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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 64, de 28/04/2016
cve: DSCD-11-CO-64
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 64
INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RAFAEL MERINO LÓPEZ
Sesión núm. 5
celebrada el jueves,
28 de abril de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de Ley:

- En favor de la libertad y frente al terrorismo de ETA. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000331) ... (Página2)

- Relativa a mejorar la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de carácter estatal con la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, para que esta pueda acceder a las bases de datos estatales e internacionales en beneficio de la seguridad de los ciudadanos en Cataluña. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). (Número de expediente 161/000351) ... (Página10)

- Sobre la unificación de las direcciones generales de Compras para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSS). Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000398) ... (Página15)

- Relativa a garantizar el derecho de asilo. Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000452) ... (Página18)

- Sobre la paralización de la reapertura del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000454) ... (Página24)

- Sobre medidas urgentes para la UTE del Centro Penitenciario de Villabona en Asturias. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000255) ... (Página29)


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- Sobre concesión de condecoraciones en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000543) ... (Página36)

- Relativa a la colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía local. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000333) ... (Página40)

- Relativa a la elaboración de un Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000353) ... (Página45)

Se abre la sesión a las doce y veinticinco minutos del mediodía.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- EN FAVOR DE LA LIBERTAD Y FRENTE AL TERRORISMO DE ETA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000331).

El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos.

Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Interior. Les recuerdo a los portavoces que los tiempos son de cinco minutos para el grupo proponente y de tres minutos para enmiendas y defensa de posición. Vamos a procurar ajustarnos a los tiempos lo más posible.

Comenzamos con la primera proposición no de ley, del Grupo Mixto, a favor de la libertad y frente al terrorismo de ETA. Tiene la palabra el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muchas gracias, señor presidente. Voy a pedirle una cierta benevolencia en este turno y prometo ser muy estricto e incluso no participar en alguno de los puntos que vendrán más adelante.

Buenos días, señorías. El 20 de enero de 2016 se produjo un hecho relevante en la lucha contra el terrorismo -al menos así me lo parece-, en el plano judicial en esta ocasión. Por primera vez existió un primer reconocimiento de unos líderes de la izquierda abertzale de que hacer política a través del crimen es el núcleo irradiador de ETA y que la violencia solo es un instrumento para conseguir sus fines de construcción de una sociedad totalitaria. Fue la Sentencia número 1/2016 de la Sección segunda de la Audiencia Nacional. Tras muchos años negándolo, esta vez una sentencia condena a treinta y tres líderes de la izquierda abertzale -treinta y tres líderes- por estar integrados en organización terrorista. Lo relevante es que ellos aceptan la condena y el relato de los hechos, así como -se explica y se describe en la sentencia- que ETA no es sino una organización política que practica la lucha armada -es una autodefinición de la banda- y describe su modus operandi en todo este tiempo; es decir, la estrategia del desdoblamiento y la doble militancia: los milis y los polis, todos ellos bajo la misma estructura jerárquica, con una organización compartida y con una dirección única, o sea, utilizando la democracia en contra de la democracia.

Hoy conviene decir, señorías, que el fenómeno del terrorismo no ha conseguido hacer de España una sociedad peor, más odiosa; al contrario, precisamente en la lucha contra su terror y contra su odio creo que ha salido lo mejor de la sociedad española: el ejemplo de las víctimas, la constancia y profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la unidad política para acabar con la amenaza terrorista -unidad política, cuando se ha producido, que no ha sido siempre-. Por tanto, no somos una sociedad mejor gracias a ETA, a Otegi o a su pandilla de amigos pistoleros. Repito, somos una sociedad mejor cuando nos hemos puesto de acuerdo para vencer con la ley, y solo con la ley, al terrorismo y cuando nos hemos unido para defender la libertad, la democracia y la convivencia. Vamos a intentar incorporar a nuestra proposición no de ley aquellas partes de las enmiendas que, sin desnaturalizar aquello que nosotros queremos, mantienen un consenso y promueven la unidad política y la exigencia de disolución incondicional de la banda.

Señorías, es verdad que somos una democracia joven, pero una democracia que ha crecido con ETA. Por eso sería una gran irresponsabilidad ignorar que, como dice en un artículo reciente el escritor Jon


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Juaristi -abro comillas-: ETA, como la materia, ni se crea ni se destruye, solo se transforma -cierro comillas-. Es decir, que aprende, que muda su piel de serpiente y, por tanto, nosotros también debemos aprender de ello y saber, desde luego, que sin pistolas, señorías, no son nadie, y defender juntos que no hay naciones obligatorias, que la libertad no es un don, que debemos luchar por ella, que la tiranía la imponen unos pocos cuando los más se muestran diferentes, que tenemos una gran nación, que se puede superar el odio, que el perdón es liberador y que, desde luego, no es un hombre de paz el chulo de patio que nos perdona la vida, sino precisamente el que trabaja por ella. Por otra parte, señorías, creo que el terrorista no nace sino que se hace, que hay formadores en el odio, hay manuales de adoctrinamiento en el odio, hay quien busca excusas para odiar, quien busca mentiras con las que enfrentar, que hay totalitarismos que desenmascarar y que hay causas por las que trabajar y proyectos por los que merece la pena sonreír. En mi partido, Unión del Pueblo Navarro, creemos, primero, que el futuro de España, la felicidad de su gente, la libertad de la que disfrutamos y que tanto nos ha costado conseguir, no se negocia y también lo recordamos y pedimos en nuestra iniciativa. Creemos que para ello necesitamos mantener viva la memoria de los que dieron su vida por nuestra libertad para que nadie vuelva a pretender utilizar la violencia para conseguir objetivos políticos. También lo pedimos en nuestra iniciativa. Somos una gran nación y sus gentes no pueden tener como referentes políticos a quienes han querido construir a tiro limpio una sociedad agria y excluyente. Señorías, no los necesitamos para nada. Por eso es importante construir, defender y promover un relato de la memoria que impida que los terroristas reproduzcan, adapten, manipulen, tergiversen una historia blanqueada y falsa que legitime todo el terrorismo que provocaron; una especie de terrorismo 3.0 o 4.0. Hemos intentado incorporar al texto iniciativas en este sentido que recoge la enmienda del PP, con ese centro memorial de víctimas o para promover a nivel internacional un estatuto de víctimas. Creo que así se recoge de alguna manera el espíritu de una proposición no de ley que también hemos conocido y que ha sido presentada por el Grupo Ciudadanos el 26 de abril, hace unos días.

Señorías, Otegi no es un hombre de paz, al igual que los asesinos de la banda terrorista juzgados y condenados no son políticos presos, como tampoco los terroristas que escapan del control de la justicia son refugiados sirios o algo parecido, ni los verdugos son víctimas. Todos ellos han sido miembros de una banda de criminales cuyo objetivo no ha sido otro que ganarle la batalla política a la democracia española, enfrentarnos, envenenar y emponzoñar las conciencias con sus falsas utopías. Lo cierto, señorías, es que sin pistolas, repito, no son nada y nada les debemos.

¿Existe una batalla del relato? Porque si existe, señorías, la tenemos que librar y la tenemos que ganar con medios, con constancia y con determinación, sin eufemismos, sin prejuicios, pero con la verdad por delante. Por eso repetimos que quien ha sido el portavoz del brazo político desdoblado de una banda terrorista, quien tenía una doble militancia, no puede ser el constructor de la paz, de una sociedad de paz y en paz. Es imposible. Señorías, el problema no es tanto que esta persona defienda sus tesis totalitarias y obtenga apoyos entre tibios amantes de la violencia política y tontos útiles, el problema es que la gran mayoría le concedamos algún tipo de crédito mediático, político o ético. Es absolutamente demencial. Por cierto, que casi el mismo día en el que salía de prisión este personaje, otro terrorista con un historial criminal mucho más grave que el de Otegi salía de prisión habiendo hecho un viaje interior que le llevó a repudiar la violencia, incluso la suya propia, y a pedir perdón. ¿Es casual, señorías, que a esta persona no fueran a recibirle con alabanzas, apoyos y homenajes? ¿Quién de los dos puede estar más cerca de la paz? ¿Quien trabaja por defender el legado criminal o político o quien rechaza a ETA y condena hasta su propia biografía criminal?

Otegi, señorías, no se equivoquen, no es un hombre de paz. Lo que ha sido siempre es un señor de la guerra. Digo más, señorías, yo me niego a que la sociedad en la que mis cuatro hijos van a vivir tenga como referente de convivencia o de paz a este individuo, teniendo como tenemos en España y en el mundo ejemplos para imitar mucho más vivificantes, buenos, amables, alegres y simpáticos que este personaje, desde la madre Teresa de Calcuta hasta Mario Vaquerizo, muy amplio.

Termino, señor presidente. Por otro lado, solemos decir que cuando se olvida la historia se tienen todos los boletos para volverla a repetir, y es lo que queremos evitar con la iniciativa que hemos presentado: reconocer a las víctimas del terror y reiterar que es un deber ético hacerlo, renovar nuestro compromiso por las causas por las que fueron víctimas, comprometernos a construir una sociedad libre de fanatismos y participar en aquellos actos que las recuerden, mantener la guardia alta y vigilante para que un fenómeno como el de ETA no vuelva a ocurrir. Por ello, pedimos, y nos pedimos, no dejar cabos sueltos para que la capacidad de mutación de esa serpiente no nos vuelva a aterrorizar. Esta es, señor presidente, la postura


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de Unión del Pueblo Navarro, una postura clara y firme. En la vida individual y en nuestras familias cuidamos aquello que queremos y nosotros queremos que España sea una nación más libre, más justa, más democrática y por ello les hemos propuesto este debate, en el que fijando cada uno nuestra postura, vayamos pasando página a este capítulo negro del terror, sin olvidar nunca el papel protagonista que tuvieron las vidas truncadas de los compatriotas que quedaron en el camino a quien hoy recordamos y a quien hoy honramos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

En el trámite de enmiendas, por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Santos.

El señor SANTOS ITOIZ: Gracias, señor presidente.

Para empezar, lamento la distribución de esta sala porque si la democracia es hablar y entenderse, además de la comunicación verbal, existiría la no verbal, que es poder mirarnos a los ojos, poder ver la mirada del otro y poder entendernos, porque seguramente como demócratas vamos a conseguir entender que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Pueden separarnos diferencias estratégicas o de concepto en algunas ocasiones, pero seguramente que las podremos superar y lo podremos hacer por la palabra. Digo esto como breve introducción porque es muy importante que, cuando hablemos de determinados temas o cuando entremos en determinadas habitaciones donde se condensa o se densifica tanto dolor, hablemos bajito, pero esto no significa hablar menos claro o no defender firmemente las convicciones que tenemos cada uno, ya sean ideológicas o de otro tipo, sino medir las palabras de manera que no crucemos una línea que para nosotros es imprescindible, que es no generar daño; no generar daño a nadie con nuestras palabras o nuestras actitudes ni ningún tipo de dolor añadido a lo que ya supone algo que nosotros hemos tenido en esta sociedad, que es la violencia.

En tres minutos tampoco la democracia da como para plantear una postura política con relación a una tesis muy expresada o definida. Espero que se me permita de alguna manera un poco de manga ancha como la que se le ha permitido al proponente a la hora de establecer nuestra postura al ser la primera vez que la podemos decir en una institución pública. En primer lugar, no a la violencia. Todo demócrata odia el medio de la violencia, pero respeta cualquier ideología, cualquier fin siempre que no ampare el ejercicio abusivo de la coacción, de la muerte, del asesinato con el fin de imponer ideas políticas. Esto queda claro, lo tenemos todos claro y creo que nadie en esta sala puede defender de una manera ética y política en una postura normal otro tipo de planteamiento. Quedando esto claro, también podríamos acercarnos a una postura humanista como la que defendía Concepción Arenal cuando decía aquello de odia al delito, pero compadece al delincuente, cuando hacía de visitadora de cárceles. Pero más allá de esa postura puramente ética, que sin duda se podría calificar en algún momento como buenista, hemos intentado centrar el título de lo que se nos planteaba en esta proposición no de ley por el Grupo de Unión del Pueblo Navarro, que era contra ETA y a favor de la libertad.

No sé si hay una batalla por el relato o no, no me importa, porque es la sociedad la que tiene que construir un espacio de convivencia en el que cada uno pensará o decidirá lo que le convenga creer o no creer en relación con las palabras de sus representantes públicos y quienes aporten a ese debate: periodistas, historiadores, medios de comunicación, sentencias judiciales, etcétera. A partir de ahí, lo que tiene que quedar claro es que entre todos tenemos que construir un relato ético de que la violencia no puede legitimarse nunca para conseguir objetivos políticos. Esa es una enseñanza que deberíamos haber tenido hace tiempo en cuanto a nuestra historia; y mejor nos hubiera ido si la hubiéramos construido en cuanto a la memoria de otros hechos violentos que también han tenido lugar y de los cuales no hemos sacado esas conclusiones y no hemos deslegitimado absolutamente ese ejercicio de la violencia, sino que en ocasiones la hemos amparado con argumentos de tipo ideológico o posturas de tipo débil.

A partir de aquí, lo que nosotros estábamos intentando defender en la enmienda de sustitución es mirar hacia delante y es evidente que falta un paso, que es que ETA se disuelva definitivamente y se produzca un desarme verificable. Pero también es evidente que no estamos en la misma situación que hace cinco o diez años. No se están produciendo atentados, no estamos produciendo nuevas víctimas. Por lo tanto, tenemos que ir a una construcción del relato social basado en lo que habitualmente se basa que es la justicia, la memoria, la reparación del daño y las garantías de no repetición, y eso es lo que nosotros hemos metido en nuestra enmienda. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a una apuesta por la justicia en la cual se reconozca la verdad judicial y también se integren mecanismos sobre lo que realmente pasó, siempre que no podamos hacerlo mediante los mecanismos oficiales de justicia, todo con el fin de


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poder satisfacer a las víctimas. Porque a las víctimas no basta simplemente con admirarlas o con ponerlas en un altar. A las víctimas hay que darles la definición de justicia, dar a cada uno lo suyo; y lo suyo es ampararlas en su dolor con un arrope social y ese arrope social se convierte en imprescindible para que se sientan de nuevo reintegradas en la sociedad y sientan que ese dolor no ha sido en vano. Pero ese arrope a las víctimas, que no es únicamente de admiración, que está en el ámbito privado, sino de atención, que está en el ámbito público, también tiene que ser cohonestado con un principio, que sería el de la reinserción, que está recogido en el artículo 25 y que supone eliminar todas las políticas públicas excepcionales que se han ido haciendo durante todo este tiempo. Porque en el momento en que la democracia se obliga a adoptar políticas excepcionales, en ese momento estamos dando bazas a aquellos que utilizaron la violencia y, por lo tanto, de una u otra manera el terrorista puede decir que ha vencido porque nos ha recortado libertades a todos y eso no es posible, debemos decirlo firmemente y debemos defenderlo claramente.

En consecuencia, hay que utilizar los instrumentos legítimos que ya tenemos de política penitenciaria, porque lo que yo quiero como sociedad es que las personas, como ha dicho el señor Salvador, que en algún momento ampararon e incluso ejercieron la violencia, puedan decir por qué razón esa experiencia no es legítima, no es ética y por qué razón no la volverían a repetir, porque eso tiene un doble efecto, reparador con respecto a las víctimas y un efecto pedagógico con respecto a la sociedad, que es absolutamente insustituible, porque solo aquel que ha ejercido la violencia puede decirnos cuáles son los daños personales, éticos, que le ha ocasionado el desempeño de esa actividad. Solo él o ella.

Por último, en las enmiendas presentadas se han planteado también de una manera u otra un montón de medidas que existen ya en el denominado pacto antiyihadista. Nosotros nos vamos a abstener en la votación a esa petición que ha hecho el grupo de UPN, y lo vamos a hacer porque no queremos cerrar absolutamente la puerta al diálogo. Entendemos también que esta proposición no de ley está presentada en un último momento y está presentada sin dar cauces de diálogo a unas cuestiones que desde luego requerirían muchísimo más tiempo y requerirían mucha más fundamentación punto por punto. Esa es la razón por la que nos abstendremos, porque somos positivos y dejamos la puerta abierta a poder decidir esto. Simplemente añadiremos que en el pacto antiyihadista nosotros no estamos de acuerdo por algunas razones claramente expresadas ya en anteriores comparecencias públicas por parte de mi formación política y que sería muy prolijo decir aquí.

Respecto al papel de determinadas personas sobre las que el señor Salvador ha sido prolijo y se ha extendido, definitivamente no nos corresponde a nosotros juzgarlas o no juzgarlas. Entendemos, además, que entrar en esta situación nos desvía del objetivo que yo he expuesto, que es construirnos como sociedad en una convivencia pacífica más allá de la opinión que podamos tener cada uno sobre el papel de unas personas u otras en un determinado momento y, por lo tanto, esa es la razón por la que no voy a entrar. Lógicamente, entenderá el señor Salvador que tenemos argumentos de sobra como para hacerlo; pero entendiendo que eso en este momento no favorece el diálogo, la negociación y el llegar a acuerdos, que es lo que todos deseamos, esta será nuestra postura.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santos.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sicilia.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Permítanme que recuerde algunos nombres: Ernest Lluch, Fernando Buesa, Isaías Carrasco, Fernando Múgica, Eduardo Madina y, desgraciadamente, a esta lista le podríamos añadir muchos más nombres, nombres de militares, policías y guardias civiles, que son los que más han sufrido el terror de ETA, pero también el de magistrados, periodistas, profesores universitarios, estudiantes, funcionarios y un largo etcétera. Todos ellos, víctimas del terror, del terrorismo de ETA. Toda la sociedad española ha sufrido el zarpazo de ETA. Por lo tanto, sabemos bien lo que es ser víctimas de ETA, lo sabemos muy bien. Pero, señorías, señor Salvador, el terrorismo en nuestro país no solo ha sido el de ETA desgraciadamente, también el del Grapo o el terrorismo yihadista que desoló el corazón de muchos ciudadanos un 11 de marzo.

Todas estas víctimas sin duda merecen nuestro respeto y nuestra máxima consideración. Y una manera de respetar a estas víctimas es dejar de utilizarlas en la confrontación política y en la lucha partidista. Dejemos en paz a las víctimas. Porque así lo están pidiendo ellas mismas, basta oír las declaraciones de los presidentes y presidentas de las asociaciones de víctimas del terrorismo. No


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utilicemos a las víctimas y sus nombres para la confrontación política. Lo que debemos hacer las fuerzas políticas es luchar contra el terrorismo, respetar y honrar el nombre de esas víctimas y trabajar desde la unidad para acabar con el terrorismo. Porque ETA ha dejado de matar, pero seguimos teniendo la amenaza terrorista, en este caso la amenaza del terrorismo yihadista, que requiere como nunca nuestra unidad. Por eso mi grupo, el Partido Socialista, ha firmado y ha promovido ese pacto para hacer frente al terrorismo yihadista; un acuerdo en el que, como ya ha recordado algún portavoz, no está el Grupo Podemos. Y, tras ver la enmienda que presenta a esta proposición no de ley, podemos entender por qué no suscriben el pacto.

Señorías de Podemos, respetar a las víctimas del terrorismo no supone ponerlas al mismo nivel que los verdugos. Hablan ustedes de que se han de elaborar informes sobre la tortura. Dejemos los eufemismos, señorías. Si un terrorista ha sufrido torturas, puede denunciarlo y demandar justicia, pero ¿nos pueden decir a qué tribunal puede acudir el ciudadano al que le han pegado dos tiros en la nuca? Hablan ustedes de medidas penitenciarias de excepción. Siguen con los eufemismos, ustedes están hablando de la dispersión de presos, la que ha sido avalada por los tribunales y la que ha servido para luchar contra ETA. Y, señorías de Podemos, ¿me pueden decir ustedes que es lo mismo el dolor que tiene una madre cuando visita a su hijo en una cárcel a 800 kilómetros de su domicilio que el que tiene una madre que va a ver la lápida de su hijo que ha muerto en un coche bomba? No, señorías, no podemos hacer esas equiparaciones, que son las que están detrás de las enmiendas que ustedes están presentando. Y el colmo, señorías, hablan ustedes de definir las causas y las consecuencias de la violencia terrorista. Las consecuencias desgraciadamente las sabemos bien, centenares de muertos, centenares de heridos, extorsión, secuestro. Esas son las consecuencias. Pero las causas del terror de ETA, las causas del terror del Grapo, las causas del terror yihadista, no, señorías. Quien busca causas en realidad está buscando justificaciones y no hay justificación ni causa para los atentados de Atocha del 11 de marzo, ni hay justificación ni causa para los atentados de Hipercor, como tampoco hay justificación ni causa para el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, con 88 heridos, 11 muertos, cinco de ellos cinco niñas. Si encuentran causas, señorías de Podemos, para estos atentados, explíquenselas, por ejemplo, a un guardia civil al que tienen en su grupo. Explíquenle esas causas. O traten también de explicarles por qué Otegi es un hombre de paz y un preso político. Es una sentencia, una sentencia judicial, la que ha condenado por terrorismo a Otegi. Pero seguramente algunos consideren a Otegi un hombre de paz porque podían pasearse tranquilamente por el caso histórico de Donosti. Muchos iban con escolta o ni tan siquiera se atrevían a entrar en él. Esa es la realidad, señorías.

Pero más allá de ahí, más allá de lo acontecido tenemos que ver también hacia adelante respetando la memoria de las víctimas, señorías, pero sin olvidarnos de que no hay causas que expliquen el terrorismo como tampoco podemos poner al mismo nivel a víctimas y a asesinos, como tampoco debemos utilizar políticamente a las víctimas del terror. Y eso es lo que pretende mi enmienda, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, seguir, desde la unidad, respetando a las víctimas y desde luego hacer un frente que pueda servir para acabar con el terrorismo.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sicilia.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Barreda.

El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero comenzar mostrando el completo acuerdo con el señor Salvador, anunciando que suscribo todas y cada una de sus palabras en el día de hoy. El Grupo Popular, además de respaldar la proposición -espero que la enmienda de transacción que alcancemos en el curso de esta mañana- tiene que decir que es una proposición con pleno sentido en el momento presente. Se ha querido de algún modo relativizar la importancia de que se presente, pero yo quiero decir que tiene pleno sentido. Es decir, cuando hay un empeño reiterado en blanquear la historia criminal de ETA o cuando se pasea a condenados por terrorismo por el Parlamento Europeo y cuentan, además, con acólitos y palmeros que les ceden espacios y tribunas, con el silencio también de algunos otros, es importante este debate. Algunos, Podemos e Izquierda Unida, en vez de ser exigentes con ETA y con quienes han sido condenados por terrorismo, lo que hacen es alejarse de los valores democráticos y acompañar a quienes no condenan el terrorismo, a quienes como Bildu y Otegi han llegado a la legalidad pero no han terminado de llegar a la


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democracia. Creemos que es importante ser claros, creemos que esta proposición contribuye a esa claridad.

Yo tengo que decir, en primer lugar, que no hay término medio entre el terrorismo y la democracia, que no se puede ser un poquito terrorista, no hay término medio entre terrorismo y democracia. De ETA exigimos su disolución incondicional; es decir, no es posible blanquear la historia de ETA. ETA nunca debió existir, nunca tuvo justificación, nunca tuvo razón de ser. No hemos vivido por tanto un conflicto, hemos vivido la agresión de los terroristas contra la sociedad democrática, contra la persona de Gregorio Ordóñez, contra la persona de Miguel Ángel Blanco, contra centenares de personas asesinadas y contra decenas de miles de víctimas del terrorismo, de persecución. El fin de la actividad terrorista de ETA es la victoria de los demócratas, de la democracia y sus valores, no una concesión graciable de los terroristas. Es algo que hemos ganado como fruto de la unidad democrática, de los pactos por las libertades y contra el terrorismo y de la acción de las fuerzas de seguridad y la justicia y de la cooperación internacional. Por tanto, estamos con las víctimas del terrorismo, comprometidos con su memoria, con su dignidad, con su demanda de justicia y no admitimos equiparaciones o relativizaciones de su dolor. Estamos comprometidos con la verdad histórica, con el relato veraz de los hechos para evitar que éstos se repitan y trabajamos por el reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo en el ámbito internacional, del mismo modo que lo hemos hecho en España.

