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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 28, de 07/03/2016
cve: BOCG-11-D-28
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XI LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
7 de marzo de 2016

Núm. 28


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000098 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la modificación del acuerdo de obligación de servicio público para establecer una tarifa plana en los vuelos entre las Islas Canarias ... (Página4)

162/000100 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), relativa a mejorar la condición profesional en el sector de la cultura y de las artes y para facilitar la actividad creativa ... (Página5)

162/000101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre derogación del Real Decreto 954/2015 y aprobación de una Ley que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de los profesionales de enfermería, basada en los principios de atención sanitaria integral, cooperación multidisciplinar orientada a la integración de los procesos y continuidad asistencial y que cuente con el consenso profesional e institucional y de las Comunidades Autónomas ... (Página7)

162/000103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reconocimiento de la denominación de origen protegida "miel de palma" de la Isla de La Gomera ... (Página8)

162/000104 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre reconocimiento por parte de la Administración Tributaria de la figura de la apartación establecida en el Código Civil Gallego, como una transmisión lucrativa mortis causa ... (Página9)

162/000105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la solicitud de declaración por parte de la UNESCO de A Vía Nova e o seu legado no Val do Limia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ... (Página10)

162/000106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la supresión del servicio ferroviario que conecta Lugo con Bilbao ... (Página12)

162/000107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la cesión gratuita de la antigua cárcel provincial de A Coruña ... (Página13)


Página 2




162/000108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la revisión de los criterios de reparto de cuotas para el sector pesquero de cerco gallego ... (Página14)

162/000109 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la militarización con drones y actuaciones de la OTAN del aeródromo de Rozas ... (Página15)

162/000110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la pretensión de ampliar las instalaciones de la planta de gas de Reganosa ... (Página16)

162/000111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las prospecciones de hidrocarburos en el Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura ... (Página18)

Comisión de Justicia

161/000135 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre reconocimiento por parte de la Administración Tributaria de la figura de la apartación establecida en el Código Civil Gallego, como una transmisión lucrativa mortis causa ... (Página20)

Comisión de Interior

161/000141 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la cesión gratuita de la antigua cárcel provincial de A Coruña ... (Página21)

Comisión de Defensa

161/000139 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la militarización con drones y actuaciones de la OTAN del aeródromo de Rozas ... (Página22)

Comisión de Fomento

161/000126 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la modificación del acuerdo de obligación de servicio público para establecer una tarifa plana en los vuelos entre las Islas Canarias ... (Página24)

161/000133 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Murcia ... (Página25)

161/000137 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la supresión del servicio ferroviario que conecta Lugo con Bilbao ... (Página26)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/000128 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), relativa a mejorar la condición profesional en el sector de la cultura y de las artes y para facilitar la actividad creativa ... (Página27)

161/000143 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al mantenimiento de los puestos de trabajo de la empresa Elcogas y el desarrollo de un plan de empleo para la comarca de Puertollano ... (Página29)


Página 3




Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000140 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la pretensión de ampliar las instalaciones de la planta de gas de Reganosa ... (Página30)

161/000144 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las prospecciones de hidrocarburos en el Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura ... (Página31)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000134 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reconocimiento de la denominación de origen protegida "miel de palma" de la Isla de La Gomera ... (Página33)

161/000138 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la revisión de los criterios de reparto de cuotas para el sector pesquero de cerco gallego ... (Página34)

161/000142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre anulación de la prórroga de la concesión otorgada a ENCE Energía y Celulosa ... (Página35)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000127 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la regulación de la publicidad y el funcionamiento de las clínicas dentales en España ... (Página36)

161/000129 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la paralización de la implantación del Real Decreto sobre la prescripción enfermera ... (Página37)

161/000130 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre derogación del Real Decreto 954/2015 y aprobación de una Ley que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de los profesionales de enfermería, basada en los principios de atención sanitaria integral, cooperación multidisciplinar orientada a la integración de los procesos y continuidad asistencial y que cuente con el consenso profesional e institucional y de las Comunidades Autónomas ... (Página39)

161/000131 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la mejora de la protección de los consumidores y usuarios ante situaciones como la de Vitaldent ... (Página40)

Comisión de Cultura

161/000136 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la solicitud de declaración por parte de la UNESCO de A Vía Nova e o seu legado no Val do Limia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ... (Página41)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, entendiendo que en el caso de su eventual aprobación, estarían dirigidas al Gobierno que se constituya, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

162/000098

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate en Pleno, la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación del acuerdo de obligación de servicio público para establecer una tarifa plana en los vuelos entre las Islas Canarias.

Exposición de motivos

Los ciudadanos y ciudadanas canarios pagamos ocho veces más que un peninsular por el uso del transporte, que es un servicio esencial para garantizar la cohesión social y económica de Canarias y para nuestra construcción como un pueblo único.

Los puertos y aeropuertos, que en un territorio continental comparten protagonismo desde el punto de vista estratégico con los sistemas de comunicación terrestres, en Canarias adquieren una relevancia y un protagonismo mayúsculo en todo aquello que está relacionado con la actividad cotidiana de las personas y de las empresas.

La crisis económica, la desaparición de compañías aéreas y la política de tasas aeroportuarias son solo algunos de los factores que han incidido en el aumento de las tarifas en el transporte aéreo y marítimo de pasajeros y mercancías, especialmente en las conexiones interinsulares y en los trayectos entre Canarias y la Península.

Del mismo modo, el monopolio en algunas rutas, la reducción de frecuencias y el incremento de las tarifas condicionan la movilidad de aquellos ciudadanos que residen en las Islas. Ciudadanos que, en la mayoría de las ocasiones, deben desplazarse a otra isla diferente a la de su residencia o, incluso, a la Península por motivos sanitarios, educativos, laborales, etcétera.

Si hay un territorio que cuente con un hecho diferencial, claro e incuestionable, es Canarias. Las islas tienen como rasgo definitorio fundamental la lejanía y la doble insularidad, elementos que han sido reconocidos, desde siempre, por la Unión Europea, pero que parece que aún no tiene demasiado claro el Gobierno del Estado.

Han sido incontables las veces que hemos expuesto la necesidad urgente de que se respete el Estatuto de Autonomía y el Estado tenga en cuenta los requerimientos y la situación específica de unas islas en las que volar no es un capricho, sino un servicio público que debe ser cubierto con oferta suficiente y adecuada en el precio, garantizando a todos los canarios que coger un avión no se convierta en un lujo para unos pocos.


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En ese sentido, desde Coalición Canaria venimos reclamando que se modifique el acuerdo de obligación de servicio público para posibilitar que exista una "tarifa plana" en el precio de los vuelos entre las diferentes islas del Archipiélago canario, lo que resulta vital para sus habitantes.

Por otro lado, hemos conocido, recientemente, que la Ministra de Fomento se ha comprometido con el Gobierno de Baleares a estudiar la aprobación de dicha "tarifa plana" para los vuelos interinsulares en ese archipiélago.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:

1. Modificar el acuerdo de obligación de servicio público para posibilitar que haya una tarifa plana en los vuelos entre las diferentes islas del archipiélago Canario, tal y como ha aceptado el Ministerio de Fomento aplicar en Baleares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

162/000100

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francesc Homs Molist, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante el Pleno, una Proposición no de Ley para mejorar la condición profesional en el sector de la cultura y de las artes, y para facilitar la actividad creativa.

Antecedentes

Las artes, en su acepción más amplia y completa, son parte integrante de la vida, por lo que es del todo necesario y conveniente que los gobiernos contribuyan a crear y a mantener un clima propicio a la libertad de expresión artística, así como las condiciones materiales que faciliten la manifestación de este talento creador.

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha reconocido y establecido este principio desde hace años. El 27 de octubre de 1980 aprobó una recomendación relativa a la condición del artista, en la que instaba a los gobiernos de los Estados miembros, a asegurar el acceso al arte a toda la población y a fomentar todas la actividades encaminadas a poner de relieve la contribución de los artistas al desarrollo cultural, considerando que el arte refleja, conserva y enriquece la identidad cultural y el patrimonio espiritual de las diferentes sociedades, constituye una forma universal de expresión y de comunicación y, como denominador común de las diferencias étnicas, culturales o religiosas, recuerda a cada cual el sentimiento de pertenecer a la comunidad humana.

Del mismo modo, la Conferencia General de la UNESCO, reconociendo el papel esencial que desempeña el arte en la vida y el desarrollo del ser humano y de la sociedad, exhortaba a los Estados miembros a cumplir con el deber de proteger, defender y ayudar a los artistas y a su libertad de creación. Con ese fin, en opinión de la UNESCO, los gobiernos deberían hacer lo necesario para estimular la creatividad artística y la manifestación de talentos, para demostrar y confirmar, por todos los medios a su alcance, que las actividades artísticas tienen que desempeñar un papel en el esfuerzo de desarrollo global de las naciones, para forjar una sociedad más humana y más justa, y para lograr una vida en común pacífica y espiritualmente rica.

Los Estados miembros deben asegurar así a los artistas si es necesario mediante medidas legislativas apropiadas, la libertad y el derecho de constituir las organizaciones sindicales y profesionales, deben procurar que estas tengan la posibilidad de participar en la elaboración de las políticas culturales y laborales, y deben tomar todas las medidas necesarias encaminadas a definir una política de ayuda, apoyo material y moral a los artistas. Es decir, que los artistas puedan contar con una protección suficiente


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en materia de ingresos y de seguridad social, con condiciones de vida y de trabajo que les permitan desarrollar con plenitud su talento, y con disposiciones fiscales y de protección social que tengan en cuenta su contribución al desarrollo cultural y al progreso social.

Este respeto, protección, cuidado y fomento de la condición de artista y creador ha guiado tanto desde el sector cultural, como desde los distintos grupos parlamentarios, la reivindicación de reformas y mejoras en el marco normativo que en España se aplica a los profesionales del mundo de la cultura y las artes.

Sin embargo, a pesar de la reivindicación y el avance que se ha conseguido en algunas materias, restan todavía pendientes muchas cuestiones por resolver para garantizar a los artistas y creadores cuyo medio fundamental de vida es la actividad artística, un trato y una cobertura adecuada y suficiente, que les permita ejercer su actividad en condiciones y que reconozca su contribución al desarrollo y progreso social.

Además, cabe resolver una situación que recientemente ha saltado a la luz pública y que provoca un daño de enormes proporciones en el desarrollo intelectual y artístico de nuestra sociedad. Al parecer, la interpretación y aplicación de la normativa en materia de seguridad social, pensiones de jubilación e incompatibilidades, llevada a cabo en los últimos tiempos, está poniendo en riesgo la actividad de escritores y artistas mayores de 65 años.

Una actividad cuya aportación social puede ser altamente valiosa precisamente por formularse en una etapa de la vida en que se alcanza un elevado grado de madurez, de experiencia y de conocimiento, y que puede dejar de producirse si la administración penaliza su ejercicio, retirando la pensión que les corresponde de acuerdo con su contribución al sistema.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, con la mayor celeridad posible, un conjunto de modificaciones normativas con el objetivo de mejorar las condiciones de los profesionales del sector de la cultura y las artes, y ajustarse a las peculiaridades de las diversas actividades artísticas. Estas modificaciones normativas deben incluir entre otras:

- La disminución del tipo fijo de retención del IRPF en las relaciones laborales especiales de artistas del 15 % al 7 %.

- La promoción y articulación de un sistema de representatividad como trabajadores, mediante la constitución de delegados sindicales o unitarios, que permita la negociación colectiva.

- Una reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que establezca un sistema de cotización progresivo y flexible que posibilite la cotización en función de los ingresos reales e incluso, que considere los momentos de no ingresos permitiendo el mantenimiento de la situación de alta, que admita y ampare el trabajo autónomo a tiempo parcial, y que a su vez articule una protección específica para el sector que tenga en cuenta las intermitencias en las afiliaciones, la corta vida laboral y los riesgos y enfermedades profesionales asociados a algunas profesiones artísticas (circo, danza,...), y la irregularidad y/o escasez de los ingresos.

- Una actualización de las normas que regulan la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos y del régimen de Seguridad Social aplicable a los mismos, a fin de facilitar la generación de carreras de cotización con la menor intermitencia posible y de adecuar dichas normas a las nuevas modalidades de prestación de servicios, tal y como establece la disposición adicional decimoquinta de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, y de incluir el personal técnico y auxiliar que colabora en la producción de estos espectáculos.

- La utilización del sistema RED para las relaciones laborales especiales del sector artístico.

E insta al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo con el sector, con las organizaciones y asociaciones más representativas en sus respectivos ámbitos de actuación, estatal y autonómico, con el objetivo de avanzar de forma adecuada, en la compatibilidad de la percepción de una pensión de jubilación con rendimientos del trabajo procedentes de actividades profesionales relacionadas con la cultura y el arte, para facilitar y fomentar la actividad de escritores y artistas mayores, y reconocer su contribución intelectual y cultural a la sociedad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).


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162/000101

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para derogar el Real Decreto 954/2015 y aprobar una ley que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de las y los profesionales de enfermería basada en los principios de atención sanitaria integral, cooperación multidisciplinar orientada a la integración de los procesos y continuidad asistencial y que cuente con el consenso profesional e institucional y de las Comunidades Autónomas, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

La aprobación del Real Decreto 954/2015, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los/as enfermeras supone, por un lado, una invasión competencial, pues la actuación del Gobierno para la fijación de los criterios generales, requisitos específicos y procedimientos de acreditación, debe llevarse a cabo al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16 de la Constitución que atribuye al Estado, competencias exclusivas en materia de bases y coordinación general de sanidad (disposición final primera del Real Decreto 954/2015). Pero no se puede obviar que el artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior.

Consecuentemente, la actuación del Gobierno no puede impedir que la comunidad autónoma tenga un margen de actuación en sus funciones normativas.

La acreditación, tal y como se diseña en el artículo 8 del Real Decreto 954/2015, es un acto administrativo de carácter singular que agota el procedimiento y que impide cualquier actuación a la Administración que tiene atribuidas las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado, atentando contra las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Y si a esto unimos que los procedimientos de acreditación se inician a solicitud de los interesados/as (art. 10 del Real Decreto 954/2015), la gestión de los recursos humanos en las organizaciones de servicios sanitarios y en la calidad de los servicios ofrecidos puede resultar especialmente perjudicada, entendiéndose además como una invasión en las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la CAPV en materia de sanidad interior.

Por otro lado, la entrada en vigor del Real Decreto 954/2015 está teniendo consecuencias directas en la asistencia sanitaria y en la actividad normal de los centros sanitarios ya que impide el ejercicio de los enfermeros/as en lo que respecta al uso de medicamentos y productos sanitarios, trasladando al profesional prescriptor la responsabilidad de toda la gestión de los pacientes, incluyendo el seguimiento de los mismos, con la consiguiente pérdida de agilidad asistencial, así como fracturando la colaboración tan necesaria entre médicos y enfermeras/os que venía realizándose en el ámbito de los equipos disciplinales, siendo el gran perjudicado el paciente. Hay que destacar que con la aprobación de este Real Decreto el profesional enfermero/ra no puede, usar, indicar o autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica si antes no hay prescripción de un médico ya que hacerlo podría entenderse como intrusismo profesional, tipificado como delito.

Es necesario revertir la situación derogando el Real Decreto 954/2015, e iniciar un nuevo proceso en el que se tenga en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas, cuente con el consenso profesional, e institucional. Y ponga en valor las competencias de los profesionales médicos y de enfermería principalmente. Una ley para mejorar la sanidad, la prestación de servicio la buena organización y no una ley que apueste por formulaciones corporativas.

Por todo lo anterior, se presenta se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, e inicie, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, y mediante el diálogo y consenso con los profesionales e instituciones los trabajos necesarios para redactar


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una Ley que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de los profesionales de enfermería."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2106.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

162/000103

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate en Pleno, la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de la denominación de origen protegida "miel de palma" de la Isla de La Gomera.

Exposición de motivos

Desde tiempos anteriores a la Conquista de las Islas Canarias, los agricultores y ganaderos de la Isla de La Gomera han tenido que salvar los obstáculos de la orografía para llevar a cabo su labor, siempre dura, por las condiciones extremas de dificultad y aislamiento en las que esta se producía.

