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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 66, de 29/04/2016
cve: DSCD-11-CO-66
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 66
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ
Sesión núm. 4
celebrada el viernes,
29 de abril de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (Lesmes Serrano), para la presentación de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del CGPJ y de los juzgados y tribunales de Justicia, así como memoria del Tribunal Supremo, correspondientes al año 2014. (Número de expediente 245/000001). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (número de expediente 212/000025) y Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/000048) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.

El señor PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (López Álvarez): Señorías, buenos días a todos y a todas.

La tradición y el respeto a la institución del Consejo General del Poder Judicial hacen que sea la Presidencia del Congreso de los diputados y diputadas la que dé la bienvenida en la Comisión de Justicia a su presidente y sitúe la razón y el contenido de su comparecencia. Así que, en primer lugar, sea bienvenido, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, bienvenida que hago extensiva a todos los miembros del consejo asimismo presentes en esta sesión.

Declaro abierta la sesión de la Comisión de Justicia convocada para la celebración de la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial a fin de presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades de ese consejo y de los juzgados y tribunales, así como la memoria del Tribunal Supremo correspondiente al año 2014. De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Presidencia de 4 de abril de 1984, corresponde intervenir, en primer lugar, y sin límite de tiempo, al presidente del Consejo General del Poder Judicial para la presentación de la memoria. A continuación, se concederá un turno de intervenciones a los grupos parlamentarios para formular preguntas o hacer observaciones, según lo que han acordado ellos mismos, por un tiempo máximo de diez minutos. El orden de intervención será de menor a mayor comenzando por el Grupo Mixto y, sucesivamente, el Grupo Vasco, el Grupo Catalán, Esquerra Republicana, Ciudadanos, Podemos-En Comú Podem-En Marea, Socialista y Popular. Posteriormente, se producirá una nueva intervención del presidente del Consejo General del Poder Judicial para contestar a los portavoces de los grupos parlamentarios y estos podrán intervenir en un turno de réplica, si así lo desean, por un tiempo máximo también acordado de cinco minutos.

Señor presidente, este es el formato de su comparecencia. Le reitero la bienvenida y el respeto a la institución que usted preside, porque además es el respeto de la Cámara a la separación de poderes, que es base fundamental de nuestro sistema democrático.

Este era mi papel, así que, concluida mi presentación, me permitirán que sea el presidente de la Comisión de Justicia el que a partir de este momento lleve la dirección de los debates. De nuevo, bienvenido y bienvenidos todos y todas. Señor presidente, tiene la palabra y el sitio para proceder al desarrollo de esta Comisión de Justicia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Bienvenidos también a todos los miembros del consejo y otro personal de la institución que nos acompañan. Bienvenido, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, a esta que es su comisión, la Comisión de Justicia.

Damos comienzo a la sesión con la intervención del presidente del Consejo General del Poder Judicial para presentar la memoria que se formuló.

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL SUPREMO (Lesmes Serrano): Muchas gracias, señor presidente.

Quiero comenzar mi intervención saludando a todos los miembros de la Mesa y a todos los integrantes de esta Comisión de Justicia, pues es la primera vez que tengo la oportunidad de comparecer ante sus señorías. Como saben, en la anterior legislatura comparecí en dos ocasiones ante este órgano, pero, conformadas las nuevas Cámaras tras las elecciones del pasado día 20 de diciembre de 2015, esta es la primera vez que puedo compartir mis reflexiones con los nuevos integrantes de esta Comisión. Es verdad que esta comparecencia se celebra en un momento ciertamente peculiar con las Cortes a punto de ser disueltas y a las puertas de unas nuevas elecciones generales. Sin embargo, esta circunstancia no impide que como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial manifieste y reitere ante sus señorías la importancia que creo que reviste que el máximo representante del Poder Judicial comparezca ante la ciudadanía a través de sus representantes y en la casa de todos los españoles, con independencia de los avatares de la política. Por tanto, comienzo saludándoles y poniéndome a su disposición para mantener un diálogo constructivo y un provechoso intercambio de ideas que contribuya a realizar un análisis adecuado de la situación actual de nuestra justicia con la mirada siempre puesta en su mejora y en el beneficio de todos los ciudadanos. Estoy convencido de que todos compartimos este objetivo común. Saludo también a los vocales del Consejo General del Poder Judicial que hoy nos


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acompañan en esta sesión, a los profesionales de los medios de comunicación y al resto de los asistentes. Mi presencia hoy aquí es una manifestación de respeto al Parlamento como órgano que representa al pueblo español, de normalidad en el funcionamiento de las instituciones desde la lealtad institucional y como ejemplo de la colaboración entre los poderes del Estado, aspecto que quiero subrayar muy especialmente.

El Consejo General del Poder Judicial pretende en este acto colaborar con el Poder Legislativo en el ejercicio de sus funciones parlamentarias en una materia como la justicia en la que este órgano constitucional pretende transmitir aquellas circunstancias o situaciones que en su condición de órgano garante de la independencia del Poder Judicial puedan contribuir a la mejora de la Administración de Justicia y a la mejora del derecho de los ciudadanos a la tutela efectiva de los jueces y tribunales. La presentación de la memoria anual es, pues, el acto de rendición de cuentas periódicas del Consejo General del Poder Judicial al órgano de representación de la soberanía al objeto de explicar cómo se ha desempeñado la Administración de Justicia, qué dificultades y obstáculos ha encontrado para su efectiva realización, qué problemas existen y qué soluciones pueden arbitrarse para que las Cortes Generales, que son las titulares del Poder Legislativo, decidan. Con mi presencia hoy en esta Comisión de Justicia pretendo cumplir también con el deber de comparecencia del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial establecido en la ley para rendir cuentas ante los representantes de los ciudadanos de la memoria que recoge el quehacer del órgano de gobierno de los jueces, así como para exponer una panorámica de la justicia de España al finalizar el ejercicio correspondiente, que en el caso que nos ocupa formalmente correspondería al año 2014. Sin embargo -así lo manifesté en mis dos anteriores comparecencia-, para que este espacio de diálogo que representan las Cámaras alcance toda su eficacia y utilidad, voy a referirme en mi exposición a los datos más actualizados de los que disponemos en estos momentos, que además ya han sido previamente enviados a sus señorías. Es un compromiso que asumí en su momento y que querría mantener con su beneplácito. Aunque la última memoria anual que ha sido oficialmente presentada es la del año 2015, pero con datos referidos al ejercicio 2014, en esta comparecencia, y siempre que me resulte posible, voy a facilitar información con datos cerrados a diciembre de 2015. Considero que serán mucho más útiles para todos que las valoraciones que podamos hacer de la situación de nuestra justicia estén basadas en datos actualizados.

Comenzaré dando cuenta de los datos y parámetros más significativos a la finalización del año 2015, que nos pueden dar una idea acerca de las necesidades de la justicia y del Poder Judicial y sobre las condiciones en que desempeñan su función los jueces y magistrados. En segundo lugar, querría informarles sobre lo que podríamos denominar políticas activas del Consejo General del Poder Judicial y sobre los aspectos más relevantes de nuestra gestión en este último año para finalizar reflexionando sobre posibles reformas o líneas de actuación a futuro, en las que sin lugar a dudas será absolutamente enriquecedor intercambiar opiniones con sus señorías.

Así, para disponer de una panorámica de la situación general de la justicia española, cabe destacar como datos más significativos al finalizar el año 2015 los siguientes. Contamos con 5.366 jueces y magistrados en activo, de los cuales 747 tienen la categoría de juez y 4.619 la categoría de magistrado. La edad media de nuestros jueces es de 48,5 años y su antigüedad media en la carrera judicial es de 17,4 años. El porcentaje de mujeres sigue aumentando. De los 5.366 miembros de la carrera judicial, 2.812 son mujeres y 2.554 hombres, lo que significa que las primeras representan el 52,4% del total, 4 décimas más que hace un año. Por otro lado, cuanto más jóvenes son los jueces más amplia es la mayoría de mujeres entre ellos. En porcentaje, las diferencias más grandes a favor de uno u otro sexo se dan en las franjas de edad más baja y más alta. Así, las mujeres representan el 68,6% de los jueces de entre veinte y treinta años y los hombres el 79,1% de los que tienen sesenta y uno o más años, algo que sin duda todavía está influyendo en el acceso de las mujeres a los cargos judiciales de mayor responsabilidad. Todos estos jueces y magistrados prestan servicio en un total de 3.964 órganos judiciales, de los que 3.656 son órganos unipersonales y 308 órganos colegiados. El número de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales españoles en 2015 fue de 8.376.311, lo que supone una disminución del 3,2% respecto del año anterior. Se resolvieron en total 8.555.341 asuntos, y a final de año quedaban en trámite 2.411.905, lo que representa una reducción del 5,9% respecto a los que estaban en esa situación al inicio de año. Hay que destacar que se trata de la cifra más baja desde el año 2007.

Conviene, no obstante, hacer una precisión respecto de este dato global del número de asuntos ingresados, pues este parámetro tendrá que ser revisado en las próximas estadísticas que se presenten como consecuencia de las últimas reformas introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativas a


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la gestión de los atestados policiales sin autor conocido. Dado que estos atestados ya no son remitidos automáticamente y en todos los casos a la autoridad judicial, y teniendo en cuenta el volumen que representan este tipo de expedientes a la hora de contabilizar el número de asuntos ingresados en cada órgano judicial, cabe prever un descenso de este dato, probablemente muy acusado, en los próximos informes estadísticos que se elaboren, algo que creo conveniente ir advirtiendo ya. No podemos aventurar aún una cifra concreta, pero las estimaciones nos indican que los atestados policiales sin autor conocido representan en torno al 30% o 40% de la entrada de asuntos en los juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción y en torno al 20% o 23% del volumen total de asuntos ingresados en todas las jurisdicciones. Por tanto, podríamos estar hablando en el futuro de un descenso cercano a los 2 millones de asuntos en el parámetro global de asuntos ingresados en el año.

En cualquier caso, con los datos que se han venido manejando para elaborar la estadística de 2015, por jurisdicciones hemos constatado que han bajado los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones, salvo en la civil. La jurisdicción civil es la única que presenta un aumento en el número de asuntos ingresados respecto del año 2014. Así, los 1.972.116 asuntos que tuvieron entrada en 2015 representan un 6,9% de incremento interanual en esta jurisdicción. En 2015, los órganos judiciales resolvieron 1.908.900 asuntos civiles y 1.065.480 quedaron en trámite a final de año, un 5,6% más que al inicio del período. En la jurisdicción penal ingresaron 5.805.619 asuntos, el 69,3% del total de asuntos ingresados en todas las jurisdicciones. La disminución en la entrada de asuntos respecto del año 2014 fue del 6%. El número de asuntos penales resueltos fue de 5.997.051, y la cifra de asuntos pendientes al final del año es de 826.743, lo que representa una disminución del 15,2%. Será en esta jurisdicción, como he señalado, donde se produzcan próximamente correcciones importantes en la estadística de asuntos ingresados. Mientras tanto, en la jurisdicción contencioso-administrativa ingresaron en 2015 un total de 198.720 nuevos asuntos, un 3,9% menos que en el año anterior, la cifra de asuntos contenciosos resueltos fue de 230.040 y la de asuntos en trámite al final del período de 207.146, lo que supone una disminución del 10,6%. Por último, los 399.592 asuntos ingresados en la jurisdicción social fueron un 6,6% menos de los que tuvieron entrada en 2014. Los órganos de esta jurisdicción resolvieron el año pasado un total de 419.055 asuntos y a finales de 2015 quedaban en trámite 312.460, un 9,8% menos que al inicio del período.

En cuanto a la evolución de las tasas, la tasa de litigiosidad global, es decir, el volumen de asuntos ingresados por cada mil habitantes, se ha situado en 2015 en 179,7, y esta cifra supone una disminución del 2,9% respecto del año 2014. Por órdenes jurisdiccionales, esta tasa de litigiosidad también ha descendido en todos los casos, salvo en la jurisdicción civil en donde se ha incrementado en un 7,2%. En el orden penal ha bajado en un 5,7% respecto de 2014, en el orden contencioso-administrativo en un 3,4% y en el orden social el descenso se sitúa en el 6,3%. Por lo que respecta a la tasa de resolución, es decir, el cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados en el año, se ha situado en 2015 en términos globales para todas las jurisdicciones en un 1,02, lo que supone que se ha incrementado en el último año de una manera muy leve, un 0,6% más que en 2014. Este aumento se produce, en mayor o menor medida, en todas las jurisdicciones, especialmente en la social, con un incremento del 9%, salvo en la jurisdicción civil donde la tasa de resolución ha descendido en un 3,9%. La tasa de pendencia de nuestros órganos judiciales, tasa que representa el cociente entre los asuntos pendientes al final del año y los resueltos en ese período, ha sido en 2015 del 0,28% en términos globales, lo que representa un descenso del 3,3% respecto del año 2014. De nuevo se aprecia que los órdenes jurisdiccionales penal, contencioso-administrativo y social experimentan una evolución acorde con los datos globales. La pendencia en el orden penal ha bajado un 11,2%, la del orden contencioso-administrativo ha bajado en un 9,1% y la del orden social en un 11,3%, mientras que la jurisdicción civil sufre la tendencia contraria, la tasa de pendencia se ha incrementado en un 2,8%. En cuanto a la tasa de congestión, que es la suma de los asuntos pendientes al inicio del año más los registrados en el año dividido entre los asuntos resueltos en dicho año, la evolución es similar. Se ha situado en 2015 en un 1,28%, lo que indica un descenso a nivel global del 0,9%, y desciende también en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo en el civil en el que ha aumentado en un 1%.

Por último, si nos fijamos en los tiempos de respuesta o duraciones medias de los procedimientos, la evolución global es bastante positiva. En 2015, la duración media de un procedimiento en primera instancia se situó en 3,4 meses, lo que supone una reducción del 7,5% respecto del año 2014. En la segunda instancia, con una duración media de 4,2 meses, el descenso es aún más acusado, situándose en el 8,7% menos que la duración media constatada en el año 2014. Esta reducción en los tiempos de respuesta se ha producido en todos los órdenes jurisdiccionales, sin excepción, y en las dos instancias de todos ellos,


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oscilando entre una reducción máxima del 14,7% en la primera instancia social y una reducción mínima del 4,9% en la primera instancia penal. Se ha constatado, sin embargo, que en el Tribunal Supremo ha aumentado en 2015 la duración media estimada de los procedimientos pues se ha situado en una duración media de 11,8 meses, un 6,3% más que la duración media de 11,1 meses experimentada en 2014. Ello se ha debido, sobre todo, al aumento de los tiempos de respuesta que se ha producido en la Sala de lo Civil y de lo Social del alto tribunal motivado por el incremento en la entrada de asuntos en estas dos salas, pues en las salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo, se han producido descensos del 0,7% y del 6,1%, respectivamente.

Todos estos datos que les he facilitado y otros parámetros que también se manejan en la estadística judicial pueden ser objeto de múltiples desgloses y desarrollos, tanto a nivel de estructura de la organización judicial como a nivel territorial. Sin embargo, con lo hasta aquí expuesto creo que podemos disponer de una radiografía, y si hubiera que extraer una conclusión muy general sobre cuál ha sido en términos globales la evolución de la situación de nuestra justicia en el último año, creo que podríamos ser moderadamente optimistas. Aunque los porcentajes de aumento o disminución no son en general excesivamente acusados, sí es cierto que se mantiene la tendencia positiva que ya pude trasladar en mi anterior comparecencia, pues en 2015 se han resuelto más asuntos que en 2014, ha finalizado el año con menos asuntos pendientes de los que había al terminar 2014, nuestros órganos judiciales están un poco menos congestionados y, con la excepción señalada del Tribunal Supremo, han mejorado con carácter general los tiempos de respuesta. Todo ello -hay que decirlo- sin que prácticamente se haya incrementado la planta judicial desde el año 2011.

Esta tendencia positiva, que esperamos que se pueda seguir consolidando, es precisamente lo que nos obliga a hacer más. Que se esté produciendo una mejoría ligera en las principales tasas de medición a nivel global no nos puede hacer olvidar que hay situaciones difícilmente sostenibles en muchos de nuestros juzgados y tribunales y, sobre todo, que hay aún mucho camino por recorrer para incrementar los niveles de confianza de los ciudadanos en nuestra justicia. Así, no se puede negar que existe una excesiva carga de trabajo en nuestros órganos judiciales, pero lo más evidente es que esta carga de trabajo está muy mal repartida, existiendo grandes desequilibrios y una muy mala organización. Tal y como se afirma en un informe del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial elaborado en el año 2015, de los casi cuatro mil órganos judiciales, cerca de un millar, el 24%, no alcanza el indicador medio de carga de trabajo, existiendo según su ubicación territorial juzgados y tribunales con muy poca carga de trabajo. Más grave aún que esto es que el 43,5% de los órganos judiciales esté por encima del 150% de ese indicador medio, con una sobrecarga de trabajo inasumible. En total superan este índice de sobrecarga 1.695 órganos judiciales. Con este nivel de sobrecarga superior al 150% se encuentran, por ejemplo, el 93% de los juzgados de lo Mercantil, el 97% de los juzgados de lo Social y el 95% de los juzgados de Primera Instancia, todo ello referido al conjunto de España. En el caso de Madrid, por ejemplo, el cien por cien de los juzgados de Primera Instancia supera este 150% de carga de trabajo. En la jurisdicción social hay un gran colapso en muchos territorios, alcanzando los juzgados de lo Social una sobrecarga del 180%, teniendo que despachar más de 1.300 asuntos anuales por juez. En dicho orden social se aprecia, además, una grave carencia de funcionarios judiciales, como ocurre en general en todos los órdenes jurisdiccionales. Por otro lado, según la encuesta realizada por Sigma Dos para el Consejo General del Poder Judicial en el año 2015, en el seno de la carrera judicial a nivel nacional en cuestionario anónimo dirigido a toda la carrera y al que contestaron 1.285 jueces y magistrados, el 47% de ellos considera nada o poco satisfactorios los medios de que disponen para servir en la justicia. Por tanto, puede existir un problema de insuficiencia de medios, pero lo que parece también muy evidente es que hay un problema estructural organizativo.

Hay que mejorar con carácter general en los distintos aspectos de la organización de la justicia, tanto desde el punto de vista de la organización funcional, como la casación o la segunda instancia, como desde el punto de vista de los métodos de trabajo, la organización de la oficina judicial, el elemento tecnológico, etcétera, y en el que, desde luego y muy especialmente, quizás sea el aspecto más deficiente, que es el de la organización territorial. No tenemos un modelo definido de organización territorial de la justicia y carecemos de una nueva demarcación y planta que sea propia del siglo XXI. Además, existe un problema de modelo territorial en la gestión de la Administración de Justicia. Los procesos decisorios no están exentos de dificultades y, en ocasiones, observamos yuxtaposición y solapamiento de competencias. El mapa de transferencias a las comunidades autónomas de las competencias en materia de justicia no se ha completado y corremos el riesgo de padecer una justicia de dos velocidades según el territorio en


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el que residamos. Para evitarlo sería necesario el establecimiento de mecanismos que agilicen la toma de decisiones en aquellas materias que requieren actuaciones conjuntas de las distintas administraciones implicadas. Al final de mi intervención volveré a reflexionar con más profundidad sobre estas cuestiones.

Entrando ya en la dación de cuentas a sus señorías de la gestión llevada a cabo por el Consejo General del Poder Judicial durante el periodo objeto de la presente comparecencia, me gustaría recordar, como ya señalé en mi primera intervención ante esta Comisión, que el actual consejo nació al amparo de la reforma aprobada en 2013 por estas Cortes Generales y que supuso en cierto modo una refundación de este órgano constitucional. Nuestra primera tarea fue, por tanto, la de adecuar la actividad del órgano de Gobierno del Poder Judicial a la nueva regulación, lo que creo que, transcurridos ya más de dos años, hemos conseguido de manera satisfactoria. Las nuevas previsiones legales, la implicación y colaboración de todos los vocales del consejo y el esfuerzo realizado por cuantos integran la institución han facilitado un proceso de regeneración institucional que creo que en este momento ya está consolidado, siendo las principales señas de identidad de nuestra gestión en el último año: la eficacia, el consenso, la austeridad en la gestión, la transparencia, el servicio a la carrera judicial y el servicio al ciudadano.

Permítanme, señorías, que les exponga unas breves pinceladas sobre la actividad y los objetivos del órgano de gobierno del Poder Judicial en cada uno de estos bloques. Como ya señalé en mis anteriores comparecencias, entre los objetivos del Consejo General del Poder Judicial como organización se encontraba el de incrementar los niveles de eficacia de nuestro funcionamiento interno, y creo sinceramente que lo estamos consiguiendo. Finalizado el año 2015, se ha consolidado la tendencia ya observada en 2014 respecto del incremento de acuerdos adoptados por la comisión permanente del consejo. Así, la comisión permanente adoptó durante el ejercicio 2015 un total de 6.596 acuerdos, lo que acredita una media de más de 95 acuerdos por sesión. Esta cifra supone un incremento resolutivo respecto de 2014 de más de 600 acuerdos, con un aumento porcentual del 12%. En el actual mandato, y hasta diciembre de 2015, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial había adoptado ya más de 11.000 acuerdos, en concreto, 11.640, y ello es consecuencia, entre otros factores, de la mejora de los procedimientos internos de gestión. Estamos convencidos de que el Consejo General del Poder Judicial, como institución pública que es, no puede permanecer ajeno a las exigencias de agilización y eficacia administrativa que demandan los ciudadanos, lo que nos ha llevado a alcanzar la plena digitalización de los expedientes, logrando la gestión electrónica y la gestión sin papel en el seno del consejo. En cuanto a la actividad del pleno, en 2015 se adoptaron un total de 254 acuerdos, de los que 184 fueron asuntos generales, 43 nombramientos discrecionales y 21 recursos. Por cierto, en este mandato del consejo, todos los nombramientos para los cargos judiciales de responsabilidad se han realizado sin retrasos y dentro de los plazos legalmente establecidos.

En cuanto a la segunda característica que antes señalaba, el consenso, se trata también de un objetivo claro para la institución que creo que debemos cuidar especialmente por cuanto que un mayor nivel de consenso en la toma de decisiones de cualquier organismo o entidad lo que genera, tanto hacia dentro como hacia fuera, son mayores cotas de legitimidad, de confianza y de fortaleza institucional. Desde esta perspectiva, considero que los datos que les voy a facilitar a continuación nos pueden permitir estar moderadamente satisfechos. De los 254 acuerdos adoptados por el pleno en el año 2015, 205 lo fueron por unanimidad; es decir, más de un 80%. Entre ellos, de los 43 nombramientos discrecionales, un 37% lo fueron por unanimidad, casi el doble porcentual que en el año 2014, mientras que el 63% restante lo fue por mayoría. De estos nombramientos acordados por mayoría, en once casos, lo que supone el 41% de ellos, la mayoría a la que se llegó fue significativamente alta, superior a los tres quintos de los votos. Es decir, en política de nombramiento de cargos discrecionales la mitad de ellos se llevaron a cabo por una amplia mayoría de votos, lo que creo que para todos debe ser en general un dato positivo.

En cuanto a la austeridad, la tercera de las cuestiones que les señalaba anteriormente, no debemos olvidar que la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, vino a realizar una reforma en profundidad de su estructura y funcionamiento para dotarlo de una estructura más eficiente, como señalaba la ley en su propia exposición de motivos. Por ello, debemos estar vigilantes en lo que se refiere también al cumplimiento de este mandato del legislador. La disposición transitoria quinta de esta ley ordenaba que el primer presupuesto del consejo constituido tras la reforma debía formularse en base cero; es decir, justificando debidamente y sin referencia a presupuestos anteriores las necesidades financieras de la institución para adaptar esas necesidades a su nueva organización y regulación. En este sentido se aprobó el presupuesto del Consejo General del Poder Judicial para el ejercicio 2015, aprobado por su Pleno de julio de 2014. Como saben sus señorías, esa reforma del


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año 2013 transformó sustancialmente el funcionamiento del consejo al disponer que solo los vocales que integren la comisión permanente, inicialmente cinco y ahora siete tras la nueva reforma aprobada en el año 2015, desempeñarían su cargo de forma permanente y exclusiva y percibirían retribuciones con cargo a los presupuestos del consejo. De la aplicación de este nuevo sistema se han derivado diversas reducciones de gasto, especialmente en relación con las retribuciones de los vocales del consejo que, como ya he indicado, pasaron de veinte a cinco en una primera fase y de cinco a siete en una segunda, lo que ha minorado el presupuesto de retribuciones de altos cargos de 2.494.810 euros en 2013 a 1.042.360 euros en 2016. Ello supone una reducción del presupuesto en este periodo del 58,22%.

Y si seguimos hablando de austeridad en el sentido en que lo estamos haciendo -austeridad en el funcionamiento de las instituciones públicas-, no quiero dejar de poner de manifiesto algunos otros datos que también considero positivos. Así, las cantidades presupuestadas en el Consejo General del Poder Judicial para gastos de desplazamiento también se han reducido notablemente de 2013 a 2016, un 37,71% de ahorro. Esto ha sido posible mediante la introducción de criterios de racionalización en este tipo de gasto, así como mediante la adecuada priorización de actividades a realizar fuera de la sede por parte de los miembros del consejo, sin que este ahorro haya supuesto en ningún momento una desatención de las funciones propias de la institución. Igualmente, cabe destacar la minoración en los gastos de protocolo de los altos cargos del consejo, que han pasado de 89.580 euros a 56.700, lo que supone una reducción del 36,70% entre 2013 y 2016. Esta cantidad aprobada en los presupuestos iniciales del consejo tiene incluso mayor relevancia si analizamos en estos años su nivel de ejecución, dado que en 2013 se gastaron 32.062 euros y al cierre del ejercicio 2015 se gastaron tan solo 6.598,94 euros, lo que supone un 79,42% de reducción. Es decir, los gastos de protocolo del consejo se han reducido a la quinta parte.

Como dato global, en materia de eficiencia presupuestaria únicamente tengo que añadir, señorías, que para el año 2016 los presupuestos del Consejo General del Poder Judicial ascienden a 54.883.560 euros, lo que supone 8 millones de euros menos que en los presupuestos del año 2013 -los del consejo anterior al actual mandato- y 23 millones menos que en los de 2010. Sin embargo, se ha mantenido la prioridad en servicios al juez en temas tan sensibles como la formación de los jueces o el centro de documentación judicial, pues sus respectivas dotaciones presupuestarias han aumentado a lo largo de estos años. Por lo tanto, se trata de un auténtico recorrido hacia la racionalización de medios y hacia la eficiencia administrativa, priorizando las partidas de gasto con el objetivo puesto en la idea de hacer más con menos.

