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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 62, de 27/04/2016
cve: DSCD-11-CO-62
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 62
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles,
27 de abril de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Relativa a situar la I+D+i como una prioridad política y social para nuestro país. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000087) ... (Página2)

- Sobre las entidades de tenencia de valores extranjeros. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000411) ... (Página9)

- Sobre el control de los plazos de pago de los contratistas adjudicatarios de obra pública a sus suministradores y subcontratistas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000232) ... (Página15)

- Relativa a promover y facilitar el crecimiento empresarial y garantizar la unidad de mercado. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000443) ... (Página22)

- Relativa a recuperar el gasto presupuestario en I+D+I del año 2009 y conseguir que en 2020 el 3 por ciento del PIB se destine a investigación y desarrollo. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). (Número de expediente 161/000535) ... (Página29)

- Sobre la elaboración de un plan integral de lucha contra el fraude. Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000568) ... (Página35)


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Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- RELATIVA A SITUAR LA I+D+I COMO UNA PRIORIDAD POLÍTICA Y SOCIAL PARA NUESTRO PAÍS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000087).

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Si les parece damos comienzo a esta sesión de la Comisión de Economía y Competitividad. Les hago algunas pequeñas advertencias. En principio, como quedamos en la reunión de Mesa y portavoces, el tiempo de que van a disponer como máximo para la exposición de las proposiciones no de ley será de diez minutos, pero entiéndanme, inflexibles. Para los turnos de defensa de enmiendas, en contra o de fijación de posiciones dispondrán de cinco minutos, igualmente inflexibles. Tenemos seis proposiciones no de ley y yo calculo que su debate nos va a llevar unas cuantas, y teniendo en cuenta que esta tarde hay Pleno, sería deseable terminar a una hora prudente.

Vamos a comenzar la presentación y debate de las distintas proposiciones no de ley por su orden, salvo la segunda y la tercera, presentadas respectivamente por Esquerra Republicana y por el Grupo Parlamentario Mixto, que van a intercambiar sus posiciones por acuerdo entre los dos grupos. Por tanto, la segunda en tratarse será la presentada por el Grupo Mixto y la tercera será la presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Como yo todavía no sé muy bien lo que va a durar cada proposición no de ley, si me permiten ustedes vamos a desarrollar el debate de la primera proposición no de ley, y a la vista de su duración podremos fijar más o menos la hora de votación.

Sin ninguna otra observación damos comienzo al debate de la primera proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y relativa a situar la I+D+i como una prioridad política y social para nuestro país.

Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista para su presentación.

La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Muchas gracias, señor presidente.

Tengo que empezar la defensa de esta proposición no de ley diciendo que sin duda para el Grupo Socialista es una prioridad política absoluta -no habrá una España del siglo XXI si no pasa por el conocimiento, por el talento, y eso en gran medida tiene que ver con la ciencia, con la innovación y con la transferencia del conocimiento-, pero no puedo hacerlo sin manifestar que es una lástima que no tengamos la capacidad de aprobar hoy una proposición no de ley que sea realidad porque tengamos un Gobierno del cambio, un Gobierno que consiga cambiar las políticas también en materia de ciencia e innovación, ya que visto lo visto iremos a elecciones, y ese cambio tendrá que esperar dos meses más. Hubiéramos preferido que hoy esta Comisión aprobara esta proposición no de ley y de forma inmediata pudiera ser una realidad. En cualquier caso no queríamos los socialistas que esta legislatura pasara sin haber profundizado o al menos debatido sobre un tema capital para nuestro país como es la ciencia y la innovación. Por breve que haya sido la legislatura marcar las prioridades políticas dice mucho de un proyecto de país, y para los socialistas, insisto, la ciencia en nuestro proyecto de país forma parte de uno de los pilares fundamentales.

Lo hago además siendo la voz de una comunidad científica que pide a gritos este cambio de políticas. Los socialistas recibimos a diario comunicaciones de científicos y científicas de nuestro país y también del extranjero exponiéndonos sus problemas, en muchos casos derivados de la política del Gobierno de Rajoy, no solo por los recortes, sino por la mala gestión, por el incumplimiento de plazos y por toda la burocratización a la que se ha sometido a los laboratorios de nuestro país, que en definitiva ha provocado una fuga de cerebros sin precedentes, que niega el Gobierno. Ya tuve ocasión en la pasada legislatura, en sesión de control, de que la ministra Báñez me dijera que no había fuga de cerebros, que era movilidad exterior, pero cada día los datos son más claros, y la realidad de tantas personas hace que sea urgente el cambio de políticas de fondo que hoy exponemos los socialistas. Por eso, y porque para nosotros es una prioridad, en el primer bloque que registró el Grupo Parlamentario Socialista en esta legislatura una de las proposiciones no de ley era situar a la investigación, al desarrollo y a la innovación como una prioridad política y social para nuestro país, con quince puntos que nos parecen claves, no están todos pero sí son imprescindibles los que están, en los que mostramos un talante negociador. Nos gustaría que saliera por consenso, cosa que vamos a intentar, pero es complicado puesto que en algunos puntos clave ya partimos


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de una divergencia, especialmente con el Partido Popular, que sustenta las erróneas políticas, las más dañinas que ha tenido la ciencia en nuestra joven democracia en los últimos treinta y cinco años largos.

Quiero recordar que durante estos meses Pedro Sánchez se ha reunido con prestigiosos científicos, y esa necesidad de cambio de políticas y su urgencia no es algo que defendamos solo los socialistas, sino que es un clamor de la comunidad científica. Por eso creemos que el cambio de políticas tiene que pasar por que deje de ser una política unilateral, recuperar el consenso que este país necesita en el marco de la ciencia, y que ya tuvo la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en 2011, recuperando esa senda de pactos. Por eso quiero dejar constancia en el "Diario de Sesiones" de que cuando finalmente Pedro Sánchez sea presidente, en el segundo Consejo de Ministros, como ya comprometimos, nuestro objetivo será un pacto por la educación, por la ciencia y por el talento en este país. Es lo que pide la comunidad científica y es lo que estamos convencidos de que hay que hacer, porque es un error, como ejemplo, poner en marcha la Agencia Estatal de Investigación, después de haberla retrasado tres años y medio, en contra del criterio de toda la comunidad científica y sin la opinión de ningún partido político. Así es como no hay que hacer las cosas. Lo contrario, el pacto, el consenso, el contar con la comunidad científica y no hacer políticas en su contra -y no me refiero solo a los recortes, que ya sería suficiente- es a lo que nos podemos comprometer los socialistas.

Uno de los puntos que recoge la proposición no de ley es la modificación del estatuto de la Agencia Estatal de Investigación, ya que estamos convencidos de que tiene que ser un modelo basado en la autonomía, no puede ser un apéndice del ministerio y del Gobierno, tiene que tener criterios científicos, capacidad de actuación y dotación presupuestaria, basada en el modelo del European Research Council, en definitiva una agencia que sea capaz de dar respuesta a lo que necesita la comunidad científica, que para eso se aprobó en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011 y para eso se debería de haber creado.

De los puntos de esta proposición no de ley me gustaría resaltar la importancia de promover el acuerdo político, que por cierto tiene su embrión en 2013 en sede parlamentaria. Fue un gran acuerdo el que firmamos todos los paridos frente a las políticas del Partido Popular, que comprometían la recuperación de la senda de la inversión, después de haber sufrido unos recortes de más del 25%, y de haber consolidado en cada ejercicio presupuestario ese recorte. En definitiva el Partido Popular nos ha llevado a cifras anteriores a las del año 2000, haciendo que el total de su presupuesto general -porque no solo hay que medir la cantidad absoluta, sino lo que supone en términos relativos- tan solo fuera el 1,47% de los Presupuestos Generales del Estado en 2016, cuando en 2011 todavía era el 2,37% del total de los presupuestos. Incido en esta cifra, aunque hay muchas absolutamente nefastas que podría resaltar para la ciencia y la innovación, y es que creemos que el principal compromiso que podemos adoptar los partidos políticos es que en los Presupuestos Generales del Estado se recupere que al menos el 2,5% de los presupuestos generales vaya destinado a investigación, desarrollo e innovación. No se puede renunciar al objetivo europeo de alcanzar el 3% del PIB, como ha hecho el Gobierno. Lo hizo de forma encubierta con un papel que mandó a Bruselas, y hoy lo propone en la enmienda alternativa que presenta. Estamos convencidos de que hay que defender en Europa -y para eso hace falta tener carácter y liderazgo, algo que ha estado ausente en la figura de nuestro presidente del Gobierno en funciones, de Mariano Rajoy- que la regla de oro sea aplicada a las inversiones en investigación, desarrollo e innovación. Es decir, que consigamos que no compute en déficit porque la Unión Europa sí nos pide que los países invirtamos -como los socialistas estamos convencidos de que hay que hacer para garantizar una nueva economía- en investigación y en desarrollo. Pero para eso necesitamos también facilidades, como sería la regla de oro.

Como ya que tengo que terminar -me avisa el presidente- y son quince puntos, solo resaltaré una idea que engloba varios de ellos: los recursos humanos. Un país que, después de haber invertido tanto en talento, con tantas personas que hoy están ejerciendo y desarrollando esa capacidad fuera -capacidad que además han adquirido dentro de nuestras fronteras-, no puede tener el digno futuro que merece. Por eso, como solo entendemos una economía basada en el conocimiento, una economía basada en el talento, un país que sea capaz de retener y de atraer también talento, creemos que dentro de estos puntos los más urgentes son precisamente los que tienen que ver con los recursos humanos, que han sido los que más han sufrido las políticas de Mariano Rajoy. Son muchos más: la desburocratización; el horizonte 2020; la creación de centros de excelencia; el refuerzo del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industria, el CDTI, pero estamos tan convencidos de que el cambio es urgente que sabemos que solo se retrasa dos meses. Les aseguro que llegará a este país, y que afortunadamente la ciencia, la innovación,


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la comunidad científica lo notarán y volveremos a ser un país del siglo XXI, volveremos a ser un país de ciencia como ya lo fuimos.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Corresponde ahora el turno de defensa de enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra su portavoz para la defensa de su enmienda.

El señor GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Buenos días, presidente.

Señorías, en Ciudadanos queremos para España un nuevo modelo económico inclusivo, basado en el conocimiento y en la igualdad de oportunidades, donde se valore el mérito y el esfuerzo de cada persona. El modelo actual por desgracia está agotado; presenta tremendas ineficiencias, tanto en el terreno laboral e institucional como carencias educativas que dificultan su crecimiento. Lo que necesitamos por tanto es renovarlo y potenciar lo que sí funciona, para mejorar la competitividad y la productividad que permitan el mantenimiento del Estado del bienestar al que todos aspiramos, y que podamos hacerlo extensible a toda la población y sostenible en el tiempo. Por eso en Ciudadanos queremos un pacto nacional para el avance de la ciencia, que a través de la investigación aplicada mejore la cultura científica del país, incremente la generación de conocimiento, permita a todos los investigadores poder quedarse en España a trabajar -no como sucede actualmente-, y haya una mayor transferencia de los resultados obtenidos a la sociedad para el aprovechamiento de esta. Este planteamiento lo hacemos a través de unos objetivos y unas estrategias que no voy a desarrollar para no extenderme en exceso. Por ello estamos de acuerdo con la necesidad de incrementar la inversión en I+D+i con el objetivo de alcanzar el 3% del PIB en el horizonte de 2020, y en general estamos de acuerdo con la PNL expuesta por el Partido Socialista, si bien consideramos conveniente presentar una enmienda de adición para enriquecer la misma referida a los siguientes puntos. Uno, modificar la normativa de crowdfunding para promover la captación de inversores privados a proyectos innovadores; otra, va en la línea de potenciar la creación de fondos de inversión público-privados de match funding, dirigidos sobre todo a sectores estratégicos, y constituir un observatorio para los efectos de la innovación y de la disrupción tecnológica en la sociedad para el análisis de esta.

Podíamos hablar mucho más sobre el interés que Ciudadanos tiene en el tema de la innovación; hemos hablado mucho durante este periodo de cuatro meses, pero creo que tampoco es procedente, por lo que con esto concluyo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Para defender la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Ascensión Carreño.

La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señora González, a mi grupo también le parece bien que se debata este tema, sobre todo para dar a conocer lo que usted ha omitido. Ha contado un relato desfasado, ya que la mayoría de las cuestiones que contempla se han superado a lo largo de la tan mencionada legislatura, aunque me gusta que se hable de ella por lo importante que ha sido y por las grandes cosas que se han hecho, y así además podré aclararle lo que desconoce de la misma. Por otro lado ha contado cosas que no son ciertas, presentando un documento que en el ámbito de la I+D+i adolece de falta de rigor, ya que algunas propuestas son insostenibles desde el punto de vista financiero y poco viables desde el punto de vista legal.

Mi grupo está a favor de la necesidad de promover un amplio acuerdo social y político que permita alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Por ello hemos presentado una enmienda. La realidad es que el único partido que ha demostrado voluntad de consenso en esta área ha sido el Partido Popular, apoyando la Ley de Ciencia en 2011. En 2012 el Gobierno ya trató de establecer un pacto por la ciencia, pero el Partido Socialista abandonó la negociación. Espero que acepte hoy nuestra enmienda. La proposición no de ley que ha presentado su grupo menciona la necesidad de reformar el estatuto de la Agencia Estatal de Investigación. Sería interesante que explicaran en qué términos, ya que cumple perfectamente con el papel previsto para ella en la Ley de la Ciencia, la Tecnología e la Innovación de 2011 y está inspirada en las recomendaciones europeas. Hablan ustedes de reformar el estatuto del CDTI para convertirlo en la agencia, cuando el CDTI es una entidad pública empresarial y ofrece muchas más ventajas para realizar su actividad. También proponen reformar el sistema de


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deducciones fiscales, pero no sabemos en qué términos. Hay que recordarle que España es uno de los países con mayores deducciones fiscales en I+D+i, entre otras cosas. En cualquier caso para el Gobierno y para mi grupo el personal investigador ha sido una auténtica prioridad y se han tomado muchas medidas para crear puestos científicos, para recuperar talento y para estabilizar a los que trabajan en nuestro país. Por tanto el cambio de política, señora González, se produjo hace cuatro años y cuatro meses.

Mi grupo siempre ha estado convencido de que una buena política de I+D+i requiere recursos económicos y planificación estratégica. Por eso hay que recordar que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en 2012 se encontró con que no había ninguna de las dos cosas, porque el Gobierno socialista había recortado el presupuesto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en un 30% en los años 2010 y 2011, dejándolo en bancarrota técnica, y había diseñado un mapa de parques científicos y tecnológicos con una financiación que no garantizaba su viabilidad. Eso usted no lo cuenta aquí, pero para eso está mi grupo, para recordar. ¿Cuál fue la prioridad del Gobierno en esta pasada legislatura? En un contexto de fuertes restricciones presupuestarias, consecuencia de la grave crisis económica a la que tampoco usted ha hecho alusión, garantizó la supervivencia del sistema de I+D+i mediante actuaciones urgentes. Por un lado, inyectando recursos directamente en el CSIC, y por otro, relajando las condiciones de devolución de los préstamos concedidos a los parques científicos y tecnológicos. Evitada la quiebra del sistema de I+D+i se han dado diferentes pasos a lo largo de la pasada legislatura para fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación de una forma transversal, actuando sobre toda la cadena de valor, y sobre todo aprovechando la labor que realizan nuestras instituciones académicas e investigadoras, fomentando la colaboración público-privada e involucrando a todo el tejido empresarial con una tarea que ha sido esencial para la creación de riqueza y de oportunidades.

Quiero recordarle que se aprobó el Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación para el periodo 2013-2016, un plan que ha marcado un carácter estratégico y que está plenamente alineado con el marco de actuación en materia de I+D+i de la Unión Europea, horizonte 2020. Este plan es fruto de la colaboración del Estado y de las comunidades autónomas con los agentes sociales, los centros públicos de investigación, las universidades, los centros tecnológicos y las asociaciones empresariales, las plataformas tecnológicas existentes y expertos procedentes de la comunidad científica técnica y empresarial. Quiero recordarle también que se aprobó un nuevo mapa de infraestructuras científico-técnicas singulares, con una visión que ha sido realista y sostenible, y que sobre todo ha evitado duplicidades e integrándolo en el Espacio Europeo de Investigación. Se ha fomentado también la presencia de las empresas, mejorando las deducciones por I+D+i en la reforma del impuesto de sociedades y creando el sello PYME Innovadora, que concede ventajas fiscales adicionales, incorporándolas a nuestro sistema fiscal. Por tanto se han adoptado las medidas que usted pide ahora; además, en cuanto se estabilizaron las cuentas públicas, se volvieron a incrementar los recursos destinados a nuestro sistema público de ciencia e investigación. El punto de inflexión se produjo en 2013 y desde entonces ha aumentado todos los años. En 2016, por ejemplo, se ha dotado con 5.793 millones a la I+D+i civil, un 2,2% más que en 2015.

El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar ya.

La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Sí, señor presidente.

En definitiva el camino recorrido a lo largo de la pasada legislatura ha sido muy importante, y me gusta recordarlo precisamente hoy, pero los retos que quedan pendientes en materia de ciencia, tecnología e innovación son muchos y de gran trascendencia. Por ello mi grupo ha presentado una enmienda para impulsar un acuerdo por la ciencia que incorpore a todas las fuerzas políticas y a los agentes del sistema, y que desemboque en garantizar la estabilidad presupuestaria que va destinada a la I+d+i entre otras medidas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Carreño.

Ahora en turno de fijación de posiciones, e igualmente por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Seré muy breve porque creo que este debate lo hemos tenido ya en anteriores ocasiones, aunque no sean de esta legislatura, que parece que literalmente está acabando. En realidad nosotros suscribimos el


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fondo y gran parte del contenido de esta propuesta, a la que votaremos favorablemente. Compartimos la exposición de motivos y asimismo gran parte de los elementos que aparecen reseñados en la propuesta, y que al mismo tiempo son parte incluso de nuestro programa electoral. También hablamos de la necesidad de poner la innovación y el desarrollo no como elementos que se puedan lanzar sobre diferentes partidos políticos, sino planteando la centralidad que tienen en el desarrollo económico, social y político en última instancia, incluso, dentro de nuestro país. Por eso creemos que se necesita un diagnóstico lo más aséptico posible de cuáles son las carencias y las debilidades del sistema de ciencia en nuestro país, que ha sido duramente golpeado como consecuencia de la crisis, pero muy particularmente como consecuencia de la gestión de la crisis que han hecho los diferentes Gobiernos, y más concretamente el del Partido Popular en la última legislatura, en que los recortes en innovación y desarrollo han sido sencillamente brutales y devastadores para un ámbito que es al mismo tiempo parte esencial de un desarrollo económico que funciona como motor de un cambio de modelo productivo, como motor de un cambio hacia una inversión también en una reformulación de la estructura productiva hacia sectores de alto valor añadido, pero también para mantener todas las inversiones previas: las inversiones en educación, las inversiones en investigación e incluso en última instancia las inversiones en las personas que se han marchado de nuestro país por no poder desarrollar su actividad en los ámbitos para los que habían sido entrenados, si se me permite la expresión. En esa realidad nosotros creemos que los números que aparecen en la PNL son adecuados.

Queremos insistir y subrayar el carácter de presupuestos plurianuales dentro de ese enfoque, el enfoque de que esto no es un arma arrojadiza frente a otros partidos, sino que es el elemento central del desarrollo de un país y de un Estado, lo que implica situar a este por encima de las luchas partidistas, entendiendo que el ciclo económico y el ciclo de la innovación y el desarrollo y la ciencia es más lento y funciona con códigos diferentes a ciclo político y parlamentario. Por tanto no deberían estar tan a expensas del uso partidista o electoral, entendiendo siempre que hay diferencias de posición respecto sobre lo que es la ciencia y el papel que debe jugar, aspecto que debe estar en el debate político. Pero si hemos asumido -y parece que los grupos, al menos en su retórica, lo hacen- que la innovación y el desarrollo son elementos centrales del desarrollo económico en su conjunto e incluso en el desarrollo civil, parece necesario que se establezcan presupuestos plurianuales y se elabore en última instancia un proyecto a largo plazo que no esté sujeto a los vaivenes económicos o políticos, porque desde luego la innovación, el desarrollo y la ciencia no funcionan así; no funcionan por esos códigos, sino que funcionan por la calma, la tranquilidad, la innovación, el desarrollo y sobre todo la estabilidad laboral de quienes están trabajando en esos ámbitos. Son cuestiones que no han existido en este tiempo, donde los despidos han sido espectaculares, donde la edad media de los trabajadores se ha elevado sobremanera y donde en última instancia lo que estamos haciendo es condenar a la ciencia para las próximas décadas. Creo que eso tiene que resolverse, parece que no va a ser en esta legislatura, pero desde luego tiene que ser un elemento central de la siguiente, lo que significa cambiar la óptica que ha mantenido el Partido Popular en la pasada legislatura, en la que ciencia quedó relegada a un papel subalterno del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda; del Ministerio de Economía, porque incluso en la propia arquitectura institucional aparecía por debajo; del Ministerio de Hacienda, porque parecía que el señor Montoro mandaba más que la secretaria de Innovación y Desarrollo. Eso tiene que cambiar, tiene que hacerlo porque si no estamos abocados, no solo a no cambiar el modelo productivo, a no cambiar y mejorar nuestra ciencia, sino a deshacer todo lo que se había avanzado en años anteriores. El resumen es que votaremos favorablemente esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Guijarro.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

La historia económica y social de España de los últimos cuarenta años es la historia de un desencuentro, la historia de una verdadera antinomia nacional que hoy se agudiza y amenaza con hacernos perder nuevamente el tren del progreso, como ya lo ha perdido España tantas otras veces desde los inicios del XIX entre guerras civiles, cacicadas varias y dictaduras de diverso pelaje. Por un lado, en las últimas décadas hemos protagonizado un colosal esfuerzo colectivo que nos ha permitido dotarnos como sociedad de un sistema de educación pública superior, el cual ha contribuido decisivamente a elevar la que es sin duda la generación mejor formada que ha parido jamás este país, algo que a fuerza de repetirse se ha


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convertido ya en un tópico. Por otro lado, la matriz productiva heredada de lo que se conoció como el tardofranquismo ha ido tomando una deriva creciente, que nos desplaza cada vez más a la periferia económica de lo que Immanuel Wallerstein llamó el sistema-mundo. Una matriz productiva en la que han ido ganando peso sectores como la construcción o los servicios, entre otros; sectores caracterizados por una baja productividad resultado de la relativamente escasa cualificación de la mano de obra requerida. Por supuesto, estos sectores no tienen nada de malo per se. El problema viene de que la división internacional del trabajo nos ha empujado a esta especialización perversa; es decir, cuando nos hemos preparado como país y como generación para ejercer todo un cúmulo diversificado de profesiones técnicas y de alta cualificación, para una economía que apenas demanda y absorbe camareros y albañiles. He aquí el desencuentro, he aquí, señorías, la antinomia histórica de la España contemporánea: un gigantesco y continuado esfuerzo colectivo para elevar el nivel educativo y técnico de nuestros trabajadores que ha sido evacuado por el retrete de la historia, que ha redundado en la frustración laboral de millones de personas que han debido abandonar el país o contentarse con asumir labores no cualificadas. Mal negocio para un país que ha desperdiciado tamaña inversión educativa en perjuicio de sus ciudadanos y en beneficio de Inglaterra, Alemania o los Estados Unidos de América.

¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Existen muchas razones, pero las razones políticas se imponen. En gran medida hemos llegado hasta aquí porque el bipartidismo de las últimas décadas no ha sabido nunca salir de la miopía producida por el ciclo electoral. No ha sabido -o no ha querido- trascender este umbral de cuatro años para planificar, consensuar e implementar un plan nacional sostenido en el largo plazo destinado a la transformación profunda de esta nuestra matriz productiva en un proyecto cuyo despliegue ha llevado a otros países lustros y décadas. De hecho, la política de I+D en España se ha utilizado para cuadrar presupuestos antes que para producir resultados tangibles y estructurales en nuestra economía. Es decir, cuando la cosa ha ido medio bien, medio bien ha ido la investigación. Cuando la cosa ha ido medio mal, han sido estas partidas las primeras sacrificadas en el altar de los recortes que tan religiosamente han implementado unos y otros.

Ciertamente, el Gobierno Zapatero realizó un importante planteamiento de carácter estratégico que llevó a aumentar los gastos de I+D, hasta alcanzar un pico en los Presupuestos Generales del Estado en 2009. El PSOE nos dice ahora que en la pasada legislatura el Gobierno del PP redujo casi a la mitad estas partidas, y esto es absolutamente y objetivamente cierto. También omite el hecho cierto de que ya antes de la llegada de Rajoy a la Moncloa la Administración socialista había inaugurado la senda recortadora en I+D, de manera que el Partido Popular no ha hecho más que prolongar esta tendencia en los últimos cuatro años.

En Podemos hemos colocado las políticas de investigación y desarrollo en el centro de nuestros planteamientos sociales y económicos. En primer lugar, hemos apuntado la necesidad de poner en marcha un plan de rescate urgente para frenar y revertir la fuga de cerebros que tanto daño ha hecho a nuestra economía y a nuestras familias. En segundo lugar, hemos apostado por promover un gran pacto de Estado que nos permita de una vez por todas salir de este bucle y consensuar un proyecto real de país que nos haga dueños de nuestro destino y no sus parias, un plan que comprometa a todos los partidos para mantener determinados niveles y calidades de inversión en I+D, al margen del ciclo económico por el que se atraviese, un plan que establezca, por cierto, un horizonte al que se quiere arribar en el largo plazo a través de estas políticas, algo que no se contempla en los textos discutidos hoy aquí y que para nosotros es clave.

Voy terminando, señor presidente. Es decir, no basta con aumentar las revoluciones del motor innovador, sino que hay que saber adónde lo dirigimos, porque bien podríamos estar invirtiendo en el desarrollo de, por ejemplo, armas nucleares o energías fósiles, y esto tampoco nos llevaría a buen puerto, ¿verdad? Nosotros creemos que este horizonte es el de una sociedad del conocimiento, el de una economía verde, sostenible desde el punto de vista medioambiental y eficaz en el uso y combinación de fuentes energéticas renovables cuyas potencialidades en España apenas han sido exploradas.

Bienvenidas sean, pues, las propuestas para el aumento de la inversión en I+D que se han puesto hoy encima de la mesa de esta Comisión, señorías. Mi partido no tendrá mayores problemas en apoyar las mismas; al contrario, solo espera que el resto de partidos se pronuncien también sobre ese horizonte estratégico que nosotros planteamos y que apuesten decididamente por un pacto de Estado sostenido en el tiempo, que apuesten con honestidad y con lealtad, es decir, que no plasmen en papel desde la oposición lo que luego no se atreven a implementar desde el Gobierno.

Gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.

Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Si no va a quitarme tiempo, quiero plantear una cuestión que no sé si es propiamente de orden. Yo soy de naturaleza exotérmico y quizá nuestros compañeros no, pero creo que hace mucho calor aquí.

El señor PRESIDENTE: Señor Capdevila, el problema no es solamente suyo. (Risas).

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Entonces, ¿no es mi exotermia natural?

El señor PRESIDENTE: La comparte el presidente. Hemos pedido que bajen ya la calefacción y esperemos que, por el bien de todos, nos hagan caso.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Se lo ruego. Muchas gracias. Yo me voy hidratando, de todas maneras. (Risas).

En Cataluña dispondremos de un sistema de I+D diferenciado, un sistema propio que se ha ido desarrollado en las últimas décadas y, sobre todo, a partir de la creación del departamento d'Universitats, Recerca i Innovació, con competencias distribuidas entre el Estado y la Generalitat, cuyo expreso respeto no se indica en la PNL. El modelo de gobernanza de la política científica parte de la colaboración y de las sinergias entre los centros, los grupos de investigación y comporta un sistema híbrido en cuanto a instituciones, recursos humanos y criterios de distribución a la financiación que actúa con cierta eficacia, a pesar de que dispone de una limitada capacidad para ser gestionado en su totalidad. Después de más de una época de políticas de investigación caracterizadas por una marcada estabilidad y una financiación pública creciente, Cataluña trabaja para consolidar su modelo propio para el sistema de I+D. El sistema tiene retos, como plantea el Pacte nacional per a la recerca i la innovació.

La sensación es que el modelo ha crecido a pesar de las políticas del Estado, que disponen de un modelo más encorsetado que el nuestro. Por ello, desde la comunidad investigadora de Cataluña, además del aumento presupuestario para cumplir el objetivo UE del 3% del PIB en 2020 dedicado a I+D+i, se reclama, entre otros, al Estado aspectos como una mayor flexibilidad, la priorización de criterios competitivos y la desburocratización de la investigación, ampliando estos aspectos a elementos del sistema bajo regulación estatal actualmente, aspectos que no vemos expresamente recogidos en su proposición no de ley. Son demandas que coinciden con las recomendaciones de la Comisión Europea mediante la ERAC. Entendemos que los cambios que deben aplicarse deben ser de mayor profundidad en un Estado que apuesta por la investigación, que debe ponerla como una de sus prioridades para generar crecimiento y lograr los grandes retos de la sociedad. En los territorios de alta capacidad de innovación se dice que el Estado debería crear un ecosistema que facilite que ocurran cosas. Para ello es necesario, entre otras cosas, una fiscalidad sensible a la innovación, incidir en las políticas regulatorias de los sectores estratégicos, incidir en los mecanismos de capital-riesgo, aumentar la autonomía del sistema y estar presente en organizaciones internacionales. Hasta el momento las evidencias indican que el Estado español no va por ahí.

Por último, no podemos dejar de reclamar que, además de la cantidad, debemos reforzar la calidad de la investigación. Es muy importante llevar a cabo una correcta desagregación del cómputo entre la I+D+i militar y la civil en el cálculo del gasto total en I+D+i, reduciendo claramente el gasto militar y aumentando el civil. También se debería aclarar cuántos créditos de investigación considerados como ayuda a investigación han sido otorgados a empresas militares y no han sido devueltos. Evidentemente, reclamamos el retorno inmediato de los créditos no retornados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Capdevila.

Me dirijo ahora a la portavoz del Grupo Socialista a los solos efectos de indicar si acepta alguna enmienda y cuál.

La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Muchas gracias, señor presidente.

Agradeciendo el apoyo mayoritario del resto de grupos, aceptamos la enmienda de Ciudadanos -votaremos nuestra PNL con la enmienda de Ciudadanos- y rechazamos la del Grupo Popular, pues se


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contradice directamente con los planteamientos de nuestra proposición no de ley y con la realidad que vive nuestro país con los presupuestos, la ciencia y todo lo que he expuesto con anterioridad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González. En esos términos, pues, se hará la votación.

- SOBRE LAS ENTIDADES DE TENENCIA DE VALORES EXTRANJEROS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000411).

El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate de la segunda proposición no de ley. Como he indicado anteriormente, hemos alterado el orden del día, por lo que vamos a discutir la proposición no de ley sobre entidades de tenencia de valores extranjeros, presentada por el Grupo Mixto. Para su presentación, tiene la palabra don Alberto Garzón, por el Grupo Mixto.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

A nadie se le escapa que esta proposición no de ley tiene que ver con un tema de enorme actualidad: los paraísos fiscales. Las últimas filtraciones que han tenido lugar con respecto al asunto de los papeles de Panamá, que ha sido un escándalo político y económico, pero vinculado a una filtración, responden a una problemática que tiene que ver con los paraísos fiscales y con su inserción en nuestro sistema democrático y económico. Los paraísos fiscales tienen una doble vertiente como problema: un problema económico, vinculado a la fiscalidad, y un problema político, vinculado a la democracia y al poder. Lo que hacemos es sencillamente poner de relieve que el mecanismo de las entidades de tenencia de valores extranjeros opera como paraíso fiscal -dicho en abstracto- para entidades del extranjero que utilizan nuestro país y nuestro espacio económico como una plataforma para reducir su carga fiscal en los países de origen y al mismo tiempo para ver incrementada su capacidad de intervención sobre la política de esos mismos países. Por tanto, este no es un debate ajeno al de los paraísos fiscales, sino que se inserta perfectamente en esa lógica. Los paraísos fiscales, a nivel económico, están siendo claramente un instrumento utilizado por una minoría de la población. Además, es normal porque son los únicos que tienen capacidad de gestionar las finanzas a través de lo que se ha llamado creativamente ingeniería financiera; son los únicos que pueden utilizar esos mecanismos bien para eludir impuestos, bien para evadirlos. No tiene por qué ser una relación directa, aunque está claro que uno de los elementos es legal y otro de los elementos es ilegal, pero los dos conducen a una aminoración de los ingresos del Estado, lo que tiene una repercusión inmediata en la calidad de la educación pública, la sanidad pública, las pensiones públicas y, en definitiva, en el sostenimiento del Estado social del que tanto nos vanagloriamos afortunadamente en nuestro país, por muchos problemas que pueda tener. En todo caso, creemos que esta entidad de tenencia de valores extranjeros es claramente un problema político y económico en nuestro país porque afecta a la falta de coherencia en los discursos de los diferentes gobiernos. Todos los gobiernos siempre han estado diciendo que había que preservar el Estado social y que cumplían el artículo 31 de la Constitución sobre la progresividad fiscal del sistema. Sin embargo, permiten, toleran e incluso promueven fórmulas como las entidades de tenencia de valores extranjeros y otras similares que lo que están haciendo en última instancia es mandar un mensaje contradictorio, igual que ocurrió con la amnistía fiscal. Un gobierno no puede decir que quiere preservar el Estado social y estar perdonando a los delincuentes fiscales, que son los más peligrosos de todos en tanto que afectan a las condiciones materiales de vida de la ciudadanía cuando tiene que acceder a los servicios públicos esenciales y necesarios para poder desarrollar una vida digna. Cuando eso sucede se produce una incoherencia ya no solo discursiva sino política de todo orden.

Tenemos la oportunidad de quitar por primera vez las entidades de tenencia de valores extranjeros, sabiendo que este es un debate que ya trajimos a la Comisión de Economía en el año 2012 y que esta propuesta fue rechazada con la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular. Además, coincidió con un momento en el que el Partido Popular subía impuestos, lo que ponía de manifiesto de forma terrible la incoherencia del Gobierno del Partido Popular entonces. Creemos que este debate es necesario. Aunque pueda parecer un montante muy reducido lo gestionado por las entidades de tenencia de valores extranjeros en relación con otro tipo de montantes, está claro que es un símbolo de que este Gobierno -igual que otros gobiernos desde que se ha creado esta fórmula- no está realmente interesado en acabar con los paraísos fiscales. Se ven obligados a hacer determinado tipo de declaraciones, pero


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cuando tienen la capacidad de intervenir sobre la realidad concreta, lo que están haciendo es legislar en dirección contraria, como la amnistía fiscal o la existencia de estos mecanismos. No nos parece un asunto meramente económico y de fiscalidad, nos parece un asunto económico, democrático y de poder. Estas grandes empresas que eluden el pago de impuestos evidentemente tienen mayor capacidad de intervención no solo sobre la economía, sino sobre los diferentes gobiernos dada la presión que pueden ejercer como si fueran un grupo de interés, que es lo que pone en peligro nuestra propia democracia. Si cada país es incapaz de luchar contra focos como estos e incluso los promueve, en realidad tenemos un sistema político y económico en el marco de la Unión Europea -por centralizarlo y circunscribirlo a un solo escenario- en el que es prácticamente imposible poder mantener el Estado social a medio y largo plazo. Pero, sobre todo, es un foco de incremento de desigualdades de renta, de riqueza y de poder, y en un escenario político convulso como el actual, en última instancia, es necesaria la intervención del Gobierno para acabar con estos focos y estos mecanismos que están mandando un mensaje profundamente incorrecto desde el punto de vista económico y también ético. Se les está diciendo a las grandes empresas que España puede ser una suerte de puente para evadir y eludir impuestos y para bajar su carga fiscal, lo que tiene una repercusión inmediata sobre el Estado social de otros países pero también del nuestro, en tanto que es una competencia a la baja por parte del conjunto de países involucrados en este sistema financiero. En ese sentido, nuestro grupo considera que es un avance tener una oportunidad no meramente simbólica de acabar con estos mecanismos; no es la solución per se -a nadie se le escapa-, pero es un avance en términos de coherencia y, sobre todo, en términos concretos de recaudación de ingresos y de mensaje lanzado a aquellos que utilizan cualquier vericueto para no pagar impuestos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.

Sigue sin haber ningún representante de los grupos Vasco y Democràcia i Llibertad. Correspondería ahora el turno al Grupo de Esquerra Republicana, pero habida cuenta del problema térmico que hemos tenido, si no les parece mal, podemos alterar el orden y dar la palabra al señor De la Torre hasta que vuelva el señor Capdevila.

Tiene la palabra el señor De la Torre, del Grupo Ciudadanos.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en este tema tengo la impresión de estar un poco en el día de la marmota, porque es la tercera vez que planteamos una proposición no de ley que propone la eliminación de la figura de entidades de tenencia de valores extranjeros. La primera vez fue en la Comisión de Hacienda, a iniciativa nuestra, y entre otras muchas cosas incluía la coda de revisar la lista española de paraísos fiscales para volver a incluir aquellos territorios que efectivamente no cooperan con la Administración española. Esta figura, no por lo que dice el señor Garzón, sí tiene algo que ver con la lista de paraísos fiscales, que luego comentaré. La semana pasada se llevó al Pleno este asunto de la eliminación de las entidades de tenencia de valores extranjeros y fue aprobado mediante una transaccional por los mismos grupos, también con la firma del señor Garzón. Pues bien, aquí, en el día de la marmota, volvemos a hablar sobre el tema. A diferencia de lo que dice la exposición de motivos, la propuesta de eliminación de esta figura está en varios sitios; por ejemplo, en el programa de Ciudadanos. De hecho, en el acuerdo que firmamos de doscientas medidas de reforma conseguimos que el PSOE, que solamente era partidario de modificar la figura, estableciese también la eliminación de la misma. ¿Por qué? Porque es una figura muy negativa. No obstante, el señor Garzón no se basa en eso, sino en un artículo de El País sobre unas declaraciones que atribuye a los técnicos de Hacienda del 27 de febrero de 2011, que dicen literalmente: Cuando un régimen así lleva años detectado como un foco de fraude, habría que modificarlo. Además, dedicamos muchísimos recursos cada año a controlar esto, subraya Francisco De la Torre -o sea, yo-, secretario general de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. (Risas). No voy a criticar que se base en mis declaraciones, aunque yo he escrito posteriormente un libro -que es este- en el que dedico un capítulo a las entidades de tenencia de valores extranjeros, y recientemente he escrito también en el Diario.es sobre estos temas. En fin, no lo atribuya a los técnicos de Hacienda, si quiere, atribúyaselo a los economistas de Ciudadanos que luego usted tanto crítica.

Nosotros creemos que esta figura debe ser eliminada, pero no por una cuestión política, sino por una cuestión meramente práctica. En primer término, estas entidades de tenencia de valores extranjeros han acreditado 25.169 millones de euros de pérdidas entre los años 2009 y 2013, según dice el informe anual de la Agencia Tributaria; de ellas, 9.352 en los grandes grupos, lo cual ha supuesto que las entidades que


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están en grupos consolidados hayan dejado de pagar 2.805 millones de euros. En nuestra opinión, este beneficio fiscal literalmente no se justifica. ¿Por qué? Porque las entidades de tenencia de valores extranjeros promueven la inversión en el exterior, fomentan la creación de puestos de empleo fuera de España como si aquí no tuviésemos un problema de desempleo francamente grave. ¿Por qué? Porque los dividendos de las entidades de tenencia de valores extranjeros no tributan, están exentos, mientras que los gastos sí se deducen. En el momento en que estas entidades se integran en grandes grupos de consolidación, eso supone que los grandes grupos dejan de pagar y, repito, han dejado de pagar la cifra de 2.805 millones de euros incentivando la creación de empleo en el extranjero a cuenta de España. Evidentemente, este régimen es una muy mala idea, y todavía peor cuando se ha autorizado la consolidación de estas entidades a partir del año 2002, con el Partido Popular en el Gobierno, aunque el Partido Socialista tampoco hizo nada por cambiarlo.

Además de este primer problema, que es la exención de los dividendos exteriores, las entidades de tenencia de valores extranjeros tienen una segunda derivada, y es que los dividendos que reparten hacia el exterior no se consideran obtenidos en España y no se tributa a la salida por estos dividendos, salvo que se pague con destino a un paraíso fiscal. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? Que a lo largo de estos años diversos países han ido saliendo de la lista de paraísos fiscales en España. El caso más conocido del que se ha hablado últimamente es Panamá. El Gobierno socialista lo sacó de la lista de paraísos fiscales y claramente no coopera; y no lo digo yo, lo dice Ángel Gurría, que es el secretario general de la OCDE. Y en segundo término, también se han sacado sitios tan poco recomendables, desde un punto de vista fiscal y de transparencia, como Antillas, Curaçao; y, más recientemente, el Partido Popular ha intentado sacar -está en ello- las islas de Man, Guernsey o Jersey, donde el exministro Soria tuvo una empresa offshore. Esto se decidió el 18 de noviembre en un Consejo de Ministros en el que estaba el señor Soria. Esto está en trámite.

En resumen, nos parece que hay que eliminar este régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros -voy concluyendo- porque es un agujero fiscal y hay que combatirlo y porque está fomentando la inversión en el exterior a costa de la inversión española.

Agradeciéndole al señor Garzón la cita y pidiéndole que la próxima vez la haga un poquito más correcta, apoyaremos su medida. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.

Por Esquerra Republicana, señor Capdevila.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bon dia, de nuevo.

Entidades de tenencia de valores extranjeros es la denominación de una figura de opacidad fiscal en España surgida de la mano del PSOE en el año 1995, so pretexto de que ayudarían a incrementar la inversión extranjera, para lo que disfrutarían de una contrapartida: la supresión de la casi totalidad del peaje fiscal. España quería conseguir una parte del pastel que recibían países con instrumentos similares, como Holanda, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Suecia, Irlanda, hasta donde yo llego a conocer, pero seguramente algunos más. Pero como ocurre con otras normas, la española quiso llegar más allá y se potenciaron hasta el extremo las ventajas fiscales de las ETVE respecto a sus equivalentes europeas, de tal forma que se creó un instrumento que es claramente un modelo de elusión, alejado del fraude más clásico y más rudimentario que es el que usa el marco perfectamente legal de las ETVE para burlar al fisco. El atractivo radica en que los capitales movilizados no tributan ni a la entrada ni a la salida, como ya se ha dicho. Los dividendos, los beneficios y las plusvalías que generan a las empresas extranjeras en las que participan las ETVE están exentos de pago, y tampoco tributa el reparto de beneficios a sus socios, una ventaja que tienen pocos o casi ningún holding europeo. Con este esquema, el único rédito que obtiene Hacienda de estas sociedades deriva de la inversión que realicen para llevar a cabo su actividad, aunque la exigencia legal de contar con medios materiales y humanos para desarrollar la actividad se traduce en la práctica a casos ridículos. El de Exxon seguramente es paradigmático: la filial de Exxon Mobil es citada habitualmente como ejemplo porque con un solo empleado, un directivo, llegó a lograr resultados multimillonarios sin pagar impuesto de sociedades. Los que sí pagan impuestos de sociedades tienen todo el derecho a sentirse en franca desventaja. La principal trampa del instrumento es que, si generan ingresos fiscales, en ocasiones incluso reciben dinero de las arcas públicas, porque las plusvalías ingresadas no abonan nada a Hacienda, pero si la ETVE se anota pérdidas puede acceder a las deducciones. También tienen la posibilidad de consolidar sus cuentas con las del grupo empresarial que las utiliza como instrumento. Esta capacidad, inexistente hace unos años, implica que las pérdidas que


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genere la ETVE -por ejemplo, un préstamo que paga- se compensen con el beneficio de otras sociedades y al final el grupo en conjunto pague mucho menos de lo que le correspondería y, en algunos casos extremos, nada. En definitiva, las ETVE reciben dividendos exentos de tributación y reparten capitales a no residentes también exentos.

