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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 42, de 12/04/2016
cve: DSCD-11-CO-42
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 42
CULTURA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL
Sesión núm.3
celebrada el martes,
12 de abril de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias:

- Del señor presidente del Conca, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya (Duarte i Montserrat), a efectos del proceso de comparecencias abierto en la Comisión de Cultura. A petición de los Grupos Parlamentarios Catalán (Democràcia i Llibertat) y de Esquerra Republicana. (Número de expediente 212/000058) ... (Página2)

- De la señora presidenta de la Federación de Gestores Culturales (Velasco Rebollo), para informar sobre la situación del sector cultural en sus diferentes ámbitos. A petición del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 219/000070) ... (Página11)

- Del señor presidente de la Coalición de Industrias y Creadores Culturales (Guisasola González del Rey), para informar sobre la situación del sector cultural en sus distintas facetas. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000041) ... (Página23)

- Del señor presidente de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (Costas Comesaña), para informar de la actividad desarrollada y perspectivas de futuro de la Comisión de Cultura. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000062) ... (Página35)

Nota complementaria... (Página43)


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Se abre la sesión a las diez de la mañana.

COMPARECENCIAS:

- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCA, CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA I DE LES ARTS DE CATALUNYA (DUARTE I MONTSERRAT), A EFECTOS DEL PROCESO DE COMPARECENCIAS ABIERTO EN LA COMISIÓN DE CULTURA. A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT) Y DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 212/000058).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Buenos días, señorías. Quisiera anunciarles que al final de la Comisión necesitaría hablar un instante con los portavoces de los grupos parlamentarios. Será una cosa facilita y rápida.

Para comenzar la sesión querría presentar al primer compareciente, don Carles Duarte i Montserrat, presidente del Conca, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya. Tiene la palabra, como dijimos en Mesa y portavoces, por una duración aproximada de veinte minutos, tras los cuales sus señorías podrán hacerle las preguntas que consideren oportunas. Luego él tendrá no tanto como veinte minutos, pero sí diez o quince para contestar a las cuestiones que considere pertinentes. Sin más, le cedo la palabra y muchísimas gracias de parte de toda la Comisión y especialmente de la mía por haber acudido hoy aquí a ilustrarnos sobre cuál es la situación del sector cultural. Era lo que pretendíamos con esta ronda de comparecencias. Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE DEL CONCA, CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA I DE LES ARTS DE CATALUNYA (Duarte i Montserrat): Muchas gracias, señor presidente, miembros de la Mesa, señorías.

El Conca, el Consejo de la Cultura y de las Artes en Cataluña, fue instituido por una ley del Parlamento de Cataluña en el año 2008 y empezó a ejercer sus funciones al año siguiente. Se inspira en el principio conocido como arm's lenght, es decir, la longitud de un brazo, que evoca la noción de la distancia que el partidismo debe mantener frente a un territorio común como debe ser la cultura, que no debe convertirse en un instrumento de confrontaciones tácticas. Vinculamos nuestro origen a John Maynard Keynes, eminente economista miembro del grupo de Bloomsbury y primer presidente del Council of Arts, una institución que fue creada poco después de la Segunda Guerra Mundial. El Conca, cuya acción no queda supeditada a las legislaturas parlamentarias porque los mandatos de sus miembros son de cinco años, nace de la voluntad compartida de disponer de una institución pública que vele por la transversalidad y el apartidismo de las políticas culturales y tiene una vocación de facilitar la interacción entre el sector cultural y las administraciones.

Actualmente, el Conca elabora y difunde informes anuales sobre el estado de la cultura y una serie no menos importante de informes específicos sobre temas considerados de especial relevancia e interés, como la digitalización, el mecenazo o las enseñanzas artísticas. Por otra parte, entre otras funciones, el Conca concede los premios nacionales de Cultura en Cataluña y lleva a cabo evaluaciones estratégicas de los equipamientos culturales. Precisamente, la semana pasada dimos a conocer la evaluación estratégica de la Filmoteca de Cataluña, en un extenso documento de 170 páginas, que analizaba sistemáticamente su funcionamiento, ponía de relieve sus carencias y sus virtudes y proponía medidas de mejora. Este tipo de evaluación resulta de una gran utilidad para contrastar la eficacia del funcionamiento de los distintos equipamientos culturales y además contribuye a fijar una imagen integral del sistema de equipamientos culturales en Cataluña. El Conca trabaja para conseguir que la cultura ocupe una posición central en las políticas públicas porque entendemos que la cultura es fundamental para la cohesión y el progreso social y porque aspiramos a un modelo de sociedad basado en el conocimiento, el talento, la capacidad creativa, la innovación y la excelencia.

La cultura ha sufrido de forma severa y dramática los efectos de la crisis económica, acentuada en algunos ámbitos por la indispensable adaptación coincidente a una fuerte expansión de las tecnologías de la información y la comunicación. Las cifras son elocuentes. Se ha reducido el consumo cultural. Han disminuido los presupuestos públicos. Los estímulos al mecenazgo se han demostrado manifiestamente insuficientes. En este aspecto se impone promover una ambiciosa ley de mecenazgo. En el caso de Cataluña, desde el Conca hemos impulsado la constitución de la Fundació Catalunya Cultura, que tiene esa finalidad. Por otra parte, la presión tributaria -el incremento del IVA cultural- ha repercutido de una forma muy negativa en el teatro, en el mercado del arte y en el cine y las dimensiones descomunales de la piratería han incidido seriamente en la viabilidad de algunas de


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nuestras empresas culturales. Se impone una aplicación rigurosa de la legislación y la puesta en marcha de fórmulas imaginativas que favorezcan, a precios razonables y de forma muy accesible, el consumo cultural en el territorio digital. Se han cerrado compañías teatrales, librerías, cines, y la danza y el circo han sido duramente afectados por estas condiciones tan adversas, que han puesto en riesgo la continuidad de numerosos proyectos.

En este contexto, los profesionales de la cultura han visto agravada su fragilidad y su precariedad. Nos encontramos ante un sector bastante fragmentado y con toda una serie de singularidades que requieren la adopción de una regulación específica para su adecuada protección. El impacto de la crisis sobre el sector cultural ha implicado una reducción de su aportación al conjunto de nuestra economía, que a pesar de todo sigue siendo superior al 2% y significativamente mayor que la de otros sectores a los que políticamente se presta una gran atención. Sin embargo, de los resultados de una encuesta realizada por el Conca entre los profesionales de la cultura se desprende que solo el 16% supera los 25.000 euros de ingresos anuales brutos procedentes de su actividad cultural.

No basta con incluir a la cultura en el discurso político general. La cultura no es un lujo prescindible: es configuradora de nuestra personalidad colectiva. Es el espejo en el que nos reconocemos, en el que nos identificamos, desde el que nos proyectamos al mundo, en el que nos interrogamos y nos interpelamos críticamente. La Unesco aprobó en 1980 en Belgrado la Recomendación relativa a la condición del artista, que afirma que las artes, en su acepción más amplia y completa, son parte integrante de la vida y que es del todo necesario y conveniente que los Gobiernos contribuyan a crear y mantener no solo un clima propicio para la libertad de expresión artística, sino también las condiciones materiales que faciliten que este talento creador se manifieste. Desde el Conca consideramos que el sector profesional debería disponer, como se han propuesto otros países, de un estatuto profesional que definiera un marco general de estímulo y protección. Pero, sin renunciar al objetivo mayor, hemos querido plantear una serie de treinta y seis medidas concretas que incluyen modificaciones parciales y precisas de varias normativas vigentes, cuya aprobación supondría un claro paso adelante en la buena dirección. Tienen a su disposición en nuestra página web la versión en castellano del mencionado documento, desde la que lo pueden ustedes descargar libremente. Dicho informe, de unas 90 páginas, incluye un análisis comparativo y se estructura en cuatro ámbitos: el tributario, el laboral, el contractual y el formativo. Paso a relacionarles sintéticamente las propuestas que planteamos.

En cuanto a lo tributario, cabe señalar que uno de los problemas más graves se deriva de la falta de continuidad en los ingresos artísticos y del hecho de que la legislación obliga a tributar cuando se realiza el trabajo y no cuando se percibe la correspondiente retribución. Por otra parte, a menudo el creador debe tributar en un solo ejercicio un ingreso por un trabajo generado a lo largo de un periodo más largo -un novelista, un compositor, un artista visual-. Desde el Conca defendemos además la aplicación del IVA superreducido -que hoy encontramos en los libros en papel, no en los libros digitales- al conjunto de la actividad cultural. Nuestras principales propuestas en este campo son: aplicación de un IVA cultural generalizado a un tipo superreducido del 4%; reducción y simplificación de las obligaciones formales tributarias -con la eliminación del pago fraccionado del IRPF como consecuencia del establecimiento de una retención mínima en los ingresos artísticos y la adopción de una única declaración anual del IVA-; aplicación de un nuevo sistema de retenciones a IRPF -bien exención hasta un umbral de 15.167 euros o bien aplicación de una retención entre el 1% y el 2% en las actividades culturales-; aplicación del criterio de caja, es decir, que se tribute al cobrar; posibilidad de fraccionar la declaración de ingresos generados en distintos ejercicios; posibilidad de deducir los gastos de producción cuando se generen y no cuando la obra se venda; redefinición de los profesionales de la cultura -creadores, intérpretes y profesiones relacionadas- en los epígrafes del IAE, con la creación de una sola sección donde queden agrupados y que complete los epígrafes que todavía no están contemplados; aprobación de una nueva ley de mecenazgo que incluya las microdonaciones, con una deducción en este caso del cien por ciento, y que permita ampliar del 35% al 70% las deducciones del impuesto sobre sociedades y del 25% al 60% en el IRPF.

Entrando en el terreno laboral, constatamos, por ejemplo, la tendencia a encubrir una relación laboral bajo la forma mercantil o a periodos muy cortos de afiliación a la Seguridad Social. En este ámbito proponemos: mejora del sistema de retención de los artistas trabajadores por cuenta ajena para adecuarlo a los niveles de ingresos anuales -reducción al 7% el tipo fijo de retención-; impulso de un sistema de representación sindical del sector que mejore su articulación en la defensa de sus intereses; elaboración de un censo de profesionales de la cultura; impulso de un sistema de protección que compense la dificultad


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de conseguir la prestación de paro por la corta duración de algunos contratos; atención particular a los profesionales del circo y la danza dada la limitación temporal de su carrera profesional y por el riesgo de lesiones; adaptación de la situación dentro del régimen de autónomos posibilitando la cotización a tiempo parcial cuando exista una actividad paralela por cuenta ajena o aprobando un sistema de bonificaciones para los autónomos que alcancen unos ingresos mínimos; compatibilización de la situación de jubilación con una vida artística activa -un tema que recientemente ha merecido la atención de esta Comisión y que plantea situaciones graves y, en algún caso, dramáticas-; evitar el abuso de contrataciones de carácter mercantil en las relaciones laborales; incorporar al personal técnico y auxiliar al real decreto que regula la relación laboral especial de los espectáculos públicos; actualización del régimen de Seguridad Social aplicable a las relaciones laborales especiales de los artistas en espectáculos públicos, con objeto de facilitar vidas laborales con los mínimos espacios posibles de ausencia de cotización; utilizar el sistema RED para las relaciones laborales especiales de artistas.

En cuanto al ámbito contractual, recordamos la importancia de que las relaciones profesionales queden fijadas en contratos por escrito -puede sorprender que haga este comentario, pero la experiencia concreta demuestra que queda del todo justificado- y que se vele de manera rigurosa por el cumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual. En concreto, proponemos: la implicación de la Administración en el establecimiento de sistemas eficaces para favorecer las buenas prácticas contractuales; la exigencia de la formalización por escrito de los acuerdos que regulen las relaciones profesionales de los trabajadores del mundo de la cultura; el establecimiento de protocolos que fijen pautas de actuación para el entorno digital; potenciar y dotar de mayor contenido al Registro de la Propiedad Intelectual; la aplicación generalizada de la Ley de Propiedad Intelectual; modificación parcial de la citada ley en aspectos como la definición de obra de arte -artículo 10-, la supresión de la transmisión implícita de los derechos de comunicación pública -artículo 56.2- o la especificación de los casos en que pueda hablarse de obra colectiva para que no se haga de forma abusiva -artículo 8-; reforzamiento de la implicación de las entidades de gestión en la consecución de una mayor protección de los derechos de autor.

Un aspecto esencial para el fortalecimiento de nuestra vida cultural pasa por ampliar y potenciar la perspectiva cultural en todo el sistema escolar que apueste decididamente por la educación artística. En concreto, desde el Conca proponemos en este ámbito: promover un gran acuerdo a favor de la educación artística en el que se impliquen todas las formaciones políticas, el conjunto de las instituciones y la comunidad educativa y cultural; facilitar la contratación de los trabajadores del mundo de la cultura como profesorado especialista en los centros escolares; introducir la figura del docente especialista en artes en el seno de la enseñanza obligatoria; reconocer el grado a los titulados en enseñanzas artísticas superiores; facilitar el acceso a la docencia de los titulados y graduados en enseñanzas artísticas superiores; mejora de los contenidos educativos relacionados con el mundo de las artes en las enseñanzas superiores; impulso de la formación continua destinada a los profesionales de la cultura; promover nuevos bachilleratos artísticos y reforzar las prácticas en los existentes; fomentar nuevos ciclos formativos de formación profesional en el ámbito artístico; impulsar nuevos estudios superiores en profesiones que todavía no disponen de ellos, por ejemplo, el circo o la ilustración.

Con esta breve intervención me gustaría haber llamando su atención sobre la importancia decisiva y la fragilidad inadmisible de un sector clave de nuestra vida colectiva. He intentado hacerlo no solo compartiendo con sus señorías unas reflexiones teóricas en las que espero haber coincidido con buena parte de ustedes, sino sometiendo a su consideración una serie de iniciativas concretas con las que esta Cámara y el conjunto de nuestras instituciones creemos que pueden contribuir poderosamente a dar un vuelco positivo a la manera como desde los poderes públicos se da respuesta a las urgencias de los profesionales que con su talento, su inteligencia y su compromiso hacen posible nuestra realidad cultural en toda su potencia, en toda su riqueza y en toda su diversidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Voy a dar la palabra a los señores diputados. El orden de intervención será de menor a mayor. Creo que no hay ningún miembro del Grupo Mixto. Tampoco hay nadie del Grupo Vasco. Por tanto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Catalán, Democràcia i Llibertad, el señor Campuzano.


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

(Continúa su intervención en catalán).

Esquerra Republicana de Catalunya y Democràcia i Llibertad hemos compartido esta petición de comparecencia del señor Duarte, en primer lugar por lo que representa el Conca en Cataluña como institución pública que tiene esa visión global sobre el mundo de la cultura, que tiene ese mandato de facilitar la interactuación entre el mundo cultural y las instituciones públicas y, además, porque el Conca, durante estos años y singularmente en el mandato del señor Duarte, se ha caracterizado por esa voluntad de incidencia en las políticas públicas y, específicamente, porque el Conca en estos últimos tiempos ha realizado este informe, que el señor Duarte nos ha relatado, con esa perspectiva de demanda de creación de un estatuto del profesional, pero además con treinta y seis medidas concretas que afectan al ámbito social, laboral, mercantil, etcétera. Mi grupo ha tenido la impresión de que ese enfoque no ha estado suficientemente presente en los debates en el seno de este Congreso de los Diputados y, particularmente, en el seno de la Comisión de Cultura. Buena parte de nuestra agenda ha estado vinculada a las cuestiones que afectan a la Ley de Propiedad Intelectual, a la lucha contra la piratería, a los debates intensos en relación con el IVA cultural, a políticas sectoriales específicas que se pueden desarrollar desde el ministerio, a la política de financiación del conjunto de las instituciones culturales en todo el Estado por parte del ministerio, pero, en ese periodo de comparecencias que queríamos tener, nos parecía interesante abordar la situación de precariedad de muchos de los profesionales de la cultura. Recomiendo a sus señorías la lectura del informe. Quizá, señor presidente, valdría la pena que desde la Comisión, existiendo una versión en castellano, se hiciera llegar a todos los miembros de la Comisión de Cultura, porque esas treinta y seis medidas constituyen una buena línea de actuación -no sé si durante esta legislatura o la siguiente o la que sea- más allá de los aspectos que habitualmente tratamos en el seno de la Comisión. Muchas de las cuestiones que el señor Duarte nos ha planteado no corresponden tanto al ámbito competencial de esta Comisión -quizá deberían discutirse en la Comisión de Empleo, en la Comisión de Economía o en la Comisión de Hacienda-, pero es importante que en esta Comisión seamos conscientes de esa necesidad de mejorar las condiciones materiales de los creadores.

Tras esta consideración, le querría plantear al señor Duarte dos cuestiones. En algún sitio he leído que el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la cultura pone en crisis a las clases medias de los creadores culturales, que en estos nuevos formatos de negocios vinculados al mundo cultural los únicos beneficiados terminan siendo los grandes, pero que esas clases medias, que en el mundo de la cultura seguramente nunca han sido boyantes, son las más perjudicadas. Nos gustaría conocer si el señor Duarte tiene alguna reflexión en relación con este tema. Sobre la cuestión que ha sido objeto de una polémica pública en los últimos tiempos sobre la situación de creadores, de novelistas, que compatibilizaban de facto su actividad artística con su situación de pensión, ¿qué información ha llegado hasta el Conca desde el punto de vista del impacto de la campaña que hizo en su momento el ministerio para regularizar estas situaciones en las que se encuentran los escritores, al menos en Cataluña?

Por nuestra parte, solo queremos agradecerle al señor Duarte, insisto, el trabajo y la comparecencia de esta mañana.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por parte de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja.

El señor ERITJA CIURÓ: Buenos días, señor Duarte, señorías.

Simplemente querría resaltar la visión global que nos aporta el señor Duarte sobre el concepto de cultura. Recuerden que en la anterior Comisión debatíamos aspectos muy concretos, muy segmentarios: el IVA cultural, la formación en el mundo de la cultura, aspectos laborales y fiscales. Desde Esquerra y también desde otro partido, desde Podemos, se planteaba la posibilidad de integrar todo ese conjunto de debates más segmentarios en un gran debate para intentar crear un gran modelo de los valores principales de la cultura y de las necesidades de transformación del marco sobre el cual descansa la cultura, el marco legal, el marco educativo, el marco laboral... El hecho de que haya venido el señor Duarte nos indica que hay una necesidad real e imperiosa de plantear ese tema, no desde aspectos muy fragmentarios y muy concretos, sino desde aspectos mucho más amplios, y desde aquí vuelvo a proponer la idea de una Comisión de Cultura para integrar todos esos aspectos que vamos proponiendo desde diferentes ámbitos.


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Quería preguntarle al señor Duarte si dentro de los agentes culturales están también presentes las entidades sin afán de lucro, que están muy involucradas con el mundo cultural y que son entidades cuyo régimen fiscal o de legislación no están muy regulados. Muchas veces se las equipara con el mundo empresarial y esto hace que muchas de las pequeñas entidades sin afán de lucro del mundo cultural acaben cediendo o desapareciendo. ¿Qué medidas se contemplan desde el Conca para intentar reforzar ese pequeño trabajo que día a día hacen multitud de asociaciones y multitud de entidades culturales en el país?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por parte del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra doña Marta Rivera de la Cruz.

La señora RIVERA DE LA CRUZ: En primer lugar, le agradezco su comparecencia. Conozco el trabajo del Conca y le felicito por el informe de las treinta y seis medidas que leí hace tiempo y que me parece muy acertado. Creo que es difícil no compartir el diagnóstico que hacen en algunas cuestiones como la precariedad laboral de los artistas, la fiscalidad manifiestamente adversa, el problema del IVA cultural y la escasa incidencia de las enseñanzas artísticas en la escuela, pero como esos temas ya han sido tratados ampliamente por usted y por otros compañeros, quiero ir a un asunto más concreto. En el artículo 4 de la Ley 11/2011, de 29 de diciembre, se especifica que una de las funciones del Conca es elaborar un informe anual sobre el futuro de la cultura y las artes en Cataluña. Me gustaría saber si van a incluir ustedes en ese informe esa manifiesta persecución a la que se están viendo sometidos algunos intelectuales catalanes por el hecho de escribir en español, o si le parece que esto no es una cosa que vaya a incidir en la cultura catalana. Pongo el ejemplo de un libro que acaba de salir firmado por Jordi y Salvador Avià y Joan-Marc Passada, en donde se establece una línea entre catalanes buenos y catalanes malos, y los malos son personajes como Josep Pla, Juan Antonio Samaranch, Albert Boadella, Francesc de Carreras, Rosa Regàs, Nuria Amat. A este respecto, hablábamos de Albert Boadella, que el otro día sufrió una agresión en su casa, le talaron unos árboles que tenía delante. Quería preguntarle si se ha puesto el Conca en contacto con él para manifestarle oficialmente su apoyo o para interesarse por el caso.

Usted decía al principio -y me parece que muy acertadamente- que el Conca nace con esa voluntad keynesiana de que la cultura y la política estén separados, por lo menos por ese brazo mágico que debería marcar esa distancia irrenunciable, y, sin embargo, según tengo entendido, el señor Valentí Puig, que pertenecía al Conca, dimitió hace tiempo, precisamente, acusando al organismo de estar tomando una deriva independentista que no compartía. No sé cómo casa eso con la línea de despolitización del organismo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivera.

Por el Grupo Podemos, intervendrá el señor Fernández Bello.

El señor FERNÁNDEZ BELLO: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, muchas gracias a don Carlos Duarte por su comparecencia y permítanme que recuerde nuestra vieja amistad en tareas literarias. Es un placer tenerle aquí en esta Comisión de Cultura. Desde Podemos-En Comú Podem-En Marea defendemos que la cultura debe ser cuestión de Estado. Consideramos la cultura como sector estratégico. En ese sentido nos alegramos mucho de las coincidencias del compareciente en muchos aspectos con nuestro programa. Quería hacer hincapié en dos aspectos y en una posible vía para llevar a cabo una reflexión en la que sería interesante participar o coparticipar y que usted nos ofreciera su posición al respecto.

Evidentemente, desde el año 2008, existe una reducción del peso institucional de la cultura en el sentido más amplio en todo su espectro, creativo e industrial, y al mismo tiempo asistimos a una reducción de los presupuestos en general en España, en todos los ámbitos, destinados a cultura. Por otra parte, concebimos también el acceso a la cultura, la práctica de la cultura en el sentido extenso, como una forma de derechos humanos. Existen unos derechos culturales que son perfectamente equiparables desde nuestro punto de vista a los derechos humanos. Nuestro Estado es un Estado plurinacional y consideramos que es necesario que exista una transversalidad y un interconocimiento entre las diversas manifestaciones culturales, lingüísticas, literarias, artísticas, en todos los aspectos existentes en ese Estado español que es un conjunto diverso, plurilingüístico y que es una potencia y una potencia en potencia -en el sentido


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espinoziano- cultural, europea e internacional. ¿Qué medidas considera usted que serían necesarias para avanzar en este sentido? Como el tiempo está muy tasado, prefiero acabar aquí y dejar más tiempo para la reflexión posterior.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por parte del Grupo Socialista, el señor Díaz Trillo.

El señor DÍAZ TRILLO: Muchas gracias, presidente, señorías.

