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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 59, de 25/04/2016
cve: DSCD-11-CO-59
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 59
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ
Sesión núm. 3
celebrada el lunes,
25 de abril de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia de la señora fiscal general del Estado (Madrigal Martínez-Pereda), para la presentación de la memoria correspondiente al año 2014. (Número de expediente 285/000001). A petición de los Grupos Parlamentarios Socialista (número de expediente 212/000026) y Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/000049) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes.

Quiero dar la bienvenida a doña Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado, a esta Comisión de Justicia, que es su Comisión, así como a los miembros de la secretaría técnica y a los miembros del ministerio fiscal que hoy nos acompañan en esta comparecencia de presentación de la memoria de la fiscalía. Quiero indicarle también nuestro agradecimiento -el de toda la Comisión- por las facilidades ofrecidas por doña Consuelo y la fiscalía para poder llevar a término en este espacio de tiempo la presentación de la memoria, comparecencia que en la Comisión nos parecía importante que se desarrollase dentro del periodo más breve posible, puesto que se refiere a una época en la que el tiempo transcurrido se considera suficiente como para ser verificada cuanto antes.

Quiero recordar a las señoras y señores diputados que la comparecencia se desarrollará en la forma que acordamos en la reunión de Mesa y portavoces. Habrá una primera exposición de la señora fiscal general del Estado, intervendrán con posterioridad los grupos que han solicitado la comparecencia y el resto de los grupos intervendrán, de menor a mayor, por un tiempo de diez minutos que aplicaremos con flexibilidad. A continuación, suspenderemos la sesión por un breve espacio de tiempo y en una última intervención concluirá la señora fiscal general del Estado. Sin más, tiene la palabra la señora Madrigal para la presentación de la memoria.

La señora FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Madrigal Martínez-Pereda): Señor presidente de la Comisión de Justicia, señoras y señores diputados, buenas tardes. Para mí es un alto honor y una gran responsabilidad comparecer ante sus señorías para presentar la memoria del año 2014, nuestra actividad en esta etapa, la evolución de la delincuencia y algunas de nuestras propuestas. Esta comparecencia tiene un profundo significado institucional que ilustra la conexión necesaria entre el ministerio fiscal, órgano defensor de la ley, y los representantes de la soberanía popular y de la potestad legislativa. Pero también existe en este momento un significado puntual que no quiero pasar por alto, porque por primera vez comparece como fiscal general del Estado ante las Cortes Generales una mujer. Y prescindiendo de lo anecdótico de mi nombre y mi persona, creo que se hace justicia -aunque sea tardía- a las mujeres que hace más de cuarenta años empezaron a ingresar en la carrera fiscal y que ahora constituyen -constituimos- el 70 % de sus integrantes.

Otros fiscales generales han comparecido ante esta Comisión de Justicia, y no siempre -o no solo- han recibido apoyos. Creo que, incluso en las situaciones más tensas, el encuentro habrá sido provechoso porque es mucho lo que puede suponer para la dirección del ministerio fiscal el hecho de conocer las opiniones, las sugerencias y las críticas -sobre todo las críticas- que proceden de los representantes de la soberanía popular. Me propongo aprovechar la oportunidad de este encuentro entre personas e instituciones para que, como en todo encuentro verdadero, se susciten ideas y sucedan cosas.

El ministerio fiscal centra la mayor parte de su actividad en el ejercicio de las acciones penales para la identificación de los delitos y el castigo de los responsables, pero el diseño constitucional de nuestra institución y las constantes atribuciones que las leyes nos encomiendan en otros ámbitos han desbordado esa idea. El 17 de diciembre de 2014 el Consejo Consultivo de los Fiscales Europeos aprobó la Carta de Roma, un documento en el que se enmarcan las líneas maestras de lo que debe ser el ministerio fiscal en un Estado de derecho, de cómo debe actuar en defensa de la sociedad y en otros ámbitos distintos al penal. La fiscalía española esto lo entiende, lo asume y lo estaba viviendo desde hace muchos años, y podemos constatar que es fuera del ámbito penal donde se percibe con mayor nitidez e inmediatez que el fiscal es defensor de la sociedad y que puede ser un puente entre la sociedad y los tribunales. Esto ha hecho que en los últimos años el perfil del ministerio fiscal sea mucho más activo, más dinámico, que tenga más relación con entidades de la sociedad civil y con servicios sociales de distintas administraciones competentes en materias muy diferentes; en definitiva, que esté más próximo a los ciudadanos.

Puesto que la ocasión nos depara la oportunidad de hablar de la memoria de 2014 aunque con cierto retraso, se hace inevitable hablar también haciendo referencia a cifras de 2015 que ya estamos manejando para la elaboración del informe relativo al ejercicio de 2015. Para darles estas cifras -muy brevemente comentadas, porque las cifras siempre son tediosas- me voy a ayudar de unas diapositivas, pero quisiera hacerles alguna consideración. Para analizar los datos que ofrecen las estadísticas hay que tener en cuenta que nuestros asientos no reflejan directamente la delincuencia sino los procedimientos a los que la delincuencia da lugar, que hay unas cifras negras de delitos que no se denuncian o no se descubren, por lo que no hay una equivalencia entre el número de las denuncias y los delitos. Hasta ahora la mayor


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parte de los años se incoaban en torno a 5 millones de procedimientos penales, pero en un 90 % se archivaban el mismo día de la incoación, generando esa actividad estéril en los juzgados y en las fiscalías. El artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha modificado a instancias de la fiscalía para eliminar -salvo excepciones muy expresas- esta remisión de los atestados sin autor. Con esta reforma prevemos que se disminuya el trabajo burocrático y se corrijan algunas distorsiones estadísticas, pero como efecto colateral sin duda se acentuará el distanciamiento entre el número de las causas incoadas y el número real de los delitos.

La primera diapositiva -aquí la tienen- es un mapa tecnológico respecto de las aplicaciones de gestión procesal en que nos movemos. En gran parte del territorio de España las aplicaciones judiciales son diferentes -prácticamente en todo el territorio- de las aplicaciones de gestión de la actividad de las fiscalías. Esto complica enormemente el acopio de los datos, la gestión de la información y por supuesto la comunicación de las fiscalías con los órganos judiciales. Esta dificultad se colige del mapa tecnológico que aquí se presenta y sugiere urgente necesidad de adoptar en este campo unas decisiones armónicas, coherentes e integradas para toda la Administración de Justicia que permitan la interoperabilidad. En la izquierda pueden ver cómo la aplicación de la fiscalía -que es Fortuny, básicamente- no se corresponde con las de los juzgados y tribunales, que fundamentalmente son Minerva o Minerva transferido o libre, Cicerone y Adriana. En Cataluña, País Vasco, Navarra y Santander ni siquiera funciona tampoco el modelo de Fortuny para las fiscalías.

En la siguiente diapositiva les puedo comentar la actividad del ministerio fiscal, que se centra fundamentalmente en la materia penal. El total se encuentra cifrado en la parte derecha de la diapositiva, con diferencia entre 2014 y 2015. La jurisdicción penal consume la mayor parte de nuestra actividad civil, social y contencioso-administrativa. Solo un 30 % del volumen total de asistencia a vistas -estas cifras están referidas a los señalamientos de vistas a los que acudió el ministerio fiscal en ambos ejercicios, porque los señalamientos penales no tienen una gran oscilación en una u otra materia- tuvo lugar en jurisdicciones diferentes a la penal. La atención a esta cifra de señalamientos requiere para la fiscalía un gran esfuerzo organizativo porque los órganos judiciales no suelen concentrar los señalamientos en días a los que pudiera acudir siempre el ministerio fiscal, y esto supone que los fiscales deben destinar un gran espacio de tiempo para atender, por ejemplo, un señalamiento cada mañana en las distintas jurisdicciones no penales. Esto nos impide optimizar el tiempo y la presencia en esos órganos judiciales, una presencia que, por otra parte, se ha incrementado en un 11 % en el año 2015, merced a las reformas de las leyes de protección jurídica de los menores y a la Ley de Jurisdicción Voluntaria que nos atribuyen un mayor protagonismo.

Otro indicador de la actividad del ministerio fiscal es el número de procedimientos penales incoados. En 2015 entraron en vigor dos reformas que han variado el volumen de las incoaciones: una, la supresión de las faltas del Código Penal y la reintroducción de algunas de ellas a través de los delitos leves -esta reforma entró en vigor el 1 de julio-; la otra, a la que ya me he referido, es el cese de la remisión de los atestados sin autor a los juzgados. Lo reciente de estas reformas no nos permite extraer unas conclusiones ciertas sobre su efecto, aunque desde la prudencia podemos extraer la conclusión de un descenso del 5 % en el año 2015, pero es muy poco tiempo el transcurrido, sobre todo desde la última reforma, la de la falta de remisión de los atestados sin autor, que entró en vigor el 6 de diciembre. En la incoación de las diligencias previas se constata un descenso del 4 % entre 2014 y 2015, inferior al del 6 % que ya venía siendo observado en anualidades precedentes, y seguimos sin tener datos ciertos para formar unas conclusiones sobre si esta cifra de descenso corresponde a unas mejores prácticas en el registro de las diligencias previas o al impacto de las reformas que todavía son recientes.

En relación con la supresión de las faltas y la nueva incorporación de los delitos leves, el descenso global se ha constatado en una cifra algo superior al 20 %, significativa atendiendo a que la reforma del Código Penal afectó exclusivamente al segundo trimestre del año 2015. Las sentencias dictadas por delitos leves -en el segundo puesto empezando por la derecha- son 47.263, 39 % de ellas absolutorias, una cifra inferior a la del 50 % de absoluciones que se producían en los juicios de faltas. Estamos atentos a la evolución en próximas anualidades para sacar unas conclusiones más certeras. En cuanto a calificaciones y escritos de alegaciones del ministerio fiscal, este es también un indicador elocuente sobre nuestra actividad. Aquí tienen, en términos absolutos, los dos números de calificaciones presentadas en 2014 y en 2015, 275.898 y 261.030 respectivamente, que suponen un descenso del 5 %.

En la siguiente diapositiva vemos los delitos por los que se formula un mayor número de acusaciones. Empezando por abajo, están los delitos contra la seguridad del tráfico, y subiendo: contra el patrimonio,


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las lesiones, los delitos contra la Administración de Justicia, y señaladamente en ellos el quebrantamiento de condena normalmente relativo a condenas por delitos contra la seguridad vial. El mayor número de calificaciones, 140.178, se produjo en el procedimiento abreviado, procedimiento para la preparación del juicio oral por delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a 9 años o penas de distinta naturaleza y de cualquier duración. También es alta la cifra de calificaciones emitidas en diligencias urgentes, 118.859. En estas diligencias urgentes el 80 % de las calificaciones que se presentan por el fiscal finalizan en el mismo servicio de guardia mediante una sentencia de conformidad. Existe, por tanto, un alto grado de conformidad y una rapidez en la respuesta conformada. El 54 % de las calificaciones en este procedimiento se producen por delitos contra la seguridad vial. En cambio, en el procedimiento abreviado, más lento, las sentencias condenatorias derivadas de conformidad de la defensa con las pretensiones acusatorias del fiscal representan solo el 60 %, frente al 80 % de las diligencias urgentes, siendo en este caso las infracciones que dan lugar a un mayor número de calificaciones las que se refieren a los delitos contra el patrimonio, que dieron lugar al 35 % de los escritos de acusación.

Un tema que nos preocupa mucho, como van a ver enseguida, es el de los tiempos medios de tramitación de los procedimientos. Lo más preocupante es esto precisamente. El tiempo medio entre la incoación de las diligencias previas y la calificación del fiscal, y por tanto el tiempo medio de instrucción, fue de 393 días en el año 2014. Entre la calificación y el primer señalamiento para el juicio ante los órganos de enjuiciamiento el tiempo medio transcurrido es de 484 días, una duración en ambas fases del procedimiento que nos parece intolerable y que pone de relieve, por un lado, la mayor eficacia procesal de las diligencias urgentes y, por otro lado, la necesidad de abordar de una vez por todas la reforma global del proceso penal que elimine estas excesivas duraciones. La Fiscalía General del Estado ya en 2014 realizó un estudio proponiendo ampliar el marco punitivo de las diligencias urgentes porque se revelan más eficaces desde el punto de vista de la celeridad en tanto en cuanto no dispongamos de un nuevo modelo global, como digo, de proceso penal. La reforma del artículo 324 -podemos hablar más adelante- supone un acortamiento seguramente o una mayor agilidad de los plazos de instrucción, pero no va a evitar el cuello de botella que se formará en los órganos de enjuiciamiento una vez que esté calificado el procedimiento en los juzgados de lo penal y en las secciones de lo penal de las audiencias provinciales, donde ya ahora mismo existe un gran atasco a la hora de realizar el primer señalamiento en cada procedimiento.

En la siguiente diapositiva vemos que en el año 2015 se produjo una situación muy estable con relación a 2014 en el total de juicios orales por delito celebrados con la intervención del ministerio fiscal y los juicios por falta. Se redujeron y aparecen 47.951 juicios celebrados por delito leve. Los porcentajes de conformidad de la sentencia con la postura del fiscal se pueden ver en esta diapositiva que ya tienen ante ustedes: el 31 % en el año 2015 han sido de disconformidad con las pretensiones del fiscal y el 69 % de conformidad, un amplio volumen de sentencias condenatorias o sustancialmente conformes con las pretensiones acusatorias del fiscal.

En la siguiente diapositiva vemos que los delitos que han dado lugar a un mayor número de sentencias condenatorias son los delitos contra la seguridad vial -el 34,8 % del total de las dictadas-, seguidos, empezando por abajo, por los delitos contra el patrimonio y después por los delitos relacionados con violencia sobre la mujer o con algunas formas de violencia familiar y doméstica, que representan un 9 % del total. Podemos seguir subiendo hasta arriba. Otro indicador de la actividad del ministerio fiscal -ya de los últimos- es el número de diligencias de investigación que se incoan en la fiscalía con carácter preprocesal. Estas diligencias han supuesto en 2014 un número total de 14.768, iniciadas en un 41 % de los casos a instancias de distintas administraciones públicas que remitían denuncias a la fiscalía. En el año 2015 las diligencias han sido 13.981 y en una buena medida a instancias de las administraciones públicas. Creo que se han incrementado hasta un 58 % en 2015 las denuncias del sector público a la fiscalía. Por tanto, se evidencia una gran confianza del sector público en las facultades y posibilidades investigadoras del ministerio fiscal.

La última diapositiva que les voy a mostrar es la que se refiere a unos porcentajes de actividad investigadora del ministerio fiscal con la tipología delictiva. Fundamentalmente investigamos delitos contra la Administración pública y otros delitos de carácter complejo relacionados con la ordenación del territorio, la Administración de Justicia y el patrimonio. Pero numéricamente el orden cuantitativo es el que pueden ver aquí. Sí añado que el 41 % de las diligencias de investigación de la fiscalía finalizaron con la interposición de denuncia o de querella ante los correspondientes órganos judiciales. No insisto en los números que siempre son tediosos, pero queda a disposición de sus señorías tanto esta presentación como el soporte


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electrónico y también físico de los datos de nuestra memoria. Los de 2015 todavía no están totalmente valorados, pero sí los de 2014.

Quisiera hacer una referencia a nuestros problemas y actividades actuales, relacionando por interés informativo los datos de 2014 con los de 2015, que ya barajamos y conocemos. El ministerio fiscal, como todas las instituciones del Estado y el Estado mismo, según dice Habermas, deben ser construidos y reconstruidos permanentemente en atención a fines racionalmente verificables. Eso es lo que está haciendo el ministerio fiscal en los últimos años, una reorganización estructural y una reorganización funcional. Pero en este último aspecto hay un dato que no puedo omitir porque indica nuestras posibilidades organizativas, que son realmente pocas. Si atendemos al número de funcionarios no fiscales que trabajan en la fiscalía, la ratio por fiscal, según lo territorios, es de 0,6 a 0,8 funcionarios no fiscales por cada fiscal. La media en Europa es de 14 a 1 y creo que el dato es suficientemente ilustrativo. La composición personal del ministerio fiscal está condicionada por el número, en torno a 2.600 personas, de las cuales la inmensa mayoría son ahora jóvenes muy bien preparados y también un 70 %, mujeres, porcentaje que se eleva al 78 % en la franja de edad comprendida entre veinte y treinta años, esto es, las promociones más recientes. El informe Greco de la Comisión Europea sobre corrupción en nuestro país constató que los fiscales españoles tenían un alto grado de probidad, pero recomendaba, como tantos instrumentos relacionados con la corrupción, la elaboración de un código ético. Esta recomendación la hemos asumido desde la Fiscalía General del Estado trabajando y estudiando los precedentes, las experiencias en otros países de nuestro entorno y también las que se han llevado a cabo en el ámbito judicial. Ese estudio ha sido sometido a la información del Consejo Fiscal con una concreción de borrador de código ético que se someterá a debate de toda la institución para que desde abajo, y no solamente desde los órganos de dirección, se pueda asumir un compromiso con los principios de probidad, imparcialidad, neutralidad, formación continuada, igualdad de trato, en definitiva, con lo que marca la excelencia en el ejercicio de nuestras funciones. Unas funciones importantes que requieren un estatuto de inamovilidad, de garantías y, como contrapartida del mismo, un régimen disciplinario que exija esa responsabilidad a los fiscales cuando incumplen sus deberes. La exigencia de ese régimen disciplinario debe estar encauzada por unos procedimientos bien trazados legalmente, claros, seguros y previsibles y actualmente no los tenemos a satisfacción. Por eso, hemos propuesto a lo largo de 2015 dos borradores de régimen interno y de régimen disciplinario del ministerio fiscal que sustituyan al ya obsoleto reglamento del año 1969. La premura de tiempo y el agotamiento de la legislatura y de las posibilidades de actuación no han permitido que vieran la luz estos textos con las modificaciones que hubieran sido pertinentes. Esperamos que se culmine esta tarea para dotar a nuestra institución de un régimen interno más adecuado y, sobre todo, de unas garantías más precisas en el régimen disciplinario que tiene que ser aplicado en algunos casos excepcionales.

Estamos muy preocupados por la materia de formación. Es una opinión personal, pero la formación es una de las garantías de la imparcialidad del ministerio fiscal y de todos los profesionales. La formación técnica, la cualificación profesional es garantía de independencia en el ejercicio de las funciones. Desde la Fiscalía General del Estado hemos intentado reforzar la asunción de facto de la competencia en materia de formación inicial y continuada y elevar el tono y la calidad de todas las intervenciones en este ámbito, por ejemplo, haciendo obligatoria la presentación escrita de los textos y de todas las intervenciones que se realizan en todos los cursos, jornadas y unidades didácticas de unos y otros. Además, tenemos ubicado un sitio web para albergar estos contenidos de manera que estén a disposición, no solamente de los fiscales que asisten a los cursos de forma presencial, sino de todos los integrantes de la carrera. Hemos recuperado la revista del ministerio fiscal que había estado inactiva durante muchos años; ha aparecido el número 0 en formato digital, con un estilo de monografías fundamentalmente referidas al impacto de la reforma penal de 2015 en la parte general del derecho penal, y está en confección el número 1 -es decir, sería el segundo propiamente dicho- con un régimen interno que garantiza la calidad y la excelencia de los trabajos que se incorporan a esta revista. También en estos días se ha publicado -creo que esta semana o en los últimos de la pasada- un trabajo recopilatorio de toda la doctrina de la Fiscalía General del Estado desde 1978, con anotaciones sobre vigencia de los distintos instrumentos, circulares, instrucciones y consultas, con su adecuación a las nuevas leyes que se han dictado con posterioridad o a los cambios de la doctrina jurisprudencial que hayan podido afectar. Creo que es un instrumento que ha quedado muy bien confeccionado y una herramienta de trabajo útil para los fiscales y que también está a disposición del público.

En otro orden de cosas -y esto no es solo de los dos últimos años sino de los diez últimos años-, nuestra institución ha adaptado su organización territorial a la realidad de la España actual. De cincuenta


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fiscalías hemos pasado a más de noventa fiscalías superiores, provinciales y de área, con lo que hemos aproximado nuestras funciones también a la ciudadanía y muy especialmente a las víctimas de los delitos. Esto, aparte de un esfuerzo de multiplicación de nuestros efectivos, supone también una gran dificultad a la hora de hacer efectivo el principio de unidad de actuaciones, que no es solamente un principio funcional para el ministerio fiscal -que también-, sino que es una sólida garantía en nuestro ordenamiento de su aplicación en condiciones de seguridad jurídica -la que impone el artículo 9.3 de la Constitución- y de igualdad en la aplicación de esa misma ley en un ordenamiento jurídico muy fragmentado, aplicable a territorios con regulaciones sectoriales -autonómicas, me refiero- y en los que el ministerio fiscal es una institución de carácter estatal que puede, como digo, ser una sólida garantía de estos principios y valores de nuestro ordenamiento jurídico. Para hacerla efectiva la Fiscalía General del Estado dicta sus circulares, instrucciones y consultas. En el año 2015 las reformas de todo orden que hemos experimentado en el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, las leyes de protección jurídica de la infancia, nos han exigido un particular esfuerzo interpretativo para dictar nueve circulares -una más que ha sido publicada en el año 2010 ya- sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tres instrucciones y una consulta. Creo que todas estas son pautas que alientan al trabajo uniforme de los fiscales y permiten esa unidad de actuación a la que me refería antes. Pero también la hemos incentivado desde la labor de coordinación que encarnan y realizan los fiscales de sala, coordinadores y delegados de las distintas especialidades o actividades del ministerio fiscal en materia o de forma especializada, porque ellos elaboran unos dictámenes resumiendo o copiando doctrina relevante sobre aspectos de sus respectivas especialidades de actuación. También las conclusiones de las jornadas anuales de los fiscales especialistas integran ese conjunto de criterios de especialidad. Unas y otras aparecen ahora publicadas en la web fiscal.es, y aunque no son vinculantes para los fiscales, sí forman un corpus doctrinal relevante, dinámico -en la medida en que no es vinculante, es más dinámico- y sometido a un debate interno en el ámbito de cada especialidad que entendemos que también sirve para profundizar en la excelencia del trabajo de los fiscales especialistas.

La especialidad en nuestra actividad diaria ha sido la respuesta a los cambios legislativos y sociológicos que ha experimentado nuestro país en los últimos años. Se emprendió en algunos aspectos como en menores y en lucha contra el tráfico de drogas hace mucho más años, pero de una manera orgánica y funcional, a partir del año 2006. Hemos profundizado en esta especialidad. También se dictó la Instrucción 1/2015 para ahondar precisamente en la actuación de la especialidad en toda la estructura territorial del ministerio fiscal, de manera que los criterios especializados y las pautas de coordinación de los fiscales de Sala delegados calasen hasta el último tramo de nuestra organización territorial, que son las fiscalías de área y que, además, calasen de una forma articulada, armónica y orgánica conforme a la vertebración de la jerarquía en nuestra institución. En este ámbito quisiera hacer referencia a los aspectos que más nos preocupan en nuestra actividad y que creemos que son también los que preocupan a la ciudadanía.

En primer lugar, tengo que referirme a la corrupción y a nuestra lucha contra la misma porque es una prioridad para nosotros y para los ciudadanos, según informa el barómetro del CIS del mes de marzo de 2016, que sigue situando este problema como el segundo más importante para el 44 % de los españoles. No es de extrañar porque todos los delitos económicos relacionados con la corrupción son un fenómeno gravísimo que ataca al sistema económico en su conjunto, en el que, como todo el mundo sabe, introduce factores de desestabilización y también ataca al sistema político, en el que introduce desafección hacia las instituciones, excusas y pretextos para el incumplimiento de las leyes y, en definitiva, un clima de apatía y desafección. Hay que luchar contra la corrupción -y así también lo dije en el trámite previo de comparecencia antes de ser nombrada fiscal general del Estado- para proporcionar desde la justicia una respuesta ágil, pronta, inmediata y eficaz. Una de mis primeras actuaciones como fiscal general fue solicitar del Ministerio de Justicia la incorporación de nuevos fiscales a la Fiscalía Anticorrupción, con sede en Madrid. Se acordó por parte del Ministerio de Justicia seis nuevas incorporaciones, si bien en comisión de servicio. Hubiéramos deseado y esperamos y luchamos y trabajamos para que estas comisiones de servicio se consoliden en nuevas plazas de plantilla reales. También pedimos al Ministerio de Hacienda -el fiscal de Sala jefe, don Antonio Salinas, y yo misma- la incorporación y la actualización de los efectivos que integran las unidades técnicas de investigación adscritas permanentemente a la Fiscalía Anticorrupción, con inspectores de Hacienda, interventores de la Administración General del Estado; técnicos que, con sus investigaciones, auxilian el trabajo de los fiscales. Se acordaron y en los últimos meses de este año se han llevado a cabo esas nuevas incorporaciones, así como las de cinco nuevos miembros de la unidad de la Guardia Civil que permanentemente actúa adscrita a la Fiscalía Anticorrupción.


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Así dicho parece mucho pero es poco porque el volumen de los asuntos es mucho mayor, así como la complejidad de las tramas económico-financieras que respaldan los delitos relacionados con la corrupción y la intervención de muchos partícipes que actúan desde distintos territorios o que pertenecen a distintos Estados o nacionalidades, que utilizan recursos y tecnologías muy sofisticadas y que también articulan una cantidad masiva de datos que deben ser analizados por expertos en análisis económico-financiero-criminales para la mejor actuación e identificación de los delitos por parte de la fiscalía. La corrupción ha existido siempre -probablemente existirá siempre- pero ahora nos enfrentamos a un fenómeno que adquiere unas notas específicas que condicionan de una manera determinante su identificación, investigación y enjuiciamiento. Me refiero al hecho de que no se refiere solo a delincuencia política o relacionada con delitos contra la Administración, sino que afecta a otras tipologías delictivas -delitos económicos, societarios, contra el mercado, los consumidores, fraudes fiscales- y porque -y quizás esto sea lo más preocupante- grupos organizados de delincuencia que operan a nivel transnacional han visto en la corrupción política y económica de nuestro país un objeto de ganancias ilícitas que intentan acapararlas, poniendo en juego su mayor profesionalidad y potencial delictivo, lo cual hace que las tramas contra las que a veces tenemos que enfrentarnos e investigar sean mucho más difíciles, complejas y peligrosas.