En el año 2011 la Agencia Tributaria consideraba las ETVE un gran foco de fraude, y es que al final acabamos perdiendo todos porque la necesidad de recursos públicos obliga a subir los impuestos por otras vías. Una parte nada despreciable de los capitales extranjeros que fluyen cada año hacia España son acaparados por las ETVE. La inversión extranjera productiva, que excluye a las entidades de tenencia de valores extranjeros, alcanzó en 2015 los 21.724 millones de euros, un 11% más que en 2014, de acuerdo con los propios datos del registro de inversiones de exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad.

Canarias. Las islas Canarias son, en este caso, poco afortunadas, siendo destinatarias de más de la mitad de los fondos de estas sociedades instrumentales en 2015. La inversión extranjera bruta en el Archipiélago ascendería en lo que va de año, hasta junio, a algo más de 332 millones de euros. Sin embargo, solo un 21,2 millones de este total pueden calificarse de inversión realmente productiva, mientras que el resto, los susodichos 314 millones de euros, se corresponden con el montante de las operaciones de ETVE. En otras palabras, apenas el 6,3% de los fondos que llegaron a Canarias durante el primer semestre del año terminó siendo beneficioso para su economía; o dicho de otra forma, el 93,7% no sirvió siquiera para crear un solo puesto de trabajo.

Se me ha acabado el tiempo.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Capdevila, pero se ha ajustado casi al tiempo.

Por el Grupo de Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Tal y como señalan las organizaciones más representativas del personal de la Agencia Tributaria, la suficiencia del sistema tributario para financiar servicios públicos y para garantizar su equidad y su efecto distributivo requieren reducir, de forma significativa, el fraude y la elusión fiscal, que supone en total más de 56.000 millones de euros de pérdida para las arcas públicas. España tiene una suficiencia de ingresos que, con respecto a la media europea, suponen en torno a 8 puntos porcentuales del PIB de diferencia con respecto a la media. Esto se debe principalmente a que las sucesivas reformas fiscales han ido vaciando de progresividad al sistema tributario español, mermando la capacidad de recaudación hasta convertirlo en un queso gruyère; un queso gruyère cortado a medida de los asesores fiscales que trabajan asesorando a las grandes fortunas de este país. Esto implica que en épocas de crisis, al incrementar los gastos por estabilizadores automáticos, el sector público tenga que acudir al endeudamiento, lo que lleva a una espiral de déficit, recortes y déficit, que nos aboca a su desarrollo.

Las Sicav y las entidades de tenencia de valores extranjeros son dos de esas figuras que vacían de progresividad nuestro sistema tributario. Estos mecanismos de elusión fiscal son, desgraciadamente, una práctica legal realizada de forma muy habitual por grandes empresas y fortunas. Obviamente, quienes se benefician de este tipo de herramientas, de estos mecanismos, son aquellas rentas y patrimonios que se lo pueden permitir, que se pueden permitir pagar a estos asesores que les pueden conducir a eludir impuestos. Ese es el objetivo de estas figuras tributarias, que las grandes fortunas, las grandes empresas, puedan eludir el pago de impuestos, haciendo que el grueso de la tributación caiga injustamente sobre los trabajadores y sobre la pequeña y mediana empresa. En concreto, según señalan los técnicos de Hacienda, las entidades de tenencia de valores extranjeros son un foco de fraude de gran importancia. La utilización de estas entidades puede servir para acceder a deducciones fiscales y también para compensar las ganancias económicas de otras empresas del mismo grupo. Al final, el resultado es siempre el mismo, la reducción de la cantidad de impuestos a pagar por las grandes empresas que utilizan estos mecanismos. Mientras perdure la existencia de estos agujeros negros en la economía, que absorben grandes sumas de dinero que de otra forma pasarían a engrosar las arcas públicas permitiendo financiar sanidad, educación y también el déficit, cualquier reforma fiscal hará recaer el peso del esfuerzo sobre los de abajo.

Es una lástima que esta PNL vaya a quedar guardada en un cajón y que no la podamos aplicar desde un Gobierno de cambio para el que dan los números, como día a día se demuestra en estas comisiones y en el Pleno. Es una pena, señorías.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Lasarte.

El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Pleno del pasado martes debatió una propuesta del Grupo Socialista sobre lucha contra el fraude fiscal. Salió aprobada una enmienda transaccional con el apoyo de todos los grupos menos del Grupo Popular, que votó en contra, y Esquerra republicana de Cataluña, que se abstuvo. Obtuvo el apoyo de 208 diputados y diputadas a favor. En ella se recogía una propuesta de reforma fiscal, una batería de propuestas de lucha contra el fraude y la evasión fiscales, y por último, la necesidad de crear una comisión de investigación sobre los llamados papeles de Panamá y su relación con la amnistía fiscal. Todo esto, aprobado por una amplia mayoría de la Cámara, decaerá en cuestión de pocas horas.

El Grupo Socialista defiende la configuración de un sistema tributario que avance en la consecución de los objetivos de equidad, progresividad, solidaridad, suficiencia y eficiencia, es decir, que pague todo el mundo lo que le corresponde; que pague más quien más tiene, defendiendo un modelo de impuestos progresivo y eficaz, de forma que la normativa tributaria no permita eludir que se aporte por los ingresos reales y eliminando beneficios fiscales inadecuados. Defendemos que sea una fiscalidad suficiente que nos permita sostener y garantizar las políticas públicas de nuestro Estado del bienestar. Además, las bolsas de fraude, que son la mayor quiebra de justicia e igualdad ante la ley, las prácticas de elusión y evasión fiscal que drenan la disponibilidad de recursos públicos, así como la evolución de los sistemas tributarios circundantes, hacen que, sin perjuicio de mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público, entendamos necesaria una nueva orientación de la política fiscal en España que garantice un óptimo equilibrio entre los ingresos y gastos públicos, que establezca medidas más eficaces de lucha contra el fraude fiscal y además impulse la actividad económica generadora de empleo, apoye la recuperación de nuestra economía y proporcione la suficiencia recaudatoria y financiera necesarias para garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas y de nuestro sistema de bienestar. Y en ese sentido se incluyeron y aprobaron en el Pleno del pasado martes veintinueve medidas de lucha contra el fraude y la evasión fiscales, entre ellas la eliminación de las entidades de tenencia de valores extranjeros. Es verdad, como decía el portavoz del Grupo de Ciudadanos, que en el programa electoral socialista aparecía como objetivo endurecer el régimen de las ETVE, las entidades de tenencia de valores extranjeros, y que efectivamente en los acuerdos a los que llegamos con Ciudadanos aceptamos su posición, negociamos, transamos y decidimos eliminarlas. De hecho, se recogía esa iniciativa y esa posición por parte del Partido Socialista. Pero tampoco es malo recordar que Podemos -que siempre hace un discurso, en fin, de los suyos- en su programa electoral no hablaba de eliminarlas, sino de revisar su fiscalidad. Decía que se revisaría la fiscalidad de las Sicav, las Socimi, las sociedades de capital riesgo y las entidades de tenencia de valores extranjeros para velar por la inversión productiva y la equidad fiscal. Me parece bien que ahora todos estemos de acuerdo en la eliminación de esta figura tributaria que, efectivamente, es una figura de elusión fiscal, pero también hay que tener un poquito de coherencia en los discursos.

Las entidades de tenencia de valores extranjeros, las ETVE, son una figura tributaria surgida en España en 1995 como emulación, tal y como recordaba el portavoz de Esquerra, de figuras semejantes existentes en otros países europeos como Holanda, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Suecia, Irlanda, etcétera, que ha sufrido diferentes modificaciones y que tiene como objetivo crear un entorno fiscalmente favorable para las sociedades holding y tenedoras de acciones en España. Se benefician de exención fiscal los dividendos procedentes de sus participaciones en entidades no residentes en España, así como las rentas derivadas de la transmisión de dichos valores. Aproximadamente entre el 20 y el 22% de la inversión directa exterior en España se instrumenta a través de esta figura tributaria y supone una cifra de alrededor de 3.600 millones de euros; un dinero que pasa por España pero no permanece ni representa crecimiento y empleo, o al menos no tiene necesidad de hacerlo, y se encuentra efectivamente bajo el velo de la opacidad. A pesar del reducido número de entidades que aplican este régimen, se está produciendo una merma considerable de recursos públicos, pues grandes grupos multinacionales se han acogido a dicho régimen sin ningún tipo de contraprestación en términos de empleo o actividad. De hecho, los planes de prevención fiscal de la Agencia Tributaria han detectado casos de aparente concentración de activos y pasivos financieros exteriores correspondientes a grupos internacionales de sociedades, normalmente mediante la utilización de empresas de mera tenencia de valores extranjeros. Con ello se pretende trasladar al territorio español la carga financiera de intereses de grupos internacionales de sociedades, dando lugar a la correspondiente deducción de gastos mientras que los ingresos financieros tributan de forma muy reducida por serles de aplicación un régimen privilegiado.


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En el desarrollo de estas operaciones se efectúan compraventas intragrupo por precios notoriamente superiores a los de mercado. Se trata de abusos a la normativa española, que es muy flexible para atraer la localización de sociedades de tenencia de valores. El número de casos detectados es muy reducido, pero se trata de operaciones por importes muy elevados.

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.

El señor LASARTE IRIBARREN: Voy acabando, presidente.

Además, ese tipo de regímenes tampoco es coherente con el plan de acción de la OCDE G-20 de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, por lo que debe ser revisado -en nuestra propuesta decimos que eliminado- de acuerdo con los principios de coordinación internacional para luchar contra la evasión fiscal de empresas multinacionales. Lógicamente, seremos coherentes con la transaccional aprobada en el Pleno y votaremos a favor de la PNL de Izquierda Unida.

Me gustaría acabar recordando a Fernando Buesa, socialista alavés a quien ETA asesinó junto a su escolta Jorge Díez, cuando se dirigía a su trabajo en el Parlamento vasco; un político que elogiaba el poder de las ideas y de la palabra para cambiar las cosas. Aquí hemos vivido meses de palabras, palabras y palabras sin ningún efecto real, por desgracia, y hechos que son demostraciones de comportamientos: preferir que siga Rajoy y el PP a un Gobierno de cambio, a un Gobierno real de cambio. Palabras para un discurso que acaba en el cajón de los recuerdos, hechos para que todo siga igual y nada cambie. Esa es la realidad de esta corta legislatura.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Popular, la señora Alós.

La señora ALÓS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Como se ha dicho por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, esta propuesta ya se ha debatido e incluso se han aprobado propuestas en Pleno y en otras comisiones. La Comisión donde creo que sería más correcto que se produjera este debate es en la de Hacienda y no la de Economía, pero, en todo caso, ya que estamos en la Comisión de Economía quiero dejar claro que si esta propuesta se llevara a cabo sería muy negativa para la economía de nuestro país.

En esta propuesta se plantea la supresión de las ETVE, las entidades de tenencia de valores extranjeros, pero en los antecedentes realmente se habla de todo menos de ellas. Se habla de agujeros negros de la economía, paraísos fiscales, lista Falciani, papeles de Panamá... En definitiva, se ha dicho que las entidades de tenencia de valores extranjeros es una figura jurídica que se creó ya en 1995 -por cierto, por el Partido Socialista- con algunos objetivos que voy a nombrar: fomentar la presencia en el exterior de las sociedades españolas -de lo que por cierto en las intervenciones previas no se ha dicho absolutamente nada-, favorecer la repatriación de los beneficios obtenidos por las participadas, estimular las inversiones extranjeras en España -fundamental para nuestra economía- y la neutralidad fiscal e igualdad en el trato. Con esta normativa España trataba de ofrecer idénticas ventajas fiscales que otros países de nuestro entorno. Con estas entidades se favorece alcanzar estos objetivos haciendo más competitivo a nuestro país frente a los que nos rodean, especialmente en el Unión Europea. Se han dado datos por parte incluso del portavoz del Grupo Socialista de lo que han representado, en capitales atraídos a nuestro país, estas entidades y, sinceramente, me parece incluso infantil pensar que si suprimimos estas entidades los capitales se van a quedar y no se van a ir a otros países donde sí tienen figuras similares. En todo caso, esta figura jurídica no es perniciosa en sí misma en la medida en que las rentas obtenidas por la entidad de tenencia de valores extranjeros tributan conforme a las reglas generales establecidas en la normativa del impuesto de sociedades, en el artículo 21, cumpliendo condiciones muy claras para obtener las exenciones a las que se ha hecho referencia; en concreto, los valores representativos de la participación en el capital de la entidad deben ser nominativos -no sé por qué se ha hablado hasta ahora de opacidad porque son nominativos- y con un mínimo del 5% de participación. Deben tener una organización de medios materiales y personales, no puede ser una mera sociedad instrumental. Lo que está exento son los dividendos, no los beneficios como se ha dicho, porque los beneficios deben estar sujetos a impuestos análogos al impuesto de sociedades español en los países donde se generan las rentas y, de hecho, se ha incluido que esos impuestos que tributen en esos otros países tienen que tener un mínimo de tipo de gravamen de un 10% y, en todo caso, estos beneficios deben proceder de actividades


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empresariales y nunca, nunca, de paraísos fiscales. De hecho, en la modificación del impuesto sobre sociedades que se ha llevado a cabo, uno de los aspectos que se han hecho necesarios corresponde al tratamiento de la doble imposición, y viene dado precisamente por el dictamen motivado de la Comisión Europea número 2010/4111 relativo al tratamiento fiscal de los dividendos. En todo caso, la idea básica de la tributación aplicada a los socios de estas entidades es que por las rentas derivadas de la misma, la tributación del socio se produzca de la misma manera que si no existiera la ETVE.

Aquí se ha hablado también de evasión fiscal, de elusión fiscal, de los paraísos fiscales. Señorías, en cuanto a la evasión fiscal, en un mundo económicamente globalizado no se puede permanecer al margen de la actividad internacional. Actualmente la prevención y la lucha contra el fraude fiscal está siendo objeto de especial atención en todos los países y en las administraciones tributarias de nuestro entorno, y esto se pone de manifiesto en los diversos organismos internacionales con distintos foros en los que ya se está trabajando en este sentido y en los que España es parte activa. Por lo que respecta a la lucha contra los paraísos fiscales, efectivamente con la actuación de forma aislada e individual por cada uno de los países no se consigue el fin perseguido; es más, se consiguen los efectos contrarios a los buscados, produciéndose un desplazamiento de rentas y actividades hacia territorios que no tienen normas antiparaíso. La coordinación internacional en la lucha contra los paraísos fiscales es imprescindible y, como decía, en los foros internacionales en los que España esta participando de forma muy activa se está tratando esta situación. Hay que decir que la lucha contra el fraude fiscal en la que todos hemos estado de acuerdo los últimos años ha tenido resultados muy positivos: la recaudación en los mercados en la lucha contra el fraude ascendió a 12.318 millones de euros, cifra récord, un 12,5% superior a la que se consiguió en 2013.

Termino, señor presidente. En todo caso, nuestro grupo, como ha hecho ya en debates previos en otras comisiones y en el Pleno, votará en contra de esta proposición no de ley porque entendemos que perjudicaría de forma muy importante, por fuga de capital de nuestro país, a nuestra economía y a la competitividad de las empresas españolas en el exterior.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alós.

- SOBRE EL CONTROL DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LOS CONTRATISTAS ADJUDICATARIOS DE OBRA PÚBLICA A SUS SUMINISTRADORES Y SUBCONTRATISTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000232).

El señor PRESIDENTE: Siguiendo el orden que habíamos señalado, vamos a debatir la segunda de las proposiciones que aparecen en el orden del día. Pero también quiero aprovechar para indicarles que, según el desarrollo que está teniendo la Comisión, creo que en torno a las doce y media podríamos estar votando, aunque no antes de esa hora.

Para la defensa y presentación de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre el control de los plazos de pago de los contratistas adjudicatarios de obra pública a sus suministradores, tiene la palabra señor Capdevila por un tiempo máximo de diez minutos.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo, bon dia.

A nadie se le oculta, y lo estamos demostrando a lo largo de la mañana, que estas últimas comisiones de la legislatura están sirviendo como coche escoba de un montón de proposiciones y al final de demostraciones de intenciones. Una de ellas es la obsesión de nuestro grupo con el tema de la morosidad. Eso ha hecho que una bonita proposición de ley presentada hace días, que se encuentra en ese curioso limbo del trámite para averiguar si tiene o no incidencias sobre el presupuesto, quedase evidentemente en el limbo, y puesto que había que dejarla en el limbo, la hemos convertido en una proposición no de ley. Solamente quiero que conste la preocupación de nuestro grupo para, en la medida de lo posible, si este debate sirviese para algo, allanar el camino del acerca de este tema o por lo menos para iniciar su debate.

Ya saben que la morosidad y su problemática son como las pompas fúnebres de la ciencia económica, uno de esos temas que huelen mal. El panorama de la contratación pública en España se caracteriza por una serie de malas prácticas en forma de retrasos en los pagos, en particular las que practican los grandes adjudicatarios de la obra pública con la parte más débil de la cadena de la contratación, o sea, con los proveedores y los subcontratistas, que suelen ser el último eslabón que soporta todo el entramado, ya que los grandes contratistas pueden actuar con impunidad, con abuso de


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fuerza, debido a la ausencia de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento del plazo legal. Nuestra intención al presentar esta PNL -como decía- es iniciar el debate en ese sentido.

Con respecto a los plazos de pago actuales de los grandes contratistas de obra pública, un estudio reciente de la plataforma Multisectorial contra la Morosidad reveló que tras analizar los balances de las compañías del IBEX 35 del sector no financiero publicados por la CNMV, las sociedades no financieras del IBEX pagan a sus proveedores en plazos muy superiores a los permitidos por la ley. Concretamente lo hacen a ciento setenta y un días de media, o sea, casi al triple de lo permitido por la legislación antimorosidad, que son sesenta días, como ustedes saben. Los datos publicados por dicha plataforma Multisectorial contra la Morosidad reflejan que de las empresas no financieras del selectivo español son las del sector de la construcción y el inmobiliario las que tienen un plazo medio de pago más alto, alcanza los doscientos noventa y un días. Estos van seguidos por el sector servicios y por el sector comercio, con doscientos sesenta y nueve días, el industrial con doscientos veintidós, y el de la energía es casi como un alivio, con un plazo medio de ciento un días. Resulta alucinante cuando uno analiza con cierto detalle estos datos. Les recuerdo que el plazo máximo serían sesenta días.

Todos estos números contrastan con los periodos medios de cobro que estas grandes empresas muestran en sus estados financieros, porque la primera excusa sería decir que pago tarde porque también cobro tarde. El periodo medio de pago de las grandes cotizadas, como decía, es de ciento setenta y un días, cuando su periodo medio de cobro es de setenta y siete. Es decir, no nos vale la excusa de pago tarde porque cobro tarde. Muchas de estas compañías, con esta jugada tan agradable para ellas, se financian no completamente pero sí en cierta manera a costa de sus propios proveedores, que en la mayoría de los casos son pymes y autónomos. Como consecuencia de esta situación, tenemos que subcontratistas y proveedores -el eslabón débil de la cadena- tienen que soportar tales dilaciones, tales retrasos en el cobro de sus prestaciones. Y siendo el caso frecuente que hoy en día las grandes empresas contratistas asumen la posición de meras gestoras del proyecto principal, sucede que son los subcontratistas y los proveedores de las grandes compañías adjudicatarias quienes tienen que financiar de continuo la obra realizada.

Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ante la necesidad de proteger a las pymes, a las microempresas que trabajan para los grandes contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, nos parece oportuno adoptar medidas que minimicen estos abusos y mantengan los periodos de pago de las operaciones comerciales dentro de los límites estrictos que marca el artículo 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Por ello queremos que esta Comisión -si se aprueba la proposición no de ley- inste al Gobierno a adoptar con urgencia medidas tendentes a controlar los plazos de pago de los contratistas principales con sus suministradores y subcontratistas y otorgar a estos una protección en el cobro de sus prestaciones que les garantice que puedan percibir sus contraprestaciones dentro del plazo máximo de sesenta días naturales computados desde la fecha de la realización de sus prestaciones. Creo que me tendré que autoenmendar y poner alguna coma porque no se puede respirar. (Risas).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.

En primer lugar, tiene la palabra el señor Garaulet para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, estamos de acuerdo en que hay que adoptar medidas para poder garantizar el cobro por parte de los subcontratistas dentro del plazo de tiempo que la ley indica, pero creemos que lo que ha presentado Esquerra Republicana es un poco generalista, no llega al fondo, no pone las matizaciones que creemos que debe tener esta proposición no de ley. En la forma estamos de acuerdo pero creemos que debemos matizarla en los siguientes puntos. Primero, que se incorpore como condición especial en la ejecución de los contratos públicos el plazo máximo legal de sesenta días, computados desde la fecha de realización de sus prestaciones, es decir que se incorpore ya en el contrato. Segundo, que se establezca la obligación de que en los pliegos de los contratos públicos que se dispongan -siempre que las circunstancias lo permitan, por supuesto- los licitadores deban indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, que eso actualmente no se hace. Tercero, que se requiera a los contratistas presentar -dentro del mes siguiente a la formalización del contrato público- la relación detallada de los subcontratistas o suministradores que vayan a participar en el contrato, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro que guarden relación directa con el plazo de pago. Creo que esto define un poquito más el tema. Cuarto,


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establecer un plazo a los adjudicatarios de los contratos públicos para que, una vez finalizada la prestación correspondiente al objeto de la subcontratación, presenten los justificantes acreditativos del cumplimiento de los pagos a subcontratistas suministradores dentro de los plazos legalmente establecidos. Cosa que tampoco se indica y que sería importante incorporar. Quinto, prever en los pliegos de contratación -cuando así se proceda y previo al apercibimiento o en su caso audiencia del interesado- la imposición de penalidades en los supuestos de incumplimiento de los requerimientos de documentación previstos en los apartados anteriores o de incumplimiento de las obligaciones de pago a los subcontratistas o suministradores en el plazo máximo legal. La imposición de estas penalidades en este último supuesto llevará aparejado el requerimiento por parte del contratista principal de cumplir las obligaciones legales de pago a las empresas subcontratistas o suministradoras, recurriéndose en su defecto al pago directo de las mismas por parte de la Administración pública contratante, deduciéndose posteriormente el importe satisfecho del montante total del precio del contrato. Por lo tanto, estamos de acuerdo pero si lo definimos un poco mejor quedaría bastante más completa la proposición no de ley que ustedes han presentado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gordo.

