atendiendo al esfuerzo económico que suponía tratar de obtener la tutela de jueces y tribunales para sus legítimas pretensiones, mientras que las grandes empresas, para las que las tasas a pagar resultaban ser una insignificante partida en sus cuentas, acudían con regularidad a la Administración de Justicia en defensa de sus legítimos intereses.

Para resumir, la Ley 10/2012 ahondó aún más en la percepción de que la justicia, lejos de ser igual para todos, quedaba reservada en los órdenes civil y contencioso-administrativo para quien pudiera pagársela. Las dos grandes herramientas para solucionar la permanente desatención que al servicio público de la justicia dispensó su Gobierno, señor ministro, fueron la de distinguir entre ricos y pobres, entre débiles y poderosos, mediante la recuperación de las tasas judiciales en los órdenes civil y contencioso-administrativo. Mientras que en el orden jurisdiccional penal lo que más les preocupaba era cómo garantizar la impunidad de los casos de presunta corrupción en los que un día tras otro iban siendo investigados cargos públicos del Partido Popular (Aplausos), encontrando como fórmula redentora la que hemos venido en denominar ley Berlusconi, por aquello de que está hecha a medida de quien la creó, limitando drásticamente los plazos para instrucción de las causas, mediante la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solución que adoptaron en lugar de resolver de una vez por todas el problema de corrupción -estructural- que arrastra desde hace muchos años su partido, logrando, además, con esta reforma del artículo 324, la unánime crítica de todos los operadores jurídicos de este país, sea cual sea su participación en la Administración de Justicia, o sea cual sea su adscripción ideológica.

Hemos afirmado en numerosas ocasiones que el mandato de este Gobierno ha supuesto un cuatrienio trágico para el servicio público que la Administración de Justicia debe dispensar. Lástima que no esté aquí el ministro para escucharlo, aunque ya he tenido oportunidad de decírselo personalmente. Se ha legislado a golpe de un malentendido principio de oportunidad, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era oportunismo social y populismo punitivo, mientras que perviven en nuestro sistema procesal herramientas propias del siglo XIX para resolver los retos y problemas del siglo XXI. Además, se ha reducido drásticamente la partida presupuestaria destinada al Ministerio de Justicia, ralentizando tanto la creación de nuevos juzgados y tribunales como optimizando el trabajo de los ya existentes. También se ha disminuido drásticamente la oferta de nuevas plazas para jueces y fiscales, ahondando así en nuestra condición de ser uno de los países del furgón de cola de la Unión Europea en la relación de jueces por habitantes. Asimismo, se ha conducido al servicio público a una precariedad que solo el esfuerzo de todas las personas que a diario se implican en todos los ámbitos y aspectos de la Administración de Justicia consigue subsanar para evitar el colapso.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yllanes.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Perea.

La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidente.

Señorías, doy la bienvenida al hemiciclo, como han hecho el resto de diputados que han subido a esta tribuna, a la Brigada Tuitera. Hay que reconocerle el esfuerzo que han hecho con tal de que se ponga encima de la mesa un debate sobre la Ley de Tasas. El Grupo Socialista se posicionará a favor de la toma en consideración de la proposición de ley formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos en la que se insta a la reforma de la Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas, en concreto en la Administración de Justicia, que ha supuesto una verdadera regresión democrática. Ya nos pronunciamos en la Comisión de Justicia -se ha hecho referencia a ello aquí- sobre la proposición no de ley formulada en aquel caso por el Grupo Democràcia i Llibertat, y anticipamos que presentaremos enmiendas al texto, a fin de contribuir a la finalidad que pretende esta iniciativa, en todo caso, una justicia de calidad y al servicio de los ciudadanos.

Sí, señorías, el PP en estos cuatro años ha aplicado el llamado manual de la deconstrucción del Estado. Se ha atrevido a desmontar la arquitectura institucional, territorial y sustantiva, tal y como la hemos conocido hasta ahora, sin consenso, con nocturnidad y por la puerta de atrás, a base de decretos-leyes. Comenzó con los ayuntamientos y su reforma local; luego le tocó a las autonomías con criterios restrictivos de estabilidad presupuestaria, y paralelamente deconstruyendo y extinguiendo derechos


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sustantivos como la reforma del Código Penal. En justicia los ataques sufridos han sido insistentes, incisivos e incesantes. Todos sabemos que la justicia necesita de un planteamiento profundo, añadiría yo que revolucionario, como diría el portavoz de mi grupo en la Comisión de Justicia; una transformación de fondo y desde el consenso, un pacto de Estado por un proyecto común. Visto cómo nos lo ha dejado el Partido Popular, con la justicia nos deberemos esmerar a fondo. Pues bien, señorías, la Ley 10/2012, de tasas, ha sido una actuación estelar del ministro del ámbito -no podríamos decir exactamente de cuál, si del señor Gallardón, si del señor Catalá- y del Gobierno en funciones. Es una nueva pieza más en la deconstrucción del Estado de derecho tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Con esta ley se ha tapiado la puerta de entrada al reconocimiento de derechos y libertades de la ciudadanía, básicamente de los débiles. Nació con la oposición frontal de todos los sectores -lo ha dicho la proponente que ha subido a la tribuna-, desde el rechazo inicial de todas las fuerzas políticas, pasando por los operadores jurídicos, los sindicatos, la ciudadanía en general y llegando hasta los órganos del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, órganos jurisdiccionales e incluso el propio Partido Popular, que no me escucha, pero llevamos así cuatro años. Ha sido incluso hasta kafkiano; resulta que una ley que tiene cuatro años ha sido modificada en dos ocasiones, por cierto con decretos-leyes. Sobran las palabras pero es entre indignidad legislativa y despropósito.

Del paso del Partido Popular por el Gobierno en materia de justicia han salido dos máximas: una, los débiles se quedan al margen de sus derechos y han sido expulsados de facto, y dos, la justicia es para quien pueda pagarla. (Aplausos). Señorías, las tasas impuestas por el Partido Popular son una trampa, son un fraude. Lo que me sorprende es que hayan caído en este fraude desde Ciudadanos, Democràcia i Llibertat hasta incluso Podemos, me ha sorprendido francamente. El Partido Popular, tal y como ha dicho el diputado de Compromís, se saca de la chistera una ley de tasas que, según declara, va a hacer sostenible la justicia, así, evidentemente, como el beneficio de la justicia gratuita. Eso es un fraude, es una trampa, es una tomadura de pelo a la ciudadanía. El Partido Popular ha aplicado a rajatabla lo que le decía su manual de deconstrucción del Estado. Me explicó, señorías, vincular una tasa a un derecho, el que establece el artículo 119 de la Constitución, el derecho de asistencia jurídica gratuita, es la deconstrucción de un derecho. Porque al principio vincularán esa financiación a ese derecho y poco a poco irán reduciendo la dotación presupuestaria hasta volverla insignificante. Les remito al "Diario de Sesiones" del día 22 de octubre de 2012, cuando al ministro Gallardón ya se le escapó un poco la intención de esta ley. Esta ley no pretendía reducir la litigiosidad, eso es falso; esta ley pretendía la reducción de los derechos, esta ley pretendía que el derecho del beneficio de la justicia gratuita fuera pura beneficencia. Señores de Podemos-En Comú Podem-En Marea, me sorprende que le sigan el juego al Partido Popular. (Aplausos).

El Partido Popular ha transformado la justicia no en dos, sino en tres velocidades, como mínimo, y por una cuestión ideológica. A ustedes, señores del Partido Popular, desde luego todo lo que sean conceptos de interés general, bien común, todo lo que suena a público les provoca sarpullido, y lo digo desde todo el respeto. La justicia es un valor en sí mismo, es un valor superior en nuestro ordenamiento jurídico que impregna nuestro sistema democrático y el Poder Judicial es un servicio público destinado a que la ciudadanía pueda resolver sus controversias y tenga garantizados sus derechos. Hay problemas en la justicia, por supuesto, pero no se resuelven con una ley de tasas. La justicia exige una transformación en profundidad y ya lo decía el otro día el portavoz de Justicia. Hace falta una transformación en profundidad normativa, organizativa y tecnológica. Lo demás son parches. Desde luego, esta transformación tiene que ser desde el consenso, siempre desde el consenso. Por otra parte, señorías, es de urgente necesidad la modernización de nuestra justicia que el Partido Socialista presentó y aprobó desde el consenso y que el Partido Popular dejó en un cajón. Creo que ya lo ha dicho el diputado de Compromís, la financiación de los servicios esenciales, como son la educación, la sanidad, los servicios sociales y la justicia, tiene que ser a través de los impuestos, a través de la recaudación. Imponer una tasa debilita la justicia, la tasa desnaturaliza la esencia misma de la justicia.

Ya dije al inicio que daremos apoyo a la iniciativa de Ciudadanos, si bien creo que tenemos que hacer una reflexión conjunta y global sobre la justicia. Se lo digo a la proponente de Ciudadanos: les daremos apoyo pero no con los ojos cerrados. Señores de Ciudadanos, les tengo que hacer un reproche, me sabe mal pero se lo tengo que hacer. Les pido que reflexionen porque lo que les voy a decir tiene un sesgo de bancada de la derecha, de mi derecha, no de la suya. Si es cierto que quieren un Gobierno progresista y reformista y lo van a querer siempre, saquen el párrafo de la exposición de motivos de la proposición de ley que culpabiliza a los ciudadanos y a los operadores jurídicos del colapso en la Administración de Justicia. Eso es falso. Quiero pensar que es un error, no quiero pensar que es un desliz. Desde luego,


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el Grupo Socialista no lo va a aceptar. Antes ya lo he indicado, todos sabemos que el estado de la Administración de Justicia es delicado pero, por favor, no vayan a la tesis del Partido Popular que al final, con las reformas que ha llegado a realizar, acaba criminalizando a pensionistas, a trabajadores, a huelguistas -con el artículo 307 ter del Código Penal, por ejemplo-, a manifestantes y demás. El Grupo Socialista, al que tengo el honor de representar en este momento, dará apoyo a su iniciativa, y daremos un paso más, propondremos enmiendas y propondremos un pacto, como he dicho al inicio, por un proyecto común que dé resultados y cubra las necesidades de la ciudadanía. En el ámbito de las enmiendas formularemos tres añadidos a los sujetos pasivos de la exención, como son las organizaciones no gubernamentales, que consideramos que han de tener una protección especial porque defienden intereses colectivos, así como intereses difusos; las comunidades de propietarios y, evidentemente, las pequeñas y medianas empresas, a las que daremos una definición mucho más objetiva.

Señorías, necesitamos un pacto de Estado que garantice nuestro modelo de convivencia, lo que ya cuenta con el apoyo de la gran mayoría de formaciones políticas que estamos aquí representadas. Han subido a esta tribuna todos los representantes y espero que el Partido Popular se una a este buen entendimiento y a este consenso. A fecha de hoy, el 91 % de las iniciativas que se han debatido en comisiones y en Pleno han sido aprobadas, lo que constituye un cambio de 180 grados. Señorías, hemos renovado este Congreso en más de un 60 % y, déjenme que les diga que un 40 % somos diputadas. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

La señora PEREA I CONILLAS: La media de edad es de cuarenta y ocho años. Quiero acabar rápidamente, pero déjenme que les comente una cosa. El 95 % de diputados tenemos estudios universitarios gracias a que en un momento dado alguien se esforzó por dar la cara por nosotros.

El señor PRESIDENTE: Señora Perea, vaya concluyendo.

La señora PEREA I CONILLAS: Voy acabando.

Señorías, esto por sí mismo es un cambio en la forma de hacer, de entender, de vivir. Somos generaciones distintas, pero todas tenemos en común una finalidad, una realidad: una parte o toda nuestra historia personal y colectiva la hemos compartido en nuestra historia democrática. Cuando salgamos allí, tendremos que rendir cuentas a las personas que nos están esperando. Eso será inevitable. Alguien puede tener la tentación de instalarse en la soberbia, de instalarse en tacticismos y retórica para ganar voluntades que, como tildaba Montaigne, podían ser de forma engañosa y embustera. Pero están muy equivocados -tranquilo, señor Iglesias, que no va por usted-.

El señor PRESIDENTE: Señora Perea, concluya.

La señora PEREA I CONILLAS: Concluyo.

Pero no estaría de más, señor Iglesias, que se lea el capítulo de la vanidad de los Ensayos de Montaigne. Imagino que los ha leído; péguele un repaso. Señorías, la historia pone las cosas en su sitio. Tardaremos más, tardaremos menos, pero el pacto de Estado es necesario. Nosotros formulamos y, evidentemente, nos posicionamos a favor de la propuesta de Ciudadanos, pero con la prevención de que para la justicia hace falta más, hace falta una propuesta de fondo.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Perea.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Zoido.

El señor ZOIDO ÁLVAREZ: Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los votantes del Partido Popular que nos dieran la victoria en las últimas elecciones generales. Estoy muy orgulloso de que haya sido así y de representar en el día de hoy a mi grupo. Gracias. (Aplausos).

Señorías, me van a permitir que al inicio haga una breve referencia a la señora Reyes Rivera. Ha venido usted con las nuevas formas de su nuevo partido, pero creo que esto no ha de estar reñido con la falta de respeto a los demás. Ha llegado a asegurar que en el Grupo Popular no sabemos, no conocemos, no tenemos ni idea de qué es lo que pasa en la justicia. Lo único que le pido es un poquito de respeto.


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(Aplausos). Señorías, creo que todos los que estamos en la Cámara sabemos perfectamente cuál es la intención del Grupo Ciudadanos al traer hoy aquí este debate. Es un debate que se trae en un momento en el que es posible que dentro de quince días se disuelvan las Cámaras. Se ha llegado a decir por algunos que no ha habido lealtad con la tramitación en Comisión de Justicia de una proposición no de ley de similar contenido. Señorías, yo creo que lo de menos para ustedes, quienes hoy traían aquí esta propuesta, es el contenido de la proposición de ley, eso es lo de menos, porque buscan escenificar que quienes ocupamos esta bancada, que hemos ganado las elecciones, estamos solos; que somos unos insensibles, porque lo ha dicho en varias ocasiones, y que todas las reformas que hemos hecho durante estos cuatro -para mí provechosos- años no sirven para nada y que hay que hacer poco menos que una enmienda a la totalidad. A pesar del poco tiempo que tengo, voy a procurar rebatírselo.

Pues bien, le voy a adelantar, señora Reyes Rivera, que ni eso es cierto ni van a conseguir su propósito. No nos vamos a oponer a que se acometa en el momento oportuno la tramitación de esta proposición de ley con el objeto, señora Reyes Rivera, de mejorar la eficiencia de la justicia. Señorías, afortunadamente, a algunos de los que tenemos memoria y no creemos que el mundo empezó ayer -y como dijo Aristóteles, gracias a esa memoria se da en los hombres lo que se llama experiencia-, la experiencia nos dice que nunca jamás había estado garantizado el derecho a la tutela judicial efectiva como lo está ahora, gracias al Gobierno de Mariano Rajoy. Y la experiencia también nos dice que nunca antes se había reconocido y garantizado el derecho a la justicia gratuita independientemente de los recursos económicos de los que se disponga, como lo está ahora -y se lo voy a demostrar después-, gracias a las reformas realizadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Cierto es que la legislación ha experimentado modificaciones en los últimos años. Es verdad. Pero también es cierto que todos esos cambios se han venido produciendo con la intención de ir adaptando la norma para mejorarla donde era necesario y donde se habían detectado imperfecciones, siendo el resultado final mucho más satisfactorio. Señorías, queremos seguir en este debate, queremos profundizar en él por rigor y por seriedad, como hemos venido haciendo hasta ahora, de aquí hasta el final de la tramitación, si se lleva a efecto, de esta proposición de ley, con un afán constructivo y no para conseguir titulares fáciles o para destruir logros alcanzados. Y todo ello a pesar de que estamos convencidos de que en la anterior legislatura el Gobierno de Mariano Rajoy ha impulsado avances históricos que justificarían por sí solos la existencia de esta ley. Señorías, antes hablaba de que hay que tener memoria y citaba a Aristóteles, y fue también Aristóteles quien dijo que no se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Y digo esto porque parece que hay quien olvida muy pronto, y es que fue la Ley de 3 de noviembre de 2009, que reformaba, por cierto, la legislación procesal, la que introdujo por primera vez un depósito judicial para los recursos interpuestos contra resoluciones judiciales. Y sus señorías saben perfectamente quién gobernaba en 2009, que no era otro que el señor Rodríguez Zapatero, y ya introdujo ese depósito judicial para poder interponer un recurso. Es muy curioso -aquí lo hemos escuchado en la última intervención- que algunos digan ahora que el pago de tasas supone un obstáculo para acceder a la justicia cuando en la exposición de motivos de aquella ley se justifica el pago del depósito previo a la interposición de un recurso -fíjese, dice textualmente- para disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico alguno, para que no se prolonguen los procesos. ¿Cómo es posible que en el 2009 sí era lógico y recomendable hacerlo, y ahora no? Señorías, no se puede defender una cosa y la contraria tan solo por el hecho de estar o no en el Gobierno. En política hace falta tener coherencia, mucha coherencia. Curiosamente, la Ley de marzo de 2011, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vino a ampliar la tasa de primera instancia a prácticamente todos los juicios civiles. Y no hace falta que les recuerde quién seguía gobernando en el año 2011. Paradojas del destino. A muchos de los que ahora que piden sensibilidad para que la justicia no suponga un coste para quienes acuden a ella les parecía normal que los gastos que se generaban fueran compartidos por quienes recibían el servicio bajo el antiguo Gobierno, el socialista.

Señorías, queda claro, pues, que las tasas judiciales no son un invento de la Ley 10/2012, no. Esta reforma la actualizó bajo dos fundamentos: uno, de naturaleza eminentemente social, que no era otro que el garantizar el mantenimiento de la justicia gratuita en España para todos los ciudadanos que carecieran de recursos para litigar, y otro, la necesidad de racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional. La reforma del 2013 también afecta al régimen de tasas y sobre todo al sistema de asistencia gratuita al que antes hacía yo referencia, para dar respuesta verdadera a la debilidad del régimen entonces vigente de asistencia jurídica gratuita. Es una realidad incontestable que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, modificada en la anterior legislatura, ha supuesto un gran avance en la universalidad de la justicia. Es una


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ley que ha permitido dar importantes pasos para ampliar los derechos de todos los españoles, especialmente de aquellos que más lo necesitan, y prueba de ello es la gran acogida que ha tenido en muy diversos sectores de la sociedad jurídica. Nadie había pensado hasta ahora tanto en los colectivos especialmente vulnerables, aquellos como las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo, las víctimas de trata de seres humanos, los menores y personas con discapacidad que habían sufrido abusos o quienes sufren secuelas permanentes a consecuencia de un accidente. Ahora, gracias al Gobierno de Mariano Rajoy, todos ellos disfrutan de justicia gratuita. Curiosamente, parece que a muchos les resulta poco, pero ¿nos pueden explicar por qué los que han tenido responsabilidad de gobierno no lo hicieron antes, después de tantos años de Gobierno socialista en España? Señorías, es una muestra más de la sensibilidad que ha tenido el Gobierno de Rajoy hacia quienes más lo necesitaban; sensibilidad y consideración que van a seguir teniendo de todo el Grupo Popular.

Me van a permitir, porque han sido muchas las afirmaciones que se han vertido aquí de falta de sensibilidad por parte del Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy, que le cite. Si de sensibilidad se habla, ¿cómo se van a tildar de falta de sensibilidad las normas antideshaucios que se han publicado en el Gobierno de Mariano Rajoy? Señorías, hay quién gobernó en su día y presumió de acelerar los desahucios y, sin embargo, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, ha habido un conjunto de normas que han beneficiado a más de 35.000 familias, han permitido 18.000 reestructuraciones de deuda, se han suspendido más de 17.000 desahucios, se han efectuado más de 5.000 daciones en pago y 4.000 familias han accedido a un alquiler social a través del Fondo social de vivienda. Del mismo modo, hay que recordar que, durante la pasada legislatura, desde el Gobierno de Mariano Rajoy se ha apostado por profundizar en los instrumentos de mediación y arbitraje, algo muy importante también para la agilización de la Administración de Justicia, con ese fin de alcanzar soluciones extrajudiciales. Reconocemos que España tiene mucho que avanzar aún en esa parcela, pero nosotros aportamos la Ley de Mediación. No aspiramos, señorías, a equipararnos con el sistema anglosajón, en el que el 70 % de los asuntos se resuelve mediante el arbitraje, pero sí tenemos que seguir dando pasos adelante. Actualmente, en España ya existen 2.000 mediadores, 1.100 mediadores concursales y 61 instituciones de mediación que están ya inscritas, porque creemos en esa cultura del acuerdo frente a la del conflicto que tanto se está propiciando en estos primeros días de esta legislatura. Y vamos a seguir explorando la vía del acuerdo y no la vía del conflicto.

Termino. Quiero dejar algo muy claro: las tasas vigentes son absolutamente ponderadas. La legislación de tasas promovida en la anterior legislatura se ajusta a la Constitución -así ha sido declarado- y a la interpretación que de la misma hace el Tribunal Constitucional y, además, son acordes con los criterios marcados por el Consejo de Europa, por mucho que ustedes lo nieguen.

El señor PRESIDENTE: Señor Zoido, le ruego concluya.

El señor ZOIDO ÁLVAREZ: Termino, señor presidente.

En España, toda persona física o jurídica puede acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos derechos, intereses o pretensiones, porque el actual sistema de tasas no supone un obstáculo para el ejercicio de los mismos. Las tasas vigentes, por mucho que se insista, no obstaculizan el acceso a la justicia, porque las tasas vigentes, por mucho que se insista, no conculcan el derecho a la tutela judicial efectiva y este proceso, el que hemos tenido en la anterior legislatura, ha sido la demostración de que todo se puede mejorar, pero ello a través del diálogo, de las aportaciones y del consenso. Por eso, señorías, el Grupo Popular no se opone a la toma en consideración de esta proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zoido.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA AMPLIAR EL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO A LOS MAYORES DE DIECISÉIS AÑOS (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000012).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años. Para presentar la iniciativa, tiene la palabra el señor Rufián. (Rumores).

Silencio, por favor.


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El señor RUFIÁN ROMERO: Presidente, señorías, permítanme que comience con un recuerdo a las más de cuatrocientas personas que han muerto hoy frente a las costas de la indigna Unión Europea buscando un hipotético futuro mejor. Jamás sabremos sus nombres pero su memoria recaerá sobre nuestras conciencias. Un recuerdo para ellos. (Aplausos.-La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Señorías, en esta Cámara se han ideado, negociado y aprobado las más reaccionarias e indecentes reformas laborales conocidas hasta la fecha, sobre todo por el Partido Popular, que en Cataluña es de todo menos popular. No lo digo yo, lo dicen por ejemplo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y Naciones Unidas, poco sospechosas de ser separatistas. Unas medidas que han hecho del Estado español un auténtico laboratorio y paraíso del neoliberalismo y la explotación laboral. Unas medidas que enorgullecerían y dejarían como auténticos principiantes a los dos tótems e ideólogos de la derecha más reaccionaria: Reagan y Thatcher. A muchos de nosotros nos avergüenza que así sea, pero entiendo que a algunos de ustedes, como neoliberales del BOE, no, y que incluso se vanaglorien de ello, de un neoliberalismo que, por otro lado, se cura poniendo cafés en un paseo marítimo o descargando camiones en una zona franca diez horas diarias a 4 ó 5 euros la hora.

En cualquier caso, si aquí se precariza, si en esta Cámara se excluye sin pestañear a cientos de miles y millones de personas, entre ellos a quienes ya tienen dieciséis y diecisiete años, y por tanto ya pueden trabajar, si aquí a tantos chicos y chicas se les puede negar e hipotecar impunemente el futuro, si aquí se puede hacer de cientos de miles de chavales auténtica carne de cañón laboral con un paro estimado del 66 %, entiendan que algunos de nosotros defendamos que esos cientos de miles de chicos y chicas se defiendan frente a ustedes. Y en democracia uno se defiende de dos maneras: en las calles, los centros y las plazas -y les puedo asegurar que muchos de ellos ya lo hacen-, y frente a una urna. Nosotros aquí venimos a defender que se defiendan frente a una urna; en definitiva, ampliar la democracia de este país.

Forma parte del ideario y de los anhelos de la derecha más reaccionaria infantilizar a la sociedad, no es nada nuevo; creer y hacer creer que hay quien no merece ni sabe ni puede ni debe participar en política. Es aquello que ya decía la bestia, aquel fascista que murió en la cama: Haz como yo y no te metas en política. Suele ser gente a la que le ofenden más unas rastas que un sobre de dinero negro en el bolsillo. Suele ser gente que habla de fractura en Cataluña simplemente porque en Cataluña a duras penas ganan al dignísimo Pacma. Suele ser gente que considera que llamar gánster a un gánster en el Parlament de Catalunya es una falta de respeto y decir a 6 millones de parados que se jodan, un desliz. Suele ser gente que lleva demasiado tiempo ganando y ya conviene que pierdan. Por suerte, siempre hay quien planta cara, siempre lo ha habido. En este país, como en tantos otros, todo lo que se ha logrado y todo lo que se ha ganado se ha ganado en la calle. No vino nadie caído del cielo a regalar nada por mucho que se llamara Felipe González. Lo que se ganó, lo que tenemos, lo hicieron nuestros abuelos y nuestros padres y entre los que han luchado, los que hoy en día luchan, entre los que han llenado las calles de este país como el que más, entre centenares de miles están chicos y chicas de dieciséis y diecisiete años, chicos que han filtrado el dolor de estos últimos ocho años, un inmenso dolor que han visto en sus casas, en sus colegios y en sus familias y lo han convertido en concienciación política y en un enorme mecanismo de transformación social. No hay mayor ni mejor herramienta de transformación política que el dolor.