Señorías, en España no hay presos políticos. No se puede hablar de presos políticos, como se ha hecho en las últimas fechas; no son presos políticos, son terroristas. No son refugiados, son prófugos terroristas huidos de la justicia. Otegi no es blanqueable, lo que hace es manchar a quienes le acompañan y jalean, sean de la formación política que sean. Se ha dicho, creo que nada más lejos de la verdad, que sin Otegi no habría llegado la paz. Lo cierto, señorías, es que sin Otegis ETA nunca habría existido. (Aplausos). Por tanto, lo sepan o no, les convenga saberlo o no, los señores de Podemos o Izquierda Unida acompañen o no sus hechos en el Parlamento Europeo a sus palabras en la Cámara en el día de hoy, argumenten como argumenten su amparo a Otegi y su ausencia del pacto antiyihadista o su distancia con los demócratas en el día de hoy, argumenten como argumenten tanta ambigüedad y tanto discurso, con la misma música y a menudo hasta la misma letra que hemos combatido durante décadas en quienes nunca condenaron a ETA, expliquen cómo expliquen todas estas cosas, yo creo que este debate es importante y que algunos hoy se van a retratar en la votación. Por tanto, insito, respaldamos la propuesta de Unión del Pueblo Navarro. Confiamos en alcanzar un acuerdo de transacción que permita la incorporación de todos los grupos a este acuerdo, y evidentemente creemos que es plenamente oportuno y necesario este debate en el día de hoy a la vista, a la luz de lo que está sucediendo en las últimas semanas, tanto intento -insisto- de blanquear la historia criminal de ETA. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barreda.

Para fijar su posición, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.

Una más de UPN; parece que no sabe hablar de otro tema. Igual si me pongo a repasar hay alguna iniciativa que toque otra materia, pero no recuerdo ninguna. Es cierto que cada uno es libre de presentar lo que quiera, pero no parece tampoco que busque usted los puntos de encuentro con la exposición de motivos que se hace en la proposición no de ley, porque en la exposición de motivos cita usted precisamente a gente muy significada y muy partidista y, además, con frases muy partidistas. Por cierto, me ha hecho gracia que para apoyar sus argumentos haya nombrado a Jon Juaristi, antiguo profesor mío en 8.º de EGB y miembro de ETA, aunque luego -es verdad- ha cambiado más chaquetas que un modelo de pasarela, también es verdad. Ya que usted habla de coherencia y de mantener determinadas ideas, el ejemplo -además conociéndole personalmente- me ha resultado bastante curioso.

Creo que habría que hacerse una pregunta: qué es lo que se busca exactamente. ¿Supone alguna novedad lo que se nos está presentando, lo que se intenta aportar con esta proposición no de ley? ¿Hay verdaderamente alguna aportación que refresque, que sugiera ideas a futuro, que busque cerrar heridas, evidentemente con todo el respeto a las víctimas? Sinceramente, yo no lo veo; no veo que haya una visión a futuro en una situación que objetivamente todos sabemos que ha cambiado. Han sucedido determinadas cosas y cada uno tendrá su visión. Evidentemente, que ETA ha sido una organización terrorista, eso no lo va a negar nadie; que sigue existiendo y que debería desaparecer, también; pero en estos momentos es verdad que, afortunadamente, no se producen esas violaciones de derechos humanos, esos asesinatos,


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esas extorsiones y esas presiones. Por tanto, ¿Qué vamos a mirar a futuro, que ese presente? Sobre todo cuando he visto que con otras proposiciones que se han hecho en el Parlamento vasco y por parte de otras instituciones, como al Gobierno vasco, les han negado el pan, la sal y la legitimación para hacer todo esto. Incluso fíjese, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en ese centro memorial, en vez de hacer uno único estamos todavía con el empeño de no llegar a ningún acuerdo, no sé queriendo decir qué o queriendo hacer creer qué, pero no llegando a ningún acuerdo con las instituciones vascas, que desde luego se han comprometido en la lucha contra el terrorismo siempre y en la defensa y en el recuerdo a las víctimas.

El texto, que al fin y al cabo es el que luego tenemos que votar y el que aparecería, no aporta gran cosa y en algunos párrafos es un tanto ambiguo. ¿Qué quiere decir? Señala: 'construyendo una sociedad libre de fanatismos', claro que si; 'alimentar recuerdos en memoria de las víctimas del terrorismo', por supuesto que sí; 'homenajear', claro que si; y 'reconocerles', por supuesto. ¿Esto del fenómeno del desdoblamiento a qué se refiere, exactamente? ¿A que, por ejemplo, exista Sortu, o exactamente a qué se refiere? Porque aquí puede haber algo legal o ilegal y que los tribunales dictaminarán. ¿Pero exactamente qué se quiere decir con esto? Hay un párrafo que, dicho así, es muy ambiguo: 'evitar la instrumentalización de la educación como arma de adoctrinamiento'. ¿Qué quiere decir usted exactamente? Yo ya sé lo que quiere decir, pero no lo dice. Usted está queriendo decir o puede inducir a pensar que las ikastolas son el arma de adoctrinamiento del terrorismo, y yo a eso le niego la mayor, porque eso no es cierto de raíz. Por tanto, a mí este párrafo me parece peligroso en el sentido de que está induciendo a un error manifiesto y a una cosa que no es real. Por otra parte dice: 'no pagar ningún precio político o jurídico o de cualquier otro tipo por el final del terrorismo'. Claro, de acuerdo, ningún precio político. ¿Pero exactamente a qué se refiere? ¿Qué es lo que usted cree que las instituciones pretenden hacer o a qué movimiento dentro de las fuerzas políticas se refiere exactamente? ¿Se refiere a los beneficios penitenciarios? ¿Se refiere a la independencia de Euskadi? ¿A qué se está refiriendo exactamente? Porque yo creo que todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo en que no haya ningún trueque en eso. Por lo tanto, donde no hay una discusión, provocarla, no lo veo.

Afortunadamente -finalizo, señor presidente-, ETA se ha acabado. Desgraciadamente, ha hecho que haya habido centenares y centenares de víctimas inocentes y ha hecho sufrir a mucha gente, pero con este final de ETA -y espero que sepamos encauzarlo para que de una vez desaparezca como organización- yo creo que también se tiene que acabar -y se va a acabar- su lenguaje y las miradas unidireccionales hacia el pasado, renovándolas por otras más frescas y de futuro en una situación que -como he dicho antes y lo quiero reiterar-, objetivamente, ya ha cambiado. Por eso, no podemos apoyar su proposición no de ley. (El señor Salvador Armendáriz pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban. Señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, por alusiones quisiera responder...

El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, perdone, ¿qué alusiones?

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: ... a una expresión que ha hecho el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: ¡No, no, pero primero, antes de intervenir, que diga qué alusiones!

El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, déjeme a mí dirigir el debate, por favor; con tranquilidad.

Señor Salvador, díganos su alusión personal y directa, por favor.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: A efectos de información del señor Esteban, en esta legislatura Unión del Pueblo Navarro ha presentado treinta y seis iniciativas, treinta y seis, y esta es la única sobre este asunto. Lo digo porque es normal que no siga la actividad de UPN, pero esta es la verdad. Tampoco conozco ninguna que haya presentado...

El señor ESTEBAN BRAVO: ¿Qué alusión es esa, señor presidente?

El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, no tiene la palabra.

El señor ESTEBAN BRAVO: No, no, es que ya le ha dado el turno. ¿Eso es una alusión? No es una alusión.


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El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, no tiene la palabra. Si me permite, como presidente, tengo que decirle que por su alusión a que el Grupo de UPN solo presenta iniciativas dirigidas al tema del terrorismo, creo que merecía la pena que el señor Salvador hiciera la precisión que ha hecho, y no quiero entrar en debate.

El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, permítame decirle que eso no es una alusión en ningún caso, porque además las alusiones tienen que ser personales. (Un señor diputado: Está en el Reglamento). No, no, búsquenlo bien y verán que tengo razón.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero decir que es necesario encauzar los conflictos. Es necesario que en un Estado democrático de derecho se hablen las cuestiones y se intente pasar página con el máximo respeto a las víctimas del terrorismo, a las personas que han sufrido por esta terrible lacra que ha sufrido el conjunto de la sociedad española. Por supuesto, en un Estado de derecho hay que condenar todo tipo de violencia: la violencia terrorista, la violencia verbal y la violencia institucional que se está sufriendo hoy en día en algunos territorios del Estado español, como es el caso de Cataluña. Tenemos constancia de violencia institucional -si me lo permite, señor presidente- en materias muy delicadas, en judicialización de cuestiones que deberían ser encauzadas por la vía del diálogo, porque Europa está mirando y Europa no entiende que el Estado español no sea capaz de poner remedio dialogado y democrático a las cuestiones que suscitan los ciudadanos del Estado español. Por tanto, máximo rechazo a todo tipo de violencia: la terrorista, la verbal y la institucional; porque la violencia solo puede derivar en Estados totalitarios, y es el reto de los Gobiernos de los Estados democráticos paralizar cualquier tipo de agresión, sea la que sea la forma en que esta se manifieste. Por tanto, reitero, condena máxima a todo tipo de violencia, condena máxima al terrorismo y una llamada a encauzar las cuestiones atendiendo a la democracia propia de un Estado de derecho.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente.

Señorías, estamos totalmente de acuerdo con las palabras del señor Salvador y seremos breves en esto. Simplemente, quiero matizar algunas de las cosas que hemos escuchado aquí. En principio, para nosotros ETA no estará disuelta hasta que no entreguen las armas. Nos congratulamos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, de que ETA haya dejado de matar, pero que no lo haya hecho en este momento o hasta este momento desde que lo ha dejado no quiere decir que, hasta que no entregue las armas de forma definitiva y concluya y desaparezca como organización terrorista o como cualquier otro tipo de organización que quiera calificarse a sí misma, para nosotros ETA estará ahí y podrá volver a matar cuando lo desee y cuando quiera.

Hemos observado tibieza en algunas de las intervenciones que hemos escuchado esta mañana, y la verdad es que escuchamos esa tibieza con tristeza, porque si hay algo en lo que se tiene que estar de acuerdo de forma absoluta es en que hay que cerrar las puertas al terrorismo y no abrirlas. No se trata de hablar más o menos alto; se trata de gritar que hay que estar contra el terrorismo, que ha sido una lacra que en España se ha llevado por delante a más de mil compatriotas; una lacra absurda y ridícula que no tenía ningún fundamento ni ninguna finalidad, porque con ella no se conseguía nada más que el dolor de las víctimas y de todos aquellos españoles que veíamos y observábamos, con desprecio y con tristeza, lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Así pues, firmeza en la defensa de las víctimas también. No sé si lo saben, pero el Grupo Parlamentario Ciudadanos esta misma semana ha presentado una PNL para crear un estatuto de víctimas del terrorismo, precisamente porque con las víctimas no se puede estar más que a su lado porque son los auténticos héroes. Víctimas del terrorismo es toda la sociedad, pero hay algunas personas dentro de la sociedad que evidentemente viven esta lacra y la han sufrido de una manera mucho más directa. Hay que estar con ellos de forma permanente y ese es el sentido en el que iba nuestra proposición no de ley, que lamentamos no haber conseguido que un Gobierno haya hecho que decaiga. Desde luego, lo volveremos a plantear en la próxima legislatura, porque nos parece que es de justicia que las víctimas del terrorismo tengan un espacio con un estatuto específico que las ampare,


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desde el punto de vista legal, económico, jurídico, social, psicológico y médico, y desde todos los puntos de vista que la sociedad entiende que deben constituir un Estado de derecho.

El tema de blanquear terroristas...en fin, lo que hemos visto con el señor Otegi -y también lo dijimos ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados, muchos de mis compañeros y yo mismo, prácticamente todos los que intervinimos- es cuando menos cuestionable, ridículo y, desde luego, para cualquier ciudadano de bien en España ver cómo se pasea a este personaje -y lo voy a calificar de personaje- por el Parlamento Europeo, y que se le dé audiencia en un sitio como es la Cámara de representación de todos los ciudadanos europeos, es algo lamentable. Evidentemente, votaremos a favor de la propuesta.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.

Por las palabras del portavoz proponente, entiendo que va a haber una transaccional que se facilitara a la mesa, ¿no?

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Sí, señor presidente, lo estamos intentando.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señorías, he dejado intencionadamente en este punto que los distintos portavoces hablaran más tiempo. Todas las PNL son importantes, pero he creído que esta tenía una sensibilidad y una trascendencia mayor, por lo que no he querido interrumpirles y les he permitido que hicieran uso de la palabra de una forma flexible, pero quiero hacerles a ustedes la consideración de que hemos invertido cuarenta y cinco minutos en esta PNL; es decir, un 50 % más del tiempo previsto para el debate de las PNL. Por tanto, con nueve PNL que tenemos, nos iríamos aproximadamente a siete horas de Comisión. Yo no tengo ninguna prisa, es la última Comisión, me he tomado mi relajante (Risas), estoy encantado con ustedes, pero les pediría, tanto por los servicios de la Cámara como por todos ustedes, que procuren ceñirse a los tiempos que ustedes mismos se concedieron de cinco minutos para proponente y tres minutos para los enmendantes más el turno de intervención para la fijación de posición.

- RELATIVA A MEJORAR LA COLABORACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE CARÁCTER ESTATAL CON LA POLICÍA DE LA GENERALITAT-MOSSOS D'ESQUADRA, PARA QUE ESTA PUEDA ACCEDER A LAS BASES DE DATOS ESTATALES E INTERNACIONALES EN BENEFICIO DE LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS EN CATALUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT). (Número de expediente 161/000351)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda PNL sobre mejora de colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Mossos para el acceso a las bases de datos estatales e internacionales, del Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat). Tiene la palabra la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente. Ante la subjetividad de la importancia de las PNL, apliquemos el tiempo y seguro que acabaremos a una hora prudencial.

El tema de la proposición no de ley que hemos presentado en esta Comisión de Interior es un tema recurrente y me consta que ha sido debatido en distintas ocasiones y en otras legislaturas, lo cual es una verdadera pena, porque pone en evidencia que, a pesar de que existen policías integrales en distintos territorios del Estado español -como es el caso de Cataluña y de Euskadi-, a pesar de que las competencias de estas policías integrales derivan claramente de disposiciones estatutarias -por supuesto con rango de ley orgánica y refrendadas por esta casa-, a pesar de tener policías integrales con todas sus competencias en la materia en los territorios afectados y que -quiero recordar- dan protección al 22 % de la ciudadanía del Estado español, tienen que tener a su alcance en tanto que policías integrales los mismos medios y capacidades que el resto de policías operativas en el Estado. En este sentido va esta proposición no de ley: recordar la integralidad de estas policías y dotarlas necesariamente de los mismos instrumentos y herramientas que permitan la máxima efectividad en el ejercicio de las funciones de protección, seguridad, detección del crimen organizado, del terrorismo internacional y que, por tanto, redunden en el beneficio de la ciudadanía de cada territorio y, por ende -y hoy por hoy-, del conjunto del Estado. Es necesario que estas policías puedan acomodarse a las realidades de los tiempos y se hace necesaria hoy en día su conexión a las bases de datos que nos permiten la interoperabilidad entre distintas policías europeas y también española. Lo digo porque de fallar estas conexiones, lo que estamos haciendo


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es pretender relegar a estas policías a policías de segunda división y, por tanto, a los ciudadanos a los que dan protección, y creo que esta no debe ser la voluntad última de un Estado democrático como pretende serlo el español. Por tanto, quiero reiterar esta petición porque creemos que tiene todo el fundamento. Es necesario que esto sea así reconocido, en cumplimiento, además, de las capacidades derivadas del ordenamiento jurídico. Creo que llegamos tarde a la hora de permitir esta conexión y que hacemos un flaco favor a lo que tendría que ser la misión principal de las policías, que es conseguir detectar los fenómenos terroristas, conseguir detectar a aquellas personas candidatas a ser captadas por redes internacionales, por mafias internacionales, intentar erradicar de raíz la trata, cumplir con el principio de subsidiariedad europeo que lo que hace es recomendar que sean las policías que tienen la acción inmediata en el territorio... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, un poquito de silencio para que podamos escuchar a la interviniente.

La señora CIURÓ I BULDÓ: ... las depositarias de la información, para que sean efectivas en el ámbito donde desarrollan sus competencias.

Asimismo, en cumplimiento del reclamo de las policías europeas, queremos instar al Estado a que permita la conexión a las bases de datos de las policías integrales del territorio del Estado español, es decir, de los Mossos d'Esquadra y de la Ertzaintza, atendiendo a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, y,además, que se les permita estar en los foros internacionales, junto con el Estado español, para ser partícipes de las decisiones y mejorar la colaboración y la cooperación (Rumores), porque si no, se produce una especie de silogismo: si el Estado no reconoce el derecho a la conexión de datos y a la participación en foros internacionales a las policías integrales, el Estado no reconoce el mismo derecho de protección a los ciudadanos... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Ciuró.

Señores Salvador y Martín-Toledano, se les oye a ustedes más que a la interviniente. Por favor, si están negociando algo, salgan fuera.

Gracias.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.

Decía que si el Estado no reconoce el derecho de las policías integrales a la conexión de datos y a participar en los foros internacionales, el Estado no reconoce el derecho a la protección en iguales términos a los ciudadanos en este caso de Cataluña y, por ende, debilita la protección al resto del Estado. Ergo, si Cataluña tiene un Estado propio, tendrá acceso a las bases de datos y podrá asistir a los foros internacionales, por tanto, mejorará la protección de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España; en consecuencia, la independencia de Cataluña es positiva para España.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.

En turno de presentación de enmiendas, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.

Intentando ganar tiempo, seré muy preciso. Las enmiendas que hemos presentado a esta iniciativa -la cual saludamos porque también en otras ocasiones nosotros hemos insistido en este tema que nos parece vital- van dirigidas, por una parte, a incluir o a mencionar expresamente a las dos policías integrales que existen más allá de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, Mossos y Ertzaintza -las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado serían Policía Nacional y Guardia Civil-, así como a precisar y a enriquecer algo más la iniciativa de manera que no sea solo la conexión y el acceso a los datos sino también la participación en la toma de decisiones desde el principio. ¿Por qué esta participación en la toma de decisiones? Porque a nivel europeo en materia policial no se trabaja de manera piramidal, se trabaja en red, interconectándose unas con otras. En el caso de la Policía vasca y de la Policía catalana -así está reconocido por el ordenamiento jurídico-, son policías integrales, y en tal sentido sustituyen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en sus respectivas comunidades autónomas, excepto para aquellas tareas supracomunitarias tasadas expresamente en el Estatuto. Quiero recordarles que, por tanto, a estas policías integrales les corresponden las competencias en terrorismo, y ahora que parece que estamos todos tan preocupados con la amenaza yihadista -e incluso se impulsan acuerdos, etcétera-, resulta que a la hora de redactarlos no se quiere contemplar el acceso a estas redes en condiciones de mayoría de edad a


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las policías integrales -catalana y vasca- y todavía menos su presencia en dichos foros policiales; foros como el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, que es donde se hace el análisis estratégico y se deciden las conductas y las estrategias a seguir por parte de todas las policías europeas, o los instrumentos de planificación estratégica y de coordinación policial que tiene Europol, etcétera. No les hablaré ya de considerarlas también policías Schengen, sobre todo teniendo en cuenta que tienen frontera con otro Estado, con Francia. Pues bien, a la Ertzaintza y a los Mossos d'Esquadra se les sigue sin permitir, por ejemplo, la persecución en caliente, lo cual parece ridículo en una Europa aparentemente sin fronteras. Voy terminando, señor presidente. Como último detalle, incluso dentro de casa -en España- cuando se organizan mesas y planes para la prevención y protección antiterrorista, les puedo decir que ha habido casos en los que después de constituir la mesa, se ha llamado a una segunda mesa para decirles: la reunión es dentro de seis horas. Supongo que imaginaban: estos no vienen. Han ido -claro-, pero al cabo de seis horas. Esto no es serio. El problema es que se sigue imaginando a las policías integrales, con competencias tan importantes como la Policía Nacional y la Guardia Civil, como policías menores que están en un segundo nivel, y eso no es lo que dice el ordenamiento jurídico. Pero lo más peligroso no es que no se cumpla el ordenamiento jurídico, sino que no reconociéndolas como policías integrales se está poniendo en peligro la seguridad de la ciudadanía. Por eso creo muy necesaria la iniciativa y también que nuestras enmiendas complementan lo que se propone en ella.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Delgado.

El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, lo primero que me gustaría hacer es felicitar a la señora Ciuró por esta iniciativa, que me parece interesante, necesaria y vital en los tiempos que corren. Los últimos atentados yihadistas en el entorno europeo -París y Bruselas- han abierto el debate de que todas las policías europeas tienen la necesidad y casi la obligación de colaborar en el sentido de compartir datos. Incluso el señor Margallo en una de sus ocurrencias habló de la creación de una especie de FBI en Europa. ¿Cómo nos vamos a poner a trabajar con Europa si todavía no hemos hecho nuestra tarea aquí en España? Es de sentido común y de lógica que todos los cuerpos de Policía en España tengan acceso a una misma base de datos. En este sentido, quiero decirle a la proponente que la iniciativa se queda un poquito corta; nosotros iríamos más allá. Es decir, tendría que haber una única base de datos, organizada quizá por niveles, a la que incluso pudiese acceder, por ejemplo, la Policía Foral de Navarra -que no se ha nombrado- o las policías locales, para que exista una verdadera coordinación, real y efectiva, no solamente para que todas las policías puedan combatir el terrorismo y otros tipos de ilícitos, sino también porque es importante en materia de seguridad de todos los agentes. En España hay más de cinco cuerpos de policía; cada uno tiene su base de datos, cada uno actúa a espaldas del otro, muchas veces no se comparten datos. Esta es una situación grave que tenemos que corregir, pero lógicamente en tres minutos no da tiempo a argumentar todas las cuestiones que se deben poner en marcha.

Decía que además de que sea importante compartir base de datos para el trabajo lógico de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo es también para la seguridad de los propios agentes, porque muchas veces en una base de datos un delincuente peligroso está fichado, como se suele decir en términos policiales, y en otra base de datos no lo está; por lo tanto, esto supone un riesgo para la vida de los agentes cuando tienen que actuar en su función cotidiana de policía. Por lo tanto, nos parece una iniciativa muy acertada que compartimos, pero nosotros iríamos un poco más allá. Nos gustaría que se compartieran bases de datos de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque ese es el camino al que nos dirigimos dentro de la Unión Europea. Esto ya está en el debate abierto, sobre todo con los últimos y tristes atentados terroristas yihadistas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Delgado.

Por el Grupo Socialista, señor Camacho.

El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

No se trata exclusivamente de compartir los datos o de tener acceso a ellos. El tema es más profundo, y mi grupo así lo entiende. Se trata de una cuestión de coordinación y lealtad en esa coordinación entre


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las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y aquellas comunidades autónomas que tienen esa competencia, como Cataluña y País Vasco.

Me van a permitir que para que lo argumente mire hacia atrás, a lo que ha ocurrido en este país con este asunto. Quiero recordarles que en 2004 se empieza a conseguir algo que parece inexplicable, que la Policía y la Guardia Civil empiecen a compartir las bases de datos. Se consigue que se vaya extendiendo también a las policías integrales; les recuerdo, en 2004. ¿Por qué este ritmo comienza a funcionar razonablemente bien, aunque seguramente podríamos discutir sobre el ritmo de esa integración? En primer lugar, porque había voluntad política de entenderse, de colaborar, porque el Comité de Coordinación Policial, que presidían el delegado del Gobierno en Cataluña y el director general de Seguridad de la Generalitat, además de los comités mixtos operativos que dependían de esa estructura, funcionaba en un clima razonable de cordialidad y de lealtad a esa obligación de mutua confianza. Lamentablemente, señorías, hay que constatar que esto comienza a deteriorarse con la entrada del nuevo Gobierno del Partido Popular -esa es una realidad-, pero no solamente por eso. Quiero recordar algo que puede parecer anecdótico pero que es importante. El conseller en aquellos momentos, don Felip Puig, ironizaba sobre la presencia, sobre todo visual, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ponía en valor su exagerado despliegue callejero, que decía que era meramente propagandístico. El PP contraatacaba eso promoviendo que algunos alcaldes o grupos municipales del Partido Popular pidieran el redespliegue de las fuerzas de seguridad estatales con la excusa de la cercanía o la operatividad de la Policía y Guardia Civil frente a los Mossos d'Esquadra; incluso se pedían patrullas conjuntas en aquellos momentos. Este cierto zarandeo de los cuerpos de seguridad alcanza su primera cima con la invocación precisamente del conseller Puig cuando dijo que los Mossos d'Esquadra en aquellos momentos eran los garantes de la legalidad democrática frente a la legalidad jurídica. Eso es lo que ocurría en aquellos momentos. Por lo tanto, esa coordinación que debía existir en esas juntas de seguridad, que deberían estar en marcha, es la que ha llevado al deterioro en el que estamos actualmente. Por eso, mi grupo opina que no es solamente un problema de acceso a esas bases de datos, sino de coordinación.