Señor Duarte, gracias -vayan por delante- por su intervención. También quiero manifestar que me cabe la responsabilidad y el honor de hacer esta intervención con acento andaluz, precisamente sobre una cuestión que atañe fundamentalmente a Cataluña, pero no solo a Cataluña. Es verdad que me cabe el aprieto también de Lope de Vega de hacer un soneto a Violante en catorce versos, que son los que tiene un soneto. Aquí tenemos tres minutos. Seré muy breve, casi telegráfico, porque voy a abundar precisamente en la fisonomía -si me lo permite- del propio consejo. Creo que usted mismo ha hecho alusión al modelo anglosajón. Nos parece un modelo interesante, de éxito, cómo no, exportable. De alguna manera, el derecho de autoría no lo podemos arrogar -se aprueba el consejo con el presidente Maragall- y además tengo entendido por mis compañeros del Grupo Socialista en el Parlamento catalán que precisamente hace unos días se ha planteado una iniciativa para la reformulación del propio consejo. Usted mismo ha abundado en esa especie de decaimiento a propósito de la crisis, pero quizá también están sufriendo ustedes una cierta crisis del propio modelo y con mucha atención lo seguimos desde fuera, no solo los informes anuales sino también los premios que conceden, las auditorías. Hacen una actividad francamente muy interesante, he dicho antes que exportable. Creo que es una manera de gestionar y de participar en el ámbito de la cultura no solo noble sino seguramente necesaria en otros ámbitos del territorio español -se ha hecho referencia por parte del portavoz de Podemos-. En ese sentido, hago la pregunta en este momento que se está viviendo allí en Cataluña a propósito del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes de hacia dónde puede ir ese modelo, toda vez que además disponen ustedes -y disponemos todos los españoles, por añadidura- de una riqueza patrimonial y cultural, si entendemos la cultura como un conjunto de modos de ser y de estar en el mundo. En un sentido muy amplio abarcaría la educación y otras facetas de la propia actividad de nuestra sociedad. En este sentido, tienen ustedes también un valor añadido, al que ha hecho alusión la compañera de Ciudadanos, que es la propia lengua, diría yo que además la gran ventaja de ser bilingües. ¡Ojalá pudiéramos decir lo mismo quienes vivimos en otras partes de nuestro país!

Por último, voy a formular una consideración de tipo nominal. A veces se habla de la politización. Creo que el sentido de este consejo debe ser lógicamente la autonomía, la independencia, la responsabilidad compartida, sin dirigismo político -o gubernamental, mejor dicho-, y al mismo tiempo la transversalidad, pero, en aras de la buena política, me voy a permitir terminar con don Manuel Azaña, presidente de nuestro Gobierno y de nuestra República allá por los años treinta. Él decía que la sensibilidad política era el punto más alto de la cultura personal. Valga esta cita para terminar mi intervención y le doy a usted las gracias por haber acudido esta mañana aquí, al Congreso de los Diputados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Trillo.

Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Roca.

El señor ROCA MAS: Muchísimas gracias, presidente.

Muchas gracias, señor Duarte, por comparecer. Es un privilegio tenerle aquí porque es usted, gracias a su actividad y a su indudable vocación cultural, un experto en reflexión, en análisis y en consideración de escenarios de futuro para el sector cultural, que es un sector vulnerable. Debo agradecerle también que, aunque en Cataluña en los últimos años ha habido un escenario convulso y ciertamente monotemático, ustedes en el Conca -aunque han tenido algún problema más relacionado con otras instancias que con el propio funcionamiento del consejo- han seguido elaborando su trabajo, han seguido haciendo sus informes, independientemente del escenario, y eso es de agradecer, porque a veces es fácil dejarse llevar por las mareas y lo importante es mantener la calma. En ese sentido, podríamos dividir su comparecencia en multitud de comparecencias, porque el Conca estudia y trabaja de una manera muy importante y para el Grupo Popular es una referencia muy tenida en cuenta, y estamos hablando de mecenazgo, de efectos y de retos de la digitalización, de nuevas tecnologías, de enseñanzas artísticas, de nuevas prácticas


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culturales que tiene la juventud, de nuevos hábitos de consumo que tienen los jóvenes, y los no tan jóvenes, porque a veces restringimos a los jóvenes patrones de consumo que están adquiriendo personas de todas las edades.

El Conca es también un organismo generador de debates en temas muy importantes, que compartimos, como es por ejemplo el de la fiscalidad de los creadores. Es evidente que es un debate que tenemos que abordar. Seguramente no sea relativo a esta Comisión, aunque esta Comisión tiene mucho que decir al respecto de la fiscalidad de los creadores. Algunas de las cosas se han aprobado a nivel general. Por ejemplo, no pagar el IVA hasta que se cobra la factura ya está vigente. Habrá que hacer más pedagogía y a lo mejor habrá que eliminar barreras burocráticas. Eso hay que trabajarlo más porque el sector lo necesita.

Seguramente también podríamos aprender y que Cataluña colaborara en gran medida con el resto de comunidades autónomas en cuanto a estrategias de equipamientos culturales, porque se han cometido algunos excesos que no tenían demasiado sentido y a lo mejor ha habido una cierta descoordinación. Es posible que hubiera que impulsar un plan nacional que sirviera como marco global de coordinación entre todas las comunidades autónomas, porque el reto, sin duda, es superar la vulnerabilidad de un sector muy importante, de un sector que crea cohesión social, que ayuda a la igualdad. Le oí decir en una comparecencia suya reciente en el Parlament de Catalunya que en el Reino Unido el sector cultural supera el 5% del producto interior bruto. Aquí estamos en el 2%. Es evidente que necesitamos crear una industria, porque el reto es fundamental, y no servirán los parches. Aquí hay que hacerlo de manera seria y consensuada entre todos. Sé que el debate político lleva al simplismo, por ejemplo la cuestión del IVA cultural está muy llevada, aunque la destrucción de empleo y de empresas en el sector cultural empezó antes de la subida del IVA, que era una cuestión coyuntural. La recuperación -sobre todo en 2015, de 2016 todavía no tenemos cifras- es evidente y, aunque no es todo lo generosa que nos gustaría, somos testigos de ella, a pesar de que el IVA tampoco es el que nos gustaría. Siempre pongo un ejemplo y es que el libro en papel, pese a haber mantenido el IVA en el 4%, ha sufrido un descenso del 40% -creo que usted ha repetido la cifra hoy-. En ese sentido, simplificar en culpar al IVA de los problemas y las vulnerabilidades del sector cultural sería cuando menos un atajo que no llevaría a ninguna solución.

Hay muchos temas de debemos canalizar y algunos de ellos van entrelazados, por ejemplo el de la piratería, que no ha tenido tanto que ver con la crisis como con los avances culturales tecnológicos -no es tanto coyuntural- y que seguramente se superaría con unas mejores enseñanzas culturales. Sé que usted es un ferviente defensor de aumentar el concepto, porque son -y así lo contempla la Lomce- competencias autonómicas, pero deberíamos aumentar la coordinación para tener un modelo común, unas líneas comunes que nos permitieran -como he dicho antes- hacer del sector cultural una industria.

Hay muchas soluciones. Recibimos las treinta y seis propuestas con mucha alegría y con mucha fe en que muchas de ellas puedan ayudar, cosas como la fiscalidad -algunas se han ido arreglando, pero hay muchas pendientes- o compaginar la jubilación con la creación. Tiene sentido que se jubile alguien que hace un trabajo físico, pero muchas veces los creadores hacen sus mejores obras precisamente en sus edades más tardías. También hay alguna cosa -alguna vez ha hecho referencia usted- sobre los derechos culturales. Me gustaría distinguir entre dos. Por un lado, los derechos culturales de las personas, es decir, que uno pueda acceder a la cultura independientemente de su origen, su renta o sus condiciones -igual que se habla en sanidad o educación de aquello del cheque sanitario, seguramente tendríamos que ser capaces de hablar de fórmulas como el cheque cultural o garantizar el acceso a la cultura- y, por otro lado, los derechos culturales de los creadores. Humildemente creo que la rentabilidad de la actividad cultural -las cifras son terribles, los ingresos del 80% o el 85% de los creadores son bastante deficientes- pasa por crear una industria cultural y es nuestro gran reto pendiente contra la fragilidad de un sector que las ha pasado muy canutas en esta crisis. Necesitamos generar debates en profundidad, no dedicarnos a los atajos o a los simplismos.

Como conclusión y como catalán, debo decir, porque me lo pide el cuerpo, que los grupos que han pedido su comparecencia, que son Convergència y Esquerra, que en el Parlament de Catalunya son Junts pel Sí y gobiernan, y ya que la Generalitat de Catalunya ha sido la que más ha recortado en cultura, demostraran ese interés en los próximos presupuestos, de este año, que aprueben y que suban las partidas de cultura en los presupuestos de la Generalitat de Catalunya.

Muchas gracias por su comparecencia.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roca.

A continuación, el señor Carlos Duarte responderá a todas sus cuestiones, que han sido muchas y bien interesantes.

El señor PRESIDENTE DEL CONCA, CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA I DE LES ARTS DE CATALUNYA (Duarte i Montserrat): Vamos a intentarlo.

Muchísimas gracias por el interés y la amabilidad con la que han acogido mi intervención inicial y gracias, por supuesto, por sus propuestas, sus sugerencias y sus preguntas.

En cuanto a la intervención del diputado Campuzano, plantea un tema muy interesante: qué es lo que está sucediendo en cuanto a las clases medias de los profesionales de la cultura. Es cierto que en el contexto actual hay una tendencia a la concentración de empresas de grandes dimensiones no solo en el ámbito propiamente digital, también lo vemos en el caso del libro, en el caso del sector audiovisual en su conjunto. Todos ellos reciben cada vez una presión mayor de la digitalización desde el punto de vista de la reconstrucción de sus planteamientos creativos y empresariales. Es cierto que hay un segmento de empresa media que se ha visto especialmente debilitado y frágil ante la coincidencia de estos dos flujos: el de la crisis y el de la digitalización galopante. También es cierto que la digitalización abre muchas puertas que permiten a jóvenes emprendedores y creativos lanzarse a una primera experiencia. Desde el Conca lo conocemos y lo seguimos -hace poco la Fundació Catalunya Cultura dio apoyo a una iniciativa para la creación de una aplicación- y vemos que hay una ebullición dentro del ámbito de la digitalización por lo que se refiere a iniciativas de carácter cultural que generan múltiples pequeñas empresas, que probablemente con el tiempo podrán ayudar a definir un ámbito de creación económica que nos sitúe en esos parámetros a los que aspiramos: pasar del 2% al 5% de la aportación de la cultura al conjunto de la economía del país. Por tanto, es cierto que hay una debilidad en ese fragmento, pero también lo es que hay una enorme vitalidad por debajo que seguro que se manifestará en los próximos años en la configuración de empresas de mayor grosor.

En lo que se refiere a la jubilación y la compatibilidad con la actividad, las referencias que se han hecho son varias. Es evidente que no le podíamos pedir a Picasso que dejara de pintar cuando llegó a los sesenta y cinco años, por mencionar un caso de un pintor con una vitalidad infatigable. Es evidente que al señor Vargas Llosa no le podemos decir: usted tiene ochenta años, haga el favor de dejar de publicar novelas. Hablo de dos casos extremos, lo sé. La mayor parte de los escritores, de los artistas plásticos, tienen una contribución que seguir prestando a la cultura colectiva después de su edad de jubilación. No podemos poner dificultades a que esa creatividad alcance toda su potencialidad como fruto de la experiencia humana, del saber literario y del talento acrecentado con los años.

Sobre la intervención de Esquerra Republicana, he de decir que hicimos un estudio específico sobre las entidades sin finalidad de lucro. Es cierto que al hablar de la cultura muchas veces situamos en el último lugar a las entidades que trabajan sin finalidad de lucro. Incluso si analizamos los presupuestos públicos es una evidencia que son las unidades orgánicas con menor dotación, sin embargo, hablábamos antes del papel de la cultura no solo en la cohesión social, sino en el progreso social. Debemos hacer todos una apuesta mucho más decidida, mucho más firme, mucho más entusiasta, porque deberíamos tomar mucho más en serio el papel que juegan las entidades sin finalidad de lucro en el campo de la cultura popular, de las tradiciones, de los ateneos y de muchísimas expresiones musicales o literarias, en el mundo de la danza, etcétera, pues la cultura no solo es el mundo profesional. Evidentemente en el mundo profesional encontramos figuras que nos representan de una forma admirable, pero en la cultura popular hay un trabajo precioso e insustituible desde el punto de vista de la construcción de comunidad humana, la cultura como espacio de reconocimiento y de ir entretejiendo una comunidad humana verdaderamente trabada y unida.

Si fuéramos repasando la geografía veríamos los referentes reflejados muy rápidamente. En nuestro caso, en Cataluña, esto tiene una importancia absolutamente crucial por razones obvias y por circunstancias políticas vistas desde la historia.

A la representante de Ciudadanos le agradezco mucho el interés y seguimiento que sin duda demuestra de nuestra actividad. En cuanto a los aspectos más conflictivos que me plantea, le diría, en primer lugar, refiriéndome a Valentí Puig que es una persona queridísima dentro del Conca -me acompaña la vicepresidenta, doña Gemma Sendra y puede atestiguarlo-. Es una persona con la que nosotros hemos trabajado muy a gusto, es una persona muy inspiradora y además se ha sentido muy partícipe de todo el trabajo del consejo. Cuando Valentí presentó su dimisión no lo hizo aduciendo críticas o tensiones dentro


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del consejo, sino una cierta incomodidad con el momento político que se vivía en Cataluña. La relación con Valentí Puig se ha mantenido, se mantiene y estoy seguro de que se mantendrá porque es una persona extraordinariamente valiosa por sus cualidades humanas e intelectuales.

En lo referente a la cuestión que nos planteaba sobre el catalán y el castellano, me remito al veredicto de nuestros premios nacionales, que se hizo público hace muy poco y que se entregarán el día 8 de junio. Entre los premiados está el señor Vila-Matas, que escribe en castellano y no hemos considerado en ningún momento que eso fuera óbice para que se le concediera el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat. El consejo tiene un espíritu transversal, integrador y considera la cultura que se desarrolla en Cataluña de forma completa, apreciando toda la aportación que desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la creatividad y desde el punto de vista de la innovación se pueda hacer. Se han concedido premios a una empresa que trabaja en el mundo de lo audiovisual y de la digitalización, pero también al mundo de la cultura popular. Por tanto, intentamos englobarlo todo con un criterio de excelencia, como es el caso del señor Vila-Matas. No es el primer autor de estas características; el señor Mendoza también recibió nuestro Premio Nacional. Lo que planteo es que no hay voluntad ni en el Conca ni en el conjunto de la sociedad catalana de crear divisiones porque la cultura catalana tiene una larga tradición y ha sabido enriquecerse desde el diálogo y desde la voluntad de mantener una continuidad, pero también ha sido capaz de alimentarse, de nutrirse de la mirada ajena y además con una vocación de proyección internacional, de proyección universal con figuras como Miró, Dalí, etcétera. Comprendo su preocupación, pero en cualquier caso quisiera tranquilizarla al menos en lo que se refiere a mi responsabilidad y a la del Conca, si bien respecto de los demás no me veo en condiciones de responder sobre lo que puedan hacer unos u otros.

El señor Fernán Vello es un escritor muy querido y admirado; con el que hemos compartido proyectos literarios, coloquios, jornadas y lecturas; por tanto, me alegra mucho coincidir aquí con él en una ocasión como esta. Coincido con él en que la cultura es una cuestión de Estado y en que es un sector estratégico. Esto nos lo debemos tomar en serio de verdad porque yo siento una cierta fatiga -soy escritor, queda claro- ante el abuso del discurso de la cultura como algo que se hace por obligación, porque queda bien, pero creo que aquí han pasado cosas muy serias que tienen que ver con la falta de cultura, por lo que hemos de tomarnos en serio la perspectiva de conceder a la cultura una condición esencial porque no hay país serio que margine el conocimiento, que margine la innovación y que margine la creatividad. Debemos autoexigirnos situar a la cultura en esa posición central, no por reduccionismo sino por voluntad de participar activamente en este mundo global tan lleno de retos, tan lleno de alicientes, tan inquietante a veces. En cualquier caso, creo que la cultura ha salido seriamente perjudicada de la crisis económica y de las políticas que en el contexto de la crisis económica han considerado que la cultura no era lo suficientemente crucial, por tanto, en este aspecto estamos completamente de acuerdo.

Respecto de los derechos culturales, en nuestro último informe -como se ha recordado aquí- hemos dedicado un capítulo a los derechos culturales. Nos remitimos a la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales del año 2007 en que se concretan: escoger la identidad propia, acceder al patrimonio cultural, pertenecer a una comunidad, acceder a la vida cultural y participar activamente, expresarse... En definitiva, hay documentos, hay un trabajo serio sobre este tema. Concretamente, en nuestro informe incluimos una aportación del profesor de la Universidad Autónoma, Nicolás Barbieri: Derechos culturales, ¿qué son, cómo se han desarrollado y cómo deben desarrollarse? Es decir, para nosotros el asunto de derechos culturales es serio porque abre muchas perspectivas para revisar y reforzar las acciones políticas en este campo.

Por lo que se refiere a la intervención del diputado del Partido Socialista, he decir que sí, que nosotros nos sentimos herederos de Maragall -Gemma Sendra formó parte del equipo que en su momento colaboró con el entonces presidente Maragall en la elaboración del modelo del Conca-, y es cierto que hoy en día hay un debate en Cataluña sobre si el Conca debe ampliar o no sus funciones. Es bueno que no haya ninguna intervención en la línea de decir que el Conca ha ido demasiado lejos, sino que, por el contrario, las intervenciones coinciden en señalar la bondad de la aportación que lleva a cabo el Conca y la conveniencia de ampliar sus funciones, desde el punto de vista, de lo que puede ser su mirada como observatorio, su mirada prospectiva más allá de la gestión cotidiana que desde los Gobiernos se lleva a cabo en el campo de la política; ensanchar, abrir el foco para definir políticas más amplias, con horizontes de mayor ambición, de mirada más lejana. Ustedes recordarán la famosa frase de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial cuando alguien le insistió para que redujera los presupuestos públicos dedicados a la cultura. Churchill respondió: Then, what are we fighting for? Es decir, ¿para qué hacemos esta guerra


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si dejamos la cultura para el final? Nosotros entendemos que la cultura tiene que situarse en un primer plano. Esa es nuestra vocación. Coincido con el presidente Azaña. No sé si lo he hecho, pero no era mi intención hablar de despolitizar la cultura, sino de alejar la cultura de lo que es el tejido, debate o táctica partidista, no de despolitizarla porque merece toda nuestra atención.

En cuanto a la intervención del diputado Roca, estoy completamente de acuerdo con él en la apuesta que tenemos que hacer conjuntamente para reforzar la industria cultural. Es clave ese decalaje entre el 2 y el 5% al que él se refería; es un decalaje que debemos aspirar a superar. Necesitamos una visión integral. En las políticas culturales se ha ido demasiado a lo concreto, a lo definido, a lo mío, a lo tuyo, al ámbito de proyección política de cada una de las instituciones y de las fuerzas políticas y creo que aquí necesitamos lo que decía antes: mirar lejos, mirar arriba, plantearnos territorios comunes. En Cataluña se ha planteado en varias ocasiones. Vamos a intentar desde el Conca contribuir a que sea posible un acuerdo que permita que todos podamos compartir un mismo escenario de futuro en el campo de las acciones institucionales dentro de la cultura. Es cierto que durante 2015 los datos económicos fueron alentadores. Por ejemplo, en el caso del libro el incremento ha sido del 3 o 4%. Sí, es un incremento, de acuerdo; celebrémoslo, de acuerdo, pero venimos de facturar 3.000 millones y ahora estamos en 2.000 millones. Se ha detenido la sangría, estamos empezando a superar la crisis, de acuerdo; pero hay tanto por recorrer que creo que este es el empeño en el que debemos sentirnos todos unidos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Carles Duarte i Montserrat.

Ha sido un placer escucharle y, si se me permite, no solo como presidente sino como actor. Creo que firmaría absolutamente todo el informe que nos ha traído hoy y la aportación de soluciones que nos ha hecho.

Vamos a suspender por dos minutos para despedir al compareciente y recibir al siguiente.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos.-Pausa).

- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE GESTORES CULTURALES (VELASCO REBOLLO), PARA INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR CULTURAL EN SUS DIFERENTES ÁMBITOS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 219/000070).

El señor PRESIDENTE: Señorías, proseguimos con la Comisión y con las comparecencias.

La siguiente invitada para explicarnos su visión sobre asuntos que tienen que ver con el arte y con la cultura es doña Ana Isabel Velasco Rebollo, presidenta de la Federación de Gestores Culturales. Tal y como hicimos en la anterior comparecencia, tendrá la palabra aproximadamente por unos veinte minutos y luego los portavoces de los grupos parlamentarios podrán plantearle sus dudas, a las que ella responderá. Sin más, quiero darle la palabra.

Muchísimas gracias por su presencia.

La señora PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE GESTORES CULTURALES (Velasco Rebollo): Agradezco la invitación hecha a la Federación de Gestores Culturales, que es a la que represento, para exponer como estamos viendo nosotros la situación de la cultura en los últimos tiempos, cómo ha ido cambiando y en qué situación nos encontramos. Para contextualizar un poco explicaré que la federación, que surge ya hace bastante años, en 1998, con la integración de las asociaciones de gestores culturales de todo el territorio nacional a la que se van incorporando nuevas asociaciones según se van constituyendo, lleva muchos años trabajando tanto en la figura del gestor cultural como hacia dónde va la gestión cultural y qué queremos hacer con ella. Estamos convencidos de que se tiene que trabajar desde la profesionalidad igual que en cualquier otro sector. Muchas veces es fácil escuchar que para cultura casi vale todo el mundo; no es cierto. Hay profesionales y estos deben desarrollar ese trabajo porque para ello están cualificados y son los que están capacitados para entender las demandas culturales, proponer nuevas demandas culturales e imbricarse totalmente con la sociedad que es a la que nos debemos. Este es el trabajo que estamos desarrollando, como digo, desde ese año 1998.

Desde 2010 hemos hecho un par de eventos que llamamos Conferencia Estatal de la Cultura de la que salen una serie de conclusiones, entre ellas -en el último, que fue en el año 2015- un pacto por la cultura. Esta es la situación general en la que venimos trabajando y gracias a estos trabajos desarrollados entre todos los colectivos que han querido participar, que han sido innumerables -de todo tipo de


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asociaciones, de todo tipo de entidades tanto públicas como privadas- hemos sacado unas conclusiones y hemos analizado la situación en la que nos encontramos en los últimos tiempos. Estamos en un contexto de cambio en el que la cultura tiene mayor importancia como un elemento básico para la construcción de ciudadanía y como motor generador de desarrollo, crecimiento y empleo. Se escucha muchas veces que la cultura no sirve para mucho, que la cultura gasta. No, la cultura no solo no gasta sino que contribuye también al crecimiento de la sociedad en la que se desarrolla. De hecho, estamos con un PIB muy elevado que roza casi el 4% por encima de cualquier otro sector que generalmente se asocia más a generador de empleo.

Las transformaciones de la sociedad española de los últimos años se han caracterizado por una aceleración y profundos cambios en los pilares fundamentales del entorno económico que conocíamos hasta el momento. Se suele apuntar que la crisis económica es el factor que ha provocado un cambio de época con implicaciones sociales, culturales, económicas y políticas, pero un cambio de época no debe relacionarse solo con un escenario apocalíptico, sino también como una apertura de una ventana de oportunidades que puede generar escenarios de innovación social y de articulación y de nuevas bases para la gobernanza. En este sentido, la cultura se encuentra afectada por una serie de factores extrínsecos de esa crisis sistémica que también dificulta su realidad específica. A partir de esa situación, se debe trabajar de otra manera. En el momento actual la cultura se trabaja con colaboración, con cooperación. Se empieza a producir cualquier proceso cultural en colaboración con otros, ya no se hace solo. Esto está generado por la situación de crisis y recortes en la que vivíamos, pero también por esa nueva forma de cooperar, de colaborar para conseguir programas culturales.

