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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 42, de 30/03/2016
cve: BOCG-11-D-42
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XI LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
30 de marzo de 2016

Núm. 42


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

Creación de Comisiones

151/000001 Creación de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales... (Página3)

151/000002 Creación de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia (CPDIA)... (Página8)

151/000003 Creación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo... (Página13)

151/000004 Creación de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible... (Página13)

151/000005 Creación de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad... (Página13)

151/000006 Creación de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático... (Página14)

Solicitud de creación de Comisiones

155/000002 Solicitud de creación de una Comisión permanente no legislativa de lucha contra la corrupción, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Texto de la solicitud así como propuesta transaccional formulada... (Página3)

155/000003 Solicitud de creación de una Comisión permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto. Texto de la solicitud así como propuesta transaccional formulada... (Página3)

155/000005 Solicitud de creación de una Comisión permanente no legislativa de Derechos de la Infancia y Adolescencia (CPDIA), presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Texto de la solicitud así como propuesta de modificación formulada... (Página8)


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Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones.

Enmiendas... (Página14)

Aprobación... (Página16)

162/000011 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la democracia, la igualdad y la unión de todos los españoles.

Enmiendas... (Página17)

Aprobación con modificaciones... (Página18)

162/000032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la unidad de España.

Enmienda... (Página18)

Aprobación... (Página19)

162/000079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos.

Enmiendas... (Página20)

Aprobación con modificaciones... (Página23)

Otros textos

DIPUTACIÓN PERMANENTE

062/000001 Dación de Cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de la X Legislatura a la Cámara de la XI Legislatura. Aprobación por el Pleno... (Página23)


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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

151/000001, 155/000002 y 155/000003

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate acumulado de la solicitud del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, de creación de una Comisión permanente no legislativa de lucha contra la corrupción (núm. expte. 155/000002) y de la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y de los Sres. Baldoví y Garzón del Grupo Mixto de creación de una Comisión permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales (núm. expte. 155/000003), ha aprobado la creación de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales (núm. expte. 151/000001), en los siguientes términos:

"Se acuerda la creación de una Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, que tendrá por objeto:

Analizar las causas del incremento de la desafección ciudadana realizando una auditoría de la calidad democrática de nuestras instituciones y nuestras normas jurídicas.

Proponer las medidas necesarias para continuar avanzando en las reformas legales que sean precisas para seguir reforzando la calidad de nuestro sistema democrático, incidiendo en la relación entre ciudadanos y representantes, recuperando la confianza en la representación política y profundizando en las medidas relacionadas con la transparencia, la participación ciudadana y el funcionamiento de las Administraciones Públicas.

Continuar proponiendo medidas, actuaciones y reformas para combatir y prevenir más eficazmente la corrupción. En ese sentido se analizará la efectividad de las nuevas medidas e instrumentos incorporadas en materia de transparencia, regeneración democrática y corrupción valorando, a estos efectos, las recomendaciones de las instituciones y organismos internacionales de referencia en esta materia.

Analizar el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos y electos y del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como los existentes en otros países de nuestro entorno, al objeto de adoptar medidas para asegurar su cumplimiento efectivo impidiendo la existencia de conflictos de intereses.

Respaldar la plena autonomía y mejorar los medios e instrumentos puestos a disposición de los organismos de lucha contra la corrupción, sin perjuicio de estudiar la posibilidad de incorporar nuevos mecanismos de actuación para mejorar la eficacia en ese objetivo.

Mantener un diálogo permanente con los representantes de instituciones y organizaciones especializadas así como con otras personas competentes por razón de la materia en el desarrollo de los trabajos de la Comisión.

La Comisión, conforme a un plan de trabajo acordado en su seno, aprobará dictámenes que contengan resoluciones y propuestas, sin perjuicio de su posterior tramitación, en su caso, como iniciativas legislativas, en la forma prevista en el Reglamento de la Cámara, en las Comisiones legislativas correspondientes."

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Asimismo se ordena la publicación de las citadas solicitudes, así como de la propuesta transaccional presentada a las mismas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo del artículo 50 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente propuesta de creación de una Comisión Permanente no Legislativa de Lucha contra la Corrupción (núm. expte. 155/000002).


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1. Introducción.

La corrupción se ha convertido en uno de los principales lastres para el desarrollo de la democracia y el progreso socioeconómico en nuestro país. Durante los últimos años, hemos visto como las corruptelas se han multiplicado por todo el territorio y se ha expandido por todos los niveles institucionales: estatal, autonómico, provincial y municipal.

Se puede afirmar con rotundidad que la corrupción está incrustada en el funcionamiento de muchos de nuestros organismos públicos, hasta el punto de que podría calificarse de "enfermedad" de nuestro sistema democrático. Una enfermedad que produce efectos muy perjudiciales en distintos planos.

Uno de ellos es el plano económico. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia considera que la falta de competencia y la corrupción generan un sobrecoste de la contratación pública equivalente al 4,5 % del PIB nacional, y en concreto, cifra ese impacto en 48.000 millones de euros. Son cifras que parecen bastante certeras, pues otro estudio, elaborado por la Universidad de Las Palmas presentado en el 2014, cifraba en 40.000 millones de euros el "coste social" de la corrupción en España, para cuyo cálculo se usó un método de análisis basado en el impacto que tiene la corrupción en la calidad de vida de los ciudadanos 1.

Por citar algunos ejemplos, el fondo que constituyó la Junta de Andalucía para subvencionar EREs a empresas en crisis alcanzaba los 721 millones hasta 2010, que según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas tendría un impacto final de 1.217 millones de euros, de cuya cantidad se hizo un uso fraudulento de al menos 140 millones de euros. En la Comunidad Valenciana, la factura de la corrupción superó los 12.500 millones de euros, solo mil menos que todo el presupuesto de la Generalitat para 2013. Según la Fiscalía Anticorrupción, entre los años 2005 y 2009, la Generalitat adjudicó a las empresas de la trama Gürtel contratos por valor de 5.027.604 euros, de los cuales 298.380 euros corresponden a beneficios ilícitos por duplicidades de pago o por sobrecostes en la facturación.