El señor GORDO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Agradezco a Esquerra Republicana que presente esta iniciativa, una iniciativa que sin duda entronca con la salud económica y la viabilidad de muchas empresas. De hecho, el Partido Socialista tenía un capítulo específico en el programa electoral que intento incorporar hoy en las enmiendas que aquí presentamos. Una regla de oro del mundo de las finanzas establece pagar lo más tarde posible y cobrar cuanto antes. Es una norma perversa porque da rienda suelta en muchos casos a empresas y a entidades sin escrúpulos, buscando financiación ajena a coste cero, no negociada e incrementando los gastos financieros de quien lo sufre. Nosotros constatamos el problema pero sobre todo en pequeñas empresas que realizan la subcontratación y también en pequeños proveedores, lo cual no significa que no esté presente en las grandes empresas del IBEX 35, que también. Lo que constatamos es que hay muchas empresas que se ven obligadas a admitir contratos con incertidumbre de pago, sin saber nunca si van a poder cobrar, y al mismo tiempo con financiación no negociada, con demoras de cobro que no tienen una repercusión en intereses de mora, en intereses en cargas financieras por ese retraso. Y lo que más nos preocupa es que en muchos casos, cuando este proceso se agrava y se va acumulando en empresas de quince a treinta trabajadores, esto las lleva al cierre o hace que tengan que despedir a trabajadores.

Observo que la PNL que presenta Esquerra se centra sobre todo en empresas del Ibex. Sin duda alguna existe el problema, pero hay que tener objetividad. Admito la propuesta que hace la plataforma Multisectorial contra la Morosidad, pero, a la hora de calcular un ratio de cobro, de pago o de financiación -como puede ser el que se plantea en la propia PNL de proveedores partido por clientes-, hay que tener en cuenta que debe haber consistencia entre el numerador y el denominador, hay que contemplar los contratos de factoring, de confirming, porque si no las cifras no son consistentes. Dicho esto, aun compartiendo el fondo de la PNL, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que no da respuesta al problema y se queda en una mera declaración de intenciones. Bien es cierto -lo ha anunciado aquí el portavoz-, que la idea era presentar una proposición de ley que estaremos gustosos de debatir si en la próxima legislatura nos centramos en los problemas de los ciudadanos y no en los problemas partidistas, como algunos han demostrado en este tiempo; de verdad que lo deseamos de todo corazón.

En cuanto a las propuestas que hemos presentado, son claras, sencillas y contundentes: diseñar y aplicar medidas en las administraciones públicas que comprueben el estricto cumplimiento de pagos de los contratistas adjudicatarios a los subcontratistas. Ya la Ley 14 introducía el artículo 228 bis del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Tal y como quedó el texto, el artículo 228 tiene un carácter potestativo, y lo pone de manifiesto la PNL. Lo que estamos proponiendo es que sea obligatorio, que las administraciones públicas lo comprueben de tal manera que se refuerce la garantía de cobro. Es la única manera de reforzar esa garantía de cobro con los plazos legalmente previstos. Para ello se requiere un desarrollo reglamentario que agilice esta normativa y esta actuación, disminuyendo carga administrativa y coste. Por eso, hacemos referencia al diseño y aplicación de medidas porque, si no articulamos el procedimiento, esto quedará en aguas de borrajas. En segundo lugar, exigir a las empresas contratistas certificados auditados de cumplimiento de pago. No queremos inventar cosas extrañas,


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porque además no tienen cabida en el marco constitucional. La Administración no puede ser controlada por agentes externos con intereses cuya naturaleza desconocemos; la Administración tiene sus reglas. En tercer lugar, debemos verificar la solvencia económica de los contratistas, es decir, atajemos las causas y, al mismo tiempo, valoremos el plazo medio en los criterios de ponderación. Lo que estamos proponiendo es que a la hora de asignar y adjudicar contratos constatemos que quien acude a los procesos de licitación de la Administración son solventes y después analicemos en uno de los ítems de ponderación el plazo medio de pago. A este respecto tengo que hacer una referencia expresa a una empresa de la Administración. Hoy, por ejemplo, nos encontramos que ADIF pondera el 75,75% el precio frente a un 25% de la calidad. ¿Qué está ocurriendo? Que ADIF está teniendo bajas en torno a un 50% o un 60% del coste o del precio de licitación. Es una máquina de generar insolvencia, de crear problemas. Por lo tanto, hay que analizar la solvencia de las empresas para que puedan pagar a los contratistas. Y, por último -ya termino, presidente-, también planteamos un estudio de un régimen sancionador que, tal y como está en estos momentos en la legislación, lo deja al pliego de cláusulas administrativas con penalidades concretas. Creemos que esto puede generar inseguridad jurídica. Al mismo tiempo tengo que decir que en el marco comparado no he visto que exista un régimen sancionador en otros países y por eso planteamos un estudio, una aproximación que nos permita evitar problemas y al mismo tiempo darle consistencia.

Creemos que estas medidas concretas ayudarían a disminuir la morosidad y sobre todo a que pequeñas empresas, pequeños suministradores puedan sobrevivir y no tengan que generar despidos o desaparecer. Este es un problema real que constatamos los que hablamos con las empresas, con el sector día a día, pero especialmente se da en los pequeños, lo cual no conlleva que no exista también en los grandes, pero también va mucho con la naturaleza y la forma de gestionar de las empresas. Hay empresas que son desaprensivas y otras que no. Tenemos que contribuir entre todos a eliminar este problema.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gordo.

Turno de fijación de posiciones. ¿Grupo Mixto? (Pausa). No está. ¿Grupo Vasco? (Pausa). Tampoco. ¿Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat)? Señor Xuclà, por un tiempo de cinco minutos.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Creo que seré capaz de fijar la posición en cinco minutos para expresar en nombre del Grupo Parlamentario Catalán Democràcia i Llibertat nuestro apoyo a esta iniciativa por dos o tres motivos. El primero, por coherencia con lo que ya votamos en la anterior legislatura. Nosotros fuimos uno de los impulsores más activos de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y de lucha contra la morosidad. Por eso, esta proposición no de ley, señorías, podría resumirse en: "que se cumpla la ley", y deberíamos reflexionar por qué, después de unos cuantos años de aplicación de un marco legal en el sector público y en el privado -de forma muy destacada en el sector público-, no se cumple la ley respecto a los plazos de pago y la morosidad y, como muy bien ha descrito el señor Capdevila, muchas veces en unos casos extremos incluso se convierte en un mecanismo de financiación de las propias empresas. Señorías, hemos presentado una proposición de ley sobre el mismo particular; esta legislatura menguante no nos permitirá su debate en Pleno, pero nos hacemos eco de las reivindicaciones de distintos colectivos al respecto, de Pimec en Cataluña y de la plataforma Multisectorial contra la Morosidad que preside el señor Cañete y que con gran justicia ha hecho de esta causa algo básico para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas.

Al señor Capdevila he estado a punto de presentarle una enmienda de enriquecimiento, pero hoy es la Mare de Déu de Montserrat, que es la patrona de Cataluña, de la que el señor Capdevila es muy devoto (El señor Capdevila i Esteve pronuncia palabras que no se perciben), y estoy convencido de que cuando usted dice: "adoptar con urgencia las medidas tendentes a controlar", usted también considera indispensable la incorporación de un régimen sancionador porque, como muy bien apuntaba el portavoz del Grupo Socialista, a la luz de la experiencia de la aplicación de la ley en los últimos años sin un régimen sancionador, las declaraciones de buena voluntad expresadas en la ley actualmente vigente, depositando la confianza en el régimen sancionador en el contrato entre las partes -en el cual siempre está la posición dominante del contratista sobre el contratado-, esto requeriría la incorporación de un régimen sancionador, que se tiene que estudiar bien porque no existen modelos comparados, como también se ha dicho. Esta es la conclusión de estos años de aplicación de la ley, de su inaplicación práctica en muchos casos y de la necesidad de la incorporación de un régimen sancionador. Por lo tanto, señor Capdevila, nosotros


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vamos a apoyar esta iniciativa, que es también un stress test de la capacidad pulmonar de leer cuatro líneas sin ninguna coma.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Sánchez.

La señora SÁNCHEZ MELERO: Gracias, señor presidente.

Este es un asunto de vital importancia para la economía de este país. Las administraciones públicas, en contra de lo que opinan muchos grupos presentes en esta Cámara, son uno de los motores fundamentales de la economía e intervienen de manera directa como actores económicos. En esta crisis se calcula que unos 500.000 negocios han echado el cierre por no ser capaces de cobrar facturas pendientes -500.000 negocios-. Detrás de esa cifra, hay familias completas que han perdido la capacidad de desarrollar un futuro, hay gente que ha emprendido un sueño y que se ha quedado por el camino y, en definitiva, lo que hay es una realidad de unas administraciones públicas incapaces de defender a las mayorías sociales. Se ha desarrollado mucha legislación, se ha hablado de ella aquí, emprendedores, morosidad. La propia Ley de Contratos Públicos que regula los contratos de la Administración tiene mecanismos más que suficientes para impedir esta realidad y, sin embargo, no se cumplen. No son eficaces, ni dicha legislación, ni se ha aplicado. Las asociaciones de pequeñas y medianas empresas y los autónomos denuncian que en el 75% de los contratos que se firman se recogen ya cláusulas de pago con mucho más retardo de lo establecido en la ley. Ningún mecanismo esta reflejado en dichas leyes ni en la Administración, y ninguna alternativa tienen los suministradores y subcontratistas para negarse a que se firmen esos contratos. Es más, el 85% reconocen presiones de las grandes empresas para que se firmen los contratos en esas condiciones. No es asumible para la situación de crisis que vive este país que recaiga sobre los más débiles la responsabilidad para el cumplimiento de las leyes que se formulan para proteger de los abusos de los poderosos. Pero quienes sí pueden tomar medidas y quienes no lo hacen son las administraciones públicas. Son proveedoras de buena parte del negocio de las empresas que ha detallado el señor Capdevila, que cotizan en el Ibex 35 y que triplican el tiempo que pasa desde que ellas cobran hasta que pagan a sus subcontratistas. Me centraré en las empresas de construcción. Buena parte del negocio de construcción de las empresas del Ibex 35 viene de negocios y de contratos de la Administración Pública. ¿Cómo es posible que permitamos que se dé el incumplimiento permanente de la ley y que sigamos dándoles contratos desde las administraciones del Estado y las diferentes comunidades autónomas? Es importante saber lo que significa para una pequeña y mediana empresa un impago reiterado de una gran empresa que financia su deuda a costa de la pobreza de las familias. Es importante visualizarlo. Esto significa que si una Administración contrata, por ejemplo, a una constructora para realizar un edificio público, es más que probable que la instalación del cerramiento de aluminio no lo realice la propia constructora sino que se subcontrate, tanto en el suministro como en la instalación, a pequeñas y medianas empresas. La empresa constructora recibirá progresivos abonos de la obra que viene desarrollando en sucesivas liquidaciones pertinentemente pactadas en su contrato, pero no pagará a sus suministradores, no cumplirá los plazos que ella misma va a exigirle a la Administración. Por poner solo un ejemplo, si a una pequeña o mediana empresa de suministro o de instalación de cerramientos de aluminio, se le repite esta situación con tres clientes, no tendrá mecanismo alguno para sostenerse económicamente, no tendrá línea de crédito, no podrá dejar de pagar a sus trabajadores, por supuesto no podrá dejar de pagar sus obligaciones fiscales porque no tienen cuentas en paraísos fiscales y, en definitiva, estará abocada al cierre y al fracaso de su proyecto emprendedor.

Señores, no hacer nada ante esta realidad es el camino más rápido para arruinar un país. Por eso urge que tomemos medidas. Se han detallado propuestas y algunas son claras y directas. Podríamos apostar por que las administraciones públicas condicionen la adjudicación de contratos públicos al cumplimiento de la ley. Fíjense que frase: que se condicionen los contratos públicos al cumplimiento de la ley. Desde luego hay muchas cosas que formular en un cambio legislativo, en una proposición de ley que modifique las leyes, pero quizá ha llegado el tiempo de dejar de hablar de leyes y hablar de lo que realmente pasa. Lo que hay es una falta absoluta de voluntad política para hacer cumplir las leyes que protegen a las mayorías sociales, y tiene que ver exclusivamente con la incapacidad de los dos grandes partidos que han gobernado este país para enfrentarse a los poderosos. Olvidarse de la gente de este país, ignorar la realidad cotidiana que viven y encerrarse en estas paredes a hablar de un consenso que no representa a quienes sufren esta crisis y que solo defiende a esas empresas del Ibex que abusan de


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su capacidad y de su condición de poderosas, deja al pueblo de este país sin voz, lo que significa ya un tiempo caduco. Vuelve la primavera del cambio, vuelve el tiempo de recuperar este país para su gente y que este Parlamento deje de discutir papeles que no se cumplen y se ponga al frente de hacer cumplir la ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Roca.

El señor ROCA MAS: Muchísimas gracias, presidente.

Debatimos una proposición de Esquerra Republicana para tratar la morosidad de los contratistas con los subcontratistas. Es una proposición que llega tarde aproximadamente una crisis o dos recesiones y que está plagada de prejuicios, ignorancia y cinismo. Me explico. Va cargada de los típicos prejuicios hispanófobos porque creen que los españoles somos morosos y no es cierto. Los españoles, como los alemanes o los suecos, somos de pagar nuestras deudas. Sí es cierto que hace cuatro o cinco años en Cataluña y en España sufríamos Gobiernos morosos, el Gobierno del señor Zapatero con el apoyo de Esquerra Republicana y el Gobierno tripartito en la Generalitat con la participación activa de Esquerra Republicana. Eran tiempos de despilfarro masivo, eran tiempos en los que Esquerra Republicana y el señor Zapatero pactaban la financiación autonómica, por ejemplo, de Galicia, Aragón o Murcia, pero no hablaban de la morosidad de las administraciones públicas. Luego se iban a Cataluña a decir Espanya ens roba con la financiación autonómica que aprobaron ellos. Eran tiempos en los que el Gobierno socialista de Zapatero y tripartito dejaron atiborrados los cajones de facturas sin pagar, en los que mentían acerca de lo que gastaban. Los despilfarros y los impagos de esos Gobiernos de izquierda condenaron al cierre -aquí se ha dicho- a 500.000 empresas, enviaron al paro a millones de españoles y dejaron a una de las grandes naciones del mundo al borde de la ruina. Los Gobiernos de España y Cataluña eran morosos, pero no eran ni España, ni lo son, ni los españoles. Esta proposición va cargada de ignorancia porque el Gobierno de España ya ha aprobado medidas para luchar contra la morosidad, para evitar que los grandes contratistas abusen de los subcontratistas, con el principio de tolerancia cero con la morosidad por el daño enorme que hace a la economía la cadena de impagos que empezaba en las administraciones públicas.

En el ámbito privado hemos aprobado un marco jurídico favorable para que se paguen las facturas. Pero este es el Poder Legislativo, no el Judicial. Me asustan algunas declaraciones que pretenden convertir esta Cámara en otra cosa que en el Poder Legislativo. En ese sentido, aprobamos la Ley de apoyo al emprendedor y del estímulo al crecimiento en el que se marcaron tres cosas: se estableció el tipo legal de interés de demora, una indemnización por costes de cobro y que las cláusulas abusivas de los grandes contratistas eran consideradas nulas, aunque las haya aceptado el subcontratista. Según los datos de la plataforma Multisectorial contra la Morosidad, las reformas están funcionando. Hemos bajado la morosidad entre empresas y nos acercamos a la media de morosidad de la Unión Europea. Es posible que algunos sectores tengan que mejorar más y otros hayan mejorado suficiente. Eso en el ámbito privado, pero también teníamos que dar ejemplo en el ámbito público, y lo hemos hecho reduciendo el período medio de pago. Cuando llegó el cambio a España hace cuatro años, el período medio de pago de las administraciones públicas era de ciento cincuenta y cuatro días. Hoy es de diez días para la Administración General del Estado y la Seguridad Social, veintiséis días para las entidades locales y cincuenta y ocho -y aquí tenemos que seguir trabajando- para las comunidades autónomas. Hemos priorizado tanto el pago de facturas que aprobamos un Plan de pago a proveedores y un Fondo de liquidez autonómica que han servido para cortar la sangría del paro, para evitar el cierre de empresas, han evitado que cientos de miles de españoles perdieran el empleo. Cien mil familias catalanas no han perdido su empleo gracias a que el PP ha pagado las facturas, aunque no lo sepan -cien mil familias catalanas-. Dicen, con razón, que somos el partido de los pensionistas. Ya saben que para algunos lo de los pensionistas no les gusta mucho. Pues miren, para evitar la morosidad de las administraciones públicas hemos destinado 136.000 millones de euros a pagar facturas, las pensiones de todo un año; imagínense si somos o no el partido de las pymes. Y hemos devuelto un principio, sobre todo en el plano político, que debería ser sagrado, y es que las facturas hay que pagarlas, señores de la izquierda, las facturas hay que pagarlas, sobre todo las de servicios públicos. Yo también hablo con mucha gente y, ¿saben lo que me dicen las entidades que prestan servicios públicos? Hay dos tipos, las del carnet del partido en


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la boca que solo te hablan de recortes y las que trabajan de verdad por la gente que te dicen: los recortes pueden ser malos pero son mucho peores los impagos.

Voy acabando. Esta proposición va cargada de bastante cinismo. El Gobierno nacionalista de la Generalitat de Catalunya no ha hecho nada por la morosidad en lo que a ellos respecta. Los treinta y cinco años de mayoría absoluta nacionalista en el Parlament, que no en la sociedad, nos han dejado que es la segunda comunidad autónoma en presupuesto por habitante. Los catalanes somos los españoles que más impuestos pagamos -por culpa del Parlament de Catalunya- y, sin embargo, la Generalitat de Catalunya es la comunidad autónoma que más tarde paga y que debe más dinero. Es el Gobierno autonómico más moroso, es el peor Gobierno autonómico de España pero, bueno, a alguien le tendría que tocar, pero es que no es solo en el ámbito cuantitativo, también lo es en el ámbito cualitativo. ¿Saben qué hace el Gobierno nacionalista de la Generalitat de Catalunya? Cuando el Gobierno de España ofreció el FLA para pagar las facturas a las farmacias que llevaban tres meses de impagos, el Gobierno de la Generalitat dijo que no se pagara a las farmacias, que se taparan otros agujeros. ¿Qué hizo el Gobierno nacionalista? Decir a los farmacéuticos que se manifestaran contra el Gobierno de España.

El señor PRESIDENTE: Señor Roca, tiene que ir terminando.

El señor ROCA MAS: Sí, acabo, presidente. Gracias.

No es un caso aislado de un comisario político canalla, es un modus operandi, porque han hecho lo mismo con ayudas sociales, con fondos europeos de agricultura, con el 1% cultural, con becas, con infraestructuras. (El señor Capdevila Esteve pide la palabra). Esa es una manera de gobernar que les puede dar réditos electorales, pueden tener a muchos catalanes emprenyats, pero no es buena ni para la convivencia ni para su salud mental. Cojan el espíritu de esta proposición, den ejemplo, dejen de ser un Gobierno moroso y mentiroso y paguen las facturas. Cataluña y los catalanes lo agradeceremos y el resto de España también.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Capdevila.

El señor CAPDEVILA ESTEVE: Es que no estaba muy atento, pero ¿me ha parecido entender que mi ilustre colega de Tarragona me llamaba comisario político canalla?

El señor ROCA MAS: No.

El señor PRESIDENTE: Señor Capdevila, le he dado un turno para que manifieste si entiende que hay alguna alusión personal.

El señor CAPDEVILA ESTEVE: Por eso preguntaba. Comisario político canalla es una alusión directa a mi persona y por eso pido la palabra.

El señor PRESIDENTE: Tiene dos minutos para exponer lo que considere oportuno al respecto.

El señor CAPDEVILA ESTEVE: Me parece indecente e impropio del decoro de esta Cámara.

El señor PRESIDENTE: Señor Roca.

El señor ROCA MAS: Gracias, señor presidente.

Siento el malentendido, a lo mejor querer exponer con celeridad bastantes motivos en poco tiempo ha provocado un malentendido. Ni mucho menos mi intención era llamar al señor Capdevila comisario político canalla, pero sí al comisario político que le dijo al Gobierno de España que no pagara a las farmacias y luego le dijo a los farmacéuticos que se manifestaran contra el Gobierno de España porque no les pagaba. Lo digo, lo mantengo, lo confirmo y me reafirmo. Eso fue una canallada y, además, no es un hecho aislado, es un modus operandi generalizado por el Gobierno nacionalista de la Generalitat de Catalunya.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: No hay alusión personal en ese sentido.

Ahora le doy la palabra, señor Capdevila, para otro asunto, para aceptar o rechazar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y por el Grupo Parlamentario Socialista.