En ese sentido, hemos presentado una enmienda a esta proposición, en la que pedimos que se reactiven precisamente esas comisiones de coordinación, esas juntas de seguridad, porque ese es el primer paso. Como se suele decir en términos coloquiales, no se puede poner el carro delante de los bueyes; primero, tiene que existir esa coordinación para que se pueda acceder a esa base de datos. Al final, creemos que se va a presentar una transaccional en ese sentido; si es acorde con lo que hemos visto antes, evidentemente mi grupo la apoyará, porque deja muy claro ese objetivo, que es, primero, que exista la coordinación para poder tener acceso a esas bases de datos. Sin coordinación, no sirve absolutamente para nada tener acceso a las bases de datos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Turno de fijación de posición. Como el representante del Grupo Mixto no está en este momento, ni tampoco el de Esquerra, por Ciudadanos tiene la palabra el señor Hervías.

El señor HERVÍAS CHIROSA: Gracias, señor presidente.

La propuesta es efectiva; realmente es necesaria una coordinación de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y policías locales, pero subyace un trasfondo, primero porque los que la presentan -Democràcia i Llibertat, Convergència i Unió, Junts pel Sí- son personas que no son de fiar, porque el objetivo que buscan no es que haya una coordinación. El objetivo que buscan ellos es expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Cataluña. Ese es el objetivo final que tiene Convergència, Esquerra Republicana y la CUP. Ya no solamente eso, sino que además llevan años trabajando en ello e intentándolo, desde Joan Rigol -el que era presidente del Parlamento de Cataluña- cuando hablaba de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como los otros animales -pueden imaginarse el cariño que les tenía Convergència i Unió-. En el Ayuntamiento de Manresa aprobaron una moción para expulsar a la Guardia Civil del municipio; por cierto, con el apoyo de Iniciativa e Izquierda Unida, los socios de Podemos en Cataluña. Por tanto, que sepan los amigos de Podemos que van con socios que quieren expulsar a la Guardia Civil de Cataluña. Hay más: el exconseller Puig pedía también que todas las competencias fueran para los Mossos d'Esquadra porque la Guardia Civil y la Policía Nacional no pintaban nada en Cataluña. Incluso las juventudes de Convergència (Joventut Nacionalista de Catalunya) hablaban de las fuerzas de ocupación; así es como se dirigen a ellas, junto con otras destacadas juventudes separatistas -radicales, por cierto-, como puede ser Maulets. Aun hay un


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trasfondo más peligroso, y es que existen los Mossos per la Independència, que entre otras funciones hacen un llamamiento a la desobediencia por parte de la Generalitat y que no hagan caso al ordenamiento jurídico. Esto lo hacen mossos, que van con su placa y con su arma reglamentaria haciendo llamamientos a la desobediencia.

Existen mecanismos de coordinación. Todos estos datos que he dado son reales. Existen mecanismos de coordinación que están dando efectividad; por cierto, hay numerosas operaciones conjuntas que se han llevado a cabo entre Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil, así como entre mossos y gendarmería francesa. Por tanto, realmente lo que subyace con los hechos que he mencionado anteriormente y con la situación que ustedes han creado y siguen creando en Cataluña, no es que quieran una coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es esa la realidad. La realidad es que a ustedes les preocupa y molesta la Guardia Civil y la Policía Nacional. Les preocupa la Guardia Civil porque son los que registran sus sedes embargadas por corrupción política. Les molesta la Guardia Civil y la Policía Nacional por el simple hecho de que llevan una banderita española puesta, como fuerza de seguridad del Estado.

Nosotros insistimos en que la propuesta puede tener realmente un buen trasfondo, pero la realidad es que lo que ustedes buscan -ya les conocemos muy bien, no nos van a engañar- es precisamente que no haya esa coordinación, sino mostrar que la Guardia Civil y la Policía Nacional sobran en Cataluña, no sirven en Cataluña y que, por tanto, lo que tienen que hacer es irse. Hay una preocupación más aun, y es que sigan intentando politizar a los Mossos d'Esquadra para ponerlos al servicio de su proceso de ruptura y desigualdad. Estamos convencidos de la profesionalidad y hemos visto que con los mecanismos actuales de coordinación ha habido muchas operaciones eficaces, pero no podemos apoyar esta propuesta, insistiendo en que es cierto que es mejorable y que serían necesarios esos elementos de coordinación entre los diferentes cuerpos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hervías.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Escudero.

La señora ESCUDERO BERZAL: Señor presidente, señorías, si en algo se ha caracterizado esta brevísima legislatura es por haber estado continuamente aparentando y haciendo el teatro que ha habido en casi todo lo que se ha hecho. Una muestra más de ello es esta proposición no de ley. Parece como si estuviéramos permanentemente en el Día de la marmota. La proposición no de ley que hoy presenta Demcràcia i Libertad ha sido ya presentada y debatida en la última legislatura, entonces fue presentada por Convergència i Unió, y persisten una vez más. A esto añadimos que estamos en una legislatura cuya muerte ya está anunciada, por lo que realmente no se busca con su presentación y debate ninguna efectividad, y ustedes lo conocen. El Grupo Parlamentario Democràcia i Libertad sabe perfectamente cuál es la opinión de mi grupo y la del Gobierno en funciones, pero dentro de este Día de la marmota permanente le volvemos a explicar por qué nuestra respuesta es negativa a su proposición no de ley.

Señoría, basar su proposición no de ley en los últimos atentados terroristas acaecidos en París y Bruselas, resaltando -entrecomillo- que podrían haberse evitado, si hubiera habido coordinación entre las fuerzas de seguridad de los diferentes Estados, carece totalmente de rigor. Primero, sobre si se podía haber o no evitado, no solo es cuestionable sino que escapa a cualquiera de nosotros, además de ser un tema bastante sensible con la alarma que hay como para decirlo tan a la ligera; y, segundo, porque habla usted de coordinación entre diferentes Estados. Aquí, señorías, mal que le pese, solo hay un Estado, el Estado español, y lo demás es coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español y las propias de cada comunidad autónoma; de eso es de lo que estamos hablando. Sobre este punto, el de la coordinación efectiva que reclaman entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Mossos d'Esquadra, ya se está produciendo, y usted lo sabe. Se hace en cumplimiento del artículo 164.4 de la Ley Orgánica 6/2006, de reforma del Estatuto de Cataluña, de acuerdo con lo establecido en la Constitución española, que remite esta coordinación a la junta de seguridad que está funcionando. En relación con el intercambio de información de su policía autonómica en el ámbito internacional, conoce de sobra que nuestra legislación otorga al ministro del Interior la responsabilidad sobre el ejercicio de la cooperación y el auxilio a las policías de otros países, en virtud de lo establecido en tratados y acuerdos internacionales. También sabe que le corresponde al secretario de Estado de Seguridad la dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, especialmente con Europol, Interpol, Sirene y los sistemas de información de Schengen. Seguro que sabe que los Mossos d'Esquadra están representados en esa división de cooperación internacional mediante la asignación permanente de tres oficiales de


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enlace que pertenecen a los Mossos d'Esquadra. Este organismo coordina y agrupa a la Oficina Central Nacional de Interpol España, a la Unidad Nacional Española de Europol y a la Oficina Sirene de España, y por esos oficiales de enlace que pertenecen a los Mossos d'Esquadra este cuerpo de policía autonómico tiene acceso a los procedimientos habituales de distribución de la información. Además, las alertas generales son difundidas a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, nacionales y autonómicos, y el intercambio de información se agiliza mediante sus tres enlaces que tiene en la citada división. Con relación al acceso directo de diferentes bases de datos policiales, tanto nacionales como internacionales, tanto el acceso a los ficheros estatales que se solicitan como el acceso a la información contenida en las bases de datos internacionales, la división de cooperación internacional, en la que -vuelvo a indicarlo- están tres oficiales de enlace que pertenecen al cuerpo de Mossos d'Esquadra, se encarga de facilitar esta cesión de datos a todos los cuerpos policiales de España. Por tanto, señoría, todos los cuerpos policiales dependientes de las comunidades autónomas competentes en materia de protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público reciben el acceso y la cesión de los datos contenidos en los ficheros que ustedes solicitan. Ha quedado demostrado, señoría, que la Policía autónoma de Cataluña está desarrollando todas las competencias que le corresponden en esta área, tal y como dispone la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Brevemente. En relación con las manifestaciones del diputado de Ciudadanos quiero pedirle que, a pesar del tamiz por el que Ciudadanos pasa desde siempre la realidad catalana, no lo distorsione porque no se ha emitido ningún veredicto de culpabilidad por parte de los jueces y tribunales. Por tanto, le pediría que se retractase del veredicto de culpabilidad que ha emitido en esta sala sobre la formación política a la que tengo el honor de representar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ciuró.

Señor Hervías.

El señor HERVÍAS CHIROSA: Supongo que se refiere a la presencia de la Guardia Civil en las sedes de CiU.

La señora CIURÓ I BULDÓ: A la culpabilidad. Rectifíquelo.

El señor HERVÍAS CHIROSA: No, me he referido a que a ustedes les moleste la Guardia Civil; esa era la parte a la que yo me refería.

El señor PRESIDENTE: No mantengan debates entre ustedes.

El señor HERVÍAS CHIROSA: Si se ha sentido ofendida o cree que hacía referencia a culpabilidad, eso lo sentenciará un juez. Yo no hacía referencia a eso.

El señor PRESIDENTE: Les pediría un favor. Como dentro de cuatro días se disuelven las Cámaras y va a empezar una precampaña y una campaña, ciñámonos en estos debates a los temas que hemos planteado y dejemos las otras cuestiones, porque van a tener mucho tiempo para decírselo unos a otros. Ciñamos al contenido de las proposiciones no de ley.

- SOBRE LA UNIFICACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE COMPRAS PARA LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO (FFCCSS). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000398).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día: proposición no de ley del Grupo de Ciudadanos sobre unificación de las direcciones generales de compras para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tiene la palabra el señor Gutiérrez. (La señora vicepresidenta, Botella Gómez, ocupa la Presidencia).

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Señorías, seré muy breve porque lo que pretendemos es algo muy sencillo de entender. En estos momentos existen dos direcciones diferentes de compras. Sabemos que hay una dentro del ministerio para las compras comunes tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, por lo que instamos al Gobierno a que unifique de forma permanente estas direcciones de compras; si


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bien ya están realizando las compras unificadas de ambos de aquel material que puede ser único para ambos cuerpos de seguridad, la idea es que integre esas dos direcciones, tanto la Dirección General de la Guardia Civil como la Dirección General de la Policía Nacional, en una sola unidad administrativa. En estos momentos en los que el gasto público es uno de los principales puntos calientes al que debemos de prestar máxima atención dentro de nuestra economía general, nos parece razonable unificar las unidades administrativas a fin de evitar redundancias, duplicidades y no tener que estar continuamente, cuando hay que someterse a un estricto control de gasto público, impidiendo que se puedan hacer las inversiones que tan necesarias son para el funcionamiento y mantenimiento de los vehículos, el mantenimiento del material o haciendo las inversiones necesarias para ambos cuerpos de seguridad. Pretendemos que el Gobierno unifique ambas unidades, haga un organigrama único en la dependencia que le parezca oportuna dentro del Ministerio del Interior, algo similar a la Dirección General de Armamento y Material que existe para las Fuerzas Armadas, dentro del Ministerio de Defensa, de tal forma que auténticos expertos en compras puedan ser quienes gestionen todos los procesos de compra para ambos cuerpos. Estamos seguros de que así se conseguirá un ahorro suficiente en inversiones necesarias y gastos de mantenimiento, que se están suprimiendo, y puedan realizarse las tareas de vigilancia que ambos cuerpos prestan al Estado.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cantero para presentar la enmienda.

La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, buenos días. Desde el Grupo Parlamentario Socialista al que represento quiero dejar constancia de que estamos de acuerdo con cualquier medida que se proponga en esta Cámara que permita de manera legal y transparente proceder a un ahorro de costes o, en su defecto, llevar a cabo una gestión de los recursos económicos y financieros cuya finalidad sea alcanzar los objetivos marcados de la manera más eficaz y eficiente. Si bien, el objetivo final de la propuesta que nos trae aquí y ahora el Grupo Parlamentario Ciudadanos es el ahorro, no tenemos tan claro que la forma que nos propone sea la más adecuada. Por ello, presentamos una enmienda que permite que antes de crear nada se lleven a cabo los estudios necesarios que garanticen valorar con el necesario rigor la conveniencia, la necesidad y la utilidad de crear un órgano central de adquisición de material y equipamiento conjunto para la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.

Decía, señorías, que no creemos que la forma propuesta sea la más adecuada, pues la creación de la comisión para la reforma de las administraciones públicas, llamada CORA, en sus páginas 183 y subsiguientes introduce propuestas ya en esta línea, sin que hasta el momento ningún órgano independiente haya evaluado el funcionamiento ni si realmente esto supone alguna mejora. Así, la Dirección General de Infraestructuras y Material de Seguridad fue suprimida en 2012 bajo la excusa de la necesidad de ahorro y fue sustituida, para ahorrar, por las subdirecciones generales de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad y por la de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad. Sendas subdirecciones, al igual que la anterior dirección, dependen de la Secretaría de Estado de Seguridad; de crearse el órgano que propone Ciudadanos en su proposición no de ley debería ser esta secretaría de Estado su ubicación natural, ya que las direcciones generales de Policía y Guardia Civil dependen precisamente de ella. Ahora bien, casualmente, el Real Decreto 1068/2015, de 27 de noviembre, estableció el régimen específico del sistema de provisión de los puestos de trabajo de los catálogos de las unidades adscritas a esta secretaría de Estado del Ministerio del Interior, de las cuales estamos hablando. En el artículo 1 de este real decreto se establece el régimen específico del sistema de provisión de puestos de trabajo de los catálogos de las unidades adscritas a la Secretaría de Estado de Seguridad que no dispongan de normativa específica, en los términos previstos en el artículo 4 del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, aprobado a su vez por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. El problema -aquí queremos hacer un inciso- es que además este mismo real decreto añade que en la resolución de la convocatoria no se publicarán los datos de los titulares de los puestos de trabajo para los que así se prevea expresamente en la propia convocatoria, por razón de su especial confidencialidad o reserva. Esta normativa es también de aplicación, por tanto, a las subdirecciones generales que dependen del secretario de Estado de Seguridad, así como al organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, lugar en el que se llevan a cabo adquisiciones para ambos cuerpos de Seguridad, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos. Es evidente que de realizarse las reformas que propone el Grupo Ciudadanos la transparencia no primaría. Por tanto,


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con carácter previo habría que incluir reformas legales que permitan la transparencia y que no quede en manos de órganos -cuya provisión de plazas tenga carácter de reservado- el manejo de unos fondos públicos, en cuyo uso hay que ser muy escrupuloso.

Acabo, señoría. En todo caso, falta una evaluación independiente. Pudiera ser que todo lo que he dicho hasta ahora pareciera publicidad, pero hemos visto en estos años de Gobierno del PP un incremento desmesurado de las plazas de libre designación en los órganos centrales como una forma de garantizar que las mismas sean ocupadas por personal de confianza y no por el mejor y más capaz, amparándose en la opacidad que da el sello de reserva o confidencialidad. Entiendan ahora el porqué del voto, en este caso positivo porque parece ser que van a aceptar la enmienda. Apoyaremos la proposición no de ley de Ciudadanos.

Muchas gracias, señora presidenta, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias, señora Cantera.

A continuación entramos en el turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra por el Grupo Mixto don Carlos Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: No haré uso de la palabra. Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Gracias.

A continuación tiene la palabra, por el Grupo Vasco, don Aitor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Tampoco intervendré. Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Como la señora Ciuró no está, pasamos al turno del Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea. Don Eduardo Santos tiene la palabra.

El señor SANTOS ITOIZ: Buenos días de nuevo.

Voy a intervenir muy brevemente para fijar nuestra posición en relación con esta proposición no de ley, en la que se ve claramente cuáles son las prioridades del grupo proponente. Mientras mi grupo ha traído a esta Comisión en su breve existencia algunas proposiciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de las personas que forman las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entendiendo que la mejora de estas condiciones va a incidir en un servicio público mejor, por ejemplo con el tema de la provisión de chalecos antibalas, que ya se aprobó en esta Comisión, Ciudadanos fija su prioridad básicamente -es lo que hemos leído en el texto de su moción- en producir un ahorro de costes al Estado, que en sí mismo puede ser loable, pero también habla de mejorar la licitación y por tanto los beneficios que pudieran tener las empresas por la compra de este material o con un planteamiento desde una óptica mercantil, que si bien puede ser loable en un momento determinado es interesante que conozcamos cuáles son estas prioridades y esa composición. Lo digo porque en otras ocasiones, por ejemplo en el Senado, se propuso por el Grupo Compromís homologar la situación entre guardias civiles y policías nacionales y el Grupo Ciudadanos votó que no. Mejorar el servicio público no es que lleven uniformes que nos salgan más baratos, sino mejorar esas condiciones de vida.

Dicho esto, entrando en el texto de la proposición, se ofrece como justificación una especie de comparación -se dice que es como un botón de muestra- en unas partidas presupuestarias, que se plantean desde puntos de vista no homologables. En esas mismas partidas presupuestarias hay unos gastos de inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios que constan solo en la Policía Nacional pero no en la Guardia Civil, y tampoco se plantea por Ciudadanos. Por tanto, a raíz de lo que figura en la proposición no de ley y de lo que se ha explicado en esta Comisión, no estamos en condiciones de entender si vamos a ir a una resolución eficaz en el sentido de lo que propone Ciudadanos, que es la reducción del gasto público. Estamos mucho más de acuerdo con los planteamientos que ha hecho la señora Cantera, en nombre del Grupo Socialista, y que obviaré repetir para no cansar a sus señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Sobre todo porque ya no dispone de mucho más tiempo.

El señor SANTOS ITOIZ: En cinco segundos concluyo. En el caso de que se aceptara esa enmienda, votaríamos a favor de la proposición.

Muchísimas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias, señor Santos.

Por el Grupo Popular tiene la palabra don Jaime Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señora presidenta.

Buenos días. Todas sus señorías conocen qué es la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), creada en octubre de 2012 para dar cumplimiento efectivo a los predicamentos de aquella Conferencia de Presidentes. Tiene varios objetivos, entre los cuales está desarrollar la medida relativa a la centralización de contratos, servicios y suministros de una forma eficaz. Para ello se reforzó la estructura del Ministerio de Hacienda, creándose en su seno la denominada Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Dentro de los objetivos asignados por el informe CORA, esta dirección general tiene como misión la obtención de ahorros y mejoras en la contratación, incrementado la transparencia, la búsqueda de la eficiencia y la homogeneización de los niveles de calidad de los servicios y suministros que se contratan en la Administración General del Estado, de tal forma que no se perciban diferencias injustificadas entre los organismos. Este es el punto de partida, pero no solamente a esta dirección general se le otorgaron funciones de centralización de compras, sino que hay algo más importante. Como su nombre indica, es una dirección de racionalización de la contratación, y en este proceso nos encontramos con que el número de los contratos centralizados que ha manejado esta dirección general asciende actualmente a veintiocho, habiéndose incrementado notablemente con respecto a fechas anteriores a su existencia. El valor estimado de lo gestionado a través de esta dirección general se ha incrementado de 1.200 millones de euros a prácticamente 4.180 millones. Ustedes pueden advertir la diferencia de gestión establecida por el Partido Popular con estas centrales de compra al objeto de satisfacer las necesidades de todos los organismos de la Administración General del Estado y de racionalizar el gasto público y consiguiente aportación a la reducción del déficit. Por eso, dentro del Ministerio del Interior existe actualmente una Subdirección General de Planificación y de Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, que lleva realizando, lo mismo que su antecesora, la Dirección General de Infraestructuras y Material de Seguridad, muchas compras y mucha prestación de servicios de tracto sucesivo de esta manera.

Actualmente, esta subdirección coordina y tramita licitaciones de importantes expedientes. Me voy a centrar en dos por su importancia: el contrato conjunto de limpieza para inmuebles de comisarías y cuarteles -se ha conseguido prácticamente un ahorro de 140 millones de euros- y contratos de seguros de accidentes para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta es una manera de trabajar racionalizada, optimizando recursos económicos y dando servicio a ambos cuerpos. Por eso, señorías proponentes de esta PNL, ahora mismo no se ve la necesidad de la existencia de un único organismo para esta contratación porque tenemos esta dirección general del Ministerio de Hacienda. Desde luego, la Dirección General de la Policía necesita un presupuesto propio para poder seguir abordando sus actividades ordinarias. Y vuelvo a resaltar que toda esta actividad la realiza ahora mismo también conjuntamente esa dirección general derivada del informe de reforma de la Administración. Por eso votaremos en contra de la PNL presentada por el Grupo Ciudadanos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Tiene la palabra don Miguel Ángel Gutiérrez para decir si admite la enmienda presentada por el Grupo Socialista.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Sí, admitimos la enmienda del Partido Socialista.

Gracias.

- RELATIVA A GARANTIZAR EL DERECHO DE ASILO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000452).

La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Pasamos a la PNL número 4, relativa a garantizar el derecho de asilo, presentada por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra la señora Ione Belarra.

La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, hace apenas un año, durante la tercera semana de abril de 2015, más de 1.000 personas perdieron la vida en varios naufragios en el Mediterráneo. En ese momento, la opinión


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pública se llevó las manos a la cabeza y en muchos medios de comunicación se hicieron eco de esta tragedia. Sin embargo, las muertes en nuestras fronteras, en las fronteras de la Unión Europea, están lejos de ser una novedad. Según la Organización Mundial para las Migraciones, y solo según los datos oficiales -sabemos extraoficialmente que las muertes son muchísimas más-, al menos 3.770 personas habrían perdido la vida en el Mediterráneo en 2015 y, en los últimos quince años, hasta 27.000 personas han perdido la vida en nuestras fronteras. Esto creo que solo se puede calificar como un auténtico genocidio. Muchas personas en la calle, señorías, se preguntan qué está haciendo nuestro Gobierno para acabar con las muertes en el Mediterráneo, se preguntan también cómo es posible que la Unión Europea cerrara con Turquía un acuerdo en apenas unas semanas y tardara meses en decidir quién y cómo reubicaba solo a unos miles de personas. La gente en sus casas, en los bares, en la calle, se pregunta cómo es posible que solo hayan llegado 18 personas refugiadas a nuestro país cuando nos comprometimos a más de 18.000.