Han filtrado todo esto, han filtrado su sentido crítico y lo han puesto al servicio de manifestaciones, protestas, mareas, centros autorregulados y, sobre todo, en determinación de ganar, en voluntad de ganar. Nosotros queremos ponerles una urna delante y que se expresen. Nosotros queremos interpelarles. Nosotros queremos, en definitiva, vuelvo a repetir, ampliar la democracia donde sea y con quien sea. Estamos ante una de las generaciones más contestatarias de nuestra historia. Aunque a algunos de ustedes les gustaría que esos chicos conocieran antes a Belén Esteban que a Buenaventura Durruti, no ha sido así. Muchos de ellos están en las calles y les han privado de tanto que ya lo quieren y lo pueden todo. Esos chicos y chicas que están dejándose la piel, esos chicos y chicas que están haciendo política en el mejor sitio en el cual se puede hacer política, que es en la calle, quieren participar; y no lo digo yo, lo dice la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad que estima que el 63 % lo quiere hacer. ¿Quién se lo va a negar hoy aquí? ¿Quién les va a negar expresarse frente a una urna? Hoy lo veremos. Si con dieciséis años este Estado puede exigirte responsabilidades penales, laborales y tributarias y si con dieciséis años este Estado te permite casarse, este Estado debe permitirte participar, debe permitirte votar. No hacerlo es de una enorme hipocresía derivada del miedo a la capacidad contestataria de toda una generación, del miedo a aquel que nunca has tenido en cuenta, a aquel que crees que puede


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arrebatarte el sillón cuando en realidad el sillón les pertenece a ellos. Si aquí hoy no se aprueba esta propuesta es por simple y miserable miedo de algunos de ustedes.

El pasado 9 noviembre del año 2014 Cataluña demostró que se podía hacer, que había toda una generación dispuesta a ser interpelada. Cataluña se alineó con países como Escocia y Austria e instituciones como el Consejo de Europa y el Foro Europeo de la Juventud. Nosotros en la futura república catalana garantizaremos el voto a aquellos que tienen dieciséis años. Nosotros queremos un país de todos para todo y para todos. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes también lo quieren para su país. Hoy tienen aquí una enorme oportunidad para demostrarlo y estoy seguro de que no la desaprovecharán.

Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos.-Los señores diputados del Grupo de Esquerra Republicana exhiben unos carteles en los que se lee: Pel vot als 16 anys!).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Rufián. Por favor, bajen las pancartas, señor Tardà. (Los señores diputados del Grupo de Esquerra Republicana continúan exhibiendo los carteles). Por segunda vez le aviso. Bajen las pancartas, señor Tardà. (Así lo hacen). Muchas gracias.

Pasamos a la fijación de posiciones, puesto que nadie ha pedido el turno en contra. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta, señores diputados.

Señor Rufián, nosotros vamos a apoyar esta propuesta, pero me gustaría positivar un tema tan hermoso, tan bonito y tan potente como este de que los jóvenes voten en este país y hablar de la historia. Yo con dieciséis años estaba en COU y con diecisiete -era el año 1977- entré en la universidad. Aquella generación mía vivió intensamente la llegada de la democracia: aquellos gritos de "libertad, amnistía y estatuto de autonomía", con dieciséis años, y si había huelga de la empresa de basuras allí íbamos todos los de COU y en 1977 en la universidad.

Efectivamente, usted tiene razón. Nos quejamos en esta sociedad muchas veces y en este Congreso de que los jóvenes tienen apatía por lo que sucede, de que no leen periódicos, de que no participan y lo más grande que hay en una democracia es la participación política. Como decía usted, te puedes casar, puedes trabajar, tienes edad penal. Europa ha recomendado a los países que se implante el voto a los dieciséis años, pero el Consejo de la Juventud de Europa, el Consejo de la Juventud de Canarias también lo quiere. Cuando hay tantos españoles de más de dieciocho años que no quieren ir a votar, con esa abstención no podemos decir que no a ningún ciudadano europeo cuando quiere participar en la elección del Gobierno y de las políticas que quiere para él y para su generación. Por eso digo que quiero darle ese carácter positivo, no de un día de fiesta, pero sí un día de alegría por el hecho de que en el Congreso de los Diputados, aunque con poco recorrido seguramente, sea un compromiso político para todas las fuerzas, para el próximo Gobierno que salga, haya elecciones o no. Y se trata de enviar un mensaje sobre todo a la juventud de este país, a esta juventud que ha sufrido la crisis económica, la crisis social, que se le han quitado sueños y esperanzas que tuvimos la gente de otra generación con respecto a su futuro, a sus ilusiones de independizarse, de tener un puesto de trabajo, de poder tener una carrera universitaria o una oportunidad laboral en su ciudad, en su comunidad autónoma o en su país. Eso es lo que hoy vamos a votar, que los jóvenes, de quienes es el futuro, puedan participar en la toma de decisiones sobre ese futuro en los órganos donde se toman.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Oramas.

Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Sánchez.

La señora SÁNCHEZ MAROTO: Desde Izquierda Unida-Unidad Popular lo único que podemos hacer, además de apoyar esta propuesta de Esquerra Republicana, es celebrarla sinceramente, puesto que lo incluíamos en nuestro programa electoral. Vamos a apoyarla y por el poquito tiempo que tenemos para decir el porqué voy a centrarlo en dos cuestiones: una, por justicia, y dos, por democracia; y en una conclusión. ¿Para qué? Para construir la sociedad que queremos, para promover lo que queremos, que no son solamente cambios de Gobierno, sino también cambios de forma de hacer y un cambio social en profundidad.

Entendemos que hay que corregir el error de que en el Estado español te puedes casar o ir a la cárcel; si perteneces a las clases populares y trabajadoras de este país, puedes empezar a encadenar trabajos precarios de 300 y 400 euros o becas que lleguen hasta los treinta y cinco años y más; y, sin embargo, a


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esa edad no puedes participar activamente para defenderte al menos en el plano electoral contra aquellos y aquellas que te condenan a la precariedad y a este tipo de problemas. Puedes perder la beca por una decisión que tomes a los dieciséis años debido al horror de Ley de Educación que tenemos en este país, pero no puedes hacer nada para cambiar a los Gobiernos que deciden quién es el ministro de Educación y cuál es la política que sigue el Ministerio de Educación. Esto es por justicia. Entendemos que si la justicia a nivel muy básico es la constante y firme voluntad de dar a cada uno y a cada una lo que le corresponde, alguien que lo va a sufrir debe tener al menos derecho a una acción que modifique la realidad. También es por democracia. Quienes defendemos los valores democráticos y los valores clásicos republicanos creemos que la democracia no es solamente votar, sino también deliberar y participar, pero evidentemente una parte importante de la praxis mediante la que los ciudadanos y las ciudadanas aprenden a hacer democracia y a ser demócratas se realiza a través de las urnas. Solamente con estas dos cosas no vamos a conseguir una sociedad mejor, pero al menos estaremos un poco más cerca y la estaremos construyendo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sánchez.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, señora presidenta.

Me hace mucha ilusión que, siendo yo el mayor de Compromís, se me haya encomendado defender esta iniciativa que reclama el derecho de voto para los jóvenes de dieciséis años. Todavía conservo -la vi el otro día- una pancarta de color rojo con letras de papel adhesivo que recortamos a mano y que ponía: Dret de vot als 16 anys. Era justamente cuando se estaba debatiendo en esta Constitución el derecho al voto y recuerdo que la sacamos muchas veces. ¿Quién me iba a decir a mí que, pasados los años, estaría defendiendo esta enmienda aquí en el Parlamento? Han pasado los años, pero sigo teniendo la misma ilusión de aquel chaval que no podía votar. Además, sigo teniendo los mismos argumentos que tenía aquel chaval con mucho pelo que se manifestaba por las calles. Hay una razón que cae por su propio peso y es justamente la coherencia. Tienen derechos civiles y tienen responsabilidades. Por tanto, un joven con dieciséis años tiene reconocidas muchas responsabilidades y muchos derechos asociados a ellas, responsabilidades y derechos de adulto. Puede trabajar, pagar impuestos, emanciparse, casarse y ser responsable penalmente. Sin embargo, carece de la posibilidad de decidir sobre las políticas que le afectan. Otro argumento importante es el de la participación democrática. Es justamente a esa edad cuando acaban su formación obligatoria y deciden qué rumbo va a tomar su vida, si siguen estudiando o si intentan -y digo intentan- encontrar trabajo. Sería el momento en que también deberían tener la posibilidad de elegir el rumbo que tomará su propio país. Sería como la culminación de su propia formación y una manera de que se sintieran más próximos a la política y a las instituciones. Sería como querer darles la posibilidad de la ilusión y de la responsabilidad. Se podrían aprovechar los últimos años de escolarización para darles una formación cívica que tendría la ventaja de que podrían aplicarla inmediatamente.

Como se ha dicho ya, esta es una medida que se aplica en un país civilizado como Austria, se ha utilizado en el referéndum de Escocia y en el de Cataluña y se da en muchos otros países. Cuando oigo los manidos argumentos de que los jóvenes son más manipulables, los jóvenes son más vulnerables, siempre me viene a la cabeza la imagen de algunos interventores de un partido que se llama serio, responsable, de orden; estos interventores que se pasean en épocas electorales por los asilos, por las residencias de mayores manipulando votos. Por tanto, desde Compromís manifestamos nuestro voto favorable y entusiasta a la propuesta. Esperemos que esta ley se tramite.

Acabo con los veinte segundos que me quedan. Aún estamos a tiempo de que esto no se quede en el cajón del olvido otra vez; repito, aún estamos a tiempo.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

La toma en consideración de la proposición de ley que hoy tratamos para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de dieciséis años es, a juicio de nuestro grupo parlamentario, un asunto de gran trascendencia. Sin duda, la incorporación de los jóvenes desde los dieciséis años nos lleva a una serie de preguntas: ¿Cómo influirá en el orden del día político? ¿Contribuirá al crecimiento de la democracia


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en general y a un mayor equilibrio en la distribución generacional del poder político? ¿Qué dinámica desencadenará si se optase por tal reforma? ¿Afectará al nivel de participación de los jóvenes? ¿Cambiará las agendas? Porque, ciertamente, la infancia-adolescencia es una categoría permanente en cada sociedad y conforma un grupo de población que, como tal, es minoritario.

Desde una visión más general y retrospectiva, se hace preciso resaltar que desde el siglo pasado, y fundamentalmente en los últimos años, en los países europeos existe una tendencia a rebajar los límites de la mayoría de edad estableciéndose un estándar de dieciocho años sin perjuicio de flexibilizarlo en relación con el ejercicio de determinados derechos y libertades. Es en esta línea, en este orden de cosas, donde se incardina la sentencia del Tribunal Constitucional 141/2000, cuando señala que los menores de edad son titulares plenos de sus derechos fundamentales, sin que en el ejercicio de los mismos y su disposición se abandonen a lo que al respecto puedan decidir aquellos que tengan atribuida su guarda y custodia, cuya incidencia sobre el disfrute del menor de sus derechos se modulará en función de su madurez y de los distintos estadios en que la legislación gradúa la capacidad de obrar. Estas reflexiones son las que nos introducen en el auténtico punctum ardens de la cuestión debatida, es decir, la conveniencia y oportunidad de la reforma propuesta, tanto desde una perspectiva constitucional de derecho comparado como de coherencia del ordenamiento jurídico y de las circunstancias concretas de cada sociedad.

Comenzaremos por las cuestiones constitucionales. En este orden de reflexión o perspectiva se nos introduce una duda de si una reforma como la que se propone requiere reforma constitucional, y lo decimos porque la mayoría de edad se introdujo en la Constitución de 1978 por primera vez en el constitucionalismo español y con escasos antecedentes en el derecho constitucional europeo. Así, en el artículo 68.5 dispone que son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos, que se adquieren, precisamente, con la ciudadanía, según el artículo 23, y que esta se adquiere con la mayoría de edad que el artículo 12 establece a los dieciocho años. Cierto es que los dieciocho años, como ya dijimos, no es la única edad de referencia para el ejercicio de determinados derechos y obligaciones; se ha flexibilizado en el campo civil y en algunos aspectos de regulaciones del derecho público. Pero no es menos cierto que el ejercicio de los derechos políticos asociados a la ciudadanía encuentra una regulación constitucional aparentemente contundente, y que requeriría un estudio sosegado y doctrinalmente sustentado para flexibilizar la edad en la que se adquiere la ciudadanía política a una edad anterior a los dieciséis años.

Por otro lado, y desde la perspectiva de la coherencia del propio ordenamiento jurídico, la rebaja del derecho de sufragio activo a los dieciséis años se encuentra en dependencia directa con el sistema educativo, que debe poder transmitirles principios básicos del sistema político y darles educación política antes de los dieciséis años, lo que supone una reforma de los actuales currículos educativos para que puedan asumir esta nueva esfera de responsabilidad. También, la rebaja del derecho de sufragio a los dieciséis años supondría una afección a buena parte del ordenamiento jurídico, en que la capacidad de obrar se adquiere con carácter general a los dieciséis años; es decir, la idoneidad de una persona para poner en práctica derechos y obligaciones de que son titulares. Una mayoría de edad política rebajada respecto de la actual, posiblemente y por congruencia, arrastraría la mayoría de edad a los dieciséis años de buena parte de las regulaciones jurídicas sectoriales o, al menos, abriría un intenso debate. Además, para hacer más efectivo y real ese derecho de participación política a los jóvenes, debiera proveerse de espacios de aprendizaje y participación ciudadana; del acceso a la información significativo en lenguajes propios, afectaríamos a la Ley de Transparencia, a espacios específicos de expresión; además, a la escucha activa por parte de los grupos que toman decisiones y oportunidades para insertarse en actividades colectivas en beneficio común.

Si miramos al derecho internacional, nos encontramos con la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 1959, que alienta la profundización de los derechos del niño y de los jóvenes en protección, provisión y participación; sin hacer mención expresa al derecho de voto, aunque, ciertamente, hablando de la libertad de pensamiento, religión y expresión, asociación y reunión pacífica, derecho a ser oído en todas las cuestiones que les afecten, la Carta europea del niño de 1992, la Carta de derechos fundamentales de la Unión, aprobada en Niza en el año 2000, en su artículo 24, o la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. La resolución 1826/11 recomienda crear condiciones necesarias para la participación de los jóvenes en la vida cívica, investigar la posibilidad de rebajar la edad de voto, examinar la posibilidad del sufragio pasivo en todo tipo de elecciones cuando sea apropiado. Y entrando en las razones para tales recomendaciones, aprovecharemos también para exponer las objeciones que, con carácter general, se le enfrentan. Así, la medida se sustenta en el fortalecimiento de la democracia y su


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legitimación; suturación de la división generacional del poder político; un mejor cumplimiento del derecho de participación de los jóvenes en términos expuestos por la Convención de Naciones Unidas; y frente a ellos se objeta que los jóvenes votan de forma distinta, son inmaduros; tampoco se les permite votar en otros países; pueden ser manipulados; no se sienten suficientemente maduros, tienden a dar su voto a los radicales, los mismos jóvenes no están dispuestos a votar; ya tienen posibilidad de participar en consejos y parlamentos de la juventud o en instituciones similares; además, solo una minoría de adultos y de jóvenes mayores de dieciocho años están a favor del voto a partir de los dieciséis años. Sin embargo, si fuéramos honestos, quizá estas objeciones contradicen las normas sobre participación de los jóvenes de la Convención de Naciones Unidas. La comprensión sociológica contemporánea de la infancia y la juventud, las conclusiones de la psicología evolutiva referentes a la capacidad de los jóvenes; las experiencias prácticas de los jóvenes que participan en las elecciones y algunas otras objeciones ¿no pueden ser paternalistas, autoritarias, antidemocráticas? ¿Algunas objeciones no constituirían, quizá, prejuicios adultistas y paternalistas, como hace cien años la exclusión de las mujeres basada en prejuicios patriarcales? ¿No es un importante problema que tiene la democracia, que discrimina a un grupo de jóvenes por su edad? En definitiva, todas estas cuestiones ¿a dónde nos llevan? A que nos encontramos ante una cuestión relevantísima para la salud de la vida democrática, que afecta a una minoría, la juventud, y a una categoría, los jóvenes, que tiene un notable impacto en el ordenamiento jurídico, tanto constitucional como político electoral, como civil, como de multitud de sectores regulados, que ha de afectar a lo público y a lo privado, que requiere una reflexión para la toma de decisión en todos los órdenes, en los jurídicos, desde la psicología, a la sociología, al ordenamiento, y que también es una reflexión sobre la gradualidad de la implantación de la medida.

Habrá que estudiar si la rebaja de edad es a los dieciséis años o a los diecisiete, o primero a los diecisiete y luego, viendo los efectos, a los dieciséis. Habrá que considerar la conveniencia de, si se adoptara la decisión, en qué proceso electoral se implanta en primer lugar. ¿Primero en las locales y luego en el resto de manera gradual, tal como se hizo en Austria, que se cita como modelo? ¿Permitiremos a las comunidades autónomas que decidan en sus procesos electorales esta implantación gradual hasta que alcance a las generales y a las europeas? En definitiva -y voy concluyendo, presidenta-, nos encontramos ante un debate sobre la extensión de la democracia, que si no queremos que pueda ser acusado de oportunista no puede abordarse desde el tejado. Debe ser objeto de un gran pacto político y social. Debe ser el resultado de un proceso de debate que genere un cambio de cultura de las relaciones generacionales que excluye a la generación joven del debate del poder político. Así se hizo en Austria y ese debe ser nuestro modelo procesal.

Por lo dicho, estando a favor de afrontar un debate profundo, serio y honrado sobre la extensión de la democracia, no consideramos adecuado que lo comencemos por una proposición de ley, ya que consideramos que el trámite de enmiendas no es hábil para abordar las cuestiones expuestas en nuestra intervención. Aunque sí apoyaremos la constitución de una comisión que afronte la cuestión de rebajar la edad a los dieciséis años para el ejercicio del sufragio activo y en la que participaremos activamente.

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Legarda.

Por el Grupo de Democràcia y Llibertat, señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Es realmente necesario afrontar un debate sobre la necesidad o no de ampliar el derecho al voto a los jóvenes de dieciséis años. Por tanto, damos la bienvenida a la presentación de esta proposición de ley que hoy nos trae el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña para trasladar al Congreso de los Diputados este debate, ya que en Cataluña no podemos afrontarlo puesto que las competencias, de momento, no las tenemos. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Es necesario abordarlo, digo, y no solo porque nos lo parezca al Grupo de Democràcia y Llibertat, sino porque también está recomendado por la Unión Europea que ha recomendado a los Estados miembros abordar la conveniencia o no de trasladar en sus respectivos ordenamientos jurídicos las correspondientes modificaciones de la ley orgánica para poder votar, si incluye en ese derecho a los jóvenes mayores de dieciséis años. De hecho, el Reino Unido, Finlandia y Dinamarca están teniendo actualmente estos debates. Por tanto, debatir en el marco de una proposición de ley esta propuesta nos parece lo más adecuado. Además, nosotros propondríamos que de distinta forma a como ha venido aprobando las leyes los últimos cuatro años de mayoría absolutista el Partido Popular, que han sido a rodillo, podríamos tener el placer de escuchar a


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comparecientes en las sesiones de ponencias del debate de la ley para legislar de la mejor forma posible en cuanto a claridad, en cuanto a coherencia y en cuanto a necesidad de dar la palabra a los jóvenes y hacerlo de una forma lo mejor informada posible. Reitero, no lo hagamos como en estos últimos cuatro años, cuando en lugar de legislar parecía que dábamos golpes de zapato encima de la mesa; avanzábamos a golpes. Es una lástima habernos perdido cuatro años de debates en esta Cámara.

Nosotros decimos que es conveniente aportar coherencia, y es cierto que la legislación española permite adecuar unas figuras de transitoriedad que regulan una diferencia entre los menores de 16 años y los de 16 a 18 años; es decir, habilita a estos menores de 16 a 18 años para que puedan casarse, para que puedan hacer testamento, para que puedan temer relaciones laborales, para que puedan conducir un ciclomotor si tienen el permiso correspondiente. Por tanto, son personas que pueden tener la titularidad de derechos civiles y que los pueden ejercer en plenitud. Nos podemos encontrar con que una persona de 16 años puede estar casada, puede tener hijos, se puede encontrar trabajando en una empresa mejor o peor contratada, pero a la hora de la verdad no puede decidir si las políticas que adopta esta casa son o no de su gusto, cuando sí puede contribuir con sus esfuerzos laborales al sostenimiento de las cargas impositivas, a las que está obligado si trabaja y cumple los mínimos necesarios para ello. Por tanto, es una incongruencia del sistema que se cierre en banda el voto a las personas mayores de 16 años y no se intente dar coherencia a este texto normativo que tantas obligaciones civiles impone a los menores.

Yo iría un poco más allá en este debate y no me contentaría con analizar la posibilidad de abordar el sufragio activo, sino también el pasivo, por qué no. Necesitamos a gente implicada activa y pasivamente en la política, y si del debate en Comisión nace una buena proposición de ley para que las personas jóvenes sean también cargos electos, por qué no. Nosotros creemos que esta proposición de ley quedaría algo corta, puesto que solo se remite al derecho de sufragio activo de las personas mayores de 16 años. También sería positivo que este debate lo enfocásemos desde la necesidad de que los partidos políticos diesen respuesta a las necesidades de los jóvenes. Quizás, solo quizás, si hubiese un electorado pendiente de nuestras propuestas habría más capacidad para poder ser atractivo a los ojos de estos votantes nuevos que nos miran a los partidos políticos, que creen que desde la política se pueden transformar las cosas -desde la calle también se puede, pero sobre todo haciendo acción legislativa en esta Cámara y buscando consensos- y nos interpelan para que les solucionemos aquellos problemas que hoy en día siguen vigentes y que no somos capaces de sacar adelante. Por tanto, tener un auditorio joven con el que comprometernos para intentar captar su voto, quizás haría mejores los respectivos programas electorales, a la par que recibiríamos como sociedad una mayor implicación de estos jóvenes en su comunidad. Queremos que los jóvenes se impliquen más en la comunidad, en su compromiso para con la comunidad. Por eso una buena medida sería seguramente que este derecho a voto fuese una realidad con las correspondientes adaptaciones que hoy tenemos en la propia legislación estatal, que es esta transitoriedad hacia la mayoría, una fórmula que ciertamente funciona y que permite hacer auténticos trajes a medida, según la realidad de la persona que tiene la necesidad o la voluntad de votar.

Termino, señorías. Las políticas de juventud deben abordarse desde la perspectiva de que son las políticas de futuro de una sociedad. Es necesario, por tanto, conseguir la implicación de los partidos para con los jóvenes y es necesario hacer atractiva la política a los jóvenes. Es atractiva la reclamación en la calle, es atractiva la reclamación fuera de esta Cámara, pero también es necesario prestigiar de nuevo los acuerdos que se intentan tomar en esta Cámara en beneficio de todos. Mal favor nos haríamos si solo fiásemos los avances públicos a lo que se dice en la calle. Hay que escuchar muy atentamente a la calle, pero también hay que poner en valor el trabajo de los políticos y las políticas que cada día estamos luchando para intentar sacar adelante las propuestas que pueden favorecer a nuestros conciudadanos.

Y no quiero dejar la tribuna sin decir que hoy es un día muy importante para nuestro grupo parlamentario y creo que también para esta Cámara. Hoy hemos conseguido en la Comisión de Sanidad unanimidad a la hora de defender los derechos de las personas víctimas de la talidomida en España. Ha sido fruto del consenso, fruto del diálogo. Por tanto, hemos evidenciado que somos capaces de aportar lo mejor de nosotros y nosotras para dar auténticas soluciones a personas que llevaban más de cuarenta años esperándolas. Señorías, tienen la opción de ponerse de acuerdo antes de que termine el periodo de descuento; les reto a ponerse de acuerdo. No podemos dejar caer en saco roto todas estas iniciativas, conviene seguir trabajando en los acuerdos porque, al final, daremos una auténtica lección de democracia a estos jóvenes que con más ganas acudirán a votar cuando seamos capaces de darles un marco legal coherente para que lo puedan hacer.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: Señor presidente, señorías, iba a empezar de otro modo pero voy a empezar hablando de lo que se traducía tras el tono del señor Rufián que, no por menos conocido, ha sido, al menos para mí, sorprendente. Lo que se traducía de sus palabras es que para usted el voto es un arma cargada de odio, de rencor, casi un ejercicio de autodefensa. Para nosotros, rememorando a un poeta del cual celebrábamos hace escasas fechas su fallecimiento, el voto es un arma cargada de futuro y este concepto probablemente defina la diferencia que hay entre ustedes y nosotros a la hora de abordar esta cuestión. (Aplausos). Se lo digo así porque para nosotros hoy es un buen día, señor Rufián. Es un buen día porque los señores de Esquerra Republicana han venido por fin a esta Cámara, la Cámara donde reside la soberanía nacional, a plantear una política para todos los españoles, aunque sea a la fuerza, y eso es digno de celebrar. También es digno de celebrar que un partido cuyo programa político es la secesión esté hoy aquí para hablar de España. Es digno de celebrar que un partido que prometió la desconexión institucional de Cataluña en dieciocho meses venga con una propuesta para todos los españoles. Después de tanto tiempo subiendo a esta tribuna exclusivamente para decirnos adiós, a nosotros, en nuestra ingenuidad -llámelo usted así si quiere-, nos parece una auténtica novedad. Suponemos que ustedes con esta propuesta no tienen ni un ápice de interés político; imaginamos que esa propuesta que usted hace de ampliación de la democracia es una propuesta cargada exclusivamente de principios, no de intereses partidistas. Suponemos que no hay ningún cálculo electoralista, que no se les ha pasado por la imaginación siquiera conseguir de esta manera esa mayoría, ese apoyo mayoritario a la independencia en Cataluña que no han conseguido en las urnas. Nos imaginamos que esas no son sus intenciones. Por lo tanto, entendemos que les mueve una sincera y noble preocupación por mejorar los mecanismos de participación de nuestra democracia española, de nuestra democracia común. Y por eso es un buen día.