Otra nota es, desafortunadamente, la privatización de la corrupción. La frontera entre lo público y lo privado se desvanece muchas veces en administraciones que tienden a ceder la prestación de los servicios públicos o la gestión de estos servicios en manos privadas. Asimismo, el fenómeno de la corrupción -que es un fenómeno expansivo- también se ha privatizado. Necesitamos, por lo tanto, incentivar la lucha con un mejor cauce de conocimiento de los delitos, incentivando las denuncias, mejorando los cauces y flujos de comunicación entre los distintos organismos públicos que están encargados de detectar e investigar los fraudes y los delitos económicos -la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, la UNID, la Agencia Tributaria, el Sepblac-, pero también es necesaria la interacción de estos organismos de manera que sea posible el compartir análisis económico-financieros de operaciones concretas o formar equipos técnicos de investigación con funcionarios de unos organismos en otros y la formación continuada entre unos organismos y otros. Asimismo, es necesario incentivar la cooperación internacional haciendo rendir los instrumentos que nos proporciona ahora la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y, por supuesto, un nuevo proceso penal. La Fiscalía Anticorrupción -por ceñirme a los números- en 2014 investigó 341 procedimientos y se dictaron 19 sentencias; en 2015, han sido 371 las nuevas diligencias investigadas y 22 las sentencias dictadas. Es necesario también incidir en el ámbito de la prevención porque es mucho lo que se hace en el ámbito de la represión. En ocasiones las causas que surgen de los medios de comunicación alarman a los ciudadanos, pero creo que también hay una lectura positiva en el sentido de que es posible ver y comprobar que las causas se detectan, que los hechos muchas veces, no siempre desafortunadamente, pero muchas veces se detectan y cuando esto ocurre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la fiscalía por supuesto y, finalmente, los tribunales intervienen, con independencia de la condición del estado de la filiación política o de la afinidad política de quienes sean sus autores o las personas sospechosas investigadas. Como decía, en el ámbito de la prevención, también es importante actuar; se ha hecho, y con éxito, en algunos campos con la Ley de Transparencia de 2013, con las leyes de 2015, sobre el control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos y el ejercicio del alto cargo público. Sin embargo, debemos seguir avanzando, sobre todo en el establecimiento de garantías y controles del gasto público y la actividad convencional de la Administración en los ámbitos autonómico y local, que son, se ha demostrado, los contextos donde se genera un mayor número de delitos, de tramas o de procedimientos relacionados con la corrupción.

Quiero hacer mención de la importancia y la grave amenaza que supone la criminalidad organizada que, como digo, con gran profesionalidad y efectivos comete una serie de gravísimos delitos que proporcionan beneficios inmensos; esta criminalidad organizada transnacional constituye, por tanto, una grave amenaza para nuestro país y todos los de nuestro entorno. A nosotros nos llama la atención, o nos preocupa sobremanera, por razones obvias, la trata de seres humanos. Quiero destacar que nuestro país es receptor de las víctimas de este delito y ha llamado la atención el hecho de que en el mismo se haga actualmente un seguimiento directo por parte de la Fiscalía General del Estado a través de la Unidad Coordinadora de Extranjería, que dirige Joaquín Sánchez-Covisa, que tiene en la actualidad 330 investigaciones abiertas. Lo más ilustrativo o significativo es que en los dos últimos años se han dictado cuarenta sentencias en este ámbito que han supuesto no solo el desmantelamiento previo policial, sino


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también la sanción y el descabezamiento de tramas de trata de mujeres con la finalidad de explotación sexual procedentes de Rumanía, de Nigeria y de Paraguay. La fiscalía, a través de la unidad coordinadora, está presente en todos los foros nacionales de debate y en una estrechísima relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializados en esta materia y no solo en el ámbito de la represión, sino también en la de la prevención y en el muy importante de la protección de las víctimas.

Participa también la fiscalía coordinadora en los foros de debate internacional que establece el programa de Naciones Unidas contra la trata de personas del 2014, la Interpol y la Organización Internacional de Migraciones en el programa CARE y más recientemente en 2015 en los programas de Eurojust y las reuniones celebradas en Bolivia por la red de fiscales contra la trata integrada en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos de la que forma parte nuestro país.

Una preocupación de los ciudadanos y, no puede ser de otra manera, del ministerio fiscal, es el terrorismo yihadista. En nuestro país, y siguiendo las pautas de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 21/78, la Ley orgánica 2/2015 ha anticipado la barrera penal de protección estableciendo e incorporando en el Código Penal como delictivos hechos de captación, radicalización, adoctrinamiento, recluta, traslado a países de conflicto con la finalidad de retorno a Europa o a España para la perpetración de atentados. Pueden parecer conductas remotas, alejadas de la realización de los atentados, pero desde luego no lo son tanto puesto que los preparan y ya se ha constatado por algunas de las detenciones practicadas este año, que los detenidos estaban en disposición de cometer de forma inmediata o muy próxima atentados en nuestro país. La Fiscalía de la Audiencia Nacional trabaja activamente en este ámbito y hay que decir que si en 2014 las investigaciones por terrorismo yihadista se incrementaron en un 50 % en relación con el 2013, en el 2015 se han incrementado un 69 % respecto a 2014 y se han abierto 179 diligencias previas por esta cuestión. De los 207 detenidos en la Audiencia Nacional por distintas causas y delitos, reclamaciones de órganos judiciales, etcétera, 98 lo han sido por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista y de ellos 94 se encuentran actualmente en prisión preventiva, 11 personas condenadas ya en la operación Cesto, en la que la sentencia de la Sección cuarta de la Audiencia Nacional, dictada en septiembre de 2015, impuso penas de diez y doce años a los dirigentes e integrantes en un grupo criminal.

Para obtener un mapa de la actividad de la fiscalía en esta materia hay que decir que hay 186 investigaciones en curso, que afectan a 363 personas. En total el volumen de actividad en esta materia representa el 22 % del total de la Audiencia Nacional. Por lo tanto por primera vez en la historia este sector de actividad supera con creces el que ha desplegado la Fiscalía de la Audiencia Nacional en relación con el terrorismo vinculado con ETA. Aún sigue trabajando en esta materia porque por suerte desde el año 2009 la organización terrorista ETA no ha cometido ningún atentado en nuestro país, pero eso no significa que la justicia haya frenado su actuación, una actuación que es lenta, se produce con lentitud y con retraso pero sigue actuando de forma imparable. Atendemos requerimientos de órganos judiciales sobre detención o de localización. Y además también se han producido detenciones por enaltecimiento del terrorismo y veinte sentencias, de las cuales solo cinco han sido absolutorias. Quiero decir también que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reabierto cuatro sumarios por asesinatos de personas famosas -no voy a mencionarlo para no cansar la atención de sus señorías- porque se han encontrado nuevas evidencias que han permitido la incriminación de personas concretas.

No puedo repetir todo lo que dice el fiscal de Sala jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en su memoria porque no tenemos ahora tiempo, pero sí sugiero y recomiendo a todo el mundo la lectura de esa parte de la memoria del fiscal general del Estado en los años 2014 y 2015, porque tiene informaciones muy relevantes, de primera mano y desde el observatorio privilegiado que da la fiscalía de la Audiencia Nacional en todas las materias relacionadas con su actividad. Y quiero decir que también en algunos aspectos se realizan por parte del señor Zaragoza unas interesantísimas observaciones, por ejemplo la presencia en los últimos tiempos, meses y semanas de entre 5.000 y 6.000 militantes vinculados con la Yihad y con el Daesh en el territorio de Libia con pretensiones de instalación en los territorios vecinos de Argelia y de Túnez. Una amenaza por lo tanto que se aproxima a nuestro país y a nuestros intereses. Pero, como digo, sugiero la lectura del informe elaborado por el fiscal señor Zaragoza. Tampoco puedo dejar pasar la ocasión, pues es una satisfacción para el ministerio fiscal, sin informarles de que en el último Consejo de Ministros se ha acordado concederle la Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil, una condecoración que por primera vez en la historia se concede a un civil, en este caso por su contribución durante los últimos diez años como fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la lucha antiterrorista.


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En cooperación internacional tenemos también una actividad creciente especializada, expansiva en los últimos años. La Ley 16/2015, sobre el estatuto del miembro nacional de Eurojust, los conflictos de jurisdicción y las redes de cooperación judicial europea, plantea nuevos retos y encomienda nuevas atribuciones a la Fiscalía General del Estado, ya que a partir de esta ley es la encargada de transmitir informaciones relevantes a las autoridades europeas en determinadas investigaciones. También la Fiscalía General del Estado, residenciando esta actividad en la Unidad de Cooperación Internacional, que dirige Rosana Morán, será la encargada de atender las recomendaciones de Eurojust en materia de apertura de investigaciones o en la decisión de cuál será el Estado en mejores condiciones para acometer una investigación cuando se planteen conflictos de jurisdicción. El sistema de designación de los corresponsales en materia de lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo se ha establecido de tal manera que la coordinación de esas corresponsalías se realiza también a través de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado, que ya ha empezado a dar buenos resultados en materia de coordinación de las actuaciones y centralización de la información. Asimismo, desde la red de cooperación internacional se está dando un buen uso -creo yo- a las disposiciones de la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, sobre todo en materia de aseguramiento de prueba, de decisiones de embargo, de control de la libertad provisional y de sanciones pecuniarias, pero queremos también hacer efectivas las disposiciones de esta ley en el ámbito de la jurisdicción de vigilancia penitenciaria y de ejecución penal, puesto que aquí se ofrece un amplio campo de posibilidades.

Quiero llamar la atención de sus señorías, por si es útil, sobre que será necesario implantar en nuestro ordenamiento la Directiva 41/2014, relativa a la Orden Europea de Investigación. El plazo para la trasposición de esta directiva finaliza en mayo de 2017 y sería útil hacer uso de la experiencia acopiada por la fiscalía con su red de cooperación internacional, pues hemos demostrado ser muy activos en materia de ejecución directa de comisiones rogatorias. En el año 2000 la fiscalía no ejecutaba ninguna comisión rogatoria y en 2014 hemos ejecutado directamente y a plena satisfacción de las autoridades extranjeras 2.595 comisiones rogatorias. Disponemos en la unidad coordinadora de un registro único y creo que esta experiencia indica que la fiscalía está en condiciones de ejecutar la Orden Europea de Investigación. Tengan en cuenta que se trata de una acción de promoción de la justicia que corresponde al ministerio fiscal y que las autoridades encargadas de realizar la ejecución de estas órdenes de investigación en los restantes países de Europa también pertenecen al ministerio fiscal.

En siniestralidad laboral, la actividad de los fiscales especialistas está empeñada en demostrar que los riesgos, las lesiones, las muertes de los trabajadores no pueden ser permitidas ni son el tributo que debe pagar una sociedad por su progreso económico, comercial y mercantil. Detrás de cada muerte de un trabajador o de lesiones graves está el compromiso de los fiscales especialistas de indagar e investigar hasta las últimas consecuencias la posible concurrencia de responsabilidades penales. Y tenemos la certeza de que el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo disminuiría la cifra de los siniestros y sobre todo la gravedad de los mismos. Nos preocupa en este ámbito, y mucho, la lentitud con que avanzan los procedimientos. Siempre son malas las dilaciones en la justicia, pero en este ámbito tienen un efecto perverso añadido y es que propician las conformidades; unas conformidades en las que a veces se produce una rebaja, yo diría lacerante, en la calificación jurídica de las infracciones y también en la cuantía de las indemnizaciones. Las víctimas se avienen a una indemnización menor pero cierta y pronta antes que esperar hasta una posible indemnización mayor, pero ulterior y retardada. El fiscal de Sala coordinador, Anselmo Sánchez-Tembleque y yo misma personalmente hemos trasladado nuestra preocupación al Consejo General del Poder Judicial para procurar una especialización de los órganos judiciales de enjuiciamiento y de investigación. Hemos encontrado una respuesta receptiva en el Consejo General del Poder Judicial y la previsión de esta especialización, por lo menos en algunos tribunales de las poblaciones con mayor volumen de trabajo.

La violencia sobre la mujer es otra de nuestras preocupaciones y de nuestras prioridades porque persisten las cifras dramáticas de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y también persiste el drama, la tragedia individual de todas aquellas que en menor medida pero permanente o constantemente sufren la violencia u otros atentados a sus derechos en relación con este fenómeno execrable. Nos preocupa, en primer lugar, el traslado de esta tipología delictiva al mundo de Internet, de las redes sociales y de comunicación porque, precisamente en este ámbito, la difusión del impacto delictivo puede ser mucho mayor, así como la del compromiso de los derechos de las mujeres afectadas, sobre todo cuando se trata de población más joven que vive inmersa en el universo virtual y que es también menos consciente, sobre todo las adolescentes, de los riesgos. Nos preocupa mucho que, pese a los


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esfuerzos educativos, subsistan las estrategias de dominio-sumisión que subyacen al fenómeno de la violencia sobre la mujer y que esto esté presente también en los sectores más jóvenes de la población, en la justicia juvenil y que se incremente entre los adolescentes en los últimos años. Nos preocupa la disminución, parcialmente observada, de órdenes de protección de las víctimas. Como es desigual la cifra de disminuciones, no tenemos una evaluación cierta y definitiva -no en todos los territorios ni en todas partes disminuyen- pero estamos atentos a este dato, observado por lo menos parcialmente. Por último, creemos que es imprescindible una deslegitimación social, clara y radical de toda forma de violencia y de supremacía masculina, porque solo desde esa deslegitimación total, incluso en las más leves formas de esa violencia o supremacía, se puede propiciar lo que necesitamos: las denuncias de las víctimas y también las denuncias de quienes, sin ser víctimas, conocen el delito y con su silencio y pasividad contribuyen de alguna manera a minimizarlo o a tolerarlo. Es necesario un abordaje integral, multidisciplinar, que aborde el problema desde muchas ópticas y perspectivas y que priorice, por supuesto, la educación de niños y jóvenes y de la sociedad entera en los valores de la igualdad y de la dignidad. Nuestra compañera, Soledad Cazorla Prieto, durante los diez años que actuó como fiscal de Sala contra la violencia sobre la mujer encarnó con ímpetu radiante el compromiso del fiscal con la igualdad y los derechos de las personas y de las mujeres. Ahora, tras su fallecimiento, es Pilar Martín Nájera quien continúa, con inteligencia y determinación, este mismo trabajo.

En materia de seguridad vial, también trabajamos manteniendo un alto volumen, como hemos visto al evaluar las cifras al principio de esta exposición, pero hay que decir que, si el 34,8 % de las sentencias condenatorias se dictan en este ámbito de seguridad vial, el 90 % de ese porcentaje, de esas sentencias, se dictan, con la conformidad del acusado, con la privación del permiso o del derecho a conducir vehículos. Por tanto, en ese 90 % se traslada un mensaje de eficacia, de celeridad y también de los valores de la seguridad vial. Sin embargo, el mantenimiento de las cifras de accidentes, que habían bajado hace unos años y que ahora se mantienen estables, indica, como sugiere muchas veces el fiscal de Sala coordinador de esta actividad, Bartolomé Vargas, que es necesaria una estrategia, un plan nacional de seguridad vial que no solamente coordine a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que intervienen sino que también incida en la educación de todos los usuarios de la vía en el respeto a los valores de la seguridad de los demás, de los usuarios de esa misma vía. Trabajamos también en el ámbito de aplicación de la recientemente reformada Ley del Baremo del Seguro para garantizar las indemnizaciones incluso en aquellos casos en los que puede existir una cierta desprotección, para conseguir precisamente una mayor tutela de las víctimas respecto de la negociación en condiciones de igualdad con las compañías de seguros.

Otro ámbito en el que también es conocida nuestra intervención es el de la lucha por la protección del medio ambiente, el urbanismo y patrimonio histórico-artístico. Aquí la proliferación de las investigaciones es constante, se trabaja desde la Unidad Coordinadora de la Fiscalía General del Estado, que dirige Antonio Vercher, en íntima colaboración con las ONG protectoras de la biodiversidad, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las administraciones, en planes de prevención que se han revelado muy eficaces en materia de incendios forestales y otras catástrofes análogas; y también en investigaciones coordinadas directamente por la Unidad Coordinadora de la Fiscalía General del Estado. Por ejemplo puedo citar la que se está realizando ahora en Madrid sobre la emisión de ondas electromagnéticas, una investigación con alta tecnología que pretendemos exportar también a otros territorios.

De la actividad de esta especialidad del ministerio fiscal da cuenta sobre todo el espectacular aumento de sentencias condenatorias en materias en las que hace unos años apenas existían procedimientos, como, por ejemplo, la protección de la ordenación del territorio y el urbanismo. En el año 2006, cuando se puso en marcha esta especialidad, se dictaron 148 sentencias, en el año 2014 han sido 929 y en 2015, 927. Observamos ya un descenso en el número de procedimientos que se incoan por urbanismo, puesto que creemos que la efectividad de las demoliciones obtenidas en procedimientos de los años inmediatamente anteriores -se han incrementado en 2013, 2014 y 2015; son hasta 115 demoliciones de edificios ilegalmente construidos-, provoca un efecto benéfico de prevención general y, por lo tanto, hay menos procedimientos relacionados exclusivamente con el urbanismo, aunque se incrementan, lógicamente, los relacionados con la protección del medio ambiente y la biodiversidad.

Quiero dejar constancia también de que en noviembre de 2015 se concedió a esta unidad coordinadora, en la persona de Antonio Vercher, el Premio de la Fundación BBVA a la protección de la biodiversidad y el medio ambiente, premio que está dotado con 250.000 euros que la fiscalía destinó a la compra y adquisición de equipos de medición y tecnología para las unidades del Seprona permanentemente adscritas con las


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que trabajamos. También ahora el Programa de Naciones Unidas para la protección de la capa de ozono nos ha concedido a la unidad coordinadora el premio en su IV edición, que será entregado en Turkmenistán el próximo mes de mayo.

La criminalidad informática requiere asimismo de altas tecnologías, de alta especialización en las ciberinvestigaciones y de conocimientos técnicos muy precisos. Es una actividad especializada que se puso en marcha en 2011 y que demuestra su operatividad con el índice de incremento de procedimientos penales en los que ha intervenido el ministerio fiscal; de 2011 a 2015 el incremento fue del 245 %. La mayor parte de estas ciberinvestigaciones se refiere a delitos contra el patrimonio, estafas y fraudes cometidos en la red, pero también hay otra tipología de delitos que se denuncian menos, en los que es posible que haya una cifra negra porque las víctimas no acuden a los tribunales por vergüenza, por desconfianza o por temor, me refiero a los acosos, a los relacionados con la libertad sexual y a otros delitos contra la intimidad. Aun así, esta tipología de delitos se incrementó de una forma significativa en 2014. En 2015 la prioridad de los ciberdelitos se centró en las defraudaciones y en la pornografía infantil. La fiscal de Sala delegada, Elvira Tejada, está presente en la Estrategia nacional de ciberseguridad y también en la Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea, y ha aportado sus relevantes criterios altamente tecnificados al informe que el Consejo Fiscal elaboró sobre el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la regulación de las ciberinvestigaciones. Se han incorporado sus sugerencias, y creemos que con ellas se mejoró de manera considerable el texto inicialmente propuesto.

Dentro de este mismo marco de delincuencia informática muchas veces aparecen lo que conocemos como delitos de odio, porque tienen su soporte de comisión a través de Internet y las redes sociales. En esta materia, conocida como delitos de odio, y que nosotros oficialmente llamamos tutela penal de la igualdad contra la discriminación, la xenofobia y otras formas de discriminación, es necesario trasponer a nuestro ordenamiento la decisión marco de 2008. Por ello, y también porque estos delitos afectan a los sectores más vulnerables y desprotegidos de nuestra sociedad, hemos especializado la actividad encomendando su coordinación a un fiscal de sala delegado. Los resultados se pueden apreciar ya claramente en el mayor número de sentencias, en la mejor identificación de este tipo de delitos -que muchas veces si no se identifica el móvil pueden quedar encubiertos en su forma de comisión ordinaria de delitos comunes-, y sobre todo en las propuestas de reforma legal para sellar espacios de impunidad. Tampoco me resisto a decir que uno de los fiscales pioneros de esta actividad especializada, Miguel Ángel Aguilar -delegado en Barcelona-, ha obtenido en 2015 el premio que concede el Secretariado Gitano por su labor jurídica en favor de la igualdad y contra la discriminación de este colectivo.

Como apunté al principio trabajamos también en la protección jurídica de colectivos vulnerables, y por supuesto de los niños. Aquí trabajamos, primero, en la justicia juvenil, que como las cifras que les he mostrado indican consume parte de nuestros efectivos, porque requiere mucha especialización. Debo decir que la justicia juvenil funciona razonablemente bien y cumple parámetros de celeridad y eficacia, sobre todo en sus primeras fases, en la fase de investigación, a cargo del ministerio fiscal, donde hay un alto índice de soluciones extrajudiciales y saludable ejercicio del principio de oportunidad. Hay que incrementar los recursos que las comunidades autónomas destinan a la fase de ejecución, puesto que son responsables de esta fase, y hay que incrementarlo porque es ahí donde se centralizan los objetivos fundamentales de recuperación del menor infractor.

Pero a las secciones de menores les preocupa ahora la desprotección de los derechos, conforme a las nuevas leyes que han modificado el sistema de protección, porque no solamente vale la pena defender los derechos de los niños, sino también porque es una obligación de los poderes públicos garantizar los derechos fundamentales de carácter personal de los niños, algo que no solo conviene hacer, sino que es obligado hacer -como recuerda reiteradamente el Comité de los Derechos del Niño- al margen de los recursos, aunque no existan recursos. Así lo recuerdan también los fiscales especialistas a las respectivas entidades de protección y servicios sociales responsables.

Nos preocupan algunos aspectos en los que los derechos de los niños están sometidos a prueba o a tensión, a falta de una regulación precisa y detallada. Pienso, por ejemplo, en los menores transexuales en el ámbito jurídico registral, en relación con el nombre, puesto que sobre esto se ha planteado por la Sala primera del Tribunal Supremo una cuestión de inconstitucionalidad con el apoyo del ministerio fiscal. Pienso también en los adolescentes con trastornos de conducta ingresados en centros especiales de protección. Esta es una materia en la que las nuevas leyes han incorporado las prácticas, las propuestas y las iniciativas de la Fiscalía de Sala coordinadora, materia en la que ahora trabajamos para confeccionar una circular que unifique pautas y aclare las disposiciones legales en la práctica diaria. Pero también nos


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preocupa la custodia compartida o la maternidad subrogada, temas que requieren un abordaje para garantizar en todo caso en la maternidad subrogada los derechos de los niños, los intereses de los padres de intención, y para prevenir los riesgos de explotación y comercialización en nuestro país o en países extranjeros.

Protegemos los derechos de las personas con discapacidad, aunque en este ámbito nuestra actividad no está especializada conforme a criterios organizativos y funcionales. Son los fiscales integrados en las secciones de lo Civil de las fiscalías territoriales los que cumplen este cometido, pero con pautas y criterios de formación constante. Defendemos los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito penal frente a conductas que pudieran ser constitutivas de algún delito, por discriminación en razón de prestación de servicios, de empleo, o incitación al odio o la violencia contra colectivos de personas con discapacidad. Intervenimos en la modificación judicial o complemento judicial de la capacidad de estas personas. Instamos en más del 60 % de las demandas de tutela o de establecimiento de la curatela, una institución que propiciamos conforme a las pautas que da la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, porque la curatela supone la posibilidad de prestar apoyos y no de sustituir la voluntad de la persona con discapacidad. Protegemos los patrimonios de las personas con discapacidad, no solo a través de la institución del patrimonio protegido, sino del control de la rendición de cuentas anuales, cuando se ejercita la tutela de las autorizaciones judiciales de actos de disposición, y un largo etcétera. Pero también protegemos el derecho del sufragio activo de las personas con discapacidad, y recientemente la Fiscalía del Tribunal Supremo -en su sección de lo Civil- ha planteado un recurso de nulidad frente a una resolución de la sala primera que nos parecía limitativa de este derecho a una persona con discapacidad. También protegemos la imagen social de los niños y niñas con discapacidad. Interpusimos una demanda -creo que era un litigio estratégico- contra un programa de televisión de emisión nacional en 2014, y una demanda que ha sido estimada en 2015. Es mucho lo que hacemos en este ámbito, pero podríamos hacer muchísimo más -porque hay muchas necesidades en este ámbito- si dispusiéramos de mayores efectivos y mayores recursos. Estoy pensando en las personas mayores con limitaciones cognitivas que se encuentran ingresadas contra o sin su voluntad en asilos o residencias de tercera edad. Hay sobre este tema una sentencia del Tribunal Constitucional muy reciente que es acorde con lo que ya hacen, cuando pueden, algunas secciones de lo Civil y algunos fiscales. Me refiero a la intervención de oficio, instando la modificación judicial de la capacidad de la persona y por supuesto la intervención de oficio del tribunal acordando el internamiento cautelar. Un ámbito como digo en el que aún podríamos hacer mucho más.

No quiero cansar la atención de sus señorías, pero no puedo dejar de referirme a dos cuestiones del ministerio fiscal a las que quizá se ha prestado en otras ocasiones poca importancia. Una de ellas viene prevista en el artículo 9 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que es la facultad que se concede al fiscal general del Estado de incluir en sus informes de memoria anual propuestas de reforma legislativa. Digo que se le ha prestado poca atención por distintas razones, pero ahora que puedo llamo la atención de sus señorías acerca de que el ministerio fiscal, por su posición privilegiada, puede detectar lagunas, disfunciones del ordenamiento, y también atisbar posibles soluciones y ofrecer de esta manera una información relevante en la tarea prelegislativa y legislativa. Remito a sus señorías a las propuestas que se han formulado en las últimas memorias, y en concreto en las de 2014 han sido muchas. Pensamos ahora proponer también una reforma para la protección del patrimonio subacuático, y propone el fiscal de Sala jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, una reforma de la normativa de esta institución, que mejore su funcionalidad y que permita realizar su trascendental función de una manera más operativa y más moderna.