Además de todas estas preguntas, desde el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea nos hacemos otras; nos preguntamos si de verdad los dirigentes de la Unión Europea y los miembros de este Gobierno no saben que estas muertes son una consecuencia directa de la política migratoria que llevan décadas implantando. Cuesta creer que los representantes públicos que tenemos no sepan que las muertes de personas en la frontera están causadas por un cierre completo y radical de cualquier vía legal y segura para acceder a nuestro país y a la Unión Europea. Es consecuencia de la construcción de lo que se ha llamado la Europa fortaleza. Como dicen en CEAR, cada visado denegado es un cliente potencial para los traficantes de personas y, más aún, nosotras decimos que cada embajada y cada consulado que cierra la puerta a las solicitudes de asilo es cómplice de las muertes que se están produciendo cada día en nuestras fronteras. Muchas personas aquí y en la calle nos preguntamos a qué se debe esta falta completa de humanidad, por qué millones de personas se están solidarizando con las muertes en Bruselas o en París y sin embargo nadie dice nada cuando ocurren atentados en Nigeria o en Yemen. Parece, como diría Judith Butler en un libro que les recomiendo, Marcos de guerra, que hay unas vidas que se consideran valiosas y que merecen ser lloradas y otras vidas que no. Parece que hay vidas que nunca han contado como vidas de verdad para la sociedad occidental. Butler explica en este libro que, después de los atentados del 11 de septiembre, los medios de comunicación se llenaron de imágenes de quiénes murieron, cuáles eran sus nombres, quiénes eran sus familiares y las reacciones de estos. El duelo público se encargó de que esas imágenes fueran icónicas para la población. Pero los duelos de este tipo parecen reservados solo a las vidas de primera, para Europa parece que las vidas de las personas migrantes y refugiadas no merecen este tipo de duelo. Por eso, el naufragio del Titanic, que todos recordarán, se recuerda ahora, cien años después; sin embargo, el naufragio ocurrido solo la semana pasada con más de 900 muertos se esfuma rápidamente en nuestras memorias. Por eso, señorías, todos somos Charlie o París, pero nadie es Yemen o Nigeria. Si queremos acabar de una vez por todas con imágenes como la de Aylan, tenemos la solución en nuestras manos, tenemos que articular vías legales y seguras de entrada en nuestro país. Permitan de una vez por todas que se pueda solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países, concedan visados humanitarios, flexibilicen los criterios de reagrupación familiar, porque cada visado humanitario no es solo un papel, es una persona, una vida y una historia. Solo les voy a contar una. Pone en nuestro conocimiento la ONG Bomberos en Acción que Osman, un niño afgano de siete años, está viviendo con sus padres en el campo de refugiados de Idomeni. Osman tiene una parálisis cerebral y sufre convulsiones graves. Si no recibe atención médica especializada pronto es probable que muera o que sufra lesiones irreversibles. Esta ONG está reclamando un visado humanitario para Osman. Y sobre eso estamos decidiendo hoy aquí, que no se les olvide. La inacción de este Gobierno se cobra vidas cada día y en estos meses además el Gobierno ha usado las excusas más variopintas para justificar su total inacción en una crisis de derechos sin precedentes. Y digo esto con claridad: no se trata de una crisis de refugiados, se trata de una crisis de derechos, porque quien tiene el problema, quien tiene la crisis, es Europa, aprobando acuerdos que vulneran toda la legislación internacional que nos hemos dado a nosotras mismas. El acuerdo con Turquía vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y todas las directivas europeas sobre protección internacional, como vulneran también la legislación internacional las mal llamadas devoluciones en caliente, que deberían ser llamadas como lo que son, devoluciones ilegales. Como decía, el Gobierno ha esgrimido excusas variopintas para justificar su inacción, y una de ellas es que las personas refugiadas no quieren venir a nuestro país, que solo quieren ir a Alemania o a Austria. Pues bien, países como Canadá o Irlanda han demostrado que, no


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estando en la ruta inicial de muchas personas refugiadas, se pueden hacer cosas para cumplir nuestros compromisos en derecho de asilo. A Canadá han llegado ya más de 25.000 personas en un programa que se llama Refugees Wellcome. Ojalá tengamos un día un presidente del Gobierno en nuestro país como Justin Trudeau, que dijo a la llegada de las primeras personas refugiadas: Bienvenidos y bienvenidas, ya estáis a salvo en casa.

En Podemos-En Comú Podem-En Marea creemos que esto es posible y que nuestro país puede hacer mucho más. Ya lo ha demostrado la ciudadanía, que se ha organizado en múltiples plataformas ciudadanas bajo el lema Wellcome Refugees. Lo han demostrado también los ayuntamientos del cambio, que están buscando las mil y una maneras para articular vías para que estas personas puedan llegar. La gente, señorías, en nuestro país lo tiene claro, parece que donde no está claro es aquí. La solidaridad se ha hecho escuchar de muchas maneras. Nuestra gente ha demostrado una vez más que sí se puede, el problema, señorías, es que ustedes no quieren. Nuestro país puede hacer muchas cosas -como se me acaba el tiempo, las pueden encontrar detalladas dentro de la PNL- como mejorar las condiciones de acogida en Ceuta y en Melilla, crear programas de reasentamiento y ubicación permanentes dentro de nuestro país, y es urgente sobre todo mejorar el sistema de asilo y el examen de solicitudes de asilo que hay en nuestro país, porque actualmente a España solo llegan el 0,95 % de las solicitudes de asilo y eso tiene que ver con que el año pasado solo se concedieron 384 estatutos de refugiado, cuando nos encontramos ante un conflicto en Siria que ya ha desplazado a más de 11 millones de personas. Comparen las cifras. Esto es una auténtica vergüenza.

Termino ya con unas palabras de una compañera activista que espero que les ayuden a reflexionar: Nadie quiere dejar atrás su tierra, nadie quiere dejar atrás sus amaneceres, sus olores, el color de sus paisajes, nadie quiere dejar atrás sus calles, su casa, los lugares en los que ha crecido, sus atardeceres y los sonidos de tranquilidad de su vida, nadie quiere irse de su casa. Si hay personas que tienen que irse, señorías, lo menos que podemos hacer nosotros es acogerles. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Con respecto a las enmiendas, hemos tratado de negociar con la transaccional del Partido Socialista y no ha sido posible. Nosotros queríamos traer hoy un paso más en el debate que ya se dio ayer dentro de la Comisión de la Unión Europea y la verdad es que esperábamos más del Partido Socialista en este sentido, porque parece que quiere seguir con políticas de continuidad y no hacer un verdadero cambio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

En el trámite de enmienda, por el Grupo Ciudadanos, señor Prieto.

El señor PRIETO ROMERO: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, desde Ciudadanos queremos dejar claro que para nosotros este tema no se debe denominar crisis de refugiados sino más bien drama; creo que debemos llamar a esto drama humano. Lleva razón la portavoz de Podemos, las cifras son escalofriantes y mucho más si pensamos que detrás de cada cifra, detrás de cada dato, hay una vida humana, una familia, una madre, un padre, unos niños. Las políticas que se han llevado a cabo para terminar con esta mal llamada crisis de los refugiados -para nosotros, como decimos, es un drama- han resultado infructuosas hasta el momento. El Reglamento de Dublín ha demostrado ser insostenible. Señorías, España no puede quedar impasible ante esta situación, pero debe ser desde Europa, dentro del marco común europeo, desde donde debemos afrontarla. Para ello los Estados miembros deben aplicar el mecanismo de reubicación pactada. Debemos reclamar que la aplicación del acuerdo de la Unión Europea con Turquía se realice con estricto cumplimiento de las exigencias derivadas del derecho internacional en materia de asilo y refugio, que se garantice que todas las solicitudes de asilo sean tramitadas mediante un procedimiento individualizado y con las debidas garantías. Señorías, se debe garantizar el respeto al principio de no devolución, que las personas puedan solicitar el Estatuto del refugiado y, en caso de adquirirlo, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra.

Esta situación es un drama, pero el verdadero origen del drama está en la guerra que se vive en los países de procedencia de los refugiados. Por eso, señorías, se debe promover una política exterior española y de la Unión Europea que, dentro de un marco de coherencia de políticas, contribuya a atajar las distintas causas internas, regionales e internacionales que generan violaciones de derechos humanos en los países de origen o tránsito. Una política exterior que, como se ha dicho por otros partidos -y cito-, no priorice los intereses geopolíticos, defensivos o económicos, como el comercio de armas, recursos


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naturales -el petróleo, el gas, los minerales o la pesca- sobre otros asuntos y que ponga en el centro la promoción de los derechos humanos, la equidad de género, la democracia, el desarrollo inclusivo y sostenible en esos países y la solidaridad entre todos los pueblos. Desde Ciudadanos creemos que nuestras enmiendas reflejan de una manera más completa las medidas que se deben llevar a cabo desde una posición común europea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, señor Campo.

El señor CAMPO MORENO: Gracias, señor presidente.

Voy a defender, aunque con poco éxito, algo que debería ser básico en esta casa, que es la coherencia, lo que en los ámbitos jurídicos se denomina como la buena fe, es decir, la coherencia en el comportamiento. He escuchado a la diputada de Podemos imputar al Partido Socialista no sé cuántas conductas afeándole posturas, pero este grupo parlamentario lo único que está haciendo es mantener la coherencia con lo que ayer se aprobó con ellos y con otros grupos parlamentarios en la Comisión Mixta para la Unión Europea, que es, en resumidas cuentas, lo que se aportó anoche como enmienda y se presentó en el Registro de esta Cámara.

Crisis, drama, evidentemente es lo que es. No me gusta utilizar la palabra crisis porque en su origen griego implica algo que está en vías de solución y en esta situación las soluciones que se están dando no nos parecen las acertadas. Lo que sí es cierto es que hay una tragedia humanitaria propiciada por una guerra que el ámbito internacional no termina de atajar. La guerra de Siria está provocando unos incrementos como nunca se habían conocido en materia de peticiones de asilo y refugio. A Europa le ha cogido, como en tantas ocasiones, desprevenida y está dando respuestas que no responden al verdadero planteamiento de problema: cierre unilateral de fronteras, la negativa a cumplir con los compromisos de realojo acordados que no solo han sembrado la división sino -y es lo más grave- que se están reforzando propuestas xenófobas y populistas por los enemigos del proyecto europeo. El acuerdo de salida entre la Unión Europea con Turquía no responde más que a esa insuficiencia de unas políticas que deberían ser adecuadas y correctas, sin que se aporten soluciones a la causa final de todo el problema, que no es otro, no lo olvidemos, que la guerra en Siria. La solución es la que hoy exponemos y la que ayer precisamente intentamos potenciar desde ese acuerdo colectivo en la Comisión citada anteriormente. La política común de asilo en la Unión Europea está todavía por vertebrar, por cumplir y, en este sentido, no podemos permitirnos dinamitar lo que fue y lo que es Schengen, no podemos permitirnos la proliferación de controles y nuevamente vallas y restricciones a la libre circulación entre los Estados miembros. Debemos volcarnos en el apoyo a Grecia, lo que me lleva a centrarme en que el Gobierno español debe ofrecer mayor acogida, cumpliendo los compromisos y sin escudarse en deseos y peticiones de los que así transitan. Esto no es nuevo, ya en la tramitación de los Presupuestos Generales de 2016 pusimos de manifiesto la carencia de recursos para atender al incremento de peticiones, así como a otras políticas de integración destinadas a garantizar esa protección internacional a la que nos habíamos comprometido. Desde el Ministerio del Interior ha habido incluso desatención y ha provocado una identificación entre lo que es la inmigración y la situación de aquellas personas que llegan a nuestras fronteras reclamando protección internacional. Las dotaciones en el programa 131.P, derecho de asilo y apátridas, mantuvieron idénticas previsiones en 2015 que en 2016, que se mantienen prácticamente idénticos a las de 2005. A pesar de este incremento en los últimos años, lo cierto es que a las 12.000 solicitudes hay que sumar otras 5.000 de requerimientos de traslado y petición de asilo con la aplicación del Reglamento de Dublín, sin que conozcamos, por cierto, el cierre final. En los presupuestos de 2016 aparecía un incremento de 3 millones exclusivamente para dar cumplimiento a los compromisos JAI, de julio de 2015, concretamente del día 20, acuerdos por los que España facilitaría el reasentamiento de 1.449 personas en situación de clara necesidad de protección internacional en Oriente Medio y norte de África y la reubicación de 1.300 desde Italia y Grecia. Nada destinado a dar respuesta al incremento de la demanda de protección que, según el propio Gobierno, viene creciendo y sufriendo un elevado aumento desde 2015 y que no es previsible que baje en esta anualidad. España ha sido un protagonista muy marginal de esta crisis. Nuestras cifras de asilo y refugio son vergonzosas y el cumplimiento de los acuerdos de reubicación, flagrante. La sociedad civil, los municipios y las comunidades autónomas nos están dando la lección de cómo deberían dirigirse estas situaciones.


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Voy a concluir mi intervención señalando un dato que creo que es importante: España y Europa necesitan políticas migratorias indisolublemente unidas a una política exterior solidaria, no cicatera, como las que se están llevando a cabo desde Europa y especialmente desde España. Les diré también que necesita coherencia de comportamiento, y esa coherencia de comportamiento no es la que expresa el Grupo Podemos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, el señor Isern.

El señor ISERN ESTELA: Señor presidente, señores diputados, estaremos de acuerdo en que el asilo no debería ser una cuestión únicamente de solidaridad, de calidad, de hospitalidad o de piedad en el sentido moral. El asilo es un derecho frente al cual tanto España como especialmente Europa no pueden negar su obligación ni su responsabilidad. Pero estamos ante un problema de tal envergadura que es absolutamente necesario abordarlo desde la seriedad, desde la rigurosidad, alejando cualquier tentación populista, partidista o electoralista. Estamos hablando de la vida, de la dignidad, de la supervivencia, del derecho a un futuro de miles, de cientos de miles de personas, que vienen de vivir y viven todavía situaciones absolutamente extremas. Por eso, cualquier planteamiento para hacer frente a esta situación no puede, no debe consistir en una relación de propuestas lo más larga posible que respondan al voluntarismo o al buenismo, que quizá en otros escenarios puedan tener sentido, pero que cuando se trasladan al Parlamento quedan desubicados y sin consecuencias practicas en beneficio de los refugiados. Una cosa es un mitin o una conferencia y otra muy distinta la sede parlamentaria.

La única fórmula eficaz para abordar el derecho de asilo es hacerlo de forma conjunta y además dentro del ámbito de la Unión Europea. Asimismo, es absolutamente necesario tener en cuenta todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos involucrados en la cuestión. Por su parte, España está cumpliendo con su obligación de ofrecer asilo y refugio a todas aquellas personas que necesitan protección internacional. El Gobierno ha mostrado su disposición de hacer frente a la crisis de refugiados y se ha comprometido a acoger a cuantos solicitantes de protección internacional proponga la Unión Europea, dando así muestras de responsabilidad y de solidaridad. En el marco de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, España ha puesto en marcha el pasado mes de noviembre un proceso de reubicación de 15.888 personas y de reasentamiento de 1.499. A ello ha de sumarse, además, el esfuerzo adicional que hace España en solitario en las fronteras de Ceuta y de Melilla. España, no lo olviden, ha hecho frente a más de 30.000 solicitudes de asilo, todo ello sin contar con la realidad de los inmigrantes irregulares, sobre los que también España está trabajando de una manera muy especial. El Gobierno ha adoptado una actitud seria y constructiva, ha sabido reaccionar multiplicando sus esfuerzos para dar respuesta a las miles de personas que necesitan ser atendidas. Entre estas medidas podemos destacar, por ejemplo, el incremento de la dotación presupuestaria en la Oficina de Asilo y Refugio en un 105,28 %, lo que supone 6,2 millones de euros, incrementándose además plantillas, medios y formación. Se han quintuplicado los recursos para los programas de acogida, 53 millones consignados en los Presupuestos Generales, a los que hay que añadir otra partida extraordinaria de 200 millones de euros. 13 millones de euros en ayudas extraordinarias para razones humanitarias. Para una mayor eficacia y coordinación, se ha puesto en marcha además un grupo interministerial y se ha convocado la Conferencia sectorial de la inmigración. En 2015 se inauguraron las oficinas de asilo y refugio en Ceuta y Melilla. España se ha comprometido a incrementar en 3,5 millones de euros la partida presupuestaria para dar apoyo a ACNUR y al Banco Mundial de Alimentos.

En cuanto al ámbito de la Unión Europea, siempre hemos apoyado una política migratoria común como elemento básico para lograr un verdadero Espacio de libertad, de seguridad y de justicia, todo ello desde una perspectiva integral que abarca todas las vertientes del problema. Este, señores diputados, este es el camino, esta es la única vía real y efectiva para hacer frente de forma eficaz al derecho de asilo que asiste a todos los refugiados. Por eso hemos presentado una enmienda que, al tiempo de recoger parte de las propuestas que se han realizado en la PNL propuesta por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, también se han eliminado de la misma los contenidos demagógicos, las propuestas claramente contrarias a la legalidad vigente o de imposible aplicación, así como todas aquellas que en su planteamiento buscaban una crítica política dirigida al Gobierno del Partido Popular cuando este, en materia de refugiados, no lo olviden, no ha hecho sino implementar las políticas acordadas de forma unánime en el Congreso de los Diputados durante la anterior legislatura


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cuando se pactó, en septiembre del 2015, una posición común de todos los grupos en torno a la crisis de los refugiados. Además, dicho acuerdo fue reforzado por ambas Cámaras en la actual legislatura a través de la declaración institucional de la Comisión Mixta para la Unión Europea del pasado 18 de marzo.

En consecuencia, y con el fin primordial de mantener el consenso de todos los partidos políticos en relación a cómo abordar la problemática de los refugiados y el derecho de asilo, reclamamos una vez más altura de miras que nos permita alcanzar un acuerdo para que los únicos vencedores, los únicos beneficiados, sean de verdad en esta ocasión los refugiados, sean todas y cada una de las miles de personas que en estos momentos necesitan urgente y dramáticamente de nuestra ayuda, de nuestra solidaridad y no de nuestros enfrentamientos o intereses políticos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.

Creo que estamos multiplicando los foros de debate de esta cuestión dentro de la misma Cámara y al final estamos complicando la toma de decisiones. Deberíamos tener un poco de coherencia en lo que vayamos avanzando y no ir lanzando iniciativas en plan guerrilla, y aquí va otra iniciativa y otra más y un poquito más. Lo digo porque la verdad es que yo, a pesar de que la señora Belarra cuando ha hecho la exposición ya nos acusaba a todos de que íbamos a votar en contra, o al menos lo que ha leído decía eso. Yo venía con la intención de votar a favor porque estoy prácticamente de acuerdo con casi todos los puntos, puede haber alguna matización, pero creo que la materia merecía, digamos, una llamada de atención y nuestro apoyo. Pero, claro, ayer hubo un debate importante en la Comisión Mixta para la Unión Europea, creo que se hizo algo que tiene mucho valor que es sacar una resolución que no se contradice con la que... (La señora Belarra Urteaga hace signos negativos al orador). No, usted quiere un huevo duro más, evidentemente, claro; y yo también hubiera puesto algunas cosas más en el acuerdo de ayer porque creo que todos tendríamos matices. Pero creo que usted también es miembro de la Comisión Mixta para la Unión Europea o al menos estuvo allí y votó a favor, o ustedes votaron a favor. Desde luego, Podemos está en el acuerdo. (La señora Belarra Urteaga: No era yo, fue una senadora). No, si hay diputados también, hay diputados y senadores, es mixta; pero Podemos estuvo en el acuerdo y votó a favor. Tampoco veo contradicciones. Creo que la resolución que se tomó el otro día en la Comisión mixta fue en la misma línea, esta es más ambiciosa, evidentemente, pero creo que el valor de lo aprobado ayer es que se consiguió prácticamente la unanimidad de todos los grupos, creo que el único que votó en contra fue el Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, lo que vamos tejiendo, uniendo y poniéndonos de acuerdo entre todos tiene un valor añadido que deberíamos impulsar. Por eso la iniciativa llega también un poco tarde, porque era antes de que se firmara el acuerdo con Turquía y entonces hay un punto que ya no tiene sentido. Pero lo que queda claro, y yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, es que es necesaria una política europea integral de asilo y refugio y que esto tiene que ser cada vez más una decisión y una política a nivel europeo.

Mientras tanto, yo creo que lo que se habló el otro día en la Comisión Mixta para la Unión Europea tiene mucho valor. No creo que esto vaya en contradicción, pero por ese valor añadido de la puesta en común y de que vamos todos juntos, me voy a abstener en esta ocasión. Yo creo que sería bueno que quizás la Comisión de Interior pudiera ratificar lo que se aprobó ayer y que admitiese la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que es una copia de un acuerdo con el que ustedes también estaban de acuerdo. Insisto, yo también apoyaría algunos de esos puntos que no fueron aprobados ayer y que aparecen aquí. Pero me parece que el valor del acuerdo está por encima y, por lo tanto, si ustedes mantienen la iniciativa, yo me abstendré. Insisto, aunque me parece que tiene puntos de mucho interés.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

A efectos de organización para portavoces y para sus señorías, las votaciones no se producirán antes de las 15:30.


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- SOBRE LA PARALIZACIÓN DE LA REAPERTURA DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA EXTRANJEROS (CIE) DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000454).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, el número 5.º, una PNL del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la paralización del CIE de la Zona Franca de Barcelona. Tiene la palabra el señor Expósito.

El señor EXPÓSITO PRIETO: Muchas gracias, presidente.

Señorías, si esto fuera una comisión de investigación sobre los centros de internamiento de extranjeros habría cuatro voces en particular que no podrían ser escuchadas hoy. Son las voces de Mohamed Abagui, Idrissa Dialo, Aramis Manukyan y Samba Martine. Y no podrán ser escuchadas porque estas personas están muertas, perdieron la vida mientras estaban internadas en los CIE de Zona Franca de Barcelona y de Aluche, en Madrid. Las circunstancias de sus muertes, para más INRI, en algunos casos, siguen sin esclarecerse y eso se debe a la opacidad de estos centros; y eso que murieron mientras sufrían una privación de libertad innecesaria que fue infligida por un Estado que era responsable y garante de su integridad física y de su vida. Lamentablemente no solo nos faltaron esas voces. Los centros de internamiento para extranjeros han sido un elemento clave en unas políticas migratorias españolas y europeas que están convirtiendo el Mediterráneo en una fosa común.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado esta proposición no de ley instando al actual Gobierno del Estado a que no reabra el CIE de la Zona Franca de Barcelona, donde fallecieron tres de las personas anteriormente mencionadas, siendo un CIE que permanece cerrado por obras desde finales del año pasado. Encontramos que existen dos motivos fundamentales, dos motivos importantes, dos motivos políticos para plantear esta exigencia. En primer lugar, porque un Gobierno en funciones, el del Partido Popular en este caso, no puede tomar una decisión de esa trascendencia entrando en conflicto con declaraciones aprobadas el año pasado por la mayoría de más de dos tercios de dos Plenos de dos de las principales instituciones catalanas, el Parlament de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona. Se trata además de dos declaraciones institucionales que fueron adoptadas por influencia de numerosas organizaciones de la sociedad civil catalana que han logrado generar en los últimos años un amplio consenso social en Cataluña sobre la necesidad de que dejen de existir los centros de internamiento para personas inmigrantes en nuestro territorio.

En segundo lugar, pensamos que el CIE Zona Franca de Barcelona no debe reabrirse porque durante los meses en los que este CIE ha permanecido cerrado por reformas no se han ordenado internamientos de personas en situación administrativa irregular en ningún juzgado de Barcelona y ello no ha producido desajuste ninguno en el fenómeno migratorio. No obstante, nuestro grupo es consciente de que el cierre de un solo CIE no es una solución, sobre todo por un sencillo principio de solidaridad entre nuestros pueblos. Por tanto, nos parece indeseable la presencia de los CIE en cualquier lugar del Estado por toda una serie de motivos que vamos a resumir en cinco puntos en esta defensa de nuestra PNL.

En primer lugar, los CIE son innecesarios hasta el punto de que no se pueden justificar, ni siquiera desde el punto de vista del cumplimiento de las políticas migratorias marcadas por la Unión Europea. La propia directiva de retorno no exige la existencia de centros de internamiento. Los CIE son disfuncionales, porque más del 50 % de las personas internadas son finalmente puestas en libertad y cerca del 60 % de las expulsiones de nuestro Estado no se realizan desde los CIE. Su impacto en términos de política migratoria es ínfimo. Dicho de otra manera, en el año 2014 casi 4.000 personas migrantes se vieron privadas de libertad de manera abusiva e innecesaria. Los CIE son también ineficientes en términos económicos. El Ministerio del Interior ha reconocido un gasto de unos 8,8 millones de euros anuales destinados a la gestión de los siete CIE que existen en el conjunto del Estado. Podemos hacer, por tanto, un cálculo no oficial de que existe un gasto medio de unos 100 euros diarios por interno, sin contar el coste de las infraestructuras, y ese gasto se destina nada menos que a infligir penas de privación de libertad que no deberían producirse. Por si todo lo anterior fuera poco, el artículo 25 de la Constitución, en su punto 3, expresa claramente que la Administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. En este sentido, resulta muy discutible que las personas migrantes sean internadas en los centros de internamiento por algo tan simple como una infracción de carácter administrativo. Finalmente, como quinto punto, los CIE son intolerables desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que su mera


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existencia puede considerarse contraria a estos derechos reconociendo que determinadas condiciones del internamiento en Europa vulneran el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe a los Estados el ejercicio de la tortura, los malos tratos y los tratos inhumanos o degradantes a las personas. Para terminar, en los CIE se interna a personas especialmente vulnerables, como son mujeres embarazadas, personas enfermas, solicitantes de asilo o potenciales beneficiarios de protección internacional, menores de edad, mujeres víctimas de trata o mujeres víctimas de violencia de género.