También es un buen día porque vamos a tener ocasión de hablar, de debatir sobre una cuestión que para nosotros es de absoluta relevancia: la reforma electoral. Porque yo creo que de eso se trata, de hablar de la reforma electoral. Se ha hecho una mezcla de cuestiones civiles y de políticas de juventud; nosotros creemos que cuando se habla de reformar la Loreg, la ley básica de nuestro régimen electoral general, estamos hablando de la reforma electoral. Por tanto, mi partido y yo estamos hablando de un asunto que nos parece importante, trascendental; un asunto en el que, por cierto, llevamos viviendo un auténtico bloqueo por parte de los partidos mayoritarios desde hace muchos años, demasiados año; no quiero entender que es porque defienden sus propios intereses.

Tenemos un sistema electoral que tiene su origen en una norma preconstitucional, la Ley para la Reforma Política, de 4 de enero de 1977. Por lo tanto, han transcurrido casi cuarenta años desde esa primera regulación. El sistema electoral que se diseñó en la transición -también quiero hacer esta valoración- cumplió su función en aquel momento. Había que reforzar las estructuras de unos partidos que no existían, había que reforzar las estructuras institucionales y propiciar que hubiese Gobiernos estables porque nos jugábamos mucho, nos jugábamos la democracia, nos jugábamos la libertad. Pero hoy España es un país distinto, es un país diferente, es un país mucho más plural y también mucho más sólido, y las demandas de la sociedad hoy son distintas de las que tuvo que afrontar aquella joven democracia de finales de los setenta. Por tanto, creemos que es el tiempo, efectivamente, de mejorar nuestra democracia, señor Rufián, seguramente con mecanismos distintos a los que usted plantea; pero sí, ha llegado ese tiempo. Y cuando ustedes plantean que lo importante para mejorar nuestra democracia -esa democracia de la que se quieren escindir, por cierto- es rebajar la edad mínima para votar a los dieciséis años, pongamos los ejemplos de en qué países se aplica esta mejora democrática de la que ustedes hablan. En el ámbito de la Unión Europea, exclusivamente en uno, en Austria; exclusivamente en ese. Y no hay ninguna evidencia -puede usted consultarlo con todos los politólogos europeos- de que esa rebaja de la mayoría de edad electoral haya propiciado una mayor participación electoral en esa franja de edad. Desde luego, creemos que no ha repercutido en la calidad democrática de Austria, que nos parece defendible antes de esa reforma y ahora también. Pero seamos justos, también hay otros países que han abrazado esta reforma; es cierto, los hay, no en la Unión Europea, pero los hay. Las personas de dieciséis años pueden votar, por ejemplo, en Cuba. No sé lo que significa votar en Cuba, pero allí los de dieciséis años pueden votar. (Aplausos). También lo pueden hacer en otros países, por ejemplo, en Indonesia. Y en Ecuador; en sitios de América Latina donde es obligatorio el voto; por cierto, algo de lo


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que usted no ha hablado. Pero si hablamos de votar a los dieciséis años, ¿por qué no hablamos también de votar a los quince? ¿Hay una diferencia sustancial de madurez o podemos entender que hay madurez también a los quince años para conceder ese derecho al voto? En ese caso, también hay países que se han lanzado por esa senda de mejora democrática y han rebajado la mayoría de edad a los quince años. En Irán se puede votar a los quince años. Tampoco sé lo que significa votar en Irán, pero lo cierto es que se puede votar a los quince años. Le voy a citar ahora países donde no se puede: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega, Estados Unidos, Canadá. Podríamos seguir, pero supongo que todos estos países son muestras de débiles democracias que no atienden a los problemas de su juventud; sin embargo, a nosotros nos parece más adecuado parecernos a estos países que acabo de citar que a los de la lista anterior.

Si queremos hablar de la reforma electoral -y decía que para nosotros es un buen día porque queremos hablar de reforma electoral-, vamos a empezar por el principio. Si abordamos esa reforma, para nosotros el principio tiene que ser uno, un principio muy clásico: un ciudadano, un voto. (Aplausos). Básicamente esto: un ciudadano, un voto. Es decir, que el voto de cada ciudadano pese y cuente exactamente lo mismo, que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, incluso del Tribunal Europeo, es lo que quiere decir hoy en día ese principio clásico de un ciudadano, un voto. Por tanto, queremos una ley electoral que garantice la igualdad en el valor del voto de todos los españoles, que ningún español sea discriminado por votar en una circunscripción grande o pequeña. En esto, el tamaño importa, y mucho. Queremos asegurar que voten las personas y no los territorios -nos parece que es un derecho básicamente de ciudadanía-, que un voto cuente lo mismo en Soria que en Madrid o en Barcelona que en Girona. Ahora mismo eso no sucede. Le voy a dar unos datos, aunque supongo que los datos que voy a dar ahora mismo los conoce toda la Cámara. Al Partido Popular cada uno de sus escaños le ha costado exactamente 58.662 papeletas. A mi partido, Ciudadanos, le ha costado exactamente 87.511 papeletas. Y no somos los más discriminados en esta Cámara, en justicia hay que reconocerlo. A Izquierda Unida cada uno de sus dos escaños le ha costado exactamente 461.522 votos. Pero tampoco el Partido Popular es el más beneficiado, porque al PNV, hay que decirlo también, es de justicia, cada uno de sus escaños le ha supuesto 50.264 votos. Fíjese, hay escaños aquí que valen 460.000 votos y hay otros que valen 50.000. A nosotros eso nos parece una auténtica injusticia, y si hablamos de ampliar la democracia, de mejorar la democracia, de ensancharla, lo primero que tenemos que hacer es garantizar ese principio en esa reforma, algo de lo que ustedes no hablan en absoluto.

También queremos una ley que mejore la participación de los españoles, evidentemente, en el proceso electoral, y por eso queremos hablar de listas desbloqueadas, porque queremos que la decisión sobre qué personas tienen que ocupar los cargos públicos de representación la tomen los ciudadanos; tenemos que darles la posibilidad a los ciudadanos de que sean ellos los que ejerciten ese derecho personal de elección y que no sea exclusivamente la cúpula de los partidos. Ustedes tampoco hablan de ese principio.

Queremos una ley electoral que mejore la transparencia y los cauces de participación dentro de los partidos, que son instrumentos con los que se construye la democracia y que canalizan la participación ciudadana, y por eso queremos hablar de primarias para la elección de cabezas de lista. Si estuviese aquí el señor Mariano Rajoy miraría para él, pero como no está, no puedo. (Aplausos). También queremos -y esto seguro que lo compartimos- que cientos de miles de españoles residentes en el extranjero que han quedado sin poder ejercer su derecho fundamental al voto por la reforma del voto rogado, puedan ejercerlo y ejercerlo en plenitud, y en eso seguro que estamos de acuerdo. Queremos facilitar el voto a las personas que cuenten con impedimentos físicos planteando el voto anticipado o mejorando el voto electrónico y el voto por correo. Queremos, en definitiva, que haya mayor rendición de cuentas de los representantes políticos ante los ciudadanos porque eso sí creemos que es una fuente absoluta de desafección hacia nuestra democracia, uno de los mayores problemas que tenemos que afrontar. Y queremos, por ejemplo, que haya debates obligatorios entre los candidatos que se presenten a las elecciones, que no estemos en esta batalla electoral permanentemente. Nos parece que el derecho a recibir información es un derecho de los ciudadanos, no es una prebenda que otorgan los partidos políticos si les conviene electoralmente. De todo eso queremos hablar en la reforma electoral. Y queremos hacerlo de una forma muy distinta a como lo hacen ustedes, y en esto vamos a coincidir con el Grupo Parlamentario Vasco. Creemos que al ser una reforma estructural, una reforma sobre la que se asienta la democracia, no se puede hacer con cualquier mayoría, necesita una mayoría sólida que tiene que alcanzarse después de un proceso de debate.


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El señor PRESIDENTE: Señor Prendes, concluya, por favor.

El señor PRENDES PRENDES: Sí, voy acabando.

Por eso hemos propuesto una comisión especial no permanente. La hemos propuesto ya, aquí, en esta Cámara. Podemos decidir sobre esto mañana mismo y empezar a debatir, a discutir sobre cómo mejoramos esta democracia, algo que seguramente todos compartimos que es necesario hacer. Podemos hacerlo ya si no consideramos muerta, fenecida, esta legislatura. Desde luego nosotros no la consideramos así, nos parece que está viva, muy viva y en pie, por eso hemos planteado esa comisión especial no permanente, que sería el vehículo en el que podríamos debatir todas estas cosas. Por cierto, no sé cómo ustedes no han conseguido en Cataluña en treinta años hacer la reforma electoral. Es la única comunidad autónoma que no tiene ley electoral propia y ustedes han gobernado o gobiernan, han tenido mayorías, ¿cómo es que no han conseguido todas estas cuestiones en Cataluña? No lo entiendo. Nosotros plantearíamos en todo caso una reforma desde unos principios, que le digo cuáles son.

El señor PRESIDENTE: Y con eso concluya, por favor.

El señor PRENDES PRENDES: Se los voy a repetir porque me parecen muy importantes: igualdad en el valor del voto, desbloqueo de las listas electorales, primarias, rendición de cuentas y debates obligatorios. A partir de ahí nos ponemos de acuerdo. Como lo que usted plantea es algo completamente distinto, no vamos a estar de acuerdo, no vamos a apoyar su iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Prendes.

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Moya.

El señor MOYA MATAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, yo quería iniciar esta mi intervención con alegría. Vamos a hablar de juventud, vamos a defender los derechos de la juventud, que tanto lo merece. En realidad, recordar nuestros años cada vez más lejanos de juventud, cuando teníamos dieciséis o dieciocho años, nos evoca una época de descubrimientos, de alegrías, de tristezas, de aprendizaje, de vivencias trepidantes, algunas de ellas inconfesables; por lo tanto, voy a dejar esas alegrías aquí.

No puedo evitar dejar de contestar la última intervención que me ha precedido. Señorías del Grupo Parlamentario Ciudadanos, yo soy un diputado de un territorio rural, probablemente a mí me han votado muchas menos personas, muchos menos ciudadanos y ciudadanas de los que les han votado a ustedes. Yo vengo de Lleida, junto con otros tres diputados y diputadas, y en realidad sí, somos un territorio que representamos demográficamente a una pequeñísima parte de la población, pero, no lo olviden, los que venimos de un territorio rural gestionamos el 80 % del territorio del Estado, gestionamos un territorio del que salen sus alimentos, gestionamos un territorio donde pasan ustedes su ocio, gestionamos un territorio en el cual somos responsables del medio ambiente, gestionamos también, por desgracia, sus residuos y a veces incluso somos las canteras de las piedras con las que construyen sus ciudades. (Aplausos).

Hablemos de una ley electoral. Es cierto que en Cataluña son deberes que tenemos pendientes; tenemos pendiente la llei electoral de Catalunya, es cierto, y la vamos a hacer, es un reto que afrontamos con valentía, no le vamos a dar la espalda, pero tengamos en consideración el territorio, ese territorio que, estoy convencido, todas y todos en esta Cámara queremos y queremos preservar; velemos por él y tengamos un respeto para los diputados y diputadas de territorio rural.

Pero, vamos al grano. Nuestro voto, evidentemente, va a ser un voto favorable por muchos y diversos motivos. El primero de ellos es la participación democrática. La juventud de hoy en día tiene el mayor y mejor conocimiento de la sociedad y está mucho mejor informada que las generaciones anteriores. La proporción de titulados universitarios en España ha pasado del 4 % en 1977 al 32 % en el año 2014. La media española de jóvenes con estudios universitarios entre veinticinco y treinta y cuatro años es del 37 %, mientras que la media europea es solo del 26 %. Podemos enorgullecernos de todo esto. La participación en el proceso democrático, sin duda, es muy importante y el voto es su elemento principal, especialmente cuando hablamos de conocer y reconocer los puntos de vista de la juventud. Acabemos de una vez por todas con aquel tópico que asegura que los jóvenes son más propensos a ser influidos por la propaganda política o por las opiniones de sus padres y descartemos de una vez por todas de nuestro lenguaje la palabra infantil como término peyorativo, como sinónimo de irresponsable o incapaz. Asumamos de una vez por todas nuestra responsabilidad ante la realidad de que la juventud de dieciséis a dieciocho años


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sea el grupo de edad todavía, a día de hoy, más reacio a participar en los debates políticos y a afiliarse a los partidos. La motivación para participar activamente en los procesos de decisión es mucho más baja cuando no se tiene la posibilidad de influir y no hay duda de que rebajar la edad de voto a los dieciséis años propiciaría una mayor participación de los jóvenes y las jóvenes en nuestra vida política.

Fomento de las políticas de juventud. Se ha dicho ya desde esta tribuna: permitir a los mayores de dieciséis años ejercer el derecho a voto forzaría a los partidos políticos -nos forzaría a nosotros, sus representantes- a realizar sustanciales mejoras en las políticas de la juventud. Así lo ha expresado la juventud de manera contundente en el marco de las diferentes movilizaciones que han tenido lugar estos últimos años en España. Su decidido protagonismo en las plazas, en las calles, durante el 15-M, las movilizaciones de estudiantes en contra de la Lomce, los movimientos medioambientales, en Cataluña su participación masiva y protagonista en todas las manifestaciones de la Diada de l'Onze de setembre pidiendo la independencia de Cataluña, exigiendo el dret a decidir dels catalans i les catalanes son algunos ejemplos claros de las ganas de incidir en la política que tienen nuestros jóvenes hoy en día. Y no olvidemos los extensos y rigurosos debates en el seno de entidades como el Youth Forum, el Consejo de la Juventud de España y el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

Cambios demográficos. No podemos darles la espalda; la composición del electorado ha ido cambiando y la esperanza de vida ha ido creciendo. La proporción de jóvenes en la sociedad ha pasado de un tercio, un 33 %, en el año 1900 a más del 15 % hoy en día. Reducir la edad de voto a los dieciséis años propiciará un mayor equilibrio electoral entre los más jóvenes y los más mayores.

Coherencia entre derechos civiles y responsabilidades. Se ha dicho también desde este estrado y no podemos menos que abundar en el tema. Un joven de dieciséis años tiene, entre otras responsabilidades y derechos, el momento crucial de su vida en el que debe decidir sobre su orientación profesional, sobre la formación que le va a vincular el resto de su vida, que le va a abrir las oportunidades; puede trabajar, puede emanciparse, puede casarse, puede decidir sobre su salud, puede decidir sobre su sexualidad, es responsable penalmente, puede conducir, y sin embargo no puede votar, no puede decidir sobre todas las políticas que le afectan puesto que no se reconoce su pleno ejercicio de la ciudadanía. Es difícil hablar seriamente de derechos sin garantizar la participación en la toma de decisiones y en las estructuras de poder.

Por último, regeneración democrática. Si creemos en un proceso de regeneración democrática, necesariamente debemos pasar también por el proceso de rejuvenecimiento. El reconocimiento del voto a los dieciséis años supondrá incorporar una buena parte de la ciudadanía a su construcción y, al mismo tiempo, reconocer el modo en que la juventud ha propiciado algunos de los cambios políticos que se han dado en los últimos años.

Ténganlo por seguro, señorías, si no nos ponemos a ello es muy probable que la juventud del Estado español se canse de esperar. Y como decía no hace mucho la socióloga y activista en derechos de la infancia Marta Martínez Muñoz: a algunos les va a pillar con su hegemónico adultismo no superado. No lo perdamos de vista; puede que sean menores de edad para ejercer el voto, pero ya están participando en la vida democrática y construyendo su cultura de la indignación. Por lo tanto, será y es de justicia una posición favorable. Otra posición, una posición en contra, solo se entendería en clave electoral; en clave de miedo a la incorporación de esa masa crítica activa, regeneradora y transformadora que es el colectivo de los jóvenes y las jóvenes en el Estado español. Si agazapados en reticencias burocráticas o en leguleyos caminos de distracción -y me dirijo especialmente a los señores del PP- se presentan contrarios a esta medida, no nos van a dar gato por liebre. Saben tan bien como lo sabemos nosotros, que no habrá otro motivo que parapetarse en el búnker del bipartidismo y reconocer así de forma tácita -pero que clama al cielo- que son conscientes de que sus formaciones se alejan de los sectores más dinámicos de la sociedad, como lo son los jóvenes, pero no solo los jóvenes, también los habitantes de las ciudades y también el conjunto de ciudadanos y ciudadanas más golpeados por la crisis.

Señorías del PSOE, van a aprovechar ahora una magnífica oportunidad para demostrar que no tienen miedo a esa juventud, la juventud mejor preparada de la historia y la de más formado criterio político, aunque también la más castigada por la crisis y ante la cual deben, como corresponsables de la situación, rendir cuentas. Recuperen hoy aquí aquellas avanzadas ponencias que ya se plantearon en su comité federal del año 2012 y que cayeron en el olvido y voten a favor de esta iniciativa.

Reticencias, más lógicas por otro lado, plantearán sin duda desde el Partido Popular conscientes de que su partido tiene su principal plantel de voto entre los mayores de 65 años mientras que se ha desplomado en los otros grupos de edad, especialmente entre los más jóvenes. Como se ha publicado


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recientemente, la intención de voto al Partido Popular entre los votantes de más de sesenta y cinco años es más del doble que la intención de voto entre el resto de grupos de edad. Visto así, es lógico que teman ustedes empoderar a los jóvenes, pero una posición inmovilista les va a pasar factura.

Igualmente, señorías de Ciudadanos, saben mejor que yo que las encuestas confirman que su formación no consigue captar votos entre las filas de los votantes jubilados ni entre los menores de veinticinco años, pero también son conscientes de que si realmente quieren aparecer como una fuerza del cambio, el reconocimiento de los derechos políticos de los jóvenes es necesario para transformar nuestro modelo de Estado. Sabida es también su resistencia, compartida con el Partido Popular, a reconocer el legítimo derecho de las mujeres de dieciséis a dieciocho años al aborto legal y seguro (Aplausos), imponiendo el requisito del consentimiento de progenitores o tutores, que en la práctica ha sido una barrera infranqueable para una de cada ocho jóvenes durante el año 2014, lo que ha merecido la denuncia expresa del Comité Europeo contra la Discriminación de la Mujer y de Amnistía Internacional.

Y finalmente, en cuanto a los proponentes, señorías del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, celebramos que hayan sido intrépidos y comprometidos en esta apuesta por ampliar la democracia ante la cual, como no podía ser de otra manera, nos situamos a su lado. Digo intrépidos no en vano, con conocimiento de causa; de la misma manera que hace pocas semanas desde sus filas nos daban ánimos en nuestra lucha por conseguir el referéndum que materializaría el derecho de catalanes y catalanas a decidir su relación con el Estado español y nos tendían la mano para colaborar en ese empeño, desde En Comú Podem, integrados con Podemos y En Marea en el grupo plurinacional, hacemos lo mismo recíprocamente. De la misma manera que su portavoz aseguraba ver muy complicada una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para abrir la vía del artículo 92 de la Constitución, también nosotros vemos muy complicada la mayoría absoluta para obtener la reforma de la ley orgánica que ustedes han venido aquí a proponer y a defender.

El señor PRESIDENTE: Señor Moya, concluya, por favor.

El señor MOYA MATAS: Enseguida, señor presidente.

En justa reciprocidad, por tanto, quienes somos un partido de izquierdas republicano y de Cataluña, es decir, desde En Comú Podem, ganadores de las pasadas elecciones en Cataluña y punto de encuentro de la nueva izquierda, tendemos la mano a este empeño radicalmente democrático, y no solo les desearemos ánimos como hace unos días nos deseaba el amigo muy admirado Joan Tardà, sino que además pasamos hoy aquí a la acción y en forma de voto les damos nuestro apoyo. Y para acabar sencillamente insistir. (El señor diputado termina su intervención en catalán).

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora González Veracruz.

La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes. Señor Moya, le agradezco la referencia a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por dos cuestiones: primero, porque para Podemos-En Comú Podem ahora sí que se puede hablar del aborto, no sé si porque las encuestas se lo permiten o porque miramos hacia la realidad de la gente y, segundo, porque usted reconoce que, gracias a los Gobiernos socialistas, se ha avanzado también en los derechos sobre la interrupción voluntaria del embarazo. (Aplausos).

Señorías, debo confesarles que me identifico bastante más con el tono y la sonrisa de la señora Oramas que con el discurso del señor Rufián. Creo que este es un debate precioso, un debate que hay que abordarlo con sonrisa y un debate serio al que hay que darle mucha profundidad. Todos recordamos los dieciséis años e incluso los catorce. Muchos de los que estamos aquí, o al menos los que yo conozco, ya estábamos en manifestaciones, algunos como yo creando la asociación de estudiantes de mi instituto público o incluso en plataformas en defensa de la educación pública de mi región. Esto necesita mucha profundidad hoy porque hablamos de reformar la Ley Electoral de nuestro país, de ampliar el sufragio activo a los mayores de dieciséis años, algo que nosotros, los socialistas, hoy vamos a apoyar. Vamos a apoyar la admisión a trámite para esta modificación porque somos un partido progresista, porque somos un partido que gracias a nuestros Gobiernos hemos liderado la vanguardia de los derechos y libertades de nuestro país, poniéndonos en muchas ocasiones a la cabeza de Europa e incluso del mundo, por ejemplo, con la Ley de matrimonio de personas del mismo sexo y también porque somos firmes defensores


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de que los jóvenes tienen que ser agentes activos de la sociedad y de nuestra democracia, y además porque en nuestro programa electoral ya comprometíamos nuestra palabra y nosotros cumplimos con la palabra que les damos a los ciudadanos con las propuestas, pero también con nuestros votos en las sesiones de investidura.

Este debate es imprescindible en el marco de la Unión Europea. Nos mandataban la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2011, pero también el Parlamento Europeo en el debate de la Ley electoral de Europa en noviembre de 2015 sobre la base de un principio de igualdad en los electores europeos, es decir, estoy convencida de que este derecho de los jóvenes vendrá a todos los Estados miembros, a los países de la Unión Europea antes o después. No obstante, lo más importante de hoy, señorías, no es el contenido de esta proposición de ley. Lo más importante es que de nosotros, de cada señoría, de cada diputado y diputada de esta Cámara, depende que esto se pueda hacer realidad. Que podamos modificar la Ley Electoral, que podamos terminar con esas tasas injustas del Partido Popular, que podamos hacer realidad la ley que debatíamos la semana pasada, todo eso está en nuestras manos y espero que tengamos la responsabilidad suficiente para conseguirlo.

Hagamos un poco de historia en esta Cámara, que últimamente adolece de un exceso de adanismo. Por esta Cámara han pasado muchos diputados y diputadas que, además de representar a las personas corrientes y de ir a muchas manifestaciones e indignarse en numerosas ocasiones, han sido capaces de cambiar la realidad de la gente de este país; han sido capaces de otorgar derechos que hoy están en cuestión por un Gobierno que podríamos desalojar de La Moncloa si nos pusiéramos de acuerdo todos los que pensamos en unas políticas en las que puede haber un consenso, un acuerdo. Hablo de derechos como los recogidos en la Ley de dependencia y autonomía personal, hoy puesta en cuestión. Hablo de derechos como aquel que trajo un diputado que se sentó aquí, José María Maravall, sobre la igualdad de oportunidades en la educación, hoy puesta en cuestión. Y hablo de derechos que hace exactamente treinta años un socialista como Ernest Lluch puso en marcha a través de la Ley General de Sanidad. Mañana hace exactamente cuatro años que este Gobierno rompió la sanidad universal de este país. (Aplausos). Esa es la diferencia. Hay partidos que representan el progreso, los avances en derechos y libertades como el nuestro y, en nuestro ADN, está precisamente la solidaridad y la justicia social, y en esta Cámara nos encargamos de que se haga realidad. Esa es nuestra historia.

Hablando de historia, el debate sobre la edad en el derecho de sufragio no es nuevo, sino que data de hace doscientos años. Ya en 1978 se baja y se fija la mayoría de edad en los dieciocho años. Desde entonces hasta ahora ha pasado mucho y creo que estamos en una democracia lo suficientemente madura como para abordar, entre otras cuestiones, esta modificación de la Ley Electoral. Mientras tanto, en Austria, un país vecino, los jóvenes y las jóvenes han podido votar en las elecciones legislativas, pero también en Argentina, en Brasil y en otros países. Los socialistas somos conscientes de que es un debate controvertido, al que no hay que tenerle miedo, pero sobre todo hay que hacerlo con profundidad. Para ello consideramos que se tendría que constituir una subcomisión que permitiera una escucha activa de expertos, pero sobre todo conseguir un amplio consenso social y político, como se suele hacer en las reformas electorales, porque estamos hablando de las reglas del juego, pero sobre todo permítanme intentar aportar datos a un debate que es muy de fondo y muy serio. La mayoría de deberes y derechos se adquieren con dieciséis años. En la obra de 2011 del catedrático de Derecho Constitucional, Miguel Ángel Presno, titulada El derecho de voto es un derecho político fundamental, el autor defiende que este derecho vinculado a la participación es de la impronta de los derechos de manifestación, reunión y asociación o libertad de expresión que desde luego ya se ejercen a los dieciséis años. A lo largo de la historia -demuestra el autor- la reducción de la edad del voto ha sido una constante y en cada ocasión cuando se ha conseguido ha servido para fomentar el desarrollo de la participación política, es decir, hasta que no se avanza, hasta que no se consigue disminuir la edad no se alcanza una madurez que es positiva para la democracia y para la sociedad.

