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DS. Senado, Pleno, núm. 62, de 24/04/2013
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 31

celebrada el miércoles, 24 de abril de 2013

ORDEN DEL DÍA

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos como consecuencia de enfrentamientos armados en diversos países del África central.

(Núm. exp. 662/000078)

Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en el ámbito universitario.

(Núm. exp. 662/000079)

Autor: GPP

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la modificación del objetivo de déficit público de Cataluña para 2013 y a la adopción de diversas medidas en materia de inversiones y financiación autonómicas.

(Núm. exp. 671/000066)

Autora: ESTER CAPELLA I FARRÉ (GPMX)

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

7.1.1. Proposición de Ley Orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España.

(Núm. exp. 622/000005)

Autor: GPEPC




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7.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.2.1. Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

(Núm. exp. 621/000026)

8. TRIBUNAL DE CUENTAS

8.1. DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

8.1.1. Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2010, así como la Resolución adoptada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

(Núm. exp. 770/000002)

Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS

9. COMISIONES ESPECIALES

9.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

9.1.1. Comisión Especial de Estudio para la observancia y mejora de la calidad democrática.

(Núm. exp. 650/000005)

Autores: JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ (GPS) Y VEINTICUATRO SENADORES MÁS




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos como consecuencia de enfrentamientos armados en diversos países del África central.

(Núm. exp. 662/000078)

Autor: GPP

5075

El señor Peral Guerra defiende la moción e informa de la presentación de una propuesta de modificación.

El señor Losada de Azpiazu anuncia que, por ese motivo, no realizará la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Losada de Azpiazu, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Peral Guerra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por los siguientes votos: a favor, 220; abstenciones, 6.

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en el ámbito universitario.

(Núm. exp. 662/000079)

Autor: GPP

5087

La señora Sampedro Redondo defiende la moción.

El señor Álvarez Areces defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Sampedro Redondo expone la posición de su grupo respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; los señores Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Álvarez Areces, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Sampedro Redondo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción por los siguientes votos: a favor, 145; en contra, 100.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la modificación del objetivo de déficit público de Cataluña para 2013 y a la adopción de diversas medidas en materia de inversiones y financiación autonómicas.

(Núm. exp. 671/000066)

Autora: ESTER CAPELLA I FARRÉ (GPMX)

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La señora Capella i Farré defiende la moción.

El señor Montilla Aguilera defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.




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El señor Lerma Blasco defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Bel Accensi defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Capella i Farré expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 15; en contra, 150; abstenciones, 75.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

7.1.1. Proposición de Ley Orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España.

(Núm. exp. 622/000005)

Autor: GPEPC

5120

El señor Martí Jufresa defiende la toma en consideración de la proposición de ley.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Agramunt Font de Mora.

En turno de portavoces intervienen las señoras Capella i Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); así como los señores Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Antich Oliver, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Agramunt Font de Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la toma en consideración por los siguientes votos: a favor, 91; en contra, 147; abstenciones, 4.

7.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.2.1. Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

(Núm. exp. 621/000026)

5134

La señora Ruiz Ruiz, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto al proyecto de ley.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 4, presentada por los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sabaté Borràs defiende la propuesta de veto número 5, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, así como la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Capella i Farré defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por dicha senadora.




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El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Fidalgo Areda defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sanz Cabello.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 65; en contra, 153; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, de la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, así como la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 65; en contra, 153; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por la señora Capella i Farré, por los siguientes votos: a favor, 65; en contra, 154; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 65; en contra, 153; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 65; en contra, 154; abstenciones, 6.

Comienza el debate del articulado.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas números 26 a 42, 44 y 45, de este senador y el señor Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números 1 a 25, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas números 46 a 55, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas números 83 a 100 y 101 a 123, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Maluquer Ferrer defiende las enmiendas números 124 a 164 y 166 a 168, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Espadas Cejas defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 56 a 82 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 169 a 185, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y por la enmienda transaccional formulada sobre la base de la enmienda número 165, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.




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En turno en contra hace uso de la palabra el señor López Veiga.

En turno de portavoces intervienen los señores Unamunzaga Osoro, Quintero Castañeda e Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Espadas Cejas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar.

Se rechaza la enmienda número 26, de los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 7; en contra, 154; abstenciones, 68.

Se rechaza la enmienda número 27, de los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 73; en contra, 153; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 28, de los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 20; en contra, 207; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 29, de los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 7; en contra, 219; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 30, 32, 39 y 40, de los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 22; en contra, 139; abstenciones, 67.

Se rechazan las enmiendas números 31 y 34, de los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 22; en contra, 205; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 33, 37 y 44, de los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 86; en contra, 141; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 35, de los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 2; en contra, 225; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 36, de los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 7; en contra, 154; abstenciones, 68.

Se rechaza la enmienda número 38, de los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 7; en contra, 220; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 41, de los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 20; en contra, 207; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 42, de los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 7; en contra, 141; abstenciones, 82.

Se rechaza la enmienda número 45, de los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 7; en contra, 154; abstenciones, 69.

Se rechazan las enmiendas números 1, 3 y 25, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 3; en contra, 158; abstenciones, 69.

Se rechazan las enmiendas números 2, 4 a 9, 12 y 14 a 16, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 66; en contra, 159; abstenciones, 5.




Página 5071


Se rechaza la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 86; en contra, 141; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 66; en contra, 159; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 13 y 22, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 3; en contra, 222; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 16; en contra, 146; abstenciones, 68.

Se rechazan las enmiendas números 18, 20 y 21, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 86; en contra, 141; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 19, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 21; en contra, 142; abstenciones, 67.

Se rechaza la enmienda número 23, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 8; en contra, 141; abstenciones, 80.

Se rechaza la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 3; en contra, 217; abstenciones, 10.

Se rechazan las enmiendas números 46, 49 y 52 a 55, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 86; en contra, 141; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 47, 50 y 51, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 7; en contra, 207; abstenciones, 16.

Se rechaza la enmienda número 48, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 19; en contra, 142; abstenciones, 69.

Se rechazan las enmiendas números 83, 89 y 91, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 154; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 84, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 81; en contra, 146; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 85, 88, 90, 92 a 98 y 100, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra, 158; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 99, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 80; en contra, 141; abstenciones, 9.

Se rechazan las enmiendas números 101, 103, 107 y 123, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 3; en contra, 160; abstenciones, 67.

Se rechazan las enmiendas números 102, 104 a 106 y 108 a 110, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 66; en contra, 158; abstenciones, 5.




Página 5072


Se rechazan las enmiendas números 111, 116, 118 y 119, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 84; en contra, 141; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 112 y 113, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 66; en contra, 159; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 114 y 120, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 3; en contra, 222; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 115, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 16; en contra, 146; abstenciones, 68.

Se rechaza la enmienda número 117, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 21; en contra, 138; abstenciones, 67.

Se rechaza la enmienda número 121, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 8; en contra, 141; abstenciones, 81.

Se rechaza la enmienda número 122, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 8; en contra, 216; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 124, 125, 127, 129, 130, 132, 138 a 141, 144 a 149, 151, 152, 154 a 156, 158 a 163 y 166, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 20; en contra, 206; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 126, 128, 133 a 137, 142, 143, 157 y 167, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 20; en contra, 142; abstenciones, 68.

Se rechazan las enmiendas números 150 y 153, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 84; en contra, 141; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 164 y 168, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 28; en contra, 197; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 56, 58 a 62, 64 a 66, 70 a 72 y 74 a 78, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 66; en contra, 159; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 57, 63, 67 a 69 y 73, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 153; abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 79, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 56; en contra, 165; abstenciones, 9.

Se rechaza la enmienda número 80, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 85; en contra, 141; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 81, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 154; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 82, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 66; en contra, 158; abstenciones, 5.

Se rechaza enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 174, del Grupo Parlamentario Popular, por los siguientes votos: a favor, 88; en contra, 141; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 172, 173, 175, transaccional sobre la




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número 178, 181, 182 y 185, del Grupo Parlamentario Popular, por los siguientes votos: a favor, 73; en contra, 155; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 176, 177 y 180, del Grupo Parlamentario Popular, por los siguientes votos: a favor, 90; en contra, 141; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 179, 183 y 184, del Grupo Parlamentario Popular, por los siguientes votos: a favor, 74; en contra, 154; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 169 a 171, del Grupo Parlamentario Popular, por los siguientes votos: a favor, 77; en contra, 141; abstenciones, 16.

Se aprueba la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 165, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 141; en contra, 84; abstenciones, 3.

Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 37484, por los siguientes votos: a favor, 229; en contra, 3.

Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 37509, sobre la enmienda número 131 del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 158; en contra, 69; abstenciones, 3.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por los siguientes votos: a favor, 143; en contra, 77; abstenciones, 14.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

8. TRIBUNAL DE CUENTAS

8.1. DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

8.1.1. Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2010, así como la Resolución adoptada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

(Núm. exp. 770/000002)

Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS

5192

En turno a favor hace uso de la palabra el señor Parro del Prado.

En turno de portavoces intervienen el señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Sen Vélez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Parro del Prado, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba el dictamen con la Resolución propuesta por la Comisión Mixta por los siguientes votos: a favor, 211; en contra, 2.




Página 5074


9. COMISIONES ESPECIALES

9.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

9.1.1. Comisión Especial de Estudio para la observancia y mejora de la calidad democrática.

(Núm. exp. 650/000005)

Autores: JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ (GPS) Y VEINTICUATRO SENADORES MÁS

5199

En turno a favor interviene el señor Ortiz Molina.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sanz Pérez.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y los señores Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Ortiz Molina, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sanz Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la solicitud de creación de la comisión por los siguientes votos: a favor, 63; en contra, 128.

Se levanta la sesión a las veinte horas y veinticinco minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se reanuda la sesión.

5. MOCIONES

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO CONSECUENCIA DE ENFRENTAMIENTOS ARMADOS EN DIVERSOS PAÍSES DEL ÁFRICA CENTRAL.

(Núm. exp. 662/000078)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Peral.

El señor PERAL GUERRA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el 16 de febrero de 2011 la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado aprobó por unanimidad una moción presentada inicialmente por el Grupo Parlamentario Popular pero que posteriormente incorporó una enmienda del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Dicha moción instaba al Gobierno a adoptar diversas iniciativas, tanto en el ámbito de sus competencias como en el de la Unión Europea, para hacer frente al gravísimo problema de las violaciones de derechos humanos que desde hace años se producen como consecuencia de los enfrentamientos armados en diversos países de África Central.

Desde hace varios decenios, los enfrentamientos armados entre las guerrillas de diversas etnias y los ejércitos de Uganda, Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo han creado una enorme inestabilidad en la región y han causado un enorme sufrimiento a las poblaciones civiles. Se trata del conflicto más sangriento desde el final de la segunda guerra mundial y ha ocasionado ya la muerte de más de 5 millones de personas. Se han producido muchísimos asesinatos, mutilaciones, violaciones, secuestros de menores para su explotación sexual o para enrolarlos como soldados, desplazamientos forzosos de personas, saqueos, incendios y todo tipo de abusos y violaciones de los derechos humanos.

Esta situación tan grave se extendió a partir del año 2007 a otros países de la región, como la República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, en cuyo territorio han entrado bandas armadas como el Ejército de Liberación del Señor, el ejército de Uganda, que las combate, y miles de refugiados congoleños. Recientemente, ustedes habrán tenido noticia de la invasión también por parte de bandas de carácter yihadista, extremista.

La riqueza minera de la región no contribuye a que cesen los enfrentamientos sino todo lo contrario: mujeres y menores trabajan en las minas. Es destacable la importancia del coltán, un superconductor utilizado en la fabricación de teléfonos móviles y ordenadores y también en material de guerra, como misiles teledirigidos, y en cuya extracción se emplea mano de obra infantil.

A pesar de que en diciembre de 2008 los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea analizaron la propuesta de enviar tropas en misión de estabilización y seguridad a la República Democrática del Congo, no se llegó a adoptar un acuerdo en este sentido. Por otra parte, es preciso constatar que la misión de estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, Monusco, no ha alcanzado satisfactoriamente sus objetivos de estabilización y de lograr una mayor protección de la población civil.

Revisten una muy especial gravedad las violaciones masivas de mujeres, que se continúan produciendo de forma sistemática, con terribles consecuencias sanitarias, psicológicas y sociales, como han denunciado diversos medios de comunicación, entre ellos Radio Nacional de España. Más de 400 000 mujeres, según el American Journal of Public Health —cuatro mujeres cada cinco




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minutos—, han sido violadas en una zona donde la violencia sexual se utiliza como arma de guerra. Se producen contagios voluntarios de sida, fístulas vaginales, lesiones gravísimas en los aparatos genital y digestivo de las mujeres y traumas psicológicos de muy difícil superación. Como destacó Radio Nacional de España, toda mujer, desde niñas de dos años a personas mayores de setenta años, corre potencialmente el peligro de ser violada. Muchas de estas violaciones, señorías, no se denuncian por el temor que tienen algunas mujeres al rechazo social y familiar.

Pero debemos congratularnos todos, porque el pasado 11 de abril se acordó en Londres, en una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del G8, equiparar la violación a un crimen de guerra, considerándola como una infracción muy grave a efectos de la Convención de Ginebra y, también, establecer una partida de 27,5 millones de euros para luchar contra las agresiones sexuales en los conflictos bélicos. Según la ONG Save the Children, el 80% de las víctimas de estos abusos y violaciones en los años 2011 y 2012 tenían menos de 17 años.

Otro gravísimo atentado a los derechos humanos se produce por el reclutamiento forzoso de niños y niñas para servir como soldados en los ejércitos y en los grupos guerrilleros de la zona. Estos menores, algunos de 9 años, son utilizados para cometer actos de una violencia extrema y sufren malos tratos, vejaciones y violaciones, y las niñas en muchas ocasiones son obligadas a servir de esclavas sexuales. También continúan produciéndose ataques a campamentos de refugiados y desplazamientos forzosos de unas poblaciones que no conocen la paz desde hace décadas.

La Unión Europea, a la que pertenecen las antiguas potencias coloniales de la zona, tienen la obligación moral de intervenir en la medida de sus posibilidades para intentar poner fin a una situación de genocidio y de violación de los derechos humanos que dura ya muchos años y que perjudica muy gravemente las posibilidades de desarrollo económico y social de la región, y España no debe quedar al margen de ese objetivo.

Por este motivo el Grupo Parlamentario Popular preparó una moción que posteriormente, gracias a una negociación que yo agradezco muy especialmente a todos los grupos, se ha convertido en una enmienda transaccional que ha sido ya presentada. El texto de la moción, una vez incorporada la enmienda transaccional, es el siguiente.

En primer lugar, proponemos al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea la máxima cooperación, con celeridad y con eficacia —son importantes estas dos palabras—, con las Naciones Unidas en las misiones de estabilización y seguridad en la República Democrática del Congo y en las que pudieran establecerse en la República Centroafricana.

En segundo lugar, apoyar la recomendación del Parlamento Europeo del pasado 18 de abril, dirigida al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros, sobre la aplicación del principio de las Naciones Unidas «responsabilidad de proteger», para contribuir a un mundo más pacífico basado en la protección de las poblaciones que sufren los crímenes de la guerra y en la responsabilidad de los Estados y de la comunidad internacional al respecto.

En tercer lugar, incluir entre las prioridades de la cooperación multilateral española al desarrollo la protección y ayuda de las personas afectadas o desplazadas por los enfrentamientos armados en general, e impulsar en el marco de la Unión Europea la citada prioridad.

En cuarto lugar, promover que las instituciones de la Unión Europea dediquen una especial atención y pongan en marcha iniciativas para combatir la violencia sexual contra las mujeres y el reclutamiento de niños como soldados en los países de África Central y en la Región de los Grandes Lagos, e impulsar que dentro de la Agencia de Cooperación Internacional los tratados y acuerdos que aborden la prevención de la utilización de niños y niñas como soldados, así como la rehabilitación y reintegración en la sociedad de estos menores que han sido víctimas de estas rechazables actuaciones, sean una prioridad dentro de las agencias española y europea de cooperación internacional, estableciendo condicionamientos en la ayuda al desarrollo en base a la cooperación, o no, de los países en los que están acreditadas estas prácticas tan rechazables, y la colaboración para que sean erradicadas.

En quinto lugar, plantear en el marco de la Unión Europea la necesidad de reclamar de las empresas mineras que trabajan en la región, tanto en explotación y manufacturación como en utilización de las riquezas mineras, una mayor responsabilidad social corporativa en el desarrollo de su actividad, especialmente en lo referente al trabajo de menores y al desarrollo sostenible de la región, y promover la aplicación efectiva de las orientaciones del Informe Ruggie sobre principios




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rectores, sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, el control del comercio de armas a través de las legislaciones nacionales y el código de la Unión Europea al respecto, impulsando la ratificación y aplicación del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas el pasado 2 de abril de 2013.

Finalmente, y esto es una solicitud especial del Grupo Convergència i Unió, solicitar a la Unión Europea que sus instituciones continúen apoyando la labor de Awepa —Asociación de Parlamentarios Europeos para África— en sus objetivos de consolidar la democracia y los derechos humanos en el continente africano.

Hemos sido capaces todos los grupos parlamentarios de esta Cámara de ponernos de acuerdo en algo que verdaderamente llama a nuestras conciencias, que parece, de alguna forma, que queda lejos de las preocupaciones inmediatas de los españoles, pero que constituye un permanente atentado a los derechos humanos que no debemos ignorar.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Peral.

Senador Losada, la enmienda transaccional que ha anunciado el senador Peral todavía no ha llegado a la Mesa, por lo tanto tiene usted derecho a defender su enmienda.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Estamos de acuerdo con la enmienda transaccional, e imagino que en el transcurso del debate llegará a la Mesa, por lo que declino de defender la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Losada.

Entiendo que no hay turno en contra.

Pasamos, por tanto, al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Anuncio la abstención de los dos senadores de Izquierda Unida, no por lo que dice la moción, que, efectivamente, nos parece un avance sobre lo inicialmente planteado, sino por lo que no dice.

Reconocer los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en África, como en otros conflictos a lo largo del mundo, y a la vez no hacer una reflexión sobre las motivaciones y los intereses económicos que dan lugar a esos conflictos, y por lo tanto a los crímenes que se producen en ellos, amparándose en el manido concepto de la intervención humanitaria, nos parece que es un ejercicio de fariseísmo. No reflejar en la moción que esos mismos Estados que expresan su preocupación por esos crímenes, que esos mismos Estados que reflexionan sobre la necesidad de realizar una intervención humanitaria para acabar con ellos, se benefician económicamente, a través de sus multinacionales, de las materias primas, que son precisamente el origen del conflicto, proporcionan las armas imprescindibles para que esos conflictos se desarrollen e importan esas materias primas para sostener su industria, es un ejercicio de fariseísmo. Que esos mismos Estados intervengan bajo la coartada humanitaria, no tanto por la preocupación humanitaria, no tanto para proteger los derechos humanos de esas víctimas, sino para sostener y mantener sus intereses económicos y garantizar el suministro de esas materias primas, no sea que el conflicto se vaya de las manos y acabe derivando en la imposibilidad de apropiárselas, es un ejercicio de fariseísmo.

Por todo ello, nosotros nos abstendremos en la votación de esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Presidente jauna, senatari jaun-andreok. Lau puntu horiek irakurriz, edozein gizaki hunkitu behar da Belgika eta Frantzia bezalako europar herrialde garrantzitsuek utzitako herentzia kolonialaren aurrean. Herentzia kolonial beldurgarria, bi herrialde hauek besteengan utzitako min eta herentziaren aurrean, bereziki sentiberagoak izatera mugitu beharko lituzkeena. Gehikuntza emendakin bat izango balitz, Frantziak eta Belgikak plus kolonial




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bat jartzea eskatu beharko litzateke, beraien presentzia bidegabeek eta arrazistek aberastasuna eta etorkizuna lapurtu zieten herrialdeei. Ez ziren gai izan erabili eta botatzeko objetu bizigabetzat hartzen zuten jendea balore eta demokrazian hezteko.

Testuinguru honetan, emakume eta haurren egoera bereziki patetikoa da. Hau dela-eta hirugarren puntuaren alde egingo dugu; eta, laugarrenari dagokionez, oso labur geratzen dela iruditzen zaigu Kivú inguruko meatzetako aberastasunak ustiatzen dituzten enpresei erantzukizun sozial korporatiboa eskatzen zaienean. Badirudi erregu bat dela agindu moral bat izan behar lukeneean. Ez erantzukizun handiago bat, baizik eta erantzukizun osoa

Bestalde, deigarria da PPko Gobernuak kooperaziorako aurrekontua horrenbestean gutxituta, mozio hauekin agerian geratzen dela zelako errakuntza izan den bankuei lagundu eta mota honetako laguntzak ezabatzen dituen murrizketen politika hau, gizaki legez derrigorrezkoak zaizkigun laguntzak, askatasun eta beharrizan guztiak solidarioak direlako.

Señor presidente, señorías, leyendo sus cuatro puntos cualquier ser humano se tiene que estremecer ante la herencia colonial dejada por países de Europa tan importantes como Bélgica y Francia. Una herencia colonial horrorosa que les debería mover a estos dos países a ser especialmente sensibles al dolor ajeno y también a la herencia dejada. Y si de una enmienda de adición se tratara, habría que solicitar que Francia y Bélgica pusieran el plus colonial que su injusta y racista presencia les supuso a unos pueblos a los que, encima, se les robó su riqueza y se les robó su futuro. No fueron capaces de educar en valores y en democracia a personas a las que consideraban objetos inanimados de usar y tirar.

En este contexto, la situación de las mujeres y de los niños es especialmente patética, por lo que apoyamos especialmente el punto tercero. Y en relación al cuarto, nos parece que se queda muy corto cuando se les pide a las empresas que explotan las riquezas mineras de la zona de Kivu una mayor responsabilidad social corporativa. Parece un ruego cuando en realidad debería ser una orden moral. Nada de una mayor responsabilidad, sino una total responsabilidad.

Por lo demás, llama la atención que, reducido tan dramáticamente el presupuesto de cooperación por parte del Gobierno del PP, con estas mociones se nos indica el error que ha supuesto esta política de recortes que ayuda a los bancos y anula ayudas de este tipo que, como miembros del género humano, nos son obligadas porque todas las libertades y todas las necesidades son solidarias.

Señor presidente, como me quedan siete minutos y he visto que el senador Rabanera no se ha puesto el pinganillo, para que se entere de lo que queremos decir respecto a esta moción del Grupo Popular, lo voy a exponer en castellano.

Señor Peral, leyendo sus cuatro puntos cualquier ser humano se tiene que estremecer ante la herencia colonial dejada por países de Europa, entre ellos España, pero no solo España, sino fundamentalmente países tan importantes como, en este caso que usted plantea, Bélgica y Francia; una herencia colonial horrorosa que debería mover a estos dos países a ser especialmente sensibles al dolor ajeno y a la herencia dejada. Y si de una enmienda de adición se tratara —que quizás en nuestro caso podíamos haber trabajado, aunque también hemos suscrito la enmienda que se ha presentado por todos los grupos parlamentarios, porque además la iniciativa es lógica y es necesaria— habría que solicitar que Francia y Bélgica pusieran el plus colonial que su injusta y racista presencia les supuso a unos pueblos a los que, encima, se les robó su riqueza y fundamentalmente se les robó su futuro. No fueron capaces estos dos países de educar en valores y en democracia a personas a las que consideraban objetos inanimados de usar y de tirar.

En este contexto, la situación de las mujeres y de los niños es especialmente patética, por lo que apoyamos especialmente el punto tercero. Y en relación al cuarto, nos parece que se queda quizás un poco corto cuando se les pide a las empresas que explotan las riquezas mineras de la zona de Kivu una mayor responsabilidad social corporativa. Parece un ruego, cuando debería ser una especie de gran orden moral. Nada de una mayor responsabilidad, sino una total responsabilidad, porque estas empresas tienen responsabilidad; no solamente se explotan recursos humanos y públicos, se tiene que reconocer que lo que están haciendo en África es un auténtico expolio.

Por lo demás, y finalmente, señor presidente, llama la atención que, reducido tan dramáticamente el presupuesto de cooperación por parte del Gobierno, con estas mociones se




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nos indican, quizás, el error que ha supuesto esta política de recortes, que da la impresión de que solo ayuda a los bancos y anula ayudas de este tipo tan necesarias que, además, como miembros del genero humano, nos son obligadas porque todas las libertades y todas las necesidades son solidarias y no podemos permanecer ajenos a lo que ocurre en África.

En estos días ha ocurrido un atentado terrible en Boston, han fallecido personas, se ha herido a otras, y todos los días es noticia. Desgraciadamente, lo que ocurre en África no es noticia y lo que vamos a discutir en este primer punto del orden del día de hoy, miércoles, tampoco va a ser noticia. Aquí los medios de comunicación no están, no interesa. Tiene que ser algo que ocurra en los Estados Unidos para que estos hechos se sigan. Sin embargo, esta iniciativa que ustedes han propuesto nos parece importante y la vamos a apoyar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Senyores i senyors senadors, estem davant d’una proposta que afecte un tema d’extrema gravetat, un tema d’importància estratègica en l’àmbit internacional. En aquest sentit, la iniciativa del senador Peral és de lloar i, per això, hem subscrit l’esmena transaccional que es plantejava.

Estem parlant d’un conflicte que, com es diu l’exposició de motius de la moció, que s’arrossega fa dècades, que ha comportat milions de morts, que n’està comportant encara avui i que realment també té afectacions realment terribles, tot i que segurament no hi ha res més terrible que la mort, com és l’afectació als nens soldats o les afectacions a les dones violades o sotmeses a l’esclavatge sexual. Per tant, estem parlant d’una situació tremendament dramàtica. Fa uns moments al·ludia a això el senador Anasagasti en parlar precisament d’aquesta doble moral quan ens referim a situacions criminals al primer món i hi ha milions de persones afectades per aquests crims, i sembla que ho tractem amb menor rellevància respecte a altres situacions.

Per tant, tot allò que puguem fer és important, és important instar el Govern, i sobretot és un oportunitat que hem d’aprofitar perquè el Govern espanyol, sempre dins del marc de la Unió Europea, sempre dins d’aquest marc, insisteixo, i evidentment col·laborant amb les missions de Nacions Unides, tal com estableix la moció i sobretot la transaccional signada, pugui comportar accions efectives. I voldria referir-me especialment a això.

Si algun defecte té la moció —i ja dic que la compartim i la votarem— és precisament la manca de concreció; certament és concreta en molts aspectes, i és important l’exposició de motius, però hauríem de ser capaços —i insto la Cambra i els grups parlamentaris a fer-ho en una ocasió no molt llunyana—,de concretar propostes amb accions específiques que contribueixin a alleujar el patiment d’aquestes persones. Sens dubte, hauríem de ser capaços de concretar actuacions mitjançant el Fons Espanyol de Cooperació i el fons de cooperació internacional d’ajuda al desenvolupament, precisament per contribuir, per exemple, a la reinserció de nens soldats o a la reinserció de dones que han estat violades o que han patit agressions sexuals i que requereixen un esforç important, des del punt de vista internacional, per poder reintegrar-se a la societat.

No hauríem d’abandonar, doncs, aquesta qüestió i hauríem d’avançar en aquesta concreció, ja que la preocupació que expressem aquí, en aquest debat, i en la resolució que aprovarem, realment comporta una millora per a les persones que pateixen aquestes actuacions. No n’hi ha prou amb la reflexió, tot i que la reflexió és important i necessària; hem de instar el Govern, i sempre en el marc de la Unió Europea, perquè d’aquesta manera la nostra actuació serà més efectiva. Però l’Estat espanyol també pot exercir accions concretes precisament a partir d’aquest ajuda al desenvolupament, l’ajuda a la cooperació i al desenvolupament internacional per aconseguir, encara que sigui amb accions més petites, millorar les condicions de vida d’aquestes persones. En qualsevol cas, insistim que l’assumpte és d’una extraordinària importància. Compartim la preocupació del senador Peral i l’expressada per tots els grups en la transaccional.

Evidentment, votarem a favor d’aquesta proposta.

Gràcies.




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Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, nos encontramos ante una propuesta que afecta a un tema de suma gravedad, un tema de importancia estratégica en el ámbito internacional, y en este sentido, la iniciativa del senador Peral es loable. Por ello, hemos suscrito la enmienda transaccional que se ha planteado.

Hablamos de un conflicto que, como se apunta en la exposición de motivos de la moción, se arrastra desde hace décadas, ha comportado, y sigue haciéndolo, millones de muertos y también tiene afectaciones terribles, aunque seguramente no hay nada más terrible que la muerte, pero sí son terribles la afectación de niños soldados y de mujeres violadas o sometidas a la esclavitud sexual. Por tanto, estamos hablando de una situación tremendamente dramática. Hace unos momentos aludía a ello el senador Anasagasti al hablar precisamente de esta doble moral cuando nos referimos a situaciones criminales en el primer mundo y a millones de personas afectadas por estos crímenes, y parece que lo tratamos con menor relevancia respecto a otras situaciones.

Por lo tanto, todo aquello que podemos hacer es importante, es importante instar al Gobierno, y sobre todo es un oportunidad que debemos aprovechar para que el Gobierno español, siempre dentro del marco de la Unión Europea, siempre dentro de este marco, insisto, y colaborando con las misiones de Naciones Unidas, tal como establece la moción y la transaccional también, pueda realizar acciones efectivas. Y quisiera referirme especialmente a esto.

Si algún defecto tiene la moción —y digo que la compartimos y la vamos a votar— es precisamente la falta de concreción; sí es concreta en muchos aspectos; es importante la exposición de motivos, pero deberíamos ser capaces —e insto a la Cámara y a los grupos parlamentarios a que en una ocasión no muy lejana lo seamos— de concretar propuestas con acciones específicas que contribuyan a aliviar el sufrimiento de estas personas. Sin duda, deberíamos ser capaces de concretar actuaciones mediante el Fondo Español de Cooperación y el fondo de cooperación internacional de ayuda al desarrollo, precisamente para contribuir, por ejemplo, a la reinserción de niños soldados o a la reinserción de estas mujeres que han sido violadas o que han sufrido agresiones sexuales y que requieren un esfuerzo importante, desde el punto de vista internacional, para poder reintegrarse en la sociedad.

No deberíamos abandonar, pues, esta cuestión y deberíamos avanzar en esa concreción, ya que la preocupación que expresamos aquí, en este debate, y en la resolución que vamos a aprobar comporta efectivamente una mejora para las personas que sufren estas actuaciones. No basta con la reflexión, aunque la reflexión es importante y necesaria; tenemos que instar al Gobierno y siempre en el marco de la Unión Europea, porque de esta forma nuestra actuación será más efectiva. Pero el Estado español también puede desempeñar acciones concretas precisamente a partir de esta ayuda al desarrollo, la ayuda a la cooperación y al desarrollo internacional para conseguir, aunque sea con acciones menores, mejorar las condiciones de vida de estas personas. En cualquier caso, insistimos en que el asunto es de suma importancia. Compartimos la preocupación del senador Peral y la expresada por todos los grupos en la transaccional.

Evidentemente, vamos a votar a favor de esta propuesta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías; aunque para un barcelonista como el que les habla no es la mejor forma de empezar el día después del partido de ayer. Pero aparquemos el fútbol y entremos en lo importante, que es la materia parlamentaria.

Iniciem el debat d’aquesta moció que pretén essencialment quatre objectius. Primer, que Europa ajudi a estabilitzar i donar seguretat a la zona ara en conflicte de les Repúbliques del Congo i Centreafricana, encara que podríem parlar també d’altres països com Rwanda, Uganda, Sudan i un llarg etcètera. Segon, ajudar les persones afectades pels conflictes bèl·lics d’aquestes zones. Tercer, posar en marxa iniciatives per evitar la violència sexual, tan freqüent, malauradament, en aquests enfrontaments, i evitar que es reclutin nens per convertir-los en nens soldats. I quart i




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últim punt, intentar que les empreses que cooperen a la zona no utilitzen a menors d’edat com a mà d’obra i que, a més, tinguin una major responsabilitat social corporativa.

Voldria començar la meva intervenció agraint al senador del Grup Parlamentari Popular, el senyor Luís Peral, diverses qüestions. Sobretot, el seu esforç ingent per arribar a un acord unànime. Malauradament, no estem acostumats en aquesta Cambra a les unanimitats polítiques i atès que aquesta moció no és partidista ni té ànim de partit, sinó que afecta persones, al seu patiment i els seus sentiments, li agraeixo al senyor Luís Peral el seu esforç per arribar a aquesta unanimitat que hem aconseguit. No ha estat fàcil, segur, però s’ha aconseguit.

Voldria agrair també el fet que hagi acceptat la nostra transacció, tenint en compte que el grup que jo represento ha pogut introduir una esmena en la qual es demana el suport de les institucions europees a la tasca de l’Awepa, l’Associació de Parlamentaris Europeus per Àfrica. Com a responsable de Awepa Espanya, aquesta és una bona oportunitat per mi per deixar constància en el Diari de Sessions de la tasca d’aquesta entitat, formada per més de 1550 parlamentaris de tot Europa, de tot l’arc parlamentari europeu i, per tant, amb representació de tots els parlaments europeus, una entitat en la qual el Parlament i el Senat espanyol també són presents amb un grup nombrós de senadors i diputats que formen part d’Awepa Espanya, que m’honoro presidir.

Fa anys que aquesta organització treballa per assolir els mateixos objectius que té aquesta moció. Per això, hem demanat la introducció de l’últim punt: el reconeixement i el suport a la Awepa, és a dir, la consolidació de la democràcia i els drets humans en el continent africà, un bell continent però farcit de problemes socials, de misèria i de lluites per les llibertats i per les vides de les persones.

La moció del Grup Parlamentari Popular, quant a la violació de drets humans a la República del Congo i de la República Centreafricana, té, com totes les mocions, punts febles i punts forts, aspectes positius i aspectes negatius. El meu grup parlamentari valora positivament quatre dels punts expressats. Un, col·laborar en missions d’estabilitat i seguretat. Dos, incloure com a prioritat la cooperació de l’Estat. Tres, promoure a les institucions de la Unió Europea a combatre aquests crims. I quatre, acabar amb les dones i els nens explotats a les mines i també, evidentment, amb la violència sexual.

Punts febles. Què falta? Ens agradaria que aquesta moció no se centrés exclusivament en aquests dos països, ja ho he dit abans: hi ha altres països. Hem esmentat Uganda, Rwanda, Sudan però, malauradament, al continent africà hi ha molts més.

Sigui dit de passada —encara que no sigui motiu d’aquesta moció— el meu grup parlamentari segurament introduirà una nova moció perquè pensem que caldria posar l’accent en altres països també, com els d’Amèrica Llatina, amb els quals l’Estat espanyol té més contacte i relació per raons històriques, i emplacem al Grup Parlamentari Popular que aquesta propera moció pogués també parlar de situacions semblants en el continent i en els països d’Amèrica Llatina.

Pel mateix motiu, vull fer extensiu a tots els continents la denúncia de la utilització forçosa de dones i nens a les mines, i la promoció de sancions a les empreses que la practiquen. És una vergonya aquesta situació d’abús laboral en mines en què hi ha grans riqueses, usant la misèria humana i esclavitzant a dones i menors d’edat.

Si ens centrem en els dos països a què es refereix la moció, la República Democràtica del Congo i la República Centreafricana, destaca el conflicte permanent que pateixen aquests països i, sobretot, els centenars de milers de persones que pateixen la persecució, la violència, desplaçaments, etcètera, i sempre dins d’aquesta població destaca el segment més feble, més vulnerable, que són les dones i els nens i les nenes.

He dit abans que podríem parlar d’Uganda, de Rwanda, de Sudan i de molts altres països, però parlaré essencialment de la República Democràtica del Congo i de la República Centreafricana, als quals es refereix aquesta moció. Segons informació de les Nacions Unides i d’algunes ONG presents en el terreny, veiem que hi ha grups armats que vulneren els drets humans, especialment el grup armat LRA, que està present en aquests dos territoris.

A títol de resum, però que il·lustra perfectament el drama humà, observem que a la República Democràtica del Congo, en les zones o districtes de l’Alt Uelé i del Baix Uelé, el 25% d’aquesta població, sobretot a l’Alt Uelé, ha hagut de desplaçar-se, de fugir, i el 45% dels que vivien al Baix Uelé també ha hagut de fugir davant la violència d’aquest grup armat. A la República Centreafricana constatem que l’LRA també té presència i, entre altres coses, ha limitat l’accés a l’ajuda humanitària i l’ajuda a les persones afectades i que, a més, a la zona del sud-est hi ha 8800 desplaçats a la




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prefectura d’Alt Kotto, 6272 a la zona de Mbomou, i 11.595 a l’Alt Mbomou, persones que van haver de fugir davant la violència, la mort, la violació, davant de totes aquestes situacions.

I podria seguir, i fer-ho molt llarg, però atès que tot just em queden dos minuts voldria concloure demanant públicament en nom del grup al qual represento, i com a senador que viu, pateix i sent Àfrica de molt a prop pel meu coneixement i per les meves visites continuades a aquest continent, que finalitzi d’una vegada per totes la passivitat internacional i que es procedeixi a una actuació ràpida i contundent d’ajuda a les persones que pateixen violència, persecució i mort. Cal defensar els drets humans en els països en conflicte a Àfrica; cal prioritzar el dret a la vida, sobretot, dels segments socials més febles: les dones, les nenes i els nens.

Senyories, la presència de la figura del nen soldat a l’any 2013 és una vergonya per a la humanitat però sobretot ho és per a les grans potències, per al món occidental, i no podem permetre que quan parlem de riquesa, de benestar, quan diem que som una societat moderna, pròspera i avançada, si cap enrere veiem que hi nenes i nens que són utilitzats com a soldats, hi ha nenes i nens violats, i dones que pateixen agressions sexuals, que pateixen marginació laboral i esclavitud.

És un bon moment, doncs, per demanar al món occidental, a les potències i, per tant, també a Espanya, una lluita frenètica en pro dels drets humans a tot el món. Avui parlem d’Àfrica, parlem de països en situació de conflicte armat.

Moltes gràcies.

El debate de esta moción pretende esencialmente cuatro objetivos. Primero, que Europa ayude a estabilizar y dar seguridad a la zona ahora en conflicto de las Repúblicas del Congo y Centroafricana, aunque podríamos hablar también de otros países como Ruanda, Uganda, Sudán y un largo etcétera. Segundo, ayudar a las personas afectadas por los conflictos bélicos de estas zonas. Tercero, poner en marcha iniciativas para evitar la violencia sexual, tan frecuente, desgraciadamente, en estos enfrentamientos, y evitar que se recluten a niños para convertirlos en niños soldados. Y cuarto y ultimo punto, intentar que las empresas que cooperan en la zona no utilicen a menores de edad para trabajar y que, además, tengan una mayor responsabilidad social corporativa.

Quisiera agradecer al senador del Grupo Parlamentario Popular, el señor Peral, diversas cuestiones. En primer lugar, su esfuerzo ingente para llegar a un acuerdo unánime. Desgraciadamente, no estamos acostumbrados en esta Cámara a las unanimidades políticas y puesto que esta moción no es partidista ni tiene ánimo de partido, sino que afecta a personas, a su sufrimiento y a sus sentimientos, le agradezco al señor Peral su esfuerzo por llegar a esta unanimidad que hemos alcanzado. No ha sido fácil pero se ha conseguido.