Pero el perjuicio económico que genera la corrupción no provoca exclusivamente quebrantos a nivel interno o nacional. Aquellos países con altos índices de corrupción suelen ser objeto de rechazo por parte de las inversiones extranjeras, que buscan seguridad jurídica en el país de inversión. Según el informe Doing Business de 2013 del Banco Mundial, España ocupa la posición 44 en el ranking, siendo nuestro índice de competitividad de Europa 2020 de un 4,52, por debajo de la media europea. Además, la corrupción en España se sitúa en el puesto 36 de 168 países, con 58 puntos, dos menos que en el índice anterior según el Índice de la Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional (TI). Países como Qatar, Botsuana o Bután están por encima de España en este índice 2. Son efectos indirectos pero perfectamente mensurables en términos económicos 3. Todo ello nos convierte en un lugar poco interesante para aquellos proyectos económicos, sociales y culturales que pudieran llegar del exterior, dinamizadores y modernos. La corrupción es, por tanto, sinónimo de subdesarrollo y parálisis.

Pensar que el alto número de casos de corrupción es una situación provisional, ocasionada fundamentalmente por las circunstancias económicas del momento, es incorrecto. Las conductas más recientes se prodigaron durante los años de la bonanza económica, entre 2004 y 2008, y ha sido entre los años 2011 y 2015 cuando comienzan a salir a la luz tras las investigaciones policiales y judiciales llevadas a cabo. Sin embargo, a pesar de la crisis económica y financiera de nuestro sistema, esos comportamientos corruptos no han desaparecido sino que, al contrario, se encuentran ahora "normalizados" dentro del funcionamiento de nuestras instituciones. Por tanto, aunque los años de crecimiento económico son periodos que favorecen la irrupción de estos comportamientos, no es un fenómeno exclusivamente ligado a dichos periodos y merecen una vigilancia constante por parte de las instituciones públicas y, en su máximo exponente, por parte del Congreso.

Por otro lado, la corrupción también tiene efectos en el plano social: pervierte la democracia y ha provocado un descenso enorme en la confianza que los españoles y las españolas tienen en las instituciones y partidos políticos. Un claro reflejo de que la ciudadanía no es ajena a este fenómeno, es que la corrupción y el fraude son, desde hace varios años, la segunda o la tercera mayor preocupación de los españoles, según datos del CIS 4. Eurostat además ha indicado que el 95 % de la población española considera que la corrupción es un fenómeno extendido, muy por encima de la media de la UE que se sitúa en un 76 % 5.

1 http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/01/04/52a8c0f561fd3d862a8b4579.html

2 http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/tabla_sintetica_ipc-2015.pdf

3 http://www.negocios.com/noticias/corrupción-espana-ahuyenta-inversiones-06082014-0938

4 http://www.cis.es/opencms/-Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html

5 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/2014_acr_spain_factsheet_es.pdf


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El muy mejorable funcionamiento de nuestra justicia es otro elemento que no ayuda a combatir la corrupción y fomenta un crecimiento del déficit de seguridad jurídica. La falta de medios que a ella se dedican supone que muchas de las sentencias condenatorias llegan con mucho retraso. Y los frágiles sistemas de control de la independencia judicial o las desproporcionadas sanciones establecidas para algunos delitos (especialmente respecto de aquellos relacionados con el fraude fiscal) refuerza a los corruptos y su impunidad, asentando la idea en el imaginario colectivo de que "la justicia no es igual para todos" o de que "ser corrupto no sale nada caro".

La lista de casos de corrupción es estremecedora. Solo en Andalucía hay 115 alcaldes imputados por malversación de fondos públicos. Y ninguna Comunidad Autónoma se ha librado tampoco de esta lacra. Conviene enumerar algunos casos, para que tomemos consciencia real y quede constancia de que no se trata de un caso puntual, sino de un problema sistémico de nuestro orden democrático.

- Comunidad de Madrid: Caso Gürtel, Operación Púnica, Caso Cementerio, Caso Guateque, Caso Porto.

- Galicia: Caso Arena, Caso Baltar, Operación Pokémon, Caso Campeón.

- Islas Baleares: Caso Bomsai; Caso Inestur; Caso Palma Arena; Caso Nóos; Caso Andratx: Caso Scala, Caso Bitel, Caso lbatur, Caso Funeraria Palma.

- Islas Canarias: Caso Faycán, Caso Catis.

- Castilla-León: Caso de la Ciudad del Golf, Caso Zamora.

- Castilla La-Mancha: trama Púnica, Caso del Lino.

- Región de Murcia: I Caso Umbra.

- Andalucía: Cursos de Formación, EREs, Caso Troya.

- Comunidad Valenciana: Caso Imelsa, Caso Taula trama Brugal, Caso Gürtel, Caso Emarsa, Caso Cooperación.

- Cataluña: Caso Puyol, Caso 3 %.

La lista de casos de corrupción a nivel nacional también es extensa: Caso Acuamed, Caso Bárcenas, Caso Filesa...

Los expertos coinciden en diagnosticar que el problema reside, entre otros, en una falta de legislación. Nuestro ordenamiento jurídico deja muchas fallas abiertas a nivel normativo que hacen muy difícil, por un lado identificar dichas conductas. Incluso cuando se ha logrado sacarlas a la luz, también resulta complicado sancionarlas, pues, en muchas ocasiones, dichos comportamientos no violan ninguna disposición legal o se sitúan en limbos jurídicos donde la justicia poco puede hacer debido a una frágil o inexistente regulación.

La Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Financiación de Partidos políticos, la Ley de transparencia y el Código Penal (y en especial los delitos relacionados con el fraude, el cohecho, la malversación de caudales públicos...) son algunos de los textos que más requieren, con urgencia, una renovación enfocada, entre otros aspectos, a no dejar resquicios a la corrupción y a establecer mecanismos sancionadores eficaces.

2. Creación de una Comisión Permanente no Legislativa de Lucha contra la Corrupción.

Más allá de las responsabilidades penales o civiles que se depuren en nuestro sistema judicial, consideramos que, en el marco del Congreso de los Diputados, se debe poner en marcha, y de manera inaplazable, una Comisión Permanente no Legislativa para la lucha contra la corrupción que ayude a esclarecer otro tipo de responsabilidades (políticas en su mayoría) que se preceden o se derivan de la corrupción y que ayude a resolver (o al menos que facilite algunas herramientas útiles) el problema de la corrupción en España de manera integral.

La creación de esta Comisión Permanente no Legislativa debe tener, entre otras, las siguientes funciones:

1. Investigar cuáles son aquellas estructuras del Estado más afectadas por la corrupción e identificar las fallas normativas y no normativas que impiden un funcionamiento apropiado de las mismas.

2. Garantizar que todas las leyes, políticas, mecanismos, planes y programas estén en alineación con las recomendaciones, directrices y normativa emitida por las instituciones internacionales y por las organizaciones no gubernamentales de referencia en la lucha contra la corrupción.

