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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 9, de 08/02/2016
cve: BOCG-11-D-9
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XI LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
8 de febrero de 2016

Núm. 9


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000011 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la democracia, la igualdad y la unión de todos los españoles ? (Página ... (Página3)

162/000022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitar del Gobierno que exija a la dirección del Grupo TRAGSA la apertura inmediata de una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores que permita plantear un nuevo plan empresarial dirigido a incrementar la capacidad de producción y empleo del grupo público empresarial ... (Página4)

162/000026 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de una Comisión no permanente que aborde de forma inmediata las reformas educativas necesarias en la Educación Básica y el sistema universitario para la consecución de un Pacto Nacional por la Educación que mire a una generación ... (Página5)

162/000030 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de una Comisión no permanente que aborde de forma inmediata la reforma integral de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ... (Página7)

162/000031 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la pronta liberación de los presos políticos en la República Bolivariana de Venezuela ... (Página10)

162/000032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la unidad de España ... (Página11)

162/000033 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar y actualizar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género ... (Página13)

162/000034 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cambio climático ... (Página14)

162/000035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a consolidar el cumplimiento del Pacto de Estado anti-yihadista ... (Página15)


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162/000051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la situación en Venezuela y del líder opositor Leopoldo López ... (Página16)

162/000057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar el empleo en TRAGSATEC ... (Página18)

Comisión de Interior

161/000001 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los incendios sufridos en Asturias en el mes de diciembre de 2015 y primeros días de enero de 2016 ... (Página19)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/000002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la viabilidad de la planta de Altadis en La Rioja ... (Página25)

Comisión de Cultura

161/000021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra ... (Página25)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

162/000011

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, a instancia de su Portavoz, el Diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la democracia, por la igualdad y por la unión de todos los españoles, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El recientemente constituido Gobierno autonómico de Cataluña ha anunciado su intención de incumplir las leyes democráticas así como las resoluciones de los tribunales para la consecución de su objetivo, separar a los catalanes del resto de españoles, dando así la espalda a la mayoría de los catalanes que, en las pasadas elecciones votaron mayoritariamente a favor de la unión, la solidaridad y la igualdad de todos los españoles.

Teniendo en cuenta que ningún parlamento, gobierno ni ninguna otra institución puede desobedecer las leyes democráticamente aprobadas, ni las resoluciones de los tribunales, ni situarse por encima de la soberanía nacional que corresponde al conjunto del pueblo español, y siendo responsabilidad del Gobierno de España velar por el cumplimiento de estos principios democráticos básicos.

"El Congreso de los Diputados:

1. Reafirma que ejercerá una activa defensa de la Constitución Española, de la igualdad, de la solidaridad y de la unión entre todos los españoles y de la integridad de la soberanía nacional. A tal fin pondrá en marcha todas las iniciativas que el Estado de Derecho permita para frenar cualquier acción de cualquier gobierno autonómico u otras instituciones del Estado que pretendan subvertir el orden constitucional.

2. De igual forma, el Congreso de los Diputados recientemente elegido, emanante de la soberanía de todos los españoles, insta al Gobierno en funciones a que vele por el respeto íntegro de nuestro ordenamiento democrático y a tal fin compromete su apoyo al ejecutivo en funciones en cumplimiento de los valores constitucionales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2016.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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162/000022

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de los establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para solicitar del Gobierno que exija a la dirección del Grupo TRAGSA la apertura inmediata de una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores que permita plantear un nuevo plan empresarial dirigido a incrementar la capacidad de producción y empleo del grupo público empresarial, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

La empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) se fundó en 1977, para la ejecución de obras y servicios de desarrollo rural, conservación medioambiental y actuaciones de emergencia. Ésta es la empresa matriz del Grupo TRAGSA que posteriormente creó en 1989 su primera filial Tecnología y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC), para la realización de proyectos de consultoría e ingeniería. Asimismo, en noviembre de 1978, se creó la empresa Colonización y Transformación Agraria, S.A. (CYTASA) en Paraguay. Recientemente, en el año 2013 se constituyó TRAGSA Brasil (Desarrollo de Proyectos Agrarios, Ltda.), la última de las empresas que hoy conforman el Grupo TRAGSA.

Sus 37 años de experiencia trabajando para las administraciones públicas ha supuesto que este grupo empresarial haya prestado sus servicios en la práctica totalidad de los subsectores del ámbito agrario y medioambiental.

Realiza y gestiona cualquier trabajo encargado por las administraciones públicas, relacionado con el desarrollo del medio rural y la conservación de la naturaleza, actuando también en todo tipo de emergencia social, catástrofe natural o accidente climático, ofreciendo una respuesta inmediata. Sirva como ejemplo las actuaciones para la descontaminación de la "Mina de Aznalcollar", la recogida del chapapote en el desastre del Prestige, la respuesta ante las inundaciones o, en su vertiente de sanidad animal, la gestión de la crisis de las "vacas locas" o el saneamiento de la "lengua azul".

La distribución nacional de la compañía, que cuenta con delegaciones en todas las provincias de las 17 Comunidades Autónomas españolas, le permite responder, como medio propio, con rapidez y eficacia ante cualquier requerimiento urgente de la administración central, autonómica o local.

En todas las Comunidades Autónomas de nuestro país la empresa TRAGSA ha ejecutado y ejecuta proyectos e infraestructuras rurales, agrarias, medioambientales y forestales, así como también acciones vinculadas a la rehabilitación de edificios de las administraciones, o trabajos para paliar situaciones de emergencia debidamente declaradas.

Por su parte, la consultora TRAGSATEC presta servicios de asistencia técnica a todas las administraciones en ámbitos como la gestión de ayudas europeas, el desarrollo de sistemas informáticos, o la modernización de los sistemas vinculados a la gestión sostenible del ciclo del agua, entre muchos otros.

El Grupo TRAGSA forma parte del grupo de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Su capital es exclusivamente público, participado muy mayoritariamente por el Estado, pero con una participación testimonial de muchas de las Comunidades Autónomas.

El Régimen Jurídico de TRAGSA y TRAGSATEC está regulado por la Disposición adicional 25.ª del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE de 16 de noviembre de 2011), que entró en vigor el 16 de diciembre de 2011, así como por el Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales (BOE de 8 de septiembre de 2010).

Los problemas en esta empresa llegaron con los años duros de la crisis económica y la caída brutal en la obra pública, lo que provocó el desplome del margen en la cuenta de resultados.

En septiembre de 2013 las direcciones de TRAGSA y TRAGSATEC comenzaron a negociar un Procedimiento de Despido Colectivo (PDC), alegando entre otras las causas económicas por una caída significativa de ingresos durante más de tres trimestres, y que la reforma laboral del 2012 justificaría un despido colectivo. El proceso acabó sin pacto con la representación de los trabajadores el 29 de noviembre


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y la empresa siguió adelante con el despido colectivo de 1.336 empleados con una indemnización de 20 días por año y tope de una anualidad.

La Audiencia Nacional, en abril de 2014, anuló el PDC por tres causas, entre ellas la falta de criterios objetivos para la selección de los 726 afectados de TRAGSA y los 610 de TRAGSATEC, reingresando de nuevo los trabajadores que ya habían sido despedidos.

Ante el recurso presentado por la empresa, el pasado 26 de noviembre el Tribunal Supremo público su sentencia declarando el PDC de TRAGSA ajustado a derecho, posibilitando con ello el despido de hasta 1.336 trabajadores, 726 trabajadores en TRAGSA y 610 en TRAGSATEC. A fecha de hoy ya hay más de 610 trabajadores despedidos y la intención de la empresa es seguir con un constante goteo hasta final de enero de 2016.

En la actual situación de empleo en nuestro país, esta decisión es totalmente inaceptable por el impacto que provoca sobre la economía tanto nacional como regional. Además, los datos económicos y productivos del Grupo, pasados dos años desde el inicio de este procedimiento, han evolucionado positivamente, de tal manera que las estimaciones de pérdidas y de producción no tienen parecido con las previsiones del inicio del PDC.

La previsión para el periodo 2014-2019 era de 64,3 millones de pérdidas en el conjunto del Estado. En el último avance de 30 de septiembre de 2015, las previsiones de pérdidas se rebajaron hasta los 37 millones, y el posible cierre del año 2015, con aprovisionamiento de la devolución del 50% de la paga extra detraída en 2012, aún era de proyección de margen positivo.