Quisiera agradecerle también el hecho de que haya aceptado nuestra transacción, habida cuenta de que el grupo que yo represento ha introducido una enmienda en la que se pide el apoyo de las instituciones europeas a la tarea de la Awepa, la Asociación de Parlamentarios Europeos para África. Como responsable de Awepa España, esta es una buena oportunidad para dejar constancia en el Diario de Sesiones de la labor de esta entidad, formada por más de 1550 parlamentarios de toda Europa, de todo el arco parlamentario europeo y, por lo tanto, con representación de todos los parlamentos europeos, una entidad en la que el Parlamento y el Senado español también están presentes con un grupo numeroso de senadores y diputados que forman parte de Awepa España, que presido.

Hace años que esta organización trabaja para alcanzar los mismos objetivos que tiene esta moción. Por eso, hemos pedido la introducción del último punto: el reconocimiento y el apoyo a la Awepa, es decir, la consolidación de la democracia y los derechos humanos en el continente africano, un bello continente pero repleto de problemas sociales, de miseria y de luchas por las libertades y por las vidas de las personas.

La moción del Grupo Parlamentario Popular, en cuanto a la violación de derechos humanos en la República del Congo y de la República Centroafricana, tiene, como todas las mociones, puntos débiles y puntos fuertes, aspectos positivos y aspectos negativos. Mi grupo parlamentario valora positivamente cuatro de los puntos expresados. Uno, colaborar en misiones de estabilidad y seguridad. Dos, incluir como prioridad la cooperación del Estado. Tres, promover a las instituciones de la Unión Europea a combatir estos crímenes. Y cuatro, acabar con las mujeres y los niños en las minas y también, evidentemente, con la violencia sexual.




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¿Qué falta? Nos gustaría que esta moción no se centrara exclusivamente en estos dos países, ya lo he dicho antes: hay otros países. Hemos mencionado Uganda, Ruanda, Sudán pero, desgraciadamente, en el continente africano hay muchos más.

Dicho sea de paso —aunque no sea motivo de esta moción— mi grupo parlamentario seguramente va a introducir una nueva moción porque pensamos que habría que poner el acento en otros países también, como los de América Latina, con los cuales el Estado español tiene más relación, y emplazamos al Grupo Parlamentario Popular a que esa próxima moción pudiera hablar de situaciones parecidas en el continente y en dichos países de América Latina.

Por el mismo motivo, quiero hacer extensivo a todos los continentes la denuncia de la utilización forzosa de mujeres y niños en las minas, y la promoción de sanciones en las empresas que la practican. Es una vergüenza esta situación de abuso laboral en minas en las que hay grandes riquezas, usando la miseria humana y esclavizando a mujeres y menores de edad.

Si nos centramos en los dos países a que se refiere la moción, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana, destaca el conflicto permanente que sufren estos países y, sobre todo, los centenares de miles de personas que sufren la persecución, la violencia, desplazamientos, etcétera, y siempre dentro de esta población destaca el segmento más débil, más vulnerable, que son las mujeres y los niños y niñas.

He dicho antes que podríamos hablar de Uganda, Ruanda, Sudán y de muchos otros países, pero voy a hablar esencialmente de la República Democrática del Congo y de la República Centroafricana, a los que se refiere esta moción. Según información de las Naciones Unidas y otras ONG presentes en el terreno, vemos que hay grupos armados que vulneran los derechos humanos, especialmente el grupo armado LRA, que está presente en estos dos territorios.

A título de resumen, pero que ilustra perfectamente el drama humano, observamos que en la República Democrática del Congo, en las zonas o distritos del Alto Uelé y del Bajo Uelé, el 25% de esta población, sobre todo en el Alto Uelé, ha tenido que desplazarse, que huir; el 45% de los que vivían en el Bajo Uelé también ha tenido que huir frente a la violencia de este grupo armado. En la República Centroafricana constatamos que el LRA también tiene presencia y, entre otras cosas, ha limitado el acceso a la ayuda humanitaria y la ayuda a las personas afectadas y que, además, en la zona del sudeste hay 8800 desplazados en la prefectura de Alto Kotto, más de 6000 en la zona de Mbomou, y 11 595 en el Alto Mbomou; personas que tuvieron que huir ante la violencia, la muerte, la violación, ante todas estas situaciones.

Y podría seguir, pero puesto que apenas me quedan dos minutos quisiera concluir pidiendo públicamente en nombre del grupo al que represento, y como senador que vive, sufre y siente África desde muy cerca por mi conocimiento y por mis visitas continuadas a ese continente, que finalice de una vez por todas la pasividad internacional y que se proceda a una actuación rápida y contundente de ayuda a las personas que sufren violencia, persecución y muerte. Hay que defender los derechos humanos en los países en conflicto en África; hay que priorizar el derecho a la vida, sobre todo, de los segmentos sociales más débiles: las mujeres, las niñas y los niños.

Señorías, la presencia de la figura del niño soldado en el año 2013 es una vergüenza para la humanidad pero ante todo lo es para las grandes potencias, para el mundo occidental, y no podemos permitir que hablemos de riqueza, de bienestar, que digamos que somos una sociedad moderna, próspera y avanzada, y que cuando miremos hacia atrás veamos que hay niñas y niños que son utilizados como soldados y niñas y niños violados, y mujeres que sufren agresiones sexuales, que padecen marginación laboral y esclavitud.

Es un buen momento, pues, para pedir al mundo occidental, a las potencias y también a España, una lucha frenética en pro de los derechos humanos en todo el mundo. Hoy estamos hablando de África, estamos hablando de países en situación de conflicto armado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Losada.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Buenos días, presidente.

Señorías, la moción que se presenta se refiere en concreto a dos países: la República Democrática del Congo y la República Centroafricana, pero se podría extender a la mayoría de los países del continente africano.




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Señorías, me van a permitir que, antes de explicar nuestra posición ante esta moción fruto del consenso, haga unas referencias que les harán ver la magnitud del problema. La República Democrática del Congo es el país más pobre del mundo y, curiosamente, es el país más rico del mundo en recursos naturales. Existen más de 250 etnias y ocupa un lugar entre los diez primeros países en número de católicos: 31 millones de personas católicas, cuestión esta última no menos significativa, donde es precisa una educación sanitaria intensa, sin condicionamientos religiosos, para utilizar todos los medios precisos contra una de sus grandes pandemias, mejor dicho, epidemias, la del sida que asola este país.

En este país se producen, señorías, constantemente violaciones de mujeres. Se estima por Naciones Unidas unas 1152 violaciones de mujeres diarias. Es un país saqueado durante siglos. Fue el país en el que se saquearon esclavos, después se pasó al marfil, al caucho, a los diamantes, al uranio, que se utilizó en la II Guerra Mundial, ahora la casiterita y el famoso coltán; por cierto, es una república que no es exportadora del coltán porque es ilegalmente robada por Uganda y por Ruanda, que son los que lo exportan al mundo, países, además, estos últimos que son bendecidos por los organismos internacionales porque crecen y generan economía y, curiosamente, a costa de saquear la República Democrática del Congo.

Materiales como el coltán, como decían los anteriores senadores, son fundamentales para la poderosa industria de la telefonía y del armamento porque son básicos para los misiles teledirigidos. Empresas que potencian y permiten la explotación de niños, el genocidio, que explotan minas ilegales, son, señorías, empresas de nuestro mundo desarrollado. Ahora, además, se suman países, estructuras estatales que son las que neocolonizan y explotan, con las mismas armas que en décadas anteriores, las ingentes materias primas y no se produce ninguna distribución de esa riqueza entre los habitantes, ninguna infraestructura, únicamente las que valen para sacar los minerales, las materias primas del país. Son Gobiernos que solo actúan, no cuando hay problemas de tipo médico o para paliar el hambre o por cuestiones humanitarias, como hemos visto hace unos meses en Francia, sino cuando hay que proteger la capacidad de las empresas para poder sacar y seguir extrayendo materiales. Por cierto, hay avances religiosos fundamentalistas apoyados por países, como los Emiratos Árabes, con los que mantenemos relaciones comerciales y acuerdos. Como ven, señorías, una auténtica farsa internacional.

Hemos visto hace escasamente un mes en la República Centroafricana un nuevo golpe de estado y pillaje en Bangui. Voy a citar textualmente las palabras de un español que ustedes conocen perfectamente, que es el hermano de un compañero de escaño de su grupo parlamentario, el obispo Aguirre, que reflejaba con precisión la raíz del problema: rebeldes que van muy bien armados y vestidos; hay importantes países detrás de ellos —y mencionaba a ricos países islámicos del Golfo—.

Señorías, usando una terminología médica hipocrática, ¿qué ocurre?, ¿desde cuándo y a qué se lo atribuimos? Pues a explotar sin límites los recursos desde décadas y a la codicia de los países desarrollados. Y, fíjense, en la República Centroafricana el 13,5% tiene sida; la esperanza de vida está en 43 años; la tuberculosis se ha duplicado en los últimos 10 años; la malaria hace estragos y únicamente la sanidad se mantiene porque hay 1400 cooperantes de Médicos sin Fronteras, y mientras tanto se obtienen diamantes —esos diamantes de sangre—, oro, uranio y se esclaviza a niños en condiciones infrahumanas.

Nos queda lejos, pero son más de 5 millones de muertes, es lo que se llama la guerra mundial africana. Pero, fíjense ustedes, no son muertes de ejércitos, son muertes de 20 unidades paramilitares que están defendiendo intereses de las multinacionales de los miles de millones de dólares que se mueven anualmente en estos dos países. Por eso, mi grupo cree que se debe pasar de la retórica a la acción.

Por eso, estando con la filosofía de la moción y haciendo un esfuerzo para llegar a un consenso, deseo precisar ciertas cuestiones: ¿por qué no pone el Gobierno en marcha otro plan África 2013-2017, como el que existió en los últimos años, en el que se colocaba a la República Democrática del Congo como acción focalizada? ¿Por qué no mantenemos, como existía, un convenio bilateral con esta república? ¿Qué ha pasado en estos últimos 15 meses, en los que hemos cortado y recortado hasta dejar en menos del 70% la cooperación y el desarrollo en África? ¿Por qué en la primera moción presentada por el Partido Popular hemos olvidado el valor de




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España, que ha estado en los proyectos sanitarios en Kivu, en Katanga, en Goma, y llevando con Acnur una verdadera marca España de solidaridad y de desarrollo?

Nos hubiese gustado que se concretase en esta moción seguir impulsando una resolución de obligado cumplimiento para los Gobiernos, la 1325 sobre mujeres y paz, para poner en valor el papel de las mujeres. Es más, creemos que debería haber un avance más en la responsabilidad corporativa e insistir en la decisión task force contra la explotación ilegal de los recursos naturales, porque no solo queremos que se actúe con responsabilidad, como dice el Council of the European Union, que se lo pide a los Estados miembros, sino que se cartografíen las líneas ilegales con el fin de crear centros de negocios seguros y seguir impulsando la lucha para rehabilitar, prevenir y reintegrar a esos niños soldados.

Señorías, se necesita liderazgo, línea diplomática decidida y un proyecto de Estado de cooperación y desarrollo que, por desgracia y siento decirlo en esta Cámara, hemos olvidado en estos 15 meses. Necesitamos decisiones claras y contundentes contra el blanqueo de dinero, el blanqueo de capitales de los dirigentes de estas naciones y la trasparencia financiera de la legislación de los Estados miembros, como obliga el Council of the European Union

Estamos de acuerdo en poner en la moción que hay que llevar a cabo los principios de Naciones Unidas de responsabilidad y protección, así como las orientaciones que contiene el informe Ruggie, pero, señorías, es importante un liderazgo de España en Europa y en el mundo, y para ese liderazgo se necesita presupuesto, porque cuando se deja de invertir en cooperación y desarrollo se pierde liderazgo. Esto es algo que debemos propiciar junto con procesos democráticos como vacuna contra el asentamiento de radicales islamistas, que utilizando el miedo y la desesperación como abono provocan la inestabilidad y un magnífico caldo de cultivo para depredar estos recursos.

Esto es lo que necesita África, y por eso creemos que nuestra propuesta mejora la moción presentada por el Partido Popular, pero en aras del acuerdo aceptamos esta moción, y lo hacemos por consenso, porque creemos que hay que sensibilizar.

Admitiendo que es una realidad el paso atrás dado por nuestro país en quince meses en materia de cooperación y ayuda al desarrollo en general, y en especial en la zona de África, bienvenido sea este cambio de opinión del grupo mayoritario de la Cámara al presentar esta moción. Pero esto precisa concreción, porque no vale decir una cosa y hacer otra, como hemos hecho con el recorte de los recursos presupuestarios. Por eso nos gustaría que el plan director tuviese una partida presupuestaria.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Termino, presidente.

Señorías, frente a retórica y compromisos vagos, objetivos claros y mecanismos de evaluación, y hacerlo en íntima coordinación con el sector de la cooperación, con los informes de Naciones Unidas, con los informes del Parlamento Europeo y con nuestras propias PNL y mociones aprobadas tanto en el Congreso como en el Senado, y todo ello para estar orgullosos de lo que España ha hecho de la marca cooperación y desarrollo, que ha sido mucho y bien. Sabemos que es una moción de mínimos, una moción de consenso, por eso la apoyamos, para coger impulso y para salvar a África, esa desconocida y, sobre todo, olvidada.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Losada.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Peral.

El señor PERAL GUERRA: Señor presidente, señorías, agradezco las intervenciones de todos los grupos, especialmente el apoyo que van a dar, estoy seguro de ello, para que esta moción transaccional sea aprobada por la inmensa mayoría de los votos de este Senado.

Al senador Iglesias, de Izquierda Unida —lamento que en estos momentos no se encuentre presente—, quisiera decirle que al igual que los demás grupos parlamentarios, su grupo podía haber presentado alguna enmienda a esta moción y sin duda la habríamos estudiado con la máxima atención y, en la medida de lo posible, yo hubiera hecho todo lo que hubiera estado a mi alcance por que se hubiese incorporado al texto.




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Señorías, creo que en este problema tan grave que se produce en la zona de África central, especialmente en la región de los grandes lagos, no tiene sentido enfocarlo con buenismos respecto a que unos países son buenos, otros son malos, el capitalismo, el comunismo, etcétera. Creo que todos ustedes lo saben, y seguro que el señor Anasagasti, que tiene un gran conocimiento de la realidad internacional, conoce también que la República Democrática del Congo ha firmado acuerdos con China precisamente para adjudicarle concesiones para extracción del coltán a cambio de la construcción de carreteras. O sea, que aquí no hay buenos y malos. El coltán es un mineral que estamos usando todos en los aparatos que utilizamos a diario. Yo mismo tengo aquí un móvil y probablemente para su fabricación se han hecho cosas que no serían razonables. ¿Qué quieren ustedes, que lo tire o que denuncie aquí, en este ámbito, en el Senado o en la Unión Europea, las prácticas inaceptables que se están produciendo? Porque la Unión Europea es el ámbito donde probablemente se puede actuar con mayor eficacia. Ustedes habrán podido comprobar que en los seis puntos de la moción se menciona a la Unión Europea, porque ese es el ámbito donde se puede actuar con mayor eficacia y con mayor celeridad sobre este problema tan grave, porque allí están las antiguas potencias coloniales de la zona, es decir, el Reino Unido, Bélgica, Francia e incluso Alemania hasta el año 1919. Y, de hecho, en el Grupo Parlamentario Popular estamos en contacto con alguna parlamentaria nuestra, con Teresa Jiménez Becerril, que va a plantear en el Parlamento Europeo varias preguntas que guardan gran relación con los puntos de esta moción.

A don Javier Losada, del Grupo Parlamentario Socialista, quisiera decirle que yo esperaba que en esta moción que hemos consensuado entre todos, abandonara, aunque fuera por un momento, los dos latiguillos que el Partido Socialista no se ve capaz de abandonar se hable de lo que se hable y que son: en primer lugar, hablar de unos recortes que no ha habido más remedio que adoptar en los presupuestos por la trágica situación en que quedó la economía española tras los siete años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que todos ustedes apoyaron, con notorias excepciones. Y en segundo lugar, el laicismo. ¡Hombre, por Dios! En este tema deben dejarse a un lado esos latiguillos que son, como dije en una ocasión, muy propios de un vocal vecino de 25 años de una pedanía o de una junta de distrito, pero con personas como ustedes, en concreto como usted, que ha sido y es alcalde de La Coruña, no hace falta que usted recurra a este tipo, repito, de latiguillos.

Quiero defender la inmensa labor de la Iglesia católica no solamente en todo el mundo sino especialmente en África en la atención sanitaria, en la promoción de la educación, en la promoción de la mujer, en la promoción del desarrollo económico sostenible, y también, señorías, cuando las cosas vienen mal dadas, y es que cuando las cosas vienen mal dadas resulta que los que nunca abandonan esos países son los religiosos y los cooperantes católicos. Y aquí tenemos un caso que se ha producido hace muy pocos días. El obispo católico de Bangassou, Juan José Aguirre, hermano de mi compañero y amigo Jesús Aguirre, tuvo la oportunidad de abandonar la República Centroafricana y estuvo en el aeropuerto donde estaban los soldados franceses que lo custodiaban mientras las milicias islamistas arrasaban el país. Pues Juan José Aguirre no quiso dejar el país, él quiso quedarse en su diócesis, con sus cooperantes, con sus sacerdotes africanos, con los médicos, con las enfermeras, con las personas que día a día se ocupan de esas personas en Bangassou. (Aplausos.)

Vamos a trabajar entre todos, vamos a llevar este tema al Parlamento Europeo. Yo estoy seguro de que los senadores de los demás grupos van a pedir a sus parlamentarios europeos que este tema esté permanentemente presente allí, en la Comisión, en el Consejo, en todos los ámbitos donde se puede actuar con mayor eficacia.

Finalmente quiero decirle al senador, don Javier Losada, que no ha habido ningún cambio de opinión por parte del Grupo Parlamentario Popular, todo lo contrario. La moción a que me he referido antes y que se aprobó por unanimidad el día 2 de febrero del año 2011, fue presentada y defendida por mi compañero Jesús Aguirre. Es decir, en nuestro caso no ha habido ningún cambio de pensamiento ni de criterio sobre este asunto.

Señorías, gracias a todos por el apoyo que estoy seguro le van a dar a esta moción.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Peral.

Por favor, cierren las puertas. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación a la moción del Grupo Parlamentario Popular firmada por todos los grupos menos por el Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 220; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Abran las puertas, por favor.

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO.

(Núm. exp. 662/000079)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la senadora Sampedro, por un tiempo de quince minutos.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, presidente.

Señorías, sin duda en estos momentos en nuestro país hay en el aire debates interesantísimos y muy sugerentes, pero pocos más urgentes y prioritarios que trabajar para salir de la crisis profunda que atravesamos y, dentro de ella, hacer descender los niveles de desempleo que azotan a todos los sectores de la población, pero con especial incidencia en la juventud que ve lastrada su expectativa de futuro con un apabullante 50% de desempleo.

Para ello, el Gobierno está trabajando sin descanso en generar las condiciones que faciliten esa creación de empleo con medidas y con iniciativas desde todos los ámbitos y desde diversos enfoques, tanto si se trata de incentivar fiscalmente como de eliminar barreras administrativas y burocráticas o de fomentar la cultura emprendedora. Todo suma.

Uno de esos enfoques imprescindibles, un anclaje esencial, es sin duda la formación y la generación de ideas; ambas, funciones básicas de la universidad, junto con la difusión de ese conocimiento a la sociedad y a las empresas. En esa línea es en la que queremos enfocar la pertinencia de esta moción que presentamos hoy.

No quiero empezar a hablar del sistema universitario español sin reconocer expresamente los logros conseguidos en las últimas décadas, que, sin duda, tienen su base en el impulso aportado por los diferentes Gobiernos. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Me refiero a la generalización de los estudios superiores y a la consolidación de sus estructuras y de sus equipos de investigación. Tenemos un sistema universitario sustentado por un número creciente de universidades —79, de las que 50 son públicas y 29 privadas— que agrupan 236 campus dispersos en diversos municipios y que ofertan, según los últimos datos, unos 2541 grados, 3292 másteres y 1751 doctorados. No voy a abundar en esto, simplemente se trata de un sistema que ha conseguido que en el curso 2011–2012 el número de estudiantes de grado haya aumentado un 3,1% y un 7,85% los de máster, lo que nos acerca a la cifra de 1,5 millones de alumnos, que nos sitúa por encima del objetivo de la Estrategia 2020 de la Unión Europea y que supone un máximo histórico en cuanto al número de estudiantes universitarios. Pero sin minusvalorar en lo más mínimo lo conseguido, creo que debemos ser conscientes de que ninguna sociedad avanza en la autocomplacencia y que vivimos en un mundo competitivo y sumamente dinámico en el que todo lo que no mejora, lo que no se




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suma al progreso de una manera mensurable de parámetros comparables es susceptible de quedarse obsoleto a toda velocidad. Por ello sabemos que debemos buscar, detectar y analizar cuáles son las debilidades de nuestro sistema universitario y poner camino a su solución.

Cuando uno se enfrenta con estos datos y cifras del SUE hoy día observa, sin lugar a dudas, que tenemos serios retos que enfrentar, como lo demuestran los diferentes estudios, informes e iniciativas de los distintos Gobiernos durante los últimos años, que coinciden en señalar algunas debilidades evidentes, como que ninguna de nuestras universidades figura entre las 150 mejores del mundo, si bien parece que tenemos departamentos concretos que son excelentes; punto este sobre el que volveré, porque me parece interesante reflexionar. Tenemos una tasa de abandono universitario altísima, un 30%, frente al 16% de la media europea, y solo el 33% de estudiantes obtiene su título sin repetir curso.

Y, si hice alusión antes a la importantísima oferta de títulos —siendo esto algo muy positivo en principio—, no es menos cierto que la ratio en general es muy baja y en algunas carreras no llega a 20 alumnos de nuevo ingreso. En este sentido, quiero decir que no se trata tal vez de ser inflexibles en las ratios, pero sí de estudiar cuál es su realidad para hacerlas más eficaces en términos de inversiones a la hora de mantenerlas. Porque no es lo mismo, hay que analizar si es una cuestión de excesiva dispersión en la zona, que hace que los alumnos se disgreguen en distintos campus, y entonces se podrían agrupar, si simplemente es que la oferta está desajustada y no hay demanda para ella, o si se trata de algo muy especializado y muy concreto que merece la pena impulsar y que puede existir demanda pero que esté poco canalizada.

También parece ser de consenso que estamos insuficientemente internacionalizados y que tenemos muy poca movilidad. Hablamos de un 7% de alumnos nada más que se cambian de distrito universitario en España frente a un 68% del Reino Unido. Es lógico, ha sido así, porque durante décadas hemos tenido unas políticas de creación de nuevas universidades y campus cuyo objetivo era cubrir el máximo de territorio, duplicando incluso a veces la misma oferta en ciudades que están a pocos kilómetros de distancia. Pero quizás lo más importante sea la clara evidencia de que no tenemos una correcta adecuación entre la oferta de estudios y la demanda de trabajo, pues aunque la educación superior disminuye el riesgo de paro —y así lo afirman las estadísticas—, no es menos cierto que hay evidencias claras de que los titulados no desempeñan esa vida laboral en el nivel ni en el sector para el que están cualificados y se prepararon. Y si hay coincidencia en señalar las debilidades, observo que tras la lectura de diversos informes y artículos especializados esta coincidencia no es menor a la hora de marcarnos los objetivos.

Ya en 2008 la iniciativa Estrategia Universidad 2015 destacaba la necesidad de la modernización del sistema y se definía como un proyecto ambicioso que partía de una serie de debilidades —que ya he comentado—, entre las que estaba conseguir situar a nuestras mejores universidades entre las primeras de Europa, para lo que proponían promover la especialización, la diversificación, impulsar la movilidad y fomentar el acercamiento entre la universidad y la empresa. Hace escasos meses, cuando se publicó el informe del comité de expertos nombrado por el Consejo de Ministros en esta legislatura, reconoce más o menos las mismas debilidades y abunda en similares necesidades de corrección, además de incidir en que la universidad de calidad es ya en sí misma un elemento que potencia la empleabilidad.

Por todas estas razones, y retomando la idea con la que inicié esta intervención acerca de la prioridad de generar sostenibilidad en el empleo, y considerando que la universidad es uno de esos pilares fundamentales donde se debe sustentar la adecuación de la formación y de la difusión de ideas a las necesidades productivas y sociales, consideramos oportuno instar al Gobierno a que, dentro del marco de la reforma universitaria que está liderando el ministro de Educación, y que abarca más amplios y distintos ámbitos —como todos ustedes saben— de mejora dentro de la universidad, y respetando, como no puede ser de otra manera, los ámbitos competenciales de las distintas comunidades autónomas, así como la autonomía universitaria, que se adopte, se ponga en marcha, se impulse y se respalde, dentro de ese marco de la Conferencia General de Política Universitaria, una serie de medidas encaminadas a mejorar la empleabilidad de los egresados.

En primer lugar, y en colaboración, como digo, con las distintas comunidades autónomas, deberíamos acentuar el impulso en completar un mapa que estudie y aporte datos sobre la oferta y la demanda de nuestro sector productivo para adaptar así a las necesidades de la sociedad, de




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forma óptima, la oferta de titulaciones; reducir el desempleo y ajustar esa sobrecualificación o esa distinta cualificación de empleo a la que he aludido antes.

En este sentido, parece estar siendo una herramienta útil —que es lo que hay que potenciar— el SIIU, el sistema de información integrado de la universidad; cuando se complete. Cruzando los datos indicadores de inserción laboral de todas las titulaciones y de otros parámetros, estoy segura de que aportará información relevante que permitirá tres cosas: a las comunidades autónomas, planificar las enseñanzas que puedan necesitar potenciar atendiendo a su demanda de producción y socioeconómica; a las universidades, preparar esa oferta formativa acorde a ellas; y, a los estudiantes, valorar su elección de forma más ajustada.

En este mismo orden de cosas, hay algo en lo que también parece haber consenso entre los expertos y que se refleja en los distintos informes: no es necesario ni conveniente que todas las universidades sean generalistas y oferten los mismos títulos, sino que deberíamos animar a cada una a buscar su especialidad o aquella área de conocimiento en la que destaque y apostar por ella, pues, si bien ninguna de nuestras universidades, efectivamente, está en el ranking de las mejores, no es menos cierto, como dije al inicio, que hay departamentos excelentes. Y ahí creo que es donde está el camino, porque, si cada uno hacemos lo que sabemos hacer mejor y además nos esforzamos en ello y mejoramos, el conjunto se complementará y destacará, en lugar de diseminar esfuerzos sin sinergia.

En este sentido, todos los análisis apuntan a que, por lo tanto, debería iniciarse un proceso de reorganización de universidades, agrupándolas, dividiéndolas, asignando a cada universidad o facultad un objetivo más o menos docente o investigador y teniendo en cuenta que serán ellas mismas las que se orienten en ello —no estoy diciendo que se haga así desde el Gobierno, sino que se impulse que estas lo lleven a cabo— y se adapten, a ver qué tipo de especialidad quieren fomentar, qué perfil de estudiantes quieren atraer y qué tipo de profesorado quieren contratar o tener en sus filas para potenciar esa excelencia de aquello que quieren llegar a ser.

Por último, pero creo que no menos importante y atendiendo a la igualdad de oportunidades de acceso, creo que es interesante garantizar el sistema más justo para los alumnos procedentes de bachillerato, así como para los de formación profesional superior. En ese sentido, convendría no optar en ningún caso por que la FP, máxime cuando uno es más joven, sea una vía limitadora para acceder posteriormente a los estudios universitarios. Y tal vez sería interesante valorar —lo digo con todas las cautelas— si la ampliación o la supresión de las cuotas de acceso actuales que tiene la FP podrían ser susceptibles de ser modificadas o suprimidas, porque habría que valorar si están siendo un limitador de acceso, que impide esa igualdad de partida. En ese sentido, de suprimirse la selectividad, como está previsto en la LOMCE, y con el título de bachillerato refrendado por un examen final, dejando en manos de las universidades la posibilidad de establecer un examen de acceso, tendríamos dos vías equivalentes que concurrirían en igualdad de oportunidades al examen de acceso del estudio universitario de elección del estudiante.

Tenemos, por lo tanto, señorías, unas fortalezas del sistema de las que partimos, y no negamos ni minusvaloramos, y una serie de debilidades que lo están lastrando, que tampoco debemos ni podemos ignorar, porque en nuestras manos está tratar de corregirlo. El ministro de Educación comentó hace pocas fechas en esta Cámara que no se trataba tanto ni se requería una reforma integral, que tuviera formato de ley y que pudiera abarcar todos los ámbitos de una manera completa, sino que podría llevarse a cabo por medio de una serie de iniciativas, que no tenían que suponer necesariamente cambios legislativos o normativos. Dentro de esta idea y de ese marco de reforma, con esa flexibilidad instrumental, es con lo que partimos para la formulación de esta moción, encaminada, como creo que he logrado explicar, a que el Gobierno impulse o respalde aquellas medidas que dentro de las muchas acciones de reforma se pueden precisar en el sistema universitario para encaminarlo más directamente a potenciar la empleabilidad, puesto que en el contexto socioeconómico en que nos encontramos nos parecen las más prioritarias.

Espero contar —ya sé que contra muy escaso pronóstico— con el apoyo de los distintos grupos, puesto que pongo en valor que el diagnóstico es coincidente —y me consta— con el que muchos de ustedes y doy por hecho —y también estoy convencida— de que el objetivo de contribuir a crear empleo también lo es.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Sampedro.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Álvarez Areces por tiempo de cinco minutos.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Buenos días, señor presidente, señorías.

Nuestro grupo ha presentado una enmienda a esta moción del Grupo Parlamentario Popular considerando que se abre aquí un debate sobre la universidad que era necesario, que es importante, que vamos a continuar, pero no podemos ignorar que hay una situación real y concreta que parte de la base de un gran descontento no solo en la comunidad universitaria sino en el sistema educativo, en general, y en todos los sectores y segmentos afectados.

Por eso, en la enmienda que presentamos proponemos añadir un primer punto que obedece a la precariedad con la que vive hoy la universidad y, por tanto, a la necesidad de atajar con toda urgencia el deterioro que sufren las distintas universidades públicas españolas, motivado por los enormes recortes que se han producido tanto en docencia como en investigación, reflejados especialmente en los últimos Presupuestos Generales del Estado y también por la repercusión presupuestaria y normativa en las distintas comunidades autónomas. Todo ello está impidiendo la realización de actividades esenciales en nuestras universidades al reducir los recursos humanos, la reposición de vacantes, así como el enorme recorte de gastos en las actividades de investigación, desarrollo e innovación que, de continuar así, desmantelaría numerosos equipos investigadores ―de hecho ya se está produciendo― e hipotecaría el desarrollo tecnológico y la investigación, alejándonos durante muchos años de la convergencia europea.

Otro hecho real que no podemos ignorar es el referente a la igualdad de oportunidades que, evidentemente, también figura en la moción como un concepto general ―garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria―, pero que para hacerla efectiva se debe anular de inmediato la subida desproporcionada de tasas y precios públicos en los diferentes procesos de matriculación, así como aumentar los créditos presupuestarios de becas y ayudas al estudio que han disminuido en estos dos últimos años porque sabemos que es ya un hecho cierto que cientos de miles de jóvenes viven en una situación dramática debido al desempleo y la pérdida del poder adquisitivo de sus familias, que les impide el acceso a los estudios universitarios; incluso, algunas universidades están instrumentando fórmulas de ayuda al margen del sistema oficial de becas para evitar que estos jóvenes no puedan matricularse y, por tanto, desarrollar su potencialidad.

En nuestra enmienda también proponemos dos puntos en los que, a juzgar por la intervención y por conversaciones previas con la senadora que ha defendido la moción, hay puntos de acuerdo, como el relativo a impulsar un acuerdo con las universidades españolas y las comunidades autónomas para desarrollar un plan de reordenación de las titulaciones oficiales existentes, adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, que permita una mayor racionalidad, optimización, eficiencia y mejora de la calidad de sus enseñanzas, basado en la cooperación activa entre las propias universidades, compatibilizando el objetivo de adaptarse a las demandas de la sociedad y de las empresas, facilitando su mayor internacionalización.

Asimismo, hay que tener en cuenta en todo momento que la importancia de la universidad para el avance de la sociedad no puede reducirse exclusivamente, con ser ello importante, a su contribución a satisfacer las necesidades del sistema productivo, sino que también es responsable de la formación de actitudes y valores por los que se rige la sociedad civil, a la vez que debe transmitir el progreso científico.

Además, hemos añadido un punto que es fundamental, y más en el contexto político en el que se está produciendo hoy el debate en nuestro país, que implica respetar, en ese debate iniciado en la Comisión Mixta Gobierno-Universidades sobre las propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del Sistema Universitario Español, los ámbitos competenciales de las universidades autónomas y la autonomía universitaria como principios sobre los que elaborar un proceso de diálogo político institucional que permita introducir posteriormente las mejoras necesarias en el Sistema Universitario Español.

Tengo que decir también que nosotros no compartimos una frase que se manifiesta en la exposición de motivos en el sentido de que, a pesar de esos avances «los resultados en el ámbito universitario no pueden ser más decepcionantes», y no la compartimos porque no es cierta. La




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universidad gastaba en el año 2010 el 1,2% del PIB, un 25% menos que la media de la OCDE y ahora su financiación pública disminuye.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Ya termino, señor presidente.

Tenemos una universidad por cada 582 000 habitantes, mientras que hay una por cada 283 000 habitantes en el Reino Unido y una por cada 94 000 habitantes en Estados Unidos.

Estamos a la cabeza en la tasa de titulación. Un 79% de nuestros estudiantes de los países europeos, solo por detrás de Gran Bretaña y de Dinamarca en rendimiento académico. Los universitarios tienen una tasa de paro muy inferior al más del 26% del mercado de trabajo. La universidad española produce el 3,3% de la producción científica mundial y el 4% de las citas científicas.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Por último, he de decirles algo que abordaré en mi turno de portavoces: que la universidad española en el tema de los ranking tiene numerosas facultades en áreas de conocimiento que se refieren a estar entre las 150 primeras. Por ejemplo, 7 en matemáticas, 3 en física, 4 en ingeniería química, y otras muchas. Abundaremos en ello en la segunda intervención.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Tiene la palabra la senadora Sampedro para indicar si acepta o no la enmienda.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Senador Areces, como bien sabe usted, hay varios puntos en los que coincidimos, como no podía ser de otra manera. Ya comenté antes que los distintos informes, tanto los que se hicieron durante el periodo del Gobierno de su partido, como los actuales, coinciden en las debilidades y en los objetivos, más que nada, porque las cosas son como son, y, por mucho que usted quiera dar datos positivos, sabe que hay una valoración todavía negativa acerca de los resultados, que es adonde vamos.

De todas maneras, ayer intentamos llegar a un acuerdo y parece que en los puntos 2 y 4 podríamos entrar en positivo. Pero quedaban pendientes el 1 y el 3, en los que usted no quería renunciar a, dicho coloquialmente, darle caña al Gobierno, que es su tarea de oposición.

Voy a empezar por el final, por el 3. Tasas. Subida enormemente desproporcionada. En el decreto de medidas urgentes se dice que el grado de aplicación dependerá de cada comunidad autónoma. Se habla de un coste de la primera matrícula entre el 15% y el 25%. Para la segunda, de un 30% al 40%. Para la tercera, del 65% al 75%. Y, para la cuarta, una subida del 90% al 100%.

De todas maneras, yo vengo de Asturias, como usted, y sabe perfectamente que las distancias no hacen que las cosas cambien. Por tanto, quisiera saber qué le parece esto. No es de recibo que una carrera de cuatro años se haga en ocho. No hemos sabido transmitir lo que cuesta la universidad. No cuesta lo que los alumnos pagan por matrícula. Tal vez haya que plantearle a la sociedad si queremos costear cualquier titulación tenga la demanda que tenga. Los ciudadanos no son conscientes de lo que cuesta un año de universidad. Las tasas que se pagan por los alumnos no sufragan prácticamente nada y hay que intentar optimizar ese dinero.

El fracaso estudiantil en Asturias. El 15% no termina la titulación conforme al plazo marcado en el plan de estudios. La directora general de Universidades del Principado de Asturias, Miriam Cueto, en el 2008, cuando usted gobernaba, decía que no estaba muy segura de si se debería subir la primera, pero sí estaba convencida de que a partir de la primera sí. Y como es una competencia que está en manos de la comunidad autónoma, me parece que estaría bien.

Pero no crea que solamente fue ella. El día que usted se despidió de la universidad en un encuentro con el rector Vicente Gotor, en abril de 2011, dijo usted: que sepan las familias, estudiantes y todos los jóvenes de esta generación, que apenas pagan el 15% de sus estudios. Me parece que cuando uno dice, que sepan, y que, apenas, está muy claro el sentido y la intención de lo que quiere decir. A usted le parecía poco.




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Respecto a los recortes, yo entiendo que usted tiene que decir eso. Pero ya era consciente del desastre cuando Zapatero lo fue también. Y tengo aquí unas frases que me gustaría compartir con la Cámara: Para dar todo el dinero que me piden, tendría que endeudarme por encima de lo autorizado, y eso sería ilegal. A España se le exige que cumpla el objetivo que ha establecido Europa, reducir el déficit al 3%... bla, bla, bla. Se ha hecho un fuerte ejercicio de austeridad en el gasto corriente. Lo reconocemos. Pero es lo que hay. Vicente Álvarez Areces, presidente del Gobierno del Principado de Asturias, a Vicente Gotor, rector de la Universidad de Oviedo, en la Comisión de Seguimiento del Campus de Excelencia. Lo publica La Nueva España. En este caso, lo tengo aquí. 17 de febrero de 2011. Pues eso, senador Areces, que es lo que hay, y es lo que hay porque es lo que ustedes han dejado, o sea, casi nada. Por ello, nos hemos visto obligados a recortar.

También le dijo usted al rector en otra ocasión, tres meses antes, que cuando se explican las cosas y que a veces no hay recursos para atender todas las peticiones la inmensa mayoría lo entiende, y nosotros nos hemos entendido así. Yo también espero que usted lo entienda así y que, igual que le agradeció la lealtad al rector por haberlo comprendido, usted tenga la misma lealtad con el Gobierno del Partido Popular, porque las cosas no son muy distintas según quién y cuándo gobierne, digo yo, ni en Asturias ni en el resto de España. Por eso no le acepto la enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sampedro.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días. Debate gijonés, por lo que estamos viendo.

Nuestra discrepancia con la moción es, en primer lugar, ideológica. La educación no tiene que ser un instrumento de transmisión de ideología pero el modelo educativo, la definición de los valores y de los recursos es netamente ideológica. Por eso es tan difícil —de hecho, ha sido imposible hasta hoy— alcanzar un pacto educativo en este país, y yo creo que resultará tremendamente difícil que en el futuro se pueda producir.