3. Iniciar un diálogo con la sociedad civil y personas expertas en la materia que puedan aportar experiencias y mejoras a adoptar.


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4. Seleccionar y estudiar aquellos casos de corrupción más alarmantes cuantitativa y cualitativamente, en términos económicos, éticos y políticos, con el objetivo de esclarecer las causas y consecuencias que dichas tramas tienen en la ciudadanía, así como para depurar las responsabilidades políticas que sean oportunas.

5. Evaluar la legislación en vigor y las medidas que se proponen para acabar con la corrupción, para analizar la idoneidad de las mismas y proponer medidas correctoras que mejoren su funcionamiento.

6. Un estudio en profundidad sobre la posibilidad de crear un organismo autónomo e independiente de prevención y lucha contra la corrupción.

A diferencia de lo que ocurre en otros estados de la UE, de las propias instituciones comunitarias (que cuentan con la OLAF) o de algunas Comunidades Autónomas como la Comunidad Valenciana que ha comenzado el proceso de creación de una Agencia de lucha contra la corrupción y el fraude, no existe a nivel estatal un organismo similar que vigile e investigue a nivel estatal y en coordinación con otras administraciones y con la Fiscalía Anticorrupción, el desarrollo de esas prácticas corruptas.

Para el mejor desarrollo de su cometido, la Comisión deberá crear distintos grupos de trabajo que traten temas específicos a petición de los distintos grupos de la Comisión o de otras comisiones.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea solicita a la Mesa del Congreso de los Diputados que cree una Comisión Permanente no Legislativa de Lucha contra la Corrupción, al amparo del artículo 50 del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2016.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Grupos Parlamentarios y Diputados que firman el presente escrito tienen el honor de dirigirse a la Mesa para solicitar que, al amparo de lo establecido en el artículo 50 del Reglamento del Congreso de los Diputados, proponga al Pleno de la Cámara la creación de una Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, con carácter permanente, durante la presente Legislatura (núm. expte. 155/000003).

En los últimos años, España ha sufrido un profundo proceso de crisis política e institucional que ha afectado a uno de los elementos fundamentales del sistema democrático: la legitimación de sus instituciones y de sus representantes, que proviene de la confianza de la ciudadanía en su sistema político.

Es cierto que el fenómeno de desafección se ha extendido por una buena parte de Europa, especialmente tras la crisis económica y financiera, que ha derivado en una crisis social, de desempleo, de desprotección pública, de pobreza y exclusión social. Pero los problemas estructurales de la desafección política son probablemente mucho más profundos y no pueden explicarse solo, ni mucho menos justificarse, en el contexto de la crisis económica y social.

El crédito ciudadano en las instituciones y la legitimación social del conjunto del sistema democrático está fuertemente relacionado con la capacidad de las propias instituciones y de la legislación para generar en la ciudadanía confianza en su funcionamiento, para que las perciban como instrumentos eficaces para conseguir los objetivos que esperan de ellas.

La situación se agrava con la aparición en los últimos tiempos de sucesivos y escandalosos casos de corrupción investigados por los tribunales, que afectan a cargos públicos y extienden una percepción de impunidad en la población española, ahondando en la desconfianza hacia casi todas las instituciones democráticas.

Para evitar este distanciamiento, es preciso realizar un diagnóstico de la situación actual, analizando los factores que puedan explicar la desafección y evaluando si la respuesta que las instituciones y el ordenamiento jurídico ofrecen a la ciudadanía están a la altura de lo que esta les exige. Es necesario realizar una auténtica auditoría de la calidad democrática de nuestras instituciones y nuestras normas jurídicas.

Especialmente, es indispensable analizar minuciosamente las normas de que disponemos para combatir la corrupción, tanto las que tienen por objeto su reprensión y castigo, como las que se dirigen a prevenirla, incluyendo las relacionadas con la transparencia institucional, la participación ciudadana y el funcionamiento de las administraciones públicas y partidos políticos.


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Finalmente, es necesario e inaplazable abordar cuanto antes las reformas institucionales y legales que sean precisas para reforzar la calidad de nuestro sistema democrático, profundizando en la relación entre los ciudadanos y sus representantes y recuperando la confianza en la representación política como instrumento para cambiar la realidad.

Por todo ello, se propone la creación de una Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, con carácter permanente durante la presente Legislatura.

La Comisión tendrá por objeto analizar, acordar y proponer las medidas y modificaciones legislativas necesarias para fortalecer las instituciones democráticas, mejorar la representación política, la democracia interna de los partidos políticos, la participación ciudadana y la transparencia, regular de manera exhaustiva los conflictos de intereses de los cargos públicos y electos, combatir y prevenir más eficazmente la corrupción y reforzar la imparcialidad e independencia de los órganos constitucionales y organismos reguladores.

La Comisión, conforme a un plan de trabajo acordado en su seno, aprobará dictámenes que contengan resoluciones y propuestas, sin perjuicio de su posterior tramitación, en su caso, como iniciativas legislativas, en la forma prevista en el Reglamento de la Cámara y en las comisiones legislativas correspondientes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.- Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Grupos Parlamentarios que firman el presente escrito, con ocasión del debate en el Pleno del Congreso de la solicitud del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, de creación de una Comisión permanente no legislativa de lucha contra la corrupción (núm. expte. 155/000002), y de la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y de los Sres. Baldoví y Garzón (Grupo Mixto), de creación de una Comisión permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales (núm. expte. 155/000003), al amparo de lo establecido en el artículo 50 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente propuesta transaccional de creación de una Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, con carácter permanente durante la presente Legislatura.

La Comisión tendrá por objeto:

Analizar las causas del incremento de la desafección ciudadana realizando una auditoría de la calidad democrática de nuestras instituciones y nuestras normas jurídicas.

Proponer las medidas necesarias para continuar avanzando en las reformas legales que sean precisas para seguir reforzando la calidad de nuestro sistema democrático, incidiendo en la relación entre ciudadanos y representantes, recuperando la confianza en la representación política y profundizando en las medidas relacionadas con la transparencia, la participación ciudadana y el funcionamiento de las Administraciones Públicas.

Continuar proponiendo medidas, actuaciones y reformas para combatir y prevenir más eficazmente la corrupción. En ese sentido se analizará la efectividad de las nuevas medidas e instrumentos incorporadas en materia de transparencia, regeneración democrática y corrupción valorando, a estos efectos, las recomendaciones de las instituciones y organismos internacionales de referencia en esta materia.

Analizar el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos y electos y del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como los existentes en otros países de nuestro entorno, al objeto de adoptar medidas para asegurar su cumplimiento efectivo impidiendo la existencia de conflictos de intereses.