Tenemos que huir un poco de hacer lo que hemos llamado en muchas ocasiones una enfermedad, que es la "eventitis". No se trata de hacer eventos sino de hacer programas. ¿Para qué queremos hacer estos eventos? Los eventos son el colofón, la guinda, lo que se ve, como queramos llamarlo; pero eso es el resultado de algo que hemos programado, de una política cultural clara en la que sepamos dónde queremos ir, para quién estamos trabando, qué objetivos queremos desarrollar. En este entorno, se debe poner el acento en la creación de valor social, en los elementos efectivos, los intangibles, la experiencia que va asociada a la cultura. Se trata de integrar esa perspectiva para entender la cultura como un bien público que aporta beneficios a la ciudadanía y a la sociedad en general. En este momento, debemos apostar por trabajar -como digo- para la sociedad, para generar desarrollo social a través de proyectos culturales, que no vaya la cultura separada del entorno social. Ha de generar cambios, mejoras, que genere empleo y una situación en la que encontremos que esa cultura es transformadora de la sociedad.

A partir de aquí, voy a hacer el planteamiento de distintas líneas de acción con las que hemos estrado trabajando, una especie de diagnosis y evaluación y una propuesta para intentar resolver esa situación detectada. En primer lugar, la línea de acción -como no podía ser de otra manera- es la financiación. Según las estadísticas de los Presupuestos Generales del Estado en la clasificación por programa de gasto se ha pasado de gastar 1.198 millones de euros destinados a la cultura, en el año 2010, a 749 millones en 2015 y a subirlo un poquito en 2016, donde según los Presupuestos Generales del Estado estamos en 807 millones.

Esta situación, por supuesto, no solo afecta a la Administración central. Según el anuario estadístico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el gasto público en cultura de las administraciones autonómicas también ha caído de 1.769 millones de euros, en 2010, a cifras de 1.071 en 2013. En las administraciones locales ha sucedido lo mismo, se ha reducido un 43% en estos últimos años. No solo no se han consolidado las dotaciones presupuestarias, sino que se ha producido esa reducción acelerada de presupuestos públicos destinados a cultura.

Por otra parte, está el trato fiscal. El aumento de IVA tan traído y llevado del 21% ha supuesto un duro golpe en la estabilidad económica de buena parte de los proyectos culturales y de las empresas del sector. Aquí quiero incidir en que estamos trabajando mucho en el emprendimiento, estamos animando a la gente de las industrias culturales a generar autoempleo, a ser emprendedores; sin embargo, las facilidades para conseguir que el resultado sea el esperado no son las adecuadas por esta situación de la que estoy hablando, ya que aparte de los recortes, esos IVA y esa serie de condiciones que no favorecen el emprendimiento, se siguen cobrando las facturas emitidas a noventa días. Ya sé que me van a decir ustedes que eso no es así porque se aprobó que se había reducido. Hay muchas entidades, tanto públicas como privadas, que siguen haciendo ese pago a noventa días. Como decimos en el sector, o quieres trabajar o quieres cobrar. Si quieres al final trabajar y cobrar tienes que aceptar esos plazos. Con esto quiero decir que, a pesar de toda esta situación, sigue habiendo un intento por parte del sector cultural de


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emprender, de seguir constituyendo empresas, de ser independiente, pero la situación económica no lo ha favorecido porque todo ello va unido -esa serie de impuestos que pagamos todos- a las condiciones de contratación de este sector que son muy diferentes y deberían ser tenidas en cuenta.

Por todo ello, la suma de esa reducción del presupuesto público y el aumento del IVA cultural ha provocado una situación grave, cuyo análisis es más o menos el que he hecho, y más si nos centramos en sectores como el del patrimonio, que tiene una dependencia del 1,5% de las intervenciones en patrimonio, y hace que estas hayan pasado a ser prácticamente nulas, cuando anteriormente asociadas a ese boom que hubo de la construcción se vieron beneficiadas por las dotaciones presupuestarias que había para los recursos patrimoniales, tanto para la puesta en valor como para la conservación y la restauración.

¿Qué propuesta hacemos? La propuesta es tener una consolidación de las dotaciones presupuestarias dedicadas al fomento de la cultura, acercándolas siempre en la medida de lo posible a los estándares de los países desarrollados de referencia para que sea posible el adecuado sostenimiento de esos servicios de las instituciones culturales, tanto públicas como privadas, fomentando que los agentes profesionales empresariales puedan emerger satisfactoriamente de esa situación generada por esa recesión o crisis -como queramos llamarlo- y apoyando a las empresas de economía social, autónomos, microempresas, que tienen unas situaciones y unas peculiaridades un poco características que hacen que no puedan desarrollarse como esas grandes empresas que tienen diversificadas sus líneas de negocio. Por tanto, una propuesta sería adecuar ese sistema de ayudas para que se dé una respuesta eficaz a las distintas necesidades y temporalidades de los proyectos culturales, primando también los planes plurianuales, facilitando siempre que el sector cultural también pueda acceder a créditos y ayudas generales destinadas a otro tipo de industrias que se miden por el mismo baremo que cualquier industria y, por supuesto, que debe ser así, porque en cultura siempre decimos que dos y dos no son siempre cuatro pero tienen que parecerlo. Con esto quiero decir que hay una serie de valores intangibles que también suman, que también avalan ese proyecto. Cuando trabajamos con estos asuntos de emprendimiento hacemos planes de empresa, que son iguales que los de cualquier otro sector, donde hay una solvencia técnica y donde hay una solvencia financiera.

En algún momento se habló por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de unas líneas que se iban a trabajar con el Instituto de Crédito Oficial para las industrias creativas y culturales, de que iban a tener ciertos cuidados con la valoración de intangibles, pero no se ha materializado como tal y, al final, se piden unos números exactos que además no tienen avales como otras empresas de otros sectores mucho más potentes.

La segunda línea de acción que quería comentar en este escenario de recursos públicos de reducción de déficit y de estabilidad presupuestaria, es avanzar un poco más en la reforma de incentivos fiscales y la Ley de mecenazgo que creemos que debe ser mejorada. Se ha hablado durante varias legislaturas de la necesidad de tener una ley de mecenazgo potente que pudiera solventar esta situación que se había producido con la recesión económica, pero al final solo hemos conseguido una reforma de incentivos fiscales al mecenazgo que no cumple todas las expectativas. Tenemos que ser realistas también y darnos cuenta de que las empresas españolas en las épocas anteriores han estado financiando cultura, a pesar de no existir esa ley de mecenazgo que ha sido reclamada, porque tenían unos intereses y unos beneficios sociales -no tanto económicos- al apoyar esos proyectos culturales. La situación de recesión ha hecho que se hayan recortado esas ayudas por parte de la empresa privada y, por tanto, hay que darles otro incentivo más. En cuanto a esta ley de mecenazgo que creemos que puede ser aplicada, a pesar de que no acaba de salir como tal, hay ya algunos inicios, por ejemplo, en la Ley Foral de Mecenazgo Cultural y de Incentivos Fiscales en la Comunidad Foral de Navarra, que ha sido la primera que ha sido aprobada y entró en vigor a fecha de 1 de enero de 2015. Es una ley puntera en este ámbito, aunque tiene mejoras desde el punto de vista del sector, porque apoya más a entidades sin ánimo de lucro y no tanto a proyectos culturales, proyectos que podrían ir detrás de un programa -como he dicho al principio no solo proyectos como evento-. Sabemos que también en Andalucía se encuentra en trámite parlamentario la ley de medidas de estímulo a la actividad cultural, que contempla una mejora en esas desgravaciones fiscales en el tramo autonómico que son bastante interesantes.

Por tanto, creemos que se puede aplicar en el resto del territorio y hacer una Ley de Mecenazgo a nivel estatal. Sería muy interesante para determinados temas, sobre todo para el tema de conservación y restauración de patrimonio, que es verdad que ha contado ya con algunos casos relevantes de patrocinio, por ejemplo, las acciones que emprende la Fundación Iberdrola colaborando con el propio Museo del


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Prado o con otro tipo de apoyos de distintas empresas e instituciones que estarían dispuestas a colaborar más si hubiera una ley mucho más adecuada. En esta situación también se encuentran las experiencias exitosas que están utilizando el crowfunding, que tan de moda se ha puesto, y que pensamos que vale para todos los proyectos, aunque no es así realmente; debería ser regulado de alguna manera, impulsado con una serie de ventajas fiscales que se han utilizado para algunos otros programas, como por ejemplo el España Compite o el Plan ADO que, por qué no, puede ser extrapolable también al sector de la cultura. Por tanto, la propuesta que hacemos es la del impulso de una nueva Ley de mecenazgo y patrocinio cultural que fomente de forma eficaz la participación de todos los sectores de la economía productiva en la financiación de proyectos culturales en el sostenimiento de este sector.

La tercera línea de acción está relacionada con el tema de la transparencia. Creemos que la transparencia es una necesidad transversal de las sociedades actuales y en el sector de la cultura es necesario que se adopte y se desarrolle en toda su extensión. Las comunidades autónomas han avanzado poco en la definición de ese modelo de gobernanza cultural basado en la participación. El compareciente anterior ha hablado ya del Consejo Nacional de Cultura de las Artes. Ese puede ser un modelo, pero quizá deba ser hecho con algunas modificaciones que permitan que ese consejo consultivo sí tenga una capacidad de influencia real, que parece -lo conocía él más, por supuesto- que hasta ahora habría sido más limitada. Por tanto, aunque ha habido un esfuerzo importante por parte de los profesionales de la cultura y de las instituciones por potenciar las buenas prácticas de la gestión cultural, de los profesionales y del sector, no se ha extendido suficientemente. En este sentido, se han elaborado algunos códigos deontológicos pero se han quedado en expresión de voluntades y en compromisos sobre los que realmente no se ha hecho un seguimiento y una fiscalización suficientes. Se ha estado trabajando en distintas áreas, se han hecho diferentes eventos, como el Foro de cultura y buenas prácticas en España; se ha elaborado una guía de buenas prácticas de la gestión cultural -la primera guía se hizo desde la Asociación de Profesionales de Cataluña-, pero se ha ido avanzando en este sentido y se ha llegado a proponer esa forma de contratación aplicando el tema de buenas prácticas en los museos -por ejemplo, en el nombramiento del actual director del Reina Sofía y en algunas otras convocatorias-. Y esa es la propuesta que nosotros hacemos: conseguir que se apliquen todos los procesos de contratación, pública principalmente, por supuesto, y si puede ser también desde el ámbito privado, basándonos en ese compromiso de buenas prácticas, en esa consecución de mayor transparencia, planificación, responsabilidad y coordinación de esa política institucional cultural que nos lleve a conseguir que sea todo mucho más transparente, mucho más claro y que no haya dualidades. Esto enlazaría con la siguiente línea de acción, que sería la cooperación público-privada.

Si existe una buena ley de transparencia, esa cooperación público-privada que siempre ha estado presente en los debates sobre los modelos de política cultural en España sería mucho más efectiva, no tendría sospechas por parte de nadie y sería muy claro cómo se podría trabajar con ese tipo de cooperación. Hay muchas fórmulas. Cuando hablamos de cooperación público-privada muchas veces se malinterpreta en el sentido de que estamos hablando de privatización; no, no estamos hablando en ningún caso de privatizaciones -creemos, además, que debe existir una política cultural por parte de las administraciones de apoyo ineludible por su parte y que tiene que trabajar con ella-, pero sí queremos hablar de ese fomento de nuevas fórmulas de cooperación que tengan validación legal y que colaboren a la sostenibilidad del ecosistema cultural, que fomenten la diversidad e incrementen la eficacia incentivando proyectos de responsabilidad social y cultural compartida. En muchos casos va a ser porque abarata los costes presupuestarios, en otros porque no hay suficiente personal en las distintas administraciones pero, en cualquier caso, creemos que es una buena herramienta de cooperación, siempre y cuando esté vinculada, como digo, a esa ley previa de transparencia.

Eso nos lleva a hablar de esos espacios que nos faltan: espacios de debate y de cooperación, porque cada uno sigue su dinámica propia. Proponemos un establecimiento de fórmulas de cooperación entre el sector cultural y otros sectores productivos que permita canalizar la creatividad y esa capacidad de innovación en el desarrollo a través de incremento de calidad y capacidad competitiva de los productos. Esto se está desarrollando en los últimos tiempos de forma bastante más evidente cuando hablamos de turismo cultural. Es un ejemplo muy claro de que dos líneas de intervención totalmente distintas, dos sectores productivos totalmente diferentes han conseguido desarrollar una colaboración, establecer una fórmula de cooperación que ha sido muy interesante tanto para los promotores, programadores y diseñadores de esas políticas culturales como para los propios territorios en los que se están desarrollando esas fórmulas de cooperación. Existen muchas otras, como el sector tecnológico. Si volvemos a relacionarlo


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con el tema de patrimonio, las innovaciones en turismo y en patrimonio cultural, vinculadas a esas nuevas tecnologías, han hecho posible acercar ese patrimonio a colectivos desfavorecidos como, por ejemplo, los que tenían algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, que ven cómo se les acerca ese patrimonio intentando resolver las barreras que tenían hasta ese momento. Por tanto, como digo, creemos que el establecimiento de fórmulas de cooperación entre el sector cultural y otros sectores productivos sería fundamental para continuar el desarrollo del sector, tanto de la creatividad como de la capacidad de innovación.

Voy a ir rápido, porque me avisan de que me queda poquito tiempo. Pasaré directamente a las propuestas, haciendo casi a la vez el diagnóstico. Proponemos el fomento de la solvencia del sector cultural estableciendo sistemas de evaluación y rating que permitan una mayor capacidad competitiva y que generen confianza para la captación de recursos, promoviendo el desarrollo de procesos de eficiencia empresarial, fomentando la aplicación de tecnologías digitales y apoyando la profesionalidad de la gestión cultural. Cuando hablamos de esto, muchas veces se nos acusa de mercantilizar la cultura, pero no, no la estamos mercantilizando. Como he dicho desde el principio, la cultura tiene un intangible y un valor social que debe ser preservado y, evidentemente, no se trata de rentabilidad económica pura y dura, pero sí se trata de que se desarrollen unos mecanismos para que sea eficiente y eficaz en todos sus ámbitos.

Para que todo esto se lleve a cabo de forma exitosa, tiene que haber, como decía, unas buenas políticas culturales y unas buenas programaciones y esa programación, ese trabajo que estamos haciendo, como he dicho al principio, lo estamos haciendo para algo, para alguien y tenemos que ser capaces de detectar qué es lo que estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo y apoyar esas iniciativas de formación y desarrollo de público como principal factor de desarrollo y sostenibilidad del sistema cultural, facilitando el acceso de los ciudadanos a una información completa y solvente sobre la oferta cultural del entorno, así como la participación activa en la creación, gestión y difusión de la cultura sin ningún tipo de discriminación y con especial atención a los públicos jóvenes que todavía se están formando. No podemos pretender que alguien valore algo que desconoce. Nadie se levanta una mañana en una favela y dice que quiere escuchar a Bach. No, hay que darle las oportunidades de tener a su alcance todo ese conocimiento; luego discriminará, decidirá o apostará por unas cosas o por otras, pero sin conocimiento es imposible que podamos avanzar en el sector de la cultura.

La siguiente propuesta está relacionada con esto y sería el incremento de los contenidos culturales en todos los niveles del sistema educativo para dotar a las nuevas generaciones tanto de esas capacidades creativas como de valores democráticos que les serán necesarios para ser ciudadanos críticos, responsables y solidarios y, por supuesto, valorar lo que tienen delante. Le puede gustar o no, no se trata de que le guste. Con esto tampoco quiero decir que haya que hacer y apoyar solo proyectos, productos y servicios mayoritarios; no, también hay una serie de proyectos y de productos culturales que son minoritarios, que llamamos de élite -no de élite económica, no lo entiendan en mal sentido-, en el sentido de que no le gusta a todo el mundo y que no está al alcance de todo el mundo. ¿Por qué no tiene que estar eso apoyado desde la política cultural que queremos que hacer? Esto nos lleva a enlazar con el apoyo al desarrollo del talento y la creatividad como principal activo y factor de innovación del sector, promoviendo unas condiciones adecuadas para ese programa de oficios artísticos y técnicos, así como la creación más contemporánea a través de investigación, mayor movilidad de creadores y productos culturales tanto dentro de España como a nivel internacional, compensando las desigualdades territoriales.

Se debe trabajar el fomento a nivel estatal de la cooperación cultural basada en el respeto y la diversidad para todos los ciudadanos y ciudadanas, que todos podamos sentir como propia la cultura realizada en cualquiera de las lenguas oficiales, teniendo en cuenta que España es signataria de la Convención de la Unesco de 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad cultural. Cuando pensamos en la persona culta, casi siempre tenemos un prototipo: blanco, hombre, de determinada edad y con ciertas características. No, hay una amplia variedad cultural que tenemos que fomentar, proteger y trabajar con ella.

Termino ya. Lo siguiente sería incrementar la relación entre la cultura y los medios de comunicación, apostando por mejorar la visibilidad de aquellos proyectos culturales que trabajan a largo plazo, que asumen riesgos artísticos o culturales, que entroncan con la dinámica comunitaria a escala local, teniendo en cuenta la responsabilidad educativa de los medios de comunicación tanto de titularidad pública como privada, pero sobre todo haciendo hincapié en los de titularidad pública para conseguir ese reconocimiento social del valor potencial de la cultura en el desarrollo personal, social y económico. Hace unos años se puso en marcha el canal Cultura, de la televisión pública. Duró poquito tiempo. Apenas tenía dotación y


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programación, con lo cual casi no llegó a emitirse; simplemente se lanzó como que iba a ser puesto en marcha e incluso tuvo un director, Pere Roca, pero no fructificó. No se trata de tener un canal Cultura -no estamos diciendo eso-, sino de darle visibilidad en los programas de la televisión. No todo el mundo quiere ver teleseries. Están ahí y son estupendas -todo tiene su público-, pero tenemos que ofrecer más a ese público que está demandando una cultura. Lo que proponemos, pues, es que se fomente desde todos los ámbitos la difusión, el conocimiento, poder elegir entre los proyectos culturales.

Por último -con esto termino-, hablamos de un equilibrio entre los derechos individuales de acceso al patrimonio cultural y los derechos de autor y el conjunto de creadores y de la necesidad de fomentar el crecimiento y la consolidación de un tejido empresarial y del tercer sector que impulse el desarrollo de la cultura. Es muy importante el tema de los derechos de autor. Cuando hablamos de esta cuestión parece que lo estemos haciendo de las sociedades de gestión de derechos de autor y no es así. Tienen su papel y están funcionando. Cada uno es libre de decidir si quiere gestionar sus derechos a través de esas sociedades o ponerlo en dominio público. Harán lo que quieran con ellos, pues son sus derechos y tienen que ser respetados. Y cuando se dice que cobran por ellos, por supuesto, como cualquier otro profesional que ejerce y desarrolla su trabajo. Tienen que cobrar por ello y por eso apostamos; otra cosa es que cada uno decida cómo quiere gestionar y manejar esa creación propia y esos derechos que les son innegables.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, doña Ana Isabel Velasco. Como he visto que ha tenido usted que saltarse algunos de los fragmentos de su intervención -simplemente le pedí que acortara los tiempos por respeto a los siguientes comparecientes-, estoy seguro de que sus señorías estarán encantados de recibir una copia de lo que ha escrito para que puedan ver con mayor concreción su análisis y sus propuestas. Nosotros se la haríamos llegar.

La señora PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE GESTORES CULTURALES (Velasco Rebollo): La última parte habla del Pacto por la cultura de 2015, que algunos de ustedes tienen, en el que se desarrollan las acciones propuestas por el mismo a los distintos sectores, agentes públicos y privados y profesionales

El señor PRESIDENTE: Nosotros se lo haremos llegar. Muchísimas gracias.

El primer interviniente será don Carles Campuzano, de Democràcia i Llibertat.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Quiero agradecer a la señora Velasco su intervención, que ha sido muy amplia, completa y sugerente. Además, estoy seguro de que cuando tengamos ocasión de leer con más calma su intervención nos va a sugerir líneas de actuación posibles por parte de esta Comisión.

Simplemente quiero comentar tres cuestiones. En primer lugar, compartimos su preocupación por la reducción del conjunto de los presupuestos de Cultura en las distintas administraciones públicas, pero también compartimos que en el campo de las administraciones autonómicas el ajuste que se ha realizado es consecuencia de las decisiones políticas que ha tomado el Gobierno central, que ha obligado a concentrar el esfuerzo de reducción del déficit público en España en las comunidades autónomas. Como usted sabe más o menos, el gasto autonómico representa un tercio del conjunto del gasto público. Sobre el déficit que tenía España, a las autonomías les correspondería haber situado el objetivo de déficit en el 1,4%; en cambio, el Gobierno del Estado les ha obligado a intentar avanzar hacia un objetivo imposible: el 0,7%, lo que ha comportado que en aquellas competencias fundamentales de las autonomías -sanidad, educación, servicios sociales y cultura- los impactos hayan sido muy sustanciales. Y en paralelo, el Ministerio de Cultura mantiene la concentración del gasto fundamentalmente en Madrid. Dos tercios del gasto público del ministerio se concentran en la ciudad de Madrid, tanto en beneficio de las infraestructuras del propio Estado como en beneficio de las infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es un debate en el que estoy seguro que en esta legislatura tanto la señora Nogueras como yo vamos a insistir, porque no se trata solo de una perspectiva catalana, sino que también afecta a Valencia, a Bilbao, a Santiago y a Sevilla y sería bueno tenerlo en cuenta.

En segundo lugar, tiene usted mucha razón cuando dice que en ese contexto de consolidación presupuestaria que ha afectado a las partidas de las políticas culturales, el esfuerzo para intentar compensar esa situación con una buena ley de mecenazgo ha sido frustrado. Evidentemente. La gran crítica a la política cultural de la pasada legislatura es precisamente esa: la existencia de un compromiso por parte del Gobierno de ir hacia una Ley de Mecenazgo moderna que no se ha producido. Ha habido


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algunos cambios que mi grupo valora, cambios que han sido interesantes, pero están muy lejos de dos Estados de nuestro entorno que han producido cambios significativos en sus leyes de mecenazgo, de nuestro entorno porque responden a culturas políticas parecidas a la nuestra: Francia e Italia. Estados muy estatistas, muy desconfiados de la iniciativa de la sociedad civil han incorporado en sus legislaciones incentivos fiscales realmente sólidos y potentes y eso tendría que ser motivo de inspiración al Gobierno español. Precisamente, en un momento en que el sector público no tiene capacidades seamos capaces de liberar las energías de la sociedad para fortalecer las políticas culturales. Sepa que en esta legislatura, desde la perspectiva de Democràcia i Llibertat, la batalla por la Ley de Mecenazgo va a ser fundamental, pues además en nuestro país, en Cataluña, la demanda de esa ley es inmensa. A diferencia de Navarra, en lo fiscal nosotros tenemos una capacidad normativa inferior; Navarra tampoco tienen capacidad normativa en el impuesto sobre sociedades y una buena Ley de Mecenazgo exige también incentivos fiscales en el ámbito del impuesto sobre sociedades.