Ya ha utilizado el senador Areces alguno de los argumentos que yo voy a argüir, precisamente por eso, por el carácter ideológico de la reflexión o de los planteamientos en torno al sistema educativo. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Desde luego, yo no comparto el punto 1 de la moción, ninguna de sus perspectivas. El punto 1 destaca la visión del sistema educativo como un instrumento al servicio de las necesidades del sector productivo. De eso trata, fundamentalmente y de forma literal, el punto 1 de la moción y yo considero que, primero, hay que formar personas. El sistema educativo tiene como función fundamental formar ciudadanos, personas libres y capacitadas, en primer lugar, para ejercer sus derechos y libertades y, en segundo lugar, y como parte del ejercicio de esos derechos y libertades, para encontrar una integración social mediante el trabajo. Y ello sin perjuicio de que yo siga reivindicando a Paul Lafargue y su famoso opúsculo en torno al derecho a la pereza.

Es el derecho al trabajo un elemento fundamental de integración social, y cuando uno pierde el trabajo inicia el camino hacia la exclusión social. Por eso, el elevado número de desempleados que en este momento existe en nuestro país es —y en eso coincidimos todas las fuerzas políticas, también el discurso del Partido Popular— el principal elemento de riesgo de exclusión social. Pero, a la hora de hablar de formación universitaria, no creo que se deba poner el acento en la producción y en los productores, aunque solo sea porque el concepto de productores está vinculado al pasado predemocrático de este país. Tenemos muy cerca el 1 de mayo, que ya no es la fiesta del trabajo sino que es el día de la movilización de los trabajadores en defensa de sus derechos.

También trasluce en la moción un escaso respeto hacia las competencias autonómicas, lo cual no deja de ser coherente con la mayoría de los textos que llegan a esta Cámara procedentes del Partido Popular. No creo que el Senado deba decirle al Gobierno que traslade a las comunidades autónomas qué titulaciones deben impartir en sus universidades. Como mucho, podrá sentarse con las comunidades autónomas y, conjuntamente con ellas, realizar una reflexión y un análisis sobre lo que necesita, no el sector productivo, sino la sociedad española y las sociedades de cada una de las comunidades autónomas; respuesta que debe ser dada por las universidades.




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Pensamos también que la alternativa está en buscar la cohesión y la coherencia en el sistema educativo y la cooperación entre las universidades. La moción trasluce una visión de que las universidades tienen que competir entre sí en la búsqueda de ese concepto que se baraja tan frecuentemente desde la derecha —y lo que no es la derecha— de la excelencia: han de competir para alcanzar la excelencia. Se utiliza el término expresamente en la moción, dice literalmente: competir. Las universidades tienen que cooperar entre sí para ser excelentes. Pero para que sea excelente no una universidad por los déficits de la otra, sino para ser excelente por la respuesta que desde el sistema educativo universitario se dé a esas necesidades de la sociedad.

En un punto anterior la moción reivindica la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria. Compartimos plenamente ese planteamiento, pero nos tememos que la práctica política de este Gobierno no está favoreciendo esa igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria.

La universidad nunca vivió las vacas gordas. La universidad nunca vivió por encima de sus necesidades. La universidad nunca tuvo los recursos a los que legítimamente podía aspirar. Por eso la universidad española en general no es una universidad moderna, sigue lastrada en muchos aspectos por un modelo heredado de la reforma de las administraciones. Probablemente, durante un tiempo la universidad estuvo por delante en modernización de la Administración de Justicia, solo de la Administración de Justicia, que fue por excelencia la parte de la Administración y de los poderes del Estado que más se vio condicionada por los vicios y defectos del pasado. En este momento quizá hasta la Administración de Justicia haya superado en su proceso de modernización a las universidades. Nunca contó con recursos suficientes, pero es que ahora cuenta con menos recursos de los que tuvo en su peor momento.

Hablaba antes la portavoz del Grupo Popular de la situación en Asturias. Vamos a hablar de la Universidad de Oviedo. Con carácter general podemos hablar de los Erasmus y de ese recorte del 60% en las becas Erasmus. Pero si vamos a la Universidad de Oviedo, en el mismo periódico al que hacía referencia la señora Sampedro habrá leído estos días de atrás —hace tres o cuatro días— que solamente se pudo conceder beca en la Universidad de Oviedo al 45% de los solicitantes, porque una de las consecuencias de la crisis es que las familias tienen menos recursos para sufragar los estudios universitarios y, además, más familias cumplen las exigencias económicas porque han visto disminuir sus ingresos. Eso se ha traducido en que en vez de haber menos solicitudes de becas, como es lógico en la crisis, hay más, un 20% más de solicitudes de becas en la Universidad de Oviedo en esta última convocatoria. De 9400 solicitantes, solo se les pudo reconocer beca a 5100 solicitantes. Hasta tal punto la situación empieza a ser dramática que la propia universidad hace ya algunos años se ha visto compelida a crear una partida presupuestaria propia para sufragar las necesidades, para sufragar con becas propias, a aquellos estudiantes que viven necesidades económicas acuciantes. Y, aunque ese es un gesto encomiable de la Universidad de Oviedo —me imagino que otras universidades lo habrán hecho también— sus recursos desde luego no le permiten en ningún caso satisfacer las necesidades crecientes de una demanda de becas que cuenta cada vez con menos recursos públicos para ser satisfecha.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente jauna.

Voy a comentar varias cuestiones, aunque en algunas de ellas me voy a repetir en lo que han señalado tanto el senador Areces como el senador Iglesias.

En primer lugar, en el preámbulo aparecen una serie de datos que nosotros consideramos cuando menos discutibles, al menos en lo relativo a la tasa de escolarización; por ejemplo, en cuanto al número de alumnos nuevos hace referencia al 42% de las carreras universitarias que tuvieron menos de 50 alumnos nuevos. Ese porcentaje se corresponde con lo que se ha denominado educación terciaria, que serían tanto las titulaciones de grado como de máster. De todos modos, son datos cuando menos discutibles y ciertamente muy dispares entre las diferentes comunidades autónomas.

Nosotros no compartimos el diagnóstico de que la universidad española sea tan terrible como la pintan tanto en el preámbulo como en determinados medios de comunicación o en determinados




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informes que todos conocemos. Tampoco es cuestión de ser complacientes ni de ser condescendientes con los resultados educativos en ninguno de los casos, pero desde luego el panorama no es tan negro; y no lo digo yo, sino que también lo dice el propio sector. Quisiera hacer aquí referencia a un artículo que publicaba El Diario, del que se ha hecho eco la Federación de Jóvenes Investigadores —a través de ellos es como yo lo he conocido—, con el siguiente título: Las universidades españolas y los rankings internacionales: una flagelación infundada y estéril.

Los rankings —el señor Areces comentaba que luego se iba a referir a ello— no dejan de ser más que instrumentos sumamente subjetivos. Hay tantos rankings en los que la universidad española recibe diferentes baremaciones, por así decirlo; es una cuestión de criterio de cuáles son los elementos que se seleccionan para fundamentar un ranking. El ranking que se utiliza normalmente es el ranking de Shangai, en el que ciertamente la universidad pública española tampoco es que acabe tan mal parada; es cierto que no hay ninguna universidad española entre las 200 primeras, pero en el puesto 201 sí hay una universidad española. También está el ranking Times Higher Education, en el que la universidad pública española consigue unos resultados muy dignos; el ranking de la Universidad de Leiden; el ranking Web of Universities, que hace referencia a una serie de publicaciones; el ranking Scimago, que es el ranking por excelencia y el más prestigioso de la comunidad científica investigadora, en el que España ocupa el séptimo lugar a nivel mundial. Es decir, en función de los rankings y en función de la importancia que den a una serie de indicadores o a otros, la situación de la universidad española varía. Pero lo cierto es que en la mayoría de estos rankings España ocupa una situación ciertamente digna.

Otra cuestión es la excelencia. Por ejemplo, en el ranking de Shangai, que es el que evalúa las universidades excelentes, el 40% de la nota, por así decirlo, del ranking deriva de la calidad de su profesorado; pero es que el 20% de esa nota es quién ha obtenido un premio Nobel. ¿Ese es un indicador realmente válido e importante? Tengo mis dudas, teniendo en cuenta además que el Nobel hoy en día se da solamente en Medicina y en determinadas disciplinas muy vinculadas a la ciencia más bien pura: Matemáticas, etcétera; queda todavía un rango de disciplinas muy amplio fuera de esa cobertura. También valora, por ejemplo, las publicaciones en revistas como Science and Nature, que son revistas al fin y al cabo con una cierta limitación en cuanto a las disciplinas que trata. Es decir, mi grupo no comparte la cuestión de los rankings ni la cuestión del diagnóstico porque tampoco lo comparte el propio sector universitario, lo cual no significa que no haya que hacer cosas y que no haya que buscar siempre la mejora del sistema universitario, por supuesto.

Esto en cuanto al preámbulo. Paso a tratar ahora las cuestiones propias de la moción.

Ustedes hablan de elaborar un estudio de mapas autonómicos de oferta y demanda universitaria. ¿Quién va a pagar los mapas autonómicos? Me extraña que esta moción no venga acompañada de una valoración económica porque, efectivamente, los costes económicos de cumplimiento de esta moción son sumamente altos. ¿Quién va a pagar eso? ¿El Gobierno central o las comunidades autónomas? Esa es la primera cuestión que me gustaría que más adelante, por favor, clarificasen.

Hablan ustedes también de evaluar y revisar las titulaciones oficiales existentes y adaptarlas al Espacio Europeo de Educación Superior. En el año 2010 se acabó el mapa autonómico de titulaciones, y se hizo además obligado por el propio proceso de Bolonia. Todavía no se ha dado el primer egreso de los titulados de ese nuevo sistema educativo. Todavía no se ha podido valorar el funcionamiento de estas nuevas titulaciones, de este nuevo sistema y de este nuevo mapa de titulaciones. Están pidiendo otra vez introducir cambios en algo sobre lo que ni siquiera tenemos indicadores para saber si está funcionando o no. Por lo tanto, nos planteamos la eficacia y la oportunidad de estas medidas.

Cuando se elaboró el mapa de titulaciones —la mayoría de las universidades y las comunidades autónomas lo terminaron para el año 2010—, cada titulación iba acompañada de un extensísimo informe en el que se valoraba la oportunidad de esa titulación, atendiendo a factores económicos, a factores académicos, a factores sociales, ¡ojo!, y también a cuestiones de empleabilidad. Cada titulación iba acompañada de un informe de empleabilidad en el que se estimaba el porcentaje de titulados que iban a conseguir trabajo en los seis años siguientes, pero es que todavía no han pasado ni tres años. Por lo que realmente plantear cambios o plantearse siquiera la ineficacia de un sistema sobre el que todavía no hay datos fiables para poder valorar, nos parece ciertamente poco comprensible.




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De todos modos, sí que es cierto que este sistema que, como digo, es incipiente y todavía se está poniendo en marcha, por lo que es difícil que podamos juzgar, tiene que ser objeto de atención por parte de los responsables educativos. La cuestión es en quién radica esta responsabilidad última. Y a aquí llegamos a una de las cuestiones que también apuntaba el senador Iglesias anteriormente, que es la cuestión competencial. Su moción no lo dice expresamente, pero vista la tendencia que muestra el Ministerio de Educación en cuanto a la capacidad recentralizadora, nos tememos lo peor. Y viendo además el informe que publicaron los expertos referido a la reforma universitaria, ¡cuidado! Existen ya organismos encargados de la evaluación de la calidad y de la acreditación, en este caso la Aneca, que tiene oficinas territoriales, agencias autonómicas. Entendemos que correspondería a las agencias autonómicas, allí donde las hay, hacer frente a cualquier tipo de evaluación del sistema educativo universitario. Por lo tanto, lo que no nos parece lógico es que se pretenda unificar o centralizar criterios por parte de la Aneca y que sean las agencias territoriales, las agencias autonómicas las que tengan que correr exclusivamente con los gastos.

Y una última cuestión en estos dos minutos que me quedan, a la que también se ha hecho referencia de forma previa, es la relativa al consenso sobre el sistema educativo. Cuando hablamos del sistema educativo vasco normalmente lo hacemos siempre con el orgullo que dan los buenos indicadores. Puede que sean muchos los factores que influyen en el hecho de que los indicadores del sistema educativo vasco, tanto en educación primaria como en secundaria o en educación universitaria, sean indicadores positivos que nos sitúan en parámetros de los países mejor situados de la OCDE. Son muchos, como digo, los factores que podrían explicar ese buen hacer, pero sin duda hay uno que para mí es fundamental y que explicaría mucho de esos buenos resultados, y es el consenso en torno al sistema educativo. Insisto, el consenso en torno al sistema educativo: consenso entre el sector educativo y las comunidades autónomas. En Euskadi lo que se ha hecho ha sido con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Hay estabilidad en el sistema educativo vasco. Yo creo que en eso radica precisamente una de las razones del triunfo. Cualquier cambio que se vaya a introducir en el ámbito universitario tiene que ser indefectiblemente, para garantizar un mínimo éxito, en consenso con las comunidades autónomas y con el sector educativo, con el profesorado, con los rectores, etcétera.

Por tanto, sí que me gustaría que se trasladase desde el Senado o desde cualquier ámbito al Gobierno la necesidad de que cualquier cosa que se vaya a hacer se haga siempre con el consenso y el acuerdo de todos los grupos parlamentarios porque, si no, los cambios introducidos no tendrán visos de conseguir buenos resultados y, evidentemente, nacerán ya con fecha de caducidad, que es lo que menos necesita el sistema educativo en general.

Eso es todo. Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Senyories, bon dia, president.

Crec que compartim la opinió de què els estudis universitaris i la educació en general són un dret que l’Estat ha de garantir a tothom, sense que el nivell socioeconòmic suposi un impediment per accedir-hi. Actualment, aquest dret no s’està garantint. Les excuses en què es bases per imposar una reforma són molt discutibles.

En primer lloc, en la moció presentada es diu que no hi ha cap universitat espanyola entre les 150 millors del món. Aquí, com ha dit la senadora del Partit Nacionalista Basc, nosaltres suposem que els paràmetres que es valoren en els rànquings actuals mesuren per igual universitats molt diferents, i, per tant, el resultat que donen està molt distorsionat. Tampoc tenen en compte factors en l’entorn universitari estatal, com pot ser el marc normatiu, la situació socioeconòmica, o la pròpia història del país. També es comenta com a queixa, que el 30% de l’alumnat abandona la universitat, o que el 42% de les carreres van tenir menys de 50 alumnes nous. Però bé, aquí s’ha de tenir en compte que part d’aquest abandonament ha estat induït per les mesures que el Govern ha adoptat. Una altra part correspon també a un canvi de carrera que en molts casos no es comptabilitza.

També es queixen de la internacionalització que és insuficient. Amb l’estrangulació econòmica a què se sotmet a la universitat pública, difícilment podran competir amb altres del món, on els




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seus governs sí que fan una aposta clara per aquestes universitats. També es queixen que el nombre d’universitats a Espanya és molt elevat, 79: 50 de públiques i 29 de privades. Bé, però aquí també hem de tenir en compte que segons la nova llei que vol aprovar el Govern, LOMCE, de millora de la qualitat educativa, hem de suposar que contribuirà a què un elevat nombre d’alumnes surtin amb un nivell acadèmic tal que els hi permeti accedir encara més a la universitat, i, per tant, això de que hi ha massa, doncs nosaltres ho dubtem.

El que està clar és que el Govern d’un país el primer pel que deuria apostar és per les seves universitats, estar orgullosos d’elles i dels seus resultats, que existeixen. Només cal veure la quantitat de llicenciats espanyols que es demanden des d’altres països d’Europa, que sí que valoren els alumnes que han estat formats a les universitats espanyoles. I és que no estem tan malament com plantegin en la moció. I a més a més, en la moció també reconeixen que els nivells de estudiants universitaris, el 26,4% del curs 2010-2011 estan per sobre de l’Estratègia Europa 2020 de la Unió Europea. Que pel que fa a la despesa pública destinada a universitats també estem a nivells de la OCDE, 1,2%, tot i que hi ha països que estan per sobre del d’Espanya. Que la despesa per estudiar està en un 40% del PIB, mentre que la OCDE te un 41%, és bàsicament anivellat. Diuen també a la moció que les beques s’han incrementat, no diu quant, i donen dades del curs 2010-2011, en el qual diuen que s’ha destinat 18,7 milions d’euros. Em sembla estrany que no parlessin de dades del curs 2012-2013.

De totes formes, però, no és suficient. Volen proves: els màsters han disminuït en un 8%: 6 700 estudiants menys. El preu ha augmentat una mitjana del 69%, uns 1 000 euros. Pensin que amb 1 000 euros hi ha moltes famílies que passen tot un mes, si són afortunades i tenen ingressos. Els graus també han disminuït, el preu de la matrícula ha augmentat un 1,5%, i si es repeteixen assignatures, també és molt més car. Tot plegat fa un còctel —augment de preu, crisis de les famílies, enduriment dels requisits per accedir a beques— que tot plegat s’aboca en unes conseqüències, en l’abandonament dels estudis, que es matriculen a menys matèries, i que alguns estudiants han de buscar una feina per poder pagar-se els estudis i compaginar-ho, amb la qual cosa el rendiment també baixarà.

La situació és crítica, molt crítica. I les conseqüències de les mesures preses fins ara s’estan deixant veure, només cal veure els resultats. Si no es canvia el plantejament: retallades econòmiques als campus, augment de les taxes, atac a la autonomia de les universitats, en suma, el resultat serà desastrós pel país i per les generacions futures. Les manifestacions al carrer no són cap casualitat. La comunitat està demanant diàleg, contribuir a participar en les decisions que es prenguin, de forma consensuada, però sense traspassar uns determinats límits, unes línees vermelles.

Retirin o/i paralitzin les reformes que des del Ministeri es volen portar a terme. Totes, Lomce, Universitats, Decret 14/2012, i impulsin el diàleg que s’està reclamant. Cal una universitat pública enfortida, accessible a qui tingui mèrits acadèmics suficients, sense discriminació econòmica. Cal una política de beques amb recursos suficients perquè cap jove que vulgui estudiar es vegi privat de fer-ho per falta de recursos econòmics. Cal garantir l’autonomia de les universitats públiques amb un funcionament transparent i amb participació de tota la comunitat. Cal apostar i garantir amb els recursos necessàries la generació de joves docents i investigadors. De cap manera la universitat pública ha d’estar manipulada pels interessos d’empreses o bancs. Cal l’estabilitat de les plantilles de personal administratiu i de serveis, i del personal docent i investigador. S’han de baixar les taxes universitàries, i cal una suficiència financera perquè les universitats puguin competir amb investigació i docència amb les d’arreu del món. Però el que es demana a la moció segueix la mateixa línea de les mesures adoptades fins ara, mesures que la societat ha rebutjat molt clarament i que nosaltres també rebutgem. Però, per contra, si es paralitzen les mesures anti universitat pública i s’inicia diàleg amb la comunitat educativa universitària, amb ganes de reformar en un entorn de consens, ens hi trobaran al costat. Contribuirem amb propostes. Mentre tant, es continua la universitat pública. I tal com es manifesta la moció, va en contra de garantir l’accés universitari als nostres joves, i, per tant, votarem en contra d’aquestes mesures.

Gràcies. (Aplaudiments.)

Buenos días, señorías, presidente.

Compartimos la opinión de que los estudios universitarios y la educación en general son un hecho que tiene que garantizar el Estado a todo el mundo, sin que el nivel socioeconómico




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suponga un impedimento a la hora de acceder a la universidad. Este derecho no se está garantizando. Las excusas en las que se basa la imposición de una reforma son muy discutibles.

En primer lugar, en la moción presentada se dice que no hay ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo. A este respecto, como ha dicho la senadora del Grupo Parlamentario Vasco, nosotros opinamos que los parámetros que se valoran en los rankings actuales miden por igual universidades muy distintas y, por lo tanto, los resultados obtenidos son muy distorsionados. Tampoco tienen en cuenta factores en el entorno universitario estatal, como el marco normativo, la situación socioeconómica o la propia historia del país. Asimismo se comenta como queja que el 30% del alumnado abandona la universidad o que el 42% de las carreras universitarias tienen menos o tuvieron menos de 50 alumnos de nuevo ingreso. Pero aquí hay que tener en cuenta que parte de este abandono ha sido provocado por las medidas que ha adoptado el Gobierno, otra parte corresponde a un cambio de carrera que en muchos casos no se contabiliza.

También se quejan de que la internacionalización es insuficiente. Con estrangular a la universidad pública, así como se está viendo hoy en día este estrangulamiento económico, difícilmente se va a poder competir con otras universidades del mundo por las que sí apuestan sus gobiernos.

Igualmente se quejan de que el número de universidades en España es muy elevado: 79, de las que 50 son públicas y 29 privadas. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta que, según la nueva ley que quiere aprobar el Gobierno, la LOMCE, de mejora de la calidad educativa, hemos de suponer que va a contribuir a que un elevado número de alumnos salgan con un nivel académico tal que les permita acceder todavía más a la universidad. Por lo tanto, ponemos en duda que haya muchas universidades.

Lo que está claro es que lo primero que tendría que hacer el Gobierno de un país es apostar por sus universidades, estar orgullos de sus universidades y de sus resultados, que existen. Solo hay que ver la cantidad de licenciados españoles que reciben demandas desde otros países de Europa que sí que valoran los alumnos formados en las universidades españolas. Y es que no estamos tan mal como se nos plantea en la moción. Además, en la moción también reconocen que los mejores estudiantes universitarios, el 26,4% del 2010—2011, están por encima de la Estrategia Europea 2020 y de la Unión Europea; que el gasto público destinado a universidades también está a niveles de la OCDE, 1,2%, aunque hay países que están por encima del nivel de España; que el gasto por estudiante es de un 40% del PIB, mientras que en la OCDE es del 41%, básicamente está equilibrado. Dicen también en la moción que las becas han incrementado, no dice cuánto, y dan datos del 2010 y 2011, 1118,7 millones de euros. Me extraña que no se refieran a datos del curso 2012–2013.

De todas formas, no es suficiente. Quieren pruebas. Los másteres han disminuido en un 8%, 6700 estudiantes menos. El precio ha aumentado una media del 69%, unos 1000 euros. Piensen que con 1000 euros hay muchas familias que pasan un mes entero si son afortunadas y tienen ingresos. Los grados también han disminuido. El precio de la matrícula ha aumentado un 1,5%, y si se repiten asignaturas también es mucho más caro. Todo ello constituye un cóctel —aumento de precios, crisis de las familias, endurecimiento de los requisitos para acceder a becas— que conduce a unas consecuencias: abandono de los estudios, matriculación de menos asignaturas, y muchos estudiantes tienen que buscar un trabajo externo para poderse pagar la carrera y compaginarlo con los estudios, con lo cual también baja el rendimiento.

La situación es crítica, muy crítica, y las consecuencias de las medidas tomadas hasta el momento se hacen notar. Solo hay que ver los resultados. Si no se cambia el planteamiento actual: recortes económicos a los campus, aumento de las tasas, ataque, en suma, a la economía de las universidades, el resultado va a ser desastroso para el país y para las generaciones futuras. Las manifestaciones en las calles no son una casualidad. La comunidad pide diálogo, pide participar en las decisiones que se tomen, consensuadamente, pero sin traspasar unos límites determinados, unas líneas rojas.

Retiren o paralicen las reformas que quieren aplicar desde los ministerios, todas: la Lomce, Universidades y el Decreto 14/2012, e impulsen el diálogo que se reclama. Es necesaria una universidad pública más fuerte, accesible a quien tenga méritos académicos suficientes, sin discriminación económica. Es necesaria una política de becas con recursos suficientes para que ningún joven que sí que quiera estudiar se quede sin hacerlo por falta de recursos económicos.




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Hay que garantizar la autonomía de las universidades públicas con un funcionamiento transparente y con participación de toda la comunidad. Hay que garantizar, con los recursos necesarios, la generación de jóvenes docentes e investigadores. De ninguna manera la universidad pública tiene que estar manipulada por los intereses de empresas o bancos. Hay que estabilizar las plantillas de personal administrativo y de servicios y de personal docente e investigador. Tienen que bajar las tasas universitarias. Es necesaria una suficiencia financiera para que las universidades puedan competir en investigación y docencia con las de todo el mundo. Lo que se pide en la moción sigue en la misma línea de las medidas adoptadas hasta el momento, medidas que la sociedad ha rechazado muy claramente y que nosotros también rechazamos. Por contra, si se paralizan las medidas antiuniversidad pública y se inicia un diálogo con la comunidad educativa universitaria con ganas de reformar en un entorno de consenso, nos encontrarán a su lado. Vamos a contribuir con propuestas. Mientras tanto se sigue dilapidando la universidad pública y, como se manifiesta en la moción, esto va en contra de garantizar el acceso universitario de nuestros jóvenes y, por lo tanto, vamos a votar en contra de estas medidas.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president, senyories, molt bon dia.

És evident que la universitat espanyola ha viscut en els darrers trenta anys un procés intens de creixement tant des d’un punt de vista quantitatiu com des d’un punt de vista qualitatiu, és a dir, ha crescut en el nombre d’estudiants, ha crescut en el nombre d’universitats. En termes qualitatius ha viscut també una d’actualització i modernització dels seus continguts, això és evident, i sobretot, doncs, amb la incorporació de la investigació com a element central del patrimoni de la universitat.

Aquest procés ha permès situar les universitats espanyoles, i en particular les de Catalunya, en nivells destacats de presència i visibilitat tant en l’àmbit social com en l’àmbit i a nivell internacional. Existeix un convenciment cada cop més generalitzat del paper central de les universitats vinculat al progrés social i econòmic d’un país. Per tant, la universitat i el progrés d’un país estan molt lligats. Aquesta afirmació, reconeguda en general, és en aquests moments dramàticament crucial i per això és imprescindible dotar les universitats dels instruments necessaris per entrar amb força a l’espai internacional. Cal dotar-les de nous instruments que permetin actuar més estratègicament, i avançar en termes de qualitat i de posicionament internacional.

Els ajustaments necessaris derivats de la contenció de la despesa pública han de ser una oportunitat per activar aquelles polítiques que permetin aconseguir el doble objectiu de la sostenibilitat econòmica, d’una banda, i la millora de la qualitat acadèmica, d’una altra.

Permeti’m que li digui, senadora Sampedro, alguns dels eixos sobre els que entenem que caldria aprofundir en aquest àmbit. L’estructuració de l’oferta d’estudis —en parlen a la moció— el model de professorat que requereix la universitat; l’impuls als serveis universitaris comuns —que no se’n parla i crec que també és un tema important—; nova política de preus de matrícula i beques— cal parlar-ne una mica aquí—, beques que realment han de garantir l’equitat del sistema, han de garantir la igualtat d’oportunitats, han de garantir que els joves puguin accedir a la universitat independentment de la seva situació social o econòmica, i això no s’està produint en molts casos i això és clau.

I no volem nosaltres tampoc deixar d’insistir en.una qüestió important, i és en el compliment d’una sentència del Constitucional, i és en el traspàs de tota la política de beques a les comunitats autònomes, a la Generalitat de Catalunya, perquè, en definitiva, aquesta igualtat d’oportunitats en relació als alumnes catalans no s’està complint. Per tant, estan descriminats en relació a la política de beques per accedir a la universitat. Aquest un tema per nosaltres important.

Un altre eix sobre el que caldria treballar és que les universitats han de ser motor de desenvolupament del país, i ja hi feia referència abans. És un element important. També, el govern, la gestió i el finançament de les universitats.

Des de Convergència i Unió defensem la necessitat d’instaurar un model universitari que opti per l’excel·lència, la captació i la retenció del talent, i la internacionalització de les institucions universitàries i la seva oferta acadèmica, així com la transferència de coneixement al sistema productiu. És bàsic, això. Transferència de coneixement al sistema productiu. Per tant, què vol dir?




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Ho deia abans: el creixement d’un país cada vegada està més lligat a la universitat. Una gran vinculació del sistema productiu, evidentment, amb la universitat i la transferència de coneixement que realment em pugui gaudir el sector productiu, el sector empresarial, que no quedi allí. Això és també fonamental. Per fer-ho possible, cal que es duguin a terme diverses reformes, però respectant sempre i en tot cas les competències que tenen les comunitats autònomes en matèria d’autonomia universitària.

Fixi’s Senadora Sampedro si tenim feina en el camp universitari. He volgut fer aquesta primera part positiva perquè parlar d’educació i parlar de la universitat ens mereix sempre una altíssima consideració. Però, lamentablement, tenim la segona part, que és la moció que vostès ens presenten i que entenem que no està a l’alçada de les circumstàncies, tal com jo he anat explicant aquí. La veiem poc potent, i amb una invasió competencial molt important, a la qual vull fer referència en aquests moments.

Nosaltres considerem que no podem donar suport a la moció en qüestió ja que tenim una invasió competencial de les comunitats autònomes, i en tot cas, han de ser aquestes les que duguin a terme les actuacions que el Grup Parlamentari Popular vol assignar al Govern l’Estat.

Miri, l’article 172 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat, en matèria d’ensenyament universitari, sense perjudici de l’autonomia universitària, la competència exclusiva sobre la programació i la coordinació del sistema català en el marc de la coordinació general. Per tant, instar el govern a dur a terme un estudi de mapes autonòmics de l’oferta actual i demanda del sector productiu, a fi d’adaptar l’oferta de les titulacions de grau i màster a la demanda, vulneraria les competències autonòmiques i l’autonomia universitària.

D’altra banda, instar el Govern a avaluar i revisar les titulacions oficials existents adaptades a l’espai, també vulneraria la competència de les comunitats autònomes sobre l’elaboració del marc jurídic dels títols propis de les universitats, d’acord amb el principi d’autonomia universitària. I en el mateix context, cal destacar que les comunitats autònomes tenen competència compartida en la regulació del règim d’accés a les universitats, per tant, són les comunitats autònomes, respectant l’autonomia universitària, les que han de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació universitària, que hi feia referència abans, amb la política de beques.

En definitiva, el sistema universitari, senyora Sampedro, requereix consensos, abordar les reformes amb esperit constructiu i sobretot treballar de manera coordinada amb les comunitats autònomes, diàleg, i no a l’inrevés. Per tant, entenem que aquesta moció està mal plantejada, és poc ambiciosa, no respecta les competències de les comunitats autònomes, i nosaltres no podrem votar a favor d’aquesta moció que vostès avui ens plantegen.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Es evidente que la universidad española ha vivido en los últimos treinta años un proceso intenso de crecimiento tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, es decir, ha crecido el número de estudiantes y de universidades. En términos cualitativos también se han actualizado y modernizado sus contenidos, lo cual es evidente, sobre todo con la incorporación de la investigación como elemento central del patrimonio de la universidad. Este proceso ha permitido situar a las universidades españolas, y en particular a las catalanas, en niveles destacados de presencia y visibilidad tanto en el ámbito social como en el internacional.

Existe un convencimiento, que cada vez está más generalizado, del papel central que tienen las universidades vinculado al progreso social y económico de un país. Por lo tanto, la vinculación de la universidad al progreso de un país es algo que está presente. Esta afirmación, reconocida en general, es en estos momentos dramáticamente crucial y, por eso, es imprescindible dotar a las universidades de aquellos instrumentos necesarios para acceder con fuerza al espacio internacional. Hay que dotarlas de nuevos instrumentos que permitan actuar más estratégicamente y avanzar en términos de calidad y de posicionamiento internacional.

Los ajustes necesarios derivados de la contención del gasto público tienen que ser una oportunidad para activar aquellas políticas que permitan conseguir el doble objetivo de la sostenibilidad económica, por un lado, y la mejora de la calidad académica, por otro.

Permítame que mencione, senadora Sampedro, algunos de los ejes sobre los que consideramos que deberíamos profundizar en este ámbito: estructuración de la oferta de los estudios —lo dicen




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en la moción—; el modelo de profesorado que requiere la universidad; el impulso a los servicios universitarios comunes —no se habla en la moción de esta cuestión y es un tema importante—; nueva política de precios de matrícula y becas —que también hay que abordar—, becas que deben garantizar la equidad del sistema, la igualdad de oportunidades, que los jóvenes puedan acceder a la universidad, independientemente de su situación socioeconómica, lo que no se produce en muchos casos, y es clave.

Y no queremos dejar de insistir en una cuestión muy importante: el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el traspaso de la política de becas a las comunidades autónomas, a la Generalitat de Catalunya. Esta igualdad de oportunidades no se está cumpliendo en el caso de los alumnos catalanes, con lo cual están discriminados en la política de becas para acceder a la universidad. Este es un tema importante para nosotros.

Otro eje en el que tendríamos que trabajar es que las universidades deben ser motor de desarrollo del país, a lo que me he referido anteriormente, pues es un elemento importante, así como el gobierno, la gestión y la financiación de las universidades.

Convergència i Unió defiende la necesidad de instaurar un modelo universitario que opte por la excelencia, la captación y retención del talento, y la internacionalización de las instituciones universitarias y su oferta académica, así como la transferencia de conocimiento al sistema productivo, que es algo básico. ¿Qué significa? Como he dicho anteriormente, el crecimiento del sistema productivo de un país está cada vez más vinculado a la universidad, una transferencia de conocimiento que el sector empresarial pueda disfrutar. Esto es fundamental y para hacerlo posible hay que realizar distintas reformas, pero respetando las competencias de las comunidades autónomas en materia de autonomía universitaria.

Fíjese, senadora Sampedro, si tenemos trabajo todavía en el campo universitario. En esta primera parte de la moción he querido ser positivo porque en nuestro caso hablar de educación y de universidad nos merece siempre una altísima consideración pero, lamentablemente, la segunda parte de la moción que nos presentan no está a la altura de las circunstancias, como ya he ido explicando, porque nos parece poco potente y con una invasión competencial muy importante, a la que me voy a referir a continuación.

No podemos apoyar su moción, ya que vemos una invasión competencial de las comunidades autónomas, que son las que tienen que aplicar las actuaciones que el Grupo Parlamentario Popular quiere asignar al Gobierno del Estado.

Señoría, el artículo 172 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que corresponde a la Generalitat en materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía universitaria, la competencia exclusiva sobre la programación y la coordinación del sistema catalán en el marco de la coordinación general. Por consiguiente, instar al Gobierno a realizar un estudio de mapas autonómicos de la oferta actual y demanda del sector productivo con el objetivo de adaptar la oferta de las titulaciones de grado y máster a la demanda vulneraría las competencias autonómicas y, por tanto, la autonomía universitaria.

Por otro lado, instar al Gobierno a evaluar y revisar las titulaciones oficiales existentes adaptadas al espacio también vulneraría la competencia de las comunidades autónomas sobre la elaboración del marco jurídico de los títulos propios de las universidades, de acuerdo con el principio de autonomía universitaria. En el mismo contexto hay que destacar que las comunidades autónomas tienen competencia compartida en la regulación del régimen de acceso a las universidades. Por tanto, son las comunidades autónomas, respetando la autonomía universitaria, las que deben garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria; me referí a ello anteriormente cuando hablé de la política de becas.

En definitiva, el sistema universitario, señora Sampedro, requiere consensos, abordar las reformas con espíritu constructivo, sobre todo trabajar de forma coordinada con las comunidades autónomas, diálogo, y no al revés. Por ello, entendemos que esta moción está mal planteada, es poco ambiciosa y, en este sentido, tampoco respeta las competencias de nuestras comunidades autónomas.

Por todo ello, nosotros no podremos votar a favor de esta moción que ustedes hoy nos han planteado.

Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias, señor presidente.

Comienzo mi intervención manifestando algunas consideraciones que continúan este debate. Anteriormente, por escasez de tiempo, no he podido comentar que los rankings están mal utilizados y, por consiguiente, se trata de un diagnóstico erróneo del que parte la reflexión sobre que la universidad española no produce los suficientes rendimientos, a pesar de los recursos invertidos.

En mi última intervención hablaba de que si utilizásemos el ranking de Shangai por áreas, nos daríamos cuenta de los rendimientos, a veces brillantes, de nuestras universidades en áreas como Matemáticas, donde figuran siete en el ranking; Física, con tres; Química, con cuatro; e, incluso, Informática. Y si uno aumenta en vez de 150 a 200, se encontrará con contingentes de universidades españolas que tienen facultades y áreas de conocimiento brillantísimas, con escasos medios, si nos comparamos con lo que se invierte en otros países en términos de PIB. Incluso en términos absolutos, no sé por qué, cuando interesa, el listón del ranking de Shangai se pone en 150, en 200 o en 300 —yo tengo los listados y cualquier persona puede verlo a través de Internet—, y comprobamos cómo las universidades españolas, no solo por áreas de conocimiento sino también en términos globales, pueden tener unos rendimientos excelentes, basta con poner el listón en términos razonables.

Hasta hace bien poco, lo habitual era considerar las 500 mejores universidades del mundo. Actualmente, hay aproximadamente más de 19 000 universidades. Pues bien, si utilizamos el dato de 500, nos encontramos con que la Autónoma de Madrid está entre las 200 y 300 mejores del mundo; la Complutense de Madrid, entre las 200 y 300; la universidad de Barcelona, entre las 200 y 300; la Universitat Autònoma de Barcelona, entre las 300 y 400 mejores del mundo; la Politécnica de Valencia, entre las 300 y 400 mejores del mundo; la del País Vasco, entre las 300 y 400; la de Valencia, entre las 300 y 400; la de Granada, entre las 400 y 500; la Pompeu Fabra, entre las 400 y 500; la de Vigo, entre las 400 y 500; la de Zaragoza, entre las 400 a 500, etcétera. ¿De dónde se saca que esto no obedece a una correlación entre la inversión en términos de PIB y excelentes resultados, que se utilizan incluso en el ranking de Shanghai? Y ya se ha dicho por parte de otros intervinientes que esos rankings se refieren casi exclusivamente a la actividad investigadora y que, de los cien primeros puestos, noventa y nueve están ocupados por universidades que operan en países donde las inversiones en el sector científico-tecnológico superan en todo caso el 2,3% del PIB, y en algunos casos, como en Estados Unidos, más del 3% del PIB, mientras que en España está situado en el 1,3, y a la baja. Esto es importante, lo mismo que lo es decir que no es cierto que haya un 30% de fracaso, de abandono de nuestras universidades, porque ese dato está mal utilizado. El 30% se refiere al cambio de titulación, pero no al abandono de la universidad; el abandono estrictamente está situado en torno al 12%.

En definitiva, quiero decir que en el debate que se introduzca en esta Cámara, que va a continuar, conviene partir de diagnósticos serios y rigurosos y no de diagnósticos erróneos. Yo creo que hay una ideologización, que se ha ido desgranando con una serie de valoraciones que pretenden desacreditar al mundo universitario, acusando a los profesores de cobrar sexenios sin apenas investigar; a los alumnos y becarios, de falta de esfuerzo y de escaso rendimiento; diciendo que las publicaciones son escasamente productivas, cosa que no es cierta y que antes ya he mencionado. Y la intención premeditada es adelgazar el sistema universitario español para decir que está sobredimensionado, que es caro, que es ineficiente y que no responde a los niveles de calidad exigible. No es aceptable un debate serio a partir de esas premisas. Y todo ello ha impregnado decisiones, que se han tomado en los meses transcurridos, en materia presupuestaria y en otros aspectos normativos que afectan a la universidad y que es lo que ha provocado la reacción unánime de todos los rectores. En España hay setenta y nueve universidades, cincuenta públicas y veintinueve privadas, pero las cincuenta públicas han hecho un manifiesto unánime diciendo que su situación era insostenible para cubrir las necesidades más elementales del momento. Y en el debate de la universidad no podemos eludir que hay un gran descontento, que va a culminar en movilizaciones y protestas el 9 de mayo porque se está dando una situación de precariedad hasta tal punto, que se producen abandonos como consecuencia de la carencia de




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recursos económicos por la tremenda crisis que vivimos. Y son incluso las propias universidades las que tienen que proveer de recursos, como antes se ha mencionado; y hemos hablado específicamente de la universidad de Oviedo, pero no solo es esa, sino otras muchas universidades.