Pocas especies de plantas se ha convertido un cultivo agrícola tan estrechamente conectado con la vida humana como algunas palmeras de género Phoenix, entre ellas la "palma canaria", que se ha convertido en un emblema característico y distintivo del paisaje canario y ha formado parte de su propia identidad. Esta crece repartida por distintos paisajes, unas veces formando densos palmerales, otras ofreciendo su estampa diseminada o en solitario. Es el caso de La Gomera, donde hay contabilizadas más de 110.000 palmas y donde su aprovechamiento deriva en una actividad singular: la de los guaraperos que le extraen la savia con una técnica artesanal para posteriormente hervir la misma durante horas y, así, obtener la "miel de palma", producto dulce y nutritivo, recogido en las crónicas desde el siglo XVIII, como muchos otros productos de utilidad extraídos de la palmera canaria y originarios, de manera exclusiva, de la Isla de La Gomera.

Ya el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) de Canarias intentó proteger el término "miel de palma" con una denominación de origen, fundamental para la protección de este producto. Sin embargo, la denominación citada, a pesar de tener varios siglos y amplia difusión entre la población, entró en colisión con la directiva 2001/110/CE relativa a la miel, y con el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel. Tanto el Estado español como la Unión Europea indicaron que podría crear confusión en el consumidor el término "miel" cuando el producto no provenía de la abeja, y, por tanto, no podía permitirse el uso del término "miel de palma" para su comercialización.

La "miel de palma" es un producto tradicional cuyas técnicas de producción y elaboración se han trasmitido de generación en generación contribuyendo al enriquecimiento del patrimonio cultural de la isla de La Gomera.

Sin embargo, esta cuestión quedó refutada por un informe emitido por la Academia Canaria de la Lengua de 22 de marzo de 2014, en el que se confirmaba que la primera edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en 1796, ya recogía una segunda acepción del término "miel" (la miel vegetal), más allá de la de abeja.

El término "miel de palma" hace alusión al producto más representativo de la gastronomía tradicional gomera, teniendo, además, valores históricos, culturales y etnográficos, tratándose de un producto ecológico, de producción casi artesanal, en pequeñas empresas que se esfuerzan en innovar y crear empleo, siendo, asimismo, un atractivo turístico y sostenible.

Teniendo en cuenta que el Parlamento de Canarias aprobó el 18 de diciembre de 2013 una PNL presentada por Coalición Canaria y aprobada por unanimidad de los grupos que formaban la Cámara en la VIII Legislatura, y que ha vuelto a ser aprobada, recientemente, una Proposición no de Ley de todos los grupos allí representados para la defensa de esta denominación de origen protegida.


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"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:

1. Defender y aceptar la excepcionalidad y el uso legal del concepto "miel de palma", y la denominación de origen para este producto genuino de la isla de La Gomera, de nuestra alimentación, identidad culinaria, economía insular y, en definitiva, de forma sostenible de producción de alimentos.

2. Crear una denominación de origen protegida e instar a la Unión Europea a que se exceptúe y permita en la Directiva 20011/110/CE relativa a la miel y, asimismo, permitir en el Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel, el uso y comercialización del término "miel de palma" en exclusividad a este producto agroalimentario proveniente de la Isla de La Gomera."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

162/000104

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GPOD-EC-En Marea, a instancias de la Portavoz adjunta doña Alexandra Fernández y las Diputadas y Diputados don David Bruzos Higuero, doña Ángela Rodríguez Martínez, doña Yolanda Díaz, don Antón Gómez-Reino Varela y don Miguel Anxo Fernán Vello, y al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

Queremos poner de manifiesto la necesidad de reconocer por parte de la administración tributaria la figura establecida en el Código Civil Gallego como apartación, como una transmisión lucrativa mortis causa.

El artículo 224 de la vigente Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia, dispone que "por la apartación quien tenga la condición de legitimario si se abriera la sucesión en el momento en que se formaliza el pacto queda excluido de modo irrevocable, por sí y su linaje, de la condición de heredero forzoso en la herencia del apartante, a cambio de los bienes concretos que le sean adjudicados". Configurándose la apartación como un pacto sucesorio enmarcado dentro de una transmisión lucrativa mortis causa.

La administración tributaria mantiene el criterio de considerar que al producirse la entrega de bienes antes del fallecimiento, esta debe considerarse una transmisión lucrativa ínter vivo y que debía estar sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por tanto tributar como ganancia patrimonial.

No obstante, el TSJ de Galicia, en sus pronunciamientos más recientes, de hecho ha anulado la única sentencia discrepante a estos efectos, entiende que estas características propias de este pacto sucesorio solo permiten concluir que nos encontramos ante una adquisición mortis causa, y que por tanto no procede su tributación como ganancia patrimonial a efectos de IRPF.

Asimismo, el Tribunal Supremo, en una sentencia de fecha 9 de febrero de 2016, apoya a un contribuyente gallego que se había acogido a la modalidad de la apartación. Dicha sentencia establece que la apartación gallega es un pacto sucesorio y que su tratamiento fiscal es el que se deriva de esta condición "cualquiera que sea el impuesto del que se trate, cuando, como es el caso, no existe un tratamiento tributario específico en la regulación de uno u otro impuesto".

Dichas sentencias contradicen claramente el criterio seguido por la administración tributaria, fundamentándolo ampliamente, y concluyen su no tributación por IRPF.

Esta divergencia entre el criterio seguido por la administración tributaria y por los Tribunales, ya sean el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, o el Tribunal Supremo, trae como consecuencia una inseguridad jurídica en los contribuyentes, que se ven abocados a acudir a los tribunales.


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Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley para su debate en Pleno

"El Congreso de los Diputados insta a que, para garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes gallegos, queremos solicitar que dentro de los supuestos en los que se establece que no existirá ganancia patrimonial en el artículo 33.3 de la Ley 35/2006, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, se recoja la aportación como uno de esos supuestos, reconociéndola como una transmisión lucrativa por causa de muerte del contribuyente."

Palacio del Congreso de tos Diputados, 25 febrero de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antonio Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernán Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.

162/000105

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GPOD-EC-En Marea, a instancias de la Portavoz adjunta doña Alexandra Fernández y las Diputadas y Diputados don David Bruzos Higuero, don Ángela Rodríguez Martínez, doña Yolanda Díaz, don Antón Gómez-Reino Varela y don Miguel Anxo Fernán Vello, y al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Pleno, relativa a la solicitud de declaración, por parte de la UNESCO, de A Vía Nova e o seu legado no Val do Limia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Exposición de motivos

La Vía Nova es una obra de infraestructura romana construida a finales del siglo I d.C., en tiempos de la dinastía Flavia. Se conoce también como Vía XVIII del itinerario romano de Antonino, conectando las ciudades de Bracara Augusta (Braga) y Asturica Augusta (Astorga). Fue una obra imperial con un trazado espectacular, concebida para darle salida a las mercadurías y minerales de un territorio explotado por Roma.

A lo largo de su trazado presenta unas peculiaridades y unas características constructivas perfectamente visibles en el Val do Limia:

- Un magistral trazado a media ladera en las zonas de montaña para evitar las crecidas de los ríos.

- El trazado sobre una loma de dos metros de alto en A Limia para evitar las inundaciones producidas por la disecada Lagoa de Antela.

- El gusto por la horizontalidad, con pendientes inferiores al 5-6 %.

- Una anchura suficiente para permitir el tránsito de carruajes en ambos sentidas (7-10 metros).

- Zanjas y estructuras de drenaje para evacuación de aguas pluviales.

- La construcción de puentes de envergadura para los grandes ríos y de madera para los riachuelos.

Además, a lo largo de su recorrido, se intercalaron puestos de fiscalización (portagem) para facilitar la recaudación imperial y se dispusieron múltiples servicios: mansios (posadas distanciadas en jornadas de viaje), mutatios (pequeños establecimientos con taberna para relevo de los animales de tiro), centros de culto (altares dedicados a los lares viales) y una adecuada señalización (los miliarios). En este aspecto, la Vía Nova, es una de las vías romanas donde más miliarios se conservan; se situaban al pie de cada milla, a modo de punto kilométrico, señalando la distancia hasta el destino y, a veces, inscritas con epigrafías de extensas dedicatorias al emperador. La piedra era extraída de las canteras locales, introduciendo cuñas de madera e hinchándolas con agua, para después romper con mazas los bloques a los que los canteros daban forma.

A lo largo de la Edad Media sobre todo después de la introducción del culto a Santiago, esta vía romana se convirtió en el Val do Limia, en un camino jacobeo con un importante tránsito de peregrinos.


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Ayudado por el centro de culto y peregrinación que se desarrolló Santa Comba de Bande, en cuya iglesia visigótica estaban los restos de San Trocado. Según informa el Código Calixtino, uno de los 7 varones apostólicos encargados del traslado del cuerpo de Santiago a Compostela, cuyo sarcófago de mármol blanco se encuentra en el interior del templo visigótico. Por este importante camino Jacobeo, peregrino la reina Isabel II de Portugal en el siglo XIII, de ahí que en algunos documentos aparezca con el nombre de Camiño da Rainha Santa. En él estuvieron presentes Los Templarios y los Hospitalarios de Jerusalén, como se recoge en el Tombo del Monasterio de Celanova y en otros documentos portugueses, donde aparece identificado en los "Caminhos Portugueses de Peregrinagáo a Santiago de Compostela".

En la Actualidad, la Vía Nova, a su paso por el Val do Limia, conserva multitud de muestras de su infraestructura y de todo su legado histórico. Representa un espléndido recorrido por el Val do Limia, donde se pueden observar tamos de su plataforma, restos de los muros de contención de la misma, sus miliarios, sus mansiones y su evolución histórica en la Modernidad. Además, forma parte de la red de caminos naturales del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de Gobierno de España, por lo que representa un añadido más a su puesta en valor, conservación y transmisión en mejor estado a las generaciones futuras. Este camino sirve de nexo de unión de una gran cantidad de patrimonio cultural.

El itinerario presenta un gran valor añadido, como es su riqueza paisajística y su biodiversidad, representada por el Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, la Reserva de la Biosfera Gerés-Xurés y las zonas de humedales y de especial protección de aves de A Limia. En general, a lo largo de este magnífico recorrido se conserva un frondoso bosque de ribera, que va ganando terreno a las fincas agrícolas y prados, debido al despoblamiento del rural y al descenso de las actividades agropecuarias tradicionales. En este precioso bosque tienen cabida robles, melojos, fresnos, alisos, sauces, abedules, castaños, acebos y una amplia gama de arbustos, líquenes y plantas rastreras. También cuenta con la presencia estelar de una reliquia del terciario, el Prunus lusitanica, ayudado por las temperaturas suaves Val do Limia. Lo más representativo de este trazado de la Vía Nova a nivel natural son las "carballeiras" o robledales, vertebradas por caminos tradicionales y calzadas enlosadas, antaño llenas de carros de bueyes cargados de leña para calentar las casas. Grandes y majestuosos robles pueblan estos bosques, los más espectaculares confinados a lugares sagrados y espacios comunales, como algunos especímenes de porte ejemplar que se pueden contemplar a lo largo del trayecto: el "carballón de Quintela", el "carballo de la capilla de Ponte Liñares", los magníficos ejemplares que acompañan la Vía Nova en Congostro o "A Carballa da Rocha", en A Saínza, declarada monumento natural.

Dentro de la riqueza natural del itinerario de la Vía Nova, es destacable la gran abundancia y pureza de fuentes que se ubican a lo largo de su recorrido. Fuentes que nos recuerdan la gran carga simbólica que tuvieron a lo largo de la historia, siendo veneradas por los galaicos y las generaciones posteriores de la Edad Media, cuando fueron cristianizadas con cruces.

Aparte de los restos que se conservan de la obra romana, lo más importante de la Vía Nova en el Val do Limia es, sin duda, su legado arqueológico e histórico. Legado que muestra cómo fue evolucionando el territorio y que posee lugares únicos para integrar en el conjunto monumental de la Vía Nova:

- Sus mansiones viarias y excavadas: aquis originis y aquis querquernis, intercaladas en la Vía Nova para descanso y hospedaje de los transeúntes y caballerías.

- El campamento romano de Aquis Querquennis, grandiosa obra militar romana, donde asentó la Cohors III de la Legio VII Gemina, ala militar encargada del diseño, construcción y control de la calzada romana.

- Las aguas minero-medicinales de Aquas Calidas, aprovechadas con fines terapéuticos desde época romana.

- La iglesia visigótica de Santa Comba de Bande, construida en el siglo VII, declarada monumento nacional en 1922 y considerada la joya del arte visigótico peninsular.

- Los cruceiros que se sitúan a lo largo de la vía, dando muestras de la pervivencia de los cultos ancestrales galaicos, representados en los lares viales romanos para proteger a los peregrinos y sustituidos por cruceiros. Destacando el cruceiro de As Cruces en Vilameá de Río Caldo, como uno de los más rústicos y antiguos de Galicia.

- Los petos de ánimas que se sitúan a lo largo del camino mostrando, igualmente, la pervivencia de cultos ancestrales galaicos, en este caso a los dioses manes, que intercedían por la protección de las almas.

- Los puentes asociados a esta obra bimilenaria y los remodelados por la evolución histórica de su trazado: Ponte Pedriña, Puente del Río Salas, Ponte das Cabras; Poldrado y Ponte Cabanas.


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- Los múltiples conjuntos de miliarios que se conservan a lo largo del trazado: A Ponte Nova, O Padrón, Vilariño das Poldras, Chan dos Pasteroques.

- El conjunto etnográfico de Congostro, donde se aglutinan todo tipo de muestras de la cultura popular.

La conservación y promoción de la Vía Nova y su legado histórico es un hito importante para el Val do Limia, ya que su declaración como Patrimonio de la Humanidad, puede impulsar la recuperación de una comarca con un cabalgaste despoblamiento y abandono rural, haciendo crecer el turismo y provocando una reactivación económica y demográfica de la zona. Asimismo, con esta declaración se protegería un patrimonio de incalculable valor, frenando su degradación, recuperándolo y transmitiéndolo a las generaciones futuras en mejor estado del que nosotros lo heredamos. En definitiva, es de lo que se trata, que nuestros descendientes se muestren orgullosos del legado que les dejamos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, con muestra de reconocimiento a esta tradición singular, como expresión del deseo de su preservación y entendiendo que se cumplen las condiciones establecidas por la UNESCO en su Convención de 2003 para las actividades que puedan declararse Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Pleno, con el ánimo de que todas las instituciones y entidades implicadas colaboren en el proceso a iniciar con el expediente administrativo.

"El Congreso de las Diputadas y Diputados insta al Gobierno a:

1. Acordar con el Gobierno gallego -en base a los principios de colaboración y de concurrencia normativa- el procedimiento a seguir para la incoación del expediente a tramitar que permita otorgar la declaración de Bien Cultural Inmaterial a A Vía Nova e o seu legado no Val do Limia tanto con la normativa estatal como con la gallega.

2. Promover, gestionar y defender, en colaboración con el Gobierno gallego y otras instituciones interesadas, así como entidades y clubes, la presentación de un dossier de candidatura ante la UNESCO con el objetivo de lograr la Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad para A Vía Nova e o seu legado no Val do Limia.

3. De acuerdo con el artículo 11 de la Convención 2003 de la UNESCO para la Salvaguarda y Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptar las medidas necesarias, en colaboración con otras instituciones, para difundir su origen histórico, preservar la tradición, poner de manifiesto sus valores e impulsar A Vía Nova en su trazado por la provincia de Ourense."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 febrero de 2016 .-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antonio Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernán Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.

162/000106

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GPOD-EC-En Marea, a iniciativa de su Portavoz adjunta doña Alexandra Fernández Gómez, y las Diputadas y Diputados doña Yolanda Díaz Pérez, doña Ángela Rodríguez Martínez, don Antón Gómez-Reino Varela, don David Bruzos y don Miguel Anxo Fernán Vello, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para ser debatida en Pleno, relativa a la supresión del servicio ferroviario que conecta Lugo con Bilbao.

Exposición de motivos

Recortar para empeorar el servicio ferroviario convencional es el modo de funcionamiento dominante en la empresa pública Renfe en relación a Galicia. Conocemos ahora la decisión de dicha empresa de suprimir la conexión a Euskadi, que de manera indirecta se mantenía desde Lugo a través del enlace en Monforte con el tren Vigo-Bilbao/Hendaya. Este servicio se suprimió el último domingo de enero del presente año. La motivación para llevarlo a cabo se sitúa entre el abandono y el más atroz economicismo.