En relación también con la tarea legislativa y prelegislativa el artículo 14 de nuestro estatuto prevé la información, por parte del Consejo Fiscal, de proyectos y anteproyectos de leyes y reglamentos. Esto se hace habitualmente -porque nos remiten las propuestas de estos proyectos- cuando se refieren a la organización, estructura y funciones del ministerio fiscal. En 2014 hemos intervenido informando varias de las iniciativas legislativas. En 2015 hemos informado la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la que creó el registro de delincuentes sexuales; no así la Ley de Reforma del Código Penal. Pero creo que esta labor es importante porque ofrece la experiencia que el fiscal puede acopiar.

Ahora me permito llamar la atención de sus señorías porque he tenido conocimiento desde hace unas semanas del proyecto de ley de contratos del sector público. Pasó a dictamen del Consejo Fiscal y yo asistí al pleno en que se debatía ese dictamen, un dictamen excelente en su calidad técnico jurídica y administrativa, como son casi todos los del Consejo Fiscal. Pero a mí me llamó la atención que este


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proyecto de contratación del sector público, a pesar de que se había elaborado para implantar en nuestro ordenamiento las directivas europeas 23, 24 y 25, que se refieren a la lucha contra la corrupción y a la transparencia en la actividad convencional de la Administración, no fue sometido a informe del Consejo Fiscal. Y me llama la atención porque hubiera sido importante, o interesante por lo menos, conocer la opinión de la Fiscalía Anticorrupción sobre esta materia. Lo digo porque estudiando el proyecto se detecta que implanta experiencias, iniciativas que es posible que hayan dado un muy buen resultado en el ámbito europeo, pero trasplantadas a nuestro sistema pueden ser peligrosas si no se acometen también con suficientes garantías, sobre todo en los terrenos donde nuestra experiencia demuestra que se han producido las actividades contextuales de crímenes de corrupción o de delitos de corrupción, y me refiero al ámbito autonómico y local, y también, por ejemplo en la contratación, a la fragmentación de los contratos y su posterior adjudicación de los lotes fragmentados a un mismo licitador, y un largo etcétera. Digo esto como ejemplo de que nuestra institución puede aportar información relevante, experiencia y soluciones que mejoren la tramitación prelegislativa y que auxilien también en esa labor, porque como dice Manuel Atienza la racionalidad legislativa es un presupuesto de la racionalidad en la aplicación de la ley.

Ya termino haciendo una brevísima referencia a nuestras perspectivas de futuro, que pasan en lo profesional y funcional por ese nuevo modelo de proceso penal que todos necesitamos, porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 ha experimentado sesenta y nueve reformas, y ahora mismo ofrece un resultado inarmónico, desarticulado, desordenado, que no satisface las necesidades de la justicia; no me refiero solo a lo que tiene que ver con la delincuencia menor o de menor gravedad, que requiere una respuesta rápida, inmediata, ágil y garantista, sino también al ámbito de la delincuencia que más nos preocupa, que es la relacionada con el crimen organizado, con la corrupción, etcétera. Necesitamos un modelo penal que sea ágil, garantista, efectivo, que disminuya la extensión y la entidad de la fase de investigación, y no se trata de sustituir a los jueces por los fiscales, sino de eliminar resoluciones judiciales innecesarias y por lo tanto recursos también innecesarios, de eliminar cuestiones de competencia y agilizar la investigación con dotación de recursos periciales, de información, para conducir a lo que es más importante: centrar el proceso penal en el acto del juicio oral, que debe ser el acto sobre el que pivote todo el procedimiento. Necesitamos para esta reforma los mejores juristas, pero también consenso, un pacto de Estado que esté presidido por la sensatez, la racionalidad, como decía antes. Pueden aprovecharse las iniciativas de 2011 y 2013 para obtener lo mejor de una y otra y tener así el modelo de justicia que necesitamos para que la sociedad haga frente a todos los inconvenientes que trae el delito. Es posible que sea una tarea difícil pero, como escribía Rilke al joven poeta con el que se carteaba, el hecho de que una cosa sea difícil es un motivo más para llevarla a cabo.

Termino recordando nuestra necesidad -me refiero al ministerio fiscal- de autonomía, porque es la clave de la imparcialidad. Antes he dicho que en buena medida la autonomía y la imparcialidad se cifran en la formación técnica y en la cualificación de los fiscales, por supuesto también en su talante, pero no debe dejarse y cifrarse todo al talante y al perfil de las personas que encarnan las instituciones. Debemos dotarnos -dotar al ministerio fiscal- de una estructura orgánica y reglamentaria que garantice esa mayor autonomía y consiguientemente esa mayor imparcialidad. La singularización presupuestaria, de la que tantas veces se ha hablado, es uno de los instrumentos, pero no el único. Debemos profundizar en nuestra regulación para dotar a todos los fiscales de criterios de mayor independencia y de actuación. Nosotros estamos convencidos, y creo que toda la sociedad lo está, de que es inadmisible un ministerio fiscal teledirigido por el Gobierno o al servicio de cualquier ideología. Reclamamos medios para realizar nuestra función y una mayor fortaleza institucional. Al hacerlo no estamos haciendo reivindicaciones corporativas, sino que pedimos que se profundice en la construcción del Estado de derecho, porque con la articulación mejor del ministerio fiscal y el correcto desarrollo de sus funciones están en juego derechos y garantías que integran ese Estado de derecho que todos debemos seguir construyendo racionalmente, como decía al principio. Para ello será necesario mantener al ministerio fiscal lejos de la contienda política, y hacer que sea desde el punto de vista político y mediático de perfil más bajo, pero institucionalmente más fuerte y más sólido, para que así podamos cumplir mejor nuestra función de defensa social, de garantía de las leyes y de los derechos de los ciudadanos.

Pido disculpas por la extensión de mi intervención y agradezco la atención que me han prestado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora fiscal general, por la amplitud de la información que ha facilitado a las señoras y señores diputados.


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Vamos a comenzar con el turno de intervención de los grupos parlamentarios. Lo haremos por los que han solicitado la comparecencia, y de entre ellos, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Campo.

El señor CAMPO MORENO: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora fiscala general del Estado, muy buenas tardes. Ha oído bien, utilizo el término fiscala en esa segunda acepción del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y lo hago tanto por poner énfasis en esta segunda como en pedirle su ayuda para que se destierre la séptima acepción. Estoy convencido de que esa séptima acepción donde habla de la fiscala como la mujer del fiscal tiene que desaparecer de nuestro diccionario, como ya lo ha hecho de nuestro imaginario colectivo.

Bienvenida a esta casa y muchas gracias por su comparecencia y sus palabras, por su abrumadora información y por su clara exposición. Le agradezco su comparecencia en nombre de mi grupo parlamentario. Estoy seguro de que todos nos congratulamos de que se dé cumplimiento a nuestra Constitución, al Estatuto orgánico del ministerio fiscal en sus artículos 9 y 10, y por qué no decirlo, también al derecho fundamental consagrado en el artículo 23.2 de nuestro texto constitucional, en la medida en que consagra el derecho de información de los diputados, y es en buena medida el que inspira nuestra intervención, siguiendo esa pauta que ya marcó una sentencia memorable del Tribunal Constitucional y que marcó, digo, las líneas por las que había de discurrir este derecho a la información, la 161 de 1988, de 20 de septiembre.

Convendrá conmigo en que es una comparecencia extraña por muchos motivos. Rinde cuentas de una memoria referida a datos de 2014. Es la primera vez que presenta una memoria, pese a lo dicho anteriormente, y su única comparecencia nos retrotrae al 8 de enero de 2015, que fue la que se celebró para dar cumplimiento a su nombramiento, y lo hace -por terminar de marcar las extrañezas- en una semana que puede ser la última de esta legislatura. En fin, creo que debemos aportar algo positivo para la Administración de Justicia y para nuestros ciudadanos. Dicho lo cual quiero abordar algunas cuestiones que considero de interés, sobre todo para la mejor eficacia y comprensión de la institución, y lo hago precisamente aludiendo a ese derecho a la información que hace un momento invocaba. Una primera es, si lo tiene a bien, que nos explique, señora fiscala general del Estado, el juego del artículo 31 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Este artículo como todos saben fue una conquista de la carrera fiscal y de la independencia del ministerio fiscal, dando lugar a ese ámbito constitucional que determinó la figura, donde nos dice que la figura del fiscal general del Estado cesará cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto. Esa letra e), cuando la conectamos con el Boletín Oficial del Estado de 22 de diciembre de 2015, donde estableció el cese del presidente del Gobierno y de todo su Gobierno, nos evoca la necesidad de conocimiento. En todo caso ya me permito decirle que muchísimas gracias por comparecer en un tiempo en que las comparecencias ante esta sede no están de moda.

Ahora quiero entrar en otros aspectos. Usted compareció ante esta Comisión el 8 de enero de 2015 a los efectos precisamente de que fueran valorados por la Cámara sus méritos y su idoneidad. Fue nombrada, pasado este examen, por Real Decreto 2/2015, del día siguiente, 9 de enero. En aquella comparecencia usted nos ofreció la disponibilidad para comparecer cuantas veces creyera convenientes ante esta Cámara, pero ahora comparece, casi un año y cuatro meses después, bien es verdad que en este camino se han cruzado demasiadas cuestiones y lo último que sería razonable es imputar responsabilidades a nadie. Pero sí quiero centrarme en los compromisos que usted adquirió en esa única comparecencia, y luego entraré en algunos detalles de la memoria. Entre sus líneas maestras es posible reconocer como una idea fuerza -y ha hecho referencia a ella en no pocas ocasiones en su extraordinaria intervención- la especialización. Nuevamente quiero señalarle algo. Señaló, en contra de lo que defendió, y sin prejuzgar ni mínimamente -insisto en ello y lo subrayo- la competencia de la señora fiscala, Pilar Martínez Nájera, nueva responsable de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, en sustitución de la querida y fallecida Soledad Cazorla, no nos consta que esta tuviera ninguna vinculación o especialización en ese ámbito, y que estamos seguros de que se ha regido por los términos que usted ha dicho, por la inteligencia y determinación, es también algo que podemos predicar precisamente de quien ocupó el cargo de fiscal de Sala de Protección de Menores, que había ostentado usted anteriormente. Estamos hablando del fiscal José Javier Huete.

Dijo que creía que era imprescindible -salto de tema- mejorar la oficina fiscal común. Tengo que preguntarle, ¿qué avances se han realizado en esa oficina fiscal común? ¿Se ha producido alguna mejora en la intercomunicación de las fiscalías? Hemos visto el problema que se plantea fundamentalmente por los diferentes aplicativos que utilizan cada uno de los territorios que tienen asumidas las transferencias en


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materia de justicia y el propio Ministerio de Justicia. ¿Cómo valora la actual situación en cuanto el expediente electrónico, después de transcurrido un año largo desde sus manifestaciones? ¿Cuál es la experiencia y la enseñanza que nos da la oficina de Ceuta? Por cierto, ¿nos quedaremos solo con Ceuta? Habló de la necesidad de la implantación en todas las fiscalías de secciones especializadas de investigación, secciones que reforzarían las unidades o secciones de anticorrupción de las fiscalías provinciales, y además servirían de modelo, de acopio de experiencia para una investigación que como ahora ha vuelto a decir es siempre compleja. Esto nos permitiría afinar y dar mayor calidad a todas las fiscalías de España. ¿Se ha avanzado algo en esa dirección? Porque la información que nos llega, que espero que sea errónea, es que no se ha creado ni una sola sección especializada. Y lo que podría ser incluso más grave: ninguna instrucción se ha dictado al efecto.

También habló usted de transparencia y de su voluntad de incrementarla. Nuevamente hemos oído palabras en torno a esta necesidad para dotar de legitimación y de confianza a una institución como es la del ministerio fiscal. En esa línea debemos interpretar el convenio que se firmó el 15 de diciembre pasado por la Fiscalía General del Estado con Transparencia Internacional España, y donde en los acuerdos desde la fiscalía se ha comprometido a dotarse de una política de funcionamiento transparente acorde a los estándares nacionales e internacionales. Pero permítame que le diga que no encuentro ni en el comportamiento de la fiscalía ni en su página web cambios significativos en este sentido. Seguimos sin saber, por ejemplo, de los fiscales de sala, o de los fiscales jefes de órganos centrales o de los fiscales superiores qué conferencias dan, en qué lugares, a propuesta de quién, qué viajes hacen al exterior, quién les invita o cómo se sufragan los gastos que generan estos viajes. Y si vamos a sus notas de prensa son más bien de reducida información. Tampoco sabemos el número total de fiscales en excedencia, cuántos en excedencia por cuidado de hijos, voluntarias, servicios especiales y ese largo etcétera que nos permitiría conocer algo más, sin querer conocerlo todo, pero sí algo más que nos pudiera permitir hacer aún más confiable la institución.

Centrémonos mínimamente en uno de esos temas a los que usted también le ha dedicado bastantes minutos, porque es como muy bien ha dicho uno de los grandes problemas que tiene este país, la lucha contra la corrupción. Aquí tengo que hacerle una nueva pregunta. ¿Está ya presente la Fiscalía Anticorrupción, con verdaderos especialistas, desplegada en todas las comunidades autónomas? Porque lo que nos ha venido a decir es que solo unas comisiones de servicio en Madrid son las que vienen provisionalmente -y con eficacia, estoy seguro- cumpliendo esta tarea.

Habló de pactos entre la fiscalía y defensas difícilmente entendibles por la sociedad; lacerantes, acaba de decir hace unos minutos; participamos de esa reflexión, pero vemos que cada día esto sigue ocurriendo. Quizá el ejemplo del Levante español sería lo suficientemente significativo. Me gustaría oír su opinión; me gustaría que nos lo explicara, seguro que los ciudadanos se lo van a agradecer. Y digo más, podría entenderse incluso que, de conocerse las tripas -permítanme la expresión directa- de esas negociaciones, igual la ciudadanía llega hasta a comprenderlas y a asumirlas; pero desde luego no hay demasiada información sobre este particular. De hecho esta dificultad es la que ha hecho que mi grupo parlamentario, en su programa electoral, haya incluido la supresión vía legislativa de la imposibilidad de llegar a estos acuerdos, mientras no se conozcan los detalles que pueden llevarlos a efecto.

Inicio otras reflexiones que no me perdonaría no hacer al contar con su inestimable presencia entre nosotros. El anuncio de su propósito decidido de mantener al ministerio fiscal como magistratura de amparo. Nos acaba de hacer un repaso importante sobre estos particulares, pero yo ahora le pregunto algo mucho más directo, ¿cree de verdad que el ministerio fiscal está dando respuesta a los ingentes problemas que en muchas ocasiones sufren los que denuncian, por ejemplo, casos de corrupción? Personas que sufren verdaderas persecuciones por los particulares y las entidades por ellas denunciadas, y que en ocasiones han llegado a perderlo todo, viéndose incluso en una grave situación de desamparo. Hemos visto las áreas civiles, compartimos el esfuerzo ingente que se realiza desde la Fiscalía General del Estado, y por qué no decirlo, desde el puesto de cada uno de los fiscales y fiscalas que están repartidos en cada una de esas más de dos mil fiscalías de área, jefaturas provinciales, tribunales superiores y áreas centrales de sala.

Sé que los recursos de la fiscalía -lo hemos oído y lo he anotado, aunque estoy seguro que alguna se me ha pasado, hasta en cinco ocasiones- son escasos en personal y en medios; estoy seguro porque conozco bien esa realidad, y sé también cómo se reduplican los esfuerzos, algunas veces hasta comportamientos heroicos. Sin embargo eso no nos puede satisfacer como ciudadanos exigentes, porque empezamos a temer que esa reforma del 3.24, al que también ha hecho referencia la señora fiscal general,


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nos puede llevar a una situación de colapso en las fiscalías, y lo que es más grave a la impunidad de ciertos delitos, como ya se ha mencionado. Sobre todo pienso en esos representantes del ministerio fiscal diseminados, como acabo de decir, por toda nuestra geografía obsesionados y presionados -permítanme la expresión- por la revisión de las causas, no voy a decir con poca trascendencia porque toda la legalidad exige la máxima atención, pero con relativa poca trascendencia en cuanto a lo que va a pasar. De tal manera que esto no es que se diga desde esta tribuna, sino que se dice por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que incluso pidió el pasado 15 de diciembre su dimisión, al entender que desconocía el funcionamiento de la fiscalía y la carga de trabajo que soportan. No estoy diciendo que comparta esas manifestaciones, pero sí la preocupación.

No voy a hablar del papel que hubiera debido de jugar, a mi modesto parecer, el ministerio fiscal en el cambio de doctrina procesal que se puede intuir del caso Nóos. Es más, creo que no deberíamos de haberlo dejado en manos de una acusación popular que hoy está sometida a todo tipo de consideraciones. Tampoco puedo dejar de pedirle que nos explique actuaciones del ministerio fiscal y de la Fiscalía General del Estado a las que no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, esa tensión vivida hace escasas fechas con ocasión del caso Nazarí, o el caso del Ayuntamiento de Granada, por si alguien no está familiarizado con ese tema. En un comunicado la Fiscalía General del Estado argumenta su postura en la consideración de que en el estado actual de las investigaciones -e intento leer textualmente- no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales, y ello sin perjuicio -agrega la nota- de que continúen las investigaciones y cuantas actuaciones judiciales sean necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos. Fíjese lo que ha tenido que decir el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla al que también reproduzco en su literalidad para no incurrir en ningún tipo de malinterpretación de ninguno de los dos comunicados. "Es cierto que es un comunicado nada habitual" -reconoció del Río-, así como que "ha dado lugar a ese debate que, por otro lado, existe habitualmente, pues puede, como recordó, darse una diferencia de criterio, muy lógica entre las partes procesales, fiscalía y abogados, pero es un debate que se hace dentro del proceso normalmente y no se produce de esta forma en que se ha producido en la prensa." Sus palabras sobre el adelantamiento de las intervenciones, que según la prensa se hace contra el criterio de la fiscalía, han generado una enorme tensión con el Ministerio del Interior y sobre todo, y es lo que más me preocupa, una perplejidad en la ciudadanía, que no sabe a qué atenerse. Creo que no podemos contribuir a alimentar la incertidumbre, las dudas o las sospechas en nuestra ciudadanía.

Cambio de tema a algo que quizás es menos importante pero no menos trascendente, porque creo que enerva el derecho al acceso a la tutela judicial efectiva y el derecho a los recursos, cual es esta última reforma que en tiempo exprés aprobó esta Cámara en orden a Lexnet. Este correo securizado, siendo un instrumento absolutamente puntual y un mecanismo que venía funcionando con enorme precisión en ciertos ámbitos de la Administración de Justicia -estoy pensando por ejemplo en las comunicaciones y notificaciones realizadas a través de los procuradores- se ha convertido en un auténtico caballo de batalla cuando no en un elemento de zozobra no solo en la abogacía, sino también en la propia fiscalía, donde no tengo que recordar la comunicación -que tuvo trascendencia en prensa por lo menos-, donde la fiscal general del Estado exponía los problemas, las incertidumbres y las lagunas que estaba generando.

El señor PRESIDENTE: Señor Campo, debe concluir.

El señor CAMPO MORENO: Medio minuto, señor presidente. Muchas gracias.

¿Cree que esta situación puede generar conculcación de los derechos de los ciudadanos?

Concluyo, señora fiscal general del Estado. La animo a que sigan en esa línea de potenciar la igualdad en una carrera en la que el 62 % son mujeres, pero el 70 % de los puestos de la carrera fiscal de libre designación están ocupados por hombres. Estoy convencido de que esto será una realidad, pero esperemos que sea en un corto espacio de tiempo, no en un largo plazo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campo.

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra doña Victoria Rosell.


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La señora ROSELL AGUILAR: Muchas gracias.

Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a doña Consuelo Madrigal por haber comparecido ante esta Comisión. Desde el grupo queremos manifestar nuestro agradecimiento y nuestro respeto a la institución de la fiscalía, respeto y agradecimiento que se incrementan en la medida en que se empodere en la defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales, porque creemos que es lo que incrementa la calidad de nuestra democracia. Es verdad que estamos en un acto un poco extraño, en que se presenta la memoria de un año en el que presidía la fiscalía don Eduardo Torres-Dulce, cuyo mandato llegó a su final después de los problemas ocasionados por la querella de Cataluña y aquel conato de rebelión -no dicho en sentido técnico-jurídico-penal- de la Fiscalía en Cataluña, que acusaba la falta de autonomía y las motivaciones políticas que, curiosamente, fueron el antecedente de una renuncia por motivos personales en diciembre de 2014. Por ahí queremos plantearle nuestra primera pregunta, sobre si no le parece o no está de acuerdo la Fiscalía General del Estado en que no se debería entrar en el juego de dar respuestas jurídicas, sean jurídico-penales o incluso en el terreno constitucional, pero en lo que nos atañe jurídico-penales, a problemas que son políticos, si no le parece una constatación del fracaso político y una utilización indebida de la justicia.

También querríamos plantearle -no en un sentido personal referido solo a su antecesor- si está de acuerdo y promovería alguna acción contraria a esa especie de enorme puerta giratoria por la que hemos visto trasladarse al anterior fiscal general del Estado a un gran despacho de abogados sin cumplir con los dos años de incompatibilidad posterior, ciertamente de forma legal, porque ha sido eximido por el Gobierno. Creemos que si tenemos que empoderar la confianza de la ciudadanía en la fiscalía, al igual que en el Poder Judicial y en otras instituciones, deberíamos luchar por que desaparecieran este tipo de cambios, porque sin duda es un gran jurista y tiene además otros conocimientos en otras áreas que ha expuesto públicamente con gran solvencia, pero también se lleva mucho conocimiento de muchas causas que desde luego no deberían estar inmediatamente puestas, en nuestra opinión, al servicio de un poder privado.

En cuanto a la estructura de la fiscalía, siempre estamos hablando de un pacto de Estado por la justicia, con el que desde luego estamos de acuerdo, pero en el que queremos plantear como una de las primeras propuestas la relativa al distinto sistema de acceso a las profesiones jurídicas que van a formar parte del sector público, incluida la carrera judicial y la carrera fiscal. Preferiríamos un sistema que ya fuera determinando en la universidad el destino a la Administración pública o al sector público, en lugar del sistema mayoritario actual de oposiciones, que creemos que realmente otorga a las carreras un sesgo no solo económico, también en parte ideológico. Creemos que precisamente en la carrera fiscal tiene mucho sentido que al conocimiento jurídico se le sume un conocimiento específico en materia social, sobre todo un conocimiento en materia de exclusión social. Esta es otra propuesta.

En nuestro programa electoral, el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea exigíamos más a la fiscalía que otros programas o hacíamos una mención más amplia que otros programas en cuanto a su transparencia y a su democracia interna. En cuanto a la transparencia, creo que la ciudadanía no conoce el Consejo Fiscal, es un órgano desconocido y habría que hacer algo para que se conociera cuál es su funcionamiento, de dónde sale, ante quién responde y sobre todo en su política de nombramientos. También creemos que sería mejorable que se publicitara la relación con el Gobierno y la agenda política de la Fiscalía General del Estado. En cuanto a la democracia interna, nos referimos a órganos no solo como el Consejo Fiscal sino a las propias juntas de fiscales. La designación de la persona del fiscal o la fiscal general del Estado por el Gobierno creemos que no garantiza la imparcialidad, precisamente en estos momentos en los que hay debate, a raíz de determinadas noticias, cierto es, pero que colea desde hace tiempo, sobre la acción popular consagrada en el artículo 125 de nuestra Constitución. En el debate entra mucho el papel que ha cumplido el ministerio fiscal, porque quizá no se ha merecido toda la confianza de la ciudadanía o no ha estado a la altura. La ciudadanía no entendió, sobre todo en los grandes casos de corrupción, la cercanía o la aparente cercanía de la fiscalía a los focos de mayor poder. Ni lo entendió en el caso Nóos ni lo entiende ahora en el caso que acaba de mencionar Juan Carlos Campo, en el caso Nazarí, del alcalde de Granada, ciudad que no tiene Fiscalía Anticorrupción cuando la necesita, como todas las provincias. La ciudadanía se ha visto sorprendida por este inusual comunicado sobre las injerencias en derechos fundamentales por una detención y una entrada y registro en el domicilio de Torres Hurtado.

En cuanto a los casos de corrupción, tampoco quería dejar pasar, aunque lo ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, que es necesario que nos fijemos más y prestemos más atención a los testigos y a las


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personas denunciantes de los casos de corrupción, hasta el punto de proponer una especie de orden de protección -sé que estoy utilizando la misma nomenclatura que para las víctimas de violencia machista-, pero una orden de protección integral de estas personas denunciantes -en los casos graves, por supuesto- que están reclamando no solo una asistencia psicológica, sino también a veces social, a veces laboral, a veces profesional, a veces policial. Probablemente, sería bueno que esta acción se coordinara con la unidad de investigación, porque cuando se trata de verdaderas mafias o de verdadera criminalidad organizada -y en ocasiones la corrupción está demostrando que así lo es- no se puede dejar en manos de policías en segunda actividad la protección de alguien que no está al tanto de la evolución de la instrucción. Esta sería otra propuesta.

Por último, en cuanto a la estructura, nos parece una gran desconocida la reglamentación interna y la inspección fiscal. El reglamento orgánico del ministerio fiscal sigue siendo de 1969 y creemos de verdad que no está obedeciendo a una auténtica exigencia de responsabilidad disciplinaria en los excepcionales casos en los que sea necesaria, como usted ha dicho, porque en estos casos es imprescindible, y realmente están quedando los asuntos en agua de borrajas por ser la legislación preconstitucional y no estar adaptada a la legislación actual.

En cuanto a los medios y la estructura, es cierto que Cataluña, País Vasco, Navarra y Cantabria no tienen Fortuny, Canarias tampoco -creo que se le ha olvidado- y es donde está el sistema Atlante negociado o gestionado por una UTE de empresas privadas, aparte del Gobierno de Canarias, pero nos parece muy preocupante que no se haya insistido en que estos medios y estos sistemas tienen mala convivencia con el sistema Lexnet que se nos ha impuesto desde el 1 de enero de este año y el famoso papel cero convive muy mal con equipos y sistemas tan obsoletos. Esto en cuanto a la estructura.