Respaldar la plena autonomía y mejorar los medios e instrumentos puestos a disposición de los organismos de lucha contra la corrupción, sin perjuicio de estudiar la posibilidad de incorporar nuevos mecanismos de actuación para mejorar la eficacia en ese objetivo.

Mantener un diálogo permanente con los representantes de instituciones y organizaciones especializadas, así como con otras personas competentes por razón de la materia en el desarrollo de los trabajos de la Comisión.


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La Comisión, conforme a un plan de trabajo acordado en su seno, aprobará dictámenes que contengan resoluciones y propuestas, sin perjuicio de su posterior tramitación, en su caso, como iniciativas legislativas, en la forma prevista en el Reglamento de la Cámara, en las Comisiones legislativas correspondientes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

151/000002 y 155/000005

El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la creación de la Comisión permanente de Derechos de la Infancia y Adolescencia (CPDIA), en los siguientes términos:

"Se acuerda la creación de una Comisión permanente de Derechos de la Infancia y Adolescencia (CPDIA), que tendrá por objeto:

1. Garantizar que todas las leyes, políticas, mecanismos, planes, programas y presupuestos estén en alineación con el Interés Superior de la Infancia y el enfoque de los derechos del niño mandatados con la Convención, con las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño, con el marco legislativo de la UE y del Consejo de Europa y con la Constitución Española.

2. Velar por el adecuado seguimiento y evaluación de la inversión en la infancia y los recursos específicos estableciendo mecanismos de seguimiento y evaluación, y promover la participación de las familias, los niños, las entidades sociales y el sector privado.

3. Velar por la creación y correcto funcionamiento de un sistema integrado de garantías y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y debe estar dotado de las funciones suficientes a fin de proponer, articular y dar seguimiento a todos los asuntos de infancia que afecten a distintos ministerios y servicios.

4. Abrir un diálogo permanente con la sociedad civil del conjunto del Estado, en especial las organizaciones de infancia, a fin de que las propuestas de los niños y niñas y los problemas que afectan a la infancia y adolescencia española puedan ser incluidos en la agenda permanente del Congreso.

- En base al artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Comisión puede recabar:

i. 1.º La información y la documentación que precisen del Gobierno y de las Administraciones Públicas, siendo aplicable lo establecido en el apartado 2 del artículo 7.°

ii. 2.º La presencia ante ellas de los miembros de Gobierno, para que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivos Departamentos.

iii. 3.º La presencia de autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto del debate, a fin de informar a la Comisión.

iv. 4.º La comparecencia de otras personas competentes en la materia, a efectos de informar y asesorar a la Comisión.

5. Informar con carácter previo de anteproyectos de Ley y otras disposiciones generales de la Administración General del Estado que regulen materias concernientes al bienestar de la infancia."

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Asimismo, se ordena la publicación de la solicitud del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea de creación de una Comisión permanente no legislativa de Derechos de la Infancia y Adolescencia (CPDIA), así como de la propuesta de modificación presentada a la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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Propuesta para la creación de una Comisión permanente no legislativa de Derechos de la Infancia y Adolescencia (CPDIA)

(núm. expte. 155/000005)

1. Introducción.

La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989) -ratificada por España en 1990- introdujo un nuevo paradigma llamado a transformar el espacio social de los niños, niñas, y adolescentes al pasar a ser considerados sujetos de derecho con capacidad para ser agentes sociales activos y superando la doctrina paternalista del niño objeto de protección que había imperado hasta la fecha. Su bienestar material, subjetivo y relacional salió de la esfera privada para convertirse en un asunto público, en un bien social que conlleva obligaciones y responsabilidades para todos los adultos, en particular y a mayor abundamiento para las instancias públicas y políticas. De acuerdo con la Constitución Española, la Convención es parte integrante del ordenamiento jurídico, de aplicación directa en España y el estándar mínimo que debe respetarse a la hora de legislar y desarrollar políticas públicas que afecten a la infancia. La infancia y la adolescencia son, por lo tanto, un Compromiso de Estado.

A lo largo de sus 54 artículos la Convención presenta unas disposiciones que obligan a los Estados parte a proveer las condiciones necesarias para que el sistema nacional del país parte garantice la esfera completa de derechos humanos internacionales, englobando derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como aspectos del derecho humanitario, en aras del bienestar material, subjetivo y relacional del niño o niña. Sus cuatro principios vertebradores son la no discriminación, la primacía del interés superior del niño o niña, la garantía de la supervivencia y el pleno desarrollo, y la participación infantil.

En España existen 8.300.000 niñas (representan el 17,9 % del total de la población), niños y adolescentes, que no votan pero cuyos derechos están reconocidos por el marco legislativo nacional e internacional y que, por ende, poder ejercerlos de manera real y efectiva sin distinción de ningún tipo. Son ciudadanos de pleno derechos en constante desarrollo a través de las distintas etapas evolutivas por las que transitan hasta convertirse en adultos. Esto significa que todas las políticas les afectan al igual que a otros colectivos. Además, las decisiones públicas a la intención de otros colectivos también pueden tener repercusiones en ellos, puesto que se trata de personas dependientes económicamente del mundo adulto.

Pobreza y desigualdad. Pese a ser un fenómeno muy invisible, la pobreza ha aumentado y ha crecido en intensidad y lo ha hecho mucho más en la población infantil. Según datos del Comité Español de UNICEF, el 30,5 % de los menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza y el 35,8 % de la población infantil, en situación de riesgo o exclusión social.

Según datos de "La Infancia en España 2014-UNICEF", uno de los rasgos más distintivos de la realidad social española es el riesgo diferencial de pobreza de los hogares con niños. [...] Las distintas fuentes de datos que recogen información sobre diferentes dimensiones del bienestar de los hogares -empleo, ingresos y condiciones de vida- coinciden en mostrar un retrato muy desfavorable de la situación de los hogares con niños y de la creciente insuficiencia de sus recursos para escapar del riesgo de pobreza. Por lo tanto, tener hijos es ya es un factor de riesgo de pobreza.

Demografía. Por ello no sorprende que España asista ya a un invierno demográfico. Según datos de UNICEF (2014), por primera vez en 42 años la población descendió en España. Los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que la población se redujo en 113.902 habitantes en España en 2012, y que la proyección para 2013 era de una reducción de 242.437 más. En esta tónica, y si se mantienen los comportamientos demográficos actuales, España perdería 2,6 millones de habitantes en los próximos 10 años.