Defiende Félix Moral, en un informe del CIS, que se aprecia cómo el momento en el que se adquieren derechos civiles y políticos coincide con un apreciable aumento en la conciencia ciudadana. Parece ser un momento clave en el proceso de socialización política del individuo. En definitiva, como les explico, rebajar la edad estimula la participación de los jóvenes en política, su interés, y genera un sentimiento de responsabilidad por la cosa pública. Al prepararme esta intervención he elegido estas dos conclusiones de los trabajos que he leído precisamente porque son clave en un momento de desafección política que nos preocupa a muchos partidos o al menos a la mayoría de los partidos de la Cámara.


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Son los informes del CJE los que dan dos razones más que me parecen importantes. Una es que incluir a los jóvenes mayores de dieciséis años en el cuerpo electoral forzaría a los partidos políticos a realizar sustanciales mejoras políticas en las ofertas para la juventud. Además, con los cambios demográficos y con el aumento de la esperanza de vida de los españoles se está envejeciendo el cuerpo electoral. Por tanto, la reducción de la edad del voto conseguiría un mayor equilibrio electoral entre los más jóvenes y los más mayores.

Hablemos también de los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos que se argumentan en contra de esta decisión y que nos encantaría a los socialistas escuchar en esa subcomisión con los expertos, pero también con la sociedad y los colectivos? Precisamente la inmadurez, la influencia del entorno familiar, el infantilismo que se ha mencionado aquí ya y la dependencia. ¿Saben cuáles son estos argumentos, señorías? Exactamente los mismos con los que se negaba el voto a las mujeres; exactamente los mismos que tuvo que escuchar Clara Campoamor aquí en 1931. Por eso me parecen que son muchos más los motivos a favor que en contra, porque el tiempo ha demostrado que las mujeres teníamos que votar y además para siempre. (Aplausos).

Ya se ha dicho que tendríamos que analizar que para alcanzar la autodeterminación política con dieciséis años hay que admitir que en España tendríamos que tener una coherencia entre los derechos civiles y las responsabilidades. Se puede contraer matrimonio con catorce años, otorgar un testamento, tener responsabilidad penal, así como trabajar, pagar impuestos o tomar decisiones vinculadas a la salud; no solo la interrupción voluntaria del embarazo antes dicha, sino incluso el rechazo de tratamientos que pueden salvar a una persona. En definitiva, fijar la edad electoral en dieciséis años parece coherente con las presunciones de madurez que existen ya en numerosos sectores del ordenamiento e implicaría ni más ni menos que incorporar a casi 800.000 ciudadanos que pasarían de ser pueblo gobernado a ser pueblo gobernante.

Para terminar, señor presidente, creemos que hay que abordar la reforma electoral. Si hubiera un Gobierno del cambio formado por las fuerzas políticas que lo hemos comprometido en nuestros programas, y que se recoge específicamente en el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, estaríamos hoy ofreciendo a la ciudadanía muchos de los deseos que expresan: desde el voto electrónico, que posibilitaría el voto exterior, hasta solucionar todos los problemas que tienen que ver con el voto rogado y, por supuesto, una legislación mucho más proporcional, como la que ya hemos conseguido en otro Parlamento conjuntamente PSOE, Ciudadanos y Podemos en la Asamblea Regional de Murcia modificando la Ley Electoral en estos términos.

Es necesario un amplio consenso político y social y, por eso, creemos que no se tiene que tomar la decisión a la ligera, sino por medio de una subcomisión. Pero lo más importante es que ni esta subcomisión ni esta proposición de ley ni la creación de la comisión de investigación que debatiremos mañana serán posibles si no hay un Gobierno del cambio la semana que viene. Les aseguro que no me importan en sí las iniciativas, me importan las personas, me importa la esperanza que hay ahí fuera y los derechos que se podrían recuperar y conquistar. Me duelen los cambios que no se hagan y que podrían hacerse con un Gobierno mañana mismo si lo consiguiéramos. Les digo una cosa. Yo, como diputada, he representado a mis votantes. He venido aquí y he votado las políticas que comprometí en campaña electoral, pero también he votado por un presidente del cambio, por un presidente socialista, y con mi voto hubiéramos conseguido que ese señor y ese Gobierno estuvieran fuera mañana. (Señalando a los escaños del Gobierno.- Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señora González, concluya, por favor.

La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Señorías, no todos pueden decir lo mismo.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cortés.

La señora CORTÉS BURETA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar la proposición de ley que hoy debatimos en esta Cámara. Algunos de los portavoces que han estado en esta tribuna y me han precedido en el uso de la palabra ya han dado algunas de las razones por las cuales el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar esta proposición. Las conocen -saben mucho, quizá sea la juventud-, pero permítanme que les exponga las razones tanto de oportunidad como de forma y de fondo que tenemos para no apoyar la


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proposición. Además, señor Rufián, voy a dar cumplida y cariñosa respuesta a la proposición que ustedes presentaron, a la que aparece publicada en el boletín. El discurso de defensa de la iniciativa que ha hecho usted esta tarde yo prefiero dejarlo para los anales de la historia de esta Cámara, y ya lo leerán, ya se leerá ese discurso.

En la exposición de motivos de su proposición hacen referencia a una resolución del año 2011. Estamos en el año 2016, es decir, han pasado cinco años desde entonces, y ustedes deciden presentar esta proposición de reforma de la Ley Electoral ahora, justo ahora, cuando estamos ante una posible convocatoria de elecciones y ante la posible celebración de un proceso electoral dentro de dos meses. Se me ocurrirían muchos calificativos para esa propuesta, para ese comportamiento, pero bastará con decir que en el Grupo Parlamentario Popular entendemos que es incoherente e irresponsable. Me explico: es incoherente porque en la pasada legislatura el Partido Popular recibió un aluvión de críticas, entre ellas del Grupo de Esquerra, solamente por insinuar una reforma de la Ley Electoral. Esa reforma se insinuó cuando faltaba casi un año para la celebración de unas elecciones y se nos acusó de oportunistas, de electoralistas y de partidistas, y ahora vienen aquí ustedes a presentar una reforma de la Ley Electoral con apenas unas semanas, y este sí que es el momento. Las reglas del juego cambiadas: con casi un año no era el momento, y ahora con casi seis semanas sí que es el momento de presentar esta ley. Con lo cual, señorías, esto es incoherencia política, así es como podemos calificarlo al menos de una manera generosa. Además nos parece irresponsable -se ha dicho desde esta tribuna-, ya que si llega a haber una disolución de las Cámaras, esta ley no se podrá aprobar; aunque sea tomada en consideración esta tarde, no conseguirá acabar o completar todo su trámite parlamentario, con lo cual no podrá ser aprobada. Estas eran razones de oportunidad, pero también tenemos razones de fondo.

Entendemos que hemos de partir de la base de que no es tan sencillo separar el debate de la mayoría de edad en general del debate de la mayoría de edad para votar, en particular. Es el artículo 12 de la Constitución el que establece la mayoría de edad en los dieciocho años, y eso se traduce en que esa edad es el límite que ha de franquearse para ser adulto, desde el punto de vista jurídico. No es un límite caprichoso o aleatorio de nuestra Constitución, ya que la propia Declaración de la Convención de los Derechos del Niño establece en su artículo 1 que se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad y, en derecho comparado, la norma generalizada también son los dieciocho años. Es la norma generalizada, señorías, porque es la edad en que se considera que la persona alcanza la plenitud volitiva que le permite ejercer sin restricciones ni tutelas todos los derechos concernientes al ámbito privado de su vida, es decir, la edad en la que se alcanza la plena capacidad de obrar. En edades más tempranas, señorías, es más fácil que la voluntariedad y la subjetividad se impongan a la racionalidad.

¿Eso quiere decir que los menores no son titulares de derechos fundamentales? En absoluto. Saben todas sus señorías que en España todos los españoles mayores y menores de edad somos titulares de los derechos fundamentales; lo que ocurre es que los menores ven limitado su ejercicio porque tienen capacidad jurídica pero no tienen reconocida la plena capacidad de obrar.

La proposición que ustedes presentan no plantea modificar la mayoría de edad, porque eso supondría modificar la Constitución, sino que pretende rebajar la edad para poder votar hasta los dieciséis años mediante la modificación de la Ley Electoral. Repito, dejan intacta la mayoría de edad que la Constitución establece. Además, plantean modificar la edad para el ejercicio del sufragio activo, es decir, para votar, pero no para modificar el derecho a sufragio pasivo ni la edad exigida para afiliarse a una determinada formación política, de manera que un joven de dieciséis años podría votar a una determinada formación política, pero no podría afiliarse a esa formación política ni podría presentarse en sus listas para representar a los ciudadanos. Como les decía hace un momento, el Grupo Parlamentario Popular entiende que no es fácil ni prudente abordar el debate de la mayoría de edad de votación o la edad de votación separándolo de la mayoría de edad en general que recoge el artículo 12 de la Constitución.

El debate constituyente sobre la mayoría de edad giró en torno a si su constitucionalización pudiera presentar una excesiva solidificación de la misma y, sobre todo, acerca de si la extensión de la edad constitucional al ejercicio de derechos políticos debía extenderse también a las demás ramas del ordenamiento jurídico. Se aceptaba generalmente la edad de dieciocho años como mayoría de edad, lo cual nunca dio lugar a discrepancia. La discrepancia surgió sobre si la edad civil había que mantenerla en veintiún años o había que bajarla a los dieciocho, pero lo que ocurriese entre la franja de edad entre los dieciséis y los dieciocho en ningún momento se planteó, porque siempre se consideró que eran menores tanto a efectos civiles como políticos. Del debate constituyente quedó bastante claro que los padres de la Constitución tenían en mente que el límite de los dieciocho años se aplicara a los derechos políticos.


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De hecho, el informe de la ponencia de la Comisión Constitucional hablaba de una edad mínima de dieciocho años para ejercer en plenitud los derechos políticos, y aunque finalmente se adoptó esa fórmula general del artículo 12, es evidente que la voluntad de situar la edad mínima para votar a los dieciocho años formaba parte de lo que se estaba regulando en el artículo 12 de la Constitución. Ese racionamiento nos llevaría pensar que dicho artículo incluye un mínimo de edad para ejercer los derechos políticos, por lo que no sería posible reformar la Ley Electoral y rebajar esa edad sin modificar la Constitución. Ese precepto estaría protegido por la teoría de la garantía institucional, que es la que velaría por su posible vulneración para no desvirtuar o desnaturalizar ese contenido que hiciese irreconocible la institución de la mayoría de edad.

En el Grupo Parlamentario Popular, señorías, no creemos -como decía antes- que sea tan sencillo bajar la edad de votar modificando simplemente la Ley Electoral y sin tocar la Constitución. Entendemos que eso requiere un debate tranquilo, sosegado, y es incompatible con una reforma planteada a escasas fechas de una posible convocatoria de elecciones. Desde esta tribuna, algunos grupos parlamentarios han manifestado su voluntad de debatir sobre este asunto con más calma, en alguna subcomisión o en alguna ponencia. Algunos grupos parlamentarios también han manifestado su voluntad de plantear o abrir el melón de una reforma electoral. En ese caso, señor Rivera... -no está el señor Rivera, así que lo siento-, perdón, señor portavoz de Ciudadanos, también en el Grupo Popular estaremos encantados de abordar el debate sobre una hipotética, posible o futura reforma de la Ley Electoral. No tenemos ningún inconveniente en hablar o debatir lo que ustedes quieran.

En cuanto a la forma, señorías -en particular a los señores de Esquerra, aunque en su grupo haya algunos diputados nuevos como el señor Rufián, por ejemplo-, hay diputados nuevos en esta Cámara, pero hay otros que tienen ya una larga trayectoria como diputados, y parece mentira que de la experiencia que ustedes tienen aquí no hayan podido plantearse el hecho de que, durante todo el tiempo en esta Cámara, cualquier reforma que afectara a la Ley Electoral se intentaba hacer desde el diálogo, buscando consenso, buscando acuerdos. ¿Por qué? Porque la Ley Electoral recoge las reglas del juego; y las reglas del juego son iguales para todas las formaciones políticas que concurren a unas elecciones. Con lo cual, tiene sentido buscar el mayor apoyo para esas normas y para su hipotética modificación. ¿De qué le serviría a una formación política con una mayoría amplia o suficiente para aprobar una reforma si lo hiciera sin contar con las demás formaciones políticas? Se arriesgaría a que esa mayoría cambiase a la legislatura siguiente y se volviera a modificar la Ley Electoral. ¿Qué conseguiríamos con eso? Mayor inseguridad; podríamos tener que cambiar la Ley Electoral cada legislatura en función de la mayoría parlamentaria de esta Cámara; le transmitiríamos a los ciudadanos una situación de absoluta inseguridad, porque no sabrían qué normas iban a regular el siguiente proceso electoral. Señorías, creo que no daríamos una sensación de seguridad. Eso no sería serio y, desde luego, con el Grupo Parlamentario Popular no van a contar para esa absoluta irresponsabilidad. Además, no nos pueden acusar de que nuestra posición sea demagógica, y lo saben, porque cuando hemos tenido mayoría suficiente para hacer una reforma electoral o plantear una modificación que hubiésemos podido sacar adelante, no lo hemos hecho; y no lo hemos hecho por responsabilidad, porque sabemos que las reglas del juego no se pueden cambiar de forma unilateral sin buscar el diálogo, el acuerdo y el consenso. Señorías, es un ejercicio de responsabilidad política, que es lo menos que se puede pedir a los representantes de los ciudadanos.

Para terminar, quiero decir que ustedes se refieren en su exposición de motivos a una resolución que no es vinculante, una resolución que lo que contiene es una recomendación. Desde el Grupo Popular les felicitamos por la diligencia en asumir una recomendación de una institución europea, pero también nos gustaría que su partido mostrase esa misma diligencia a la hora de cumplir la Constitución, las leyes del ordenamiento jurídico español y las sentencias y resoluciones de los tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional, que esos sí que son de obligado cumplimiento, señorías, eso sí que es de obligado cumplimiento. (Aplausos). Señor Rufián, ...

El señor PRESIDENTE: Señora Cortés, concluya.

La señora CORTÉS BURETA: Voy terminando.

Señor Rufián, le pido la misma diligencia y el mismo sentido cuando hablan de que el objetivo de bajar la edad a los dieciséis años es para mejorar la calidad democrática. No hay nada que mejore la calidad democrática más que el cumplimiento de las normas y las sentencias, nada como el respeto al Estado de derecho.


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Termino, señor presidente. Señorías, las leyes electorales nunca son inocentes. Todas tienen un objetivo concreto. Buscan un sistema de representación proporcional, mayoritaria, garantizar la gobernabilidad, pero todas tienen un objetivo. Yo me pregunto ¿cuál es el objetivo de su propuesta?, ¿qué pretenden, cuál es el objetivo de rebajar la edad de votación?, ¿de qué es culpable, señor Rufián, su propuesta? Ustedes, señorías, lo saben. Y nosotros, también.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cortés.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CONSECUCIÓN DE UN PACTO NACIONAL EN MATERIA EDUCATIVA. (Número de expediente 162/000067).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto II del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la del Grupo Parlamentario Popular relativa a la consecución de un pacto nacional en materia educativa. Para la presentación de esta iniciativa tiene la palabra el señor Casado.

El señor CASADO BLANCO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley que lo que persigue es impulsar un pacto nacional en materia educativa y es consciente de que lo hace en un momento trascendental. Llevamos ya varios meses hablando de pactos, y si analizamos lo que la calle nos está diciendo y lo que los distintos partidos políticos hemos incluido no solo en nuestros programas electorales, sino en nuestras conversaciones e intervenciones públicas, hay un punto que todos compartimos, que es la necesidad de acordar un marco educativo para las próximas generaciones, en el que todos podamos tener una estabilidad en las leyes que vayan a garantizar una educación de calidad para nuestros hijos. Por eso, nosotros no venimos aquí a hacer una guerra de cifras o un memorial de agravios o, incluso, un histórico de nuestros aciertos. Nosotros venimos aquí intentando dejar a un lado nuestros prejuicios ideológicos e intentando apelar a la responsabilidad de todos los grupos para acordar algo que es ya urgente y es absolutamente imprescindible. Para ello, queremos empezar con los antecedentes que al hablar de pactos nos remontan directamente al Pacto constituyente. Sí hubo un Pacto constituyente educativo. Y lo hubo, además, en el artículo 27 de la Constitución que consagraba dos derechos básicos: el derecho a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza, cierto es con un impulso muy personal de personas como Abril o como Guerra que, una vez más, dejaron esa histórica dicotomía entre la libertad y la igualdad, supuestamente, la libertad enarbolada históricamente por los partidos de centro derecha, y la igualdad enarbolada históricamente por los partidos de centro izquierda. Se comprobó que no solo son dicotómicas, sino que son absolutamente imprescindibles y tienen que ir siempre de la mano.

Después de este antecedente de pacto, hemos vivido tres décadas en las que en España solo ha habido leyes promulgadas, aprobadas y en vigor por parte de Gobiernos de izquierda. Hubo una ley aprobada en 2004, que no llegó a entrar en vigor, y ahora hay otra reforma de una ley que lleva en vigor un año. Con lo cual, en este caso, el diagnóstico no tiene responsabilidades compartidas. Y el diagnóstico, en mi opinión, tiene dos elementos fundamentales: el primero es que la calidad educativa en España es mejorable. No lo decimos nosotros, lo dicen los índices internacionales, lo dice el Informe Pisa, lo dicen todos esos indicadores sobre los que he prometido no hacer guerra de cifras, pero que todos conocemos perfectamente bien. Si tuviéramos que resumirlo en cuatro parámetros fundamentales, vemos que la tasa de abandono y fracaso escolar es demasiado elevada, que el rendimiento académico es demasiado bajo, que hay pocos titulados de formación profesional, muy pocos comparados a los países de nuestro entorno, y también que hay una empleabilidad baja entre los graduados, es decir, licenciados o doctorados. El segundo diagnóstico que tenemos que hacer -ese no depende de nosotros- es que la revolución tecnológica y digital ha hecho que todo cambie; ya nada va a ser igual que antes -y muy en especial en el ámbito educativo- para docentes y para alumnos. De nada sirve seguir enseñando sencillamente la transmisión de conocimientos en plena era de la revolución del conocimiento a golpe de clic, sino que tenemos que empezar a hablar de habilidades y de competencias adaptables a lo que ya dicen los expertos: que la mitad de nuestros hijos va a trabajar en empleos que aún no existen; o, como dicen los últimos informes de la Unión Europea, que hay más de un millón de empleos en la Unión Europea que no se cubren por falta de capacitación profesional y académica para hacerlo; o -lo que es más grave-


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que hay millones de jóvenes en la Unión Europea y también en España, que están infraempleados o que no están satisfechos con la correlación entre su formación académico-profesional y su puesto de trabajo.

Visto el antecedente clínico-diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico que nosotros habíamos recetado y que, repito, no venimos aquí a intentar justificar porque ya ha habido debates suficientes al respecto? Nosotros vimos unos puntos fundamentales y urgentes en los que intentamos lanzar una reforma educativa. El principal era recuperar una cultura del esfuerzo, del mérito, de la capacidad. Pensamos además que no es algo elitista, sino precisamente lo que permite igualar a la persona -ante la igualdad de oportunidades- para que con su esfuerzo pueda prosperar. El segundo era aumentar la libertad de elección, tanto de los centros como de los padres, así como de la autonomía del profesorado. También queríamos simplificar el currículo educativo y, en concreto, ofrecer materias troncales para vertebrar territorialmente y cohesionar nuestro país. Además queríamos apostar por las lenguas; no solo por las lenguas oficiales en las distintas comunidades autónomas sino también por el bilingüismo, y muy especialmente por el aprendizaje del inglés. Por último quisimos -queremos porque está en vigor- implantar la evaluación objetiva externa, porque pensamos que la transparencia y tener información de las familias es absolutamente imprescindible.

¿Cuál es el pacto que proponemos para dar de alta a estos problemas, el pacto que creo que todos podemos empezar a trazar? Podemos resumirlo en tres pilares fundamentales: una vertiente de las personas, de la propia sociedad e incluso de la economía o del futuro empleo de nuestros jóvenes. Las personas son varias; primero, los docentes. Hemos hablado de cómo tiene que ser un estatuto de la profesión, ese libro blanco que un gran experto como Marina ha propuesto para tener precisamente un marco de función muy prestigioso y sobre todo muy adecuado a los profesores, que son la clave de bóveda del sistema educativo. Hemos hablado del sistema de selección. Nosotros propusimos hace mucho tiempo que estudiara ese MIR educativo, esos sistemas de selección a nivel nacional que prestigien, como en otros países, la profesión. Asimismo hablamos de una formación continua; hablábamos de los idiomas y de las nuevas tecnologías que tienen que propiciar que los profesores no dejen nunca de aprender para poder enseñar siempre de forma actualizada. Por último, hemos consagrado su autoridad pública, la de los docentes, precisamente para que no haya ningún problema en las aulas.

En segundo lugar, hay que hablar de los centros. Reforzamos la autonomía de los centros y la evaluación de sus pruebas objetivas. Pensamos que esa es la mayor igualación posible para las familias. Como los centros públicos pueden competir se incluyen materias novedosas; si los centros tienen buenos índices de éxito para que los padres se fijen los elegirán basándose en esa información objetiva. En cuanto a las familias, queremos no solo la libertad de elección entre la educación pública o concertada o privada, sino la igualdad de oportunidades, reforzando las becas, como se ha hecho en estos años, e incluso potenciando más ese refuerzo. En cuanto a los alumnos, hemos hablado ya de idiomas, de nuevas tecnologías, pero también queremos un plan de convivencia escolar, en contra del bullying, que creo que es algo absolutamente urgente y que tenemos que afrontar entre todos.

Desde el punto de vista social, pensamos que esa cohesión en las materias a las que ya hemos hecho referencia -esa equidad para que cada alumno pueda tener una enseñanza acorde con su potencialidad y con sus circunstancias, esa inclusividad para que haya atención temprana e incluso aprendizaje y enseñanza muy dirigida a aquellos alumnos que tienen más problemas y por supuesto la calidad en la búsqueda de la excelencia- también tiene una vertiente económica o de búsqueda de empleo. En primer lugar, creemos en una formación profesional de calidad y muy dirigida a aquellos puestos de trabajo y a la demanda del mercado laboral que se necesite. Nos inclinamos por la formación profesional dual, con más incorporación de las empresas, que son las que mejor saben exactamente en lo que los jóvenes se tienen que capacitar. Querríamos una universidad competitiva, abierta al mundo para que podamos exportar también nuestra lengua, el español, como una de nuestras potencialidades pero con autonomía y con la capacidad de que los licenciados y graduados puedan encontrar un trabajo y, por supuesto, un refuerzo institucional, fiscal y educativo en cuanto a I+D+i.

En definitiva, queremos dejar claro que hay mucho más de lo que nos une que de lo que nos separa, y tendemos la mano a un pacto sincero. Esta es una propuesta de acuerdo que se tiene que perfeccionar porque nuestra iniciativa es de punto de partida; no es ningún objetivo en sí mismo, sino un instrumento para seguir hablando. Pensamos que es nuestra responsabilidad porque la educación de hoy va a ser, sin duda, el éxito de España en el mañana.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casado.

Grupos enmendantes. Empezamos por el Grupo Mixto, señora Beitialarrangoitia.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Mila esker.

En primer lugar, doy por defendida la enmienda de Foro, en nombre del Grupo Mixto.

Dicho esto, parece que una vez más el Grupo Popular no quiere entender qué le pide la ciudadanía. El no a la Lomce ha sido claro por parte de toda la comunidad educativa, pese a lo cual la amenaza de su completa aplicación sigue vigente todavía. Han sido muchos los padres y madres que en Cataluña y en Euskal Herria, por ejemplo, han optado por negarse a que sus hijos e hijas hagan la reválida, aún sin saber las consecuencias que va a tener este plante. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Todo ello ha sido para reivindicar, en nuestro caso, que Euskal Herria tiene derecho a desarrollar un sistema educativo propio, euskaldun, paritario y sin imposiciones religiosas. Ahora, después de todo esto, vienen ustedes y nos proponen un pacto nacional para la educación. Sabemos perfectamente lo que ello significa. Significa descentralización; discriminación para el euskera, el catalán o el gallego; imposiciones de asignaturas y contenidos desde Madrid; más Tanto monta monta tanto... y menos historia propia, real, no escrita por los vencedores -por cierto, muy necesaria para que se conozca que el Estado español, por ejemplo, en lugar de perseguir las denuncias de tortura, criminaliza a los denunciantes, como lo ha hecho hoy en Navarra con la detención de ocho personas y, de paso, contribuye así a la impunidad de esta lacra que es la tortura-. Supone más. Supone menos paridad, más religión, menos pensamiento crítico. No olviden que en esta Cámara, al igual que en la calle, se quedaron solos con su reforma educativa. La mayoría absoluta les dio, eso sí, la posibilidad de aprobarla pero jamás obtuvieron la legitimidad de la comunidad educativa y de la sociedad. En Euskal Herria llevamos años intentando crear y desarrollar un sistema educativo propio y reiteramos nuestra petición de poder seguir haciéndolo. Les pedimos para eso que nos dejen construir nuestro futuro en paz, adecuando el sistema educativo a los tiempos actuales y a las necesidades de nuestra sociedad. Ese es el pacto de país que necesitamos en y para Euskal Herria; es así no solo porque un pacto como el que hoy se nos propone conlleva una grave invasión competencial, que también, sino porque un pacto de este tipo -el que propone el Grupo Popular- ni es legítimo ni es justo, y menos si la propuesta parte de quien parte.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Beitialarrangoitia.