Simplemente quiero hacerle una pregunta que a mi grupo le interesa y que quizá si su intervención hubiese sido más completa habría hecho referencia a ello. ¿Cómo valora usted el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en el campo de la cultura, en términos de riesgo y de poner en crisis la existencia de las clases medias de los creadores, como oportunidad para el propio sector cultural o como una combinación de estos dos enfoques? En este contexto de ajustes presupuestarios, uno de los grandes cambios de estos cuatro-cinco años precisamente ha sido la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación con la creación de nuevos modelos de negocio que facilitan el acceso a la cultura a los ciudadanos, pero que al mismo tiempo dificultan a los creadores la capacidad de poder ganarse la vida con esa función. No sé si lo comparte.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Eritja, del Grupo de Esquerra Republicana. Gracias.

El señor ERITJA CIURÓ: Buenos días, señora Velasco.

En primer lugar, quiero agradecer la intervención que ha hecho, porque clarifica muchos elementos que creo que son base y que debemos tener presentes en el debate que aquí estamos planteando. Hay un asunto que me ha interesado muchísimo, y es el tema de la profesionalización de la cultura, que es un aspecto del que siempre estamos hablando, pero que se debe hacer efectivo. Nos hemos de creer realmente que los gestores culturales son profesionales de la cultura, y eso quiere decir que a nivel práctico la figura del gestor cultural tiene que tener un reconocimiento a nivel fiscal, a nivel laboral, a nivel contractual, a nivel normativo, etcétera. No debe existir simplemente un concepto vago del gestor de la cultura, sino realmente de un profesional de la cultura, y veo que aquí todavía estamos muy lejos de aceptar al gestor cultural como un profesional real de la cultura.

Hay un tema importantísimo al que ha hecho mención y que quería desarrollar un poco más porque creo que es fundamental. Por un lado, ha hablado de que la cultura permite la creación de economía y trabajo alrededor de la industria cultural o alrededor de un sector económico importante, y, por otro lado, ha hablado de la cultura de la ciudadanía. Siempre se habla de que la cultura es un tema de ciudadanía, de adquisición de valores, de democracia, de valores ciudadanos. Del gestor cultural se habla mucho, pero a la hora de la verdad son pocas las implicaciones que tiene. Simplemente quería recordar este asunto. Ha hablado también de la Ley de Transparencia y de la gobernanza cultural. Hay un aspecto fundamental y que creo que es básico. Cuando habla de un nuevo modelo de trabajo dentro del mundo cultural, que es la cooperación y la colaboración, creo que es fundamental tener también presentes mecanismos de participación de los agentes culturales en las políticas culturales e institucionales, fundamentalmente en las locales, porque realmente es cuando se puede incidir y cuando este modelo de base del mundo de la cultura, vinculado con los agentes culturales, puede penetrar en las instituciones. No podemos simplemente quedarnos con el modelo institucional de las políticas culturales, que muchas veces está quieto, bloqueado o muy rígido y no acepta nuevas propuestas culturales, que son muchísimas. Quizás es a partir de la participación ciudadana y de los agentes culturales en procesos de creación de nuevas políticas culturales donde está la clave, sobre todo a nivel local, más que a nivel de grandes administraciones.

Finalmente, la pregunta que le quería hacer era la siguiente. Ha hablado de la Ley de Mecenazgo como una ley claramente insuficiente, que no ha dado los resultados que se esperaban, pero en la anterior intervención se ha planteado el tema de los micromecenazgos como más realistas, de colaboraciones e intervenciones más realistas sobre proyectos muy concretos que probablemente darían muchos mejores


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resultados que plantear grandes mecenazgos con grandes empresas, cuando muchas veces ya están destinados a proyectos mucho más amplios y mucho más grandes. El micromecenazgo se adapta mucho mejor al tejido de micro y pequeña empresa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eritja.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Enrique Bueno.

El señor BUENO PRADO: Buenos días, señor presidente.

Señora Velasco, antes de nada quería agradecerle su presencia y su intervención en esta Comisión.

Más que hacerle dos preguntas, me gustaría saber su opinión personal respecto de dos temas de actualidad. Este año celebramos el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, que coincide con la de Shakespeare. Estaba claro que las comparaciones iban a salir y, sinceramente, los actos que en España se van a celebrar nos dejan en bastante mal lugar con respecto a los actos que tienen preparados desde el Reino Unido. Quería saber su opinión personal sobre qué le parece la programación de actos que están previstos y qué echa usted en falta que podría haberse incluido en esos actos, ya que siempre estamos a tiempo de poder incluirlo cuando sale de voces capacitadas para ello.

Últimamente ha habido varias propuestas que apuestan por que la gestión cultural la lleven personas amateurs -llamémoslas así-, con poca experiencia, con mucha ilusión, pero con poca formación o preparación en estos ámbitos. Quería saber cuál es su posicionamiento respecto a este tema.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bueno.

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Maura.

El señor MAURA ZORITA: Gracias, señor presidente.

Señora Velasco, quería hacerle una pregunta y compartir o prolongar una reflexión que tiene que ver con la comprensión profunda que nos debemos del cambio social y cultural en lo que afecta a las prácticas culturales.

Para la cultura podría decirse que todos los tiempos son tiempos de crisis. Históricamente se ha pensado tanto como un factor dependiente de las crisis como en cierta medida motivado por ellas, y no es extraño que eclosiones culturales impresionantes hayan tenido que ver con momentos de crisis. Por tanto, incluso aquellas personas que los vivieron se refirieron a esas crisis como aspectos clave para semejante manifestación. En ese sentido, creo que es muy útil y muy productiva la reflexión que hacía sobre la necesidad de no ser catastrofistas, ni siquiera en los momentos de catástrofe. Es decir, que la actitud no ha de ser esa en la medida en que tampoco hay un tiempo histórico que no ofrezca oportunidades.

La magnitud del cambio social y cultural que estamos viviendo es absolutamente gigantesca en lo que tiene que ver con los últimos veinte años de historia mundial en todos los niveles. ¿Por qué creo que esto es absolutamente fundamental? Porque creo que a veces en el ámbito cultural hay una tendencia -no sé si llamarla natural- a ser catastrofistas, a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, bien en lo económico, bien en lo que tiene que ver con las tradiciones que entonces permanecían o estaban vivas y que ahora no son más que recuerdos del pasado, lo cual puede generar algunas consecuencias no deseadas. Concretamente, pienso en una cosa que ha dicho usted, la eventitis. La eventitis es un fenómeno contemporáneo que enlaza con una cierta comprensión de la cultura como tradición y nada más como tradición. A veces ocurre que precisamente por la falta de financiación, por la falta de imaginación política y por la falta de imaginación industrial o empresarial nos encontramos con que solamente existe -para el gran público, por ejemplo- aquello que se conmemora, aquello que tiene ya una historia, que tiene cien, doscientos o cuatrocientos años, y nos olvidamos de la tarea absolutamente indispensable que tienen las administraciones y, por supuesto, el tejido social, el tejido empresarial y el tejido comunitario de empujar proyectos culturales novedosos que parten de cero, que muchas veces parten con financiación precaria y que enlazan también con el territorio, con las preocupaciones locales, con las preocupaciones de ámbito territorial.

Por tanto, plantear esta necesidad de pensar la cultura en su dimensión industrial -no solo institucional sino también industrial- como algo que siempre está lleno de peligros pero que también de oportunidades. Creo que en esta institución muchas veces nos ocurre que lo pensamos todo como peligro y nunca como oportunidad, lo pensamos todo como defensa de lo que se hizo para mejorar las cosas en un contexto de


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crisis que nos empujó a hacer cosas que no queríamos hacer, cuando en realidad lo que hacemos es cometer errores, no tomar a la cultura suficientemente en serio o tener una mirada demasiado estrecha hacia la cultura que nos lleva a tomar decisiones económicas, decisiones fiscales, decisiones políticas inadecuadas y contraproducentes. Esto por un lado.

Por otro lado, quiero hacerle una pregunta relativa a la cuestión del patrimonio. El famoso 1% cultural o el 1,5% cultural en gran medida ha generado distorsiones porque la competencia en la asignación de esas partidas era compartida con el Ministerio de Fomento y con el Ministerio de Cultura -cuando lo había-, actualmente el Ministerio de Educación y Cultura. La pregunta es directa: ¿sería razonable o mejoraría en algo la situación si volviera esa competencia, se hiciera exclusiva o se planteara una relación o un equilibrio diferente entre Fomento y Cultura a la hora de asignar esos recursos? ¿Sería deseable que Fomento tuviese menos peso del que ha tenido hasta ahora en la asignación de estos recursos? ¿Cuál podría ser el papel positivo que podría desempeñar el Ministerio de Cultura en la asignación de prioridades, de tal manera que el 1,5% cultural fuese de verdad algo que favoreciera tanto el acceso al patrimonio como la sostenibilidad del patrimonio y su conservación y restauración?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Maura.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Elorza.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, señora Velasco, por su presencia aquí y por sus aportaciones. A los socialistas nos ha parecido que el suyo ha sido un relato muy certero, muy adecuado. Nos gusta ese relato que pone a la cultura en el centro de las transformaciones de un país; nos gusta que la cultura sea elemento transformador y que sea un elemento difusor de valores; y nos gusta -y no lo hemos conseguido- que toda la ciudadanía, especialmente determinados sectores sociales, puedan acceder a la cultura y a muchas de sus manifestaciones en grado de igualdad, cosa que no se ha conseguido y que, desde luego, en los últimos cuatro años ese proceso de acceso a la cultura como un derecho a la ciudadanía ha caminado hacia atrás. Desde nuestro punto de vista, hemos vivido cuatro años de un cierto golpe de Estado a la cultura, con un ministerio prácticamente inexistente y con errores evidentes en política legislativa. Dejaré a un lado, porque ya se han citado sobradamente, las cuestiones tributarias, del IVA, etcétera.

Nuestra preocupación es evidente, y siendo cierto que creemos que momentos de crisis, como estos, incluso momentos de crispación y de tensión pueden generar muchísima creatividad, pueden generar fenómenos culturales de gran interés, en momentos como los actuales, es verdad -y no nos echamos la mano a la cabeza por ello- que en este país, por ejemplo, sigue teniendo demasiado peso el fútbol. Este es un país que se mueve por el fútbol: sus horarios, sus movimientos, los medios de comunicación, el funcionamiento del país y su economía dependen del fútbol. Incluso le diría más, no sé si alguien lo ha mencionado, pero confesaremos que aquí, en este Parlamento, en años anteriores había debates que se cortaban o PNL o leyes que se dejaban para el día siguiente en función de que ese día por la noche hubiese un partido de fútbol a las 8:30, a las 9:00 o a las 9:30. De eso doy fe. Esto debería de cambiar y deberíamos de hacer una pequeña revolución. Por parte del próximo Gobierno ojalá fuera posible, pero tal y como están las cosas vaya usted a saber, pero esta es una realidad.

Y esto, trasladado a los medios de comunicación, me gustaría que nos hablara un poco más del papel de los medios de comunicación, fundamentalmente públicos. Hay sectores a los que les encantan las teleseries, los concursos, las películas que no aportan ningún tipo de valor. Los informativos o los telediarios de la pública parecen el periódico El Caso, lo cual es una cosa increíble; no sé si es que eso anima o levanta la moral de la ciudadanía o todo lo contrario, pero provoca muchísimo rechazo en quienes vemos que se dedica muy poco tiempo a la cultura con cariño, con selección, con programas, con horarios. Curiosamente hay una radio privada que dedica un espacio cultural a una hora importante y que hace todos los días un informativo cultural por las noches. Partiendo de ahí, y teniendo en cuenta que van muchos recursos, mucha atención y muchos esfuerzos al fútbol y poco a la cultura, me gustaría que nos hablara usted de eso.

Y fundamentalmente -y acabo, porque lo que nos interesa es escucharla a usted- es importante el papel de los ayuntamientos como gestores en colaboración con gestores profesionales con otras entidades. Nos parece que es fundamental el acceso a la cultura por parte de la gente más joven, de las criaturas, de los niños y niñas, al conocimiento de la música, de la danza, del ballet, del teatro, a la lectura, a la educación en valores, que es también cultura hacia esa ciudadanía y, todo ello, creemos que ha


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experimentado un retroceso incluso del Gobierno actual, todavía en funciones, que ha puesto parte de lo suyo en la reforma de la ley local. No solamente le ha querido quitar a los ayuntamientos servicios sociales, sino también competencias culturales, y nos parece decisivo y clave en un país, que tiene que ser muy descentralizado, un país que algún día tendrá que reconocer realmente el valor de la diversidad cultural de sus lenguas como una riqueza y para las cuales también tiene que trabajar ese ministerio del Estado, el papel de los ayuntamientos en la labor de promoción, difusión, concienciación a las familias y a la gente joven de lo que significa la cultura. De modo que, por favor, háblenos de ello; lo necesitamos.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Elorza.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Clavell.

El señor CLAVELL LÓPEZ: Muchísimas gracias, señor presidente.

Gracias a la compareciente, la señora Velasco, porque nos ha dado una serie de datos muy ilustrativos y, sobre todo, instructivos; unos datos y, además, algunas ideas que ha lanzado y que nos parecen muy interesantes. De esos primeros datos a los que quisiera hacer mención, uno de ellos es sobre la política cultural que ha llevado a cabo el Gobierno durante la anterior legislatura -Gobierno todavía en funciones en esta legislatura- sobre cumplir la estabilidad presupuestaria, como no, en un aspecto tan importante como es la cultura. Efectivamente, para los Presupuestos Generales del Estado en vigor del año 2016 tenemos 803,57 millones de euros presupuestados, lo que supone un 7,3% más que el año anterior; y el año anterior un 4,3% respecto al año 2014, que es el anterior. Hemos de decir que son los dos años en los que ha empezado a aumentar el presupuesto general del Estado referente a cultura en los últimos años, desde el año 2008 hacia acá, que empezó a decaer sistemáticamente. Ese era el primer dato del que quería que quedase constancia al respecto.

Cuando hablamos de cultura, aparte de ese valor fundamental en cuanto al crecimiento de cualquier sociedad a niveles educativos y culturales, ese peso y esa labor que consideramos trascendental, también hay otros aspectos muy importantes, que son los económicos y laborales, por supuesto, y hay que tenerlo en cuenta; igual que si queremos decir con toda normalidad que la cultura es un sector económico, también lo debemos llevar a números económicos. El empleo cultural ha pasado de 488.700 ocupados, en 2011, a 511.800 ocupados en 2014. Esto supone pasar de tener un 2,7% del empleo total a un 3%. Es decir, que el aumento de las personas empleadas en la cultura es importante tenerlo en cuenta.

Si hablamos del cine español, podríamos hablar de muchísimas facetas dentro de la cultura. El cine español, que ha recaudado, durante el año 2014, 132 millones de euros, supone un 94% más que en 2013, donde se recaudaron 68 millones de euros, aumentando la cuota de mercado que también es interesante.

Las visitas a los museos se han incrementado en un 50%. Se ha pasado de 1.800.000 en 2011 a 2.200.000 visitas en 2014; también el llamado 1% cultural, que ha aumentado el 1,5% y varias personas que me han precedido en el uso de la palabra se han referido a ello. En cuanto a las conmemoraciones, sabemos que ustedes son más partidarios de los programas que no de los eventos, como ha hecho usted mención, pero también son importantes. Por no hablar del canon digital de la piratería pero, sobre todo, del IVA cultural. Permítame que lo denomine mal llamado IVA cultural, porque el IVA cultural, respecto de lo que son periódicos, libros, revistas, que representan el 42% de la actividad cultural en este país, se ha mantenido al 4%; es decir, que no ha sufrido ningún aumento. Después, hay otro aspecto al 10%, efectivamente, como entradas a bibliotecas, archivos, centros de documentación, museos, galerías de arte, pinacotecas, que han aumentado el 10%, y al 21% de ese mal llamado IVA cultural solamente corresponden las entradas al cine, circo y espectáculos.

Con todos estos aspectos positivos, quisiera hacer mención también a todas las medidas aprobadas en la X Legislatura, que es la que ya ha finalizado, entre otras cosas a la Ley de Propiedad Intelectual; el nuevo modelo de financiación del cine, consensuado con el sector al que hace referencia; la nueva Ley para la Biblioteca Nacional, y algo a lo que también usted, señora Velasco, ha hecho mención que es el Plan museos más sociales, no significa otra cosa -que ya es muy importante- que mejorar la integración y el acceso de cualquier ciudadano, muchos de ellos con algún tipo de discapacidad psíquica o física, para poder disfrutar en igualdad de condiciones que todos los demás de los museos a nivel nacional.

En cuanto a la Ley de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, a la que también ha hecho usted referencia, España, en estos momentos, se sitúa a la cabeza de los países que se dotan con mecanismos para proteger los bienes del patrimonio cultural inmaterial. Es decir, España está a la cabeza en este aspecto, al igual que en el impulso a las artes escénicas con el programa estatal Platea, y también -como no- la participación de la sociedad civil en la cultura, que se ha mencionado aquí a través de


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algún grupo que me ha precedido en el turno de palabra, que han defendido el micro mecenazgo. Efectivamente, nosotros apostamos también por el micro mecenazgo. ¿Que puede parecer insuficiente? Posiblemente, pero esa será la línea, seguramente, con las deducciones fiscales a las que también usted ha hecho mención: apoyo al cine, a las artes escénicas mediante incentivos fiscales, etcétera.

Quisiera acabar, señora Velasco, insistiendo en que me ha parecido muy interesante su intervención -la aplaudo y la agradezco, se lo digo con todo el corazón- porque ha tocado dos cuestiones que creo que son vitales, fundamentales en cuanto a la cultura. La primera, sobre todo para los que venimos de política local y todavía continuamos en ella y sabemos perfectamente cuáles son las competencias de un ayuntamiento en materia cultural. En esta materia el Estado tiene muy pocas competencias -no voy a decir ninguna-, que están transferidas a las comunidades autónomas y a su vez a los ayuntamientos. El groso de la política cultural que se lleva a cabo en España depende de los ayuntamientos, de los municipios, y lo digo porque todavía sé lo que es un municipio desde dentro. Y también sé lo que es -insisto, señora Velasco, y le doy ahí toda la razón del mundo- la colaboración público-privada, porque cuando se inician caminos -como el que se llevó en mi municipio- de colaboración público-privada, el servicio siempre es público pero la gestión puede ser directa o indirecta, y si es indirecta puede ser una empresa privada la que se encargue de la gestión cultural de los municipios. Por algunos sectores de la política se mal llama -y usted ha hecho mención a ello- la privatización de la cultura, término al que se opone mi grupo político, a esa mal llamada privatización de la cultura, cuando realmente es una colaboración público-privada, que no solamente en la cultura sino también en otros sectores tan buenos resultados y frutos ha dado a la economía nacional. Esa sería una cuestión, que usted ampliase este papel de la gestión público-privada.

La segunda cuestión sería el peso, la labor de los ayuntamientos porque, insisto, tienen prácticamente -y finalizo, señor presidente- la mayor parte de la política cultural en este país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

La compareciente va a tener que hacer un enorme esfuerzo para resumir en poco tiempo pero también nos mostramos dispuestos a que usted presente por escrito las respuestas y nosotros podríamos hacérselas llegar a los diputados.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE GESTORES CULTURALES (Velasco Rebollo): Voy a intentar ser muy breve.

Respecto a la pregunta de Democràcia y Llibertad sobre el impacto tecnologías de la información, lo veo más como una oportunidad que como una amenaza. Efectivamente, a los creadores les pueden dar cierto miedo esas nuevas tecnologías y esa posibilidad de estar en la red, con sus efectos perversos, pero yo siempre lo veo como una auténtica oportunidad, como un vínculo de distintas áreas, que puede potenciar nuevos aspectos creativos y además difundirlos de forma más adecuada.

Pasando a la cuestión de la profesionalización de la cultura, por la que me había preguntado Esquerra Republicana, efectivamente llevamos recorrido un largo camino para que se conozca al profesional de la cultura, hemos conseguido, después de muchísimos años -desde el año 1998, en el que se constituyó la federación-, el epígrafe de gestor cultural y desde el año 2010 tenemos epígrafe en el código nacional de ocupación. Estamos intentando pelear por que también esté en el CNA de Hacienda, pero es verdad que todo va muy lento, que hay nuevas profesiones -por decirlo de alguna manera-, como es por ejemplo medio ambiente, que enseguida obtuvo ese reconocimiento, mientras que a nosotros nos está costando mucho más trabajo. En fin, vamos encaminados y por lo menos el que se va a inscribir ahora tiene un epígrafe en la Seguridad Social y se le reconoce como gestor cultural.

Hemos hablado de la participación de los agentes sociales en las políticas culturales, de la participación ciudadana sobre todo a nivel local, del micromecenazgo, que en algunos casos se dice que da mejores resultados. Es que el micromecenazgo no se puede excluir del mecenazgo, no podremos decidir que haya una ley de mecenazgo sin beneficiar también el micromecenazgo. ¿Por qué no? Si no estamos hablando del de las grandes empresas, estamos hablando un poco de todo.

La pregunta sobre el IV Centenario de Cervantes enlaza un poco con lo que también me preguntaba el representante del Grupo Popular, que decía que yo he dicho que los eventos no. Vamos a ver, vuelvo a reiterar, estoy totalmente a favor de los eventos y de las conmemoraciones pero siempre y cuando haya un programa, o sea, que el evento refleje la realidad de un programa, no estoy de acuerdo con hacer un evento por hacer un evento y decir que han venido 5 personas o 100.000 personas. Me da lo mismo. ¿Y? El tema


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es que tiene es que haber un programa. Es verdad que en cuanto al IV Centenario de Cervantes, más por lo que se lee -porque tampoco tenemos un conocimiento profundo de lo que se está haciendo-, parece que nos da envidia la conmemoración de Shakespeare. Vuelvo a reiterar, me parece importantísimo educar a nuestros menores en la figura de Cervantes y lo que supone en el siglo en el que se inserta porque el pasado es el antecedente al presente que vivimos y al futuro que viviremos. Entonces, me parece fundamental que se hagan esos programas y esos eventos para educar, lo reitero y lo reiteraré muchas veces.

Me preguntaban también qué opino de la gestión cultural amateur. Lo tengo muy claro. Hay gente que me dice que los gestores culturales no estamos capacitados para hacer cultura. Nosotros no hacemos cultura, la cultura es algo innato en el ser humano desde que nace hasta que se muere. Lo que nosotros hacemos es gestionar programas, proyectos y procesos para acercarla a la ciudadanía. ¿Por qué quiero que sean profesionales? Porque si a mí me duele la garganta, llamo al médico, no llamo al fontanero. Por tanto, creo que todas las profesiones -incluida la de actor- tienen una trayectoria, una formación previa, se están desarrollando en su trabajo, mejoran, hacen reciclaje permanente. Lo mismo ocurre con los pintores, etcétera. ¿Por que no llamamos entonces a los profesionales de cada sector? No estoy para nada en contra de que haya compañías de teatro amateur. Perfecto, pero no será nuestra marca España fuera de España, a no ser que haya festival de teatro amateur. Si quiero un profesional, voy a llamar a un profesional, y me da igual de qué sector se trate.

Por supuesto, no debemos ser catastrofistas y enlazo con el tema de los presupuestos. A pesar de que evidentemente están los datos ahí, de que las estadísticas son muy claras, seguimos pensando que son insuficientes a pesar de todo ese esfuerzo que parece que se está haciendo porque en otros sectores se han estado manejando otros presupuestos y se siguen manteniendo. Pero, como digo, no quiero ser catastrofista sino todo lo contrario, soy optimista porque también creo que es un buen momento de oportunidades, de creatividad y de nuevas herramientas.