Esta filosofía también ha tenido su reflejo en la política de personal del consejo, por lo demás algo obligado por la Ley 4/2013. El pleno del consejo acometió este mandato en su acuerdo de 26 de noviembre de 2015 al aprobar la nueva relación de puestos de trabajo del personal al servicio del Consejo General del Poder Judicial con efectos económicos de 1 de diciembre de 2015. Esta nueva RPT ya aprobada, y que contó con la opinión favorable, por unanimidad, de la junta de personal, se ha ajustado a la nueva estructura del consejo y permite constatar una minoración de personal cifrada en 75 puestos de trabajo (59 de funcionarios, 33 de ellos de nivel superior, y 16 de laborales) sin que ello esté suponiendo perjuicio alguno en el funcionamiento de la institución. Hablamos, por tanto, de racionalización de estructuras administrativas y de incremento de la eficacia y de la eficiencia, algo a lo que todos los servidores públicos estamos obligados. Este proceso culminará con la próxima aprobación del nuevo reglamento de organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. He de reconocer que estamos acumulando en esta materia un importante retraso, en su momento motivado fundamentalmente por la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se estaba tramitando y que aconsejaba esperar a su aprobación. En este momento, y superada ya esta circunstancia, se encuentra redactado por los ponentes el texto de un nuevo reglamento de organización y funcionamiento que está siendo analizado por todos los vocales del consejo con la finalidad de que esta norma, fundamental para el funcionamiento de la institución, sea aprobada con el mayor grado de consenso posible.

Otras de las características que he señalado en la actividad del Consejo General del Poder Judicial en esta etapa es la transparencia. La apuesta del consejo por la transparencia ha sido y es clara y decidida. Estamos plenamente convencidos de que la transparencia como principio de actuación es uno de los caminos que de manera más directa nos ha de llevar a incrementar la confianza de los ciudadanos en nuestra institución y que ello ha de ser aplicable además no solo al propio consejo sino, como veremos, a la Administración de Justicia en su conjunto y a sus distintos órganos de gobierno. En relación con el derecho de acceso, hoy los ciudadanos pueden solicitar información al consejo sin necesidad de identificarse, solo facilitando una dirección de correo electrónico. En el ámbito de la publicidad activa, en


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el portal de transparencia del consejo se halla publicada toda la información a la que se refiere la Ley de Transparencia así como otros extremos a los que en principio el consejo no viene obligado por la indicada ley. Antes los ciudadanos no tenían acceso a los órdenes del día ni al contenido de los acuerdos adoptados por los órganos del Consejo General del Poder Judicial; ahora sí tienen acceso a esa información. Antes no se sabía qué convenios ni qué contratos suscribía el órgano de gobierno del Poder Judicial; ahora está a disposición de todos el contenido de los contratos y convenios, las entidades o empresas con las que se celebran, las cuantías y plazos por los que se contrata y un largo etcétera. Ahora se puede conocer con todo detalle la actividad presupuestaria del consejo y los niveles de ejecución de nuestro presupuesto; los ciudadanos pueden incluso conocer, en contra de lo que ocurría antes, los gastos de viaje de los vocales del consejo y del presidente. Es más, en materia de nombramientos discrecionales antes no se sabía quién concurría a estos procesos de selección ni los méritos tenidos en cuenta para asignar los puestos; ahora se puede conocer el curriculum vitae de todos los candidatos e incluso visionar las entrevistas celebradas, con lo que la transparencia es absoluta a lo largo de todo el proceso. Conviene además señalar que estos niveles de transparencia no solo benefician a los ciudadanos sino que también están permitiendo a los propios jueces acceder a toda una serie de datos que antes no conocían. Toda esta información, ya disponible desde el año 2014, ha sido complementada en 2015 con un aspecto sumamente relevante. A pesar de no ser obligatoria según los mandatos de la ley su publicación, el Consejo General del Poder Judicial, siguiendo su compromiso de máxima transparencia, se comprometió también a publicar el valor económico del patrimonio actual de los altos cargos que vayan a gestionar intereses económicos de la institución. Este compromiso ya ha sido cumplido y desde septiembre de 2015 aparecen publicadas en nuestro portal de transparencia las fichas correspondientes al patrimonio del presidente del consejo, de los vocales miembros de la comisión permanente y del secretario general. A su vez, constan publicadas otras fichas de otros vocales que voluntariamente han facilitado sus datos. Es más, el pleno del consejo acordó instar al Gobierno y a los demás titulares de la iniciativa legislativa para que incorporaran a la Ley Orgánica del Poder Judicial los deberes de declaración de bienes y derechos y de control de gestión de valores y activos financieros de los que sean titulares los miembros del Consejo General del Poder Judicial y los altos cargos del mismo que gestionen directamente intereses económicos de la institución. Fruto de tal iniciativa se introdujo esta obligación en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

Otros avances importantes producidos en materia de transparencia han sido, por ejemplo, la puesta en marcha en el pasado mes de marzo de este año, en la página web del consejo, del primer directorio de jueces y órganos judiciales de acceso público en el que cualquier ciudadano podrá consultar a través de Internet no solo la dirección y el teléfono del juzgado en el que se esté tramitando su caso, sino también el nombre del juez o magistrado a cargo del mismo. Hasta ahora no existía un directorio centralizado de acceso público que permitiera este tipo de consultas y solo los miembros de la carrera judicial podían ver estos datos a través de su extranet. Por otro lado, como decía antes, creemos que nuestro compromiso con la transparencia no se debe limitar solo al Consejo General del Poder Judicial, sino que se debe ir extendiendo a la Administración de Justicia en su conjunto y a sus diferentes órganos de gobierno. Así, los tribunales superiores de justicia de las diecisiete comunidades autónomas han comenzado ya un camino que les llevará a contar con su propio portal de transparencia en la página web del Poder Judicial. Se suman así a la política de transparencia que el Consejo General del Poder Judicial ha convertido en seña de identidad. Los portales de transparencia de los tribunales superiores de justicia tienen como objetivo permitir por primera vez que los ciudadanos y los profesionales de la justicia puedan acceder a contenidos como las normas de reparto de cada órgano judicial y los órdenes del día y acuerdos de las salas de gobierno, pudiendo consultarse documentos relevantes e información de utilidad pública, como las agendas de señalamiento, los calendarios de guardia o las convocatorias de plazas de magistrados suplentes y jueces sustitutos. Este ambicioso proyecto ya es una realidad. Tras la publicación de los dos primeros portales de transparencia de los tribunales superiores de justicia de las Islas Baleares y de la Región de Murcia, que sirvieron como proyectos piloto, han entrado en funcionamiento los de otros doce tribunales superiores de justicia y los tres restantes lo harán la próxima semana. Como proyectos de futuro abordaremos la implantación de portales de transparencia también en los órganos centrales, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, y procederemos a incorporar en el portal de transparencia del consejo información sobre las autorizaciones de compatibilidad para el desarrollo de otra actividad concedidas a los miembros de la carrera judicial. Será la primera vez que los ciudadanos puedan conocer los permisos de compatibilidad que tienen los jueces, incluso los que estén llevando su pleito, lo que


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supondrá una auténtica y novedosa garantía adicional de la imparcialidad. A continuación, el objetivo será iniciar el camino de la transparencia en la totalidad de nuestros órganos judiciales, un verdadero reto cuyas dificultades no pueden desanimarnos para ofrecer a la ciudadanía una nueva imagen de la justicia, y en especial de los jueces y magistrados que día a día desarrollan esta labor tan poco conocida y de difícil valoración.

Entrando ya en otras cuestiones, también mencioné antes como seña de identidad de este consejo el servicio a la carrera judicial, aspecto que también considero crucial si queremos que el consejo cumpla adecuadamente con todos los cometidos que le corresponden. Ya he señalado en numerosas ocasiones, señorías, que la cercanía del consejo con los jueces es un objetivo en el que venimos trabajando desde el inicio y que este órgano debe ser, además de órgano de gobierno del Poder Judicial, el depositario de las inquietudes, preocupaciones y propuestas de los integrantes de la carrera judicial, y espero que coincidan conmigo en que en la función de administrar justicia el factor humano adquiere una especial relevancia. Por ello, venimos haciendo un especial esfuerzo en tener contacto directo con los jueces y magistrados, así como con las asociaciones judiciales. Desde mi toma de posesión he tenido encuentros de trabajo con más de 700 jueces destinados en distintos puntos de nuestra geografía. Ello nos está permitiendo constatar, en primer lugar, el valiosísimo capital humano con el que cuenta nuestra Administración de Justicia, un capital humano integrado por hombres y mujeres entregados plenamente al servicio público, absolutamente independientes en el ejercicio de su función jurisdiccional y altamente formados, preparados y cualificados para ello. En segundo lugar, estos encuentros nos están permitiendo orientar nuestra actuación hacia aquellos aspectos más necesitados de atención, entre los que podría destacar algunos, sin querer extenderme demasiado. Así, en 2015 hemos podido cumplir con el compromiso que asumió este consejo en materia de prevención de riesgos de la carrera judicial. Con el objetivo de garantizar a los integrantes de la misma una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de la labor jurisdiccional y contribuir asimismo a mejorar la calidad de funcionamiento del servicio público prestado en juzgados y tribunales, por primera vez los jueces cuentan con un plan de prevención de riesgos específico para ellos, que fue aprobado por la comisión permanente en enero de 2015. La aprobación de este plan ha sido el pistoletazo de salida para el despliegue de una intensa actividad en este ámbito.

En otro orden de cosas, y como sabrán sus señorías, también preocupa a los integrantes de la carrera, y por supuesto al propio Consejo General del Poder Judicial, la situación que se ha venido produciendo en los últimos años sobre la cobertura de las plazas judiciales. El hecho de que el ingreso de nuevos jueces no se haya visto acompañado de un incremento de la planta judicial ha generado un aumento excesivo del número de jueces en expectativa de destino, que el consejo, dentro del margen de maniobra que le permite su ámbito competencial y con la colaboración del Ministerio de Justicia, está tratando de corregir, no solo para dar respuesta a la situación concreta de estos jueces, sino también y muy especialmente por la necesidad de poner orden en una situación que, a la larga, podría provocar una pérdida de calidad en el servicio prestado al ciudadano. Para evitarlo es necesario corregir situaciones de precariedad y desorden dentro de la carrera judicial. Así, se ha hecho un esfuerzo importante por la vía de convocatoria de concursos para dotar de destino a los jueces afectados por esta situación. Durante el mandato del presente consejo se han convocado y resuelto doce concursos de traslado de miembros de la carrera judicial con categoría de juez, nueve concursos con la categoría de magistrados y siete de promoción de la categoría de juez a la categoría de magistrado. Mediante el mecanismo previamente acordado por la comisión permanente de ir reservando las plazas que van quedando desiertas en los sucesivos concursos ha sido posible por primera vez en mucho tiempo dotar de plaza en titularidad a los jueces en expectativa de destino. Aunque la situación aún no está del todo resuelta, lo cierto es que al inicio de este mandato nos encontramos en el consejo con 395 jueces sin plaza. Esta cifra ha bajado ya hasta los 119 jueces sin plaza que existen en la actualidad, y ello ha sido gracias a la creación de plazas por parte del Ministerio de Justicia y a la política de concursos y cobertura de plazas, que ha sido como una maquinaria en constante movimiento, una suerte de concurso permanente o en cadena. En cualquier caso, señorías, y a pesar de este esfuerzo, el consejo no renuncia a poner de manifiesto la necesidad de crear nuevas plazas judiciales. De hecho, en el pleno del consejo celebrado el pasado día 25 de febrero se aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que el Consejo General del Poder Judicial considera ineludible e inaplazable la ampliación de la planta judicial, y ello en atención no solo a la existencia -todavía- de 119 jueces en expectativa de destino y el próximo ingreso de otros 50 en la misma condición, sino también a las necesidades derivadas de la implementación de las reformas


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introducidas por distintas leyes recientemente aprobadas. En este sentido, en el consejo también estamos trabajando intensamente en el establecimiento de una regulación adecuada de los llamados JAT o jueces de adscripción territorial.

Como saben sus señorías, la figura de los jueces de adscripción territorial fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2009 y ha contribuido de manera indudable al objetivo de agilizar y mejorar los estándares de calidad de la justicia introduciendo elementos de flexibilidad en la organización judicial. Sin embargo, las últimas reformas legales y la situación actual de los JAT hacen necesario que se apruebe un nuevo desarrollo reglamentario. En la actualidad el número de jueces de adscripción territorial ha aumentado de forma notable, precisamente en respuesta a esa falta de órganos jurisdiccionales o a la falta de definición clara y definitiva de cuál debe ser la estructura organizativa de la planta judicial en un futuro a medio y largo plazo. Es necesario retomar el objetivo y finalidad que estaba en los orígenes de esta figura ofreciendo un instrumento que asegure a los ciudadanos una respuesta profesional y con los debidos estándares de calidad. Por ello, se ha elaborado una propuesta de reglamento de desarrollo del estatuto de los jueces de adscripción territorial y de jueces en expectativa de destino, que ya se encuentra preparada para ser sometida a los correspondientes informes, incluido, por supuesto, lo que estimen necesario emitir las asociaciones judiciales.

Otro de los asuntos relacionados con la carrera judicial al que se viene prestando atención prioritaria desde el consejo es el de la formación de nuestros jueces. Considero de gran importancia reforzar el papel que desempeña un sistema de formación continua, especializada y de alta calidad en la mejora del servicio público de la justicia. Hemos de apostar decididamente por que la planificación y evaluación de la formación sea rigurosa y transparente. Es necesario establecer elevados estándares de calidad de todo el proceso de fijación de objetivos, determinación de las prioridades formativas, programación de actividades, elección de contenidos y selección del personal docente, ajustando correctamente la oferta formativa a las necesidades reales de la carrera judicial. Desde esta perspectiva, se vienen diseñando los planes anuales de formación continua de la carrera judicial. La creación de comunidades virtuales, el impulso de la formación descentralizada, la instauración de métodos de acompañamiento formativo en primeros destinos -el llamado juez tutor-, facilitar la formación por medio de Internet o la creación de grupos de trabajo y de expertos itinerantes son algunas de las líneas maestras en las que vienen avanzando los servicios de formación del Consejo General del Poder Judicial. También se presta especial atención a la colaboración con otras instituciones públicas, dado que con ello se pueden ampliar muy notablemente las posibilidades de ofrecer formación especializada en áreas particularmente importantes. En breve firmaremos, por ejemplo, un convenio con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en materia de formación de jueces para la lucha contra la corrupción, cuyo texto ya ha sido aprobado por la comisión permanente del consejo. En cuanto a los contenidos, y junto con la tradicional formación jurídica, se ha dado especial protagonismo a los problemas de argumentación y de ética jurídica, al igual que a la obligación de impartir una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación, a la violencia de género, al derecho de la Unión Europea y a los idiomas. En este contexto, en el año 2015 se programaron un total de 348 acciones formativas, con una convocatoria de 6.071 plazas, y el presupuesto ejecutado para todos los programas de formación continua en el ejercicio 2015 fue de 2.254.540 euros.

Por otro lado, quisiera hacer una breve referencia, dentro de los servicios de apoyo a la carrera judicial que se prestan desde el consejo, a la actividad desplegada por el Centro de Documentación Judicial en el último año. Como saben, el Cendoj -Centro de Documentación Judicial-, ubicado en el País Vasco, se ha convertido en un centro de referencia, incluso a nivel internacional, en materia de selección, ordenación, tratamiento, difusión y publicación de la información legislativa, jurisprudencial y doctrinal. Como cada año, en 2015 ha seguido aumentando la base de datos de jurisprudencia pública y del fondo documental; en concreto, se ha incrementado en 284.734 resoluciones más respecto del año anterior, hasta alcanzar, a 31 de diciembre de 2015, la cifra de 5.928.841 resoluciones. Quiero aquí hacer un inciso para informarles que, en lo relativo a la utilización de las lenguas cooficiales en la actividad jurisdiccional, en 2015 se incorporaron a la base de datos del Centro de Documentación Judicial un total de 4.297 resoluciones, entre sentencias y autos. Esta cifra global de resoluciones dictadas en lenguas cooficiales distintas del castellano, la mayoría de las cuales están redactadas en catalán, se mantiene en parámetros similares a los cuantificados en 2014. Con datos cerrados en febrero de 2016, el total de resoluciones, sentencias y autos publicados en lenguas cooficiales distintas del castellano asciende a 70.289.


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Volviendo a las actuaciones de apoyo a la carrera judicial, como novedad importante del año 2015, y en cumplimiento del compromiso que anuncié en mi anterior comparecencia ante esta Comisión, se ha puesto en funcionamiento en el Consejo General del Poder Judicial la Unidad de apoyo a las causas de corrupción. El preocupante fenómeno de la corrupción, que tanto daño hace a nuestra democracia y a la confianza de los ciudadanos en las instituciones, debe ser atajado desde todos los frentes posibles, con medidas preventivas, con reformas legales, con un impulso definitivo de la transparencia, con formación, con la colaboración institucional y por supuesto con la respuesta judicial. Convencidos de ello, y sabiendo además que contamos con el esfuerzo y la integridad de todos los jueces españoles, el consejo creó en 2015 esta unidad específica de apoyo para que los jueces y magistrados que lleven causas por corrupción, especialmente en las llamadas macrocausas, de especial complejidad, puedan acudir al Consejo General del Poder Judicial para la adopción de cuantas medidas consideren necesarias para eliminar los obstáculos que se puedan estar encontrando o para agilizar las investigaciones. Desde su puesta en funcionamiento en marzo de 2015 se han venido recibiendo en esta unidad distintas solicitudes de apoyo procedentes de diferentes juzgados de instrucción o de primera instancia e instrucción, siendo intención del consejo en este momento, a la vista de los resultados, reforzar el funcionamiento de la unidad, potenciar o maximizar su utilización por parte de los integrantes de la carrera judicial. El compromiso del consejo es así muy evidente, como también lo es el de nuestros jueces. Nuestros jueces y magistrados actúan con plena integridad y es firme su compromiso en la lucha contra la corrupción, actuando además con plena independencia e imparcialidad. Como presidente del Consejo General del Poder Judicial estoy plenamente convencido de la implicación de todos ellos a la hora de dar respuesta a este grave fenómeno delictivo; es más, lo que querría es que este convencimiento también lo tengan los ciudadanos. Es necesario que la sociedad perciba claramente que la justicia y los jueces actúan, que la sensación de los ciudadanos sea que nuestros jueces responden aplicando la ley y solo la ley cuando investigan y enjuician los casos de corrupción. La realidad es que los jueces actúan ante la corrupción con plena imparcialidad e integridad, y es importante que esa realidad sea percibida así por parte de los ciudadanos. A ello pueden ayudar algunas actuaciones en las que venimos trabajando en el consejo, como es el caso de la elaboración de un código ético de la carrera judicial. En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial se acaba de adherir expresamente al Código Iberoamericano de Ética Judicial, adoptado por la Cumbre Judicial Iberoamericana en 2006 y modificado en 2014, código que cumple con los principios esenciales en materia de deontología judicial proclamados por la Red Europea de Consejos de Justicia, y se está avanzando la redacción de un código ético propio, dando la máxima participación posible al colectivo judicial y a sus asociaciones. Los comportamientos éticos y la integridad profesional a todos los niveles no solo deben existir, sino que además deben ser puestos en valor trasladados a la sociedad. Los ciudadanos pueden y deben confiar en la actuación de sus jueces y desde las instituciones tenemos que hacer lo posible por reforzar esa percepción general.

La actividad del Consejo General del Poder Judicial se proyecta también sobre otros ámbitos que, sin duda, tienen un efecto que podríamos llamar más directo sobre los ciudadanos. Quiero destacar aquí la especial sensibilidad de este consejo, y también por supuesto de los jueces, hacia los colectivos más vulnerables. Les hablo de temas tan importantes y sensibles como la violencia de género o la discapacidad, entre otros, sobre los que no quiero dejar de compartir con sus señorías algunas reflexiones e informaciones. En materia de violencia de género, y lamentablemente, cualquier información que les pueda facilitar sobre la actividad desarrollada por el consejo en el último año se verá tristemente empañada por los datos y las cifras de víctimas que, de manera intolerable, nos indican que esta lacra sigue siendo una realidad en cuya erradicación no debemos escatimar nadie ningún esfuerzo. Mientras sigan muriendo mujeres a manos de sus parejas o exparejas, mientras siga habiendo niños que se quedan huérfanos por esta brutalidad o mientras siga habiendo mujeres que viven aterrorizadas por el maltrato nada de lo que podamos hacer logrará que nos sintamos satisfechos. Han sido 54 mujeres asesinadas y 41 niños huérfanos en 2014; 60 mujeres asesinadas y 51 niños huérfanos en 2015; en lo que va de 2016, 16 mujeres asesinadas y 8 niños huérfanos. En 2015, más de 120.000 mujeres aparecieron como víctimas de violencia machista en las casi 130.000 denuncias presentadas el pasado año en los juzgados españoles. Son cifras, todas ellas, escalofriantes. Para luchar contra esta terrible realidad, el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial ha intensificado una vez más su actividad, poniendo el acento en la mejora de la respuesta judicial ante estos comportamientos por la vía de la especialización, la formación de nuestros jueces y la realización de estudios, así como en la necesidad de reforzar la protección de las víctimas.


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En este segundo aspecto especialmente importante, el observatorio ha formado parte del grupo que en 2014 y 2015 ha trabajado en la revisión y elaboración de un nuevo formulario de valoración policial de riesgo con el objetivo de mejorar la detección del nivel de riesgo de las víctimas y adoptar medidas de protección ajustadas a ese riesgo, nuevo formulario que se encuentra ya en fase de prueba. Asimismo, se ha participado en el protocolo de actuación en el ámbito penitenciario del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento, firmado en 2015 y orientado a garantizar que los agresores portan los dispositivos de seguimiento por medios telemáticos cuando disfrutan de un permiso penitenciario o son excarcelados.

Por otro lado, en la idea de mejorar la tan necesaria coordinación institucional en esta materia, el observatorio ha ampliado su composición, incorporando como miembros al Ministerio del Interior en 2014 y al Consejo General de Procuradores de España en 2015 y ha firmado distintos convenios de colaboración con otras instituciones y organismos para fomentar el estudio de la violencia y la formación, todo ello sin olvidar el aspecto de la sensibilización y difusión que tanta importancia tienen a la hora de generar conciencia en contra de esta lacra social. Sin embargo, como decía antes, las cifras siguen poniendo de manifiesto que algo falla, aunque ciertamente hay algunos datos del último año que nos permiten pensar que está mejorando la respuesta judicial ante la violencia de género. Así, en 2015 se acordaron en los diversos órganos judiciales 24.679 órdenes de protección de las 41.757 que se solicitaron, lo que representa un 59,1%, algo más de un punto de incremento sobre el año anterior. Además, derivadas de las órdenes de protección y medidas cautelares, se adoptaron 57.366 medidas penales, entre las que destacan la orden de alejamiento, que fue acordada en el 76,1% de los casos en los que solicitó; la prohibición de comunicación, adoptada en un 75,8%; la suspensión de la tenencia y uso de armas, acordada en un 14,4%; y la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión, fijada en el 8,7% de los casos. Al mismo tiempo, se dictaron 15.037 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal. De estas medidas subieron significativamente durante 2015 las relacionadas con la protección de menores relativas a la suspensión del régimen de visitas, 728 medidas adoptadas frente a las 565 del año anterior; a la suspensión de la patria potestad, que se adoptó en 84 casos frente a los 56 del año anterior; y a la suspensión de la guarda y custodia, que fue acordada en 1.223 procesos frente a 1.078 del año anterior. Finalmente, durante 2015 los órganos judiciales españoles dictaron un total de 46.075 sentencias penales en el ámbito de violencia de género, de las que el 62,7%, es decir 20.870, fueron condenatorias, lo que supone un incremento del 1,5% respecto de las sentencias condenatorias dictadas en el año 2014, que representaron el 61,2%, consolidando así un incremento que se había observado ya en 2014 respecto del porcentaje de sentencias condenatorias en el año 2013.

Podríamos pensar que la evolución de estos datos refleja una mayor sensibilidad y concienciación ante el problema de la violencia de género y que el incremento de denuncias y de solicitudes de órdenes de protección evidencia que la mujer víctima ya no se resigna al silencio de otras épocas y que decide poner los hechos en conocimiento de las instituciones del Estado. El aumento también de las condenas a los maltratadores, de las órdenes de protección otorgadas y muy especialmente de las medidas civiles de protección a los menores podría ser una consecuencia directa de las últimas reformas legislativas, como la Ley orgánica de protección a la infancia o el Estatuto de la víctima, así como de una mayor implicación y formación del personal judicial. Pero aunque esto fuera así y constatáramos una mejora en la respuesta judicial, no podremos vencer definitivamente a la violencia de género si no es desde la prevención y el fomento de la educación en los valores de igualdad y libertad, algo que también debemos propugnar y favorecer desde el propio Poder Judicial.

También es objeto de atención prioritaria por parte del consejo la protección de los derechos de las personas con discapacidad. En este ámbito, el Foro de justicia y discapacidad ha seguido desplegando, bajo la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, una intensa actividad en el año 2015, pudiendo destacarse, junto con las habituales actividades formativas y encuentros de colaboración institucional, el nombramiento de delegados de discapacidad por parte de los distintos tribunales superiores de justicia, la publicación del libro Discapacidad e infancia o la firma en junio de 2015 de un convenio de colaboración con la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para la coedición de un código de la discapacidad, que constituye un amplísimo compendio de las disposiciones normativas más importantes de carácter estatal en materia de discapacidad.

Por otro lado, el consejo, sensible, como les decía, a los problemas que más afectan a los ciudadanos, también está preocupado por el tema de los desahucios. Al objeto de mejorar la respuesta de las instituciones en este ámbito, se han revisado los convenios de colaboración con los gobiernos de las


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comunidades autónomas de Galicia, Aragón, País Vasco, Valencia, Rioja y Navarra y con las federaciones de municipios, comarcas y provincias sobre detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de la vivienda habitual y sobre la adopción de medidas de carácter social, suscritos anteriormente por el consejo general. La mayoría de estos convenios contenían cláusulas de muy difícil o casi imposible cumplimiento para los jueces y magistrados, por lo que se ha decidido novar estos convenios para dotarles de mayor efectividad y contenido. El pasado día 1 de marzo de este mismo año hemos firmado el convenio de colaboración con la Junta de Andalucía y con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social, así como sobre cesión de datos en los procedimientos de desahucios y se está tramitando actualmente el convenio en esta materia con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

En asuntos como las preferentes, el consejo, aunque tiene una capacidad de actuación limitada, ha tratado de favorecer una mejor respuesta judicial por la vía de las medidas organizativas que nos atribuye la ley, especializando juzgados en algunas localidades para que pudieran atender con mayor celeridad las demandas interpuestas por los perjudicados. En definitiva, señorías, el órgano de gobierno de los jueces no debe perder de vista la vertiente social que está en la esencia de toda actividad pública. La igualdad y la defensa de los derechos de las personas más vulnerables han de ser parte importante de nuestra actividad.