Yo creo que cualquier abordaje, tanto en lo que respecta a la Lomce como a la universidad, tiene que ser hecho con seriedad y rigor. Pienso que son políticas cargadas de un fuerte contenido ideológico, que tratan de provocar una ruptura en nuestro modelo social para ir hacia un sistema educativo más dual y, por tanto, más desigual, y adelgazar las capas sociales que pretenden ir a la educación superior y segregar al resto de enseñanzas hacia otros ámbitos para que resulten más baratas, utilizando mecanismos que ya hemos debatido en la comparecencia del ministro.

Creo también que hay un elemento muy significativo, de una gran injusticia social, y es todo lo que hace referencia al sistema de becas. Por eso, en la enmienda que he presentado se dice que no puede mantenerse el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público, ni el 1000/2012, de 29 de junio, dos piezas que han provocado una agresión en el ámbito de los recursos para la docencia y la investigación, pero también en el sistema de acceso, para las becas y ayudas al estudio, porque se han establecido nuevos umbrales de renta y de patrimonio familiar, y aunque se mantengan las cuantías generales de las becas y el régimen de las becas y ayudas al estudio, en el resto se han minorado y además el contingente de alumnos que pide el acceso a la beca es mucho mayor debido a la crisis, como antes se ha anunciado.

Quiero recordar algunos datos. El sistema universitario público presencial contabiliza en las aulas a más del 75% de los estudiantes universitarios de grado y al 90% de los becarios del ministerio. Y España destina a la financiación de becas y ayudas solo el 0,08% del PIB, frente al 0,24 del PIB de media de los países de la OCDE. Si nos comparamos con la OCDE, comparémonos con estos datos. Estamos muy por debajo de los umbrales que se utilizan en la OCDE en el sistema de becas y ayudas públicas, y encima estamos dificultando el acceso, porque aunque en los presupuestos se pongan créditos iniciales, lo que verdaderamente habrá que medir —y yo preguntaré por ello— es cuánto se ejecuta de verdad, y es que aunque haya aparentemente presupuestos que igualan los del año anterior en términos de becas generales, es indudable que a la hora de hacer liquidación muchas de ellas no van a ser disfrutadas.

El rendimiento académico de los becados también es mucho más alto que el de las personas no becadas, e incluso algunos estudios, como el de los profesores Armenteros y Pérez García, lo cifran en el 35% de mejora sobre el que registran los universitarios no becados, acortándose en dos años el tiempo medio empleado para la obtención de la graduación, que se sitúa en 5,20 años para los becados y en 7,14 años para los no becados.

Estos son datos rigurosos que, evidentemente, echan por tierra cualquier consideración peyorativa, que no es que se haya presentado en esta moción, pero sí se ha hecho tanto en debates previos por parte del señor ministro como en algunas comparecencias. Creo que estamos en una situación en la que es necesario hacer un esfuerzo y evitar que nuestra universidad, que es uno de nuestros grandes capitales para abordar el futuro, se deteriore.

Los rectores inician un diálogo a través de una comisión mixta. También hay que dialogar con las comunidades autónomas; hay que dialogar con los componentes del sistema educativo en todos los sectores, en la universidad y fuera de ella, con los estudiantes, con los profesores y con las organizaciones sindicales, porque sin diálogo la educación no avanza, y en estos momentos hay un gran malestar. Si queremos mejorar, y siempre hay que mejorar la educación en el ámbito no universitario y en el ámbito universitario, es necesario dialogar, porque sin diálogo no hay avances ni mejoras. En estos momentos podemos perder el tren del desarrollo tecnológico hipotecando tanto la investigación como el avance hacia una sociedad del conocimiento, que son las premisas que nos inspira Europa, incluso en un contexto de crisis.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya.

España tiene que hacer un gran esfuerzo para avanzar en esa dirección, no tanto con legislación ex novo sino fundamentalmente articulando medidas que se consensúen con los




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agentes activos y respetando las competencias de las comunidades autónomas y la autonomía de la universidad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Sampedro.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, presidente.

Con carácter general, en cuanto al comentario —creo que casi todos los grupos lo han hecho— de que solo valoramos lo negativo y lo desastroso de los datos de la universidad, debo decirles que yo he empleado varios párrafos para valorar lo positivo. Lo que pasa es que uno no trae una moción ni al Senado ni al Congreso para tirarse quince minutos hablando de todas las cosas buenas. Aquí se traen las mociones para intentar impulsar medidas que corrijan aquellas cosas que merecen ser impulsadas, digo yo. Me parece esencial empezar por este tema.

Con respecto a la intervención del senador de Izquierda Unida, como en este momento no está, le contestaré luego porque me da igual el orden.

La senadora Martínez, del PNV, me comenta que cree que no hay nada que mejorar, que está todo estupendo. No se cree ningún ranking; ha cogido un montón de artículos, de los que unos van en contra y otros, a favor de la tesis que postulamos aquí sobre que hay cosas que cambiar. Usted prefiere, y está en su derecho, creer más a aquellos que dicen que no hay nada que cambiar —me parece que en eso puede coincidir incluso con la senadora de Entesa—, y con eso se siente mejor. Lo entiendo, pero usted sabe, y yo también, que hay cosas que cambiar y que no es coincidencia que los informes de una inmensa mayoría de expertos y una inmensa mayoría de artículos digan siempre que hay cambiar una serie de debilidades que tenemos, que hay que propiciar que dejen de serlo y que sean fortalezas.

En cuanto a su preocupación respecto del primer punto, lo del dinero y que hay que pagar por hacer el mapa, ya le comenté el otro día que se refiere a potenciar el sistema de información integrado de la universidad, a volcar los datos. En ese sentido, no creo que sea tan costoso.

Y sobre lo que me comenta acerca de que habría que cambiar y adecuar y que eso es muy costoso, le diré que hay que hacerlo continuamente, senadora. Hay que estar siempre alertas y vigilantes. Porque es cierto que tener que cambiar un título puede costar dinero, puede generar una inversión, pero lo que le aseguro que es tirar el dinero es tener titulaciones que no estén adaptadas para la misión que han de tener, que es formar a las personas para que luego puedan tener un puesto de trabajo o unos conocimientos que les permitan desempeñar lo que sea en su vida. Creo que en eso estará usted de acuerdo conmigo.

Y en cuanto al tema de las competencias, voy a aprovechar para contestar a los senadores de CiU, del PNV y especialmente a la senadora de la Entesa. Señoría, quiero decirle que por su discurso de repente me ha parecido que pertenece usted a algún grupo muy conservador, porque no quiere usted que cambie nada, quiere que todo siga como está. Pero, como sabe, si nada cambia, ser progresista es un poco difícil; hay que progresar. Entiendo que es usted conservadora y, desde luego, no creo que le hagan mucho caso en lo de retirar la ley. (Rumores.)

Invasión competencial. Todos ustedes están en ello. Yo no sé si es que el párrafo que puse sobre que todo se iba a hacer respetando los derechos de las comunidades autónomas, la autonomía universitaria y que todo ha de pasar por la Conferencia de Política Universitaria, no sé —digo— si no les vale. No sé si eso hay que ponerlo en cada párrafo o en cada línea, pero lo que sí sé decir es que las competencias son como cualquier derecho: algo que tiene un límite, que es donde están los límites de los demás. Y las competencias tienen el límite de que el Estado también tiene las suyas, y eso hay que respetarlo. Si no, según la teoría que tiene el senador Alturo, nunca estaríamos debatiendo ni de educación ni de sanidad ni en el Congreso ni en el Senado. (Rumores.)

Hace poco, el 10 de octubre de 2012, su grupo, CiU, presentó en el Congreso una moción, que fue aprobada, en la que hablaban de lo mismo que estamos diciendo hoy aquí: revisión de la oferta académica con el objetivo de adecuarla a la demanda y orientarla a la calidad, dotación de las universidades de mayor autonomía para la captación de talento, colaboración más estrecha entre universidad y empresa para garantizar más efectivamente la transferencia de conocimiento al tejido productivo… Lo único que yo me pregunto es: ¿ustedes en el Congreso son un grupo




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distinto del de aquí y no se admitían las competencias? Puedo estar en un error, pero en el documento que tengo aquí dice: Proposición no de ley de la Comisión del Grupo Parlamentario Catalán CiU sobre la revisión de la política de la gobernanza de la universidad. Pero luego podemos aclararlo. (Rumores.)

En cualquier caso, con respecto a su temor sobre las competencias, que me ha parecido que es lo que más le preocupa a usted, el Ministerio de Educación ha mantenido distintas reuniones para abordar la mejora de nuestro actual sistema universitario con la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, con el Consejo de Universidades, con las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria y con la Comisión Permanente del Consejo de Estudiantes Universitarios. Además, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha creado grupos de trabajo con la CRUE, con los consejos sociales, con las comunidades autónomas y con los agentes sociales para analizar y valorar el informe y proponer medidas de reforma. Me parece que el respeto está demostrado. Yo quiero entender que usted tendrá otras razones para no apoyar la moción que no sea lo de las competencias, porque, sinceramente, no lo entiendo. Ustedes comparten los objetivos y el criterio de cómo son las debilidades.

Veo que el senador Iglesias ha vuelto al hemiciclo. Quiero decirle que estoy de acuerdo en que no es el único criterio formar a los ciudadanos para ser productivos, para tener un trabajo; por supuesto. Lo que pasa es que, como he dicho al principio, uno va priorizando en el discurso aquel argumento al que quiere llegar. Formamos personas, formamos ciudadanos, formamos ciudadanos conscientes de sus derechos, pero si usted quiere ciudadanos que, efectivamente, puedan encontrar un mecanismo de trabajo que les haga personas de pleno derecho, con todas las capacidades, habrá que formarlos en una titulación en la que puedan conseguir empleo.

Y con respecto a que el término productores y producción es predemocrático, ¡y tanto! Creo que nos remontamos, y no solamente en este país, a un tema casi marxista. No creo que haya ningún problema en hablar de ello. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

La señora SAMPEDRO REDONDO: En cuanto a las universidades y la competitividad, creo que tenemos una diferencia de concepto que quizá deberíamos aclarar. Cuando hablamos de que las universidades tienen que ser más competitivas no nos referimos a que tengan que competir entre ellas, al contrario. La idea de especializar es precisamente evitar que tengan que competir entre ellas por arrastrar a unos estudiantes en un ámbito casi cercano y disgregar. Lo que queremos es que sean capaces, en sus propias competencias, de ser excelentes, de competir consigo mismas. Yo soy una persona muy competitiva, muy competitiva conmigo misma. Siempre pretendo hacer lo mejor. Ese es mi concepto de la competitividad, y creo, por lo que leo en los informes, que cuando se habla de especialización y de procurar tener un campo propio es precisamente para no competir en el sentido negativo, sino para tener capacidad de competir en el mundo global con unas armas de excelencia. Eso era lo único que le quería decir a usted.

Habría otras muchas cosas que querría decir a todos, pero tengo un tiempo limitado.

Con respecto al Grupo Socialista, aparte de lo que ya le he indicado antes al senador Areces —le conozco hace muchos años y sé que su capacidad para negar la mayor y seguir en el plano de decir que nada está mal y todo es estupendo es inagotable—, quiero decirle que, se ponga como se ponga, usted sabe que los objetivos que se marcan en esta moción son compartidos; están en la Estrategia 2015, cuyos documentos le recomiendo que lea de nuevo atentamente y los coteje. Y dejan muy claro que hay coincidencia en el análisis del problema y en los objetivos, y fueron hechos durante el período en que gobernaba —mal, pero gobernaba— su partido. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Algunos de ellos son, por ejemplo, la modernización del sistema universitario español; o el principio inspirador: la excelencia; un principio necesario: la internacionalización; y un principio básico y de futuro: la empleabilidad. Y me dice que ayer en la transaccional que usted y yo intentamos negociar no le admití que quitase la parte en la que usted quiere dar caña al Gobierno con el tema de las becas, y una vez más —no se sabe cuántas veces hay que repetirlo— hay que decir que las becas son un derecho que no es concurrente; tienen




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derecho a ellas todos los que cumplen los requisitos. Y todas esas personas reciben la beca con su componente de movilidad.

Así pues, lo que le pido, como le he dicho antes, es que haga usted uso de las propias palabras que utilizó y de sus propias ideas y tenga la lealtad de asumir que cuando a uno se le explica —como le dijo usted al rector— que a veces no todas las peticiones se pueden responder y satisfacer, el otro lo entiende la mayoría de las veces. Yo le pido a usted que lo entienda, y de hecho sé que lo entiende, porque el que gobernó sabe perfectamente que muchas veces hay que decir que no, como usted le dijo al rector; y le agradeció la lealtad. Y vuelvo a pedirle que tenga usted la misma lealtad para el Gobierno del Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sampedro.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a favor, 145; en contra, 100.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA MODIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE DÉFICIT PÚBLICO DE CATALUÑA PARA 2013 Y A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS EN MATERIA DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICAS.

(Núm. exp. 671/000066)

AUTORA: ESTER CAPELLA I FARRÉ (GPMX)

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, otra del Grupo Parlamentario Socialista y, finalmente, otra del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, la senadora Capella. (Rumores.) Espere un momento, señoría.

Señorías, la senadora Capella no va a empezar su intervención hasta que no haya silencio.

Cuando quiera, señoría.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

En primer lugar, debo decir que esta misma senadora ha presentado una corrección de errores al punto segundo de la moción, al haberse omitido una parte del texto, en el que debería decirse: «…por el incremento de gasto derivado de la deslealtad institucional».

Doncs bé, la Generalitat de Catalunya —i passaré a defensar aquí la meva moció— no té el control ni dels seus recursos ni dels seus impostos. Catalunya genera un total de 36 milions d’euros d’ingressos, que es poden desglossar de la manera següent: 33 230 milions recaptats a través de l’impost de societats, IVA i IRPF, i altres que són recaptats directament per l’Estat i que representen aproximadament el 92% dels ingressos que genera Catalunya via impostos i que recapta directament el Ministeri d’Hisenda a través de l’Agència Tributària. La resta dels ingressos, 2760 milions d’euros, són recaptats a través dels corresponents impostos que té assignats o transferits la Generalitat de Catalunya, que representen al voltant d’un 7% dels ingressos de la Generalitat.

La Generalitat de Catalunya només disposa per poder elaborar el seu pressupost de la quantitat de 19 000 milions d’euros, ja que només rep de l’Estat un 50% dels ingressos que genera via impostos. El compliment del pressupost de la Generalitat de Catalunya depèn de les




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transferències de l’Estat, i aquestes mai estan relacionades o majoritàriament no estan relacionades amb el 50% restant dels ingressos que es generen via impostos, sinó que depenen del Govern central i de decisions basades en arguments derivats o que tenen implicació amb la distribució poblacional, amb criteris polítics, etcètera.

És evident que Catalunya pateix un dèficit fiscal crònic, un dèficit estructural del 8% anual del seu PIB, un nivell excessiu si veiem el que passa a Europa. Així que aquest sistema pressupostari separa de manera molt poc eficient les decisions de política econòmica sobre els ingressos, nivell d’impostos adequats i la despesa pública.

En resum, Catalunya controla un gran percentatge de la seva despesa però no controla els seus ingressos. És evident que el 90% del pressupost de la Generalitat de Catalunya s’inverteix en sanitat, educació, serveis socials, seguretat, Mossos d’Esquadra, bombers, presons, etcètera, i, —si es manté l’objectiu fixat pel Govern de l’Estat, en aquest cas, el 0,7% del PIB fixat per l’Estat—, comportaria efectuar unes retallades al voltant dels 4.800.000.000 d’euros. Ja vaig relatar l’altre dia a la interpel·lació que feia el senyor Montoro el que representa per a Catalunya retallar 4.200.000.000 d’euros. És evident que complir amb l’objectiu del sostre de dèficit fiscal, fixat per l’Estat en el 0,7% del PIB, representa desaparèixer com a país.

Aquesta reclamació de flexibilització del dèficit no la fa només Esquerra Republicana de Catalunya, sinó el Parlament de Catalunya i altres grups parlamentaris, així com el Parlament Europeu en la seva resolució, en l’informe Pallone, en el qual, en relació amb les finances públiques de la Unió Econòmica i Monetària per als anys 2011 i 2012, estableix, en el punt 28, que els esforços de consolidació fiscal s’han de repartir de manera justa entre les diferents administracions públiques, tenint en compte els serveis que aquestes presten. En aquest mateix informe, en el seu punt 33, es recomana als estats que redueixin la seva despesa militar, és a dir, que redueixin el pressupost de defensa i de compra d’armament. Però el Govern de l’Estat tampoc no ha fet cas a aquest punt. Per tant, atès el que he exposat, un sostre de dèficit inferior al 3% significaria retallades importants, tenint en compte que cada dècima representa 200 milions d’euros més.

El segon punt de la moció no és altre que la reclamació del compliment de les quantitats degudes per l’Estat i el corresponent calendari de pagament, atesos els reiterats incompliments, tot i que l’anunci que duia a terme el ministre d’Hisenda la setmana passada. S’acumula una llarga llista de greuges i de deslleialtats, que van des del propi espoli fiscal acumulat, al deutes de l’Estat exigibles segons la disposició addicional tercera, els fons de liquiditat, els fons finalistes que l’Estat no paga, i que és allò que diu a les administracions més properes, als ajuntaments i a la Generalitat de Catalunya: «pagui vostè, que després ja ho trobarem». En aquest cas, en l’àmbit de la sanitat, en l’àmbit de la Llei de l’autonomia personal i atenció a les persones amb situació de dependència, les compensacions derivades de l’IVA, en aquest cas d’Hisenda, i els interessos de demora per quotes impagades a la Seguretat Social, com a conseqüència del retard en les transferències de l’Estat a la Generalitat.

Pues bien, la Generalitat de Catalunya —y defiendo aquí mi moción— no tiene el control ni de sus recursos ni de sus impuestos. Cataluña genera un total de 36 millones de euros de ingresos, que se pueden desglosar como sigue: 33 230 millones recaudados a través del impuesto sobre sociedades, IVA e IRPF, y otros recaudados directamente por el Estado y que representan aproximadamente el 92% de los ingresos que genera Cataluña vía impuestos y que recauda directamente el Ministerio de Hacienda a través de la Agencia Tributaria. El resto de los ingresos son recaudados a través de los correspondientes impuestos que tiene asignados o transferidos la Generalitat de Catalunya, que representan en torno al 7% de los ingresos de la Generalitat.

La Generalitat de Catalunya solo dispone para elaborar su presupuesto de la cantidad de 19 000 millones de euros, ya que solo recibe del Estado el 50% de los ingresos que genera vía impuestos. El cumplimiento de la Generalitat depende de las transferencias del Estado, y estas nunca están relacionadas o mayoritariamente no están relacionadas con el 50% restante de los ingresos que genera vía impuestos, sino que dependen del Gobierno central y de decisiones basadas en argumentos derivados o que tienen implicación con la distribución poblacional, con criterios políticos, etcétera.

Es evidente que Cataluña sufre un déficit fiscal crónico, un déficit estructural del 8% de su PIB, un nivel excesivo si vemos lo que sucede en Europa. Así que este sistema presupuestario separa




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de forma poco eficiente las decisiones de política económica sobre los ingresos, nivel de impuestos adecuados y el gasto público.

En resumen, Cataluña controla un gran porcentaje de su gasto pero no controla sus ingresos. Es evidente que el 90% del presupuesto de la Generalitat se invierte en sanidad, educación, servicios sociales, seguridad, mossos d’esquadra, bomberos, cárceles, etcétera; y, de mantenerse el objetivo fijado por el Gobierno del Estado —en este caso, el 0,7% del PIB—, comportaría efectuar unos recortes en torno a los 4800 millones de euros. Ya dije el otro día en la interpelación al señor Montoro lo que representa para Cataluña recortar 4200 millones de euros. Es evidente que cumplir con el objetivo del techo de déficit fiscal, fijado por el Estado en el 0,7% del PIB, representa desaparecer como país.

Esta reclamación de flexibilización del déficit no la hace solo Esquerra Republicana sino el Parlamento de Cataluña y otros grupos parlamentarios, así como el Parlamento Europeo en el informe Pallone, en el que, en relación con las finanzas públicas de la Unión Económica y Monetaria de los años 2011 y 2012, establece, en su punto 28, que los esfuerzos de consolidación fiscal deben repartirse de forma justa entre las distintas administraciones públicas teniendo en cuenta los servicios que estas prestan. En este mismo informe, en su punto 33, se recomienda a los Estados que reduzcan su gasto militar, es decir, que reduzcan el presupuesto de defensa y de compra de armamento. Pero tampoco a este punto el Gobierno del Estado presta atención. Por tanto, un techo de déficit inferior al 3% supondría unos recortes importantes, puesto que cada décima representa 200 millones de euros más.

El segundo punto de la moción no es otro que la reclamación del cumplimiento de las cantidades debidas por el Estado y el calendario de pago, teniendo en cuenta los incumplimientos, a pesar del anuncio que llevaba a cabo el ministro de Hacienda la semana pasada. Se acumula una larga lista de agravios y deslealtades, que van desde el propio expolio fiscal, acumulado a la deuda del Estado relativa a la disposición adicional tercera, al fondo de liquidez, a los fondos finalistas que no paga el Estado, hasta lo que dice a los ayuntamientos, a la Generalitat: pague usted, que después ya lo veremos. En este caso, en el ámbito de la sanidad, de la Ley de la dependencia, las compensaciones derivadas del IVA, de Hacienda y de los intereses de demora por cuotas impagadas a la Seguridad Social, como consecuencia del retraso en las transferencias del Estado a la Generalitat.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando. Sí, acabo.

La señora CAPELLA I FARRÉ: En aquest cas, l’augment de l’IVA i d’altres impostos dut a terme per l’Estat central, en aquest cas, pel Govern central, tampoc han produït una transferència en aquest cas a la Generalitat de Catalunya. I, en el mateix sentit, el derivat de la regularització, en aquest cas de l’amnistia fiscal propugnada pel Govern de l’Estat tampoc no ha tingut cap benefici en cas per a la Generalitat de Catalunya.

Per tant, demanaria el vot favorable a la nostra moció conseqüència de la interpel·lació.

Gràcies.

Sí, finalizo. En el reparto también injusto del aumento del IVA y de otros impuestos realizado por el Gobierno central; y tampoco se ha producido una transferencia en este caso a la Generalitat de Cataluña. Y, en el mismo sentido, el derivado de la amnistía fiscal propugnada por el Gobierno del Estado tampoco ha tenido ningún beneficio para con la Generalitat de Cataluña.

Por tanto, pediría el voto favorable a nuestra moción consecuencia interpelación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Senyor president, senyories, amb molta brevetat, vull explicar les nostres esmenes d’aquesta moció conseqüència d’interpel·lació d’Esquerra Republicana, al Grup Mixt.

Nosaltres compartim el fons de l’objectiu de la moció, que no és sinó la flexibilització del dèficit públic per a l’exercici 2013, però no tant la forma; per això hem proposat unes esmenes que,




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òbviament, intenten millorar el text. Compartim el fons perquè es tracta de flexibilitzar elevant el nostre sostre de dèficit, en aquest cas d’una manera molt singular per Catalunya i també per al conjunt de les administracions públiques. De fet, per Catalunya, en el benentès que és l’única comunitat autònoma que en aquests moments encara no disposa de pressupost aprovat per a l’any 2013, i està amb una pròrroga pressupostària amb el 0,7, amb el que això comporta.

Es reclama també els compromisos contrets per part de l’Estat amb Catalunya en matèria econòmica i financera, tant pel que fa referència al compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut com també a convenis de caràcter bilateral que també estan incomplerts.

I, en tercer lloc, perquè reclama una modificació de la Llei 22/2009, la llei de finançament vigent, a fi i efecte que es pugui compensar les comunitats autònomes pels majors ingressos fruit de la modificació de determinats tributs o impostos compartits per part l’Estat i, en aquest cas també, segons l’últim punt de la moció, pel que fa als majors ingressos fruit de l’amnistia fiscal o, entre cometes, de la regularització fiscal.

Segurament una moció d’aquestes característiques no necessita ni sol sostre a la negociació perquè, en el fons, aquesta negociació dependrà en gran mesura de la negociació de la modificació del dèficit públic per al conjunt d’Espanya, que suposem que està a la recta final i que ahir va ser objecte també de debat en una interpel·lació que es va presentar al ministre d’Economia. Evidentment, el senyor ministre no ens va dir cap a on anaven les coses, però sí que va donar algunes pistes en parlar del ritme de reducció del dèficit nominal i del dèficit estructural, la qual cosa segurament vol dir que estan parlant d’una forquilla del 5,5 o del 6 %; ja veurem quin és el resultat perquè serà determinant.

Malauradament, no es fa cap al·lusió en aquesta moció a un fet que des del meu punt de vista és essencial i és que no és el mateix negociar amb l’Estat espanyol amb la modificació del dèficit aconseguida a la Unió Europea —com espero— que sense això, perquè el marge del propi Govern és molt diferent i, per tant, el grau d’exigència del Govern de Catalunya, evidentment, també ho haurà de ser. Si l’Estat té marge, haurem de tractar d’evitar que passi el que va passar l’any passat i és que el marge guanyat en la negociació amb Brussel·les se’l va quedar l’Administració General de l’Estat i no les comunitats autònomes. Per tant, aquesta negociació és clau i la flexibilització a Catalunya dependrà d’aquest marge, de manera que cal fer al·lusió a això perquè no té sentit ignorar-ho, com si això no existís.

D’altra banda, existia algun comentari confús en el text, però la senadora l’ha corregit en l’auto-esmena i crec que queda força més clar.

Evidentment, compartim els darrers punts de la moció. És a dir que, nosaltres, amb les nostres esmenes hem procurat que la moció sigui més precisa, i fins i tot més contundent en algun apartat, com en el segon.

En qualsevol cas, el nostre posicionament final dependrà de l’acceptació que tinguin les nostres esmenes.

Moltes gràcies.

Señor presidente, señorías, quisiera explicar muy brevemente la enmienda a esta moción consecuencia de interpelación de Esquerra Republicana, en el Grupo Mixto.

Nosotros compartimos el fondo del objetivo, que no es otro que la flexibilización del déficit público para este ejercicio, el de 2013, pero no tanto la forma; y de ahí precisamente nuestra enmienda, que intenta mejorar el texto. Compartimos el fondo, porque se trata de flexibilizar el techo de déficit, y en este caso de una forma muy singular para Cataluña y para el conjunto de las administraciones públicas; de hecho, para Cataluña, teniendo en cuenta que es la única comunidad autónoma que en la actualidad no tiene todavía presupuesto aprobado para 2013, que está en una prórroga presupuestaria con el 0,7, con lo que ello conlleva.

También se reclama el cumplimiento de los compromisos adquiridos para con Cataluña en materia público-financiera, en lo que respecta al cumplimiento de la disposición tercera del Estatuto o a convenios de carácter bilateral que también son incumplidos.

Y, en tercer lugar, porque reclama una modificación de la Ley 22/2009, la ley de financiación vigente, con objeto de que se pueda compensar a las comunidades autónomas por los mayores ingresos fruto de la modificación de determinados tributos o impuestos compartidos por parte del




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Estado y, en este caso también, según el último punto de la moción, por lo que respecta a los mayores ingresos fruto de la amnistía fiscal o, entre comillas, la regularización fiscal.

Seguramente una moción de estas características no necesita techo en la negociación porque, en el fondo, va a depender en gran medida de la negociación de la modificación del déficit público para el conjunto de España, que suponemos que está en la recta final y que ayer fue objeto también de debate en una interpelación que se presentó al ministro de Economía. Evidentemente, el señor ministro no nos dijo hacia dónde iban las cosas, pero sí dio algunas pistas al hablar del ritmo de reducción de déficit nominal y de déficit estructural, lo que seguramente significa que están hablando de una horquilla del 5,5 o del 6%; ya veremos cuál es el resultado porque será determinante.

Desgraciadamente, no se hace ninguna alusión en esta moción a un hecho que desde mi punto de vista es esencial y es que no es lo mismo negociar con el Estado español con la modificación del déficit conseguida en la Unión Europea —como espero— que sin ello, porque el margen del propio Gobierno será muy distinto y, por lo tanto, el grado de exigencia del Gobierno de Cataluña también deberá serlo. Si el Estado tiene margen, tendremos que tratar de evitar que suceda lo que ocurrió el año pasado y es que el margen ganado en la negociación con Bruselas se lo quedó la Administración General del Estado y no las comunidades autónomas. Por lo tanto, esta negociación es clave y la flexibilización en Cataluña va a depender de este margen, de manera que hay que hacer alusión a ello porque no tiene sentido ignorarlo como si no existiera.

Por otro lado, existía algún comentario confuso en el texto, pero la senadora lo ha corregido en la enmienda y creo que ha quedado solucionado.

Evidentemente, también compartimos los últimos puntos de la moción.Con nuestras enmiendas hemos procurado que la moción sea más precisa e incluso más contundente en algún apartado, como en el segundo.

En cualquier caso, nuestro posicionamiento final dependerá de la aceptación de nuestras enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma. (El señor Bel Accensi pide la palabra.)

Senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Mi grupo parlamentario también ha presentado una enmienda y supongo que tendríamos que defenderla antes que la socialista.

El señor PRESIDENTE: La defensa de las enmiendas sigue el orden de presentación. Por tanto, inmediatamente después de la defensa de la enmienda socialista podrá usted defender la suya.

El señor BEL ACCENSI: Perdone, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: No hay problema.

Tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.

No tengo inconveniente en ceder el turno pero, en cualquier caso, mi intervención será muy breve.

La enmienda socialista lógicamente generaliza el ajuste al resto de comunidades autónomas porque, desde mi punto de vista, no es posible fijar un techo o un suelo en una negociación y pensar que esta se puede llevar al margen del resto de comunidades autónomas, de administraciones locales ni, desde luego, del compromiso que el Gobierno consiga con Bruselas, en el caso de que realmente lo consiga, porque aunque hoy ya todo el mundo da por hecho la flexibilización, no es la primera vez que ocurre y, finalmente, parece que las situaciones no acaban de concretarse. Por lo tanto, es imposible fijar un techo, máxime sin el acuerdo del resto de comunidades autónomas.




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Se da por supuesto que Cataluña pide, de acuerdo con lo que plantea Esquerra Republicana, lo que creen que necesitan, pero parece que las necesidades observadas por el resto de partidos catalanes, en este caso, no coinciden exactamente con la cuantía y, en particular, con el Gobierno de la Generalitat.

En todo caso, he de decir que por nuestra parte no se puede fijar un techo, pero, desde luego, sí estamos dispuestos a apoyar la modificación del reparto actual del déficit, porque ya se ha visto claramente a lo largo de la evolución de toda esta crisis que, por un lado, el Estado, como Administración central, ha sido capaz de reducir drásticamente su déficit, pero, a cambio, este último ha ido trasladándose paulatinamente a las comunidades autónomas. Esto quiere decir como mínimo que, puesto que se supone que el esfuerzo se ha hecho por las dos partes, no está bien repartido, sobre todo en función de la dificultad de reducir las competencias autonómicas sin tocar algo especialmente sensible para el presente y para el futuro, como es la educación y, el Estado del bienestar, en particular, la sanidad y los servicios sociales.

Por lo tanto, nosotros apoyamos esa modificación. Y en las otras cuestiones que son específicamente de relación de la Generalitat de Catalunya con el Estado no vamos a entrar porque pensamos que se trata de una situación que debe resolverse entre ellos, contando también con el resto de las comunidades autónomas. Naturalmente sí estamos de acuerdo con que las comunidades autónomas, aparte de ajustar en materia de gastos, trabajen también en materia de ingresos. En este sentido, todo lo que contribuya a liquidar el fraude fiscal nos parece bien y, por eso, hemos introducido esta enmienda, haciéndonos eco de lo que planteaba la propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Lerma.

Ahora sí, senador Bel, le toca defender la enmienda.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Señorías. Vagi per davant que nosaltres compartim l’esperit i el contingut de la moció. El compartim tant, senadora Capella, que hem presentat diferents mocions, així com mocions conseqüència d’interpel·lació que jo mateix li he fet al ministre d’Hisenda i que fins ara no han tingut molta sort. Li pronostico que, segurament, tampoc no tindrà fortuna aquesta moció que vostè presenta i a la que nosaltres donarem suport.

Tanmateix, crec que hem de ser constants, perquè —jo ja ho he patit i segurament ho patirà vostè també— sortirà algun portaveu del Partit Popular dient que això de tocar els objectius de dèficit és tabú, que això no és pot ni plantejar, que no pot ser, malgrat que constantment hi ha declaracions de membres del Govern que deixen la porta oberta a que sigui així, o que diuen que si hi ha una flexibilització per part de Brussel·les no es farà el que es va fer l’any passat quan l’Administració central es va apoderar de tota aquesta flexibilització. En qualsevol cas, tindrem temps més endavant de parlar de la moció en termes més generals.

El que sí que voldria fer és una presentació de l’esmena respecte a una correcció de l’esmena que hem afegit al llarg del dia d’avui. Es tracta simplement del fet que en el punt primer, quan parlen dels objectius de dèficit i els fixen en un percentatge del 2,3% respecte al PIB de Catalunya, nosaltres pensem, en la línia del que ha anat generant més consensos al Parlament de Catalunya, que aquest objectiu de dèficit s’hauria de fixar, com a mínim, en una tercera part de l’objectiu de dèficit que tingui assignat l’Estat espanyol per a tot el conjunt d’administracions. Per què diem que una tercera part? Jo ho he defensat des d’aquesta mateixa tribuna en diferents ocasions. En aquests moments, les comunitats autònomes gestionen aproximadament una tercera part de la despesa pública. L’Administració Central gestiona poc més del 50% de la despesa pública i les corporacions locals, aproximadament, un 13%. Veiem que amb l’assignació de dèficit que es va aprovar en els pressupostos generals de l’Estat —i els recordo que les previsions macroeconòmiques tornaran rectificades abans de quatre mesos— l’Administració central es reserva el 85% dels objectius de dèficit i cedeix a les comunitats autònomes el 15% dels objectius del dèficit, i a més de forma asimètrica, però després en parlaré d’això.

Per tant, en la nostra esmena proposem que l’objectiu del dèficit, que no s’hauria de correspondre amb una xifra concreta, sigui com a mínim d’un terç de l’objectiu de dèficit del conjunt de les administracions. Què significaria això? Doncs que l’objectiu de dèficit per a Catalunya —des




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del nostre punt de vista, també hauria de ser així per a altres comunitats autònomes— hauria de modificar-se amb independència de la modificació dels objectius de dèficit que es pugui fer per al conjunt de l’Estat espanyol per part de la Unió Europea. Per què? Perquè en l’actualitat ja tenim aquest desequilibri, un 15% enfront del 33% de despesa gestionada, i l’Administració Central té un 85% de l’objectiu del dèficit respecte a un 51, 52 o 53%, depèn una mica de les xifres que es remenin, de la despesa pública gestionada.

Aquesta és la nostra proposta i va en aquesta línia. No hem de fixar sostres però sí que sembla raonable fixar com a mínim aquesta xifra, encara que també és cert que no s’ha respectat en cap altre exercici anterior, així que plantejar una xifra superior tampoc seria desgavellat. No obstant això, en aquests moments i per tal de buscar el major consens possible, aquesta proposta d’un terç seria molt raonable.

Moltes gràcies.

Vaya por delante que nosotros compartimos el espíritu y el contenido de la moción. Lo compartimos tanto, senadora Capella, que hemos presentado distintas mociones, así como mociones consecuencia de interpelación que yo mismo le he hecho al ministro de Hacienda y que hasta ahora no han tenido mucha suerte. Le pronostico que, seguramente, tampoco tendrá fortuna esta moción que usted presenta y que nosotros vamos a apoyar.

No obstante, creo que debemos ser constantes, porque —yo ya lo he sufrido y seguramente lo va a sufrir usted también— saldrá algún portavoz del Partido Popular diciendo que esto de tocar los objetivos de déficit es tabú, que es algo que no se puede plantear, que no puede ser, a pesar de que constantemente hay declaraciones de miembros del Gobierno que dejan la puerta abierta a que vaya a ser así, a que si hay una flexibilización por parte de Bruselas no se va a hacer lo del año pasado en el que la Administración central se apoderó de toda esta flexibilización. En cualquier caso, tendremos tiempo más adelante de hablar de la moción en términos más generales.

Lo que sí quisiera hacer es una presentación de la enmienda respecto a una subsanación que hemos añadido a lo largo del día de hoy. Se trata de que en el punto primero, cuando hablan de los objetivos de déficit y los fijan en un porcentaje del 2,3% respecto al PIB de Cataluña, nosotros pensamos, en la línea que ha ido generando más consensos en el Parlamento de Cataluña, que este objetivo de déficit debería fijarse, como mínimo, en una tercera parte del objetivo de déficit que tenga asignado el Estado español para el conjunto de las administraciones. ¿Por qué decimos que una tercera parte? Yo lo he defendido desde esta misma tribuna en distintas ocasiones. En estos momentos, las comunidades autónomas gestionan aproximadamente una tercera parte del gasto público. La Administración Central gestiona poco más del 50% del gasto público y las corporaciones locales, aproximadamente, un 13%. Vemos que con la asignación de déficit que se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado —y les recuerdo que las previsiones macroeconómicas se van a rectificar antes de cuatro meses— la Administración Central se reserva el 85% de los objetivos de déficit y se cede a las comunidades autónomas el 15% de los objetivos del déficit, además de forma asimétrica, pero luego hablaré de ello.

Por lo tanto, en nuestra enmienda proponemos que el objetivo del déficit, que no debería corresponderse con una cifra concreta, sea como mínimo un tercio del objetivo de déficit del conjunto de las administraciones. ¿Qué significaría esto? Pues que el objetivo de déficit para Cataluña —desde nuestro punto de vista, también debería ser así para otras comunidades autónomas— debería modificarse con independencia de la modificación de los objetivos de déficit que pueda hacerse para el conjunto del Estado español por parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en la actualidad ya tenemos este desequilibrio, un 15% frente al 33% de gasto gestionado, y la Administración Central tiene un 85% del objetivo del déficit respecto a un 51, 52 o 53%, depende un poco de las cifras que se barajen, del gasto público gestionado.

Esta es nuestra propuesta y va en esa línea. No debemos fijar techos pero sí parece razonable fijar como mínimo esta cifra, aunque es cierto que no se ha respetado en ningún otro ejercicio anterior, así que plantear una cifra superior tampoco sería descabellado. No obstante, dada la situación actual y en aras de llegar al mayor consenso posible, este tercio sería muy razonable.

Gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bel.

Tiene la palabra la senadora Capella para indicar si acepta alguna de las enmiendas defendidas.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gràcies, president.

En primer lloc, vull agrair el to de les intervencions.