En cuanto al contenido y la actuación de la fiscalía, querríamos que escuche nuestras propuestas para reflexionar conjuntamente sobre algunas cosas que echamos de menos de la fiscalía y al final con algunas que, con perdón de la expresión, echamos de más. En cuanto a las que echamos de menos en esos años a los que se refiere la memoria, en 2014 y en los años anteriores, en los que una tremenda crisis azotó nuestro país y se cebó en las personas que no eran culpables de la misma, sobre todo en los más desvalidos, hemos echado de menos a la fiscalía en los procesos de desahucios que afectaban a personas menores y desvalidas. Hemos visto incluso a una joven morir en una furgoneta; ya estaba enferma, pero había sido desahuciada dos veces. En todos los programas en que se ha intentado llevar los problemas de desahucios en los juzgados a los servicios sociales, obtener informes, segunda habitación, garantía de techo, creo que todos los programas serios pasaban necesariamente por la fiscalía y quizá esa fue una oportunidad perdida que estamos pendientes de recuperar. Se la ha echado algo de menos también en la siniestralidad laboral. Se la ha echado de menos en la oposición más firme a las tasas junto con otros operadores jurídicos y a Lexnet en relación con derechos fundamentales, no tanto con una actuación política pero sí en relación, en las primeras, con la tutela judicial efectiva y, en lo segundo, con la protección de datos. Hemos echado de menos a la fiscalía en el rechazo a la reducción de la jurisdicción universal, que llegó a dar al traste con algunas importantes investigaciones que se estaban llevando en este país, sobre todo por los juzgados centrales de instrucción. También echamos de menos la crítica a la legislación antiterrorista, que según la memoria de la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional contiene tipos excesivamente amplios que habrá que corregir en su aplicación judicial, y también en la crítica al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su reforma de 2015. Creemos que se ha hecho poco hincapié en que ante la insuficiencia de medios -eso sí lo han dicho- para revisar más de 700.000 causas, había que haber pedido seriamente suspensión, prórroga, diálogo al Gobierno que ha impuesto esta reforma que sin duda va a dar lugar a mucho sobreseimiento anticipado o a escritos de acusación sin base suficiente y, por lo tanto, a impunidad o a injustas penas de banquillo, una de las dos cosas.

En cuanto a los delitos de odio, es verdad que compartimos el reconocimiento al gran trabajo que hacen personas como Miguel Ángel Aguilar en Barcelona, pero hace falta más, sobre todo en cuanto a los colectivos de gais, lesbianas, transexuales, bisexuales, sobre todo en cuanto a los menores de edad y al colectivo migrante. En violencia sobre la mujer, yo no puedo dejar de hacer referencia y homenaje desde aquí a Soledad Cazorla Prieto, que falleció el 4 de mayo de 2015. Es una persona reconocida por las víctimas por su escucha, por su dedicación. La verdad es que tristemente contrasta a veces con otras fiscalías donde falla la función de escucha. Sabemos que están muy colapsados de trabajo, pero hay fiscalías en las que se busca la conformidad a toda costa, hemos visto los resultados de conformidad y esto deja por el camino a muchas víctimas. Creemos que la violencia sobre la mujer debe incluir ya todas las violencias machistas que prevé el convenio de Estambul, que España ha firmado. En cuanto a la


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materia de extranjería, también nos parece que se ha actuado a veces de manera poco firme frente a las manifestaciones más violentas contra los migrantes, incluidos sucesos como los del Tarajal, y que en trata de seres humanos hay que tener claro, como dicen los expertos, que no se puede priorizar la colaboración con la investigación, sino siempre el periodo de reflexión y restablecimiento de estas mujeres devastadas.

Voy a terminar con las ocasiones en las que hemos echado de más, valga la expresión, a la fiscalía. Después del 14 de noviembre de 2012, en que ocurrió la última huelga general de este país, en esa situación de tremenda crisis que hemos descrito antes, creemos que la fiscalía ha tenido un papel no equidistante en la represión de protestas pacíficas e incluso en la imputación de violencia a representantes de movimientos sociales y en alguna ocasión a partidos políticos. Tenemos ejemplos en Logroño, en la secretaría de acción sindical de CNT, con peticiones de penas desmesuradas...

El señor PRESIDENTE: Señora Rosell, vaya concluyendo.

La señora ROSELL AGUILAR: Tenemos a fiscales que en escrito de calificación reproducen acríticamente los atestados policiales. Tenemos ejemplos en Galicia, en Granada y en Canarias en una actuación contra Greenpeace, en el caso de los ocho de Airbus, de Madrid, en el que se pide ocho años de prisión, se ofrece uno de conformidad y al final son absueltos porque son personas que quieren luchar por sus derechos fundamentales. Son antecedentes del caso más actual de los titiriteros, en los que para que el juez meta en prisión es necesario que el fiscal lo pida. En este país se mete demasiado en prisión para la escasa delincuencia que hay. Hay un excesivo recurso a la pena de prisión y poco a las alternativas, y nos tememos que esto no le hace bien a las versiones policiales, estas medallas que a veces son un reconocimiento, pero a veces están incluso pensionadas, y de verdad creemos que ponen en riesgo la equidistancia entre la ciudadanía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sabemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Prevención de la Tortura han dicho a España que no se investiga lo suficiente. El Tribunal Europeo nos ha condenado seis veces. Esto no es solo garantía para la ciudadanía, también para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que cumplen estrictamente con la legalidad y con la dignidad y los derechos fundamentales inherentes de la persona, que son la inmensa mayoría. Por eso creemos que hace falta más compromiso con esta lucha contra los casos de tortura. Tampoco ha habido una excesiva protesta -termino ya- con los indultos que se han dado en estos casos, incluso dobles, como sucedió en la Audiencia Provincial de Barcelona, contra su criterio, en el caso de los mossos condenados por torturas. Queremos un ministerio fiscal más independiente, más transparente y mejor dotado, pero para que sea más funcional a los derechos fundamentales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rosell.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller.

El señor BATALLER I RUIZ: Buenas tardes a todas y a todos. Doña Consuelo, muchas gracias por su comparecencia en esta sede en un momento en que pende sobre nosotros la incertidumbre. A muchos no nos gustaría -sería muy preocupante- que esta legislatura, que ha tenido un arranque muy positivo, por cuanto ha permitido poner en pie muchos proyectos y muchas proposiciones de ley y no de ley para el avance en nuestro país, no tuviera una continuidad. Yo estoy encuadrado en una formación, Compromís, que a su vez está dentro del Grupo Mixto, y a pesar de que habitualmente nosotros no disponemos de mucho tiempo en sede parlamentaria para exponer nuestros puntos de vista, no voy a caer en la tentación de utilizar el tiempo de mi exposición para explicarles cuáles son las líneas maestras de nuestro programa electoral en materia de justicia. Se lo voy a ahorrar. Únicamente voy a decir, pues creo que es importante para fijar nuestro posicionamiento político, que nuestra formación, como alguna otra que también está representada en esta Cámara, entiende que la figura del fiscal general del Estado, dada la importancia de sus funciones constitucionalmente asignadas, debería ser una figura de elección directa. Ese es nuestro propósito y es un punto muy importante de nuestro programa.

Dicho esto, me voy a centrar exclusivamente en hacer una crítica -a veces positiva y a veces negativa- del contenido del informe de la fiscalía e intentaré evitar incurrir en apreciaciones que doña Victoria Rosell, que me ha precedido en el uso de la palabra, ya ha hecho sobradamente. Por tanto, entienda usted mi intervención aquí como un complemento, como un intento de rellenar cosas que pienso que deberían haberse traído a colación. Esto lo digo porque es paradójico que en su memoria, que es


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extensa -790 páginas-, el principal defecto sea que se ha dejado muchas cosas. Yo me la he leído con detenimiento y veo que faltan muchas cosas. No voy a ser picajoso, no llegaré hasta el detalle, pero, en fin, voy a decir las que para mí tienen una importancia evidente en esta sede en la que estamos.

Vamos en primer lugar con lo relativo a los centros de internamiento de extranjeros. Como usted sabe perfectamente, el Tribunal Constitucional ha validado la existencia de estos centros, siempre y cuando en ellos se respete el efectivo cumplimiento de los derechos humanos y siempre y cuando la permanencia en los mismos no comporte un régimen de carácter carcelario. Desgraciadamente, en los ocho centros que existen en el territorio español vemos que estas prevenciones fijadas por el Tribunal Constitucional no se cumplen y en el informe que usted nos ha presentado se dice, en la página 441, que los fiscales delegados de extranjería realizaron nueve visitas de control a los CIE españoles. En España hay ocho CIE. En ese año no se giró ninguna al de Valencia, cuando resulta que para el año 2014 la plataforma valenciana CIEs No denunció más de treinta hechos merecedores de ser puestos en conocimiento público debidos a palizas, maltrato y humillaciones. Yo le haría una pregunta concreta: ¿cuál fue el motivo de la no visita a dicho CIE en el citado año? ¿Por qué no se detectó una situación que era explosiva y que efectivamente al año siguiente llegó a explotar con un motín violento que tuvo lugar en ese centro, en el CIE de Valencia, el día 7 de septiembre de 2015?

Pasando a otra cuestión que me parece también importante, la relativa a los delitos de odio, le agradezco que haya dedicado una parte significativa en su exposición a hablar de ellos, pero me pregunto si es admisible que un país como España, que desde el año 2005 ya tiene aprobado el matrimonio de personas del mismo sexo, en este momento, a las alturas en las que estamos, aún esté contando con una tasa tan elevada de agresiones homófobas. Me gustaría preguntarle si comparte la preocupación nuestra relativa a la necesidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén bien formados en esta materia. Esto es algo para nosotros capital. A ustedes, a la Fiscalía General del Estado, ¿les preocupa este tema, lo consideran fundamental, qué han hecho en este sentido?

Por otra parte, a caballo entre los delitos de odio y los delitos de terrorismo -no sabría muy bien dónde colocarlos, aunque sería más bien en los de terrorismo-, echo en falta en su informe la referencia a los delitos violentos de significación ideológica de extrema derecha, como fue, por ejemplo, el caso Jimmy, la muerte de un hincha deportivo en noviembre del año 2014, porque aquí, cuando usted habla de los delitos de odio, no encontramos una singularización de los mismos, tampoco aparecen cuando se habla de los delitos de terrorismo y le pregunto cómo puede olvidarse la Fiscalía General del Estado de la preocupante importancia que tiene la violencia de extrema derecha, a menudo relacionada con el mundo del deporte, un mundo que se supone que debe venir ligado a valores de esfuerzo, trabajo en equipo, salud, etcétera. ¿Propone la fiscalía actuar en este ámbito fomentando tales valores y previniendo así cualquier tipo de violencia? Unido a esto, al terrorismo de extrema derecha, le diré que en el caso concreto que conozco más, el caso del País Valenciano, venimos padeciendo desde hace muchos años un terrorismo de baja intensidad que se manifiesta ocasionalmente en acciones violentas con lesiones -otras veces se manifiesta en coacciones, en amenazas- hasta fechas muy recientes, tan recientes como la madrugada del sábado al domingo pasados cuando aún aparecieron pintadas en la ciudad de Valencia de grupos de extrema derecha, en el barrio de Patraix, contra personas que celebraban una concentración al día siguiente en defensa de la escuela valenciana. Le pregunto si ustedes tienen entre sus preocupaciones estas cuestiones, porque no he visto ninguna referencia aquí.

En línea con esto a nosotros nos preocupa mucho que en España a estas alturas todavía no hayan llegado a desplegarse correctamente las previsiones de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y que haya muchas instituciones -mayoritariamente gobernadas por el Partido Popular- donde se sigue constatando una actitud reacia a la aplicación de esta Ley de Memoria Histórica. En concreto, le preguntaría si la fiscalía se ha personado o piensa personarse en el procedimiento judicial que está ahora en marcha contra doña Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y todavía senadora, precisamente por su desobediencia al no retirar símbolos franquistas de la vía pública en Valencia.

Cambio a otro aspecto de su informe que me parece también importante, el relativo a las menciones que contiene a la tutela penal de la igualdad y la evitación de la discriminación. Aquí, aparte de otras cuestiones que serían secundarias y que ahora omitiré, echamos de menos una referencia a las discriminaciones de carácter lingüístico, porque estas discriminaciones en nuestro Estado existen. Vivimos en un Estado plurinacional, plurilingüe y, en territorios donde están reconocidas dos lenguas oficiales, nos encontramos con muchas situaciones en las que la lengua oficial distinta al castellano es objeto de una discriminación real y efectiva en la calle en casos tan simples como, por ejemplo, la denegación de un


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servicio público, el típico caso del médico que no atiende a una persona porque se dirige a él en su lengua propia o en el servicio de correos. Estas discriminaciones que digo aparecen continuamente en los periódicos. Le recomendaría que leyeran ustedes prensa de los territorios donde hay lengua oficial distinta al castellano para que vieran que estas denuncias menudean, y ello a pesar de que las denuncias que llegan al conocimiento de la justicia son una muy pequeña parte de los hechos que realmente se producen en la calle, porque mucha gente tiene tan interiorizada su situación de subalternidad en el Estado en que vivimos por cuestión lingüística que ni siquiera se toma la molestia de presentar tales denuncias. Por eso nos parecería muy interesante para el interés general -valga la redundancia- que la fiscalía se preocupara de esta cuestión, sobre la que, ya digo, con un simple repaso a la hemeroteca, verían la cantidad de hechos que saltan a los medios de comunicación.

Otra cuestión en la que nos parece que haría falta que se afinara más en su informe es la relativa a la violencia de género, porque en esta cuestión que es tan importante para nosotros -y creo que coincidimos muchos de los representantes que estamos aquí en que es una cuestión auténticamente de Estado- entendemos que existe un comportamiento patriarcal que demasiadas veces, por desgracia, explota de una manera violenta y se lleva por delante a todo tipo de víctimas, mujeres y también otras personas: familiares, allegados, hermanos, personas que pasaban por allí. Este es un fenómeno muy preocupante y todas estas víctimas deberían ser contempladas cuando hablamos del fenómeno de la violencia de género. La violencia de género mata y bien que mata, y mata a mucha gente en este país. Me ha parecido -y lo digo como una crítica constructiva, no lo tome de otra manera- que en la referencia que contenía su informe a esta materia a lo mejor debería haberse hecho más hincapié en esta dimensión tan generalizada del problema.

Cambiando de tema, hay una cuestión que me ha preocupado y que aparece dos veces en su informe -por tanto deduzco que a ustedes les debe preocupar bastante-, y es una referencia a la idea de que parece que no les gusta que los fiscales trabajen fuera de la capital de provincia, porque en la página 736 incluye usted una queja a propósito de los problemas que se derivan para la determinación de la competencia territorial judicial, la cuestión de la diferencia de juzgados en una provincia -usted lo dice a propósito de las demandas de nulidad matrimonial-. Luego vuelve a aparecer este lamento en la página 764, aparece articulado ya como una propuesta de lege ferenda para que se activen los tribunales de instancia, afortunadamente desestimados en su momento por el prelegislador. Para nosotros ya le avanzo que se trata de una propuesta desafortunada. Nosotros rechazamos los tribunales de instancia provinciales porque apostamos por una justicia de proximidad. Nosotros vemos más lógico que unos fiscales se trasladen a las capitales de partido, que no que grandes cantidades de población se tengan que desplazar a la capital de provincia, creemos que esto es algo lógico. Por tanto, yo le preguntaría: para ustedes ¿dónde quedaría la justicia de proximidad? ¿Estamos hablando de efectividad, de comodidad, de qué estamos hablando en esta cuestión?

Hay otro punto que está contenido en el informe que me ha enfadado mucho, muchísimo. Está en la página 743. Yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de la infinidad de veces que la sociedad valenciana, más bien las instituciones o más bien las personas que han encarnado esas instituciones han saltado a los medios de comunicación por asuntos relacionados con corrupción y con ejercicio abusivo del poder que les fue conferido en su momento por la ciudadanía. Resulta que todos estos asuntos, que son muy bien conocidos por el público en general por la reiteración con la que los medios de comunicación han informado sobre ellos, ustedes los despachan en la página 743 con una frase que permítame que lea literalmente. Ustedes destacan el número significativo de intervenciones atinentes al derecho de participación política del artículo 23.2 de la Constitución en procedimientos también en el contexto del ejercicio del ius in officium de los parlamentarios autonómicos. (Comunidad Valenciana). Yo creo que a lo que se están refiriendo ahí...

El señor PRESIDENTE: Señor Bataller, debe ir concluyendo.

El señor BATALLER I RUIZ: ... es a la obstaculización sistemática del derecho a participar en los asuntos públicos -especialmente operada la Legislatura 2011-2015- que se produjo sobre todo en las Cortes Valencianas y por parte del Ejecutivo valenciano, lo cual motivó numerosos recursos, algunos de ellos sustanciados ante el Tribunal Constitucional y siempre con un resultado positivo para quienes habíamos recurrido frente a estos abusos.

Saliéndonos del ámbito valenciano, le preguntaría si cree que Hacienda somos todos o solo unos pocos. ¿Cree que la Fiscalía general está actuando frente a la ciudadanía de la mejor manera, convenciendo


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de que ante el fraude y la evasión fiscal todas y todos somos iguales ante la ley? Al final, nos hace usted unas propuestas de mejora de la legislación en materia de justicia, muchas de las cuales compartimos, pero para que tales propuestas no podamos calificarlas como arbitrarias deberían ir en consonancia -ser una consecuencia directa o una inferencia- con los males que ha denunciado en el propio informe, y veo que ahí esa relación se rompe, porque muchas de las cosas que nos dice en el informe luego no encuentran correlato en las propuestas. Por tanto, le voy a preguntar de una manera muy directa ¿cree conveniente reformar el régimen de provisión de plazas judiciales para asegurar la permanencia de titulares en los juzgados durante un tiempo suficiente para evitar los colapsos que producen los recurrentes cambios de destino? Por ejemplo, caso Fabra y colapso en los juzgados. Segunda cuestión: ¿cree conveniente -dígamelo directamente- la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Otra cuestión: ¿considera positiva la eliminación de las tasas judiciales que parcialmente abordamos en el Pleno de la semana pasada? ¿Vería positiva su aplicación con carácter definitivo? Otra pregunta más: ¿cree necesaria la reforma del Código Penal de 1995, que ha sido objeto de numerosos parches legislativos para darle coherencia penológica?

El señor PRESIDENTE: Señor Bataller, tiene que concluir.

El señor BATALLER I RUIZ: Una última pregunta -gracias por el tiempo, señor presidente-: ¿cree que haría falta reformar el Código Penal vigente para asegurar la suspensión de actividades o disolución de aquellos partidos que sistemáticamente se financian por vías ilegales?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bataller.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también a la fiscal general del Estado y a su equipo que hoy la acompaña para presentar la memoria correspondiente al año 2014 en esta Comisión de Justicia que, por circunstancias ajenas a su voluntad, se ha retrasado hasta bien avanzado 2016.

Comenzaré -porque el tiempo apremia- con un par de cuestiones particulares que ciertamente no son relevantes para nuestra realidad ni procesal ni criminológica, pero que para el titular de este escaño -en función del grupo parlamentario en el que se encuadra- sí lo son. En primer lugar, se trata del tratamiento que se dispensa a la Ertzaintza, y también -por qué no decirlo- a los Mossos d´Esquadra. Se trata de policías integrales en sus territorios que han sustituido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado salvo para determinadas funciones supracomunitarias y que tienen un basamento constitucional; en definitiva, son la policía ordinaria de sus territorios y sin embargo apenas se les cita, y cuando se hace no es por su nombre, a diferencia de lo que sucede correctamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que se refiere -como debe ser- como Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil.

La segunda y última cuestión particular a la que me refería versa sobre la grafía empleada para denominar los territorios vascos, que también son provincias dada su naturaleza dual o bifronte. La Ley de Cortes Generales 19/2011 acogió como denominación provincial las que las respectivas Juntas Generales de cada territorio se habían dado como territorios históricos. Ciertamente ya anuncié que son dos cuestiones muy particulares dentro del objeto de esta comparecencia, pero ustedes comprenderán que estoy obligado a señalarlas.

Entrando ya en temas de fondo, quisiera plantearle algunas consideraciones y cuestiones referidas a cuatro bloques temáticos: criminalidad, espacio judicial europeo e internacional, derecho procesal penal y cuestiones relativas a su estatuto orgánico. En cuanto a la criminalidad, quisiera preguntarle -aunque en cierta medida ya lo he avanzado- cómo nos encontramos hoy en día en las distintas familias delictivas que se abordan al principio del informe y que siguen las mismas tendencias tanto al alza como a la baja en esas familias delictivas. También me gustaría preguntarle cuáles son, a juicio de las fiscalías, las amenazas delictivas más relevantes para nuestra sociedad y singularmente que nos haga una semblanza actualizada de la amenaza terrorista yihadista; cómo se concretan en España, tanto desde el punto de vista logístico como operativo, los sujetos radicalizados y el nivel de riesgo desde los focos territoriales más preocupantes y si sigue vigente en 2016 lo dicho en 2014 respecto al riesgo de atentados en España. Exactamente se decía que contamos con una alta amenaza de acciones terroristas, de terroristas autónomos inspirados en el Daesh, con medios poco sofisticados y con dificultad para las fuerzas y


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cuerpos de seguridad de detección y neutralización. También quisiera que nos explicitara a qué se refiere cuando en un pasaje de la memoria habla de sacrificios añadidos como parte de la lucha contra el terrorismo, en concreto en el siguiente párrafo: Es probable que la política antiterrorista cimentada en una respuesta preventiva exija algunos sacrificios añadidos ante el papel que están jugando los nuevos instrumentos de comunicación en el avance del terrorismo yihadista, pero el sistema judicial deberá extremar las cautelas a la hora de aplicar unos tipos penales que han sido objeto de severas críticas como parte de una estrategia excesivamente criminalizadora y lesiva para los derechos y libertades de los ciudadanos, todo ello sin restar eficacia a la acción punitiva del Estado, lo cual no es tarea fácil. Fin de la cita.

Finalizo este apartado referido al terrorismo con una pregunta y una observación. La pregunta se refiere a si cree que la cooperación policial dentro del Estado español entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad es la correcta y adecuada. Recientes acontecimientos en Bélgica han puesto de manifiesto una muy deficiente colaboración entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad. La observación se refiere a que me ha parecido observar una cierta criminalización -lo que me ha llamado negativamente la atención- tanto de ideologías independentistas -se habla de independentismo radical para referirse al independentismo delictivo- como de movimientos sociales tras el final de las acciones terroristas de ETA en pos del acercamiento de presos de ETA a centros penitenciarios cercanos a su entorno familiar. Sin entrar a valorar operaciones policiales concretas que no me corresponden, sí tengo que poner de manifiesto la opinión pública mayoritaria en el País Vasco -por no decir casi unánime- a favor de la humanización en el cumplimiento de las condenas. Dentro del apartado de la criminalidad también reclamo una valoración sobre otras formas delictivas -aunque ya se ha hecho-, como la corrupción, la violencia de género y los delitos socioeconómicos y contra el patrimonio.

En cuanto al Espacio judicial europeo, tienen especial relevancia el europeo y el internacional, ya que gran parte de los fenómenos delictivos y su tratamiento apelan de modo irresistible a la cooperación judicial. Sobre este particular me gustaría recabar su opinión sobre la posición de España en esta materia en la cooperación judicial internacional. Leemos en medios de comunicación con bastante frecuencia la denegación de auxilio judicial, de manera directa o con acciones dilatorias, por parte de la justicia de países miembros de la Unión al solicitado por la justicia española. También hemos leído y oído -esto último de alguna instancia de la magistratura española- que la causa de tal actitud renuente a la cooperación solicitada se cifra en la poca salud del crédito de la justicia española en el banco de la confianza de sus homónimas europeas por su renuencia a la construcción de un Espacio judicial europeo con todas sus consecuencias. Como botón de muestra citaré la reciente Ley Orgánica 7/2014, de reconocimiento de efectos a resoluciones judiciales de países de la Unión en procesos españoles en la misma medida que se tienen en cuenta las propias, y que sobre la acumulación de condenas fue objeto de un intenso debate profesional, social y mediático, que seguramente acabará en una cuestión prejudicial ante la Corte europea. También en este orden de cosas la derogación de la llamada justicia universal a través de la Ley Orgánica 1/2014, que modificaba el 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -introducía una peculiar disposición transitoria- no solo ha generado opiniones contrapuestas en la justicia española, sino también una pérdida de prestigio de esta en el Espacio judicial europeo e internacional que en fechas recientes se ha visto agravado por la negativa de auxilio a la justicia argentina respecto a la causa seguida contra 19 imputados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Por ello, quisiera preguntarle si la fiscalía ha tenido, en esta última cuestión y en una previa relativa a la extradición denegada de esos mismos imputados, algún tipo de participación, por leve que sea, como, por ejemplo, informes, notas o similares al Gobierno del Estado y, si la ha tenido, en qué sentido.

Pasando ya al tercer bloque de cuestiones, las relativas al derecho procesal penal, nos gustaría conocer su opinión sobre el tribunal del jurado y por qué sigue estando después de tantos años en permanente cuestión, así como también sobre el derecho de gracia, sobre el que se reclama en la memoria una nueva regulación. Quisiera preguntarle, a juicio de la fiscalía, sobre qué criterios nucleares. Asimismo, ¿creen ustedes, en la fiscalía, que la desjudicialización, la privatización del Registro Civil traerá más beneficios que los desconocidos problemas que dice solventar y los que ya ha creado por la fuerte oposición desencadenada? Por otra parte, nos han parecido muy interesantes las reflexiones sobre el derecho a un proceso penal sin dilaciones indebidas y sus conceptos de plazo razonable, tiempo óptimo y una justicia de calidad alejada de una máquina de juzgar. En este orden de cosas, quisiera preguntarle por el polémico artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por la también polémica posición de la fiscalía en el mismo, siendo el único agente del proceso que puede instar la prolongación de una instrucción


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ordinaria, transformándola en compleja, aunque ciertamente en ambos casos sin ser vinculante para el instructor; no se puede ocultar que la polémica está servida no solo por carecer el instructor de iniciativa sino también por la circunstancia socialmente percibida de la dependencia de la fiscalía del Gobierno, dejando así potencialmente en manos de este la prosperabilidad de la imputación en el juicio oral en función del tiempo empleado en la instrucción de una causa compleja pero que se ha tramitado como si no lo fuera, dada la importancia de las diligencias sumariales para la práctica de la prueba determinante de la autoría y los hechos. No se le ocultará que lo que la ciudadanía y la opinión pública consideran que es un hecho es un hecho.