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Sin embargo, lo que no entra dentro de la hoja de cálculo de los gestores del PP es ofrecer explicaciones a la ciudadanía ante la pérdida de este servicio público. Lugo ya perdió hace varios años la conexión directa con Euskadi. La fórmula de compromiso, hasta ahora planteada, pasaba por la venta de billetes en la estación lucense y la realización de un trasbordo en Monforte. De esta manera cualquier incidencia horaria en ese enlace era responsabilidad de la empresa. A partir de lunes 1 de febrero, la empresa evita asumir responsabilidades cancelando esta opción. Para poder coger el tren a Bilbao en Monforte, una persona usuaria del ferrocarril en Lugo tendrá que emplear varias horas para subirse primero, a un tren previo que la obligará a aguardar dos horas en Monforte a la llegada del intercity de Vigo.

Todo ello se realiza por no mantener el horario del enlace que había hasta ahora (tren Alvia de las 10:57 horas) o por no modificar en cinco minutos el horario que entró en vigor ese lunes.

Lugo sufre una pésima situación en materia de servicios ferroviarios: falta de una conexión adecuada con Coruña y Compostela, además de los enlaces a León y Ponferrada. Las inversiones acometidas para la realización de la estación intermodal de Lugo no se rentabilizarán con estos cálculos economicistas, fase previa, quizás, al verdadero objetivo perseguido por el Ministerio de Fomento: una hipotética supresión de la conexión diurna con Madrid.

Por todo lo señalado, el Grupo Parlamentario GP-EC-EM formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las gestiones oportunas para que el Ministerio de Fomento rectifique una decisión que lastima innecesariamente los derechos de la ciudadanía lucense a disponer de una conexión ferroviaria con Euskadi."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 febrero de 2016 .-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antonio Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernán Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.

162/000107

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GPOD-EC-En Marea, a iniciativa de su Portavoz adjunta doña Alexandra Fernández Gómez y las Diputadas y Diputados doña Yolanda Díaz Pérez, doña Ángela Rodríguez Martínez, don Antón Gómez-Reino Varela, don David Bruzos y don Miguel Anxo Fernán Vello, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para ser debatida en Pleno, relativa a la cesión gratuita de la antigua cárcel provincial de A Coruña.

Exposición de motivos

Un amplio número de colectivos y personas conformaron ya hace cinco años una estructura de intervención social denominada Plataforma Proxecto Cárcere para conseguir la recuperación y utilización sociocultural de la que fuera cárcel provincial de A Coruña. Su inauguración en 1927 se inspiró en los escritos de Concepción Arenal para la mejora de las condiciones materiales de las personas reclusas. Esta antigua prisión en desuso y en estado de creciente ruina aguarda una resolución del ministerio que permita al Ayuntamiento de A Coruña emprender un nuevo uso de un inmueble abandonado. La propiedad es de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) que ha descuidado en extremo el estado de conservación del inmueble.

Es voluntad de la ciudadanía coruñesa que este inmueble sea cedido de manera gratuita al ayuntamiento coruñés para desarrollar un proyecto que combine la creación y la memoria histórica con una fórmula de autogestión por parte de los colectivos sociales y la colaboración municipal.

No cabe dejar arruinar un recinto con una notable historia. En esa cárcel se desarrollaron muchos de los episodios criminales de la represión franquista, aquella que se cobró vidas heroicas que, ora en la persona del alcalde republicano Alfredo Suárez Ferrín, ora en la de los dirigentes guerrilleros antifranquistas José Gómez Gayoso y Antonio Seoane Sánchez, comprende las luchas y sacrificios de tantas personas


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anónimas que preservaron la dignidad de nuestro pueblo en la terrible "Ionga noite de pedra" que acertara a caracterizar Celso Emilio Ferreiro.

No ayuda a esta causa el recurso presentado por la SIEP, que derivó en una sentencia del Tribunal Contencioso n.º 3, que falla en contra de la decisión de la Junta de Gobierno local de A Coruña de comenzar la reversión gratuita a favor del Ayuntamiento de A Coruña de la parcela del inmueble de la antigua cárcel provincial; pero esta misma sentencia reconoce que, desaparecida la causa que justificó la cesión, el ayuntamiento puede ejercitar las medidas tendentes a conseguir la reversión de la cesión.

Son tiempos para preservar con eficacia y diligencia los restos materiales que conforman nuestra memoria colectiva como país. Para ello, para liberar "unha pomba en cadea que se chama Galicia" (verso del poema de Lorenzo Varela a Xosé Luis Méndez Ferrín), resulta necesario conseguir la cesión de este inmueble para la ciudadanía de A Coruña.

Por lo referido, el Grupo Parlamentario de GPOD-EC-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a que se realice de forma efectiva la cesión gratuita del inmueble de la antigua cárcel provincial de A Coruña."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 febrero de 2016 .-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antonio Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernán Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.

162/000108

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de GPOD-EC-En Marea, a instancia de las Diputadas doña Alexandra Fernández Gómez, doña Ángela Rodríguez Martínez, don Antón Gómez-Reino Varela, don David Bruzos Higuero, don Miguel Anxo Fernán Vello y doña Yolanda Díaz Pérez, de la Agrupación Parlamentaria de En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para que se revisen los criterios de reparto de cuotas para el sector pesquero de cerco gallego, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

La pesca en Galiza es una importantísima fuente de empleo y también la actividad económica principal que sustenta muchas de las poblaciones costeras de Galiza. La aplicación de la política pesquera común en Galiza, concretamente las cuotas pesqueras, son una amenaza para miles de puestos de trabajo en el sector, como han puesto de manifiesto los sectores afectados.

El cerco vive bajo una constante presión y sometido a continuas reducciones de cuotas. A tal punto llega su situación que ahora mismo solo les queda el recurso de la protesta. En los meses precedentes, el sector mayoritario del cerco en Galiza tuvo que llevar a cabo diversas acciones de protesta que culminaron con el amarre de la flota ante la dramática situación que está viviendo el sector. Hasta hace unas semanas hubo una acampada reivindicativa en frente del Gobierno gallego llevada adelante por la Asociación de Armadores do Cerco de Galiza (ACERGA). Esta situación provocó que más de un millar de familias de este país no pudiesen tener ningún tipo de ingresos. Mientras, en el último debate del Estado de la Nación, Feijóo valoraba como muy positiva su gestión al respecto de las cuotas.

En el contexto actual de crisis en el que ya nos encontramos en Galiza, con un nivel de desempleo alarmante y una tasa de pobreza y exclusión social que afecta ya al 20 % de la población, no podemos permitir que la PPC aumente el desempleo, la pobreza y la exclusión social.


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Agricultura a:

Que inicie las acciones políticas oportunas para reconocer y defender las justas demandas del sector del cerco gallego, reivindicando y defendiendo un nuevo modelo de reparto de los derechos de pesca que garantice la supervivencia de la actividad, del empleo y la mejora de los ingresos de este sector. Estableciendo un nuevo criterio de reparto donde primen los criterios socioeconómicos por encima de los discriminatorios históricos. Un nuevo criterio basado en:

1. Establecer la cuota en base al número de tripulantes de cada barco, ya que el reparto de la cuota por históricos amenaza a las 1.200 familias que dependen de estos barcos, además de los millares de trabajos indirectos y que además ponen en riesgo el futuro de las comarcas costeras gallegas.

2. Reparto de cuotas respetando el artículo 17 de la Política Pesquera Común, en el que se establece que se tengan en cuenta criterios socioeconómicos y de objetividad a la hora del reparto de cuotas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-Ángela Rodríguez Martínez, Antonio Gómez-Reino Varela y Yolanda Díaz Pérez, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GPOD-EC-En Marea, a iniciativa de su Portavoz adjunta, doña Alexandra Fernández Gómez, y las Diputadas y Diputados doña Yolanda Díaz Pérez, doña Ángela Rodríguez Martínez, don Antón Gómez-Reino Varela, don David Bruzos y don Miguel Anxo Fernán Vello, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para ser debatida en Pleno, relativa a la militarización con drones y actuaciones de la OTAN del aeródromo de Rozas.

Exposición de motivos

En la provincia de Lugo, en la Terra Cha, asistimos a una preocupante espiral militarista en los últimos tiempos. El Gobierno central y la Xunta de Galicia comparten la determinación de convertir en ámbito de negocio los drones militares en Lugo y a hacerlo en relación con la estrategia belicista de la OTAN. Así, en marzo de 2011, conocimos el establecimiento de un programa de aviones no tripulados en el aeródromo de Rozas mediante un convenio decenal con el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica (INTA), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, para la investigación, el desarrollo de proyectos y la divulgación en el campo aeronáutico.

El ministerio manifestaba el inicio de las pruebas con drones del programa de la multinacional AEDS en el aeródromo de Rozas. Así, en julio de 2012, se producía la visita del General de División Ignacio Azqueta y del subdirector general de Experimentación de INTA al aeródromo lucense. De su visita se desprendía su voluntad de radicar en Rozas una de las cinco bases de pruebas que los Estados Unidos prevén instalar en Europa.

La fiscalización realizada en el Parlamento Gallego por parte de AGE siempre fue contestada con la referencia al carácter civil de los proyectos y con la bruma de la opacidad. Todo ello aún después del vuelo del "Atlante", avión no tripulado capaz de misiones tanto civiles como militares, perteneciente a AEDS, consorcio europeo líder mundial en la venta de armamento y del que fue directivo el actual ministro de Defensa en funciones Pedro Morenés. Negocio privado, puertas giratorias y militarismo estadounidense se concentran en este punto y desmienten las afirmaciones acerca del carácter civil del proyecto. En enero de 2014, el INTA publicitó la inminente firma de un convenio con la Xunta de Galicia para mejorar los equipamientos de Rozas (cercado, torre de control, nuevo hangar, instalación de un sistema de seguridad aérea, etc.), bajo siempre el mismo relato: se trataría de actuaciones de carácter civil. Actuaciones presupuestadas por la Xunta de Galicia en aproximadamente 10 millones de euros.


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Con posterioridad, se ha constituido el denominado Centro de Investigación Aerotransportado con sede en el mismo aeródromo de Rozas. El escuadrón militar de Searcher preparó las maniobras militares de la OTAN de Zaragoza en Rozas, y a partir de esas maniobras se explican las operaciones ulteriores de la OTAN en Parga. La deriva militar es patente. Como las mentiras acerca del carácter civil del proyecto volcadas con anterioridad.

Se desprende de todo lo anterior que la OTAN ha realizado maniobras militares en el campamento de Parga entre el 26-28 de enero de 2016. Maniobras que vulneran las condiciones de cesión forzosa de los terrenos que albergan esta base militar, que delimitaban su uso a escuela de ingenieros y no como campo de tiro o para maniobras militares. La conexión Rozas-Parga sitúa a la Terra Cha en el centro de una estrategia militarista que no comparte la ciudadanía gallega. Y este proceso que aúna negocios privados e impulso belicista, dinero y armas, transcurre bajo el manto de la opacidad y la falsedad sin que los representantes del pueblo podamos fiscalizar adecuadamente su desarrollo.

Por lo referido, el Grupo Parlamentario de GPOD-EC-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"- El Congreso de los Diputados demanda al Gobierno central la inmediata paralización de las pruebas con aviones no tripulados, también llamados "drones", y ofrecer las oportunas explicaciones a la ciudadanía sobre los fines contemplados por el Ministerio de Defensa para el Aeródromo de Rozas en Lugo.

- El Congreso de los Diputados demanda al Gobierno central información acerca de las pruebas realizadas en el Aeródromo de Rozas y acerca del contenido del Convenio firmado entre el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial dependiente del Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Castro de Rei, la Diputación Provincial de Lugo y el Real Aeroclub de Lugo.

- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a hacer públicos los contenidos del convenio firmado por la Xunta de Galicia con el Ministerio de Defensa para el establecimiento de una base para la experimentación con drones.

- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a que aclare qué recursos económicos, así como la procedencia de los mismos, se van a invertir en el Aeródromo de Rozas.

- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a que informe acerca de las certificaciones y autorizaciones de la Agencia Estatal y Europea de Seguridad Aérea para la realización de las pruebas con aviones no tripulados en el territorio gallego.

- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a que haga las gestiones oportunas para que se publique la documentación y estudios que dan razón de la privatización del no nato y denominado Centro de Investigación de Rozas.

- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a que haga las gestiones oportunas para que se hagan públicos los criterios respecto del plan de inversiones asociado a la privatización y las previsiones en materia de compra pública innovadora vinculada la industria de los drones.

- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a que se permita constituir una Delegación parlamentaria que, junto con representantes de los concellos afectados, pueda visitar las instalaciones relacionadas con el proyecto: la sede del Instituto Nacional de Tecnología Aeronáutica (INTA), las instalaciones del denominado Centro de Investigación Aerotransportada del Aeródromo de Rozas y la base de la sede del Grupo de Obtención por Sistemas Aéreos (GROSA)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 febrero de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antonio Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernán Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GPOD-EC-En Marea, a iniciativa de su Portavoz adjunta, doña Alexandra Fernández Gómez, y las Diputadas y Diputados doña Yolanda Díaz Pérez, don Ángela Rodríguez Martínez,


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don Antón Gómez-Reino Varela, don David Bruzos y don Miguel Anxo Fernán Vello, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para ser debatida en Pleno, relativa a la pretensión de ampliar las instalaciones de la planta de gas de Reganosa.

Exposición de motivos

La estafa ciudadana que perpetran las empresas energéticas con la complicidad del Gobierno en funciones ronda a estas alturas la enorme cifra de 30.000 millones de euros. Esa deuda, ejemplo de deuda ilegítima, viene causada por la burbuja energética que los gobiernos del PP no cesan de nutrir con decisiones contrarias al interés general. El último escalón de esa mala práctica es la pretensión de ampliar las instalaciones y capacidades de regasificación de la planta de Reganosa, sita en el interior de la ría de Ferrol, que a modo de espada de Damocles, representa una amenaza a la seguridad de miles de personas. La construcción de un tercer tanque de carga que pueda almacenar 150.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL), de un segundo brazo surtidor de buques en el muelle de atraques y la dotación de otro vaporizador para duplicar la capacidad de regasificación son los elementos claves del proyecto.

Con esta pretensión, la Xunta de Galicia, socia de la planta -posee el 17,5 % de las acciones- y firmante de un execrable convenio secreto datado en el tiempo de la presidencia de Manuel Fraga, sigue trabajando en favor de los intereses personales de un grupo empresarial.

Lo hace desconsiderando el interés general, la necesidad de cuidar la legalidad, la seguridad y los recursos públicos de la ciudadanía. Lo hace a pesar de saber que la planta de gas de Reganosa es una instalación ilegal (según sentencia del Tribunal Supremo de mayo del 2012), peligrosa -porque amenaza la vida de miles de personas- y onerosamente superflua, ya que nos cuesta cerca de 60 millones de euros anuales por déficit contable.

La demanda de gas para la generación eléctrica y para consumo convencional desciende de forma continuada desde el año 2008. La producción anual de la planta de gas de Reganosa va disminuyendo progresivamente desde su puesta en funcionamiento (según consta en el informe de Enagas del 2014). La ratio de utilización de la planta de Mugardos sigue disminuyendo cada año, siendo en el 2014 del 28,6 %.

A pesar de la escasa producción de Reganosa, a pesar de que la demanda de consumo de gas no se prevé que suba sino que baje, los promotores de Reganosa pretenden duplicar la capacidad de regasificación de la planta, argumentando una necesidad ficticia de gas para justificar un aumento de la capacidad de producción. No hay más motivo que conseguir una mayor retribución fija, ya que el sistema gasístico del Estado español, retribuye a las empresas del sector en función de la capacidad de producción otorgada, no de la producción real. De ahí la burbuja de un mercado energético de libre concurrencia.

Las empresas del sector energético, con la complicidad de los gobiernos autonómicos, vienen realizando la construcción de infraestructuras energéticas, lejos de cualquier tipo de planificación razonable, sumando una capacidad de generación eléctrica que duplica las necesidades del país y que deberán ser pagadas por la ciudadanía. Según estudiosos del tema, el volumen de beneficio del oligopolio de las cinco empresas energéticas en los últimos diez años, alcanzó los 40.000 millones de euros. La ampliación propuesta de una planta que ya nos ha costado alrededor de 500 millones de euros supondría incrementar ese coste anual, que se incrementaría al abonarse con dinero público la capacidad instalada, utilizada o no. Los pretextos aducidos como es el bunkering a barcos que navegan de cara las zonas ECA (zonas de control de emisiones) es una manipulación clara debido a las dudas que los armadores están manifestando para sustituir los combustibles tradicionales por el GNL, y, en cualquier caso, sí fuera exitosa en el futuro esta alternativa de propulsión supondría un mayor tráfico de gaseros cargados por la ría aumentando consecuentemente los riesgos para la ciudadanía.