Al president Montilla no li accepto l’esmena en el benentès que nosaltres considerem que, per una posició de país, quan fixem en la moció aquest topall del 2,3% del PIB, entenem que tot allò que estigui per sota d’aquesta xifra suposa portar-nos a la ruïna.

Entenem que l’Estat incompleix les seves obligacions de manera sistemàtica; i aquest posicionament no només el manté Esquerra Republicana sinó també la comunitat universitària. Els catedràtics estan plantejant de manera sistemàtica que acceptar un sostre de dèficit per sota del 2,3% significa conduir el país al tancament definitiu de tot el que representa: les universitats, Catalunya Ràdio, etc. Ja vaig fer una enumeració exhaustiva a la meva interpel·lació al ministre i per aquest motiu ens posicionem amb aquests mínims infranquejables.

Li agraeixo el to, en tot cas, i el sentit de la seva intervenció, però no puc acceptar l’esmena. Tanmateix, agraeixo el posicionament manifestat pel president Montilla en aquest Senat.

Pel que fa al posicionament del Partit Socialista Obrer Espanyol, al senyor Lerma he de dir-li que tampoc acceptarem la seva esmena. A Esquerra Republicana mantenim una posició, que és la que he defensat en la meva intervenció i seguiré defensant. Entenc la seva posició però vostè ha de comprendre que nosaltres, amb els desideràtum que plantegem com a Esquerra Republicana, en aquests moments pretenem ser i volem ser on som. Per tant, mantenim que la nostra negociació va a banda, tot i que seguim dient que som solidaris, però primer volem ser solidaris amb nosaltres mateixos per després poder ser solidaris amb la resta de l’Estat, com ha estat sempre i al llarg de la història.

Pel que fa a l’esmena del Grup de Convergència i Unió, l’acceptarem, senyor Bel, per la pròpia correcció de la seva esmena quan parla d’un mínim equivalent a un terç de l’objectiu de dèficit fixat per al conjunt de les administracions, que entenc que no exclou el que nosaltres diem en la moció, i per tant, en aquest sentit, ens sentim còmodes. A més, entenem que també va en el mateix sentit de la moció aprovada al Parlament de Catalunya, en aquest cas també a proposta d’Esquerra Republicana, i defensada pel diputat Pere Aragonès, tot i que en aquell moment la flexibilització del dèficit semblava una entelèquia. En tot cas, entenem que la seva esmena quadra i és coincident amb el que nosaltres plantejàvem al Parlament de Catalunya.

He oblidat dir-li al senyor Lerma que és evident que la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, està buscant la manera de no dependre de l’Estat pel que fa a la transferència d’ingressos. En aquest sentit, qualsevol proposta d’increment d’ingressos, com podria ser l’impost sobre els dipòsits bancaris, ha estat vetada i parada des de l’inici pel mateix Govern de l’Estat espanyol. Per tant, per a Esquerra Republicana de Catalunya l’acord d’estabilitat parlamentària signat amb Convergència i Unió ha anat en aquesta línia de buscar la manera de fer que Catalunya per si sola pugui sortir de la seva situació i pugui seguir donant cobertura a les necessitats dels ciutadans i de les ciutadanes de Catalunya. Ho hem intentant de totes les maneres possibles, però l’Estat contínuament ens posa límits, ens impedeix qualsevol capacitat d’exercir el nostre autogovern i de seguir endavant com a país.

Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya entenem que s’han trencat totes les possibilitats de diàleg amb l’Estat i, per tant, nosaltres estem ja en un altre marc de l’imaginari i col·lectiu que no és altre que anar caminant cap a un procés de transició nacional que ha d’esdevenir en un Estat propi, des del desideràtum d’Esquerra Republicana de Catalunya, i, en conseqüència, en ha de permetre arribar a tenir aquelles eines d’Estat propi que ens permetran ser un país normal, cosa que en aquests moments no podem ser.

Gràcies.

Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero agradecer el tono de las intervenciones.

Al presidente Montilla no le acepto la enmienda en tanto que consideramos que, por una postura de país, fijamos en la moción este techo del 2,3% del PIB y entendemos que todo aquello que se sitúe por debajo de esta cifra supone llevarnos a la ruina.




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Entendemos que el Estado incumple sus obligaciones de manera sistemática; postura que no solo mantiene Esquerra Republicana, también la comunidad universitaria. Los catedráticos están planteando de forma sistemática que aceptar un techo de déficit por debajo del 2,3% significa conducir al país al cierre definitivo de todo lo que representa como país: las universidades, Cataluña Radio, etcétera. Ya hice una enumeración exhaustiva en mi interpelación al ministro y por este motivo nos posicionamos con estos mínimos infranqueables.

Le agradezco el tono, en todo caso, y el sentido de su intervención, pero no puedo aceptar la enmienda. No obstante, agradezco el posicionamiento manifestado por el presidente Montilla en el Senado.

En cuanto al posicionamiento del Partido Socialista Obrero Español, al señor Lerma he de decirle que tampoco vamos a aceptar su enmienda. En Esquerra Republicana mantenemos una postura, que es la que he defendido en mi intervención y la voy a seguir manteniendo. Entiendo su postura pero usted tiene que comprender que nosotros, con los desiderátum que planteamos como Esquerra Republicana, en estos momentos pretendemos y queremos estar donde estamos. Por lo tanto, mantenemos que nuestra negociación va por otro cauce. Nosotros queremos ser solidarios, en primer lugar con nosotros mismos para luego poder ser solidarios con el resto del Estado, como siempre lo hemos sido a la largo de la historia.

En cuanto a la enmienda de Convergència i Unió, se la voy a aceptar, señor Bel, porque la propia corrección de su enmienda cuando habla de un mínimo equivalente a un tercio del objetivo de déficit fijado para el conjunto de las administraciones, entiendo que no excluye lo que nosotros decimos en la moción; por lo tanto, en este caso nos sentimos cómodos, y va en el mismo sentido de la moción defendida y aprobada en el Parlamento de Cataluña, también a propuesta de Esquerra Republicana. Nosotros en ese momento considerábamos que la flexibilización del déficit parecía una entelequia. En este sentido, entendemos que su enmienda cuadra y es coincidente con lo que nosotros planteábamos en el Parlamento de Cataluña.

He olvidado decirle al señor Lerma que es evidente que la Generalitat de Catalunya, el Parlamento de Cataluña, está buscando la fórmula de no depender del Estado en cuanto a la transferencia de ingresos. En este sentido, cualquier propuesta de incremento de ingresos, como podría ser el impuesto sobre los depósitos bancarios, ha sido vetada y parada por el propio Gobierno del Estado español. Por lo tanto, para Esquerra Republicana de Cataluña el acuerdo de estabilidad parlamentaria firmado con Convergència i Unió ha ido en esta línea de buscar la forma de que Cataluña por sí sola pueda salir de su situación y pueda seguir dando cobertura a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Lo hemos intentando de todas las formas posibles, pero el Estado continuamente nos pone límites, nos impide cualquier capacidad de ejercer nuestro autogobierno y seguir hacia delante como país.

En Esquerra Republicana de Cataluña vemos que se han roto todas las posibilidades de diálogo con el Estado; por lo tanto, nosotros estamos ya en otro marco del imaginario colectivo que no es otro que ir andando hacia un proceso de transición nacional que tiene que culminar en un Estado propio desde el desiderátum de Esquerra Republica de Cataluña y, en consecuencia, llegar a tener esas herramientas de Estado propio que nos permitirán ser un país normal, cosa que en estos momentos no podemos ser.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

¿Turno en contra? (Pausa.)

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

No hay intervenciones.

Senadora Capella, tiene otro turno. (Denegaciónes.) Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)

Tampoco hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?

Tiene la palabra el senador Montilla.




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El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyor president, senyories.

Ja he dit amb la meva anterior intervenció que nosaltres compartim la motivació de la moció, i de fet, estem convençuts de què d’aquest tema no serà la última vegada que hem parlem. Segur que tindrem més ocasions perquè aquest és encara un procés que està evidentment obert.

Està clar que no te sentit la distribució actual del dèficit de l’any 2013. Cal recordar que del 4,5% previst a un 0,7% és per a les comunitats autònomes, i el 3,8% per l’Estat, i 0% per les corporacions locals, que fins i tot la previsió que te el quadre macroeconòmic actual per a l’any que ve encara és molt pitjor: 2,8% global, 2,7% Administracions General de l’Estat, i 0,1% comunitats autònomes, i 0 corporacions locals. És evident que és insostenible. Per això la importància que te la negociació amb Brussel·les. Cal ser realista: una cosa és que al marge del resultat de la negociació de Brussel·les, el que les comunitats autònomes demanen, i en singular a la Generalitat de Catalunya, és que precisen més marge —d’això n’estic precisament convençut i ho compartim—, y una altra és, per entendre’ns, que les possibilitats de l’Estat també són diferents en el marc actual o amb una correcció del dèficit a l’alça. Cal ser realista, i en aquest sentit, precisament, anava la nostra esmena.

Ho hem dit en nombroses ocasions que aquesta distribució del dèficit no te sentit per la pròpia distribució de les despeses del conjunt dels nivells d’administració, per la limitació també en les possibilitats de generar ingressos de les pròpies comunitats autònomes. Les comunitats autònomes tenen molt poca capacitat fiscal, i per reduir el dèficit han d’actuar amb la reducció de la despesa, amb les retallades, i això és absolutament injust, perquè l’Estat sí que te més instruments per corregir aquesta situació per la via de la pujada d’ingressos.

Pot afectar en el cas de les comunitats autònomes els serveis essencials com la salut, l’educació i els serveis socials que no són un 90% de la despesa, però sí pràcticament dues terceres parts de la despesa no financera en el cas de la Generalitat de Catalunya. I perquè evidentment les retallades en aquest camp afecten fonamentalment a les persones i, a més a més, al marge d’altres efectes induïts, evidentment, que fan que la pròpia economia pugui créixer menys, menys despesa pública també comporta, entre d’altres coses això, i només cal repassar els darrers informes dels organismes internacionals que també parlen d’això. El Govern Espanyol ha de negociar la flexibilització o està negociant amb Brussel·les, esperem que arribi a bon port aquesta negociació.

El Govern de Catalunya ha de negociar la flexibilització a l’alça amb el Govern de l’Estat; malgrat altres projectes polítics que es puguin tenir, les negociacions són necessàries, són inevitables i són desitjables, més que la situació actual. La situació actual de tenir al país, a Catalunya en aquest cas, sense pressupost això sí que ha tingut cost, perquè el pressupost està prorrogat amb el 0,7% —cal dir-ho—, amb unes retallades més que substancials. I, per tant, estar sense pressupost o pressupost prorrogat és pitjor que amb un pressupost que mai serà en les actuals circumstàncies un gran pressupost, un pressupost bo.

En aquesta negociació —com repeteixo— el Govern de Catalunya ha de tenir la nostra comprensió i el nostre suport, i el tindrà. Esperem que aquesta negociació arribi a bon port i tant de bo es pugui aconseguir un nivell de dèficit a l’entorn d’una tercera part del conjunt del dèficit de les administracions públiques. Jo ho comparteixo. Ara bé, ens hagués agradat poder votar aquesta moció favorablement, no s’han tingut en compte les nostres esmenes, ho podem entendre, d’alguna manera s’ha fet al·lusió a una moció també del Parlament de Catalunya que es va aprovar també amb els vots d’Esquerra Republicana i de Convergència i Unió; no es van acceptar tampoc esmenes d’altres formacions polítiques, però —repeteixo— en qualsevol cas com estic segur que d’aquest tema continuarem parlant, malauradament, en qualsevol cas sí que espero que puguem coincidir, perquè l’objectiu, que és elevar el sostre de dèficit de manera molt singular de les comunitats autònomes i de Catalunya, evidentment és un posicionament que compartim —estic segur— amb les formacions polítiques amb les quals avui no coincidirem amb aquesta petita discrepància.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, ya he dicho en mi intervención anterior que nosotros compartimos la motivación de la moción. De hecho estamos convencidos de que esta no va a ser la última vez que este tema




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aparezca en esta Cámara; seguro que vamos a tener más ocasiones porque este es un proceso que, evidentemente, está abierto.

Está claro que no tiene sentido la distribución del déficit en el año 2013. Hay que recordar que del 4,5 previsto, un 0,7% va a las comunidades autónomas, un 3,8% al Estado y 0% para las corporaciones locales. Incluso la previsión que tiene el cuadro macroeconómico actual para el próximo año todavía es mucho peor: un 2,8% global, un 2,7% para la Administración General del Estado, un 0,1% para comunidades autónomas y 0% corporaciones locales; es evidente que es insostenible. De ahí la importancia que tiene la negociación con Bruselas, porque hay que ser realista. Una cosa es que al margen del resultado de la negociación con Bruselas las comunidades autónomas y la Generalitat de Catalunya precisen más margen —estoy convencido y lo comparto—, y otra cosa es, para entendernos, que las posibilidades del Estado sean distintas en el marco actual o con una corrección del déficit al alza. Hay que ser realistas, y por ahí iba nuestra enmienda.

Ya hemos dicho en varias ocasiones que esta distribución del déficit no tiene sentido por la propia distribución de los gastos del conjunto de los niveles de Administración y por la limitación de las posibilidades de generar ingresos de las propias comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen muy poca capacidad fiscal y para reducir el déficit deben actuar con la reducción del gasto, con los recortes. Esto es absolutamente injusto porque el Estado sí que tiene más instrumentos para poder corregir esta situación por la vía del incremento de ingresos.

En el caso de las comunidades autónomas afecta a servicios esenciales como servicios sociales, educación, sanidad, que no son un 90% del gasto pero sí prácticamente dos terceras partes del gasto no financiero en el caso de la Generalitat de Catalunya. Evidentemente los recortes en este campo afectan básicamente a las personas, al margen de otros efectos inducidos que hacen que la propia economía pueda crecer menos, menos gasto público supone eso. Y solo hay que repasar los últimos informes de los organismos internacionales que también lo mencionan. El Gobierno español debe negociar la flexibilización, lo está negociando con Bruselas y esperamos que llegue a buen puerto esta negociación.

El Gobierno de Cataluña debe negociar la flexibilización con el Gobierno del Estado; a pesar de otros proyectos políticos que se puedan tener, las negociaciones son necesarias, son inevitables y son deseables, más que la situación actual. La situación actual tiene a Cataluña sin presupuesto, y eso que se ha prorrogado el presupuesto con el 0,7% —esto hay que decirlo—, con unos recortes más que sustanciales. Por lo tanto, sin presupuesto es peor; estar con un presupuesto prorrogado es peor que con un presupuesto que nunca será en las actuales circunstancias un gran presupuesto. Esto es lo que yo creo.

En esta negociación —repito— el Gobierno de Cataluña tiene nuestra comprensión y va a tener nuestro apoyo. Esperamos que esta negociación llegue a buen puerto, y ojalá se pueda conseguir un nivel de déficit de alrededor de una tercera parte del conjunto del déficit de las administraciones públicas. Yo lo comparto. No obstante, nos hubiera gustado poder votar favorablemente la moción. No se han tenido en cuenta nuestras enmiendas, y lo podemos entender. Se ha hecho alusión a una moción del Parlamento de Cataluña que se aprobó con los votos de Esquerra Republicana y Convergència i Unió; no se aceptaron tampoco enmiendas de otras formaciones políticas, pero —repito— de este tema vamos a seguir hablando en esta Cámara y, en cualquier caso, espero que podamos coincidir porque el objetivo, que es elevar el techo de déficit de forma muy singular en las comunidades autónomas y en Cataluña, evidentemente es un posicionamiento que compartimos —estoy seguro— con las formaciones políticas con las que hoy no vamos a coincidir por esta pequeña discrepancia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, President. Senyories.

Inicií aquest torn de portaveus fent un comentari en relació amb un tema que jo crec que el Senador Lerma i el Senador Montilla deien que hi ha una situació a Catalunya que no hi ha pressupost, i que aquesta és una situació que no és desitjable. Efectivament, no és desitjable, ara si em pregunten jo no sé que els hi diria. No sé si és millor estar sense pressupost, que aprovar un




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pressupost i als quatre mesos haver de modificar el pressupost de forma reiterada, perquè això és el que farà l’Administració Central espanyola i això és el que farà la majoria d’administracions de les comunitats autònomes d’aquí poques setmanes, si no ja ho veuran. Per tant, segurament no és bo estar sense pressupost o amb un pressupost prorrogat, segurament no, però tampoc no és gens bo estar constantment modificant els pressupostos, i per tant, davant de les dues opcions segurament el Govern de Catalunya ha optat per no comprometre’s directament amb un pressupost, fins no tindre clar quins seran els objectius de dèficit assignats a la Generalitat de Catalunya.

Respecte a la resta de la moció, senadora Capella, compartim absolutament el contingut. Entenem que l’Administració, el Govern Central hauria de complir els seus compromisos d’inversions i d’aportacions en relació al sistema de finançament vigent. Si fora així, malgrat un objectiu del dèficit del 0,7%, no s’hauria de fer ni un euro de retallada al pressupost de la Generalitat de Catalunya. Per tant, recolzem també la proposta de què es modifiqui. Ho hem demanat, ho hem presentat, se’ns ha rebutjat, i ara tornem a recolzar la possibilitat de què es modifiqui la Lofca a efectes de què els increments de tipus impositius en l’IVA, en els impostos especials, i en altres impostos, tinguin un efecte sobre el finançament de les comunitats autònomes, i no com ara que simplement el que els hi fan és augmentar els ingressos per la participació en ingressos i reduir els ingressos pels fons de suficiència. Per tant, també compartim aquesta proposta.

Una reflexió en aquesta qüestió respecte a un comentari que ha fet el Senador Lerma o que m’ha paregut interpretar a mi dient: no és que l’Administració Central ja ha fet un gran esforç en la reducció del dèficit i s’està condemnant a què les comunitats autònomes siguin les incomplidores. D’acord amb la segona part de l’afirmació, però no estic gens d’acord amb la primera. Repassem les xifres. Quin és l’esforç que ha fet l’Administració Central en la reducció del dèficit? Ens estem movent entorn a un 5%. Ara amb les liquidacions definitives torna a passar així, perquè recordem que estem liquidant el 7%, i si hi incloem el rascat bancari, el 10%. Quin percentatge li correspon a l’Administració Central? Quin percentatge tenia l’any passat? Quin percentatge tenia a l’any 2010? Per tant, no hi estic d’acord i voldria que constés en acta que l’Administració Central està fent un gran esforç o un esforç molt superior al de les comunitats autònomes a efectes de consolidació fiscal. Li vull recordar que les comunitats autònomes aquest any passat, fins i tot computant aquelles que van incomplir —incloc la catalana, que s’aproxima al 2% del PIB quan teníem un objectiu de l’1,5%—, la reducció del dèficit de les comunitats autònomes està entorn al 50% en un any. No redueix a l’Administració Central un 50% al seu dèficit, ni un 50, ni un 40, ni un 30. Per tant, evidentment s’està deixant a les comunitats autònomes en una situació complexa, però l’Administració Central no està complit.

I una altra qüestió que voldria apuntar: veritat que a la Unió Europea la distribució del dèficit es fa en funció de la situació prèvia que te cadascun dels estats? Doncs també seria raonable que la distribució entre comunitats autònomes del dèficit es fes en funció de la situació que tingui cadascuna d’aquestes comunitats autònomes, i per tant, seria raonable una distribució asimètrica d’aquest dèficit, que fins i tot estan demanat avui presidents de comunitats autònomes governades pel Partit Popular.

Moltes gràcies i, òbviament, votarem a favor.

Muchas gracias, presidente.

Señorías, comienzo este turno de portavoces haciendo un comentario en relación con un tema que el senador Lerma y el senador Montilla han señalado ahora, y es que en Cataluña no hay presupuesto y esta no es una situación deseable. Efectivamente, no es deseable, pero si me preguntan, no sé si es mejor estar sin presupuesto que aprobar un presupuesto y a los cuatro meses tener que modificarlo de forma reiterada, porque esto es lo que va a hacer la Administración Central española y es lo que van a hacer la mayoría de administraciones de las comunidades autónomas dentro de pocas semanas; si no, ya lo verán. Así que seguramente no es bueno estar sin presupuesto o con un presupuesto prorrogado, seguramente no, pero tampoco es bueno estar constantemente modificando los presupuestos. Por tanto, ante las dos opciones, el Gobierno de Cataluña ha optado por no comprometerse directamente con un presupuesto hasta no tener claro cuáles serán los objetivos de déficit asignados a la Generalitat.

En cuanto al resto de la moción, senadora Capella, compartimos absolutamente el contenido. Entendemos que la Administración, que el Gobierno central, tendría que cumplir sus compromisos




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de inversiones y de aportaciones en relación con el sistema de financiación vigente. Si fuera así, a pesar de un objetivo de déficit de 0,7%, no se tendría que hacer ni un euro de recorte al presupuesto de la Generalitat de Catalunya. Así es que apoyamos la moción, apoyamos también la propuesta de que se modifique. Lo hemos pedido, lo hemos presentado, se ha rechazado, y ahora volvemos a apoyar la posibilidad de que se modifique la Lofca a efectos de que los incrementos de tipos impositivos en el IVA, en los impuestos especiales y en otros impuestos, tengan un efecto sobre la financiación de las comunidades autónomas, y no como en el momento actual en que el incremento de los ingresos se hace por la participación en ingresos y se reducen por la participación en el Fondo se suficiencia. O sea que compartimos esta propuesta.

También debemos hacer una reflexión respecto a un comentario del senador Lerma, o que yo he interpretado así, que dice que la Administración Central ya ha hecho un gran esfuerzo para la reducción del déficit y ahora se condena a que sean las comunidades autónomas las incumplidoras. De acuerdo con la segunda parte de la afirmación, pero no estoy nada de acuerdo con la primera. Repasemos las cifras, ¿cuál es el esfuerzo que ha hecho la Administración Central en la reducción del déficit? Nos estamos moviendo en el entorno del 5% en las liquidaciones definitivas y vuelve a pasar lo mismo. Recordemos que estamos liquidando al 7%, y si incluimos el rescate bancario al 10%. ¿Qué porcentaje le corresponde a la Administración Central? ¿Qué porcentaje tenía el año pasado, qué porcentaje tenía en el año 2010? No estoy de acuerdo para nada —y quisiera que constara en acta— con que la Administración Central esté haciendo un gran esfuerzo o un esfuerzo muy superior al de las comunidades autónomas a efectos de consolidación fiscal. Le quiero recordar que las comunidades autónomas el año pasado, incluso computando aquellas que incumplieron —incluyo la catalana, que se aproxima al 2% del PIB cuando teníamos un objetivo del 1,5%—, la reducción del déficit de las comunidades autónomas está alrededor del 50% en un año. No reduce la Administración Central un 50% su déficit, ni un 50, ni un 40, ni un 30. Así es que sí se está dejando a las comunidades autónomas en una situación compleja, pero la Administración Central no está cumpliendo para nada.

Y otra cuestión que quisiera destacar es que en el Unión Europea la distribución del déficit se hace en función de la situación previa que tiene cada uno de los Estados. Pues también sería razonable que la distribución del déficit entre comunidades autónomas se hiciera en función de la situación que tenga cada una de ellas. Por tanto, sería razonable una distribución asimétrica de este déficit, que incluso están solicitando hoy por hoy presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Muchas gracias. Obviamente, vamos a votar a favor de la moción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gràcies, senyor president.

Bo, he de dir que no assumiré jo naturalment la responsabilitat que li correspon al Govern actual de defensar determinades qüestions, i en concret la reducció del dèficit que ha fet l’Estat, però l’Estat ha fet un esforç molt important, i les comunitats autònomes també. Les comunitats autònomes també, però l’esforç de l’Estat ha sigut considerable i només cal veure la situació en què tenim els nostres ciutadans respecte a les retallades que han ocorregut en serveis que prestava l’Estat.

I si podem fer un descompte del que ha passat, sanitat no, però pensions per exemple és bastant evident que hi ha hagut un esforç molt important perquè hi ha molta gent que cobrarà una pensió més baixa en el futur i que treballarà dos anys més. Això és un esforç considerable, per cert. Com es poden dir moltes altres coses al respecte i en particular jo crec que hi ha molt gent que per exemple ja no cobra l’assegurança de la desocupació, És un esforç molt important, això, d’una despesa que l’Estat hauria de fer i no fa. I tantes altres coses que suposen des del punt de vista de l’esforç dels ciutadans del conjunt d’Espanya han fet i que no correspon a competències autonòmiques és molt gran i molt evident. Tenint en compte que com tot el món sap això de la prima de risc no és una cosa que vaja de broma sinó que cada volta el cost del finançament de l’Administració central i de les administracions autonòmiques que corren a càrrec del mateix pressupost en este cas costa molts diners, i mantenen una situació insostenible des del punt de vista de les finances públiques quan passem a una prima de risc com la que tenim en este moment,




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per exemple, de uns 300 punts bàsics. Això significa uns tipus d’interès de més del quatre i escaig per cent i certament amb el creixement que tenim no és sostenible, això.

Per tant, ha fet un esforç molt important. I eixe esforç corre a càrrec del finançament de l’Estat i de les comunitats autònomes que viuen també d’eixe finançament que té l’Estat. Que després estarem discutint una cosa que es discuteix molt en el Parlament de Catalunya i que probablement molts es posen d’acord a dir que és cert, però que la resta no assumim, perquè no es correspon amb la realitat de les xifres. Eixa és la... Vostès es posen d’acord en estes coses però les xifres realment no té la culpa de tot Espanya, de tot el que passa a Catalunya. Hi ha un Govern català que també pot recaptar, hi ha un Govern català que també gasta, hi ha un Govern català que pot gastar millor o pitjor en les inversions i això no es discuteix ací, es deu discutir allí i per això jo no vull entrar, però sí que he de dir que en els últims anys, de la mateixa manera que hi hagut una despesa molt gran, hi ha hagut una despesa molt gran, doncs el que ha vingut ocorrent és que quan et gastes molt diners que després cauen en la recaptació, resulta que tens un forat, i això és el que passa en moltes administracions públiques en general, i en les autonòmiques en particular. Que no vull singularitzar en el cas català, però que sí que vull deixar bastant clar que durant els anys 2003 a 2008 especialment hi ha hagut un creixement de la despesa autonòmica del 30 %. Que això a continuació és molt difícil de finançar, i quan arriba el moment de la crisi, en què els ingressos cauen, resulta que eixa despesa millor gastada o pitjor, i decidida certament per qui té la capacitat de decidir-ho, pesa sobre el finançament. I no pesa sobre els problemes que genera Espanya a les comunitats autònomes, pesa sobre decisions que ha pres cada parlament autonòmic o cada govern, i que a continuació ha de finançar. I això és el que tots hem de tindre en compte, i per tant cal tindre en compte que si hem gastat malament, ara hem de solucionar eixa qüestió, i no ho hem fet molt bé, segurament, perquè no generem recursos suficients per a finançar tots els problemes, tots els gastos, que hem assumit. Esta és la realitat que naturalment haurem de corregir, perquè el futur, en cas contrari, es presenta molt complicat.

Res més.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Tengo que decir que yo no asumiré naturalmente la responsabilidad que le corresponde al Gobierno actual de defender determinadas cuestiones y, en concreto, la reducción del déficit que ha hecho el Estado, pero el Estado ha hecho un esfuerzo muy importante y las comunidades autónomas también; también las comunidades autónomas. Pero, repito, el esfuerzo del Estado ha sido considerable y solo hay que ver la situación en que tenemos a nuestros ciudadanos respecto a los recortes que han ocurrido en servicios que prestaba el Estado.

Si quieren, les puedo contar lo que ha pasado. En sanidad no, pero en pensiones es evidente que ha habido un esfuerzo muy importante, porque hay mucha gente que cobrará una pensión más baja en el futuro y que trabajará dos años más; es un esfuerzo considerable. También se pueden decir muchas más cosas al respecto. En particular, hay mucha gente que, por ejemplo, ya no cobra el seguro de desempleo —es un esfuerzo muy importante—, es un gasto que el Estado debería hacer y no hace, y tantas otras cosas, que supongo que desde el punto de vista del esfuerzo que los ciudadanos han hecho y que no corresponde a competencias autonómicas es muy grande y evidente, teniendo en cuenta, como todo el mundo sabe, que lo de la prima de riesgo no es algo que vaya en broma ya que la financiación de la Administración central y de las administraciones autonómicas —que van a cargo del mismo presupuesto, en este caso— cuesta mucho dinero. Y mantener una situación desde el punto de vista de las finanzas públicas, cuando pasemos a una prima de riesgo como la que tenemos en este momento, por ejemplo, de unos 300 puntos básicos —esto significa un interés de más de un cuatro y pico por ciento—, desde luego, con el crecimiento que tenemos, no es sostenible.

Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo muy importante, y este esfuerzo va a cargo de la financiación del Estado y de las comunidades autónomas que viven también de esa financiación. Que después discutamos algo que se debate mucho en el Parlamento de Cataluña, y que probablemente muchos se pongan de acuerdo en decir que es verdad pero que el resto no asumimos porque no se corresponde con la realidad de las cifras... Ustedes se ponen de acuerdo con estas cosas, pero las cifras realmente no tienen la culpa de todo lo que pasa en España, de




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todo lo que sucede en Cataluña. Hay un Gobierno catalán que también puede recaudar, asimismo hay un Gobierno catalán que gasta, y hay un Gobierno catalán que puede gastar mejor o peor en las inversiones. Esto no se discute aquí, se tiene que debatir allá y por esto yo no quiero entrar. Pero sí tengo que decir que, de la misma forma que en los últimos años ha habido un gasto muy elevado, lo que ha venido pasando es que cuando te gastas mucho dinero que después cae en la recaudación, tienes un agujero. Y esto es lo que pasa en muchas administraciones públicas, en general, y en las autonómicas, en particular, y no quiero singularizar en el caso catalán. Lo que sí quiero dejar bastante claro es que, especialmente, durante los años 2003 a 2008 ha habido un crecimiento del gasto autonómico del 30% que a continuación es muy difícil de financiar, y cuando llega el momento de la crisis, en que los ingresos caen, resulta que ese gasto, mejor o peor gastado y decidido desde luego por quien tiene la capacidad de decidirlo, pesa sobre la financiación. Y no pesa sobre los problemas que genera España a las comunidades autónomas, pesa sobre decisiones que ha tomado cada parlamento autonómico o cada gobierno, que a continuación tiene que financiar. Esto es lo que todos debemos tener en cuenta. Por tanto, debemos tener en cuenta que si hemos gastado mal, ahora tendremos que solucionarlo, y no lo habremos hecho muy bien seguramente porque no generamos recursos suficientes para financiar todos los problemas, todos los gastos que hemos asumido. Esta es la realidad, que naturalmente tendremos que corregir porque el futuro se presenta muy complicado.

Nada más.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar esta moción sobre todo, y particularmente, porque entendemos que la moción en su conjunto, en sus cuatro apartados que trata, se resume básicamente en un argumento repetido hasta la náusea en los últimos meses sobre un victimismo que trata de exacerbar sentimientos que lógicamente nosotros no compartimos. Se basa fundamentalmente en la creación de obligaciones imaginarias de España para con parte de España —con Cataluña— y, al mismo tiempo, en la exageración en torno a ese concepto vagamente definido de espolio fiscal y de desacuerdo con las relaciones financieras, fiscales, que, dentro de una nación, tienen que existir y que nosotros no compartimos en absoluto; esa es una cuestión conceptual.

Entendemos, por tanto, que esta moción está impregnada de victimismo, y lo que es más sorprendente todavía —y eso nos llena de perplejidad—, al tiempo que nos hace pensar que no deja de ser más que una dedicatoria a un público específico. Se repite una y otra vez, y se olvidan las responsabilidades personales en algunos casos —y, desde luego, políticas— que el grupo proponente y algunos otros de esta Cámara tienen en la situación que vivimos.

La senadora de Esquerra Republicana parece olvidar que su partido ha gobernado con el tripartito en Cataluña y que, gracias a la acción de su partido en Cataluña, se derivan gran parte de los males que actualmente tenemos en esa región —y en España en su conjunto, pero específicamente en Cataluña— en relación con ese Gobierno e imputa a los demás el teórico espolio fiscal basado en unos estudios académicos de muy dudoso valor, de muy dudosa eficacia —y podríamos hablar de las balanzas fiscales durante semanas y no nos pondríamos de acuerdo en esa materia—. Parece olvidar también que el actual sistema de financiación —el que data de hace tres años—, ese sistema de financiación —puntos 3 y 4 de la moción que nos presenta— es el fruto de una negociación peculiar, de una negociación de parte, de una negociación que nosotros en su momento consideramos viciada de inicio y de una negociación que desde su partido y desde el tripartito de Cataluña se impulsó con entusiasmo. Y no solamente con entusiasmo, sino que las conclusiones a las que se llegaron, es decir, el acuerdo mismo plasmado en ley, de financiación de las comunidades autónomas se saludó y se brindó como un magnífico avance en la financiación de las comunidades autónomas por parte de Esquerra Republicana, por parte del Partido Socialista y por parte de Convergència i Unió, de tal forma que nos encontramos ahora con que los mismos que impulsaban y apoyaban aquella negociación, que estaban tan satisfechos con sus resultados, reniegan ahora del sistema de financiación autonómica, que ciertamente hay que modificar, y no




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solo porque toca o puede tocar temporalmente sino porque, efectivamente, tiene un diseño peculiar, un diseño defectuoso, fruto de la negociación que ustedes llevaron a cabo con el Partido Socialista que entonces gobernaba en España.

Parece también olvidar la senadora de Esquerra Republicana la sentencia concreta del año 2010 del Tribunal Constitucional en relación con esa presunta o imaginada deuda que cifra en términos cuantitativos —en euros— cuando claro está —no solamente por la sentencia sino por el propio sentido común político— que eso no puede cifrarse en una deuda numérica, que es un acuerdo político que desde los estatutos de autonomía, y, concretamente, las disposiciones adicionales, vincula al Gobierno pero no a la soberanía popular en materia de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que residencia —no lo olvidemos— en el Parlamento de España —en el Congreso y en el Senado—. Por tanto, no se puede imponer, y mucho menos se puede concretar, una cifra de déficit determinado o de deuda específica que haya que atender.

Estas son las razones por las cuales nos oponemos, pero falta una, la más importante de todas, y es que esta moción está desenfocada, sencillamente está desenfocada, señora senadora.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente, en un minuto.

El problema no es este, sino esencialmente la caída de la actividad económica, la destrucción de empleo, el paro —si usted lo prefiere en esos términos— y que hay que salir de esta situación. El Gobierno está poniendo los medios, está aportando la financiación a las comunidades autónomas a partir de ciertos instrumentos —el Fondo de Liquidez Autonómico, etcétera—. Y esperamos que algunos partidos, incluso a pesar de la carencia de memoria histórica que tienen, pongan de su parte lo que el Gobierno está poniendo de la suya.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 15; en contra, 150; abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

7.1.1. PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE RECONOCIMIENTO Y AMPARO DE LA PLURALIDAD LINGÜÍSTICA DE ESPAÑA.

(Núm. exp. 622/000005)

AUTOR: GPEPC

El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1. y 7.1.1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el senador Martí por un tiempo de diez minutos. (Rumores.)

Guarden silencio, señorías, por favor. (Rumores.)

Señorías, el senador Martí Jufresa no va a iniciar su intervención hasta que no haya silencio en el hemiciclo.

Cuando quiera, señoría.




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El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

La proposición de ley para el reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España que presenta el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya hunde sus raíces en el artículo 3.3 de la Constitución Española. Señorías, me gustaría leerles este artículo 3 en toda su extensión. Reza así: «1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. Y punto 3. Las riquezas de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».

Así, pues, señorías, esta ley que presentamos no es una ley de lenguas, no es una ley que pretenda matizar el punto 1 de la oficialidad del castellano, no es una ley que interfiera o pretenda interferir en el punto 2, es decir, en las competencias que delimitan y marcan cada uno de los estatutos de autonomía de nuestras comunidades autónomas, sino que esta proposición de ley pretende desarrollar el punto 3.3, pretende facilitar el respeto y la protección a la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas y, por ello, propone el reconocimiento y ampara, es decir, el establecimiento de derechos y de medidas de fomento de la pluralidad lingüística de España, de todas sus lenguas —de las oficiales, cooficiales en algunas de las comunidades autónomas, o de las lenguas que no siendo oficiales sí están reconocidas por alguno de los estatutos de estas comunidades autónomas.

Por tanto, señorías, es una ley a través de la cual el Estado —es decir, la Administración General del Estado, el Poder Judicial— y sus altas instituciones Casa Real, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Junta Electoral Central—, de acuerdo con las comunidades autónomas y el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas españoles —sean o no multilingües, vivan o no en una comunidad plurilingüe—, todos ellos, tanto el Estado y sus instituciones como cada uno de nosotros, asumen el carácter plurilingüe de España. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Esta ley, por tanto, se desarrolla en una doble dimensión, igual de importante a nuestro juicio: en primer lugar, una dimensión simbólica, a través de la fuerza de su rango y como muestra de voluntad política, y en segundo lugar, una dimensión práctico-concreta, a través de la fuerza de cambio que tiene su carácter legal. Es, pues, una ley orgánica —porque modifica otras leyes orgánicas—, integral, transversal, que recoge algunas normas ya vigentes en este momento pero dispersas y que también aporta cambios y novedades. Y lo hace en tres ámbitos distintos. El primero determina el uso de las lenguas que son cooficiales en alguna de las comunidades autónomas en relación con la Administración General del Estado, en el propio territorio del Estado de cooficialidad siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional de territorialidad en el uso de las lenguas, pero también fuera de este territorio, y, en especial, en relación con las instituciones comunes del Estado.

Segundo ámbito en el que aporta novedades: promueve el desarrollo de todas las lenguas —como he dicho antes, las que son cooficiales en alguna de las comunidades autónomas— con el resto de las comunidades autónomas, incluyendo, por ejemplo, la promoción del gallego en Cataluña, y especialmente promueve el desarrollo de las lenguas reconocidas a todos los niveles en algunos estatutos, aunque no sean de carácter oficial puesto que son las más débiles las que requieren más apoyo.

El tercer ámbito en el que aporta novedades es el de la creación del consejo de las lenguas de España, que sustituye al Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado que existe actualmente, y lo establece como foro de debate, de impulso y de evaluación del desarrollo de la ley entre el Gobierno de España y todos sus ministerios y bajo la presidencia de la vicepresidenta del Gobierno y los Gobiernos de las comunidades autónomas representados también en el rango de vicepresidente por alguno de sus consejeros.

¿Cómo articula esta ley todos estos cambios o cómo propone articular, en particular, los usos a los que me refería anteriormente? Lo hace a partir de la idea de jerarquía, jerarquizando, en definitiva, sobre la base del concepto de territorialidad y de la naturaleza de la institución o Administración del Estado, incluidas las empresas públicas de las que se trate. Establece, en definitiva, cuatro procedimientos —información, solicitud, respuesta y tramitación—, en los que




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cada uno de estos organismos —en función, repito, de si se encuentran en el territorio propiamente de cooficialidad de alguna de estas lenguas o no— desarrollan su labor de información de manera multilingüe, es decir, que los ciudadanos o ciudadanas se dirijan a ellas en otra lengua que no sea el castellano, la respuesta de la Administración, en su caso, en esta lengua y, finalmente, la tramitación del procedimiento que se dedujera también en esta ley. En cada uno de los supuestos —territorialidad o no territorialidad y según la naturaleza de la administración— se establecen estos procedimientos para el uso de las lenguas que no son el castellano y son cooficiales a partir, por tanto, del reconocimiento explícito del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a usarlas en función de su voluntad.