Me introduzco a continuación en las causas de la dilación de los procesos y sus posibles remedios. Me parecen atinadas las reflexiones sobre la excesiva burocratización del proceso penal y también sobre el enmarañamiento que se produce en los procesos por la pluralidad de partes; también sobre la excesiva amplitud de los recursos, singularmente los de reforma y apelación; o sobre los retrasos derivados de la necesidad de acudir a la cooperación judicial internacional, a la que también me he referido anteriormente, explicando lo que a mi juicio son algunas dilaciones; o también sobre la propia estructura del proceso penal, en la que las diligencias sumariales, como se pone de manifiesto, agotan toda la investigación judicial; y a la inexistencia, como también se dice, de una no auténtica fase intermedia o juicio de acusación. También compartimos la necesidad de ampliar las diligencias urgentes a otros delitos o la misma puesta en pie de la mediación penal. Sin embargo, no compartimos en plenitud el excesivo entusiasmo de la fiscalía en su función para solventar estas dilaciones en los procesos, entusiasmo que sí comprendemos naturalmente al provenir de ella misma. Así, nos parece un poco excesivo identificar una de las causas de las dilaciones procesales en la fase sumarial que esté en manos de órganos judiciales al carecer estos, según se dice, de flexibilidad, adolecer de especialización, ser órganos unipersonales o carecer de la imparcialidad objetiva suficiente respecto a los investigados, lo que a su juicio provoca un torrente de impugnaciones lindante en el filibusterismo procesal. Nos parece ingenuo creer que si la fase sumarial antes del juicio de acusación se hiciera recaer en el ministerio fiscal los recursos decrecerían. Cuando lo que está en juego es el derecho de defensa todas las armas legales son válidas, incluso mentir.

El señor PRESIDENTE: Señor Legarda, tiene que ir concluyendo.

El señor LEGARDA URIARTE: Sí, voy concluyendo.

Esta propuesta la vemos de difícil prosperabilidad por lo ya dicho de la percepción pública de la dependencia del ministerio fiscal del Gobierno, que debería ser totalmente independiente de este. A nuestro juicio, consideramos cuestionable la propia jerarquía interna y hasta su propio nombre. Lo mismo cabe decir de propuestas como la de evitar la repetición de diligencias que practique el fiscal o permitir la solicitud al órgano jurisdiccional de medidas limitadoras de derechos fundamentales sin necesidad de judicializar la diligencias de investigación. Tampoco compartimos la creación de tribunales de instancia con base provincial. Ya nos opusimos en su momento. Consideramos que perjudica una justicia cercana y pone en solfa las multimillonarias inversiones en edificios y medios materiales realizadas por la Administración de Justicia.

Por último -ya acabo, presidente-, respecto a algunas cuestiones particulares, nos gustaría preguntar sobre el estado del código ético del ministerio fiscal, que en la memoria de 2014 se nos anunciaba inminente, y sobre el expediente judicial electrónico, tanto en la oficina fiscal como en la oficina judicial, su grado de integración y la plena implantación de la oficina fiscal, que consideramos como un requisito previo. Me gustaría preguntar -también se ha mencionado- si realmente usted considera que hay ineficiencias en la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal, tanto de la fiscalía como del Poder Judicial, y del territorio común del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas.

Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señora fiscal general del Estado.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señora fiscal general del Estado, por su comparecencia y por las explicaciones que nos ha brindado aquí esta tarde. Quisiera empezar mi intervención refiriéndome a que la fiscalía es el único de los agentes que operan en la Administración de Justicia al que se le atribuye una misión, que es


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velar por el interés público, por la independencia de los tribunales y sobre todo procurar ante estos la satisfacción del interés social de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por tanto, es una misión loable.

En relación con todo lo que nos ha explicado, me gustaría entrar al detalle en algunas cuestiones del día a día que para mi grupo son importantes. La primera de ellas sería en materia de seguridad vial. Es cierto que en Cataluña están ustedes colaborando muy cercanamente con el departamento de Interior a los efectos de intentar reducir este horrible problema que son las muertes en carretera. Es cierto que se hace especialmente necesario intentar evitar estas muertes cuando ellas son consecuencia de que la persona infractora que después comete un delito contra la vida de las personas ha pasado previamente por un control policial y luego ha salido en libertad para poder volver a conducir su vehículo. Es decir, personas afectadas por drogas o alcoholemia que han podido retomar la conducción del vehículo a través de un tercero, pero que nada ha impedido que al cabo de unos metros de la conducción pudiesen recuperar la conducción al volante y ello ha causado la muerte a terceras personas. Me consta que se está trabajando en protocolos para intentar evitar que esto se repita. Por tanto, sigo alentando la opción de la fiscalía y la coordinación con las autoridades de tráfico, en este caso los Mossos d'Esquadra, para dar una solución cumplida a estas cuestiones.

Otra cuestión puntual que le quería comentar hace referencia a los delitos -aquí se ha hablado- de violencia de género o violencia doméstica. En el bien entendido de que el delito de violencia de género ha salido del ámbito privado y que por tanto es un delito público que nos atañe a todos y a todas, me gustaría preguntarle si, a pesar de que hoy en día sigue habiendo pocas denuncias y a pesar de que a veces esas denuncias se retiran y acaban con daños y lesiones, incluso con la muerte de las mujeres víctimas, no considera la fiscalía procedente poder seguir las actuaciones de oficio en defensa de estas mujeres víctimas cuando aprecia indicios de criminalidad a pesar de que la denunciante haya retirado la denuncia, o si se tiene constancia de que hay algún episodio de violencia de género en algún ámbito privado poder actuar de oficio, porque es cierto que cuesta empoderar a las mujeres para que denuncien y a veces cuesta que mantengan las denuncias porque no se sienten lo suficientemente fuertes para seguir llevando a término el periplo y el íter procesal que les espera.

Otra cuestión que me parece importante -de hecho usted también lo reconoció en su primera intervención en 2015 y hoy lo ha vuelto a comentar aquí- es el terrorismo internacional. Es cierto que la persecución de estos delitos es importante, pero aún lo son más la detección, la prevención y la sensación ante la ciudadanía de que se está actuando bien y se están dando soluciones antes de que sucedan las tragedias. Me gustaría saber cómo valora y cuál es la opinión de la señora fiscal en relación con que existe competencia plena de las policías integrales en Cataluña y en el País Vasco. Los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza tienen competencias en la materia y son policías integrales en sus respectivos territorios, pero la realidad es que no pueden acceder a la conexión de base de datos a los que la Policía Nacional del Estado sí puede, así como tampoco a conexiones internacionales. De hecho, el Sindicato Europeo de Policía, el Eurocop, requirió que las distintas policías que son integrales en los respectivos territorios de los Estados miembros puedan tener esta conexión a las bases de datos internacionales. ¿No cree, señora fiscal, que favorecería la coordinación, favorecería la comunicación, en definitiva, ayudaría a la lucha integral contra el terrorismo de carácter internacional? En Cataluña tenemos un alto riesgo de implementación de células yihadistas, así reconocido en todos los estudios y en todos los baremos, por tanto, reclamaríamos su pronunciamiento en esta cuestión.

También se ha hablado aquí del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo que ha sufrido una reforma que lo que persigue es que se agilicen lo trámites procesales. Estamos de acuerdo en que necesitamos una justicia resolutiva, una justicia ágil, necesitamos que se dicten sentencias prontas, pero también podemos estar de acuerdo en que ello no debería producirse como consecuencia de un elevado número de archivos o de sobreseimiento de causas por falta de pruebas, puesto que en este artículo 324 lo que prima es la celeridad en la instrucción y, en cambio, el juzgador que la lleva a cabo no puede decidir unilateralmente si prolonga los períodos de la instrucción. No creemos que sea una buena forma de agilizar la justicia que no se puedan dictar sentencias, porque la sensación de impunidad que se traslada a la ciudadanía es peor y dificulta la percepción, más si cabe, de que la justicia es lenta y que, además, no da cumplida solución a los problemas, en este caso de corrupción. Ha comentado que el tiempo medio de instrucción de las causas es de más de trescientos cincuenta días. Temía usted que la modificación del 324, que agilizaría teóricamente a la instrucción, no evitaría el cuello de botella que se produciría cuando se abriese la oportuna fase del juicio oral, en su caso. Pero es que nos tememos que no habrá cuello de botella porque llegaremos a un archivo de instrucciones por falta de pruebas, que es


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lo que nos tememos. Me gustaría saber cuál es su opinión. A nivel de filtraciones, es cierto que se están produciendo en el Estado español filtraciones de secretos de sumario y, por tanto, se conculcan los derechos del justiciable porque trascienden en la prensa y en los medios de comunicación actuaciones que deberían ser secretas. Es cierto que países vecinos como Francia o Alemania han tomado cartas en el asunto. Es cierto que se pueden hacer cosas. ¿Qué dice la fiscalía en materia de filtraciones de sumarios? ¿Considera que podríamos actuar de forma distinta para evitarlo y que esto conculca los derechos a una justicia efectiva para los ciudadanos, o que salgan a la luz estas filtraciones lo que hace, en definitiva, es una doble penalización de la víctima y hasta cierto punto condicionar al juzgador que, en definitiva, está inmerso en el día a día y, por tanto, también conocedor de estas filtraciones podía estar contaminado por las opiniones públicas vertidas en materias sensibles que esté enjuiciando en cada momento?

De las filtraciones me voy a la libertad de expresión. La libertad de expresión, las libertades democráticas y el respeto a las lenguas cooficiales de los territorios son derechos constitucionales que deberían protegerse. Todo ello son principios que constituyen la base sobre la que se asienta el Estado democrático y de derecho, por tanto, su limitación no debería producirse más que cuando entra en colisión con otros derechos fundamentales. En este punto tengo que decirle, señora fiscal, que nos sorprendió negativamente que se decidiese por parte de la fiscalía proceder a recurrir el archivo que decretó el Juzgado Central de Instrucción en relación con los pitidos que se produjeron en la final de la Copa del Rey; unos silbidos al rey y al himno de España. El Juzgado Central de Instrucción concluyó que no había indicios de delito y la fiscalía, desgraciadamente, haciendo seguidismo de Manos Limpias, decidió recurrir esta querella. ¿Considera la fiscalía que este recurso no debería haberse producido, más teniendo en cuenta que la propia fiscalía de momento no ha pasado a la acción ante ataques sistemáticos en forma de insultos que llegan a través de las redes sociales y comparaciones con regímenes fascistas o con el nazismo cuando se hace referencia, por ejemplo, al proceso de independencia de Cataluña o, lo que es peor, incluso cuando hubo ataques brutales en las redes sociales como consecuencia del accidente de Germanwings. En aquel momento se vertieron en las redes sociales expresiones lamentables incitadoras al odio, a la violencia en este caso contra los catalanes y catalanas que eventualmente podían estar en aquel avión. Echamos en falta aquí que, si bien la fiscalía actuó rápidamente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia que archivaba actuaciones no hemos visto a la fiscalía proactiva en relación con delitos de odio, de catalanofobia, en lo que hace referencia precisamente al proceso de independencia de Cataluña o a estos hechos dolorosos que le comentaba de Germanwings.

De la libertad de expresión me gustaría pasar a hablarle de la independencia de la fiscalía porque en enero de 2015 usted hizo una defensa muy vehemente de la inadmisibilidad de un ministerio fiscal politizado o al servicio de determinadas convicciones políticas. Estamos muy de acuerdo en esta afirmación y este desiderátum que usted manifestó aquel día y que hoy de hecho ha vuelto a reiterar. Me sorprendió, cierto es, que cuando usted, el día de la comparecencia, habló de la dificultad de coordinar al ministerio fiscal como consecuencia de la realidad del Estado español, se refirió al Estado español como un Estado fragmentado. Me sorprendió porque en lugar de fragmentado yo esperaba oír descentralizado o autonómico, ya que un Estado fragmentado se produce después de un proceso de ruptura y una ruptura suele traer causa de desencuentros y de rupturas con el statu quo por diferentes causas que pueden llegar a castigar una relación. Si me permite, señora fiscal, quería preguntarle, en esta materia puntualmente, por el desencuentro que se vive en Cataluña entre la fiscalía, que es a la que usted representa, y la defensa del interés general. Me refiero, como usted sabe, a las querellas del 9 de noviembre; unas querellas que nosotros entendemos y que de hecho se presentaron como consecuencia de haber celebrado el proceso participativo contra los criterios de los fiscales de sala de Cataluña. Ellos consideraron que no había motivo suficiente ni base jurídica para la interposición de las querellas. De hecho, contra los criterios de estos fiscales de Cataluña se rompió la tendencia que hasta la fecha habían marcado las sentencias del Tribunal Supremo en materia de delitos de desobediencia y lo que se hizo fue imponer el criterio propio de la Fiscalía General del Estado en detrimento de la Fiscalía de Cataluña. Había sentada jurisprudencia y se cambió el criterio, ¿a qué obedeció? Usted no estaba en aquel momento pero estoy segura de que conocerá la cuestión perfectamente y me gustaría saber qué opina usted de ese cambio de criterio, qué cree usted que lo motivó, porque no había fundamentación jurídica para interponer esta querella. No lo decimos nosotros sino los fiscales de Cataluña; fue un proceso participativo que se fundamentó en la colaboración de los voluntarios; fue un proceso que no nació con la voluntad de contravenir ni sustituir el referéndum que en su día...


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El señor PRESIDENTE: Señoría, debe ir concluyendo.

La señora CIURÓ I BELDÓ: La Generalitat tenía competencia, y tiene, en la celebración de procesos participativos y no se usó el censo electoral para realizarla. Aquí hubo un cambio de criterio de la fiscalía. ¿Conoce usted si hubo presiones por parte del Gobierno en este caso para instar este cambio de criterio? Recientemente, hace pocas semanas, se querelló contra nuestro portavoz en el Congreso de los Diputados, el señor Homs, cuando inicialmente la fiscalía no estimó -sí Manos Limpias, pero no la fiscalía- indicios de delito en la actuación del señor Homs. ¿Qué lo motivó? ¿Una carta que apareció en las actuaciones en la que el señor Homs se dirigía a unos proveedores de la consulta? ¿Fue esa carta, que obraba desde el primer momento en las actuaciones, lo que motivó el cambio de la fiscalía? Porque es obvio que el señor Homs no solo era portavoz del Gobierno y, en tanto que portavoz, podía actuar dando voz a las resoluciones de un Gobierno, sino que era conseller de la Presidencia. Haciendo una simple búsqueda en Google se ven todas las atribuciones que el señor Homs tenía en relación con la consulta del 9 de noviembre y no se estimaron indicios de delito en aquel momento. Me gustaría saber qué es lo que le ha hecho cambiar de criterio, cuántas veces el ministerio fiscal ha cambiado de criterio en relación con esta causa. También es cierto -y voy terminando- que después de la celebración del proceso participativo la fiscalía no actuó, ni durante los trabajos preparatorios ni el día 9 de noviembre propiamente; incluso recuerdo que ese fin de semana el Gobierno estuvo buscando desesperadamente al fiscal Torres-Dulce y no se dio con él. Después él alegó -también se ha dicho aquí- cuestiones personales y dimitió. La he visto más que reclamando independencia, reivindicando independencia para su labor. Usted no ha alabado la independencia de la fiscalía -no me lo ha parecido-, sino que ha reclamado independencia para la fiscalía.

El señor PRESIDENTE: Debe concluir.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Termino diciéndole que la independencia de Cataluña, señora fiscal, es una cuestión política, una idea política que se defiende desde la política y, de hecho, es una ideología que no está penalizada ni perseguida en el Estado español. De hecho, se puede concurrir a las elecciones defendiendo la independencia de Cataluña, se pueden tener símbolos y cánticos para dar más visceralidad a esta reclamación, incluso se puede ser diputada en el Congreso de los Diputados reclamando la independencia de Cataluña. Si la independencia de Cataluña es residual no hay problema, solo es legal si la reclamación de independencia pierde, no cuando es una opción que puede tener sus frutos. De hecho, estamos viendo que hay una constante politización de la justicia en esta materia. Ahora sí, quiero terminar preguntándole si no considera que hay una excesiva judicialización de las ideas políticas que deberían encontrar su encaje en un ordenamiento constitucional mediante el diálogo y la solución a los conflictos políticos de manera política. ¿Considera que existe una excesiva judicialización de la política en estos momentos en el Estado español?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Excelentísima señora fiscal, gracias por la presentación de la memoria de 2014. Permita que le diga que de la presentación del informe que ha hecho me interesa más lo que no estaba reflejado en la memoria y, por tanto, lo que usted no nos ha dicho, que lo que consta en la misma porque, en definitiva, la memoria anual de la fiscalía no deja de ser un reflejo de la realidad de los juzgados y tribunales y de la actuación del ministerio fiscal. Asimismo, pone de relieve lo que históricamente representa la fiscalía y las quejas y las demandas que se repiten en el tiempo. Estamos en un punto de partida similar año tras año. Por tanto, me gustaría referirme a cosas que ya se han dicho -al ser de las últimas en intervenir hay cosas que ya se han dicho-, pero como me interesan las voy a repetir. Por ejemplo, voy a hablarle de la independencia de la fiscalía en relación con Cataluña y el procés d'independència de Catalunya. Me sorprende el alto grado de celeridad de la Fiscalía General del Estado para ordenar la actuación de los fiscales en aquello que atañe a Cataluña y cuya resolución -como se ha dicho también con anterioridad- es y debería ser política, por la vía del diálogo, y no por aplicación del Código Penal, por la vía penal. Una celeridad que contrasta con la lentitud en la instrucción de otras causas -lentitud a la que usted también se ha referido- y con la petición de reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, petición


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formulada por algunas asociaciones de fiscales. Además, me sorprende esta celeridad por la escasez de medios materiales y personales de los que adolece históricamente la Fiscalía General del Estado y, por tanto, los fiscales, y que, por ejemplo, en grandes ciudades y también en las pequeñas -ya no digo en los pueblos, a los que los fiscales no llegan- les imposibilitan estar presentes en todas las diligencias de instrucción, en las causas de separación y divorcio en los que hay menores afectados. Se producen dilaciones en la emisión de informes por parte de la fiscalía cuando es preceptivo dicho informe, pero dirige todos sus esfuerzos -permitan que lo entienda así- a perseguir al president de la Generalitat de Catalunya, a varios consellers y conselleras del Govern y, como se decía también, al actual portavoz de Democràcia i Llibertat en el Congreso de los Diputados. Permítanme, por tanto, que muestre mi indignación; y utilizo una palabra suave.

No es una novedad si le manifiesto mi discrepancia jurídica y política por el contenido de la querella presentada contra el president Mas y los consellers del Govern de Catalunya por haber convocado un proceso participativo el 9 de noviembre de 2014, una consulta que, según criterio de juristas relevantes y catedráticos de universidad, fue no vinculante y que se enmarcaba en la facultad y competencia que tiene el Govern de Catalunya en virtud del Estatut vigente, el que quedó después del cepillado previo de las Cortes Generales y del Tribunal Constitucional. Digo que fue una consulta no vinculante y este era el criterio que mantenía hasta entonces el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que, como se ha dicho también, le costó el cargo al fiscal general del Estado, a pesar de que se dijo que era por cuestiones personales.

Asimismo, y por lo que respecta al año en curso, permitirá que haga alusión a la diligencia y celeridad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se está dedicando a promover la imputación de decenas -me atrevo a decir de centenares- de cargos electos por delitos de rebelión y sedición por haber impulsado mociones en los ayuntamientos catalanes de apoyo a la resolución independentista del Parlament de Catalunya, también la del 9 de noviembre. Es decir, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional debe de tener poco trabajo porque se dedica a perseguir en estos momentos a ediles electos; una persecución que se realiza por declaraciones políticas -insisto, declaraciones políticas- apoyando una resolución del Parlament de Catalunya del 9 noviembre de 2014, que no hacía otra cosa que dar cumplimiento o traducir un mandato claro y determinante emanado de las urnas del 27 de septiembre. ¿De verdad creen y la Fiscalía General del Estado cree que podrán parar la voluntad democrática de la mayoría de la ciudadanía de Catalunya en estos momentos, expresada a través del Parlament de Catalunya, con esta mayoría a favor de la independencia? ¿A golpe de querellas? ¿Ustedes creen, o usted cree como fiscal general, que pondrán frenar un proceso democrático y participativo a golpe de imputaciones? Ya no entro a considerar las imputaciones contra alcaldes y alcaldesas, por ejemplo, la de Berga, por tener colgada una estelada en el consistorio en virtud de una denuncia respecto de la jornada electoral.

Un aspecto de su informe es el relativo a la defensa de los derechos de los ciudadanos, que es una de sus principales funciones como fiscal, con el llamado principio de igualdad. Este aspecto tiene relación con la hermana del rey, en este caso la infanta Cristina, y su vinculación al caso Nóos por el que está siendo también juzgada. Me refiero a la actuación del fiscal, Pedro Horrach, que actúa como si fuera el segundo abogado de la defensa de la infanta Cristina, llegando incluso a solicitar -como de todos es conocido- que fuese apartada del procedimiento alegando la doctrina Botín. No voy a entrar a valorar esta situación porque seguro que me perdería en el interrogatorio efectuado por parte del ministerio fiscal, concretamente por este fiscal, en el juicio oral que se está celebrando y las preguntas que formula en descargo de la propia infanta. Desde Esquerra Republicana pensamos que esta no es la función del ministerio fiscal, o no debería serlo, pero surgen muchas dudas sobre si de no haberse tratado de un miembro de la casa real la actuación hubiera sido la misma. No soy letrada en ejercicio desde 2011, pero en mis veinticinco años de ejercicio profesional jamás de los jamases, siendo letrada de la defensa, he tenido la suerte de encontrarme con un fiscal que actuase de coadyuvante de la defensa, en este caso, de la defensa de mi defendido. Es más, me atrevo a afirmar que en muchos supuestos de clara inexistencia del delito el ministerio público ha continuado ejerciendo la acusación y ha sido a través de la sentencia por la que se ha absuelto a mi defendido. Señora fiscal general, ¿usted considera que la actuación del fiscal Pedro Horrach en el caso Nóos cumple con el principio constitucional de que la ley es igual para todos?

También en relación con la defensa de los derechos de los ciudadanos, el principio de la ciudadanía y el principio de igualdad de todos los ciudadanos, existe un tema que es la vulneración de los derechos lingüísticos y sobre todo en lo que respecta a determinadas partes del territorio, en este caso a los Països Catalans, que nos atañe a todos: el País Valencià, les Illes y el Principat de Catalunya. El portavoz de mi


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grupo, Joan Tardà, ya le trasladó a su antecesor en el cargo en más de una ocasión distintos casos de vulneración de derechos lingüísticos. El compromiso del entonces fiscal general del Estado, el señor Torres Dulce, fue que ya los investigaría. Sin embargo, las vulneraciones de derechos fundamentales en este caso, y por lo tanto el derecho a expresarse en la lengua que les es propia y que además es la oficial en el territorio en cuestión, ha sido una constante que se va repitiendo, y la actuación de la fiscalía, permítame que se lo diga, es nula. Le pondré un par de ejemplos. Un policía nacional agrede a un joven por hablarle en catalán en La Junquera; terminó detenido y además agredido. Un portavoz comarcal de Joves amb Compromís, del partido político de Batallé, fue retenido por la policía también por expresarse en catalán. Estos son los dos últimos supuestos, pero existen otros treinta y pico más de los que es conocedora la Fiscalía General del Estado y en los que, desde el punto de vista de Esquerra Republicana, no se ha hecho absolutamente nada.

También me quiero referir a las expresiones vertidas a través de las redes sociales, algunas de ellas incitadoras al odio y la violencia, especialmente contra una comunidad, los catalanes, y he de entender que ustedes no nos reconocen como nación o como colectivo, pero en definitiva las declaraciones que se emiten a través de las redes sociales efectivamente nos identifican. Lo somos, somos una nación, som un país y, por tanto, nos identifican de esta manera. Me preocupa porque ha habido celeridad en otros aspectos, como le decía, por ejemplo, la presentación de querellas contra ediles, en la presentación de la querella contra el president de la Generalitat, etcétera. Hay asimismo denuncias de parte efectuadas en este caso por particulares que se sienten no únicamente ofendidos, sino además injuriados y además se considera que el delito puede ser susceptible de incitación al odio, del 510 del Código Penal, y de injurias graves, del 208 y 209 del Código Penal; me estoy refiriendo a las denuncias efectuadas por familiares de las víctimas del accidente aéreo Barcelona-Düsseldorf y en concreto también a la querella interpuesta por Drets, que es una entidad sin ánimo de lucro, en las que prácticamente los casos denunciados se encuentran archivados. Y contrasta especialmente el archivo y la celeridad en el archivo -y, si se me permite, la dejación de investigación respecto a este supuesto- con operaciones, por ejemplo, de la Guardia Civil a gran escala contra el enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales. En el marco de esa macrooperación se practicaron múltiples detenciones. Igual ocurrió con varios tuits relacionados con el asesinato de la entonces presidenta de la Diputación de León. La mayoría de los casos denunciados por parte de Drets y familiares de las víctimas del accidente aéreo se encuentran archivados por la fiscalía al no poderse -según se dice- identificar a los autores de los mensajes. En algunos casos se han remitido las diligencias o se han derivado a otras fiscalías. Al cabo de más de un año de interpuesta la denuncia contra treinta y ocho usuarios de Twitter, la fiscalía acuerda interponer solo dos denuncias. Señora fiscal ¿actuarán?, ¿no actuarán?, ¿los catalanes tenemos menos derechos? O, dicho de otro modo, ¿no somos merecedores también de la tutela penal y, por tanto, la fiscal general, y en este caso los fiscales, no utilizarán todos los medios necesarios para averiguar e investigar quién está detrás de estos tuits?

Voy concluyendo. Hay cosas a las que usted se ha referido de paso, a otras no se ha referido, pero en su informe sí hace alusión a la jurisdicción universal. Me gustaría referirme a la querella argentina, es decir, que ciudadanos españoles tengan que trasladar sus denuncias al extranjero, en este caso a Argentina, para hacer valer sus derechos y conseguir aquello que la Ley de la Memoria Histórica establece: verdad, reparación y justicia, en este caso en relación con la causa existente aún contra el único presidente democráticamente elegido que ha sido asesinado, el president Companys, en relación con la causa de Puig Antich, cuyas hermanas han tenido que trasladarse a Argentina e interponer la querella allí, y en relación con otras muchos nacionales españoles que han sido parte de procedimientos durante el franquismo y que han tenido que ir a buscar la tutela judicial efectiva en el extranjero.