Mirando también hacia el ciudadano, se están concentrando buena parte de los esfuerzos del consejo en esta etapa en el ámbito de la mediación. Con la vista puesta siempre en una mejora de la justicia y sobre todo en una mejora de la respuesta que los ciudadanos pueden recibir a la hora de resolver sus conflictos, el Consejo General del Poder Judicial está firmemente comprometido en el fomento de la mediación como mecanismo alternativo al procedimiento judicial contencioso, que consideramos sumamente eficaz para la resolución de las controversias. La mediación intrajudicial es justicia; es un mecanismo complementario, una vertiente de un derecho procesal concebido hoy en día como un sistema multiproceso. La mediación es un método complementario de tutela judicial, por ello, también es función del juez propiciarla. No es una alternativa a la justicia, es justicia también. Desde este planteamiento tres son los objetivos que perseguimos en materia de mediación: consolidar la mediación intrajudicial como sistema de resolución de conflictos, visualizar la labor que se viene realizando ante los propios jueces, ante los profesionales y ante los ciudadanos y velar por la calidad de la mediación intrajudicial que se lleva a cabo en los órganos judiciales. Para ello, ha sido necesario, en primer término, conocer la situación de partida, trazando un mapa de la mediación intrajudicial en nuestro país; hemos optado por la vía de la colaboración interinstitucional, lo que se ha traducido en la firma al unísono de todos ellos en el mismo momento, el pasado año 2015, de convenios marco de colaboración con todas y cada una de las comunidades autónomas con competencia en materia de justicia y con el Ministerio de Justicia. Estos convenios, ya en funcionamiento efectivo, nos permiten el intercambio de información, la puesta a disposición de medios materiales y personales para la creación de servicios de mediación intrajudicial y finalmente un compromiso de formación a los distintos colectivos profesionales implicados.

Dentro de este liderazgo del consejo, para terminar de cerrar el círculo de la colaboración institucional, implicando de manera expresa a los principales operadores jurídicos, se ha firmado un convenio con el Consejo General de Procuradores, se ha aprobado la firma de otro convenio con la Fiscalía General del Estado y se encuentran muy avanzados los trabajos para cerrar el texto con el Consejo General de la Abogacía Española. El impulso es definitivo y lo estamos acompañando, además, de una auténtica campaña de información para que todos los ciudadanos conozcan la existencia de este recurso, así como de proyectos formativos e informativos dirigidos a los propios jueces. Para alcanzar los objetivos deseados será preciso que las administraciones competentes tengan en cuenta la necesidad de ubicar la gestión de la mediación en unidades situadas dentro de la propia oficina judicial, creando o reservando dentro de los edificios judiciales espacios, garantizando unas instalaciones dignas para los servicios de mediación intrajudicial. De cara al futuro, en el consejo creemos que merece la pena continuar extendiendo la mediación en todos los órganos jurisdiccionales, a lo que ayudaría sobremanera una ley integral de mediación.

Para no alargarme más, señorías, en este bloque de materias orientadas de manera más directa hacia el ciudadano, permítanme que les ponga de manifiesto otro asunto que es de especial interés: la claridad y simplificación del lenguaje jurídico. Este es un objetivo que también debemos asociar al proceso de modernización de la justicia, que debería permitirnos conjugar el tecnicismo inherente a la actividad


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jurisdiccional con la claridad y sencillez del lenguaje. Aportación destacada del Consejo General del Poder Judicial en este ámbito ha sido la suscripción, en noviembre de 2014, de un convenio de colaboración con la Real Academia Española mediante el cual se perseguían dos objetivos: la preparación de un libro de estilo que contenga una explicación clara y de consulta fácil a disposición de todos los juzgados y tribunales españoles y la preparación de un diccionario del español jurídico. Los trabajos para la elaboración del libro de estilo culminarán en breve, mientras que ya lo han hecho los del Diccionario del español jurídico. Hace dos días hemos podido presentar públicamente esta magnífica obra que compendia todo nuestro léxico jurídico, teniendo como referente principal la legislación, la jurisprudencia y la doctrina española. Creo que podemos asegurar que estamos ante una obra de gran valor lingüístico y de gran valor jurídico, que podrá contribuir de manera notable a la mejora del conocimiento del derecho y a la claridad y seguridad del lenguaje que emplean sus operadores, favoreciendo también su comprensión por parte de los ciudadanos. Prueba de ello es que este Diccionario del español jurídico ha servido como referente para que en la Cumbre judicial iberoamericana, celebrada hace unos días en Paraguay, se haya aprobado por unanimidad por parte de los 23 países que conforman la cumbre, el proyecto de elaborar, sobre la base de este Diccionario del español jurídico, un diccionario jurídico panamericano o panhispánico. Por otro lado, en este ámbito de la claridad del lenguaje jurídico, ya se encuentra en marcha un prontuario del Tribunal Supremo que está permitiendo que también en nuestro más alto tribunal se utilice un lenguaje, incluso un formato de documentos, más entendible, más accesible y, en definitiva, más comprensible no solo para los operadores jurídicos sino para la ciudadanía en general.

En cuanto a la actividad internacional del consejo, hemos seguido reforzando nuestros lazos de colaboración con los poderes judiciales de otros países, especialmente en el ámbito de la Unión Europea y de Iberoamérica. Acontecimiento especialmente destacable ha sido el hecho de que después de veinte años en los que el Consejo General del Poder Judicial ha ostentado la secretaría permanente de la Cumbre judicial iberoamericana, en la sesión plenaria que acabamos de celebrar en Paraguay se ha materializado la decisión de ceder el testigo a otro de los países de la cumbre, abriéndose así una nueva etapa. Llegados a una situación ya de plena madurez en el seno de esta organización, una reflexión profunda al respecto nos llevó al convencimiento de que España no debía seguir ejerciendo de manera indefinida el papel de tutela que asumió en sus orígenes. Consideramos necesario, precisamente para asegurar su pervivencia y consolidar los logros alcanzados, que la responsabilidad de la secretaría permanente debe ser ya asumida por otro país hermano, dando así un nuevo impulso a la cumbre y, por supuesto, manteniendo el Consejo General del Poder Judicial de España una colaboración intensa y activa en el seno de una organización que tanto está ayudando a la mejora de la justicia en los países iberoamericanos. Por su parte, en el Tribunal Supremo estamos tratando de impulsar su apertura a Europa, desde el convencimiento de que no solo los mercados y las economías están experimentando un imparable proceso de integración, sino que, también, nuestros sistemas jurídicos están cada día más interconectados y, por tanto, necesitados de compartir experiencias y reflexiones. En este sentido, podría destacar las jornadas de trabajo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que celebramos en octubre de 2014, o el encuentro hispano-luso que hemos celebrado en el Tribunal Supremo este mismo mes de abril.

Hablando del Tribunal Supremo, creo importante dar cuenta a sus señorías de una actuación realizada por primera vez y que considero de gran trascendencia. La primera inspección llevada a cabo en el Tribunal Supremo. Con el objetivo puesto en tener conocimiento extenso y preciso de la situación en la que se encuentra actualmente el tribunal, a la vista de las diversas reformas normativas que afectan a su organización y funcionamiento como son las relativas al recurso de casación o la nueva regulación del gabinete técnico, así como evaluar las necesidades de este órgano judicial, esta inspección se enmarca, además, en la vocación de transparencia que, como dije anteriormente, inspira todas nuestras actuaciones. No olvidemos que con ello hemos dado cumplimiento a una resolución aprobada en esta Cámara, que ya en 2013 instó a inspeccionar el funcionamiento de las distintas salas del Tribunal Supremo, al igual que ocurre en el resto de los órganos jurisdiccionales. Recogiendo, por tanto, este testigo, les puedo informar que la inspección se llevó a cabo en distintas fechas de los meses de mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre del pasado año 2015, y nos ha permitido concluir que en general el desarrollo y trámite procesal en las cinco salas del Tribunal Supremo y en sus salas especiales es ágil y eficaz. No obstante, se han detectado algunos aspectos en los que es necesario adoptar medidas de mejora como, por ejemplo, en lo relativo a la integración de las resoluciones finales en la herramienta informática de gestión procesal o en lo relativo a la necesidad de aumentar la planta de la Sala primera y reforzar las áreas de Civil y de Social


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en el gabinete técnico del Tribunal Supremo. Estamos trabajando ya en el impulso de estas medidas de mejora para incrementar la calidad del servicio en el más alto tribunal de nuestro país, cuyo adecuado funcionamiento es una pieza clave para nuestro sistema judicial. El Tribunal Supremo está respondiendo desde la más absoluta independencia a las complejas cuestiones que últimamente se le están planteando. A nadie se nos escapa la gran influencia que están teniendo sentencias recientes dictadas en temas tan relevantes como el caso Bankia, las cláusulas suelo o el céntimo sanitario. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo, de incuestionable rigor técnico y ajenos a cualquier tipo de influencia externa, tienen, en ocasiones, una enorme trascendencia jurídica, económica y social. Por ello, además de poner de manifiesto la independencia desde la que se adoptan sus decisiones, creemos necesario apostar por la modernización del alto tribunal, y en ello seguimos trabajando. Del mismo modo que estamos trabajando con los presidentes de los tribunales superiores de justicia en la elaboración de un plan de choque para optimizar y ejecutar las posibilidades de reorganización y refuerzo que se han abierto con la aplicación de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2015. En efecto, la reciente reforma de la ley orgánica aprobada en julio del pasado año contiene un paquete de medidas estructurales y organizativas que ofrece unas importantes potencialidades de liderazgo y de actuación al propio Consejo General del Poder Judicial para resolver solo o en compañía de otras administraciones algunos de los problemas de nuestra justicia, como la excesiva litigiosidad, la desigual carga de trabajo o la poca especialización de los órganos judiciales.

Señorías, hasta aquí la dación de cuentas del Consejo General del Poder Judicial que puedo formalizar ante la Cámara. Sin embargo, como les decía al principio, esta comparecencia no quedaría completa sin un ofrecimiento de leal y activa colaboración para afrontar aquellas actuaciones y reformas pendientes que viene reclamando nuestra Administración de Justicia. Entre ellas, algunas que servirían para atender aquellas necesidades de carácter más urgente que en este momento requieren de una pronta actuación. Son, principalmente, las siguientes. La creación de nuevos órganos judiciales; la adopción de medidas urgentes ante la situación crítica de la jurisdicción social y ante la situación de los juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil; la atención a las nuevas necesidades de las salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de Justicia; la creación en las salas de lo Civil y Penal, según las necesidades, de la sección de apelación junto con la especialización penal de los magistrados integrantes de la sala encargada de resolver los recursos de apelación y el establecimiento de un periodo transitorio en el que la antigüedad contrastada y la experiencia dilatada en el orden jurisdiccional resulte equivalente a la especialización; el aumento de la planta de las salas de lo Contencioso-administrativo de los tribunales superiores de Justicia; continuar con la modernización tecnológica mediante un acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las administraciones de las comunidades autónomas para la digitalización, desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia con la aprobación de un plan de financiación. Para terminar con esta enumeración rápida, sería necesario fijar de manera negociada los módulos de trabajo, así como mejorar el modelo de medición de las cargas de trabajo de los jueces. Ahora bien, señorías, esta relación circunstanciada de necesidades más inmediatas ha de completarse con una obligada exposición de aquellas reformas de mayor calado que aun están pendientes. En los ya casi 40 años posteriores a la aprobación de nuestra Constitución, se ha producido un desarrollo de la sociedad española en sus diversos aspectos -económico, cultural, jurídico- posiblemente sin parangón en ningún otro período de nuestra historia. Este desarrollo ha dado lugar al crecimiento de las obligaciones de los poderes públicos para subvenir a las nuevas necesidades y exigencias ciudadanas; exigencias reforzadas por la conciencia de la consagración constitucional de derechos que vinculan a los poderes públicos. Las evidentes dificultades y problemas con que se ha encontrado el Poder Judicial para cumplir esta ingente tarea han dado lugar sobre todo en los últimos años a amplias reflexiones y análisis en los medios de comunicación, en el ámbito académico, en los sectores profesionales relacionados con la justicia y, finalmente, dentro de los poderes públicos responsables, sobre los defectos e insuficiencias de nuestra organización judicial, sobre su naturaleza, sobre su extensión y sobre las posibles causas. Fruto de estas reflexiones y análisis, entre los que se incluye el Libro Blanco de la Justicia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial en 1997, hace que hoy dispongamos en mayor medida que en épocas pasadas de un fiable diagnóstico de los males de la justicia. Ciertamente, una cosa es conocer las deficiencias que aquejan a un poder del Estado como es el Poder Judicial y otra más delicada y difícil es pasar a remediarlas. Desde la perspectiva que proporcionan 38 años de vigencia constitucional y a partir de la constatación del mantenimiento de la insatisfacción social respecto del funcionamiento de la Administración de Justicia, cabe inferir sin


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dificultades que las reformas que en este ámbito se han producido, aun meritorias, han sido insuficientes, al menos a la vista de las críticas que sobre la situación de la justicia se siguen produciendo en los diversos ámbitos de expresión de la opinión pública y en los sectores profesionales y académicos especializados. Creo que, aunque con matices y diferencias, todos podríamos coincidir en el diagnóstico de cuáles son los principales problemas de los que adolece nuestra justicia; lo que queda por hacer es encontrar una solución estable y consensuada.

No es competencia del Consejo General del Poder Judicial ejercer la iniciativa legislativa conducente a las necesarias reformas ni tampoco llevar a cabo actuaciones administrativas, pero sí puede y debe, dentro de sus atribuciones y a partir de un principio de lealtad institucional, colaborar con esos poderes a la hora de enfrentarse con las necesidades y demandas sociales en el ámbito de la justicia y con la ingente tarea de proceder a su reforma. Dentro de esa legítima y obligada colaboración se encuentra no solo la elaboración de diagnósticos e informes sobre la situación de la justicia, sino también trasladar a las autoridades competentes las opiniones y sugerencias sobre los necesarios cambios y mejoras en la misma que resultan el mejor banco de prueba, como es la experiencia diaria recogida por los órganos jurisdiccionales y por los servicios del propio Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, señorías, sigue estando pendiente la tarea de afrontar un profundo cambio en el modelo de organización de la justicia española para adaptarla a las necesidades del siglo XXI, sin que ello signifique necesariamente una ruptura radical respecto de la legislación precedente y actualmente en vigor.

Las grandes leyes troncales de nuestra justicia, todavía vigentes a pesar de las incontables reformas -la Ley orgánica del Poder Judicial, de 1985 y la Ley de demarcación y planta judicial, de 1988-, regularon un nuevo marco organizativo que sin duda nos ha permitido avanzar durante estos años hacia la consolidación de un servicio público judicial plenamente acorde con las exigencias de la democracia y del Estado de derecho. Sin embargo, desde su implantación, el sistema de justicia se ha visto sometido a los cambios de una sociedad que ha experimentado una transformación verdaderamente singular tanto cuantitativamente, con un incremento de más del 15% de su población, como cualitativamente, con un incremento de la litigiosidad del cien por cien en los últimos veinte años. El intento de la planta de adaptarse a estos cambios ha condicionado su permanente reforma, y con esta perspectiva se han creado más de 2.500 plazas judiciales y diversos órganos de nuevo cuño no previstos en el diseño inicial. A pesar de ello, en términos generales, el incremento de unidades judiciales no ha significado una disminución exponencial de la pendencia, lo que acredita la inadecuación de la organización judicial a la nueva realidad española. La organización territorial de nuestra justicia hoy es la misma que la que se estableció en 1834, es decir, han pasado ciento ochenta y dos años, casi dos siglos, y seguimos teniendo unas estructuras judiciales desarrolladas a partir de unas bases que evidentemente no tienen nada que ver con las circunstancias actuales. Como saben sus señorías, la necesidad de una reforma de nuestro sistema judicial desde la perspectiva territorial se ha puesto de manifiesto desde hace ya más de una década por parte de distintas instituciones tanto a nivel nacional como internacional. Todas ellas han coincidido en el diagnóstico: la reforma debe afectar al modelo organizativo. Asimismo, todas ellas han apostado, en mayor o menor medida, por la concentración y la colegiación de órganos judiciales como nuevo modelo para alcanzar mayores cotas de eficacia.

Lo que parece claro es que no estamos solo ante una cuestión de más recursos, de más juzgados, de más jueces; por supuesto que más recursos favorecerán una mejora de la situación, pero es muy probable que en estos momentos se trate sobre todo de una cuestión organizativa. La justicia debe tener los medios suficientes, claro está, pero con un nuevo modelo que nos permita ser más eficientes. Por ello no debemos renunciar a abrir una gran reflexión sobre la justicia, a diseñar un programa de reforma global. Se podría abordar el tema desde una doble vertiente: de independencia judicial, carrera y estatuto del juez, por un lado, y propuestas de reformas estructurales, por otro. No olvidemos que en el Pleno de esta Cámara se aprobó el 11 de diciembre de 2014 -este ha sido el último pronunciamiento sobre la materia- emplazar al Consejo General del Poder Judicial a elaborar de forma participativa un nuevo Libro Blanco sobre la justicia. En sentido similar se han producido peticiones dentro de la propia carrera judicial; así, por ejemplo, los jueces decanos de España en las conclusiones de su vigésimo quinta reunión nacional de octubre de 2015 y también en la última reunión de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia, celebrada en Bilbao en octubre de 2015.

En definitiva, señorías, el Consejo General del Poder Judicial quiere contribuir a la elaboración de un programa de reformas desde la más absoluta lealtad institucional y afán constructivo, estableciendo las condiciones objetivas y necesarias para asegurar la calidad de la justicia y reforzar la independencia del


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Poder Judicial, concebido como un derecho y una garantía al servicio de los ciudadanos. Este programa, como he dicho, abordaría la cuestión desde una doble vertiente. En la primera, relativa a la independencia judicial, la carrera y el estatuto del juez, se abordarían todos los aspectos de la actividad judicial: ingreso en la carrera, selección, formación, especialización, excelencia, protección social, código ético, responsabilidad, independencia, provisión de destinos, evaluación de desempeño, nombramientos, que nos permitan situar a los jueces españoles en una posición reforzada para afrontar los retos del siglo XXI.

En la segunda vertiente se abordarían todas aquellas reformas estructurales que aún tenemos pendientes y que tan necesarias resultan para la modernización de nuestra justicia: una nueva arquitectura judicial, con la consiguiente necesidad de aprobar una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y una nueva Ley de demarcación y planta judicial; la definitiva aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, partiendo de los dos últimos anteproyectos de ley de enjuiciamiento o código procesal penal y definiendo el nuevo modelo de instrucción, así como las funciones investigadoras del ministerio fiscal y las funciones del juez de garantías; la clarificación del modelo territorial de la justicia, ultimando el proceso de transferencia de competencia a todas las comunidades autónomas o planteándose su redefinición y, en definitiva, todas aquellas medidas que fruto de la reflexión y del consenso nos aseguren un nuevo modelo estable y de calidad.

Señorías, para el buen fin de esta ambiciosa tarea les manifiesto ya el compromiso institucional del Consejo General del Poder Judicial para una justicia de calidad. Creemos en la lealtad institucional y por ello estamos convencidos de que el órgano de gobierno de los jueces puede, sin perder un ápice de neutralidad política e independencia, apoyar, colaborar, proponer, impulsar e incluso, en algunos aspectos, liderar un proceso que solo puede traer beneficios para España y para los ciudadanos.

Finalizo ya, señorías, con unas palabras de Ralf Dahrendorf en su libro Después de la democracia con las que llamaba la atención sobre la necesidad de reflexionar acerca del papel del Poder Judicial: Pensar con seriedad qué va a ser el Poder Judicial del futuro es una labor primordial de la democracia de mañana.

Muchas gracias a todos por la atención que me han prestado. Les reitero mi oferta de diálogo sincero y de leal colaboración y quedo a su disposición para todo aquello que consideren oportuno plantearme.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Damos comienzo al turno de intervención de los grupos, comenzando por aquellos que han solicitado la comparecencia y en orden de antigüedad de esta. Comenzará el Grupo Parlamentario Socialista con el señor Campo Moreno.

El señor CAMPO MORENO: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, vocales y demás personal de este órgano constitucional, muchas gracias por concurrir a la sede parlamentaria en un tiempo incierto y donde hemos constatado -como nos enseña Bauman- la modernidad líquida y cómo esta se adueña de nuestro presente. Gracias al Poder Judicial y a su presidente por concurrir cuando el Poder Ejecutivo ha declinado reiteradamente su deber constitucional de rendir cuentas. Desde mi grupo parlamentario se solicitó su comparecencia, vía Presidencia de esta Cámara, a fin de poder dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 563, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, párrafo que concreta presencialmente la obligación genérica prevista en el artículo 563, párrafo primero.

La naturaleza de este acto, por tanto, es doble. De un lado es rendir cuentas de una situación y, de otro, conformar el derecho consagrado en el artículo 23.2 de nuestra Constitución que es el que sirve de fundamento a la construcción jurídica del derecho a información del diputado, según expresó el Tribunal Constitucional en su sentencia 161/1988, de 20 de septiembre. Acojo sus palabras, señor presidente, de que es un momento de reflexión e intercambio de opiniones.

En su intervención ha realizado un exhaustivo despliegue de datos de la memoria de 2014 -con referencias a diciembre del 2015, lo que le agradezco-; tras ello ha expuesto la necesidad de planta y le hemos oído quejas contra la inexistencia de reformas por parte del Gobierno, le diré que tenues, eso sí, pero aplaudo como enorme acierto el acuerdo del pleno de 25 de febrero en materia de planta. Y le hemos visto preocupado por el devenir. Habla de la segunda instancia en los tribunales superiores de Justicia, en sus salas civiles y penales, que son precisas para dar cumplimiento a los nuevos requerimientos procesales y procedimentales y, cómo no, a la casación. Nos ha hablado de la crisis del modelo, problemas con las comunidades autónomas, la organización territorial del Poder Judicial, las lenguas, etcétera.

Nos ha hablado someramente de la política interior del órgano constitucional: políticas de austeridad, presupuesto, formación inicial continuada, mediación intrajudicial y cómo los valores de consolidación,


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visualización y calidad son prioritarios en su despliegue. Posteriormente nos ha desglosado -algo parcialmente- la política de nombramientos del consejo y ha terminado exponiendo su futuro sin dejar dos problemas básicos y nucleares en nuestra sociedad, el problema de la corrupción, tema que comparto con usted en que es un tema sistémico, y aplaudo esa unidad puesta al servicio del Poder Judicial, y se ha centrado en la violencia machista con esas cifras escalofriantes.

Me congratulo de los acuerdos con Andalucía y con la Federación de Municipios y Provincias en un tema tan sensible como son los desahucios en un camino que nos engrandece como sociedad y refuerza nuestras instituciones. Ojalá Castilla-La Mancha y otras más se sumen. Otro tanto me ocurre con el tema del derecho a comprender o la modernización del lenguaje jurídico, que hemos tenido oportunidad de revitalizar en esta corta legislatura y que está claramente relacionado con la tutela judicial efectiva. Hemos oído de su boca los temas de relaciones internacionales del consejo y aspectos nuevos como son, por ejemplo, la inspectoría.

Señor presidente, subrayo tal condición porque creo que con la normativa vigente, más que ningún otro en este consejo, el presidente tiene más competencias que nunca -volveré sobre este particular, me refiero a sus palabras de la refundación del Consejo General del Poder Judicial-. En apenas cuatro años, importantes medidas legislativas han llevado al ciudadano a desconfiar un poco más de la justicia, alejándolo de ella. Pero también al sector, situándolo en un estado que podríamos ubicar entre la desilusión y la resignación. Me parece extraordinariamente positivo -y lo dice alguien que en sus veintinueve años de carrera judicial nunca ha estado asociado- que las asociaciones judiciales hayan firmado con el Consejo General de la Abogacía un Acuerdo de colaboración para la mejora de la justicia, recientemente, el 7 de abril. Pero me preocupa la falta de sintonía con su órgano de gobierno. Algo está pasando cuando nuestros compañeros, señor presidente, no acuden a su sitio natural, al órgano de gobierno. Algo está pasando. Quizás esas palabras suyas de que a lo mejor sería deseable una sola asociación, tienen algo que ver. Pero, en todo caso, bravo por la abogacía, y habrá que profundizar en esas vías que usted nos expone de comunicación con la carrera judicial y sus asociaciones. A lo mejor es que frente a las políticas realizadas, no encuentran ni solución ni consuelo en el consejo. No entienden que el consejo no se rebele contra la falta de políticas inversoras, contra la nula política de creación o la modificación de órganos judiciales, la supresión de un número importante de la llamada "Justicia interina", la Ley de Tasas, la tramitación de proyectos de ley sin ningún acuerdo parlamentario. En suma, acciones que demuestran que por ese camino no hay más consenso que el del rechazo.

Quiero hacerle una reflexión de mi grupo parlamentario que quizás ayude a entender esta situación. Sé que las reformas legislativas de 2013 y 2015 han acentuado la confusión de un órgano constitucional muy necesario pero que no encuentra su sitio, no encuentra el tono justo. Todos los consejos han sido polémicos y sé que lo sabe, a mí me tocó vivir uno muy intenso. Pero las dos reformas mencionadas han conformado un Consejo General del Poder Judicial integrado por una comisión permanente y su presidente, invisibilizando en buena medida al resto de los vocales que no forman parte de esa comisión permanente. Me congratulo de que incluso se estén corrigiendo extremos difíciles de entender, como el acuerdo que la comisión permanente adoptó al principio de su mandato y en virtud del cual los vocales no pertenecientes a esta comisión y no residentes en Madrid tenían que solicitar permiso para desplazarse a la sede del consejo. Parece que esta situación, ha tocado fin.

La reducción del gasto no puede ir en detrimento de la eficacia del órgano y, como ha dicho el señor presidente, hacer más con menos estará conmigo en que debe completarse con hacerlo mejor. Sé que comparte este criterio. Usted anunció al inicio de su mandato que en este consejo no existirían los vocales territoriales, pero la realidad, que es tozuda, impone que en buena medida los haya, pero solo si formas parte de la comisión permanente. Como saben sus señorías, mi grupo parlamentario ha recurrido tal modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional al entender que esta doble categoría de vocales va más allá del mandato constitucional. Seremos respetuosos y esperemos que el Tribunal Constitucional se pronuncie con celeridad.

La reforma ha sido especialmente negativa en lo que se refiere a la percepción de la independencia judicial, primordial función del consejo, y así se pone de manifiesto en el reciente Cuadro de indicadores de la Justicia de la Unión Europea 2016 en el que España aparece en un puesto nada reconfortante sobre la independencia judicial. En el mismo sentido, en la encuesta realizada a la carrera judicial en 2015, el 75% de los jueces creen que el consejo no defiende de una manera suficiente y adecuada la independencia judicial. La encuesta a la carrera judicial nos dice que siete de cada diez jueces en activo consideran que los nombramientos no obedecen a criterios de mérito y capacidad. Me preocupa que, fruto


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de lo anterior, también los propios vocales o algunos de ellos no estén del todo cómodos. Bastaría leer muchos de los votos particulares o entender, por ejemplo, ese recurso ante la Sala tercera del Tribunal Supremo.