Más urgente aún es actuar con medidas específicas para paliar las situaciones de pobreza de la infancia que para los adultos: fracaso y abandono escolar, un mercado laboral peor preparado, un mayor gasto en sanidad, en definitiva ya no solo desde una perspectiva de DD.HH., sino desde una perspectiva de viabilidad y fiscalidad de país, urge atender a este colectivo.

Estamos ante una oportunidad de revertir las desigualdades y mejorar la cohesión social y nuestra calidad democrática. Pero también, de eficiencia y competitividad, porque la pobreza infantil se traduce a medio plazo en mayores costes en prestaciones y en un tejido laboral de menor calidad. Invertir en infancia es invertir en el conjunto de la sociedad.


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La recuperación social a través de la creación de empleo es insuficiente para mejorar la situación de la infancia que vive bajo el umbral de la pobreza. Los datos, sin embargo, muestran que la baja calidad de los nuevos empleos españoles (precariedad, temporalidad, bajos salarios) impide a muchas familias trabajadoras con hijos escapar de la pobreza. Las tasas de pobreza entre familias con empleo e hijos prácticamente doblan la de aquellas que no tienen hijos, lo que convierte a los niños en lo más parecido a un lastre. Incluso en el mejor de los casos, la recuperación del empleo no conseguiría resolver la debilidad del sistema de protección para los niños en familias desempleadas, que se ha puesto de manifiesto durante la crisis 6.

2. Creación de una CPL sobre Infancia y Adolescencia 7.

Consideramos que, en el marco del Congreso de los Diputados, se debe poner en marcha una Comisión Permanente que focalice el debate de las políticas dirigidas al bienestar de la infancia y adolescencia y garantice una necesaria transversalización de este colectivo en el resto de Comisiones Parlamentarias, promoviendo una cultura de defensa de los Derechos de la Infancia como imperativo ético y de derecho que considere el cumplimiento de los más altos estándares internacionales y nacionales.

- Por ello y con el fin de promover un espacio parlamentario que trabaje en la creación y discusión de propuestas que permitan al Estado crear el marco necesario para que todos los niños y niñas que se hallan en el territorio de España puedan disfrutar de sus derechos, Podemos presenta la creación de una Comisión Permanente no Legislativa para la Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CPDIA).

La creación de esta CPDIA, dedicada específicamente a las políticas de infancia, debe ser el reconocimiento del más importante rango de las políticas de infancia en el conjunto de la actuación del Estado.

Entre las posibles funciones de la CPDIA, podrían estar:

1. Garantizar que todas las leyes, políticas, mecanismos, planes, programas y presupuestos estén en alineación con el Interés Superior de la Infancia y el enfoque de los derechos del niño mandatados con la Convención, con las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño, con el marco legislativo de la UE y del Consejo de Europa y con la Constitución Española.

2. Velar por el adecuado seguimiento y evaluación de la inversión en la infancia y los recursos específicos estableciendo mecanismos de seguimiento y evaluación, y promover la participación de las familias, los niños, las entidades sociales y el sector privado.

3. Velar por la creación y correcto funcionamiento de un sistema integrado de garantías y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y debe estar dotado de las funciones suficientes a fin de proponer, articular y dar seguimiento a todos los asuntos de infancia que afecten a distintos ministerios y servicios.

4. Abrir un diálogo permanente con la sociedad civil del conjunto del Estado, en especial las organizaciones de infancia, a fin de que las propuestas de los niños y niñas y los problemas que afectan a la infancia y adolescencia española puedan ser incluidos en la agenda permanente del Congreso.

- En base al artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Comisión puede recabar:

i. 1.º La información y la documentación que precisen del Gobierno y de las Administraciones Públicas, siendo aplicable lo establecido en el apartado 2 del artículo 7.º

ii. 2.º La presencia ante ellas de los miembros de Gobierno, para que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivos Departamentos.

iii. 3.º La presencia de autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto del debate, a fin de informar a la Comisión.

iv. 4.º La comparecencia de otras personas competentes en la materia, a efectos de informar y asesorar a la Comisión.

6 http://porcausa.org/siete-preguntas-inquietantes-sobre-la-pobreza-infantil-en-espana/#sthash.XIZFcxpl.dpuf

7 La creación de una CPL específica sobre infancia viene recogida en el Programa electoral de Podemos: medida #16o: NNA prioridad en las instituciones (página 101).


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5. Informar con carácter previo de anteproyectos de Ley y otras disposiciones generales de la Administración General del Estado que regulen materias concernientes al bienestar de la infancia 8.

6. Esta Comisión podría ser además un paso previo para poner en marcha una de las medidas de nuestro programa y altamente demandada por todas las organizaciones de la sociedad civil 9, esto es apostar por un Pacto de Estado por la Inversión en la Infancia y que se fundamente en:

- El artículo 39.1 y 39.4 de la C. Española:

? Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

? Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

- Los Objetivos de la Estrategia 2020 de la Unión Europea y el Programa Nacional de Reformas de nuestro país.

- Los planes nacionales de infancia y adolescencia y de inclusión social.

- La Recomendación de la Comisión Europea de 2013: "Invertir en la infancia: romper el círculo de las desventajas".

- La nueva Agenda Universal de Desarrollo Sostenible.

- Las Recomendaciones del Comité de los Derechos de la Infancia de NN.UU. de Ginebra.

- Este Pacto debe incorporar un Paquete específico de medidas urgentes contra la pobreza infantil y la exclusión social, desarrollando una estrategia estatal de reducción de la pobreza infantil que incorpore un presupuesto desglosado y transparente en los PGE y que iguale la inversión en infancia a la media europea (actual 1,4 % vs. 2,3 %).

7. Para el mejor desarrollo de su cometido, la CPDIA deberá crear distintos grupos y comisiones de trabajo que traten temas específicos a petición de los distintos grupos de la CPL o de otras comisiones, que transversalice el enfoque de derechos de la infancia en otras comisiones o instancias y, en términos generales, promueva una cultura de infancia en todas las esferas de la vida parlamentaria.

a. Ej. Grupo de Trabajo que, en coordinación con la CPL de Cooperación al Desarrollo, garantice la adecuada aplicación y evaluación de la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española.

Atendiendo al principio de la participación de la infancia recogido en la Convención, el bienestar de la infancia, la recuperación social y económica no se pueden concebir sin la plena consideración de la infancia apostando por convertirles en un colectivo prioritario al que la sociedad otorgue el valor social que tiene, entendiendo que las niñas, niños y adolescentes son un presente que construye sociedad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea solicita a la Mesa del Congreso de los Diputados que inste a la creación de una Comisión Permanente no Legislativa para la protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, al amparo del artículo 50 del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-Irene Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.