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El señor CAPDEVILA ESTEVE: ¿Cuánto tiempo tengo?

El señor PRESIDENTE: Solo es decir las que acepta y las que rechaza.

El señor CAPDEVILA ESTEVE: Si me permite empezaré por las críticas destructivas. Es obvio que el PP ha entrado en campaña y no hay más que decir que lo han hecho tan bien y tanto en Cataluña que cada día están más cerca del extraparlamentarismo. No es forma de entrar en campaña, aunque tampoco me extraña.

En cuanto a las enmiendas -pasando ya a la parte constructiva de este debate, que es otra forma de entrar en campaña-, las aceptaremos en la medida en que los señores de Ciudadanos y del PSOE estén de acuerdo en no hacer una modificación, sino una adición respetando el primer párrafo que es la intención de Esquerra Republicana de poner sobre la mesa el debate sereno y constructivo sobre esta terrible lacra que tan bien ha relatado la compañera de Podemos. Las dos enmiendas son complementarias -como también ha comentado el compañero de Democràcia i Llibertat- e incorporan la importancia del régimen sancionador que propone el Grupo Socialista, en el bien entendido que es un brindis al sol por la premura de la situación en la que nos encontramos y que no es más que citarnos -si Dios y la Moreneta quieren- para la próxima legislatura para hablar, si puede ser sin aspavientos, sobre este tema tan problemático y que requiere medidas urgentes.

El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Capdevila, que lo que propone es aceptar las dos enmiendas, de Ciudadanos y del Grupo Socialista, de forma adicional, manteniéndose de su proposición no de ley original exclusivamente el primer párrafo (El señor Capdevila Esteve: Que es el único) y a continuación irían las dos enmiendas. ¿Es así?

El señor CAPDEVILA ESTEVE: Sí, es así, es lo que propongo si estos señores están de acuerdo.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Por nuestra parte, sí.

El señor SAURA GARCÍA: Como el señor Gordo se ha ausentado unos minutos, voy a consultar al portavoz de esta PNL y le indicaré antes de la votación el sí, el no o la abstención de mi grupo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

- RELATIVA A PROMOVER Y FACILITAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y GARANTIZAR LA UNIDAD DE MERCADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000443).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a discutir la siguiente proposición no de ley promovida por el Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a promover y facilitar el crecimiento empresarial y garantizar la unidad de mercado. Tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Garaulet.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Ciudadanos trae a la Comisión de Economía para su discusión la proposición no de ley de medidas para promover y facilitar el crecimiento empresarial y garantizar la unidad de mercado. (La señora vicepresidenta, Gallego Arriola, ocupa la Presidencia). Señorías, uno de los grandes problemas que tiene la economía española es cómo está conformado su tejido empresarial, donde un 60% de las empresas que lo componen son consideradas pymes y, dentro de ellas, el 42%, es decir, más de un millón y medio de empresas, tienen entre uno y nueve trabajadores. Señorías, en la productividad empresarial el tamaño sí que importa porque está probado que nuestras grandes empresas sí están aprovechando sus economías de escala para estar en niveles de productividad iguales o superiores a nuestros homólogos europeos y americanos. En cambio, nuestras pymes están muy por debajo de los niveles medios europeos de productividad. Ser una pyme en España, señorías -y lo digo por experiencia porque he creado una pyme y he asesorado a pymes-, conlleva una serie de limitaciones, limitaciones para no poder abrir nuevos mercados tanto en el ámbito nacional como en el internacional, limitaciones para poder invertir en I+D+i o limitaciones de acceso al crédito. Se ha producido un incremento de las garantías que te piden las entidades bancarias -sobre todo por el entorno económico en el que estamos-, ya que es independiente que lleves un buen proyecto o no, no miden si el proyecto es viabilidad, sino que ellos prefieren incrementar las garantías que te piden para poder darte el crédito, con


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lo cual se está limitando el poder de apalancamiento financiero que tienen las pequeñas y medianas empresas y, por tanto, coartando posibilidades de crecimiento. También tenemos limitaciones al acceso a los contratos públicos por el tamaño de las empresas. Tenemos limitaciones para poder dar una mayor formación a nuestros empleados, al ser tan pequeños es muy complicado poder dar una formación continuada a los trabajadores. Tenemos normativas de índole fiscal o administrativas o de apoyo a las pymes que establecen umbrales que incentivan a las empresas a preservar un tamaño reducido para poder optar a ellas. En paralelo, se ha erosionado la unidad de mercado por la proliferación de normativas autonómicas de carácter medioambiental, cultural o de seguridad e higiene, muchas veces no coincidentes entre sí y que generan que haya disparidad de criterios que impiden a una pyme crearse o crecer dentro de una comunidad autónoma y, en cambio, la favorecen en la que está justo a su lado. Yo pongo el caso de mi comunidad, la Región de Murcia, y las empresas de Águilas. El ayuntamiento paralelo que hay en Andalucía, que es Pulpí, tiene mejores condiciones para crear empresas; en Andalucía mejores condiciones que en Murcia, siendo la misma ley. Por lo tanto, las empresas prefieren abrir en Andalucía a seguir abriendo y creando empleo en su propia ciudad. Eso es crear una competencia interna absurda.

Para ello, necesitamos abordar con urgencia reformas que persigan modificar el tejido empresarial tanto en lo que a la actividad productiva se refiere como al tipo de empresas que la llevan a cabo. Eliminar barreras regulatorias que actualmente impiden que las empresas pequeñas aumenten de tamaño. Dedicar mayores recursos a I+D+i pero orientados a la competitividad de las empresas. Por eso, pedimos al Congreso en esta PNL que se realice una auditoría sobre la legislación vigente que nos identifique todas las barreras al crecimiento empresarial, de forma que se eliminen las que no resulten imprescindibles y se flexibilicen las restantes, y se evite la existencia de saltos y escalones numéricos en el diseño de la regulación y programas de políticas públicas. Crear una agencia de apoyo a las pymes que sea un único interlocutor en funciones de asesoramiento, orientación y apoyo en áreas críticas, que actúe de forma coordinada con las cámaras de comercio, ICEX y otros organismos públicos o privados que faciliten la internacionalización de las empresas españolas. Yo soy asesor de empresas y creo que hay un gap entre las competencias autonómicas y las competencias estatales. Hay un gap que tenemos que cubrir. Promover y facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública; hay que ayudar para que puedan optar a los contratos públicos. Impulsar que España se encuentre entre los diez primeros países del ranquin del Doing Business. Constituir un observatorio de la productividad y competitividad -porque, señorías, lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede gestionar- que se integre dentro de la Red de agencias nacionales de la competitividad. Reformar la Ley de garantía de la unidad de mercado al objeto de eliminar las barreras regulatorias e incorporar un procedimiento expreso de colaboración entre las diferentes administraciones basado en la lealtad institucional. Y avanzar decididamente en la armonización de las licencias y permisos dentro del país a través del reconocimiento mutuo de las mismas entre comunidades autónomas; dejar de hacernos competencia entre nosotros.

Para concluir, señorías, si apoyamos que nuestras pymes crezcan, no solamente se mejorarán los resultados económicos del país -está establecido un incremento de hasta el 13% en productividad- sino que también daremos un impulso definitivo a la creación de puestos de trabajo especializados y de calidad. Y estarán conmigo en que esto es un esfuerzo que merece la pena realizar entre todos.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Gallego Arriola): Gracias, señor Garaulet.

Hay dos grupos que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, señor Delgado.

El señor DELGADO ARCE: Gracias, señora presidenta.

Señorías, estamos ya en las horas finales de una legislatura, pero eso no es óbice para que siempre sea satisfactorio hablar de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que son el motor de nuestra recuperación económica y de la creación de empleo. Por eso, sus preocupaciones son siempre las del Partido Popular. Debatimos hoy una iniciativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos que se concentra en determinados aspectos y el Grupo Parlamentario Popular ha querido ser constructivo y ha planteado una enmienda a esta iniciativa en el sentido de mejorar su redacción técnica y hacer incluso nuevas propuestas más efectivas.

Estamos de acuerdo con la pretensión de que se realice una auditoría sobre la legislación vigente en el ámbito mercantil. El objetivo de que se supriman los obstáculos al crecimiento de empresas es un objetivo en el que venimos trabajando desde siempre en el Partido Popular, pero es un objetivo permanente,


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inacabado y por lo tanto no tenemos ningún inconveniente en que esto pueda tener continuidad, eso sí, de la mano de la Comisión delegada para Asuntos Económicos del ministerio, que es el órgano competente para promover este tipo de actuaciones. Se nos plantea por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos la creación de una agencia de apoyo a las pymes que se convierta en su único interlocutor en funciones de asesoramiento y apoyo. A este respecto debo trasladar que quizá no exista suficiente conocimiento de que estas funciones las realiza ya en la Administración española la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, que tiene atribuidas todas estas competencias con un carácter muy detallado. Y también que justamente el Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, es la agencia de interlocución única para las pymes en esta materia, y es a través de esta ventana global como informa, asesora y actúa sobre las pequeñas y medianas empresas. Un nuevo interlocutor, como se propone en esta iniciativa de Ciudadanos, solo viene a añadir más burocracia al sistema y además nos parece que va muy en contra de lo que algunas veces hemos escuchado de la filosofía política de Ciudadanos, que es eliminar burocracia y entes intermedios. Hoy se nos propone la creación de un ente y nosotros en eso no estamos de acuerdo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Nos parece bien reflexionar sobre facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública. Este es un objetivo que nosotros compartimos, así lo hemos hecho en la X Legislatura, donde hemos trabajado a través de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Quiero recordar que se han hecho posible actuaciones como las uniones temporales de pequeñas empresas para que de forma conjunta puedan acceder a los umbrales mínimos y a los pliegos de contratación, garantías para flexibilizar los requisitos para contratar con el sector público, o la prohibición de discriminación positiva a favor de quienes hubiesen sido previamente contratistas del sector público, lo cual da juego a que otros que no lo han sido tengan más acceso a este tema. Por lo tanto, sí estamos de acuerdo en seguir trabajando en este ámbito, pero reconociendo los progresos que se han tenido en esta materia en los últimos tiempos.

Se propone también que se realice una auditoría que permita determinar los trámites y requerimientos exigidos en todos los niveles administrativos relacionados con el inicio de una nueva actividad o proyecto empresarial. En este sentido, sí estamos de acuerdo porque estar permanentemente encima de analizar y valorar lo que está pasando es positivo; eso sí, lo que pedimos es que para evitar duplicidades y sobre todo trabajos que se acaban de realizar, tengamos en cuenta los resultados del Doing Business que acaban de salir, relativos a España, del ejercicio 2005. Se plantea también en esta iniciativa constituir un observatorio de la productividad y de la competitividad. Nosotros en esto también estamos de acuerdo porque, en definitiva, competitividad y productividad son temas relevantes para el crecimiento económico y también para la estabilidad de la zona euro.

Y, finalmente, se habla en esta iniciativa de la unidad de mercado. La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, desde que fue aprobada está teniendo un grado muy importante de eficacia en su aplicación en orden a avanzar en la armonización de las licencias y de los permisos del país a través del reconocimiento mutuo de los mismos entre comunidades autónomas, y muchas de las cosas que aquí se plantean -como una reforma legislativa- ya existen; ya existe un procedimiento expreso de colaboración, esta ley ya prevé mecanismos concretos de cooperación entre administraciones públicas basados en la lealtad institucional, y además existe el Consejo para la Garantía de la Unidad de Mercado, cuya secretaría está emitiendo constantemente informes con unas recomendaciones que, afortunadamente, las administraciones destinatarias están siguiendo.

Ya estoy rematando, señor presidente. Se pide también la eliminación de unas barreras y de unas excepciones medioambientales, culturales y de seguridad e higiene. A este respecto tengo que decir que esto implicaría una reforma del artículo 17 de esta Ley de la garantía de la unidad de mercado, que contempla la exigencia de una autorización para el acceso a una actividad económica cuando concurran razones de seguridad pública, de protección del medio ambiente y del patrimonio histórico-artístico. Por lo tanto, no son cuestiones menores las que ellos plantean como una supresión sin que se haga dentro de un marco de conjunto y de un análisis ponderado de las ventajas y de los inconvenientes. En cualquier caso, en nuestra enmienda planteamos una redacción alternativa que valora que continuemos avanzando en la implementación de actuaciones para profundizar en la aplicación de la norma. Por eso, señor presidente, recomendamos al Grupo Parlamentario Ciudadanos que tenga en cuenta estas recomendaciones que hacemos en nuestra iniciativa, y si es así, valoraremos luego nuestra posición de voto.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Delgado.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Socialista expresa su opinión favorable a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, cuyo espíritu compartimos en líneas generales, porque la preocupación por dotar a las pymes de los instrumentos necesarios para aumentar su competitividad y para que se eliminen las barreras a su desarrollo y crecimiento es ahora un reto fundamental para la competitividad en general de la economía española. No obstante, del literal de la proposición podría derivarse una cierta impresión de invasión de competencias de las comunidades autónomas, así como la generación, algo que también se ha comentado, de duplicidades administrativas con órganos y organismos ya existentes en la Administración General del Estado, por lo que planteamos algunas enmiendas a los puntos 1, 2, 4 y 6. Por lo que se refiere al punto 1, relativo a la realización de una auditoría legislativa, no solo debe centrarse en el ámbito mercantil, sino que también debería ampliarse a los ámbitos fiscal y laboral. Asimismo, creemos de interés elevar los umbrales en el plano impositivo y contable justo para incentivar el incremento del tamaño empresarial, tal y como especificamos y detallamos en nuestra enmienda.

Respecto al punto 2, que se refiere a la creación de una agencia de apoyo a las pymes que concentre en un único interlocutor las funciones clave de asesoramiento, es necesario tener en cuenta que los estatutos de autonomía otorgan competencia exclusiva a las comunidades autónomas en materia de sectores económicos. Así pues, la competencia del Estado es básicamente legislativa y restringida al ámbito de bases y de ordenación económica general. Por eso, entendemos que se limita y se desaconseja la posibilidad de que una agencia estatal pueda realizar labores de gestión directa en relación con las pymes, al estilo de lo que en la década de los noventa fue, en la Administración General del Estado, el Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Industrial, el IMPI, que con el tiempo se reconvirtió a la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, que todavía existe. Es verdad que en esta última legislatura la actividad de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, en contraposición a lo que comentaba el portavoz del Grupo Popular, ha estado bastante por debajo de las posibilidades y de las funciones que debería haber tenido. Basta observar en las páginas web del ministerio que el último informe del Observatorio de la PYME es del año 2010-2011, con lo cual el grado de actividad y de necesario impulso de las políticas de la pyme ha decaído sustancialmente a lo largo de la última legislatura y no se acompasa con las necesidades que precisamente tienen las pymes y que debatimos hoy. Parece claro, pues, que una dirección general dentro del Ministerio de Industria, subsumida en ese ministerio o en cualquier otro que se formara en el ámbito económico, no es la mejor estructura orgánica para ejercer esas tareas de coordinación interministerial y de interlocución con las comunidades autónomas y con los agentes económicos y profesionales. Por tanto, consideramos adecuado estudiar, sin que ello tenga que suponer ni duplicidad de competencias ni mayor gasto público, una configuración orgánica que ofrezca más autonomía, más horizontalidad, más independencia y más capacidad -sobre todo más capacidad- de interlocución para abordar las tareas que están en el núcleo duro de las competencias de la Administración General del Estado, como son la revisión de la normativa básica vigente, colaborar con los organismos estatales ya existentes que gestionan las políticas estatales de innovación -el CDTI-, de internacionalización -el ICEX-, y de financiación pública del sector privado -el ICO-, y estructurar una red de servicios de proximidad innovadores a la pyme, cuyo despliegue debería concertarse con las comunidades autónomas, pero cuyo impulso innovador, logrando cofinanciación europea, podría hacerse -tendría un efecto multiplicador en la economía española- desde la Administración General del Estado. Nuestra propuesta de enmienda de modificación va en esta línea, más próxima a la experiencia de la realidad española, donde debo resaltar que algunos de los modelos de creación de agencias de apoyo a las pymes en los últimos veinte años han sido muy exitosos en España y muy estudiados en el resto de Europa, en comunidades como Cataluña, el País Vasco y la comunidad a la que yo represento, la Comunidad Valenciana, que creó una agencia en los años noventa, el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana, Impiva, en un ecosistema de innovación y de apoyo a las pymes, entre una agencia y una red de institutos tecnológicos.

En cuanto al punto 4, pretendemos que se reconozca el valor referencial y de transparencia que suponen los trabajos del Doing Business y el impacto mediático que tienen, sobre todo en este último


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punto, porque ascender en ese ranquin del top ten de mayor agilidad y ritmo en la creación de empresas tiene un efecto mediático indudable, pero tampoco creemos que ese efecto marquetiniano sea el foco en el que nos debamos centrar, sino que debemos hacerlo en facilitar esa rapidez en la creación y en simplificar los trámites. Baste decir que Singapur encabeza el ranquin actualmente y que España está en el puesto número 33, pero, aunque está por debajo de lo que le correspondería, está por encima de países como Japón, Bélgica e Italia y no está tan lejos de países como Holanda, Francia o Suiza. Si en lugar de atender a las posiciones en el ranquin atendemos a la puntuación, comparando España con Alemania -Alemania ocupa el puesto número 15 y nosotros el 33-, la diferencia es de 5 puntos. Esto del ranquin también tiene su lectura. Evidentemente, nuestro objetivo es mejorar y eliminar barreras, pero lo más realista a corto plazo no es poner el foco, puesto que podría ser desalentador, en ir al diez, sino en mejorar. Nuestra enmienda de modificación...

El señor PRESIDENTE: Señora Botella, tiene que terminar ya.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Acabo ya.

Nosotros ponemos el foco en mejorar la posición en el ranquin.

Y en cuanto al punto 6, que propone reformar la Ley de garantía de la unidad de mercado, simplemente quiero decir que fundamentalmente pretendemos apelar a esa lealtad institucional entre las comunidades autónomas para eliminar todas las barreras al fortalecimiento mutuo de las licencias y permisos emitidos por las distintas comunidades autónomas, que esa lealtad institucional sea el objetivo no tanto desde el punto de vista normativo, sino desde el punto de vista de la relación institucional.

En el fondo, estamos a favor de esta proposición no de ley y nuestras enmiendas pretenden contribuir a su mejora técnica.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.

Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Forma parte de nuestro programa electoral y de nuestra tradición de acción parlamentaria en estas Cortes Generales en los últimos treinta y siete años una defensa muy activa del papel que juegan las pymes, que es el grueso del tejido empresarial en la sociedad española. Nosotros presentamos reservas a esta iniciativa, aunque en la parte propositiva tiene algunos elementos que no podemos dejar de valorar positivamente, porque se deduce -en algunos casos es explícito- una apuesta por parte del grupo proponente por la opción estratégica de decir que las pymes son poco competitivas porque son demasiado pequeñas y que se deberían fusionar o incrementar su tamaño y dimensión. Si me permiten, voy a leer un párrafo de la exposición de motivos que es muy elocuente en este sentido y marca un poquito la diferencia de concepto y de filosofía a la aproximación a nuestra visión sobre la política de las pymes. Dice -cito- una parte de la exposición de motivos del grupo proponente, Ciudadanos: La clave de la diferencia de productividad entre España y otros países, por tanto, no radica en el funcionamiento de nuestras empresas, sino en la mayor prevalencia de las pymes en nuestro país en comparación con otros países de nuestro entorno. Esto se debe a que las pymes por término medio son menos productivas que las empresas de mayor tamaño, entre otros motivos porque carecen de recursos suficientes para exportar e innovar. Por el contrario, las grandes empresas presentan un mayor rendimiento económico, son más productivas, puesto que pagan mayores salarios, obtienen más beneficios, invierten en la formación continua de sus trabajadores, son más competitivas internacionalmente y poseen una mayor capacidad para resistir los cambios del mercado y las crisis económicas. Como diría el clásico de la anterior legislatura, fin de la cita de la exposición de motivos. Señorías, nosotros planteamos una discrepancia de fondo sobre la filosofía subyacente en este párrafo. No es cierto que las pymes muchas veces sean menos productivas, menos competitivas y menos activas en la exportación, sino justo al revés. Quizá esta es la experiencia -el portavoz proponente ha hablado de su experiencia como creador de una pyme- (El señor Garaulet Rodríguez: De varias), a la luz de la creación no de una, sino de varias pymes. Pues dicho sea de paso, según nuestra experiencia, tenemos que apoyar a las pymes precisamente porque son muy competitivas.

Usted nos habla de la simplificación normativa, que creo que es un ejercicio que se debe hacer, pero nosotros no queremos entrar en este debate maniqueo sobre si son mejores las grandes empresas que cotizan en bolsa o las pequeñas y medianas empresas. Creo que todos defendemos el tejido productivo,


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pero nosotros no estamos de acuerdo con esta idea subyacente que se deduce de este primer párrafo. El segundo motivo es muy sencillo. Señorías, aquí hay una discrepancia de modelo de Estado de fondo con el grupo proponente, ya que a través del punto número 6 quieren adoptar medidas referentes a la mutualización y reconocimiento mutuo de autorizaciones por parte de comunidades autónomas -lo ha expuesto claramente en su intervención inicial-, porque esto pone en peligro la unidad de mercado. Señorías, miremos otros modelos. Fijémonos en Estados Unidos, donde la legislación criminal, mercantil y de otros tipos es muy distinta en función del Estado y demuestra claramente que en un mundo globalizado, a través de buenos mecanismos de supervisión y de control -porque en un sistema de libre mercado lo que garantiza la equidad son los buenos mecanismos de supervisión y los organismos de control-, es perfectamente posible una legislación distinta entre las unidades estatales de Estados Unidos.

Por estos dos motivos, vamos a votar en contra esta iniciativa, además de por otros argumentos ya expuestos por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y es que algunas de estas iniciativas ya están en funcionamiento, bien sea en la Administración General del Estado, bien sea en las comunidades autónomas.