Señor presidente, soy un defensor de la transparencia y de los controles, pero lo soy aún más de la consecuencia que de ellos debe extraerse: la confianza en las instituciones. No por saber más y todo de todo las instituciones son más confiables. Creo que ese es el punto que tenemos que resaltar. Es llamativo que las asociaciones judiciales, salvo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, acordaron un comunicado conjunto en contra de la política del consejo en materia de nombramientos. En el mismo sentido, las asociaciones judiciales Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, junto con la organización defensora de los derechos y libertades Rights International Spain, se han dirigido por segunda vez en lo que va de legislatura a la Relatoría especial sobre independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas denunciando -abro comillas- que diversas iniciativas del Gobierno están erosionando el principio de separación de poderes, lo que tiene como consecuencia un debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de derecho, cierro comillas.

Señor presidente, tampoco se ha superado esa vieja tensión con los nombramientos. Espero que en esos conflictos tan habituales en los últimos quince años encontremos una luz para evitar la erosión que supone al sistema de nombramientos que puedan ser revocados por la Sala tercera. Recientemente -aunque aún no conocemos su contenido- se ha anulado el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia; tendremos que leer atentamente lo que establece dicha sentencia.

Voy terminando. Creo que es necesario ahondar en muchos de los capítulos que ha dicho el presidente y me congratulo por ello: módulos, cargas de trabajo, etcétera. Echo de menos un mayor protagonismo del Consejo General del Poder Judicial en la normalización de trámites y los aplicativos informáticos. Ese papel que la ley orgánica y el legislador le dieron al Consejo General del Poder Judicial no termina de encontrar tampoco un hueco que sea el bálsamo que nos permita hablar de un esquema judicial de interoperabilidad y seguridad común para todas las comunidades de España y todos los aplicativos implantados.

Creo que tenemos una preocupación constante. No se trata de refundar un sistema de justicia. Nunca lo tenemos tenido y, por tanto, se trata de fundarlo conforme a valores constitucionales que se han ido decantando en estos cuarenta años de democracia. No podemos pedirle mucho más a nuestra carrera judicial, pero lo cierto es que las jurisdicciones -como ha establecido el presidente, quiero centrarme en la social y en la civil- están sufriendo un debilitamiento en todos sus parámetros. Sé que no es su caso ni el del consejo, pero a ninguno se nos puede olvidar que los ciudadanos son el referente. Usted lo expresaba al comienzo de su intervención: intercambio de ideas para mejorar siempre en beneficio de los ciudadanos. No debería ser muy complejo, señor presidente. Una justicia donde las personas fueran el referente, una justicia con una estructura más racional, con nuevas y más eficaces unidades procesales, unidades que aprovechen mejor los recursos.

El señor PRESIDENTE: Señor Campo, le indico a usted y a todos los portavoces que hemos acordado en Mesa y portavoces el cumplimiento relativamente estricto del tiempo.

El señor CAMPO MORENO: ¿Cuento con quince segundos?

El señor PRESIDENTE: Por supuesto.

El señor CAMPO MORENO: Muchísimas gracias.

Una justicia que se adapte mejor a las necesidades de hoy, que trabaje en red y utilice las mejores tecnologías diferentes para que podamos sentirnos orgullosos de que la justicia resuelve los conflictos de la sociedad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campo.

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Rosell tiene la palabra.

La señora ROSELL AGUILAR: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días y gracias, señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Quiero darle la bienvenida, así como a todas y todos los vocales de este órgano.

En nombre del Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, además de darle la bienvenida y las gracias, queríamos manifestarle nuestro respeto, pero también queríamos decirle que en el Poder Judicial


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se residencia inevitablemente en estos tiempos una parte de nuestra esperanza en lograr un país mejor para la gente. El Poder Judicial debería ser siempre, pero más en tiempo de crisis, el último refugio de los derechos de la ciudadanía. Tenemos un escenario con un Gobierno que ha tomado decisiones, en nuestra opinión, injustas e incluso crueles con las personas más vulnerables y que ha recortado en derechos sociales y en prevención y protección de las víctimas de violencia de género o violencia machista, creando con sus políticas una sociedad cada vez más desigual. Asimismo, tenemos un Parlamento del que han emanado leyes, con un clarísimo sesgo ideológico, contra la clase trabajadora, contra los consumidores, contra los derechos e igualdad de las mujeres. Se ha legislado contra las protestas legítimas de la ciudadanía de este país, originadas por la reclamación de más democracia y de mejores servicios públicos, incluso con una Ley de Seguridad Ciudadana que convertía a la Administración en juez y parte, restando competencia al Poder Judicial. Se ha legislado contra los derechos de las personas migrantes y refugiadas y se ha gobernado contra el derecho a la vivienda, a la educación, a la sanidad y a un empleo digno.

En este escenario de Poder Legislativo y Ejecutivo, la ciudadanía reclama y merece un Poder Judicial fuerte, independiente, capaz de proteger y defender sus derechos, no ya entre partes iguales en este tipo de conflictos, sino sobre todo frente al poder. La ciudadanía ha agradecido y reconocido resoluciones judiciales de jueces y magistrados y juezas y magistradas que, con pocos medios a su disposición pero con toda la dignidad de su función, les han amparado frente a las cláusulas hipotecarias abusivas supliendo en parte una legislación que no acababa de protegerlos, pero inevitablemente caso por caso, también de forma generalizada, se ha protegido a los pequeños ahorradores en las demandas contra productos bancarios, como preferentes y swaps. Asimismo, en febrero de 2014, año al que responde la memoria, los jueces y audiencias provinciales, como la de Madrid, ampararon la libertad de manifestación y la calle como espacio de participación democrática y no apreciaron infracciones penales en algunos escraches ante domicilios de algunos políticos; sentencias y jueces a los que el Partido Popular llegó a calificar de nazismo puro o de jueces socialistas que permitían el acoso. En julio de 2014 la Sección primera de la Audiencia Nacional absolvió a los acusados de las protestas ante el Parlament de Catalunya, y la sentencia no fue objeto de crítica sino de auténticas descalificaciones y ataques personalizados por el Gobierno y los medios de comunicación afines. En la jurisdicción social ha habido un Poder Judicial crítico con la reforma laboral aprobada dos años antes, en 2012. El presidente de la patronal, de la CEOE, reclamó cambios para restar poder a los jueces y la ministra de Empleo dijo que los temía más que a los hombres de negro.

En estos casos de jueces que aplicaban la ley de forma desfavorable a las decisiones del Gobierno o jueces incómodos para el Poder Ejecutivo, se ha echado un poco o bastante de menos la acción del Consejo General del Poder Judicial de defender la independencia judicial, que no es un privilegio de los jueces sino una garantía del pueblo, de la ciudadanía, al menos su aplicación con la misma celeridad con la que se abrió en 2014 el expediente de los 33 jueces y juezas catalanes que defendieron en un manifiesto la legalidad de la consulta, expediente que se abrió a instancia de Manos Limpias y que se archivó en diciembre de 2014. Precisamente, en septiembre de 2014, Jueces para la Democracia manifestó por primera vez que no acudiría a la apertura del año judicial en protesta no solo por la situación de la justicia, sino también por los ataques del Gobierno a la independencia judicial y por un Consejo General del Poder Judicial tan afín al Ministerio de Justicia -entonces ocupado por Gallardón y después por Catalá- que tenía como consecuencia su incapacidad para denunciar la creciente degradación de nuestra Administración de Justicia. También fue en 2014 cuando Rajoy dijo que entre sus medidas para la corrupción estaba la creación de 300 plazas de jueces. Esto no era verdad, solo se regularizaron los jueces en expectativa de destino, jueces que ya estaban trabajando y ya costaban al erario público, pero ni una sola plaza más. Después, se generalizaría el discurso de que dentro de las medidas contra la corrupción no solo no se incrementaban los medios sino que se reducían los plazos, con el 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco vimos ahí al Consejo General del Poder Judicial posicionándose en contra de esta limitación que, sin más medios, determinaría impunidad. En diciembre de 2014 también la Comisión permanente dejó de renovar, pese a haberlo hecho sucesivamente, al juez Ruz. Lo sustituyó cuando acababa precisamente de imputar al Partido Popular como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel. Todo ello, lamentablemente, incrementa la percepción de la ciudadanía de un Consejo General del Poder Judicial cada vez más sumiso y cercano al poder político, cada vez más politizado, que no ampara a los jueces contra los ataques del Gobierno y cuya política de nombramientos crea la percepción en la ciudadanía de que cuanto más se sube en el escalafón de los tribunales menos independientes son. Creemos que hay


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más percepción de independencia en los juzgados unipersonales que en los altos tribunales, cuyos presidentes o todos sus miembros son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial.

Usted ha contado, señor presidente, cómo funciona el Consejo General del Poder Judicial y creo que ha puesto el acento en su eficacia y en las novedades, pero hay cuestiones en las que creemos que las novedades no son funcionales, ni para el órgano, ni para su democracia interna, porque no todo es eficacia, ni para la independencia judicial. En comparecencias anteriores ha analizado el impacto de la Ley orgánica 4/2013, creemos que los defectos se han agudizado con la Ley orgánica 7/2015 y, ahora, cuando usted cumple el 3 de junio la mitad de su mandato, sería un buen momento para hacer balance. Creemos que se ha incrementado de forma preocupante el presidencialismo del consejo. Sabemos que se lo estamos diciendo al propio presidente, pero es que las decisiones técnicas y políticas pasan todas por la comisión permanente, y estar en la comisión determina todos los derechos económicos, representativos y de régimen de incompatibilidades de los vocales, creando un sistema de vocales de primera y de segunda clase. Los nombramientos y los ceses de los responsables de la política de comunicación ahora dependen de la presidencia, y creemos sinceramente que en algo silencia a las minorías. Y en los nombramientos discrecionales del consejo, es verdad que con un sistema mayoritario, creemos que se prescinde del consenso, y hay sospechas de arbitrariedad y de hacerlo de espaldas a la doctrina de la Sala tercera, sospechas que también invaden a la propia carrera judicial y no solo a la ciudadanía. Los pocos nombramientos de mujeres ya no pueden obedecer a razones históricas. Si no estamos en la cúpula judicial ahora ya obedece a la política de nombramientos, que era mérito, era capacidad y era también igualdad de género. Hay una cierta parálisis institucional en relación con la carrera judicial.

Es verdad que hay un plan de prevención de riesgos laborales, después del conflicto colectivo planteado y desistido en 2014, pero es que ayer y hoy nos hemos enterado de que hay un nuevo conflicto colectivo planteado en 2016, pese a la supuesta intensa actividad del plan de prevención; y la demanda de conflictos lo que dice es que ha incumplido el consejo su deber de realizar la medición de cargas judiciales. Piden a la Audiencia Nacional que condene al Consejo General del Poder Judicial a hacerlo. La medición de carga no es solo bienestar de los jueces y que trabajen en condiciones saludables, es que determina el número de jueces por habitante, en cuya ratio realmente necesitamos igualarnos a Europa.

En un sistema democrático basado en los derechos fundamentales y en la separación de poderes, el Poder Judicial está llamado a controlar los excesos del Gobierno y de la Administración, pero no puede haber un control del Gobierno por el Poder Judicial, cuyos más altos puestos están nombrados por un órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, a su vez gobernado por cuotas de poder de los partidos políticos mayoritarios -esto lo dijo el Greco, el Grupo de Estado contra la Corrupción-, máxime en épocas de una corrupción sistémica que afecta esencialmente al partido en el poder.

Queríamos saber si está de acuerdo con una Policía Judicial y unos peritos de Hacienda que no dependan del propio Gobierno, que puede ser el investigado, y que no sean apartados de las investigaciones, sino desde el Poder Judicial. Los grandes partidos políticos eligen directamente en las comunidades autónomas a uno de los magistrados de los TSJ que los juzgará conforme a su aforamiento y en el Estado a través del consejo a los presidentes de los tribunales colegiados, presidentes de sala y todos los magistrados del Supremo. Es razonable pensar en cúpulas judiciales con personas más cómodas y condescendientes con el poder y menos independientes. La ciudadanía tiene derecho a preguntarse si esto se hace para hacer justicia o para hacer política, no desde aquí, sino dentro de la justicia.

Termino. Creemos que hasta ahora ha habido una cierta tónica general en las comparecencias del presidente y que ha sido mayoritariamente la actitud de un poder político también un poco sumiso ante quien tiene en su mano juzgarlos como aforados...

El señor PRESIDENTE: Señora Rosell, tiene que terminar.

La señora ROSELL AGUILAR: Nuestro mensaje no es de miedo ni de sumisión, tampoco de rebeldía, sino de un respeto proporcional a su función de defensa de la independencia judicial y del servicio público de justicia a la que todos y todas tenemos derecho.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rosell.

No hay ningún representante del Grupo Parlamentario Mixto. Por lo tanto, intervendrá el representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Legarda Uriarte.


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El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias también, señor presidente del consejo y miembros del mismo que hoy nos acompañan.

Centraré mi intervención en la valoración y balance, en la reflexión que a nuestro juicio merece el modelo de consejo instaurado tras su reforma por la Ley orgánica 4/2013 y su aplicación práctica. Para su valoración y balance nada mejor que comenzar por los puntos sobre los que se centró la reforma y que explicaba su preámbulo, y especialmente por aquellos sobre los que pivota el funcionamiento real del consejo: ejercicio a tiempo parcial del cargo de vocal y reparto de competencias entre sus órganos. Respecto a la dualidad de vocales, de los no permanentes, en el preámbulo se decía que su cargo lo ejercerían conjugándolo con su actividad profesional, lo que reforzaría la pluralidad del Consejo y la cercanía de los vocales a la realidad que habrían de gobernar, además de contribuir a la buena administración y eficiencia económica. De los vocales con exclusividad, los únicos pertenecientes a la permanente, por razones de agilidad y eficacia se añadía que se renovarán anualmente para que todos los vocales, salvo los de la disciplinaria, puedan llegar a formar parte de la permanente, posibilitando así una mayor pluralidad de esta última. En cuanto a la redistribución de competencias entre el pleno y la permanente, en el preámbulo se decía que las competencias de la permanente eran universales en aras de la agilidad y la eficiencia, salvo las expresamente reservadas al pleno o a alguna otra comisión, y que esto en ningún caso suponía un desapoderamiento del pleno, ya que retenían las cuestiones más importantes, y finalizaba afirmando que la estructura diseñada no era presidencialista, puesto que lo que no era del pleno era de la permanente.

Pues bien, transcurridos dos años y medio desde la reforma del consejo, ya adelantamos que, a nuestro juicio, no se han producido las bondades que predicaron quienes promovieron su reforma y sí los problemas y disfunciones que auguraron quienes la criticaron. La mayor de ellas es, también a nuestro juicio, la desviación del modelo constitucional del consejo, que es el propio de los órganos deliberantes, a través de los que se realiza la colegialidad y el pluralismo, tanto por el número de miembros -veinte- como por el origen de sus vocales judiciales y no judiciales, y por la elección por mayoría de tres quintos de las Cámaras que forman las Cortes Generales. Ello se ha producido, a nuestro juicio, por la marginación del debate plenario, a través de la aparente irrelevancia de los vocales no permanentes y correlativa preeminencia de la presidencia, lo que ha conducido a la sustitución práctica de un modelo constitucional del consejo basado en la colegialidad y el pluralismo en otro notablemente presidencialista, alejándose también, por cierto, de la voluntad de la Ley orgánica 4/2013, que distaba de promover un esquema presidencialista, tal y como se decía en su preámbulo. Veamos cómo se ha producido la marginación del debate plenario y su obstaculización.

El pleno ha dejado de tener una competencia universal y pasa a ejercer exclusivamente las que expresamente le atribuye la ley orgánica. La interpretación literalista del adverbio exclusivamente, llevada a cabo por la presidencia y la permanente, desconociendo el sentido de la configuración constitucional del órgano, ha menoscabado la posición central del pleno en la arquitectura del consejo, por más que, como decía el preámbulo de la ley orgánica, se empeñara en decir que ese no era su objetivo.

Los vocales no permanentes, por su parte, carecen de relevancia real en la toma de decisiones, no solo por la gran dificultad para formar criterio a través de reuniones con otros vocales o autoridades judiciales o de otra naturaleza cuando ello requiere desplazamiento -como ha indicado algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra-, sino también por la función eliminada, hasta ahora siempre existente, de los vocales territoriales, a fin de recabar y canalizar las inquietudes de los órganos judiciales y otros agentes de la comunidad autónoma de residencia del vocal; y ello por no entrar con carácter ordinario en el reparto de ponencias sobre informes del pleno o como solo contar con escasas horas para examinar la documentación soporte de los asuntos a tratar, viéndose obligado a tener que pedir explicaciones en la propia sesión plenaria. Como también por las dificultades para presentar votos particulares, de los que por cierto la oficina de comunicación, dependiente de la presidencia, nunca da reseña ni cuentas cuando traslada acuerdos alcanzados, y luego los conocemos en esta Cámara a través de las memorias que acompañan a los proyectos de ley que nos remite el Gobierno. Como también por la interpretación de la regla de la mayoría simple de los miembros presentes, establecida para el nombramiento de los puestos judiciales más relevantes que se ha cifrado no en la mitad de los presentes, sino en la opción que reciba más votos. Y ello unido a que se permita sin obstáculo alguno el voto en blanco, sin reparar en su carácter excepcional, cuando la naturaleza del asunto lo permite, según señala el artículo 630 de la ley orgánica, ha posibilitado que potencialmente puedan elegirse candidatos a puestos clave de la magistratura con 8 o menos miembros, menos votos de un total de 21. En definitiva la función de los


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vocales no permanentes se orienta, por la nueva arquitectura, a asistir a las reuniones del pleno, a asistir a la comisión de la que sean miembros, y a votar propuestas ya discutidas y cerradas en la comisión permanente. Por el contrario, y en contraste, con la intermitencia que caracteriza a los vocales no permanentes, los permanentes, 7 de 20, son los únicos que tienen visibilidad en todo tipo de actos y actividades, y monopolizan en la práctica todas las iniciativas y asuntos que se suscitan en el consejo, al tener este como ya expusimos la competencia universal práctica. Además, tampoco se ha producido la renovación anual de la comisión permanente para que todos los vocales puedan llegar a formar parte de la misma ni parece que se vaya a producir.

En los dos años y medio de andadura del consejo tan solo se ha cubierto una vacante, se ha sustituido a un vocal por otro, ya que no contabilizo obviamente, a efectos de renovación anual, la cobertura de dos plazas, tras la ampliación de 5 a 7 miembros de la permanente, operada por una posterior reforma de la ley orgánica a la de 2013. Sin embargo la posición de preeminencia de la permanente en la arquitectura del consejo considero que es más aparente que real, pues esta se encuentra bajo la jefatura efectiva de la presidencia del consejo, ya que es esta quien decide el alcance de la renovación anual de los miembros de la permanente, y también es facultad suya proponer a los candidatos a ese órgano ejecutivo e igualmente el mantenimiento de los vocales en la comisión permanente.

Todo lo expuesto arroja el resultado de un consejo notablemente presidencialista, que ha conducido a que disponga el orden del día del pleno y el de la comisión permanente, así como los trabajos preparatorios de ambos órganos, con el apoyo de la secretaría general y el gabinete técnico, monopolizando la información a través de la oficina de comunicación, realizando la función de portavoz también del consejo, así como supervisando la actividad de promotor de la acción disciplinaria y su propio impulso. En definitiva una gran concentración de poder que desmiente la afirmación del preámbulo de la Ley Orgánica 4/2013, que decía que el modelo que establecía no era presidencialista.

Voy finalizando. Los peores presagios que se formularon durante la polémica que acompañó a la aprobación del nuevo modelo de consejo, que hasta lo llevó ante el Tribunal Constitucional -en el que se encuentra pendiente de resolución-, creemos que se han confirmado, y cuando la actividad de esta Cámara lo permita deberá ser objeto de amplio debate y reconducción, si así se considera, a su genuino modelo constitucional.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente del consejo. Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) tiene la palabra la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y vocales que hoy nos acompañan. Gracias por su intervención y por sus prolijas explicaciones. Quiero centrar mi exposición en los aspectos siguientes: en la mejora de la calidad del acceso del ciudadano a la justicia, en que este acceso pueda hacerse con respeto y en garantía de todos los derechos y libertades, y finalmente que trabajemos para que la justicia sea una administración moderna, transparente, y sobre todo para que la imparcialidad gane enteros cada día.

En relación con la mejora de la calidad de acceso del ciudadano a la justicia he de decir que, si bien es cierto que la Generalitat de Catalunya tiene algunas competencias en la materia, estatutariamente son muy limitadas, a la par que hay un extremado déficit de financiación. El déficit de financiación es un tema recurrente -la falta de medios es archiconocida-, pero no es menos cierto que una buena planificación de los existentes coadyuvaría sin duda a su optimización. Hasta la fecha, con la Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, el Estado ha recaudado en estos cuatro años 180 millones de euros en Cataluña; sin embargo esta cantidad recaudada no ha retornado a la Administración de Justicia con competencias en los medios, que es la que ha prestado servicio al ciudadano. Por tanto es necesario que el consejo inste al Gobierno a que retorne a las comunidades autónomas con competencias en los medios materiales de la Administración de Justicia los importes ingresados por las tasas. ¿Podemos pedirle, señor presidente del consejo, que apoye esta reclamación fundada al Gobierno, cuando lo haya ciertamente?

El segundo aspecto que relataba al principio guarda relación con el respeto y la garantía de los derechos y las libertades de los ciudadanos respecto del acceso a la justicia. Quiero hacer hincapié en una asignatura eternamente pendiente: el cumplimiento de la ley, que garantiza que toda persona que


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intervenga en un procedimiento judicial en una comunidad autónoma con lengua cooficial, como es el caso de Cataluña o Euskadi, tenga derecho a utilizar en sus manifestaciones orales o escritas la lengua oficial del territorio que la persona escoja, sin que ello suponga ningún retraso en las comunicaciones ni menoscabo en su derecho de defensa. Usted ha dicho que se mantiene el dictado de sentencias en catalán, la lengua propia de Cataluña; sin embargo tengo que decirle que, a pesar de los ingentes esfuerzos del Gobierno de Cataluña para que esto sea mejorable -puede serlo, porque el 12% de uso del catalán en la justicia es una enorme brecha en lo que significa el uso del catalán en la sociedad-, no hemos visto apoyada esta reclamación por parte del consejo general. Sería necesario que el mismo apoyase que el conocimiento del catalán sea un requisito, y no un mero mérito para poder acceder a las plazas de juez en Cataluña. Esto no solo lo pedimos nosotros, sino también el Consejo de Europa, el cual manifiesta preocupación porque considera que no se ayuda suficientemente al conocimiento de las lenguas propias en los territorios.

El último aspecto que quiero destacar, señor presidente, se refiere a los trabajos en beneficio de una justicia moderna, transparente y despolitizada. En relación con la modernización creemos necesario garantizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas de información judicial, de manera que se permita la evaluación del volumen real de asuntos y su naturaleza. Es un hecho vital para poder determinar la necesidad de la creación de nuevos órganos en cada territorio. Es algo necesario pues facilitaría, tanto la medición de las cargas de trabajo como la determinación necesaria para que las comunidades autónomas con competencias en los medios materiales de la Administración de Justicia puedan adecuar los medios a la carga de trabajo. ¿Cómo va a determinar el consejo las cargas de trabajo a exigir a jueces y magistrados en las diversas jurisdicciones, extremo que están esperando las comunidades autónomas desde octubre de 2014? Además sabe usted que existe enorme movilidad en las plazas de jueces y magistrados en Cataluña. Apenas permanecen dos años, el tiempo mínimo preciso, y ello se infiere principalmente de la enorme carga de trabajo existente en muchos partidos judiciales, que a menudo no se ve compensada con un adecuado sistema remuneratorio, actualmente fijado con criterios objetivos, como es el número de habitantes. ¿Considera el presidente del consejo que es necesario establecer un nuevo sistema remuneratorio que se adecue más a la realidad de la carga de trabajo existente en cada partido judicial, para intentar evitar la rotación de plazas?

El último aspecto que quiero abordar se refiere a la transparencia y a la despolitización. Nos parece especialmente serio e importante por cuanto afecta directamente a la imagen y a la credibilidad de la justicia del Estado español. Sobre la justicia del Estado, sobre el Estado mismo pesa en el imaginario colectivo que tiene una política judicializada y una justicia politizada, y esto nos parece extremadamente grave. La despolitización de la justicia, su independencia, su imparcialidad, deberían estar fuera de toda duda y sospecha, tanto las de la propia justicia como por supuesto las de su máximo órgano de gobierno. La justicia está para que los fuertes no lo puedan todo, y para que se puedan reparar los desequilibrios de las relaciones entre las personas. Cualquier posible sospecha de que esto no sea así debilita el Estado de derecho a la par que impide el progreso económico y social de una comunidad, de una organización o incluso de un Estado. Le quisiera preguntar pues en este sentido, para conocer su opinión, en relación con el comunicado conjunto -ya ha sido referido por parte de algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- realizado por diversas asociaciones de jueces, porque me parece de extraordinaria gravedad lo que allí se explicita. Este comunicado sorprende por la contundencia y por la gravedad de algunas acusaciones, a la vez que se valora de forma negativa la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que según se dice ha hecho una reserva de poder muy importante en la figura de su presidente. Dice textualmente el comunicado: Un presidencialismo más propio de otros tiempos que de una democracia moderna. Se ha dicho -y me adhiero a las diferentes observaciones que han realizado los anteriores portavoces- que resulta que de 21 miembros actualmente, con la configuración del órgano de la permanente, son solo 7 más el presidente los que adoptan las decisiones; una suerte de vocales de primera y otros de segunda que parece que hipoteca la pluralidad y el debate de la toma de decisiones. Me ha llamado la atención de hecho que usted mismo haya manifestado que se ha realizado una media de 95 acuerdos por reunión. Nos gustaría saber cuál es la duración de estas reuniones, porque ciertamente 95 acuerdos de media son muchos, y parece que no dé suficiente espacio al necesario debate que debe haber entre las altas funciones que tienen encomendadas.

Otra queja principal que se infiere del comunicado es en relación con la política de los nombramientos de los altos cargos de los altos tribunales. Insisten en reclamar requisitos de mérito y capacidad para estos nombramientos. Son acusaciones que nos parecen muy gráficas y me gustaría preguntarle exactamente


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por dos aspectos que, por cuestión de cercanía territorial, llaman más la atención a nuestro grupo parlamentario. Uno es exactamente el nombramiento del presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, en detrimento de una candidata, en este caso una mujer, doña Ángeles Vivas Larruy, la cual reunía objetivamente más méritos en el escalafón, estaba en el puesto 159, y don Antonio Recio, que finalmente ganó el concurso, estaba en el puesto 1.359 del escalafón. Este nombramiento ha provocado una especie de malestar, porque no se comprenden cuáles han sido los criterios a la hora de adoptarlo. En doña Ángeles Vivas coinciden dos circunstancias: una es que se trata de una mujer -es evidente la falta de mujeres en los altos puestos de los altos tribunales-, y el segundo aspecto es que en febrero de 2014 firmó, junto a otros jueces y magistrados que ejercen en Cataluña, un manifiesto a favor del dret a decidir del poble català. Objetivamente parece que sexismo y política se han impuesto a mérito y capacidad. Me gustaría saber cuál es la opinión que le merece al presidente, y si puede convencernos de que las evidencias que le estoy manifestando no son las que se han impuesto en los concursos realizados por el Consejo General del Poder Judicial.