Señora Sorlí.

La señora SORLÍ FRESQUET: Señor presidente, señorías, creo que el PP piensa que no tenemos memoria. Esta PNL es una vergüenza, una propuesta vacía para limpiar la imagen del PP porque estamos en precampaña, la precampaña víctima del fracaso como partido y como Gobierno. Nos proponen hoy un pacto de Estado por la educación para seguir la línea de trabajo iniciada. ¿Qué línea? ¿La de la Lomce? Esta línea ignora a las AMPA, al profesorado, a los sindicatos, segrega por sexos, crea élites, lapida la igualdad y oprime a las lenguas cooficiales en pro de aprender lenguas nuevas. Antes de aprender lenguas nuevas tenemos que respetar y dignificar las propias. ¿Se creen que tienen legitimidad para proponer un pacto, ustedes, que han ninguneado al Gobierno de las autonomías y que no han escuchado comunidad educativa? ¿Creen realmente que la línea de trabajo que se ha llevado hasta ahora puede conducir a un pacto? De nuevo creo que han perdido la noción de la realidad. Desde Compromís esperamos sinceramente que esto sea una especie de disculpa pública, una intención de enmienda y una voluntad de arreglar el daño causado.

Si quieren trabajar por la innovación educativa pueden mirar, por ejemplo, a la Concejalía del Ayuntamiento de Castellón, que con el Pintaescola está recuperando los centros que estaban degradados gracias a la participación de toda la comunidad. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

La señora SORLÍ FRESQUET: Pueden mirar también el trabajo por la población que se está haciendo desde el Consell del País Valencià, implantando educación gratuita de cero a dos años. Se han abierto 472 unidades escolares en menos de un año. Se ha ampliado el servicio de comedor y se han puesto libros


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de texto gratuitos. Eso sí es trabajar por la innovación, por el bienestar y por la igualdad de oportunidades. Sí, necesitamos un pacto, pero que dure; necesitamos un pacto que respete los territorios, que incluya a la población. Un pacto así nunca llegará siguiendo la línea de trabajo que se inició en la legislatura pasada. Por eso votaremos no al continuismo y a más de lo mismo.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sorlí.

También como enmendantes, por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Montero.

La señora MONTERO GIL: Gracias, señor presidente.

Señorías, a mi grupo parlamentario y mí misma nos han dejado ojipláticos, anonadados con la presentación de esta propuesta porque al leerla vemos que ustedes quieren un pacto educativo basado en el diálogo, en el consenso, en el acuerdo. Dicen un montón de palabras que suenan muy bien, y eso contrasta con lo que nos han venido mostrando estos últimos años, cuando han sido identificados -creo que no me quedo corta si se lo digo así de claro- por el conjunto de la comunidad educativa como una verdadera amenaza para nuestro sistema educativo. Por eso la Ceapa les ha dicho -tengo aquí el comunicado- que su propuesta es un verdadero insulto a la inteligencia y que cómo se puede tener tanta desfachatez para, tras haber presentado una propuesta como la Lomce -ley que por primera vez cuenta con el rechazo unánime de toda la comunidad educativa-, plantearnos un pacto basado en el diálogo y en el consenso que ha faltado en estos cuatro años.

En estos cuatro años, ustedes nos han traído dos regalos, cada cual más pernicioso para nuestro sistema educativo. El primero ha sido la Lomce. Les voy a mostrar algunas imágenes de las movilizaciones que ha generado la Lomce (Muestra al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso fotos de manifestaciones): dos huelgas generales educativas, en 2012 y en 2013, cuando pasaron su rodillo parlamentario con la oposición de todas las fuerzas de este Parlamento para aplicar esa ley educativa. No han sido cinco o seis, fueron millones las personas que se manifestaron diciéndoles a ustedes que con la Lomce no. Se lo voy a mostrar también al Grupo Socialista (Muestra dichas fotos al Grupo Parlamentario Socialista), que no es adanista pero viene a explicarnos desde esta tribuna cómo han sido ellos los que han traído los derechos. Creo que esta tribuna está para honrar a nuestro pueblo y a la gente que ha traído los derechos; no es ningún grupo parlamentario, tampoco el Grupo Socialista, sino la gente. (Aplausos). Decía que recibieron ustedes la primera huelga general educativa en todas las etapas por proponer esta reforma, la Lomce. Además, fueron ustedes en contra de doce comunidades autónomas, que les pidieron, por favor, una moratoria para aplicar la Lomce porque estaba contando con el rechazo unánime de toda la comunidad. Creo que deben reconocer que la Lomce es una ley regresiva y dañina, y todavía hoy nos vienen diciendo que quieren continuar por esa senda.

El segundo regalo que nos han dejado es, si cabe, aun peor. Hablo de los recortes: del Real Decreto 14/2012; de los 20.000 millones de euros menos que en cuatro años se han invertido en educación, 1,5 por debajo de la media de la OCDE. Ustedes nos han contado que esto era porque no había dinero y que los recortes eran necesarios. Fíjense -leo solamente unas cifras-: El fraude fiscal se calcula en nuestro país en 60.000 millones de euros. Esto es el triple de lo que ustedes han recortado en educación en cuatro años. Mientras tanto en nuestro país hay 25.000 profesores menos para 800.000 alumnos más. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que no controlamos nosotros, dice que la corrupción nos cuesta al año 48.000 millones de euros, que es más del doble de lo que ustedes han recortado en cuatro años en educación; mientras tanto ha habido 64.000 alumnos y alumnas estudiando en barracones en nuestro país en 2013 -no tengo datos más actualizados-. Es decir si sumamos el dinero perdido en este país por las políticas de su Gobierno en fraude fiscal y en corrupción no habría hecho falta ni un solo recorte en nuestro país; ni un solo recorte ni en educación ni en ninguno de los derechos fundamentales de los españoles y de las españolas. (Aplausos). Aun así ustedes me van a decir, como el otro día en la Comisión, que estas propuestas son muy bonitas y que el problema es que no hay dinero. Yo insisto: el problema de nuestro país no es que no haya dinero sino que ustedes han priorizado mal y han elegido construir aeropuertos sin aviones y carreteras por las que no pasen coches, en vez de construir escuelas públicas decentes. Eso es lo que ha pasado en nuestro país, no que no haya dinero sino que ustedes lo han priorizado para tener la mano muy abierta con los defraudadores fiscales y echar la mano al cuello a la gente trabajadora de nuestro país. (Aplausos). Por eso les van a decir otra vez que no a la Lomce.


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Voy terminando. Creo que el problema grave que hay aquí es que a ustedes nunca les ha importado la educación pública. Por eso pasan cosas como las que suceden en la Comunidad de Madrid, donde tienen ustedes al exsecretario general del Partido Popular en Madrid que se llevaba una mordida de un millón de euros por cada concierto que se realizaba; o la vergüenza de lo que han hecho con la educación infantil, puesto que hay empresas que no tienen ninguna vinculación con el ámbito educativo, como Clece, pero están ahora mismo gestionando escuelas infantiles públicas debido a sus leyes. Se trata de empresas que no tienen ningún vínculo con el ámbito educativo y que se dedican a la limpieza. Están priorizando eso en vez de las propuestas y a las empresas que tienen un proyecto educativo. En definitiva -y termino- han puesto ustedes el país patas arriba en materia educativa, por eso nosotros les hemos propuesto esta enmienda.

Queremos que ustedes, si quieren un diálogo y un pacto, lo hagan de verdad con el resto de fuerzas parlamentarias y con la sociedad civil. Deroguemos de una maldita vez la Lomce, sin que eso suponga una inseguridad jurídica o un problema para los alumnos; deroguemos ya esta ley que ha contado con el rechazo unánime de toda la comunidad educativa. Abordemos de verdad un proceso participativo para tener una ley estable de educación en nuestro país. No tengo muchas esperanzas de que escuchen lo que dice la gente, porque no lo han hecho en cuatro años de legislatura, pero les repetiré lo que hemos dicho muchas veces desde las calles: (Muestra un cartel) La educación pública en nuestro país no se vende y se defiende. (Prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montero.

Ahora, en el turno de fijación de posiciones, en primer lugar el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Señor Casado, reconozco que tiene usted un papel complicado. Tiene un papel complicado porque querer legitimar lo que ha pasado en los cuatro años anteriores... Yo reconozco que ustedes han tenido que poner una cara nueva, ofrecer un discurso nuevo, una actitud nueva, pero la historia es demoledora y la realidad se impone, siempre.

La literatura, la introducción del texto que ustedes han presentado en la PNL demuestra entre otras cosas su propia equivocación. Demuestra que lo que hicieron no ha convencido a nadie y que sin mayoría absoluta hace mucho frío, y como hace mucho frío han tenido que venir a pedir abrigo. Han tenido que pedir abrigo a quien despreciaron; han tenido que pedir abrigo a quien quisieron imponerse, a quien arrollaron, a quien plantearon con intransigencia un modelo que no convencía a nadie, a quien quisieron demostrar con una soberbia en la tramitación que no les importaba en absoluto lo que decían otros partidos políticos, la comunidad educativa ni las comunidades autónomas. Evidentemente usted hoy puede venir con palabras bonitas, que lo son, pero es muy difícil que recuperen la credibilidad. Reconozco que es un problema para ustedes pero la realidad es esa.

Yo soy muy escéptico con el pacto educativo, entre otras cosas porque creo muy poco en los pactos educativos basados en: Usted acepta lo que yo le digo y si no es que usted está en contra del pacto. Eso es lo que ocurre con ustedes. Además, soy escéptico porque no se respeta ni el primer pacto educativo que deberían mantener ustedes, el respeto al ámbito competencial. Ese es el pacto, como decía yo la semana pasada en la Comisión de Educación, que hay que defender: el respeto al ámbito competencial. Con la Lomce y con otras leyes -me temo que a más de un partido le gustaría imponer, proponer o acordar entre ellos, pero nosotros no participaremos en ello- quieren obviar el ámbito competencial existente. En el caso de Euskadi, nuestra comunidad autónoma, nuestro país es competente en la materia educativa; lo dice el Estatuto de Gernika, y lo repetiré cada vez que suba a esta tribuna a hablar de educación. La disposición transitoria adicional primera de la Constitución dice que la enseñanza, en todas sus extensiones, niveles y grados, es competencia de Euskadi. Eso quiere decir que no queremos una ley educativa que se haga desde aquí, por mucho que diga que respeta la plurinacionalidad, por ejemplo. No, no se va a hacer desde aquí. Los que somos competentes haremos nuestras propias leyes educativas, que para eso somos competentes en la materia. No aceptaremos ninguna ley invasora, sea del PP, sea del PSOE o de cualquier otro, porque cuando se trata de dotar al Estado de esa hegemonía tan centralizadora que les gusta a algunos se empieza a ver la patita a más de uno, por tanto estaremos enfrente. Sé que algunos rememoran y añoran esa école française en la cual todo el país en hegemonía participa de un mismo sistema educativo, en el que no hay ni singularidades ni diferencias, todo es


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homogéneo y todo es lo mismo. Lo siento, pero hoy en día aquí esto no es así, porque países diferentes conviven en este Estado español y cada uno tiene su ámbito competencial, además de su propio idioma.

Veo que no me queda tiempo y voy a acabar como he empezado. Señor Casado, el tiempo se les agotó, no tienen credibilidad para plantear un modelo educativo en el cual podamos participar todos porque cuando tenían la mayoría absoluta no utilizaban las palabras que usted ha empleado hoy. ¿Por qué no plantearon un pacto educativo teniendo mayoría absoluta al inicio de la legislatura pasada? Porque no lo necesitaban, evidentemente, y dijeron: mientras yo tenga un rodillo lo utilizaré. Ahora que no lo tienen es cuando piden participación. Nosotros no participaremos en ningún modelo que sea invasor de nuestras competencias, que no acepte lo que diga la comunidad educativa y que no respete las capacidades que cada uno tiene para implantar sus propios sistemas educativos, que además funcionan muy bien.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra el señor Postius.

El señor POSTIUS TERRADO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes. Me gustaría empezar mi intervención diciendo al portavoz del Grupo Popular que aún sigo perplejo y estupefacto con esta proposición no de ley que nos presentan hoy. La verdad es que, tras leerla varias veces, uno llega a diversas conclusiones: en primer lugar, que el grupo proponente tiene un grave problema de coherencia entre lo que dice y lo que hace en materia educativa; en segundo lugar, que el Grupo Popular parece no haberse enterado de nada de lo sucedido con la tramitación de la Lomce en estos últimos cuatro años; y, en tercer lugar -lo siento, lo tengo que decir así-, que la propuesta que se nos expone hoy es, simple y llanamente, puro postureo electoral. Se lo voy a demostrar muy brevemente.

Cuando empiezas a leer esta proposición no de ley y ves ya que en las primeras líneas el Grupo Popular se aventura a hablar de pacto nacional en materia educativa te asombras, la verdad. El asombro se acentúa a medida que avanzas en la lectura al toparte con conceptos ajenos, al menos hasta ahora, en el lenguaje del Grupo Popular; conceptos como tolerancia, respeto a los principios básicos, derechos y libertades e incluso -¡atención!- consenso, consenso en materia educativa. Enseguida te preguntas si unos y otros no hablamos el mismo idioma o si directamente vivimos en realidades distintas puesto que, si hablamos de la Lomce y su tramitación, esta representa todo lo contrario de lo que ahora ustedes proponen. Uno sigue leyendo y se encuentra con un párrafo que insta a hacer una reforma basada en el diálogo, en el consenso, en el acuerdo, en un ámbito como es la educación. Por un momento, cuando llegas a este punto, crees que a lo mejor, solo a lo mejor, el Grupo Popular ha tenido un ataque de sinceridad reconociendo el despropósito de reforma educativa que perpetró en la pasada legislatura. No, señorías, no; hay truco. Hay truco porque cuando llegas al final de la propuesta es cuando el Grupo Popular se saca la careta y, en un acto de coherencia consigo mismo, pide nada más y nada menos que el Congreso apruebe la necesidad de continuar con la línea de trabajo iniciada la pasada legislatura en materia educativa para hacer un gran pacto con la participación de todos.

Llegados a este punto me gustaría preguntar al portavoz del Grupo Popular a quién quieren engañar con esta propuesta, a quién, porque lo que hoy nos presentan ustedes sintetiza muy bien ese dicho castellano que dice: Consejos vendo y para mí no tengo. Se lo explicaré rápidamente repasando varios términos que creo le serán de utilidad, cuando menos desde el punto de vista semántico. Hablan ustedes de consenso. Pues bien, de acuerdo con la Real Academia Española consensuar significa adoptar una decisión de común acuerdo entre dos o más partes. ¿Me podría decir dónde estuvo el consenso en la tramitación de la Lomce, una ley que se aprobó con los únicos votos del Grupo Popular? También apelan ustedes el diálogo, y en este sentido la RAE nos dice que dialogar significa discusión o trato en busca de unión. ¿Me podría indicar dónde estuvo el diálogo en la tramitación de la Lomce, un proyecto que solo aceptó diez de las cientos de enmiendas que se presentaron? Igualmente instan al acuerdo, y la RAE define este concepto como un convenio entre dos o más partes. ¿Nos pueden explicar qué acordaron con la comunidad educativa cuando se redactó y aprobó la Lomce, que conllevó dos huelgas educativas? Asimismo, se refieren en su propuesta a la tolerancia, que según la RAE se define como respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. ¿Nos podrían ilustrar sobre qué clase de tolerancia predicaba el ministro Wert cuando dijo que la intención de su ministerio con la Lomce era españolizar a los niños catalanes? ¿Así es como entienden ustedes la tolerancia? Por ejemplo cuando hacen mención a caminar hacia la constante innovación en materia


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educativa, me pregunto: ¿su concepto de innovar en educación es invadir sistemáticamente las competencias en educación de la Generalitat de Catalunya y atacar el modelo de inmersión lingüística? O bien nos podrían explicar qué entienden por estabilidad en el sistema educativo. ¿Acaso hicieron algo para evitar que la ley naciera con los días contados y con seis recursos ante el Tribunal Constitucional? Pues está muy claro que no, porque si en verdad se creyeran lo que dicen, por qué no votaron hace unas semanas la proposición de ley que paraliza la aplicación de la Lomce e insta a la redacción de una nueva ley educativa. Incluso les dije en ese momento que tomaran nota de lo que hicimos en Cataluña con la aprobación de la Llei d'Educació, que en 2009 tuvo un respaldo muy amplio entre Gobierno y oposición; de hecho se aprobó con el Partido Socialista en el Gobierno y con Convergència en la oposición.

Por consiguiente, y como les decía al principio de mi intervención, esta proposición, a nuestro entender es un puro ejercicio práctico de hipocresía política y de postureo, una propuesta que no nos lleva a ninguna parte. Por lo tanto, no cuenten con nosotros, porque, como dice el refranero, quien a todos da consejo, que lo tome para sí.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Postius.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz.

El señor OLÒRIZ SERRA: Señor presidente, diputadas y diputados, se nos propone por el Grupo Popular un pacto para la educación. Señoras y señores del Grupo Popular, bienvenidos a los pactos. De hecho, los catalanes estamos acostumbrados a ellos desde que tenemos uso de razón. Si consultan la web del Ajuntament de Girona encontrarán el Llibre del Sindicat Remença, de 1448, en el que verán los componentes de este sindicato, su financiación y los procedimientos en las negociaciones que llevaron a abolir los malos usos que llevarían a la sentencia arbitral de Guadalupe en 1486. Esta, aboliendo los malos usos feudales, da pie al contrato enfitéutico, el arrendamiento en moneda, en esa época, transmisible a los herederos, que explica la acumulación de capital y el crecimiento del comercio y la industria en la Cataluña moderna, tan diferente de la revuelta de los comuneros. Aquí tenemos sus nombres -Padilla, Bravo y Maldonado junto a tres aragoneses ilustres-, ejecutados -repito, ejecutados- en Villalar un 23 abril de 1521. Ni pacto ni nada, ejecutados, derrota que significó centralismo y decadencia. Desde esta tribuna un saludo fraternal a aquellos castellano-leoneses que una vez más se concentrarán el 23 abril en Villalar porque la memoria es imprescindible para los pactos futuros. (Aplausos).

Volviendo a la propuesta del Partido Popular, hay que aprender del pasado e incluso del tan reciente de hace unos meses. Las minorías necesitan los pactos porque no es suficiente tener razón. Te has de cargar de razones y de paciencia porque estas -la paciencia y las razones- llevan al pacto. Mientras tanto, las mayorías los aborrecen porque creen que no son necesarios, que los debilitan, las mayorías presentes o aquellas que tienen un pasado que siempre fue mejor que el presente actual. Los que han gobernado siempre desde la mayoría, compartiendo escasamente con otras opciones, piensan que pactar es darles la razón en todo. La verdad es que parece mucho el "todo o nada", eso tan castizo. Así les fue a ustedes del PP con la mayoría absoluta. Y ahora en minoría han visto la luz, han caído del caballo, pongamos, por ejemplo, del caballo de Espartero, ese que bombardeaba Barcelona cada dos por tres y ahora, repito, en minoría, nos proponen no un bombardeo sino un pacto.

El Partido Popular nos propone un pacto ni más ni menos que por la educación. Los que aprobaron la Lomce sin el más mínimo pacto nos proponen uno, pero, ¡ay, señor!, nos lo proponen sin derogar la Lomce. Hagan memoria. Hace quince días la paralizamos y a nuestro parecer nos quedamos cortos, pero lo que es indiscutible es que la Lomce ha muerto y como es así ¡viva el pacto!, pero siguiendo otro camino, otro camino diferente del que el Partido Popular nos propone porque es de sentido común aprender de los errores propios y ajenos. Si hay que hacer un pacto, este tendrá que ser integrador, es decir, en las antípodas de los que hasta hoy se han hecho, que pueda ser aceptado por la mayoría, sin presiones ideológicas, abandonando las obsesiones por las lenguas que no son el castellano -bueno el castellano que se habla en España porque hay muchos otros castellanos-, dirigiendo y centrando los esfuerzos en necesidades reales, a partir de la pluralidad ideológica y la existencia de diferentes naciones -sí, hay diferentes naciones, no una, única, grande y libre- y en la apuesta por que la calidad de la enseñanza vaya unida a la equidad.

Si queremos llegar a un pacto posible y necesario, primero hemos de hacer efectiva la paralización de la Lomce, luego su derogación y al hacer y sentar las bases de una nueva ley de bases, aprendiendo de los errores del pasado, podremos construir un pacto. No vamos a empezar la casa por el tejado y menos


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aprovecharemos unas ruinas. La Lomce, que es una ruina, no se soluciona con un poco de pintura marca pacto. Nunca podrá parecer como nueva porque las ruinas, ruinas son.

Por cierto, para acabar, si ayer hubo 400 muertos en el Mediterráneo, hace un año fueron 800. Cada uno de ellos es una enmienda total a la dignidad de la Unión Europea. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olòriz.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Rivera.

La señora RIVERA DE LA CRUZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, hace años conocí a una mujer mayor que me contó una historia que quiero compartir. A esta mujer sus padres la habían sacado de la escuela a los nueve años. Como a ella le gustaba el colegio, todos los días se acercaba a la escuela de su pueblo, se sentaba en la calle y a través de una ventana abierta escuchaba la lección que la maestra daba a las otras niñas. Un día alguien cerró la ventana y no volvieron a abrirla. Seguro que no fue con mala intención, pero ya se quedó siempre cerrada. Aquella niña no pudo seguir escuchando. A veces, señorías, tengo la impresión de que también sin mala intención sucesivos Gobiernos se han pasado la vida cerrando ventanas. Fue lo que hizo este Gobierno con la Lomce, una ley que ignoró el diálogo con la comunidad educativa, una ley tan mal planteada y tan mal recibida que su máximo responsable se dijo aquello de que siempre nos quedará París y allí se fue y allí está.

Me alegro de que se presente hoy esta proposición no de ley, porque miren que nos ha costado al resto de partidos convencerles de que la actividad parlamentaria tenía que continuar aun estando el Gobierno en funciones. Nunca es tarde para rectificar y más si lo que ponen sobre la mesa es ese pacto nacional sobre la educación, del que Ciudadanos empezó a hablar hace ya más de un año, un pacto listo para durar una generación y no una legislatura, un pacto al margen de politiqueos, personalismos o intereses creados. En la Comisión de Educación conseguimos el compromiso de la mayoría de los partidos para crear una subcomisión que empieza a trabajar para lograr ese gran acuerdo educativo. Me gusta que llamen al consenso; sin embargo, en el texto que han registrado ustedes hablan de continuar con la línea de trabajo iniciada la pasada legislatura. Creo que lo último que necesitamos es seguir haciendo las cosas como las hizo el señor Wert. El pacto que proponemos se hace consensuando, escuchando, proponiendo y cediendo. La escuela hay que usarla para formar hombres y mujeres listos para enfrentarse a la vida con las armas de la sabiduría, la curiosidad y el sentido ético. Michel de Montaigne, que ya ha sido citado esta tarde, decía: Es preciso que la educación nos haga mejores. Aquellos que reciben una formación excelente tienen mucho más fácil ser buenas personas.

Tenemos diecisiete sistemas educativos peligrosamente dispares. ¿Hay algo menos equitativo que el que la calidad de la enseñanza varíe en función del lugar donde se nace? La injusticia social comienza con la desigualdad de oportunidades. Cuando la enseñanza pública es peor en una comunidad autónoma que en otra empezamos a trazar la línea divisoria entre ciudadanos de primera y de segunda. Y si es terrible que el lugar de nacimiento vaya a marcar la calidad de la formación, más lo es aún que el nivel socioeconómico de los padres pueda condicionar el futuro de los hijos. Eso, que es una vergüenza, pasa en España mucho más que en otros países del entorno. Los recursos tienen que distribuirse pensando en los más capaces y en los menos preparados, en quienes vienen de familias ilustradas y en los que proceden de hogares donde nunca entran libros. La escuela pública está para eso, para igualar por arriba. Los niños con dificultades para el aprendizaje tienen que encontrar allí la posibilidad de personalizar la enseñanza con un buen sistema de tutores. La escuela tiene que ser también un lugar para detectar el talento. El niño torpe con las matemáticas puede ser un gran pianista y la niña a la que se le atraganta la química una futura escritora. Nos hemos resignado a que España obtenga unas pobres cifras en las evaluaciones educativas. ¿Saben de dónde sale esa resignación? De que hace tiempo que en España la educación es un apéndice de la confrontación política. Sacudámonos las siglas cuando hablemos de enseñanza.

En cuanto a los profesores, han sido despojados del prestigio social que merecen porque hemos perdido de vista su importancia en el desarrollo de generaciones futuras. En Ciudadanos apostamos por una carrera docente marcada por la ambición y la excelencia, por ese MIR para profesores que convierta a los nuestros en los mejores de Europa. Nada puede influir tanto en el futuro de un niño como que se cruce en su vida un buen profesor. Cuando supo que le habían concedido el premio Nobel de Literatura, una de las primeras cosas que hizo Camus fue escribir una carta a su maestro, el ya anciano señor Germain. En ella le decía: Sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza,


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nada de esto hubiera sucedido. Quiero vivir en un país donde en el momento más importante de su vida haya un adulto que recuerde al profesor que tuvo.