Los trabajadores han demostrado su voluntad negociadora y su disposición para alcanzar un acuerdo justo mediante el que se eviten los despidos y se cubran las pérdidas evitando utilizar los fondos del Estado, recurriendo a las reservas voluntarias ya acumuladas.

Ante esta situación parece lógico pensar que al igual que se pedía un esfuerzo a la plantilla, hubiera sido necesario la reestructuración de la estructura directiva y los cargos ajenos a las necesidades de producción. Pero por el contrario durante estos años de manifiesta dificultad se ha seguido abonando las primas por objetivos con cifras astronómicas a mandos y directivos.

No debemos olvidar que el grupo TRAGSA es 100% público y que trabaja en exclusiva para la administración.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Manifestar que la ejecución del PDC en el grupo TRAGSA es profundamente perjudicial para los intereses del país, tanto en términos de empleo como de capacidad para satisfacer buena parte de los compromisos adquiridos, dificultándose la materialización efectiva de los encargos de obras y servicios que necesita la administración.

2. Impedir la ejecución del mencionado PDC en el Grupo TRAGSA.

3. Exigir a la dirección del Grupo TRAGSA la apertura inmediata de una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores, que permita plantear un nuevo plan empresarial dirigido a incrementar la capacidad de producción y empleo del grupo público empresarial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-María Luz Rodríguez Fernández y José Luis Ábalos Meco, Diputados.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

162/000026

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(162) Proposición no de Ley ante el Pleno

Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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Proposición no de Ley sobre la creación de una Comisión no permanente que aborde de forma inmediata las reformas educativas necesarias en la Educación Básica y el sistema universitario para la consecución de un Pacto Nacional por la Educación que mire a una generación.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la eventual aprobación de la iniciativa no implicaría la creación de la Comisión a que se alude, sino que en todo caso ésta tenía que atenerse al cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, a instancia de su Portavoz, el Diputado don Antonio Roldán Monés, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una Comisión no permanente que aborde de forma inmediata las reformas educativas necesarias en la educación básica y el sistema universitario para la consecución de un Pacto Nacional por la Educación que mire a una generación -no a una legislatura o a un gobierno-, para lograr un sistema educativo de mayor calidad y equidad, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El derecho a una educación básica universal y gratuita es uno de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y corresponde a los poderes públicos desarrollar políticas educativas eficientes que proporcionen una formación de alta calidad a sus ciudadanos, garantizando la igualdad de oportunidades, y contribuyan a formar personas libres y responsables. La educación no es solamente uno de los determinantes principales del crecimiento económico a largo plazo de los países, sino que constituye un instrumento esencial para luchar contra las desigualdades y fomentar la cohesión social. Sin una adecuada inversión en educación, los avances tecnológicos no se traducen en prosperidad económica y los países ven mermada su capacidad para competir con otras economías mundiales cada vez más basadas en el conocimiento.

Nuestro sistema educativo ha sido reformado por siete diferentes leyes desde la llegada de la democracia. Ni una sola de ellas ha estado vigente más de 6 años, y ninguna contó con el consenso de los principales partidos de la Cámara. A pesar de algunos logros importantes conseguidos, corno la escolarización universal hasta los 16 años o la extensión de la educación infantil, nuestro sistema educativo sigue adoleciendo de importantes carencias de calidad y equidad. La tasa de abandono escolar continúa siendo la más alta de la Unión Europea -más del 20% de nuestros alumnos siguen abandonando la escuela de forma temprana- y ocupamos una posición mediocre y estancada en las evaluaciones internacionales, desacorde a nuestro nivel económico.

Uno de los retos más importantes de nuestro sistema educativo es su capacidad de garantizar adecuadamente la igualdad de oportunidades desde el acceso a la escuela infantil hasta la universidad. En España, el estatus socioeconómico de los padres continúa teniendo una influencia demasiado elevada sobre los resultados académicos y no contamos con planes eficaces para tratar a los alumnos con necesidades educativas diferentes. En demasiadas ocasiones se recurre a la repetición de curso -uno de cada 3 alumnos ha repetido curso antes de cumplir los 15 años-, una solución costosa que agrava los problemas en las aulas.


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Los profesores deben ser los protagonistas del cambio de nuestro sistema educativo, pues son el determinante principal de la calidad de la enseñanza, por encima de los recursos tecnológicos o el tamaño de las aulas. Actualmente solo el 8% de nuestros profesores cree que su labor docente es valorada por la sociedad y la mayoría no cuenta con los suficientes apoyos para desarrollar su labor diaria y mejorar sus métodos docentes. Cualquier cambio en nuestras leyes educativas debe incluir una reforma en profundidad de la carrera profesional de los profesores -siguiendo el espíritu del Libro Blanco de la Profesión Docente y su Entorno Escolar-, desde los sistemas de selección hasta los mecanismos de promoción, para que estén fundados exclusivamente en la capacidad académica y pedagógica.

Igualmente, de abordarse también una reforma en profundidad de nuestro sistema universitario público para que cumpla adecuadamente con sus dos tareas fundamentales: la formación de nuestros jóvenes y la generación de nuevas ideas y conocimiento. Nuestras universidades siguen sin aparecer en los rankings internacionales y en demasiados casos no forman adecuadamente a los jóvenes para encontrar su lugar en el mercado de trabajo. España no ha tenido un premio Nobel desde hace más de un siglo, y seguimos rezagados en las clasificaciones de patentes y empresas innovadoras salidas de la universidad.

Por ello es necesario explorar vías para mejorar los sistemas de financiación y gobernanza universitaria, siguiendo el espíritu del informe Propuestas para la Reforma y Mejora de la Calidad y Eficiencia del Sistema Universitario Español elaborado por la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español en 2013. Además, continúa siendo imprescindible un cambio en los sistemas de selección del personal docente e investigador (PDI) de las universidades públicas que termine de una vez con el fenómeno de la endogamia universitaria, y establezca incentivos adecuados a la excelencia investigadora. Asimismo, se hace necesario un plan nacional para consolidar la FP dual en el que participen todos los sectores, desde la gran industria hasta las pequeñas empresas, y que cuente con pasarelas que permitan que los jóvenes sigan vinculados a los otros niveles del sistema educativo.

Todas las fuerzas políticas representadas debemos demostrar que estamos a la altura de la responsabilidad que nos exige la sociedad para alcanzar un acuerdo en materia educativa con vista a una generación, que ponga lo que nos une por encima de las diferencias políticas. Es sin duda una oportunidad histórica de poner los cimientos de un sistema educativo mejor, de más calidad y más inclusivo, que constituya la base de la prosperidad y el progreso futuro de la sociedad española.

Por todo ello el Congreso de los Diputados:

"1. Al amparo del artículo 53 de su Reglamento, y previos los trámites reglamentariamente previstos, manifiesta su voluntad de creación de forma inmediata de una Comisión Especial para el estudio, debate y, en su caso, propuesta de un Plan Nacional por la Educación que mire a una generación. Un plan que debe defender una mejora en la carrera profesional docente, la atención a los alumnos con necesidades educativas diferentes, la autonomía y rendición de cuentas de los centros educativos, la adecuación de la oferta universitaria a las necesidades del mercado laboral y la eliminación de la endogamia en la selección de profesores universitarios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

162/000030

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(162) Proposición no de Ley ante el Pleno

Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Proposición no de Ley sobre la creación de una Comisión no permanente que aborde de forma inmediata la reforma integral de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.


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Acuerdo:

Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en su escrito registrado con el número 1299, y considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la eventual aprobación de la iniciativa no implicaría la creación de la Comisión a la que se alude, sino que en todo caso ésta tendría que atenerse al cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento. Asimismo, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, a instancia de su Portavoz, el Diputado don Antonio Roldán Monés, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una Comisión no permanente que aborde de forma inmediata la reforma integral de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en garantía de los principios de igualdad en el valor del voto, rendición de cuentas, desbloqueo de listas electorales y fomento de la participación política, para su debate en el Pleno.