Muchas gracias, señor Xuclà.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.

La PNL que presenta el Grupo Ciudadanos tiene un doble objetivo. Como se ha señalado ya, por una parte, desarrolla aspectos ligados a la necesidad de impulsar las pymes con el objeto de mejorar su competitividad -objetivo muy loable-. Y fin de la cita, porque a partir de ahora voy a exponer los motivos por los que vamos a votar en contra.

Mezclando manzanas con peras, saco a colación la reforma de la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, al objeto de eliminar las excepciones medioambientales, culturales, etcétera. En lugar de promover las medidas para facilitar la exportación de las pymes o para mejorar la adaptación tecnológica de las mismas como elementos claves para impulsar su competitividad, nos da la impresión de que utilizan la excusa de una necesidad fundamental para colocar su elemento programático de la unidad. Cualquier excusa parece ser válida para recentralizar y parece que la Ley de garantía de unidad de mercado a ustedes se les quedó corta. En su momento, Esquerra votó en contra de la Ley de Unidad de Mercado, que no es ya una propuesta de recentralización encubierta, sino una voluntad descarada de conseguir un mercado único, grande y libre que trae recuerdos de un pasado nostálgico a los redactores de la ley (Risas), y más aún teniendo en cuenta que el mercado hoy es la Unión Europea y que las pymes necesitan aún más ampliar sin complejos esta visión que ustedes representan y acometer una internacionalización generalizada ampliando horizontes por todo el mundo. Precisamente en el punto 33 del documento que el president Puigdemont entregó al presidente Rajoy hace poco y que fue cumplido en sentido contrario de lo que se solicitaba al cabo de pocos días, dentro del apartado de incumplimientos del Estado con Cataluña, invasión de competencias, interferencias en la acción de gobierno, se recoge explícitamente la Ley de garantía de unidad de mercado. Dos puntos: en primer lugar, la aprobación de la Ley de garantía de unidad de mercado es un claro intento de recentralización de competencias de manera encubierta en muchos ámbitos donde la Generalitat de Catalunya tiene competencias exclusivas o compartidas de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En segundo lugar, es necesaria una revisión urgente que permita el reconocimiento de la normativa aprobada por el Parlament de Catalunya en el ámbito de las competencias propias, de acuerdo con lo que recoge el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En Cataluña, de forma abrumadora, las pymes son la columna vertebral de nuestra economía. Por eso la legislación intenta siempre favorecerlas, a diferencia de otras comunidades o del mismo Estado español, en las que la legislación no es que favorezca a las grandes empresas, sino que en muchos casos va en contra de las pymes de su territorio. Un claro ejemplo lo tenemos en la Ley catalana de Comercio. Precisamente ayer el sector empresarial mostró su rechazo a la sentencia del TC que anula la disposición transitoria octava de la legislación catalana, que prohíbe la implantación de establecimientos comerciales con una superficie igual o superior a 800 metros cuadrados dentro de las tramas urbanas. La Confederación de Comercio de Cataluña reclamó la aprobación urgente de una ley catalana de comercio que regule la concesión de licencias, los horarios, así como la ubicación de las medianas y las grandes superficies comerciales, y destacó en un comunicado la importancia de una ley de comercio propia que permita un


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desarrollo ordenado, equilibrado de las actividades comerciales para potenciar el comercio de la ciudad. El mismo presidente de Pimec, Josep González, aseguró que no es una buena noticia para el pequeño comercio catalán la sentencia del TC. González defendió que ciudades como Barcelona necesitan del pequeño comercio y medidas como las del TC son una nueva actuación de desprotección del modelo del comercio catalán. Aprovecho para indicar que el presidente de Pimec hizo esta valoración poco antes de la celebración de la asamblea general de esa patronal, donde anunció que Pimec informará a la Comisaría europea de Mercado Interior, Industria y Empresa de que España no ha hecho la trasposición de la Directiva europea que facilita la participación de las pymes en la contratación pública y que no sirven las excusas del Gobierno en funciones.

Evidentemente, desde Esquerra Republicana votaremos en contra de la propuesta, que solo pretende laminar competencias de las comunidades autónomas que sí van a favor de las pymes.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Capdevila.

Por el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sánchez.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo va a votar en contra de esta proposición no de ley que nos plantea Ciudadanos, porque creemos que adolece de un problema fundamental, y no es otro que dice una cosa y propone otra diferente. Esconden objetivos muy distintos en una retórica aséptica que esconde grandes cambios legislativos que conllevarían grandes perjuicios para la sostenibilidad del Estado social. En el fondo, bajo la retórica de modernidad y progreso, se esconde el modelo neoliberal. Muchas de las cosas que nos propone Ciudadanos en esta proposición no de ley pueden chocar con el ámbito competencial de las comunidades autónomas, como otros portavoces han indicado. ¿Se han dado cuenta de ello? Si es así, proponen centralizar competencias; y si no se han dado cuenta, ¿han contado con las comunidades autónomas para la preparación de esta PNL? A nuestro juicio, esta proposición no de ley esconde un proceso centralizador encubierto que merece la pena poner encima de la mesa. Además, proponen cuestiones que nada tienen que ver con la unidad de mercado, como una agencia de apoyo a las pymes que concentre todos los poderes y potestades, lo que hará que se reduzcan las capacidades de las empresas para acceder a las ayudas. Los recortes, de más de 50.000 millones de euros desde el año 2009, son el principal problema que tienen las pymes, como están reconociendo. Una agencia única de apoyo a las pymes permitirá detener y revertir los recortes. Igualmente, proponen promover y facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública. Ahora bien, no se nos dice nada de criterios sociales. ¿Van a concurrir, como ocurre ahora, empresas que no cumplen con los pliegos de condiciones, empresas que hoy en día están trabajando para la Administración y que incumplen los pagos a sus empleados o las condiciones de trabajo de los mismos? No. A nuestro juicio, la contratación pública es muy importante, no solo para estimular las pymes, sino sobre todo para que la Administración exija unos principios sociales que sean compatibles con ese nuevo modelo productivo que necesitamos. Además, proponen un observatorio de la productividad y competitividad. Señores de Ciudadanos, ese observatorio con un nombre tan atractivo es precisamente es el que incluyeron en el acuerdo PSOE-Ciudadanos para controlar el incremento de los salarios. Por un lado, se niegan a incrementar el salario mínimo para acercarlo a los países de nuestro entorno -en Francia, por ejemplo, más del doble que en España-, y por otro lado, sujetan los futuros incrementos salariales a un observatorio no de igualdad, justicia, reparto equitativo o de las condiciones de vida de la población, sino un observatorio de la competitividad. Los salarios han de negociarse en el ámbito laboral; no deben ser materia de un observatorio de la competitividad, reforzando con ello la negociación colectiva y no externalizando su negociación a un observatorio -como he dicho- de la competitividad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

A efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas...

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Señor presidente, estamos intentando consensuar un texto transaccional.

El señor PRESIDENTE: ¿Esperamos, entonces, a la hora de la votación?


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El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Sí, estamos terminándolo, y cuando lo tenga se lo haré llegar, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

- RELATIVA A RECUPERAR EL GASTO PRESUPUESTARIO EN I+D+I DEL AÑO 2009 Y CONSEGUIR QUE EN 2020 EL 3 POR CIENTO DEL PIB SE DESTINE A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT). (Número de expediente 161/000535).

El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces a la proposición no de ley relativa a recuperar el gasto presupuestario en I+D+i del año 2009, y conseguir que en 2020 el 3% del PIB se destine a investigación y desarrollo, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, paso a defender esta proposición no de ley que creo de gran importancia y que, si podemos llegar a un acuerdo, puede marcar una tendencia de fondo muy importante, de cara a la posición de consenso que se puede construir para la próxima legislatura. Señorías, casi todas -por no decir todas- las recetas para mejorar la capacidad de generar riqueza de una economía tienen uno de sus pilares en la investigación, el desarrollo y la innovación. Este hecho es especialmente importante en una economía como la española, excesivamente basada en sectores de poco valor añadido como el turismo y la construcción, que está obligada a dar un salto adelante en el aumento del valor añadido de sus sectores productivos. La política económica que se ha llevado a cabo en los últimos años ha consistido en propiciar la reducción de salarios para ser más competitivos -dicen-, y una estrategia que sin duda aporta unos resultados a corto plazo, pero en la que existe un amplio consenso en cuanto a que no tiene recorrido, a que no tiene futuro.

La economía española requiere de un cambio de modelo productivo que permita poder competir en valor añadido. Es decir, en conocimiento, en nuevos productos y servicios, en innovación y no en costes laborales. Durante los años de crisis la economía española ha retrocedido respecto a la media europea en cuestión de inversiones en I+D+i. Si se analizan los datos de los créditos no financieros destinados a investigación, desarrollo e innovación civil, en los Presupuestos Generales del Estado se observa que en el año 2009 se alcanzó el importe máximo, pero cuando empezaron las políticas de ajuste las partidas de I+D+i empezaron a caer año tras año, hasta situarse en casi la mitad en el año 2013, un 44% menos que en 2009. En los últimos presupuestos la situación se ha recuperado levemente, pero sigue estando lejos de aquel objetivo, de aquella media del año 2009, cerca del 30% por debajo de la inversión que se producía en el año 2009, ya empezada la crisis económica. Si bien es cierto que el Estado se ha encontrado con una situación de restricción presupuestaria no es menos cierto que ha tenido la libertad para priorizar en qué políticas y áreas destinaba los recursos públicos. Así, la estructura de la Administración General del Estado se ha mantenido prácticamente intacta. En lo que corresponde a las inversiones el hecho es bien significativo. En cada ejercicio se han destinado más recursos a construir líneas de alta velocidad que a inversiones de I+D+i. Seguramente vamos a hablar de algunas cifras comparativas. Hay que tener en cuenta que tanto la rentabilidad financiera como la rentabilidad social de las líneas de alta velocidad que se han construido en el Estado son totalmente negativas, con el consiguiente despilfarro de recursos públicos que ello ha comportado.

Señorías, les doy un dato para la reflexión y la comparación. De media, 1 kilómetro de construcción de alta velocidad tiene un coste de 10 millones de euros. Volver a incrementar las partidas en I+D+i hasta llegar a las inversiones del año 2009 supondría un incremento de 30 millones de euros, o sea, 3 kilómetros de línea de alta velocidad. En la misma tónica, pero en una cantidad sensiblemente inferior, durante cada uno de los ejercicios de este periodo se han destinado centenares de millones de euros a construir autovías por donde pasan menos de diez mil vehículos diarios de media, una cantidad a partir de la cual la Unión Europea empieza a justificar la construcción de una autovía. Por lo tanto no es cierto que no ha habido recursos para la I+D+i. Lo que ha sucedido es que los que ha habido se han destinado a malgastar en otras políticas discutiblemente necesarias. El problema de la inversión en I+D+i es que necesita estabilidad. Con la ciencia no es como construir infraestructuras de transporte, que se pueden interrumpir y retomar años después. En el caso de la ciencia los científicos emigran y muchos no regresan, con lo que su


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conocimiento se desaprovecha y hay que volver a empezar. Además, sin la garantía de unos contratos a largo plazo, no se puede atraer el talento.

Contrariamente a esta realidad durante los años de crisis la Comisión Europea ha venido planteando a los países miembros que mantengan sus inversiones en I+D+i como una de las políticas básicas para salir de la crisis y como políticas directas de apoyo a la política industrial. Así, en buena parte de los países de nuestro entorno durante los años de crisis se ha mantenido el volumen de inversiones en I+D+i y en diversos casos han aumentado. De 2009 a 2014, último año del que tenemos datos disponibles en este momento, el porcentaje en I+D+i en relación con el PIB ha crecido, en el conjunto de la Unión Europea, del 1,93% al 2,03%, mientras que en el Estado español se ha disminuido del 1,5% al 1,2%. Precisamente en aquellos países europeos con un PIB per capita más elevado que el del Estado español, como Alemania, Austria, Bélgica, países escandinavos o Francia, el porcentaje de inversión en I+D+i en relación con el PIB también es muy superior, entre un 3,17% y el 2,26% del PIB, señal evidente de cuáles son las políticas que corresponde adoptar si queremos alinearnos con las economías más competitivas de la Unión Europea. No es casual que, debido a la importancia de la I+D+i, uno de los cinco objetivos de la Unión Europea para el año 2020, la estrategia 2020, sea lograr que el porcentaje de inversión en investigación y desarrollo sea del 3% del PIB.

Señorías, por todo ello, y a la luz de lo expuesto, mi grupo parlamentario propone una proposición no de ley, un mandato al Gobierno que puede ser la base para un consenso parlamentario, que fija el objetivo de que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se inicie una estrategia para volver al nivel de inversión del año 2009, porque creemos que esta es una gran política de reindustrialización y de modernización de los sectores industriales, y como segundo punto fija también el objetivo -que es un objetivo de la Unión Europea y que España debería adoptar con vocación europeísta y con vocación de reconversión de nuestro sector industrial, de incremento de la productividad y del valor añadido de nuestro sector industrial- de que en el horizonte 2020, en el año 2020, la inversión en I+D+i suponga el 3% del PIB español.

Señorías, a esta proposición no de ley se han planteado dos enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Popular. Les tengo que decir que vemos con gran capacidad de armonización la propuesta del Grupo Socialista con nuestra propuesta. No es el turno ni el momento de plantearse si es posible una transaccional, pero sí que les manifiesto la alta disponibilidad a integrar las aportaciones del Grupo Socialista. Con el Grupo Popular, con el que hemos entablado un diálogo constructivo y fructífero, tenemos una discrepancia de fondo: el Grupo Popular propone que el máximo del PIB para el año 2020 sea el 2% y nosotros creemos que tiene que ser el 3%. Esto es nuclear, esto es clave, son 30 millones de euros, son 3 kilómetros de línea de alta velocidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra en primer lugar el señor Vázquez Rojas, por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor VÁZQUEZ ROJAS: Muchísimas gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días a todos. Siempre es un honor poder hablar de ciencia, de I+D+i, independientemente del momento de la legislatura del que se trate, por la importancia que tiene para el crecimiento del país.

Al señor Xuclà le quería decir que compartimos con su grupo -y creo que con el resto de los grupos parlamentarios- la preocupación y el objetivo que se extrae de la lectura de la proposición no de ley que han presentado, y que no es más que el hecho de que la ciencia, la investigación y la innovación dispongan de más recursos que faciliten un crecimiento basado en el conocimiento y por tanto más competitivas globalmente. Sin embargo permítanme que les identifique algunos aspectos que recoge su proposición y que nos han llevado a registrar esta enmienda, que espero que finalmente puedan aceptar. Si bien la financiación de la investigación es esencial, la estabilidad plurianual de la misma es aún más importante, como también recoge la propia propuesta. Lo digo porque nos refieren al año 2009 como el año que deberíamos fijar como punto de partida, probablemente porque fue un año singular con un pico de gasto de I+D elevado. Pues bien, déjenme que les identifique algunos aspectos del presupuesto ejecutado en el 2009 y que personalmente entiendo que ni generan estabilidad ni buena gestión, ni han tenido un efecto beneficioso a medio plazo para el sistema español de I+D+i. Por un lado, y a modo de ejemplo, he de decir del año 2009 que hubo una convocatoria denominada Acteparq, de 670 millones de euros -670 millones


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de euros-, para acometer mejoras en los parques científicos y tecnológicos. Pues bien, de esos 670 millones de euros, 1,5 correspondían a subvenciones y el resto a préstamos, si bien algunos de ellos estaban vinculados al programa Feder. Pero lo cierto es que este tipo de convocatorias han provocado un endeudamiento de entidades de I+D+i, entre las que está el parque científico de Barcelona que, señorías, sinceramente, nos indican que incentivar el endeudamiento astronómico de las instituciones públicas de investigación, comprometiendo su viabilidad futura, no es un buen ejemplo de financiación, sino una mala práctica que no debería repetirse. Por otro lado, y a modo de ejemplo también, en el año 2009 se ejecutaron partidas importantes de lo que se llamó el PlanE. Un plan que, sin entrar en el detalle de si España se lo podía permitir o no, generó picos de gasto de I+D alejados de cualquier ejemplo de estabilidad y por supuesto de sostenibilidad. Como ejemplo tenemos lo que vino a continuación, como los recortes de 2010 en el Centro Superior de Investigaciones Científicas que dejaron a la institución en una situación extrema, de la cual solo se ha podido recuperar gracias a los créditos extraordinarios otorgados en esta legislatura; por cierto créditos extraordinarios que en demasiadas ocasiones caen en el olvido en los discursos de los recortes y que han servido para mantener vivo a nuestro sistema de I+D+i. Piensen que en el 2009 se ejecutaron en subvenciones 739 millones más que en el 2008 y 681 más que en el 2010. Convendrán conmigo, señorías, en que esto se aleja del concepto de estabilidad. Eso sí, en el 2010 se ejecutaron 510 millones de euros en préstamos más que en el 2009. En definitiva, la suma del 2009 y del 2010 podía ser parecida, pero el orden de los sumandos aquí sí que importa, y el resultado ha sido dejar a un gran número de instituciones públicas con deudas que serán de difícil devolución. Por tanto estabilidad sí, pero tratando de que la financiación en ciencia en las instituciones públicas proceda principalmente del capítulo 7, del capítulo de subvenciones. Señorías, la partida de I+D+i civil de los Presupuestos Generales del Estado del 2016 se ha incrementado en un 2,2%, y lo que es más importante -y ha apuntado como positivo la Confederación de Sociedades Científicas Españolas- es el hecho de que los fondos no financieros, las subvenciones, aumentan en 269 millones, mientras que los fondos financieros, los préstamos que las instituciones después deben devolver, descienden 246 millones. Eso es una buena noticia, un hecho distinto al descrito en el 2010.

La estrategia española de ciencia, tecnología e innovación 2013-2020 plantea un objetivo acorde con nuestra situación: alcanzar el 2% del PIB en el 2020. ¿Por qué un 2% y no el 3% como marca la estrategia de Lisboa? Eso responde a que este objetivo resulta de la suma de la inversión pública y de la inversión privada, y en esta última, señorías, queda todavía mucho trabajo por hacer. En los países más avanzados de nuestro entorno el peso de la inversión privada es del 66%, dos tercios del total, y en nuestro país es solo del 53%. En la medida en que la inversión privada crezca nos iremos aproximando al objetivo del 3%, porque España necesita incentivar el gasto de I+D de las empresas. Por eso no es cuestión de hacer brindis al sol sin hablar primero con la CEOE o con Cepyme. Por estos motivos es fundamental la promoción de un acuerdo amplio en el que participen todos los agentes del sistema, que permita garantiza la estabilidad presupuestaria, un pacto por la ciencia, y en el marco de este acuerdo se debería establecer un objetivo realista con la implicación de todos los sectores.

Déjenme terminar con unas declaraciones recientes del profesor Juan Rojo, ex secretario de Estado de Universidades e Investigación entre 1985 y 1992, en el Gobierno de Felipe González, y responsable de la primera Ley de la Ciencia aprobada en 1986. Para él -y cito textualmente-: Lo más adecuado sería alcanzar para la ciencia el 2% del PIB, de manera paulatina pero constante, sin superar un crecimiento en los presupuestos del 0,1% del PIB anual. Esto, señorías, es estabilidad, pero incrementar el presupuesto sin un modelo de gestión que lo optimice no tiene sentido...

El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.

El señor VÁZQUEZ ROJAS: Voy terminando.

Por eso hay que hacerlo desde la Agencia Estatal de Investigación, agencia que, después de muchas legislaturas e intentos fracasados, ha sido posible aprobarla bajo un Gobierno del Partido Popular, y así lo reconoce la comunidad científica de este país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Ricardo García Mira.


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El señor GARCÍA MIRA: Gracias, presidente.

Celebramos la presentación de esta proposición no de ley, como la celebran los distintos agentes de la investigación en España, rectores, y los principales actores, que son los grupos de investigación que impulsan, como intermediarios finales, el trabajo de investigación en este país.

El Partido Popular ha llevado a cabo los mayores recortes en materia de I+D+i en los últimos cuarenta años. Si comparamos los presupuestos para este año con los de 2011, el Gobierno de Rajoy los ha recortado un 25%. Son, señorías, quince años de retroceso. El peso de la I+D+i sobre el total de los Presupuestos Generales del Estado para 2015 retrocede hasta niveles del año 2000. En 2011 suponían el 2,37% y para 2016 suponen el 1,47% de los Presupuestos Generales del Estado. Los últimos presupuestos no hacen más que consolidar los recortes. Las subidas mínimas en 2014 y 2015 son en I+D+i militar y en créditos que no se ejecutan. España hoy, bajo el Gobierno en funciones del Partido Popular, ha llegado a un grado de abandono de la ciencia que va mucho más allá de los recortes. Ha renunciado al objetivo europeo de destinar el 3% del producto interior bruto en 2020 a I+D+i, sustituyéndolo por un 2%, cuyo logro se fía exclusivamente a la aportación del sector privado. Se han retrasado los pagos en las convocatorias del Plan nacional, y en la convocatoria del nuevo Plan estatal se ha incumplido el objetivo de creación de la Agencia Estatal de Investigación que establecía la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se ha aprobado ahora, deprisa y corriendo, en el mes de diciembre, al término de la legislatura, o se ha castigado desde el Gobierno central a universidades y a centros de investigación por el incumplimiento de los objetivos de déficit de sus respectivas comunidades autónomas.