Sobre las enmiendas que se han presentado a nuestra proposición, tenemos un comentario específico que hacer a la enmienda del Grupo Socialista. Nosotros no entendemos la timidez de la enmienda que ha propuesto el Grupo Socialista, que básicamente se limita a plantear que se garanticen los derechos de personas que están de hecho siendo privadas de su libertad de manera cruel e innecesaria. Nosotros no sabemos si los socialistas son conscientes de que nos encontramos en muchos planos en una situación de emergencia social, en una situación de crisis múltiple. Rogamos a los socialistas y al conjunto de esta Cámara que piensen en los centros de internamiento para extranjeros en contraste con las imágenes de personas refugiadas que están siendo expulsadas del territorio europeo de manera violenta; que piensen en los centros de internamiento en contraste con las imágenes de las muertes en el Estrecho; que piensen en el ascenso de la extrema derecha en Europa y el crecimiento de los ataques violentos contra los migrantes y los refugiados.

Los CIE, señorías, son un mensaje institucional a la sociedad; son un mensaje xenófobo, racista y clasista. Los CIE parecen querer decir que la libertad de algunos seres humanos tiene un valor menor. En este momento en el corazón de Europa vuelve a haber una lucha entre la oscuridad y la luz. Tenemos que mandar mensajes claros a favor de la luz a las personas migrantes en particular y al conjunto de la sociedad. Nosotros proponemos empezar en esta Comisión por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Expósito.

Por el Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra el señor Campuzano para la defensa de su enmienda.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

La iniciativa que ha defendido el señor Expósito es relevante y, a pesar de que estamos en tiempo de descuento, mi grupo considera que efectivamente es bueno que en la Comisión de Interior, ante el Gobierno hoy en funciones, se pueda lanzar un determinado mensaje político como el que plantea esta iniciativa en relación con la apertura o no del centro de internamiento de la Zona Franca, en Cataluña.

Desde el año 1985, desde la aprobación de la primera ley de extranjería, la cuestión de los CIE ha sido siempre polémica. En su momento esa ley fue objeto de recurso por parte del Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, entre otras cuestiones por la configuración de la posibilidad del internamiento como medida cautelar. Es cierto que el Tribunal Constitucional estableció que esa medida de internamiento encajaba en los principios de nuestra Constitución, y es cierto también que en estos cerca de treinta años la situación de los CIE ha tenido mejoras. Mi grupo o el antiguo grupo de Convergència fue protagonista de alguna de estas mejoras que nosotros queremos poner en valor en esta sesión, como por ejemplo la creación en el año 2009 de los jueces de vigilancia de los centros de internamiento, una novedad que tardó en implementarse pero que permitió y de hecho permite que algunas de las mejoras que se han introducido en los CIE, entre ellos en el CIE de Zona Franca, fueron resultado de las presiones que ejercen los jueces responsables del seguimiento de la situación en los CIE. Ahora bien, también es cierto que el CIE, en términos de una política de extranjería, de inmigración, más humana, provoca rechazo. Todos aquellos que hemos tenido ocasión de visitar alguna vez el CIE de Barcelona, tanto en la Zona Franca, como antes en la Verneda, y que hemos manteniendo contactos con los policías y el director responsable del CIE o conversaciones con las propias personas internadas en el mismo, sabemos que en términos humanos es difícilmente entendible que nuestra política de inmigración y extranjería no tenga alternativas al CIE para dar cumplimiento a aquello que el CIE pretende garantizar, que es el retorno o la efectiva expulsión de una persona en situación irregular. En definitiva, es a lo que respondía la lógica de los centros de internamiento.

En este sentido, el trabajo que se hizo en el Parlament de Catalunya durante la pasada legislatura -y que yo sugiero a sus señorías que puedan conocer- plantea la necesidad de proceder al cierre de los centros de internamiento, singularmente al cierre del CIE en la Zona Franca, pero también al


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desarrollo de medidas cautelares alternativas al internamiento para cumplir los objetivos que nuestra legislación en extranjería mantiene. Ahí intuyo que quizás discreparíamos con el señor Expósito en algunas consideraciones de la actual regulación de inmigración. Mi grupo es partidario de que los ciudadanos extranjeros que pretendan residir en España entren por las vías legales. Somos partidarios de tener un marco legal que establezca también un régimen de sanciones para aquellas personas que incumplen con esa normativa legal y que ese régimen, como sucede en todos los países democráticos avanzados de nuestro entorno, incorpore la posibilidad del retorno de esa persona a su país de origen si no ha entrado por las vías que marca la legislación existente. Además, eso forma parte del acervo comunitario en materia de política de inmigración. Ahora bien, somos partidarios de que esa política sea más humana y, por tanto, que desarrollemos esos instrumentos alternativos al internamiento. En este sentido, el trabajo que hizo el Parlament de Catalunya abunda en esas distintas posibilidades de las medidas alternativas, que existen, y por tanto no deberíamos tener miedo a poder desarrollarlas.

Decía el señor Expósito, y tiene razón, que hemos convivido en Cataluña durante un periodo...

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

No veía el color rojo y me estaba animando. (Risas).

El señor PRESIDENTE: Se viene usted arriba muy pronto. (Risas).

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias.

Decía el señor Expósito, y tiene razón, que hemos convivido durante unos cuantos meses sin CIE en Barcelona y la política de inmigración en Cataluña no se ha desmoronado. Por tanto, nos parece que es posible tener una alternativa más humana al modelo de centros de internamiento.

En este sentido, votaremos a favor de la iniciativa del señor Expósito y le agradecemos que haya aceptado nuestra enmienda, que precisamente pone el acento en el desarrollo de esas medidas de carácter administrativo alternativas al centro de internamiento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

A efectos informativos, simplemente quiero decirles que como el minutaje está puesto a cinco minutos, hasta sobrepasar ese tiempo no salta la luz roja. Lo que sucede es que no lo tenemos para tres minutos.

Para presentar la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sahuquillo.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos algunas inquietudes del grupo proponente sobre la situación de los CIE, pero para justificar su petición en la exposición de motivos de esta proposición no de ley hay afirmaciones que no son exactas, que no se ajustan a la realidad, pues ni hay sentencias del Tribunal Constitucional, ni del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ni del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaren que el internamiento es contrario a la Constitución española ni a los tratados firmados por España. Los extranjeros privados de libertad en los CIE están encartados en un expediente de expulsión que, de igual forma, establece sus derechos, deberes y garantías, desde los relativos al control judicial sobre su situación, pasando por la libertad de sus comunicaciones postales y telefónicas o por la garantía del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal que el centro obtiene de ellos, hasta la asistencia de abogado, de interprete y sus comunicaciones con ellos y sus familias.

Ante la situación que aquí se plantea, desde el Grupo Parlamentario Socialista proponemos crear un grupo de trabajo en el que participen los ministerios afectados, el Defensor del Pueblo, fiscales y magistrados especialistas en extranjería, el Consejo General de la Abogacía, ONG y otros expertos para analizar en qué supuestos restringidos resulta imprescindible el internamiento para hacer eficaz el proceso de expulsión, así como la promoción de aquellas medidas alternativas a la privación de libertad y los medios necesarios para su implementación. Además, queremos que las conclusiones sean remitidas a la Cámara para su debate. Estamos persuadidos de que hay que cambiar el actual modelo de centros de internamiento para extranjeros, salvaguardando su carácter no penitenciario y garantizando los derechos de las personas; en especial, con unas condiciones de vida dignas, con acceso a la asistencia sanitaria psicosocial, a intérprete, a los servicios de asistencia jurídica y al contacto con familiares, amigos,


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entidades sociales y ONG; que estas personas no puedan ser privadas, en ningún caso, de ningún derecho que no esté limitado por la resolución judicial que acuerda el internamiento, o por las necesarias normas de convivencia de los centros. Por consiguiente, hay que modificar el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE regulados por el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, teniendo en cuenta los aspectos anulados por la Sala tercera del Tribunal Supremo en relación con el alojamiento separado que garantice la intimidad, la agrupación de familiares, la imposibilidad de internamientos sucesivos y para impedir la arbitrariedad de los funcionarios en los registros.

Señorías, proponemos crear una comisión mixta de seguimiento y apoyo permanente a los internos, repito, a los internos del CIE de la Zona Franca de Barcelona, que cuente con la participación de las distintas administraciones, las entidades locales y el Síndic de Greuges de Cataluña. Este es un compromiso inequívoco del Grupo Parlamentario Socialista, pues, en lo referente al CIE de la Zona Franca de Barcelona, no nos parece que el simple cierre suponga una solución en sí misma. Fíjense, si un inmigrante en situación irregular, con orden de expulsión, debe ser ingresado en Barcelona, ¿qué hacemos? ¿Le trasladamos a otra ciudad? ¿Le impedimos que pueda estar en contacto con sus familiares, amigos y la red de apoyo? Entendemos la inquietud por este CIE y, de ahí, que propongamos nuestra enmienda solicitando la creación de esa comisión mixta de seguimiento y apoyo permanente a los internos. Señorías, los socialistas, cuando gobernábamos, cerramos la Verneda, un lugar inmundo.

Termino, señorías. Hay que extremar las medidas para garantizar que se respeten íntegramente los derechos de las personas retenidas en estos centros asegurándoles una vida digna, que no se les prive de ningún derecho que la resolución del juez, por la que se acordó su internamiento, no hubiera limitado ya. No es timidez, señor Expósito, es responsabilidad y coherencia. Usted, en la parte final de su intervención, cuando se ha dirigido a la enmienda que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario Socialista ha mezclado churras con merinas. Lecciones sobre derechos humanos, las justas, señorías. Le pediría que si van a aceptar, como ha dicho, como enmienda de adición la enmienda del Grupo Democràcia y Llibertat, que se hiciera una votación separada por puntos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Vasco, señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.

Hablando de los CIE, lo primero que me viene a la cabeza es algo que no puedo olvidar y es aquella visita, a principios de la anterior legislatura, al centro de Aluche que nos organizó el ministro del Interior, el señor Fernández Díaz. Todavía no puedo olvidar cómo nos pusieron allí en fila a policías y parlamentarios hasta que llegó el señor ministro dándonos la mano a todos. Lo único que le faltó es haber llegado en helicóptero. Eso sí, había la tira de prensa, una barbaridad de cámaras. Recuerdo que en aquella visita, en la que nos quedamos preocupados por muchas de las circunstancias en las que se encontraba aquel centro de internamiento -y eso que no es uno de los peores centros comparado con otros-, el señor ministro hizo una promesa, que fue hacer por fin un reglamento y que fuera pactado y acordado con el resto de los grupos políticos. Allí mismo, en una mesa nos extendió un papel que luego retiró, y del reglamento no supimos durante mucho tiempo. Allá por el año 2014 aprueban un reglamento, no precisamente de forma consensuada, y resulta que viene el Tribunal Supremo, le anula unos cuantos artículos, y además tiene tres votos particulares muy duros en contra de esa regulación, insisto, hecha de manera no consensuada. Y esto tiene unas consecuencias más graves, porque es verdad que se dieron algunos pasos, por ejemplo, en 2009, con la creación del juzgado de vigilancia penitenciaria, pero el reglamento lo que hace es crear la figura de un director con unas competencias todopoderosas, de manera que muchas de las competencias del juez de vigilancia de los centros de internamiento quedan bastante limitadas. Por tanto, es también un paso atrás. Dentro de esos centros ha tenido siempre especial mala fama el de Barcelona, eso es indudable. Si además hay datos como el que se aporta por el grupo proponente, el dato objetivo de que en 2014 fueron expulsadas 11.817 personas, de las cuales 3.483 desde los CIE, tenemos que reflexionar seriamente. Si además tenemos en cuenta las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay que plantearse seriamente, si es imposible ponerlos en unas condiciones dignas y bajo la regulación, competencia o dictamen de los tribunales, hacer desaparecer los CIE. Por eso nosotros votaremos a favor de la resolución, tal y como se ha presentado, pero también lo haremos si se acepta la enmienda de Democràcia i Llibertat.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Hervías.

El señor HERVÍAS CHIROSA: Gracias, presidente.

Señorías, en referencia al CIE, es cierto que en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento de Cataluña, en el grupo de trabajo de revisión del modelo de los CIE, en concreto el de la Zona Franca, se hizo un trabajo exhaustivo, y se llegó a la conclusión de que ese CIE no tenía los requerimientos precisos ni estaba acondicionado para albergar no solamente a extranjeros que estaban esperando ser expulsados, sino a ningún ser humano. No lo denunciaban solo SOS Racismo o el Síndic de Greuges, sino que los propios controles internos de los CIE así lo decían. Por ello se puso en marcha ese grupo de trabajo dentro de esa Comisión del Parlamento de Cataluña, para buscar soluciones y ver qué necesidades había que cubrir. Era evidente que era necesario un servicio médico permanente las veinticuatro horas del día; que se tenía que facilitar y mejorar el acceso de los internos a pruebas radiológicas; que las medidas de higiene y salubridad debían mejorar, así como las garantías de defensa y comunicación y en este sentido, que se proveyera un servicio de traducción para las personas desde el mismo momento de su internamiento y también para su relación con los letrados asignados y las entidades sociales; que se garantizara el derecho a ser informado sobre el derecho de asilo. Es decir, faltaban muchos aspectos, y las obras que deberían estar desarrollándose en el CIE de la Zona Franca solucionarían -esa era la idea- la parte que no cumplía, pero nos encontramos en una situación que, tal y como ha mencionado el compañero socialista, no es un problema de que cerremos los CIE y el problema esté zanjado; no, tenemos la situación trágica del drama que se vive con la llegada de gente en busca de una vida nueva, una vida mejor que a veces no encuentran. También ocurre puntualmente que muchos de esos extranjeros llegan con delitos cometidos, tienen antecedentes; vienen con un carácter violento, han pertenecido o pertenecen a grupos violentos o asociaciones ilícitas, y también hay una cosa cierta y es que los extranjeros que no tienen esos antecedentes hoy en día ya se derivan hacia las ONG; por tanto, poco a poco se va mejorando.

La proposición que presenta Podemos defiende claramente el cierre, pero nosotros consideramos -igual que el Grupo Socialista- que lo que hay que hacer es un cambio de modelo, para lo que se debería constituir una comisión de trabajo y de seguimiento que nos permitiera conocer mejor la realidad de los CIE. Consideramos que con su cierre no vamos a solucionar la situación y que, por tanto, es necesario que existan estos centros para que los extranjeros con antecedentes o con delitos cometidos puedan estar vigilados y controlados hasta ser extraditados a su país de origen, lo cual a veces no se produce rápidamente debido a los problemas burocráticos que surgen especialmente con la documentación y las embajadas de esos países, cuestión que también habría que solucionar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, señora Navarro.

La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Comparezco en esta Comisión en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición sobre la proposición no de ley presentada por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea para la paralización de la reapertura del CIE de la Zona Franca de Barcelona.

Como bien saben, señorías, los CIE estaban previstos en la Ley Orgánica 2/2009 para adaptarlos a la normativa europea, y esa Ley Orgánica 2/2009 modificaba la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España, aprobada durante el Gobierno del Partido Socialista, en cuya disposición adicional tercera preveía su regulación reglamentaria compeliendo a aquel Gobierno a hacerlo en el plazo de seis meses. Y a pesar de las veces en las que el Gobierno socialista fue instado en esta Cámara a su desarrollo reglamentario, ha sido un Gobierno del Partido Popular el que afrontó su regulación, porque para el Ministerio del Interior en la pasada legislatura esta sí fue una verdadera prioridad.

Para la elaboración del Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, que regula el régimen interior y funcionamiento de los CIE, se contó con todas las entidades del sector. Quiero recordarles, señorías, que hasta catorce de ellas presentaron alegaciones al anteproyecto -desde Médicos Mundi a la Parroquia de San Carlos Borromeo, de Madrid- y que su texto fue fruto del consenso y del acuerdo. Además, los CIE no son solo garantía jurídica y salvaguarda de los derechos fundamentales de los internos, sino que son centros no penitenciarios. La medida que limita su derecho deambulatorio es una media cautelar y preventiva, acordada por el juez competente; no una medida administrativa, como también han dicho


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otros grupos parlamentarios en esta Comisión. Esta medida se adopta siempre bajo los principios de legalidad, de excepcionalidad y de control -claro que sí-, el control que ejerce el juez que acuerda la medida, que es el juez de instrucción competente del lugar donde se realiza la detención, el juez de instrucción del lugar donde radica el CIE, para tutelar los derechos de los internos. Por supuesto, también se cuenta con la supervisión por parte del ministerio fiscal, que vela por la adecuación y proporcionalidad de la medida. Por supuesto, también está la intervención que realizan en estos CIE el Defensor del Pueblo y los servicios de inspección de personal y de seguridad del Ministerio del Interior, así como la de organizaciones internacionales como el Consejo Europeo.

Garantía, derecho y transparencia de los CIE ha sido la tónica del Gobierno del Partido Popular, y tengo que recordarles que la primera visita que se hizo a los CIE se produjo durante el Gobierno del Partido Popular el 30 de marzo de 2012, como recordaba también el diputado del Partido Nacionalista Vasco. Esa fue la primera vez que se visitó un CIE, acompañados en este caso del secretario de Estado. Me alegra sinceramente que se preocupen, como nosotros, de los extranjeros en situación irregular que se ven privados de su derecho deambulatorio. Y, repito, la medida siempre se aplica de manera cautelar.

He de resaltar -ya que les gustan también los datos, como hace el grupo proponente- que los centros no están masificados -claro que no- y que la estancia media en los mismos no alcanza los veinticinco días, muy por debajo de la media de otros países europeos, cuando la ley prevé una estancia de hasta sesenta días. Pero es que, además, en el texto de la PNL el grupo proponente alude al elevado coste... (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Pues sí, señorías, claro que sí. La seguridad, la asistencia médica, la asistencia jurídica, la asistencia social de estas personas, bien lo merecen. ¿O prefieren que les dejemos en una situación de desprotección absoluta a los nacionales de terceros países, a riesgo de caer en las mafias que se lucran de estas personas que tan solo tienen el anhelo de una vida mejor? Además, les recuerdo que el Real Decreto 162/2014 ha permitido que estos servicios los puedan prestar terceras entidades públicas o privadas especializadas en el sector, y así ocurre como prueba de su calidad y de mejora de la calidad de estos servicios precisamente en el CIE de Barcelona, donde presta sus servicios la Cruz Roja española, buque insignia de las ONG españolas, y presta la asistencia jurídica el Colegio de Abogados de Barcelona en virtud de un convenio firmado con el Ministerio del Interior.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.

La señora NAVARRO LACOBA: No hagan demagogia con este tema, que es en parte jurídico y en parte sensible. Súmense a trabajar y no a destruir. Por supuesto el voto del Grupo Popular va a ser en contra. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Navarro.

- SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA LA UTE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE VILLABONA EN ASTURIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000255).

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo al punto número 6.º del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas urgentes para la UTE del centro penitenciario de Villabona en Asturias.

Tiene la palabra el señor Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.

En nuestros centros penitenciarios una buena parte de la población reclusa está relacionada con el tráfico y consumo de drogas. Por ello debemos apostar por medidas para reducir drásticamente la demanda en los centros penitenciarios. Para ello procede una correcta evaluación de la situación y las necesidades de los internos con el objeto de alcanzar una atención sociosanitaria de calidad y continuada. En el centro penitenciario de Asturias se estaba llevando a cabo hasta 2012 un acertado tratamiento terapéutico para internos drogodependientes en una unidad terapéutica y educativa de la prisión asturiana. Se trata de una experiencia exitosa reconocida de forma generalizada en España y a nivel internacional. La Asociación de Abogados Jóvenes de España le otorgó en 2005 su premio Derechos Humanos; el Gobierno de Asturias, su medalla de plata en 2007, el mismo año que fue seleccionada para formar parte de la primera organización mundial de emprendedores sociales, Ashoka, que en 2011 recibió el Premio


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Príncipe de Asturias de cooperación internacional. En 2012, en Dublín, fue uno de los cincuenta proyectos de emprendimiento social seleccionados entre más de 3.000 presentados. Contó también con el aval de la Comisión parlamentaria Mixta de Drogas en la pasada legislatura, tras la visita que la misma hizo a la unidad. Las intervenciones de todos los portavoces fueron de apoyo, sobresaliendo la de quien ejerció como portavoz del Partido Popular, el señor Villanova Rueda: Hablar de la UTE es hablar de don Faustino García Zapico, que está considerado como un transformador del sistema penitenciario en España y constructor de un modelo alternativo a la prisión tradicional.

No fue nunca una iniciativa escondida o relegada intramuros de la prisión, mantiene un alto grado de complicidad con diversas ONG asturianas -religiosas o laicas-, expertos en reinserción, la asociación de familiares de internos y en general con numerosos sectores económicos, políticos y sociales de Asturias. Nadie, en ningún momento, discutió la eficacia de la unidad como instrumento rehabilitador. La mejor prueba, los datos. Según un estudio universitario, sobre una muestra de 535 internos de los tratados entre 2005 y 2010, el nivel de reincidencia fue de un 16 %, tres veces menos que la reincidencia española, cuatro veces menos que la reincidencia europea. Pero, con la llegada en 2012 del nuevo equipo ministerial, se pusieron en marcha iniciativas para desmontarla sistemáticamente. De las filias de los diputados y senadores populares, que la visitaron y la halagaron, a la fobia ministerial, que consideró a sus responsables como refractarios al mando ministerial. Las consecuencias de su desmantelamiento progresivo se han notado además y para mal en toda la prisión asturiana: aumento de las muertes violentas o por sobredosis, o trifulcas con funcionarios e internos heridos. Les aseguro, señorías, que diversos portavoces en la anterior legislatura fuimos insistentes y hasta pertinaces con este tema; todos en la misma línea de apoyo, menos el Grupo Popular. Tuvo que cambiar hasta de portavoz para mudar de posición, de abogado defensor a acusación particular; la función de fiscalía ya la ejercía el Ministerio del Interior. Todo ello con un argumentario firme, negación de la evidencia, ante cualquiera de las denuncias presentadas, nada pasaba en la UTE asturiana, todo iba viento en popa. Y en esto llegó la Defensora del Pueblo y mandó parar la negación de lo obvio. Apoyó las denuncias y elevó recomendaciones, la última este mismo año. Dice: El objetivo era que se restaurase el modelo tradicional de funcionamiento, en un referente de intervención penitenciaria en España. Y sigue la Defensora: Este modelo se encuentra actualmente en riesgo de ser malogrado por la aplicación mecánica de la Instrucción 9/2014, cuando lo singular requiere un tratamiento específico, como individualizado ha de ser el tratamiento de cada interno. La insistencia de esta institución en que sea restaurado el proyecto del referido centro penitenciario no alberga otra finalidad que servir de apoyo a la parte más vulnerable en el presente conflicto, que es el privado de libertad y su proceso de reinserción mediante la participación en un muy exigente programa de intervención. Es decir, debe cumplirse el artículo 25 de nuestra Constitución: Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. La Defensora del Pueblo no acaba de lograr que sus recomendaciones se hagan realidad. Este es un Gobierno en rebeldía también con la Defensora del Pueblo y con el mandato constitucional.

El acoso a la UTE asturiana derivó en un grave deterioro del conjunto de la prisión, como he dicho. Hasta 2011 era la cárcel del Estado con menos incidentes, y en cuatro años ha ido evolucionando hasta situarse muy por encima de la media española. Solo un dato: en 2011 se registraron, según Instituciones Penitenciarias, 106 incidentes, uno por cada 13,6 internos; en 2014 se registraron 201, lo que significó uno por cada 6,7 personas, es decir, el doble. Entre los denominados incidentes alguno tuvo resultados trágicos, que evidenciaron el escandaloso deterioro dentro de la prisión. Vuelvo a la Defensora: En 2014 en las instituciones penitenciarias españolas se produjeron 25 fallecimientos a causa de reacciones adversas a las drogas. Y sigue, extrañada: En el Centro Penitenciario de Villabona se produjeron 3 fallecimientos por esta causa, siendo un centro que tradicionalmente se había destacado por diseñar y liderar un avanzado y reconocido programa de atención a personas privadas de libertad aquejadas de toxicomanía. También recoge en su informe de 2014: Por centros penitenciarios, destacan los 2 suicidios en la prisión de Villabona, Asturias. Se ha de resaltar que en seis centros penitenciarios, entre ellos el asturiano, se concentra un porcentaje superior al 50 % de los suicidios habidos en prisión en ese año.