En el mismo orden de cosas y para ir terminando, señor presidente de la Comisión, quiero referirme a otro nombramiento que ha causado también malestar y ha empañado la sombra de la imparcialidad del consejo, y me refiero al nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, presidente que fue elegido por 12 votos de los 21 vocales. Se da la circunstancia de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el órgano que actualmente investiga, entre otros muchos asuntos, la querella contra el president Mas por la consulta del 9 de noviembre y contra la vicepresidenta Ortega y la conseller d'Ensenyament, señora Rigau. Es además este tribunal el que deberá ejecutar, llegado el caso, las resoluciones que el Tribunal Constitucional dicte sobre el proceso soberanista de Cataluña. Con ello quiero evidenciar que la presidencia de este alto tribunal es algo extremadamente delicado si cabe, aún más, pero además por las materias sobre las que deberá resolver más pronto que tarde.

El señor PRESIDENTE: Señora Ciuró, tiene que ir terminando.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Diez segundos. Y de la que se debería predicar aquello de la mujer del César.

Cuando el candidato, señor Barrientos, presentó ante el Consejo su proyecto de candidatura para presidir el alto tribunal catalán, manifestó que el actual escenario no es el más idóneo para mantener una relación fluida con las instituciones catalanas, en referencia al escenario resultante de las elecciones democráticas del 27 de septiembre. Desde nuestro punto de vista es preocupante que el resultado electoral democrático y legal se considere que dificulta la relación.

El señor PRESIDENTE: Señora Ciuró, tiene que terminar. Hemos quedado en que el término del tiempo iba a ser estricto.

La señora CIURÓ I BULDÓ: ¿Cuál la consideración que le merece al señor Presidente?

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia, president, o boa tarda, como prefieran. Excelentísimo señor presidente el Consejo General del Poder Judicial, excelentísimas señoras y señores vocales del consejo, agradezco la comparecencia y el informe detallado y extenso que ha efectuado el presidente. Desde Esquerra Republicana nos preocupan una serie de temas que pasaré a enumerar y posteriormente desarrollaré. Independencia judicial y política de nombramientos, uso de las lenguas oficiales distintas al castellano, retrasos judiciales y reformas legislativas. En cuanto a la independencia judicial desde Esquerra Republicana vemos con preocupación la política de nombramientos del actual Consejo General del Poder Judicial. Me permitirá que le diga que consideramos que se basa en posicionamientos ideológicos, por cuanto son cesados o no nombrados quienes tienen posicionamientos contrarios al Gobierno del Partido Popular y a esa mayoría tan próxima al partido del gobierno, en este caso el Partido Popular, entre los que me permitirá que le diga también que usted no se encuentra alejado, ya que ostentó cargos en el Ministerio de Justicia desde el año 2000 al 2005; nombramientos que consideramos discriminatorios, contrarios a los acuerdos en materia de igualdad y no basados en los méritos de los candidatos. Por cierto, algunos de estos nombramientos, los que han sido impugnados ante el Tribunal Supremo, han sido cuestionados y


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anulados por este tribunal, además de ser abiertamente criticados por la carrera judicial. De manera que en este extremo Esquerra Republicana no tiene la exclusiva.

Ejemplos de esa política de nombramientos que desde Esquerra Republicana cuestionamos, y que por tanto ilustran lo que acabo de afirmar, hay varios, pero empezaré por uno que ya se ha mencionado: el de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La no renovación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al parecer de Esquerra Republicana y de esta portavoz lo es por motivos claros y vinculados al proceso de independencia de Catalunya y a la gestión -que no parece ser del agrado del Consejo- que hizo de la instrucción de la causa incoada por la consulta del 9 de noviembre. Por cierto, este tema ya causó estragos respecto a la Fiscalía General del Estado, que le costó el cargo al Fiscal General del Estado, pero también al fiscal jefe superior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además no lo dice Esquerra Republicana solo ni Democràcia i Libertad, sino que también lo dice la prensa, que se hizo eco de este tema de forma clara y contundente, concretamente durante la entrega de despachos de los nuevos jueces en Barcelona, en julio de 2015, que presidió usted. Entonces le reclamó usted al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, mayor celeridad en la instrucción de la causa. Estas presiones -yo las entiendo así y considero que son presiones- motivaron un comunicado de la Asociación Jueces para la Democracia. Le voy a formular un par de preguntas con relación a este tema. ¿Es la disconformidad en cómo fue abordada la instrucción de la causa del 9 de noviembre la que provocó la no renovación del entonces presidente, señor Miguel Ángel Gimeno? ¿Por el contrario, las manifestaciones de confrontación clara y absoluta con el proceso de independencia catalán vertidas por el que ahora es el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fueron las que facilitaron su nombramiento?

En relación a la presidencia de la Audiencia Provincial de Barcelona desde Esquerra denunciamos -y en esto tampoco tenemos la exclusiva, sino también las asociaciones de jueces y magistrados, las de letrados, etcétera- que fue descartada la candidata Ángeles Vivas, que tenía más méritos y antigüedad en el escalafón judicial que el otro candidato, y con una experiencia muy superior a la del candidato nombrado. Según Esquerra Republicana existe también en este supuesto un criterio ideológico claro, que no es otro que el hecho de haber participado de una forma activa en la suscripción de un manifiesto a favor del derecho a decidir en Cataluña. Y si no dígame qué es lo que realmente ha primado en el caso de este nombramiento. ¿Cuál ha sido la razón de que no se haya nombrado a la candidata con mejores méritos? Por cierto, al inicio de su mandato usted manifestó que tenía intención de promover a las magistradas para cargos de nombramiento discrecional. Es evidente que con el anterior caso tenemos un ejemplo claro de divergencia absoluta entre lo que se dice y lo que se hace. De los nombramientos efectuados por este consejo, 17 mujeres y 89 hombres, lo digo por lo de la paridad y la igualdad y que empecemos a poner hilo a la aguja. Viva la igualdad y qué lejos estamos de la paridad, a pesar de que, como usted manifestaba al desgranar su informe, la tendencia de ingreso en la carrera judicial es mayoritariamente femenina. En el escalafón inferior de la escala judicial el 68% son mujeres, en el total de la carrera judicial, en todos los escalafones, ya las mujeres representan el 52%. Por tanto, la política de nombramientos en este tema no persigue los principios de igualdad y está alejadísima de los principios de paridad.

Esquerra Republicana entiende que la política de nombramientos es cuestionable y, más que discrecional, se encuentra ya en el punto de la arbitrariedad. Como lo fue, por ejemplo, el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por cierto acuerdo anulado por el Tribunal Supremo. En relación con el nombramiento de la presidencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo de nuevo los medios de comunicación se hicieron eco, y apuntaban a las presiones ejercidas directamente por el presidente del Consejo General del Poder Judicial a varios de los vocales para que votaran a un determinado candidato. La prensa informó al respecto, tres asociaciones judiciales se pronunciaron, y el magistrado no renovado también, emitiendo un comunicado. Supuso una denuncia como se ha dicho con anterioridad de Rights International Spain ante el relator de Naciones Unidas por estas presiones, que además cuestiona la independencia judicial. No es la primera vez, ya vamos por la segunda o la tercera. Esta asociación en estos momentos se encuentra vetada para poder llevar a cabo actividades formativas en el Consejo General del Poder Judicial, actividad que venía desarrollando con toda normalidad hasta ese momento y que ahora ya no realiza. Esquerra Republicana no cree en las casualidades, nos hemos hecho mayores hace mucho tiempo y ya no creemos que las cosas pasan porque sí. ¿Podría decirme a qué obedece que ya no participe en actividades formativas del Consejo General del Poder Judicial?

Paso a referirme a uno de los puntos que ha sido reiterado por mi compañera Ciuró, que es el uso de las lenguas oficiales distintas al castellano en aquellos territorios con lengua propia. Señor presidente del


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Consejo General del Poder Judicial, supongo que usted es perfectamente consciente de la disminución creciente del número de sentencias dictadas en catalán, ya que antes se ha referido a ello. En el año 2014 el portavoz de Esquerra Republicana, señor Tardà, ya le preguntó al respecto y le ha preguntado cada vez que ha comparecido. En 2010 el 14,5% de las sentencias se redactó en catalán, en 2014 se redactó el 12,2% en catalán, en 2011, 2012 y 2013 fue disminuyendo el número de sentencias redactadas en catalán. Usted, en comparecencias anteriores, se ha escudado en que el uso de las lenguas oficiales distintas al castellano no se trata de una competencia directa del Consejo General del Poder Judicial. Ahora bien, discrepo de este parecer y de esta posición, ya que -y en esto usted acabará estando de acuerdo conmigo- sí que se trata de una competencia propia del Consejo General del Poder Judicial, porque su competencia es promover la garantía de los derechos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia, y el uso de la lengua que nos es propia es un derecho que el Consejo General de Poder Judicial debe garantizar, y esta afirmación se sustenta en argumentos legales. Existen normas que la amparan, artículo 3 de la Constitución española, artículo 6.2 del Estatuto de Autonomía, articulo 32 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, de obligado cumplimiento para el Estado español. En relación con estatuto de autonomía es evidente que conforma el bloque de constitucionalidad directamente aplicable. Por ello le preguntó, ¿qué acciones concretas ha puesto en marcha el Consejo General del Poder Judicial para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos de los territorios con lenguas oficiales distintas al castellano? Me estoy refiriendo al ámbito de los Països Catalans, Catalunya, País Valencià, Illes Balears, y por descontado Galicia y Euskal Herria.

Respecto de la exigencia de que los jueces deban conocer la lengua oficial distinta al castellano, y que su conocimiento sea un requisito -y para Esquerra Republicana debería ser así-, me gustaría conocer su opinión al respecto. En cuanto a los retrasos judiciales -un mal endémico que aqueja históricamente a la justicia y sobre lo que hay literatura al respecto- usted ha descrito detalladamente el porcentaje de retrasos, qué órganos judiciales están afectados, la sobrecarga de trabajo...

El señor PRESIDENTE: Tiene que finalizar.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Voy acabando, presidente.

...usted sabe que la justicia en el Estado español se mueve en los márgenes más bajos de la Unión Europea, con 12 jueces por cada 10.000 habitantes. ¿Qué ha hecho el consejo general para paliar la situación de sobrecarga de los órganos judiciales?

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, pues tienen además un segundo turno.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Como tengo un segundo turno, concluiré haciéndole una pregunta muy directa. ¿En cuántas ocasiones el presidente del Consejo General del Poder Judicial, aparte del manifiesto elaborado, se ha dirigido públicamente al ministerio para exigir la creación de nuevas plazas judiciales? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en Cataluña -y termino ya, presidente-, existen plazas aprobadas que continúan sin ser creadas; son los casos de Reus, Girona, Sabadell, Badalona, Granollers, Mataró y Terrasa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. También le digo que el segundo turno no es obligatorio. (Risas).

Tiene la palabra el representante del Grupo Ciudadanos, señor Gómez García.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias por su comparecencia, señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como al resto de miembros y vocales del Consejo General del Poder Judicial por acompañarnos en esta comparecencia. Quería también trasladarle las gracias por habernos enviado los datos actualizados del año 2015, porque si no esta comparecencia quedaba un poco desfasada.

Desde Ciudadanos creemos que para que un Estado democrático y de derecho funcione es condición indispensable que haya una separación de poderes, que haya una independencia judicial, tal y como señala el artículo 117 de la Constitución española. En los últimos años, en las últimas décadas los partidos políticos han colonizado prácticamente todos los aspectos de la vida pública española, y como no podía ser de otra manera también han colonizado el Consejo General del Poder Judicial; además, tras las diversas modificaciones que se han hecho, la politización del consejo se ha visto acentuada. Por eso


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esperamos que en una próxima legislatura -que esperamos que llegue- se pueda llevar a cabo una reforma de la composición y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Esto obviamente no es culpa suya, señor presidente, sino de los que estamos aquí sentados; por eso digo que esperemos que en la próxima legislatura se pueda llevar a cabo. Lo que sí es su culpa -y ya se ha manifestado por el resto de portavoces- es la política de nombramientos de los altos cargos de las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia y Tribunal Supremo.

Desde Ciudadanos creemos en la honorabilidad de los miles de jueces y magistrados que se dejan la piel día a día por nuestra justicia, pero como dice el refrán, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Tenemos que reconocerle que se ha hecho un esfuerzo con el portal de transparencia al publicar los currículums de los candidatos y las entrevistas de los mismos para su nombramiento, pero falta la baremación de los diferentes méritos que recoge la convocatoria y los puntos de cada candidato. Este problema a quien más perjudica es al candidato seleccionado, porque siempre se pone en cuestión su selección, su honorabilidad y su independencia. Le vamos a poner un ejemplo sin mencionar de qué tribunal se trata, aunque creo que usted lo conocerá. En la convocatoria para presidente del Tribunal Superior de Justicia a que nos referimos se señalaban una serie de méritos: entre ellos, como mérito específico, se ponderará el tiempo de servicio en órganos colegiados. Pues bien, el candidato elegido carecía de experiencia en órganos colegiados y había otros tres candidatos que tenían más de veinte años de experiencia en órganos colegiados. También se señalaba como mérito la participación en órganos de gobierno. Estos tres otros candidatos tenían bastantes más años de experiencia en órganos de gobierno, limitándose el candidato seleccionado a haber sido cinco años decano en un modesto partido judicial. El resto de candidatos eran presidentes de audiencias provinciales o presidentes de sala del mismo tribunal superior de justicia; el resto de candidatos tenían entre veinticuatro y treinta y cuatro años de experiencia en órganos jurisdiccionales de la comunidad autónoma del tribunal superior de justicia que se estaba seleccionando; el candidato seleccionado solo siete años. No dudamos de la capacidad y mérito del candidato seleccionado porque personalmente nos consta, pero creemos que es necesario una mayor y más profunda motivación para que no haya lugar a ningún género de duda, y así creo que se lo ha hecho saber la Sala tercera del Tribunal Supremo -como ya se ha señalado por otros portavoces- anulando el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por falta de motivación.

En cuanto a la independencia, también tenemos que señalar, a colación de esto, las recientes noticias sobre los cursos de la asociación Ausbanc a los que han acudido diferentes magistrados. Creemos, por supuesto, que los jueces y magistrados pueden acudir, y deben, a dar cursos y conferencias en universidades, en colegios profesionales, en centros de formación pero creemos que hay que revisar y tener cuidado con la compatibilidad para realizar esos cursos en entidades que litigan frecuentemente, porque se puede poner en duda la imparcialidad de los jueces y magistrados cuando tienen que conocer de las causas de estas entidades.

No podemos más que estar de acuerdo con usted y con su comparecencia sobre los medios de la justicia en que son insuficientes y, como bien ha señalado, desde 2011 prácticamente no se han incrementado las plazas. Recientemente hemos visto que en un juzgado de lo social de Sevilla se ha señalado una vista para el año 2020. Es inaceptable, precisamente en un juzgado de lo social, que se estén señalando vistas para el año 2020. De ahí -y ya lo han dicho otros portavoces- la demanda de conflicto colectivo que se ha presentado por dos asociaciones ante la Audiencia Nacional para exigir una limitación de la carga de trabajo.

Este grupo parlamentario, siendo consciente de las necesidades de la justicia, presentó una proposición no de ley -que, por desgracia, no va a ser debatida en esta legislatura- para la creación de cien nuevas unidades judiciales. En su informe se señala que en el año 2014 hubo 4 plazas de turno no libre y 204 de turno libre. En la ampliación que nos ha enviado se señala que en 2015 hubo 14 del turno no libre y 35 del turno libre, pero nos gustaría saber cuántas bajas ha habido y por qué motivos. Yo en todo el informe no he sido capaz de verlo, no estaban claramente señaladas las bajas que ha habido y los motivos de las mismas. También en el informe, en el anexo I, se señalan las necesidades que por parte de ese Consejo General se creen necesarias de creación de órganos colegiados y unipersonales. Nos gustaría saber hasta qué punto se han visto satisfechas, dónde o si no se han visto satisfechas. No se habla tampoco en el informe, o por lo menos yo no lo he encontrado, de los jueces sustitutos. Se ha visto reducido el uso de esta figura y creemos que hacen una labor importante y debería ser reflejada. También querríamos saber, en cuanto al funcionamiento de la justicia, su opinión sobre Lexnet, es un tema que ha generado bastante


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debate, bastante controversia y críticas por parte de prácticamente todos los operadores jurídicos, si no todos, y en su comparecencia no ha hablado sobre ello.

También nos ha llamado la atención del informe que, aunque es positivo lo que nos ha dicho, que por primera vez se ha hecho inspección en el Tribunal Supremo, la labor inspectora se ha reducido prácticamente a la mitad respecto a 2013. Los datos que aparecen en el informe dicen que la actividad inspectora es la mitad y querríamos saber el porqué de ese hecho. Está bien reducir gastos, y eso es bueno, pero no sé si es que la política de reducción de gastos ha hecho que la actividad inspectora se haya reducido a la mitad.

Por otra parte, compartimos las palabras que ha manifestado en su comparecencia respecto a la mediación. Creemos que es un buen método de resolución de conflictos y hay que potenciarlo, las cifras son insuficientes, en asuntos de familia han crecido poco las derivaciones y de ellas se han efectuado pocas en mediación, de las prácticamente 6.000 derivaciones que ha habido solo se han efectuado 1.300 mediaciones. Yo creo que hay que trabajar en potenciar la mediación y en concienciar a la gente, a todas las partes, para que se sumen a este método de resolución de conflictos. En el ámbito penal la tasa ha crecido un poco y lo que se ha visto es que hay un alto porcentaje de acuerdo que vemos muy positivo. Pero, sobre todo, nos llama la atención las escasas derivaciones que hay teniendo en cuenta el volumen de asuntos que existen en ese orden jurisdiccional civil, vemos que aparecen solo 549 derivaciones, que son menos que las del año 2013, y creemos que es un número francamente escaso.

El señor PRESIDENTE: Señor Gómez, tiene que terminar.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Sí, termino ya.

Para terminar, porque no me deja más tiempo el señor presidente, aunque ya lo ha mencionado en su comparecencia, querríamos conocer cuándo se va a suscribir el acuerdo de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Tributaria para reforzar la lucha contra el fraude.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez

Para terminar este primer turno, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular, señora Moro.

La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Lesmes, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tengo el honor de darle la bienvenida a esta Cámara y de agradecerle la detallada y actualizada exposición realizada por usted. Saludo también y agradezco la presencia de los vocales que le acompañan; a las señoras y señores vocales del consejo, nuestro respeto y consideración para todos ustedes.

Vivimos una semana de singularidades y, si cabe, hoy esta sensación está más presente en esta última Comisión antes de la disolución de las Cortes Generales de esta breve legislatura. Sin embargo, con pleno respeto a los mandatos de nuestro ordenamiento jurídico, nos sentimos orgullosos de responder hasta el último minuto de las obligaciones que se nos han encomendado. En absoluto podemos permitir que tanta singularidad empañe la importancia de esta comparecencia que pone en relación a la más alta representación del gobierno de los jueces; o mejor, del órgano que constitucionalmente cumple con la función esencial de ser garante de la independencia del Poder Judicial, cuyos miembros a su vez han de serlo de los derechos y libertades de los ciudadanos. No debería convertirse, como alguno ha pretendido, en un juicio sumarísimo al Gobierno. Este no es el trámite.

Hemos de reconocer en primer término que en su tercera comparecencia ante la Comisión de Justicia desde que fuera nombrado presidente del Consejo General del Poder Judicial, se han producido avances muy notables en el conocimiento de los datos, con mayor proximidad al momento cronológico de su generación, y que los instrumentos de los que el actual consejo se ha ido dotando permiten que hoy, como usted ha puesto de manifiesto en su intervención, el grado de transparencia se haya incrementado considerablemente. La renovación de la web institucional, el portal de transparencia y el cumplimiento de su propio compromiso de avanzar a esta Cámara al tiempo de la presentación de la correspondiente memoria los datos actualizados más próximos del año en curso, suponen un impulso a la consecución de los mejores parámetros que permitan hacer un seguimiento más directo del estado de nuestro sistema judicial y del desempeño de las funciones del consejo, algo que sin duda redunda en los mejores diagnósticos en un contexto más adecuado para la adopción de decisiones por los respectivos órganos


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competentes en la Administración de Justicia y en una mejor percepción de conjunto por parte de esta Cámara a la hora de hacer la valoración política del estado de la cuestión que ilustre el impulso de las reformas legislativas necesarias para mejorar.

Es verdad que la distorsión de tiempos no está salvada totalmente y que en ocasiones como la actual la coincidencia con tiempos electorales no contribuye a la puesta al día a pesar de la disponibilidad que usted siempre ha mostrado, y buena prueba es el relato de su comparecencia de hoy. En la presentación de la memoria de 2013 usted asumió en esta Cámara algunos compromisos, que también ha recordado. Puso de relieve su objetivo de impulsar con las administraciones competentes las medidas que favorezcan la reducción de tiempos en los procedimientos judiciales, una mejora en las comunicaciones con los ciudadanos y sus representantes, mejores canales de comunicación por Internet para jueces y magistrados, la firme implicación del consejo en la implantación de la oficina judicial, el fomento de la mediación, la eficacia en la gestión del consejo y, como presidente del Tribunal Supremo, la reforma normativa que confiere marco jurídico a la regulación del gabinete técnico, la modernización de estructuras informáticas del tribunal y la racionalización de la plantilla de funcionarios, así como el refuerzo de la proyección nacional e internacional del Tribunal Supremo. Todo ello lo afirmaba el 25 de noviembre de 2014 y un año y cinco meses después se han acometido reformas tramitadas en esta Cámara y en vigor para coadyuvar a la puesta en marcha de algunas de las medidas defendidas por el consejo y por un buen número de profesionales de signo muy diverso para con cierta corresponsabilidad alcanzar entre todos el objetivo de una justicia ágil y de calidad y para mejorar la percepción del ciudadano.

Después de leer detalladamente la memoria de 2014 y los informes de 2015, además de su discurso, entendemos que también el consejo ha desempeñado una importante actuación. Muchas de las propuestas aprobadas en esta Cámara por el Pleno del 11 de diciembre de 2014 -alguna muy relevante usted la ha detallado aquí- se han visto reflejadas en este periodo de tiempo, se han puesto en marcha o se da cuenta cumplida de en qué forma se trabaja para ello. Es indudable el impulso dado por el consejo en materia de transparencia y, sin embargo, nos llama la atención la dificultad para acordar un código ético. En el portal de transparencia -usted también lo ha mencionado- se informa sobre acuerdos adoptados -esa era también una petición de esta Cámara-, entre ellos la adhesión a los principios del Código Iberoamericano de Ética Judicial en tanto en cuanto no se apruebe uno propio. Si bien resulta oportuna la medida adoptada, nos gustaría que pudiera detallarnos en qué momento de su elaboración se encuentra y dónde se han encontrado dificultades para no concluirlo.

Si hoy tuviéramos que hacer propuestas, seguro que en lo esencial serían preocupaciones compartidas por lo que hemos deducido de su discurso. Nos centraríamos una vez más en la necesidad constante de ofrecer las máximas garantías para la independencia judicial en el desempeño de la función jurisdiccional -creemos que ese fue el espíritu del constituyente para la creación del consejo y la grandeza de este modelo frente a otros de nuestro entorno- y, junto a ello, en la máxima eficiencia y eficacia en la gestión de las competencias del consejo y de su corresponsabilidad en el diagnóstico e impulso de medidas que permitan, cuando no evitar, sí minorar la dilación de los procesos judiciales. Es 2014 el primer año completo bajo su presidencia y con la nueva configuración legal operada por reformas aprobadas en la pasada legislatura hemos visto que el consejo ha ganado transparencia. El seguimiento por parte de los ciudadanos era impensable hasta este momento en los términos en los que está. Esta Cámara -lo ha dicho también- aprobó la ampliación de la comisión permanente y nos gustaría saber si eso ha favorecido una mejor organización del trabajo.

El Gobierno impulsó numerosas reformas en la X Legislatura, cuya finalidad es contribuir a dar respuesta a los problemas que presenta nuestro sistema de justicia, que no son problemas de hace dos, tres o cuatro años. Son problemas que vienen denunciándose por los ciudadanos y los operadores jurídicos y que no se han resuelto; algunos sí, otros han mejorado y otros han empeorado por muy distintas circunstancias. Sí hemos constatado en los cuatro ejercicios anteriores una progresiva disminución en el ingreso de asuntos, pero sobre todo nos debe interesar cómo se resuelven, cuántos se resuelven y con qué calidad se resuelven. Eso es lo importante y tenemos que dar apoyo para una mejor y más pronta resolución y una mayor calidad. Resultan significativos también cambios de tendencia que entendemos -aunque nadie quiera reconocerlo- que están vinculados a la progresiva recuperación económica o en parte a la vigencia de algunas de las modificaciones legislativas encausadas antes casi como si fuera este un juicio sumarísimo. Tras la disminución en ejercicios anteriores de juicios monitorios, se incrementaron en 2014 en un 16,7%, pero también el porcentaje de pago. Al mismo tiempo, disminuyeron los concursos de forma muy apreciable en un 25,7%. Al incorporarse al cargo, usted manifestó que el instrumento de la


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mediación es, junto a otros, de capital importancia para descargar a juzgados o tribunales. Conociendo que es precisa todavía una importante labor de difusión y formación, se constata ya en el informe que estamos analizando un importante y progresivo incremento en la mediación intrajudicial familiar -ya se ha dicho, un 19% respecto a 2013 y un 5,7% en la penal-; sin embargo, los mismos datos denotan que no existe la misma aceptación en la civil. Queda pues mucho por hacer en labores de información, formación, concienciación y difusión tanto de los operadores jurídicos como de los ciudadanos. Creemos que es labor de todos, pero es labor del consejo de cara a la implicación de jueces y magistrados en la mediación intrajudicial.