Agasajar proyectos personales, ilegales, innecesarios y peligrosos es la política industrial de la Xunta, la mayor desmanteladora industrial en el tiempo de nuestro autogobierno autonómico. El colmo acontece cuando uno de los socios del grupo Tojeiro es Gas Natural-Fenosa, esa corporación que mandó construir los gaseros en Asia, cuando las gradas de los astilleros públicos de la ría de Ferrol restan en cuadro.

El proyecto deja entrever la posibilidad en el futuro de la navegación por la ría de Ferrol de cualquier tamaño de buques gaseros, incluyendo, suponemos, los de tipo Q-max y Q-flex, ya que la peligrosidad que ahora ya supone la navegación de gaseros cargados, cualquier situación de riesgo en relación a la marea, se vería incrementada al navegar buques de mayor tamaño. La Xunta va por dinero público, a través del INEGA, para el diseño de una nave prototipo que sea capaz de suministrar gas a cualquier embarcación.


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Se amplían de nuevos los riesgos a los que se expone la ciudadanía que habita la ría de Ferrol, que sufre el desprecio de la Xunta y la codicia del grupo empresarial propietario de la planta.

Por todo lo señalado, el grupo parlamentario GP-EC-EM formula la siguiente

Proposición no de Ley

"- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a que deniegue los permisos oportunos para ampliar las capacidades de almacenamiento y regasificación de la planta de gas de Reganosa.

- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a realizar las acciones oportunas para desmantelar la planta de gas de Reganosa de su emplazamiento en el interior de la ría de Ferrol."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 febrero de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antonio Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernán Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en Pleno, relativa a las prospecciones de hidrocarburos en el Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura, para su debate en el Pleno de la Cámara.

Exposición de motivos

En 2012, el Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto 547/2012 de 16 de marzo, autorizando a un consorcio de tres multinacionales petrolíferas liderado por REPSOL a iniciar actividades de prospección de hidrocarburos en aguas profundas, sobre una extensión oceánica de 616.000 hectáreas, y situada a 9,6 kilómetros de las costas de la isla de Fuerteventura y a 18,1 kilómetros de la isla de Lanzarote. El Real Decreto fue aprobado bajo la Secretaría de Estado del Sr. Fernando Martí Scharfhausen, un ex alto cargo de REPSOL que había desarrollado gran parte de su actividad profesional en esta petrolera en calidad de Director de Planificación.

La decisión del Gobierno de España fue adoptada contra el criterio de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y del Parlamento y Gobierno de Canarias, cuyo Ejecutivo ostenta la representación legítima y soberana de la sociedad canaria y de sus intereses más vitales. A partir de marzo de 2012 y hasta la fecha de hoy, el Partido Popular ha protagonizado uno de los episodios más flagrantes de la historia política y democrática de España, al utilizar su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en las instituciones ministeriales, para imponer por la fuerza al pueblo canario y, por tanto, al pueblo español, la ejecución de unas operaciones de alto riesgo ambiental en connivencia directa con multinacionales petroleras privadas y en claro detrimento del interés general.

Nunca en la historia de Canarias, de España y de Europa, se había registrado un rechazo social, político, científico y empresarial tan masivo y articulado contra unas perforaciones petrolíferas como las impuestas en Canarias por el Gobierno de España. Todas las iniciativas parlamentarias promovidas en la anterior Legislatura en las Cámaras Alta y Baja para suspender las operaciones de prospección, obtuvieron el apoyo mayoritario de grupos políticos de todas las comunidades autónomas de España, pero también el rechazo del PP, que sistemáticamente impuso su mayoría para desestimarlas en favor de la multinacional REPSOL.

Universidades y entidades científicas de los cinco continentes, las ONG medioambientales más destacadas del mundo, treinta y tres fuerzas políticas de 20 países representadas en el Parlamento Europeo, las ocho federaciones de operadores turísticos más importantes de Europa operando en Canarias (Finlandia, Reino Unido, Alemania, Estonia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Suiza), el 75,4 % de la población canaria (encuesta realizada en noviembre de 2014 por las Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria), el 90 % de las cofradías de pescadores de las islas Canarias, seis de los


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siete Cabildos Insulares, el Parlamento autonómico y el Gobierno de Canarias, han mostrado de forma reiterada y argumentada su rechazo o máxima preocupación por las operaciones petrolíferas en Canarias.

Las perforaciones exploratorias, dada su proximidad a las costas y los inherentes riesgos de derrames en estas maniobras de alto riesgo, constituyen una amenaza de primer nivel para el suministro del 100 % del agua potable que se produce y consume mediante plantas desaladoras para más de 300.000 personas en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

El espacio marino es considerado además como una de las áreas marinas de mayor biodiversidad del planeta, de gran importancia para las pesquerías artesanales, con presencia de numerosas especies de fauna protegidas por la Red Natura 2000, por la Directiva de Hábitats, por el Convenio de Berna, por diversas figuras de protección de Naciones Unidas (Reservas de la Biosfera, Zona Marítima Especialmente Sensible de la OMI), y constituye el área oceánica con mayor densidad de cetáceos de la Unión Europea, con 29 especies presentes. La zona ha sido objeto de múltiples intentos de protección por las especies de delfines y ballenas que alberga, destacando el procedimiento actualmente en curso que tramita la Unión Europea para la declaración de lugar de importancia comunitaria (LIC).

Sin embargo, este área fue literalmente cercenada en un 50 % por el Gobierno de España en 2013 con la finalidad exclusiva de que las operaciones de REPSOL quedasen fuera del espacio a proteger, como finalmente ha sucedido. Simultáneamente, en octubre de 2015, el Partido Popular rechazó en el Senado la creación de un santuario de cetáceos en la zona promovido por la ONG internacional WWF, iniciativa respaldada por la práctica totalidad de las fuerzas políticas de España con el apoyo expreso del Parlamento y del Gobierno de Canarias.

Las operaciones de REPSOL en Canarias han sido defendidas por el Partido Popular al tiempo que rechazaba prospecciones petrolíferas de otras multinacionales petroleras en las islas Baleares y en las comunidades autónomas de Andalucía y Valencia. Paralelamente, el Gobierno español se opuso y frenó la posibilidad de que la sociedad canaria, ante la gravedad, inquietud y trascendencia social y económica que estas operaciones industriales representaban para las islas, se pronunciara en una consulta popular solicitada formalmente por el Parlamento Canario al Ejecutivo español.

El 18 de noviembre de 2014, tras dos años y medio de intenso conflicto institucional, jurídico, social y político, la compañía REPSOL inicia la perforación del primer pozo (Sandía-1X) apoyado por una patrullera de la Armada Española, cuyos efectivos atacaron a activistas de Greenpeace que pacíficamente se manifestaban en la zona produciendo lesiones de gravedad a varias personas.

El 16 de enero de 2015, REPSOL anuncia la retirada de las operaciones argumentando que los resultados de la exploración no han sido positivos; la compañía incumple los términos de la Resolución del Ministerio de Industria al no respetar los plazos temporales y la perforación de un segundo pozo obligatorio, por lo que, a tenor de lo estipulado en la vigente Ley de Hidrocarburos, la concesión otorgada debería resultar invalidada a pesar de que el Gobierno de España no ha procedido a su cancelación y archivo tras más de un año del abandono de las operaciones.

La Comisión Europea, en un escrito remitido al Cabildo Insular de Lanzarote en enero de 2016, afirma que las autoridades españolas han notificado a la Unión Europea el abandono de las operaciones de REPSOL en Canarias, pero este hecho se contradice con la posición del Gobierno español al mantener la vigencia de las perforaciones hasta agosto de 2017.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a :

- Revocar de forma urgente el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, e instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a la suspensión inmediata de la Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación "Canarias 1" a "Canarias 9".

- Iniciar la tramitación para la declaración de un área marina protegida (AMP) con nomenclatura de santuario internacional de cetáceos, y comunicar a la Comisión Europea la modificación del área propuesta por España como LIC del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura para que la zona a proteger abarque las coordenadas establecidas en la propuesta de LIC marino de WWF para este área:


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Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero 2016.- María Victoria Rosell Aguilar, Alberto Rodríguez Rodríguez y María del Carmen Pita Cárdenes, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, entendiendo que en el caso de su eventual aprobación, estarían dirigidas al Gobierno que se constituya, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Justicia

161/000135

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú-En Marea, a instancias de la Portavoz adjunta, doña Alexandra Fernández, y las Diputadas y Diputados don David Bruzos Higuero, doña Ángela Rodríguez Martínez, doña Yolanda Díaz, don Antón Gómez-Reino Varela y don Miguel Anxo Fernán Vello, y al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión.


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Exposición de motivos

Queremos poner de manifiesto la necesidad de reconocer por parte de la administración tributaria la figura establecida en el Código Civil Gallego como apartación, como una transmisión lucrativa mortis causa.

El artículo 224 de la vigente Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia, dispone que "por la apartación quien tenga la condición de legitimario si se abriera la sucesión en el momento en que se formaliza el pacto queda excluido de modo irrevocable, por sí y su linaje, de la condición de heredero forzoso en la herencia del apartante, a cambio de los bienes concretos que le sean adjudicados". Configurándose la apartación como un pacto sucesorio enmarcado dentro de una transmisión lucrativa mortis causa.

La administración tributaria mantiene el criterio de considerar que al producirse la entrega de bienes antes del fallecimiento, esta debe considerarse una transmisión lucrativa ínter vivo y que debía estar sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por tanto tributar como ganancia patrimonial.

No obstante, el TSJ de Galicia, en sus pronunciamientos más recientes, de hecho ha anulado la única sentencia discrepante a estos efectos, entiende que estas características propias de este pacto sucesorio solo permiten concluir que nos encontramos ante una adquisición "monis causa", y que por tanto no procede su tributación como ganancia patrimonial a efectos de IRPF.

Asimismo, el Tribunal Supremo, en una sentencia de fecha 9 de febrero de 2016, apoya a un contribuyente gallego que se había acogido a la modalidad de la apartación. Dicha sentencia establece que la apartación gallega es un pacto sucesorio y que su tratamiento fiscal es el que se deriva de esta condición "cualquiera que sea el impuesto del que se trate, cuando, como es el caso, no existe un tratamiento tributario específico en la regulación de uno u otro impuesto".

Dichas sentencias contradicen claramente el criterio seguido por la administración tributaria, fundamentándolo ampliamente, y concluyen su no tributación por IRPF.

Esta divergencia entre el criterio seguido por la administración tributaria y por los Tribunales, ya sean el Tribunal Superior de Justicia de Galicia o el Tribunal Supremo, trae como consecuencia una inseguridad jurídica en los contribuyentes, que se ven abocados a acudir a los tribunales.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley para su debate en Comisión

"El Congreso de los Diputados insta a que para garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes gallegos queremos solicitar que dentro de los supuestos en los que se establece que no existirá ganancia patrimonial en el artículo 33.3 de la Ley 35/2006, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, se recoja la apartación como uno de esos supuestos, reconociéndola como una transmisión lucrativa por causa de muerte del contribuyente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antonio Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernán Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Interior

161/000141

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GPOD-EC-En Marea, a iniciativa de su Portavoz adjunta, doña Alexandra Fernández Gómez, y las Diputadas y Diputados doña Yolanda Díaz Pérez, doña Ángela Rodríguez Martínez, don Antón Gómez-Reino Varela, don David Bruzos y don Miguel Anxo Fernán Vello, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para ser debatida en Comisión, relativa a la cesión gratuita de la antigua cárcel provincial de A Coruña.


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Exposición de motivos

Un amplio número de colectivos y personas conformaron ya hace cinco años una estructura de intervención social denominada Plataforma Proxecto Cárcere para conseguir la recuperación y utilización sociocultural de la que fuera cárcel provincial de A Coruña. Su inauguración en 1927 se inspiró en los escritos de Concepción Arenal para la mejora de las condiciones materiales de las personas reclusas. Esta antigua prisión en desuso y en estado de creciente ruina aguarda una resolución del Ministerio que permita al Ayuntamiento de A Coruña emprender un nuevo uso de un inmueble abandonado. La propiedad es de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) que ha descuidado en extremo el estado de conservación del inmueble.

Es voluntad de la ciudadanía coruñesa que este inmueble sea cedido de manera gratuita al ayuntamiento coruñés para desarrollar un proyecto que combine la creación y la memoria histórica con una fórmula de autogestión por parte de los colectivos sociales y la colaboración municipal.

No cabe dejar arruinar un recinto con una notable historia. En esa cárcel se desarrollaron muchos de los episodios criminales de la represión franquista, aquella que se cobró vidas heroicas que, ora en la persona del alcalde republicano Alfredo Suárez Ferrín, ora en la de los dirigentes guerrilleros antifranquistas José Gómez Gayoso y Antonio Seoane Sánchez, comprende las luchas y sacrificios de tantas personas anónimas que preservaron la dignidad de nuestro pueblo en la terrible "Ionga noite de pedra" que acertara a caracterizar Celso Emilio Ferreiro.

No ayuda a esta causa el recurso presentado por la SIEP, que derivó en una sentencia del Tribunal Contencioso n.º 3, que falla en contra de la decisión de la Junta de Gobierno local de A Coruña de comenzar la reversión gratuita a favor del Ayuntamiento de A Coruña de la parcela del inmueble de la antigua cárcel provincial; pero esta misma sentencia reconoce que desaparecida la causa que justificó la cesión, el ayuntamiento puede ejercitar las medidas tendentes a conseguir la reversión de la cesión.

Son tiempos para preservar con eficacia y diligencia los restos materiales que conforman nuestra memoria colectiva como país. Para ello, para liberar "unha pomba en cadea que se chama Galicia" (verso del poema de Lorenzo Varela a Xosé Luis Méndez Ferrín), resulta necesario conseguir la cesión de este inmueble para la ciudadanía de A Coruña.

Por lo referido, el Grupo Parlamentario de GPOD-EC-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a que se realicen las gestiones oportunas para que se efectúe la cesión gratuita del inmueble de la antigua cárcel provincial de A Coruña."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 febrero de 2016.-Ángela Rodríguez Martínez, Antonio Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero, Miguel Anxo Elías Fernán Bello y Yolanda Díaz Pérez, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Defensa

161/000139

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GPOD-EC-En Marea, a iniciativa de su Portavoz adjunta, doña Alexandra Fernández Gómez, y las Diputadas y Diputados doña Yolanda Díaz Pérez, doña Ángela Rodríguez Martínez, don Antón Gómez-Reino Varela, don David Bruzos y don Miguel Anxo Fernán Vello, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para ser debatida en Comisión, relativa a la militarización con drones y actuaciones de la OTAN del aeródromo de Rozas.


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Exposición de motivos

En la provincia de Lugo, en la Terra Cha, asistimos a una preocupante espiral militarista en los últimos tiempos. El Gobierno central y la Xunta de Galicia comparten la determinación de convertir en ámbito de negocio los drones militares en Lugo y a hacerlo en relación con la estrategia belicista de la OTAN. Así, en marzo de 2011, conocimos el establecimiento de un programa de aviones no tripulados en el aeródromo de Rozas mediante un convenio decenal con el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica (INTA), organismo dependiente del Ministerio de defensa para la investigación, el desarrollo de proyectos y la divulgación en el campo aeronáutico.

El Ministerio manifestaba el inicio de las pruebas con drones del programa de la multinacional AEDS en el aeródromo de Rozas. Así, en julio de 2012, se producía la visita del General de División Ignacio Azqueta y del subdirector general de Experimentación de INTA al aeródromo lucense. De su visita se desprendía su voluntad de radicar en Rozas una de las cinco bases de pruebas que los Estados Unidos prevén instalar en Europa.