En el informe del pasado año, presentado hace pocas fechas en esta misma Cámara, alertaba también la Defensora del Pueblo sobre el abandono de la enfermería del centro penitenciario de Asturias: deterioro de parte del instrumental, disfunciones en la coordinación con la red sanitaria asturiana, deficiencia en los suministros de fármacos los fines de semana. En dicha enfermería, en estado de abandono según la Defensora del Pueblo, falleció hace hoy una semana de una posible sobredosis un interno de treinta y tres años. Se ha llegado, señorías -voy acabando-, a unos niveles de deterioro de la UTE que cada día


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hacen más difícil su recuperación, como exige la Defensora del Pueblo, y al mismo tiempo la prisión asturiana ha llegado a un nivel de destrozo que solo se puede explicar por niveles importantes de incompetencia gestora en su dirección y por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Por eso pedimos de inmediato el cese de ambos responsables.

Por último, aprovechamos la última sesión de esta Comisión para solicitar, mediante una autoenmienda, el cambio de denominación de la prisión asturiana. La cárcel tiene actualmente el nombre de Centro Penitenciario de Villabona, a pesar de no estar localizado en dicha localidad. El mismo se le puso porque en 1991 se inauguró la estación ferroviaria de Villabona, la estación más importante y más cercana. El establecimiento penitenciario está en realidad en La Llaniza, a 4 kilómetros, por lo que su actual nombre, además de impreciso, lleva a confusión. Además una asociación de vecinos, la de Villardeveyo, lidera una iniciativa popular en el municipio de Llanera -al que pertenece- en favor de dicho cambio. Esa petición fue apoyada por todos los grupos municipales del ayuntamiento. Por todo lo anterior pedimos también que se cambie dicha denominación por la de Centro Penitenciario de Asturias.

Muchas gracias, presidente, por su compresión.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín. Entiendo que ha dado por defendida la autoenmienda que había.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Sí.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Seguimos con el Grupo Mixto, señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Una vez más se debate la situación que está atravesando el Centro Penitenciario de Villabona, en Asturias, y singularmente la deriva de su Unidad Terapéutica y Educativa, UTE, que lleva más de tres años de progresivo desmantelamiento. Hoy es en esta Comisión de Interior, pero de las lamentables circunstancias que atraviesa la UTE también se ha hablado en la Comisión mixta Congreso-Senado sobre Drogas, en varios de los ayuntamientos más importantes de Asturias, y también el pasado mes de marzo en el Pleno de la Junta General del Principado, el Parlamento autonómico, donde se aprobó por mayoría una iniciativa concluyente. El Defensor del Pueblo lleva varios años interesándose por este tema, llegando a elaborar incluso una recomendación específica que no ha sido atendida, como tuve ocasión de señalar con motivo del informe que doña Soledad Becerril presentó ante el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado día 13 de este mismo mes de abril. (El señor vicepresidente, Mateu Istúriz, ocupa la Presidencia).

Lo más llamativo de este asunto de la UTE de Villabona es que hablamos de una extraordinaria experiencia innovadora que unos funcionarios comenzaron a desarrollar con singular acierto en la antigua prisión de Oviedo, allá por el año 1992, y con el paso del tiempo fue un modelo de tratamiento penitenciario que, por ser gestado e impulsado por asturianos, era un orgullo compartido por todos, porque se trataba de un programa pedagógico ejemplar, reconocido, distinguido e incluso premiado. Con la UTE de Villabona se habilitaron diferentes módulos libres de drogas que evitaron además -esto es muy importante- que muchos presos se incorporasen al submundo marginal, peligroso y no pocas veces sin retorno de la cárcel tradicional. Se trataba -de ahí el acierto- de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, porque en la UTE el interno participa de un proceso que le orienta hacia la reinserción social, en lugar de caer y profundizar en la criminalidad, que es desgraciadamente lo que suele suceder en la subcultura de los presidios.

Desde 2012, como ha recordado el señor Trevín, curiosamente tras una inolvidable visita que parlamentarios nacionales de distintos grupos políticos hicimos a Villabona, donde nos reunimos toda la mañana con varis centenares de internos, se inició un creciente e incesante deterioro de la UTE. A partir de entonces se produjo el acoso de la dirección hacia sus funcionarios y una paulatina eliminación de la mayor parte de los coordinadores y educadores que han desarrollado los programas pedagógicos, que han permitido a muchos centenares de presos reinsertarse socialmente. De forma paralela a este deterioro de la UTE han crecido las incidencias y ha aumentado el tráfico de drogas en el interior de la prisión. Es decir, hay una relación causa efecto: a menos UTE, más drogas, más peligro, más subcultura y menos reinserción social.


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Señorías, a defender la UTE de Villabona venía yo a esta Comisión de Interior esta mañana, y nos encontramos, aunque no lo ha dicho, con una autoenmienda socialista que añade a su propia proposición no de ley la petición de cesar al secretario general de Instituciones Penitenciarias, lo cual reconvierte esta iniciativa en una moción de censura encubierta hacia toda la política penitenciaria del Gobierno. No estamos de acuerdo con esta artimaña de última hora que desenmascara al Partido Socialista. Resulta que a ustedes lo que verdaderamente les preocupa y motiva no es la situación de la UTE, sino cobrarse una víctima política del más alto nivel. La caza mayor se impone frente a la prioritaria recuperación del modélico funcionamiento de la UTE asturiana, y yo, que no tenía la menor duda en votar favorablemente la iniciativa original, no acepto ni me presto a esta pirueta socialista sobrevenida. Por tanto, si no retira esta autoenmienda, el voto del portavoz del Grupo Mixto, a petición de Foro, será negativo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el PNV tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: En aras de la brevedad simplemente diré que nos parece que la UTE es un elemento importante para el fin que debería tener toda la política penitenciaria. Por tanto votaremos a favor de la iniciativa presentada.

El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) tiene la palabra la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, presidente.

También tuve el privilegio de poder conocer esta UTE de Villabona en la legislatura pasada. Era un modelo de cómo reinsertar en la sociedad, que es al final a lo que tiene que tender la política penitenciaria derivada del cumplimiento de una pena. Por tanto daremos nuestro apoyo a esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Gracias, señora Ciuró.

Tiene ahora su turno de intervención, por el Grupo Podemos, la señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidente.

Señoras y señores diputados, agradezco, aunque no soy vocal de esta Comisión, poder intervenir precisamente por la temática como diputada por Asturias y también por la preocupación y el seguimiento de la situación, ya que hace unos años, cuando el funcionamiento de la unidad terapéutica y educativa de Villabona era el deseado, pude hacer desde mi trabajo profesional un documental sobre la misma, y personalmente también me preocupa esta situación. Quisiera en esta breve intervención -que sé que tiene que ser breve- dar algunos apuntes que enmarquen el tema. El primero es que pienso que hay un texto que en estas salas deberíamos citar mucho más, que es la Constitución española. En su artículo 25 establece que el fin de la pena privativa de libertad es la reinserción y la resocialización de las personas privadas de libertad. El ingreso en prisión no puede desconocer el principio de la individualización científica, a fin de responder a las carencias que las personas internas pueden presentar en el momento de su ingreso. Para ello se utiliza el sistema penitenciario. Podemos convenir en que estos principios que están recogidos en la Ley Orgánica General Penitenciaria no pueden ser desconocidos por parte de la autoridad encargada de gestionar las instituciones penitenciarias.

Unos datos para reflexionar que hablan de la baja cualificación de las personas presas, así como de una complicada relación con el trabajo en el momento de ingresar en prisión. Incluso siendo muy generosos con las categorías del INE, y según diversos estudios, es evidente que la sobrerrepresentación en la cárcel de las trabajadoras y trabajadores no cualificados, un 33,8 % frente a la de la sociedad en general que sería un 15,35 %, y de los trabajadores y trabajadoras vinculados a los servicios de restauración, un 22 %, frente a un 15,12 %, genera situaciones como que, sumando ambas categorías, tenemos un 56 % frente al 30,5 % que tiene la sociedad en general. Por el contrario, las ocupaciones que podríamos llamar de cuello blanco, con o sin título universitario, vienen a representar el 42 % de la pirámide ocupacional española, mientras que apenas representan el 15,6 % de las ocupaciones de las personas presas en España. Piensen ahora en la brecha salarial, en los sectores feminizados dentro del empleo, en aquellos


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no reconocidos laboralmente. En prisión la discriminación por razón de género muestra toda su potencia, de forma que las mujeres presas en ocupaciones poco o nada cualificadas vienen a ser el 75,3 % frente a los varones, que aunque es alto, es inferior, un 53,8 %. Hablemos ahora de la formación. El nivel menor de formación se encuentra sobrerrepresentado en prisión, 3,2 veces por encima del que sería su peso natural. Mientras tanto entre los universitarios lo está 3,9 veces por debajo de lo que sería esa proporción natural. Podríamos hacer una abstracción en la que podríamos decir que una persona adulta con estudios universitarios tiene 12 veces menos probabilidades de encontrarse en prisión que alguien con educación primaria o inferior.

En la legislación están recogidos distintos métodos de tratamiento que tienen que ver con la educación y con lo terapéutico. Pero en la realidad hay muy pocas personas presas que tengan tratamientos terapéuticos, ni planes educativos, ni formación, y la mayor parte de esas personas ven pasar los días, los meses y los años en el patio, inactivos. Ven pasar los días, los meses y los años sin hacer nada. La excepción en este panorama sería la Unidad Terapéutica y Educativa de Villabona. De hecho lo ha sido desde su funcionamiento en el año 1994. No me voy a extender en las virtudes y en las evidencias, porque creo que el diputado Antonio Trevín ya lo ha hecho perfectamente en su exposición de esta proposición no de ley, y solo quiero resaltar que en el año 2011 fue...

El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Señora Fernández, vaya terminando.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Voy terminando. Me pregunto, con los éxitos que sabemos y que se han citado anteriormente aquí de la UTE, en Villabona, teniendo en cuenta que nosotras en esta misma Comisión solicitamos que Ángel Yuste compareciese, y aun así no quiso hacerlo, dimos los informes del Defensor del Pueblo, hay una cosa que no entendemos, ¿cuál es la idea? ¿Destrozar los proyectos que son motivo de orgullo y que deberían expandirse a otros centros, ofreciendo soluciones reales a la situación de las personas presas? Vamos a pensar que ...

El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Le ruego que termine.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Pensaba que precisamente hoy no teníamos mucha prisa, por ser el último día. En cualquier caso compartimos con el Partido Socialista la solicitud de que se actúe con responsabilidad y que Ángel Yuste dimita de su cargo. También estamos de acuerdo con la autoenmienda que tiene que ver con el nombre...

El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Le ruego termine ya.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Estamos de acuerdo con la autoenmienda que tiene que ver con el nombre y esperamos que sea un centro de referencia para todas las personas privadas de libertad en Asturias.

El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Para el turno de fijación de posiciones tiene la palabra la señora Valmaña, del Grupo Parlamentario Popular.

La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista y manifestar que nos oponemos a la misma.

Hace hoy precisamente un año que comparecía en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas el secretario general de Instituciones Penitenciarias, y lo hacía precisamente por el mismo tema que hoy reitera el Grupo Socialista. La letra y la música de su petición no han cambiado, son las mismas: el desmantelamiento, el acoso y derribo. No se molestan ni en actualizar los términos que utilizan para motivar su proposición no de ley. Conclusión: petición del cese del director de la UTE, cese del secretario general, este último introducido en el último minuto, porque debe ser que se habían despistado y se les había olvidado pedirlo, y a última hora también una propuesta bastante extravagante de petición de cambio del nombre del Centro Penitenciario de Villabona por el de Centro Penitenciario de Asturias. Además, todo esto en una especie de cóctel impresionante en el que mezclan los presuntos problemas de la UTE con problemas en el centro penitenciario y la situación de la Administración penitenciaria en general en España.


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La verdad es que una cuestión que se reitera una y otra vez no admite otra cosa más que una reiteración también de la respuesta. Pero en una cosa sí que debo manifestar una coincidencia con el análisis que hace el Grupo Socialista. Sí es verdad que estamos ante una situación de acoso y derribo, orquestada además de manera fría y premeditada -añado yo-, pero es un acoso y derribo que tiene por único objeto cuestionar a un profesional, al director del Centro Penitenciario de Villabona, y cuestionar además de paso a muchos profesionales como los funcionarios de ese mismo centro penitenciario. Desconozco qué interés o intereses hay detrás de este acoso y derribo, este sí, existente a todas luces, pero de la insistencia en las iniciativas parlamentarias sobre esta unidad terapéutica, 36 sobre el modelo de UTE y 22 sobre cuestiones generales del centro penitenciario, que hacen un total de 58 iniciativas, se demuestra desde luego un interés inusitado por este centro. Y no deja de ser llamativo que se acuse de desmantelar un centro a los mismos responsables de extender el modelo. Fíjense si se ha extendido -como reclamaba hace un momento la portavoz del Grupo Podemos- que hasta hay 10 centros más en esta legislatura, haciendo un total de 25 centros con ese mismo modelo. Es decir, ¿que las mismas personas que apuestan de manera decidida por el modelo de UTE son las que quieren hacer que desaparezca este en concreto? ¡Vamos a ser serios, por favor! No creo que todo esto sea solamente para fastidiar a un determinado portavoz socialista. No sé qué interés puede achacarse al secretario general de Instituciones Penitenciarias para que destruya su propia criatura, un modelo de intervención y tratamiento en el centro penitenciario asturiano que consolidó siendo él director general de Instituciones Penitenciarias; pero lo que sí es muy llamativo es que, de las 24 UTE que funcionan con los mismos criterios, solo esta merece tan reiterada atención, y por goleada: 58 a 0.

La resistencia al cambio desde luego es una constante en la naturaleza humana, y en ocasiones la encontramos tan fuerte que la conocemos con el nombre de inmovilismo; el inmovilismo que demuestra el Partido Socialista que no es capaz de analizar, con un mínimo de objetividad, las importantes mejoras que se han introducido en esta y en otras UTE. La Instrucción 9/2014 que regula dichas unidades ha corregido algunas disfunciones importantes, ampliando las garantías y los derechos que se recogían en el contrato terapéutico original, y ese contrato terapéutico suponía precisamente una renuncia a la tutela judicial efectiva, de dudosa constitucionalidad. A lo mejor es que a ustedes no les parece bien esta mayor concreción de las garantías. Al Grupo Popular desde luego, nos parece muy bien. También nos parece muy bien que exista una misma regulación básica para todas las UTE. Los que creemos en la igualdad de derechos y deberes de los internos y en el imperio de la ley nos acogemos al marco organizativo y funcional que establece la Ley Orgánica General Penitenciaria, una ley modélica, por cierto, en su origen y en su evolución, que es capaz de afrontar los desafíos del siglo XXI gracias sin duda al talento de su autor, el profesor García Valdés, que la hizo moderna, flexible y dinámica, pero también a la inteligencia en su aplicación de quienes han tenido la responsabilidad año tras año, Gobierno tras Gobierno, de ofrecer caminos para la reinserción a través, entre otros, de las unidades terapéuticas. Esta instrucción viene a llenar un vacío normativo que dota de plena virtualidad a las UTE y también a la de Villabona.

Termino ya. En relación con la evaluación anual del funcionamiento de los módulos terapéuticos cuantitativa y cualitativa solo añadiré que la valoración es extraordinariamente positiva, ya que en ellos el interno toma conciencia del problema de su adicción, y a partir de ahí es posible ir trabajando valores y hábitos que le permitan, en paralelo, la rehabilitación y la reinserción.

El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Termino ya.

Diversos estudios afirman que el tratamiento de la drogodependencia puede llegar a reducir la reincidencia en un 30 %. Estos resultados son importantes porque hablan de segundas oportunidades. Por eso la apuesta del Grupo Popular es por que la Administración penitenciaria pueda continuar trabajando en esta línea, ampliando la implementación de estos módulos terapéuticos en todos los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado, y la UTE de Villabona no es una excepción. Dejar trabajar a los técnicos, ...

El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Tiene que terminar, señora Valmaña.

La señora VALMAÑA OCHAÍTA: ... confiar en su criterio y apoyar sus esfuerzos es sin duda alguna la mejor forma de conseguirlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Señor Trevín.


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El señor TREVÍN LOMBÁN: Gracias, señor presidente.

Intervengo para decir que mantenemos la autoenmienda que presentamos. Lamento que sea un inconveniente para el representante de Foro, pero sería ilógico que desde el Congreso se pidiera el cese de un director y no del responsable del mismo. Y también lamento que el Grupo Popular vaya a votar lo contrario de lo que votó en la Junta General del Principado hace dos meses.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Gracias, señor Trevín.

Finalizada esta proposición no de ley... (El señor Lorenzo Rodríguez pide la palabra). ¿Sí, señoría?

El señor LORENZO RODRÍGUEZ: Nosotros no hemos intervenido, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Es que no le he visto pedir la palabra.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Es que no tenemos que pedirla. Nos la tiene que conceder usted, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): De acuerdo, disculpe. Tiene usted la palabra, señor Lorenzo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor LORENZO RODRÍGUEZ: El Grupo Parlamentario Ciudadanos, integrado en esta Comisión de Interior, va a apoyar esta proposición no de ley sobre medidas a aplicar a la UTE del Centro Penitenciario de Villabona, en Asturias. Señorías, la Constitución española en su artículo 25 dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. En los centros penitenciarios una buena parte de la población reclusa tiene relación con el tráfico, consumo y patologías derivadas de las drogas, al no haber podido desengancharse de las mismas, además de compartir celdas y patios con otros delincuentes más o menos peligrosos, autores de otros delitos. Por eso, dentro de un máximo esfuerzo por parte de las instituciones, se debe impedir la entrada de sustancias estupefacientes y dotarles de apoyo médico, terapéutico y psicológico. No olvidemos que la labor más importante es la reinserción de los internos y conseguir, una vez extinguida su condena, su vuelta a la sociedad y encontrar una actividad laboral. Fruto de ello, al principio de los noventa un educador y una trabajadora social, con la autorización del director de la prisión, inician un proyecto en la cárcel de Villabona, partiendo de la premisa de que la prisión no funciona porque el espacio carcelario se comporta reproduciendo dentro el ambiente marginal y subcultural de la calle, al juntarse internos de todas las variantes: drogadictos, traficantes, atracadores, homicidas, etcétera, y donde prima la ley del más fuerte sobre el débil. Este proyecto se denomina UTE, Unidad Terapéutica Educacional, y cuenta con el apoyo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, siendo su éxito tal que se va extendiendo a otras cárceles españolas e incluso europeas.

En la actualidad hay diversas asociaciones que luchan por apoyar esta UTE, tales como Proyecto Hombre, Fundación Patim, Fundación APIP y Proyecto Fénix, desde donde diversos exinternos que han sido tratados, padres y madres de reclusos, médicos, jueces y fiscales piden que no se escatimen esfuerzos ni dinero, ya que lo más importante es la reinserción y rehabilitación. Uno de los reclusos tratados en Villabona dice: Sin la UTE yo no estaría aquí. Para salir del círculo carcelario y delincuencial se necesita ayuda. Es el único sitio que he visto, en dieciséis años en la cárcel, en que se cumple el artículo 25 de la Constitución española. Juan Valverde, un famoso psicólogo, manifiesta que las UTE funcionan como una cárcel alternativa, donde los presos tienen la posibilidad de volver a dar la cara a la vida para salir adelante. Y añade: La UTE saca al preso de la mentira, le hace arreglar su pasado y motiva su futuro.

Señorías, podría seguir haciendo comentarios, todos favorables. Yo he visto a cientos de jóvenes y no tan jóvenes, a principios de los años ochenta, destrozados por las drogas, deambulando por las calles; parecían muertos vivientes, hubo familias destrozadas por este motivo. Por ello apoyamos esta proposición, para seguir trabajando por nuestros reclusos. Cambiemos y adoptemos las medidas que sean necesarias por parte de las instituciones para que se vuelva a hablar en positivo de la UTE de Villabona, iniciadora de este proyecto y no de los reclusos fallecidos o de los problemas que actualmente existen y que tanto daño nos hacen en los periódicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


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- SOBRE CONCESIÓN DE CONDECORACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000543).

El señor PRESIDENTE: Concluido este punto, pasamos al 7.º, proposición no de ley del Grupo Socialista sobre concesión de condecoraciones en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tiene la palabra la señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hablamos hoy de honores y distinciones. Unos versos de El alcalde de Zalamea, un drama de honor, quizá sean apropiados para la hora: Al rey, la hacienda y la vida se ha da de dar/ pero el honor es patrimonio del alma... El honor hoy es el que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el drama -lo adelanto- es la pésima gestión y arbitrariedad del ministro del Interior en esta legislatura en la concesión de honores, distinciones, medallas y cruces, pensionadas o no, muy especialmente en lo que respecta a personas ajenas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y el deshonor es la cuestionable política de nombramientos de la cúpula del Ministerio del Interior, una de cuyas últimas muestras es el nombramiento, como agregado de Interior en la Misión diplomática permanente de España en Panamá -cueste lo que cueste-, de un inspector jefe de Polícía cuyo único mérito policial conocido es haber sido jefe de escolta del presidente Aznar, del año 2002 a 2004, y entre 2004 y 2014, cuando ya el presidente Aznar no estaba en la Moncloa.

Señorías, qué no estará pasando en la Policía Nacional para que alguien como el periodista Jiménez Losantos afirmara ayer mismo en Madrid, en una tertulia pública, que Asuntos Internos de la Policía Nacional debería ser la Guardia Civil. Hay un estado de opinión generalizada entre los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, en los sindicatos profesionales, y desde luego yo creo que la opinión pública lo ha captado perfectamente, acerca de que la legislatura de Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior ha supuesto un retroceso en la democratización interna y externa en el ámbito de la seguridad ciudadana en España, amparado por una mayoría absoluta del PP en el Parlamento. La marca de la casa de Interior es: honores públicos, historial y expedientes privados y sin motivación.

Uno de los grandes damnificados de esa filosofía y de esta etapa es justamente el ámbito de la Policía Nacional. El ministro deja la X Legislatura, y espero que también pronto el Gobierno, con el dudoso honor de tener a la Audiencia Nacional requiriéndole que justifique todas y cada una de las medallas o de las condecoraciones con que galardonó al Cuerpo Nacional de Policía en 2015. Señorías, en 2015 el ministro entregó cerca de 500 condecoraciones a personas ajenas a la institución, un 40 % más que el año anterior. Es inevitable ironizar al respecto, porque parece que el ministro reparte honores como aquel que dispensa el pan. En ese popurrí de honores policiales que nadie entiende, porque insisto en que nadie en el ministerio explica la motivación, hay que destacar el núcleo duro de la cuestión, porque tiene efectos económicos. Y aquí ya hay que estar muy atentos.

El reparto de cruces al mérito policial con distintivo rojo, las pensionadas, supone una compensación mensual para los beneficiarios del 10 % del salario, con carácter vitalicio; se mantienen cuando el policía o el beneficiario, guardia civil también podría ser, está jubilado y son acumulables. El Sindicato Unificado de la Policía ya denunció en 2013 que este tipo de reparto de las pensionadas se había convertido en un elemento de corrupción, y entre el resto de sindicatos las calificaciones van del descrédito a la vergüenza. Les daré unos mínimos datos. En 2011, el último año de legislatura socialista, se repartieron 119 cruces rojas pensionadas, en 2015 fueron 192, un 61 % más. En 2011 se concedieron 8 medallas en la escala superior y en 2015 se ha pasado a 35, es decir, se ha multiplicado por cuatro, y en la escala ejecutiva se ha multiplicado por dos. Pero los policías de operaciones, los que se baten el cobre en al calle, merecieron en 2015 respecto a 2011 solo un aumento de tres medallas en la escala de su dirección y perdieron en la escala básica dos medallas. Goleada de medallas para los despachos frente a la calle. En este contexto, lo último de un Gobierno en funciones y descontrolado, entre comillas, es la distinción de comisario de honor al periodista Francisco Marhuenda, y esto ya es la gota que colma el vaso. No sabemos los méritos oficiales -ni oficiales ni no oficiales- del señor Marhuenda a favor de la Policía, porque el expediente, para variar, con la posible motivación, es materia reservada. No sabemos los méritos, pero sí conocemos perfectamente sus deméritos, hasta el punto de que el SUP ha interpuesto una querella criminal contra el ministro ante el Tribunal Supremo en fecha 19 de abril, hace pocos días, y es que el demérito lleva precisamente la firma de dos sentencias judiciales recientemente sancionadas contra el señor Marhuenda, que han sido ya ratificadas, por intromisión en el honor del ex jefe superior de Policía en Cataluña, por lo


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que ha sido condenado el señor Marhuenda y la empresa editorial a indemnizar con 30.000 euros. Parece que carece de toda lógica que el ministro otorgue la distinción de comisario honorario a alguien que persigue con imputaciones falsas a un alto cargo de la Policía Nacional, dañando gravemente la honorabilidad de esa persona, y no solo de esa persona sino, en conjunto, de todo el cuerpo. Y, claro, la broma viene de suyo. ¿Se pondrá el uniforme el comisario Marhuenda cuando redacte la editorial del periódico conservador próximo al Ejecutivo del PP? ¿O quizá lo llevará en las tertulias de La Sexta para impresionar a periodistas y políticos como si fuera un sheriff del lejano oeste? Dicho nombramiento, a falta de una motivación clara y expresa conforme a ley, supone, como mínimo, una falta de respeto a los funcionarios de la Policía Nacional y es que muy pocos consiguen a lo largo de toda su vida llegar a comisarios e incluso aquellos que han sido ya profesionales del cuerpo y comisarios no reciben todos el grado de comisario honorario, que es algo muy valorado por el personal.