En cuanto al patrimonio, que me preguntaban si creo que lo deben gestionar Fomento y Cultura, lo que creo -vuelvo a decir- es que lo que se invierta, ese dinero, sea poco o mucho -evidentemente ahora hay menos porque era el 1,5% de las obras y ahora hay menos-, debe ser puesto en proyectos que repercutan de alguna manera en el tejido social en el que se insertan y eso solo es posible a través de una comisión de expertos. Si por ejemplo es un tema de restauración y conservación, tenemos un maravilloso instituto de conservación de obras culturales a nivel nacional. Hay también maravillosos ejemplos de institutos de conservación en distintas autonomías, son destacables el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el de Castilla y León. Por qué no recurrir a ellos y analizar entre todos qué repercusión tiene que se invierta en una determinada obra o se invierta en otra.

Enlazo con la pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, que ha mencionado que soy especialmente sensible con el fútbol. No estoy para nada en contra de que la gente vaya al fútbol, lo que sí que me planteo es por qué nadie cuestiona nada cuando paga una entrada de fútbol al precio que sea y si nos dicen que tenemos que pagar 3 euros por entrar a un museo nos duele muchísimo, porque la cultura es de todos y la pagamos todos. Volvemos a lo mismo, es una cuestión de educación, de sensibilización. La televisión pública, La 2, emite programas culturales y tiene un problema. Metrópoli, por ejemplo, que es demandado por un amplio número de población, se emite a altas horas de la madrugada. En algún caso se ha hecho un intento por acercarlo a una hora más normal y ha tenido mucha demanda. ¿Por qué no se trabaja más en esa línea de acercar programas culturales? Por supuesto eso no quiere decir que no sigan existiendo otros programas que nos pueden gustar más o menos, concursos, series o lo que sea; todo tiene cabida. Pero tenemos que potenciar muchísimo más la difusión a través de los medios de comunicación y sobre todo de los públicos, tenemos que conseguir educar. Si no conoces algo, no lo ves. Cuando yo era pequeña en la televisión pública había muchos programas de música, teníamos cierta sensibilidad hacia la música. Cuando digo que teníamos más, me refiero a horas en las que los niños podían ver esos programas. No estaban tan mal, tenían una demanda, y con ellos crecimos y aprendimos a valorar de otra forma los distintos estilos musicales y propuestas.

Hablábamos de los ayuntamientos como gestores que están potenciando -y pueden además- el desarrollo de esos programas de música, danza y ballet. Pero también tenemos que tener en cuenta, por lo que hemos estado viendo hasta ahora, que muchas veces ello depende del voluntarismo del responsable que está a la cabeza del ayuntamiento. Hay muchos municipios, tanto pequeños como grandes -no estamos hablando de grandes municipios-, que han tenido alcaldes muy sensibles y han adaptado los presupuestos y les han dado una calidad para que por lo menos sus habitantes puedan acercarse al teatro. Hay grandes espacios culturales, infraestructuras que se hicieron gracias a la época del ladrillo,


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que en algunos casos están infrautilizados y en otros están utilizados al 200%, inventándose nuevas fórmulas. Hay municipios muy pequeños que rozan la Comunidad de Madrid pero ya pertenecen a Castilla-La Mancha que tienen esas infraestructuras maravillosas, que no tienen dotación presupuestaria y que han ofrecido a los colectivos de artistas que vayan a hacer allí su ensayo general. Es una fórmula. Hay que inventarse fórmulas. Nosotros ahora siempre estamos apostando por trabajar en red, en colaboración, y entre todos intentar: lo que tú no puedes aportar hoy ya lo aporto yo y mañana me lo aportarás tú. Esa es la forma de colaborar y cooperar en el tema cultural, fundamentalmente porque además, a pesar de las mejoras -vuelvo a decir-, seguimos entendiendo que hay ciertos recortes.

En cuanto al IVA cultural, eso del 4% y el 10%, sí, pero con el 21% no solo estamos hablando de entradas, etcétera, sino de que cuando los profesionales de la cultura emitimos una factura tiene el 21% cultural. También estamos hablando de eso, y entonces enlazamos con el tema del empleo. Efectivamente se ha creado mucho empleo, pero dadas las circunstancias que tenemos y las características especiales del autoempleo tenemos que ser realistas. El empleo que se está generando, que en muchos casos es autoempleo, son micro, micro, microempresas de una o como mucho cinco personas -de cinco no hay casi ninguna- y la vida que tienen estas empresas en muchos casos no llega a los siete años. Eso es lo que estamos intentando hacer, aprovechar este boom por el emprendimiento. Se están haciendo programas maravillosos para ayudar al emprendimiento desde distintas entidades públicas y privadas, en una de las cuales participa el Ministerio de Cultura actual con las Cámara de Comercio a través de la Fundación Incyde, doy fe de ello, y se está haciendo por todo el territorio nacional. Estamos animando a la gente a que emprenda, les estamos ayudando y acompañando en el camino. Pero luego, cuando a mí me dicen ¿de dónde saco recursos?, tenemos que ver cómo podemos hacer para que empiecen. Y al cabo de años me dicen: he tenido que tirar la toalla. Ahí es a donde yo quería ir con el tema, que efectivamente se genera más empleo, pero queremos que sea un empleo de más calidad.

El tema de las externalizaciones solo puede ir unido a una buena transparencia, que todo el mundo conozca qué está pasando realmente, que no tengamos doble fondo y que todo el mundo sepa cómo se ha ganado ese concurso, quién lo ha ganado, por qué, qué programa o propuesta ha presentado.... Igual que cuando he mencionado antes el nombramiento de las grandes figuras de los museos o de las instituciones, de las grandes y de las pequeñas. Si lo hacemos con un contrato programa, abiertamente, no va a haber duda, no habrá problema. Entonces no vamos a hablar de privatizaciones, vamos a hablar de externalizaciones, porque creo que además las políticas culturales se tienen que hacer para apoyar esa difusión masiva de la cultura y permitir la accesibilidad total a la cultura por parte de todos.

He sido muy rápida. Me comprometo a pasar lo que me han solicitado, pero con esto creo que ya termino.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Sé que es complicado resumir tantas cosas que acontecen en el sector cultural en el poquísimo tiempo que le hemos dado hoy, pero quiero agradecer especialmente su intervención, que ha sido muy rica y que probablemente nos ha dado nuevas pistas a todos sobre qué hacer, que para eso estamos aquí, en esta Comisión, para que este sector -lo necesita- mejore y por tanto mejore también la vida de los ciudadanos.

La señora PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE GESTORES CULTURALES (Velasco Rebollo): Pero todo siendo optimistas, que no hay que ser trágicos todo el día y sufrir todo el día. Vamos a ser optimistas.

El señor PRESIDENTE: Por supuesto. Le habla un teatrero cuyo sector parece que está en crisis desde el inicio de los tiempos y a pesar de todo ahí seguimos.

Muchas gracias. Dos minutos y daremos paso al siguiente interviniente. (Aplausos.-Pausa).

- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COALICIÓN DE INDUSTRIAS Y CREADORES CULTURALES (GUISASOLA GONZÁLEZ DEL REY), PARA INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR CULTURAL EN SUS DISTINTAS FACETAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000041).

El señor PRESIDENTE: Tras esta brevísima pausa quiero dar la bienvenida a don Antonio Guisasola González del Rey, presidente de la Coalición de Industrias y Creadores Culturales.

Vamos a obrar de la misma manera que hasta ahora, un primer turno de intervención de aproximadamente unos veinte minutos, tras los cuales los portavoces de los grupos parlamentarios le plantearán una serie


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de preguntas que usted deberá intentar responder luego en otro turno de unos quince minutos aproximadamente.

El señor PRESIDENTE DE LA COALICIÓN DE INDUSTRIAS Y CREADORES CULTURALES (Guisasola González del Rey): Intentaré ser breve, como me han sugerido desde el principio.

En primer lugar, en nombre de todos los socios de la coalición y en el mío propio quiero darles las gracias por esta oportunidad que nos brindan de comparecer en esta Comisión. Espero que les sea de interés la información y sobre todo espero que las preguntas puedan resultar quizá más interesantes.

Me consta que muchas de sus señorías saben que la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos representa a una gran parte del sector cultural y de entretenimiento en España, agrupa las industrias de contenidos y a varias entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y representa a cuatro grandes ejes directores de esta industria cultural: música, cine y series, videojuegos y libros. La misión de la Coalición de Creadores básicamente es trabajar en el impulso y desarrollo de cuantas actividades sean necesarias para evitar la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Inició sus actividades en el año 2008 y siempre hemos querido que se convierta en un referente institucional en la lucha contra la piratería digital y promover y fomentar cualquier iniciativa pública o privada que pueda favorecer el desarrollo de la industria digital de contenidos en España.

Yo creo que es importante tener la oportunidad de comparecer ante ustedes en esta legislatura un poco extraña en su origen y nos gustaría plantearles unas reflexiones en torno a cuatro bloques: la situación del sector, el panorama normativo que tenemos, la situación internacional comparada -que creo que es un elemento importante- y las medidas que desde nuestro sector entendemos que es urgente adoptar.

Los trabajadores del sector de las industrias culturales son de vital importancia para la economía española, con un gran potencial de crecimiento y de creación de empleo cualificado. No es una diferencia con otros sectores, pero este es particularmente sensible a que, si existiera un marco regulatorio estable que dé seguridad jurídica a las inversiones, sería fácil atraer ese dinero. Dicho marco regulatorio en España se hace incluso más necesario que en otros países a la vista del grave problema de la distribución no autorizada de contenidos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, que ha dado origen a un complejo mercado ilegal conocido como piratería que no ha generado ningún beneficio económico ni social pero sí enormes daños a un sector, como digo, puntero y ha obstaculizado y ralentizado la puesta en marcha y desarrollo de una industria innovadora basada en la economía digital.

La oferta ilegal de contenidos en España, la piratería, se ha sostenido en tres pilares fundamentales: un marco regulatorio ambiguo o directamente defectuoso, una aplicación deficiente del mismo y una ausencia por parte de los poderes públicos de movilización para crear conciencia social frente a este problema. La piratería digital sigue batiendo récords en nuestro país -ahora pondremos algunas cifras- y perjudica gravemente a creadores e industrias culturales y de contenidos digitales, a los consumidores y al Estado, a la vez que imposibilita que florezca un mercado legal competitivo y acorde con la demanda real de estos productos por el efecto sustitución que tiene. Cuando hablamos de piratería de contenidos culturales y de entretenimiento, según la Unesco, nos estamos refiriendo a la actividad de reproducción y distribución de copias de obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual sin la autorización de sus propietarios legítimos cuando dicha autorización resulta necesaria, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en Internet. Conviene tener presentes con esta definición un par de apuntes sobre una artificial controversia que se ha mantenido en nuestro país en cuanto a lo que es el concepto de piratería. Algunos adalides de organizaciones que no tenían ningún interés en que este problema se acabara acudían a denominar la piratería como compartir información, o la lucha contra la misma se ha transmutado a veces en expresiones como: se trata de limitar la libertad de expresión, de implantar la censura o de hablar de criminalización de los usuarios cuando se pretende aplicar una ley. No he oído una sola vez en la vida en que se hable de criminalizar a los conductores cuando se quiere aplicar la normativa de tráfico, sin embargo en este sector parece que ese tipo de conductas sí que ha florecido. El argumento logró tener cierto recorrido en la medida en que quizá, por culpa de la Real Academia Española de la Lengua, solo se definía piratería como la práctica de abordar barcos o aviones para robar su carga, modificar su rumbo o exigir rescate por los pasajeros. En esto se ha insistido hasta la saciedad en montones de artículos, en entrevistas y demás. Dicen: no somos piratas somalíes; los que hacen eso son piratas somalíes, nosotros somos consumidores. Parte de la industria cultural por otro lado, también rechazaba esa definición. Entendía que piratería, por un concepto completamente distinto, no era un


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vocablo adecuado pues tenía una connotación romántica, de aquellos bajeles que surcaban los mares del Caribe, bebiendo ron y saqueando barcos, con lo cual tampoco era una expresión que nos gustara.

En cualquier caso, la RAE ha venido también a resolver esta controversia y en la última actualización del diccionario, que se acaba de publicar, ha adaptado el término piratería al uso social mayoritario. Junto a lo que se señala en la definición de piratería como ejercicio de pirata o lo que este obtiene, robo o presa que hace, la palabra piratería nombra el robo o destrucción de los bienes de alguien, porque eso es lo que hacen los piratas, los de Somalia y los que vulneran el contenido de propiedad intelectual. Destruyen el contenido que alguien ha creado y que intenta comercializar y se apropian de él. El Observatorio mundial de la lucha contra la piratería de la Unesco define la piratería on line como la descarga o distribución ilícita en Internet de copias no autorizadas de obras, tales como libros, películas, composiciones musicales, videojuegos y programas informáticos que se puede llevar a cabo mediante redes de intercambio de archivos P2P, sitios web de descarga directa o streaming, foros en Internet o redes sociales. Esa es la definición de piratería que compartimos con la Unesco. La piratería on line, además, crea millones de euros de daños a industrias legítimas y, en muchos casos, oculta la actividad de redes que se dedican a otras actividades ilícitas, la menor de las cuales no es el blanqueo de capitales o el juego ilegal. Por ello creo que resultan tan importantes estas consideraciones y definir el problema con el rigor y la importancia justa desde el principio, desde su nombre, y llamarlo piratería con todas las letras y toda la carga peyorativa que pueda acarrear la palabra.

Que hoy sea necesario este esfuerzo especial de información y educación para aumentar la concienciación social sobre el problema es prueba de que la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se ha quedado corta en cuestiones muy importantes para actuar frente a este fenómeno. En ese contexto social y mediático parece que da cierto pudor legislar contra la piratería de forma radical y como perduran ciertos malentendidos sobre la gravedad de la piratería, indudablemente y de forma más o menos consciente, ha funcionado como un injustificado contrapeso cuando el legislador ha debido fijar criterios y tomar decisiones. De ahí, como entraremos más adelante, el pudor que en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se tiene a la hora de bloquear páginas piratas, que viene introducido por ese miedo a tomar medidas. Por citar solo un ejemplo, en diciembre de 2014, pocos días después de que la justicia sueca ordenase una nueva intervención de servidores The Pirate Bay, uno de los mayores sitios web de piratería del mundo, un profesor, reconocido bloguero escribía: Desde hace años podemos ver contenidos estrenados en otro país inmediatamente. Ya no era necesario esperar a que una cadena española decidiese emitirlo; te ibas a The Pirate Bay o similares y lo encontrabas. No, no somos piratas, respondemos a un mercado desabastecido. Pues bien, gracias a la Real Academia Española podemos decir ahora que sí, sí sois piratas cuando hacéis este tipo de actividades. Y contra eso hay que tomar medidas de forma radical.

Este tipo de opiniones han tenido eco en los medios de comunicación y determinados medios apuestan por mantener la equidistancia cuando se habla del problema, de tal manera que los defensores de la lucha contra la piratería se ven obligados a debatir contra los promotores de que esa actitud se consolide y se mantenga en esos términos. Cada vez que aparece un estudio demostrando las bondades de la piratería para la economía social hay diez por otra parte, reputados y sostenidos, que establecen lo contrario. Sin embargo, la noticia es el estudio que desmonta el mito de que la piratería es mala. La verdad es que, de forma aplastante, los estudios más serios establecen dos conclusiones: la primera que las industrias culturales y de contenidos son ante todo un sector productivo clave para la recuperación de la economía y que facilitan incontables beneficios a la sociedad en términos de crecimiento económico, empleo y diversidad cultural. La segunda es que lejos de lo que pretenden ciertas simplificaciones del problema, la piratería digital causa perjuicios millonarios y destruye empleo en todo el mundo. Un reciente estudio de Ernest & Young, titulado Evaluación de los mercados culturales y creativos europeos como motor del crecimiento, recopila información de las contribuciones que once mercados culturales hacen a la economía de la Unión Europea. Estos sectores creativos contribuyeron en un 4,2%, 536.000 millones de euros, al producto interior bruto europeo, por delante de las telecomunicaciones y del sector del automóvil. Este informe confirma, además, que las industrias culturales, lejos de lo que a veces se quiere plantear, están plenamente integradas en la economía digital, han superado el desafío de los nuevos soportes o de la falta de ellos y la creciente utilización de las aplicaciones multiplataforma, erigiéndose en una fuente de innovación y creatividad. El estudio destaca también que por término medio el 70% del tiempo dedicado al uso de tabletas digitales se emplea para consumir productos culturales. Estas industrias, según este mismo estudio, generan un volumen -como digo- de 535.000 millones de euros, 7,1 millones de puestos


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de trabajos, el 19% de ellos ocupados por trabajadores de menos de treinta años. Por tanto, estamos suponiendo el 3,3% de la población activa de la Unión Europea. La mayoría de estos puestos de trabajo, por cierto, generados en empresas de uno a tres trabajadores, microempresas. Además, en promedio, como digo, las industrias emplean más jóvenes que cualquier otro sector de la economía. Martin Schulz, el presidente del Parlamento Europeo, al presentar este informe señalaba que los trabajos que la cultura genera no pueden, por regla general, ser recolocados en otros sectores porque requieren una serie de talentos muy escasos y a menudo solo nuestros jóvenes pueden mostrarlos. Están en su hogar en el mundo digital que supone un potencial fresco para el crecimiento. Además, este sector ha demostrado una extraordinaria resistencia a la crisis económica; en este periodo de grave crisis económica es de los pocos sectores que ha mantenido su crecimiento. Otros informes complementan y consolidan los datos que se plantean en este. Un estudio titulado Industrias con gran presencia de derechos de propiedad intelectual, realizado conjuntamente por la Oficina europea de patentes, la Oficina de armonización del mercado interior, OAMI, recientemente rebautizada como Euipo, destaca las mismas cifras. Señala que la contribución directa al empleo es un 3,2 en toda la Unión Europea -3,3 decía el estudio anterior- y añade que los sectores basados en un uso intensivo de los derechos de autor también generan empleo en otros sectores no intensivos que les facilitan bienes y servicios como consumos intermedios para sus procesos de producción. Si incluimos en el cálculo los empleos indirectos generados por estas industrias nos encontramos con que añadimos dos millones más de empleos, lo que suma un total de nueve millones generados en puestos de trabajo en la Unión Europea. En términos globales el 39% de la actividad económica de la UE, 4,7 billones de euros -billones, con be- se genera en industria con gran presencia de derechos de propiedad intelectual y aproximadamente el 26% del empleo total -56 millones de puestos de trabajo- se genera directamente en estas industrias, las industrias ricas en utilización de producto cultural.

La piratería es, digamos, lo que viene a poner freno a toda esta actividad económica, limita la creación de empleo, limita la creación de riqueza y por tanto provoca graves daños a nuestra infraestructura. En términos sociales, además, el daño que sufren las empresas en todo el mundo se refleja en los empleos de las industrias creativas. Los productos pirateados llevan a un estancamiento en las industrias que a su vez ofrecen menos empleos, menos capacidad de inversión y menos rendimiento. Las inversiones en el sector cultural de un país son importantes y duraderas cuando los inversores encuentran un sistema adecuado de respeto a la propiedad intelectual; de lo contrario el país pierde capacidad de atraer inversiones y se convierte en un país consumidor de contenidos en vez de en un país generador de contenidos.

Por último, y no menos importante, la piratería es un delito que ocasiona víctimas. Constituye una fuente lucrativa de ingresos para importantes organizaciones delictivas y en muchas ocasiones, cuando se producen actividades de intervención policial o judicial, se descubre que estas prácticas tienen mucha relación con estafa mediante tarjetas de crédito, blanqueo de dinero, de localización de capitales y demás tan de moda en estos días.

Como conclusión de estos estudios y de la realidad que vivimos hay cinco puntos que deberíamos tener claros a la hora de enfrentar este problema. En primer lugar que a la piratería, gracias a la RAE una vez más, hay que llamarla por su nombre. Que las industrias culturales y creativas son un valor al alza en la economía mundial y una garantía para el desarrollo de una cultura rica y diversa. Que la piratería es una actividad criminal que causa millones de pérdidas, destruye empleo y encubre otros delitos. Que el problema afecta muy gravemente a un sector clave para la recuperación económica de España y que se están haciendo los mayores esfuerzos desde este lado de la mesa para promover la oferta legal y la concienciación social respecto al consumo. Ahora solamente nos falta una ley que funcione. ¿Por qué decimos que nos hace falta una ley que funcione y es bueno que en el Parlamento tratemos este tema? Porque recientemente hemos publicado datos del Observatorio de piratería y hábitos de consumo digitales, que encarga la coalición, y la conclusión que tenemos es que la piratería no remite. Es un informe -quiero dedicar un segundo a esto porque ha habido algún debate artificial también sobre ello- que genera la prestigiosa consulta GFK, independiente y reputada hasta el punto de que el famoso Euipo, que he mencionado antes, le acaba de encargar el estudio más amplio sobre jóvenes e infracción de la propiedad intelectual en Europa que ha hecho público este mes de abril. Según los datos de GFK y el observatorio de 2015, el porcentaje de consumidores que accedió ilícitamente a contenidos en Internet subió hasta el 63% desde el 58% registrado el año anterior. Las medidas tomadas no han sido suficientes y es urgente aplicar con eficacia la legislación vigente y mejorarla.


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Durante 2015 se accedió ilegalmente a 4.300 millones de contenidos digitales con un valor de mercado estimado de más de 24.000 millones de euros. El lucro cesante generado por la piratería, si se convirtiera en precios de mercado real, de compra efectiva, sería 1.669 millones de euros. Los accesos se reparten de forma dispar entre los diferentes sectores: En música, un 20%; películas, un 37%, videojuegos, un 14%; libros, un 15%; series, un 30% y futbol un 11%. ¿Por qué la gente accede a estos servicios? El 62% de los consumidores establece que los contenidos originales son muy caros. Otros motivos expuestos destacan la rapidez y facilidad de acceso, el 55%; ya pago por tener una conexión a Internet, 53%; o no pago por un contenido que posiblemente luego no me guste, 47%. Aumentan las justificaciones del tipo: no estoy haciendo daño a nadie o no hay consecuencias legales para el que piratea porque no pasa nada; actitud que adoptan un 29 y un 26% de usuarios. Respecto a la forma de acceso a estos sitios piratas hay un notable incremento del crecimiento del uso de buscadores, que pasa del 72 al 81%, lo que establece que el 82% de las personas que buscan un contenido pirateado lo hacen a través de un buscador, siendo mayoritario el caso de Google por su implantación.

¿Cómo se financia además este negocio? Un 74% de estas webs de contenido ilegal están financiadas por publicidad. Dentro de esta el 75% corresponde a sitios de apuestas y juegos one line, a sitios de contactos o a contenido para adultos en un 41% de los casos. Además, un tercio de la publicidad que aparece en estas webs también se trata de marcas de prestigio, marcas reputadas que ven cómo su producto se vincula con este tipo de actividades. Por eso creemos que entre una serie de medidas es urgente también trabajar de alguna manera en mejorar el ecosistema de la publicidad online. En cuanto a la fuente de ingresos de estos sitios, además de la publicidad que tienen, hay un 36% de consumidores que declara que tuvo que registrarse en estas webs para tener acceso al contenido, lo que significa que sus datos de carácter personal se ceden, se traspasan a bases de datos que organizan estas empresas y acaban utilizándose en campañas de mailing comercial o alcanzando precios muy elevados en el mercado. Les animo a que si visitan una de estas páginas con un correo que no sea el oficial de aquí, un gmail, se den de alta y verán cómo automáticamente empiezan a recibir un montón de información de productos de lo más curioso cuando menos. Asimismo, los medios de pago juegan un papel importante: comercializan también cuentas premium de estos servicios, establecen sistemas de pago por sms y de más. En definitiva, creemos que tienen una actividad relativamente alta también a través de medios de pago.