No ha dicho nada sobre si la Fiscalía General del Estado considera que la pena de prisión permanente revisable no es una pena encubierta de cadena perpetua y si cumple con ello las finalidades de los artículos 24, 25, 9, 15 y 10 de la Constitución. No se ha referido a la Ley Antiterrorista y por tanto a esos tipos penales amplios en los que la posible desobediencia civil -voy concluyendo- acabe siendo considerada actividad terrorista. No ha dicho nada en relación con la vulneración de los derechos fundamentales, y por tanto derechos civiles, a través de la Ley Mordaza. Y se ha referido a la reforma del Código Penal quejándose de la falta de petición de informe previo al ministerio fiscal, pero no ha dicho nada del incremento de las penas -me refiero también a la pena de prisión permanente revisable- en algunos tipos de delitos y en otros no tanto, como por ejemplo en el caso del delito fiscal.


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Concluyo agradeciéndole de nuevo su intervención, pero en todo caso me gustaría que me respondiese a las preguntas que le he formulado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.

El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señor presidente.

Señora Madrigal, señorías, vaya por delante la felicitación del Grupo Parlamentario Ciudadanos por ser la primera mujer que ostenta su cargo. Este es un camino que en el ejercicio de mi profesión, en el ejercicio de la procura, ya llevamos tiempo andado y podríamos decir que somos los caballeros los que nos encontramos en peligro de extinción, situación que, no me cabe duda, alcanzará a la abogacía, a la fiscalía y a la judicatura. Gracias igualmente por las explicaciones dadas en relación con la memoria de 2014. Intentaré no repetirme, aunque, siendo de los últimos intervinientes, me temo que será arduo y difícil no repetir algunas de las cuestiones suscitadas.

Se le ha preguntado muchísimo sobre la autonomía de la Fiscalía General del Estado, si el actual modelo de nombramiento de su cargo puede suponer un obstáculo a la independencia y a la autonomía del ministerio fiscal, y también sobre la injerencia recíproca entre política y justicia, justicia y política, por lo que no voy a extenderme mucho más. Supongo que dará usted cumplida respuesta a todas las cuestiones suscitadas en su segunda intervención.

Quiero sumarme a una pregunta que ha formulado la señora Rosell en relación con el comunicado de la Fiscalía General del Estado con motivo de la detención del alcalde de Granada. Hablaba usted de métodos desproporcionados, inadecuados e innecesarios de la UDEF. Estas declaraciones nos han sorprendido, más aún cuando hemos visto en la memoria que la fiscalía tiene una unidad adscrita con sede en la UDEF. Tiene usted hoy la oportunidad en sede parlamentaria de matizar o de aclarar ese comunicado si lo considera pertinente.

En cuanto a la carencia de medios materiales y personales que aquejan a la Administración de Justicia, ha abordado usted el tema y ha recogido alguna crítica en su intervención, si bien debo decir que son críticas algo tibias y esta tibieza nos lleva a preguntarnos si en la Fiscalía General son conscientes de la cantidad de señalamientos y diligencias que se celebran sin la presencia del ministerio fiscal, aun siendo esta presencia preceptiva a lo largo y ancho de nuestro país, simplemente porque no hay fiscales suficientes para abarcar todos estos señalamientos y diligencias. Ante estas ausencias, nos preguntamos si tienen datos. Comprendemos que es difícil cuantificar datos que son de carácter negativo, pero esta información sin duda nos sería de mucha utilidad en orden a ver qué cantidad de plazas necesita el ministerio fiscal si se reflejaran en su estadística.

Otro dato que nos ha sorprendido es el de la actividad disciplinaria, que en 2014 solo se hayan abierto cuatro diligencias informativas y que de ellas tan solo una haya cristalizado en un expediente disciplinario. A los que conocemos la realidad de los colegios profesionales, estos números nos resultan sorprendentemente mínimos, incluso diría que ridículos, y nos gustaría preguntarle por el número total de denuncias recibidas en la inspección fiscal y que no terminaron en diligencias informativas. Este número total nos permitiría hacernos una idea global del grado de satisfacción que tiene la ciudadanía con la institución que usted representa. También nos ha llamado la atención el porcentaje de conformidad de la posición del fiscal con las sentencias dictadas, que alcanza un 67 %, según se recoge en la memoria de 2014; es decir, que en un 33 % de los casos el ministerio fiscal no está de acuerdo con la sentencia dictada. Este dato contrasta sobremanera con el de los recursos interpuestos, que solo es del 7 %, y nos gustaría preguntarle a qué se debe esta diferencia y por qué razón utilizan ustedes tan poco la vía del recurso. Nos preocupa también en Ciudadanos el tema de la corrupción, que ya ha sido abordado antes por el señor Campos o por la señora Rosell; se recoge en la memoria que la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada presentó en 2014 un total de 557 denuncias, lo cual indica un gran trabajo por el que hay que felicitarles, pero a nosotros, como a anteriores intervinientes, nos gustaría saber si tienen ustedes datos del perfil del denunciante: si son funcionarios, empleados, ONG o asociaciones. Como decimos, la figura del denunciante y la de los testigos nos preocupa. Se ha hablado aquí ya del acoso y de las amenazas que pueden sufrir con motivo de las denuncias que formalizan y nos interesa sobremanera en orden a implementar medidas que permitan proteger la identidad de estos denunciantes y testigos y con ello favorecer la presentación de denuncias y que ustedes puedan seguir realizando esta labor contra la corrupción.


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Tenemos que lamentar profundamente hoy -y recordarlo aquí- las cincuenta y ocho mujeres fallecidas en el 2014, víctimas que aparecen en el apartado de la violencia contra la mujer y violencia doméstica, así como las de 2015, por supuesto. Se cita en los datos que el ministerio fiscal retiró la acusación en doscientas ocasiones, casi en su totalidad por la presunción de inocencia y por la falta de pruebas. No es sobre esta cuestión sobre lo que le queremos preguntar; lo que llama nuestra atención es el diferente resultado o distribución territorial que sucede con estos procedimientos. Me remito, en concreto, a la página 354 de la memoria. Por ejemplo, en Córdoba, en mi circunscripción, las sentencias condenatorias por violencia sobre la mujer o violencia doméstica son solo un tercio comparadas con las sentencias absolutorias; en cambio, en otras provincias como A Coruña o Álava, la tendencia se invierte y las condenas triplican a las sentencias absolutorias. No entendemos muy bien a qué se debe esta diferencia territorial y no sé si merece esto alguna aclaración o valoración por su parte.

Nos sumamos a la petición que ha hecho el señor Bataller respecto a que valore usted la toma en consideración de la proposición de ley para suprimir las tasas judiciales a pymes y ONG que aprobamos en el Congreso la semana pasada. Conocemos al respecto las declaraciones que hizo en su día su predecesor, don Eduardo Torres-Dulce, y nos gustaría conocer su opinión. En la medida en que el ministerio fiscal, como ya se ha dicho aquí, vela por los derechos de los ciudadanos y por el interés general, debemos puntualizarle -tómeselo como una crítica amable- que a veces echamos en falta al ministerio fiscal al lado de la ciudadanía. No reserven ustedes la contundencia de sus comunicados solo para cuando algo les toca de lleno, como ha sido la implantación de Lexnet, que está muy bien que lo critiquen, por supuesto, pero háganlo también en otros temas que preocupan especialmente a la ciudadanía como puedan ser las tasas judiciales, las cláusulas suelo, la violencia doméstica o cualquier otro que sea motivo de preocupación. Se ha abordado también aquí el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si no estoy mal informado, creo que mañana celebran ustedes un Consejo Fiscal en el que abordarán esta cuestión en concreto y analizarán la situación, toda vez que va a precluir el plazo para determinar qué causas son complejas y qué causas no lo son de todas las que se encuentran en tramitación. No cabe sino preguntarle si nos puede usted adelantar algún resultado de lo que se vaya a tratar allí y alguna conclusión que espera usted que se extraiga en ese Consejo Fiscal.

Nada más. Quiero agradecerle su comparecencia y pedirle que no tome a mal ninguna de nuestras preguntas o consideraciones hechas desde el profundo respeto hacia la institución que representa. En todo caso, las hacemos como críticas constructivas, como miembros de la Comisión de Justicia estamos aquí precisamente para trabajar por una justicia mejor y de más calidad y le manifestamos que al Grupo Ciudadanos nos encontrará usted, como bien ha dicho, en ese pacto por la justicia que reclama al final de la memoria y en alguna de esas reformas que también nos sugiere.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.

Para concluir, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Moro.

La señora MORO ALMARAZ: Gracias, señor presidente.

Señora fiscal general, buenas tardes. Bienvenida una vez más a esta Cámara, lo que hago extensivo a su equipo aquí presente, y muchas gracias por su excelente intervención, clara, documentada, al pie del problema, que demuestra una vez más que su rigor, su trayectoria profesional, su sensibilidad y su competencia se notan al frente de tan alta y compleja responsabilidad.

Es verdad que estamos -ya lo han dicho varios grupos y yo no voy a omitirlo tampoco- en una ocasión extraordinaria en la que, a la demora habitual en la presentación de la memoria de actividad, se ha unido un proceso electoral y de inicio de legislatura atípico en nuestra democracia, pero en nombre de mi grupo quiero agradecer que lo haya sustituido con una presentación que ha ido más allá, tratando de superar ese puente con el avance informativo de datos relevantes que se corresponden con el año 2015 recientemente superado. Ello nos coloca ante un panorama más realista que el de la observación en solitario de la memoria de 2014, y estas, las memorias anuales, son el objeto de esta comparecencia y no otro. La rendición de cuentas que cada año hace la fiscalía ante el jefe del Estado y estas Cortes Generales, y con ello ante toda la sociedad, tiene suficiente relevancia y enjundia como para caer en la tentación de lo que ya por desgracia se va instalando con demasiada frivolidad e indiferencia en algunos grupos, que es la técnica del totum revolotum, instrumento impagable en una filosofía del caos o del cumplimiento de la ley a conveniencia. La sociedad española se preocupa y mucho en estos momentos por el estado de salud de sus instituciones, por la calidad de la justicia y por la corrupción, y ello en mayor medida cuando


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se ha sentido brutalmente golpeada por el paro y la desesperanza durante estos años. Escuchar con atención a los profesionales de la justicia tiene que ser para nosotros, representantes de los españoles, misión capital e irrenunciable, tanta como la de escuchar a nuestros representados. Necesitamos diagnósticos pegados a la realidad de las cosas y no llamativas presentaciones abreviadas de carácter publicitario o propagandísticas, porque solo de un conocimiento certero de los hechos y un diagnóstico preciso nacen las aportaciones que conducen a las mejores soluciones para contribuir a unas instituciones saneadas y prestigiadas, a una justicia ágil, de calidad e independiente, y con ello a un país confiable y en progreso. Por eso el debate sobre la memoria es -y hemos de contribuir a que sea- algo más que un trámite, un altavoz o escaparate para otras finalidades. Entre todos debemos buscar las mejores soluciones, los instrumentos más eficaces y las normas más adecuadas.

Usted se presentó en esta Cámara para recibir el aval de la misma el 8 de enero de 2015, ya se ha dicho. Vivíamos el dolor del zarpazo del terrorismo con una acción que, además de la brutalidad de siempre en cualquier acción de esta naturaleza, encerraba el simbolismo de tratar de cerrar la boca, la voluntad y la opinión de los periodistas de Charlie Hebdo; la intolerancia en grado sumo frente a la libertad de pensamiento y de expresión. Y en el entorno de esa conmoción, usted, con quien compartimos minutos de silencio y de repulsa por esas acciones, vino a expresarnos su trayectoria comprometida en la defensa y representación de los más vulnerables y de los derechos y libertades de los españoles, su convicción de qué es y qué debe significar sin fisuras el ministerio público y de qué manera trabajar en el futuro desde la Fiscalía General del Estado para hacerla más consciente de que su eje definidor es al tiempo garante de su independencia y del desempeño de sus funciones esenciales en un Estado de derecho. Nos decía, y no podemos estar más de acuerdo, que cualquier fiscal general del Estado tiene un presupuesto previo, que es el ineludible e inexcusable cumplimiento del artículo 124 de la Constitución, que menciona las funciones de nuestra institución, y que si las ponemos en relación con el artículo 1, nos vinculan a los valores superiores del ordenamiento jurídico. La tarea del fiscal general del Estado -sigue afirmando- es la de articular y proporcionar un ministerio fiscal autónomo en su configuración institucional y eficaz en su gestión profesional. Presenta, pues, la memoria de una institución con la normalidad que debe presidir su papel constitucional -parece raro que lo resaltemos pero es que últimamente la normalidad brilla por su ausencia- y el desarrollo de una tarea que no se interrumpe por la sucesión de personas en los cargos, pero que trata de amoldarse a la impronta personal, a la capacidad y convicción que en usted son muy relevantes y se han notado en su gestión al frente de más de 2.600 fiscales, según la cifra que aquí nos ha dado. Nos marcaba entonces sus objetivos de actuación, algunos se han señalado, pero no me resisto a resumirlos todos ellos. Profundizar en el proceso de modernización de la institución; trabajar en la creciente especialización que permita afrontar los retos que el avance social y las reformas acometidas vinculados a ellos demanden; una mayor implantación territorial y un mayor grado de coordinación coherente con la estructura del Estado, así como la mejor formación de los fiscales para una mayor eficacia en la respuesta de la fiscalía; la implantación progresiva de secciones especializadas de investigación que permiten afrontar causas complejas y en las que se integren, junto a los fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, efectivos de la Agencia Tributaria, etcétera. Nos habló también de la relevancia que tiene hoy la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción, el terrorismo, y puso el énfasis en una lacra que -compartimos con usted- es una vergüenza de la sociedad del siglo XXI: la trata de seres humanos.

Ha presentado hoy, por tanto, la memoria de un año en el que -como se ha dicho- todavía no estaba al frente de la Fiscalía general y nos ha ilustrado con datos del periodo de su mandato. En esto se intuyen ya avances sobre algunas de las cuestiones que nos planteara en esa especie de hoja de ruta, como también lo hizo de forma resumida en su discurso en la apertura del año judicial y hoy aquí en su magnífica exposición. No podemos referirnos a tantos temas como nos gustaría comentar de la memoria, aunque sí tendremos que detenernos en algunas cuestiones de especial interés, porque ya se han tratado, y sobre las que seguramente dará cumplida respuesta.

Sobre el terrorismo internacional, la memoria nos muestra cómo España y sus instituciones están comprometidas con esta gravísima amenaza. Reconocemos el trabajo de la fiscalía y su implicación en el ámbito de la cooperación internacional y de la lucha multilateral. Los atentados no han cesado y solo el compromiso de todos nos permite afrontar este desgraciado reto para nuestras sociedades. Estamos convencidos de que el Pacto antiterrorista es muestra indiscutible de voluntad política, de apoyar sin fisuras esa colaboración y ese trabajo de los profesionales de la justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los miembros de inteligencia.


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Dentro de ese marco, nos gustaría también, si es posible -aunque algo ha dicho en su exposición-, conocer si el incremento, que por sus palabras ya se constata en 2014 y en 2015 respecto al número de investigaciones por delitos de terrorismo, se mantiene en la misma línea o sigue creciendo. Nos gustaría conocer, respecto al incremento de 2015 que hemos conocido aquí, si estamos preparados y si se está trabajando en el plano preventivo con eficacia, así como el impacto que tienen las fiscalías especializadas. La Ley orgánica 2/2015, de 30 de marzo, cumpliendo con directrices de la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha incluido tipos penales muy novedosos precisamente ante estos nuevos y tristes retos, tratando de articular una respuesta preventiva más efectiva. ¿Cree que esto está ayudando o que puede ayudar en la lucha contra el terrorismo?

Usted -como antes decía- se hacía eco de forma muy directa en la presentación de la memoria del gran problema que supone la trata de seres humanos, denunciando además la adormecida familiaridad que una parte de una sociedad, por ignorancia o por indiferencia, mantiene con el sufrimiento y la tragedia de las víctimas de la esclavitud, extremadamente vulnerables y extremadamente pobres -son sus palabras-, considerándolo como una radical derrota humana. Nuestro grupo así lo cree. Entendía que el papel de la fiscalía era trascendental -lo ha puesto de manifiesto- tanto en la prevención como en la colaboración internacional, en la represión penal de tratantes y de quienes se lucran con esa actividad y en la protección de las víctimas, siendo de tal magnitud el fenómeno que está considerado como la segunda fuente de ingresos y de negocios ilícitos en el mundo.

Me gustaría pedirle -aunque sé que esto se va haciendo muy largo- un mayor detalle sobre la actuación de la fiscalía, porque observamos que ha sido objeto de tratamiento en los cursos de formación, y teniendo en cuenta que en la memoria se reconoce un progresivo incremento de delitos relacionados con tráficos ilícitos de personas cometidos por grupos organizados, especialmente en nuestro país -como ha puesto de manifiesto-, nos gustaría conocer su opinión sobre los instrumentos con los que cuenta la fiscalía para desarrollar su trabajo en la triple función a la que alude.

Queremos detenernos también rápidamente en una cuestión que no es nueva ni original y que no solo preocupa a los especialistas y a los parlamentarios; preocupa a los ciudadanos hasta perder la confianza en las instituciones -en particular en la justicia-, y es la lentitud o dilación en la resolución de los procedimientos judiciales. Como no podía ser de otra forma también se plasma la preocupación de usted y de la fiscalía en la memoria. Creemos, si no hemos entendido mal, que para la Fiscalía General del Estado podríamos resumir algunas de las causas más importantes que determinan la dilación de algunos procedimientos en la investigación a cargo del órgano judicial, la falta de especialización, la carencia de unidades de apoyo técnico especializado, la excesiva burocratización del proceso penal, la pluralidad de partes en los procesos, la excesiva amplitud del régimen de recursos, la cooperación jurídica internacional y las dificultades que eso entraña. Y algunas de las soluciones propuestas en la memoria señalan que deberían potenciarse las diligencias de investigación del fiscal, eliminar la burocracia procesal, revisar las posibilidades de actuación de las partes en el proceso, modificar el régimen de recursos, crear unidades de investigación en secciones territoriales, y también señalan algunas propuestas legislativas. Ha incidido en la importancia que debe tener escucharle sobre determinadas propuestas legislativas, lo que nos parece muy interesante porque nosotros debemos escuchar esto con atención. Algunos de esos temas en la memoria de 2014 hablaban de la tipificación penal de las conductas de los testaferros, de la propuesta de regulación legislativa de la mediación penal, de la propuesta de regulación de la segunda instancia penal. Solo cito algunas. A la vista de dichas propuestas, nos gustaría comentar que en este tiempo se han producido muchas reformas, seguramente no todas en los términos en que deben hacerse porque nadie es perfecto. En ese sentido se ha aprobado la reforma del Código Penal, en el artículo 31, bis, que introduce responsabilidad de las personas jurídicas junto a sus representantes legales. También respecto a la mediación penal se ha avanzado en la Ley Orgánica 1/2015, que recoge expresa referencia a la reparación de la víctima y a los resultados del proceso de mediación. En el Estatuto de la víctima del delito, la Ley 4/2015, también se incluye una referencia a la posible actuación de los servicios de justicia restaurativa. Con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante la Ley 41/2015, se procedió a generalizar la instancia penal. Es decir creemos que, aunque no siempre lo hayamos hecho bien, se han escuchado algunas de las demandas que aparecen en la memoria y que así, de una u otra forma, ya se han trasladado en las reformas. ¿Cree -especialmente en esta última, porque no podemos entrar en todo- que se ha dado respuesta con estas reformas a lo más importante, en particular le pregunto sobre la segunda instancia penal?


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Me gustaría también conocer -aunque se ha señalado- su opinión sobre el papel que pueden tener las secciones de investigación. Es verdad que no siempre se pueden crear las cosas al ritmo que a uno le gustaría -ojala tuviéramos todo el dinero del mundo- pero aunque esto no es posible es bueno tener un plan, conocer los objetivos y estar convencidos de que los instrumentos pueden servir. Recordemos que Eduardo Torres-Dulce, su antecesor, sugirió esta idea a raíz de una visita a la Fiscalía de Sevilla y en relación con el asunto de los ERE. Fue presentado como un instrumento a crear en aquellos lugares en los que existan asuntos importantes, para que los fiscales se dediquen con exclusividad a causas complejas y en las que además necesitan equipos especializados que ayuden dada la complejidad de estas causas. Voy terminando, señor presidente. Precisamente este y otros temas alarman a la ciudadanía, porque ven que se prolongan y no acaban de entender por qué, y creen que aunque hablamos de muchas reformas -en las cuales nos podemos pelear en el matiz pero que indudablemente ponen de manifiesto que todos estamos mirando hacia un objetivo común- sin embargo podrían quedarse -ya se utiliza este término para otra cosa- en agua de borrajas y que las reformas no serían eficaces.

Podría hacer también un apunte sobre los medios, pero usted ha señalado muchas cosas y yo no quiero cansar a estas horas a sus señorías ni desde luego a la fiscal general del Estado. Pero sí quiero hacer mención a un tema que ha sido recurrente, el de la reforma del artículo 324 y que se inserta en otras tantas reformas a las que no me he referido, que precisamente tratan de dar agilidad a la justicia para así inspirar credibilidad a los ciudadanos que nos la demandan. Por eso se ha impulsado el Plan de actuación por objetivos. Esto ha permitido que, de acuerdo con la fiscalía, se haya reforzado con 80 abogados fiscales a lo largo de este tiempo y ello ha permitido avanzar en la revisión de aquellos 382.138 procesos -aunque aquí se ha hablado de 700.000, en otros lugares se habla de un millón, pero estas son cifras reales- y, si no estamos equivocados, creemos que en este momento se han revisado 102.856 causas. Se le ha preguntado sobre este tema, pero, más allá de la demagogia que se viene haciendo sobre ello, nos gustaría saber, completando lo que ya le han preguntado, si efectivamente podemos estar en riesgo, que es lo que se traslada a los ciudadanos, es decir, que aquello que es bueno en el objetivo -buscar la agilización- se convierta después en un supuesto problemático.

El señor PRESIDENTE: Señora Moro, debe no ir avanzando sino concluyendo.

La señora MORO ALMARAZ: Voy terminando, se lo aseguro.

En este punto y en cuanto a los medios, el Gobierno -creo, hasta donde nos consta, pero usted nos dirá- ha sido sensible, especialmente en los temas de corrupción, para ofrecer y otorgar todas aquellas peticiones inmediatas que se hicieran por necesidad de la complejidad o de la acumulación de las causas, y también en este tema de la reforma del artículo 324, pero usted nos dará su opinión.

Dejo otras cuestiones, y para concluir y cumplir con lo que me dice el presidente quiero agradecer en nombre del Grupo Popular la información, la cercanía, su trabajo riguroso y el de todo su equipo, así como el de todos los fiscales. Somos conocedores del esfuerzo que hacen, y que agradecemos, en las reformas -algunas las hemos mencionado-, además del que realizan en todo su trabajo y que usted también ha relatado. El desempeño de todos ustedes es centrarse en la consecución de ese objetivo común de una justicia, ágil, independiente y de calidad. Usted reclamaba recientemente con valentía -y de alguna manera también lo ha trasladado aquí- que se dejara trabajar a los fiscales, en particular a los fiscales anticorrupción, y yo diría a los profesionales de la justicia. Decía usted que los reclamos mediáticos a veces son incompatibles con la seguridad de la investigación. Las críticas partidistas e interesadas pueden constituir una presión agobiante. Creo que nosotros, los diputados, especialmente en esta Comisión, debemos dar ejemplo. La actitud más democrática es dejar que funcionen las instituciones. Pedimos transparencia, pero, eso sí, cuando se actúa con responsabilidad, objetividad y transparencia no siempre todos lo entienden bien. Los avances democráticos están unidos por el respeto a la ley y a los derechos fundamentales, al funcionamiento libre de las instituciones, al correcto equilibrio entre autonomía, rendición de cuentas y responsabilidad, y por eso demandamos en nombre de los ciudadanos lo mejor para nuestras instituciones, lo mejor para la fiscalía, y aquí debemos comenzar por exigirnos a nosotros mismos. Hoy también se ha puesto de manifiesto que debemos comenzar por creernos aquello que demandamos...

El señor PRESIDENTE: Señora Moro, tiene que concluir.

La señora MORO ALMARAZ: ... y que no siempre lo que hacemos es lo bueno y lo que desarrollan los demás es lo malo.


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Muchas gracias por su consideración. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moro.

Tal y como establecimos en la reunión de Mesa y portavoces, suspendemos por un término de cinco minutos para que luego haya una intervención final de la fiscal general del Estado. (Pausa).

Vamos a reanudar la sesión de la Comisión.

Para terminar, tiene la palabra la señora fiscal general del Estado.

La señora FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Madrigal Martínez-Pereda): Muchas gracias.

Voy a intentar colocar las notas sobre las preguntas para contestarlas lo más agrupadamente posible, puesto que algunas de ellas se han planteado en más de una ocasión.

Empezaré por una que puede ser previa incluso a mi presencia aquí, en esta Cámara, que se refiere al cese del fiscal general del Estado cuando cesa el Gobierno. Sobre esta cuestión pedí un informe a los órganos técnicos de la Fiscalía General del Estado, que manifestaron su opinión favorable al mantenimiento en las funciones del cargo porque, hasta que se constituya un nuevo Gobierno, el Gobierno que me designó como fiscal general del Estado no ha cesado, aunque se encuentre en funciones. La Ley del Gobierno establece las funciones y las limitaciones al Gobierno pero no existe una regulación homóloga y paralela en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por lo que técnicamente no me encuentro en funciones. La interpretación que propugnan los órganos técnicos de la Fiscalía General es, por un lado, literal, pero, por otro, también conforme al principio de jerarquía que rige nuestra institución. Por lo tanto, no tendría sentido propugnar un criterio de cese automático, dejando a la institución privada de su cabeza, aunque, por supuesto, existe un sistema de sustitución por enfermedad, incapacidad o fallecimiento en el número dos de la carrera fiscal, el teniente fiscal del Tribunal Supremo. En cualquier caso, entendíamos -entiendo yo también ahora- que procede, conforme al principio de jerarquía, mantener la jerarquía durante el tiempo que exista el Gobierno que nombró a ese fiscal general del Estado. Por supuesto, cuando ese Gobierno, por la constitución de otro, termine sus funciones -ahora sí, sus funciones-, se produciría automáticamente el cese. Hay solamente un precedente porque con la regulación actual -la reforma del estatuto orgánico de 2007- solo se ha producido un precedente que es el del último mandato del fiscal general del Estado don Cándido Conde-Pumpido, que no cesó automáticamente tras las elecciones de 20 de noviembre de 2011, sino que terminó sus funciones en el mes de diciembre, de modo que estuvo un tiempo hasta que se avanzó en la constitución del siguiente Gobierno. Entiendo que estoy en plenitud de funciones y así las estoy ejerciendo.