Son muchos también los informes que ha aportado el consejo a lo largo del año en materia de proyectos legislativos dado el elevado número de reformas acometidas, y hemos tomado nota tanto el Gobierno como esta Cámara. Ello ofrece un importante bagaje que leemos con gran atención, como también las recomendaciones que se nos han hecho en la memoria y hoy aquí en el discurso. Esa es la colaboración constructiva que pedimos a todos, no se puede construir una buena justicia y una justicia de todos desde la crítica permanente desabrida y desde la posición de que solo algunos tienen la razón. Esas reformas han intentado proporcionar un fortalecimiento en cuatro aspectos esenciales de la justicia: como servicio público, como pilar del Estado social y democrático de derecho, para mejorar la competitividad del país -elemento clave de cohesión social- y como elemento clave para la protección de los más vulnerables. Se han pretendido incorporar, pero no son todas las que hay que hacer, no están completas. Usted ha puesto de manifiesto algunas que se han querido implementar e indudablemente se ha buscado, aun desde la mayoría absoluta en la pasada legislatura, ese consenso que entendíamos no podía faltar en ciertas reformas, como por ejemplo un proyecto completo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sin duda hace falta, precisamente para alcanzar el máximo acuerdo, el máximo consenso en esta norma. Sí se han atendido cuestiones puntuales, como un mejor tratamiento a la víctima, actualización de los delitos para adecuarse mejor a las necesidades de la sociedad, acelerar tiempos de respuesta, un reparto más homogéneo de cargas de trabajo, sobre lo que todavía hay mucho que hacer, fortalecer las garantías procesales, mejorar la posibilidad de bienes del encausado en su mano o en manos de terceros, regular la segunda instancia judicial, etcétera.

El señor PRESIDENTE: Señora Moro, tiene que ir concluyendo.

La señora MORO ALMARAZ: Muy brevemente.

Por tanto, ese compromiso ha estado ahí y ha estado ahí en el peor de los momentos económicos. Muchos informes, algunas citas que se han hecho aquí con poco rigor, dicen que necesitamos más jueces -claro que sí-, que necesitamos más unidades judiciales -claro que sí- y que necesitamos más medios -claro que sí-, pero España se encuentra ya en este momento en la media de algunos de los países europeos citados como más relevantes o por encima de otros como Noruega, Dinamarca o el Reino Unido. Reconocemos el esfuerzo del consejo, pero también debemos reconocer...

El señor PRESIDENTE: Señora Moro, tiene que concluir, todos los grupos han disfrutado del mismo tiempo.

La señora MORO ALMARAZ: Termino enseguida, por favor.

El señor PRESIDENTE: No, señora Moro, tendrá una segunda ocasión. Tiene que concluir.

La señora MORO ALMARAZ: Termino.

El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha terminado, señora Moro. No tiene la palabra.

La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias por su consideración, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra nuevamente el presidente del Consejo General del Poder Judicial.

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL SUPREMO (Lesmes Serrano): Muchas gracias, señor presidente.

Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todos los portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, agradezco el tono empleado por todos ellos, sumamente respetuoso


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hacia la figura del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en la medida en que supone no tanto el respeto hacia mi persona, sino el respeto hacia la institución que yo represento en esta comparecencia, que es el Poder Judicial. Así que reitero el agradecimiento a ese tono empleado por todos los portavoces en esta comparecencia. Agradezco también a todos ellos el contenido de sus intervenciones, porque todos ellos han aportado elementos para el debate y para la reflexión conjunta partiendo de esa lealtad institucional que yo ofrecí en mis palabras en la exposición inicial de esta comparecencia.

En las distintas intervenciones de los portavoces ha habido elementos de coincidencia. Puede ser oportuno abordarlos conjuntamente, aunque quizás desde distintos matices, ya que en definitiva han sido elementos de confluencia en cuanto a sus intervenciones. Luego hay otros portavoces que han aportado elementos diferenciales respecto a los contenidos de los demás.

Indicaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista algunas de las necesidades acuciantes, que ya han sido apuntadas en mi exposición; sin duda, la creación de la planta judicial. He querido incidir en la exposición en que los problemas son dos, no solo insuficiencia de, llamémoslo, recursos judiciales, sino también necesidad de una mejora de nuestra propia organización, porque hemos detectado, y así lo he expuesto anteriormente, que tenemos órganos judiciales muy sobrecargados, excesivamente sobrecargados, muy saturados, pero también tenemos otros que no alcanzan el nivel medio exigible de funcionamiento, algo que es completamente ajeno, lógicamente, a los titulares de esos órganos judiciales, pero que es una realidad. No nos corresponde a nosotros adoptar las decisiones, en su caso, de transformación, tampoco de iniciativa legislativa, que le corresponde al Gobierno o a las propias Cámaras, pero lo cierto es que es una cuestión que también debe ser abordada, la ampliación de la planta y también una reordenación de los propios efectivos judiciales, y los que trabajan en la Administración de Justicia conocen perfectamente esto que estoy diciendo.

Hay otras dos cuestiones que también apuntaba el portavoz del Grupo Socialista, que han sido muy recientes y que son dos de los importantes retos que tenemos encima de la mesa, más nosotros que la propia Cámara, que ya puso en marcha las correspondientes reformas, como son la plena instauración de la doble instancia penal y, a su vez, la modificación del recurso de casación. Son dos reformas, no de esta legislatura, que no ha podido llegar a tener producción legislativa, sí de la legislatura inmediatamente anterior, y que, por un lado, hace lo que hacía muchos años había que hacer, que era que en el ámbito penal existiera una doble instancia, porque el recurso de casación no era una doble instancia. Felizmente, ya está aprobada la reforma, instaurando plenamente la doble instancia penal. Esto ahora conlleva una cierta dificultad, que es la dotación de los medios adecuados para que las salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de Justicia puedan abordar precisamente esta competencia que ahora se les da.

También citaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista el recurso de casación, en lo que quizá se ha puesto poca incidencia porque son cuestiones menos políticas o menos llamativas que otras, pero que tienen una importancia extraordinaria. El recurso de casación en su definición tradicional de nuestro Tribunal Supremo es un recurso que ya no podía proporcionar a la comunidad jurídica y, muy especialmente, al sistema judicial aquello que se espera de nuestro Tribunal Supremo, que es que cumpla con la función unificadora que conduce a una mayor seguridad jurídica en todo el sistema judicial y, por tanto, a una mayor previsibilidad. Quizá algunas de sus señorías no lo conozcan, pero su aplicación va a ser relativamente inmediata en el ámbito contencioso-administrativo y penal en los próximos meses, y esperemos que el Tribunal Supremo esté en condiciones de dar respuesta a este nuevo modelo del recurso de casación.

Incidía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de la misma manera que lo ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, también los portavoces tanto de Esquerra Republicana como de Democràcia i Llibertat, en el modelo de consejo. Ha habido unas observaciones y reflexiones distintas, pero que inciden fundamentalmente en lo que es el modelo de consejo al que yo me refería, utilizando además la palabra refundación. Desde que surge en nuestro sistema institucional el Consejo General del Poder Judicial, que es en el año 1980, posiblemente la reforma más relevante en cuanto a lo que es su organización y funcionamiento interno ha sido la que introduce la Ley Orgánica 4/2013.

Ha sido recurrente también en la intervención de los distintos portavoces en relación con este asunto utilizar la palabra presidencialista y decir que es un modelo presidencialista. Como soy el presidente, algo debo decir sobre esto del modelo presidencialista, qué duda cabe. Como imaginaba que iba a ser objeto de reflexión compartida con los grupos parlamentarios, porque ya lo fue en anteriores comparecencias, acudí a la ley y la comparé con la ley anterior para ver realmente cuáles eran estas nuevas competencias


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que asumía el presidente para convertir a esa figura en presidencialista, con el contenido peyorativo que tiene decir que es presidencialista; es decir, que es en cierto modo autoritario y que no permite que los órganos plurales del consejo se manifiesten con absoluta libertad. Si hacemos este ejercicio, que es un ejercicio sencillo, y comparamos lo que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial tiene ahora como competencia con las que tenía con anterioridad, vemos que apenas ha ganado dos competencias: una, dirigir la comunicación institucional, que antes no era una competencia propia del presidente del consejo; y dos, tener una competencia para proponer determinadas cosas, tampoco muchas, pero diré cuáles son. Y les diré también cuál fue el resultado en estos dos años y medio de las propuestas que formuló el presidente, que formulé yo a los órganos del consejo, que tomaron la decisión, porque la decisión no es del presidente, sino que se limita a proponer.

Pues bien, si atendemos a cuáles son esas competencias de propuesta del presidente, vemos que puede proponer el nombramiento del vicepresidente del Tribunal Supremo, que se convierte en el sustituto legal del presidente; puede proponer el nombramiento del secretario general y del vicesecretario general, que antes no lo proponía el presidente, sino que era elegido libremente por el pleno; puede proponer el nombramiento del jefe del gabinete técnico del Tribunal Supremo, y puede proponer -y quizá aquí está la clave de lo que se debate- la composición de las comisiones legales del Consejo General del Poder Judicial, con excepción, lógicamente, del pleno, que viene definido por la propia ley en cuanto a cuál es su composición.

¿Cuál ha sido el ejercicio que se ha realizado en estos dos años y cuatro meses de esta competencia que la nueva ley proporciona al presidente? Yo propuse la figura de un vicepresidente para el Tribunal Supremo y obtuvo un respaldo unánime del pleno del Consejo General del Poder Judicial, fue votado a favor por los veinte vocales de todas las sensibilidades. Propuse un secretario general -desgraciadamente hoy fallecido- y obtuvo el respaldo unánime del pleno del Consejo General del Poder Judicial, con excepción, si no recuerdo mal, de una vocal que votó en blanco. Fallecido este secretario general, propuse quién le sustituía y creo que fue respaldado por veinte votos favorables. Propuse un vicesecretario general -que hoy nos acompaña junto al secretario general-, y obtuvo también el respaldo unánime del pleno. Propuse un jefe de gabinete técnico del Tribunal Supremo, y también fue respaldado por una amplísima mayoría.

Pero vayamos a las comisiones. La composición de las comisiones era un elemento novedoso. Como su señoría sabe, antes los propios vocales se ponían de acuerdo en repartirse las numerosas comisiones que había en los consejos anteriores y en el de hace dos mandatos, que es al que perteneció su señoría, por eso lo sabe perfectamente. En ese primer momento la ley no decía nada; yo utilicé la propuesta y fue aceptada en ese primer momento por los vocales -me remonto a diciembre de 2013-, y propuse la composición de la comisión disciplinaria, de la comisión de igualdad, de la comisión de asuntos económicos y de la comisión permanente. Todos votaron a favor, los veinte vocales. Al año siguiente hubo una discrepancia interna sobre cómo hacer, si debería ser propuesta del presidente o si había que utilizar otro procedimiento. Lo cierto es que yo presenté una propuesta y obtuvo el respaldo de catorce votos, que es el menor respaldo que ha obtenido una propuesta de este presidente que les habla: catorce, dos tercios del pleno del Consejo General del Poder Judicial. En la anterior legislatura esta Cámara amplía la composición de la comisión permanente con la reforma de la Ley Orgánica 7/2015 e introduce lo que no estaba claro, que es que la composición de las comisiones se haría a propuesta del presidente, y amplía de cinco a siete la comisión permanente. Este presidente vuelve a proponer la composición de la comisión permanente y el reajuste entre las otras comisiones, y obtiene otra vez unanimidad, quizás salvo un voto; respaldo completo. En el mes de enero del presente año, cuando hacemos una renovación de la comisión permanente, y que propone este presidente, obtiene, si no recuerdo mal, 18 votos favorables la propuesta del presidente. Hablar de presidencialismo cuando el órgano principal del consejo, que es el pleno, donde están residenciadas las competencias esenciales, ha respaldado por unanimidad o por amplia mayoría la propuesta del presidente creo que se compadece mal con la realidad. Se compadece mal este hecho con esa afirmación de presidencialismo, que no por muchas veces repetirla se convertirá en verdad. Los hechos son estos, es decir, el ejercicio de las competencias del presidente en materia de propuesta, que es la más relevante, ha obtenido siempre un respaldo muy mayoritario o unánime del pleno del Consejo. Y quiero recordarles que la decisión de la composición de las comisiones no es del presidente, sino del pleno, que es el órgano principal del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, ha sido el pleno el que por unanimidad o amplias mayorías ha decidido quién está y quién no está en las distintas comisiones legales.


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En cuanto a la otra competencia que le corresponde al presidente, que es la de dirigir la comunicación institucional, he de decirle que ninguna queja me ha llegado en estos dos años y cuatro meses de que nuestra gente de comunicación haya faltado a la neutralidad informativa a la que se deben; ninguna, ni una sola, por lo que creo que se está haciendo, a mi juicio, como se debe hacer, sin perjuicio de que siempre puede haber alguien que considere que su postura no se destacó lo suficiente. En fin, esos son matices que en absoluto empañan la magnífica labor que realiza la gente de comunicación de este Consejo General del Poder Judicial, de los tribunales superiores de justicia y del propio Tribunal Supremo. Si puedo presumir de algo, es de nuestra comunicación institucional. Tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional, como todos nuestros tribunales, como el Consejo General del Poder Judicial a través de su política de transparencia, comunican todo lo que hacen, y si observa su señoría, que conoce bien este asunto, habrá visto cómo han disminuido las filtraciones en materia judicial. Han disminuido las filtraciones en materia judicial porque nos adelantamos a dar información de aquello que se hace en los juzgados y lo hacemos, por supuesto, desde una posición de absoluta neutralidad informativa, que es nuestra obligación, y le diré que en materia de tribunales implicándose los propios jueces y magistrados afectados precisamente para garantizar la corrección de lo que se dice y la neutralidad con la que se dice.

Se refería su señoría también -cuestión que ha sido abordada por otros portavoces y que quiero también tratar porque es muy relevante- a la política de nombramientos del propio Consejo General del Poder Judicial. Decía ayer en una reunión del consejo uno de nuestros vocales, y yo le doy totalmente la razón -nos acompaña hoy-, que los nombramientos son lo que más justificaban la propia existencia constitucional del consejo. Es verdad, porque a través de los nombramientos se marca una determinada política judicial. Es claro que en la vida de esta institución, que ya va siendo bastante larga -tiene treinta y seis años de existencia-, los nombramientos siempre han sido una cuestión crítica que ha generado debate social y que ha generado protestas. Eso es así y yo creo que es así por la propia pluralidad de la composición del consejo, donde lógicamente muchas veces se producen discrepancias a nivel interno porque hay sensibilidades y criterios diferentes entre los vocales -su señoría esto lo sabe perfectamente- y a veces, al no alcanzarse acuerdos, se generan esas discrepancias y se trasladan a la opinión pública. Pero yo, que llevo ya muchos años en este oficio y observando esta realidad -más que su señoría, porque yo ya llevo treinta y dos años-, he comprobado, viendo luego a los nombrados y cómo se desenvolvían en el Tribunal Supremo -al que yo pertenezco- pero también en los puestos de gobierno, que el Consejo General del Poder Judicial no ha desacertado tanto en sus nombramientos, y no lo digo por este consejo, que por supuesto que sí, sino también por los consejos anteriores. Yo pertenezco al Tribunal Supremo, además a la sala más numerosa, que es la Sala tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, donde está casi la mitad del Tribunal Supremo, y veo cómo trabajan mis compañeros, a los que yo no he elegido, los han elegido anteriores consejos, y se ha elegido a magníficos profesionales, que por supuesto -yo los he visto trabajar- trabajan con independencia. Hay que acabar con este mantra de que el nombrado actúa bajo la dirección de quien le nombró porque es absolutamente falso. Los jueces, y desde luego los jueces del Tribunal Supremo, actúan con absoluta independencia e imparcialidad, esto es así. Y no se puede, a través de la crítica de los nombramientos, trasladar a la opinión pública que no actúan con independencia e imparcialidad porque no es cierto; no es cierto, por supuesto, en el Tribunal Supremo, pero he de decir que el resto de los jueces españoles, esos 5.389 a los que antes me refería, y algunos hay en esta sede parlamentaria ahora mismo ejerciendo funciones parlamentarias, actúan con independencia y no bajo directrices de ningún tipo. Por tanto, andar haciendo afirmaciones que no se ajustan a esta realidad genera un exceso de desconfianza en la Administración de Justicia, cosa que es muy injusta, y luego eso se refleja en los indicadores de la Unión Europea a los que hacía referencia su señoría. Pero no deja de ser curioso que en estas encuestas y en estos indicadores, cuando son los propios jueces los preguntados por su independencia, de una forma abrumadoramente mayoritaria se reconocen independientes y niegan que hayan actuado nunca bajo ningún tipo de presión. Después quiero contestar al portavoz del Grupo Parlamentario Podemos porque ha hecho unas afirmaciones muy centradas en esto, pero la opinión pública ha mejorado en los últimos años de una forma muy relevante la percepción de los jueces españoles, y me remito a las encuestas que se han realizado de percepción de instituciones. Lo importante son los jueces. La justicia española la hacen los jueces; los que dictan sentencias y autos son los jueces, no el Consejo General del Poder Judicial. Lo importante son los jueces y los jueces han mejorado 15 puntos en la percepción ciudadana; esto hay que remarcarlo. Lo digo, señora Rosell, precisamente por esa esperanza en el Poder Judicial. Yo no solo tengo esperanza en el Poder Judicial español, tengo confianza absoluta, porque en esta situación que vivimos, una situación


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difícil, en la que constantemente se habla de crisis institucional y de necesidad de regeneración de nuestras instituciones, nuestro sistema judicial está, a mi juicio, a la altura de lo que se demanda por la sociedad española. Los jueces están actuando con una calidad y una profesionalidad digna de ser alabada y permítanme que yo lo haga aquí, en esta sede parlamentaria, por ser precisamente la sede de la soberanía nacional y por ser aquí donde están representados todos los ciudadanos.

Vuelvo a los nombramientos, señorías. Se dice que ha habido polémica con algunos de los nombramientos. Nosotros iniciamos la andadura en diciembre de 2013 y hemos hecho exactamente 111 nombramientos, y sus señorías, que se han documentado muy bien, como debe ser, han suscitado polémica en tres. Es decir, de 111 ha habido polémica en tres, con los otros no ha habido polémica ninguna, no ha trascendido nada a la prensa, ha habido una aceptación total. Pues yo diría que, comparado con anteriores consejos, vamos francamente bien. De 111 nombramientos ha habido polémica en tres, mientras que en otros había polémica en el 50%. Y he de decir que estas polémicas surgen de la propia discrepancia interna, que es lógica. Es un consejo configurado por veinte miembros y con un sentido plural de las personas que están allí, y se discrepa muchas veces, pero ya no solo se discrepa por la sensibilidad que uno pueda tener sobre temas delicados o no, sino sobre el propio mérito y capacidad. Es decir, hay vocales para los que es más meritorio, por ejemplo, para proveer un puesto de gobierno, más que la antigüedad escalafonal, la experiencia que esa persona tiene en cargos de gobierno, donde ha demostrado especiales aptitudes, y este dato es tenido en cuenta con mayor relevancia que el que haya otro concursante que esté mil puestos en el escalafón por arriba. Y el elegir al que está mil puestos en el escalafón por abajo no quiere decir, por supuesto, que se cometa la menor arbitrariedad, sino que hay personas, que además han conformado un criterio mayoritario, que consideran que esa persona es más adecuada para ese puesto precisamente estudiando su trayectoria profesional en su totalidad, porque la norma no nos obliga en los nombramientos discrecionales a nombrar al más antiguo. Le diré más, nombrar al más antiguo seguramente no siempre va a ser lo más acertado porque a lo mejor no es el mejor y lo que tiene que hacer el consejo es procurar encontrar al mejor para el puesto para el que es designado. Y en los puestos gubernativos hay cualidades, además de la experiencia profesional acumulada a lo largo de más años de ejercicio, que pueden ser muy relevantes para el mejor servicio a la sociedad. Eso es lo que se busca y así se conforma una mayoría. A veces ocurre que quien queda en minoría discrepa y traslada incluso su discrepancia a la opinión pública, pero eso a mi juicio en modo alguno descalifica el sistema de nombramientos. Además, en este consejo el número de nombramientos que se han efectuado por unanimidad es altísimo, casi el 30%, y altísimo también el que se ha adoptado por amplia mayoría, y además respetándose la pluralidad.

Cuando este consejo inicia su andadura, yo, inmediatamente después de ser investido presidente, nombrado o designado por una mayoría de vocales, hice una comparecencia ante los periodistas y expliqué algunos de los compromisos que colectivamente habíamos decidido adoptar, y dije que íbamos a hacer nombramientos plurales; es decir, que íbamos a nombrar personas con distintas sensibilidades porque la sociedad española es plural y la carrera judicial también, y esa pluralidad tiene que estar reflejada en nuestros tribunales y muy especialmente en nuestros altos tribunales. Le daré algún dato para que vea que hemos cumplido con este compromiso de respeto a la pluralidad, además en relación con alguna asociación que ha formulado queja. Mire, la Asociación de Jueces para la Democracia representa el 9,9% de los jueces en total por número de afiliados, y si examinamos las elecciones a las salas de gobierno, que es el elemento donde los jueces ponen de manifiesto sus preferencias, celebradas en el otoño de 2014, por ahí anda la representación. Yo he examinado los datos precisamente para poder aportarlos en esta comparecencia -y no porque se hayan buscado de propósito; no se han buscado de propósito, pero es el resultado de ese compromiso de realizar nombramientos con pluralidad- y ese 9,9% se ha convertido en un 25% de nombrados. Es decir, la asociación, llamémosla de sensibilidad progresista, ha obtenido 2,5 veces más nombramientos de lo que en principio le correspondería por el porcentaje que representa en la carrera judicial. Si esto es así, difícilmente se puede decir que haya rodillo. Lo que sí es verdad es que en este consejo han salido nombrados más jueces no asociados que nunca, porque hay un menor peso de las asociaciones, es verdad, este es uno de los resultados de la ley. Las asociaciones no participaron en el proceso de elección de los vocales, fue un proceso muy abierto, como su señoría sabe, y entonces los criterios asociativos, corporativos -llamémoslo así- quizá priman menos en este consejo. De ahí que de los jueces no asociados, que representan el 47% del total de jueces, más de un 30% han sido nombrados para altos cargos judiciales, cosa de la que nos debemos felicitar todos los que nos encontramos aquí, con seguridad, porque no hay que favorecer a nadie, sino que sea plural, y plural para todos, también para los que libremente deciden no asociarse.


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En materia de nombramientos también se ha puesto en cuestión el asunto del sexo de los nombrados; es decir, si nombramos jueces y juezas. En algún caso muy puntual ha saltado a la opinión pública alguna discrepancia sobre este tema. En mi exposición, si recuerdan, fijaba los porcentajes en lo que es la estructura de la carrera judicial y en esos porcentajes vemos que es muy distinta. Es verdad que hoy las mujeres representan el 52% sobre el total pero, vista la estructura de la carrera, eso no siempre ha sido así. Entre los que tenemos más edad, cuando nosotros ingresamos, el porcentaje era muy inferior. En mi promoción las mujeres serían un 25% aproximadamente, que ya era significativo; hoy están casi en el 70%, y por eso quería citarlo en mi exposición. En el tramo de edad más joven de la carrera judicial el porcentaje de mujeres es altísimo, más del 60%, mientras que en el tramo de más de sesenta años está en el 20%. Esto es significativo y hay que tenerlo en cuenta. Cuando se trata del nombramiento de altos cargos judiciales, no se nombra a personas de treinta años ni de treinta y cinco, lógicamente. Es decir, los magistrados del Tribunal Supremo, si cogemos los dieciséis que ha nombrado este Consejo General del Poder Judicial y vemos la media, estarán en torno a los sesenta años, porque es la edad lógica de llegar al Tribunal Supremo, después de veinte, veinticinco o treinta años de ejercicio profesional. Y si vemos los puestos gubernativos más relevantes -presidentes de tribunales superiores de justicia- y sacamos la media de los que son presidentes de territorios, normalmente también están por encima de los cincuenta años y se aproximarán, en esa media, a los sesenta. Por tanto, este es un tema que hay que tener en cuenta cuando se valora si hay sesgo a favor del varón en los nombramientos que realiza el Consejo General del Poder Judicial. Y luego hay que tener un segundo dato que a mi juicio es totalmente relevante, es decir, veamos en qué procesos han participado mujeres, porque hay muchos procesos donde no concurre ninguna jueza, y si no concurre ninguna jueza, qué discriminación va a haber, no hay ninguna discriminación, es que no concurrió ninguna jueza. Pues si tenemos esto en cuenta y desagregamos -cogemos todos nuestros concursos de nombramientos de tribunales supremos, presidencias de tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales, presidencias de sala, letrados del consejo, que también tiene su importancia-, en todos aquellos procesos en los que concurrieron mujeres jueces resulta que en el primer año, en 2014, en el 40% de los casos fue elegida una mujer; en 2015, en el 57% de los casos, y en lo que llevamos de 2016, creo que en el 33% de los casos. Si tenemos en cuenta que los tramos de edad que se han tenido en cuenta son ya los más avanzados, de esta cifra no se puede deducir en modo alguno esa supuesta discriminación. Otra cosa es que en un nombramiento puntual se haya producido una discrepancia interna en el consejo y se haya trasladado a la opinión pública y quizá eso dé lugar a que se vea que esto es habitual o frecuente, pero si lo contrastamos con los datos que les acabo de dar no se puede deducir en modo alguno que exista esa discriminación.

Decía también su señoría, y en cierto modo lo entiendo como una imputación hacia mí, que no recibo o que no nos vemos con las asociaciones judiciales. Esto no es así, señoría. Las asociaciones judiciales están participando constantemente en determinados estudios y trabajos que se hacen en el Consejo General del Poder Judicial, y hay reuniones periódicas con ellas. Hace poco más de un mes me reuní con los cuatro presidentes o portavoces de las asociaciones judiciales -yo solo además- para tener un encuentro con ellos, y por supuesto a iniciativa mía porque consideraba que quizá ellos pedían poco verme, con lo cual, dije: voy a pedirles yo querer verlos. Yo he querido instaurar en este consejo, y desde luego esta sí es una decisión mía como presidente, el tener cercanía con los jueces, y cercanía con los jueces, más que con las propias asociaciones, porque, como decía, lo importante son los jueces. Y le diré, y puedo presumir de ello, porque no creo que ningún presidente anterior del Tribunal Supremo y del Consejo lo haya hecho, que en poco más de dos años me he reunido con más de 700 jueces españoles con los que he compartido horas y horas de reflexión y donde he compartido mis preocupaciones y sus preocupaciones. La semana pasada me he reunido con 40 jueces de toda la provincia de Córdoba, que es más del 50% de toda la planta de Córdoba. Me he reunido con la totalidad de los jueces de Cuenca, de la provincia, no de la ciudad. Con la totalidad de los jueces de Zamora. Me he reunido con las 17 salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, con todas ellas, en mi primer año de mandato. Quiero tener esa cercanía con ellos; quiero que ellos me trasladen cuáles son sus preocupaciones, que me digan cuáles son sus necesidades, sin intermediarios, porque hay muchos jueces jóvenes, muchos que están como jueces de adscripción territorial o en expectativa de destino y que, a lo mejor, les gusta más tener delante al presidente para poder trasladarle cuáles son sus problemas y cuáles son sus preocupaciones, sin necesidad de utilizar determinados intermediarios. Y le diré, señoría, que voy a continuar con esta labor y, aunque quizá no sea posible, me gustaría, a lo largo de mis cinco años de mandato, reunirme con los 5.380 jueces que hay en España. Yo, que he repasado anales de cómo se hizo anteriores veces,


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ningún presidente del Tribunal Supremo mantuvo este contacto tan frecuente y tan numeroso con los jueces, muy especialmente con los jueces jóvenes porque son el futuro de la carrera judicial, porque son el futuro de la justicia española y tienen que estar bien conformados en cuanto a la responsabilidad de su función para atender las necesidades de la sociedad española del futuro.