Siete de cada diez consumidores del estudio recuerdan campañas de comunicación contra la violencia de género, seis de cada diez recuerdan campañas de seguridad vial y solo dos de cada diez recuerda campañas contra la piratería digital; es lógico, hace bastantes años que no se hace en nuestro país una campaña contra la piratería digital.

El de la piratería es un sector que causa graves daños a las industrias culturales en cuanto a términos de empleo. Estimamos que actualmente estas industrias culturales tienen en torno a 59.000 trabajadores directos. Un escenario sin piratería podría crear 21.000 puestos adicionales de trabajo, lo que supondría un incremento del 37% de estas industrias, situándonos en niveles muy parecidos al de hace diez años. No solo perdemos nosotros, también pierden las arcas públicas. Por culpa de la piratería se dejaron de recaudar 337 millones de euros en concepto de IVA, 162 en concepto de Seguridad Social y casi 48 millones de euros en IRPF. Cuando preguntamos a la gente que piratea cuál entiende que sería la medida más adecuada para acabar con esta lacra, el 65% de los entrevistados dicen que bloquear el acceso al sitio web; campañas de concienciación social, un 52% y, con un valor más bajo, sancionar a las operadoras y proveedores de acceso a Internet y, en cuarto lugar, sancionar a los usuarios de estas páginas. Evidentemente, poca gente contesta que quiere ser sancionado personalmente.

Por tanto, tanto de la situación constatada de evolución de la piratería en España como de la respuesta que estamos dando, creemos que es necesario un nuevo marco político de lucha contra la piratería, que lo considere como una inversión en términos de creación de riqueza y creación de empleo con beneficios innegables. El marco legal que tenemos es básicamente fruto de la actividad legislativa de la pasada legislatura. A pesar de que se ha realizado un aparente esfuerzo por tratar de diseñar instrumentos legales de protección de los derechos de propiedad intelectual, no parece que el actual marco legislativo permita garantizar una tutela ágil y eficaz de los derechos. La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014, aunque enmendó algunos de los errores básicos de la anterior legislación, desde luego no ha eliminado los obstáculos existentes para que dicho procedimiento se convierta en una garantía contra la piratería y un medio eficaz. No ha configurado la Comisión de Propiedad Intelectual como un organismo independiente, sigue siendo una especie de órgano colegiado en el que intervienen funcionarios representando diversas


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singularidades de las visiones ministeriales. Curiosamente, la otra sección de esta comisión sí que se constituye como un órgano independiente de alguna manera, con vocales inamovibles durante cinco años y ajenos a la actividad administrativa. Además, la ley incurre en graves problemas de procedimiento. Se configura el proceso como un laberinto procesal en el que los procedimientos se dilatan y se dilatan con escasísimos resultados, obliga a identificar todas las obras afectadas y demás. Ha habido una reforma también importante en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite identificar a vulneradores de derechos con mucha más facilidad. Hemos tardado siete años en conseguir que el legislador español plantee este cambio; en 2008, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dijo que hacía falta ese cambio, y sin embargo no se ha puesto en vigor hasta 2015.

Mejor tratamiento requiere la reforma del Código Penal. Efectivamente, este se ha reformado y es de lejos la norma más dura contra la piratería que tenemos en nuestro país. Lamentablemente, creemos que es la peor de las soluciones ya que la solución a la piratería no puede venir de larguísimos procesos penales que duran años y que además plantean un reproche social más elevado porque estas conductas se castigan con penas de hasta cinco años. Por nuestra parte, consideramos que la vía general de solución es la vía administrativa; una vía ágil que simplemente persigue la retirada de los contenidos ilícitos, que no persigue al infractor y que no causa daño.

Finalizo, señor presidente, dando una referencia comparativa internacional. A nivel mundial se han bloqueado quinientos sitios de Internet. En un mínimo de veinte países se están adoptando normas que permiten el bloqueo de páginas. La Unión Europea tiene bases en todos sus Estados miembros para permitir el bloqueo de webs. Portugal y Dinamarca han llegado a acuerdos para establece códigos de conducta que permitan a los prestadores de acceso a Internet bloquear páginas piratas de forma automática, sin procedimiento administrativo. En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó que el bloqueo de sitios web está disponible en la legislación de la Unión Europea y es compatible con los derechos fundamentales. Además, el bloqueo funciona. En Reino Unido, después de bloquear The Pirate Bay y sitios de Torrents, se ha producido un descenso del 45% de visitantes a estos sitios. En Italia, después de bloquear veinte sitios de Bit Torrent ha habido un descenso del 25% en el número global de descargas que se producían. Por tanto, entendemos que las medidas están ahí.

En conclusión, creemos que la legislación que tenemos es muy mejorable y desde luego, lo que está aprobado debería aplicarse y hacerlo con rigor y atendiendo a la finalidad con que se creó: ser una norma ágil y eficaz para acabar con la piratería. Lamentablemente, es un hecho contrastable que el Gobierno no ha sabido impulsar la vía administrativa para lograr con éxito un descenso drástico de la pirateria y un aceleramiento necesario de la oferta legal. La vía penal, como hemos señalado y ha ratificado el Tribunal Supremo recientemente, es adecuada para los casos más graves, mientras que la administrativa tiene por único fin restaurar la legalidad. Es la vía más ágil y eficaz y sobre todo la que están siguiendo en otras partes del mundo. No inventemos mucho más, sigamos lo que está funcionando. Pese a dedicar tres cuartas partes de la legislatura anterior a una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual diseñada para facilitar y propiciar resultados, durante los dieciséis meses transcurridos desde que entró en vigor la Ley de Propiedad Intelectual hemos presentado denuncias, se han iniciado expedientes, se ha intentado llevar algo a cabo, pero los resultados no han aparecido. Teniendo en cuenta que en esta legislatura o en la próxima -ya no sé si hablar en términos de presente o futuro inmediato- habrá nuevos actores que influyan en la lucha contra la piratería, les pedimos a todos los partidos aquí representados que incluyan esta campaña, esta lucha en sus programas, que tomen decisiones valientes y que den el impulso ejecutivo necesario para no repetir una gestión como la pasada en los últimos años. Necesitamos de verdad tomar conciencia del problema, abordarlo de forma frontal y empezar a tomar decisiones prácticas.

Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier aclaración que necesiten.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Ha sido muy obediente porque acumulamos ya un pequeño retraso.

No sé si el señor Campuzano, que acaba de entrar, va a intervenir, va a hacerle alguna pregunta al compareciente.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Intervendrá mi compañera.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.


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La señora NOGUERAS I CAMERO: Tan solo queríamos agradecer su comparecencia. Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Don Pablo Yáñez, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.

El señor YÁÑEZ GONZÁLEZ: Agradecemos igualmente la comparecencia, así como la explicación pedagógica del término de piratería que ha hecho al inicio, que viene bien, y sobre todo sobre sus consecuencias económicas y sociales dentro de nuestro tejido productivo y de nuestro tejido cultural.

Me gustaría plantear una serie de preguntas, que dejo más bien como reflexiones que el comparciente pueda compartir con nosotros sobre si considera la coalición que muchas relevantes páginas podrían estar ya bloqueadas y siguen ofreciendo contenidos ilegales en nuestro país. Asimismo, cuál sería ese índice de eficacia en el que la Administración podría empezar como una solución contra este problema. ¿Cómo valora usted el impacto que ofrecería ese bloqueo en la actividad cultural en España, tal y como ha comparado con otros países, como Italia en este último tramo de su intervención. Me gustaría saber si piensan que la piratería surge a partir de una ausencia de oferta legal atractiva, se podría llegar a justificar en ese término. Sobre todo, la importancia la radicaría en hacer una última reflexión acerca de si consideran ustedes que la piratería y la falta de eficacia en la lucha contra la misma está arraigada en una conducta social y, por tanto, a mayores de esas soluciones administrativas, si no deberíamos empezar a encauzar gran parte de nuestra actividad en esta materia en una lucha contra el arraigo social y, en consecuencia, a través de la pedagogía y de la educación.

Quiero reiterar el agradecimiento del Grupo Parlamentario Ciudadanos por su intervención y ponernos a su disposición para ejercer un cauce político también en este Parlamento.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez.

Por el Grupo Parlamentario Podemos, el señor Bravo tiene la palabra.

El señor BRAVO BUENO: Gracias, señor presidente.

Gracias, señor Guisasola, por venir. Insistía usted mucho en su relato en decir que la palabra pirata puede utilizarse para las descargas sin ánimo de lucro porque al fin y al cabo la RAE ya lo admite como definición, otorgando así a la RAE una función básicamente normativa del uso de las palabras. Siguiendo su lógica, la palabras gitano y trapacero serían sinónimos. La RAE no tiene una función normativa como usted sabe, señor Guisasola.

Entrando ya en materia, me gustaría saber en relación con las descargas no autorizadas y sin ánimo de lucro de Internet cómo hacen ustedes esos estudios del observatorio. Solo han hablado del prestigio de GFK, del que no dudo, pero quería saber algo más de la metodología, fundamentalmente porque es imposible literalmente saber el número de descargas y sobre todo saber su contenido. Hace dos semanas decía el Ministerio de Cultura que la coalición, ustedes, han presentado un estudio estimativo de opinión encargado por parte interesada cuyas conclusiones no pueden validarse y lo decía básicamente por una cuestión elemental de protección de datos. Incluso si pudiéramos saber el número de descargas y su contenido, me gustaría saber cómo se llega a la conclusión de cuántas de esas descargas se habrían convertido en una compra real, sobre todo si tenemos en cuenta las conclusiones de la Comisión Europea al respecto, que dice que gran parte de lo que se consume ilegalmente no se habría comprado si la piratería no estuviera disponible. En definitiva, querría saber cuánto tiene este estudio de fotografía de la realidad y cuánto tiene de dibujo de la realidad para conseguir una legislación específica, es decir, como un elemento de presión, como lo sería por ejemplo pedir que nos metan en la lista 301 de Estados Unidos.

En cualquier caso, imaginemos que el impacto de las descargas de Internet es justo el que usted nos ha dibujado hoy aquí -y tampoco tengo por qué dudarlo-, lo que aumentan las descargas de Internet o el acceso a los sitios de streaming. ¿No es ese el mejor ejemplo de que las políticas que buscan la restricción de estos comportamientos no tienen ninguna eficacia? ¿No llama la atención el hecho de que la legislación cada vez es más restrictiva y sin embargo las descargas, si no se mantienen, aumentan? Esto no es nuevo, sino que viene así desde los inicios. Cuando se atacó legalmente a Napster lo que ocurrió fue que se hicieron redes P2P descentralizadas. Cuando se atacaron las redes P2P descentralizadas con la Ley Hadopi en Francia lo que ocurrió fue que aumentó en un 400% la descarga directa. Cuando se atacó la descarga directa con la gran operación de Megaupload lo que ocurrió fue que se volvió a las redes P2P, pero ahora más anónimas, y salieron sitios como Popcorn Time. Es decir, da la sensación de que


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cada nuevo intento por frenar esta realidad lo único que consigue es que las herramientas para compartir sean más sofisticadas, pero en ningún caso pararlas desde fuera. Si lo miramos desde fuera, es como ver la imagen de una persona poniendo un dedo en un gran colador y pensando que así se filtra menos agua.

Si miramos aún más atrás, veremos que esta es nuevamente una historia repetida. Hubo ataques legales y presiones de todo tipo a los inventos como son los rollos de las pianolas, se habló algo semejante cuando apareció la radio, cuando apareció la televisión, las cintas de casete, los vídeos caseros domésticos, cuando apareció el walkman, cuando apareció el mp3 portátil. En todos estos casos se decía lo mismo y si ahora miramos hacia atrás y recordamos todas esas críticas, vemos a aquellos tipos como ingenuos que no sabían el momento en el que estaban viviendo y que no supieron adaptarse. ¿No seremos nosotros dentro de diez años esos mismos tipos y se nos verá de la misma manera? Es más, ¿no lo somos ya? Me gustaría preguntarle en ese sentido si no piensan ustedes o valoran de alguna manera la posibilidad que plantearon en su día en Francia y también en Canadá no tanto de intentar parar lo que parece un enemigo imbatible o parar el agua que atraviesa la canasta de baloncesto, sino buscar, además de nuevos modelos de negocio, vías de remuneración alternativas para creadores titulares de derecho, por ejemplo la licencia general opcional que propusieron en su día en Francia y que sigue el esquema básicamente de que lo que es aprovechado por todos -y hoy en día los bienes intelectuales lo son- debe ser sostenido por todos. ¿Valoran ustedes esta opción como una posible solución más realista?

Por último, he leído con atención los boletines de la Coalición de Industrias y Creadores Culturales y he visto que en el número 1 de dichos boletines, respecto a la resolución de Sharemula -y esta web era una de esas webs que se llaman piratas con la definición que usted viene sosteniendo-, asunto que fue sobreseído de forma libre, manifiestan ustedes que ese sobreseimiento, que saliera absuelta la web es ejemplo de la confusión generalizada que hay en cuanto a propiedad intelectual en este país. Algo semejante dice la Federación Antipiratería, que dice que da cursos a jueces, policías y fiscales en aquellos territorios donde tienden a no darles la razón. Me gustaría preguntarle si ustedes piensan que la judicatura necesita una mayor especialización en propiedad intelectual y que buen ejemplo de esa necesidad es que no les den la razón en determinados casos. Si cree usted que se necesita especialización, ¿no debería hacerse extensiva a los miembros de la llamada comisión sin deber, en la que no solo no hay jueces sino que no se exige ni siquiera que sean juristas? O si en este caso, donde, por lenta que sea, ustedes ganan básicamente todos los casos, considera que la especialización es suficiente o incluso óptima.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Bravo.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Torres Mora.

El señor TORRES MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor Guisasola, por comparecer ante esta Comisión y por tocar un tema que me parece muy importante. Mi compañero, el señor Maura, hablaba en la comparecencia anterior -y el resto de los compañeros también- de que la cultura es también una industria, una industria importante que genera riqueza, que genera trabajo, riqueza y trabajo además no contaminantes y que enriquecen partes de la vida que no son materiales, que son espirituales, que son también muy importantes para un país como el nuestro. Toda esa industria, sin la existencia de un mercado y de unas garantías jurídicas -como casi todas las industria en las mismas condiciones-, resulta difícil que se desarrolle. Me gustaría citar una frase de una autora de mi predilección, que es Hannah Arendt, para que conste en el Diario de Sesiones. Es una frase que me parece que debiera inspirar a esta Comisión, si continuamos durante esta legislatura o en las legislaturas que vengan -estemos o no estemos nosotros-, porque me parece muy interesante a la hora de abordar este tema. Dice así: "Porque la enorme acumulación de riqueza todavía en marcha de la sociedad moderna, que comenzó con la expropiación de las clases campesinas, que a su vez fue la casi accidental consecuencia de la expropiación de las propiedades eclesiásticas después de la Reforma, jamás ha mostrado demasiada consideración por la propiedad privada, sino que la ha sacrificado siempre que ha entrado en conflicto con la acumulación de riqueza. El dicho de Proudhon de que la propiedad es robo tiene una sólida base de verdad en los orígenes del capitalismo moderno. Resulta significativo que incluso Proudhon vacilase en aceptar el dudoso remedio de la expropiación general, puesto que sabía muy bien que la abolición de la propiedad privada, aunque curara el mal de la pobreza, atraía muy probablemente el mayor mal de la tiranía". Me parece que es relevante, para garantizar las sociedades que tenemos, que se respete la ley y me parece tan moderno tecnológicamente como mi iPad o más el Estado de derecho, porque el Estado de derecho, a diferencia de mi iPad, consigue que gente pequeñita y no muy fuerte lleguemos a una cierta edad vivos y más o menos intactos, así que, más allá de cualquier


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otra consideración, me parece que si nuestra Comisión y este Congreso quieren que la cultura sea un una industria importante en nuestro país, van a tener que ocuparse de estos asuntos, de cómo proteger esa industria. Si uno protege los ladrillos y los protege legalmente, termina teniendo un país de ladrillos y, si uno protege las ideas, probablemente tenga un país de ideas, que suele ser mucho más competitivo. Lo que lamento es que desde que empecé a ocuparme de esta área vengo escuchando que hay que buscar fórmulas alternativas a que sencillamente la gente cumpla la ley. Creo que la mejor fórmula es que hagamos buenas leyes y que la gente las cumpla, pero en todo caso que cumpla las leyes. Más vale estar con una ley regular que sin ninguna ley.

La pregunta que me hago es la siguiente. Yo he visto crecer la oferta legal, he visto cómo aumentaba la oferta legal. ¿Por qué no aumenta el consumo legal igual que la oferta? ¿Porque hay una cuestión de valores? ¿Hay una cuestión de impunidad? ¿Qué hace que nuestra cultura no sea una industria potente? Ya hemos oído a algunos decir que nuestra cultura no es una industria potente porque es mala, por ejemplo en el cine, pero yo no creo eso. Creo que tenemos unos magníficos creadores, una gran cultura y una gran tradición cultural. Entonces, ¿por qué nuestra cultura no crece? ¿Hasta qué punto realmente es verdad que el acceso ilegal genera un mayor consumo de la cultura y es el mal que por bien viene? ¿Realmente el acceso ilegal es el mal que produce luego un bien o es un mal que al final no produce ningún bien?

Me gustaría saber qué sistemas hay en otros países para evitar que haya infracciones y accesos ilegales a propiedades culturales sin permiso, si hay otros modelos que estén funcionando. Me gustaría saber qué ha ocurrido en Italia en los últimos tiempos, porque tengo entendido que en parte se inspiraron en nuestra legislación y, sin embargo, parece que a ellos les está funcionando mucho mejor y que el sector de la cultura está más conforme de lo que lo están ustedes en nuestro país. Usted ha hecho referencia a la independencia de la sección segunda de la comisión. El Consejo de Estado recomendaba esa independencia. ¿Cómo cree usted que debería ser esa comisión para que fuera realmente más independiente de todos, de unos y de otros?

Me gustaría que me dijera en general cuáles son las recomendaciones que usted haría para que fuésemos eficaces en este asunto enojoso que nos impide muchas veces dedicarnos a hacer más estrictamente política cultural en vez de esto, que debiera ser una cuestión de urbanidad casi o de pura legalidad y puro cumplimiento de la ley.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres Mora.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Ángeles Isac.

La señora ISAC GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias, señor Guisasola, en primer lugar por comparecer en esta Comisión. He de agradecerle también la gran cantidad de datos que nos ha aportado en el día de hoy y que le rogaría que nos hiciera llegar por escrito porque me han parecido muy interesantes. A través del análisis de los datos que usted nos ha aportado, sin duda, contribuiremos a mejorar esa situación que, como usted ha calificado, nos lleva a un diagnóstico de que se están haciendo, si no mal del todo, regular las cosas combatiendo la piratería en España.

Me voy a referir a un estudio que tiene el Partido Popular que dice que desde que se está desarrollando la última normativa estamos paliando en cierta medida la piratería vinculada sobre todo a los productos culturales. No hay que decir que el Partido Popular, en la misma medida que defiende la propiedad privada, defiende la propiedad intelectual. Tenemos datos que dicen que en 2012, entre las 250 webs más visitadas en España, había casi 30 dedicadas a alojar contenidos ilegales y que, a 17 de marzo de este año 2016, solo hay 12 en este ranquin y están en posiciones más bajas en cuanto al número de visitas. O sea que parece que la nueva normativa está contribuyendo a paliar ese crimen, como usted lo calificaba, refiriéndose concretamente a la piratería.

Las medidas que se tomaron por parte de este Gobierno -como lo ha manifestado- tenían carácter transitorio, a expensas de que una normativa europea pusiera sobre la mesa cuáles podrían ser las nuevas directivas vinculadas a la erradicación de la piratería en su totalidad o, cuando menos, en el mayor número posible. Es verdad que, como ustedes dicen en su página web, la nación que no defiende su cultura tiende a convertirse en bárbara y también hay que reconocer que la sociedad se ha movido a un ritmo vertiginoso y que a veces el legislador no ha sido capaz o no ha tenido los instrumentos suficientes para el análisis pormenorizado para después combatir e intentar erradicar este tema. Por eso le agradecería


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que nos hiciera llegar la documentación que hoy nos ha expuesto. Le tiendo la mano del Partido Popular para, en la medida de nuestras posibilidades, intentar contribuir a equilibrar esas desigualdades que tanto daño están haciendo a nuestros creadores, a nuestros artistas, a nuestros productores, en definitiva a todo el sector cultural, al que el Partido Popular manifiesta su total y absoluta adhesión y lealtad. Le rogaría que nos hiciera llegar esa ponencia para ponernos a trabajar lo antes posible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, diputada.

Señor Guisasola, es su turno para contestar a la multitud de preguntas que ha recibido. Tiene usted aproximadamente quince minutos.

El señor PRESIDENTE DE LA COALICIÓN DE INDUSTRIAS Y CREADORES CULTURALES (Guisasola González del Rey): Muchas gracias.

Voy a intentar contestar por el orden de preguntas. Me preguntaba el representante de Ciudadanos que cuántas páginas podrían cerrarse. Vamos a ver -y también contesto un poco lo que planteaba el compañero del Grupo Socialista- qué pasa en otros países. En Portugal han cerrado 211 sitios web desde la puesta en práctica en septiembre de un acuerdo en este sentido para cerrar páginas web y la autoridad de control italiana ha cerrado 139 webs en dos años. Hay que tener en cuenta que cuando una página cierra y es realmente un importante negocio, es fácil que otra intente sustituirla o que traslade sus fuentes, pero nosotros siempre hemos planteado que, al menos en música -voy a referirme a ello porque es el sector que controlo mejor-, 20 páginas -es la aplicación de Ley de Pareto de los grandes números- generan el 80% del tráfico. Entonces, desactivar 20 páginas acabaría radicalmente de un día para otro con el 80%. Evidentemente, siempre hay corsarios o bandoleros interesados en replicar el modelo y volverían a aparecer, pero digamos que de 20 en 20 tendríamos efectos de caídas en picado de la piratería de forma muy notable. Tampoco es que haya que decir que hay que acabar con 2.000 páginas, no, 20 páginas bien elegidas, al menos en música, generan un efecto del 80% de caída en ese momento. Me imagino que en libros o en películas es lo mismo, o sea que podríamos estar hablando de que el cierre de unas 80 páginas, en total 100 -algo como lo que han hecho en Italia-, tendría un efecto automáticamente beneficioso que se notaría.

En cuanto a si el bloqueo tendría efectos, lo hemos visto en estudios que conozco de tres países, Reino Unido, Italia y Suecia, donde la caída de las páginas pirata genera automáticamente un repunte de la oferta legal. Me vuelvo a ir a la música, que es lo fácil. Cuando en música nos dicen que la oferta es muy cara, yo me río porque la música en muchos sitios es hasta gratis. Tenemos los servicios legales de Spotify, que tienen la versión gratuita, en la que uno puede entrar, y YouTube, que es un grandísimo repositorio de música en el que todo es gratuito. En Suecia, donde hicieron un estudio sobre aplicar la directiva que permitía bloquear páginas, se vio que según caía el acceso ilegal a los servicios piratas, subía automáticamente el acceso a servicios legales, con lo cual hay una correlación rápida. La gente tiene hambre de contenidos y cuando no los encuentra en un sitio acaba entrando en otro para hacerlo. Generalmente lo legal acaba siendo interesante y cuando la gente lo prueba se acaba quedando. El problema es que muchas veces competimos frontalmente contra sitios legales completamente gratuitos, aunque a uno le saquen sus datos o sus tarjetas de crédito o le pidan un SMS de apoyo, pero es tan fácil entrar en un sitio legal de contenidos en música que la gente que lo prueba no vuelve a los ilegales, con lo cual ahí sí que se ve un efecto sustitución relativamente rápido de un sitio a otro y tendría efectos de forma muy clara.