Exposición de motivos

No podemos desconocer que la sociedad española actual demanda profundos cambios que permitan recuperar el prestigio de las instituciones y una mayor vinculación de los ciudadanos con las decisiones políticas. Precisamente una de las tónicas generales que suelen darse en aquellos países que afrontan la reforma electoral es precisamente un importante desprestigio de la política, proceso que sin ningún género de dudas atraviesa España y por eso de unos años a esta parte, ciudadanía, partidos políticos, expertos y movimientos sociales han abogado por la necesidad de afrontar una reforma de nuestras normas electorales.

No cabe olvidar tampoco, que la configuración del actual sistema electoral proviene de una norma preconstitucional, la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, cuyos principios fueron recogidos de forma prácticamente íntegra en el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, que reguló las primeras elecciones democráticas. Posteriormente la Constitución de 1978 elevó a rango constitucional los aspectos sustanciales del citado Decreto-ley. En el marco de la referida previsión constitucional, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, reguló de forma concreta el sistema electoral español diseñado en la Transición.

Transcurridos más de treinta años desde aquella primera regulación resulta necesario encarar los cambios necesarios para garantizar una serie de principios que, como la experiencia de estos años demuestra, nuestro modelo electoral no garantiza.

El primer principio es el de equilibrio en la representación, y la igualdad en el valor del voto de todos los electores. Los sistemas electorales son por definición instituciones redistributivas, ya que traducen los votos de los ciudadanos en escaños. Sin embargo, la correspondencia entre ambos elementos no resultan siempre ajustados, bien porque no existe una misma traducción en escaños para todos los partidos, bien porque el valor de los votos es distinto según la circunscripción del elector.

Como ha señalado el Consejo de Estado en su Informe de 24 de febrero de 2009 sobre las Propuestas de Modificación del Régimen Electoral General, el principio de igualdad de voto no agota su significado en la igualdad formal en el ejercicio del derecho de sufragio sino que, además, exige una igualdad sustancial de los votos emitidos, de forma que todos ellos tengan el mismo peso para la obtención de representación. Sin embargo con el sistema actual, el peso del voto difiere de manera ostensible en función de la circunscripción en la que se ejerza el derecho de sufragio. Como apunta también el Consejo de Estado la correspondencia entre el número de escaños y el número de votos de algunas candidaturas electorales genera hoy importantes


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desajustes que afectan también a la igualdad de oportunidades de los partidos. El sistema electoral del Congreso de los Diputados se caracteriza así por una importante restricción de la proporcionalidad, beneficiando a los partidos que concentran sus votos en determinadas circunscripciones y penaliza la dispersión, aunque se trate de partidos que en el cómputo nacional tienen mayor apoyo popular.

El segundo gran principio que entendemos debe abordarse en esta reforma se sustancia en la mejora de la rendición de cuentas de los diputados. Durante el proceso de transición a la democracia en España se tomó la decisión de fortalecer unos débiles partidos políticos que, en muchos casos, salían de la clandestinidad. Para ello, se optó por la configuración de sistemas de listas cerradas y bloqueadas, algo excepcional en los países con sistemas electorales proporcionales pero común en aquellos que tienen transiciones pactadas.

Este sistema se ha demostrado eficaz para asegurar la disciplina de voto y la fortaleza de las organizaciones políticas. Sin embargo, este hecho también ha fomentado una centralización del poder en las cúpulas, en muchos casos abusiva. Más aún, el sistema ha implicado que ni el votante puede ejercer ningún tipo de control sobre la lista presentada por el partido ni puede señalizar su consideración sobre los diputados de manera individual, rompiéndose así toda vinculación entre elector y elegible.

En una democracia de calidad a la altura del siglo XXI que transitamos, deben buscarse instrumentos que permitan el ejercicio de una rendición de cuentas individual de los candidatos y fomentar la vinculación directa de todos los candidatos, no solo los cabezas de lista, con sus electores. Para este objetivo, según la experiencia comparada, parece conveniente introducir un sistema de listas flexibles o listas desbloqueadas. Ello supone que el votante, de manera opcional, podrá marcar una serie de votos preferenciales dentro de la lista del partido por el que escoja votar. Este sistema de listas, asimilable al de otros países como Bélgica o Suecia, supone mejorar la rendición de cuentas individual, permitiendo la señalización de buenos candidatos y generando incentivos positivos para que los miembros de las listas visibilicen su trabajo. Pero además, este sistema mantiene que la centralidad de la acción política siga articulada en torno a los partidos políticos que concurren a las elecciones. Supone, por lo tanto, un equilibrio razonable entre la representación de candidatos y de partidos.

El tercer principio que debería inspirar la reforma que se propone es la mejora de la calidad democrática. Este principio, que puede considerarse difuso, se liga a una mejora en el ejercicio democrático de los partidos políticos, un incremento de la transparencia y el fomento de la participación electoral.

Para la mejora del ejercicio de la democracia, debe mejorar de forma fundamental el funcionamiento del principal instrumento a través del que se articula la participación política de los ciudadanos, los partidos políticos; de ahí que necesitemos de una reforma integral de su norma reguladora, la Ley Orgánica de Partidos Políticos que ha quedado absolutamente desbordada por la realidad y obsoleta. Y en lo que atañe a la selección de candidatos, resulta necesario establecer el modelo de elecciones primarias como instrumento obligatorio para escoger al menos a sus cabezas de lista, convirtiéndolo en requisito necesario de elegibilidad, lo que permite abordar esta cuestión también desde la norma electoral. Asegurando así el respeto al mandato constitucional de que la estructura interna y el funcionamiento de las organizaciones políticas deban ser democráticos, como se recoge en el artículo 6 de nuestra Constitución.

El incremento de la transparencia pasa por un conjunto de medidas esenciales para una cultura democrática sólida, entre ellas la obligatoriedad de efectuar debates electorales, lo que permitiría que los ciudadanos puedan formarse una opinión más sólida sobre las diferentes propuestas políticas. La centralización de la distribución de papeletas y publicidad electoral, lo que facilita no solo una mejora en la disposición de la información para los electores y un ahorro en sus costes de distribución, sino también una garantía para la concurrencia efectiva de las opciones políticas que participan en el proceso electoral.

En cuanto al fomento de la participación electoral resulta crucial en un momento en el que aumenta la desafección hacia la política, y ello exige allanar los obstáculos que impiden el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos, entre los que se encuentra el de participación en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, tal como recoge el artículo 23.1 de nuestra Constitución. Por ello parece necesario estudiar los mecanismos que mejoren la participación de los colectivos con algún grado de discapacidad, estudiar también mecanismos de facilitación del voto como el voto electrónico o el voto anticipado, y muy especialmente el acceso al voto de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero cuya participación en los comicios ha sufrido un importante descenso tras la reforma efectuada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modificó la LOREG, introduciendo el voto rogado de los


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españoles inscritos en el censo de electores residentes-ausentes. En este sentido no cabe olvidar que el artículo 68.5 de nuestra Constitución recoge la obligación del Estado de facilitar el derecho del voto de los españoles residentes fuera de España, obligación que con la modificación operada en el año 2011 no parece que se esté cumpliendo, por lo tanto se impone una modificación para eliminar el carácter rogado del voto de estos españoles.

Finalmente se impone una reflexión sobre el procedimiento más conveniente para abordar esta importante reforma. Debemos partir de reconocer el carácter estructural que para todo sistema democrático tiene su norma electoral. Al definir aspectos esenciales del sistema y ser el vehículo que permite traducir la voluntad ciudadana en representación política constituye uno de los pilares de toda democracia. Por ello parece razonable que el debate sobre su reforma se articule a través de uno de los instrumentos parlamentarios de mayor rango, que garantice la participación plural de todos y asegure que la reforma que en su caso se plantee cuente con el respaldo más amplio posible; teniendo en cuenta, además, que la propia Constitución en su artículo 81.2 exige para la regulación del régimen electoral general la mayoría absoluta del Congreso.