Termino, señoría, con la última parte, la necesidad del liderazgo en materia de informática. También se ha planteado por el representante del Grupo Parlamentario de Ciudadanos el tema de Lexnet y papel cero, que no tocó su señoría pero algo tiene que ver. El consejo sí que está ejerciendo liderazgo en la medida de sus competencias. El Consejo General del Poder Judicial no tiene competencia en materia de dotación de los sistemas informáticos y tampoco de impulso de determinados sistemas, pero alguna tiene. Esa que tenemos la estamos exprimiendo al máximo. Hay una vocal que se dedica en exclusiva, con rigor, con eficacia, con enorme trabajo a que el consejo lidere o ayude a la implantación del tema del papel cero, de las comunicaciones electrónicas a través del sistema Lexnet y a solucionar muchos problemas que tienen las administraciones públicas, y su señoría lo conoce bien porque ha dirigido la Dirección General de Justicia de la Junta Andalucía hace muchos años, que es cuando nos conocimos. Usted sabe que a veces los jueces somos difíciles para la implantación de las nuevas tecnologías y desde el consejo se puede hacer una extraordinaria labor en este campo, y se está haciendo sin duda.

En cuanto a la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, le agradezco, como he dicho antes con carácter general, el tono y el contenido de su intervención, y además quiero decirle que sus primeras palabras las comparto plenamente: la esperanza en el Poder Judicial. A sus palabras yo añado la confianza en el Poder Judicial que tenemos ahora y mi deseo de que sea un Poder Judicial fuerte, un Poder Judicial independiente y un Poder Judicial responsable. Ha planteado su señoría la cuestión del límite de los plazos en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este tema me remito en lo esencial al informe del Consejo General del Poder Judicial que, a diferencia de otras reformas legislativas, sí pudo abordar esta en su potestad de informe. En dicho informe el consejo manifestó, además de una forma mayoritaria en cuanto al debate interno, determinadas cuestiones que consideraba que deberían ser corregidas. Yo he de decir que la ley tampoco instauró un plazo; como sabemos, antes había un plazo, que era de un mes, que por supuesto no se cumplía en ningún caso, por lo que esto también nos permite analizar la cuestión de los plazos, que tienen su importancia pero, a mi juicio, en modo alguno van a conducir a la impunidad porque pueden ser prorrogados. Pero es verdad que a veces poner plazos constituye también un estímulo para actuar con mayor agilidad, ya que una de las grandes críticas que se hacen al sistema judicial penal es la excesiva tardanza en resolver de forma definitiva los procesos.

Su señoría también ha hecho una referencia muy específica al juez Ruz, que estuvo realizando la instrucción en uno de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, y su señoría ha hecho unas afirmaciones que, por supuesto, no comparto en absoluto. Nosotros no quitamos al juez Ruz, el juez Ruz terminó su tiempo en comisión de servicio una vez que había concluido la instrucción. El juez Ruz no fue despojado del puesto a medias de una instrucción. Cuando el juez Ruz finaliza el mandato legal de duración de la comisión de servicio, abandona el juzgado pero concluida la instrucción a la que su señoría se ha referido. Le diré más, el juez Ruz fue sustituido por otro juez mediante concurso reglado por antigüedad y, como es bien sabido, no se puede decir que quien le sustituyó sea de la sensibilidad próxima al Gobierno que nos ha precedido. Por lo tanto, apuntar que aquí hubo algo extraño me parece que los hechos lo desmienten absolutamente. El juez Ruz terminó su intervención, su actuación en el caso Gürtel, lo dejó concluido y listo para que fuera juzgado y fue sustituido por aquel que era el más antiguo de los peticionarios y que precisamente no podemos decir que fuera de la sensibilidad del Gobierno.

He contestado lo relativo a nombramientos y presidencialismo, y también lo relativo a comunicación y mujeres. Finalizó, señoría, en relación con su intervención con la referencia que hace al conflicto colectivo que ayer se planteó por una asociación judicial, Jueces para la Democracia. No es la primera vez que plantea conflicto colectivo, ya lo planteó hace aproximadamente un año y luego lo retiro. No sabemos ahora qué va a ocurrir. No conozco el contenido de la demanda, no sé exactamente qué pretende ni en qué se funda, pero le daré algunos datos para que valoremos la cuestión de los riesgos laborales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como todos sabemos, es de 1995, es decir, tiene treinta y un años de existencia y ahí ya se contemplaba que los jueces también pueden y deben tener prevención de riesgos. Desde 1995 han pasado cuatro mandatos de sucesivos consejos y ha sido este consejo -y es bueno decirlo- el que el pasado año aprobó por primera vez un plan de prevención de riesgos laborales para la carrera judicial. Fue este consejo y no los anteriores, pese a que la ley tiene treinta y un años de vigencia.


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En ese plan de prevención de riesgos que se aprobó el pasado año se contemplan un conjunto de actuaciones, entre ellas la evaluación del riesgo que suponen para la salud laboral de los jueces muchas circunstancias como, por ejemplo, dónde prestan trabajo, si las condiciones del habitáculo o del edificio son adecuadas o pueden comportar riesgo para su salud, y una de las cuestiones que tienen que ser objeto de evaluación es en qué medida la carga de trabajo puede afectar a la salud laboral de los jueces. Como muy bien sabe su señoría, hace mes y medio las cuatro asociaciones judiciales, en el seno del consejo, donde hasta ahora han ido de la mano y de forma muy consensuada con el propio consejo y con el comité correspondiente que está constituido en el consejo, presentaron una propuesta concreta de carga de trabajo en relación con el riesgo que puede suponer para la salud de los jueces. De esta propuesta que, como le digo, no es de hace años, sino de hace mes y medio, se tomó conocimiento en la comisión permanente y se dio trasladó al gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial para que iniciara el estudio de esta cuestión. Con arreglo a la programación establecida en el propio plan, las actuaciones tienen de plazo hasta final de año, es decir, que no vamos mal de plazo, todavía estamos en abril y, sin embargo, en lo que se pactó inicialmente sobre los plazos para hacer las distintas evaluaciones se contempló que deberían ir hasta finales de 2016 y, como le digo, esta propuesta la hemos recibido hace mes y medio. Por tanto, creo que al consejo general falta de diligencia no se le puede achacar en este asunto.

En cuanto a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, ha estado muy centrada en el modelo de organización del Consejo General del Poder Judicial. Escuchándole, señoría, escuchaba palabras de algún vocal que reproduce sistemáticamente esta misma queja que hoy usted nos ha trasladado. La Ley 4/2013 la hace el Parlamento queriendo cambiar el funcionamiento del consejo. Toda nueva ley -y por eso yo hablaba de refundación- tiene dificultades de arranque; a veces la propia ley es un fiasco. Y esta ley ha tenido sus dificultades, sin ninguna duda. El consejo general tenía una cultura de funcionamiento y una normativa de organización y funcionamiento interno que se cambia sustancialmente y ha habido que adaptar y generar una nueva cultura. Para evaluar si es bueno o malo, habrá que esperar, por lo menos hasta que se acabe el mandato y seguramente va a ser así porque considero difícil que se pueda cambiar antes por los propios plazos y por la nueva legislatura, y entonces habrá que ver lo que aporta el consejo con el nuevo diseño, si es mejor o no que lo que aportaba el diseño de los modelos anteriores. Nuestra institución ha sido objeto de varias reformas porque siempre ha generado una cierta insatisfacción, por un motivo u otro. Yo recuerdo que cuando el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista era vocal del consejo se hizo una reforma importante en cuanto a las mayorías, precisamente por discrepancias internas de un enorme calado. Quizá se nos ha olvidado, pero en aquel momento eran de enorme calado y motivaron una reforma estructural bastante relevante porque conllevaba cómo se conformaban las mayorías para realizar los nombramientos. Se pudo hacer una cierta evaluación de aquella reforma, que tuvo una parte negativa, sin duda; se dice que se hizo para un mayor consenso, pero también es cierto que se produjeron bloqueos importantísimos en nombramientos. Claro, nosotros estamos para servir a la sociedad y si nuestra forma de servir a la sociedad es hacer nombramientos, desde luego hay que hacerlos en plazo. No podemos tener a la Sala segunda del Tribunal Supremo con dos magistrados dos años sin cubrir porque no se ponen de acuerdo los vocales del consejo general. Es decir, hay que ir viendo en la propia evolución de la institución qué cosas se han querido corregir, sin que se nos deba olvidar qué problemas había en otros momentos cuando las reglas de organización y funcionamiento interno eran distintas.

El pleno sigue siendo el más relevante de los órganos del consejo, no cabe ninguna duda. La ley, como no puede ser de otra manera, residencia en el pleno las competencias más relevantes. Yo antes decía que la esencia del consejo son los nombramientos, que están en el pleno, no en la comisión permanente. Me preguntaba otro de los portavoces: ¿Cómo es que ustedes adoptan en una sola sesión 94 acuerdos? Porque son acuerdos que tienen poco contenido de apreciación, poco contenido discrecional, muchos de ellos son estrictamente reglados -un permiso o una baja por maternidad-, donde hay poco que apreciar. Eso, para una mayor agilidad, la ley lo encomienda a un órgano más operativo porque tiene una dimensión más pequeña: la comisión permanente. Los que están en la comisión permanente no es que sean mejores ni peores que los que asumen otras competencias o funciones dentro del consejo, sino que al ser más reducida, al ser una comisión y no el pleno, se agiliza en la resolución de asuntos donde el margen de apreciación es muy pequeño; de esas 94 resoluciones de media, 85 o 90 prácticamente son resoluciones regladas. Por tanto, lo único que hay que hacer es constatar los requisitos formales y ya está, no hay mucho más que hacer, mientras que en pleno quizá tengamos un solo punto del día que nos pueda ocupar horas porque son asuntos de más complejidad y


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donde se genera un debate más intenso. Me remito al de ayer mismo, donde un solo punto nos tuvo casi tres horas de debate en el seno del propio pleno. Antes -y lo ha expresado muy bien su señoría-, la competencia residual dentro de los órganos del consejo se atribuía al pleno. Yo recuerdo que si uno veía de alguna manera -porque entonces no se publicaba; nosotros sí lo hacemos, pero entonces no se publicaban- los órdenes del día del pleno, eran quilométricos; había no 90, sino 150 o 180 decisiones de pleno. Si nosotros estamos ahora tres horas debatiendo un asunto, cómo podía resolver el pleno 180 asuntos. Sencillamente, trasladaban al pleno todo este trantrán de la gestión ordinaria del consejo. ¿Qué es lo que hace ahora la ley? Que ese trantrán de la gestión ordinaria del consejo, de la gestión de la carrera judicial, que es una competencia esencial del consejo, se lo traslada a la comisión permanente. De ahí que en la comisión permanente entra la solicitud de un juez y diez o doce días después está resuelta, algo que antes no ocurría. Resuelta. Además, ese juez sabe, porque se lo damos en la página de transparencia, que su resolución ha entrado en el orden del día cuarenta y ocho horas antes de que se reúna la comisión permanente y al día siguiente a su vez, y a través de nuestra página de transparencia, sabe el sentido en el que se ha resuelto su petición. Nosotros, como todas las instituciones públicas, somos una institución servicial, estamos al servicio de la sociedad y al servicio de los jueces, y no al servicio nuestro, de cada uno de nosotros, de nuestras ambiciones, de nuestros deseos, de nuestros criterios. Estamos al servicio de la sociedad, al servicio de los jueces, y el consejo general ha ganado agilidad, esto es indudable. Ha ganado agilidad, responde con rapidez y además con publicidad y transparencia a todo aquello que a los jueces preocupa. A un juez le puede preocupar su nombramiento, pero hay otras muchas cosas que le preocupan; le preocupa si le van a conceder los servicios especiales, si va a poder reingresar o si se ha resuelto un concurso en el que ha participado para poder moverse y dirigirse a aquel destino geográfico que le apetece. Todo esto es importante y si nosotros tenemos la voluntad de servir, tenemos que poner el acento en la importancia que tienen estas cosas. Este nuevo consejo, en este punto concreto -podrá criticársele por otras cosas-, sin ninguna duda, ha ganado en trasparencia y en eficacia. Bien es cierto que podrá ser evaluado -con seguridad lo va a ser- y habrá que hacer un juicio de si valieron la pena estas reformas o no valieron la pena y si habrá que volver o no al modelo anterior. Yo creo que hay que estar en una posición crítica pero también realista, es decir, de ver qué de bueno tiene, porque lo tiene y lo ha tenido, sin ninguna duda.

En cuanto a la consideración de los vocales de primera y segunda, que ya se trajo a colación en mis anteriores comparecencias, no es verdad; lo que hay es un reparto de funciones dentro del consejo. Aunque es verdad que está debatido el asunto de la rotación en la comisión permanente, ya he expresado antes que las propuestas del presidente han tenido un amplísimo respaldo, ya que la voluntad mayoritaria, muy mayoritaria o unánime del pleno, donde están todos los vocales, lo ha respaldado. Es verdad que ha habido dos o tres que no estaban conformes, pero la voluntad mayoritaria, muy mayoritaria, sí ha estado conforme con esa composición de las comisiones legislativas.

La portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) ha hecho referencia a las competencias de la Generalitat en materia de justicia, a la difícil financiación con la que se encuentra la Generalitat para asumir esta competencia, para ejercerla pero, señoría, en eso el consejo general no tiene ninguna atribución. En la transferencia o no de mayores o menores competencias no tiene atribución alguna en cuanto a lo que es la financiación de las comunidades autónomas. Tenga en cuenta, señoría, que la financiación de las comunidades autónomas no es una financiación finalista, que sería decir que determinada partida transferida a la comunidad autónoma va a justicia; ese no es el modelo de financiación que tenemos, como bien sabe su señoría; es una partida global y luego la Administración autonómica, en este caso la Generalitat, fija sus prioridades. Y sus prioridades pueden ser hacer carreteras o tener una maravillosa justicia en Cataluña, pero eso ni siquiera depende del Estado, no ya del Consejo General del Poder Judicial, ni siquiera del Estado. Hay una financiación global y las preferencias y las prioridades las determina la Administración autonómica, como por otra parte debe ser, porque, si no, no podría hacer política; si los recursos que se transmiten fuesen vinculados exactamente a una determinada función no podría hacer propiamente política y carecería de esa autonomía a la que la Constitución se refiere.

Hablaba su señoría también de la retribución de los jueces según las cargas. Está prevista la retribución de los jueces no exactamente según las cargas, pero sí según la productividad. Esto lo contempla la Ley de retribuciones de la carrera judicial y fiscal del año 2003, en la que se fijaba como complemento específico la productividad, además de una forma novedosa, en el modelo retributivo de la carrera judicial. Esta ley requiere un desarrollo reglamentario por parte del consejo; el consejo en su día hizo ese desarrollo reglamentario pero el reglamento en cuestión fue anulado por la Sala tercera del Tribunal Supremo.


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Nosotros hemos retomado la necesidad de hacer otra vez el reglamento porque yo creo que el elemento retributivo debe ser tenido en cuenta en el sentido apuntado por su señoría, que comparto plenamente. Aquellos jueces a los que yo me he referido, que soportan una carga de trabajo superior al 150 o 180% del módulo, quizá deberían obtener algo más de retribución que aquellos otros que están en un órgano judicial que no llega ni siquiera a la media, por lo menos para que haya una cierta justicia, una cierta equidad en la retribución del trabajo de unos y de otros. En lo relativo a los nombramientos, a los noventa y cinco acuerdos por reunión de la comisión permanente y a las asociaciones, creo ya haber respondido.

La portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana también ha aludido al tema de los nombramientos, a los que ya me he referido, pero sí ha hecho alguna referencia a algunos nombramientos concretos y muy particularmente a una cuestión que se refiere a mí, como son las supuestas -que no tales- presiones al anterior presidente del Tribunal Superior de Justicia, don Miguel Ángel Jimeno, para que agilizara la causa. Esto apareció en un medio de comunicación a través de un periodista e inmediatamente lo acogió la Asociación Jueces para la Democracia, pero con una advertencia. El comunicado de la asociación decía: Si esto fuera cierto, es muy grave. Claro, porque no sabían si era cierto o no era cierto. Pero resulta que luego, el presidente del TSJ dijo públicamente que no era verdad, que no había recibido ninguna presión, por tanto, me remito a las declaraciones del señor Jimeno, que negó que hubiera recibido por mi parte la más mínima presión en relación con ese asunto. En cuanto a los nombramientos...Si es que no siempre hay que renovar a los presidentes. Es una opción; nos puede parecer que el presidente que está es el que debe ser renovado o nombrar a otro. Cuando fue nombrado el señor Jimeno no se renovó a la presidenta, una mujer, por cierto; yo no tengo idea de que lo estuviera haciendo mal, sin embargo, no se la renovó y solo tenía un mandato, y se puso a un varón. ¿Por qué no se la renovó entonces? Porque el consejo anterior consideró que Jimeno lo iba a hacer mejor y que había unos méritos y unas capacidades adecuadas a ese momento para ese tribunal. Pues eso mismo es lo que ha hecho este Consejo General del Poder Judicial y difícilmente se le puede reprochar. Fíjese, entonces no se renovó a la que estaba de presidenta, una mujer, con un enorme prestigio por otra parte, y se puso a un varón en el anterior consejo. Nosotros hemos elegido a un buen magistrado -los que hemos depositado confianza en cuanto a este nombramiento-, consideramos que es una persona idónea para desempeñar esa responsabilidad y esto no supone un demérito para el no renovado. Los cargos judiciales se nombran para cinco años y no hay un derecho a la renovación; sería tanto como pretender que yo, dentro de dos años y medio, tenga que ser renovado como presidente del Tribunal Supremo. Seguramente no lo voy a ser; si es es que es lo suyo. Además, que se renueven los cargos gubernativos es una buena cosa. Esto es así; en unos casos se renueva dos veces, en otros hasta tres y cuatro y en otros no se renueva ninguna.

En el tema de las lenguas, que también planteaba, he de decir que muchas competencias son de la propia Generalitat en cuanto a la utilización y el uso del catalán en sede judicial. El consejo hace lo que puede, parte de las competencias que tiene atribuidas legalmente y le aseguro que las utiliza. Es decir, nosotros, ya en la misma escuela judicial, tenemos la formación en las lenguas cooficiales: el catalán, el gallego y el euskera. Tenemos en formación continua la enseñanza de lenguas, tenemos convenios con la Administración catalana para todos aquellos jueces que lo quieren, y he de decirle que muchos de los jueces que prestan servicio en Cataluña, muchos, una gran mayoría, manejan muy bien el catalán sin ser originarios de Cataluña, y si no se utiliza más es porque los propios usuarios no lo demandan. Pero si los usuarios demandan el catalán, yo creo que el sistema está perfectamente preparado para darle respuesta en esa lengua. Decía, ¿qué hacemos o qué pueden hacer ustedes? Lo acabo de decir: formación y sensibilización también. El consejo es favorable a que se utilicen las lenguas cooficiales. En una anterior comparecencia se lo decía al portavoz del Grupo de Convergència i Unió; le decía, si es que también es una lengua española, es lengua cooficial pero también es una lengua española que merece el mayor de los respetos en cuanto al uso y reconocimiento en la Administración y por supuesto en la Administración de Justicia. Esa es la postura del Consejo General del Poder Judicial, no solo de ahora, sino desde hace ya muchos años.

Decía su señoría que hay pocos jueces y que qué hemos hecho. Los jueces los crea el Gobierno a través de un real-decreto y conlleva que tenga un respaldo presupuestario. El Consejo General del Poder Judicial no tiene competencias para ampliar la planta judicial. ¿Qué es lo que puede hacer? Pedirlo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues lo hemos pedido. Hace un mes, el pleno hizo un pronunciamiento, adoptado por unanimidad, pidiendo la ampliación de la planta judicial porque considerábamos que es absolutamente necesario. Me decía: ¿Y por qué no lo pide usted, como presidente? ¡Pero cómo voy a pedirlo como presidente si lo ha pedido el pleno, que es el órgano más relevante! Es mejor que lo pida el pleno, sin ninguna duda, y es el pleno el que, lógicamente, lo ha pedido.


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Señor portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, respecto a la reforma o no del consejo, esta legislatura termina hoy por lo que sé y este es el último acto de la misma. Creo que las instituciones merecen siempre una reflexión y casi siempre alguna reforma, porque hay cosas que se manifiestan a lo largo de su propia andadura, cosas que fallan, y si no, se quedan anquilosadas. Por lo tanto, esa propuesta de que el consejo debe ser objeto de reflexión y, en su caso, de reforma no le digo que no. Este es un nuevo consejo y quizá alguna cosa podría ser precisada y mejorada. En cuanto al nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia al que se ha referido, aunque creo que no lo ha llegado a citar expresamente pero por sus palabras entiendo que se estaba refiriendo a él... (El señor Gómez García: No, no, no era ese) Bueno, es igual, aunque yo creo que sí porque hablaba de la motivación, es un tema de motivación... (El señor Gómez García: No, no) ¿No? Pues entonces, si su señoría no lo ha planteado, ahí queda. Su señoría se ha referido también a la noticia que trascendió en algún medio de comunicación hace unas semanas sobre el asunto Ausbanc. Como sabemos, es una organización de consumidores y usuarios de servicios bancarios hasta que ha resultado que había algo más detrás, según hemos descubierto en una investigación judicial y policial que se está practicando en estos días. El Consejo General del Poder Judicial se vio en la obligación de hacer un comunicado, porque parecía deducirse que los jueces que habían participado en esos cursos no estaban actuando honestamente, cuando no es así. Pensemos que hasta hace unos días, en apariencia, era una organización de usuarios o consumidores de servicios bancarios que tenía un foro de justicia y yo he repasado quién iba allí. Iban catedráticos de universidad, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a hablar de temas de justicia y de derecho. Por tanto, teníamos la necesidad de decir que la actuación era legal. Ahora, cuando ya sabemos qué podía haber detrás y cuando existe una investigación judicial, podemos llegar a pensar otra cosa, pero esta entidad llevaba operando veinte años y aparecía como una organización de consumidores y usuarios de servicios bancarios.

En relación con la demanda presentada en la Audiencia Nacional respecto a la prevención de riesgos laborales, creo que ya dí contestación antes. En cuanto a los jueces sustitutos, he de decirle que tienen todo el aprecio del consejo y, por supuesto, el mío. Han realizado y realizan una labor extraordinaria, equiparable muchas veces a la del juez profesional o el juez de carrera. Pero también es cierto que desde hace muchos años se venía demandando una justicia lo más profesional posible, es decir, que fuera impartida por jueces de carrera, y la tendencia de las últimas reformas es que haya más jueces de carrera y menos jueces sustitutos. Yo creo que esto es bueno, sin dejar de reconocer la excelente labor que ellos han realizado y continúan realizando.

Respecto a la cuestión de Lexnet y la valoración del papel cero, es verdad que es un sistema que, en la medida en que se ha querido implantar a fecha fija en todos los juzgados y tribunales, ha tenido problemas que no son en todas partes iguales. Ha habido comunidades donde ha funcionado muy bien el sistema y otras donde ha tenido mayores dificultades. En mi intervención decía que el sistema de justicia es complejo en su gestión. Tenemos doce administraciones autonómicas con competencias asumidas, tenemos las competencias propias del Ministerio de Justicia -que abarcan las propias más las de cinco comunidades autónomas más las de las ciudades de Ceuta y Melilla- y, a su vez, está el Consejo General del Poder Judicial, que también tiene algunas competencias que a veces confluyen o concurren en relación con las que ejercen las distintas administraciones. Cuando se va a implantar un sistema que se pretende generalizado y a fecha fija, lógicamente se producen disfunciones, porque implica a doce administraciones más el Ministerio de Justicia más los propios jueces, que tienen que incorporar en su mecánica de trabajo un nuevo modelo técnico y en muchos sitios a lo mejor no tienen la suficiente instrucción o formación para ello. Esto genera disfunciones como las que se han producido, pero sin duda se van corrigiendo. Por la información de la que dispongo y que se va actualizando constantemente, en aquellas comunidades donde había problemas, en general, se han ido solucionando. He de decir que aquí el consejo, una vez más, trata de ejercer una función de liderazgo, pero de liderazgo para el servicio, porque no es una competencia nuestra ni somos nosotros los que la vamos a lucir, pero entendemos que si esto funciona bien vamos a servir mejor a los ciudadanos y a la sociedad entera. Esa es nuestra principal obligación.

También decía su señoría que se había reducido la labor inspectora del consejo. No se ha reducido la labor inspectora del consejo, lo que se ha reducido es la inspección presencial, que no es lo mismo. A través de su servicio de inspección, el Consejo General del Poder Judicial puede inspeccionar de dos maneras: mandando un inspector al órgano judicial que se trata de inspeccionar -que se vaya a Murcia


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y compruebe si allí los juzgados de instrucción funcionan bien o funcionan mal- o puede acceder por vía remota al sistema de gestión procesal y a la información que este practica. La inspección venía comprobando que con el desplazamiento físico del inspector, al final, lo que hacía era examinar la información que estaba en el propio sistema de gestión procesal, que es donde se recoge toda la actuación que se está desarrollando, y descubre que puede acceder a esa misma información en muchas ocasiones por vía remota y, por tanto, obtener la misma información que se venía obteniendo mediante la presencia. Así pues, estamos yendo a una mayor eficacia de la labor inspectora. Me preguntaba a su vez cómo va el convenio con la Agencia Estatal para la Administración Tributaria, que va a facilitar la lucha contra la corrupción por parte de los jueces porque va a contribuir a la formación específica de los mismos. Pues va muy bien; está aprobado ya el convenio y solo queda firmarlo, lo que seguramente será antes de que finalice el mes de mayo.

Finalmente, en relación con la intervención de la portavoz del Grupo Popular, agradezco sus palabras, sobre todo en la medida en que implican reconocimiento para la institución que yo presido. Ha dicho su señoría que hemos conseguido reducir plazos y es verdad -es una realidad objetiva que yo he expresado en mi exposición-; lo hemos conseguido a nivel interno, como funcionamiento del consejo, pero también en el funcionamiento del sistema judicial, que es lo más importante. En cuanto a la implantación de Internet, acabo de referirme a ello; el Consejo General del Poder Judicial trata de impulsar, y en ocasiones liderar, la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito de la Administración de Justicia porque creemos que sería un factor enorme de dinamización de nuestro funcionamiento.