La fiscalización realizada en el Parlamento Gallego por parte de AGE siempre fue contestada con la referencia al carácter civil de los proyectos y con la bruma de la opacidad. Todo ello aún después del vuelo del "Atlante", avión no tripulado capaz de misiones tanto civiles como militares, perteneciente a AEDS, consorcio europeo líder mundial en la venta de armamento y del que fue directivo el actual ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés. Negocio privado, puertas giratorias y militarismo estadounidense se concentran en este punto y desmienten las afirmaciones acerca del carácter civil del proyecto. En enero de 2014, el INTA publicitó la inminente firma de un convenio con la Xunta de Galicia para mejorar los equipamientos de Rozas (cercado, torre de control, nuevo hangar, instalación de un sistema de seguridad aérea, etc.), bajo siempre el mismo relato: se trataría de actuaciones de carácter civil. Actuaciones presupuestadas por la Xunta de Galicia en aproximadamente 10 millones de euros.

Con posterioridad, se ha constituido el denominado Centro de Investigación Aerotransportado con sede en el mismo aeródromo de Rozas. El escuadrón militar de Searcher preparó las maniobras militares de la OTAN de Zaragoza en Rozas, y a partir de esas maniobras se explican las operaciones ulteriores de la OTAN en Parga. La deriva militar es patente. Como las mentiras acerca del carácter civil del proyecto volcadas con anterioridad.

Se desprende de todo lo anterior que la OTAN ha realizado maniobras militares en el campamento de Parga entre el 26-28 de enero de 2016. Maniobras que vulneran las condiciones de cesión forzosa de los terrenos que albergan esta base militar, que delimitaban su uso a escuela de ingenieros y no como campo de tiro o para maniobras militares. La conexión Rozas-Parga sitúa a la Terra Cha en el centro de una estrategia militarista que no comparte la ciudadanía gallega. Y este proceso que aúna negocios privados e impulso belicista, dinero y armas, transcurre bajo el manto de la opacidad y la falsedad sin que los representantes del pueblo podamos fiscalizar adecuadamente su desarrollo.

Por lo referido, el Grupo Parlamentario de GPOD-EC-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"- El Congreso de los Diputados demanda al Gobierno central la inmediata paralización de las pruebas con aviones no tripulados, también llamados "drones", y ofrecer las oportunas explicaciones a la ciudadanía sobre los fines contemplados por el Ministerio de Defensa para el Aeródromo de Rozas en Lugo.

- El Congreso de los Diputados demanda al Gobierno central información acerca de las pruebas realizadas en el Aeródromo de Rozas y acerca del contenido del Convenio firmado entre el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial dependiente del Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Castro de Rei, la Diputación Provincial de Lugo y el Real Aeroclub de Lugo.

- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a hacer públicos los contenidos del convenio firmado por la Xunta de Galicia con el Ministerio de Defensa para el establecimiento de una base para la experimentación con drones.

- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a que aclare qué recursos económicos, así como la procedencia de los mismos, se van a invertir en el Aeródromo de Rozas.

- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a que informe acerca de las certificaciones y autorizaciones de la Agencia Estatal y Europea de Seguridad Aérea para la realización de las pruebas con aviones no tripulados en el territorio gallego.


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- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a que haga las gestiones oportunas para que se publique la documentación y estudios que dan razón de la privatización del no nato y denominado Centro de Investigación de Rozas.

- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a que haga las gestiones oportunas para que se hagan públicos los criterios respecto del plan de inversiones asociado a la privatización y las previsiones en materia de compra pública innovadora vinculada la industria de los drones.

- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a que se permita constituir una Delegación parlamentaria que, junto con representantes de los Concellos afectados, pueda visitar las instalaciones relacionadas con el proyecto: la sede del Instituto Nacional de Tecnología Aeronáutica (INTA), las instalaciones del denominado Centro de Investigación Aerotransportada del aeródromo de Rozas y la base de la sede del Grupo de Obtención por Sistemas Aéreos (GROSA)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 febrero de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antonio Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernán Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Fomento

161/000126

A la Mesa de la Comisión de Fomento

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación del acuerdo de obligación de servicio público para establecer una tarifa plana en los vuelos entre las Islas Canarias.

Exposición de motivos

Los ciudadanos y ciudadanas canarios pagamos ocho veces más que un peninsular por el uso del transporte, que es un servicio esencial para garantizar la cohesión social y económica de Canarias y para nuestra construcción como un pueblo único.

Los puertos y aeropuertos, que en un territorio continental comparten protagonismo desde el punto de vista estratégico con los sistemas de comunicación terrestres, en Canarias adquieren una relevancia y un protagonismo mayúsculo en todo aquello que está relacionado con la actividad cotidiana de las personas y de las empresas.

La crisis económica, la desaparición de compañías aéreas y la política de tasas aeroportuarias son solo algunos de los factores que han incidido en el aumento de las tarifas en el transporte aéreo y marítimo de pasajeros y mercancías, especialmente en las conexiones interinsulares y en los trayectos entre Canarias y la Península.

Del mismo modo, el monopolio en algunas rutas, la reducción de frecuencia y el incremento de las tarifas condicionan la movilidad de aquellos ciudadanos que residen en las islas. Ciudadanos que, en la mayoría de las ocasiones, deben desplazarse a otra isla diferente a la de su residencia o, incluso, a la Península por motivos sanitarios, educativos, laborales, etcétera.

Si hay un territorio que cuente con un hecho diferencial, claro e incuestionable, es Canarias. Las islas tienen como rasgo definitorio fundamental la lejanía y la doble insularidad, elementos que han sido reconocidos, desde siempre, por la Unión Europea, pero que parece que aún no tiene demasiado claro el Gobierno del Estado.

Han sido incontables las veces que hemos expuesto la necesidad urgente de que se respete el Estatuto de Autonomía y el Estado tenga en cuenta los requerimientos y la situación específica de unas islas en las que volar no es un capricho, sino un servicio público que debe ser cubierto con oferta suficiente


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y adecuada en el precio, garantizando a todos los canarios que coger un avión no se convierta en un lujo para unos pocos.

En ese sentido, desde Coalición Canaria venimos reclamando que se modifique el acuerdo de obligación de servicio público para posibilitar que exista una "tarifa plana" en el precio de los vuelos entre las diferentes islas del archipiélago canario, lo que resulta vital para sus habitantes.

Por otro lado, hemos conocido, recientemente, que la Ministra de Fomento se ha comprometido con el Gobierno de Baleares a estudiar la aprobación de dicha "tarifa plana" para los vuelos interinsulares en ese archipiélago.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:

1. Modificar el acuerdo de obligación de servicio público para posibilitar que haya una tarifa plana en los vuelos entre las diferentes islas del archipiélago canario, tal y como ha aceptado el Ministerio de Fomento aplicar en Baleares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000133

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GP-POD-EC-En Marea, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Murcia fue consensuada entre las tres administraciones en un Convenio firmado en 2006, que recogía la voluntad de los vecinos y los acuerdos unánimes de la sociedad murciana desde 1991, fecha del primer acuerdo municipal que contemplada por unanimidad el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad de Murcia.

A nadie que conozca el trazado ferroviario a su paso por la ciudad de Murcia se le oculta que las vías cortan el valle suponiendo una cicatriz fundamental que no solo separa barrios, sino que impiden el adecuado desarrollo de la que es ahora mismo la séptima ciudad del país. Consecuentemente en aquel Convenio se reconocían entre otros objetivos, la adecuación de la red ferroviaria del área metropolitana de Murcia para la incorporación de la nueva línea de alta velocidad de Madrid-Castilla La Mancha, La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia a través de una "mejora de la integración del pasillo ferroviario en el medio urbano en el que se inserta, mediante la permeabilización del actual trazado ferroviario entre los núcleos de Los Dolores y Nonduermas con el fin de permitir la creación de un nuevo viario transversal y longitudinal de las conexiones urbanas". Para esta actuación se establecía, como cuestión fundamental, "el soterramiento del pasillo ferroviario entre el inicio de la nueva variante de la ciudad de Murcia (variante de El Reguerón), en la zona de Los Dolores y la futura ronda de Barriomar, así como la depresión del pasillo ferroviario desde ésta hasta el núcleo urbano de Nonduermas, en el que se cubrirá un tramo aproximado de 500 metros, respondiendo así a las históricas reivindicaciones de la ciudad de Murcia, anteriores al planteamiento de la llegada del ferrocarril.

Tampoco se puede obviar, que igualmente, el Convenio de 2006 se situaba en el marco de las iniciativas europeas que la impulsan la política europea destacando la necesidad de promover un transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de redes fundamentales. Políticas fundamentales que se encuentras desarrolladas en los dictamines elaborados por el Comité de las Regiones sobre las Ciudades del Mañana (2012/C 277/04).


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En el caso de Murcia, ambas cuestiones, promover un transporte sostenible y la eliminación de los estrangulamientos en las infraestructuras en redes fundamentales, venía determinado por dos obras que deberían ir paralelas:

a) La primera, el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad de Murcia, la séptima ciudad del país, que proponía la creación, en los terrenos liberados, de una estación intermodal que permitirá la integración de diversas redes de transporte, al tiempo que la actuación mejoraba el entorno urbano rehabilitando viejas zonas industriales.

b) En segundo lugar la creación de un baipás de mercancías a su paso por la ciudad de Murcia y Alcantarilla de Murcia.

La resolución de ambas situaciones, esta todavía en estudio. A fecha de hoy se carece de un proyecto global que especifique fases, estando pendiente de recurso por parte de la fiscalía por vulnerar la legislación medio-ambiental y bajo investigación por la Comisión Europea el proyecto, denominado fase I contempla la llegada en superficie a la Estación del Carmen, a pesar de las protestas de los vecinos que indican que para dar continuidad al soterramiento este debiera llegar soterrado a la Estación del Carmen, desconociéndose además a fecha de hoy, cómo, cuándo y con qué dotación se va a realizar la continuidad de la obra, siendo, por otra parte, inexistentes los estudios realizados para llevar a cabo la circunvalación de mercancías para la ciudad de Murcia y Alcantarilla.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en cumplimiento del compromiso adquirido por la ratificación del Convenio de diciembre de 2006 entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ADIF, y el Ayuntamiento de Murcia, aporte los fondos e inicie las actuaciones necesarias para la integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia de acuerdo con un proyecto global que señale fechas y financiación en los presupuestos generales del Estado.

Además, el Gobierno se comprometerá a estudiar, evaluar y licitar las proyectos que sean necesarios dotándolos de adecuada financiación cara los presupuestos generales del Estado con objeto de desarrollar la necesaria circunvalación de mercancías para la ciudad de Murcia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/000137

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GP-POD-EC-En Marea, a iniciativa de su Portavoz adjunta Alexandra Fernández Gómez, y las Diputadas y Diputados Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elias Fernán Vello conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para ser debatida en Comisión, relativa a la supresión del servicio ferroviario que conecta Lugo con Bilbao.

Exposición de motivos

Recortar para empeorar el servicio ferroviario convencional es el modo de funcionamiento dominante en la empresa pública Renfe en relación a Galicia. Conocemos ahora la decisión de dicha empresa de suprimir la conexión a Euskadi, que de manera indirecta se mantenía desde Lugo a través del enlace en Monforte con el tren Vigo-Bilbao/Hendaya. Este servicio se suprimió el último domingo de enero del presente año. La motivación para llevarlo a cabo se sitúa entre el abandono y el más atroz economicismo. Sin embargo, lo que no entra dentro de la hoja de cálculo de los gestores del PP es ofrecer explicaciones a la ciudadanía ante la perdida de este servicio público. Lugo ya perdió hace varios años la conexión directa con Euskadi. La fórmula de compromiso, hasta ahora planteada, pasaba por la venta de billetes en la estación lucense y la realización de un transbordo en Monforte. De esta manera cualquier incidencia


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horaria en ese enlace era responsabilidad de la empresa. A partir de lunes 1 de febrero, la empresa evita asumir responsabilidades cancelando esta opción. Para poder coger el tren a Bilbao en Monforte, una persona usuaria del ferrocarril en Lugo tendrá que emplear varias horas para subirse primero, a un tren previo que la obligará a aguardar dos horas en Monforte a la llegada del intercity de Vigo.

Todo ello se realiza por no mantener el horario del enlace que había hasta ahora (tren Alvia de las 10:57 horas) o por no modificar en cinco minutos el horario que entró en vigor ese lunes.

Lugo sufre una pésima situación en materia de servicios ferroviarios: falta de una conexión adecuada con Coruña y Compostela, además de los enlaces a León y Ponferrada. Las inversiones acometidas para la realización de la estación intermodal de Lugo no se rentabilizarán con estos cálculos economicistas, fase previa, quizás, al verdadero objetivo perseguido por el Ministerio de Fomento: una hipotética supresión de la conexión diurna con Madrid.

Por todo lo señalado, el Grupo Parlamentario GP-POD-EC-En Marea, formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las gestiones oportunas para que el Ministerio de Fomento rectifique una decisión que lastima innecesariamente los derechos de la ciudadanía lucense a disponer de una conexión ferroviaria con Euskadi."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antonio Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/000128

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley para mejorar la condición profesional en el sector de la Cultura y de las Artes, y para facilitar la actividad creativa.

Antecedentes

Las artes, en su acepción más amplia y completa, son parte integrante de la vida, por lo que es del todo necesario y conveniente que los gobiernos contribuyan a crear y a mantener un clima propicio a la libertad de expresión artística, así como las condiciones materiales que faciliten la manifestación de este talento creador.

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha reconocido y establecido este principio desde hace años. El 27 de octubre de 1980 aprobó una Recomendación relativa a la Condición del Artista, en la que instaba a los gobiernos de los estados miembros, a asegurar el acceso al arte a toda la población y a fomentar todas la actividades encaminadas a poner de relieve la contribución de los artistas al desarrollo cultural, considerando que el arte refleja, conserva y enriquece la identidad cultural y el patrimonio espiritual de las diferentes sociedades, constituye una forma universal de expresión y de comunicación y, como denominador común de las diferencias étnicas, culturales o religiosas, recuerda a cada cual el sentimiento de pertenecer a la comunidad humana.

Del mismo modo, la Conferencia General de la UNESCO, reconociendo el papel esencial que desempeña el arte en la vida y el desarrollo del ser humano y de la sociedad, exhortaba a los estados miembros a cumplir con el deber de proteger, defender y ayudar a los artistas y a su libertad de creación. Con ese fin, en opinión de la UNESCO, los gobiernos deberían hacer lo necesario para estimular la


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creatividad artística y la manifestación de talentos, para demostrar y confirmar, por todos los medios a su alcance, que las actividades artísticas tienen que desempeñar un papel en el esfuerzo de desarrollo global de las naciones, para forjar una sociedad más humana y más justa, y para lograr una vida en común pacífica y espiritualmente rica.

Los Estados Miembros deben asegurar así, a los artistas, si es necesario mediante medidas legislativas apropiadas, la libertad y el derecho de constituir las organizaciones sindicales y profesionales, deben procurar que éstas tengan la posibilidad de participar en la elaboración de las políticas culturales y laborales, y deben tomar todas las medidas necesarias encaminadas a definir una política de ayuda, apoyo material y moral a los artistas. Es decir, que los artistas puedan contar con una protección suficiente en materia de ingresos y de seguridad social, con condiciones de vida y de trabajo que les permitan desarrollar con plenitud su talento, y con disposiciones fiscales y de protección social que tengan en cuenta su contribución al desarrollo cultural y al progreso social.

Este respeto, protección, cuidado y fomento de la condición de artista y creador ha guiado tanto desde el sector cultural, como desde los distintos grupos parlamentarios, la reivindicación de reformas y mejoras en el marco normativo que en España se aplica a los profesionales del mundo de la cultura y las artes.

Sin embargo, a pesar de la reivindicación y el avance que se ha conseguido en algunas materias, restan todavía pendientes muchas cuestiones por resolver para garantizar a los artistas y creadores cuyo medio fundamental de vida es la actividad artística, un trato y una cobertura adecuada y suficiente, que les permita ejercer su actividad en condiciones y que reconozca su contribución al desarrollo y progreso social.

Además, cabe resolver una situación que recientemente ha saltado a la luz pública y que provoca un daño de enormes proporciones en el desarrollo intelectual y artístico de nuestra sociedad. Al parecer, la interpretación y aplicación de la normativa en materia de Seguridad Social, pensiones de jubilación e incompatibilidades, llevada a cabo en los últimos tiempos, está poniendo en riesgo la actividad de escritores y artistas mayores de 65 años.