Por todo ello el Congreso de los Diputados:

"1. AI amparo del artículo 53 de su Reglamento, y previos los trámites reglamentariamente previstos, manifiesta su voluntad de creación de forma inmediata de una Comisión Especial No Permanente para el estudio, debate y, en su caso, propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

2. Reforma que debe garantizar: la igualdad en el valor del voto de todos los españoles, la rendición de cuentas y cercanía entre electores y elegidos facilitando el desbloqueo de las listas electorales; la transparencia y procedimiento democrático en la selección de candidatos mediante procesos de elecciones primarias por parte de los partidos y coaliciones que concurran electoralmente; y el refuerzo de los mecanismos que garanticen el derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos, removiendo los obstáculos de todo tipo que dificultan el ejercicio del voto, con especial consideración para la situación de los españoles residentes en el extranjero."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

162/000031

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la pronta liberación de los presos políticos en la República Bolivariana de Venezuela, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

Según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) se han producido más de 3.200 detenciones por causas políticas en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

A pesar de esta situación el Gobierno de Venezuela ha ignorado sistemáticamente las reiteradas resoluciones, dictámenes y declaraciones provenientes de la Unión Europea y de organismos de Naciones Unidas como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el Comité de Derechos Humanos o de otros organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo mismo ha sucedido con las reclamaciones de las principales organizaciones no gubernamentales encargadas de velar por los derechos humanos y el ejercicio elemental de la libertad política y de manifestación, desde Amnistía Internacional hasta Human Rights Watch.

El caso más sangrante de detención y encarcelamiento por motivos políticos es el del líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, encarcelado desde febrero de 2014 y condenado a 13 años de cárcel en un juicio celebrado el pasado mes de septiembre. El juicio fue calificado de "farsa" por el


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antiguo presidente del gobierno y abogado defensor de López, Felipe González, y por el propio fiscal del Ministerio Público venezolano que ejerció la acusación contra López, Franklin Nieves, huido a Estados Unidos.

El caso de López no es único. Las detenciones y encarcelamiento del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, detenido en febrero de 2015 y en arresto domiciliario desde el pasado mes de abril, o la exjueza María Lourdes Afiuni constatan una clara e incesante violación de los derechos humanos por parte del Ejecutivo que preside Nicolás Maduro.

En este sentido, la Asamblea Nacional venezolana aprobó el 14 de enero de 2016 una moción que exhorta tanto al Gobierno venezolano como a los tribunales nacionales a cumplir con las resoluciones de organismos internacionales que piden el respeto a los derechos humanos de dirigentes opositores presos. El texto del acuerdo, entre otras exigencias, pide a los jueces, tribunales y funcionarios del Estado "cumplir y ejecutar de forma inmediata decisiones, resoluciones, informes, opiniones, medidas o actos dictados por organismos internacionales de protección de derechos humanos".

Hasta ahora, el Gobierno de Venezuela ha ignorado todas las reclamaciones de libertad para Leopoldo López y otros presos políticos. Lo ha hecho a pesar de que las resoluciones y dictámenes de la ONU, organismo del cual forma parte Venezuela, tienen su fundamento en la Carta de la ONU y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumentos que deben aplicarse de manera preferente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de seguir tomando todas las medidas pertinentes -desde el conjunto de las instituciones españolas, en el marco de la Unión Europea, desde los organismos internacionales en los que España tiene representación y ante el propio Gobierno de Nicolás Maduro- que culminen con la inmediata liberación del líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López y de los demás presos que permanecen encarcelados en Venezuela por causas políticas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

162/000032

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la unidad de España, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

La Nación española está forjada en un proceso que se ha desarrollado durante siglos integrando tres elementos fundamentales: territorio, pueblo y soberanía. Este desarrollo ha sido sólido y consistente, lo que no quiere decir invariado y uniforme.

Sin entrar en un debate sentimental ni de arraigos históricos recordemos lo que recoge la Constitución Española (CE) en su título preliminar y, en concreto, en su artículo segundo:

"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas."

Algunos de los padres de la Constitución del 78, se manifestaban de una manera muy vehemente para explicar la trascendencia de este artículo segundo de la CE.

Gregorio Peces-Barba (PSOE) ya entendió que "esta fórmula puede ser la que resuelva de manera definitiva la problemática de la organización territorial y los derechos legítimos a la autonomía".


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Jordi Solé Tura (PCE) declaró "El artículo 2 no solo define a España, sino que define el techo político del cual no se puede pasar; y ese techo político es que es una nación indisolublemente unida, que es una patria común e indivisible".

Y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), concluyó que la Constitución "reconoce a España como nación de manera taxativa y eso es irrenunciable; y, al atribuir al pueblo español en su conjunto la soberanía nacional -y ahí está la importancia del término- excluye toda posibilidad de separatismo legal, puesto que reconoce un solo sujeto de autodeterminación".

Por su parte, el senador constituyente Julián Marías, filósofo y discípulo de Ortega y Gasset, escribió que "España ha sido la primera nación que ha existido, en el sentido moderno de esta palabra".

Sin duda, esta vigorosa historia y la unidad de todo el pueblo español, consensuada y plasmada en la Constitución del 78, han generado la mayor etapa de desarrollo y prosperidad de nuestra historia, sustentada en pilares básicos como la igualdad de los españoles, la solidaridad entre ellos, la convivencia democrática, el cumplimiento de la Ley y la soberanía nacional. Pilares que algunos cuestionan ahora.

Libertad e Igualdad constituyen el fundamento central de España como Nación, que es mucho más que una construcción jurídica o un Estado.

Frente a esto, el Parlamento de Cataluña aprobó el pasado 9 de noviembre de 2015 una resolución para dar inicio a un proceso constituyente para la creación de un Estado catalán. El Gobierno de España recurrió inmediatamente dicha resolución ante el Tribunal Constitucional, que el 2 de diciembre de 2015 la declaró nula y la dejó sin efecto.

El Gobierno de la Generalitat, recientemente constituido, ha manifestado su intención de aplicar un programa fundamentado en la citada Resolución de 9 de noviembre y continuar impulsando un proceso para la ruptura que supone, sobre todo, una quiebra de la convivencia entre catalanes y también de estos con el resto de los españoles.

Dicho proceso es contrario a la Constitución, a las leyes, al sentir mayoritario de los catalanes y a la voluntad democrática de todos los españoles.

El régimen político que se prefigura es claramente antidemocrático y se aproxima al modelo de los estados totalitarios: rechazo a la separación de poderes, incumplimiento de la Ley, ignorancia de los órganos jurisdiccionales y de sus decisiones, y posicionamiento al margen del Estado de Derecho.

El denominado "proceso" pretende romper con la Constitución de 1978 votada amplia y mayoritariamente por el conjunto de los catalanes y el resto de los españoles. Rompe con el Estatuto de Cataluña que junto a la Constitución garantiza los derechos y libertades de los catalanes y el ejercicio de su autogobierno. Y pretende romper con la democracia española y con el modelo de derechos y libertades que nuestro Estado de Derecho ampara.

Su planteamiento y sus pretensiones son incompatibles con la unidad indisoluble de la Nación Española y con el principio esencial de soberanía nacional, que reside en el conjunto del pueblo español, que constituyen los ejes constitucionales básicos sobre los que ha pivotado la convivencia de los españoles en el periodo democrático más largo y también más fértil en los logros colectivos de toda la historia de España.

Estamos, por tanto, ante un proceso alejado de los más básicos principios democráticos, absolutamente contrario al Estado de Derecho y opuesto a los valores en los que éste se asienta, así como un ataque frontal a la convivencia entre españoles.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta:

1. La voluntad de la Nación Española de preservar el marco de convivencia y respeto mutuo amparado por la Constitución de 1978, que se basa en la unidad de España, al mismo tiempo que garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

2. La obligación de todos los poderes del Estado de defender la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Ley, y respetar los Tribunales y sus decisiones, como garantía de la plena eficacia de los derechos y deberes de todos los ciudadanos.


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3. El respeto a la soberanía nacional, que reside en el conjunto de los españoles, que es incompatible con cualquier tipo de referéndum o consulta ciudadana sobre lo que es y debe ser España, en la que una parte de los españoles decidan por todos los demás.

Además, el Congreso de los Diputados insta al conjunto de las Instituciones españolas a:

4. Mantener la defensa, desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles.

5. Continuar actuando, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España.

6. Utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las Leyes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

162/000033

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar y actualizar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

Han transcurrido más de 10 años desde que todos los grupos políticos acordamos la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la ONU elogió el marco normativo que había conseguido España en el ámbito de la igualdad.

Conscientes de ello, durante este tiempo se han producido importantes reformas como la inclusión de nuevos tipos penales relacionados con la violencia de género en la reforma del Código Penal; la necesaria consideración de los menores como víctimas directas de violencia de género; la mejora del régimen de adopción de las medidas cautelares sobre ellos; el reconocimiento de la justicia gratuita y el asesoramiento jurídico previo a la interposición de la denuncia para las víctimas de este tipo de violencia con independencia de sus recursos económicos.