Señorías, en tiempos de crisis hay que proteger nuestras inversiones. No se puede decir que se considera a la I+D como una prioridad y a la vez someterla al mayor recorte de nuestra historia, muy por encima de la media recortada al resto de ministerios. Un país serio, con un proyecto de verdad, que quiere estar entre los líderes europeos y mundiales, no puede estar en la cola de Europa en inversión en I+D. Por tanto la propuesta que hacemos para mejorar la proposición que presenta el Grupo Democràcia i Llibertat es impulsar un amplio acuerdo social y político, que partiendo del acuerdo parlamentario por la ciencia suscrito en 2013 por los partidos políticos -con excepción del Partido Popular- permita alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación, dotándolas de la estabilidad presupuestaria necesaria y de la coherencia normativa acorde con las necesidades del sistema de ciencia, que para nosotros debe ir fundamentado en los siguientes puntos: iniciar el camino para conseguir duplicar la inversión pública en I+D+i, con el objetivo de que represente al menos el 2,5 % de los Presupuestos Generales del Estado, garantizando a la vez -en este sentido admitimos la parte de la proposición no de ley- como objetivo prioritario que en el primer proyecto de Presupuestos Generales del Estado los compromisos de gasto en I+D+i sean como mínimo equivalentes a los aprobados inicialmente en el año 2009. Proponemos también promover un plan especial para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico, que permita en colaboración con las comunidades autónomas, las universidades, los organismos públicos de investigación y otros centros de investigación públicos y privados, incorporar con criterios de excelencia a 10.000 investigadores en el plazo de cuatro años, con especial atención a los que se encuentren en las etapas iniciales de su carrera. Recuperar también como objetivo estratégico de nuestro país el objetivo europeo de alcanzar una inversión total del 3% del producto interior bruto en el año 2020, a través de un plan de apoyo de actividades de I+D+i. Defender en las instituciones europeas la aplicación de la regla de oro de las inversiones en I+D+i sería otra de las medidas, como lo es abrir un proceso para revisar y simplificar los procedimientos administrativos que se siguen en materia de I+D+i, aligerando sustancialmente los trámites burocráticos que ha de realizar el personal investigador. Garantizar la suficiencia y regularidad de las convocatorias de proyectos de investigación y recursos humanos, ampliando la dotación del Fondo nacional y uniendo a la evaluación ex ante para la concesión de los proyectos la rendición de cuentas ex post, de modo que el rendimiento y grado de consecución de objetivos sea una variable para la consecución de proyectos futuros. Otra de las medidas consiste en impulsar e incentivar la participación en el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, y aumentar el retorno de la inversión hacia España con programas que supongan apoyo económico a universidades y grupos de investigación orientados a la capacitación del personal investigador para participar en programas internacionales de investigación e innovación, y en especial en este programa marco europeo, algo que muchas veces es olvidado en la configuración de un presupuesto nacional y en el que nuestros investigadores son un activo importante, que durante el VII programa marco, entre 2007 y 2013, hicieron que España ocupara un sexto puesto en captación de retorno. Garantizar la coordinación entre organismos públicos de investigación, entre universidades y grupos con experiencia de éxito o


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liderazgo internacional para reforzar sus trayectorias y líneas de actuación, estableciendo programas coordinados adecuados que permitan captar mayores recursos para el sistema.

Para finalizar, presidente, señorías, proponemos potenciar la participación de científicos españoles en los órganos de la Comisión Europea responsables de la elaboración y adopción de decisiones sobre agendas de investigación europeas, donde -por experiencia propia y por la relación que tenemos con otros grupos de interés en Bruselas- sabemos que los espacios para los investigadores españoles están libres. Es decir, hay una ausencia general de participación en estos órganos responsables de definición de agendas, que tan importantes son para las convocatorias posteriores, y para la captación de recursos para el sistema presupuestario español.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor García Mira.

En turno de fijación de posiciones, ¿Grupo Mixto? (Pausa). No está. ¿Grupo Vasco? (Pausa). No está. ¿Grupo de Esquerra Republicana? (Pausa). No está. Por el Grupo Ciudadanos, señor González.

El señor GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Presidente, señorías, yo sí estoy. (Risas).

Hemos hablado ya, en la primera proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, de unos puntos muy similares a estos, y quiero empezar manifestando que estamos de acuerdo con la iniciativa presentada. Como ya comenté anteriormente en Ciudadanos estamos a favor de un modelo económico basado en el conocimiento, en la innovación, en la igualdad de oportunidades sobre la base del mérito y el esfuerzo, y no de un modelo dependiente de la situación socioeconómica de las personas; un modelo que se haga extensible y sostenible en el tiempo en cuanto al Estado del bienestar. Por tanto estamos a favor de incrementar la inversión hasta alcanzar el 3% del producto interior bruto. De hecho, en nuestro programa ya lo comentábamos; decíamos que había que elegir y proponíamos unos cambios de inversión, quitando inversiones en infraestructuras que no entendíamos muy lógicas ni procedentes para incrementar la inversión en la red de centros de investigación hasta el 3%. Es hora ya de que en España nos ocupemos de lo importante y no de lo urgente, ya que en demasiadas ocasiones nos hemos ocupado de temas urgentes, muchas veces con condicionantes políticos, y no hemos asumido las reformas estructurales realmente importantes y cuya aplicación es necesaria de manera urgente.

Acabado el debate relativo a la iniciativa presentada, permítanme aprovechar para decir que ha sido un honor estar con ustedes en la Comisión de Economía, sumamente importante. Si bien la legislatura ha sido breve y fallida, porque al final no hemos logrado formar un Gobierno -ni mucho menos voy a entrar en a quién se debe, porque vamos a tener tiempo de sobra para comentarlo-, quisiera decir que ha sido útil; en absoluto ha sido inútil. En muchos sitios se nos dice que hemos perdido el tiempo, pero tengo que decir que en absoluto ha sido así. Creo que todos hemos desarrollado muchas iniciativas, hemos hecho muchos trabajos, hemos llevado a cabo reuniones con grupos, con la sociedad civil, que en muchísimos casos han supuesto un resorte, un empuje y han puesto el motor en marcha para tratar ciertos problemas que ya han comenzado a solucionarse. Claro está que con el siguiente Gobierno que se forme, cuando toque, deberán mantenerse, pero ya hemos puesto blanco sobre negro muchísimos temas y creo que a eso hay que darle valor. No ha sido algo inútil ni muchísimo menos. Estamos aquí para servir a la gente, para servir a los españoles y a todos los que viven en España, y creo que la mayoría hemos hecho un esfuerzo por que esto sea así.

Les deseo suerte a todos y sobre todo a los españoles y a quienes viven con nosotros y comparten nuestro país, para que pronto tengamos un Gobierno que finalmente aborde con continuidad los asuntos que tanto preocupan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.

Por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Vendrell.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero manifestar nuestro acuerdo con esta proposición no de ley porque plantea un debate de fondo fundamental, como es el debate sobre el modelo productivo y por tanto el modelo de sociedad.

El modelo productivo del Estado español se ha caracterizado tradicionalmente por producciones de bajo valor añadido, muy concentradas en sectores como la construcción y los servicios, con bajos salarios,


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una escasa inversión en innovación y una creciente pérdida de potencial en la industria. No es un tema nuevo, es un tema estructural que explica también el desempleo estructural que tenemos en España, y que va más ligado a ese modelo productivo que al mercado de trabajo ni a las, a nuestro parecer, inútiles y perniciosas reformas laborales realizadas. Efectivamente este modelo ha ido acompañado de una política de infraestructuras a nuestro parecer sin ningún sentido, como la construcción de líneas de alta velocidad para conectar las capitales de provincia, aeropuertos sin vuelos, estaciones sin pasajeros. ¿Qué sentido tiene que España sea el segundo país del mundo en líneas de ferrocarril de alta velocidad y en cambio ocupe uno de los últimos lugares en los puestos de investigación e innovación? Para nosotros no tiene ningún sentido. En el siglo XIX España ya era uno de los países de Europa con más líneas de ferrocarril, y eso tampoco ayudó precisamente a la industrialización del mismo. Somos uno de los países de la Unión Europea y de la OCDE en los que más se ha recortado en innovación e investigación -más del 34% de 2009 a 2013-, más que en otros países también afectados por la crisis. Irlanda ha recortado un 18,4%, Francia un 15%, Portugal un 7,2% e incluso Grecia ha recortado solo un 3,12%. Según un estudio de la Confederación de Sociedades Científicas de España, se han perdido para el sistema de I+D+i 18.500 millones de euros, que es el equivalente al presupuesto de la Universidad Complutense durante cuarenta años y por supuesto estamos muy lejos de los países más avanzados, como Noruega, Dinamarca o Suecia, que son los que más destinan a la investigación. Incluso en aquellos sectores en los que empezábamos a despuntar, como las energías renovables, hemos sufrido un fuerte hachazo que nos ha hecho perder posiciones a nivel mundial, porque es una política que va directamente vinculada a la estrategia y a la política industrial. Pero la política del PP, lejos de salir de esa pauta y de ese modelo económico de España, lo ha agudizado, ha reproducido el mismo modelo de devaluación salarial y precariedad con la reforma laboral; repetimos el mismo modelo asociado a producciones y servicios de bajo valor añadido, recortes sociales y evidentemente también a una espectacular caída en el gasto en I+D+i.

Sabemos que la situación económica es muy difícil, que no es fácil gobernar en estas circunstancias, pero gobernar es priorizar, y la innovación no ha sido una prioridad ni antes ni ahora. Esta es la realidad. También queremos decir que no se trata solo de un problema de cantidad, sino también de gestión y calidad, porque una parte de los fondos destinados no se gastan: en 2013 no se gastó el 43% de todos los presupuestos y entre 2010 y 2014 el dinero no gastado fue de 12.152 millones de euros. Se mezcla la investigación civil y la investigación militar; a nuestro parecer aún se destinan muchos recursos a la investigación con fines militares. Hay excesivos incentivos fiscales que benefician más, a través de impuestos sobre sociedades, a las grandes empresas que a las pequeñas y medianas empresas y con complejos y burocratizados procesos de tramitación. Existe emigración, exilio de jóvenes investigadores formados en las universidades españolas, universidades que, por cierto, realizan el 57% de la producción científica y que han sufrido la reducción de becas, de personal docente, de alumnos de posgrado: un 17% de las transferencias públicas.

Por tanto, lo que plantea esta PNL nos parece elemental. Se trata de cumplir compromisos europeos, recuperando primero el gasto perdido, con un objetivo muy claro de la estrategia 2020 de la Unión Europea, que es llegar al 3%. Señores del Partido Popular, ustedes nos plantean que hay que cumplir día sí y día también los objetivos de déficit fiscal, cueste lo que cueste, con los recortes sociales que sean. Pues bien, este es un objetivo europeo que también hay que cumplir porque es estratégico, y es estratégico también para que España cambie de modelo productivo y, por tanto, de modelo de sociedad, avanzando hacia una sociedad del conocimiento, con igualdad social y con sostenibilidad ecológica. Esta es la revolución industrial del siglo XXI que no nos podemos perder. No tenemos que caer en aquello de que inventen otros.

Como la proposición -termino, presidente- es de Democràcia y Llibertat, quiero decir que también eso nos pasa en Cataluña, que tampoco llega a los niveles adecuados: estamos en el 1,5% de inversión en I+D+i en Cataluña. Eso es un dato a tener en cuenta. Apoyaremos por todas estas razones esta proposición no de ley con la transacción incorporada.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.

Pido al señor Xuclà que se manifieste a los solos efectos de indicar si acepta o rechaza las enmiendas presentadas.


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El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Hemos elaborado una enmienda transaccional a partir del texto original de nuestro grupo y de la enmienda del Grupo Socialista, pero desafortunadamente no ha sido posible incorporar la enmienda del Grupo Popular, por extraño que parezca, sobre el 2% o 3% de inversión del PIB en el horizonte del 2020. Esta enmienda transaccional ha sido firmada también por otros grupos e inmediatamente la haré llegar a la Mesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

- SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000568).

El señor PRESIDENTE: Entramos, por lo tanto, en el debate de la última de las proposiciones no de ley, sobre la elaboración de un plan integral de lucha contra el fraude, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para la defensa y presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Montero.

El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero señalar que hemos presentado una enmienda a la redacción inicial de nuestra proposición no de ley para hacerla más concreta sobre la materia que nos ocupa y que es la que propondremos finalmente a votación en esta Comisión con las incorporaciones que en su momento se señalasen.

El conocimiento constitucional de la suficiencia del sistema tributario para financiar los servicios públicos y la garantía que tiene que tener de su equidad y su efecto redistributivo son dos elementos fundamentales de nuestro Estado social y de derecho. Sin embargo, a ninguno de los presentes en la sala se nos oculta la fragilidad financiera de nuestro Estado del bienestar y los ataques a los que se han visto sometidos, como consecuencia y con la excusa de la crisis, muchos derechos sociales que dan sentido a ese Estado del bienestar, una fragilidad que no es nueva, que no es consecuencia de la crisis, sino que es previa y es casi un fenómeno estructural de nuestra economía. Entendemos que como poco tiene dos vertientes fundamentales. Una primera vertiente se manifiesta en la brecha tan importante que existe entre los niveles de ingresos y gastos públicos en nuestro país con respecto a la media de los países europeos. Saben sus señorías, porque lo hemos repetido hasta la saciedad, que la presión fiscal española se sitúa casi siete puntos del PIB por debajo de la media europea. Eso no es un fruto de la crisis, sino, punto arriba punto abajo, de nuestro sistema impositivo español. Es un rasgo de nuestra economía que últimamente se ha agravado como consecuencia de la última reforma del IRPF aprobada por el Partido Popular. Por otro lado, esos niveles de ingresos públicos insuficientes y comparativamente menores a los del resto de Europa se acompañan con unos niveles de gasto público que se sitúan también en torno a unos cinco puntos por debajo del producto interior bruto y hacen que tengamos mucho camino por delante para avanzar si queremos equipararnos con la media del bienestar en los Estados europeos. Al mismo tiempo, nos apunta hacia una potencia recaudatoria sin explorar y sin explotar que nos permitiría avanzar en ese sentido. Por ser más claros aún, tenemos un déficit estructural de ingresos muy potente, tenemos una insuficiencia recaudatoria muy severa y eso nos genera elementos añadidos para el incremento del endeudamiento público que, cuando llegan las crisis, como hemos visto, se traducen en recortes sobre los derechos y las prestaciones sociales, al mismo tiempo que, como consecuencia de las sucesivas reformas fiscales que se han ido produciendo sobre los distintos tipos impositivos, sobre los distintos tipos de impuestos, se ha ido vaciando la progresividad del sistema tributario. Esa sería una dimensión.

La otra dimensión, más concreta con respecto a lo que nos ocupa, es la que está relacionada con el fraude y la evasión fiscal tan tristemente de actualidad en estos días en los que hemos podido constatar una vez más lo extendido que se encuentran el fraude y la evasión fiscal en nuestro país, lo cerca que queda Panamá para algunos a los que especialmente se les llena la boca de España y las muñecas de banderitas rojas y gualdas y las cuentas en paraísos fiscales de euros. Basten tan solo algunos datos para señalar esa tremenda lacra sobre la economía y sobre la sociedad española. ¿Cómo es posible que en este país treinta y cuatro de las treinta y cinco empresas del Ibex 35 tengan filiales en paraísos fiscales sin acreditar ningún tipo de actividad económica en esos territorios? Supongo que porque hace mejor clima


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que aquí.(Risas). Entre todas suman más de ochocientas sociedades con sedes en paraísos fiscales. Eso es algo conocido por todos y por todas y en lo que nadie entra a fondo. Nos encontramos con que las estimaciones de profesores independientes, como Gabriel Zucman, apuntan a que el importe de los depósitos y el patrimonio de los españoles en el extranjero se sitúa por encima de los 160.000 millones, cosa que no sería un problema -aunque lo es- si no tuviéramos en cuenta que, de esos 160.000 millones, 144.000 millones estarían ocultos en paraísos fiscales. Es cierto que no es solo un problema español, que ocurre de forma extendida a nivel europeo y con la connivencia de la existencia de los paraísos fiscales, pero en el caso de España es mucho más grave si tenemos en cuenta que la economía sumergida en este país, según estimaciones del sindicato Gestha, se sitúa en torno al 25% del producto interior bruto y que, si hiciéramos aflorar 250.000 millones de economía sumergida y los graváramos a los tipos correspondientes, podríamos recaudar en torno a 90.000 millones de euros más al año. Solo con equipararnos a los niveles de fraude fiscal de las economías de nuestro entorno cercano, podríamos ya recuperar en torno a 40.000 millones de euros.

Un último dato que acerca todavía mucho más estas cifras macro al ciudadano que nos escucha y que vigila nuestra tarea. Cada español está pagando en estos momentos en impuestos en torno a 800 y 1.000 euros de más como consecuencia del fraude fiscal que cometen unos pocos. Del fracaso de la lucha contra la evasión y el fraude fiscal puede venir de la mano, casi como un efecto en cascada, la quiebra y el hundimiento de nuestro sistema de bienestar, y con ese hundimiento del sistema de bienestar, al retorno a ese estado de semi barbarie en el que cada uno debía responder por sus propios medios de los riesgos vitales que se fueran presentando a lo largo de su vida, tanto los riesgos personales como los riesgos colectivos. Por ello, para lograr una mayor suficiencia del sistema fiscal, para acercarnos más a la media de los países de la Eurozona en términos de bienestar y en términos de recaudación impositiva, es necesario un enfoque integral sobre los distintos elementos que configuran el sistema tributario de este país. Esta proposición no de ley se centra sobre uno concreto y plantea un plan integral de lucha contra el fraude que trata de incidir sobre el mismo desde diversos ángulos que constituyen el contenido de la proposición no de ley que paso a detallar rápidamente para no agotar el tiempo ni la paciencia de la Mesa.

El primer elemento de este plan debe ser la aprobación de un estatuto de la Agencia Tributaria negociado con las organizaciones sindicales más representativas de su personal funcionario y laboral, que dé lugar al nombramiento del director general de la agencia en sede parlamentaria a propuesta del Gobierno, avalado con un plan estratégico plurianual de lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Se trata de desarrollar un estatuto y un nombramiento del director general de la agencia que garantice su independencia, su neutralidad y el uso partidario de la institución cuya neutralidad se ha puesto en entredicho en numerosas ocasiones, especialmente a lo largo de la última Legislatura. Ese plan estratégico de lucha contra el fraude debe acompañarse de una ley que, en la medida de lo posible, debe ser anual y tributaria de medidas de lucha contra el fraude y la elusión fiscal en la que se debe abrir la puerta a que los trabajadores y empresarios aporten quejas y reclamaciones sobre situaciones de fraude de cara a su corrección, es decir, abrir el Parlamento a la participación ciudadana de forma directa. El objetivo no es otro que obligar a los partidos políticos, a nosotros mismos, a responder continuamente ante la ciudadanía en cuanto a nuestra voluntad real de lucha contra el fraude. Buena muestra de ello es la iniciativa que desde nuestro grupo parlamentario se va a presentar esta tarde, realizando una declaración jurada de todos los miembros de que no poseen cuentas bancarias en paraísos fiscales e instando a esta Cámara a que incorpore esa declaración en la declaración de bienes que debemos presentar todos los diputados al inicio de la legislatura. En tercer lugar, es urgente incrementar los medios personales de la Agencia Tributaria. España tiene un empleado de la Agencia Tributaria para casi 2.000 ciudadanos cuando la media europea se encuentra entre 800 y 900 contribuyentes por cada empleado. España invierte la mitad del producto interior bruto, el 0,1% de lo que lo hace la media europea. Además, el problema es que el 80% de los efectivos de la Agencia Tributaria están dedicados al control de los que ya están controlados y no a las grandes bolsas de fraude o a las grandes empresas que, como es de dominio público, son los focos fundamentales donde se concentra el fraude. En cuarto lugar, hay que fomentar la coordinación entre las distintas administraciones tributarias que operan en nuestro territorio para acelerar su integración, compartiendo bases de datos integrados y estableciendo estrategias y objetivos comunes. Hay que dotar a la Administración de Justicia de instancias especializadas, tanto en los juzgados como en las fiscalías, para tratar el fenómeno del fraude de forma adecuada. Hay que redactar una metodología oficial para


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cuantificar la eficacia de las medidas de lucha contra el fraude, como ocurre en los países más avanzados, de manera que se puede hacer un seguimiento de las medidas políticas contra el fraude.

Finalmente, señorías, señor presidente, hay que tener en cuenta que uno de los principales elementos de fraude en este país es la multiplicación de formas societarias que promueven la inversión colectiva no como una forma de ahorro colectivo sino como auténticos agujeros negros tributarios que facilitan la elusión fiscal. Hay que revisar la fiscalidad de las Socimi, hay que revisar la fiscalidad de las sociedades de capital riesgo y de las entidades de tenencia de valores extranjeros así como de las sicav.

Por todo ello, y aunque caiga en el vacío de esta legislatura lamentablemente fallida, no será este -lamentablemente también- un problema que desaparezca en el ínterin entre la disolución de las Cámaras y la constitución de las nuevas Cámaras y creemos que es importante que los distintos grupos parlamentarios se posicionen políticamente al respecto. Es por ello que hemos presentado esta proposición no de ley por los contenidos avanzados y para la discusión en esta Comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montero.

En defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.

No dejaré de repetir eso en lo que creo que estamos todos de acuerdo. La lucha contra el fraude fiscal es de justicia social, pues el fraude atenta contra la equidad. El hecho de que unos paguen sus impuestos religiosamente mientras otros evaden dinamita la confianza de una sociedad y las reglas de convivencia, dos elementos claves para el desarrollo económico. Además, está en contra del artículo 31 de nuestra Constitución. Un país avanzado que pretende financiar un Estado del bienestar moderno y alcanzar altos niveles de desarrollo no puede aceptar estos niveles de fraude que tiene el nuestro, más de 80.000 millones de euros. Señorías, el fraude es por tanto uno de los problemas más relevantes contra los que debemos actuar. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, ¿es casualidad que tengamos hoy, señorías, en esta Comisión, dos proposiciones no de ley relativas a cuestiones fiscales y tributarias? Más que casualidad, señorías, yo tengo la sensación de que parece un poco de oportunismo. Hay que decirlo, hay que ser sincero. Desde que salieron los papeles de Panamá algunos partidos, a remolque de la actualidad, presentan lo que sea para que parezca que hacen algo. Señorías, hay otra manera de hacer las cosas. Como les he comentado, Ciudadanos presentó en la Comisión de Hacienda -el lugar que parecía más adecuado- una iniciativa contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales hace más de un mes, antes de que salieran los papeles de Panamá y cuando otros no se acordaban de la importancia de estos temas y que, por cierto, fue aprobada por todos los grupos parlamentarios aquí presentes, salvo con el voto en contra del Grupo Popular. Como ha dicho mi compañero el diputado señor De la Torre en su intervención sobre las entidades de tenencia de valores extranjeros, parece que estemos en el Día de la Marmota.