Una actividad cuya aportación social puede ser altamente valiosa precisamente por formularse en una etapa de la vida en que se alcanza un elevado grado de madurez, de experiencia y de conocimiento, y que puede dejar de producirse si la administración penaliza su ejercicio, retirando la pensión que les corresponde de acuerdo con su contribución al sistema.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, con la mayor celeridad posible, un conjunto de modificaciones normativas con el objetivo de mejorar las condiciones de los profesionales del sector de la cultura y las artes, y ajustarse a las peculiaridades de las diversas actividades artísticas. Estas modificaciones normativas deben incluir entre otras:

- La disminución del tipo fijo de retención del IRPF en las relaciones laborales especiales de artistas del 15% al 7%.

- La promoción y articulación de un sistema de representatividad como trabajadores, mediante la constitución de delegados sindicales o unitarios, que permita la negociación colectiva.

- Una reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que establezca un sistema de cotización progresivo y flexible que posibilite la cotización en función de los ingresos reales e incluso, que considere los momentos de no ingresos permitiendo el mantenimiento de la situación de alta, que admita y ampare el trabajo autónomo a tiempo parcial, y que a su vez, articule una protección específica para el sector que tenga en cuenta las intermitencias en las afiliaciones, la corta vida laboral y los riesgos y enfermedades profesionales asociados a algunas profesiones artísticas (circo, danza,..), y la irregularidad y/o escasez de los ingresos.

- Una actualización de las normas que regulan la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos y del régimen de Seguridad Social aplicable a los mismos, a fin de facilitar la generación de carreras de cotización con la menor intermitencia posible y de adecuar dichas normas a las nuevas modalidades de prestación de servicios, tal y como establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, y de incluir el personal técnico y auxiliar que colabora en la producción de estos espectáculos.

- La utilización del sistema RED para las relaciones laborales especiales del sector artístico.


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E insta al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo con el sector, con las organizaciones y asociaciones más representativas en sus respectivos ámbitos de actuación, estatal y autonómico, con el objetivo de avanzar de forma adecuada, en la compatibilidad de la percepción de una pensión de jubilación con rendimientos del trabajo procedentes de actividades profesionales relacionadas con la cultura y el arte, para facilitar y fomentar la actividad de escritores y artistas mayores, y reconocer su contribución intelectual y cultural a la sociedad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).

161/000143

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GP-POD-EC-En Marea presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa al mantenimiento de los puestos de trabajo de la empresa Elcogas y el desarrollo de plan de empleo para la comarca de Puertollano.

Exposición de motivos

Puertollano y su comarca son el principal motor industrial de Castilla-La Macha. La crisis económica entre otros ha motivado que se esté sufriendo un grave deterioro y retroceso en la apuesta tecnológica e innovación. Situación que ha provocado una pérdida importante de empresas y puestos de trabajo.

Esta ciudad ha sido desde hace mucho tiempo referente energético y de gran aportación por la energía eléctrica procedente de la utilización de carbón autóctono. La Central de Elcogas ya está preparada medioambientalmente para quemar carbón de forma limpia, reduciendo al máximo las emisiones de CO2.

Elcogas, se encuentra en grave riesgo de desaparecer ya que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), autorizó el cierre solicitado por la empresa el 1 de junio de 2014. Aunque tras la movilización social y sindical, la empresa Elcogas solicitó una prórroga para poder presentar un plan de viabilidad el pasado 30 de octubre de 2015, en el que mostraron la posibilidad de hibridar la Central incorporando un 30% de biomasa como materia prima, la empresa solicitó un aplazamiento de la desconexión física de la planta con el fin de elaborar dicho plan, el MINETUR concedió un aplazamiento extraordinario y por única vez de tres meses (resolución de 30 de octubre de 2015, de la DGPEM), plazo que finalizó el pasado 31 de enero de 2016. El plan de viabilidad se presentó el 22 de diciembre de 2015.

La coyuntura política actual, con un Gobierno en funciones, precisa de voluntad política para resolver y dar solución a la petición de continuidad y evitar así el cierre. Los principales partidos políticos que concurrieron a las diferentes elecciones: municipales, regionales y estatales durante 2015, han manifestado su apoyo a empresas como Elcogas que son más que una empresa, un laboratorio de nuevas tecnologías un centro de cooperación y colaboración con los Centros Tecnológicos, Universidades y un referente mundial en la quema de carbón de forma limpia que además está en permanente estudio para incorporar y resolver problemas que tenemos en la sociedad como son: los residuos sólidos urbanos, la biomasa, los neumáticos y un largo etcétera.

Elcogas tiene un amplio apoyo social, demostrado en la calle por la ciudadanía, los sindicatos, las asociaciones y colectivos tecnológicos y culturales. Hay que hacer caso a la ciudadanía que con sus manifestaciones y sus votos refrendaron lo que los programas políticos contenías, y todos ellos contemplaban la casuística y problemática de Elcogas.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Tomar las medidas pertinentes para la protección de los puestos de trabajo de la empresa Elcogas.


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2. Impulsar un plan específico para garantizar el empleo estable y la viabilidad social y económica para Puertollano y su comarca."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2016.-Ana Marcello Santos, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000140

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GP-POD-EC-En Marea, a iniciativa de su Portavoz adjunta Alexandra Fernández Gómez y las Diputadas y Diputados Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elias Fernán Vello conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para ser debatida en Comisión, relativa a la pretensión de ampliar las instalaciones de la planta de gas de Reganosa.

Exposición de motivos

La estafa ciudadana que perpetran las empresas energéticas con la complicidad del Gobierno en funciones ronda a estas alturas la enorme cifra de 30.000 millones de euros. Esa deuda, ejemplo de deuda ilegítima, viene causada por la burbuja energética que los gobiernos del PP no cesan de nutrir con decisiones contrarias al interés general. El último escalón de esa mala práctica es la pretensión de ampliar las instalaciones y capacidades de regasificación de la planta de Reganosa, sita en el interior de la ría de Ferrol, que a modo de espada de Damocles, representa una amenaza a la seguridad de miles de personas. La construcción de un tercer tanque de carga que pueda almacenar 150.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL), de un segundo brazo surtidor de buques en el muelle de atraques y la dotación de otro vaporizador para duplicar la capacidad de regasificación son los elementos claves del proyecto.

Con esta pretensión, la Xunta de Galicia, socia de la planta -posee el 17,5% de las acciones- y firmante de un execrable convenio secreto datado en el tiempo de la presidencia de Manuel Fraga, sigue trabajando en favor de los intereses personales de un grupo empresarial.

Lo hace desconsiderando el interés general, la necesidad de cuidar la legalidad, la seguridad y los recursos públicos de la ciudadanía. Lo hace a pesar de saber que la planta de gas de Reganosa es una instalación ilegal (según sentencia del Tribunal Supremo de mayo del 2012), peligrosa -porque amenaza la vida de miles de personas- y onerosamente superflua, ya que nos cuesta cerca de 60 millones de euros anuales por déficit contable.

La demanda de gas para la generación eléctrica y para consumo convencional desciende de forma continuada desde el año 2008. La producción anual de la planta de gas de Reganosa va disminuyendo progresivamente desde su puesta en funcionamiento (según consta en el informe de Enagas del 2014). La ratio de utilización de la planta de Mugardos sigue disminuyendo cada año, siendo en el 2014 del 28.6%.

A pesar de la escasa producción de Reganosa, a pesar de que la demanda de consumo de gas no se prevé que suba si no que baje, los promotores de Reganosa pretenden duplicar la capacidad de regasificación de la planta, argumentando una necesidad ficticia de gas para justificar un aumento de la capacidad de producción. No hay más motivo que conseguir una mayor retribución fija, ya que el sistema gasístico del estado español, retribuye a las empresas del sector en función de la capacidad de producción otorgada, no de la producción real. De ahí la burbuja de un mercado energético de libre concurrencia.

Las empresas del sector energético, con la complicidad de los gobiernos autonómicos, vienen realizando la construcción de infraestructuras energéticas, lejos de cualquier tipo de planificación razonable, sumando una capacidad de generación eléctrica que duplica las necesidades del país y que deberán ser pagadas por la ciudadanía. Según estudiosos del tema, el volumen de beneficio del oligopolio de las cinco empresas energéticas en los últimos diez años, alcanzó los 40.000 millones de euros. La ampliación propuesta de una planta que ya nos ha costado alrededor de 500 millones de euros supondría incrementar ese coste anual, que se incrementaría al abonarse con dinero público la capacidad instalada,


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utilizada o no. Los pretextos aducidos como es el bunkering a barcos que navegan de cara las zonas ECA (zonas de control de emisiones) es una manipulación clara debido a las dudas que los armadores están manifestando para sustituir los combustibles tradicionales por el GNL, y en cualquier caso sí fuera exitosa en el futuro esta alternativa de propulsión supondría un mayor tráfico de gaseros cargados por la ría aumentando consecuentemente los riesgos para la ciudadanía.

Agasajar proyectos personales, ilegales, innecesarios y peligrosos es la política industrial de la Xunta, la mayor desmanteladora industrial en el tiempo de nuestro autogobierno autonómico. El colmo acontece cuándo uno de los socios del grupo Tojeiro es Gas Natural-Fenosa, esa corporación que mandó construir los gaseros en Asia, cuando las gradas de los astilleros públicos de la ría de Ferrol restan en cuadro.

El proyecto deja entrever la posibilidad en el futuro de la navegación por la ría de Ferrol de cualquier tamaño de buques gaseros, incluyendo, suponemos, los de tipo Q-max y Q-flex, ya que la peligrosidad que ahora ya supone la navegación de gaseros cargados, cualquier situación de riesgo en relación a la marea, se vería incrementada al navegar buques de mayor tamaño. La Xunta va por dinero público, a través del INEGA, para el diseño de una nave prototipo que sea capaz de suministrar gas a cualquier embarcación.

Se amplían de nuevos los riesgos a los que se expone la ciudadanía que habita la ría de Ferrol, que sufre el desprecio de la Xunta y la codicia del grupo empresarial propietario de la planta.

Por todo lo señalado, el Grupo Parlamentario GP-POD-EC-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a que deniegue los permisos oportunos para ampliar las capacidades de almacenamiento y regasificación de la planta de gas de Reganosa.

- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a realizar las acciones oportunas para desmantelar la planta de gas de Reganosa de su emplazamiento en el interior de la ría de Ferrol."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antonio Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/000144

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GP-POD-EC-En Marea, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Comisión, relativa a las prospecciones de hidrocarburos en el Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura, para su debate en el Pleno de la Cámara.

Exposición de motivos

En 2012, el Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto 547/2012 de 16 de marzo, autorizando a un consorcio de tres multinacionales petrolíferas liderado por REPSOL a iniciar actividades de prospección de hidrocarburos en aguas profundas, sobre una extensión oceánica de 616.000 hectáreas, y situada a 9,6 kilómetros de las costas de la isla de Fuerteventura y a 18,1 kilómetros de la isla de Lanzarote. El Real Decreto fue aprobado bajo la Secretaría de Estado del señor Fernando Martí Scharfhausen, un ex alto cargo de REPSOL que había desarrollado gran parte de su actividad profesional en esta petrolera en calidad de Director de Planificación.

La decisión del Gobierno de España fue adoptada contra el criterio de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y del Parlamento y Gobierno de Canarias, cuyo Ejecutivo ostenta la representación legítima y soberana de la sociedad canaria y de sus intereses más vitales. A partir de marzo de 2012 y hasta la fecha de hoy, el Partido Popular ha protagonizado uno de los episodios más flagrantes de la historia política y democrática de España, al utilizar su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados,


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en el Senado y en las instituciones ministeriales, para imponer por la fuerza al pueblo canario y, por tanto, al pueblo español, la ejecución de unas operaciones de alto riesgo ambiental en connivencia directa con multinacionales petroleras privadas y en claro detrimento del interés general.

Nunca en la historia de Canarias, de España y de Europa, se había registrado un rechazo social, político, científico y empresarial tan masivo y articulado contra unas perforaciones petrolíferas como las impuestas en Canarias por el Gobierno de España. Todas las iniciativas parlamentarias promovidas en la anterior Legislatura en las Cámaras Alta y Baja para suspender las operaciones de prospección, obtuvieron el apoyo mayoritario de Grupos Políticos de todas las Comunidades Autónomas de España, pero también el rechazo del PP, que sistemáticamente impuso su mayoría para desestimarlas en favor de la multinacional REPSOL.

Universidades y entidades científicas de los cinco continentes, las ONG medioambientales más destacadas del mundo, treinta y tres fuerzas políticas de 20 países representadas en el Parlamento Europeo, las ocho federaciones de operadores turísticos más importantes de Europa operando en Canarias (Finlandia, Reino Unido, Alemania, Estonia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Suiza), el 75,4% de la población canaria (encuesta realizada en noviembre de 2014 por las Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria), el 90% de las cofradías de pescadores de las islas Canarias, seis de los siete Cabildos Insulares, el Parlamento Autonómico y el Gobierno de Canarias, han mostrado de forma reiterada y argumentada su rechazo o máxima preocupación por las operaciones petrolíferas en Canarias.

Las perforaciones exploratorias, dada su proximidad a las costas y los inherentes riesgos de derrames en estas maniobras de alto riesgo, constituyen una amenaza de primer nivel para el suministro del 100% del agua potable que se produce y consume mediante plantas desatadoras para más de 300.000 personas en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

El espacio marino es considerado además como una de las áreas marinas de mayor biodiversidad del planeta, de gran importancia para las pesquerías artesanales, con presencia de numerosas especies de fauna protegidas por la Red Natura 2000, por la Directiva de Hábitats, por el Convenio de Berna, por diversas figuras de protección de Naciones Unidas (Reservas de la Biosfera, Zona Marítima Especialmente Sensible de la OMI), y constituye el área oceánica con mayor densidad de cetáceos de la Unión Europea, con 29 especies presentes. La zona ha sido objeto de múltiples intentos de protección por las especies de delfines y ballenas que alberga, destacando el procedimiento actualmente en curso que tramita la Unión Europea para la declaración de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

Sin embargo, este área fue literalmente cercenada en un 50% por el Gobierno de España en 2013 con la finalidad exclusiva de que las operaciones de REPSOL quedasen fuera del espacio a proteger, como finalmente ha sucedido. Simultáneamente, en octubre de 2015, el Partido Popular rechazó en el Senado la creación de un Santuario de Cetáceos en la zona promovido por la ONG internacional WWF, iniciativa respaldada por la práctica totalidad de las fuerzas políticas de España con el apoyo expreso del Parlamento y del Gobierno de Canarias.

Las operaciones de REPSOL en Canarias han sido defendidas por el Partido Popular al tiempo que rechazaba prospecciones petrolíferas de otras multinacionales petroleras en las Islas Baleares y en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Valencia. Paralelamente, el Gobierno español se opuso y frenó la posibilidad de que la sociedad canaria, ante la gravedad, inquietud y trascendencia social y económica que estas operaciones industriales representaban para las islas, se pronunciara en una consulta popular solicitada formalmente por el Parlamento Canario al Ejecutivo Español.

El 18 de noviembre de 2014, tras dos años y medio de intenso conflicto institucional, jurídico, social y político, la compañía REPSOL inicia la perforación del primer pozo (Sandía-1X) apoyado por una patrullera de la Armada Española, cuyos efectivos atacaron a activistas de Greenpeace que pacíficamente se manifestaban en la zona produciendo lesiones de gravedad a varias personas.

El 16 de enero de 2015, REPSOL anuncia la retirada de las operaciones argumentando que los resultados de la exploración no han sido positivos; la compañía incumple los términos de la Resolución del Ministerio de Industria al no respetar los plazos temporales y la perforación de un segundo pozo obligatorio, por lo que, a tenor de lo estipulado en la vigente Ley de Hidrocarburos, la concesión otorgada debería resultar invalidada a pesar de que el Gobierno de España no ha procedido a su cancelación y archivo tras más de un año del abandono de las operaciones.

La Comisión Europea, en un escrito remitido al Cabildo Insular de Lanzarote en enero de 2016, afirma que las autoridades españolas han notificado a la Unión Europea el abandono de las operaciones de REPSOL en Canarias, pero este hecho se contradice con la posición del Gobierno español al mantener la vigencia de las perforaciones hasta agosto de 2017.


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Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Revocar de forma urgente el Real Decreto 547/2012 de 16 de marzo, e instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a la suspensión inmediata de la Resolución de 11 de agosto de 2014 de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación "Canarias 1? a "Canarias 9?.