Además, esta ley, en este apartado, garantiza la homologación de acreditaciones y certificaciones —independientemente de la lengua en la que estén escritas—, garantiza el uso correcto de la toponimia, garantiza que los documentos personales de todos y cada uno de nosotros puedan ser multilingües —me refiero al documento nacional de identidad, al carné de conducir y al pasaporte—, sea cual sea su lugar de expedición. También establece las distintas versiones del Boletín Oficial del Estado y, en particular, las medidas para que los funcionarios públicos estén capacitados en cada uno de los procedimientos de los que les hablaba antes para atender estos derechos de uso en todas las lenguas cooficiales.

A su vez, como les decía, esta proposición de ley pretende fomentar las lenguas que conforman la riqueza del patrimonio lingüístico español, y lo hace en seis campos distintos: el primero, empresas y tecnologías de la información y la comunicación —por ejemplo, incluyendo los usos lingüísticos en las normas ISO de certificación de las empresas o garantizando software y configuraciones plurilingües en los aparatos de comunicación, entre otras medidas. El segundo, en el campo de la enseñanza, en el que también establece distintas medidas de fomento, entre las que podríamos destacar la voluntad de que, en todas y cada una de las universidades españolas, exista la enseñanza avanzada y regulada de todas las lenguas cooficiales en alguna de las comunidades autónomas, o bien la existencia de una red de escuelas oficiales de idiomas en las que se ponga al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas —residan donde residan— la posibilidad de aprender estos idiomas, que, como saben todos ustedes, también la enseñanza a distancia y las nuevas tecnologías facilitan de un modo muy importante. Tercero, en el ámbito de la cultura: por ejemplo, dando apoyo a las producciones, sea cual sea su lengua de desarrollo. Cuarto, en el campo de los medios de comunicación social —campo básico—: establece regulaciones sobre todo para los medios públicos proponiendo, por ejemplo, programas subtitulados y la posibilidad de disponer de películas en distintos idiomas. Cuarto, también establece medidas en el campo de la acción exterior recogiendo, por ejemplo, una medida que ya está en marcha como es el multilingüismo del Instituto Cervantes, cuya voluntad es ofrecer conocimiento y aprendizaje de todas las lenguas oficiales de España en el extranjero a través de sus cursos, aulas e instituciones. Quinto, también hace una referencia a la marca España en el sentido de incorporar como valor de la marca España este carácter multilingüe y plurilingüe. Finalmente, el sexto campo, que está en el ámbito de la población extranjera: garantizar que todas las personas que vienen a vivir a España, procedentes de otros países, puedan aprender con plena capacidad para disponerse en nuestra sociedad tanto el castellano como la lengua que sea cooficial en la comunidad autónoma donde vivan, si es que existe.

Hace especial énfasis esta ley —también lo he dicho antes— en el apoyo, el estudio y la divulgación de las lenguas no oficiales pero reconocidas por los estatutos, que son las más frágiles, y lo hace en los campos de la enseñanza, la cultura y los medios de comunicación.

Quisiera insistir en que se trata de un impulso conjunto del Gobierno de España y de las comunidades autónomas de acuerdo con lo que dice esta ley y sus respectivas competencias; se trata, por tanto, de una ley que promueve el acuerdo, el pacto entre los distintos niveles de la Administración en relación con la promoción de las lenguas españolas, que trata de impedir la desresponsabilización de cualquiera de estos ámbitos administrativos y de garantizar el impulso firme y potente del Gobierno de España en este campo.

Señorías, es esta una ley muy medida en los términos de impacto de gestión y presupuestario —de hecho así queda reflejado en la Memoria económica que acompaña a la ley—. Es esta, como he dicho antes, una ley que incorpora algunas medidas que ya existen y están contempladas. Es una ley que incorpora derechos y regulaciones que no cuestan dinero. Es una ley que puede




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perfectamente apoyarse en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como, por ejemplo, la traducción automática y otros programas que ya existen y están plenamente desarrollados. Es una ley que puede apoyarse en medios ya existentes de las comunidades autónomas que se pueden compartir. Es una ley que explicita que su implantación va a ser progresiva y acompasada con las disponibilidades presupuestarias. Es una ley, en definitiva, que se basa en nuestra capacidad política —la de este Parlamento y la de las administraciones públicas— de priorizar, de aplicar y reasignar recursos disponibles. Es una ley que, como he dicho antes, en el caso del Consejo y Oficina de las Lenguas de España solo exige su transformación a partir del consejo y la oficina que ya fueron creados por el Real Decreto 905/2007.

Ciertamente, señorías, quien algo quiere algo le cuesta, pero ese algo creemos que es perfectamente asumible entre los 380.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado.

En definitiva, señorías, en el Grupo de la Entesa creemos que esta es una ley cargada de sentido, plenamente constitucional y absolutamente viable técnica y económicamente. Espero y deseo que sea tomada en consideración por esta Cámara, la Cámara territorial de nuestro Parlamento.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador Agramunt.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Gracias, presidente.

No voy a utilizar el turno en contra, pero quiero anunciarle al senador Martí que mi grupo votará en contra de la proposición de ley. Lo que no quiero es que luego me digan que no les he dicho que voy a votar en contra. En todo caso, no consumiré ahora más tiempo. Desarrollaré mis argumentos en el turno de portavoces.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Agramunt.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: (La señora senadora inicia su intervención en catalán.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, no estamos en el turno de las de mociones. Se lo digo porque los senadores no entienden lo que está diciendo.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Había empezado en catalán y no me había dado cuenta de que, en efecto, no podía utilizar esta lengua, pero como estamos hablando de lenguas, me parecía que era posible expresarme en catalán.

Esta proposición de ley a favor de las lenguas oficiales distintas al castellano quedaría resuelta con la declaración de su oficialidad con el resto de lenguas del Estado: derecho a su uso ante la Administración e instituciones del Estado, en los ámbitos de la justicia, en las nuevas tecnologías, en las empresas, en la educación, en los medios de comunicación, así como en su protección, promoción y difusión.

Nos sorprende la creación del consejo de lenguas españolas presidido por el Gobierno del Estado. Tenemos dudas de que sea suficientemente fiable.

Por otro lado, echamos en falta en la proposición de ley que se haga referencia a las lenguas oficiales del resto de comunidades autónomas, catalana, vasca y gallega, a las que debería incorporarse el occitá como lengua oficial en Cataluña según el estatuto aprobado en 2006.

La proposición de ley de protección y promoción de lenguas españolas distintas al castellano fue presentada por Esquerra Republicana de Catalunya el día 20 de septiembre de 2005 en el Congreso de los Diputados con el fin de conseguir un reconocimiento explícito y efectivo de la riqueza y diversidad del patrimonio lingüístico del Estado y atribuyendo a las lenguas oficiales de las comunidades autónomas el carácter de lengua oficial del Estado juntamente con el castellano.

Con su oficialidad, las lenguas distintas al castellano adquirirían plena validez y eficacia en relación a la Administración y al resto de instituciones del Estado. Y como consecuencia de su




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carácter de lengua oficial del Estado, serían lenguas distintas al castellano que adquirirían la oficialidad de lengua en la Unión Europea y en Naciones Unidas. Así, la proposición de ley de lenguas distintas al castellano, presentada en su día por Esquerra Republicana de Catalunya en 2005, mantiene aún toda su vigencia.

En Esquerra Republicana de Catalunya entendemos que el catalán debería ser lengua del Estado y, por tanto, tener derecho a la oficialidad. El artículo 3 de la Constitución Española recoge que las otras lenguas españolas, aparte del castellano, serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos, y que la riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas de España es patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

A pesar de esta declaración de principios que contiene la Constitución —calculadamente ambigua—, la Constitución Española es la única Constitución en el mundo que consagra la oficialidad de unas lenguas que nunca dice qué lenguas son ni cuántas son; no se hace referencia —a excepción del castellano, que es la única que se menciona— a ellas. A pesar de que existen mandatos legales que dimanan de los propios estatutos de autonomía, todos los Gobiernos españoles han incumplido sistemática y voluntariamente estos compromisos legislativos con el pueblo de Cataluña, a pesar de que en algunos casos se han comprometido a ello a cambio de apoyos a otras leyes como los Presupuestos Generales del Estado. Así que, a lo largo de los años de democracia y autonomía, el català continúa sin tener la oficialidad preeminente que como lengua le correspondería. Solo en una situación legal de plurilingüismo igualitario en el Estado español, de reconocimiento de todas las lenguas, con los mismos derechos y deberes, podría situar a la lengua catalana en una situación de igualdad respecto a la castellana.

Actualmente hay más de 500 leyes vigentes aprobadas desde 1975 hasta 2009 que discriminan el catalán en su uso social. Por eso, hay que presentar enmiendas al Estado español para que modifique todas estas leyes. El Estado español ha de asumir que la lengua catalana es propia del Estado si realmente quiere ser el Estado que dice ser o que quiere ser: el catalán, lengua propia de els països catalans, el reconocimiento de la unidad de la lengua.

En este aspecto, echamos en falta en esta proposición de ley planteada —y, en este caso, tampoco ninguno de los Gobiernos que habido ha reconocido la unidad de la lengua catalana, ni oficialmente ni en la práctica—, el reconocimiento del occità, lengua propia de la Vall d’Aran y oficial a tota Catalunya. L’occità, lengua propia de la Vall d’Aran y oficial en toda Cataluña, también está padeciendo una grave agresión por los recursos de inconstitucionalidad sobre la preferencia social de esta lengua en su propio territorio.

El proceso de transición nacional iniciado en Cataluña, mal que les pese a los representantes en el Senado del Partido Popular y a pesar de que digan que es una cabezonada de Esquerra Republicana de Catalunya es una realidad práctica, real, que se manifiesta a lo largo de las votaciones en el Parlament de Catalunya.

A partir de las elecciones del 25 de noviembre de 2012 se han abierto, efectivamente, expectativas de conseguir un Estado propio; un Estado propio que hará posible que en el marco de la Unión Europea y de Naciones Unidas —por cierto, donde ya es oficial el catalá gracias a la incorporación de Andorra— el català y el occità acaben siendo lenguas oficiales del Estado y, en consecuencia, oficiales en la Unión Europea.

La experiencia histórica nos ha llevado a la conclusión de que es más factible conseguir la independencia que llegar a un acuerdo con el Estado español que reconozca la oficialidad del catalán y que se reconozca que el Estado español debería ser un Estado plurinacional y plurilingüístico.

En todo caso, Esquerra Republicana de Catalunya dará apoyo a la tramitación de la proposición de ley en el bien entendido de que esto no significa que no presentemos enmiendas, en el caso de que prosperase, porque entendemos, efectivamente, que algunos de los apuntes que he efectuado deberían ser incorporados a esta proposición de ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Martínez.




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La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente jauna.

Seguiremos en castellano.

En primer lugar, y antes de utilizar mi tiempo en valorar esta proposición de ley, quiero decir que no entiendo la actitud del Grupo Popular cuando dice que no va a votar a favor de la admisión a trámite de esta proposición de ley, porque es un debate fundamental, necesario y recurrente. Al fin y al cabo, muchos de los contenidos de esta proposición de ley han formado parte de las reclamaciones que el Partido Nacionalista Vasco, en este caso, ha venido haciendo respecto de lo que debería ser un Estado plurilingüe. Por lo tanto, entiendo que negar el debate de esta cuestión es algo que califica sumamente mal a este grupo parlamentario, al Grupo Parlamentario Popular.

En el año 2006, ya los Gobiernos de Cataluña, de Galicia y del País Vasco reclamaron que España asuma de una vez por todas que es un Estado plurilingüe. En teoría lo es y, sin embargo, en la práctica institucional se comporta como si fuese monolingüe. En este sentido, la intervención de la senadora Capella ha sido bastante exhaustiva y significativa respecto de lo que consagran textos, tan sacrosantos para algunas cosas, como puede ser el texto de la Constitución.

Mi intervención lo que va a pedir es el cumplimiento de la ley, que se cumpla la Constitución, que se cumplan los estatutos de autonomía, que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional y que se cumplan los acuerdos internacionales que España ha suscrito, avalado y ratificado en órganos internacionales. Vuelvo a decirlo, me sigue sorprendiendo que, reiteradamente, mi grupo parlamentario, y yo como su portavoz, tenga que venir aquí a pedir el cumplimiento de la ley pero, por desgracia, es así: pedimos el cumplimiento de la ley.

Y lo que pedimos es que se arregle una situación de desigualdad de derechos porque, pese a lo que dice la Constitución —y en ese sentido tampoco me voy a extender más, porque la señora Capella ya lo ha hecho suficientemente bien—, en la práctica, aunque en la teoría dice que España es un Estado plurilingüe, en la práctica acaba prevaleciendo siempre el derecho de los monolingües a expresarse en lo que es la denominada lengua común, el castellano, frente al derecho de los plurilingües a expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales. Evidentemente, me refiero a aquellos territorios históricos, a aquellas comunidades autónomas que cuentan con dos lenguas oficiales, siendo la propia Constitución la que establece que en esos territorios la oficialidad y el uso de las lenguas vendrá establecido por lo que digan los respectivos estatutos de autonomía.

Por lo tanto, entiendo que, en la práctica, se acaba dando siempre esta prevalencia del derecho de los monolingües a expresarse en castellano respecto del derecho de los plurilingües a expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales, lo que se da en realidad es una jerarquización de derechos, una discriminación de la lengua y, en consecuencia, una discriminación de las personas. Esta discriminación es una práctica común y forma parte del día a día de nuestra vida, es contraria a la Constitución, y así lo vienen avalando determinados organismos internacionales.

Decía que iba a pedir el cumplimiento de la Constitución en distintos apartados, y también voy pedir que el Gobierno cumpla los acuerdos internacionales que él mismo ha suscrito. En este caso, imagino que todas sus señorías están al tanto de que España, durante el Gobierno de Aznar —no sé si fue en la primera o en la segunda legislatura, con Aznar como presidente—, suscribió, avaló, firmó y ratificó la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa. Esta carta establecía que, con una periodicidad bianual se realizarían informes de evaluación que correrían a cargo del propio Consejo de Europa, evidentemente, de las administraciones públicas españolas, de las comunidades autónomas y del secretario de Estado de Administraciones Públicas.

En los dos últimos informes, las recomendaciones que hace el Consejo de Europa al Gobierno español incluyen las siguientes. Primero, instar a las instituciones españolas a que hagan pedagogía social a favor del multilingüismo. Es cierto que luego la proposición de ley incluye determinados aspectos en los que se abunda en esta pedagogía como, por ejemplo, el uso de las lenguas oficiales y cooficiales en las instituciones públicas. Eso también es hacer pedagogía. Segunda recomendación del Consejo de Europa —y solamente voy a recoger las más significativas, porque no tengo mucho tiempo— insta al Gobierno a que establezca las modificaciones necesarias en la Ley del Consejo General del Poder Judicial para garantizar que un procedimiento jurídico pueda ser ejecutado en cualquiera de las lenguas cooficiales siempre y cuando el que inicia este proceso así lo demande. Esto hoy en día es imposible; en Euskadi es imposible. Es cierto que las situaciones de las que parten el euskera y el catalán en sus territorios respectivos no tienen nada




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que ver, pero en Euskadi hoy en día es imposible garantizar el derecho a nadie a acceder a la justicia en su lengua materna, en este caso en euskera.

Tercera de las recomendaciones que hace el Consejo de Europa en este informe de evaluación. Las administraciones del Estado en las regiones periféricas tienen la obligación de atender en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio donde se encuentra la Administración periférica, en este caso en euskera. Por lo tanto, insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para dotarse del personal que sea capaz de atender a la ciudadanía en cualquiera de las lenguas oficiales. Pero esto en Euskadi es imposible en muchas administraciones públicas. Y es la propia Constitución la que así lo consagra. Pero no solamente es la Constitución, sino que el Tribunal Constitucional, en la sentencia del año 1986, sobre la Ley del euskera, viene a decir precisamente eso, que la Administración periférica del Estado está sujeta a las mismas obligaciones que las administraciones autonómicas, en este caso la Administración vasca.

Por lo tanto, en contra de lo decía la señora Capella —y aquí vamos a discrepar— no son las lenguas los sujetos de los derechos, sino los ciudadanos. Por lo tanto, cualquier ciudadano tiene derecho a elegir la lengua en la que puede relacionarse con la Administración pública. El Estado es el que debe estar sujeto a la misma normativa lingüística que la Administración autonómica. Por lo tanto, el derecho del ciudadano es el mismo, independientemente del titular normativo de esa Administración. Así lo dice el Consejo de Europa, así lo establece la Constitución y así entendemos que debe desarrollarse. Esto en cuanto a los principios generales.

Evidentemente, nosotros vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, pese a que, si hubiese un procedimiento parlamentario, presentaríamos una serie de enmiendas que a nuestro juicio mejorasen o adecuasen este texto a la realidad lingüística de la comunidad autónoma vasca.

En este sentido, en el capítulo II, cuando se habla del uso de las lenguas cooficiales en las instituciones del Estado, echo de menos la inclusión del Congreso y del Senado entre las instituciones que deberían hacer un esfuerzo en esa pedagogía favor de las lenguas cooficiales. Particularmente en el Senado no deja de tener su gracia que se pueda intervenir en cualquiera de las lenguas cooficiales durante el debate de las mociones pero no durante el debate de las leyes, o que se tenga que interrumpir a la senadora Capella cuando está hablando de una proposición de ley sobre las lenguas minoritarias porque lo está haciendo en catalán. Es totalmente absurdo y, desde luego, no es pedagogía sobre las lenguas cooficiales.

Por otra parte, el título II, capítulo I, artículo 20, se refiere a los medios de comunicación dependientes del Estado y desarrolla un articulado relativo al uso que deben hacer los medios de comunicación de las lenguas cooficiales. Me llama la atención, es decir, se nota que lo han hecho en Cataluña, porque la situación comparativa del catalán en los medios de comunicación de titularidad pública del Estado —en este caso podríamos hablar de Radio Nacional de España y de Radiotelevisión Española— y del euskera en estos medios de comunicación en Euskadi es abrumante. Se habla de producción, de subtitulación, de emisión de contenidos, pero es que hoy en día Radiotelevisión española en Euskadi no emite absolutamente nada de programación en euskera; cero: esa es la presencia del euskera a día de hoy en la Radiotelevisión española, cero patatero, pese a que también hay un artículo de la Constitución que consagra este principio, el artículo 20.3. Por tanto, entendemos que este punto sería objeto de enmiendas de ampliación en nuestro caso.

En cuanto a la cuestión de la toponimia —y con esto ya termino—, el artículo 22 dice que el Gobierno garantizará la actualización continua, la accesibilidad y la difusión a todos los sectores potencialmente usuarios de las bases de datos del Ministerio de Fomento. Cuidado aquí con la cuestión competencial. Al menos en este caso la competencia corresponde a la comunidad autónoma vasca; no a su Gobierno, pero sí a sus ayuntamientos y sus diputaciones, siempre en relación con los principios que pueda establecer Euskaltzaindia, la Real Academia de la Lengua Vasca.

Nos gusta mucho la proposición de ley. Entendemos que es un debate todavía necesario. Lamentamos profundamente la cerrazón del Grupo Parlamentario Popular para admitir a trámite siquiera el debate de esta proposición y entendemos que negar el debate sobre este tipo de discrepancias, que tratan sobre temas fundamentales y muy sensibles, y la posible contrastación de ideas o de pareceres no redunda en beneficio de nadie.

Gracias, señorías.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo de Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, mirémonos al espejo aunque solo sea un momento y hagámoslo como representantes del pueblo español, ¿qué es lo que no queremos ver o lo que no quieren ver ustedes, señorías del Partido Popular? ¿Que España es un país plurilingüe? ¿Que 22 millones de españoles y españolas —es decir, el 47% de los ciudadanos de España— habitamos territorios bilingües, o multilingües como Cataluña o Aragón? ¿Que en nueve estatutos de nueve comunidades autónomas se habla explícitamente de otras lenguas que no son el castellano? ¿Es que vamos a vivir siempre, señorías, en el mito o en la ficción del Estado-nación, en esa idea de una lengua, una cultura, un pueblo, un Estado, que tanto daño ha hecho a la historia de la humanidad?

Señorías, en el mundo hay 6800 lenguas y solo 220 Estados. ¿Acaso existe algún Estado-nación? ¿Acaso ha existido alguna vez algún Estado-nación? ¿Acaso existirá nunca algún Estado-nación? Repasen, si quieren mentalmente o si prefieren lo podemos hacer conjuntamente, cualquier Estado de nuestro entorno europeo, americano, africano y asiático; repasen y pregúntense si se trata de un Estado-nación, si habitan en ellos, cohabitan o existe una lengua o varias lenguas y si varios de estos Estados comparten una misma lengua. Hablemos de nosotros mismos y del castellano, lengua compartida por ¿cuántos Estados? Muchísimos. El catalán, lengua compartida por varios Estados; y, el euskera, lengua compartida por dos Estados.

En definitiva, señorías, no hay Estado monolingüe y no lo puede haber porque las personas y las gentes venimos, nos movemos, vamos e iremos. Señorías, no tiene ningún sentido y es una equivocación política empecinarse en apostar por España como Estado-nación, al igual que también es un error empecinarse en apostar por Cataluña o por Euskadi o por donde fuera como Estado-nación. Esta es una idea nociva, separadora y segregadora que, en definitiva, no está a la altura de los tiempos ni de la realidad de los pueblos.

Además, señorías, el fortalecimiento de cualquiera de las lenguas, su uso o la ampliación de su uso no tiene por qué ir en detrimento de las otras —otro mito, el de la ley de los vasos comunicantes entre las lenguas—, lenguas que prosperan sobre lenguas que mueren. No es cierto, señorías, los seres humanos podemos, y de hecho lo hacemos, hablar muchas lenguas a la vez, nuestro cerebro lo agradece y nuestras capacidades y potencialidades aumentan con el uso, el conocimiento y el aprendizaje de más de una lengua.

En definitiva, señorías, España debe apostar por el plurilingüismo porque es el futuro de Europa; no existirá ninguna Europa que no acabe resolviendo de manera satisfactoria su plurilingüismo y, de hecho, el plurilingüismo, el multilingüismo será la clave del mundo global en el que ya vivimos.

Los ciudadanos y ciudadanas plurilingües tienen más oportunidades y, está ampliamente demostrado, son personas más cultas, más libres y, sobre todo, más iguales, con mayores posibilidades de desarrollarse en su futuro personal, profesional y en cualquier ámbito.

Por otro lado, señorías, mirémonos también al espejo como senadores. ¿Por qué no vamos a tomar en consideración una proposición de ley —digo tomar en consideración para debatirla posteriormente— que versa sobre la pluralidad y la diversidad territorial de España? ¿Acaso no somos la Cámara territorial? ¿Acaso no nos llenamos la boca y aspiramos a tener el protagonismo que merecemos en la tramitación de las leyes? ¿Por qué, señorías, no vamos a actuar en consecuencia? ¿Por qué el Pleno de este Senado no tomará en consideración una proposición de ley que habla de la pluralidad lingüística de España? Yo no lo entiendo. Espero que el señor Agramunt consiga explicármelo después.

En definitiva, señorías, estamos perdiendo una doble oportunidad. Estamos perdiendo la oportunidad de hacer un gesto político de autorreconocimiento, de participación plena en la lógica del mundo futuro. Asimismo, estamos perdiendo la oportunidad de hacer un gesto político claro, como mensaje de integración, de diálogo, de consenso dentro de España y de cómo entendemos el futuro de Europa y del mundo. Estamos también, señorías, perdiendo la oportunidad de hacer un gesto de afirmación como Cámara, como institución, un gesto de afirmación plenamente legislativo y territorial.




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En el grupo de la Entesa opinamos, sinceramente, que es una lástima, pero no será por falta de empeño. Nosotros sí creemos en una Cataluña plural. Sí creemos en una España plural y plurilingüe. No en vano, Lluís Maria de Puig, a quien tengo el honor de citar en este momento, fue el ponente, por ejemplo, de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias a la que antes se ha hecho alusión.

Por todo ello, señorías, y agradeciendo muy sinceramente el apoyo de todos los grupos que se van a sumar a esta iniciativa, notando su calor y su aliento, les digo, desde la humildad, que no cejaremos, que volveremos a insistir, que en el grupo de la Entesa, por lo que representamos y por lo que somos, no pararemos hasta convencer a esta Cámara y a este Parlamento de que una proposición de ley así no solo es lógica y coherente con la Constitución, sino absolutamente imprescindible en los tiempos políticos en los que vivimos.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Martí.

Por parte del Grupo Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías. El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya presenta esta proposición de ley orgánica. Ante todo, quiero destacar el carácter absolutamente relevante que nuestro grupo parlamentario da a la cuestión de la diversidad lingüística en España. A nuestro entender, esta diversidad lingüística y la condición plurilingüe del Estado, es una riqueza importantísima si queremos entender el mosaico diverso que configura el actual Estado español.

En Cataluña, sobre el tema lingüístico, existe un alto grado de consenso entre las principales fuerzas políticas, y solamente se apartan de dicho acuerdo, algunos grupos minoritarios y excéntricos a la realidad catalana. En el grupo de Convergència i Unió compartimos el objetivo y estamos plenamente de acuerdo con la intención que persigue esta iniciativa legislativa.

Ahora no vamos a entrar en detalles, a pesar de que, según nuestro entender, el tratamiento que se da, por ejemplo, al aranés, no es el adecuado, toda vez que es cooficial en su territorio y, por lo tanto, colocarlo junto a otras lenguas, como el bable o el aragonés, no es pertinente. En todo caso, mejoraríamos algunos aspectos de la propuesta si fuese posible.

Si la intención fuese acordar un modelo federal, o, mejor todavía, confederal, del Estado español, esta podría ser una buena propuesta en la que se definiese respeto y amparo ante una realidad como es la riqueza y la diversidad lingüística existente en España. Desde la época de la Transición, y con una democracia parlamentaria consolidada por sus treinta y seis años de recorrido, ningún Gobierno de la UCD, del PSOE o del PP, ha creído conveniente legislar sobre una riqueza como las lenguas. Hemos legislado sobre temáticas, a veces, casi inverosímiles. Por ejemplo, hemos elaborado una proposición de ley relativa al escudo de España, una proposición de ley de modificación del Código civil en materia de inscripción de apellidos o un proyecto de ley orgánica procesal militar. Pero sobre la cuestión de las lenguas no se ha legislado. Y los únicos grupos que han presentado iniciativas legislativas han sido, como se ha mencionado, el Grupo de Esquerra Republicana en el Congreso, en su día, hoy el Grupo Parlamentario Entesa o, en su día también, mi grupo parlamentario. En todo caso, ninguno de los dos grandes partidos ha creído nunca en la necesidad de legislar sobre este asunto. Con la simple constatación de este hecho se puede comprender todo lo demás. ¿Cuánto ha costado llegar al uso de las lenguas en esta Cámara? Costó sangre, sudor y lágrimas introducir su uso mínimo. No es una situación plenamente normalizada.

Tenemos un mandato constitucional clarísimo, el senador Carles Martí hablaba de ello. Como bien ha dicho él, la Constitución Española anuncia ya en el Preámbulo, en el tercer párrafo, la condición compuesta y plurilingüe de España. Asimismo, el artículo 3 enuncia: «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.» Repito: «será objeto de especial respeto y protección». Fíjense bien: en el artículo 3 de la Carta Magna ya se habla de ello. El Senado, por poner un ejemplo, aparece en el artículo 69 de la Carta Magna.

La defensa y la aplicación efectiva de las principales columnas constitucionales se han omitido a lo largo de estos últimos años. Según nuestro criterio, una de las piezas angulares de la arquitectura institucional, aquello que para muchos es absolutamente básico, no ha merecido




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atención legislativa ni por parte del PSOE ni por parte del PP en todos estos años. Tenemos la sensación de tener una Constitución a la carta, según la conveniencia del Gobierno de turno. Ni una sola iniciativa legislativa encaminada a proteger la diversidad y la riqueza lingüísticas. La referencia a las lenguas en la Constitución figura en el artículo 3, imagínense qué hubiese pasado si llega a figurar en la disposición final de la Constitución. No quiero ni imaginarlo.

No quiero entrar a analizar la postura y el comportamiento de aquellos Gobiernos autonómicos que tienen una lengua propia y cooficial en su comunidad y que se dedican a denigrarla, desprotegerla o agredirla, actuando justo en sentido inverso al mandato de la Constitución. Solo puede entenderse como cierto odio hacia sí mismo digno de análisis psicológico. Al cabo de los años, y en buena parte por un comportamientos partidistas y por el uso de las lenguas como arma arrojadiza, sin buscar un sentido inclusivo de la diversidad en el Estado —entendida esta como riqueza que preservar y como valor del que enorgullecerse—, se ha llegado a una situación pésima en el tratamiento de una realidad rica y diversa.

Debido al comportamiento y a las aplicaciones sesgadas de la Constitución, existe cada vez un mayor número de ciudadanos que no se reconocen en ella, no la sienten como propia. Probablemente, el problema no ha sido la Constitución misma, sino su aplicación sesgada y su desarrollo a menudo forzado. ¿Cómo van a sentir la Carta Magna como propia, si algunas de sus paredes maestras son olvidadas, omitidas o menospreciadas? A estas alturas, puede constatarse de manera fehaciente que ningún Gobierno ha calibrado la importancia de desarrollar y hacer efectivo el respeto a la pluralidad lingüística. Y así nos va, en un contexto de creciente cansancio y desapego hacia la primera de nuestras leyes. A base de maltratar el espíritu constituyente, estamos próximos a un punto sin retorno.

Si me lo permiten, para finalizar mi intervención, les voy a contar una anécdota. Yo tuve la suerte y el privilegio de tener como profesor de latín y griego al catedrático Javier Magariños, un excelente y renombrado conocedor de la cultural clásica grecorromana. Su padre fue el admirado profesor Antonio Magariños, alma del Estudiantes, jefe de estudios durante mucho años del Instituto Ramiro de Maeztu, de Madrid, condecorado con la distinción de Alfonso X el sabio —entre otros reconocimientos bien merecidos— y ejerció cátedra como adjunto de Miguel de Unamuno. Mi profesor fue Javier Magariños Ramón, su hijo; disfruté de su amistad y de su curiosidad intelectual, aparte de disfrutar de sus enseñanzas de griego y latín. Javier Magariños siempre me decía que Pompeu Fabra había sido un eminente filólogo y que los criterios con los que había fijado la normativa gramatical de la lengua catalana eran de una gran sabiduría. Incluso me contó cómo su padre, en pleno franquismo, allá por los años cincuenta, le recomendaba las traducciones de Carles Riba —el eminente escritor y poeta catalán—, de la Editorial Selecta, de Horacio y de Virgilio y de los clásicos griegos, por ser la suya la mejor traducción del griego clásico a una lengua moderna; así lo decía el profesor Magariños. Fíjense en la paradoja: en mitad de los años cincuenta, un destacado profesor de latín y griego en Madrid le invita a su hijo a leer las mejores traducciones del griego a una lengua moderna, la lengua catalana; por cierto, prohibida entonces. Mi pregunta es: ¿alguien, fuera de Cataluña, sabe hoy quiénes son Carles Riba o Pompeu Fabra? El profesor Antonio Magariños y su hijo Javier, sí; ellos lo sabían perfectamente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Lamentamos el anuncio del portavoz del Grupo Parlamentario Popular de negar incluso el debate; lo entendemos como un menosprecio más. Nos encontramos ante otra negativa a afrontar la realidad y a entender las lenguas, no como un problema, sino como una riqueza.

Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero manifestar ya de entrada que vamos apoyemos la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España, presentada por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, entre otras muchas razones, porque es esta una verdadera asignatura pendiente, tal como han dicho distintos intervinientes. Como dice el preámbulo de la iniciativa, España es un país con una extraordinaria riqueza lingüística. La Constitución, en su artículo 3, y distintos estatutos de autonomía así lo




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recogen, señalando la lengua castellana como la lengua común de todos los españoles y españolas, y declarando el catalán, el valenciano, el gallego y el euskera-vascuence lenguas propias de distintas comunidades autónomas y cooficiales en ellas, y reconociendo de forma explícita otras lenguas como el bable, el leonés, etcétera, como parte del patrimonio lingüístico de otras tantas comunidades autónomas. Un conjunto de hablas que convierten al Estado español en un país plurilingüe y que conforman su identidad; un patrimonio cultural y social que requiere acciones y responsabilidades de las instituciones; acciones y responsabilidades que fortalezcan dicho patrimonio y que representan el reforzamiento de las posibilidades de enriquecimiento personal y de las garantías de igualdad de oportunidades sociales y económicas, y un estímulo para la convivencia.

Desde mi punto de vista, el artículo 3 de la Constitución dirige un mandato al Estado, que no puede considerarse observado atribuyendo toda la responsabilidad sobre la promoción, la difusión y las garantías de los derechos lingüísticos únicamente a las comunidades autónomas. El artículo 3 impone también a la Administración central unas obligaciones generales de promoción, difusión y garantías de la pluralidad lingüística de España. Decía Jordi Solé Tura —uno de los ponentes de la Constitución—, comentando la Carta Magna, que, en cuanto a los hechos diferenciales, la relación entre la Administración central y las comunidades autónomas concernidas ha sido, es y será básicamente bilateral. Pero esto no quiere decir que tenga que funcionar totalmente aparte de la cooperación federal. Así, por ejemplo, los acuerdos entre la Administración central y una comunidad autónoma sobre cuestiones lingüísticas específicas, o sobre singularidades fiscales o administrativas, o sobre diferencias geográficas como las que se derivan del hecho insular, no tienen por qué quedar al margen de los demás, ni ser vistos como excepciones de la cooperación federal. En realidad, son elementos singulares dentro del principio general de cooperación y deben ser aceptados, apoyados e integrados como tales por las demás comunidades autónomas y por la Administración central. Más todavía: la Administración central debe considerar como propios todos los hechos diferenciales, adaptarse a ellos y colaborar a su normalización y a su promoción; es el caso de las lenguas. O sea, el Estado en su conjunto, no solo debe aceptarlos, apoyarlos e integrarlos, sino que debe considerarlos como propios y adaptarse a ellos, colaborando a su normalización y a su promoción.

Por tanto, la Administración central tiene obligaciones generales que le obligan a realizar acciones y a asumir responsabilidades; de aquí la necesidad del desarrollo del artículo 3 de la Constitución en materia de lenguas. Primero, porque la Administración central y otras instituciones estatales, de acuerdo con el artículo 3.2 de la Constitución, tienen obligaciones directas en cada uno de los territorios donde existe la cooficialidad, tal y como expone el Tribunal Constitucional, cuando dice: la cooficialidad de las demás lenguas españolas lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración central y de otras instituciones estatales en sentido estricto; Sentencia del Tribunal Constitucional 82/1986. En segundo lugar, porque la Administración General del Estado y otras instituciones estatales mantienen servicios fuera del territorio de las comunidades donde existen lenguas cooficiales, que deben servir a la población española en su conjunto sin menoscabo de sus derechos lingüísticos. Así, el Tribunal Constitucional mantiene que el régimen de cooficialidad lingüística establecido por la Constitución y los estatutos de autonomía presupone, no solo la coexistencia, sino la convivencia de ambas lenguas cooficiales. Y en tercer lugar, porque el artículo 3.3 mantiene que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Protección que se deriva del propio texto constitucional y que, además de hacerse efectiva por los estatutos de autonomía y leyes que los desarrollan en cada comunidad donde existan lenguas cooficiales o protegidas, demanda la acción y la responsabilidad del Estado en su conjunto. Protección que, a nuestro entender, debe articularse teniendo en cuenta que no se trata de un patrimonio con efectos muy concretos solamente sobre la población de determinadas comunidades, sino de un patrimonio común del Estado español. Por tanto, le obliga al Gobierno de España a promover acciones sobre la base de sus competencias, dirigidas a difundir estas lenguas y a fomentarlas, y a garantizar su perdurabilidad articulando iniciativas para normalizar su uso en la sociedad y facilitando los servicios pertinentes para atender a la población española sin menoscabo de sus derechos lingüísticos.




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Es oportuna la iniciativa presentada por Entesa, porque el desarrollo legislativo amplio de las responsabilidades del Estado en esta materia es una asignatura pendiente que debe facilitar la convivencia de las distintas lenguas, como establece el Tribunal Constitucional. Una iniciativa que, como reza el preámbulo, articula el amparo legislativo del uso de las lenguas españolas, que con el castellano tienen el carácter de oficiales en alguna comunidad autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente estatuto de autonomía, en las relaciones con la Administración General del Estado o con otras instituciones u órganos constitucionales, y el desarrollo y mantenimiento de la vitalidad de las lenguas reconocidas en los estatutos aun sin rango de cooficialidad. Una iniciativa que da un paso más, un paso acertado, respecto del avance que ya supuso la creación del Consejo de las Lenguas Oficiales de la Administración General del Estado, creado durante la Administración socialista; un paso que mi grupo ya había solicitado en el Congreso, en el mes de marzo, y que comporta la implicación de las comunidades autónomas y facilita una mayor cooperación entre éstas y la Administración General del Estado; un paso que la presente iniciativa concreta con la creación de un nuevo consejo de las lenguas españolas.

Es oportuna, además, porque en el último informe de seguimiento de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, acuerdo ratificado en Estrasburgo en 1992, suscrito por España, que entró en vigor el 1 de agosto del 2001, la Comisión de expertos del Consejo de Europa recomienda al Estado español, entre otras cosas, adaptar el marco jurídico para que conste de manera expresa que la autoridad judicial, penal, civil y administrativa de las comunidades autónomas tramitará sus procedimientos en las lenguas cooficiales, si alguna de las partes así lo solicita; establecer las medidas jurídicas y prácticas necesarias para garantizar que, en las autonomías a las que hace referencia el artículo 9, una proporción adecuada de los trabajadores judiciales tienen la capacidad lingüística necesaria para realizar sus funciones profesionales en los idiomas correspondientes; y sigue en la misma línea con muchas más recomendaciones, pero la última es la de garantizar en los servicios públicos del Estado la presencia de todas las lenguas regionales o minoritarias. En definitiva, es un conjunto de recomendaciones y sugerencias muy acordes con la proposición no de ley que estamos debatiendo. Es un hecho que en muchas comunidades autónomas se ha avanzado de forma importante; pero es un hecho también que, en relación con la Administración General del Estado, aún es necesario avanzar mucho en este tema.

Por último, lamentamos la posición del grupo mayoritario, de no dejar siquiera que esta proposición de ley se pueda debatir, se pueda discutir; de no dejar siquiera que se trate un tema que es muy importante y que no puede seguir siendo tratado...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ANTICH OLIVER: Ya termino.