La preocupación por lo que está pasando en la Policía Nacional se dispara ya cuando nos enteramos de que el Gobierno crea una plaza de agregado de Interior en Panamá para el jefe de escolta del expresidente Aznar y que la designación -ojo al detalle- se formalizó en agosto de 2014 cuando en realidad el puesto se creó ocho meses más tarde. Panamá no es un destino, a lo que se ve, como cualquier otro. Panamá tiene unas connotaciones en el mundo de los paraísos fiscales que ahora los papeles de Panamá han puesto desde luego en el foco de la noticia, y la noticia en ambos sentidos tiene recorrido, porque las funciones de un agregado de Interior son valiosas en el marco de los procedimientos que se investigan en España cuando se pide la colaboración del país en cuestiones locales y, a la vez, le permite acceder a informaciones relevantes en el destino sobre los casos sobre los que se pide colaboración. Señorías, ninguna decisión es inocente. En 2013, el Gobierno del Partido Popular firmó un convenio, casualmente con Panamá, para la lucha contra la delincuencia, cuyo listado de delitos a perseguir omite, ¡oh casualidad!, los de la delincuencia económica. La adjudicación de la plaza de Panamá al inspector ex jefe de escolta del expresidente Aznar ha sido recurrida en los tribunales por otros candidatos. El Grupo Socialista ha dirigido varias preguntas, pero decayeron antes de que fueran contestadas en la anterior legislatura. Hemos vuelto a presentar preguntas y otra vez la legislatura se nos va el próximo lunes. Señorías, muchas coincidencias, algunas casualidades, otras quizá no tanto, pero, en cualquier caso, la opacidad del ministro del Interior, del ministro Fernández Díaz, no hace sino alimentarlas.

Termino, señorías. Como ustedes verán, las competencias y las materias que tiene encomendadas el ministro Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior son de gran trascendencia, pero el estilo político y su toma de decisiones nos recuerdan a veces los guiones de películas de acción policíaca, de espías, de cine negro o de drama político en algunas ocasiones; a veces, las menos, parece una comedia de situación, pero siempre con el lema: basado en hechos reales. Con la trayectoria que le caracteriza, quizás esté esperando ahora como regalo de despedida darnos la sorpresa y nombrar comisaria honoraria a su famosa y muy preciosa perrita Lola. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: ¿Entiendo, señora Botella, que da por defendida la autoenmienda? (Asentimiento).

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Santos.

El señor SANTOS ITOIZ: Para que la argumentación de esta moción pueda llegar a la calle, igual hay que ponerse en la piel de un guardia civil o de un policía nacional o de un mosso d'Esquadra, de cualquiera que esté patrullando las calles hoy en día y que diga: a mí me corresponde esa honrada labor de defender y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos -que tanto decimos aquí y que tanto repetimos-. Eso depende de dos cosas, una de ellas es que él o ella tenga una remuneración justa. Ya hemos hablado antes del intento en el Senado de plantear ese tipo de remuneraciones justas, con el voto en contra del Partido Popular y de Ciudadanos, por lo tanto no me extiendo en ello, pero hay otra cosa que si se quiere es más anecdótica: que haya un sistema de recompensas justo, es decir, un reconocimiento general a la labor que se hace, y eso, normalmente, aunque sea con carácter honorífico -y no entraremos en el teatro del Siglo de Oro-, podemos hacerlo a través de lo que llaman las recompensas y en este caso, con lo que estamos hablando en este momento, a través de las medallas. Si nos vamos a la piel que está debajo del uniforme, ¿ustedes se imaginan a un policía nacional o a una policía nacional o guardia civil que va a un bar y le dice a un amigo: me han dado una medalla. El amigo le dirá: muy bien, igual que a la Virgen. ¿Qué le responde en ese momento? En ese momento ella o él lo que piensa es que su medalla no vale absolutamente nada. Tampoco es que queramos comparar los méritos al patrullaje de una persona de


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este calibre con la Virgen, por ejemplo, pero se han repartido medallas a troche y moche, a vírgenes, a santos e incluso, como recordaba la portavoz del Grupo Socialista, se han planteado ahora comisarías de honor con méritos que se nos antojan como poco dudosos y no repetiré lo de las dos condenas judiciales que hay. Eso, ¿qué determina? Que haya un pensamiento general de esa persona que está debajo del uniforme de que: se deprecia mi trabajo. Realmente, las personas que toman la decisión desde el ámbito político lo que están haciendo es equipararme a nada.

Si hacemos una pedrea de medallas -ya no entramos en que se esté pagando con medallas otras cuestiones-, lo que haremos será desvirtuar este sistema de recompensas y, en última medida, no premiar el servicio público y, por lo tanto, depreciar el servicio que estas personas vayan a dar a los ciudadanos, que es lo que realmente nos importa. Todo ello por no entrar en otras cuestiones como que desde el Ministerio del Interior se han otorgado medallas pensionadas a jueces, lo cual ya se nos antoja racionalmente un poco complicado, porque desde qué punto de vista el Poder Ejecutivo premia con una medalla al Poder Judicial dándole una cantidad de dinero, Poder Judicial que tiene que controlar las actuaciones de este Poder Ejecutivo. Esto ha sucedido.

En consecuencia, ¿qué ocurre en general? Primero, hay una devaluación de estas recompensas y, segundo, esta devaluación se hace porque no hay ningún tipo de transparencia en el expediente por el que se debería motivar de una manera racional su concesión. Esta es la segunda cuestión que nos interesa y que está incluida en la moción que presenta el Grupo Socialista. Por lo tanto, para evitar que esto se convierta en arbitrario, que perjudiquemos el servicio público y además que se convierta en un medio para otorgar favores políticos e incluso dar lugar a la corrupción, debemos abrir ese expediente, debemos hacer partícipe a la ciudadanía -en especial a las personas que participan de ese servicio público, sindicatos, etcétera- de la motivación de ese expediente. Por todo ello, votaremos a favor de esta proposición.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Ciudadanos, señor Lorenzo.

El señor LORENZO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la concesión de medallas a la Policía fue creada mediante decreto de 18 de junio de 1943, con el objetivo de disponer de un modo de premiar a la Policía por sus acciones destacadas tanto en servicios extraordinarios practicados como por trabajos o estudios de sobresaliente interés científico o de técnica profesional. La creación de las medallas se elevó a rango de ley el 15 de mayo de 1945 y se extendió la pensión correspondiente a los familiares inmediatos en el caso de que el condecorado lo fuera por muerte en acto de servicio. Al inicio había tres medallas: oro, plata y bronce. Por Ley 5/1964, de 29 de abril, además de precisar las causas que podrían originar la concesión de las medallas, se eliminó la de bronce y en su lugar se crearon las categorías de cruz al mérito con distintivo rojo y cruz al mérito con distintivo blanco. Esta ley también asoció a todas las categorías recompensas económicas, excepto en la cruz con distintivo blanco, mediante pensión aneja a la distinción y proporcional al sueldo. La medalla de oro o de plata normalmente se suele dar por muerte, mutilación o heridas graves en acto de servicio, dirigir o realizar un servicio de trascendencia, etcétera; respecto del distintivo rojo, por ser herido en acto de servicio o por causa de él, tres o más servicios en los que medie agresión con armas, por un hecho abnegado o que manifieste alto valor, con peligro para su persona o de prestigio al cuerpo, y también por conducta que merezca especial recompensa por riesgo personal. No voy a aludir a las de distintivo blanco.

Hoy en día se entregan durante la celebración del patrón de la Policía, los Ángeles Custodios, y no están exentas de polémica al ser cuestionadas en muchas ocasiones sus concesiones tanto por los funcionarios policiales como por los sindicatos. Las otorga el ministro del Interior a propuesta del director general de la Policía, previa conformidad de la junta de gobierno policial. Durante años, con los Gobiernos del PSOE y del PP, se han ido concediendo cruces policiales a personas ajenas a la institución policial, personas relevantes muchas de ellas: médicos, actores, actrices, periodistas, deportistas, abogados, empresarios, etcétera, que, si bien han podido contribuir o colaborar en determinados momentos, nadie ha explicado sus méritos para tal concesión, creando malestar entre los agentes policiales y por supuesto a los sindicatos.

A la vista de lo expuesto y dado que son muchos los años en que se conceden estas cruces al mérito policial tanto a funcionarios como a personas ajenas a la institución, lo más conveniente sería derogar el Decreto de 1964 y elaborar uno actualizado a estos tiempos, en el que consten los criterios a seguir y mérito de los funcionarios, basados principalmente en su capacidad, estudios, destinos, servicios


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realizados y peligrosidad de los mismos. Esta es una de las enmiendas que hemos presentado hoy. En cuanto a las personas ajenas a la institución, igualmente se deberá reflejar sus méritos y motivos por la propuesta a realizar y que no sea por amiguismos o afinidad política, y si son merecedores de una distinción por sus colaboraciones, apoyos, etcétera, incorporar una distinción diferente a las incluidas dentro de las del mérito policial, ya que estas solo deben ser entregadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Hace poco fue aprobada también en esta Comisión la anulación de un concurso de vacantes que ha habido para comisarios principales. Señorías, no va a poder ser en esta legislatura; ojalá sea en la próxima y estemos todos en la misma Comisión. Lo que quiere la Policía y también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es ser totalmente independientes, tener un reglamento para no depender del partido que esté gobernando, sino que estén a disposición de España y de todos sus ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Se lo agradezco, señor presidente. La verdad es que se me habían ocurrido un par de comentarios jocosos, pero dada la hora que es voy a dejar aquí mi turno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Por Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat), señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.

La verdad es que el tema es sugerente y si don Francisco Ibáñez leyese el "Diario de Sesiones", creo que le sacaría muchísimo jugo a esta intervención en este punto del orden del día que tocamos hoy. Por tanto, dejaré la intervención aquí para votar a favor de la proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Popular, señora Cortés.

La señora CORTÉS BURETA: Muchísimas gracias, señor presidente.

Se ha hecho ya referencia a la ley. Es la Ley de régimen de personal de la Policía Nacional la que prevé la posibilidad de otorgar la distinción de funcionario honorario de la Policía Nacional a personas que no habiendo pertenecido al citado cuerpo se hubieran distinguido por los merecimientos contraídos en virtud de la labor realizada a favor del mismo. En ese sentido, tengo que recordar que es práctica habitual que la Policía Nacional reconozca los méritos de personas e instituciones ajenas al propio Cuerpo Nacional de Policía o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque, si atendemos a lo que algún portavoz ha dicho, va a parecer que estas distinciones o nombramientos los ha inventado el Partido Popular en general y, más en concreto, el actual ministro en funciones del Interior.

Entre otros colectivos, los representantes de los medios de comunicación, por su innegable protagonismo en la sociedad, han sido objeto en muchas ocasiones de esas distinciones. Sirvan de ejemplo tres en 2005, uno en 2006, dos en 2008, tres en 2009, uno en 2010, cuatro en 2011, esos condecorados, señorías, todos correspondientes a Gobiernos del Partido Socialista. En la X Legislatura, con un Gobierno del Partido Popular, los condecorados han pertenecido a muy variados medios de comunicación: La Sexta, Onda Cero, El Mundo, La Razón, El País, ABC, Telecinco, Agencia EFE. ¿Qué pasa, señorías? ¿Es que los nombramientos del PSOE son de mejor condición que los nombramientos del Partido Popular? No me gustaría, señorías, que de esta breve legislatura y de estos días el Partido Socialista se quedara con alguna de las manifestaciones o de los ejemplos que hemos visto, fruto quizá de esas negociaciones o de esos acercamientos que han tenido con algunos otros grupos parlamentarios, y que uno de ellos fuera precisamente el enfrentamiento con la prensa que considera enemiga. No me gustaría que eso fuera así.

En cuanto a la concesión de la distinción de comisario honorario a don Francisco Marhuenda García, director del periódico La Razón, quiero destacar dos aspectos, en primer lugar, los méritos acumulados por el señor Marhuenda a lo largo de estos años prestando destacados servicios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en defensa y protección del ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos desde sus responsabilidades en los medios de comunicación. (El señor Trevín Lombán: ¡Bueno!). Es notoria y de todas conocida la trayectoria del condecorado en defensa del buen nombre y


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de las actuaciones de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de la preocupación por sus víctimas y de la defensa también de las víctimas del terrorismo. Por este motivo, voy a recordar que ya el entonces vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, don Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció sus méritos concediéndole el 16 de septiembre de 2009 la cruz al mérito policial con distintivo blanco. Por tanto, no es de extrañar que, como continuación de los méritos acumulados por el señor Marhuenda, le haya sido otorgado, previa aprobación de los órganos correspondientes, un nuevo reconocimiento, esta vez en forma de nombramiento como comisario honorario. En segundo lugar, en el otorgamiento de esa distinción se ha cumplido de manera estricta la normativa aplicable: tramitación del correspondiente expediente, aprobación por la junta de gobierno de la Policía el 7 de enero de 2016 y la propuesta al ministro del Interior por el director general de la Policía. En definitiva, no deja de ser sorprendente que la condecoración otorgada al señor Marhuenda por el entonces ministro del Interior, señor Rubalcaba, fuera del total agrado del Grupo Socialista y la concedida por el actual ministro no lo sea. La única diferencia, señorías, entre un caso y otro es que la primera la otorgó un Gobierno socialista y la segunda un Gobierno del Partido Popular, porque la personalidad condecorada es la misma. (El señor Martín-Toledano Suárez: Va a ser que sí).

Quiero hacer una referencia a algo que también se ha dicho en esta sala. He de señalar que en el procedimiento judicial por un supuesto delito de intromisión en el honor de un ex jefe superior de Policía al que se hace referencia en la exposición de motivos de la proposición no de ley y que va dirigido contra el periódico La Razón, en estos momentos no existe sentencia firme por ser susceptible de recurso al Supremo la citada resolución.

Termino, señor presidente, solamente diciendo que puedo entender los motivos que cada grupo parlamentario tenga en contra de la condecoración concedida al señor Marhuenda, pero desde el Partido Popular nunca intentamos desviar unos motivos, que pueden ser muy legítimos -que no nos guste un determinado periodista o tener prejuicios respecto a un determinado periodista-, pero nunca ponemos en duda, nunca hemos puesto en duda el cumplimiento de la legalidad por ningún otro grupo. Nos gustaría que a nosotros nos tuviesen la misma consideración.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

- RELATIVA A LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000333).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º del orden del día: PNL sobre colaboración y coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cuerpos de Policía local, presentada por el Grupo Popular. Para ello tiene la palabra la señora Álvarez Arenas.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes ya a estas horas. El Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición no de ley para continuar en la línea de los trabajos que ha venido realizando el propio Ministerio del Interior como consecuencia de sucesivos convenios que se han venido firmando, el original, que nace en el año 2002, firmado por el entonces ministro señor Acebes, para continuar por el convenio marco más general que lo amplió sustancialmente, que fue el de 2006, firmado por el señor Pérez Rubalcaba, y ligeramente ampliado en 2007 para los aspectos de Policía judicial, todo ello en relación -como he dicho- con el convenio marco para la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales y que se firmó con la Federación Española de Municipios y Provincias. Todos estos a los que me he referido están vigentes y están siendo desarrollados bilateralmente a través de convenios con los ayuntamientos que, en respeto a la autonomía municipal, están queriendo firmar estos convenios para mejorar la coordinación y también para conseguir potenciar las juntas de Seguridad, ... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, un poco de silencio.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: ... mejorar la agilidad y ser más eficaces en los trabajos de colaboración entre ambos cuerpos, el de Policía, Guardia Civil y policías locales, y evitar desde luego duplicidades que en nada sirven a la sociedad, además de intercambiar la transmisión mutua de información relevante para la seguridad ciudadana y también permitir, como es lógico, una mayor racionalización en


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un sistema tan importante como es el de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros con esta iniciativa es instar al ministerio a que incremente y siga desarrollando esos convenios.

Me voy a referir a dos enmiendas que se han presentado. Respecto a la del Grupo Parlamentario Socialista tengo que decirle a su portavoz que la veo muy sugerente pero muy poco aclaratoria. Parece como que quiere decir pero no dice y realmente no vemos que sume nada ni que sea aclaratoria -insisto- respecto a lo que propone el Grupo Parlamentario Popular. Es más, habla de formación cuando en este campo hay que ser bastante cuidadosos, porque las competencias para la formación de policías locales están claramente residenciadas en las comunidades autónomas. Por lo tanto entiendo que la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista no solo no aclara, sino que es confusa, insisto, es sugerente, pero para nada aclaratoria.

En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), entiendo que sí tiene una parte de razón y que el Grupo Parlamentario Popular debe corregir ese pequeño error que hay ahí o esa mala interpretación que puede darse, porque nosotros nos referimos lógicamente a que este convenio se firme en el contexto del pleno respeto a la autonomía municipal, y es verdad que falta decir también: el pleno respeto a las competencias que las comunidades autónomas tienen en este terreno de la seguridad ciudadana. Hay una aportación importante y por eso hemos presentado una enmienda transaccional a dicho grupo en el ánimo de que pudiéramos tener un entendimiento, porque, insisto, entendemos que mejora el texto de nuestra propia PNL. Además, hemos aprovechado esta transaccional para añadir algo que nos parece importante, que el ministerio realice evaluaciones periódicas de la aplicación de este convenio, de cómo está funcionando con cada uno de los respectivos ayuntamientos que ya lo han firmado o que en esta instancia que hacemos al Gobierno puedan seguir firmándose. Nos gustaría que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) pudiera aprobar esta transaccional, que es absolutamente respetuosa y escrupulosa, insisto, con los estatutos de autonomía y que quedaría redactada de la siguiente manera: El Congreso de los Diputados manifiesta al Gobierno la necesidad de coordinación y colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de Policía local y en ese sentido, de acuerdo con lo contenido en la Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y con el convenio marco de colaboración entre le Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, insta al Gobierno a: continuar con la elaboración de convenios específicos con los distintos municipios, con pleno respeto al principio de autonomía local y -aquí añadimos- a las competencias en materia de seguridad de las comunidades autónomas que, con arreglo a sus estatutos de autonomía, ostentan competencias -y las fijo exactamente conforme a los estatutos- para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público. Nos ceñimos exactamente a que en este campo de colaboración con las policías locales en materia de seguridad ciudadana se respete profundamente lo que dicen los respectivos estatutos de autonomía. En un segundo punto que hemos añadido en esta transaccional, se pondría: realizar evaluaciones periódicas en la aplicación de dicho convenio en los distintos municipios.

Esperamos, señor presidente, que esto pueda ser aprobado por el enmendante. Esta sería la propuesta del Grupo Parlamentario Popular para un tema muy importante de coordinación en beneficio de la seguridad de todos los ciudadanos españoles.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

En el trámite de enmiendas, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.

Ya sabe la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que no podemos aceptar la transaccional y así se lo hacemos saber al presidente de antemano. Aquí hay un problema de fondo importante y, mientras no se resuelva, querer interpretar a medias tintas, unos de una manera y otros de otra, no lo soluciona. Los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza son policías integrales y lo que hacen según sus estatutos es sustituir en el territorio de sus respectivas comunidades autónomas las labores que hacen la Policía Nacional y la Guardia Civil, excepto en materias supracomunitarias que vienen definidas expresa y taxativamente en los estatutos. Para todo lo demás hay una sustitución de cuerpos en esos territorios: son las policías autonómicas integrales correspondientes. El ámbito natural de relación con los municipios en Cataluña y Euskadi son esas fuerzas de seguridad. La coordinación y la relación natural con las policías locales tiene que ser con aquellos que han sustituido en sus competencias a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, porque, insisto, solo tienen una serie de competencias que no tienen nada que ver con lo relacionado con lo local.


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Llama además la atención este afán coordinador con las policías locales cuando resulta que se está pidiendo una coordinación en materia de datos e incluso de presencia en foros de los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza y esto se deniega. Me llama mucho la atención ese contraste. Aquí hay un problema de filosofía. El Estado -lo voy a centrar por no generalizar el conflicto-, el Ministerio del Interior sigue obsesionado en pensar que la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra son unas policías de segunda categoría, unas policías locales o provinciales. Esto no es así, porque el propio ordenamiento jurídico establece que no es así. Por tanto, agradeciéndoles su esfuerzo, no podemos aceptar la transaccional. Preferimos que queden las cosas claras.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Serrada.

El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco que hay una concepción de filosofía distinta en cuanto a lo que debe ser la coordinación entre las policías locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esa distinta concepción de filosofía de lo que debe ser esta coordinación es lo que nos ha llevado a presentar una enmienda que voy a tratar de explicarle en mi intervención a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular para que entienda esa diferencia de filosofía y de concepción de la coordinación y para que entienda cuál debe ser la autonomía local y cuál debe ser la autonomía de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de las policías locales.

Si algo nos ha quedado claro sobre cómo el PP trata de solucionar los problemas de los ciudadanos, es la aplicación de sus dos fórmulas magistrales: o bien los guardan en un cajón y esperan a que el tiempo pase o bien confían en la ayuda de nuestro amplio santoral. A veces estas soluciones las aplican aisladamente y otras tenemos la desgracia de padecerlas conjuntamente. La proposición no de ley que nos presentan hoy en la Comisión tenemos la desgracia de que sufre ambos problemas. Respecto a la coordinación de la Policía local con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ustedes decidieron guardar el asunto en un cajón en el año 2012. Hoy lo abren y lo primero que hacen es confiar en sacar adelante una propuesta que carece de sentido, porque no responde en absoluto a las demandas que en estas materias hacen ni las policías locales, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni siquiera la Federación Española de Municipios y Provincias. Ni siquiera tiene que ver con la propuesta que plantearon en esta Cámara en el seno de esta Comisión hace cuatro años y es la de desarrollar una comisión de trabajo conjunto entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias para trabajar en la renovación del convenio suscrito entre ambas instituciones en el año 2006 en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial, seguridad ciudadana y seguridad vial, no un protocolo integral como ustedes mantienen.

Pretenden poner un parche para solucionar una situación que preocupa, y mucho, a los ciudadanos: su seguridad. Pero donde ahora quieren parchear, en junio de 2012, instaban, a través de una proposición no de ley, a desarrollar un proyecto de coordinación de los cuerpos de seguridad del Estado con las policías locales, nada más y nada menos. ¿Recuerdan aquella PNL? ¿Recuerdan su frenética actividad durante aquel año, en el que el ministro del Interior se comprometió a desarrollar el proyecto de ley y a crear una comisión de trabajo entre el ministerio y la FEMP? Deberían acordarse, porque acabaron tan cansados de esa ingente tarea -que es traer a esta Comisión dos propuestas- que decidieron descansar durante cuatro años. ¿Qué es lo que ha pasado en estos cuatro años? Lo que ha pasado es que ni comisión, ni proyecto de ley, ni nada de nada; todo lo guardaron en el cajón. Y mientras ustedes descansaban, nuestro grupo ha intentado buscar soluciones de fondo a un asunto tan relevante como es la seguridad de los ciudadanos; soluciones en forma de propuestas que han sido rechazadas por ustedes en varias ocasiones aplicando el rodillo de su mayoría sin prestarse al acuerdo ni al consenso.