Se planteaba si la piratería es por la ausencia de oferta legal atractiva. Durante un tiempo es verdad que era un argumento que se podía pelear, hace diez años en el caso de la música. En música, la oferta en formato digital es automática, la oferta en formato físico, y en muchos casos directamente ya no hay oferta física y solo la hay digital, y la piratería sigue estando ahí, con lo cual creo que ese argumento no existe. Antes se nos acusaba de que el contenido no estaba disponible. Ahora, cuando alguien acusa a la industria de no haber reaccionado, si se fijan, solamente hablan de las ventanas del cine: es que en el cine hay ventanas que impiden tal... Y yo digo ¿y en música hay ventanas? Dicen: no, en música tenemos las puertas y las ventanas abiertas. Y sigue habiendo piratería. Tenemos Spotify gratuito, Deezer gratuito, YES FM gratuito, YouTube gratuito y la gente sigue acudiendo a sitios piratas. Creo que lo de la oferta legal puede servir como argumento en algunos casos, pero desde luego no es la respuesta principal, y la oferta legal que tenemos ahora mismo creo que es más que razonable, sobre todo está al nivel de la que


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hay en cualquier país europeo mediano, con lo cual no hay diferencias entre nuestro comportamiento y el de Alemania, y sin embargo sí que tenemos más piratería que ellos.

Respecto a la falta de eficacia y a si es una consulta social o no, efectivamente es importante. Creo que hay un cúmulo de factores. Recuerdo que mi madre, la pobre, se encontraba delante de su casa cuando salía a hacer la compra, en tiempos, con una persona que tenía una manta y vendía discos. Ella me decía siempre: Tú me dices que es ilegal, que no puede ser, pero este chico está ahí todos los días; si un vecino le compra -espero que no fuera ella- y tiene un problema, le cambia el CD, se lo repone... Creo que a los ciudadanos tampoco podemos pedirles heroísmo. Si uno busca Pablo Alborán en Google y el primer resultado que le aparece es un resultado pirata, ahí empezamos a tener parte del problema. A la gente hay que ayudarla a que no se equivoque, hay que decirle que hay radares en la carretera y convencerla además de que circular a mucha velocidad es un problema para la seguridad vial y para ellos mismos. Es un conjunto de factores. Hay mucho de conciencia social, pero también es verdad que la oferta ilegal es tan fácil, tan amplia y tan llamativa que al final uno acaba pecando porque lo tiene muy a mano, y creo que eso es parte de lo que deberíamos evitar. Cerremos estas páginas piratas principales que están a la vista de todos y, a partir de ahí, creo que conseguiremos que la cosa mejore un poquito y trabajemos también en conciencia social.

Coincido con el diputado de Podemos en que, efectivamente, la RAE no tiene capacidad normativa, afortunadamente, porque nunca conseguirá que decir "cocreta" a mí me parezca que está bien. Reconozco que la RAE hace muchas cosas. Si he utilizado este ejemplo, es para dejar claro que muchos de estos piratas y corsarios que tenemos trabajando en la red tratan de crear ideología, tratan de ampararse y defenderse y crean todo un ecosistema de sociedades y de amparo que dicen que la piratería es libre intercambio de documentos, que no son piratas, que los piratas son otra cosa, que ellos simplemente aprovechan el hueco. Yo digo que la RAE se ha aggiornado un poco con lo que sentimos y ya define piratería como esto, pero, de verdad, vayamos más allá de esa cobertura legal del lenguaje y tratemos de entrar en la realidad del problema.

Respecto de los estudios, me provoca cierto estupor que el Ministerio de Cultura se convierta en una fuente autorizada para criticar los estudios que hace una consultora. Igual, si hubieran provenido del CIS, le daría más respeto a las opiniones que realiza, pero resulta que se critica la encuesta de GFK argumentando que no se puede conocer lo que la gente hace. Claro, tampoco se puede conocer lo que la gente va a votar, solamente tenemos la impresión de lo que la gente dice y, sin embargo, creo que todos los partidos aquí presentes miran con entusiasmo las encuestas de intención de voto. Luego se las creen más o menos porque fallan, pero algo detrás de ello hay, y pienso que su grupo es muestra de que esas encuestas tienen una cierta credibilidad -cierta, evidentemente nunca llueve a gusto de todos-, pero, según el ejemplo que ponemos al presentar el estudio, creo que tenemos un elefante en la habitación; podemos discutir el tamaño del elefante, pero hay que ser consciente de que tenemos un elefante bien gordo metido en la habitación. En todo caso, está aquí la directora de la coalición, así que si quieren conocer cómo se hace el estudio de GFK, está a su disposición, pero la metodología es la estándar en estos sectores. Es un estudio de opinión, evidentemente, y la gente cuenta lo que quiere contar. ¿Podemos creer que todos mienten? Bueno, podemos creer que todos mienten. Yo quiero creer que la gente tiende a decir la verdad cuando le preguntan y que algo de esto hay.

Respecto a la tasa de conversión, es un poco lo mismo. Hay estudios que establecen cuál sería la tasa de conversión, que en el caso de la música, que es la que recuerdo, es un 6%. Entendemos que solamente un 6% de todo lo que la gente consume se lo comprarían. Es una tasa baja. La Unión Europea habla de tasas de entre el 10 y el 20% como aceptables. En nuestro caso bajamos esa tasa al 6% y a veces salen unas cifras disparatadas de volumen. Creo que estamos relativamente cómodos.

En cuanto al argumento de que como la legislación no es eficaz para qué nos empeñamos en perseguirla, como la piratería no ha bajado, dejemos de hacer leyes. Creo que es un argumento de corto recorrido. En el momento en que haya víctimas de accidentes de tráfico, abandonemos los semáforos. No, no, evidentemente las leyes no van a acabar con un problema, pero sí van a conseguir orillarlo y reducirlo, y la muestra está en que en otros países europeos esto funciona mejor que aquí. ¿Estamos tapando un colador con un dedo? En otros países están tapando un colador con una mano. Aquí sí estamos tapándolo con un dedo, pero si ponemos la mano entera, desde luego el agua que caerá del colador será menos, y de eso se trata. Creo que la piratería no se puede erradicar, como no se pueden erradicar el consumo de drogas, los accidentes de tráfico o los robos en los domicilios, pero si se ponen más policías y más


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medios, tendremos ciudades más seguras, carreteras más seguras y menos piratería y, si aplicamos leyes de forma contundente, habrá menos piratería, no le quepa la menor duda de que eso funciona así.

Respecto a si estamos luchando contra tecnologías modernas y que estamos quedándonos atrás, creo radicalmente que no. Comparar la industria de la música actual con la que había antes de Napster es una broma que no tiene fundamento. Hoy se presentan cifras a nivel mundial de la IFPI, nuestra federación internacional, que señalan que el consumo de streaming es la principal fuente de ingresos de la industria de la música a día de hoy. Creo que eso es bastante significativo de, como decía la canción, cómo hemos cambiado. Hemos cambiado un montón.

En cuanto al modelo de Francia y Canadá, es verdad que no se ha llegado a implantar, pero ellos planteaban una alternativa, que era una remuneración que pagara la sociedad. Ese es el modelo del canon, el famoso canon digital. Llamémoslo como queramos, pero al final es un canon que pagan todos los ciudadanos por un consumo que realizan o no. A mí me gustan más los modelos basados en el mercado: tanto consumes, tanto pagas. Las estimaciones de canon y demás creo que no es una opción razonable, o sea, que nos convirtamos en un sector subvencionado o pagado con una tasa genérica que pague todo el mundo me parecería muy empobrecedor y además desincentivaría la creación individual, porque, si al final pagamos sobre la base de encuestas o de funcionamientos, ¿repartimos un subsidio para todos, hacemos una especie de ayuda social para todos los creadores? No, el que escriba bien, el que componga bien o el que cante bien, que tenga éxito, y el que no, evidentemente, no va a poder vivir de esto. Ese modelo de selección de mercado me parece mucho más justo que implantar un canon.

Que digamos que la sentencia de Sharemula es mala no significa que tratemos de cambiar a los jueces. Es que es mala y usted lo sabe perfectamente. La sentencia tiene una malísima comprensión de cómo era el funcionamiento de esa web, y por eso decimos que es una sentencia mala. ¿A los jueces les vendrá bien la formación en propiedad intelectual? Por supuesto. Y a los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual también, cuanta más mejor, y en todas las partes, pero desde luego la sentencia esa de Sharemula es mala, mala, malísima. Tuvo usted mucha suerte en ese caso, que se la compraron, pero desde luego el juez no entendía cómo funcionaba Sharemula y, de hecho, en los hechos probados, no define cómo funciona Sharemula sino otra cosa.

Coincido también con el representante del Grupo Socialista en que la cultura es una industria que debemos proteger. Efectivamente, aplicar las leyes, defender la creación y defender la propiedad es todo lo contrario a antiguo, es lo más moderno que hay, es lo que permite hacernos realmente libres. De hecho, alguien mucho más sabio que yo decía que la propiedad intelectual es la más social de todas las propiedades, porque es a la que puede acceder cualquiera; a las herencias quizá no podemos acceder todos, o a los patrimonios, pero crear algo, ser dueño de eso y tener éxito con eso lo tenemos todos en la mano, con mayores o menores dotes, pero está al alcance de todo el mundo, está ahí.

¿La oferta legal crece? Muchísimo. ¿Por qué no crece el consumo igual? Pues por el efecto sustitutivo que comentábamos. Si yo tengo una opción que me obliga a pagar una cantidad -vuelvo a la música, que lo tengo más fácil- de 7 euros al mes por acceder a toda la música o puedo acceder a ella gratis por una página que duplica lo que hace Spotify, la tentación, si tengo quince años, es ahorrarme siete euros al mes. El día que tengamos la tentación más oculta, que nos lleguen más mensajes basura o que tengamos más problema, acabaremos con ese planteamiento y la demanda subirá. De hecho, en música está subiendo ya por ese fenómeno que le decía, que cuando la gente prueba cómo funcionan los servicios legales, al final se acaban enganchando a ellos, porque es mucho más cómodo, mucho más rápido, mucho más limpio y sin porquerías que te vengan, y no te llegan mensajes de spam. Es maravilloso. (Risas). Por tanto, ese acceso creo que es básico. Me planteaba qué hacen otros países. Desde luego, perseguir con uñas y dientes la piratería en todas partes y con mucho menos debate que aquí. Este debate que tenemos aquí sobre si la piratería es buena o mala, en el resto de Europa tienen muy claro que no es así. Otra cosa es cómo lo persiguen. Hay países como Francia o Alemania que se plantean perseguir al usuario final. A la persona que descarga le abren un procedimiento y, como ocurrió en el caso de Francia en la Hadopi, le pueden llegar a cortar Internet o, como ocurre en el caso de Alemania, le pueden poner incluso una multa. Otros países tratan de atacar -creo que es una forma más fácil y cómoda de hacerlo- por el lado de la oferta, como Portugal, Italia o Reino Unido: cerremos las páginas que ofrecen el contenido pirata, hagamos campañas de concienciación y poco a poco empujaremos a la gente a que cambie sus hábitos de consumo y legalice su actividad. Las dos son buenas y creo que son complementarias. Lo que es malo es no tener ninguna en práctica ahora mismo, que es un poco nuestro caso, que decimos que la piratería es muy mala y que debe perseguirse, pero tampoco la perseguimos


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con mucho entusiasmo, solamente en la vía penal, que, como decía antes, me parece que está completamente fuera de lugar y solo sirve para casos muy concretos y muy específicos de mala praxis. Ayer veíamos una operación de la policía contra una página que estaba vinculada con blanqueo de capitales, radicada en otros países. Para ese tipo de actividades, sí, pero en este caso nuestra solución es un poco más profiláctica si se quiere: quitemos la basura de la red, quitemos los contenidos, quitemos lo malo y dejemos lo bueno. Podemos las ramas podridas y veremos cómo la gente al final descubre los árboles frutales de buena calidad.

¿Que la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual debería ser independiente? Coincido con el Consejo de Estado y con lo que pasa en otros países. En Italia es un organismo independiente, en Dinamarca es un organismo independiente y en Francia es un organismo independiente. Lo más sensato es que esto no sea una especie de sanedrín de funcionarios de diferentes ministerios representando además distintas posiciones, porque usted sabe bien que hay ministerios que tienen una posición y otros que tienen otra frente a la piratería. Recuerdo a un alto cargo de este Gobierno -podría haber sido de otro porque también dijo algo parecido- que me dijo que no era partidario de los bloqueos, con lo cual la gente que yo mande a la Comisión no va a ser partidaria. Es como si un juez dice que no es partidario de condenar a la gente; no acabo de verlo, es mejor una reprimenda. Si no somos partidarios de los bloqueos, al final repetimos posiciones de equilibrio de intereses que se plantean en la política o en los Gobiernos y que al final llevan a la inactividad. Entonces, una comisión de independientes, como curiosamente ocurre con la sección primera. Para poner precios de derechos de propiedad intelectual hay que ser independiente y experto y para cerrar páginas piratas, no. Quizá está un poco descompensado el tema y debería hacerse así.

¿Recomendaciones para ser eficaces en la lucha contra la piratería? Tampoco hay que enmendar nada en esto. La OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dependiente de Naciones Unidas, dijo hace muchos años que la lucha contra la piratería -creo que sigue vigente- se basa en tres elementos: tener buenas leyes, aplicarlas bien y concienciar a la gente. Las tres cosas hay que hacerlas y a día de hoy tenemos unas leyes que aún son un poquito regulares, desde luego no las estamos aplicando bien y de la concienciación nos hemos olvidado hace años. Recuperemos la concienciación, reformemos las leyes para hacerlas mejor y las que hay apliquémoslas un poquito mejor de lo que lo estamos haciendo ahora, con un poco más de entusiasmo, si se me permite la expresión.

En cuanto a lo que planteaba la representante del Grupo Popular, en el ranquin de Alexa, comparado con 2012, hay menos páginas de piratería de las que había, aunque también es cierto que hay otras diferentes. El problema de esa medición es cómo medimos. Esas páginas han desaparecido porque, como digo, mutan con mucha facilidad y en otros países las cierran. Nosotros mandamos también requerimientos para que retiren contenidos, los acatan y, lógicamente, van perdiendo peso y algunas -lo reconozco- se han asustado por la actividad de la Comisión de Propiedad Intelectual. Lo que pasa es que, en el balance de las que se asustan frente a las que se animan, vamos perdiendo con las que se animan, pues las que se asustan suelen ser páginas pequeñitas antes de que les pase algo relativamente gordo. Las que ganan mucho dinero con esto -una prueba es la que ayer intervino la Policía Nacional- siguen ahí porque se están llevando 100.000 euros al año y por esa cantidad en este país y en muchos otros la gente se arriesga a una multa. Hay que ir entonces un poquito más allá. Por supuesto, puede contar con la información y con todos los datos que necesite porque para eso estamos y lo que queremos es ayudar.

Reconociendo que tenemos una ley que, como le digo, no es buena del todo, trabajamos en que se aplique un poquito mejor y eso es más labor de la Administración que del Gobierno. Pues administremos un poquito mejor este tiempo que nos queda y en la siguiente legislatura o en esta, si al final arranca a plena potencia, démosle una vuelta a esto y hagamos una cosa más eficaz, a ser posible. Creo que me he ajustado más o menos al tiempo.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Antonio Guisasola. Vamos a hacer una pausa de unos minutos antes de recibir al siguiente compareciente. Gracias a todos. (Pausa).

- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (COSTAS COMESAÑA), PARA INFORMAR DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA COMISIÓN DE CULTURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000062).

El señor PRESIDENTE: El último compareciente de la jornada de hoy es don Julio Costas Comesaña, presidente de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. Como siempre, vamos a darle


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la palabra por un espacio de veinte minutos aproximadamente. Sé que pedimos un gran esfuerzo de concreción, pero así podemos realizar mejor nuestro trabajo y, sobre todo, tener más comparecientes que nos den un punto de vista más amplio. Como digo, veinte minutos y luego tomarán la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios.

El señor PRESIDENTE DE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Costas Comesaña): Muchas gracias.

Se nos solicita la comparecencia en la Comisión de Cultura de esta Cámara para informar de la actividad desarrollada y de las perspectivas de futuro de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura. Ustedes conocen que las industrias culturales y creativas constituyen un sector de gran importancia en nuestro país por las peculiaridades de los derechos de propiedad intelectual y por su trascendencia económica. Las actividades directa o indirectamente relacionadas con los bienes culturales y con los derechos de propiedad intelectual generan alrededor del 4% del PIB español. El derecho de la propiedad intelectual pretende proteger la cultura, los bienes creativos. Para ello es fundamental que la regulación de los distintos mercados de los derechos de propiedad intelectual fomenten la creación, fomenten la generación de bienes culturales. En este orden, es imprescindible que la normativa alcance un equilibrio adecuado y razonable entre la protección de los titulares, de los creadores, y el acceso por parte de los usuarios a esos contenidos, a los derechos de propiedad intelectual.

Permítanme remitirme a los antecedentes de la actual sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. La sección primera tiene su origen en la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual, creada por la Ley de Propiedad Intelectual del año 1987. Como tal, permaneció hasta el año 1996, cuando a través de una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se le atribuyeron también competencias de mediación, pasando a denominarse Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual. Permanece así hasta el año 2006, cuando pasa a denominarse Comisión de Propiedad Intelectual, siempre adscrita al Ministerio de Cultura o a la Secretaría de Estado de Cultura. Desde el año 2011, con la Ley de Economía Sostenible, la Comisión de Propiedad Intelectual se divide en dos secciones, la sección primera y la sección segunda, al tiempo en que se refuerzan las funciones de mediación y arbitraje que hasta entonces tenía. La última reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual fue acometida por la Ley 21/2014, una reforma que ha sumado dos nuevas funciones a la sección primera. Además de las funciones de mediación y arbitraje, se han incorporado dos nuevas funciones, una función de determinación de tarifas en caso de desacuerdo entre titulares y usuarios y una cuarta función de control ex post de las tarifas por uso de los derechos de propiedad intelectual. Quiero reseñar que estas cuatro competencias actuales de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual -mediación, arbitraje y determinación de tarifas y control de estas- se circunscriben al ámbito de la gestión colectiva, bien obligatoria, impuesta por la ley, bien voluntaria, de los derechos de propiedad intelectual.

La historia de esta comisión no ha sido excesivamente fructífera. Creo recordar que el primer asunto que conoció fue en el año 1996. Desde que existe como sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ha tenido hasta la fecha funciones de mediación y arbitraje. En el año 2012 se presentaron cuatro solicitudes de mediación, de las cuales solo una prosperó, porque tanto mediación como arbitraje requieren de la aceptación de ambas partes, de las partes en conflicto. De esas cuatro solicitudes de mediación solo una se inició y, después de tres sesiones en la sección primera, concluyó con desacuerdo, con falta de acuerdo.

En el año 2013 se produjeron dos solicitudes de mediación y ninguna de las dos llegaron a iniciarse porque no se obtuvo el consentimiento de ambas partes. En el año 2013 se solicitó una solicitud de arbitraje que fue aceptada por ambas partes. Hubo una negociación intensa por ambas partes y se solucionó. Después hubo un laudo arbitral aceptado por ambas partes. Era un arbitraje entre Vegap y Cedro aceptado por ambas partes y que reguló el litigio que sometieron a arbitraje de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. Durante el año 2014 se han producido ante la sección primera una solicitud de mediación y una solicitud de arbitraje. Ninguno de estos dos asuntos se llegó a abrir porque una de las partes no lo aceptó. En el año 2015 hubo una única solicitud de mediación, que tampoco llegó a abrirse porque, en este caso, no se hizo la oportuna provisión de fondos por parte de quien solicitaba la mediación de la sección primera.

Con estos datos ustedes habrán comprobado que han sido muy escasas las controversias que la sección primera ha podido conocer e intentar resolver hasta la fecha. Por ello, probablemente el legislador ha estimado oportuno mejorar las funciones que hasta entonces tenía asumidas la sección primera. Una


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historia ciertamente de fracaso, porque han sido muy pocas las solicitudes de mediación y arbitraje, cuando la conflictividad tarifaria es muy elevada en España. La conflictividad entre entidades de gestión y usuarios es una conflictividad muy elevada, que se está sustanciando todos estos años en los tribunales y ante la autoridad de competencia. La Ley 21/2014, que ha modificado el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, pretende mejorar la eficacia de esta sección primera y, para ello, le otorga dos nuevas funciones dentro del ámbito tarifario, con el objeto de garantizar que las tarifas generales que deben aprobar las entidades de gestión sean tarifas generales equitativas y no discriminatorias. A este fin, la ley, como medida ex ante, impone a las entidades de gestión la obligación de establecer tarifas generales simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio autoral, atendiendo al valor económico de la prestación, para lo que deberán tener en cuenta los criterios que recoge actualmente el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Son unos criterios que tratan de garantizar la equidad y el carácter no discriminatorio de las tarifas generales, que son los que ha asentado la Sala primera del Tribunal Supremo y también la autoridad española de competencia y la autoridad comunitaria. Juntamente con ello, obliga la ley a las entidades de gestión a negociar y contratar con las entidades representativas de los usuarios tarifas que respondan a ese criterio de equidad y no discriminación. En esta función de determinación de tarifas que atribuye la ley a la sección primera, como decía antes, la sección primera actuará solo ante la falta de acuerdo entre la entidad de gestión y los usuarios. Para ello, la ley establece un plazo de seis meses, al cabo del cual, si no ha habido acuerdo -y esto es importante-, a petición de una de las partes en conflicto la sección primera entraría a ejercer esta función de determinación de las tarifas, de acuerdo con los criterios que establece la Ley de Propiedad Intelectual. Esta es una diferencia muy importante con las funciones de mediación y arbitraje que exigen el consentimiento de ambas partes. Para el ejercicio de esta nueva función de determinación basta solo con que lo solicite una de las partes, el usuario o la entidad de gestión, para que la sección primera sea competente para la determinación de las tarifas que resuelvan ese conflicto, pero con carácter general porque la resolución de la sección primera despliega efectos para usuarios iguales, similares o equivalentes y para el mismo tipo de derechos que han sido sometidos a conflicto ante la sección primera de la Propiedad Intelectual.

Además de esta función de determinación de tarifas, la Ley de Propiedad Intelectual, también como una medida ex post, atribuye una función de control de las tarifas aprobadas por las entidades de gestión. En el ejercicio de esta función de control, la sección primera actúa de oficio. Puede haber denuncia, pero la sección primera también puede actuar de oficio en esa función de control de las tarifas y de su adecuación a los criterios que establece la ley, y esto creo que es muy importante para que la sección primera pueda ser más exitosa en los próximos tiempos. Debe destacarse que en la regulación de la mayoría de las funciones desarrolladas por la sección primera, el legislador parte del principio general que corresponde a los titulares de los derechos de propiedad intelectual a través de las entidades de gestión y a los usuarios alcanzar un acuerdo. La ley parte de que corresponde a las partes establecer cuál es esa tarifa equitativa por el uso de los derechos de propiedad intelectual, y solo ante la discrepancia y la falta de acuerdo actúa la sección primera.