8 Los actuales planes de infancia competen a cerca de 10 ministerios y 50 entes implicados entre Agencias, Direcciones Generales, Secretarías, Consejos, Institutos, Observatorios. Este dato da cuenta de la necesidad de un adecuado seguimiento parlamentario que permita tener una mirada global de las acciones de las instituciones implicadas, así como de la efectividad impacto y sostenibilidad y de otras iniciativas legislativas que se pongan en marcha en la XI Legislatura y que fortalezca el rol del actual Observatorio de Infancia (cuya actividad en la pasada legislatura se ha caracterizado por una falta de presupuestos adecuados para el cumplimiento de su mandato).

9 El Pacto, promovido inicialmente por UNICEF y en la actualidad, liderado por la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI) ya ha sido respaldado por más de 120.000 personas, más de 200 entidades (ayuntamientos, empresas, organizaciones) y cerca de 30.000 niños y niñas.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, a instancia de su Portavoz Sustituto, don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, presenta las siguientes enmiendas a la solicitud de creación de una Comisión Permanente no Legislativa de Derechos de la Infancia y Adolescencia (CPDIA), del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea (núm. expte. 155/000005).

Enmienda

De supresión.

Se suprimen los apartados 6 y 7 de la Solicitud de creación de una Comisión permanente no legislativa de Derechos de la Infancia y Adolescencia (CPDIA).

Texto que se propone:

"1. Garantizar que todas las leyes, políticas, mecanismos, planes, programas y presupuestos estén en alineación con el Interés Superior de la Infancia y el enfoque de los derechos del niño mandatados con la Convención, con las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño, con el marco legislativo de la UE y del Consejo de Europa y con la Constitución Española.

2. Velar por el adecuado seguimiento y evaluación de la inversión en la infancia y los recursos específicos estableciendo mecanismos de seguimiento y evaluación, y promover la participación de las familias, los niños, las entidades sociales y el sector privado.

3. Velar por la creación y correcto funcionamiento de un sistema integrado de garantías y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y debe estar dotado de las funciones suficientes a fin de proponer, articular y dar seguimiento a todos los asuntos de infancia que afecten a distintos ministerios y servicios.

4. Abrir un diálogo permanente con la sociedad civil del conjunto del Estado, en especial las organizaciones de infancia, a fin de que las propuestas de los niños y niñas y los problemas que afectan a la infancia y adolescencia española puedan ser incluidos en la agenda permanente del Congreso.

- En base al artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Comisión puede recabar:

i. 1.º La información y la documentación que precisen del Gobierno y de las Administraciones Públicas, siendo aplicable lo establecido en el apartado 2 del artículo 7.º

ii. 2.º La presencia ante ellas de los miembros de Gobierno, para que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivos Departamentos.

iii. 3.º La presencia de autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto del debate, a fin de informar a la Comisión.

iv. 4.º La comparecencia de otras personas competentes en la materia, a efectos de informar y asesorar a la Comisión.

5. Informar con carácter previo de anteproyectos de Ley y otras disposiciones generales de la Administración General del Estado que regulen materias concernientes al bienestar de la infancia.

6. Esta Comisión podría ser además un paso previo para poner en marcha una de las medidas de nuestro programa y altamente demandada por todas las organizaciones de la sociedad civil, esto es apostar por un Pacto de Estado por la inversión en la Infancia y que se fundamente en:

- El artículo 39.1 y 39.4 de la C. Española:

? Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

? Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos).

- Los Objetivos de la Estrategia 2020 de la Unión Europea y el Programa Nacional de Reformas de nuestro país.

- Los planes nacionales de infancia y adolescencia y de inclusión social.

- La Recomendación de la Comisión Europea de 2013: ''Invertir en la infancia: romper el círculo de las desventajas'',

- La nueva Agenda Universal de Desarrollo Sostenible.


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- Las Recomendaciones del Comité de los Derechos de la Infancia de NN.UU. de Ginebra.

- Este Pacto debe incorporar un Paquete específico de medidas urgentes contra la pobreza infantil y la exclusión social, desarrollando una estrategia estatal de reducción de la pobreza infantil que incorpore un presupuesto desglosado y transparente en los PGE y que iguale la inversión en infancia a la media europea (actual 1,4% vs. 2,3%).

7. Para el mejor desarrollo de su cometido, la CPDIA deberá crear distintos grupos y comisiones de trabajo que traten temas específicos a petición de los distintos grupos de la CPL o de otras comisiones, que transversalice el enfoque de derechos de la infancia en otras comisiones o instancias y, en términos generales, promueva una cultura de infancia en todas las esferas de la vida parlamentaria.

a. Ej. Grupo de Trabajo que, en coordinación con la CPL de Cooperación al Desarrollo, garantice la adecuada aplicación y evaluación de la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

151/000003

El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la creación de la Comisión permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en los siguientes términos:

"Se crea con carácter permanente durante la Legislatura la Comisión Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo."

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

151/000004

El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la creación de la Comisión Permanente sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, en los siguientes términos:

"Se crea con carácter permanente durante la Legislatura la Comisión Permanente sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible."

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

151/000005

El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la creación de la Comisión Permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en los siguientes términos:

"Se crea con carácter permanente durante la Legislatura la Comisión Permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad."


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Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

151/000006

El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la creación de la Comisión permanente para el Estudio del Cambio Climático, en los siguientes términos:

"Se crea con carácter permanente durante la Legislatura la Comisión Permanente para el Estudio del Cambio Climático."

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000006

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 10, de 9 de febrero de 2016.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, para recuperar el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político y el diálogo social con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones.

Enmienda

De adición.

A la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para recuperar el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político y el diálogo social con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones.


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Texto que se propone:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconstituir de forma urgente el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, especialmente las pensiones mínimas, así como fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones. En el marco del Pacto de Toledo, se impulsará un nuevo acuerdo de todos los grupos parlamentarios sobre la base de dos principios fundamentales: en primer lugar, una mayor flexibilidad, que permita a aquellos que lo deseen extender su vida laboral; y en segundo lugar, una mayor transparencia, que permita a los trabajadores tener conocimiento de los derechos que se van adquiriendo para su jubilación."

Texto que se modifica:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconstituir de forma urgente el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, especialmente las pensiones mínimas, así como fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones."

Justificación.

El sistema de pensiones es el pilar fundamental del estado del bienestar y creemos necesario reabrir el Pacto de Toledo y consensuar entre todos sus firmantes una reforma del sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad, el equilibrio del sistema de pensiones públicas, la transparencia del sistema y su flexibilidad.