Apostemos por los centros de estudio, hagámosles ganar en independencia, permitamos que recuperen su autonomía. La escuela tiene que ser también un lugar de convivencia donde se aprenda a respetar, a dialogar, a negociar y a construir. Hacen falta programas específicos contra el bullying, la homofobia y la transfobia, porque en la escuela también se aprende a ser buenas personas.

Señoras y señores diputados, son muchas las cosas que nos separan, algunas seguramente nunca podrán ponernos de acuerdo -la política es así-, pero cuando hablamos de educación estamos hablando de algo más grande que nuestras siglas. Les pido que hagamos un esfuerzo para el éxito de esta tarea. La educación es el único camino posible para levantar una España sin miedo al futuro y sin complejos, un país invulnerable a la mentira, la demagogia, el populismo y el resentimiento; en definitiva, un país más justo y más libre. Señorías, si no somos capaces de llegar a acuerdos en el asunto de la educación, seremos culpables de cerrar la ventana a aquella chiquilla de la que les hablaba al principio. Les pido que mantenerla abierta sea la meta y el compromiso de los que aquí estamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martínez Seijo.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, presidente.

Sorprendente y provocadora nos parece su propuesta. Sorprendente porque, después de haber tenido mayoría absoluta en estos últimos cuatro años, después de haber impuesto una ley educativa sin ningún tipo de diálogo con padres y madres -que aquí nos acompañan-, profesores, asociaciones o colectivos educativos, ahora cuando son 123 nos traen una propuesta de pacto. Señor Casado, me temo que su visión de la educación y de los teóricos logros de la Lomce proviene de los mundos de Yupi. Señorías, debo recordarles que si en España no hay un pacto educativo es porque el Partido Popular lo impidió. Debo recordarles que el exministro Gabilondo logró acuerdos importantes. Se hicieron grandes esfuerzos y también grandes renuncias en materia educativa para poder alcanzarlos, pero ustedes no fueron de fiar. En el último momento se echaron atrás defraudando a todo el mundo y es que nunca han querido renunciar a utilizar la educación como arma electoralista; ahora tampoco. Debo recordarles, señorías, que fue el Partido Socialista el que logró la universalización de la educación y debo recordarles que muchas personas estamos hoy aquí con una titulación universitaria gracias a la política de becas que el Partido Socialista logró en España. (Aplausos).

¿Debemos fiarnos ahora del Partido Popular? ¿Por qué ahora, después de no haber escuchado a nadie ni haber contado con nadie? Lo que el Grupo Parlamentario Popular propone no es un pacto. Lo que ustedes proponen es que este Congreso revalide su modus operandi de la Lomce. Lo que ustedes piden -cito literalmente- es la necesidad de continuar con la línea de trabajo iniciada en la pasada legislatura en materia educativa para constituir un gran pacto. Señorías, este grupo ni aprueba esa línea de trabajo ni acepta esa línea de recortes brutales, de estar de espaldas a los grupos políticos, a la comunidad educativa, a los expertos y a toda la gente que tiene que ver con la educación de este país. Pactar significa acordar algo entre dos o más personas o entidades, obligándose mutuamente a su observancia. Esta definición de la RAE, que complementa la que se ha dado anteriormente de consensuar, al menos implica a dos partes y me temo que con sus antecedentes no se puede hablar de pacto, porque hasta ahora siempre han tomado decisiones de manera unilateral. Nuestra respuesta es un no rotundo a esa forma de política educativa y a esa perversión de la utilización malintencionada del término pacto. Un no claro a la continuidad de una ley que se caracteriza por un ideario mercantilista, segregador en todos los sentidos, que cierra puertas en vez de abrirlas y que excluye al alumnado; una ley que ha vuelto a lo más retrógrado de la España de los setenta con la religión evaluable, con reválidas, con itinerarios tempranos, eliminando la participación y el carácter democrático de los centros educativos, eliminando las funciones de los consejos escolares y creando una dirección de centro exclusivamente administrativa. Un no a una ley improvisada con escasa financiación y llena de interrogantes. Cuando algo no se acuerda, cuando algo no se madura, está destinado al fracaso. Por eso lo que deben hacer es cumplir con el mandato de esta Cámara, cumplir con la paralización de la Lomce, que es lo que hemos acordado mayoritariamente en esta Cámara hace escasamente una semana, porque es el sentir no solo de la mayoría de los grupos parlamentarios sino también de la sociedad española. La urgencia es parar la Lomce, y empezar por la reválida de sexto ya.


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Señorías, la proposición que presentan quiere volver a sustraer el debate educativo, quiere limitar la voz a la comunidad educativa y política. Lo que ustedes proponen -y se debe saber aquí- no es un pacto social, educativo o político, que es el modelo que defiende el Grupo Socialista, porque para impulsar cambios en educación que afectan a toda la sociedad hay que escuchar, diagnosticar con rigor e incorporar sensibilidades, necesidades y adoptar propuestas y medidas acordadas. El Partido Popular quiere un pacto cerrado exclusivamente en la Conferencia Sectorial de Educación, en la que ni están presentes los grupos políticos, ni la comunidad educativa, a la que, por cierto, ni siquiera convocan. Hasta doce comunidades autónomas se lo han pedido en tres ocasiones -ayer precisamente la última- y no han hecho ni caso. El hecho de no convocar a la conferencia sectorial está provocando que en España tengamos diecisiete sistemas educativos diferentes gracias a su ineptitud, su inacción, su descoordinación y la política general de este Gobierno. ¿Cómo se puede implementar una ley educativa sin hablar con las comunidades autónomas?

Nos sorprende también que en la exposición de motivos traigan a colación haber acordado siete planes educativos conjuntamente en el seno de la conferencia sectorial. Eso sí, tras eliminar la mayoría de los programas de cooperación territorial; entre otros, el tan importante y al que ustedes tanto apelan, como es el de la lucha contra el abandono escolar, y dicen conjuntamente. Me explico: el libro blanco al que usted ha hecho referencia fue presentado de manera unilateral y encargado exclusivamente a una persona, y el plan de convivencia, con el Gobierno en funciones y sin haber convocado al Observatorio estatal de la convivencia en los últimos cuatro años. Nos hablan de un programa de lenguas extranjeras del que nadie sabe nada. Nos plantean un programa de conectividad de centros después de haber eliminado hace cuatro años el programa Escuela 2.0. Nos hablan también de un plan de apoyo, de medidas para la implantación de la formación profesional básica. ¡Pero si la FP básica no necesita un plan de apoyo, lo que necesita es una modificación de arriba abajo! ¿O debo recordarles el desastre de su implementación, la falta de previsión e incluso de encaje con otras enseñanzas?

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Sí, finalizo.

Señorías, nosotros sí queremos pacto, pero desde luego no un pacto que imponga la continuidad de una gestión de recortes y de una ley inaceptable, porque eso es una propuesta de pacto educativo por la puerta falsa que no responde al concepto de pacto que la sociedad demanda y que nuestro sistema educativo necesita. Por el contrario, defendemos un pacto serio, educativo, social y político contando con todo el mundo, como el que ya intentamos, que es uno de los objetivos inmediatos del Gobierno de cambio progresista que todos deseamos, pero no cuenten con este grupo para apoyarles en semejante paripé y ayudarles a lavar su imagen ante la comunidad educativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.

Señor Casado, para que quede claro a la hora de votar. ¿Acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?

El señor CASADO BLANCO: Sí, aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Foro Asturias.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA REFORMA FISCAL Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL. (Número de expediente 162/000007).

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

Para presentar la iniciativa tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la proposición no de ley de la que vamos a hablar a continuación trata de poner en el corazón del Congreso de los Diputados los ingresos tributarios y los ingresos públicos de nuestro país. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Estamos a 6,6 puntos del PIB en relación con la media de la Unión Europea y estamos a 8,2 puntos de la media de la zona euro de


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ingresos públicos en relación con el PIB. Ahora bien, creemos que para poner en el centro, en el corazón de este Congreso la política de ingresos tributarios hay que plantear, consensuar y aprobar una amplia y profunda reforma fiscal de los impuestos en nuestro país. Esto es lo que viene a decir la proposición no de ley.

¿En qué dirección? La proposición no de ley básicamente plantea tres objetivos. ¿Cómo podemos hacer un sistema impositivo más justo y más decente en nuestro país? En primer lugar, hay que acercar los tipos efectivos a los tipos nominales. Este es el primer problema que tiene nuestro sistema fiscal, nuestros impuestos, que por una parte están los tipos nominales y, por otra, los tipos efectivos, y hay que acercar los tipos efectivos a los tipos nominales. En segundo lugar, la riqueza tiene que contribuir de manera suficiente en la financiación del Estado del bienestar. Este es el segundo objetivo de una reforma en profundidad de los impuestos y de la fiscalidad. El segundo objetivo es, efectivamente, atrapar, desde el punto de vista de los impuestos, la riqueza. Y, en tercer lugar, hay que combatir el fraude fiscal, la optimización agresiva de los impuestos, la optimización agresiva contra la recaudación y la evasión fiscal. Este es el tercer punto de la proposición no de ley que hoy planteamos y sometemos a debate.

En ese sentido, y también en la proposición no de ley, entendemos que los ingresos públicos, la fiscalidad, tiene un reto global, internacional y, por eso, el Parlamento tiene que tener una visión global; nuestro Parlamento tiene que tener un acercamiento al problema de los impuestos de manera global. Efectivamente, nuestra proposición no de ley dedica una parte importante a que el Gobierno de España lidere, en el seno de la Unión Europea, de la OCDE, de la ONU, una apuesta por la lucha contra la elusión y la evasión fiscal. Para luchar contra el fraude fiscal, señorías, se necesitan fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, se necesitan medios y, en segundo lugar, luchar contra el deterioro de la conciencia fiscal en nuestro país. ¿Qué ha hecho este Gobierno, el Gobierno en funciones? Pues no ha hecho ninguna de las dos cosas. Sobre los medios materiales y humanos, podríamos hablar de los medios humanos. En la Agencia Tributaria, ahora, hay en torno a tres mil efectivos menos que hace cuatro años. Sobre la conciencia fiscal, ¿qué les voy a decir, señorías? Este Gobierno ha dañado gravemente la conciencia fiscal en nuestro país como consecuencia de su política tributaria y su utilización de la Agencia Tributaria. Como esto es lo que ha sucedido, nosotros planteamos una proposición no de ley que va dirigida, justamente, hacia esta dirección. Por ejemplo, les quiero adelantar que desde el Grupo Parlamentario Socialista proponemos una transacción para que se cree una comisión de investigación que investigue los papeles de Panamá y su relación con la amnistía fiscal. Este es uno de los puntos que planteamos al resto de grupos en relación con la lucha contra el fraude y en la idea de mejorar la conciencia fiscal de los españoles. ¿Se va a crear aquí una comisión de investigación? Lo vamos a ver a continuación. ¿Se ha creado en el Parlamento Europeo? Se va a crear en el Parlamento Europeo una comisión de investigación para analizar lo que ha sucedido con los papeles de Panamá. Se han creado también comisiones de investigación en otros parlamentos de nuestro entorno. ¿Por qué no crearla aquí? Aquí, probablemente es más necesario. En sede parlamentaria, el ministro de Hacienda, en la Comisión de Hacienda, la semana pasada nos dijo que muchas de las personas y de las sociedades que aparecían en los papeles de Panamá se habían acogido a la amnistía fiscal. Señorías, esto es muy grave porque, desde el año 2011, los inspectores de Hacienda, los técnicos de Hacienda de nuestro país, los jueces y los fiscales pueden consultar, pueden trabajar con la información que se les envía desde Panamá. Pero cuando eso se puede hacer desde el año 2011, este Gobierno, para salvar a muchos de los que están en los papeles de Panamá, ha aprobado una amnistía fiscal; para salvar a muchos amigos o dirigentes del Partido Popular que están en los papeles de Panamá, para salvarlos. Como se podía intercambiar información, como los jueces podían utilizar la información, se aprueba una amnistía fiscal para salvar a los amigos y dirigentes del Partido Popular que están en los papeles de Panamá. Señorías, esto es muy grave, porque la amnistía fiscal de Rajoy, de Montoro, del Partido Popular, es la máquina de lavado de dinero negro más importante de la historia reciente de nuestro país. Esta es la realidad. Esta es la realidad. (Aplausos). Hay muchos dirigentes del Partido Popular -el señor Soria, el señor Blesa, el señor Aznar, el señor Rato- que han demostrado una insolidaridad con los españoles clara y evidente. Han utilizado esa vía que los dirigentes del Partido Popular llaman optimizar los recursos fiscales, optimizar la fiscalidad, han utilizado la evasión fiscal o la elusión fiscal para ser insolidarios básicamente con los españoles que más lo necesitan, porque no creen en el Estado del bienestar y porque tienen nulos principios para haberse dedicado o dedicarse a la política.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Saura.


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El señor SAURA GARCÍA: Termino ya, señora presidenta.

Dicho de otra manera, el señor Aznar, el presidente de honor del Partido Popular y muchos dirigentes del Partido Popular tienen el honor en funciones. Esto es lo que estamos viendo todos los días a través de lo que se conoce por los medios de comunicación.

En definitiva, señorías, y termino ya señora presidenta, ya sé que esta comisión de investigación, si no se alarga la legislatura, no se va a aprobar. Por eso, hago un llamamiento a todas las fuerzas del cambio que entiendan que los españoles se merecen una comisión de investigación sobre los papeles de Panamá y la amnistía fiscal. Hago un llamamiento a todas las fuerzas del cambio para que la legislatura permita que se pueda analizar, investigar y aprobar todo lo relacionado con los papeles de Panamá y la amnistía fiscal. Ese llamamiento del cambio porque los españoles se merecen esa comisión de investigación.

Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Saura.

Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.

En dos minutos, que es el más difícil todavía. Después del surgimiento de la actual crisis económica, que aún colea, en el año 2008 se aplicó una receta fundamentalmente en el ámbito que conocemos. En el caso español, en las políticas desarrolladas por el Partido Popular a lo largo de la última legislatura. Una receta que consistía en lo siguiente. En vez de castigar a los responsables de la generación de la crisis, a los grandes poderes financieros, económicos y especulativos, se lo hacemos pagar a las víctimas, es decir, clases medias y clases trabajadoras. Una receta que partió de la base de que las víctimas debían ser las que cargasen con las consecuencias y, además, pagarlas, porque, como se señala muy bien en la proposición no de ley que presenta el Partido Socialista, es evidente que en el Estado español parece ser que quienes pagan son exclusivamente las clases medias y las clases trabajadoras, si atendemos a que de cada diez euros, nueve se recaudan por ese procedimiento. Esta proposición no de ley es la otra receta. Hay varias posibles pero, fundamentalmente, la otra. Que paguen más los que más tienen y que paguen los que no pagan y, además, tratar de combatir duramente el origen de las actividades especulativas que están en el fondo y en el origen de la crisis que todavía colea. Lo único que sería lamentable, lo dije en el último debate y lo vuelvo a decir ahora, es que teniendo la oportunidad de que esta nueva receta prospere, no tengamos entre todos la capacidad de hacer viable que esta proposición no de ley se desarrolle. Confiamos en que los que nos hemos venido a denominar las fuerzas políticas del cambio consigamos estar todos a la altura de lo que la ciudadanía nos demanda y hacer efectiva una proposición no de ley que Nueva Canarias va a apoyar de forma entusiasta.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.

Señora Beitialarrangoitia.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta.

Para Euskal Herria Bildu la redistribución de la riqueza utilizando las herramientas impositivas en clave de progresividad, equidad y universalidad, junto con la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, es una prioridad. La razón es clara, es lo que permite construir una sociedad más justa, más cohesionada, garantizando los derechos de todas las personas. Y así lo hemos hecho en los cuatro años que hemos gobernado la Diputación de Gipuzkoa, pese a tener un marco competencial fiscal propio, sí, pero insuficiente. Prueba de ello son los buenos resultados en la recaudación en Gipuzkoa tras incrementar los recursos para la persecución del fraude fiscal. Y lamento decir que después de una primera etapa de colaboración en esa política por parte del Partido Socialista, en los últimos tiempos el PSOE ha sumado sus votos a los del PNV para desandar el camino recorrido en el impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas, por citar un mero ejemplo. Además, no ha sido posible un avance en relación con el impuesto sobre sociedades en la Comunidad Autónoma vasca, aunque sí en Nafarroa, gracias al acuerdo entre las cuatro fuerzas que sustentan el Gobierno del cambio.

Por tanto, tengo que decirles con absoluta claridad que la propuesta que se nos presenta es totalmente insuficiente porque nuestro modelo redistributivo es mucho más ambicioso, de mayor progresividad y equidad. Pero igualmente les diré -ya es la segunda vez que lo hago en poco tiempo- que queremos


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un sistema en el que quien más tiene más aporte en beneficio colectivo, y no lo queremos solo para Euskal Herria, también lo queremos para la ciudadanía española. Y aunque seguiremos aspirando y trabajando por alcanzar la soberanía fiscal plena, votaremos a favor de la propuesta, cuya finalidad entendemos que es mejorar el reparto de la riqueza. Y para ello no hacen falta amnistías fiscales; hace falta combatir el fraude, conseguir mayores ingresos para hacer frente a las necesidades sociales sin recortes y emprender las reformas necesarias para que de una vez por todas deje de recaer el esfuerzo fiscal sobre las rentas del trabajo y los grandes capitales aporten la parte que les corresponde, no les pedimos más.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.

Señora Sánchez.

La señora SÁNCHEZ MAROTO: Gracias.

El Grupo Socialista nos presenta esta proposición no de ley que titula: sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Bien, por supuesto, de acuerdo. Ahora bien, decían que hacían falta varias cosas. Entendemos que lo que realmente hace falta es solo una: voluntad política, porque cada una de las reformas fiscales que se han ido sucediendo en los diferentes Gobiernos ha sido más regresiva que la anterior. Se lleva hablando mucho tiempo de cosas como constituir ese primer punto que apuntaban ustedes, un comité de expertos que en seis meses aporte datos. Perfecto, a ver si esta vez cuentan con las organizaciones de la sociedad civil que llevan más de quince años diciendo cómo acabar con los paraísos fiscales o qué nuevas formas impositivas, como el impuesto a las transacciones financieras, deberíamos haber trabajado y tener instituidos hace ya mucho tiempo. Una de esas organizaciones es Attac España, la conozco bien porque pertenezco a ella, y creo que no hemos estado en ningún comité de expertos, aunque, extrañamente, hayamos acertado mucho más con temas como la crisis financiera que los expertos que sí han estado en esos comités.

Por otra parte, todos sabemos, y hay datos sobre ello, que la mayor parte del fraude fiscal y de estos delitos los cometen las grandes empresas y las grandes fortunas. Sin embargo, sus políticas, lo que ustedes firman en Bruselas, su apuesta por los tratados de libre comercio e inversión, sobre los que hay cuarenta y ocho casos censados de demandas que incluyen reclamaciones ligadas a impuestos, van completamente en la dirección contraria. Decía la señora González Veracruz que podíamos tener a este Gobierno fuera, pero es que el problema es que no solo queremos tener a este Gobierno fuera; queremos también tener sus políticas fuera de aquí. (Aplausos). Las políticas que ustedes votan en Europa y las políticas que van a hacer imposible que todo esto que están proponiendo sea real las votan con estos señores también. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.

Señor Candela.

El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Señorías, a grandes rasgos, estamos de acuerdo con la PNL sobre política fiscal que ha presentado el Grupo Socialista. Digo a grandes rasgos porque hemos presentado unas enmiendas a su proposición junto a Podemos-En Comú Podem-En Marea e Izquierda Unida, precisamente para garantizar que se pongan negro sobre blanco las reformas necesarias en materia fiscal. Señorías, coincidimos con la necesidad de poner en marcha una nueva política fiscal que dote de verdadera progresividad al sistema y grave adecuadamente la riqueza. Ahora ustedes podrán aceptar estas enmiendas y pasar del acuerdo sacrosanto con Ciudadanos al todo vale, porque hay algunos que ya están en campaña y hay que maquillar el viaje al extremo centro de su partido. Hay un problema, señorías del Grupo Socialista, y es que no nos fiamos de ustedes. No nos fiamos de ustedes porque nos han demostrado sistemáticamente que dicen una cosa y hacen la contraria. Hace cinco días votaron a favor de la Directiva europea de Secretos Comerciales con el PP y con Ciudadanos. Señorías, con la directiva que han aprobado de la mano del PP y de Ciudadanos los defraudadores de los papeles de Panamá podrían denunciar a La Sexta y a El Confidencial por revelación de secretos. Después de aprobar esta directiva, vienen a hablarnos de fraude fiscal. Recuerdo a Gila cuando decía: de color bien, pero no flota. Por eso, les tendemos la mano por enésima vez para hacer un Gobierno a la valenciana, porque sabemos que ustedes, solos o de la manita de Ciudadanos, harían todo lo contrario de lo que los papeles dicen. Señor Sánchez -ausente,


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por cierto-, le queda una semana para evitar nuevas elecciones y nuestra mano sigue tendida. Rompa las cadenas que le atan y haga posible un gobierno de cambio.

Moltes gràcies. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Candela.

Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, la lucha contra el fraude y la evasión fiscal han sido ampliamente debatidas en esta Cámara, aunque los avances que se han producido en la realidad no parecen haber sido tan intensos. La amnistía fiscal del Partido Popular y la reciente aparición de los papeles de Panamá, entre otras muchísimas cosas, lo corroboran. La posición de nuestro grupo parlamentario, el Grupo Vasco, ha sido siempre nítida al respecto. Hay que luchar contra el fraude y la evasión fiscal con todos los medios, legales, policiales e incluso educativos, dados los múltiples casos de corrupción y de sinvergüenzas que están apareciendo vinculados a los mismos. Debemos concienciarnos todos de que cuando defraudamos estamos robando -sí- al resto de los ciudadanos, les estamos privando a muchos de ellos de los recursos que necesitan para sobrevivir o impidiendo que se apliquen adecuadamente las políticas sociales o que se actualicen las pensiones públicas. Nuestro grupo parlamentario presentó una proposición no de ley hace más de tres años con el fin de modificar el Código Penal para endurecer las penas a los evasores y para elevar el tipo aplicable a la Sicav, medidas todas ellas en manos de este Parlamento. Por otro lado, siempre nos hemos manifestado a favor de cualquier medida o actuación tendente a luchar contra el fraude y la evasión fiscal. Apoyaremos todas las medidas que se encaminen en dicha dirección. Ahora bien, hemos presentado una enmienda fundamental al punto 1 de esta proposición no de ley relativa a la política fiscal. Me resulta increíble, pero es así: Los proponentes y otros grupos de esta Cámara ignoran o quieren ignorar que en el Estado español existen cinco haciendas, cada una de ellas con sus competencias en materia tributaria. Miren que lo he explicado en esta Cámara, pues lo seguiré haciendo cuantas veces haga falta para que este tema esté absolutamente claro. Las haciendas son: la alavesa, la guipuzcoana, la vizcaína, la navarra y la que se denomina de territorio común. No nos podemos olvidar de las cuatro haciendas forales.

Las medidas fiscales que se propongan en este Congreso no pueden entrometerse en el ámbito legal de la foralidad como un elefante en una cacharrería; sus medidas habrán de circunscribirse a la hacienda que se denomina de territorio común. De ahí nuestra enmienda; enmienda que si no hubiera sido aceptada, habríamos votado sin ninguna duda en contra de esta proposición, porque para nosotros esta es una cuestión crucial. Ha sido incorporada, afortunadamente, de una manera correcta en la enmienda transaccional que el Partido Socialista ha redactado, lo que nos facilita el apoyo a esta iniciativa. Nos hubiera gustado abstenernos respecto del apartado número 1, que es lo que hacemos habitualmente cuando se habla de cuestiones tributarias en esta Cámara, pero no es posible dado que, al haber una transaccional, se vota conjuntamente. No tenemos ningún inconveniente en apoyar el segundo apartado; todo lo contrario, las medidas son de carácter más general y pueden servir para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, estas y otras. Se puede decir, señores del Grupo Socialista, que en esta PNL ustedes de alguna manera disparan con perdigón, es decir, presentan un número elevado y disperso de medidas que, en nuestra opinión, restan fuerza. Pero, insisto, estamos dispuestos a aceptar estas y las que hagan falta.

Si me permiten, haré un comentario puntual sobre el modelo de proposición no de ley. Algunas de estas medidas me parecen un tanto excesivas, dada la situación de corrupción y de fraude existente en el Estado español. Hablar de impulsar y liderar en el seno de la Unión Europea la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales, promover en la OCDE y en el G-20 la adopción de una estrategia internacional contra los paraísos fiscales, parece, si me lo permiten, un poco pretencioso e incluso, diría yo, falta de respeto a lo que otros países están haciendo. No digo que no sea necesario, lo que digo es que podríamos o deberíamos ser más humildes y no ponernos a la cabeza de esta manifestación. Como solía decir el histórico nacionalista Juan de Ajuriaguerra, los conversos, a la cola. Al margen de la anécdota, considero que es preciso redoblar los esfuerzos tendentes a luchar eficazmente contra el fraude. Los ejemplos recientes del señor Aznar o del señor Rato y de otros tantos vinculados a la política o a la farándula así lo apuntan. Desde el Grupo Vasco no dudamos: contra los defraudadores y los sinvergüenzas, hay que adoptar medidas contundentes y cuánto antes, mejor. Por tanto, votaremos sí a este punto 2, pero, como les decía, dado que al final hay una enmienda transaccional que incorpora nuestra enmienda con el fin de circunscribir las actuaciones fiscales al ámbito del territorio común, es decir, dejando al margen y


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respetando el ámbito foral, y teniendo en cuenta que lo que queremos poner de manifiesto es nuestro apoyo a la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales, votaremos el conjunto de la enmienda transaccional que incorpora a su vez un punto 3, de creación de una comisión de investigación de los papeles de Panamá, y lo haremos favorablemente.

Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.

Grupo Parlamentario de Democràcia i Llibertat, señor Homs.

El señor HOMS MOLIST: Presidenta, señorías, el Grupo Socialista presenta esta proposición no de ley que nos ha expuesto el diputado Pedro Saura, y doy fe que ha hecho muchos equilibrios para facilitar al final una transaccional sobre la que también haré una valoración muy sucinta, pero la haré. Querría iniciar mi breve intervención haciendo constar que en la proposición inicial -insisto que con la transaccional algunos aspectos se han mejorado, algo que celebro y agradezco- había, desde nuestro punto de vista, aspectos que eran claramente positivos y otros que no compartimos. Así lo hemos comentado y por ese motivo hemos presentado distintas enmiendas. Hay aspectos positivos que vale la pena subrayar, como es la creación de una comisión de expertos. De hecho, ya ha habido comisiones de expertos; en el mes de diciembre, hace poco, una comisión de expertos vinculada al Ministerio de Hacienda presentó un informe. Deberíamos asumir el compromiso, si prospera esta proposición no de ley, de que esta comisión de expertos fuera participada en sus miembros por los distintos grupos parlamentarios que configuramos este hemiciclo. Si no, al final será la comisión de expertos de un Gobierno o de otro y quizás estaríamos en las mismas.

Hay compromisos positivos, por ejemplo, en relación al IVA cultural. Deberíamos incorporar también la cuestión relativa al deporte, pero se puede analizar. Hay aspectos positivos en relación a la mejora de la legislación penal, pero hay aspectos que no compartimos. Por ejemplo, no compartimos cómo se enfoca la cuestión del impuesto sobre sociedades, aunque se ha matizado en la transaccional. No acabamos de compartirlo -y creo que también se han incorporado soluciones en la transaccional que son valorables- porque creo que todos, cuando nos aproximamos a esta cuestión, lo vemos más desde la perspectiva del control, desde la perspectiva de la persecución -que debe existir, ¡faltaría más!, no voy a decir otra cosa-, pero olvidamos en demasiadas ocasiones incentivar o valorar a aquel que contribuye. En estos momentos, en nuestra sociedad -porque esto pasa en Cataluña, pasa en el conjunto de España- da la sensación de que si pagas impuestos es porque si no, te ponen una multa, pero no hay conciencia fiscal suficiente. Y ahí deberíamos un poco -y más que un poco, bastante- cambiar el paradigma de esta cultura, de esta conciencia fiscal que hay en nuestro país. Tampoco contemplamos favorablemente -antes hacía otro interviniente una referencia en este sentido- esta falta de sensibilidad -digámoslo así, en tono suave- hacia un esquema territorial donde ni tan siquiera se contempla que pueda haber, por ejemplo en el caso de Cataluña, una administración tributaria propia. Esto podría ser posible, de hecho la hay en otras comunidades autónomas. En ese sentido, hay elementos a favor y en contra que nos han hecho presentar enmiendas, algunas han sido tenidas en cuenta y en otras deberemos acabar de discutirlo. Pero hay un punto al final de esta proposición no de ley -y que es para mí, en este contexto en el que estamos, muy sustancial porque al final hay tantos aspectos que nunca acabaríamos- y es que nos permite hacer algo que me parece imprescindible, como es aprobar en esta Cámara la creación de una comisión de investigación respecto a los papeles de Panamá. (Rumores). Yo creo que esto es imprescindible por lo que ha pasado, por el escándalo y lo bochornoso de lo que ha pasado. (Rumores.-Varios diputados pronuncian palabras que no se perciben). Porque no basta, no es suficiente por parte del actual Gobierno en funciones que un ministro haya renunciado al cargo, porque aquí han pasado demasiadas cosas. Por ejemplo, no es asumible -y ya sé que no tiene que ver directamente ni mucho menos con los papeles de Panamá, pero ha sido, digamos, en paralelo en el tiempo y esto ayuda a esta sensación de escándalo que requiere una comisión de investigación de estas características que además debería tener un plan de trabajo de amplitud notable- lo que ha pasado con el señor Aznar. (Rumores). A mí me parece inconcebible que el señor Aznar se encuentre con lo que se ha encontrado y ahora encima pretenda hacerse la víctima y situarse en el terreno de pretender que no le puedan investigar a él. (Rumores). No sé por qué se lamenta, usted debe hacer igual que el señor Aznar. No sé por qué se lamenta; pero no se lamente porque esto es inaceptable

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Homs, acabó su tiempo.


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El señor HOMS MOLIST: Es exactamente inaceptable y ustedes, de hecho, lo saben. (Rumores).

Y por ese motivo, porque hay otras cosas que no vamos a compartir de esta transaccional, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor, precisamente por la cuestión de la comisión de investigación. Y quiero que conste en el "Diario de Sesiones" que hay otras cosas que no compartimos (Rumores), pero ese motivo es suficiente porque si no, no habría otra forma parlamentaria de canalizar la creación de esta comisión de investigación. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Señor presidente, señorías, bona tarda.

El Grupo Socialista, en perfecto eco de los cantos de sirena del Gobierno Zapatero, de lo que no llevaron a cabo cuando gobernaban, nos habla de una nueva política fiscal más eficiente, de transición hacia un nuevo modelo económico... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: ... incentivando inversión productiva, emprendimiento, innovación y desincentivando especulación y contaminación, pero, ¿saben qué pasa, señores del Grupo Socialista? Que en Cataluña ya estamos vacunados contra las listas de apoyarés. Nosotros ya estamos en ello, estamos construyendo la hacienda propia para la república catalana y, sin duda, es más fácil establecer un nuevo régimen fiscal desde un proceso constituyente que se plantee la fiscalidad desde cero que modificando la ineficaz e injusta fiscalidad española. Por ello, defendemos un sistema de fiscalidad progresivo, en el que los que más tienen, más paguen; un sistema de fiscalidad verde, en el que quien contamine, pague, donde las rentas del capital de la especulación tributen más que las rentas del trabajo, donde los artefactos especulativos tributen más que las empresas innovadoras y productivas, donde las grandes empresas no gocen de privilegios respecto a las pequeñas y medianas empresas. Un modelo, en fin, transparente, participado, basado en la confianza del contribuyente en el sistema. Esta es la base del sistema fiscal que defendemos para una nueva república y que ustedes no podrán conseguir con simples listas de desiderátums sobre un sistema tan ineficaz como injusto y que se sostiene sobre el expolio de las personas, de las empresas y de los territorios más productivos. Me dirán que esto también es un desiderátum y que se parece al nuestro. Pues sí, y en su proposición no de ley ustedes vuelven a olvidar la existencia de las comunidades autónomas y eso significa olvidar a la Administración que tiene mayor peso en el gasto social. Miren, señores del PSOE, en Esquerra ya no venimos a mendigar un sistema fiscal más justo, solo les planteamos en nuestra enmienda que, como prueba de sinceridad, retiren todos aquellos recursos ante el Tribunal Constitucional que van en contra de los impuestos que ha creado la Generalitat para poder mantener el gasto social y el pla de xoc, el plan de choque social ante la trágica situación de miseria a que el Gobierno somete a la ciudadanía. Los impuestos de la Generalitat, como el de los depósitos bancarios o el de las nucleares, suponen más de 800 millones de euros, 800 millones de euros al año; 800 millones que nos prohíben para mantener nuestro gasto social mientras ustedes se han gastado más de 800 millones extras en gastos militares. Por cierto, los 800 millones que PSOE, PP y Ciudadanos no han querido aprobar esta mañana en Comisión para, a propuesta de Esquerra, crear un fondo de lucha contra la pobreza infantil. Ya que ustedes no son capaces de garantizar un sistema fiscal justo para las comunidades autónomas, permitan, por favor, que recaudemos los recursos necesarios para mantener nuestras políticas sociales, al menos para luchar contra la pobreza en los meses que todavía nos quedan para proclamar la república.

Aunque la cereza panameña del pastel es tentadora, condicionaremos nuestra posición a la aceptación de nuestra enmienda. Es una pena que no se puedan votar por separado.

Muchas gracias. Bona tarda. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Mucha gracias, señor Capdevila.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Señor presidente, señorías, hace no más de cuatro meses, antes de iniciar esta nueva etapa como diputado por Ciudadanos, ejercía como técnico de Hacienda del Estado en Valencia, en la Agencia Tributaria; una organización a la cual admiro profundamente por su profesionalidad y dedicación, aunque cada año sean menos funcionarios en la lucha contra el fraude, tal como recordaba el señor Saura.


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Señorías, el pasado 16 de marzo, nuestro Grupo Parlamentario, Ciudadanos, presentó también una proposición no de ley de lucha contra el fraude en la Comisión de Hacienda, que resultó aprobada por la totalidad de los grupos parlamentarios menos, casualmente, el Partido Popular. Y, señorías de la bancada popular, es una auténtica lástima, porque estamos convencidos de que muchísimos de sus votantes estarían de acuerdo con todas esas medidas. Parece que su partido está en contra de recuperar esos 2.800 millones que se han perdido de recaudación por la amnistía fiscal del señor Montoro, que hoy no está aquí, en contra de prohibir esas amnistías fiscales, en contra de incorporar a Panamá en la lista de esos paraísos fiscales. Por cierto, su Gobierno nos debe una explicación de la relación de estos y de por qué una de las últimas actuaciones de su Gobierno era la de iniciar los trámites para sacar el paraíso fiscal de Jersey; no sé, quizá tengan alguna razón, alguna persona que conozcan; quizá habría que hablar con el señor Soria. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor TEN OLIVER: Señorías, votaron ustedes en contra del refuerzo del Servicio Prevención de Blanqueo de Capitales y de las denuncias por delito fiscal. Saben que las denuncias por delito fiscal son a partir de 120.000 euros. Les recuerdo que, además, en estos últimos cuatro años de su Gobierno se han primado las inspecciones de pequeño importe y han bajado las denuncias por delito fiscal. Señorías, votaron en contra del control de la Agencia Tributaria sobre las Sicav, esas sociedades que además tributan al 1 %, tan solo al 1 %. Votaron en contra de un estatuto de la Agencia Tributaria que solucione los problemas de organización, en contra además de aumentar su plantilla. Les recuerdo un dato, simplemente un dato: en España la Agencia Tributaria tiene tan solo 5,4 funcionarios por cada 10.000 habitantes; la media europea es el doble. Además de la tasa de retorno, es decir que por cada euro que invertimos en la Agencia Tributaria recuperamos once. Este año se destinaron más de 1.300 millones a la lucha contra el fraude y recuperamos más de 15.600 millones. Realmente cuando hablo de plantilla, cuando veo que se está reduciendo la plantilla de la Agencia Tributaria...

Señorías, les cuento una simple anécdota muy rápidamente. Hace pocos días me llamó un compañero de promoción y me dijo: Vicente, ¿te acuerdas del caso de José Bretón, aquel asesino que mató a sus dos hijos? Esa persona solicitó un traslado de prisión por acercamiento a su familia y el mes pasado se lo concedieron. Señorías, hay muchísima más movilidad de los presos en nuestras prisiones que movilidad de los funcionarios en la Agencia Tributaria. (Aplausos). Mi reconocimiento desde aquí, desde esta tribuna, a aquellas personas que cumplen con su deber lejos de su domicilio familiar. Y todo se debe a que no hay aumento la plantilla.

En definitiva, votaron en contra de dotar de medios a la Agencia Tributaria para cobrar a los morosos. Está muy bien la modificación del artículo 95 de la Ley General Tributaria, incluyendo esa lista de morosos, pero, señorías, durante más de dos años consecutivos faltan por cobrar 50.000 millones de euros; 50.000 millones de euros, señorías.

Hoy, en su comparecencia en la Comisión de Economía, el señor De Guindos nos adelantaba unas previsiones macroeconómicas negativas: el incumplimiento del déficit, la reducción de la tasa de crecimiento de la economía, nos anunciaba nuevos recortes; y de nuevo esa oportunidad perdida cuando realmente lo tenía a favor. El señor De Guindos nos decía que tenía viento de cola. Señorías, con tan solo 7.000 millones tendríamos recursos para hacer las reformas que hemos planteado con el Partido Socialista, con tan solo 7.000 millones.

Señorías, les pongo un simple ejemplo, muy sencillo. ¿Saben lo que es esto? (Muestra un cigarrillo). Esto es un cigarrillo. Estoy convencido de que a algunas de sus señorías les apetecería fumarse un cigarrillo en esta Cámara, pero saben perfectamente que no se puede fumar en esta Cámara; saben que además está sancionado. Sin embargo, no veo fumar a nadie de ustedes, incluso ni a escondidas y, desde luego, no es porque les vayan sancionar, sino porque sus propios compañeros les señalarían, sus propios compañeros les dirían que no se fuma aquí porque está muy mal visto. Sucede todo lo contrario de lo que pasa con el fraude, todo lo contrario de lo que pasa con la evasión fiscal y la corrupción. Hay quien no solo lo tolera, sino que además premia las injustas conductas de aquellos que evaden los impuestos con sus amnistías fiscales. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Ten, concluya, por favor.

El señor TEN OLIVER: El señor Montoro lo hizo en el año 2012, pero también sus señorías socialistas lo hicieron en 1984, en 1991 y en 2010.


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Voy concluyendo, señor presidente. Hoy es un día muy especial, no porque sea la primera vez que me subo a esta tribuna, sino porque creo que hay que invocar el espíritu de Kennedy en el año 1961. No busquemos los votos de las personas con menos recursos, sino busquemos lo justo. La lucha contra el fraude fiscal y la corrupción es de justicia social y esa contribución justa, que está reflejada en el artículo 31 de la Constitución es, desde luego, lo que sostiene nuestro Estado del bienestar.

Señorías, el Grupo Parlamentario Ciudadanos no puede más que votar a favor de esta proposición no de ley, habiendo incorporado al texto algunas medidas recogidas en la reforma fiscal que realizamos con el acuerdo de las doscientas reformas. Y recuerden, señorías, y termino, el dinero público no es de unos pocos, el dinero público es de todos los españoles.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ten.

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Honorato.

La señora HONORATO CHULIÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Socialista nos presenta hoy en esta Cámara una propuesta que tiene interesantes iniciativas, que pague más quien más tiene y no solo quien más gana, que se rescate el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades, que arranque de una vez el impuesto de transacciones financieras, que se apueste por la fiscalidad ecológica o ponernos serios con la lucha contra el fraude. Estas medidas son importantes sobre todo si queremos detener el bucle en el que nos encontramos de recortes, recesión, más recortes, más recesión. Para eso es imprescindible buscar la suficiencia fiscal y la suficiencia fiscal no se busca solo del lado del recorte de los gastos, sino muy especialmente en el caso de España del lado de los ingresos, con una reforma fiscal progresiva y una lucha decidida contra el fraude. Si bien, como decimos, esta propuesta nos gusta, es cierto que nos asaltan dos inquietudes. La primera está relacionada con algunas incongruencias del partido proponente y otras con algunas de las ausencias que han sido objeto de enmiendas, algunas incluidas y otras no, en la transaccional.

En cuanto al capítulo de las incongruencias, como decimos, esta canción nos gusta, la canción de la proposición que se presenta, pero no nos casa muy bien con algunas de las actuaciones que el Partido Socialista ha llevado a cabo desde el Gobierno en las últimas legislaturas. No nos casa muy bien cuando redujo los tramos del IRPF y tampoco nos casa muy bien cuando subió en 2 puntos el IVA a las familias de este país en el año 2010. (Aplausos). Tampoco nos casa, y esto es ya más actual, con el pacto de Gobierno con Ciudadanos que abre la puerta al copago y deja en un cajón una reforma tributaria ambiciosa donde se apuesta por la fiscalidad progresiva, justa y efectiva. Hablábamos antes de dos preocupaciones, una relativa a las incongruencias y otra a las ausencias. En cuanto a las ausencias, nos parece fundamental que en una reforma fiscal se incluyan las previsiones relativas al impuesto sobre la renta. No podemos entender cómo no se propone una reforma fiscal para ese 5 % de la población que gana más de 60.000 euros para que pueda pagar un poco más y tengamos un impuesto más progresivo y más justo. Tampoco entendemos cómo no se incluye una reforma más integral del IVA, una reforma que amplíe aquellos alimentos a los que aplicar un tipo superreducido del 4 % y el tipo reducido del 10 % a los suministros básicos en este país.

Por último, no puedo acabar mi intervención sin hacer referencia específica a las propuestas relativas a la lucha contra el fraude. En España, la pérdida debida a la economía sumergida se calcula en torno a los 60.000 millones de euros. Es una cifra asombrosa, una cifra que exige que nos pongamos serios. Ponerse serio es presentar un plan integral de lucha contra el fraude que contenga objetivos cuantificables para poder después evaluarlos y ponerse serio también es pretender el desarrollo de un estatuto propio de la Agencia Tributaria que le permita autonomía en su funcionamiento, eligiendo al presidente de la Agencia Tributaria en esta Cámara, en el Congreso. Tomárselo en serio es elegir bien los objetivos, hacia dónde nos dirigimos. Según los informes del Gestha, del sindicato de técnicos de Hacienda, se ha puesto muchas veces encima de la mesa que el 72 % del fraude pertenece a las grandes empresas y a las grandes fortunas y que el 80 % de los recursos de la agencia están dedicados a perseguir el pequeño fraude, a los autónomos y a las pymes. Pues bien, creemos que es necesario invertir ese orden, que realmente se vea dónde está el gran fraude en este país: en las grandes empresas y en las grandes fortunas.

Pero lo más importante de todo, señorías, para tomárselo en serio hace falta tener una voluntad política férrea, absolutamente decidida a acabar con los paraísos fiscales. Todo lo que está en un paraíso fiscal está donde no debe estar. Debe estar en su país, generando riqueza, abriendo hospitales, formando profesionales, invirtiendo en desarrollo, en profesores, en maestros y en escuelas. Ahí es donde debe


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estar ese dinero. (Aplausos). Tomárselo en serio no es poner al lobo a cuidar de las gallinas. Para poder actuar contra los paraísos fiscales no se puede tener una mano dentro de ellos, señores del PP, pero tampoco es tomárselo en serio hacer lo que hizo el señor Zapatero, que sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales en 2013. (Aplausos). Y tampoco es tomárselo en serio votar con el Grupo Popular el nombramiento del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que fue el diseñador de los trajes a medida de la evasión fiscal de las multinacionales a costa del erario de todos los países de la Unión. (Aplausos). No obstante, como decía al inicio, nos gusta la música de esta proposición. Ahora bien, tampoco queremos cantos de sirena; queremos que esta música sea letra concreta y que se escriba en el BOE de la mano de un gobierno del cambio.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Honorato.

En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Rojas.

El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Con la venia. Señorías, esta iniciativa es una copia del programa electoral del Partido Socialista, asumido curiosamente por Ciudadanos en un acuerdo que ya fue derrotado en esta Cámara y realmente nos parece un error perseverar en la derrota y empeñarse en acuerdos que son imposibles. Fíjense en la paradoja del momento. Decía el señor Saura que esta iniciativa está hecha para recaudar más ingresos para el Estado, pero la negativa del señor Sánchez y del Partido Socialista al diálogo con el Partido Popular, que ha ganado las elecciones, nos aboca a una campaña electoral y a unas elecciones que cuestan 130 millones de euros al contribuyente. ¡Fíjense qué paradoja!

Señorías, en cuanto a la iniciativa, rechazamos una propuesta fiscal que supone una subida de impuestos de manera indiscriminada. Además, está llena de pretendidas lecciones de quienes dejaron caer la recaudación tributaria en casi 70.000 millones de euros, es verdad que por la crisis, pero también por malas decisiones políticas y tributarias y, señorías, no queremos volver a las políticas que nos llevaron al récord de paro y a una crisis sin precedentes en nuestro país. Nuestro objetivo es el contrario. Nuestra meta es bajar los impuestos y prestar mejores servicios y para ello les invitamos a que estén con nosotros. Los más de 20 millones de ciudadanos españoles que han visto que se les han bajado los impuestos hasta en dos ocasiones con la reforma fiscal del Partido Popular dan prueba del acierto de estas medidas. Se ha activado el consumo interno y, al activarse el consumo interno, se ha activado el empleo. Tenemos las mejores cifras de crecimiento de empleo de la Unión Europea en los dos últimos años en nuestro país. Tenemos que hacer mucho más, pero desde luego esas medidas han sido buenas. Con esa reactivación del consumo y del empleo se garantiza el Estado del bienestar, se pueden asegurar las pensiones y se paga la sanidad pública, la educación pública y la deuda que dejó el Partido Socialista en hospitales, escuelas, sanidad y educación. Ese es el trabajo que ha hecho este Gobierno. (Aplausos). Les invitamos a que se apunten a estas políticas que dan resultado. Con la gestión de su Gobierno entre 2007 y 2011 la recaudación de las grandes empresas y grupos bajó de 18.000 a 7.700 millones de euros y eso implica desempleo y paro, pero con la gestión del Partido Popular la recaudación de las grandes empresas y grupos se ha multiplicado por 2,5 y ha aumentado de 7.700 a 18.900 millones. Eso lleva implícito más empleo y, desde luego, eso ha atraído más inversión y ha sido posible luchar con más instrumentos contra la crisis. Eso acaba con ese mantra que ustedes siempre utilizan de que el Partido Popular está con las multinacionales. No, el Partido Popular está con la gente, está con las personas, está con el Estado del bienestar y para sacar a España de la crisis. (Aplausos).

Señorías, en relación con el fraude fiscal, han aflorado más de 50.000 millones de euros en la pasada legislatura, es decir, un 37,5 % más que en la legislatura del Partido Socialista. Estamos ante un récord histórico en nuestra democracia y, por cierto, nuestras medidas han tenido siempre el voto en contra del Partido Socialista. Los cambios regulatorios introducidos por el Gobierno del Partido Popular han funcionado y no pasa nada por reconocerlo. Si ustedes lo reconocen, van a ganar en credibilidad como organización política. Por ejemplo, el modelo 720, un modelo que ha conseguido en su primer año con la declaración de los bienes en el exterior y las acciones la recaudación de 91.000 millones de euros de 136.000 declarantes. Eso es política fiscal adecuada. Esas son soluciones. Ustedes hablan aquí de amnistía fiscal. Las únicas dos amnistías fiscales que ha habido han sido del Partido Socialista en 1984 y 1991, ambas opacas, sin efectos fiscales, salvando el anonimato y en las que el Estado tenía que pagar por ese dinero. Esas han sido las amnistías fiscales que hemos tenido en nuestra democracia. El Partido


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Popular ha hecho una regularización que ha permitido aflorar más de 100.000 millones de euros. Cuando había caído la recaudación y había que pasar a la acción este Gobierno lo hizo, igual que se hizo en Alemania y en Italia en 2009 y en Portugal en 2010, pero siempre con el voto en contra del Partido Socialista. ¿Por qué no hicieron ustedes algo para buscar más recaudación durante su etapa de gobierno? Por ejemplo, cuando llegó la lista Falciani lo que hicieron fue invitar a los contribuyentes que estaban incluidos en ella a presentar una declaración complementaria espontánea, evitando así mayores sanciones. Señorías, ustedes desviaron el problema y ahora quieren una comisión de investigación sobre Panamá. Pues nosotros les decimos que Hacienda investigará hasta el último papel, como es natural y como tiene que ser, quitándonos el populismo del que ustedes quieren impregnar siempre la vida política y haciendo política real para sacar adelante a nuestro país.

Su propuesta carece de credibilidad. Termino enseguida, señor presidente. Me parece coherente escuchar decir al Gobierno que aquí estamos todos sometidos al imperio de la ley, independientemente de quién se trate. Me parece coherente que se diga por parte del Gobierno que la justicia es independiente y que funciona sin injerencias del Ejecutivo. Aparte de obvias, son cosas coherentes, porque son las que hemos visto con este Gobierno en estos cuatro años. Sin embargo, ustedes nos dicen en esta iniciativa que hay que articular un acuerdo para elaborar una lista negra de países con paraísos fiscales. No sé si se refieren a Panamá, pero es que ustedes excluyeron a Panamá de esa lista. Decía Gardel en Volver que veinte años no es nada. Señorías, con Gobiernos socialistas había empresas públicas, como Focoex, que pagaban en paraísos fiscales como Panamá o las Bahamas. Eso ocurría con el Partido Socialista y nosotros decimos que eso no lo queremos para nuestro país. No queremos esas políticas. (Aplausos). Cualquier tiempo pasado no fue mejor y ese no fue mejor. Ustedes piden agravar las penas del delito fiscal, pero esto es precisamente lo que se hizo en la pasada legislatura con el Partido Popular, y ustedes votaron en contra de esta reforma del Código Penal. ¿Es eso coherente, señorías? Les recuerdo que en la reforma de 2015 se ha aprobado que no se suspendan las condenas hasta que el penado no haya reintegrado lo defraudado y ustedes no han estado de acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Señor Rojas, concluya, por favor.

El señor ROJAS GARCÍA: Termino enseguida, señoría.