Con estas dos nuevas funciones de determinación de tarifas y control de tarifas, entendemos que la sección primera se convierte en un órgano regulador, en un pequeño órgano regulador de los mercados de derechos de propiedad intelectual, respetando las competencias que tiene asumidas la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia; un órgano que, al tener esta naturaleza de un órgano regulador de los distintos mercados, de la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, debe actuar de forma independiente. Para ello, la Ley de Propiedad Intelectual establece que la sección primera debe estar compuesta por cuatro vocales titulares y dos vocales suplentes por cada titular, nombrados entre expertos de reconocida competencia y experiencia en el ámbito del derecho a la propiedad intelectual y del derecho a la competencia. Entre esos cuatro vocales, mediante orden ministerial, se ha designado al presidente y al vicepresidente. La sección primera cuenta también con un secretario que actúa con voz pero sin voto. Además, esta sección primera está dotada de una secretaría técnica -y esta es una novedad respecto a la situación que había antes de la reforma de finales de 2015- que cuenta actualmente con dos economistas y dos juristas que ayudarán a los miembros de la sección primera, a los vocales, a interpretar las tarifas generales.

La actual sección primera tuvo su sesión constitutiva el 29 de febrero de 2016. La puesta en marcha de la nueva sección primera pretende garantizar que los contenidos creativos sean respetados y protegidos y que su uso se produzca en un marco tarifario equitativo y no discriminatorio.


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Desde su constitución, hace un par de meses, la sección primera ha llevado a cabo diferentes actividades. Por la mañana hemos tenido una primera reunión con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Creemos que la coordinación con la autoridad de competencia es fundamental, porque en el ejercicio de las nuevas funciones de determinación y control de tarifas tiene que actuar también la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Por ello, entendemos que la sección primera y la autoridad de competencia española deberían tener en la medida de lo posible un criterio interpretativo uniforme.

Al mismo tiempo, hemos diseñado para el día de hoy, para mañana y para los días 25, 26 y 27 una serie de reuniones con las entidades de gestión y los usuarios más representativos de los repertorios de las entidades de gestión. La idea es presentar la nueva sección primera y dar a conocer al sector, a titulares y a usuarios de los derechos de propiedad intelectual, cuál va a ser la actividad de la sección primera en los próximos meses, así como darles a conocer la voluntad firme de la sección de actuar de acuerdo a lo que establece el Real Decreto que regula el funcionamiento de esta sección primera, de actuar como un órgano independiente del Gobierno, pero también de los titulares de derechos y de los usuarios, de actuar como un órgano que resuelve los conflictos y que asume sus funciones con carácter técnico.

La sección primera también está trabajando en la creación de una web propia, dentro del sitio web del ministerio, con el objeto de dar cumplimiento al principio de transparencia que establece el Real Decreto de funcionamiento de la sección primera. Una web propia en la que esté accesible su composición, el currículum de sus miembros, sus funciones, la normativa aplicable y las distintas actividades que se lleven a cabo. También se está trabajando en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura con el objeto de que los distintos procedimientos que lleva a cabo la sección primera se puedan sustanciar de forma electrónica. Presidente, con esto concluyo mi primera intervención.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Julio Costas.

La primera en intervenir será la señora Nogueras, por parte de Democràcia i Llibertat.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Me ha parecido realmente interesante y densa la información que nos ha expuesto hoy aquí, señor Costas. Espero que nos pueda facilitar la documentación expuesta hoy aquí para poder estudiarla con detalle. Agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí. Su exposición refleja el gran trabajo que está realizando. Enhorabuena.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Nogueras.

Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Rivera de la Cruz tiene la palabra.

La señora RIVERA DE LA CRUZ: Señor Costas, muchas gracias por sus explicaciones hoy aquí. A mi grupo también le interesaría poder disponer de la documentación. Con relación al presupuesto con el que se ha dotado a la sección primera de la comisión, me gustaría que me dijera si considera suficiente la cuantía para disponer de materiales e informes necesarios para los procedimientos de fijación de tarifas. Lo digo porque a lo mejor, llegado el momento, es posible que se requieran informes de expertos independientes, por lo que me gustaría saber si ese capítulo de gasto está contemplado. Otra pregunta sería de qué procedimiento se va a dotar a la sección primera de la comisión para garantizar la independencia en el criterio de sus vocales, especialmente en aquellos casos en los que una de las partes en conflicto sea de titularidad pública. Me refiero, por ejemplo, a la radio o a la televisión. Lo digo porque a lo mejor en este punto muy concreto se podría generar algún tipo de conflicto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la palabra el señor Bravo.

El señor BRAVO BUENO: Gracias, señor presidente.

Señor Costas, gracias por venir e ilustrarnos. Quería hacerle tres preguntas básicamente. Leí un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia del año 2009, que hablaba sobre las entidades de gestión y criticaba el monopolio que había por parte de las ocho entidades existentes en los derechos que cada una de ellas gestiona; es decir, no es un oligopolio -por el hecho de sean ocho- sino un monopolio en relación con cada uno de esos derechos. Decía que los efectos de este monopolio eran


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dobles y ambos negativos: uno, que tenían pocos incentivos a la hora de fijar unas tarifas equitativas, porque sencillamente no hay otra entidad de gestión que pueda ofrecer una tarifa mejor, y dos, que también había un incentivo a la gestión, deficiente por el mismo motivo, por el hecho de que no había nadie que pudiera hacerlo mejor; es decir, con independencia de si ese incentivo terminaba produciéndose o no, lo cierto es que existía. Quería preguntarle, en relación con la sección primera, cómo puede servir de cortafuegos a ese problema.

Usted ya ha comentado los sistemas de control ex ante, donde hay una definición de lo que debería ser equitativo. Ha comentado también que ante la falta de acuerdo en un plazo determinado -creo que ha dicho de seis meses- hay una figura en la que ya directamente se fija la tarifa. Quisiera preguntarle si este proceso negociador, teniendo en cuenta que las entidades de gestión tienen pocos incentivos a la negociación porque no hay ninguna otra que pueda hacerles sombra, es voluntario o es obligatorio desde el momento en que una sola de las partes lo pide; es decir, me gustaría saber si es necesaria la voluntad de ambas o basta con la voluntad de una.

Siguiendo con esta misma lógica, en relación con el segundo problema que veía la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, relativo a la gestión ineficiente que podrían tener las entidades de gestión por no haber ninguna otra a la que acudir si sucediera esta gestión ineficiente, me gustaría preguntarle si considera usted que en cuanto a esta gestión que pudiera ser ineficiente -no digo que lo sea pero sí que existe ese incentivo, al menos no hay ningún perjuicio por ese monopolio-, paradójicamente, el reparto que se hace por parte de las entidades de gestión -cuando queda un remanente que no se reparte porque no se conoce a los titulares- puede beneficiar a la propia entidad que reparte. Esto puede suceder por el hecho de que, pasados cinco años -el plazo de prescripción-, ese remanente queda en el patrimonio de la entidad de gestión, si bien se tiene que dedicar a fines muy concretos; uno de esos fines es, por ejemplo, acrecer las cantidades de las obras que sí están identificadas. Me gustaría saber si cree usted que, paradójicamente, una gestión ineficiente en este sentido pudiera ser beneficiosa para la entidad que reparte.

Por último, en relación con el problema central -si es que lo es, a su juicio- del monopolio de las entidades de gestión y la dificultad, que planteaba la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, de crear nuevas entidades de gestión por los requisitos, muy complicados de cumplir, de la Ley de Propiedad Intelectual y la autorización que tiene que dar el Ministerio de Cultura, me gustaría preguntarle sobre el caso de todos aquellos autores o titulares de derechos que por decisión propia no quieren entrar en una entidad de gestión porque usan estas licencias Creative Commons o copyleft y deciden que no van a ir a ninguna de estas entidades de gestión. En relación con esta cuestión, me gustaría preguntarle si considera usted que deberían relajarse esos requisitos para permitir la creación de entidades de gestión que se dediquen expresamente a estos autores o eso le parece perjudicial y considera que hay que obligar a las ya existentes a que gestionen este tipo de obras de autores que deciden libremente este tipo de difusión de sus contenidos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bravo.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra Guillermo Meijón.

El señor MEIJÓN COUSELO: Moitas grazas, presidente.

Señor Costas, bienvenido a esta Comisión. No cabe duda de que el marco legislativo en el que se sustenta la Comisión de la Propiedad Intelectual nace de un anteproyecto de ley de reforma urgente y parcial de la Ley, ya existente, de Propiedad Intelectual; algo que mi compañero Torres Mora -aquí presente- ya había dicho que ni era una reforma que mereciera tal nombre ni era urgente, pero que efectivamente sí fue muy parcial, ya que contó únicamente con los votos de un partido para salir adelante.

Lo primero que quisiera preguntarle es si usted aprecia que existe coherencia entre lo que se espera de esta comisión y cómo se la dota. Es decir, ¿es coherente para usted el presupuesto con el que cuenta esta comisión -en concreto, la sección primera- y las funciones que se derivan de todo el desarrollo legislativo posterior a esta ley? Antes hablaba de ausencia de informes rigurosos, importantes. ¿La comisión va a poder hacer frente a todo esto con el presupuesto del que está dotada? ¿Hay coherencia también entre las funciones de esta comisión y los recursos materiales y humanos de los que actualmente dispone? Es decir, ¿se podrá hacer frente a posibles macroprocesos?, ¿cuentan con los recursos para ello?


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Me gustaría saber también su opinión sobre el precio de la propiedad intelectual en España. ¿Cree que España, en comparación con otros países, soporta una importante carestía de la propiedad intelectual? ¿Debería ser mayor? ¿Debería ser menor? ¿Tienen informes para poder dar los datos correspondientes a esta pregunta? ¿Existen estudios comparados a disposición de la comisión para que pueda sacar unas conclusiones comparativas con lo que pueda pasar y, por lo tanto, pueda hacer recomendaciones para adoptar decisiones claras en este país sobre el tema de la propiedad intelectual?

Hablando de costes, en la propia memoria de impacto normativo se decía que uno de los objetivos de esta ley era rebajar, reducir el coste del acceso a la propiedad intelectual al sector hotelero. ¿Cree que esto era lo que realmente buscaba el Gobierno?, porque -repito- esto está dicho así en la propia memoria de impacto normativo.

Usted decía antes que los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual han de ser expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, el Real Decreto 1023 añade posteriormente: Adicionalmente, la experiencia y conocimiento en los ámbitos del derecho económico, mercado audiovisual y de las comunicaciones electrónicas. Parece que se refiere más a asesores que lo que decía realmente la ley. ¿No cree que, en cuanto a jerarquía normativa, que en un real decreto se digan cosas que no estaban presentes en la ley, es decir, que aparte de los expertos de reconocida competencia en el ámbito de propiedad intelectual también pueden estar otros que impulse ese real decreto, es una cierta vulneración?

Antes se ha hablado de la independencia. Efectivamente, los suyos son nombramientos políticos, pero lo público también entra en conflicto -por ejemplo, las televisiones y las radios públicas-, con lo cual se podría decir que en este caso la independencia queda un poco cortada. Me gustaría saber qué piensa sobre esta cuestión.

Aunque algo ha hablado de ello, ¿considera que puede existir un solapamiento no deseado entre las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la propia sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual?; alguien ha hablado incluso de conflictos de competencias, por ejemplo, en la potestad sancionadora. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial se ha interesado sobre esta cuestión en cuanto que podría producirse.

Me gustaría que me contestara a una cuestión. Sabe que la ley obliga a las entidades de gestión colectiva a crear lo que llaman ventanilla única. Hay un plazo para hacerlo y, si no es así, la comisión tendría que actuar de oficio en los tres meses siguientes a los cinco que tiene. Me gustaría saber si ustedes están haciendo alguna labor proactiva en cuanto a esa ventanilla única o están esperando a ver lo que deciden estas entidades de gestión.

Por último, le vuelvo a agradecer que se haya personado en esta Comisión.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Barrachina.

El señor BARRACHINA ROS: Muchísimas gracias, presidente.

Muchísimas gracias, don Julio Costas, por comparecer, y suerte, porque esta comparecencia suya es una de las primeras actividades de la sección primera de la comisión. Digo suerte porque, aunque es verdad que España es una de las naciones más creativas del mundo, eso genera conflicto, y usted y la comisión que preside se sitúan en este momento en el rompeolas, en el lugar de conflicto: el de la hipotética o posible colisión entre los 22 millones de usuarios de las salas de cine españolas y el actor o la actriz representado por la entidad de gestión. Por tanto, deben tener el mérito y la capacidad para poner de acuerdo, cuando no se alcance voluntariamente, al dueño del restaurante o del hotel con el cantante, el compositor o el intérprete. Así pues, me parece especialmente meritorio y un acierto normativo que ahora, ya no solo a través del arbitraje voluntario o la mediación, se pueda establecer la determinación obligatoria y la validez general de las tarifas por parte de la comisión. No hay creación si no hay retribución justa de esa creación. Al final, es verdad que si en España hay más de medio millón de personas que feliz y merecidamente viven en el ámbito de la cultura lo es porque reciben una retribución justa y merecida por su trabajo. La tarea de la sección primera va dirigida a eso, a que con la menor conflictividad posible y con la mayor rapidez que se pueda exista una retribución a ese justo trabajo. Nadie entendería que la propiedad de un agricultor o de un ganadero o la vivienda de cualquier vecino, después de un tiempo de trabajo, pudiera ser hurtada u ocupada, como nadie debería entender los habituales ejercicios de piratería en el mundo de la propiedad intelectual. Por tanto, es indispensable ese resarcimiento del sector cultural español, en el que, como bien se ha dicho en esta Comisión, se mueve más de un 4% de la producción


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de la riqueza nacional, que es un 25% más que la media de los países europeos. Nos debe enorgullecer la capacidad creativa de España en todas sus lenguas, en todas sus facetas, en todas sus vertientes y en los más variados estilos, distintos y en muchos casos distantes. Por eso es indispensable que esa creación sea resarcida, para lo cual su papel en ese elemento de equilibrio necesario entre el oferente y el demandante de cultura y de servicios culturales es indispensable

¿Cree usted que estas solitarias -porque ha habido años que solamente ha habido una- solicitudes de arbitraje o de mediación van a verse estimuladas debido a las dos nuevas tareas que tiene la sección primera, esto es, la determinación obligatoria para las partes -y no con la necesaria conciliación que hasta ahora se exigía- y, el segundo elemento novedoso de esta acertada reforma legislativa, la capacidad de control y fiscalización de esas tarifas? ¿Cree que van a ser más demandados el uso tanto de la mediación como del arbitraje y su participación? ¿Cree, como mi grupo intuye, que ese va a ser un elemento estimulante para la creación en España?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrachina.

El señor PRESIDENTE DE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Costas Comesaña): Sin duda facilitaremos la información que hemos proporcionado y toda aquella que tengamos a los distintos grupos parlamentarios.

Por alguno de ustedes se ha hecho referencia a la independencia de la sección primera en relación con usuarios de naturaleza pública, del sector público. La ley establece que la sección primera debe actuar con independencia. Esa independencia se fundamenta en que los miembros tienen que ser expertos de reconocida experiencia en el ámbito del derecho a la propiedad intelectual y del derecho a la competencia. Dispone el real decreto que, adicionalmente, podrá valorarse la experiencia o conocimiento -adicionalmente, a mayores- además de la experiencia en el ámbito de la propiedad intelectual y del derecho de la competencia. Ese es el primer pilar de la independencia, la profesionalidad y la experiencia de los miembros. El segundo es que el nombramiento de los miembros de la sección primera es por cinco años, prorrogables por un único mandato de otros cinco. Durante ese tiempo el Gobierno no puede cesar a los miembros salvo por las causas tasadas que establece la normativa.

Por otra parte, el real decreto que regula el funcionamiento de esta sección primera, en su artículo 4º, señala que la sección actuará con sometimiento pleno a los principios de legalidad, imparcialidad, neutralidad, igualdad entre las partes y audiencia. Esos son los pilares en los que se sustenta la independencia de la sección primera frente al Gobierno, frente a los usuarios y frente a los titulares representados por las entidades de gestión.

Se ha preguntado si la dotación que tiene la sección primera es suficiente para asumir sus funciones, especialmente estas dos nuevas de determinación y control de tarifas. Esto es muy subjetivo. Lo cierto es que los Presupuestos Generales del Estado establecen una cantidad de trescientos setenta y pico mil euros para dotar la secretaría técnica que está en funcionamiento. Además, los procedimientos de mediación, arbitraje y determinación de tarifas están sujetos a tasas públicas, pero no así la función de control de las tarifas, que debe asumir la sección primera con los medios con los que cuenta. Son nuevas funciones. No sabemos cuál va a ser la respuesta del sector. No sabemos si usuarios, si entidades de gestión, ante la falta de acuerdo, van a seguir prefiriendo solventar sus diferencias en los tribunales -es el recurso habitual de las entidades de gestión, demandar a los usuarios- o si los usuarios van a seguir prefiriendo demandar a las entidades de gestión ante la autoridad de competencia. No lo sabemos; lo veremos en los próximos meses. De acuerdo con la normativa, las entidades de gestión tienen que aprobar nuevas tarifas que respeten los criterios de determinación que establece el texto refundido en el 157.1. b), y a partir de ahí, veremos. Estamos expectantes. Creo que para esta primera etapa la dotación que tiene la sección primera es adecuada. El tiempo lo dirá. En todo caso, es mejor morir de éxito que de falta de actividad. Hay incentivos a que la sección primera sea llamada a ejercitar especialmente la función de determinación de tarifas. ¿Por qué? Porque los tribunales no resuelven el pleito, no establecen la tarifa, y la autoridad de competencia, tampoco. La autoridad de competencia resuelve que la tarifa es abusiva por no equitativa o discriminatoria o por ambas razones, pero no establece cuál es la tarifa equitativa. Por el contrario, el ejercicio de esta nueva función de determinación de tarifas que se activa a petición de una de las partes en conflicto -una de ellas tiene que hacer la solicitud- resuelve el conflicto con carácter general. La sección primera dictará una resolución que tiene eficacia general para ese derecho y para esa modalidad de explotación del derecho. Cierto es que ambas partes pueden recurrir la resolución ante la


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jurisdicción contenciosa y, en último término, la jurisdicción determinará si la resolución se ajusta o no, pero la sección primera tiene competencias para establecer cuál es la tarifa equitativa y no discriminatoria. Esa es una función que no tiene la autoridad de competencia.

El representante del Grupo Parlamentario Podemos, hacía referencia al informe de la extinta CNMC del año 2009. Yo entonces era consejero de la CNMC. Por mi formación, me correspondió ser el coordinador de ese informe y me reconozco en muchos de sus párrafos. Por tanto, estoy en una situación un poco delicada, porque, como decía antes, el artículo 4 del real decreto que regula las funciones de la sección primera obliga a los miembros a actuar, entre otros, con el principio de imparcialidad y neutralidad. Yo he aprobado ese informe y, por tanto, no puedo desdecirme en este momento de lo que se dice en él, pero como presidente de la sección primera tengo que aplicar el marco normativo vigente. Eso es lo que me corresponde. ¿Este marco normativo vigente podría haber sido más ambicioso, en línea con lo señalaba el informe de la CNMC? Pues sí, pero es el marco normativo que tenemos. Es un avance respecto a lo que había hasta entonces, un avance significativo por las dos nuevas funciones que le encomienda la sección primera y, porque es cierto que de forma similar a lo que sucede en otros mercados regulados donde hay operadores en situación de monopolio, donde es el regulador el que fija la tarifa de acceso por parte de los usuarios o por parte de los competidores, aquí la sección primera actúa siempre en defecto de acuerdo entre las partes. Lo cierto es que la ley, por primera vez, obliga a las entidades de gestión a que aprueben tarifas que respeten toda una serie de principios de carácter objetivo y, por tanto, evaluables, auditables; auditables por la sección primera pero también por los usuarios. Los usuarios van a disponer de tarifas generales que podrán ser examinadas, con lo que van a tener información suficiente para establecer si son tarifas equitativas y no discriminatorias. La reforma sí ha introducido incentivos para que las entidades de gestión dejen de comportarse como lo han hecho hasta la fecha.

No he entendido muy bien la cuestión en relación con el reparto. Lo que sí puedo decirle es que cómo se reparte lo recaudado es uno de los criterios que ha utilizado hasta la fecha la autoridad de competencia para establecer si las tarifas eran equitativas o no. Es cierto que como tal criterio no aparece, en lo que yo recuerdo ahora, entre los criterios que establece la ley, pero cierto es también que la ley establece una lista de criterios -siete- que como mínimo deben respetar las tarifas generales. Por tanto, es posible utilizar otros criterios para establecer si las tarifas generales son equitativas y no discriminatorias.

Si se pueden pisar las competencias o no con la CNMC, es un riesgo que presentaba el proyecto de ley de reforma del texto refundido, pero ese riesgo ha desaparecido en el texto finalmente aprobado. La sección primera no tiene competencias sancionadoras. Si en el ejercicio de su función de control de tarifas observa que una determinada tarifa no se ajusta a esos criterios, las competencias de la sección primera se limitan a ordenar la información y enviársela a la Comisión Nacional de la Competencia para que, en su caso, determine si hay indicios, a la vista de la información remitida por la sección primera, de infracción de la prohibición de abuso de posición de dominio. Ahí no hay riesgo de solapamientos entre las funciones de la sección primera y las de la CNMC. En todo caso, como he dicho en mi primera intervención, tanto la CNMC -nos lo ha manifestado hoy a primera hora de la mañana- como nosotros tenemos la voluntad de coordinarnos y de interpretar la ley, los criterios a los que deben ajustarse las tarifas de manera uniforme.

¿Los vocales deben ser expertos en derecho de la propiedad intelectual y en derecho de la competencia? A estos efectos no deberíamos confundir titulación con conocimientos; los conocimientos se pueden tener al margen de la titulación que uno posea y no me corresponde valorar el currículum, los conocimientos, las actitudes de mis compañeros de la sección primera, pero sí quería manifestar esta idea personal de que titulación no es sinónimo de conocimiento.

En relación con la ventanilla única, no forma parte de las competencias de la sección primera. Es una cuestión que lleva la Secretaría de Estado de Cultura, pero no está entre mis funciones y, por tanto, permítanme que no me manifieste al respecto. Es un instrumento que tiene dos caras, que puede ser muy útil para los usuarios, pero también tiene sus riesgos porque genera unas transparencias que permiten alineamientos. Por tanto, desde el punto de vista del desarrollo de la competencia tiene sus riesgos y así lo ha manifestado la Comisión Nacional de la Competencia en su informe al respecto.

Pido disculpas por si me he dejado alguna cuestión. Estoy a su disposición.

El señor PRESIDENTE: Señor Julio Costas, muchísimas gracias por haber venido a ilustrarnos.

Gracias a todos los grupos parlamentarios y a todos los diputados. Vamos a dar por cerrada esta primera sesión de comparecencias.


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Antes de terminar, me gustaría que o bien los portavoces o bien los representantes que haya de cada partido se acerquen un momento a la Mesa porque quiero comentarles algo.

Muchas gracias. (Aplausos).

Se levanta la sesión.

Eran las dos y diez minutos de la tarde.

Nota complementaria.

En el Diario de Sesiones número 28, correspondiente a la Comisión de Cultura celebrada el jueves 17 de marzo, en la portada, último punto del orden del día, donde dice: "Declaración institucional", debe decir: "Declaración institucional sobre el rechazo a los actos de racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia. (Número de expediente 140/000003)".

Asimismo en la página 39 el título: "Declaración institucional" debe sustituirse por: "Declaración institucional sobre el rechazo a los actos de racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia. (Número de expediente 140/000003)".

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