Afortunadamente, ese tiempo no volverá, tomen nota para la próxima legislatura. Pero miren, nuestra posición sobre la coordinación entre la Policía local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no ha variado. Se las recuerdo, quiero recordárselas para que vean lo específico de nuestra propuesta y de nuestra enmienda: buscar un acuerdo que respete el reparto competencial entre las administraciones implicadas; preservar el Estatuto existente entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad; someter cualquier acuerdo al Consejo de Política de Seguridad de la Federación Española de Municipios y Provincias; financiar desde el ministerio cualquier nueva competencia que se atribuya a la Policía local; y respetar la voluntad de la corporación local definiendo qué necesidades requiere cada ayuntamiento para poder


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prestar nuevas competencias. A los recortes económicos que han aplicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ha unido el recorte en la voluntad de mantener los mecanismos de coordinación establecidos legalmente y que tan buenos resultados han tenido a lo largo del tiempo. Y es que el primer paso que tenemos que dar es el de recuperar todos los instrumentos operativos que ustedes han ido vaciando de contenido.

Desde mi grupo hemos presentado una enmienda de modificación a su propuesta, porque estando de acuerdo en la necesidad de buscar una mayor coordinación entre la Policía local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no podemos estar de acuerdo en el modo en que ustedes lo plantean. Esta enmienda pretende buscar una solución de verdad, y no para salir del paso al final de esta breve legislatura. Retornemos a la situación anterior a su llegada al Gobierno que, créanme, en esta materia y en otras es mejor que la que nos vamos a encontrar; volvamos a dotar de contenido a todos los mecanismos de coordinación existentes y busquemos los medios oportunos para que las policías locales puedan adquirir más competencias en igualdad de oportunidades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.

Como previa diría que cuando la señora Escudero me ha reprochado que hubiese presentado la iniciativa por parte de mi grupo en esta Comisión, pensaba que el Grupo Popular no tenía ninguna, porque creo que esta PNL va a correr la misma suerte que la que va a correr la nuestra como consecuencia de la finalización de la legislatura. Sin embargo, señora Escudero, no les cuestiono la legitimidad y derecho de poder presentar donde quieran y cuando quieran, y más si hay Comisión de Interior, las proposiciones que ustedes tengan a bien considerar. Me gustaría que nos hubiese respetado también el derecho a presentarla porque había Comisión, que es lo que hemos hecho.

Dicho esto, nosotros no queremos bajo ningún concepto, como también se ha dicho por parte de algún otro portavoz, echar a nadie de ningún sitio, simplemente queremos que se respeten las competencias y que la policía integral de Cataluña actúe en las funciones de policía integral. Tal es el respeto que tenemos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, que en nuestras juntas locales de Seguridad acuden, porque están convocadas -como no puede ser de otra manera- las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nuestro compromiso y lealtad con la seguridad y el buen ejercicio de nuestras competencias en beneficio de nuestra ciudadanía es tal que no podemos permitirnos el lujo de que aquellos profesionales que están también implicados en la coordinación y en la seguridad de los ciudadanos no estén presentes en las juntas locales de Seguridad, que tienen la obligación de convocar al Govern de Catalunya que de hecho convoca y no hace como el Estado español, que no cumple con la reunión de las juntas locales de Seguridad, convocando allí a las policías integrales de cada territorio, palabra esta -policía integral- que me gustaría que incorporasen también en pleno cumplimiento del reparto competencial que existe en el Estado español.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prieto.

El señor PRIETO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la cooperación y coordinación policial, superando la pugna de intereses corporativos, puede ser el motor general e inductor de un nuevo enfoque policial, de ahí la conveniencia y necesidad de llevar a cabo todos los esfuerzos para buscar fórmulas que permitan estrechar lazos de solidaridad entre los cuerpos policiales, cualquiera que sea la Administración de la que dependan. La coordinación es un principio básico de la organización administrativa de rango constitucional. La Constitución española establece que la Administración pública debe servir con objetividad a los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sumisión plena a la ley y al derecho. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, regula el principio de cooperación entre las administraciones. La Ley Orgánica 2/1986 dedica el título V a la Policía local, mencionando sus cometidos, su dependencia, sus funciones y su ámbito de actuación, que se


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circunscribe al territorio municipal, salvo situaciones de emergencia o escolta. Para estrechar los lazos de unión y colaboración se regulan, mediante reglamento, las juntas locales de Seguridad, dando cumplimiento así a lo dispuesto en la ley orgánica. Esta ley contempla no solo órganos de coordinación operativa sino también de coordinación informativa, facilitando así cauces de canalización que permiten la colaboración de los sectores sociales e institucionales. Las juntas locales de Seguridad, presididas por el alcalde o el delegado del Gobierno o el subdelegado, desempeñan, entre otros, los siguientes cometidos: Establecer bases para una mejor coordinación y cooperación entre distintos cuerpos; analizar y valorar la situación de la seguridad ciudadana; elaborar el plan local de seguridad; proponer las prioridades de actuación y acciones conjuntas; arbitrar fórmulas para intercambio de información o efectuar el seguimiento de los acuerdos alcanzados.

En definitiva, señorías, ya existe un procedimiento estatal para la coordinación entre la Policía local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales a través de las juntas locales de Seguridad, a las cuales asisten los responsables de los diferentes cuerpos policiales, y ahí se enmarcan los ámbitos de actuación y cooperación. A pesar de ello, y en aras de una mayor y mejor colaboración y utilización de todos los recursos humanos de que dispone la Administración, apoyamos esta proposición no de ley para que se siga trabajando en definir líneas maestras de actuación bajo la tutela de las juntas locales de Seguridad, con el objetivo final de una mejor seguridad y convivencia para nuestros ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Prieto.

Por el Grupo de Podemos, señor Santos.

El señor SANTOS ITOIZ: Buenas tardes.

Intervengo muy brevemente para manifestar que nos abstendremos en esta proposición no de ley porque, aun siendo loables los esfuerzos que pueda hacer el Gobierno en relación con la coordinación de seguridad con los mecanismos ya previstos por la ley, esto es poner un parche a los problemas que realmente tenemos y que no somos capaces de abordar o que el Gobierno ahora en funciones no ha sido capaz de abordar. Se ha dicho muchas veces que el sistema policial español, teniendo una de las plantillas más numerosas que hay en la Unión Europea, es también uno de las más ineficientes. Hay regiones y lugares de España donde la ratio de policía por habitante es abrumadoramente mayor que la que existe en países avanzados de la Unión Europea y, sin embargo, en la práctica vemos que este fin que pretendemos, que es aumentar la seguridad ciudadana, que para eso tenemos plantilla, tenemos policía, está resultando ineficaz, incluso hay lugares donde hay guerras de policías o se superponen, digamos, cuatro cuerpos policiales. A veces, lo que podemos tener es la tentación de leernos la ley y desgranar cada una de las medidas que, teóricamente, para coordinar se establecen, y pretender que la letra de la ley sea lo que existe en la realidad. Por tanto, no nos oponemos, obviamente, a que haya convenios de colaboración, pero creemos que lo que hay que hacer es abrir de una vez el melón para ver realmente cuáles son las competencias que pueden tener los diferentes cuerpos policiales y respetar las competencias de los diferentes cuerpos policiales autonómicos en relación con la policía integral. Aquí aprovecho como navarro para nombrar a la Policía foral que, aunque sea el cuerpo más pequeño, muchas veces ni siquiera se la nombra y únicamente hablamos de Mossos d'Esquadra o de la Ertzaintza.

Dicho esto, hay una cuestión que se ha abordado en esta Comisión, que convendría debatir sin ningún prejuicio ideológico y que me temo que se va a votar negativamente. Se trata del acceso a los datos de todas las policías para ejercer esas funciones. ¿Por qué digo prejuicio ideológico? Porque, a veces, lo que se plantea es un a priori, es decir que si otorgamos medios o competencias a determinadas policías, lo que estamos haciendo es echar a otras o algo por el estilo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que lo que todos tenemos que tener en la cabeza como objetivo común es mejorar la eficacia del servicio que se presta al ciudadano, que es un servicio público. En ese sentido, creemos que este debate es más importante, que hay que abordarlo seguramente desde la racionalidad y con cambios legales y es por lo que marcamos la abstención de nuestro grupo ante esta proposición.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santos.


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- RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000353).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, punto 9.º, proposición no de ley relativa a la elaboración de un plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Tiene la palabra el señor Martín-Toledano.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Buenas tardes, señor presidente.

Señoras y señores diputados, en primer lugar, quisiera manifestar el apoyo y solidaridad del Grupo Popular y entiendo que del resto de los grupos al agente del Cuerpo Nacional de Policía que sufrió una brutal paliza en el metro de Madrid el pasado 17 de abril, propinada por cuatro jóvenes con antecedentes policiales y que fueron inmediatamente puestos en libertad.

En relación con la proposición no de ley, tengo que decir que estoy seguro de que todos los grupos políticos aquí representados estamos convencidos de que la trata de seres humanos con fines de explotación laboral es la esclavitud del siglo XXI. Es uno de los negocios ilícitos más lucrativos que practican las mafias organizadas y que tiene una repercusión mundial. Contra este negocio vergonzoso y abominable deben luchar todos los Estados de forma contundente y coordinada. La ONU, en sus estimaciones, afirma que la trata afecta a más de 2,4 millones de personas. Según el balance de 2015 de prevención y lucha contra la trata de seres humanos en España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desarrollado más de 4.000 inspecciones preventivas, con la identificación de más de 10.000 personas por actividades relacionadas con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Han sido desarticuladas 15 organizaciones o grupos criminales. Se ha liberado de su cautiverio a más de 810 víctimas, mayoritariamente mujeres. Durante el año 2015 fueron detenidos por delitos relacionados con la trata de personas 346 individuos. Estos escalofriantes datos demuestran la necesidad de poner en marcha soluciones a medida para reducir la vulnerabilidad como potenciales víctimas de personas que se encuentran en una situación de desamparo, muchas de ellas inmigrantes irregulares.

El Gobierno ya aprobó un plan integral contra la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual para el periodo 2015-2018, que está dando muy buenos resultados. En concreto, instituciones europeas a todos los niveles están poniendo este plan como ejemplo para la lucha contra la explotación sexual. Esa es una buena noticia para este Congreso, que aprobó ese plan, y para las instituciones españolas. En atención a este buen precedente del Plan de lucha contra la explotación sexual, consideramos necesario y oportuno elaborar un plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, teniendo en cuenta el que está ya en funcionamiento, porque hay que coordinar ambos planes -muchas veces la explotación sexual y la explotación laboral tienen relación-, considerando además que el nuevo plan debe tener como objetivo la prevención, la persecución de las mafias y la atención a las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral para lograr su recuperación después de sufrir esa traumática experiencia, todo ello teniendo en cuenta los casos que afectan a los menores, como merecedores de una especial protección.

En este sentido, hemos negociado y acordado con el Grupo Socialista una transaccional para dotar de más fuerza y contenido a lo que debemos hacer no solo en cuanto a prevención y persecución, sino también en cuanto al amparo a las víctimas. Entendemos que hay que darle una cobertura social, una cobertura educativa y una cobertura médica y laboral, porque son personas que han sufrido una experiencia traumática y que se encuentran desamparadas en nuestro país. Por tanto, tengo que felicitarme porque ha sido sencillo, nos hemos entendido muy bien con el Grupo Socialista. Hemos intentado también alcanzar un acuerdo sobre la otra enmienda presentada por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), pero la definición de a quién pertenecen las competencias policiales integrales o no integrales, etcétera, no ha hecho posible el acuerdo, aunque creo que coincidimos en la importancia del tema. También hemos mostrado la transaccional al Grupo Ciudadanos, que ha adelantado su respaldo a la misma, así que quiero agradecer estas negociaciones y estos acuerdos, porque creo que son muy positivos para luchar contra esta lacra.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martín-Toledano.

Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) el señor Esteban.


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El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.

De verdad, le agradezco al señor Martín-Toledano la disposición que ha tenido y su esfuerzo. Es así y lo tengo que reconocer. Sé que su voluntad era llegar a un acuerdo. Claro que sí estamos de acuerdo en que el problema de la trata de seres humanos es muy importante y que sería conveniente hacer un plan integral. No voy a repetirme en lo que ya he afirmado. El problema es nuclear y tiene que ver bastante con lo que he comentado en el punto anterior. Al final, la lucha contra este crimen, sea con fines de explotación laboral o cualquier otro, no es tarea solo encomendada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también a otras policías. Con nuestra enmienda lo único que queríamos era reflejar eso, que, efectivamente, hay más policías con estas competencias y, por otra parte, que todas ellas se coordinen. No nos parece mal que se haga un plan integral, pero desde la aportación que puedan hacer todos. Creo que más que dificultades con el grupo parlamentario, hay más dificultades con el ministerio. No es que quiera cargar las tintas con el ministerio, pero me ha hecho pasar cuatro años más cuatro meses, así es que ha sido poco comprensivo. (Un señor diputado: Suena a condena). Suena a condena, ¿verdad? Cuatro años y cuatro meses. (El señor presidente, Merino López: Y un día.-Risas). Por lo tanto, no voy a aceptar la transaccional que se me propone, pero en aras de la importancia que tiene este asunto, que es un verdadero problema en toda Europa, lo que voy hacer es abstenerme.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Para defender la enmienda de Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidente.

No nos encontramos con la trata de personas ante un fenómeno que surja ex novo, sino que nace vinculado a la globalización y a las fallidas políticas migratorias. La política migratoria de la Unión Europea, lejos de perpetuarse como un modelo de protección de los derechos fundamentales, se está convirtiendo en el baluarte del cierre de las fronteras, lo que significa el favorecimiento del propio delito de la trata de seres humanos. Estamos hablando de, al menos, 10.000 niñas y niños en este último año desaparecidos en un proceso migrante por Europa. Voy a hablar muy rápido para que me dé tiempo esta vez.

Desde Podemos-En Comú Podem-En Marea encontramos en esta proposición no de ley unas medidas que nos parecen insuficientes. De ahí nuestras enmiendas para la elaboración de una ley integral que se enfrente a la trata, así como medidas para acabar con el blanqueo de capitales que generan estos delitos, que generan ganancias de los criminales. Consideramos que para acabar con este execrable, repugnante y cosificador delito se hace preciso realizar un abordaje integral del fenómeno y esa es nuestra propuesta. Para ello nuestro país debe ratificar instrumentos internacionales que están inexorablemente vinculados con la trata de seres humanos con fines de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso. Mencionamos especialmente el Protocolo número 14 del Convenio de 1930 de la OIT, sobre le trabajo forzoso, así como su recomendación número 203. No podemos seguir intentando acabar con este fenómeno de un reino de taifas aprobando planes deslavazados y desvinculados de los ya existentes y consensuados en la comunidad internacional. (Rumores). Hay algo que querría añadir -quizás así capte un poco la atención de las personas que ahora mismo generan un poco de ruido y distraen a quien está hablando- y es si conocen el trabajo que se hizo, la documentación que se recogió en la Comisión de la condición jurídica y social de la mujer en Naciones Unidas. Fue el pasado mes de marzo y tres diputadas del grupo que presenta ahora mismo esta proposición no de ley asistieron -igual que lo hice yo- por parte de la delegación española. Allí se habló de tráfico de personas y de trata de mujeres, porque cuando decimos trata de blancas parece que olvidamos que es tráfico de mujeres por el hecho de ser mujeres y también por el hecho de ser niñas. Con esta proposición no de ley parece que no les transmitieron lo que se habló, que hicieron oídos sordos o -perdónenme- que no se entendió lo que allí se dijo, porque la senda abierta por Naciones Unidas es la que debemos seguir, y esto tiene que ver con la Ley integral contra la trata y tráfico de personas.

Estamos hablando de esclavitud, de un problema antiguo con forma nueva, y me van a permitir que cite a Castelar, aunque use unos términos un poco patriarcales y masculinizados, pero como estamos hablando de 1870, del 20 de junio en concreto, van a entender que utilice esos términos masculinizados. Decía: ¡Ah, señores diputados! La propiedad supone cosa apropiada. Probadme que el negro es una cosa, probadme que es como vuestro arado, como el terrón de vuestra tierra, que no tiene ni personalidad, ni alma, ni conciencia. Si un hombre -o una mujer- puede ser objeto de propiedad, todos los hombres


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-o todas las mujeres- pueden ser objeto de propiedad. Por este motivo presentamos estas enmiendas que entendemos, por la primera intervención, que no han sido tenidas en cuenta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Castañón.

Por el Grupo Socialista, señora Sierra.

La señora SIERRA ROJAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, voy a ser muy breve. Con la enmienda que ab initio ha presentado el Grupo Socialista hemos querido que de una vez por todas se dé cumplimiento a la trasposición de la Directiva europea 2011/36, dado que la misma establecía como fecha límite de aplicación en nuestro ordenamiento jurídico el 6 de abril del año 2013, y a día de hoy todavía no se ha traspuesto por completo la normativa europea. Presentamos la enmienda de modificación -aunque no obviamos la buena y justa finalidad social del Grupo Popular-, porque la iniciativa nos parecía un poco pobre o significantemente ridícula en su contenido, pues no contempla las directrices de la propia directiva europea. No olvidemos que el Partido Socialista hizo el primer Plan nacional contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, y es una pena que el mayor conocimiento que incorporó ese primer plan no le sirviera al Partido Popular en estos cuatro preciosos años para poderlo incorporar al actual Plan integral contra la trata de seres humanos. Lo ideal hubiera sido no tanto un plan integral que abarcara el tema de la trata, sino abarcarlo todo en un proyecto de ley que acaparase todas las modalidades de trata de manera específica.

Señorías, la trata de seres humanos constituye una grave violación -lo sabemos todos- de los derechos humanos y está prohibida explícitamente por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Como bien indica la directiva europea que ahora intentamos que se trasponga definitivamente, se trata de un delito grave cometido a menudo en el marco de la delincuencia organizada -es decir, las mafias-, y dado que el objetivo de la directiva europea es preservar y velar principalmente por la dignidad humana, prohibir la esclavitud, el trabajo forzoso y la trata de seres humanos, así como preservar y velar por los derechos de los niños o los derechos de la infancia, así como por el derecho a la libertad y a la seguridad, entre otros, es por lo que las autoridades policiales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los Estados miembros, deben seguir cooperando y coordinándose para reforzar la lucha contra la trata de seres humanos, siendo esencial que se mantenga una estrecha colaboración fronteriza o transfronteriza en este caso.

Me llamó la atención en su momento que el Grupo Popular solo mencionara al principio en su proposición no de ley a modo de ejemplo el sector agrícola, en cuanto a la trata de seres humanos con fines de explotación se refiere, dado que obvió, quizá por error o por omisión involuntaria, la existencia de otras formas de explotación laboral, como pueden ser también la trata en el servicio doméstico o, por ejemplo, la mendicidad forzosa, que está considerada por la Organización Internacional del Trabajo como un trabajo o servicio forzoso. En muchos casos las víctimas de estos delitos son explotadas y utilizadas para delinquir y son delitos que afectan tanto a mayores de edad como a niños -el carterismo, los hurtos en las calles los tenemos día a día en nuestras ciudades-. Por tanto, señorías, es urgente un consenso entre todas las fuerzas políticas para luchar contra esta forma de explotación, actuando con contundencia y eficacia en la prevención y en la persecución del delito para que estas mafias traficantes y los nuevos esclavizadores de este siglo no se instalen en nuestro territorio y no tengan lugar en este país, tal y como dispone la directiva comunitaria. Debemos asegurar a todas las personas víctimas de este tipo de trata la prestación de servicios básicos, como la salud, el acceso a la educación, a la asistencia social y, cómo no, asegurarles la recuperación integral a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de explotación laboral.

Por ello, señorías, les informo de que hemos aceptado una transaccional con el Grupo Popular, pues no solo es necesario alcanzar ese consenso de todas las fuerzas políticas, sino también trasponer de una vez por todas la Directiva comunitaria 2011/36 del Parlamento Europeo y del Consejo. Por otro lado y por añadidura, señorías, el Grupo Socialista, dado que está finalizando esta legislatura -acaso le quedan unas horas para finalizar-, se compromete en la próxima a instar al Gobierno mediante una proposición de ley a que presente un proyecto de ley que abarque toda esta temática.

Muchas gracias, señorías.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Lamento que el reportero gráfico que usted tenía, que se interponía entre su señoría y este presidente, me haya impedido verla en su intervención. (Risas).

Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat), señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, presidente.

Nosotros nos vamos a abstener en esta proposición no de ley y lo digo porque el fenómeno de la trata debería ser abordado de una forma integral, vía un plan integral, vía una ley integral. Esto es algo que tampoco quedó claro cuando, en la legislatura pasada, finalizamos los trabajos de la subcomisión, trabajos que concluyeron a finales de 2015 precisamente sobre la explotación sexual, trata y tráfico de seres humanos. Quedó pendiente y reconocido el hecho de que no era bueno abordar el fenómeno de la trata solo desde un punto de vista, es decir, desde el punto de vista de la explotación sexual, o en este caso desde el punto de vista de la explotación laboral. Es un fenómeno integral, un fenómeno que atenta gravemente contra los derechos humanos y que requiere una respuesta clara y contundente. No creemos que hacer planes sectoriales, planes temáticos -si se me permite la expresión- contribuya en absoluto a afrontar con garantías el fenómeno ni a ayudar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su coordinación para atajarlo de raíz, sobre todo en origen. Entendemos que deberíamos proponernos un trabajo serio para poder abordar el fenómeno de la trata de una manera integral y no hacer un plan para cada fenómeno distinto, como puede ser el laboral, el tráfico de personas, de mujeres, la trata de menores, el tráfico de órganos. Por tanto, no podemos dar nuestro apoyo a esta iniciativa -como he manifestado- y en todo caso seguiremos trabajando en ello en la próxima legislatura.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Ciudadanos, señor Salvador.

El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero situar que, tras los delitos de tráfico de armas y de drogas, el de la explotación laboral es un negocio perverso que mueve más de 32.000 millones de dólares en el mundo. Por tanto, podemos ver la magnitud y la fortaleza que tiene precisamente para intentar combatirlo, es decir, hacen falta muchísimos recursos. Cuando hablamos de explotación sexual afecta a un 79 % y el trabajo forzado a un 18 %. Entendemos que la esclavitud del siglo XXI, como bien se ha definido, al final se convierte en casos de lesa humanidad, porque al final es un problema transnacional que afecta a todos los Estados. No estamos de acuerdo con que esto simplemente tenga que ver con la política migratoria de tal o cual país, porque es algo que afecta a todos los lugares y a todos los países del mundo.

Entendemos que perseguir la trata es una obligación internacional. Compartimos el contenido del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 2.1, que define que es una obligación de los Estados salvaguardar las vidas de las personas en el ámbito de su jurisdicción, y por eso estamos de acuerdo con lo que aquí se ha planteado. También compartimos la propuesta de Podemos y la del Grupo Socialista -lo compartiremos también en la próxima legislatura- de una ley integral contra la trata de personas, pero entendemos que en este momento hay que actuar y que, independientemente de que esté terminando la legislatura, no pasa nada por poner el foco en concreto en ese plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Compartimos el fondo de la cuestión y la forma en que se aborda; compartimos también, como bien ha explicado la representante del Grupo Socialista, la necesidad de la trasposición de la Directiva 2011/36 de la Unión Europea y entendemos que todo esto tiene que hacerse, pero desde un enfoque de políticas integrales, un enfoque orientado hacia las víctimas y más allá de la respuesta penal, sobre todo garantizando el derecho de estas víctimas a un recurso efectivo que incluya la indemnización, la recuperación, la restitución, la satisfacción y la garantía de no repetición, porque este es un tema que afecta a todos, pero particularmente a las personas víctimas de estos delitos que entre todos tenemos que intentar erradicar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Vamos a dar comienzo a la votación. (El señor Trevín Lombán pide la palabra). Señor Trevín.


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El señor TREVÍN LOMBÁN: Señor presidente, no sabemos cómo queda la PNL del punto 5.º definitivamente y sería bueno clarificarlo ahora en lugar de hacerlo justo al llegar a la proposición.

El señor PRESIDENTE: La citada proposición no de ley es una transaccional con el punto 1 y 2 de Podemos y el punto 3 del Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat), si no estoy mal informado.

El señor TREVÍN LOMBÁN: ¿Se puede votar por puntos?

El señor PRESIDENTE: No.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la votación.

Punto 1.º

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Punto 2.º

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Punto 3.º

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Punto 4.º

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 5.º

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 27; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 6.º

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Punto 7.º

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Punto 8.º

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 1; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Punto 9.º

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Para terminar, señorías, como es la última sesión, quiero dar las gracias a los servicios de la Cámara, a los letrados, a las taquígrafas, a los miembros de la Mesa, a todas sus señorías y a los portavoces por la colaboración que han prestado y les deseo la mejor de las suertes en lo personal a todos. (Aplausos).

Se levanta la sesión.

Eran las cuatro y treinta minutos de la tarde.

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