Con el fin de continuar avanzando en la lucha contra la máxima expresión de la desigualdad entre mujeres y hombres, el 9 de septiembre de 2015, el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad compareció en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados con el objeto de presentar un informe de reflexiones y propuestas de reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

Este documento se llevó a cabo teniendo en cuenta las aportaciones de las comunidades autónomas; de los integrantes del Pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer; de los Grupos parlamentarios y los Ministerios con competencia en la materia; de las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y de las Unidades de Violencia sobre la Mujer, integradas orgánicamente en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en las Direcciones Insulares. Por tanto, se trata de un instrumento fruto de un ejercicio conjunto de reflexión por parte de todos los entes con competencias en la materia y de los sectores de la sociedad civil involucrados en la erradicación de la violencia de género, al igual que lo fue la aprobación de la propia Ley.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad que de común acuerdo entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria se realice un análisis integral y coordinado de las propuestas y reflexiones recogidas en el informe presentado por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad


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con el fin de mejorar y actualizar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y, con ello, proteger más eficazmente a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijos e hijas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cambio climático, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El cambio climático es el mayor reto medioambiental al que nos enfrentamos. Tiene efectos sobre los derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano o el derecho a la salud y plantea grandes desafíos económicos y sociales.

El 12 de diciembre de 2015, se aprobó en París, el primer acuerdo contra el calentamiento global, en el que 195 países junto a la Unión Europea (UE), a quien se considera un estado más, se comprometieron a minimizar los riesgos del cambio climático asumiendo compromisos sólidos.

Cada Estado prometió reducir sus emisiones contaminantes, fortalecer su respuesta a los efectos del fenómeno y actuar en el ámbito nacional e internacional, entendiendo que las necesidades domésticas se satisfacen mejor cuando se busca el bien común.

Este acuerdo global ambicioso y jurídicamente vinculante, que reemplazará a partir de 2020 al actual Protocolo de Kioto, compromete a todos los firmantes, en función de sus capacidades y circunstancias. Por primera vez recoge el compromiso mundial por mantener el aumento de las temperaturas por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales y perseguir los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados. También establece un marco de transparencia, y de seguimiento.

El principal instrumento sobre el que se construye el pacto son las llamadas "contribuciones nacionales". A los países desarrollados se les exige que reduzcan sus emisiones en función de sus capacidades económicas y tecnológicas.

Otro de los instrumentos clave es la creación de inventarios para poder hacer un buen seguimiento de los programas nacionales de reducción de emisiones. Se perfilan tres categorías: los desarrollados, que deberán dar completa información; los emergentes, que tendrán una menor exigencia; y los más pobres, que tendrán el nivel mínimo de obligaciones.

En cuanto a la financiación, los países industrializados, responsables históricos del problema, deberán ayudar financieramente a los países en desarrollo, y los emergentes podrán participar también de forma voluntaria. Los países en desarrollo recibirán un mínimo de 100.000 millones de dólares a partir de 2020, una cifra que sería revisada a más tardar en 2025. Todos los países se comprometieron, además, a controlar mutuamente sus planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con revisiones quinquenales a partir de 2023.

En los últimos años España ha concedido la máxima importancia a la lucha contra el cambio climático, trabajando activamente en el desarrollo de una política medio ambiental que dé soluciones y respuestas a este problema donde la protección de nuestro entorno para las generaciones futuras se vea reforzada por la sostenibilidad económica de las actividades creadoras de empleo ligadas al mismo.

Como miembro de la Unión Europea, España ha asumido objetivos ambiciosos de reducción de emisiones y, por ello, la pasada legislatura pusimos en marcha muchas actuaciones concretas, como programas de renovación de la flota de vehículos, actuaciones para aumentar la eficiencia energética en edificios o financiación de proyectos concretos de reducción de emisiones, entre otras.

El resultado de esas políticas ha sido que hemos cumplido con los compromisos adquiridos en Kioto destinando 42 millones de euros, mientras que el partido socialista necesitó gastar 770 millones de euros comprando derechos de emisión para cumplir con Kioto.


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El Acuerdo de París para la mitigación del cambio climático es un triunfo para los ciudadanos, para el planeta y para el multilateralismo. En el ámbito interno España necesita seguir adoptando acciones concretas que permitan dotar de coherencia a las actuaciones de todos los implicados en la transición a una economía baja en carbono que crezca y que cree empleo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de impulsar una Ley de Cambio Climático que:

A) Recoja los compromisos adquiridos de España en materia de cambio climático y descarbonización de la economía, en particular en reducción de emisiones, mejora de la eficiencia energética y participación de las energías renovables.

B) Establezca un marco institucional único que dote de agilidad y coherencia a todas las actuaciones, y promueva aquellas que tengan una mayor capacidad de reducir emisiones al menor coste, teniendo en cuenta su impacto sobre la actividad económica y sobre la creación de empleo.

Asimismo, el Congreso de los Diputados manifiesta su firme compromiso de crear una Comisión Permanente de Cambio Climático en la Cámara Baja."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para consolidar el cumplimiento del Pacto de Estado anti-yihadista, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El terrorismo yihadista, representa una de las principales amenazas a la seguridad de las sociedades libres y democráticas. En este marco, la seguridad es un elemento esencial de la calidad de nuestra democracia y constituye un ingrediente básico de la libertad, porque solo las sociedades seguras están en condiciones de permitir que los ciudadanos puedan sentirse libres para ejercer sus derechos.

El terror nunca ha logrado neutralizar nuestro régimen de libertades, pero si ha provocado pérdidas irreparables. Por ello, mantener siempre vigente el recuerdo de las víctimas del terrorismo y honrar con dignidad su memoria, es y será siempre una deuda de todos los demócratas con cada una de las víctimas y sus familiares.

El pasado 11 de diciembre, el terrorismo azotaba de nuevo a España. Dos policías nacionales, Jorge García Tudela e Isidro Gabino San Martín Hernández, asesinados en Kabul, en atentado terrorista, cuando realizaban una extraordinaria labor en aras de la defensa de los intereses de España en el exterior. Por ello, los españoles siempre estaremos agradecidos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por su sacrificio en defensa de nuestra paz, seguridad y libertad.

Combatir esta amenaza global, supone un reto de primer orden para nuestro Estado de Derecho y requiere una firme determinación política. La experiencia de España en la lucha contra el terrorismo, pone de manifiesto que el consenso de las fuerzas políticas, la cooperación internacional y la eficacia de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son la clave para la derrota del terrorismo. En definitiva, la unidad, es el mejor valor que los demócratas tenemos frente al terror.

En febrero de 2015, el Partido Popular y el Partido Socialista, alcanzaron un pacto histórico contra las nuevas formas de terrorismo, un pacto que sitúa a España a la cabeza de sus socios europeos en materia legislativa de lucha frente al terror. Este acuerdo ha permitido afianzar la unidad y el consenso en defensa de la democracia, la seguridad y la convivencia en paz y en libertad. Un acuerdo, al que se han sumado la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, mostrando con ello que aunque el terrorismo se transforme,


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el consenso para derrotarlo se mantiene. Por el contrario, resulta difícil de entender la actitud de las fuerzas políticas parlamentarias que no han querido adherirse al pacto antiterrorista, fundamental para España y para los españoles, porque todos los que creemos en la democracia deberíamos estar unidos en la lucha contra el terrorismo.

Además, este Pacto de Estado ha dado sentido a la aprobación de la reforma del Código Penal, ya que permite dar la respuesta más contundente a las nuevas y terribles formas de actuación de quienes ponen en peligro nuestras vidas y nuestras libertades. Pero también ofrece una respuesta coordinada de parte del gobierno y de las instituciones del Estado a la amenaza terrorista, más allá del color de un gobierno.

Sin duda, hoy España cuenta con las mejores herramientas jurídicas y operativas para garantizar la libertad y la seguridad de los españoles ante la mayor amenaza de nuestros días como es el terrorismo yihadista.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de:

1. Mantener la firmeza en el cumplimiento del Pacto de Estado para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, con el fin de mantener viva la unidad de los demócratas frente al terror y mejorar la respuesta del Estado de Derecho frente a quienes intentan poner en peligro nuestras vidas y nuestras libertades.