Voy a procurar agrupar las cuestiones referidas a la corrupción. Me han preguntado por qué no se han nombrado más fiscales anticorrupción o por qué no los hay en todos los territorios. El nombramiento de los fiscales delegados de anticorrupción es prácticamente en casi todas las fiscalías, incluso en algunas fiscalías hay más delegados de la Fiscalía Anticorrupción que actúan en los asuntos de anticorrupción a las órdenes del fiscal jefe Antonio Salinas de la Fiscalía Anticorrupción. En el año 2015 se han nombrado dos nuevos fiscales anticorrupción en Barcelona, dos nuevos -más los que ya había- en Madrid, dos en Badajoz y uno en Palma. Se van creando estas delegaciones a medida que van suscitándose las necesidades porque hay muchos asuntos de anticorrupción en las fiscalías, conforme proponen los propios fiscales jefes y el fiscal de Sala don Antonio Salinas.

En relación con anticorrupción, varias de sus señorías me han preguntado por un asunto en concreto, que es el referido a las intervenciones de entrada y registro en la operación policial llevada a cabo en Granada en relación con responsables municipales, la concejala delegada de Urbanismo y el señor alcalde. En cuanto a estas diligencias, tengo que decir que primero fueron diligencias de investigación de la fiscal delegada de urbanismo. Esta fiscal expresó sus dudas, sus inquietudes respecto de este procedimiento y fue totalmente apoyada por la Fiscalía General del Estado, sometiéndose, además, al examen de la propia Fiscalía Anticorrupción por si era esta la que asumiera la llevanza del asunto. El fiscal jefe me transmitió que no entendía adecuado asumir la llevanza del asunto; en aquel momento -creo que fue hace mes y medio o dos meses- no se dirigían las investigaciones contra el alcalde de Granada. Posteriormente, se presentaron dos querellas, que siguió llevando la misma fiscal y que activó el artículo 25 del estatuto -es decir, dio cuenta a sus superiores jerárquicos y a Fiscalía General del Estado-, y recibió el visto bueno para la presentación de estas querellas que, insisto, en aquel momento no se dirigían contra el alcalde. Hace un par de semanas, o unos días, la policía proponía una operación de intervención en distintos domicilios con registros respecto a un gran número de personas, responsables públicos de la Concejalía de Urbanismo y también particulares. La fiscalía estudió el caso y no solo la


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fiscal encargada del mismo, sino también sus jefes -el jefe provincial y el jefe superior-, que también dieron cuenta a la Fiscalía General del Estado. Tanto el jefe provincial y el jefe superior como los órganos técnicos de la Fiscalía General del Estado que examinaron el asunto estuvieron de acuerdo -finalmente, yo misma di el visto bueno- con la práctica totalidad de las diligencias que solicitaba la policía. Creo recordar que fueron veintiocho o treinta entradas y registros. La única discrepancia de la fiscalía fue por dos de esas entradas y registros que se solicitaban; una, de un particular y otra, del señor alcalde. La policía retiró la solicitud respecto del particular e insistió en la del alcalde, pero la señora jueza de instrucción examinó y autorizó la entrada en todos los domicilios, también en el del señor alcalde.

Se ha dicho aquí que el comunicado de la Fiscalía General del Estado es inusual; claro que lo es porque normalmente en este tipo de operaciones la actuación es más consensuada o pactada en este sentido y la nota de prensa está pactada normalmente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el fiscal que actúa y dirige esas investigaciones. El día de los hechos no se dio por parte de la fiscalía ninguna nota de prensa. Se practicaron todos los registros -la causa, lógicamente, estaba secreta y continúa así- y estas intervenciones fueron públicas en la ciudad de Granada y en los medios de comunicación. La fiscalía solo habló de las intervenciones policiales y yo me planteé el dilema de dar una nota de prensa o no darla. No dando esta nota de prensa, la información de la Fiscalía General del Estado no era neutra u omisiva, sino que transmitía la impresión de que, como en la mayor parte de las ocasiones, todas las intervenciones gozaban del visto bueno o del impulso del ministerio fiscal, con lo cual ya se había transmitido lo que a mi modo de ver era desinformación sobre un punto concreto de toda la operativa, no diré policial porque era una operativa judicial salvo las detenciones que, como es habitual, quedan al criterio de la autoridad policial que practica los registros y son detenciones gubernativas. Ni el fiscal las pidió -muchas veces así ocurre- ni la juez se pronunció al respecto.

La nota de prensa únicamente informaba de la discrepancia sobre una de las entradas y registros, como todo el mundo conoce. Esto se ha interpretado en los medios de comunicación como una descalificación de la actuación policial. En absoluto. Esta es una incidencia habitual en los juzgados de instrucción. La policía plantea unas diligencias y el juez las acepta o no, pide más fundamentos, pide más sospechas o les da su visto bueno y las autoriza. El fiscal asimismo interviene, estando unas veces de acuerdo y otras no. Esto es lo que ocurrió en este caso, sin descalificación de la actuación policial sino con actuación de los criterios de la fiscalía. Yo no di ninguna orden, pero sí di el visto bueno a la postura que se plasmó en el proceso, concretamente en estas diligencias.

Creo que todos los poderes públicos deben asumir las críticas en su actuación, sobre todo cuando esa actuación es pública y la de la fiscalía en este punto sí lo era, puesto que las entradas y registros fueron mediáticos y tuvieron una repercusión pública. La policía tiene que asumir el cuestionamiento de su actuación y también la fiscalía. Por eso informamos y cada uno asume la crítica que pueda venirle, porque los medios de comunicación son libres de hacer sus críticas y los lectores también de hacer las lecturas que tengan por conveniente, pero para ello necesitan saber cuál ha sido la postura y la actuación de los poderes públicos. Yo asumo cualesquiera críticas a mi actuación -me refiero a la nota de prensa-, asumo las críticas de la institución a la actuación procesalmente reflejada en esas actuaciones. Y en este caso, sinceramente, las asumo con serenidad y tranquilidad porque no las comparto.

Creo que las diligencias de entrada y registro y todas las restrictivas de derechos deben ajustarse a las pautas jurisprudenciales, que son conocidas y que son estrictas porque hablamos de restricciones de derechos. Esas pautas tampoco son tajantes. No quiere decir que la señora juez actuase mal, solamente interpretó las pautas jurisprudenciales con su criterio y la fiscalía con el suyo. Y creo que las entradas y registros deben basarse en sospechas fundadas porque lo dice así la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: en sospechas fundadas, en datos objetivos transmisibles a terceros. Pero eso no lo hice constar en la nota de prensa, sino sencillamente que esa concreta diligencia no gozaba del visto bueno del ministerio fiscal.

En temas de corrupción o relacionados. El caso Nóos, sobre el que me han preguntado, cuando yo asumí el cargo de fiscal general del Estado la posición del ministerio fiscal ya estaba procesalmente constituida y consolidada; pero sigue bajo la dirección de Antonio Salinas, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, que goza de toda mi confianza y que es un hombre de profesionalidad y honestidad supergarantizadas. Me preguntan también por el caso Horrach y si parece defensor de uno de los imputados. Yo creo que no, él defiende su propia postura y a veces sí que ha existido una cierta tensión entre su postura y la del magistrado juez de instrucción, y a lo mejor es lo que defiende; pero una postura


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procesal no hacia ningún acusado ni ningún imputado, porque nosotros -me refiero al ministerio fiscal- no mantenemos ahí ninguna acusación. Si encuentro alguna otra nota, volvería sobre este tema.

Me han preguntado por cuestiones como la transparencia en el ámbito del ministerio fiscal. La Ley de Transparencia 19/2013 no nos menciona. No menciona al ministerio fiscal pero nosotros sí nos sentimos concernidos. Posiblemente esta ley no nos menciona por una razón muy sencilla: nosotros no tenemos presupuesto, ni autónomo ni dependiente ni nada, no tenemos prácticamente ningún presupuesto y por lo tanto la transparencia respecto del gasto que se asigna al ministerio fiscal no nos concierne. Concierne a las administraciones públicas, me refiero al Ministerio de Justicia y a las doce comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia, que son las que deben dar soporte al funcionamiento del ministerio fiscal. Y digo esto porque sí nos gustaría que estuvieran singularizadas las partidas presupuestarias que soportan la actividad del ministerio fiscal y que hubiera transparencia al respecto, pero eso hoy por hoy no nos compete porque no tenemos gestión de ese presupuesto. Firmamos el convenio de transparencia con Transparencia Internacional porque, como digo, nos sentimos concernidos y sí queremos dar cuenta de la actuación de los órganos de la Fiscalía General del Estado y de los gastos que se puedan hacer en viajes y actividades internacionales. Estamos actualizando y me extraña que no lo hayan visto en la página web porque se ha actualizado una pestaña para incardinar algunas de estas informaciones. Pero desde luego trabajamos en la configuración del portal de transparencia y hemos trasladado al Ministerio de Justicia los presupuestos, los requisitos y los requerimientos de ese portal de transparencia para que efectivamente nuestra actividad sea más conocida.

Me han preguntado por la independencia judicial, la independencia del ministerio fiscal. Este es un tema que siempre está presente cuando se habla de nuestra institución. En el estatuto orgánico del año 2007 se hicieron muchos avances en este sentido, pero para mí hay uno capital: la imposibilidad de cese del fiscal general del Estado. El Gobierno le nombra, pero no puede cesarle durante el ejercicio de su mandato, de manera que el fiscal general del Estado puede sentirse inmune a las presiones, porque sabe que tiene un periodo de actuación de cuatro años. Así me he sentido yo, la verdad. Pero esta no es la única garantía. Otra es esa autonomía funcional que da tener un presupuesto propio o tener un presupuesto singularizado. Es la Administración la que soporta nuestra actividad y necesitamos demandarle constantemente que nos surta de medios para trabajar. ¿Esto incide después en nuestra actuación? Yo creo que no tanto. Los fiscales individualmente considerados se sienten independientes, y como decía antes, cuanto más cualificados técnicamente más independientes. Por otra parte, el estatuto orgánico ha incrementado la intervención de órganos en las juntas de fiscalías, en la Junta de Fiscales de Sala y en las juntas de coordinación, que sirven de contrapeso a las decisiones de los fiscales jefes y confieren a esas decisiones un carácter prudencial y deliberativo, pero por supuesto esa autonomía institucional tiene que conjugarse con el principio de jerarquía. Los fiscales somos independientes o debemos serlo, cuanto más como institución, pero cada uno de ellos no es independiente en todo el territorio, sino que tiene que actuar con independencia de criterio y libertad interior, pero sometido a las pautas que les dan sus jefes y la Fiscalía General del Estado con carácter general en circulares e instrucciones.

¿Cómo se puede avanzar en esto? ¿Se debe cambiar el sistema de designación del fiscal general del Estado, que no dependa del Gobierno? Eso depende de sus señorías. Cambien ustedes las leyes, en este caso la Constitución, pero incluso sin cambiarla -podrá cambiarse por otros motivos, pero quizá por este puntual no- se pueden reforzar las garantías de ese nombramiento haciendo que no solo dependa del Gobierno, sino que los trámites previos a la designación final, el paso por esta Cámara, tengan una mayor incidencia, que no solo sea una comparecencia de aprobación o de visto bueno, sino que requiera una mayoría de aprobación por parte de las cámaras. En fin, son cuestiones que corresponde solucionar al Poder Legislativo. Para nosotros la autonomía o la singularización presupuestaria es muy importante, la dotación de recursos para que no dependamos tanto de la Administración que soporta nuestra actividad.

Me han preguntado por el sistema de celeridad, que guarda relación con los plazos, los cuales han sido modificados por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tengo que decir al respecto -parece un lugar común- que todos queremos la celeridad y que las investigaciones sean ágiles, pero el establecimiento de los plazos no puede ser la única solución. Es bueno que todos nos sintamos concernidos por ellos, pero hay que recordar que ya en el sumario el plazo era de un mes, y nunca se ha cumplido o por lo menos casi nunca. Por tanto necesitamos que, junto con el establecimiento de los plazos, se adopten medidas de eficacia en la ejecución de las diligencias de instrucción, y pienso fundamentalmente en la celeridad en la emisión de los dictámenes periciales de órganos u organismos oficiales, que muchas veces ralentizan por sobresaturación los procedimientos. Necesitamos pues un acopio más estructural


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para agilizar las investigaciones, mucho más allá del establecimiento de los plazos del artículo 324. Pero este precepto -ya se dijo en el informe que emitió el Consejo Fiscal sobre el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- tiene su encaje en el borrador de Código Procesal Penal de 2013, que atribuía la instrucción al ministerio fiscal. El ministerio fiscal en ese sistema tiene los procedimientos, y puede de una manera más directa controlar el plazo, los tiempos de esos procedimientos que tiene en sus propias manos, en su sede. Ahora el artículo 324 impone al ministerio fiscal un sobreesfuerzo, que es el control del transcurso de los plazos, la revisión de las causas pendientes con anterioridad a la entrada en vigor de la ley para la declaración de complejidad o no, si es que los plazos han transcurrido o van a transcurrir, pero además le impone una responsabilidad que creo que de cara al futuro es de contacto precoz con las causas para dirigir, de la manera más precoz posible, su estrategia procesal con eficacia. Esto podría ser bueno, por un lado, pero, ¿qué ha supuesto para la fiscalía? Un sobreesfuerzo de control de unas causas que no tiene a su disposición. Y quiero decir que este sobreesfuerzo se está realizando mucho mejor cuando se asumen las corresponsabilidades que la propia ley establece y mantiene: corresponsabilidad con el juez de instrucción, que sigue dirigiendo la instrucción y es responsable de cuanto en ella sucede, de su éxito o de su fracaso; corresponsabilidad con el letrado de la Administración de Justicia que está concernido por el artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le impone la obligación de dar cuenta del transcurso de los plazos al juez de instrucción bajo su propia responsabilidad. Cuando se asumen estas corresponsabilidades la revisión de las causas pendientes, antes de la entrada en vigor de la ley, ha sido más sencilla, más fácil, más ágil; en muchos sitios ya se ha realizado y solo queda la articulación del artículo 324, pero en otros sitios, puesto que las cifras de causas pendientes en los juzgados de instrucción donde se acumulaban los retrasos son altas, estamos haciendo ese sobreesfuerzo, y reclamamos del Ministerio de Justicia un plan de refuerzo, un plan de ayuda a los fiscales que lo necesitan, sobre todo en aquellas fiscalías más sobrecargadas o que tienen más número de juzgados con mucha carga de trabajo pendiente en sus sedes, sobre todo en las fiscalías de área y en las secciones territoriales, y fundamentalmente donde hay juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Aquí el trabajo es más complicado, porque estos juzgados se encuentran muchas veces a kilómetros de distancia de las fiscalías, y no es que los fiscales no se deban trasladar allí, sí, pueden trasladarse a esos juzgados, pero no pueden desatender las otras ocupaciones que tienen en las sedes de la fiscalía donde se encuentran, en sus juzgados de instrucción o en otros juzgados de instrucción que comparten con otros compañeros, etcétera.

Por tanto pedimos este refuerzo al Ministerio de Justicia, que lo acordó. Acordó el plan de refuerzo que ha entrado en vigor no cuando entró en vigor la ley, sino con posterioridad, porque previamente fue necesario hacer un estudio de las cargas de trabajo para asignar los ochenta fiscales sustitutos, que finalmente se han asignado a las fiscalías más necesitadas de ese refuerzo laboral a través de la sustitución. Ha transcurrido el primer plazo del plan de refuerzo y la Fiscalía general ha hecho una evaluación del mismo, un acopio de los datos, y puedo decirles que, según los nuestros, son de 103.178 causas pendientes revisadas, un dato que hay que poner en relación con las fiscalías que han recibido el refuerzo, porque de todas las demás fiscalías una buena parte de todas las del territorio no han recibido refuerzo alguno, y han revisado unas cifras que todavía no puedo darles con certeza, pero que son parecidas o análogas a esta. De esas 103.178 causas pendientes revisadas se ha archivado el 16 %; el 70 % se ha declarado causa sencilla y el 30 % causa compleja, que requiere un plazo prolongado, dieciocho meses de instrucción. El 16 % de archivos -he oído que se sugería aquí- no es alarmante, no son archivos por impunidad, puesto que no han transcurrido los plazos todavía; no, ese 16 % de archivos es, digámoslo así, una limpieza en los juzgados que tenían las causas pendientes. Se archivan porque no hay indicios, porque no prosperan o porque finalmente, al dirigir su estrategia acusatoria el fiscal entiende que procede ya, en este momento, el archivo, de manera que quedamos con lo más relevante: lo sencillo, el 70 % y el 30 % de causas complejas.

Se ha hablado también de la posibilidad de impunidad. La fiscalía entiende que no existe esta posibilidad de impunidad más allá del transcurso de los plazos de prescripción que siempre han existido. ¿Por qué? Porque la ley establece la posibilidad de prórroga de plazo de seis a dieciocho meses, y luego la posibilidad de petición de un plazo ulterior, de una ampliación sin sujeción a término. De manera que en última instancia podemos situarnos en un plazo de instrucción indeterminado finalmente, como ha existido tradicionalmente hasta ahora. La circular de la Fiscalía General del Estado que se dictó para facilitar la labor de revisión de los fiscales, y para interpretar todos los criterios posibles favorables a la aplicación de la norma y favorables también al mantenimiento de las tesis acusatorias, está dando solución a los


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problemas que puedan plantearse. Entendemos que no existe, salvo casos marginales de prescripción, ese riesgo de impunidad, entre otras cosas porque los fiscales se han visto muy concernidos, muy comprometidos, tienen un alto sentido de su responsabilidad en este sentido, y la están aplicando para evitar que en el transcurso de los plazos disminuyan nuestras posibilidades acusatorias, que como digo son pocas, puesto que pueden pedirse diligencias de prueba en otro trance y pueden ser además reproducidas en el acto del juicio oral, pero sobre todo porque estamos trabajando y esperamos poder cumplir este plazo. Aunque desde luego con el sobreesfuerzo de los fiscales territoriales, que a veces no dan de sí para otras responsabilidades que también se han puesto aquí sobre el tapete.

En relación con esto me han preguntado varias de sus señorías por el problema de LexNET, el expediente digital y la situación en que se encuentra la fiscalía. También aquí existe un lugar común, es una verdad gastada: el compromiso de todos con el expediente digital, las nuevas tecnologías, la modernización de la justicia, que pasa desde luego por ese expediente digital y por la comunicación electrónica que agilice todo el sistema de comunicaciones. Como han visto en la primera diapositiva que hemos puesto para la fiscalía esto es muy complicado, porque no tenemos un sistema tecnológico que soporte la actividad con suficiente interoperabilidad. Pero nuestra actuación como he dicho ha sido de máxima colaboración con el Ministerio de Justicia y con las doce comunidades autónomas con competencias transferidas para que este proyecto y cualesquiera otros de modernización puedan ver buen puerto, puedan avanzar debidamente. Esa colaboración se ha expresado en un doble sentido: por una parte los equipos del ministerio y de la Fiscalía General del Estado están en contacto permanente para resolver los problemas que existen y para comunicar esos problemas. La comunicación se ha establecido en ese nivel, y también en un nivel de rango superior entre la propia fiscal general del Estado, yo misma, y el ministro de Justicia, al que he remitido informes periódicos de la situación en la fiscalía. Uno de ellos finalmente, puesto en comunicación en una reunión de los respectivos equipos poco antes de la entrada en vigor de la ley, del 1 de enero, puso de relieve la imposibilidad de la fiscalía de asumir con carácter generalizado la implantación de LexNET, y por lo tanto se acordó de común acuerdo limitar esa funcionalidad de LexNET en las fiscalías del territorio ministerio a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso-administrativo y social, y a un juzgado de instrucción por cada una de las fiscalías. Con el tiempo se ha ampliado a cuatro juzgados más en todo el territorio ministerio. Por lo tanto es una implantación y una experiencia funcional limitada de LexNET en el ámbito de las fiscalías. Esta experiencia limitada tenía como finalidad detectar las posibilidades de la fiscalía, detectar fallos del sistema, posibles disfunciones y posibles ampliaciones de la funcionalidad. Detectado esto en los pilotos, la experiencia que se puede concluir es que no estamos en condiciones de ampliar esta funcionalidad hoy por hoy. Por otra parte, el ministerio trabaja activamente en ampliar nuestras posibilidades para aumentar a su vez la funcionalidad del sistema dentro de las fiscalías, pero hoy por hoy no, porque no estamos integrados en el expediente digital. Se trabaja activamente por la integración de la fiscalía en el expediente digital que trabaja el Ministerio de Justicia. El día 28 tenemos una reunión para fijar posicionamientos comunes en este sentido. En el expediente digital nuestro compromiso es total; tenemos que integrarnos en ese expediente desde el primer momento para que no existan en el futuro los desfases en que ahora se encuentra la fiscalía con respecto al soporte tecnológico de los juzgados -de los órganos judiciales-, y sobre todo para que superemos de una vez por todas la situación endémica que históricamente arrastra la fiscalía con sus sistemas de gestión, de actuación y de tecnología.

Hemos trasladado al Ministerio de Justicia en nuestros sucesivos informes cuál es nuestra situación, cuáles son nuestras necesidades y requerimientos. Esta es una forma de colaborar. En algunos medios de comunicación se ha sido visto como una crítica o como una descalificación por parte de la fiscalía de un proyecto del Gobierno o del Ministerio de Justicia. Yo no lo veo así, yo veo que esta es una colaboración institucional leal para que todos podamos avanzar en la modernización que todos los agentes de la Administración de Justicia necesitamos. Por otra parte -así se lo he trasladado al ministro de Justicia, que por su parte me ha indicado que está completamente de acuerdo conmigo- no estamos hablando de medios materiales, no estamos hablando de recursos tecnológicos, o por lo menos no exclusivamente. Solo anecdóticamente hablamos de eso. Estamos hablando de procesos y procedimientos. En la medida en que LexNET o el expediente digital se incorporan a los procesos judiciales son procedimientos, son procesos, son normas procesales, y por tanto se integran en el régimen de derechos y garantías de los ciudadanos. Los fiscales tenemos que trabajar respetando esos derechos y garantías de los ciudadanos, y además tenemos la función de respetar derechos y garantías, y por tanto de trasladar los requerimientos y necesidades funcionales de nuestra institución a las administraciones públicas encargadas de darle


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soporte, para que adopten las soluciones más convenientes respecto de nuestra mejor funcionalidad. El ministro de Justicia me ha dado garantías personales de que así lo va a hacer, y seguimos trabajando en esta línea.

Me han preguntado por la justicia universal, tema fundamentalmente legal. Se reformó la ley y tuvimos que adaptar nuestras intervenciones en algunos procedimientos a las reformas legales. Aquí mi equipo ha recogido algunas sentencias del Tribunal Supremo -de 6 y 8 de mayo de 2015 y de 15 de septiembre de 2015- relativas a los casos del Tibet y del genocidio de Ruanda, que declaran que esta modificación legal es constitucional, es válida; la han aplicado y nosotros tenemos que adaptarnos a ello. En el caso del genocidio del Tibet -por decir uno en concreto- puede pensarse que la postura de la fiscalía era limitativa de las pretensiones de las víctimas, pero también decíamos que no queremos alentar falsas expectativas, porque con nuestra legislación no existía ninguna posibilidad de éxito. Otras causas de jurisdicción universal siguen abiertas. Pienso en la causa por el asesinato del padre Ellacuría y otros jesuitas en El Salvador, donde la fiscalía informó favorablemente las pretensiones de una jurisdicción universal.

Respecto a las pretensiones de la magistrada Servini en relación con la muerte de Lluís Companys y otras causas que se han planteado, y sobre las que la señora Servini plantea determinados requerimientos, tengo que decir en primer lugar que dichos requerimientos no han sido tramitados por Interpol, porque según la propia Interpol estaban defectuosamente cursados. En segundo lugar tengo que recordar que la Ley de Amnistía de 1977 también ha sido declarada vigente, legal, está en funcionamiento y no permite a los tribunales españoles enjuiciar los casos que estaban amparados por la Ley de Amnistía. Puede pensarse lo que se quiera de ello, pero el ministerio fiscal tiene que trabajar con este presupuesto, también con el presupuesto del fallecimiento de alguna de las personas que pudieran estar concernidas por estos requerimientos, que como digo la propia Interpol ni siquiera ha cursado.

No quiero dejar sin contestar nada. Me han preguntado por la oficina fiscal y esta es una de nuestras necesidades, porque como he dicho nuestras posibilidades de organización son muy pocas. Como he dicho necesitamos una organización porque nosotros no somos gestores, sino fiscales; somos expertos en acusar y en defender derechos y libertades en los procedimientos de toda índole, pero no somos expertos en autoorganización. Pero ya digo, con tan pocos funcionarios, con tan pocos fiscales las posibilidades de organización están limitadas a hacer un puzle pero nada más, las piezas tienen que encajar en un sitio o en otro. Necesitamos más efectivos para una mejor organización de nuestras oficinas y de nuestra actividad. Desde luego la oficina fiscal es una posibilidad de rentabilizarla; la experiencia está en Ceuta, en Murcia y creo que también de Cuenca, y esperamos poder generalizarla. Pero no depende solo de nosotros, depende de las comunidades autónomas y del Ministerio de Justicia, y de que pongan efectivos. Hay un manual de puestos de trabajo y un manual de actuación que creemos que se puede implantar con más celeridad de la que estamos viendo para implantar este recurso.