En lo que se refiere a la implantación de la oficina judicial, que fue uno de los compromisos que yo asumí, es verdad que aquí se ha hecho menos. Hay una dificultad grande en la implantación de la oficina judicial que no solo es de ahora, ya que el nuevo modelo de oficina judicial lo aprobó la reforma de 2003, es decir, ya han pasado trece años. Más adelante, en el año 2011, se hizo una importantísima reforma procesal adecuando este sistema, pero supone un cambio tan importante de la estructura de funcionamiento interno de los juzgados y tribunales que nos está costando a todos; le cuesta al consejo la parte que le toca pero le cuesta también a las administraciones. Lo decía en mi exposición y tiene mucho que ver con esto, yo creo que un nuevo modelo de organización judicial ayudaría extraordinariamente al despliegue de la oficina judicial. Si hacemos tribunales colectivos o colegiados funciona mucho mejor la oficina judicial en el diseño de la Ley de 2013. Si su señoría observa las audiencias provinciales, las salas o el propio Tribunal Supremo, la oficina judicial no tiene problemas en cuanto a su funcionamiento; es en los juzgados, en los órganos unipersonales donde se producen las principales dificultades. Respecto al compromiso que asumí del marco jurídico para el Tribunal Supremo y el gabinete, es una realidad hoy de la que sinceramente me siento muy satisfecho. Además, ha sido a impulsos del propio Tribunal Supremo. En la reflexión interna en el Tribunal Supremo hace ya años que se llegó a la conclusión de que nuestro sistema de casación no daba respuesta a esa demanda de seguridad jurídica, a la necesidad de unificar los criterios para todo el sistema judicial y que había que ir a un nuevo modelo de casación. Fue el propio tribunal el que hizo las propuestas al Ministerio de Justicia y la verdad es que el Ministerio de Justicia las acogió, las incorporó a un proyecto de ley y luego estas Cámaras han aprobado este nuevo sistema. Por tanto, de lo que estamos pendientes es de que funcione bien, porque es un cambio muy significativo que puede suponer la entrada de miles y miles de asuntos, al menos inicialmente, en el Tribunal Supremo, y a mí lógicamente me preocupa que tengamos la capacidad de dar respuesta en ese primer momento.

En lo que se refiere al impulso de la mediación, señoría, me remito a lo que he dicho en mi exposición. Estamos haciendo muchas cosas. Es verdad que en España hay poca cultura de mediación y, claro, uno ve que las cifras de arranque son pequeñas, pero van evolucionando todas en la misma dirección. Nosotros tenemos el convencimiento de que los jueces deben implicarse, de ahí la importancia de la mediación extrajudicial, porque el ciudadano que se acerca a la justicia, cuando se trata de reconducirle a la mediación, no es igual si es el juez mismo el que le indica esa posibilidad de justicia que si se le manda fuera o extramuros del propio sistema judicial. El propio juez aporta confianza, si es el propio juez el que ayuda a que se camine en dirección a la mediación; de ahí que nosotros consideremos que la intrajudicial tiene una importancia extraordinaria. Se refería también su señoría al código ético. Es verdad que el código ético lo ponemos en marcha inicialmente, queremos hacerlo de una forma consensuada, lo que no es fácil, y a ser posible conforme con las asociaciones judiciales y con los miembros de la carrera judicial. En las asociaciones judiciales ha habido disparidad de criterios; a unas les parece bien, a otras les parece menos bien y esto está haciendo que los tiempos puede que no sean los deseables, pero es verdad que el pleno del consejo, en una reunión creo que de hace dos meses, decide incorporar para los jueces


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españoles el código ético iberoamericano, en cuya elaboración, en el año 2006, participó España. De hecho, fue un español el principal artífice de ese código ético iberoamericano y, si uno lo lee, comparte todo lo que está en el mismo. Por tanto, hoy los jueces españoles tienen un código ético, que es el iberoamericano, aunque no queremos renunciar a un código ético propio gestado con nuestra gente, con nuestros jueces, y no solo con nuestros jueces porque, cuando se habla de código ético, también hay que tener en cuenta lo que la sociedad espera de los jueces, no solo lo que los jueces quieren, sino lo que la sociedad espera de sus jueces y qué comportamiento espera de los mismos. Por último, le agradezco esas palabras en las que indicaba que el consejo había ganado en transparencia. Es una de las niñas bonitas de este consejo y, por tanto, que en esta sede parlamentaria sea reconocida esa labor, me produce mucha satisfacción, señoría.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Para un turno de réplica de cinco minutos tienen la palabra los grupos parlamentarios. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor CAMPO MORENO: Muchas gracias, señor presidente.

Espero no hacer uso ni de un minuto y autorizo al presidente a que me corte la palabra después de un solo minuto. Son unas palabras -bien lo sabe el presidente- teñidas de un profundo afecto y de una convivencia compartida. Lo único que quiero decir es que en una legislatura fallida o por lo menos que no ha dado los frutos que deseábamos, justicia y ciudadanía sean el último encuentro de esta legislatura porque, lo sabemos muy bien todos los que estamos aquí, son dos nociones indisolubles.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campo.

Señora Rosell.

La señora ROSELL AGUILAR: Me lo ha puesto difícil el señor Campo. Yo quería agradecerle sus palabras de nuevo y decirle que en algunas cosas no estoy de acuerdo porque creo que es una cuestión de perspectiva, pero está bien que podamos compartirlas, igual que para mí está bien, y creo que es muy legítimo, tener más de una perspectiva.

En cuanto a la confianza y la desconfianza de la ciudadanía en la justicia, espero que no dependa más de lo que salga de esta Comisión que de la propia actuación pública del Poder Judicial y de la capacidad crítica de la ciudadanía, pero no me convence que el parámetro sea solo la encuesta a los jueces porque entiendo que esa sensación es subjetiva. También nosotros tratamos de trasladar la percepción de parte de la ciudadanía, que espero que al menos valore conjuntamente. Además, esa percepción en una sola pregunta, sin ahondar más, podría tener distintas respuestas. En otras actividades de formación muy interesantes se ha ahondado incluso en la equidistancia respecto a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, respecto a poderes públicos, y creo que explorar esas vías es importante.

Respecto a los nombramientos, cuando hablamos de pluralidad, no hablo tanto de asociaciones. Creo que es un criterio corporativo, que la pluralidad de la sociedad es lo que debería reflejarse, pero de verdad quiero que me crea o que me dé un voto de confianza cuando le digo que la igualdad, que debe ser transversal a todas políticas, favorece la integración y empodera a las mujeres también desde la carrera judicial. Usted nos presenta -con toda la legitimidad y habilidad del mundo- los datos dentro de los nombramientos a los que se han presentado mujeres, pero quizá habría que preguntarse por qué se presentan menos que los hombres a determinados cargos. Habría que remover los obstáculos, como dice la Constitución, para que la igualdad sea real y efectiva.

En cuanto a la prevención de riesgos laborales, hay cierta queja de moverse a golpe de acción judicial, pero no vamos a discutir eso. Solo le diré, ya que tenemos distintos foros en los que vernos y en los que discutir -para mí es un honor utilizar este-, que también es una cuestión de perspectiva: si llevamos cuatro meses de Plan de prevención de riesgos laborales o dentro de ocho meses caduca el Plan de 2016. Creo que debe hacerse un esfuerzo para que las mediciones se hagan dentro de la Comisión nacional de seguridad y salud, en la que está representada toda la carrera judicial porque esto repercutirá sin duda positivamente en la ciudadanía y en que esta tenga la justicia que se merece. Por último, respecto de las reuniones de jueces o de asociaciones que ha planteado, me pasa lo mismo; es una cuestión de perspectiva que parezca que se reúne con más jueces, lo que me parece muy respetable, pero que solo se representan


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a sí mismos. Me gustaría que esto no fuera en detrimento de un cauce más fluido con quien es espacio de participación y cauce de representación y formación de una voluntad colectiva. Ojalá tenga relación fluida con todos, pero yo no pondría las opiniones a la misma altura de la balanza, porque creo que jueces que no se representan salvo a sí mismos pueden hacer diagnósticos o trasladar percepciones más erróneas si se colocan en el mismo nivel. Es buena y deseable una relación más fluida con esos cauces de representación democrática, que son las asociaciones, pero insisto en que para mí es un honor -y se lo agradezco- poder discutir desde estas distintas perspectivas ya que además hemos compartido una y ahora, desde este lado, creo que el debate enriquece.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rosell.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

No voy a plantear muchas cuestiones porque todas las que tenía preparadas para esta segunda intervención han sido de alguna manera tratadas en extenso, bien por mis compañeros, bien por el presidente del consejo, a quien agradezco sinceramente todas las explicaciones.

Simplemente apuntaré una única cuestión, y es la referida a urgirle a la presentación del libro blanco, tal y como acordó esta Cámara hace ya casi año y medio. A ver si en la próxima legislatura podemos tener realmente un plan de actuación del consejo sustentado en un nuevo libro blanco de la Justicia, porque el actual, tal y como nos ha comentado, es de los años noventa.

Para finalizar, quiero agradecer a todos los presentes haberme permitido compartir con ustedes esta breve pero intensa legislatura.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda. Es un honor haberla compartido.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.

Gracias, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, por las respuestas que nos ha dado a las cuestiones que le hemos planteado. Simplemente quiero comentarle que en cuestión de tasas no era mi intención preguntarle sobre la financiación de Cataluña, porque sé que es un tema completamente ajeno a sus responsabilidades, pero sí he querido preguntarle por la recaudación de las tasas, puesto que fueron impuestas, según la voluntad del Gobierno -porque así lo manifestó- para financiar la justicia gratuita, extremo que sí compete a las comunidades autónomas, lo que también es materia de interés -o debería serlo- por parte del Consejo General del Poder Judicial, a nuestro entender. En ese sentido le preguntaba.

En cuanto al nombramiento de la presidenta de la Audiencia Provincial de Barcelona, una vez descartado, según su explicación, que no había ningún problema por su condición de mujer porque ella había concurrido ni tampoco había ningún criterio sexista, nos queda pensar que lo que lo condicionó -porque ella estaba mejor posicionada- fue el criterio personal que tuvo de dar apoyo a la declaración del derecho a decidir de Cataluña.

Finalmente, quiero comentar que ha sido un placer, como han dicho mis compañeros, poder compartir esta mañana con ustedes. Ha sido muy enriquecedor y esperemos que cuando empiece la próxima legislatura podamos presentar las propuestas de resolución en beneficio de una mejora del Consejo General del Poder Judicial y de la justicia en general.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señora Capella.

La señora CAPELLA I FERRÉ: Gracias, presidente.

Cuando me refería a presidencialismo, entenderá que me refería más a cómo se ejercen las competencias y funciones propias que a las propias competencias derivadas de la ley, que en todo caso es la aplicación de cierto rodillo o del rodillo de la mayoría conservadora. En cuanto a la renovación de las comisiones, quiero recordarle que la primera renovación no dejó someter a votación a candidatos que se presentaron. Por cierto, esto dio lugar a una demanda ante la Sala tercera del Tribunal Supremo por


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cuatro vocales. Respecto a la polémica de los nombramientos, entenderá que no me refería únicamente a la antigüedad. La concurrencia de méritos y antigüedad más la concurrencia de ser mujer nos lleva a concluir que, efectivamente, existe otra motivación para que no fuese nombrada doña Àngels Vivas. En materia de género, comparto lo que decía la compañera de Podemos, porque en definitiva la pregunta debería ser otra y ello nos lleva a afirmar que en todo caso no es suficiente con que haya recomendaciones, sino que la ley tiene que precisar que la paridad en el nombramiento de cargos sea una exigencia legal.

Antes no he podido referirme a las reformas legislativas. Me gustaría apuntar la necesidad de que usted se pronunciase con relación a la reforma de la justicia universal, que trajo consigo la previsión del sobreseimiento retroactivo de las causas que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de la ley. Ello supone y supuso una intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial, vulnerando de forma flagrante el principio de seguridad jurídica. Esto supone, en consecuencia, un atentado al Estado de derecho, un auténtico dislate jurídico que vulnera de forma flagrante los artículos 9 y 24 de la Constitución, motivo por el cual, a criterio de Esquerra Republicana, se justificaría una cuestión de constitucionalidad. ¿Se ha planteado formular una cuestión de constitucionalidad, ya que eso sí es competencia del Consejo General del Poder Judicial?

Usted, en marzo de 2014, decía que apostaba por una justicia abierta, cercana y transparente, y manifestaba que el Consejo General del Poder Judicial debía trabajar en la cercanía con los jueces y conseguir que fuera la casa de los jueces. Pero la realidad es contumaz y, a día de hoy, respecto a 2014, puedo afirmar que aquello que usted decía, usted no lo creía -y vuelvo a insistir en el tema de los nombramientos-, y no lo dice Esquerra Republicana ni su portavoz, sino la propia carrera judicial, a través de la encuesta, y lo dicen también las sanciones impuestas a algún juez por tener pensamiento propio y por expresar sus conocimientos en la redacción, por ejemplo, de una constitución, un divertimento intelectual para dar rienda suelta a su creatividad intelectual -me estoy refiriendo al actual senador de Esquerra Republicana, señor Vidal-, al igual que hacen muchos miembros de la judicatura cuando dan clases en la universidad, preparan a opositores o aquellos que se prodigan en conferencias cobrando de entidades como Ausbanc u otras entidades, empresas o multinacionales aseguradoras. La política de nombramientos y, por tanto, también la política de sanciones, van en sentido contrario a lo que usted defiende y defendía. Por el contrario, y es algo que a Esquerra Republicana le llama la atención poderosamente, en relación con jueces que no cumplen con sus funciones y, por tanto, no resuelven en plazo razonable cuestiones y procedimientos de su competencia, parece ser que se mira para otro lado.

Respecto a si usted actúa como presidente con plena independencia, permita que vuelva a cuestionarla. En relación con la independencia de jueces y magistrados y el amparo que deberían tener del Consejo General del Poder Judicial, le pregunto que si usted considera normal que puedan filtrarse en un medio de comunicación, a pesar de que una sentencia judicial lo considere normal, la fotografía del DNI, cuya disposición solo se encuentra en las dependencias del Ministerio del Interior, de aquellos magistrados, jueces y juezas que firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir de Cataluña. Para Esquerra Republicana no es normal en un Estado de derecho, porque, en definitiva, es perseguir la disidencia y a aquellos que tienen opinión.

En relación con las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de las que usted se siente contento y satisfecho, permita que también disienta de este parecer, ya que han determinado la actual composición y, por tanto, también la organización y las competencias. Esquerra Republicana considera que ha sido un mal negocio para la ciudadanía, para los jueces y magistrados, para la independencia judicial y para el Estado de derecho, que es, en definitiva, lo que todos estamos defendiendo en estos momentos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gómez.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, presidente del Consejo General del Poder Judicial, por sus respuestas. Solo quisiera remarcar, en cuanto a la política de nombramientos, que este grupo parlamentario no duda en ningún momento de la capacidad y el mérito de los nombrados y de su honorabilidad, pero sí de la transparencia y de la motivación de los mismos, que genera dudas respecto del propio nombrado, que es el principal perjudicado. Tomamos nota de las reformas legislativas propuestas por el presidente. Este grupo parlamentario trabajará por un pacto por la justicia, tal y como han solicitado las cuatro asociaciones judiciales y el Consejo General de la Abogacía Española y trabajaremos también por que en la justicia


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tengan lo medios materiales y humanos necesarios. En los últimos años hemos visto que se inauguraban aeropuertos sin aviones, carreteras sin coches y kilómetros de AVE y que no se dotaba de dinero suficiente a la justicia. Le señalo que este grupo parlamentario trabajará por dotar adecuadamente a la justicia, tal y como se merece.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez.

Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moro.

La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Para ajustarme al tiempo voy a omitir algunas preguntas que tenía preparadas, ya que el señor presidente del Consejo General del Poder Judicial ha desarrollado muy ampliamente muchas cuestiones y nos ha facilitado una información que ya nos hubiera gustado que nos la hubieran dado en otros tiempos. Me gustaría señalar que esperar la perfección de un modelo de nuevas tecnologías, de un modelo de gobierno de los jueces, esperar la perfección sin implementarlo significa que el mundo, como en otras cuestiones, no avanza, no se desarrolla. Además, está muy bien la diversidad -es fundamental-, pero eso no significa levantar muros de hormigón contra los que chocar y creer que solamente lo que uno plantea desde su perspectiva es la verdad absoluta, pues entonces es imposible llegar a consensos.

Hablaba Unamuno de la intrahistoria. Pues bien, la intrahistoria de las reformas del Consejo General del Poder Judicial, a quienes hemos estado trabajando a lo largo de estos cuatro años aquí, nos dice que se va a producir un hecho anecdótico que pasará a la historia y es que ese modelo, con su complicación -tendrá que verse el desarrollo-, pero con muchas ventajas que se están poniendo de manifiesto, fue fruto no del programa del partido en el Gobierno, sino del desarrollo de conversaciones, intento de consensos y asunción de algunos planteamientos, especialmente del Grupo Socialista, que se recurren ante el Tribunal Constitucional. Nosotros lo respetamos; respetamos a todos los magistrados y a todos los jueces de todos los tribunales. Aquí se han sembrado dudas. No tiene que ser un problema opinar distinto, sino que hay que respetar a los que opinan diferente. No hay que ver oscuridad cuando una decisión no nos gusta; la vida está llena de decisiones que no nos gustan, pero eso no quiere decir que el comportamiento sea oscuro. Por ejemplo, cuando Podemos materializó en un documento que el Poder Judicial tuviera el mismo pensamiento que el partido dominante, yo no pienso que fuera su verdadera intención; yo creo que fue un error. Lo corrigieron, y esa es la posición que nos permitirá construir. Una postura constructiva llevará a una justicia, que es lo más importante para nuestros ciudadanos, sin sectarismos, escuchando a los demás y modificando, no cansando, porque hay que buscar una cierta estabilidad, imprescindible en este y en otros temas.

Nosotros seguimos tendiendo la mano para conocer esa diversidad. Respetamos todas las tendencias y todos los planteamientos, pero seguramente en el consejo muchos pensarán que unas cosas son mejores y otras peores y unas las habrán planteado unos grupos políticos y otras otros a lo largo de treinta años de democracia. En esa labor constructiva nos debemos encontrar.

Es el momento de dar las gracias a los servicios de la Cámara, a las letradas de esta Comisión y a los compañeros portavoces de la misma y por supuesto quiero agradecer la gentileza del presidente, el desarrollo extraordinario de sus explicaciones, y del resto de los miembros del consejo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moro.

Para terminar la comparecencia tiene la palabra el señor presidente del Consejo General del Poder Judicial.

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL SUPREMO (Lesmes Serrano): Muchas gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve por lo avanzado de la hora. Voy a limitar mi respuesta a aquellas cuestiones que son nuevas porque en relación con las relativas a los nombramientos y otras, me he pronunciado con suficiente extensión anteriormente.

Aunque no esté en este momento presente, agradezco las palabras de Juan Carlos Campo, a quien, efectivamente, conozco hace muchísimos años, pues ha sido compañero de la carrera judicial. Y en igual medida las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, a la que quiero decirle alguna cosa en cuanto al tema de la confianza, que comparto con ella. La confianza, y más en nosotros como Consejo


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General, es imprescindible para la institución judicial. Los jueces tienen que inspirar confianza en su labor porque si no fracasaríamos en la misma. Puede ser una solución técnicamente correctísima, pero si no hay confianza en el juez, que actúe con independencia y con imparcialidad, no producirá esa función pacificadora que debe tener su decisión.

Todos tenemos que participar. Nosotros tenemos una especial responsabilidad institucional, sin duda; la tienen los propios jueces en su labor y las asociaciones judiciales en la función representativa que les corresponde, pero también el propio Parlamento, los grupos parlamentarios. El buen funcionamiento de la justicia es una regla básica de convivencia y de prosperidad, a todos nos conviene que la Administración de Justicia funcione bien y a todos nos conviene que la Administración de Justicia genere confianza en todos, sin ninguna duda.

Planteaba una segunda cuestión que es que deberíamos hacer una reflexión respecto a las mujeres y tiene razón en eso. Yo no he querido entrar porque no es un problema específico nuestro. Es cierto que uno se lo pregunta, y yo mismo, estudiando estas mismas estadísticas y estos porcentajes, digo: ¿por qué no se presentan más mujeres? Es un problema general y es cierto que es el de tantas y tantas mujeres debido a tener que conciliar su vida profesional con su vida personal y familiar. No es un tema específico del Poder Judicial, aunque también es nuestro problema, es verdad, pero es un problema de la sociedad entera, que debe facilitar las cosas, sin ninguna duda, a las mujeres para que estas con plenitud puedan desarrollar su vida profesional igual que su vida personal y familiar.

En cuanto a la cuestión que señalaba su señoría de jueces y asociaciones, quizá yo me he explicado mal cuando he dicho que me he reunido con setecientos jueces, no como alternativa a las asociaciones, sino además de las asociaciones. O sea, la fórmula habitual del Consejo ha sido interlocución con las asociaciones y yo la he tenido. Su señoría hacía referencia a que ya habíamos estado otra vez juntos, donde ella precisamente fue en representación de la que entonces era su asociación, con la que he tenido, por supuesto, más encuentros, y de la misma manera con otras asociaciones. Pero creo que hay que abrirse a esos jueces individuales que efectivamente en sí mismos cada uno se representa solo a él, pero cuando uno ha oído a setecientos, ya va teniendo una cierta idea colectiva de lo que piensan los jueces porque setecientos jueces es más de lo que tienen tres de nuestras asociaciones afiliados; o sea, que son bastantes jueces a la hora de que yo pueda tener un cierto criterio.

En cuanto al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el guante está recogido. No sé si lo llamaremos nuevo libro blanco pero estamos trabajando en tener un proyecto común, compartido y ambicioso en el Consejo General del Poder Judicial y yo espero, si su señoría sigue siendo portavoz en esta Comisión de Justicia en la próxima legislatura, explicarle con todo detalle los trabajos que al respecto esté realizando el Consejo General del Poder Judicial.

En relación con las intervenciones de la representante del Grupo Parlamentario Democràcia y Llibertat y la de Esquerra, algunas a mi juicio fueron respondidas anteriormente pero no la cuestión de la Audiencia Provincial de Barcelona y la retomo porque ellas han vuelto a introducirla en este momento. Lo que le quiero decir -y tomo mis propias palabras- es que cuando se realiza un nombramiento para un puesto gubernativo se tienen en cuenta méritos muy variados. La antigüedad es un mérito sin duda pero hay otros méritos: la propia trayectoria profesional, su propia experiencia de gobierno, se tienen en cuenta muchas cosas. Y el nombrado es una persona de mérito, no le quepa la menor duda, es una persona de mérito y capacidad, y lo que ocurrió, en este como en todos los casos, es que una mayoría consideró que para ese puesto, para la presidencia de la Audiencia de Barcelona, era la persona más adecuada con arreglo a sus méritos, a sus capacidades y a su trayectoria profesional.

En cuanto a la cuestión específica que planteaba la portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, he de decirle, señoría, que el Consejo General no tiene competencia para plantear cuestiones de inconstitucionalidad, las pueden plantear los jueces individualmente cuando tienen un asunto que están juzgando, pero nosotros como institución no tenemos competencias.

Respecto a las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, necesitamos más medios, qué le voy a decir a su señoría, estoy totalmente de acuerdo con su propuesta. Yo no me canso de predicar que la justicia, la Administración de Justicia es un servicio esencial para la sociedad, es un servicio esencial a los ciudadanos, que no se debe observar desde una postura estrictamente económica como las infraestructuras, pero incluso aporta también prosperidad al país y, por lo tanto, se le debe dar la importancia que sin duda tiene. Nosotros necesitamos mayores inversiones en la justicia, mayor dedicación a la justicia y que se le dé la importancia que tiene, como digo, porque es esencial para nuestra convivencia, es esencial para la paz y es esencial también para la prosperidad de nuestro país.


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Finalmente, señoría del Partido Popular, hay que esperar al modelo. Efectivamente le rechina a veces en cuestiones, como ocurre siempre, sobre todo cuando es algo novedoso, pero si hace falta corregirlo, estamos en sede parlamentaria y será este Parlamento, lógicamente, el que decida hacerlo.

Termino ya expresándoles el honor que ha sido para mí estar hoy aquí presente, incluso diré el honor de este último acto de esta XI Legislatura, la satisfacción y el agradecimiento por las intervenciones, tanto por el tono como por el contenido, y mi ofrecimiento y el ofrecimiento del Consejo -están aquí no todos pero la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial- para que, desde la lealtad institucional, seamos capaces de mejorar nuestra justicia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecerle en nombre de esta comisión y de la Mesa la voluntad con la que ha comparecido, también las facilidades que han puesto desde el Consejo General del Poder Judicial para que se pudiese verificar esta comparecencia, sabiendo de la situación en la que se encuentra esta legislatura. Quiero manifestar también el agradecimiento al resto de las señoras y señores vocales y resto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que nos han acompañado.

Dos últimas cuestiones. En primer lugar, y en relación con este asunto, saben ustedes que la memoria del consejo tiene diversos trámites. Hemos concluido el primero de ellos, la regulación que sobre ello se hizo en la resolución de la presidencia en el año 1984. El segundo de los trámites debería ser, pero no ha habido esa iniciativa, la conformación de una ponencia para que efectuase una valoración sobre la misma. No habiéndose producido esa situación, y conforme a lo que hemos deliberado y acordado unánimemente en la Mesa, oídos los portavoces, antes de comenzar esta sesión, estaríamos en la tercera de las cuestiones, que sería, en su caso, la apertura del plazo para la presentación de propuestas de resolución por un término de tres días. Ello derivaría en una legislatura normal que, una vez formuladas estas propuestas y calificadas las mismas por la Mesa de la Cámara, serían sometidas a la aprobación en su caso y debate de ellas por el Pleno de la Cámara. Venciendo el plazo previsto en el artículo 99.5 de la Constitución, que lo será definitivamente el próximo día 2 de mayo, la Mesa ha decidido posponer el señalamiento del día de apertura del plazo para la presentación de estas propuestas de resolución a la memoria y entender que será la Mesa que venga de la Comisión de Justicia la que, cuando se constituya la nueva legislatura, decida sobre el trámite que proceda en relación con aquello que falta de esta comparecencia.

Por último, quiero agradecer a todas las señoras y señores diputados -creo representar a toda la Mesa-, la colaboración que hemos tenido siempre en este corto espacio de tiempo, pero entiendo que intenso, puesto que junto con la sesión constitutiva han sido tres las sesiones que ha tenido esta comisión. Dos de ellas, en cuanto a comparecencias de altas instituciones como es la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial y en otra, una labor de control al Gobierno que lo ha sido en las proposiciones no de ley que debatimos y, en su caso, aprobamos. Nos quedamos con la frustración, especialmente en esta Comisión de Justicia, de no haber podido ejercer la labor que nos atribuye el artículo 66.2, que es el ejercicio y la potestad legislativa del Estado, pero vendrá otra legislativa y vendrán aquellos que los ciudadanos elijan para que los representen a ejercer esa labor.

Ha sido un placer y pido disculpas en nombre de la Mesa a cualquiera de los portavoces y a todos los demás. Hemos intentado no defraudar mucho la confianza que nos otorgaron cuando nos eligieron. Les depare la suerte lo que les depare, en todo caso tienen el reconocimiento en la labor que han realizado por parte de la presidencia y del resto de la Mesa. Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Se levanta la sesión.

Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.

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