2. Continuar impulsando las reformas legislativas necesarias para actualizar y reforzar nuestro marco jurídico que permita a jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de! Estado ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo. Y en ese sentido, impulsar el reconocimiento de la lucha contra el terrorismo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Jueces y Fiscales, Servicios Diplomáticos y Servicios de Inteligencia de nuestro país.

3. Mantener vigente el reconocimiento de las víctimas del terrorismo, honrar su memoria y promover su testimonio como instrumento valioso de prevención de la radicalización.

4. Desarrollar todos los esfuerzos necesarios para conseguir que todas las fuerzas políticas parlamentarias se incorporen al Pacto de Estado antiterrorista.

5. Asimismo, seguir desarrollando en coordinación con los estados miembros de la Unión Europea una estrategia global de lucha contra el terrorismo yihadista."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

162/000051

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, a instancia de su Portavoz, el Diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación en Venezuela y líder opositor Leopoldo López, para su debate en el Pleno.

Exposición de motivos

Las recientes elecciones parlamentarias en Venezuela, realizadas el pasado 6 de diciembre, han supuesto una abrumadora victoria de la oposición democrática. Dicha victoria se ha producido a pesar de la ausencia de un auténtico clima de competitividad electoral en virtud de la hegemonía comunicacional del Gobierno, los obstáculos de todo tipo puestos por el ejecutivo a la oposición y la consecuente falta de visibilidad de los candidatos de esta.

A pesar de la clara derrota en las urnas, el Gobierno de Nicolás Maduro no parece dispuesto a aceptar el resultado. El Tribunal Supremo de dicho país, órgano instrumentalizado por el oficialismo, ha declarado desconocer la proclamación ya realizada de 3 diputados de la oposición elegidos en las elecciones


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parlamentarias, afectando directamente al principio constitucional de supremacía de la soberanía popular y de independencia del órgano parlamentario, mediante la usurpación de sus poderes 1 poniendo así de manifiesto la consecuente dependencia del poder judicial respecto del Gobierno.

Este nuevo movimiento del Gobierno oficialista busca seguir socavando la ya frágil democracia del país con el único objetivo de perpetuarse en el poder, y se une a las numerosas violaciones de los derechos fundamentales y de los derechos humanos que se vienen produciendo en Venezuela. Violaciones que han sido denunciadas y condenadas, entre otros, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (20 de octubre de 2014), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (declaración del 24 de febrero de 2015), el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas (opinión de 26 de agosto de 2014), el informe 2014/2015 de Amnistía Internacional titulado "La situación de los derechos humanos en el mundo" (publicado el 25 de febrero de 2015), y el informe de Human Rights Watch sobre Venezuela titulado "Nuevos poderes a los militares para contrarrestar protestas" (publicado el 12 de febrero de 2015) 2.

El propio Parlamento Europeo aprobó sendas resoluciones en diciembre de 2014, y marzo de 2015, denunciando las violaciones de las libertades de expresión y manifestación, la censura de los medios de comunicación y, sobre todo, la constante persecución y represión política de la oposición democrática.

Según organizaciones locales e internacionales, desde que se produjeron las manifestaciones de 2014 al menos 40 personas han sido asesinadas durante las protestas sin que se hayan exigido responsabilidades a los autores 3, 1861 manifestantes se encuentran a la espera de juicio, y hay 76 prisioneros políticos (65 encarcelados, en su mayoría en cárceles militares, y 11 en arresto domiciliario) 4.

Estos no pueden ser números fríos, porque lo que indican es el grado del uso excesivo de la fuerza y la violencia sistemática por parte de la policía, de miembros de la Guardia Nacional y de grupos armados progubernamentales violentos y descontrolados a los que se han enfrentado los manifestantes de la oposición. Un nivel de intimidación, con constantes violaciones de los derechos humanos, que se han producido bajo el amparo, entre otras, de la Resolución 8610 del Ministerio de Defensa que permite al Ejército, en contra de la normativa internacional, el uso de armas de fuego en el control de "reuniones públicas y manifestaciones pacificas". Como resultado, el 24 de febrero de 2015, el estudiante de catorce años de edad Kluivert Roa resultó muerto por impactos de bala durante una manifestación contra la escasez de alimentos y medicamentos en San Cristóbal, en el Estado de Táchira, convirtiéndose así en la primera víctima mortal desde que se permitió el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones.

Respecto a los opositores encarcelados, son especialmente preocupantes los casos de Antonio Ledezma, alcalde mayor de Caracas, en arresto domiciliario por motivos de salud y a la espera de su juicio, Daniel Ceballos, alcalde destituido de San Cristóbal, en su casa tras una huelga de hambre y Leopoldo López, condenado a 14 años en un penal militar tras un juicio celebrado con ausencia de garantías judiciales, por lo tanto injusto, ilegítimo y viciado, donde se criminalizó la protesta y la disidencia política; cuestiones todas ellas corroboradas por el propio fiscal que intervino en el proceso.

Durante los últimos meses y ante el recrudecimiento de la persecución de la oposición democrática por parte del régimen chavista, se ha producido un deterioro de la situación de los presos políticos que, según diversas denuncias, no reciben la atención médica necesaria, son tratados de manera humillante, incluyendo golpes y vejaciones, y están siendo privados de visitas de sus familiares y abogados de su elección.

Es igualmente alarmante la denuncia que presentó la semana pasada Lilian Tintori, la esposa del opositor venezolano Leopoldo López, por tratos vejatorios y crueles durante la visita a su esposo, que realizó junto a su suegra, en la cárcel de Ramo Verde. Asegura la Sra. Tintori que el coronel de la Guardia Nacional, José Viloria, la hostigó y que los guardias de la cárcel obligaron a las dos mujeres a desnudarse para una revisión antes de la visita. En el caso de su suegra, el proceso transcurrió en presencia de sus nietos, de seis y dos años.

El Congreso de los Diputados considera que un Estado democrático no criminaliza a los líderes de la oposición política y que, al contrario, debe garantizar la participación de todos los sectores en la vida política del país, así como los derechos humanos de todos los ciudadanos, incluidos los de quienes, haciendo uso de su legítimo derecho, avalan las políticas de la oposición democrática.

1 http://www.prensa.com/mundo/lDEA VENEZUELACARTA-DEMOCRATICA LPRFIL20160120 0005.pdf.

2 Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (2015/2582(RSP).

3 Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (2015/2582(RSP).

4 http://www.elmundo.es/internacionaI/2016/01/11/56940cfl268e3e 72028b457b.html


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Defendemos que la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas son elementos fundamentales de la democracia; que la igualdad y la justicia para todos resultan imposibles si no se respetan los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos.

Condenamos rotundamente la persecución política, la represión de la oposición democrática, las violaciones constantes de las libertades de expresión, la existencia de censura en los medios de comunicación y el uso de la violencia contra los manifestantes y opositores al régimen.

Y entendemos que únicamente el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, la separación de poderes, la democracia y el respeto a la soberanía popular, y un diálogo constructivo y respetuoso en un espíritu de tolerancia pueden ayudar a Venezuela a salir de esta grave crisis y a superar futuras dificultades.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados declara:

1. Su enérgica protesta ante la inhabilitación de los 3 diputados de la opositora Mesa Democrática, y pide al Gobierno de Venezuela que acepte plenamente los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, cumpla lo dispuesto en su propia Constitución y sus obligaciones internacionales en lo que respecta a la independencia judicial y a los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como al pluralismo político, que constituyen elementos fundamentales de la democracia;

2. Pide a Nicolás Maduro que acuda a la Asamblea Nacional para presentar su Memoria ante la nación, y con ello reconocer la autoridad del Parlamento y su directiva electa que encabeza el diputado Henry Ramos Allup, que han expresado la necesidad de un diálogo político e institucional.

3. Apoya cuantas iniciativas se adopten por la recién elegida Asamblea Nacional a adoptar las medidas necesarias para garantizar la libertad inmediata e incondicional de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, y a todos los manifestantes pacíficos, estudiantes y líderes opositores detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y sus derechos fundamentales, en consonancia con las peticiones formuladas por varios organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales.

4. Insta al futuro Gobierno de España a que realice las gestiones oportunas para el cumplimiento de la presente Proposición."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2016.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

162/000057

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el empleo en TRAGSATEC, para su debate en el Pleno.