Es más, allí donde gobiernan no se está recuperando el dinero de los ERE o de la formación. De los ERE se han recuperado 1,2 millones de 855 millones de euros. (Rumores). Señorías, atentos al dato, el 0,1 % de lo defraudado, y el resto prescribiendo. Si esas son las políticas de lucha contra el fraude, no las queremos en el Partido Popular, lo decimos alto y claro. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Concluya ya.

El señor ROJAS GARCÍA: Termino, señor presidente.

Señorías, si vienen con propuestas que sean constructivas, que se alejen de populismos y de electoralismos, que quieran construir país, que quieran mirar hacia el futuro para resolver los muchos problemas que todavía tiene nuestro país, ahí siempre van a tener al Partido Popular. Si vienen con populismos y con demagogia, no nos van a encontrar nunca en ese camino.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rojas.

Señor Saura, entiendo que acepta que se pase a votación la enmienda transaccional que se ha firmado con una serie de grupos. (Asentimiento).

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON OCASIÓN DEL TERREMOTO OCURRIDO EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EL 16 DE ABRIL DE 2016. (Número de expediente 140/000005).

El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar con las votaciones, se va a proceder a dar lectura a una declaración institucional suscrita por todos los grupos de la Cámara.

La secretaria primera de la Mesa dará lectura de ella ahora mismo.


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La señora SECRETARIA (Sánchez-Camacho Pérez): Gracias, señor presidente.

Propuesta de declaración institucional del Congreso de los Diputados ante el terremoto ocurrido en la República del Ecuador el 16 de abril de 2016.

El pasado sábado, 16 de abril, la República del Ecuador sufrió un terremoto de magnitud 7,8 en la escala Richter. La magnitud del seísmo y las gravísimas consecuencias que ha tenido hacen que la República del Ecuador y su pueblo estén afrontando la mayor de las catástrofes de los últimos treinta años.

El Congreso de los Diputados lamenta las terribles consecuencias de este terremoto y traslada sus condolencias y las de todo el pueblo español a los familiares de las víctimas esperando un pronto y completo restablecimiento de los heridos y afectados por esta catástrofe. Igualmente, el Congreso de los Diputados quiere manifestar los profundos sentimientos de solidaridad de la sociedad española con todos los afectados, el pueblo y el Gobierno de la República del Ecuador, así como hacer un llamamiento a todas las autoridades públicas, organismos y organizaciones vinculadas a la ayuda humanitaria y la cooperación, para que faciliten los medios disponibles para convertir la masiva solidaridad expresada por la ciudadanía española en ayuda efectiva a las personas afectadas en el mismo marco de coordinación a través del que ha sido posible el envío a la República del Ecuador de medios materiales y efectivos de la UME y de otros grupos especializados en la respuesta inmediata ante este tipo de catástrofes.

El Congreso de los Diputados envía un afectuoso reconocimiento a la amplia comunidad ecuatoriana radicada en España, así como sus deseos de que este trágico evento haya afectado lo menos posible a sus familias y bienes en Ecuador.

Congreso de los Diputados, a 19 de abril de 2016. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE TASAS JUDICIALES, ESTABLECIDO POR LA LEY 10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE, PARA LA EXENCIÓN DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS QUE HAYAN OPTADO POR EL RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL DE LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO, Y LOS SUJETOS PASIVOS QUE TENGAN LA CONSIDERACIÓN DE ENTIDADES DE REDUCIDA DIMENSIÓN DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. (Número de expediente 122/000011).

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a las votaciones.

En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de modificación del régimen de tasas judiciales.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 322; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de esta proposición de ley. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JULIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA AMPLIAR EL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO A LOS MAYORES DE 16 AÑOS (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000012).

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de dieciséis años.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 174; en contra, 144; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de esta proposición de ley. (Aplausos).

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CONSECUCIÓN DE UN PACTO NACIONAL EN MATERIA EDUCATIVA. (Número de expediente 162/000067).

El señor PRESIDENTE: A continuación, procedemos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de un pacto nacional en materia educativa y se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto del señor Martínez Oblanca.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 107; en contra, 179; abstenciones, 38.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA REFORMA FISCAL Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL. (Número de expediente 162/000007).

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, y se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Mixto, señor Garzón y señora Oramas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 208; en contra, 105; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición de ley. (Aplausos).

Pasamos al punto III del orden del día, y habiéndose recibido comunicación del criterio del Gobierno de que la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en relación con las preguntas con respuesta oral incluidas en el orden del día de la presente sesión plenaria, la Junta de Portavoces, en su reunión del día de hoy, ha acordado que para el caso de que se produjera la ausencia efectiva, que ahora constatamos, de los miembros del Gobierno para la contestación de las citadas preguntas, estas se entenderían decaídas del orden del día y se abriría un turno de los grupos parlamentarios de tres minutos exactos -no habrá generosidad, en esta ocasión, en el tiempo- para que los grupos parlamentarios fijen su posición al respecto. Conforme a lo acordado, procederemos a sustanciar dicho turno desde el escaño y de menor a mayor, tal y como también hemos acordado esta mañana en la Junta de Portavoces. Iniciamos este turno con el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

En primer lugar, querría referirme a una cuestión previa y es constatar que en las cuatro votaciones que acabamos de realizar se ha visto una mayoría que podía seguir en la próxima legislatura. Se ha visto claramente. (Aplausos).

En segundo lugar, hablo en nombre de las siete formaciones que conformamos el Grupo Parlamentario Mixto y que siempre tenemos tan poquito tiempo para poder hacer valer nuestras decisiones. Los votantes, los ciudadanos lo único que nos piden es que trabajemos, que nos ganemos el jornal. Ustedes, el Gobierno ausente, tomando decisiones, que toman, y nosotros preguntando. Ustedes deberían dar la cara por las decisiones que toman y nosotros preguntarles por estas decisiones.


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Nos hemos repasado las veintitantas preguntas que había para hoy. Quiero hacer un par de consideraciones. Por ejemplo, el Gobierno aceptó que vinieran 14.931 refugiados. El Gobierno en funciones solo ha traído 18, y no podemos preguntarle al Gobierno en funciones por qué solo ha traído 18. El Gobierno, el ministro Montoro, envió cartas a las comunidades autónomas, responsabilizó a las comunidades autónomas del déficit. Les ha impelido a que congelen el gasto, y no podemos preguntarle al señor Montoro por eso. El Gobierno decretó amnistía fiscal. Han aparecido papeles de Panamá y todos los días aparecen nuevos nombres que, incluso, han afectado al ministro Soria. Y nosotros no podemos preguntar al Gobierno en funciones sobre ese ministro y sobre si hay alguna relación entre unas amnistías fiscales y los papeles de Panamá. Por último, el Gobierno recurrió las leyes de derecho a la vivienda de Canarias, de Navarra, de Andalucía. Y nosotros no podemos preguntar al Gobierno en funciones si va a recurrir la ley de emergencia habitacional de Cataluña o la ley de la función social valenciana. Entendemos que son preguntas razonables y entendemos que este Gobierno no tenía que ser el Gobierno Wally, el Gobierno que se esconde de los ciudadanos.

Moltes gràcies, senyor president. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Hubiera estado bien, señor presidente, que pudiéramos ver el tiempo que nos queda, tal y como se suele hacer en las preguntas, porque, si no, desde el escaño va a ser bastante complicado.

Es bastante decepcionante, pero bastante cansado ya, el llamar la atención del Gobierno sobre su escape, sobre ese intentar huir del control de este Parlamento, incluso de oír las opiniones de este Parlamento para lo que tiene que hacer en lo que le corresponde estrictamente, que es seguir gobernando, porque por eso se llama Gobierno, aunque sea en funciones. Sin embargo, lo hemos intentado por activa y por pasiva, lo hemos señalado una y otra vez, y aquí, a diferencia de lo que pensaban algunos portavoces, ni siquiera han venido los ministros a votar, porque no querían salir en la foto, escapándose antes de que comenzara el control. Ni siquiera han venido a votar. Esto me recuerda otras actitudes de tiempos relativamente recientes, bloqueos de órganos de instituciones importantes del Estado como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional simplemente porque no convenía al color que lo bloqueaba, que, casualmente, coincide con el del Gobierno en funciones en estos momentos.

Se habla mucho de España, se habla mucho de la Constitución, se habla mucho de las instituciones, pero yo creo que todo esto queda en grandes palabras, y a la hora de actuar los grandes partidos actúan jugando a la pequeña, a lo que les conviene electoralmente o lo que creen ellos que les conviene electoralmente. Claro que podemos presentar proposiciones no de ley y comentarle al Gobierno lo que piensa esta Cámara, porque siguen pasando cosas. Esta es una noticia de esta tarde: La planta de Arcelor Mittal de Zumárraga cesa por completo su actividad. Aquí tengo que decir que la Mesa se ha puesto exquisita y tampoco ha aceptado que podamos preguntar al Gobierno sobre esto cuando unánimemente esta Cámara había requerido al Gobierno para que tuviese en cuenta esta situación, para que actuara en Europa y para que actuara también tomando medidas aquí. Queríamos saber qué es lo que ha hecho durante esta semana, pero es imposible saberlo. ¿Esto está dentro de las funciones del Gobierno? ¿Ya está haciendo algo el Gobierno o no está haciendo nada de nada? Y que esto no se pueda comentar en una sesión de control en el Congreso de los Diputados es culpa del Gobierno, pero también, desgraciadamente, de esta institución. ¿O qué es lo que ocurre con un Gobierno que, aunque está en funciones, recurre una y otra vez, a pasos acelerados, a un ritmo que no se había conocido hasta el momento, todas las leyes del Parlamento vasco? Pues tampoco vamos a poder saberlo. Pero con esta escapada, este ni siquiera venir a votar, desde luego ha quedado reflejada cuál es la actitud política de este Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra el señor Homs.

El señor HOMS MOLIST: Gracias, señor presidente.

Les voy a confesar algo que además vamos a compartir todos los portavoces: este es un turno de aquellos que puede ser muchas cosas, pero seguro que no es cómodo para nadie porque la falta de


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presencia de un Gobierno, aunque esté en funciones, en una Cámara a la cual se debe sin lugar a dudas no es una expresión de buena calidad democrática. Esto sin lugar a dudas. Y organizar un turno, como acordamos -yo soy corresponsable, no lo critico en este sentido-, para el lamento general tampoco es muy edificante. Digo esto porque los señores del PP y del Gobierno del PP van a tener claro con estas intervenciones que no nos vamos a cansar; no nos vamos a cansar de denunciar aquellas cosas que no nos gustan, aunque incluso a nosotros nos incomoda.

Pero lo que para mí resulta relevante por estar donde estamos en cuanto a calendario, lo que de verdad lamento, es la incapacidad política de ustedes, señores del Partido Socialista Obrero Español, y de ustedes, señores de Podemos, porque con su incapacidad política -y lo digo de corazón- estos señores del Partido Popular van a estar aquí -parece ser- unos cuantos meses más. Y no vale el lamento porque ustedes tienen a su alcance la posibilidad real de que estas cosas cambien. Cuando uno intenta -y es legítimo que se intentara- una investidura y saca 131 votos a favor y 219 en contra, es de pura lógica tener que cambiar el enfoque inevitablemente. En eso es donde vale la pena poner hoy el enfoque porque, si no, vamos a acumular todos lamentos. No nos vamos a cansar, señores del Partido Popular, esto ténganlo por seguro, pero ¿saben qué pasa, señores del Partido Socialista Obrero Español y de Podemos? Ellos de momento van a salir ganando y eso es, seguro, lo que no queremos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Bon vespre.

Nosotros vamos a mostrar nuestra indignación, pero también vamos a seguir trabajando y, por lo tanto, también vamos a preguntar a la señora ministra, la señora Pastor, esté donde esté, lo que veníamos a decirle mañana por la mañana.

Mostramos de entrada nuestra absoluta indignación por el desprecio que el Gobierno español no compareciendo siente por este Parlamento; también por el desprecio que siente hacia la ciudadanía que representa aún a día de hoy, y en este caso -de eso iba nuestra pregunta- por la ciudadanía que en Cataluña diariamente sufre las consecuencias de una nefasta gestión de Renfe y de la cual este Gobierno es responsable activa y pasivamente; pasivamente por no invertir en los trenes de cercanías y regionales, y activamente por detraer estas inversiones para financiar trenes AVE vacíos, porque los trenes AVE, señor Rajoy, esté donde esté, como los cerebros, no es lo mismo que estén vacíos o que estén llenos. Porque mientras los AVE están vacíos, los de cercanías catalanes están llenos y llegan con retraso. Porque mientras Cataluña tiene el peor servicio de Renfe de todo el Estado español, según afirma el propio presidente de Renfe, ustedes han generado más de 24.000 millones de euros de deuda en trenes AVE que van de Madrid a todos los puntos cardinales. Aun así no han sido capaces de invertir ni tan siquiera el 10 % de los 4.000 millones de euros que el Gobierno del Estado español aprobó en 2010 para el Plan de cercanías de Cataluña. Podríamos poner muchísimos ejemplos. La R 11 y la GR 1 -que por si la ministra ausente lo desconoce son la espina dorsal del tren convencional, el tren social, el tren de la mayoría de la población, el tren de la gente, el tren de las personas normales de las comarcas gironinas y de gran parte de la población de Barcelona- están hechas un desastre. Los andenes están en malas condiciones, no se da ningún tipo de mantenimiento ni de información en las estaciones, en la mayoría de ellas no hay ni tan siquiera personal, no hay coordinación horaria. La R 3, la vía Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà, una línea internacional, tiene múltiples problemas de accesibilidad en las estaciones, especialmente para las personas con movilidad reducida. A todo esto se suman las consecuencias puntuales de la falta de inversión, como el incendio que se produjo en el subsuelo de Barcelona hace pocos días. La culpa de todo esto es única y exclusivamente del Gobierno español, de los ministros que hoy se ausentan, del presidente en funciones que tampoco da la cara ni está en este hemiciclo, de ellos es la culpa, de este Gobierno que ha demostrado tanto desprecio por los trenes de cercanías de Cataluña como hoy por las diputadas y los diputados que pretendíamos únicamente controlarlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Jordà.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Rivera.


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El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, presidente.

A cualquier ciudadano que nos esté viendo y que seguramente ha llegado a casa de trabajar -si es que tiene trabajo- ni se le ocurriría pensar en no acudir a su puesto de trabajo y hoy el Gobierno no ha acudido a su puesto de trabajo, que son las Cortes generales, el Congreso de los Diputados. (Rumores). Ningún ciudadano... Les pido silencio porque encima de que no viene el Gobierno solo falta que no nos dejen hablar a los que hemos venido. (Aplausos). No se pongan nerviosos que su Gobierno no está. Lo segundo que quería manifestar a los ciudadanos españoles es que la etapa de bloqueo, la etapa del no, la etapa de no aparecer por la Cámara, la etapa de no dar cuentas, la etapa de la decadencia política se acaba, se va a acabar más pronto que tarde. Esto que estamos viendo de que el Gobierno no rinda cuentas, que no se gane el sueldo, que no dé la cara -menudo papelón- se va acabar. Estoy convencido de que España se va a levantar de esta etapa de decadencia. España y los españoles se merecen un Gobierno que simplemente se gane el sueldo, un Gobierno que simplemente conteste a los diputados que tenemos que cumplir con nuestra función. Estoy convencido de que estamos ante un fin de etapa y no se me ocurriría mejor foto para este fin de etapa que la ausencia del señor Rajoy y todo su gobierno para no dar la cara hoy aquí, en esta Cámara.

Por otro lado, quería hacer referencia a la etapa que vamos a vivir, porque España se va a levantar de esta. Vamos a tener un nuevo Gobierno, no sabemos quién será el presidente ni quiénes formarán parte del Gobierno, no sabemos todavía cuál será la mayoría pero habrá un Gobierno de España. Habrá un nuevo Gobierno de España con gente que respete a los españoles, habrá un nuevo presidente de España -sea quien sea- que dé la cara ante los españoles. Habrá una nueva etapa política en la que el diálogo y la discrepancia legítima en esta Cámara con los que no pensamos igual sea fruto de la normalidad. Por tanto, estoy convencido de que este es el final de una etapa que más pronto que tarde se acabara. Si ustedes siguen bloqueando la legislatura tendremos que repetir las elecciones; si ustedes permiten que la legislatura avance aunque no esté su Gobierno, podremos poner en marcha todas estas reformas. (Rumores).

Para acabar, también quiero referirme, lógicamente, a esa etapa. Estoy convencido de que es imposible que España avance si no tenemos un Gobierno que dé la cara ante los españoles. Señoras y señores diputados del Partido Popular, no es una elección a disposición del Partido Popular dar la cara ante el Congreso, es una obligación constitucional. Aquí hoy los diputados que estamos cumpliendo, ustedes también, tienen que aguantar, estoy convencido, cosas que no les gustan. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor RIVERA DÍAZ: Ya voy acabando, que no está el presidente Rajoy pero otros sí que hemos venido. Estoy convencido de que a ustedes no les gusta aguantar esto, el papelón que tienen que aguantar ustedes sin su Gobierno aquí. Se tienen que ganar un puesto en la lista, pero es incómodo no dar la cara. Por tanto, les pido... (Rumores).

No se pongan nerviosos, que ya acabo. (Un señor diputado: Ya queda poquito).

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor RIVERA DÍAZ: Ya queda poquito y también queda poquito para otra cosa, así que tendremos un nuevo Gobierno de España y habrá un presidente y ministros que vengan a dar la cara ante todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rivera.

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Iglesias, en este caso por dos minutos y medio. El reloj no marcará ese tiempo seguramente porque no puede, pero serán dos minutos y medio. (Rumores).

Silencio, por favor.

El señor IGLESIAS TURRIÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Antes, cuando hablábamos del voto a los dieciséis años, algunos diputados han evocado tiempos de vino y rosas de su juventud. Yo me he acordado de cuando íbamos al instituto y a veces faltábamos a clase. En Madrid, a eso le llamamos hacer pellas. No está bien que chavales de instituto hagan pellas, pero eso tiene un pase. Lo que no tiene un pase es que el Gobierno de este país esté haciendo pellas,


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que el señor Mariano Rajoy esté haciendo pellas. La Constitución dice una cosa muy sencilla en su artículo 66: Las Cortes Generales representan al pueblo; las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno. Nosotros queremos hacer que esta Constitución sea mejor, pero la respetamos mucho porque sabemos que los poderosos no necesitan de las leyes y de las constituciones porque tienen mucho dinero; a veces incluso tienen su dinero en Panamá, no solamente los del Partido Popular. Pero la gente normal únicamente tiene las leyes y las constituciones, y lo que les pido a ustedes, a los señores del Gobierno que están haciendo pellas, es que dejen de hacer pellas y simplemente respeten la Constitución y las leyes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iglesias.

Tiene la palabra la señora Martín.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Muchas gracias.

Voy a ser muy clara. Hay que tener muy poca vergüenza para negarse a rendir cuentas ante esta Cámara con el argumento de que el Gobierno está en funciones cuando este mismo Gobierno está estudiando poner un recurso al Tribunal Constitucional para suspender la Ley 24/2015, contra la emergencia habitacional y la pobreza energética, una ley surgida de una ILP y aprobada por mayoría en el Parlament de Catalunya. Este Gobierno, que no está aquí, se dedica a estudiar cómo suspender leyes que resuelven el problema de los desahucios y los cortes de suministros, y encima sin querer dar explicaciones. Nos queda muy claro para quien gobiernan, incluso estando en funciones. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hernando.

El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, ¿por qué el Gobierno en funciones no quiere venir a dar explicaciones al Congreso de los Diputados y a ser controlado democráticamente por el mismo? Esa es la pregunta que le hubiésemos hecho hoy al presidente del Gobierno, pero mi grupo, por respeto institucional a esta Cámara, ha sido de los que ha defendido que no se hiciesen veinticinco preguntas a los escaños vacíos de los miembros del Gobierno. Es el respeto institucional que el Gobierno no ha tenido a esta Cámara y a la ciudadanía no viniendo a esta sesión de control y el respeto institucional que no ha tenido a ciudadanos y a trabajadores que se levantan todas las mañanas, que van a trabajar y que muchas veces reciben un salario injusto por ese trabajo; sin embargo, hoy los miembros del Gobierno van a cobrar por no trabajar.

El presidente del Gobierno y sus ministros defienden que no tienen que venir a dar explicaciones por los papeles de Panamá cuando los papeles de Panamá se han llevado por delante al ministro de Industria, no sabemos si por mentir masivamente o por tener sociedades en paraísos fiscales. El presidente del Gobierno y sus ministros defienden que no tienen que venir a dar la cara por la desviación del déficit y prefieren mandar al ministro Montoro a amenazar a las comunidades autónomas y más recortes sociales y más recortes de derechos. Defienden que no tienen que venir a dar explicaciones por acoger a dieciocho refugiados, ¡un escándalo humanitario frente a los cientos de miles que hay! ¿Qué tiene que pasar en este país para que el señor Rajoy venga aquí a dar la cara y a dar explicaciones? La imagen vacía del banco azul es triste, pero es coherente con la de un presidente del Gobierno que se ha pasado la vida huyendo. Últimamente ha huido dos veces de la candidatura a la investidura y hoy ha huido de sus fantasmas, de los fantasmas del presente y de los fantasmas del pasado, de los fantasmas que se llaman Soria, que se llaman Barberá, que se llaman González, que se llaman Rato e incluso Fabra que, por cierto, ha pasado al tercer grado. La ausencia hoy del presidente del Gobierno es un epitafio político a la carrera de una persona que se ha pasado la vida sin querer dar la cara en las instituciones y en el Congreso de los Diputados. Que ha mandado a sus subordinados a los debates electorales. Que ha comparecido a través del plasma. Un presidente del Gobierno que se ha ido del Congreso de los Diputados por la puerta de atrás ¡y del Senado por el garaje! (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).

Señorías, se nos va a decir por parte del Grupo Parlamentario Popular que ninguno de nosotros tiene razón, que somos injustos, que somos incoherentes y que nuestras reivindicaciones no son legítimas, pero yo les digo: este va a ser el último Gobierno en funciones de la historia de la democracia española que no venga a dar la cara a este Congreso de los Diputados. Esto no se va a volver a repetir. (Rumores). Elijamos entre todos un Gobierno y un presidente que respeten las instituciones, que respeten la


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democracia; un presidente y un Gobierno que sean decentes y que vengan aquí a dar la cara y no a huir, como ha hecho el señor Rajoy. (Protestas).

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.

El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Señorías, siento decepcionarles porque no creo que sorprenda a nadie si anuncio que mi grupo no comparte la posición de quienes ahora sostienen que se puede y se debe someter a control político a un Gobierno en funciones. Y digo "ahora" porque algunos que esta tarde defienden esa posición de forma tan firme y vehemente, hace apenas unos meses sostenían justamente lo contrario en el Parlamento de Cataluña y en el de Andalucía. (Aplausos). En este último caso, además, avalado por un informe jurídico que decía que carecía de sentido someter a control político a un Gobierno en funciones que se limitaba a la gestión ordinaria de los asuntos públicos. Y esa insólita posición sobrevenida que les ha entrado -porque en febrero aquí nadie lo exigía- puede ser calificada de muchas maneras menos de coherente, señor Hernando.

Y no me digan que es inédito que un Gobierno en funciones se niegue a comparecer porque lo inédito y lo sospechoso a la vez es que por primera vez en democracia se pretenda obligar a un Gobierno en funciones a someterse a un control general ante esta Cámara más allá de lo permitido por la ley. Eso no se había producido en esta Cámara nunca, señorías. Nunca un presidente del Gobierno ni un ministro socialista en funciones ha acudido a esta Cámara ni a comparecer (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben), ni a responder a una sola pregunta de la oposición, señor Hernando. Y nosotros, en esta legislatura, sí ha comparecido el Gobierno. Por cierto, no me digan que con ustedes no hubo tiempo porque sí lo hubo, y le recuerdo que el último Gobierno de Felipe González estuvo en funciones dos meses y tampoco hubo ningún control. (Rumores). Así que digan lo que quieran, pero la realidad es que no hay ni precedentes jurídicos ni parlamentarios que sostengan su posición. Y como no los hay, tampoco nos han dado ni un argumento nuevo y lo único que han hecho es una retahíla de descalificaciones al Gobierno que lo único que ponen de manifiesto es que su verdadera intención no es controlar política y constitucionalmente al Gobierno, sino desgastar políticamente al Partido Popular. Usted mismo lo dijo esta mañana en la Junta de Portavoces: pretendemos un efecto político. ¡Pues ya lo tienen! Para eso todos ustedes se han puesto de acuerdo; para dialogar con el Partido Popular e intentar formar Gobierno no, para eso no y encima nos quieren echar la culpa de ello. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!). Y yo les pregunto: ¿dónde está escrito que los españoles quisieron excluir al Partido Popular del diálogo si nos dieron a todos un mandato de pacto? ¿Dónde está escrito que los españoles quisieron que gobernara el Partido Socialista si le dieron el peor resultado de su historia? (Aplausos.-Protestas). ¿Dónde está escrito que los españoles dieron un mandato de cambio si nos dieron la victoria al Partido Popular? Pues no está escrito en ningún sitio, así que dejen de tergiversar el mandato de las urnas.

Y por último, señor presidente, un poco de coherencia. Nosotros vamos a mantener esta tarde, a diferencia de ustedes, la misma posición que hemos mantenido en otros Parlamentos y en otras legislaturas. ¿Sabe usted por qué? Mire usted a esa bancada: un partido cohesionado y no cuestionado. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.

Eran las nueve y veinte minutos de la noche.

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