Unidades de investigación en las fiscalías. Por supuesto en mi comparecencia previa, antes del nombramiento, propugnaba este recurso, creación de secciones de investigación en todas las fiscalías para acelerar la tramitación de las causas, y facilitar y dar mayor calidad técnica a las actuaciones del fiscal en esta fase de investigación y también a las de los juzgados de instrucción, puesto que si tuviéramos esas unidades técnicas con incorporación permanente de efectivos policiales, de cuerpos y fuerzas de seguridad y también de técnicos y peritos de la Administración del Estado en distintas ramas, trabajaríamos mejor. Pero hasta ahora este deseo no se ha visto generalizado. Contamos con secciones o con unidades de policía permanentemente adscritas en algunas fiscalías -en la de Barcelona, en la de Valencia-; contamos con una unidad de policía y de agentes forestales en la Unidad Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado -que da muy buenos resultados-, que está centralizada en Madrid, teniendo en cuenta que esa fiscalía no lleva directamente casos -lleva muy pocos, los de mayor envergadura-, sino que casi todos los casos se llevan en las fiscalías territoriales, con el apoyo de estas unidades especializadas que radican permanentemente adscritas a la Unidad Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid. También permanentemente adscrita tenemos una unidad en materia de extranjería, pero solo en la Fiscalía General del Estado. Esta es una necesidad del ministerio fiscal que avanzaría, que daría calidad a nuestras investigaciones, y que nos aproximaría a ese modelo de investigación dirigida por el ministerio fiscal. Para que sea más creíble ese modelo, para que sea más eficaz, para que pueda asumirse en perfectas condiciones, necesitamos este recurso que es un recurso de las investigaciones en todo sistema de justicia penal moderna. Creo que el señor Campo no había hecho más preguntas.


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En relación con la anticorrupción me han preguntado por las conformidades, que yo dije que las controlaríamos para que fueran siempre asumibles por la ciudadanía. En esto estamos. Existe en la Fiscalía Anticorrupción un protocolo de conformidades. Cuando algún acusado planea la conformidad o ve posibilidades de obtener esa conformidad, viene a la fiscalía y su defensa tiene que ajustarse a ese protocolo de conformidades, que se aplica por igual en todo el territorio, puesto que los casos de anticorrupción están bajo la supervisión del fiscal jefe anticorrupción en todo el territorio. En ese protocolo de conformidades -la ciudadanía puede saberlo- se priman la restitución del dinero y la colaboración con la justicia para la identificación de otros hechos o de otros responsables de los mismos hechos. Esto ya son circunstancias de atenuación de la responsabilidad penal en nuestro Código Penal, pero desde luego para obtener una conformidad primamos estas cuestiones: la recuperación del dinero, de los fondos y la colaboración con la justicia. Si no ofrecen esa colaboración no existen esas conformidades.

En relación con la lucha contra la corrupción también algunas de sus señorías me han planteado la cuestión de incentivar las denuncias y de proteger a los denunciantes, que se ven muchas veces acosados -también les ocurre esto a los fiscales anticorrupción- por el entorno de los acusados o por el de los delincuentes. Pues bien, desde luego que sí, y estas son iniciativas que sus señorías deben valorar en los debates parlamentarios para incentivar la autodenuncia. Normalmente no hay que confiar mucho en la autodenuncia, pero sí está previsto respecto de alguna de las modalidades de cohecho en nuestro Código Penal cuando el particular ha accedido episódicamente o sin habitualidad a los requerimientos de dádiva del funcionario público. Esto debería extenderse a otros ámbitos delictivos para que también los que han participado en el delito, pero con carácter episódico, se vieran beneficiados de una exención de pena o en algún caso de una atenuación, pero la exención de pena sería un incentivo a barajar y valorar, porque más vale eximir de pena al que finalmente colabora con la justicia y obtener así una denuncia, un descubrimiento de los hechos.

También hay que incentivar, como alguna de sus señorías ha apuntado, la denuncia que procede de quienes, sin haber participado en el delito, lo conocen y temen denunciarlo por su proximidad a los autores, porque trabajan en el mismo ámbito empresarial o administrativo. En definitiva este es un ámbito que debemos incentivar. ¿Cómo? Hay modelos en el derecho comparado. En el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluso se paga a quienes denuncian hechos anticorrupción, aportando información relevante; incluso tengo entendido que se paga la denuncia de fraude fiscal garantizando el anonimato del denunciante. Desde luego en nuestro sistema debe garantizarse la protección de víctima y sobre todo de testigos en este ámbito anticorrupción para incentivar las denuncias. Nosotros utilizamos incluso la denuncia anónima cuando tiene requisitos de fiabilidad suficientes, y podemos hacer, conforme a las pautas de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, un juicio de ponderación reforzado, de proporcionalidad a la hora de abrir nuestras investigaciones, incluso con denuncias falsas que aportan información precisa y relevante, pero se podría seguir en este camino. Por lo tanto me preguntan si creo que de verdad somos magistratura de amparo al proteger a los testigos y denunciantes, no sé si lo somos, pero deberíamos serlo más. Todos los testigos, todos los denunciantes de delitos contra la corrupción o cualquier otro tipo de delitos merecerían un mayor amparo por parte del sistema de justicia. Los testigos y las víctimas cuando deponen en los juicios orales tienen esa victimización secundaria que intenta atajar el Estatuto de la Víctima. La Ley del Estatuto de la Víctima tiene disposiciones relevantes en este sentido, pero que debemos aplicar en la práctica diaria de los juzgados y los tribunales.

Aunque luego vuelva con preguntas de otras señoras y señores diputados voy a dar contestación a las que varios de ustedes me han hecho sobre la causa del 9-N. Sobre esto me preguntan: ¿se debe dar respuesta judicial a problemas políticos? No. Los problemas políticos deben resolverse políticamente y eso compete a los órganos, a las instituciones y a quienes encarnan responsabilidades políticas. La justicia y la fiscalía solo pueden actuar conforme a la normas que les da el ordenamiento jurídico: en primer lugar, la Constitución, y después el Código Penal. Nosotros nos atenemos a esas y a otras normas, pero en concreto al Código Penal, que prevé delitos de desobediencia, de rebelión, de sedición, entre otros muchos. En concreto sobre la causa del 9-N se ha hablado de cambio de criterio del ministerio fiscal. El ministerio fiscal no ha cambiado en esta causa de criterio nunca. La formación de la voluntad procesal del ministerio fiscal es una cuestión secundaria o accesoria, porque se forma la voluntad de criterio conforme a las pautas que establece el estatuto orgánico, y en este caso así se formó. Yo no estaba al frente del ministerio fiscal pero sí estaba en la Junta de Fiscales de Sala, que apoyó la decisión del anterior fiscal general del Estado -por unanimidad, excepto con matizaciones por uno de los integrantes de los 27 miembros de esa junta- de la interposición de una querella. Las observaciones u objeciones de


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la Fiscalía Superior de Cataluña no pasaron el filtro de la Junta de Fiscales de Sala, que es el órgano técnico de máximo rango de nuestra institución.

Cuando accedí al cargo tomé contacto con los fiscales responsables de la Fiscalía Superior y decidí apoyar su criterio con un fiscal designado al efecto que pudiera llevar adelante, junto con los de la Fiscalía Superior expresamente asignados, este procedimiento. Sometí a la consideración del fiscal superior y del teniente de la Fiscalía Superior la decisión personal de continuar llevando el asunto o de manifestarme alguna objeción a su llevanza y los dos estuvieron conformes en continuar con la tramitación y la llevanza del asunto bajo los criterios de dirección que asumían una vez conocido el parecer del fiscal general anterior y de la Junta de Fiscales de Sala. La tramitación ha continuado completamente normal. Se ha dicho aquí que con mucha celeridad. Yo creo que no ha habido celeridad. Ha pasado más de un año en la tramitación de un procedimiento que por otra parte se ha ralentizado porque había muchas acusaciones particulares y se procedió a la sindicación de las mismas. Se pidieron diligencias por parte de la fiscalía, el magistrado juez de instrucción las ha acordado y en el curso de esas diligencias se han encontrado evidencias e indicios que no han hecho cambiar el criterio de la fiscalía, que no existían o que no habían sido conocidas y valoradas por parte de la fiscalía contra el señor Homs. Estas evidencias y estos indicios son los que han determinado la solicitud de traslado de la causa, puesto que ahora es diputado y aforado, al Tribunal Supremo. Así lo ha acordado también el magistrado instructor.

Hay más evidencias, no digo contra otras personas, sino de que se actuó en contra de las resoluciones notificadas por parte del Tribunal Constitucional. El delito de desobediencia no es el único que se imputa y por el que se investiga, pero sí el primero de ellos que se menciona. Evidencias de esta desobediencia, entre otras muchas, son la imposición, por ejemplo, de sanciones disciplinarias a medios de comunicación que se negaron a emitir publicidad de la consulta, y esto con posterioridad al dictado de las resoluciones del Tribunal Constitucional que prohibieron la celebración de la consulta y que evidencian a juicio de la fiscalía o que por lo menos sirven de fundamento a las imputaciones que hoy por hoy está formulando la fiscalía, aunque no se han materializado en un escrito de acusación. Son estas y otras muchas que evidencian, digo, la participación activa de las personas que posiblemente resulten finalmente acusadas por la fiscalía. Veremos qué dice el Tribunal Supremo respecto de las evidencias que presentamos en relación con el señor Homs.

Se ha hablado también de tortura, de si no se han investigado cuestiones de tortura. Es cierto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a nuestro país en seis ocasiones por una investigación insuficiente de algunos casos de tortura. Creo recordar que la Fiscalía del Tribunal Constitucional había informado también en ese sentido en los previos recursos de amparo. En cualquier caso, el compromiso del ministerio fiscal es la investigación hasta las últimas consecuencias de todos los casos en que tengamos conocimiento de tan execrable crimen y de que hay que investigarlos con todos los medios a nuestro alcance. Algunas veces esos medios a nuestro alcance fallan, tienen un tope y no podemos seguir investigando porque o bien los hechos han prescrito o bien no existen fundamentos suficientes conforme a nuestro ordenamiento jurídico para dirigir la imputación contra personas determinadas.

Los delitos de odio. Me preguntan qué hemos hecho por los delitos de odio aparte de especializar la actividad. Esto parece que es poco, pero es bastante, porque al especializar la intervención de los fiscales se facilita la identificación de los casos, que, como he dicho, pueden pasar desapercibidos en unos insultos ordinarios entre personas, en lesiones o en otro tipo de actos de acoso, que pasan desapercibidos no como infracciones penales, pero sí como delitos de odio, en cuanto a su finalidad de incitación al odio, a la violencia o a la discriminación. Con esto se han incrementado las denuncias y los procedimientos. Las investigaciones siguen el curso de las investigaciones individuales y, por desgracia, el curso entorpecedor o entorpecido que tienen las investigaciones en Internet, porque, en Internet, por ejemplo, los tuits en el asunto lamentable y desgraciado de Germanwings -desgraciado no solo en cuanto al trágico accidente sino a la existencia de estos tuits, por supuesto al accidente también- no se han podido identificar todos. Se ha trabajado mucho en esa identificación. Los que han podido tener alguna identificación o localización se han remitido a las fiscalías territoriales de las que procedían, incluso se ha cursado alguna comisión rogatoria para la identificación en Estados Unidos. Esto mismo ha ocurrido también recientemente con delitos de odio detectados de la misma manera o con la misma traza, pero contra miembros de la comunidad judía, delitos de antisemitismo, con motivo del reciente partido de baloncesto del Tel Aviv. Sobre esta cuestión está informando en estos días nuestro Gobierno en Ginebra, sobre la lucha contra delitos de odio. Informa el fiscal de Sala delegado de esta materia, don Alfonso Aya. Debemos fomentar


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la colaboración de las entidades que soportan Twitter, Facebook, etcétera, para que desde ahí accedan desde Estados Unidos, a las que muchas veces nos remiten las comisiones rogatorias, y a los tribunales de Nueva York y de Santa Bárbara para que accedan a la identificación de los autores, puesto que este es muchas veces el principal inconveniente para la lucha contra este tipo de delitos que, insisto, nos conciernen por lo que tienen de atentado, además de a bienes e intereses individuales, a los principios básicos de nuestra convivencia y de nuestra sociedad.

Me han preguntado por qué no nos pronunciamos con la misma intensidad respecto de unas u otras reformas legales. Nosotros nos pronunciamos si nos piden información en el trámite previo. Después, los fiscales, individual y asociativamente, pueden expresar libremente sus opiniones sobre las leyes, pero la Fiscalía General del Estado no hace ni una crítica ni un aplauso de las leyes. Se hacen muchas críticas y aplausos en cursos de formación, casi siempre desde el punto de vista técnico.

Me ha preguntado la señora Rosell por el acceso a las carreras judicial y fiscal. Existe una comisión de selección mixta entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial que intenta depurar estos criterios de selección y estudia la forma de selección. Eso puede cambiar y mejorarse, pero, si me preguntan mi opinión, creo es muy importante que las pruebas de acceso sean de alto nivel, que se exija a nivel técnico-jurídico cuantos más conocimientos fueran necesarios para el ejercicio de la actividad judicial y fiscal, pero con alto nivel, puesto que nuestro ordenamiento jurídico es muy complicado y la mayor garantía -también lo he apuntado varias veces hoy- de una correcta aplicación de la justicia es el conocimiento de las leyes. No es la única, pero es una buena garantía. ¿Hay un sesgo ideológico? No sé cómo podría controlarse o constatarse si es que lo hay. Es importante que las universidades arrojen buenos profesionales en el ámbito del derecho, pero hablamos de una especialización y de una profesión muy concreta, la fiscal y la judicial, que requiere una cualificación muy específica.

Se dice que el Consejo Fiscal no es un órgano conocido por la ciudadanía en su origen, en su composición. Es un órgano mayoritariamente representativo que procede de la representación que las asociaciones fiscales tienen en nuestra institución. Actualmente, están representadas la Unión Progresista de Fiscales, con tres miembros, y la Asociación de Fiscales, con seis; esta última tiene mayor representación porque tiene un mayor peso en nuestra institución. Hay otra asociación de fiscales independientes que no logró ningún representante en el Consejo Fiscal. Hay tres miembros natos: el fiscal general y el teniente fiscal y el fiscal inspector del Tribunal Supremo. Está previsto que las decisiones y las intervenciones del Consejo Fiscal accedan al portal de transparencia de la Fiscalía General del Estado. De todas maneras hay un tuit del Consejo Fiscal y las asociaciones siempre emiten un comunicado de cada consejo fiscal a sus respectivos asociados y a toda la carrera. Creo que deben formar parte de nuestro portal de transparencia las deliberaciones del Consejo Fiscal y los acuerdos que allí se toman.

Me han preguntado si la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga delitos de rebelión, de sedición o si imputa. Solamente en esa investigación se dirigen contra una persona determinada en el ayuntamiento de Vic. No se dirigen por las declaraciones políticas de adhesión a la resolución parlamentaria del 9-N, sino por actividades de incitación a la rebelión o a la sedición en concreto de un solo señor, no contra todos. Hay unas investigaciones por otro tipo de actuaciones, pero no se ha abierto ninguna diligencia por esas adhesiones de muchos ayuntamientos de Cataluña a aquella declaración.

Me han preguntado por las visitas de inspección a los centros de internamiento de extranjeros en Valencia. Me pasan datos concretos los miembros de mi equipo. Se hicieron dos visitas en 2014. Este es el dato que consta en la memoria en la Fiscalía de Valencia, en la página 92. Esto está disponible en fiscal.es. Las visitas, dos en la Fiscalía de Valencia, pueden parecer muy pocas y a mí me parecen muy pocas, pero tengo que añadir a este dato las que se hicieron a los centros de internamiento, a los centros penitenciarios, a los centros de protección de menores, a los centros de internamiento y de medidas de privación de libertad en la justicia juvenil. La verdad es que tenemos que hacer un calendario de visitas a centros. En el protocolo de visitas a centros de internamiento, CETI, los de menores muy en particular, me consta que se recomienda que las visitas se realicen por dos fiscales, puesto que es el protocolo habitual o recomendable. No siempre podemos hacerlo, pero necesitamos hacer un calendario y estas son nuestras divisiones para acometer las tareas que tenemos encomendadas. No podemos cumplir más, pero en concreto ese CETI de Valencia se visitó ese año en dos ocasiones.

Me han preguntado por casos de discriminación lingüística. El señor Tardà, en comparecencias del fiscal general del Estado anterior, de Eduardo Torres-Dulce, le planteó unos casos y me dicen que todos ellos fueron respondidos al señor Tardà. Yo digo lo mismo. Todas las que me puedan trasladar serán puntualmente respondidas con qué es lo que ha hecho la fiscalía y qué resultado procesal han tenido o


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están teniendo cualesquiera denuncias por discriminación lingüística. Ahora mismo no tengo este dato. Si ustedes me lo facilitan, me comprometo a dar una respuesta de las incidencias y resultado procesal de esas denuncias de discriminación lingüística, por escrito y a la menor brevedad posible, y, por supuesto, a incentivar los casos que hayan quedado atascados o que no hayan tenido una respuesta satisfactoria.

El señor Gómez, de Ciudadanos, me ha dicho que nuestras críticas a la falta de medios eran tibias. A lo mejor son tibias porque son reiteradas y ya estamos cansados de decirlo siempre. Todas las administraciones que son competentes en materia de justicia saben que constantemente estamos reivindicando medios, recursos, personal, ampliación de plantillas y mejor organización.

En el régimen disciplinario me han preguntado por qué no se activa en el ámbito de la fiscalía. Sí se activa, son muchas las denuncias que se reciben al año y que dan lugar a diligencias informativas. Tengo que comprobar que solo hayan sido cuatro en 2014, pero se han abierto un número superior de diligencias informativas en la inspección fiscal. Lo que ocurre es que la mayoría de los casos terminan con un archivo, esto es verdad. En el año 2015 se han materializado tres expedientes disciplinarios contra tres fiscales. Como digo, nuestro régimen disciplinario precisa de una reglamentación. No se aplica el reglamento del año 1969, un reglamento que, por cierto, se remite en muchos puntos al del año 1927. No. Aplicamos el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que tiene un régimen disciplinario. Lo que no tiene el estatuto orgánico y ese régimen disciplinario es un desarrollo reglamentario, pero sí aplicamos también por analogía las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la medida en que son más garantistas, y el procedimiento administrativo general en lo que pueda ser para subsanar las deficiencias reglamentarias. Como digo, se han resuelto tres expedientes disciplinarios durante el año 2015, no sin dificultades, pero se han resuelto.

Han preguntado por la desigual actuación en violencia de género. Vamos a investigar esto a ver si efectivamente hay una desigual actuación en el territorio, según los datos de la memoria. No he tenido información al respecto, pero las actuaciones de los fiscales pueden ser objeto de mayor coordinación. ¿Cuándo retiramos la acusación? Cuando no tenemos prueba. Las retiradas de acusación proceden de la insuficiencia de prueba. Muchas veces la insuficiencia de prueba procede de la retirada de la denuncia o de las imputaciones que realiza la propia víctima. Aquí tenemos un tema pendiente, que es el artículo 416, el ámbito y la amplitud que se da a esa licencia para no prestar declaración que tienen los próximos parientes y, en concreto, en el caso de las víctimas de violencia respecto de sus parejas o exparejas. Ellas, las víctimas, se acogen a esta licencia a no declarar del artículo 416, por lo que nos encontramos con una falta de prueba, pero eso no quiere decir que la fiscalía no actúe de oficio. Cuando tenemos elementos probatorios continuamos con la investigación para acopiar más y muchas veces mantenemos las acusaciones pese a la declaración contraria de la víctima o a la ausencia de declaración de la víctima. El resultado, desde el punto de vista probatorio, es más endeble, pero seguimos adelante siempre que podemos y hay condenas cuando es posible, incluso en estos casos.

Me pregunta la señora Moro si algunas de las reformas que se han acometido en la pasada legislatura son positivas. Tengo que decir que sí, el Estatuto de la víctima es una de ellas, las leyes de protección de la infancia -las dos, la orgánica y la ordinaria- se han acometido con un amplio consenso parlamentario y están dando buenos resultados en la mejora del sistema de protección. También la Ley de Jurisdicción Voluntaria tiene buenos resultados, aunque, como he dicho, tiene muchas exigencias de presencia en los juzgados y en las diligencias de jurisdicción voluntaria por parte del fiscal y no siempre podemos atenderlas todas. A la necesidad de optimizar nuestros recursos respondía la circular y, sobre todo, la instrucción 2/2015 sobre jurisdicción voluntaria.

¿Se ha dado respuesta suficiente a la regulación de la segunda instancia? Con esto también contesto a otra pregunta sobre por qué ponemos tan pocos recursos en comparación con las sentencias absolutorias que hay. Porque nuestro sistema procesal no permite la interposición de recursos contra sentencias absolutorias. El margen de recurribilidad de una sentencia absolutoria es hoy, merced a la aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, muy pequeño y, por lo tanto, no permite, por la discrepancia de criterio del ministerio fiscal, plantear recursos de apelación que sabemos que estarían llamados al fracaso.

En cuanto a la terminología respecto a las provincias vascas, estoy de acuerdo con la adaptación de esa terminología. Por lo que se refiere al tratamiento diferente que se dispensa a la Ertzaintza, me lo han planteado en relación con dos cuestiones: si hay una interacción entre las distintas policías, las policías autonómicas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Creo que en general la cooperación es muy buena, se trabaja muy bien, tenemos un sistema policial muy bueno, muy efectivo en nuestro país y hay una


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intercomunicación entre todas las policías. Es verdad que las policías autonómicas no tienen acceso a todas las bases de datos, pero porque no operan al mismo nivel de rango internacional, aunque sí tienen acceso y operatividad en relación con el CICO y con Interpol. Considero que esta cuestión ha de plantearse en la Comisión Nacional de Policía fundamentalmente, en la que creo que ha surgido en alguna ocasión.

Se ha hablado de denegación de auxilio judicial se dice que por falta de confianza en nuestra justicia por parte de autoridades extranjeras. Mis informaciones no se compadecen con esta afirmación. Al contrario, varias veces a lo largo de este año -y solo llevo un año y tres meses al frente de la Fiscalía General del Estado- he recibido felicitación de autoridades extranjeras del ámbito de la Unión Europea por la actuación de la fiscalía en la ejecución de comisiones rogatorias y por tanto de auxilio judicial, concretamente de Francia, del Reino Unido y también de Bélgica. En consecuencia, no me parece que esto responda exactamente a la realidad, si bien no conozco todos los datos ni si existe alguna desconfianza puntual que a mí personalmente o a la Fiscalía General del Estado no ha llegado, de manera que la cooperación internacional creemos que se cumple con bastante satisfacción, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, pero también en el ámbito de los países iberoamericanos, porque estamos integrados en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que favorece el contacto entre todas las fiscalías de los países iberoamericanos. Finalmente, la cooperación internacional se ha demostrado en materia de trata de personas. Una de las mayores y más importantes investigaciones ha sido el desmantelamiento de una red en Paraguay y en España, merced a una investigación conjunta de las fiscalías española y paraguaya y de los juzgados correspondientes.

Me han preguntado por las filtraciones en los sumarios. Creo que se debe hacer todo lo posible por evitar esto y que trasciendan al público informaciones secretas que perjudican el avance de las investigaciones o la seguridad de las pruebas. Esto es o puede constituir un delito de revelación de secretos y la fiscalía se compromete a investigarlo, pero también, como sabemos, la experiencia demuestra que la investigación tropieza muchas veces con el derecho de los medios de comunicación a emitir información veraz y sobre todo con el derecho de los periodistas a guardar secreto sobre el origen de sus fuentes. Ese derecho debe garantizarse por un lado y, por otro, nosotros intentaremos investigar, cuando se abre una investigación así se hace, pero rara vez ha tenido resultado a la hora de identificar concretamente a la persona obligada a guardar secreto que ha realizado esa filtración.

También se ha planteado aquí el motivo por el que la fiscalía ha recurrido la pitada al himno. Porque entendemos que esta pitada generalizada, masiva, orquestada y organizada puede ser constitutiva de uno de los delitos de nuestro Código Penal: el ultraje a los símbolos nacionales y concretamente al himno. Personalmente creo que otros símbolos nacionales, como una bandera, que es una tela, puede romperse y quemarse y así se puede ultrajar. El himno es una sucesión de acordes y se puede ultrajar con disonancias y con actividades despectivas y ultrajantes, que, así entendíamos, constituyó la pitada al himno que se investigó en la Audiencia Nacional, que se archivó por uno de los jueces centrales y que nosotros hemos recurrido conforme a las pautas y a la interpretación literal del precepto del Código Penal que castiga los ultrajes a la bandera, al himno y a otros emblemas y signos nacionales.

También me han dicho que una vez en mi intervención de enero de 2015 hablaba de un Estado fragmentado. Si dije esas palabras, era un error lingüístico. Quería decir ordenamiento fragmentado y a lo mejor equivoqué Estado y ordenamiento y entonces les pido disculpas. He utilizado muchas veces la expresiones fragmentado y fragmentario aplicadas al ordenamiento, que es lo que nos dificulta muchas veces a los fiscales -y a los profesionales en general- conocer un ordenamiento fragmentado, sectorial, diversificado por las reglamentaciones autonómicas y locales, pero la fragmentación la refería al ordenamiento, a las leyes y a las disposiciones, no al Estado, que es un Estado autonómico, como sabemos, con otro tipo de problemas, pero si empleé el adjetivo fragmentado en relación con el Estado, era un error y por eso pido disculpas.

Pido perdón por la demora y la extensión de esta comparecencia. Si alguna de sus señorías tiene alguna pregunta puntual que no haya sido contestada o si desean trasladarme alguna información o inquietud al respecto, contestaremos por escrito a la mayor brevedad posible.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora fiscal general del Estado.

Damos igualmente las gracias a las señoras y señores diputados que han asistido a esta sesión, a los miembros de la secretaría técnica, al fiscal de Sala jefe, al teniente fiscal y al resto de los miembros que


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nos han acompañado en esta comparecencia, así como a los servicios de la Cámara y a la señora letrada que nos ha asistido.

Se levanta la sesión.

Eran las nueve y quince minutos de la noche.

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