Señorías, agradezco la modificación que ha realizado el señor Montero. La verdad es que esta proposición no de ley que había presentado Podemos nos parece algo improvisada y mejorable. Yo creo que han abordado el tema con el que, en principio, todos estamos de acuerdo sin una reflexión seria y profunda. Por ello debemos apostar por una enmienda transaccional que incorpore puntos básicos fundamentales de los que hablábamos en esa proposición no de ley que debatimos en la Comisión de Hacienda el pasado 16 de marzo y que posteriormente voy a detallarles. Señorías, antes de ser diputado por Valencia hace cuatro meses yo ejercía como técnico en la hacienda del Estado, en la Agencia Tributaria. He tenido la oportunidad de ver mucho y reflexionar acerca de lo que se puede hacer por mejorar la lucha contra el fraude. Confieso mi inquietud cuando veo iniciativas como esta que buscan un poco más el titular del periódico que los resultados. Permítanme que les matice.

Su proposición no de ley podría ser ampliamente mejorada. Deberíamos incorporar la referencia a la amnistía fiscal de 2012 que el señor Rajoy nos impuso, hoy materializada en los papeles de Panamá. Hay más de 2.800 millones de euros -repito, más de 2.800 millones de euros- perdonados ilegalmente por el señor Montoro que recuperar y más de setecientos casos sospechosos de blanqueo de dinero pendientes de investigar. En segundo lugar, la disminución inmediata de ese umbral a 50.000 euros al que hacían referencia en la presentación de esa proposición no de ley por delito fiscal bloquearía los juzgados, paralizaría los procedimientos administrativos y, lo que es más importante, aumentaría la ya de por sí enorme deuda pendiente de cobro, señorías, de más de 50.000 millones de euros este año, dando más tiempo y posibilidad a la evasión a los defraudadores al habilitarles mayores garantías procesales. En


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tercer lugar, veo que han eliminado las inspecciones fiscales de incógnito, ya que conllevan un debate sobre los límites de dicha potestad con salvaguardas oportunas a la seguridad jurídica, de lo cual me alegro. En cuarto lugar, han eliminado la posibilidad de pagar a los denunciantes, incluida una participación de estos en el importe de la sanción. Esto tiene el riesgo de que se podría acabar pagando dinero a auténticos delincuentes por la información aportada a la Agencia Tributaria. Finalmente, su referencia de someter su plan plurianual a la tramitación de un proyecto de ley anual tributaria de medidas contra el fraude y elusión fiscal puede ir en dirección opuesta al objetivo perseguido. Hay que ser muy cuidadosos con este tema porque para poder aprobar dicho plan estaríamos obligando a reflejar estas posturas ideológicas de la mayoría parlamentaria del momento, lo cual retrasaría su puesta en funcionamiento. Señorías, imagínense una situación como la actual, en la que el Partido Popular nos ha bloqueado esta legislatura obligándonos a hacer unas nuevas elecciones. Habría que meditarlo muy bien.

Señorías, señor presidente, la lucha contra el fraude no es desde luego una cuestión que deba hacerse partidista, es de justicia social, es de dinero público y de los ciudadanos para las necesidades básicas. Ciudadanos está comprometido con ello, como deberían estarlo todos ustedes sin excepción, como pasó aquel 16 de marzo. Señorías, si se llega a una transaccional que recoja estos puntos y estas inquietudes que hemos comentado, mi grupo parlamentario estaría a favor de esta proposición no de ley. Desde luego tenemos que estar todos los grupos parlamentarios en contra de que ese dinero público sea solo de unos pocos y no de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

Para la defensa de su enmienda por el Grupo Socialista tiene la palabra don Oscar Galeano.

El señor GALEANO GRACIA: Señor presidente, señorías, espero que no sea esta mi primera y última intervención en esta Comisión; lógicamente sí en esta legislatura pero ya estoy soñando con el futuro. (Rumores).

Señor presidente, fuimos los primeros en registrar una PNL en esta Cámara de lucha contra el fraude fiscal y en este camino como en tantos otros buscaremos el consenso con el resto de fuerzas parlamentarias. Esto indica la importancia que el Grupo Socialista da a este debate. Señor Montero, vamos a ser coherentes con lo que hace unos días tratamos en Hacienda. Por supuesto, nuestra enmienda la basamos en la transaccional que la pasada semana apoyamos en el Pleno todos los grupos del cambio en materia de fraude fiscal. Permítame, señor presidente, que manifieste mi desilusión puesto que no hemos podido trasladar este consenso en materia de fraude fiscal a otras esferas de la vida política de este país. En mi estreno en esta Cámara he sido uno de los privilegiados, pudiendo asistir a dos comparecencias de ministros. Tanto en la Comisión de Hacienda como en la Comisión de Economía hemos tenido el privilegio de asistir a comparecencias que otros han rehusado realizar. En ellas nos han dado a conocer, entre otras cosas, que hemos vuelto a incumplir el déficit y que de nuevo serán las comunidades autónomas las que tendrán que acometer el gran esfuerzo de ese ajuste, un triple tirabuzón, ya sin red, que nos pide el señor Montoro, asumiendo el coste político que de ello se deriva. También nos llegaron en este ínterin parlamentario noticias de allende los mares; llegaron no botellas vacías, sino papeles encriptadas llenos de números de los que la mayoría de la ciudadanía mira con asombro y malestar y entendiendo que de ellos se desprende una falta de moral, de ética ciudadana y una falta del mayor y más ejemplar compromiso que se le debe exigir a un dirigente público, que no es otro que cumpla con los demás, que cumpla con su país, que cumpla contribuyendo a la consolidación fiscal y social del mismo, repercutiendo esto en unos mejores servicios públicos, más universales y de calidad. Seguramente, señorías, es esto lo que antiguos ministros, como Rato, no han sabido interpretar, aquello que ha obligado a otros a dimitir y aquello que nos revela ese falso patriotismo del Partido Popular. Os invito a comer, pero que pague otro.

Así, desde el Grupo Socialista consideramos la necesidad de tomar medidas que aquellos a quienes representamos nos exigen implantar; esas que hemos echado en falta durante estos cuatro años. Hemos de tomar medidas que consigan que paguemos de forma justa y equitativa, que marginemos a quienes no lo hacen y que eduquemos desde muy temprano a quienes lo deberán hacer mañana; que se invierta en medios humanos, no como ha hecho el Partido Popular que durante esta legislatura ha reducido en unos 3.000 miembros la Administración Tributaria. Asimismo, hemos de mejorar la coordinación interadministrativa, la independencia técnica y la profesionalidad de todos nuestros organismos. Como bien dice esa frase célebre, los impuestos son el precio por una sociedad civilizada, un lugar donde consideramos desde el Grupo Socialista que no cabe ya más amnistía fiscal.


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Sustituyamos, señorías, las amnistías fiscales por la conciencia fiscal; a largo plazo, tendremos seguramente mejores resultados porque no se olviden de que tenemos y debemos recaudar más y que estos ingresos redunden en los ciudadanos y su bienestar. Un pequeño apunte, señorías. Recordemos que, a diferencia de lo que ha manifestado en alguna ocasión aquí, en esta Comisión, algún miembro del Partido Popular, en términos homogéneos durante la última legislatura solo se ha conseguido recaudar un 1% más, como digo, en términos homogéneos y en estos últimos cuatro años.

Por tanto, que el dinero, señorías, no busque acomodo ni en Bahamas, ni en New Jersey ni en Panamá. Utilicemos lo mucho que hemos aprendido aquí, en este país, para liderar un proceso de armonización fiscal en Europa, de luchar contra todo tipo de fraude fiscal, de hacer una apuesta por la cooperación frente a la opacidad, con un compromiso firme ante la economía sumergida y ante la competencia desleal.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano.

En turno de fijación de posiciones. ¿Grupo Mixto? (Pausa). ¿Grupo Vasco? (Pausa). Por el Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat), señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a ser breve. Estamos a pocas horas de la disolución de las Cortes discutiendo el último punto del orden del día de la que seguramente será la última Comisión de Economía y Competitividad en esta legislatura. Es un texto muy relevante, pero en realidad es una enmienda de sustitución del texto previo, que tiene todas las características de una proposición de ley más que de una proposición no de ley. Ustedes saben que existe cierto fair play parlamentario de votar a favor de la toma en consideración de proposiciones de ley teniendo en cuenta de que después, durante la tramitación parlamentaria, y mediante las enmiendas, se pueden modificar algunos elementos. Como punto de partida, nosotros votaremos a favor, si bien creo que este es un debate que debe residenciarse mucho más en la Comisión de Hacienda. Hay un debate muy de fondo, como es la gobernanza de la globalización, donde hay medidas muy importantes que no han de adoptarse tan solo en la Administración General del Estado, sino en el ámbito de la OCDE, que está llamada a tener un papel muy activo a la hora de regular los mercados y la transacciones internacionales, la lucha contra el fraude y contra los paraísos fiscales. Por tanto, al final de esta legislatura, nuestro voto será afirmativo en lo que es más propio de una toma en consideración, con una declaración de conformidad con la mayoría de los aspectos, aunque respecto de algunos de ellos presentaríamos algunas enmiendas. No lo haremos en este tiempo de descuento, pero confío en que tendremos la oportunidad de mejorar la regulación a nivel español y a nivel internacional en los próximos años.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, señor Capdevila.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.

Pido disculpas al compañero de Democràcia i Llibertat, señor Xuclà, por mi ausencia. Acumulo las intervenciones en el tiempo, no pienso doblar, sino que por el contrario, pienso regalar minutos de descuento. Ya avanzo que votaremos positivamente.

Luchar contra el fraude es propiciar la justicia social y defender el Estado del bienestar y por tanto, en ese desiderátum y en el fair play que invocaba nuestro compañero por Girona, no podemos hacer más que votar a favor. En cuanto a la declaración jurada de no poseer cuentas en paraísos fiscales, yo sugeriría revisar esta idea, que no me parece mala, pero que entiendo ubicable en las actuaciones de otra Comisión de esta Cámara, que es la del Estatuto del Diputado. Ya no puedo aprovechar que estaba el presidente de esa Comisión en la sala. Se me ocurre -y mi ignorancia me permite usar solo condicionales- que quizás habría que enmendar la Loreg para poder llevar a cabo esa iniciativa que aplaudíamos.

Utilizo esta ultima intervención y estos últimos minutos para agradecerles a todos ustedes su paciencia, particularmente al presidente, así como su comprensión. Nos vemos pasado san Juan, pero solo si el pueblo soberano nos otorga su plebiscito.

Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Capdevila.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Paniagua.

El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Ya les anticipo que mi grupo votará en contra -hay demasiadas cosas que cambiar en esta PNL-, pero aclarando que estamos dispuestos a participar y colaborar en cualquier plan serio de lucha contra el fraude fiscal. Incluye además de todas las medidas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, proyectos educativos, proyectos de información y proyectos de comunicación, y que sea en la Comisión adecuada, que sería la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

En primer lugar se olvidan de que además de la redistribución y de financiar los servicios públicos, el sistema tributario tiene otro objetivo que en algunos momentos es importante y en este caso concreto más aún. Es un instrumento de la actividad del Gobierno para fomentar la actividad económica, el consumo, la inversión y por tanto la generación de puestos de trabajo. Se llama política fiscal. En cuanto a los ingresos impositivos y su diferencia con la eurozona, no se puede confundir presión fiscal con esfuerzo fiscal, que es la medida real de si pagamos muchos o pocos impuestos. La caída de ingresos tributarios de 70.000 millones se produjo entre 2004 y 2011, la mitad por impuesto sobre sociedades de grandes empresas, y no fue fruto de una bajada de impuestos ni significa que los ciudadanos pagáramos menos impuestos, es más, coincidía con todo lo contrario: un aumento del esfuerzo fiscal. La Asociación española de asesores fiscales y gestores tributarios lo ha estimado en un 40%, el más elevado de la zona euro. Incluyendo la repercusión de las cotizaciones sociales, se calcula que los españoles trabajamos de media ciento ochenta y cuatro días solo para pagar impuestos, algo más de seis meses de nuestro trabajo son para pagar impuestos. Además, los datos que nos ofrecen no son correctos. La diferencia con la UE es de 3 puntos y con la OCDE es de solo 2 puntos. Y la evolución de los tipos implícitos sobre las rentas del trabajo presenta las mismas diferencias. En cuanto a la progresividad, si ven ustedes el gráfico de la cuña fiscal media, se observa claramente la progresividad de nuestro sistema tributario, en línea con el de la OCDE. En cuanto a los paraísos fiscales, aunque todavía hay que hacer un mayor esfuerzo internacional -no sirven de mucho las medidas nacionales-, se ha recorrido bastante camino en su desaparición definitiva en los últimos ocho años.

Sobre la estimación de la economía sumergida, existen numerosos estudios que manejan diferentes cifras de la misma. No hay un consenso aceptado sobre estas mediciones. Los principales organismos internacionales alertan sobre el limitado valor de ellas, por lo tanto es mejor que la Agencia Tributaria continúe fijando sus objetivos tras una importante labor de selección e investigación de los sectores y operaciones de riesgo fiscal, y los resultados de sus actuaciones de la lucha contra el fraude deben analizarse a través de elementos objetivos. Hay que recordar, señorías, que la Agencia Tributaria se rige por el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. Dicha ley fundacional dota a la Agencia Tributaria de la autonomía e independencia necesarias para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas y el cumplimiento de sus objetivos. Debe también destacarse que la alta cualificación profesional de su personal, perteneciente a la Función pública, garantiza un trato de los expedientes riguroso y siempre sometido al ordenamiento jurídico, así como la sujeción de toda su actuación a procedimientos reglamentados y a planes de objetivos y actuaciones preestablecidos cuyos resultados son públicamente presentados. Por lo tanto, la autonomía e independencia de la Agencia Tributaria se encuentran ya garantizadas, como ponen de manifiesto su buen funcionamiento y los resultados obtenidos por su actuación.

En lo referente a la elaboración de un plan plurianual de medidas de lucha contra el fraude, se recuerda que en las directrices generales del Plan anual de control tributario y aduanero se establecen los criterios generales y ámbitos prioritarios de actuación que han de emplearse en la selección de los obligados tributarios sobre los que deban iniciarse actuaciones inspectoras en el año de que se trate. Al margen de dichos criterios generales, el contenido del Plan anual de control tributario y aduanero, elaborado anualmente, tiene carácter reservado de acuerdo con el artículo 116 de la Ley General Tributaria. Además, ¿para qué se quiere hacer en la PNL un plan plurianual para después establecer un sistema para cambiarlo todos los años? ¿De qué sirve? Lo que creo que ustedes quieren es el control político sobre todos los estamentos del Estado como ya han demostrado en reiteradas ocasiones en sus discursos aquí en España y fuera de España.

Después vuelven a cebarse con instrumentos que aportan importantes beneficios a la actividad económica, como las entidades de tenencia de valores extranjeros, que ya han sido valoradas hoy; las


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sociedades de capital riesgo, que no entiendo siquiera por qué las mencionan; las Socimi, las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, cuyos objetivos fundamentales es continuar el impulso del mercado de alquiler en España, elevando su profesionalización, facilitar el acceso de los ciudadanos a la propiedad inmobiliaria e incrementar la competitividad de los mercados de valores españoles y dinamizar el mercado inmobiliario destruido tras la última crisis. Este régimen fiscal especial conlleva la obligación de distribuir el beneficio en forma de dividendo a los accionistas, por lo que la tributación efectiva de esta renta se produce en la sede del socio perceptor, no en las Socimi.

En el caso de las Sicav, ¿qué les pasa con las Sicav? ¿Por qué no cambian también la fiscalidad de los fondos de inversión, si son lo mismo, instituciones de inversión colectiva? Pueden diferir el pago fiscal, eso sí, pero al final se produce vía dividendos o reducción de capital, y, mientras, son un instrumento para depositar el ahorro de muchos españoles y derivarlo hacia los mercados de capitales para que las empresas se puedan financiar. Por otra parte, mientras estemos en un mercado con libertad de movimiento para los capitales, no podemos plantearnos perjudicar instrumentos de inversión concretos, porque no estarán aquí y sí en otros países y no aportarán nada al mercado de capitales español y sí al de otros países. Debemos intentar por todos los medios que el dinero de nuestros ahorradores ayude a la actividad económica de nuestro país, no de otros países, y, si no, observen qué ha ocurrido en alguna comunidad autónoma.

En cuanto a los delitos fiscales, ya se han ampliado las penas y la prescripción hasta diez años para los delitos graves y quiero recordar a sus señorías que las penas deben ser proporcionales a la gravedad de la conducta. El PP aprobó en esta Cámara con total transparencia, con luz y taquígrafos, asumiendo el coste político, que es como hay que hacer estas cosas, la regularización fiscal que permitió aflorar más de 100.000 millones de euros de bancos y dividendos del exterior correspondientes a más de 140.000 contribuyentes. Esto no había ocurrido nunca en la historia de la Hacienda de España y eso sí es luchar contra el fraude, porque detrás de esto hay situaciones patrimoniales que debían haber sido esclarecidas antes. ¿Por qué no lo estaban y lo están con este Gobierno? Además se complementó con la Ley 7/2012, la Ley Antifraude, que obligó al contribuyente a informar a la Administración tributaria española sobre los bienes y derechos situados en el extranjero, el famoso modelo 720.

Con el Gobierno del Partido Popular las instituciones están funcionando y lo están haciendo con un rigor y una eficacia contrastable en cifras y sin distinción de nombre, profesión, relevancia pública o ideología política. Frente a esto, otros tomaron decisiones que no hicieron públicas, sin asumir el coste político, invitando a los contribuyentes que estaban en una famosa lista a presentar una declaración complementaria espontánea, evitando así sanciones mayores, la imputación del delito fiscal e incluso la cárcel y dejando a los funcionarios a los pies de los caballos.

El señor PRESIDENTE: Señor Paniagua, tiene que ir terminando.

El señor PANIAGUA NÚÑEZ: El compromiso del Gobierno con la lucha contra el fraude fiscal quedó reflejada en la pasada legislatura en las múltiples iniciativas adoptadas en la materia tanto a nivel nacional como internacional, así como en los resultados obtenidos por la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude. Hay bastantes medidas que se tomaron durante la anterior legislatura. En fin, son múltiples medidas que han llevado a conseguir un récord histórico de los ingresos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la lucha contra el fraude fiscal. En 2005 teníamos 5.496 millones de euros y en 2015, 15.664 millones de euros. Se ha triplicado con un crecimiento anual en el último año del 27%.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Paniagua.

Hemos terminado el debate de todas las proposiciones no de ley que se habían presentado para esta sesión de la Comisión de Economía y Competitividad y antes de proceder a la votación voy a repasar la situación en que cada una de ellas se encuentra. La primera, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, incorpora una enmienda de Ciudadanos, con lo cual se votará con esa enmienda. La segunda, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, se votará con la aceptación de las dos enmiendas presentadas, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Ciudadanos, tras el primer párrafo, que se mantiene, del texto original de la proposición no de ley. (El señor Capdevila Esteve: Por lo tanto se convierten en enmiendas de adición). Sí. La proposición no de ley se votará con el párrafo primero original y se añaden las dos enmiendas, la del Grupo Socialista y la de Ciudadanos. (El señor Capdevila Esteve: Con la corrección, de forma, de que en la enmienda de Ciudadanos se repite el párrafo). Sí,


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efectivamente. La tercera proposición no de ley, presentada por el Grupo Mixto, se votará en sus propios términos. La cuarta se votará en los términos de la enmienda transaccional presentada. La quinta proposición no de ley, presentada por el Grupo Catalán, también se votará en los términos de la enmienda transaccional presentada. La sexta, del Grupo Podemos, se votará en los términos de su propia enmienda y de la del Grupo Socialista, junto con la transaccional de Ciudadanos.

Vamos a proceder a las votaciones. Les pido que en cada una de ellas mantengan la mano levantada durante un tiempo para poder contar bien y que no nos equivoquemos.

Punto 1.º, proposición no de ley relativa a situar la I+D+i como una prioridad política y social para nuestro país, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28, en contra, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Punto 2.º, proposición no de ley sobre el control de los plazos de pago de los contratistas adjudicatarios de obra pública a sus suministradores y subcontratistas, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Se vota en los términos que he indicado anteriormente.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Punto 3.º, proposición no de ley sobre las entidades de tenencia de valores extranjeros, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 15; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Punto 4.º, proposición no de ley relativa a promover y facilitar el crecimiento empresarial y garantizar la unidad de mercado, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se vota con la enmienda transaccional que he comentado anteriormente.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Punto 5.º, proposición no de ley relativa también a I+D+i, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), en los términos de la enmienda transaccional.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Punto 6.º, proposición no de ley sobre la elaboración de un plan integral de lucha contra el fraude, presentada por el grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, en los términos de la transaccional.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Si me permiten sus señorías un segundo, seguramente será la última sesión que celebra esta Comisión de Economía. Permítanme que les agradezca a todos los miembros de la Comisión su disposición, su trabajo y el ánimo que ha presidido esta Comisión. Especialmente les transmito este agradecimiento a los miembros de la Mesa y a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Muchísimas gracias a todos. (Aplausos).

Se levanta la sesión.

Era la una y veinte minutos de la tarde.

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