El sistema debe ser transparente. Es decir, debe ser un sistema en el que los individuos sepan en todo momento la magnitud de la pensión con la que pueden contar en el momento de su jubilación. Esto es crucial ya que los ciudadanos deben tomar las decisiones de ahorro y planificar su vida profesional con décadas de antelación.

El sistema ha de ser flexible. Un sistema que permita que cada trabajador, si lo desea, pueda continuar su vida laboral o incluso compaginar la continuación de su trabajo con la percepción de la pensión.

La recuperación del Pacto de Toledo es uno de los principios capitales del Acuerdo suscrito el pasado 24 de febrero entre el PSOE y Ciudadanos. Por tanto, es necesario reforzar las bases que sustentaron un acuerdo político y social amplio en defensa del sistema público de pensiones de Seguridad Social, por lo que procede la formulación de una enmienda de adición que incorpore los principios básicos del programa político de Ciudadanos en relación a la flexibilización del sistema de cotización ahondando en la posible combinación del trabajo con la percepción de la pensión, si así lo desea el trabajador, cumpliendo los requisitos legales que procedan, así corno la transparencia en la información en materia de Seguridad Social a la que pueden acceder los trabajadores y pensionistas para comprobar de primera mano cómo se va conformando su vida laboral, conocer la cotización realizada tanto como trabajadores por cuenta ajena como trabajadores por cuenta propia, y la estimación de la pensión de jubilación que le podrá corresponder, todo ello, en el marco del Acuerdo suscrito.

Es necesario restablecer el consenso logrado en estos 20 años del Pacto de Toledo sobre cuatro ejes vertebradores del sistema de Seguridad Social, contenidos en el acuerdo suscrito entre PSOE y Ciudadanos:

1. Garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, así como el poder adquisitivo de los pensionistas.

2. Recuperar el papel del diálogo social y político en los procesos de reformas del sistema de pensiones.

3. Impulsar en el seno del Pacto de Toledo un acuerdo sobre la articulación del modelo de financiación del sistema con ingresos procedentes del sistema tributario.

4. Establecer cambios en los ingresos por cotizaciones que vinculen la aportación al sistema con los ingresos realmente percibidos al tiempo que se adopten medidas para impedir la erosión de los ingresos como consecuencia de la proliferación del trabajo precario y a tiempo parcial.


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5. Fomentar la transparencia del sistema público de pensiones, de modo que cada perceptor de prestaciones pueda conocer las magnitudes fundamentales de cotización que conformarán su pensión.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2016.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones.

Enmienda

De modificación.

El texto que se propone quedará redactado de la siguiente forma:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando el desarrollo de los trabajos en el seno del Pacto de Toledo, con el fin de acordar nuevas medidas que permitan mantener pensiones adecuadas y suficientes dentro de un sistema público de pensiones viable, basado en los principios de contributividad, equidad y solidaridad intergeneracional.

Para ello, y una vez transcurridos cinco años desde la última reforma, el Gobierno deberá remitir a la Comisión del Pacto de Toledo un detallado Informe sobre la situación del sistema de Seguridad Social, sobre sus principales indicadores y referencias estadísticas, así como de todas las normas y medidas aprobadas en el periodo comprendido desde la entrada en vigor de las vigentes recomendaciones, y en especial las acometidas en la última Legislatura."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

162/000006

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 10, de 9 de febrero de 2016, en sus propios términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa de la Cámara, que irá dirigida al Gobierno que se constituya.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconstituir de forma urgente el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, especialmente las pensiones mínimas, así como fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones."

Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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162/000011

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la democracia, la igualdad y la unión de todos los españoles, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 9, de 8 de febrero de 2016.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la democracia, la igualdad y la unión de todos los españoles.

Enmienda

De sustitución.

Texto que se propone:

"El Congreso de los Diputados manifiesta:

1. Su permanente e inequívoco compromiso con la unidad e integridad de España y con la defensa del orden constitucional,

2. su determinación de oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España,

3. su voluntad de promover una reforma constitucional que actualice el marco de convivencia, y

4. su respaldo al Gobierno en funciones en las acciones necesarias para mantener la defensa de la soberanía nacional, la legalidad constitucional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles y españolas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la democracia, la igualdad y la unión de todos los españoles.

Enmienda

De modificación.

El texto que se propone quedará redactado de la siguiente forma:

"El Congreso de los Diputados manifiesta:

1. Su permanente e inequívoco compromiso con la unidad e integridad de España y con la defensa del orden constitucional.

2. La voluntad de la Nación Española de preservar el marco de convivencia y respeto mutuo amparado por la Constitución de 1978, que se basa en la unidad de España, al mismo tiempo que garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.


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3. La obligación de todos los poderes del Estado de defender la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Ley, y respetar los Tribunales y sus decisiones, como garantía de la plena eficacia de los derechos y deberes de todos los ciudadanos.

4. El respeto a la soberanía nacional, que reside en el conjunto de los españoles, que es incompatible con todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España.

5. Respaldar al Gobierno en funciones en las acciones necesarias para mantener la defensa de la soberanía nacional, la legalidad constitucional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles y españolas."

Justificación.

Mejora técnica.

En coherencia con planteamientos de este Grupo Parlamentario.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

162/000011

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la democracia, la igualdad y la unión de todos los españoles, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 9, de 8 de febrero de 2016, en los siguientes términos.

"El Congreso de los Diputados manifiesta:

1. Su permanente e inequívoco compromiso con la unidad e integridad de España y con la defensa del orden constitucional,

2. su determinación de oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España,

3. su voluntad de promover una reforma constitucional que actualice el marco de convivencia, y

4. su respaldo al Gobierno en funciones en las acciones necesarias para mantener la defensa de la soberanía nacional, la legalidad constitucional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles y españolas."

Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

162/000032

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la enmienda formulada a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la unidad de España, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 9, de 8 de febrero de 2016.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la unidad de España.


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Enmienda

De sustitución.

Texto que se propone:

"El Congreso de los Diputados manifiesta:

1. Su permanente e inequívoco compromiso con la unidad e integridad de España y con la defensa del orden constitucional,

2. su determinación de oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España,

3. su voluntad de promover una reforma constitucional que actualice el marco de convivencia, y

4. su respaldo al Gobierno en funciones en las acciones necesarias para mantener la defensa de la soberanía nacional, la legalidad constitucional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles y españolas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

162/000032

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la unidad de España, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 9, de 8 de febrero de 2016, en sus propios términos.