Exposición de motivos

TRAGSATEC es una empresa pública filial del grupo TRAGSA, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que a su vez depende directamente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Durante el periodo 2007-2010, como consecuencia de las campañas de saneamiento y vacunaciones contra la lengua azul llevadas a cabo por TRAGSATEC, la empresa inicia la contratación de gran parte de todos sus trabajadores. En 2011 llega a la Junta de Extremadura el Partido Popular, aplicando en 2012 un brutal recorte sobre las campañas sanitarias. En aquellos momentos fue cuando TRAGSA Y TRAGSATEC decidieron hacer un Procedimiento de Despido Colectivo- PDC, en adelante ERE, y lo hicieron despidiendo


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a los trabajadores, aquellos despidos y EREs fueron recurridos, ganados en primera instancia por los trabajadores, siendo la situación actual que el Tribunal Supremo ha ratificado la legalidad del ERE.

Las empresas han decidido ejecutar los EREs en virtud de la sentencia en el último mes, siendo a la fecha actual 63 trabajadores los despedidos, 61 de TRAGSATEC y 2 de TRAGSA.

La Junta de Extremadura para evitar que se hiciera un mayor daño ha asegurado de manera temprana el trabajo de los veterinarios formalizando los encargos necesarios para atender las necesidades existentes y ha manifestado en sede parlamentaria que van a seguir trabajando para que la inaplicación del ERE, el reingreso de los trabajadores despedidos y el mantenimiento de los puestos de trabajo sea un hecho.

Se han mantenido reuniones con trabajadores y sindicatos con el propósito común de que se mantengan los puestos de trabajo antes de comenzar los despidos.

En definitiva, esta iniciativa se justifica en dos puntos básicos, el primero es que el ERE que se ejecuta no responde a la realidad en cuanto a la carga de trabajo que pueda tener la empresa en Extremadura y, en segundo lugar, que dicha Comunidad Autónoma soporta un volumen total de afectados por el ERE que no responde a ningún criterio objetivo si se compara con otros territorios.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) reconduzcan la situación generada a raíz de la aplicación del ERE en las empresas públicas TRAGSATEC y TRAGSA procediéndose al reingreso en sus puestos de trabajo del personal despedido en Extremadura y propiciando la vía de la negociación con los representantes de los trabajadores para resolver el conflicto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2016.-María Soledad Pérez Domínguez, Patricia Sierra Rojas, José Ignacio Sánchez Amor, María Pilar Lucio Carrasco y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Interior

161/000001

A la Mesa de la Comisión de Interior

Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado de FORO integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los gravísimos incendios sufridos en Asturias en el mes de diciembre de 2015 y primeros días de enero de 2016.

Exposición de motivos

Desde el sábado 19 de diciembre de 2015 y hasta los primeros días del mes de enero de 2016, Asturias se vio asolada por una inusitada y simultánea oleada de incendios que elevó a más de 250 los focos de actividad del fuego produciendo, además de enormes daños forestales, llamas que afectaron y han destruido casas, cuadras y otras edificaciones, obligando al desalojo de varias familias.


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Se da la triste circunstancia de que en las labores de extinción de los incendios falleció el 23 de diciembre, en accidente, el piloto de un helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) que participaba de los diferentes operativos para combatir el fuego junto con bomberos, brigadas, Unidad Militar de Emergencias (UME), fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil y lugareños.

En toda la región se sufrieron los efectos multiplicadores y devastadores de los incendios siendo muy numerosos -una cincuentena de los 78 municipios afectados- varios de ellos de forma especialmente grave. De hecho en un primer recuento inicial se pueden citar como afectados los municipios de Aller, Boal, Cabranes, Candamo, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Caravia, Castropol, Coaña, El Franco, Villanueva de Oscos, Gijón, Grado, Langreo, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Morcín, Nava, Onís, Oviedo, Parres, Piloña, Proaza, Quirós, Ribadedeva, Ribera de Arriba, Salas, Tapia de Casariego, Teverga, Villaviciosa, Villayón, Yernes y Tameza, entre otros.

Una primera estimación de lugares afectados fija daños por la intensa oleada de incendios en estos Concejos, lugares y localizaciones:

- Concejo: Cangas del Narcea.

Incendios: 14.

Lugares: Riotorno, Bimeda, Las Avelleras, Irrondo de Besullo, El Cabanal, Tabladiello, Parada La Vieja, Besullo, Monasterio de Coto, Regla de Perandones, Valle de los Húmeros, Tremado de Carballo, Parada la Nueva, Mendiello.

- Concejo: Castropol.

Incendios: 1.

Lugares: Castro Balmonte, Murolas.

- Concejo: El Franco.

Incendios: 6.

Lugares: Loudeiros, San Pelayo, Villalmarzo, Viavelez, Sueiro, Arancedo, Riobón, Hervedeiras, La Rebollada y La Peruyeira.

- Concejo: Coaña.

Incendios: 1.

Lugares: Loza.

- Concejo: Boal.

Incendios: 3.

Lugares: Brañalibrel, Cabana de Ouria.

- Concejo: Villayón.

Incendios: 1.

Lugares: Parlero.

- Concejo: Tineo.

Incendios: 6.

Lugares: Carriles, Tuña, Genestaza (2), La Llaneza, La Troncada, Los Tornos.


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- Concejo: Villanueva de Oscos.

Incendios: 1.

Lugar: Bustapena.

- Concejo: Salas.

Incendios: 2.

Lugares: El Fresno, San Marcelo.

- Concejo: Cudillero.

Incendios: 1.

Lugares: San Cristobal.

- Concejo: Pravia.

Incendios: 1.

Lugares: Godina.

- Concejo: Candamo.

Incendios: 1.

Lugares: Las Ablanosas.

- Concejo: Grado.

Incendios: 1.

Lugares: Baselgas.

- Concejo: Yernes y Tameza.

Incendios: 1.

Lugares: Yernes.

- Concejo: Teverga.

Incendios: 1.

Lugares: Vigidel.

- Concejo: Proaza.

Incendios: 1.

Lugares: Villamejín.

- Concejo: Quirós.

Incendios: 1.

Lugares: Pedroveya.


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- Concejo: Ribera de Arriba.

Incendios: 1.

Lugares: Fresnedo.

- Concejo: Morcín.

Incendios: 3.

Lugares: Peñanes, Santa Eulalia y Las Mazas.

- Concejo: Riosa.

Incendios: 1.

Lugares: Riosa.

- Concejo: Quirós.

Incendios: 1.

Lugares: Pedroveya.

- Concejo: Lena.

Incendios: 2.

Lugares: Otero, Cotorraso.

- Concejo: Mieres.

Incendios: 5.

Lugares: Carraspientes, San Tirso, La Ceposa, Brañanoveles, Murias.

- Concejo: Aller.

Incendios: 3.

Lugares: Pinedo, Corigos, Cotobello.

- Concejo: Laviana.

Incendios: 4.

Lugares: Acebal, Condado, Pendones, Carrió.

- Concejo: San Martín del Rey Aurelio.

Incendios: 1.

Lugares: Ciriego.

- Concejo: Nava.

Incendios: 4.

Lugares: Nava, La Cueva, Fuentesanta, El Remedio.


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- Concejo: Siero.

Incendios: 3.

Lugares: Lieres, Siero, Caballeros.

- Concejo: Sariego.

Incendios: 1.

Lugares: Santianes.

- Concejo: Gijón.

Incendios: 3.

Lugares: Alto de la Madera, Caldones, Playa de Estaño.

- Concejo: Villaviciosa.

Incendios: 2.

Lugares: Rales, La Llera.

- Concejo: Cabranes.

Incendios: 1.

Lugares: Camás.

- Concejo: Piloña.

Incendios: 1.

Lugares: Infiesto.

- Concejo: Caravia.

Incendios: 1.

Lugares: Prado.

- Concejo: Parres.

Incendios: 4.

Lugares: La Roza, Llames de Parres, La Vita, Collía.

- Concejo: Cangas de Onís.

Incendios: 5.

Lugares: Llenín, Onao/Cuesta de Perlleces, Muñigo, Teleña, Soto de Cangas.

- Concejo: Onís.

Incendios: 3.

Lugares: Bovia de Arriba, La Rebollada, Sirviella.


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- Concejo: Llanes.

Incendios: 8.