...que no puede seguir siendo tratado como un tema de segunda división. Eso explica la poca sensibilidad del grupo mayoritario en estas materias, que, por cierto, puede explicar las confrontaciones que también se producen también en otros campos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Antich.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Agramunt.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, esta proposición de ley orgánica pretende ampliar el conocimiento y el uso de las lenguas propias de cada comunidad autónoma a todo el territorio español; es decir, llevar el uso de las lenguas cooficiales fuera de los límites de las autonomías en las que son oficiales de conformidad con sus respectivos estatutos de autonomía; esto es clave para entender lo que pretende esta proposición de ley. Esta proposición de ley de Entesa propone realmente una modificación de la Constitución por la vía de una ley orgánica, algo que ya se intentó con el Estatuto de Cataluña aprobado por el Parlament de Catalunya.

Efectivamente, el artículo 3.2 de la Constitución establece que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades de acuerdo con sus estatutos. Por lo tanto, la Constitución reserva el carácter de lengua oficial en todo el Estado para el castellano.




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Además, la oficialidad de las demás lenguas se establece en los estatutos de autonomía, normas con rango de ley orgánica, pero de aplicación a un ámbito territorial concreto.

La oficialidad en todo el Estado de una lengua, de acuerdo con la propuesta, se establecería a raíz de su fijación como oficial en el estatuto de la comunidad autónoma. Por tanto, serían las comunidades autónomas las que fijarían de facto la oficialidad de las lenguas en todo el Estado. Y esto, señorías, no encaja en absoluto en el artículo 3 de la Constitución Española, como supongo que todos ustedes habrán comprendido inmediatamente.

No se puede, por tanto, pretender que las lenguas cooficiales pasen a ser oficiales en todo el territorio del Estado. El Gobierno de España cumple escrupulosamente con el mandato del artículo 3 de la Constitución, y protege y promueve las lenguas cooficiales que existen en España. La Administración General del Estado y sus organismos y empresas públicas son muy estrictos y sensibles en el cumplimiento de ese mandato constitucional, así como en el de la normativa que han establecido las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. La normativa básica del Estado en los diferentes ámbitos también reconoce y protege esos derechos en todos los ámbitos, y muy especialmente en los de la cultura y la educación. Como ejemplo le diré que la Administración General del Estado ofrece en sus sitios la información en las lenguas cooficiales; el DNI se expide en las lenguas cooficiales; las leyes, en el Boletín Oficial del Estado, se publican también en esas lenguas, y se están haciendo en este momento un gran esfuerzo para ofrecer toda la normativa de las comunidades autónomas. En los aeropuertos y en las estaciones de tren dependientes del Estado que hay en las comunidades autónomas con lengua cooficial, la información se ofrece de forma bilingüe. Los medios de comunicación públicos tienen espacios en esas lenguas. Concretamente en Cataluña, Radio Nacional de España tiene una emisora, Radio 4, que emite completamente en catalán, pese a que la anterior dirección de Radiotelevisión Española amenazó en 2006, durante el mandato del gobierno socialista, con cerrarla. En Radio 1 también se emite en catalán y Televisión Española ofrece programación en desconexión en catalán, gallego, vasco o valenciano.

En el sector privado, las principales empresas de este país tienen en cuenta esa realidad lingüística y cumplen con las normas autonómicas y de consumo. Ya existe software en las lenguas cooficiales y teléfonos que permiten configurar esas lenguas. Sin embargo, sí que es notorio que algunas comunidades autónomas no cumplen con algunas de las propuestas que se hacen en esta proposición. El portavoz del grupo proponente ha sido presidente de una comunidad autónoma en la que los ciudadanos no tienen todos los derechos linüísticos garantizados: desde los contenidos completos de la información institucional ofrecida por Internet u otros medios físicos o electrónicos de la Administración hasta el cumplimiento de la sentencia de los tribunales en materia de educación; ni se garantizaban antes ni, por desgracia, se garantizan ahora, incluso tras sentencias firmes. En Cataluña, señorías, sancionaron a 811 comerciantes por razones lingüísticas por valor de 720 000 euros, sanciones que han sido anuladas recientemente por su ilegalidad, ya que el Tribunal Constitucional anuló el Código de Consumo de Cataluña de 1993.

La iniciativa propone, además, medidas que son inasumibles desde el punto de vista de su coste económico: la traducción de oficio de los documentos cuando estos tengan que surtir efectos ante órganos administrativos o jurisdiccionales fuera de las comunidades autónomas. Hablamos de procedimientos que pueden contar con miles y miles de folios; de modo que, para dar cumplimiento a la propuesta, tendría que crearse un gigantesco cuerpo de traductores del Estado o pagar traducciones externas a 7 u 8 céntimos la palabra. En cuanto al doblaje a las lenguas cooficiales, algunas comunidades autónomas hacen un esfuerzo para ofrecer películas en lenguas cooficiales. Esto tiene, evidentemente, también un elevado coste para las administraciones. Por ello no se entiende que, en la memoria económica, se diga que esta iniciativa no tiene impacto económico, aunque ahora el senador Martí ha reconocido que algún coste puede tener. Lo tiene, y muy alto, y no son tiempos estos para gastos excesivos, debido, claro, a la desastrosa gestión de los Gobiernos del señor Rodríguez Zapatero.

Por ejemplo, se pretende crear por ley un Consejo de Lenguas Españolas y una Oficina para las Lenguas Españoles; consejo y oficina que ya existen desde 2007, con la aprobación del Real Decreto 905. No es, por tanto, necesario regular por ley orgánica lo que ya está regulado por real decreto. Por cierto, esta ley tiene más de veinticinco antecedentes parlamentarios sobre estas cuestiones en el Senado y en el Congreso de España; se ha dicho aquí que no se ha debatido,




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que no se ha legislado sobre esta cuestión. Esta proposición, además de pretender una modificación de la Constitución por la puerta trasera —como dije antes—, pretende explícitamente modificar un montón de leyes orgánicas, como la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición, la Ley Orgánica reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, la del Tribunal Constitucional, la del Consejo de Estado, la del Tribunal de Cuentas, la del Defensor del Pueblo, la del Régimen Electoral General, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, etcétera. Todo eso es lo que supone esta aparentemente inocente proposición de ley presentada por Entesa Catalana de Progrés.

Y hay otras cuestiones concretas; por ejemplo, en relación con el Instituto Cervantes, la actividad que esta proposición de ley propone para este instituto coincide plenamente, línea por línea, con la que viene desarrollando esta institución desde su creación; por tanto, no aporta absolutamente nada nuevo. La propuesta es totalmente innecesaria.

Si hablamos de las telecomunicaciones, nos encontramos con que lo que pretende esta proposición no resulta conforme a la ley ni a la normativa comunitaria; es decir, va en contra de las normas de la Unión Europea que regulan esta cuestión de las telecomunicaciones. Por ejemplo, el establecimiento de requisitos adicionales o diferentes a los establecidos en estas normas para la puesta en el mercado de equipos y aparatos de telefonía móvil o de equipos terminales de telecomunicaciones, puesto que este fue uno de los primeros sectores liberalizados, tanto en España como en la Unión Europea. Los fabricantes de telefonía móvil operan en mercados internacionales altamente globalizados, e imponer estas nuevas normas sería un absoluto contrasentido.

En relación con el ámbito audiovisual, el régimen vigente está formado por la Ley General de la Comunicación Audiovisual, la Ley de la radio y televisión de titularidad estatal, y el mandato marco de la Corporación de Radiotelevisión Española. Por tanto, en lo que afecta a los medios audiovisuales, consideramos que la finalidad perseguida por esta proposición de ley —es decir, el reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España— se puede entender perfectamente contemplada en la normativa vigente.

Todo ello, y el posible coste que generarían algunas de las medidas propuestas son más motivos para oponernos a la presente proposición de ley.

Lo mismo sucede en el ámbito de la justicia, donde se pretenden ampliar los supuestos de uso de lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas que estén reconocidas en las actuaciones judiciales. Al respecto hay que afirmar que, con el más profundo respeto a todas las lenguas que se hablan en nuestro país, el carácter evidentemente plurilingüe del Estado es un valor que nos enriquece a todos y que todos defendemos, pero la Ley Orgánica del Poder Judicial establece el principio de cooficialidad y dice que los tribunales podrán utilizar, además del castellano, la lengua oficial propia de las comunidades autónomas, siempre que ninguna de las partes se opusiera alegando desconocimiento de ella, que pudiera, por tanto, producir indefensión. En definitiva, por imperativo constitucional y de acuerdo con esta ley orgánica, el Ministerio de Justicia no puede adoptar medidas para favorecer el uso preferente de una u otra lengua.

No quiero finalizar sin referirme a algunas cuestiones que aquí se han dicho. Señora Capella, usted insiste en esa entelequia inexistente de los países catalanes. Lo lamento. He de protestar y lo vuelvo a decir: eso no existe, eso es un invento de algunas personas y yo, como valenciano, no puedo aceptar en absoluto que usted vuelva a insistir en la historia de los países catalanes. (Aplausos.)

Señora Martínez, del PNV, entre otras muchas cosas, ha dicho que la televisión pública en Euskadi tiene cero programación en vasco. Pues bien, en los últimos cinco meses 1 hora 54 minutos y 15 segundos en el informativo de las 14 a las 14’30; por tanto, lo que usted ha dicho no se ajusta a la verdad, puesto que sí ha habido programación en vasco. No es cero, esto que acabo de decir no es cero.

Señor Bagué, en ningún momento de mi vida me atrevería —no me hubiera atrevido jamás— a decir de un partido político que es un grupo minoritario y excéntrico en Cataluña. Yo no lo haré con el suyo, usted no lo haga con mi partido en Cataluña, que ni es minoritario ni es excéntrico, señor Bagué. (Aplausos.)




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Se ha legislado sobre estas cuestiones, señor Bagué, por ejemplo aquí, en el Senado, para utilizar los distintos idiomas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Señor presidente, termino en treinta segundos.

Pero lo que más me sorprende, lo que más me ha descolocado de este debate, es la posición del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE. No lo entiendo. Señorías, el Partido Socialista empezó, en su día, pidiendo y aplaudiendo los pinganillos en el Senado. Han continuado pidiendo hace dos días el cierre y la desaparición del Senado y ahora terminan pidiendo que pongamos pinganillos a todos los españoles. (Aplausos.) Ustedes, señores del PSOE, están en una situación muy difícil, defendiendo constantemente una cosa y la contraria.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Le hablo del PSOE, no del PSC. Al señor Martí le entiendo mejor, pero al PSOE, no. Lo que no entiendo es que ustedes defiendan constantemente una cosa y la contraria; el valor del oportunismo. No sé lo que opinarán sus senadores de otras comunidades autónomas, pero supongo que muchos de ellos estarán de acuerdo conmigo.

Señorías, rechazamos esta propuesta, primero, porque es innecesaria, pues mucho de lo que se pide ya está regulado y se está practicando; segundo, lo que es novedoso, implica modificar la Constitución por la puerta trasera y no me parece lo más correcto; y, tercero —y acabo ya, no hace falta que usted pida el tiempo—, otros puntos van en contra, incluso, de la legalidad europea o provocan riesgos para la seguridad de las personas.

Por todo ello, nuestro grupo votará en contra.

Muchas gracias por su benevolencia. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Agramunt.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la proposición de ley a efectos de su toma en consideración.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 91; en contra, 147; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España.

7.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.2.1. PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático.

(Núm. exp. 621/000026)

El señor presidente da lectura a los puntos 7.2. y 7.2.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la comisión, la senadora María Jesús Ruiz, por tiempo de cinco minutos. (Pausa.)

Señorías, no vamos a interrumpir el Pleno durante el almuerzo, con lo cual debatiremos los vetos. En todo caso, una vez finalizado el debate de los vetos, si ocurriera antes de las cuatro de la tarde, nunca se votaría antes de esa hora. Es decir, suspenderíamos el Pleno y lo reanudaríamos a las cuatro para proceder a las votaciones.

Tiene la palabra la senadora María Jesús Ruiz. (Rumores.)

Les ruego que guarden silencio, por favor.




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La señora RUIZ RUIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado se tramita por el procedimiento ordinario y tuvo su entrada en esta Cámara el 28 de febrero. Ese mismo día fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y el plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 19 de marzo, tras una ampliación de plazo.

A este proyecto de ley se han presentado 5 vetos y un total de 185 enmiendas, de las cuales se retiró la número 43. Los vetos han sido presentados, el primero de ellos, por la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 2, por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 3, por el Grupo Parlamentario Socialista; el veto número 4, por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y el veto número 5, por los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Las 185 enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: 25 enmiendas de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes; 19 enmiendas de los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar; las enmiendas 46 a 55, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; las números 83 a 123, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; las números 124 a 168, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; las números 56 a 82, del Grupo Parlamentario Socialista y las enmiendas 169 a 185, del Grupo Parlamentario Popular.

El día 11 de abril se reunió la ponencia para informar del citado proyecto de ley y se emitió informe introduciendo modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados, en concreto las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, excepto la número 178.

El día 16 de abril se reunió la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y se emitió dictamen sobre el citado proyecto de ley, introduciendo, a su vez, modificaciones respecto del informe elaborado por la ponencia.

Se han presentado un total de 9 votos particulares a este dictamen: los números 1 y 2, presentados por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el número 3, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta; el número 4, de los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs, la senadora Almiñana Riqué y la senadora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el voto número 5, del Grupo Parlamentario Mixto; el voto número 6, de los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto; el voto número 7, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; el voto número 8, del Grupo Parlamentario Socialista y el voto número 9, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ruiz.

Comenzamos con el debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, para la defensa de la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Puede sorprender que ante una ley que lleva por título Protección y uso sostenible del litoral, se hayan presentado diversos vetos. La pregunta sería: ¿No estamos de acuerdo —y por eso los grupos hemos presentado vetos— con que se proteja el litoral? La respuesta es sencilla: esta ley no protege, sino que desprotege y privatiza. Sé que esto puede ser objeto de debate, pero evidentemente, estamos ante una ley hipócrita, políticamente hipócrita, porque dice una cosa en el título y dice absolutamente lo contrario en el texto del proyecto de ley. Voy a intentar articular mi intervención sobre la base de cinco preguntas y la respuesta a esas cinco preguntas.

La primera pregunta es si protege o desprotege. La segunda pregunta insiste en quién pierde y quién gana con la ley. La tercera intenta responder al argumento del proyecto de ley de que hay que modificar la Ley de 1988 porque produce inseguridad jurídica. La cuarta pregunta trata sobre cómo se ha elaborado la ley; y la quinta pregunta trata sobre si vulnera o no competencias autonómicas. Voy a responder a estas cinco preguntas de forma rápida.




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La primera es si protege o desprotege. No hay un solo artículo de más y mejor protección del litoral; en cambio, existen multitud de artículos de reducción y delimitación del dominio público marítimo-terrestre. Cinco ejemplos en este sentido de desprotección: primero, limita y reduce el terreno del dominio público marítimo-terrestre, es decir, va a haber menos terreno público. Segundo, limita y reduce las servidumbres de protección de 100 metros a 20 metros prácticamente en todo el litoral. Tercero, prorroga a setenta y cinco años las concesiones de ocupación. Saben ustedes que a las concesiones que existían antes de la aprobación de la ley en 1988 se les dio una concesión de treinta años, y ahora se pasa esa concesión a setenta y cinco, prorrogables. Se excluyen de esta ley doce núcleos urbanos y se excluye el 90% de Formentera por sus características geológicas. No he sido capaz de que nadie me explique qué características geológicas tiene, ni existe en el proyecto de ley. Cuarto, se permite la transmisión intervivos, con lo cual la transmisión intervivos y la ampliación a setenta y cinco años, no tengan ustedes ninguna duda de que van a significar mayor especulación. Y por último, zonas importantes que hoy son de ámbito público, como Las Salinas, van a privatizarse y van a desaparecer del espacio público. Dicho de otra manera, la Ley de 1988 protegía el terreno público frente al interés privado y esta ley intenta proteger el interés privado frente al interés público. La primera respuesta a la primera pregunta es que no protege sino que desprotege.

La segunda es quién gana y quién pierde. No es difícil adivinarlo. Si se produce una disminución del terreno público, si se produce una disminución de la servidumbre de protección, que va a posibilitar la edificación, va a perder la sociedad, van a perder las personas y van a ganar intereses privados, muchos de ellos con nombre y apellidos conocidos. Quien gana son los intereses privados, con nombre y apellidos conocidos y quien pierde es, en definitiva, la mayoría de la sociedad. Sé que ustedes no la pueden ver (el señor Saura Laporta enseña a la Cámara una fotografía.), pero es curioso que en el mes de febrero el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos muestra una fotografía de unos bloques a menos de veinte metros del mar que indica: La nueva ley de costas, oportunidad de negocio. No dice oportunidad de sostenibilidad y de protección, sino oportunidad de negocios.

Hemos denunciado desde esta tribuna repetidamente que existe un trasvase de renta de los trabajadores a los sectores económicamente más poderosos. Pues bien, la ley de costas produce también un trasvase de patrimonio público a patrimonio privado. Por lo tanto, no estamos solo ante un trasvase económico, sino, evidentemente, ante un trasvase ambiental.

¿Cómo se ha elaborado la ley? Esta sería la cuarta pregunta. No hay ninguna organización ambiental, ni ONG ecologista que haya recibido el texto antes o que haya podido participar en la elaboración del texto, cuando, como ustedes saben, el informe Auken insiste repetidamente en la necesidad de información y de participación de la sociedad civil en esta cuestión. Yo me quedé sorprendido cuando don Abel Matutes, exministro de Asuntos Exteriores y exdirigente o dirigente del Partido Popular —no lo sé—, dijo en unas declaraciones a un diario de las Islas Baleares lo siguiente: Es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho. Es decir, se ha hecho una ley donde nadie ha podido participar en el grupo de trabajo del litoral del Consejo Asesor de Medio Ambiente, donde nadie ha recibido el texto previo y nadie ha podido participar en su elaboración, pero miren por dónde don Abel Matutes, no sé en calidad de qué, afirma repetidamente que ha trabajado de forma muy fuerte y muy importante en la elaboración de esta ley. Creo que el señor Matutes es uno de esos intereses que tienen nombre y apellido conocidos a los que yo hacía referencia. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

La quinta pregunta es si invaden o no competencias autonómicas. La respuesta es absolutamente sí. Solo hay que coger el Estatuto de Autonomía de Cataluña en la parte en que el Tribunal Constitucional no ha dicho nada, para ver que el estatuto dice que Cataluña —y también otras comunidades— tiene competencia exclusiva en la gestión de los títulos de ocupación y de uso del dominio público marítimo-terrestre en la ejecución de obras y en la regulación de la gestión. Es decir, todas esas competencias que ya la sentencia del Tribunal Constitucional de 1991 dijo que eran competencias autonómicas hoy se vuelven a vulnerar.

En síntesis, señorías, la respuesta a las cinco preguntas es la siguiente: no se protege sino que se desprotege y se privatiza. Insisto en que ni un solo artículo concreto mejora la protección, y muchísimos otros —he citado cinco o seis pero podría citar muchos más— desprotegen el litoral y, en definitiva, dan respuesta a la segunda pregunta. Va a perder mucha gente, porque la sociedad




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en general va a perder uso de dominio y de terreno público; en cambio, van a ganar intereses privados potentes porque van a poder especular otra vez con la construcción cerca del litoral.

Respecto a la tercera pregunta, si hay o no inseguridad jurídica, he de decir que lo más importante es que el proyecto de ley —que seguramente hoy se aprobará— significa una amnistía generalizada a edificaciones legales y también a edificaciones ilegales, algunas de las cuales tienen sentencia de demolición. Se dice que la Ley de 1988 produce inseguridad jurídica. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no, hay muchísimas sentencias del Tribunal Supremo que dicen que no, pero ustedes amnistían independientemente de la legalidad, de la ilegalidad o de la fecha en que se dio el permiso.

La cuarta pregunta se refiere a la elaboración de la ley. Es muy curioso que en la exposición de motivos del proyecto de ley se cite una parte de la resolución Auken pero luego no se contemple ninguna de las importantísimas recomendaciones de dicha resolución, empezando porque en ella se dice que hay que suprimir aquellos planes parciales o urbanísticos que faciliten la especulación, y se insiste en la necesidad de información, participación y transparencia. Pues bien, en esta ley, información, cero; transparencia, cero, y participación, cero a los organismos y a las entidades que están en el Consejo asesor. Pero información, cien; participación, cien, y transparencia, me imagino que cien, a determinados intereses privados, empezando por don Abel Matutes, que se jacta públicamente de que él sí ha intervenido en la elaboración de esta ley.

La quinta pregunta es si vulnera o no competencias. Les he leído un par de líneas del artículo 149.3 del estatuto de autonomía que da competencias exclusivas a Cataluña en toda una serie de aspectos que esta ley contempla. Por tanto, por todas estas razones: porque no protege, porque beneficia intereses privados, porque la anterior ley no crea inseguridad jurídica, porque esta vulnera competencias y, en definitiva, porque está en contra de los intereses públicos, el señor Guillot y yo mismo hemos solicitado el veto a un proyecto de ley que nos regresa a antiguas prácticas que pensábamos que estaban superadas, pero que una vez más el Partido Popular vuelve a poner encima de la mesa.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 5, de la senadora Almiñana, los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté y la senadora Sequera.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, estamos ante un proyecto de ley que va a tener unas consecuencias impredecibles; impredecibles por la gravedad del objeto al que afecta, que es la protección del litoral y de la costa. Sin duda, va a tener un impacto importante. Hoy me sería difícil situar exactamente los límites de este impacto, pero, en cualquier caso, va a ser de mucha gravedad. Es un proyecto de ley que, sin duda, va a significar un daño irreparable sobre el patrimonio natural; irreparable porque permite la privatización de espacios que hasta hoy han sido de dominio publico, lo cual es difícilmente reversible y, por tanto, difícilmente reparable. Es una afectación sobre un tema altamente sensible como es un espacio natural importantísimo, de altísima —como digo— sensibilidad: precisamente todas las costas del litoral español.

Como decía de alguna forma el senador Saura, llamarla Ley de protección y uso sostenible del litoral es, sin duda, una ofensa a la inteligencia, porque es un proyecto de ley que va a desproteger, y precisamente va a hacer menos sostenible el uso del litoral, de la costa y de las playas. Es todo lo contrario a lo que el título del proyecto de ley quiere dar a entender.

Es grave y, como he dicho, puede producir daños irreparables porque no va acompañado ni tan siquiera de un estudio del posible impacto del cambio climático. Quiero suponer que el Grupo Popular y el Gobierno que impulsa la ley no estarán todavía en la teoría negacionista del cambio climático y sus efectos, como en un momento dado dio a entender el presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy.

Pese a haber firmado el Protocolo de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Mediterráneo, que establecía una protección de un mínimo de 100 metros a partir de un estudio de los posibles efectos del cambio climático en un futuro inmediato y, por tanto, de sus consecuencias —protocolo firmado no solo por España y por otros países mediterráneos, sino también por la Unión Europea,




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como tal Unión—, el proyecto de ley ignora esa posibilidad del cambio climático y los efectos sobre los espacios que pueden quedar afectados.

La ley, como decía muy bien el senador Saura, en realidad lo que hace es desproteger; no hay ni una sola medida de mayor protección —lo ha dicho él y comparto completamente la opinión—. Precisamente, las principales medidas del proyecto de ley van a desproteger. De entrada hay una reducción de la zona de servidumbre de la zona demanial marítimo—terrestre, de 100 a 20 metros en caso de zonas urbanas existentes, incluso —y luego volveré a referirme a ello— de las que aún no tienen tal calificación, pero sí que se permite un plazo determinado para poder proceder a su recalificación como suelo urbano.

Se reduce asimismo esta zona de servidumbre de la zona demanial marítimo—terrestre en los cauces fluviales afectados por las mareas, que forman parte también del dominio de costas y que también ven la posibilidad de reducir el ámbito de servitud de 100 a 20 metros, para favorecer, sin duda, el uso privativo de este espacio. Se desprotege también en la medida en que se hace una ampliación de las concesiones para el aprovechamiento privativo del dominio público marítimo-terrestre. Se amplía de 30 a 75 años, evidentemente permitiendo todo tipo de transición con estas concesiones, lo cual va a favorecer los procesos especulativos a su alrededor. Se produce una especie de amnistía sobre las construcciones hasta hoy ilegales ubicadas precisamente en el dominio público marítimo-terrestre. Se establece que en caso de que no hayan sido ocupadas por la Administración, estas ocupaciones adquieren un derecho de ocupación por espacio de 30 años. Por lo tanto, hay una legalización de situaciones que hasta ahora estaban claramente fuera de la ley y que habían vulnerado la vigente Ley de Costas. Hay también una desprotección en el caso de los paseos marítimos en zonas urbanas, al establecer la posibilidad de que queden fuera de la zona de protección de la zona demanial marítimo-terrestre.

Y como decía hace un momento, en la disposición transitoria primera se establece la posibilidad de que suelos que hasta este momento no son urbanos inicien un proceso que podríamos llamar de recalificación urbanística, convirtiendo en suelo urbano núcleos o terrenos que se definen con una definición genérica, lo que produce una importante inquietud: se habla de terrenos aptos para la edificación que pueden haber estado ejecutados o aptos para la edificación por lo menos en un 33% del total de la superficie, lo cual permite, en el espacio de dos años a partir de la publicación en el BOE de la ley —en caso de su aprobación hoy por esta Cámara—, toda una serie de urbanizaciones en la zona costera, afectando a lo que hasta hoy era zona protegida, zona de dominio público o zona de servitud a partir de este dominio público hasta los 100 metros. Por lo tanto, en todos estos casos hay una reducción de esta zona de servidumbre de los 100 a los 20 metros.

Finalmente, es un proyecto de ley contrario claramente al espíritu de la Constitución. El artículo 132.2 de la Carta Magna consagra precisamente como dominio público la zona marítimo-terrestre; lo que pretenden los constituyentes es proteger todo ese espacio de costa evitando precisamente su uso privativo, limitándolo a situaciones muy especiales y poniéndolo a disposición del interés público. En este caso, el proyecto de ley que estamos debatiendo favorece el uso privativo del dominio público marítimo-terrestre.

Asimismo, debo indicar que favorece la invasión de competencias autonómicas; en concreto, el Estatuto de Autonomía de Cataluña —al que se ha referido también el senador Saura—, en su artículo 149.3 adjudica a la Generalitat de Cataluña, en su apartado a) la regulación de los planes de ordenación territorial en la zona de costa, y en su apartado b) la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público, concesión de autorizaciones y concesiones en general. Por tanto, se trata de una competencia transferida, en este caso a la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no ha sido ciertamente cuestionada por el Tribunal Constitucional, y con este proyecto de ley se pretende invadir esta competencia.

Por consiguiente, estamos ante un proyecto de ley que es altamente peligroso para la conservación de nuestro litoral; que va en contra del espíritu de toda la normativa internacional, y especialmente de la Unión Europea; que se ha venido aprobando en los últimos años; que contraviene el protocolo de gestión de las zonas costeras del Mediterráneo —al que he aludido anteriormente—, y que, como he dicho al inicio de mi intervención, va a producir unos daños impredecibles, y lo que es peor, sin duda, irreparables, que van a ser de muy difícil reconducción en el futuro. Se había avanzado mucho a partir de la aprobación de la Ley de Costas vigente, del




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año 1988, se había avanzado precisamente en la protección del litoral, se había producido un deslinde de, prácticamente, el 95% de la zona de dominio público marítimo-terrestre; estábamos avanzando en la buena dirección. Ahora, precisamente intentando plantear un conflicto entre el interés privado y el interés público, se resuelve en contra del interés público y a favor de un interés privado que no es el interés privado de todos y cada uno de los españoles sino el interés privado, sobre todo, de determinados grupos, que son los que quieren aprovechar precisamente para la especulación y el uso abusivo de lo que hasta ahora ha sido el dominio y, por tanto, el derecho del conjunto de la ciudadanía española.

Por tanto, estamos ante una auténtica barbaridad, ante un proyecto de ley que nunca debería haberse presentado. Sé que es muy difícil, señorías del Grupo Popular, pero hago una última apelación a su sensibilidad, a su conciencia, a su responsabilidad en materia medioambiental para intentar detener lo que, sin duda, como he dicho, va a tener consecuencias irreparables.

Muchas gracias, por su atención.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Sabaté.

Propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por la senadora Capella, quien tiene la palabra por tiempo de quince minutos.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras senadoras, señores senadores, el catedrático de la Universidad de Granada, Miguel Ángel Losada, auténtica eminencia en la materia que hoy es objeto de debate y discusión en este proyecto de ley, envió un informe al Ministerio de Fomento calificando lo que entonces era el borrador de la ley de antropocéntrico, ya que el hombre es el centro de la costa y su único amo y señor; unidimensional, ya que solo se legisla en relación con la propiedad privada y las actividades económicas en la costa; unidireccional, ya que solo regula reducciones del dominio público marítimo-terrestre y la zona de servidumbre y no se plantea su recuperación, restauración ni ampliación; desfasado, ya que no tiene en cuenta el conocimiento desarrollado en los últimos 20 años; discriminatorio, ya que excluye determinados núcleos, frente a otros similares, abriendo la posibilidad de la reclamación por agravios comparativos; expansivo, ya que amplía en el espacio y en el tiempo los supuestos relacionados en el borrador con la inseguridad jurídica; imprudente, ya que no considera la subida del nivel medio del mar prevista para los próximos 75 años; gravoso para los intereses de todos los españoles, ya que no considera los riesgos, los costes y las consecuencias de la reducción del dominio público marítimo-terrestre y la exclusión de determinados núcleos; reglamentista, ya que contiene precisiones y detalles en aspectos no esenciales y que deberían ser objeto de un reglamento, no de una ley; impreciso y ambiguo en los aspectos esenciales para la delimitación del dominio público marítimo-terrestre y la exclusión de algunas zonas del mismo; incierto e imprevisible, sin seguridad jurídica, dejando para el reglamento aspectos esenciales de su regulación; antieuropeo, ya que la legislación europea considera la costa como un valor natural en sí misma y su regulación se hace desde el conocimiento y formación, con un amplio apoyo y discusión desde todos los ámbitos ambientales, legales, técnicos, etcétera; descoordinado, ya que prácticamente no hay referencias a la legislación autonómica; desleal con la Constitución Española, ya que no ubica ni protege los fundamentos de los artículos sobre dominio público marítimo-terrestre y el derecho al medio ambiente; insostenible, ya que el borrador no analiza ni aplica el principio de que las actuaciones ejecutadas por esta generación no deben comprometer el desarrollo de las generaciones futuras.

A todo lo anterior, añadiríamos que una modificación tan sustancial de la legislación no debería ser hurtada al debate de la ciudadanía, ni solventarlo con un texto parcial, dejando en manos de la Administración del Estado el desmantelamiento del dominio público marítimo-terrestre, tal como se ha entendido en todas las épocas.

Los senadores que me han precedido en el uso de la palabra ya han planteado algunos de los puntos a los que me voy a referir, igual que algunas de las preguntas que seguramente yo voy a plantear.

Antes de nada deberíamos plantearnos si esta ley genera seguridad o inseguridad jurídica. Atendiendo a la mayoría absolutista del Partido Popular que gobierna el Estado español, este es uno de los principios más devaluados en el actual contexto social y económico. No hay nada más




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lejos de la realidad que la mentada seguridad jurídica, es decir, la certeza de la existencia de un ordenamiento jurídico que protege al ciudadano. Este proyecto de ley, que pretende una reforma de la Ley de Costas, lejos de proteger nuestro recurso natural más preciado, parece ser que va en dirección contraria.

Por lo que se refiere a los riesgos jurídicos del proyecto de ley, se resuelven problemáticas singulares, como la de los núcleos rurales de Galicia, a través de una ley de aplicación al conjunto de los 8000 kilómetros de litoral español, lo que comporta que se defina un régimen específico pensado inicialmente para núcleos rurales gallegos, pero que su aplicación ―y así se prevé― pueda ser ampliada a todo el territorio del Estado; se excluyen sin ningún tipo de justificación 10 núcleos, lo que implica además una desigualdad evidente respecto al resto, y abre la puerta a excluir más núcleos en un futuro; se crea un régimen de deslinde específico para Formentera, lo que también establece un precedente ampliable en un futuro a otros espacios; se amplía el plazo de las concesiones ―los 30 años actuales más 75 años, con lo que estaríamos hablando de 105 años―; y se modifica su régimen jurídico, que ahora también será transmisible intervivos.

La nueva ley también se utiliza para resolver un abanico de problemas singulares ―como ya ha comentado algún senador― a lo largo de la costa española, que van desde la incorporación de disposiciones autonómicas anuladas por el Tribunal Constitucional ―por ejemplo, a Galicia o a las Illes Balears― y que permiten excluir del régimen de servidumbre a pequeños municipios gallegos o crear una definición ad hoc del dominio público en la isla de Formentera, hasta la definición de nuevos regímenes singulares para las urbanizaciones marítimo-terrestres o en bienes de interés cultural.

En síntesis, se trata de una norma que, lejos de buscar la igualdad jurídica entre todos, solo resuelve los problemas particulares de algunos, como si de una lista a los Reyes Magos se tratase; convertirá la costa en una costa más urbanizada y se pierde la oportunidad de poner orden.

Según el Gobierno, se hace patente que la Ley de Costas aprobada en el año 1988 ha tenido un régimen transitorio demasiado amplio ―aspecto que puede compartirse―, pero muchas de las edificaciones más próximas al mar de los últimos 25 años no deberían haberse permitido. Ahora bien, la solución que plantea el Ejecutivo no es introducir nuevos límites a la edificación de una costa muy urbanizada sino todo lo contrario: facilitar que muchos espacios se puedan privatizar de nuevo para, posteriormente, edificarlos.

La primera gran novedad de la ley es la redefinición del concepto de dominio público marítimo-terrestre ―es decir, el espacio público de libre acceso del que gozamos gratuitamente el conjunto de los ciudadanos―; se pasa también de rústico a urbano, ya que flexibiliza la servidumbre de protección para aquellas zonas que puedan demostrar que tienen algunos, no todos, los servicios básicos. Además, esta ley equipara el suelo urbano a aquellos terrenos que tengan algún servicio o que formen parte de una zona transformada en un tercio de su superficie, de manera que en definitiva se iguala la zona de la franja de protección, con independencia de si es o no suelo urbano.

Lo que resulta paradójico en esta reforma es que se basa o se ampara en la necesidad de garantizar la protección del litoral y otorgar mayor seguridad jurídica cuando hace exactamente lo contrario: reduce el ámbito de protección de la línea de costa y reabre un debate sobre las propiedades en dominio público marítimo-terrestre que parecía superado.

En cuanto a la participación o implicación, desgraciadamente, una reforma de esta importancia, que en cualquier otro momento histórico habría comportado un amplio debate público, en el actual contexto de contrarreforma permanente ha pasado desapercibida para un amplio sector de la sociedad, motivo por el cual debemos hacer hincapié también en otros riesgos que implica esta norma.

Riesgos medioambientales. El texto de la ley deja abierta la posibilidad de reinterpretar, como decimos, vía reglamento, qué es el dominio público marítimo-terrestre. Se redefine la servidumbre de protección y se disminuye el ámbito de protección en la margen de los ríos. Las ampliaciones de puertos deportivos ahora serán buenas para el cambio climático. En definitiva, estamos delante de un proyecto que pone en cuestión la protección de un espacio con un alto valor medioambiental y paisajístico, lo que hará aumentar los litigios entre propuestas urbanizadoras y estamentos públicos.




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Riesgos competenciales. Ya se han referido a ellos también los senadores que me han precedido en el uso de la palabra. Es un ataque frontal a la autonomía municipal y a las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de urbanismo, en atención a lo que prevé el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. Además, plantea contradicciones entre estamentos del propio Gobierno, graves y profundas contradicciones entre el proyecto de ley presentado por el ministro de Agricultura, señor Arias Cañete, y el documento del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señor Montoro, sobre la política de costas.

El proyecto de ley de costas se contradice con el informe sobre evaluación de la política de costas elaborado por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Hagan ustedes una lectura para ver que, efectivamente, existen contradicciones notorias e importantes entre ambos ministerios.

En resumen, la ley se contradice con el informe sobre evaluación de la política de costas y otras actuaciones del propio Gobierno. Ignora los criterios científicos y profesionales de los expertos. Se contradice con las directivas europeas Directiva Marco del Agua y Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, y la posterior aprobación del Protocolo del Mediterráneo. Pone en peligro la viabilidad de la economía del turismo en muchas áreas, siendo contradictoria con el Plan de Turismo 2020. Ignora las prevenciones internacionales a adoptar frente a las consecuencias del cambio climático. Añade dudas e inseguridad jurídica. Ignora competencias transferidas a las comunidades autónomas, en este caso, a Cataluña y a Andalucía. Añade cemento allí donde habría de añadir protección. Reduce el área de protección a 20 metros, cuando tendría que ser de 200. Es una ley para unos pocos amigotes suyos, como el señor Matutes, al que antes se refirió el señor Saura, y no es una ley para todos.

No se sorprendan entonces que una vez aprobada definitivamente la ley no les caigan encima un sinfín de reclamaciones, multas, exigencias de retirada, tanto en el ámbito jurídico como desde las instituciones europeas o desde otros ámbitos profesionales y académicos, así como desde Cataluña, por la invasión de competencias que sugiere.

Por todos los motivos expuestos, Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado un veto al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, la llamada Ley de Costas.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 2 firmada por el Grupo Parlamentario Mixto, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes. Para la defensa de esta propuesta de veto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Los argumentos que sustentan los vetos son coincidentes, lo cual, sin ninguna duda, es garantía del apoyo recíproco entre los distintos proponentes a la hora de votar. Hay un hecho cierto, que refleja la voluntad expresa de la ley, manifestada en la exposición de motivos, que en ningún caso voy a discutir, pero que se utiliza para construir una argumentación falaz y llegar a la conclusión absolutamente contraria a la que desde un análisis lógico se debiera llegar. El argumento cierto que refleja la ley en su exposición de motivos es que nuestro país ha vivido un claro proceso de incumplimiento de la Ley de Costas de 1988. Pero la pregunta es: ¿por qué no se cumplió la ley de 1988? ¿No se cumplió porque fuese técnicamente inadecuada, porque su regulación no fuera la que mejor podía responder al objetivo fijado de proteger la costa española? No. La ley era perfectamente acorde con el objetivo de conseguir un elevado nivel de protección sobre algo que es patrimonio común del conjunto de los españoles, de algo que de por sí, con una gestión adecuada y respetuosa con el medioambiente, se podía convertir en un mecanismo de generación de actividad económica y de riqueza —insisto— compatible con el respeto a los valores medioambientales.

Tampoco se incumplió por el argumento contrario, porque sus previsiones de protección fueran insuficientes o porque no estableciera un nivel de protección o unos mecanismos de respuesta a sus incumplimientos adecuados. Se incumplió porque esta ley estorbaba a los intereses




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económicos, estos sí, incompatibles con el respeto a los valores medioambientales de nuestra costa, de la costa española.

Y en la balanza, donde por un lado estaba la necesidad de cumplir la ley y proteger la costa española y por el otro la búsqueda de propiciar intereses económicos, pesaron más en la voluntad política de las administraciones, obligadas a velar por su cumplimiento, los intereses económicos.