- Iniciar la tramitación para la declaración de un Área Marina Protegida (AMP) con nomenclatura de Santuario Internacional de Cetáceos, y comunicar a la Comisión Europea la modificación del área propuesta por España como LIC del Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura para que la zona a proteger abarque las coordenadas establecidas en la Propuesta de LIC marino de WWF para este área:

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Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2016.-María Victoria Rosell Aguilar, Alberto Rodríguez Rodríguez y María del Carmen Pita Cárdenes, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000134

A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de la denominación de origen protegida "Miel de Palma" de la Isla de La Gomera.


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Exposición de motivos

Desde tiempos anteriores a la Conquista de las Islas Canarias, los agricultores y ganaderos de la isla de La Gomera han tenido que salvar los obstáculos de la orografía para llevar a cabo su labor, siempre dura, por las condiciones extremas de dificultad y aislamiento en las que ésta se producía.

Pocas especies de plantas se ha convertido un cultivo agrícola tan estrechamente conectado con la vida humana como algunas palmeras de género Phoenix, entre ellas la "palma canaria", que se ha convertido en un emblema característico y distintivo del paisaje canario y ha formado parte de su propia identidad. Ésta crece repartida por distintos paisajes, unas veces formando densos palmerales, otras ofreciendo su estampa diseminada o en solitario. Es el caso de La Gomera, donde hay contabilizadas más de 110.000 palmas y donde su aprovechamiento deriva en una actividad singular: la de los guaraperos que le extraen la savia con una técnica artesanal para posteriormente hervir la misma durante horas y, así, obtener la "miel de palma", producto dulce y nutritivo, recogido en las crónicas desde el siglo XVIII, como muchos otros productos de utilidad extraídos de la palmera canaria y originarios, de manera exclusiva, de la isla de La Gomera.

Ya el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) de Canarias, intentó proteger el término "miel de palma" con una denominación de origen, fundamental para la protección de este producto. Sin embargo, la denominación citada, a pesar de tener varios siglos y amplia difusión entre la población, entró en colisión con la directiva 2001/110/CE relativa a la miel y con el Real Decreto 1049/2003 de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel. Tanto el Estado español como la Unión Europea indicaron que podría crear confusión en el consumidor el término "miel" cuando el producto no provenía de la abeja, y, por tanto, no podía permitirse el uso del término "miel de palma" para su comercialización.

La "miel de palma" es un producto tradicional cuyas técnicas de producción y elaboración se han trasmitido de generación en generación contribuyendo al enriquecimiento del patrimonio cultural de la isla de La Gomera. Sin embargo, esta cuestión quedó refutada por un informe emitido por la Academia Canaria de la Lengua de 22 de marzo de 2014, en el que se confirmaba que la primera edición del Diccionario de la Lengua Española de la Peal Academia Española, en 1796, ya recogía una segunda acepción del término "miel" (la miel vegetal), más allá de la de abeja.

El término "miel de palma" hace alusión al producto más representativo de la gastronomía tradicional gomera, teniendo, además, valores históricos, culturales y etnográficos, tratándose de un producto ecológico, de producción casi artesanal, en pequeñas empresas que se esfuerzan en innovar y crear empleo, siendo, asimismo, un atractivo turístico y sostenible.

Teniendo en cuenta que el Parlamento de Canarias aprobó el 18 de diciembre de 2013 una PNL presentada por Coalición Canaria y aprobada por unanimidad de los grupos que formaban la Cámara en la VIII Legislatura, y que ha vuelto a ser aprobada, recientemente, una Proposición no de Ley de todos los grupos allí representados para la defensa de esta denominación de origen protegida.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:

1. Defender y aceptar la excepcionalidad y el uso legal del concepto "Miel de Palma?, y la denominación de origen para este producto genuino de la isla de La Gomera, de nuestra alimentación, identidad culinaria, economía insular y, en definitiva, de forma sostenible de producción de alimentos.

2. Crear una Denominación de Origen Protegida e instar a la Unión Europea a que se exceptúe y permita en la Directiva 20011/110/CE relativa a la miel y, asimismo, permitir en el Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel, el uso y comercialización del término "Miel de Palma? en exclusividad a este producto agroalimentario proveniente de la Isla de La Gomera)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2016.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000138

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de GP-POD-EC-En Marea, a instancia de las Diputadas Alexandra Fernández Gómez, Ángela Rodríguez Martínez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero, Miguel Anxo Elías Fernán Vello y Yolanda Díaz Pérez, de la agrupación parlamentaria de En Marea, al amparo de lo


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dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que se revisen los criterios de reparto de cuotas para el sector pesquero de cerco gallego, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La pesca en Galiza es una importantísima fuente de empleo y también la actividad económica principal que sustenta muchas de las poblaciones costeras de Galiza. La aplicación de la política pesquera común en Galiza, concretamente las cuotas pesqueras, son una amenaza para miles de puestos de trabajo en el sector, como han puesto de manifiesto los sectores afectados.

El cerco vive bajo una constante presión y sometido a continuas reducciones de cuotas. A tal punto llega su situación que ahora mismo sólo les queda el recurso de la protesta. En los meses precedentes, el sector mayoritario del cerco en Galiza tuvo que llevar a cabo diversas acciones de protesta que culminaron con el amarre de la flota ante la dramática situación que está viviendo el sector. Hasta hace unas semanas hubo una acampada reivindicativa en frente del Gobierno gallego llevada adelante por la Asociación de Armadores do Cerco de Galiza (ACERGA). Esta situación provocó que más de un millar de familias de este país no pudiesen tener ningún tipo de ingresos. Mientras, en el último debate del Estado de la Nación, Feijóo valoraba como muy positiva su gestión al respecto de las cuotas.

En el contexto actual de crisis en el que ya nos encontramos en Galiza, con un nivel de desempleo alarmante y una tasa de pobreza y exclusión social que afecta ya al 20% de la población, no podemos permitir que la PPC aumente el desempleo, la pobreza y la exclusión social.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Agricultura a:

Que inicie las acciones políticas oportunas para reconocer y defender las justas demandas del sector del cerco gallego, reivindicando y defendiendo un nuevo modelo de reparto de los derechos de pesca que garantice la supervivencia de la actividad, del empleo y la mejora de los ingresos de este sector. Estableciendo un nuevo criterio de reparto donde primen los criterios socioeconómicos por encima de los discriminatorios históricos. Un nuevo criterio basado en:

1. Establecer la cuota en base al número de tripulantes de cada barco, ya que el reparto de la cuota por históricos amenaza a las 1.200 familias que dependen de estos barcos, además de los millares de trabajos indirectos y que además ponen en riesgo el futuro de las comarcas costeras gallegas.

2. Reparto de cuotas respetando el artículo 17 de la Política Pesquera Común, en el que se establece que se tengan en cuenta criterios socioeconómicos y de objetividad a la hora del reparto de cuotas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-Ángela Rodríguez Martínez, Antonio Gómez-Reino Varela y Yolanda Díaz Pérez, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/000142

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GP-POD-EC-En Marea, a iniciativa de los Diputados de En Marea Ángela Rodríguez Martínez, Yolanda Díaz Pérez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elias Fernán a través del de su Portavoz Alexandra Fernández Gómez, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Propuesta no de Ley, para su debate en Comisión.

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno en funciones del Partido Popular, con fecha 20 de enero de 2016, ha dictado resolución otorgando a ENCE Energía y Celulosa prórroga por 60 años de la concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre con destino a fábrica de pasta de celulosa kraft, otorgada por OM de 13 de junio de 1958, a la Empresa Nacional de Celulosa, S.A. (INI), en los terrenos ganados al mar de las Marismas de Lourizán, Pontevedra.

Para consolidar ENCE Energía y Celulosa (que no es titular de la concesión) en la ría de Pontevedra hasta el año 2073, se ha modificado la Ley 22/1988 de Costas, que contemplaba para este tipo de concesiones el establecimiento de plazo en 2018 y se ha aprobado la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de


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"protección y uso sostenible del litoral". Ésta ha sido una prórroga firmada en Madrid y basada en la arbitrariedad, sin escuchar la opinión ni de la ciudadanía gallega ni de los habitantes de Pontevedra, Marín y Poio, que llevan más de cincuenta y cinco años sufriendo los efectos nocivos de la pastera y de su planta de biomasa, ilegal, como ha quedado patente en la sentencia por delito ecológico que condenó a ENCE y ELNOSA por contaminación atmosférica e hídrica.

Esto se produce tras la negligente resolución de la sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de mayo de 2011, ratificada por otra del Tribunal Supremo del 11 de julio de 2014, que condenó al Estado a incoar expediente de caducidad de la concesión y a adoptar todas las medidas legales para la paralización de las actividades y suspender el uso y explotación de las instalaciones. Lo que permitiría rescatar la concesión y regenerar la Ría, recuperar los recursos naturales, y el medio ambiente para el uso y disfrute de los ciudadanos libre y tranquilo.

Sin embargo, el Partido Popular instalado también en la Xunta de Galicia concede la Autorización Ambiental Integrada a ENCE, y emite informe favorable a este proceso, como si no fuese poco la modificación de la Ley de Costas durante esta legislatura que, convierten la caducidad de la concesión en una especie de amnistía, para lograr la permanencia de ENCE Energía y Celulosa, S.A., en la Ría de Pontevedra, donde proyecta además instalar la ampliación de la planta de biomasa de 40 MW, que le denegaron en el archipiélago canario, por constituir una altísima contaminación medioambiental, y por causar daños irreversibles en la salud de las personas, como afecciones respiratorias, malformaciones y cáncer.

En su momento habrá que valorar si todos estos despropósitos medioambientales y administrativos pueden ser constitutivos de delitos contemplados en el Código Penal.

Propuestas

"- Derogar la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con efecto retroactivo en lo referente al artículo 2 de la Ley y, 172 del Reglamento General de Costas.

- Anular la prórroga de la concesión otorgada a ENCE Energía y Celulosa, por estar otorgada con vicio de nulidad radical y ser nula de pleno derecho.

- Garantizar que, ejecuciones de sentencia como la anterior de 19 de mayo de 2011, cuyo efecto sea el de sacrificar, de forma desproporcionada, el pronunciamiento contenido en el fallo de una resolución jurídica firme, no tienen cabida en nuestra Constitución."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2016.-Ángela Rodríguez Martínez, Yolanda Díaz Pérez, David Bruzos Higuero y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000127

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Marta Martín Llaguno, Portavoz Sustituta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación de la publicidad y el funcionamiento de las clínicas dentales en España, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El pasado 29 de enero la Policía detenía al responsable de las clínicas Funnydent acusado de un delito de estafa. El pasado 16 de febrero se detenía al responsable de las clínicas Vitaldent acusado de blanqueo de dinero y fraude. El 30 de diciembre de 2014 se detenía a dos miembros del consejo de administración de un grupo de clínicas dentales en Barcelona por falsificación y delitos fiscales. El Colegio de Odontólogos de Madrid informó en diciembre que durante el año 2015 se habían registrado quince denuncias por intrusismo y ciento noventa y una reclamaciones de pacientes. El Colegio de Odontólogos de la VIII región, relativo a las provincias de Castilla y León, señala que más del 80% de las reclamaciones de los últimos tres años proceden de franquicias, lo que supone un porcentaje muy superior al de su cuota de mercado en la misma.


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Las quejas por la calidad asistencial que prestan estas clínicas franquiciadas y el intrusismo profesional no son los únicos problemas detectados. El Colegio de Odontólogos de Madrid señala que durante el año 2015 se abrieron treinta y tres expedientes por publicidad engañosa en estas clínicas. Una práctica que dista de ser residual. La publicidad de dichas franquicias dista mucho de ajustarse a lo estipulado en nuestras leyes. Un informe, publicado en el año 2014 por el Consejo General de Odontólogos, y remitido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, contenía más de cincuenta ejemplos sobre transgresiones legales en la publicidad de este tipo de clínicas. Existen casos acreditados de un año de demora en abrir inspecciones a centros de estas características. Está también acreditado que es frecuente la sobreindicación de tratamientos, como los implantes, a pacientes con escasos recursos económicos que en muchas ocasiones se ven obligados a firmar contratos de financiación de tratamientos muy costosos antes de que estos sean realizados. Unas prácticas que dejan en situación de grave indefensión a los usuarios de estos servicios y comprometen la reputación asistencial del resto de profesionales.

Los países de nuestro entorno regulan con mucho mayor rigor tanto el funcionamiento de estas clínicas como su publicidad estando, por ejemplo, prohibida la misma en países como Bélgica, Francia, Islandia Grecia o Portugal.

Por todo ello y a fin de evitar en lo posible la aparición de nuevos casos que perjudiquen a nuestros ciudadanos solicitamos al Gobierno atienda a lo expuesto en la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Proceder a prohibir por ley, instando a llevar a cabo las modificaciones legales pertinentes en la normativa sanitaria, la publicidad en medios no especializados de las clínicas dentales.

2. Prohibir cualquier publicidad de instituciones sanitarias en cualquier medio, que incluya ofertas económicas, rebajas, premios, o cualquier otro tipo de atractivo económico.

3. Prohibir así mismo la obligatoriedad de firmar acuerdos de financiación para tratamientos no realizados, así como el pago por anticipado de los mismos.

4. Obligar a que sean transparentes y accesibles al público el nombre y número de colegiado de los especialistas en odontología que están al frente de dichas clínicas.

5. Dictar instrucciones a la inspección de trabajo para que revise la existencia de "falsos autónomos? al servicio de dichas clínicas.

6. Establecer un portal de transparencia en el que figuren obligatoriamente el tipo, número y porcentaje de tratamientos realizados en las clínicas dentales.

7. Obligatoriedad por parte de los colegios de Odontólogos de llevar un registro de reclamaciones realizadas en cada uno de ellos y que éste sea accesible al público general."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2016.-Marta Martín Llaguno, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

161/000129

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la paralización de la implantación del Real Decreto sobre la prescripción enfermera, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

En el Boletín Oficial del Estado de fecha 23 de diciembre de 2015 se publicó el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte del personal de enfermería y cuya entrada en vigor tiene efectos desde 24 de diciembre de 2015. Lo que implica que la actuación del personal de enfermería tiene que ceñirse obligatoriamente a lo dispuesto en el mismo. El Real Decreto


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fue modificado unilateralmente por el Ministerio de Sanidad en contra de lo que estaba consensuado con la Mesa de la Profesión Enfermería y en contra de todos los Consejeros de Sanidad que habían dado su aprobación (en concreto un total de 12 CCAA) y el rechazo en bloque de todos los partidos de la oposición (PSOE, C's, PODEMOS,IU y UPyD).

Los términos del Real Decreto son de obligado cumplimiento, lo que supone que la práctica asistencial diaria del personal de enfermería conlleva a que el artículo 3 del citado Real Decreto establece que el personal de enfermería solo podrá usar o indicar un medicamento sujeto a prescripción médica si, con carácter previo, el médico ha reseñado en la historia clínica el diagnostico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir de manera diferenciada para cada paciente.

La entrada en vigor del Real Decreto, establece importantes condiciones que deben ser siempre tenidas en cuenta por los profesionales de enfermería, quienes no pueden usar ni indicar un fármaco sujeto a prescripción médica si el médico no ha determinado previamente el diagnóstico y ha realizado la correspondiente prescripción para cada paciente. Es decir, en estas circunstancias, el personal de enfermería debe llamar al médico y esperar a que éste refleje todo ello en la historia clínica o en otros documentos sanitarios que tengan validez legal. Además a fecha de hoy no se cuenta con protocolos o guías de práctica clínica y asistencial aprobados a nivel nacional y publicados en el Boletín Oficial del Estado.

La vigencia de este Real Decreto afecta directamente a situaciones asistenciales (realizadas con medicamentos sujetos a prescripción médica, que deben contar con una prescripción específica del médico para cada paciente), tales como: la administración de vacunas o protocolo de vacunación, la atención de las matronas en los partos de forma autónoma, el uso de cremas para curar heridas, quemaduras o úlceras por presión, la regulación de medicación a los pacientes crónicos en las consultas (pacientes diabéticos o anticoagulados), el uso de todo tipo de heparinas para el mantenimiento de vías periféricas o centrales. Por citar solo unos ejemplos.

Este Real Decreto supone un grave perjuicio para todos los ciudadanos, los pacientes y el sistema sanitario en su conjunto. Generando además una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica para el personal de enfermería.