Lugares: Allende, Ardisana, Nueva, Pría, Llanes, Piñeres, Villa, Vibaño.

- Concejo: Ribadedeva.

Incendios: 1.

Lugares: Villanueva.

Se pueden comprobar en toda Asturias los grandes daños en muchas hectáreas de monte y en varias casas y explotaciones agroganaderas y forestales que ardieron por completo.

Los graves perjuicios económicos y medioambientales que ha generado el fuego en los bienes dañados, exige que se adopten las ayudas, y medidas paliativas y reparadoras, acordes al daño generado porque los incendios no sólo han destruido el patrimonio natural con la negativa repercusión medioambiental que acarrea sino que también han venido a agravar más aún la delicada situación económica de quienes tienen asentada su economía en la agricultura, la ganadería y el sector forestal.

Es sabido que para reparar los daños derivados de una situación de emergencia o de naturaleza catastrófica producida en cualquier punto de la geografía española, resulta de inmediata aplicación -sin necesidad de ningún tipo de "activación"- el régimen ordinario de ayudas previsto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo.

No obstante, ante una situación de extraordinaria y urgente necesidad, como la que deriva de los incendios producidos en Asturias durante el mes de diciembre de 2015 se hace conveniente adoptar medidas de carácter extraordinario, acudiendo a la figura del Real Decreto-ley a fin de que el Gobierno de la Nación apruebe un conjunto de medidas de diversa índole, que abarcan tanto ayudas económicas directas a los afectados como medidas reparadoras de bienes públicos -de titularidad estatal, autonómica y municipal-, exenciones y beneficios fiscales (IRPF, IBI, IAE, y de carácter específico para explotaciones agroganaderas), así como medidas laborales y de la Seguridad Social, atribuidas a la competencia de los diferentes Departamentos ministeriales.

Por lo expuesto se presenta la siguiente Proposición no de Ley en relación con los gravísimos incendios sufridos en Asturias en el mes de diciembre de 2015 y primeros días de enero de 2016:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Determinar y atribuir a la competencia del departamento ministerial que corresponda el reconocimiento y la financiación de las ayudas económicas oportunas para paliar daños materiales producidos por los incendios en Asturias tanto en vivienda y enseres como en explotaciones agrarias, ganaderas, forestales, establecimientos industriales y de otros servicios, así como los daños y perjuicios sufridos con motivo de tales sucesos, y a favor de las personas físicas y jurídicas, al igual que a las Corporaciones Locales por los gastos ocasionados para hacer frente a situaciones de emergencia.

2. Fijar las ayudas correspondientes a las personas y familias que han sufrido daños físicos irreparables en las tareas de extinción de los incendios, como es el caso del piloto del helicóptero fallecido accidentalmente en Arriondas, sin perjuicio de los reconocimientos cívicos que, indudablemente, merece su extraordinaria, peligrosa y abnegada labor.

3. Habilitar a la mayor brevedad en la Delegación del Gobierno en Asturias una Oficina de Atención a las personas afectadas por los incendios, a los efectos de cumplimentar y recoger los formularios correspondientes para determinar la gravedad de los daños producidos y resarcirlos con urgencia con el fin de recuperar la vida cotidiana y el normal desarrollo de las explotaciones agrarias, ganaderas, forestales, etc."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/000002

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la viabilidad de la planta de Altadis en La Rioja, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Altadis, la antigua Tabacalera, una de las mayores empresas de La Rioja y todo un símbolo de su industria desde hace 126 años, ha comunicado a sus trabajadores el cierre de su fábrica el próximo 30 de junio.

El cierre afecta directamente a 471 personas trabajadores y a un número difícil de calcular, aunque se presume muy numeroso, de industrias auxiliares y empleos indirectos. Además, resulta especialmente llamativo cuando la planta riojana dispone de un elevado nivel tecnológico, siendo la única en España de estas características y una de las fábricas de cigarrillos más competitivas de Europa.

El Gobierno debe implicarse en el proceso de diálogo social que necesariamente tiene que abrirse entre la empresa y los sindicatos más representativos para buscar la viabilidad de la planta, así como para evitar y, en su caso, mitigar el impacto laboral y social que el cierre de Altadis puede tener sobre las personas trabajadoras y el duro golpe que estos despidos supondrían a las cifras de empleo en La Rioja.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implicarse en la apertura de un proceso de diálogo con la empresa Altadis y con los sindicatos representativos dirigido a la búsqueda de soluciones para la viabilidad de la planta de esta empresa en La Rioja y para impedir su cierre, y a impulsar, conjuntamente con el resto de Administraciones públicas competentes, la elaboración y aprobación de un Plan de Industrialización en esta Comunidad Autónoma que tenga como objetivo prioritario el mantenimiento del empleo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2016.-César Luena López, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cultura

161/000021

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Una de las figuras dentro de la literatura española que es referente cultural mundial como novelista, poeta y dramaturgo español es Miguel de Cervantes Saavedra, considerado la máxima figura de la literatura española. Con el sobrenombre de "Príncipe de los Ingenios", es universalmente conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna


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y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia.

El Grupo Socialista siempre se ha preocupado de la cultura porque la cultura tiene que ver con la identidad y España es rico en identidades y rico en cultura; tiene que ver con la libertad de los seres humanos, porque la cultura amplía la libertad. Todo lo que nos aporta la cultura nos hace crecer como seres humanos y en libertad, es un bien de primera necesidad y un derecho a conocer y ejercer.

El conocimiento cultural debe ser una prioridad para el Gobierno, quien debe facilitar la posibilidad de acceso a la misma y su desarrollo, puesto que es parte de la base de una sociedad culta y equitativa.

Trabajar por la cultura tiene que ver con los valores de un país, con la idea y el proyecto de España, con la posición de España. Así lo manifestó José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados el día 26 de junio de 2001, durante el Debate del Estado de la Nación, momento en el que propuso impulsar la promoción cultural, coincidiendo con el 400 aniversario de la aparición del Quijote, que convirtiera el siglo XXI en un nuevo siglo de oro de la cultura española: "En el año 2005 se cumplen cuatrocientos años de la aparición de El Quijote, el más universal de nuestros personajes, el más emblemático de la lengua que nos une en la diversidad de lo hispano. Indiscutidos Cervantes y su obra, sería muy deseable que el centenario, como lo intentaron los de la Generación del 98 hace un siglo con menores posibilidades, nos sirviera de plataforma cultural para dar más fuerza a la lengua de Cervantes".

En aquel momento, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, consideró que el tema cultura y la figura del Quijote no debería ser "uno de los principales problemas que iban a discutir en el debate", ridiculizando la propuesta socialista de impulsar y dar la importancia a la figura de Cervantes a través de El Quijote, tal y como merece la cultura e identidad española.

Cervantes nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y murió en Madrid el 22 de abril de 1616, fecha que coincide con el IV centenario de la muerte de Shakespeare.

Cuatro siglos después de su muerte, William Shakespeare sigue vivo para el Reino Unido y el British Council lo va a celebrar en España con el programa Shakespeare Lives, en el que un buen número de actividades ya preparadas acercarán su figura. Uno de los momentos cumbre llegará el 23 de abril con la retransmisión del montaje Hamlet, con la actriz Maxine Peake (La teoría del todo) como protagonista.

Mientras tanto, estos días tenemos noticias por la prensa de la preocupante inactividad del Gobierno del Partido Popular para la celebración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. El retraso en el anuncio de estrategia y programa respecto al año de Cervantes y la escasa ambición de miras por parte del Gobierno respecto al autor del Quijote, no puede más que provocar indignación. La Comisión que se ocupa del Año Cervantes, cuando se cumplen 400 años de su muerte, no ha anunciado ninguna iniciativa, lo que ha levantado protestas en el ámbito de la creación y el mundo académico.

Ante tal situación, urge que el Gobierno prepare un programa de actividades conmemorativas que se sucedan a lo largo de todo el año. El IV Centenario de la muerte de Cervantes debe analizar y difundir la extraordinaria trayectoria vital del genial escritor y de su obra, y debe otorgar un homenaje al hombre y su devenir detrás de la obra.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que presente de forma inmediata y haga públicas las actuaciones del Programa para la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, en coherencia con la importancia de una figura tan trascendental para la cultura de España."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 enero de 2016.-José Andrés Torres Mora, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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