"El Congreso de los Diputados manifiesta:

1. La voluntad de la Nación Española de preservar el marco de convivencia y respeto mutuo amparado por la Constitución de 1978, que se basa en la unidad de España, al mismo tiempo que garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

2. La obligación de todos los poderes del Estado de defender la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Ley, y respetar los Tribunales y sus decisiones, como garantía de la plena eficacia de los derechos y deberes de todos los ciudadanos.

3. El respeto a la soberanía nacional, que reside en el conjunto de los españoles, que es incompatible con cualquier tipo de referéndum o consulta ciudadana sobre lo que es y debe ser España, en la que una parte de los españoles decidan por todos los demás.

Además, el Congreso de los Diputados insta al conjunto de las Instituciones españolas a:

4. Mantener la defensa, desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles.

5. Continuar actuando, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España.

6. Utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las Leyes."

Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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162/000079

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 20, de 23 de febrero de 2016.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos.

Enmienda

De modificación.

De la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos.

Texto que se propone:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a evaluar la adaptación del ordenamiento jurídico vigente y la previsión económica necesaria, en orden a la ratificación del Convenio número 189 de la OIT, siguiendo la Recomendación 201 de la misma organización internacional, sobre el trabajo decente de las trabajadoras y los trabajadores domésticos."

Texto que se modifica:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ratificar, sin más demoras, el Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos."

Justificación.

Según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en febrero de 2016 están afiliados al Sistema Especial de Empleados de Hogar unos 429.626 empleados, un 0,13 % más que el año anterior. La amplísima mayoría de los trabajadores que son contratados para la realización de trabajos domésticos son mujeres.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos considera absolutamente prioritaria la garantía de unas condiciones de seguridad y salubridad adecuadas en el trabajo, así como de la máxima protección social de todos los trabajadores. Ciertamente, el ejercicio de esa función tuitiva y protectora de nuestro Estado para la garantía de esas condiciones laborales óptimas es más complejo cuando la actividad laboral se produce dentro del domicilio del empleador, dado que, para su control administrativo, se requiere autorización judicial o consentimiento del propietario del domicilio donde se prestan los servicios.

Según el régimen jurídico vigente, los trabajadores domésticos están inscritos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social. Tras varias modificaciones legislativas, las normas de protección social se regulan en el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social.


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Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar tendrán derecho a las prestaciones de la Seguridad Social en los mismos términos y condiciones establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social, salvo algunas especialidades, excluyendo la prestación por desempleo.

El Convenio número 189 de la OIT tiene entre sus determinaciones la equiparación de la protección de estos trabajadores domésticos con la que es reconocida a cualquier otro trabajador por cuenta ajena de otros sectores de actividad.

En sus artículos 1 y 2 establece el ámbito de aplicación referido ampliamente a todo trabajador doméstico, de género femenino o masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo, excepto aquellos trabajadores que se puedan incluir en el ámbito de aplicación de otra normativa con al menos el mismo nivel de protección.

De los artículos 3 a 19, el Convenio establece normas y obligaciones sustantivas en relación a asegurar unas condiciones de trabajo dignas, la seguridad y salubridad en el lugar de trabajo, las horas de trabajo y descanso, y especialmente, el mismo nivel de protección en materia de seguridad social que cualquier trabajador por cuenta ajena en el Régimen General.

En relación a la Recomendación 201 de la OIT, conviene precisar que esta Recomendación de la OIT no se ratifica por los Estados, sino que son normas indicativas que instan a los Estados a la adecuación de su legislación interna.

Esta Recomendación número 201 proporciona una orientación más detallada y práctica acerca de las cuestiones que se abordan en el Convenio y cuestiones que no constan en el Convenio, como:

- Conciliación entre el trabajo y la vida privada.

- Desarrollo profesional de las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

- Mejora de la recopilación de datos estadísticos sobre trabajo doméstico.

- Protección de los trabajadores empleados por personal diplomático.

De nuestro entorno, no han ratificado el Convenio número 189 de la OIT: Reino Unido, Francia, Noruega, Holanda, Dinamarca, entre otros. Sí han ratificado el Convenio número 189 de la OIT, principalmente países de América del Sur (Argentina, Bolivia, Colombia), y de Europa, países como Italia, Portugal, Alemania, Irlanda y Bélgica.

Es evidente que nuestro ordenamiento jurídico interno no se ajusta a las determinaciones del Convenio número 189 de la OIT, y al mismo tiempo no puede obviarse que es imprescindible que las medidas que se adopten sean económicamente viables. Por tanto, procede concretar con precisión las modificaciones económico-presupuestarias y normativas que procederían al objeto de impulsar la ratificación del Convenio número 189 de la OIT, para la máxima garantía y defensa de los derechos de los empleados y empleadas del hogar.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2016.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos.

Enmienda

De adición.

Redacción que se propone:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ratificar, sin más demoras, el Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos, y a elaborar y presentar en sede parlamentaria, en el plazo de tres meses, un estudio sobre


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el impacto de la integración del Régimen especial de empleados de hogar en el Régimen general de la Seguridad Social, mediante la creación, desde el día 1 de enero de 2012, del Sistema Especial para Empleados de Hogar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Isidro Martínez Oblanca, de FORO, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos.

Enmienda

De modificación.

Se propone el siguiente texto, añadiendo la frase subrayada en negrita:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ratificar sin más demoras el Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos, con objeto de que su entrada en vigor no se demore más allá del mes de marzo de 2017."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos.

Enmienda

De modificación.

El texto que se propone quedará redactado de la siguiente forma:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar trabajando en un proceso de convergencia en materia laboral con el resto de países de la Unión Europea, sobre las bases del Convenio 189 de la OIT, con el objeto de proceder a su ratificación tan pronto como sea posible, y con el consenso necesario entre todos los implicados."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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162/000079

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 20, de 23 de febrero de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa de la Cámara, que irá dirigida al Gobierno que se constituya.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ratificar, sin más demoras, el Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos, con objeto de que su entrada en vigor no se demore más allá del mes de marzo de 2017. Y, asimismo, a elaborar y presentar en sede parlamentaria, en el plazo de tres meses, un estudio sobre el impacto de la integración del Régimen especial de empleados de hogar en el Régimen general de la Seguridad Social, mediante la creación, desde el día 1 de enero de 2012, del Sistema Especial para Empleados de Hogar."

Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

OTROS TEXTOS

DIPUTACIÓN PERMANENTE

062/000001

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado el Informe de Dación de Cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de la X Legislatura a la Cámara de la XI Legislatura, publicado en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 11, de 10 de febrero de 2016.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

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