Por todo ello, por la situación actual que el Real Decreto 954/2015 ha generado en el Sistema Sanitario Español, solicitamos que el mismo se deje sin efecto y que se inicien las nuevas negociaciones en las que se integren todos los actores del Sistema Sanitario Español para recuperar el dialogo roto y alcanzar un nuevo texto que cuente con el apoyo y consenso de todos los interlocutores, incluyendo en la negociación a las Asociaciones de Pacientes, ya que no debemos nunca olvidar que los pacientes, los ciudadanos deben ser el eje principal sobre el que pivoten todas las políticas sanitarias que se lleven a cabo.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Paralizar o derogar el Real Decreto 954/2015 por las graves consecuencias que puede tener la aplicación del mismo sobre la atención a la salud de los ciudadanos.

2. Retomar las negociaciones con los representantes de la profesión médica y de enfermería, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ampliando la interlocución a todos los actores del Sistema Sanitario Español (Sociedades Científicas, Facultades de Medicina y Enfermería, Sindicatos, Organizaciones Colegiales, representantes de alumnos, Comisiones de Especialidades, representantes de las Fuerzas Armadas y Sanidad Militar, etc) y asociaciones de pacientes con el objetivo de armonizar y garantizar la seguridad jurídica del trabajo diario del personal sanitario no facultativo.

3. Convocar una sesión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el fin de restablecer el consenso roto sobre este asunto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

4. Convocatoria de un Consejo Interterritorial extraordinario y urgente con el fin de restablecer el consenso roto con la modificación unilateral del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del vigente Real Decreto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2016.-Marta Martín Llaguno, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.


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161/000130

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para derogar el Real Decreto 954/2015 y aprobar una Ley que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de las y los profesionales de enfermería basada en los principios de atención sanitaria integral, cooperación multidisciplinar orientada a la integración de los procesos y continuidad asistencial y que cuente con el consenso profesional e institucional y de las Comunidades Autónomas, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La aprobación del Real Decreto 954/2015, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los/as enfermeras supone, por un lado, una invasión competencial, pues la actuación del Gobierno para la fijación de los criterios generales, requisitos específicos y procedimientos de acreditación, debe llevarse a cabo al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16 de la Constitución que atribuye al Estado, competencias exclusivas en materia de bases y coordinación general de sanidad. (Disposición final primera del Real Decreto 954/2015). Pero no se puede obviar que el artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior.

Consecuentemente, la actuación del Gobierno no puede impedir que la comunidad autónoma tenga un margen de actuación en sus funciones normativas.

La acreditación, tal y como se diseña en el artículo 8 del Real Decreto 954/2015, es un acto administrativo de carácter singular que agota el procedimiento y que impide cualquier actuación a la Administración que tiene atribuidas las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado, atentando contra las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Y si a esto unimos que los procedimientos de acreditación se inician a solicitud de los interesados/as (art. 10 del Real Decreto 954/2015), la gestión de los recursos humanos en las organizaciones de servicios sanitarios y en la calidad de los servicios ofrecidos puede resultar especialmente perjudicada, entendiéndose además como una invasión en las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la CAPV en materia de sanidad interior.

Por otro lado, la entrada en vigor del Real Decreto 954/2015 está teniendo consecuencias directas en la asistencia sanitaria y en la actividad normal de los centros sanitarios ya que impide el ejercicio de los enfermeros/as en lo que respecta al uso de medicamentos y productos sanitarios, trasladando al profesional prescriptor la responsabilidad de toda la gestión de los pacientes, incluyendo el seguimiento de los mismos, con la consiguiente pérdida de agilidad asistencial, así como fracturando la colaboración tan necesaria entre médicos y enfermeras/os que venía realizándose en el ámbito de los equipos disciplinales, siendo el gran perjudicado el paciente. Hay que destacar que con la aprobación de este Real Decreto el profesional enfermero/ra no puede, usar, indicar o autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica si antes no hay prescripción de un médico ya que hacerlo podría entenderse como intrusismo profesional, tipificado como delito.

Es necesario revertir la situación derogando el Real Decreto 954/2015, e iniciar un nuevo proceso en el que se tenga en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas, cuente con el consenso profesional, e institucional. Y ponga en valor las competencias de los profesionales médicos y de enfermería principalmente. Una ley para mejorar la sanidad, la prestación de servicio la buena organización y no una ley que apueste por formulaciones corporativas.

Por todo lo anterior se presenta se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre e inicie, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, y mediante el diálogo y consenso con los profesionales e instituciones los trabajos necesarios para redactar


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una Ley que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de los profesionales de enfermería."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2106.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

161/000131

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en relación con la mejora de la protección de los consumidores y usuarios ante situaciones como la de Vitaldent, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

A través de la Operación Topolino, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) ha efectuado quince registros en las principales sedes de la empresa Vitaldent en Madrid, en sus bufetes de abogados y domicilios particulares. Se han detenido el dueño y directivos de Vitaldent, un total de trece personas, a quienes se les acusa de formar parte de un grupo organizado, dentro de la estructura empresarial de Vitaldent, diseñado para eludir el pago de impuestos y el blanqueo de dinero.

Esta operación obedece a la investigación tras las denuncias de quienes manifiestan haber sido obligados a cobrar en metálico a sus pacientes y a pagar mensualmente cerca de un 10% de su facturación en negro a Colman, quien podría participar en una operación de blanqueo de dinero en Suiza y Luxemburgo.

A falta de que se culmine la investigación, se calcula un fraude de 10 millones de euros.

Vitaldent es una franquicia que fue creada hace 25 años en España, factura unos 500 millones de euros anuales, 7.500 empleados y 450 franquicias en España, Portugal, Polonia e Italia.

El número de usuarios de Vitaldent, son estimados por la misma empresa en más de siete millones, quienes contrataban sus servicios utilizando el pago sin financiación o través de una financiera que adelanta el pago del servicio.

En estos momentos hay una enorme incertidumbre tanto en los titulares de las franquicias, empleados y clientes. Consideramos necesario que la investigación y la actuación judicial por las presuntas irregularidades no afecten a la actividad habitual de esta franquicia, por el enorme perjuicio que se le pudiese ocasionar a sus usuarios como a los profesionales que trabajan en la empresa.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que:

1. Las clínicas franquiciadas de Vitaldent continúen con su funcionamiento habitual, garantizándose los derechos de los profesionales y la atención a los usuarios que tuvieran servicios contratados.

2. Con la participación de las asociaciones de consumidores de ámbito nacional, se refuercen o implanten sistemas de prevención y garantía que eviten o reduzcan los perjuicios a los consumidores ante estas situaciones.

3. Se establezcan protocolos de actuación, en los que participen las asociaciones de consumidores, para canalizar tanto la información como las posibles reclamaciones que afecten a los consumidores y usuarios en todo el ámbito nacional.

4. De común acuerdo con las comunidades autónomas, se establezcan medidas eficaces para el control de la publicidad y propaganda comercial sanitaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2016.-Antonio Hurtado Zurera y Pilar Auxiliadora Serrano Boigas, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Cultura

161/000136

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GP-POD-EC-En Marea a instancias de la Portavoz adjunta Alexandra Fernández Martínez y las Diputadas y Diputados David Bruzos Higuero, Ángela Rodríguez Martínez, Yolanda Díaz Pérez, Antón Gómez-Reino Varela y Miguel Anxo Elias Fernán Vello, y al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión relativa a la solicitud de declaración, por parte de la UNESCO, de A Vía Nova e o seu legado no Val do Limia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Exposición de motivos

La Vía Nova es una obra de infraestructura romana construida a finales del siglo I DC, en tiempos de la dinastía Flavia. Se conoce también como Vía XVIII del itinerario romano de Antonino, conectando las ciudades de Bracara Augusta (Braga) y Asturica Augusta (Astorga). Fue una obra imperial con un trazado espectacular, concebida para darle salida a las mercadurías y minerales de un territorio explotado por Roma.

A lo largo de su trazado presenta unas peculiaridades y unas características constructivas perfectamente visibles en el Val do Limia:

- Un magistral trazado a media ladera en las zonas de montaña para evitar las crecidas de los ríos.

- El trazado sobre una loma de 2 metros de alto en A Limia para evitar las inundaciones producidas por la disecada Lagoa de Antela.

- El gusto por la horizontalidad, con pendientes inferiores al 5-6%.

- Una anchura suficiente para permitir el tránsito de carruajes en ambos sentidas (7-10 metros).

- Zanjas y estructuras de drenaje para evacuación de aguas pluviales.

- La construcción de puentes de envergadura para los grandes ríos y de madera para los riachuelos.

Además, a lo largo de su recorrido, se intercalaron puestos de fiscalización (portagem) para facilitar la recaudación imperial y se dispusieron múltiples servicios: mansios (posadas distanciadas en jornadas de viaje), mutatios (pequeños establecimientos con taberna para relevo de los animales de tiro), centros de culto (altares dedicados a los Lares Viales) y una adecuada señalización (los miliarios). En este aspecto, la Vía Nova, es una de las vías romanas donde más miliarios se conservan; se situaban al pie de cada milla, a modo de punto kilométrico, señalando la distancia hasta el destino y, a veces, inscritas con epigrafías de extensas dedicatorias al emperador. La piedra era extraída de las canteras locales, introduciendo cuñas de madeira e hinchándolas con agua, para después romper con mazas los bloques a los que los canteros daban forma.

A lo largo de la Edad Media, sobre todo después de la introducción del culto a Santiago, esta vía romana, se convirtió en el Val do Limia, en un camino jacobeo con un importante tránsito de peregrinos. Ayudado por el centro de culto y peregrinación que se desarrolló Santa Comba de Bande, en cuya iglesia visigótica estaban los restos de San Trocado. Según informa el Código Calixtino, uno de los siete varones apostólicos encargados del traslado del cuerpo de Santiago a Compostela, cuyo sarcófago de mármol blanco se encuentra en el interior del templo visigótico. Por este importante camino Jacobeo, peregrino la reina Isabel II de Portugal en el siglo XIII, de ahí que en algunos documentos aparezca con el nombre de Camiño da Rainha Santa. En el estuvieron presentes Los Templarios y los Hospitalarios de Jerusalén, como se recoge en el Tombo del Monasterio de Celanova y en otros documentos portugueses, donde aparece identificado en los "Caminhos Portugueses de Peregrinacáo a Santiago de Compostela".

En la Actualidad la Vía Nova a su paso por el Val do Limia, conserva multitud de muestras de su infraestructura y de todo su legado histórico. Representa un espléndido recorrido por el Val do Limia, donde se pueden observar tamos de su plataforma, restos de los muros de contención de la misma, sus miliarios, sus mansiones y su evolución histórica en la Modernidad. Además, forma parte de la red de caminos naturales del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de Gobierno de España, por lo que representa un añadido más a su puesta en valor, conservación y transmisión en mejor estado a las generaciones futuras. Este camino sirve de nexo de unión de una gran cantidad de patrimonio cultural.


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El itinerario presenta un gran valor añadido, como es su riqueza paisajística y su biodiversidad, representada por el Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, la Reserva de la Biosfera Gerés-Xurés y las zonas de humedales y de especial protección de aves de A Limia. En general, a lo largo de este magnífico recorrido se conserva un frondoso bosque de ribera, que va ganando terreno a las fincas agrícolas y prados, debido al despoblamiento del rural y al descenso de las actividades agropecuarias tradicionales. En este precioso bosque tienen cabida robles, melojos, fresnos, alisos, sauces, abedules, castaños, acebos y una amplia gama de arbustos, líquenes y plantas rastreras. También cuenta con la presencia estelar de una reliquia del terciario, el "Prunus lusitanica", ayudado por las temperaturas suaves Val do Limia.

Lo más representativo de este trazado de la Vía Nova a nivel natural son las "carballeiras" o robledales, vertebradas por caminos tradicionales y calzadas enlosadas, antaño llenas de carros de bueyes cargados de leña para calentar las casas. Grandes y majestuosos robles pueblan estos bosques, los más espectaculares confinados a lugares sagrados y espacios comunales, como algunos especímenes de porte ejemplar que se pueden contemplar a lo largo del trayecto: el "carballón de Quintela", el "carballo de la capilla de Ponte Liñares", los magníficos ejemplares que acompañan la Vía Nova en Congostro o "A Carballa da Rocha", en A Saínza, declarada Monumento Natural.

Dentro de la riqueza natural del itinerario de la Vía Nova, es destacable la gran abundancia y pureza de fuentes que se ubican a lo largo de su recorrido. Fuentes que nos recuerdan la gran carga simbólica que tuvieron a lo largo de la historia, siendo veneradas por los galaicos y las generaciones posteriores de la Edad Media, cuando fueron cristianizadas con cruces.

Aparte de los restos que se conservan de la obra romana, lo más importante de la Vía Nova en el Val do Limia es, sin duda, su legado arqueológico e histórico. Legado que muestra cómo fue evolucionando el territorio y que posee lugares únicos para integrar en el conjunto monumental de la Vía Nova:

- Sus mansiones viarias y excavadas: "aquis originis" y" aquis querquernis", intercaladas en la Vía Nova para descanso y hospedaje de los transeúntes y caballerías.

- El campamento romano de "Aquis Querquennis", grandiosa obra militar romana, donde asentó la "Cohors III de la Legio VII Gemina", ala militar encargada del diseño, construcción y control de la calzada romana.

- Las aguas minero-medicinales de "Aquas Calidas", aprovechadas con fines terapéuticos desde época romana.

- La iglesia visigótica de Santa Comba de Bande, construida en el siglo VII, declarada monumento Nacional en 1922 y considerada la joya del arte visigótico peninsular.

- Los Cruceiros que se sitúan a lo largo de la vía, dando muestras de la pervivencia de los cultos ancestrales galaicos, representados en los lares viales romanos para proteger a los peregrinos y sustituidos por cruceiros. Destacando el cruceiro de As Cruces en Vilameá de Río Caldo, como uno de los más rústicos y antiguos de Galicia.

- Los petos de ánimas que se sitúan a lo largo del camino, mostrando igualmente, la pervivencia de cultos ancestrales galaicos, en este caso a los dioses manes, que intercedían por la protección de las almas.

- Los puentes asociados a esta obra bimilenaria y los remodelados por la evolución histórica de su trazado: Ponte Pedriña, Puente del Río Salas, Ponte das Cabras, Poldrado y Ponte Cabanas.

- Los múltiples conjuntos de miliarios que se conservan a lo largo del trazado: A Ponte Nova, O Padrón, Vilariño das Poldras, Chan dos Pasteroques.

- El conjunto etnográfico de Congostro, donde se aglutinan todo tipo de muestras de la cultura popular.

La conservación y promoción de la Vía Nova y su legado histórico es un hito importante para el Val do Limia, ya que su declaración como Patrimonio de la Humanidad, puede impulsar la recuperación de una comarca con un cabalgante despoblamiento y abandono rural, haciendo crecer el turismo y provocando una reactivación económica y demográfica de la zona. Así mismo, con esta declaración se protegería un patrimonio de incalculable valor, frenando su degradación, recuperándolo y transmitiéndolo a las generaciones futuras en mejor estado del que nosotros lo heredamos. En definitiva, es de lo que se trata, que nuestros descendientes se muestren orgullosos del legado que les dejamos.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, como muestra de reconocimiento a esta tradición singular, como expresión del deseo de su preservación y entendiendo que se cumplen las condiciones establecidas por la UNESCO en su Convención de 2003 para las actividades que puedan declararse Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, presenta , la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión, con el ánimo de que todas las instituciones y entidades implicadas colaboren en el proceso a iniciar con el expediente administrativo

"El Congreso de las Diputadas y Diputados insta al Gobierno a:

1. Acordar con el Gobierno gallego -en base a los principios de colaboración y de concurrencia normativa- el procedimiento a seguir para la incoación del expediente a tramitar que permita otorgar la declaración de Bien Cultural Inmaterial a "A Vía Nova e o seu legado no Val do Limia? tanto con la normativa estatal como con la gallega.

2. Promover, gestionar y defender, en colaboración con el Gobierno gallego y otras instituciones interesadas así como entidades y clubs, la presentación de un dossier de candidatura ante la UNESCO con el objetivo de lograr la Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad para A Vía Nova e o seu legado no Val do Limia.

3. De acuerdo con el artículo 11 de la Convención 2003 de la UNESCO para la Salvaguarda y Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptar las medidas necesarias, en colaboración con otras instituciones, para difundir su origen histórico, preservar la tradición, poner de manifiesto sus valores e impulsar A Vía Nova en su trazado por la provincia de Ourense."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antonio Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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