Lo que de alguna manera convirtió en inútil la Ley de Costas no fue que no fuera un instrumento adecuado para su protección, fue que por el medio se cruzó una burbuja inmobiliaria que vio precisamente en los terrenos de la franja costera, fundamentalmente en la mediterránea, el territorio natural para su desarrollo, el territorio lógico para conseguir unas plusvalías más elevadas. Fue ese ánimo especulativo lo que acabo dejando sin valor a la Ley de Costas de 1988.

Además, esa oportunidad especulativa no solo contó con esa complicidad e inoperancia de las administraciones públicas, sino también con una base legal que la alentaba, la famosa reforma de la Ley 6/1998 del Suelo. Nos encontramos con que, por una parte, había una ley proteccionista, que era la Ley de Costas, que intentaba velar por la preservación de los valores naturales de esa costa, y en el mismo marco normativo otra ley que se reformaba precisamente para lo contrario: para alentar la idea de que todo el territorio era urbanizable, salvo que hubiera unos niveles de protección que determinaran especificidades en ese territorio y, sobre todo —lo que al final es la única garantía—, que hubiera voluntad política de velar por esos valores medioambientales.

Se incumplió porque era un obstáculo para la especulación y todas las administraciones, con distinto grado de complacencia y complicidad, desde la del Estado hasta los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas, no hicieron lo que tenían que hacer para que la legalidad se respetase y se cumpliesen las previsiones proteccionistas de la Ley de Costas de 1988.

Esa es la realidad que hoy vivimos. Esa es la realidad a la que debería hacer frente esta reforma que el Gobierno plantea. Es la realidad que señala la Unión Europea en ese informe al que algún portavoz ha hecho referencia antes, donde, además de decirnos que había que velar por los derechos de los consumidores y ciudadanos europeos que llegaron a nuestro país y adquirieron bienes inmuebles en la costa española con un grado de conocimiento, digamos, indeterminado de las condiciones en que se había producido la urbanización de esas franjas, también decía que constataba que la costa española es en este momento, a pesar de la ley proteccionista de 1988, la costa más degradada de Europa.

Ante esa afirmación, ¿cuál es la respuesta del Gobierno del Partido Popular en este texto que hoy se nos trae? ¿Afirmar políticamente su voluntad de dar cumplimiento a la Ley de 1988, y a la vez articular mecanismos de desarrollo de la misma, para la reposición de la costa española a la situación previa a la degradación generada por el incumplimiento de la Ley de 1988? No. Lo que se hace es una reforma para tener una norma más laxa, comprensiva con los flagrantes incumplimientos ilegales de la Ley de Costas de 1988. Esa es la alternativa que hoy se nos trae aquí con este texto legal. Ni se repone ni se repara ni se exigen responsabilidades, se establecen los cauces para la legalización de la mayor parte de los desaguisados medioambientales que, fruto no de la Ley de 1988, sino del incumplimiento de la Ley de 1988, que a lo largo de estos años y al calor de la burbuja inmobiliaria se han venido produciendo.

La respuesta es otra vez injusta y equivocada, y guarda paralelismos con la amnistía fiscal: ante un incumplimiento de la normativa tributaria que hace que en nuestro país entre el 23 y el 25% de la economía esté sumergida, en vez de garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales tributarias, se les concede una amnistía a quienes las incumplieron. Estamos ante el mismo modelo, ante el incumplimiento flagrante de los preceptos proteccionistas de la Ley de 1988 que en vez de sancionar y castigar a quienes incumplieron la misma, les concede una amnistía urbanística, les concede una amnistía medioambiental, aunque ello suponga seguir profundizando en el deterioro de esa costa española que, para vergüenza de nuestro país, afirman las autoridades europeas es la más deteriorada de Europa.

Esta reforma —lo decía el portavoz socialista en su intervención— incumple los compromisos internacionales establecidos en el protocolo relativo a la gestión integrada de zonas costeras, que establece que la franja mínima de protección de la costa debe ser de 100 metros. Con esa excepción, que ustedes se sacan del bolsillo para colocar en el Boletín Oficial del Estado la posibilidad de reducir a 20 metros la franja de protección, los mismos ayuntamientos que miraron




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para otra parte mientras se construía vulnerando la Ley de Costas de 1988, ahora pueden abrir el cauce de la legalización —esos ochenta metros que quedarán libres— demostrando —ya se verá cómo— la preexistencia de algún servicio municipal, que si existe es porque ese ayuntamiento también incumplió la Ley de Costas al prestar servicios propios del suelo urbano a zonas que no lo eran y, por lo tanto, alentar que se vulnerara ese grado de protección de la costa establecida en la Ley de 1988.

Se disminuye con esta ley la protección no solamente al permitir esa reducción en los municipios que así lo decidan, sino al establecer núcleos de protección que se convierten en excepciones al marco normativo, y que, además, crecen en el Senado: llegan al Senado, aparte de Formentera, diez núcleos urbanos excepcionados. En virtud de las enmiendas del Partido Popular se incrementan otros dos núcleos urbanos excepcionados. Lo decían los anteriores portavoces: es poco riguroso, desde cualquier técnica legislativa, desde el reconocimiento de derechos individuales y desde la preservación del interés general, que ahora se proceda de forma absolutamente sumaria a ampliar los plazos de concesión. Los 30 años que establecía la Ley de 1988, que concluirían en el 2018, en virtud de esta ley van a tener una prórroga de 75 años más absolutamente injustificada. Y para que además esas concesiones puedan generan los beneficios económicos que el sistema demanda, se propicia, se facilita, se establece la posibilidad de la transmisión intervivos de la misma. Es decir, a costa del patrimonio público, a costa del dominio público, se abre la posibilidad de negocio inmediato de los titulares de esas concesiones cuyo valor en los últimos casos, en el 2018, era cero. Gracias a ese regalo de los 75 años, esas concesiones empiezan a tener un valor de mercado de nuevo importante.

Termino con dos cuestiones nada más. El Partido Popular, además de esas enmiendas ampliando el número de núcleos excepcionados de la vigencia de la Ley de Costas, ha aprovechado el trámite de enmiendas en el Senado —yo me alegro de que se utilice el trámite de enmiendas en el Senado, aunque solo sea porque legitima a esta Cámara y le da algo más de sentido, pero no me puedo alegrar del resultado de que tal posibilidad se ejerza— para corregir un olvido —también había alguna referencia a ello en la intervención del portavoz socialista—. Aquí en el Senado descubren lo del cambio climático. En la tramitación en el Congreso para el Partido Popular el cambio climático seguía siendo una entelequia abstracta que no debería preocupar a la sociedad española. En el Senado establecen enmiendas reconociendo que hay en marcha ya un proceso de cambio climático, que eso va a tener repercusiones, pero de nuevo las conclusiones normativas que se sacan de esa realidad siguen sin ser las adecuadas. Se establece una especie de precepto general según el cual la normativa se adaptará al fenómeno del cambio climático cuando proceda. Mi pregunta es ¿cuándo va a proceder? ¿Cuándo se dé algún riesgo para la seguridad de los bienes y de las personas? ¿Cuándo las zonas potencialmente inundables como consecuencia del cambio climático realmente se inunden? ¿La Ley de Costas va a decir constatamos que se ha inundado como consecuencia del cambio climático? Además, entre las valoraciones que al respecto se realizan en las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, parece que solo se prevé que el cambio climático pueda generar una regresión de la costa, es decir, que queden terrenos liberados —supongo que porque eso abre nuevas posibilidades y expectativas de concesión, negocio y demás— y no contemplan que el cambio climático también, incluso es más probable, puede dar lugar a fenómenos de inundaciones.

Concluyo haciendo la pregunta que Greenpeace formulaba públicamente hace cinco o seis días, la semana pasada, al ministro del ramo: ¿con esta reforma el Partido Popular va a permitir que el Algarrobico sea legalizado por el ayuntamiento correspondiente, al menos en una gran parte? Como el señor ministro no se ha dignado a dar respuesta, yo se la traslado en este momento al portavoz del Grupo Parlamentario Popular por si tiene a bien hacerme esa gracia.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Propuesta de veto número 3, que defiende el senador socialista, señor Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista propone la devolución al Gobierno de esta propuesta de contrarreforma de la Ley de Costas. El Gobierno del Partido Popular y el ministro Arias Cañete han cambiado la legislación de aguas para poder comerciar con ese bien público.




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Ahora quiere tramitar la legislación de montes para también permitir el comercio de los bienes públicos a la propiedad privada. Y hoy nos trae una contrarreforma por la que lo que es público, lo que es de todos, lo regala a la propiedad privada.

Señorías, después de la amnistía fiscal llega la amnistía litoral. Previamente no se ha realizado ningún estudio, ni en el mundo científico, para evaluar los riesgos y amenazas de nuestro litoral; no se han decidido acciones ni programas para proteger más la costa de amenazas, que sería el único cambio posible, proteger más.

La reforma del señor Cañete va flagrantemente contra la Constitución, que en el artículo 132.2 establece que son bienes de dominio público el dominio público marítimo-terrestre, una conquista de la democracia. El señor Cañete y su ley restablece los privilegios para unos pocos para que comercien y disfruten ellos solos lo que es de todos; una ley que nos lleva a lo que fue la Ley Cambó, de 1918, o la Ley de 1969 que se hizo en el Palacio de El Pardo; una ley que va contra las directivas europeas, que va y ataca los convenios internacionales firmados por España; una ley que va, señorías, contra los estudios de la Agencia estatal de evaluación de las políticas públicas sobre la gestión de la costa; una ley que pone en peligro el turismo de calidad, el mercado turístico de eso que ahora se llama marca España; una ley que se tramita no permitiendo la participación pública, no teniendo en cuenta los estudios científicos, sin escuchar a los colectivos sociales ni a los colectivos económicos, sin hablar con los ayuntamientos ni comunidades autónomas que van a tener que gestionar esta ley; una ley que introduce arbitrariedad y trato diferente para los ciudadanos, que crea núcleos excepcionados del cumplimiento de la ley, en lo que yo creo que se puede llamar paraísos antiambientales, lo mismo que hay paraísos fiscales; unas propuestas que hace el Gobierno y el Grupo Popular por el trámite de la yenka, adelante y atrás, forzando el Reglamento, modificando sus propias enmiendas en el trámite en el Senado y sin tener en cuenta ni una sola enmienda de la oposición, a excepción de dos de Convergència i Unió que se están transaccionando. Es el caso de la aplicable a la disposición transitoria tercera de la ley que tuvo tres redacciones diferentes; una redacción que salió del Congreso redactada por el Gobierno; una enmienda presentada a ese texto del Gobierno por el Partido Popular, lo que se llama la enmienda 182, que asimismo fue enmendada por orden del Gobierno minutos antes de celebrar la comisión, que se forzó a que la ponencia tuviera que estudiarla casi sin tiempo de leerla, una modificación que cambia y que es difícil de seguir la evolución en las propuestas: en la primera propuesta piden servicios de acceso más edificación de un tercio, luego o servicios de acceso o edificación de un tercio, y ahora servicios y edificación de un tercio o edificación de dos tercios con planeamiento o la mitad si es sin planeamiento. La verdad es que algunos miembros del Partido Popular han recorrido España prometiendo que esto se hacía gracias a los logros del Partido Popular; en marzo, esto era un logro del Partido Popular y, en abril, algunos senadores han recorrido Galicia, en concreto, diciendo que ahora es por culpa del PSOE, es por culpa de los verdes y es por culpa de los rojos. Por lo tanto, significa también que aún, encima, son incapaces de defender sus propias enmiendas y sus propias posiciones, basándose y escondiéndose en esa cobardía que a su vez esconden detrás de esa mayoría absolutista, como se ha llamado.

Señores del Partido Popular, si quieren hablar de este tema, lo tienen muy fácil: acepten la enmienda 82, que es la nuestra, para la que pediremos votación por separado, o modifiquen en este trámite su propia enmienda, que pueden hacerlo en base a nuestro voto particular, o llévenlo al Congreso y modifíquenlo en el trámite del Congreso eliminando algunas palabras que probablemente quieren recorrer y, mientras tanto, pidan disculpas a los pueblos que a su vez han ido recorriendo anunciando este logro, sea Vilaboa, Marín, Cangas, Ribeira, Oia, la Illa de Arousa, Porto do Son, Muros, Ortigueira, Foz o La Guardia.

Nos oponemos a esta ley también por su contenido. Lo primero engañoso es su nombre; el nombre de protección del litoral es indigno de esta ley. Esta ley no superaría ningún estudio mínimo de impacto ambiental ni de sostenibilidad. Es un ataque a los intereses públicos. En primer lugar, señorías, empieza por cambiar el concepto de ribera del mar acercando la línea desde donde se miden todas las distancias hacia el mar. Le dice al mar por ley hasta donde tiene que llegar. Es un acto de soberbia total. ¿Cómo le va a indicar el señor ministro, cuando haya un temporal, al señor mar que no pase de esa línea? Y no ha de hacerlo porque según la Ley de Costas del señor Cañete pasar de ahí sería entrar en una propiedad del Estado. El mar, por lo tanto, no puede estar ahí. Absolutamente ridículo. Reduce el dominio público que pasa a ser de propiedad privada,




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terrenos inundados artificialmente por obras. Si ustedes quieren recuperar para ustedes un terreno público inúndenlo o hagan una salina, que es otra excepción, o pongan cultivos marinos, otra excepción más. Si es terreno público puede ser propiedad privada o, en el caso de las dunas, permite apropiarse de los terrenos dunares que son espacios sensibles a proteger. También pueden hacer urbanizaciones navegables e inscribir las aguas de esas urbanizaciones navegables en el registro de la propiedad. Si no es el caso, pida que las inscriban como núcleo excepcionado, pues el dedo caprichoso del señor Cañete decide dónde se crea ese paraíso antiambiental y dónde no, dónde hay que cumplir la ley en toda España y en qué núcleos privilegiados, pero en esos doce no. Además, reduce la servidumbre de protección de 100 metros a 20 metros cuando no hay que olvidar la tendencia en todas las comunidades autónomas, alguna por cierto gobernada por el Partido Popular. Son los casos de Galicia, que la aumenta 200 metros, o de Asturias y Andalucía que ya la tienen en 500 metros. Lo mismo sucede con las desembocaduras de los ríos y los paseos urbanos, pues se considera el límite interior de la ribera del mar y, por lo tanto, a partir de esa línea puede ser desafectado y queda sin protección todo lo que está detrás del paseo urbano que en muchos casos es absolutamente invadido por el mar continuamente. También es el caso, desde luego, del célebre tema de la disposición transitoria tercera sobre los núcleos rurales como se ha llamado a la que se refiere nuestra enmienda 82. En la servidumbre de tránsito, en dominio público, permite todo tipo de obras e instalaciones cuando deberían reglarse por la figura de fuera de ordenación. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Las concesiones en el dominio público permiten una prórroga hasta los 75 años, lo que en la dictadura se llamaba concesión a perpetuidad, para siempre. Permite, además, el negocio en lo público e impide que cuando acaba una concesión se abra un concurso público para que pueda haber competencia y todos los ciudadanos y todos los empresarios puedan optar a la misma especulación y no que una concesión esté sujeta por una persona que la pueda comprar, vender o traspasar a lo largo de 105 años. Estamos, por lo tanto, ante una clara privatización de lo público que permitirá dar concesiones para urbanizaciones o resorts o la actividad especulativa que suela acogerse a este tipo de medidas. Aparte se acuerda que se van a revisar todos los deslindes, señorías. No tiene sentido que después de 25 años de trabajo de los técnicos, de los trabajadores de la Administración pública, de los juzgados, de los ayuntamientos y comunidades autónomas, de los vecinos, de los empresarios, cuando está realizado el 96% de los 8000 kilómetros de costa en España y con los criterios de la ley anterior, se revisen todos los deslindes. ¿Qué va a pasar cuando esos nuevos territorios sean invadidos por los temporales o por los huracanes, etcétera? ¿Ese riesgo quién lo va a pagar? ¿Van a ser el señor Cañete y el señor Rajoy quienes respondan de esos daños?

Por otra parte, permite que se recupere la propiedad privada en lo que queda fuera del deslinde, lo que es una nueva desamortización o regalo de lo público que durante 25 años ha sido de todos y ha sido cuidado por todos. Se diferencia de forma irracional desde el punto de vista ambiental entre playas urbanas y no urbanas. Las playas o necesitan protección o no necesitan protección, pero no puede diferenciarse el carácter de urbano.

En resumen, es una ley con absoluta falta de rigor que no tiene en cuenta, por ejemplo, el documento de la Comisión Europea conocido como Eurosión, para la lucha contra la regresión costera, que indica que la construcción debe alejarse de la línea de mar. No tiene en cuenta las directivas europeas, en concreto, la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, y otras.

No tiene en cuenta los planes acordados por la Comisión el pasado 13 de marzo, donde se ordena a los Gobiernos que realicen planes de gestión integral de las costas, con criterios de sostenibilidad, y se debe evitar la saturación y la presión en las regiones costeras.

No tiene en cuenta los convenios internacionales firmados por España, como el Protocolo del Mediterráneo, que establece que la zona de protección no puede ser inferior a cien metros, y recomienda la gestión integral de la costa; este convenio ya está en vigor desde marzo de 2011.

No tiene en cuenta, señorías, como he dicho antes, los estudios de la Administración del Estado, en concreto, el de la Agencia Estatal de la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, Aeval, que trae 40 recomendaciones. Y permítanme que les lea algunas: en su recomendación primera dice que el alto grado de ocupación de las costas y el amplio impacto del sector inmobiliario están obligando a revisar las estrategias. En la recomendación sexta dice que las comunidades autónomas deben acometer planes para una mayor protección de los espacios




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costeros; habla del Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo, y sugiere como paradigma positivo la protección del litoral de mayores distancias y cita el caso de Asturias. Otra recomendación habla de tener en cuenta el Plan del Turismo Español Horizonte 2020, de que el modelo de desarrollo territorial esté comprometido con el entorno, y de disminuir la huella ecológica. Y se habla también de otra serie de cuestiones, por ejemplo, que se tenga en cuenta el cambio climático; la forma de gestión como gestión integrada de zonas costeras; que se finalicen las tareas de deslinde, etcétera. Es decir, la Administración española, el Estado, tiene un estudio sobre cómo gestionar las costas que este Gobierno no ha tenido en cuenta para redactar esta ley.

No tiene en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional ni la del Tribunal Supremo, que han ido creando doctrina a lo largo de estos años, ni siquiera las sentencias del Tribunal Europeo de Estrasburgo, que ya se ha pronunciado en algún caso relacionado con otros Estados.

No tiene en cuenta, como ya se ha dicho también, el estudio de la incidencia del cambio climático. Nosotros proponemos en concreto una enmienda a ese respecto y la creación de la agencia de evaluación urbanística.

Perjudica la imagen de turismo de calidad de España y el margen de nuestro mercado, que debe competir en mercados de calidad; aumenta la litigiosidad y la inseguridad jurídica ya que crea discriminaciones entre los ciudadanos que dejaron una concesión o propiedad y los nuevos concesionarios y propietarios; al hacer de nuevo todos los deslindes va a crear nuevos conflictos; y es una barbaridad que se incorpore en el texto —creo que no tiene precedentes— una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado que propone que se exima del cumplimiento de las sentencias judiciales mientras haya dificultades económicas. Esa indefinición y esa redacción carecen de todo rigor jurídico; carga sobre el Estado las responsabilidades por los daños, por los temporales, y por los efectos del cambio climático.

Por tanto, señorías, por todas estas razones, pedimos su devolución al Gobierno porque creemos que este proyecto es absolutamente dañino para el interés público de todos los españoles.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias, señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ CABELLO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, llegamos por fin al final del trámite parlamentario en el Senado de la tan esperada y necesaria ley de protección y uso sostenible del litoral. Y digo ley necesaria y esperada porque a estas alturas casi nadie duda ya de la urgencia de cambiar la Ley de Costas de 1988, a pesar de muchas de las cosas que aquí se han dicho; una ley claramente desconectada de la realidad, conflictiva y, sobre todo, ineficaz en su objetivo de protección del litoral.

Motivos para la reforma tras 24 años de vigencia desde luego no faltaban. Las continuas arbitrariedades en su aplicación, por ejemplo, en los deslindes del dominio público, su enorme conflictividad, su escaso vigor garantista, especialmente para los adquirientes de buena fe, su desprotección e inseguridad jurídica y, sobre todo, su poca objetividad y sus inseguridades para evitar los abusos urbanísticos; esta Ley de 1988 es demasiado restrictiva en relación con los usos compatibles de desarrollo sostenible y perjudicial para un sector, como el turístico, clave principal de nuestra economía.

Por ello, este proyecto de ley que hoy presentamos y pretendemos culminar es una reforma con objetivos muy claros: en primer lugar, reforzar la protección del litoral para conciliarlo con actividades económicas sostenibles y con el uso común y gratuito del dominio público; en segundo lugar, reforzar la seguridad jurídica en el litoral; y, en tercer lugar, generar confianza y certidumbre para nuestra costa y la actividad económica.

Me corresponde como ponente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, posicionar a mi grupo sobre los cinco vetos presentados por diferentes grupos de esta Cámara. Como dije la semana pasada en comisión, nunca nos sorprenden los grupos parlamentarios y, especialmente, el socialista. Estamos ante una fotocopia compartida de los diferentes vetos, llena de generalidades, trazos gordos, demagogia, manipulación y, sobre todo, demasiados titulares. Señoría, así lo hace cualquiera. Hacer titulares sin especificar en qué parte del texto aparece lo que se argumenta, eso lo hace cualquiera; generalizar sacando conclusiones precipitadas de supuestas consecuencias devastadoras sin ningún tipo de rigor, sin ningún soporte técnico y sin ningún soporte científico, no




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es serio. Construir los vetos a base de tópicos, como aquí se ha hecho, no es responsable. Hacen falta miras más altas, más rigor, más argumentos y menos política de titulares, señorías.

Con todo respeto, cuando hablan en sus vetos de favorecer la inseguridad, de amparar la destrucción de los ecosistemas o de la especulación urbanística, he de decirles que parten de premisas falsas y de conclusiones erróneas. Señorías, exactamente todo lo contrario: el objetivo primordial de la ley es reforzar la protección del litoral y su seguridad jurídica, y eso se hace combinando la posibilidad de una actividad económica sostenible con el uso común y gratuito del dominio público marítimo-terrestre. Se impiden nuevas edificaciones en el dominio público marítimo-terrestre y, además, se prevé la suspensión de las actuaciones ilegales en la costa, y aquí se ha pretendido argumentar todo lo contrario a este respecto. Señorías, el uso público y gratuito del litoral está garantizado completamente. El plazo de 75 años es un plazo máximo que no tiene por qué completarse y que no se aplica a todas las concesiones, pero, además, les aclaro que este plazo no es ninguna novedad de este proyecto de ley, observen, por ejemplo, la Ley de Aguas.

Señorías, son ustedes poco creíbles desde hace mucho tiempo. Hablen de lo que hablen, diga lo que diga la norma y sea la ley que sea, eso les da exactamente igual, sus señorías acusan de todo siempre con un argumento: privatizaciones. Todo lo que se hace conlleva la privatización. Pues, se lo digo muy claro: en esta ley no hay privatización, señoría. Aquí los únicos que pueden mostrar una hoja de servicios interminable de privatizaciones son ustedes, señorías socialistas. Déjense de cuentos. La Administración otorgará solamente las concesiones compatibles con la integridad del dominio público marítimo-terrestre, cuyos solicitantes asumirán con más firmeza que hasta ahora su corresponsabilidad de preservación y mejora de la costa. Esa es la realidad. Con esta ley, habrá más rigor de los títulos concesionales y, por ello, se aplicarán las causas de caducidad de la concesión por incumplimiento de las obligaciones del concesionario.

Señorías, por otro lado, la posibilidad de transmisión no fomenta la especulación, como aquí se ha querido argumentar, sino todo lo contrario, porque toda transmisión debe ser autorizada por la Administración General del Estado, que comprobará que el nuevo concesionario cumple los requisitos tanto económicos como de protección del dominio público marítimo-terrestre.

Hablan sus señorías también en sus vetos de reducción de servidumbres de protección y fomento de más construcciones. Saben sus señorías que hablamos solo de núcleos costeros que antes de 1988 tuvieron su carácter urbano. Lo que no se permite, además, es reducir la protección de espacios naturales o rurales para poder edificar en ellos. Esa es la realidad, señorías. En la Ley del año 1988 ya existía la posibilidad de reducir a 20 metros. La diferencia es que ahora opera con mayor protección que entonces. Por tanto, no argumenten donde no deben, señorías, porque pueden buscar titulares, pero no ser rigurosos.

Señorías, hablan también de excepciones en la ley no objetivas, sometidas incluso a intereses particulares, y aquí se ha dicho de todo. Aquí, donde a veces se pide el respeto de la Cámara, ha habido muy poco respeto hacia responsables del Gobierno, a quienes se ha dicho de todo y respecto a los intereses. Lo que sí saben sus señorías es que la selección de los 12 núcleos no ha sido en absoluto caprichosa, son los que se han definido siguiendo los criterios técnicos y bajo premisas muy restrictivas. Son 12 terrenos de núcleos urbanos antropizados, es decir, habitados y consolidados desde antes de 1988. Todos están fuera de las riberas del mar y no hay razón para que sigan siendo dominio público marítimo-terrestre, porque son totalmente urbanos y no hay valores naturales que preservar. Ese es el proceso establecido en la ley.

Hablan sus señorías, también de sentencia de muerte de ecosistemas y paisajes costeros. Qué barbaridad, señorías, argumentarlo así o como se ha venido a defender, porque aquí lo que se refuerza es la protección de las playas, especialmente las naturales, y para ello se van a exigir medidas de ahorro de agua y eficiencia energética en las edificaciones de la costa. Critican, señorías, la determinación de los bienes del dominio público marítimo-terrestre y yo les digo que lo que hace la ley es un gran esfuerzo de definición técnica de los elementos que forman parte del dominio público marítimo-terrestre, definición inexistente, señorías, en la ley vigente y, por tanto, con esta ley lo que se aporta es más seguridad jurídica, señorías. Esa es la realidad. El proyecto de ley regula más racionalmente la relación entre duna y dominio público marítimo-terrestre. No se excluye del dominio público marítimo-terrestre ningún espacio que se pueda considerar demanio natural, señorías.




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En cuanto a salinas y cultivos marinos, lo que se hace es devolver la propiedad a los que ya lo eran antes de la Ley de 1988, con una limitación muy importante: en su servidumbre de protección no se van a poder construir viviendas ni hoteles. Eso sí, se dice de otra manera por sus señorías. Señorías, interpretan, además, incluso a conveniencia a las Naciones Unidas y a Europa con el fin de deslegitimar la ley. No solo es respetuosa esta ley con convenios internacionales y la Unión Europea, sino que esa es la política general del Gobierno no solo en la Ley de Costas, sino también en la directiva de protección del medio marino o en la directiva de inundaciones, ambas ya ley y decreto por parte del Gobierno.

Señorías, el proyecto de ley contiene los instrumentos jurídicos para conservar, para defender y para restaurar el dominio público marítimo-terrestre y así luchar contra los efectos del cambio climático. Se regula adecuadamente la necesaria revisión de los deslindes por los posibles cambios en la configuración del dominio público marítimo-terrestre y sus efectos. Pero, señorías, no podemos prohibir en la ley los efectos del cambio climático ni tampoco decretar que todo el espacio, que algún día se puede inundar, sea dominio público marítimo-terrestre. Eso no es lo que dice la Constitución ni el sentido común. Lo que sí haremos es desarrollar una lucha real y eficaz contra la erosión basada en políticas concretas, prioritarias, sin duda alguna, para el Gobierno. Por cierto, y hablando del cambio climático, a nadie se le había ocurrido, desde luego al socialismo tampoco, para hablar del cambio climático, plantear una reforma entonces de la Ley de Costas. Ha sido el Senado, a través de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, quien ha incorporado el cambio climático y, por tanto, han pasado muchos años sin que los socialistas se hayan acordado de este tema, no lo han planteado nunca en una reforma o modificación de la ley y, desde luego, tampoco el resto de los grupos. Ha sido el Grupo Parlamentario Popular y, además, aquí, en el Senado, donde se ha planteado.

Se ha hablado también del Algarrobico. La cláusula anti Algarrobico no vulnera la autonomía local, porque aquí el Estado se apoya en el título que tiene la ley, el artículo 67, para suspender un acto de la Administración local. En todo caso, es absolutamente garantista porque esta suspensión va acompañada de una obligatoria impugnación en los tribunales en un plazo mínimo, en un plazo exigible de diez días. Por ello, tanto el fondo como la suspensión está en manos de la justicia y es absolutamente garantista. En consecuencia, no hay usurpación de competencias, señorías. Eso es absolutamente falso.

Al final hay que preguntarse sobre por qué tenemos Algarrobico. Aquí se han hecho preguntas al ministro sobre qué iba a hacer con Algarrobico. Yo lo que pregunto es: ¿por qué tenemos Algarrobico? Si tenemos una ley tan buena para su señoría, ¿por qué tenemos que sufrir Algarrobico si no es por el sectarismo, la falta de objetividad y, por supuesto, los beneficios políticos —yo no voy a entrar en los otros, en los que ustedes sí acusan— que significa Algarrobico en varios sitios de España. Por eso, señorías, la pregunta es por qué lo tenemos, y la pregunta es por qué está. Está por la incompetencia del Gobierno socialista de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la permisividad de la Junta de Andalucía, pero también por la incompetencia de esta ley para proteger el litoral. Esa es la realidad, y como se ha hecho una pregunta directa al ministro, yo la contesto, aunque no porque yo la quiera contestar, sino porque el ministro lo ha dicho y a lo mejor les sirve que yo se lo recuerde. Cuando se ha dicho si se va a destruir el Algarrobico, le voy a decir que quien lo tiene que destruir es la Junta de Andalucía, que es la competente. Pero más allá, y como se ha preguntado al ministro, yo lo aclaro: el ministro ha dicho que él está incluso dispuesto a pagar la mitad del derribo para demostrar el compromiso del Gobierno. Todavía estamos esperando a que el Partido Socialista y la Junta de Andalucía decidan, al final, hacer lo que tienen que hacer y lo que la ley les obligaba a haber hecho hace mucho tiempo. Eso nadie lo recuerda, señoría. (Aplausos.)

Creo que son cosas que es bueno que queden claras, como se pone de manifiesto también a la hora de ese runrún que permanentemente se viene oyendo —a ustedes les interesa— pero que no es real. Me refiero a cuando se dice que no ha habido participación en la ley. Seguramente el PSOE, cuando se le ha llamado, es cuando ha entrado en el trámite parlamentario, pero ustedes llevan opinando a través de muchas iniciativas. Lo que usted no puede negar es el debate social, y el debate social se ha producido, y el debate con las entidades se ha producido, y el órgano de participación, que es el Consejo Nacional de Medio Ambiente se ha reunido para la ley. Por lo tanto, lo que ustedes no pueden negar es la evidencia. ¿Que a ustedes les hubiera gustado que




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no hubiera existido esta reforma de la ley porque les parece muy buena la Ley de 1988? Creo que ahí se equivocan, señorías, pero no discutan ustedes el ámbito de participación. Por cierto, sobre todo, no intenten manipular, no intenten manchar a nadie, y menos al ministro, en relación con intereses, como tampoco sobre quiénes han participado en la elaboración de la ley. Creo que es mejor documentarse, es mejor preguntar antes de lanzar falsas imputaciones. En primer lugar, tendrían que revisar la militancia del señor don Abel Matutes. En segundo lugar, el señor Matutes, si ha participado, no es porque le haya llamado el Partido Popular, sino porque es el presidente de la Mesa de Turismo y directivo de Exceltur. Su participación es exclusiva en nombre de las asociaciones turísticas. No se puede reclamar la participación de la sociedad y cuando participa la sociedad, entre otros el sector turístico, venir a hablar de intereses ocultos. Eso es una contradicción, ¿sabe por qué? Porque se le ha olvidado decir que en esa mesa, en nombre del sector turístico, no estaba solo en representación de dicho sector don Abel Matutes porque le llamara el ministro. Estaba Simón Pedro Barceló, estaba Carmen Riu, estaba Joan Gaspar y estaba Abel Matutes, todos ellos en nombre de la Mesa del Turismo. Por tanto, déjense de imputaciones falsas, déjense de manipular la verdad y digan, si es que les parece mal, que el sector turístico opine sobre la ley. Porque lo que faltaba es que pidan participación social para luego reprobarla aquí, en el Parlamento, cuando se participa. Eso no es coherente, señorías.

Señorías, termino en esta valoración de los vetos con algo que siempre hemos considerado muy importante. Como andaluz, y como todos los que nos vemos afectados por las costas, por las playas, aplaudamos la valentía y el compromiso del Gobierno de, por primera vez, haber blindado legalmente la actividad de los chiringuitos. Uno de los objetivos del Gobierno era compatibilizar la protección del litoral y del dominio público marítimo-terrestre con el desarrollo de las actividades económicas no perjudiciales que contribuyan a superar la actual coyuntura de crisis económica. Parecería que en determinados territorios no viven personas, lo digo por algunas intervenciones que se han hecho.

Los chiringuitos son un ejemplo característico de actividad económica en el dominio público marítimo-terrestre, constituyendo así, además, un factor dinamizador del turismo y del empleo del que hay que ser conscientes, y más aún en la situación de crisis que vivimos. Como se ha dicho, en España hay más de 3000 chiringuitos, unos 1300 restaurantes y unos 1700 kioscos. Fíjense ustedes, solamente en mi comunidad eso significa 40 000 empleos en juego. No cabe duda de que es un acierto dar más seguridad a los establecimientos de playa, a los chiringuitos, en cuanto a plazos y a condiciones de concesión, además de que se sea más exigente con ellos en términos de ordenación y cuidado de las playas. Todo ello es positivo. Lo que se va a hacer es establecer en el reglamento criterios razonables que compatibilicen la protección de la costa con el servicio público, lo que también es favorable.

Es evidente que hay avances muy importantes, por ejemplo, la ampliación de las autorizaciones temporales entre un año y un máximo de cuatro. Eso va a significar en un momento como el actual poder dar más estabilidad, más posibilidades de inversión, mejores instalaciones y servicios y una serie de mejoras que se producirán posteriormente en el reglamento. En cuanto a los tamaños máximos, hablaremos de ello también en el reglamento. Pero hay, sobre todo, una voluntad clara de corresponsabilidad de los titulares de estos establecimientos en las ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre para contribuir a una mayor conservación y para proporcionar una mayor y mejor restauración. Por eso aplaudo propuestas del Gobierno tales como el programa de chiringuitos sostenibles o ese decálogo de buenas prácticas ambientales para promover los chiringuitos responsables en materia de residuos, eficiencia energética y el compromiso con la protección del litoral. Todo ello creo que es un paso valiente, un paso definitivo en pro de compatibilizar, como se pretende, posibles actividades económicas, pero, por supuesto, con la protección total del litoral.

En conclusión, señorías, la reforma significa una mejora en la protección de nuestro litoral frente a los excesos urbanísticos —que han olvidado sus señorías en el día de hoy— de los gestores que han gobernado este país con la Ley de 1988 durante tantos años y en las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan. Esta reforma beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa y en ningún caso puede ser una amnistía de situaciones ilegales. Con esta reforma se genera confianza y certidumbre para las ocupaciones y para la actividad económica.




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Por ello, señorías, y termino, el Grupo Popular considera que esta ley es un paso ambicioso, muy avanzado, y sobre todo muy necesario e imprescindible para lograr el objetivo de avanzar en la protección y en el futuro de nuestras costas. Y, desde luego, en nombre del Grupo Popular defendemos esta ley, evidentemente, con las mejoras que se han ido aportando.

Quiero aprovechar para felicitar a mis dos compañeros de ponencia, Enrique y Vicente, por el trabajo que han realizado y que ha posibilitado que en el Senado vayamos a hablar de enmiendas muy importantes. Es indudable el avance que supone esta ley para la protección del litoral y para la seguridad jurídica que, sin duda alguna, se aporta con el texto y que mi grupo parlamentario defiende claramente.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Turno de portavoces?

Senadora Capella i Farré, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias.

Quiero manifestar la posición favorable al resto de vetos presentados y contestar al senador Sanz.

Ni demagogia ni brindis al sol. He aludido a un prestigioso catedrático de la Universidad de Granada, el señor Losada, que les ponía a subir o a bajar de un burro —lo que prefieran ustedes— en el informe que ya remitió al Ministerio de Fomento y del que deberían haber tomado buena cuenta y no lo hicieron. Ustedes tienen un problema que es como aquel que entra en una autopista en dirección contraria y ve que todos los coches le vienen de cara, empieza a tocar el claxon y se pregunta por qué van los coches en dirección contraria. Esto es lo que deberían preguntarse ustedes, qué es lo que pasa cuando la mayoría de la oposición está en contra de los proyectos que presenta el Gobierno.

Quiero recalcarle —no me ha contestado a ello, pero me gustaría que ustedes también hicieran una buena lectura— las contradicciones existentes entre los mismos miembros del Gobierno, el ministro de Agricultura y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. El proyecto de ley se contradice con la evaluación de la política de costas y supongo que ustedes se habrán leído este informe y habrán tomado buena nota. Y si no es así, léanselo, porque coincide con muchos de los aspectos en los que se ha basado mi intervención para defender el veto al proyecto de ley que hoy estamos debatiendo.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Voy a responder a algunas argumentaciones formuladas por el portavoz del Grupo Popular.

El señor portavoz conoce muy bien la mecánica parlamentaria y sabe que, más allá de la argumentación con carácter general que en los vetos se formula para cuestionar la visión global del proyecto y la filosofía que le inspira, la argumentación detallada de las motivaciones va en el turno de presentación de enmiendas. No se impaciente el señor senador, porque tendrá cumplida satisfacción a su inquietud intelectual cuando ese turno se abra y expliquemos punto por punto, artículo por artículo, cuáles son los contenidos que motivan la impugnación de este proyecto de ley y las propuestas alternativas que los distintos grupos hemos formulado.

No hay más remedio que establecer un debate semántico sobre el significado de la palabra privatizar o privatización. El señor Sanz decía que esta ley no privatiza nada. Privatiza, privatiza y mucho. Puede usted acotar y decir que privatiza temporalmente, en tanto en cuanto concede el uso privativo de espacios afectados por el dominio público terrestre con esa decisión de prorrogar la concesión setenta y cinco años más. Hubiera sido mucho más escrupuloso con la filosofía de la Ley de Costas dejar que culminaran los períodos de concesión y después abrir, en los casos en que ello se considere oportuno y compatible con el respeto al litoral, las posibilidades de nuevas concesiones, y desde luego nunca por un período tan dilatado como el que ustedes plantean de setenta y cinco años. Más razonable sería que en los casos en que sea oportuno establecer




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nuevas concesiones se mantuviera el plazo inicialmente previsto en la Ley de 1988, o sea, treinta años más.

Argumenta el portavoz del Grupo Popular, el senador Sanz, que las exclusiones de aplicación de la ley de determinados núcleos de población estaban fundadas en copiosos y rigurosos estudios técnicos. Señorías, no serían tan rigurosos cuando del Congreso a aquí han aparecido dos núcleos más excluidos. Cuando se aprobó en el Congreso, con los votos del Partido Popular, la exclusión de esos diez núcleos, simultáneamente había que pensar que estudios igualmente rigurosos habían llevado a que no se incluyeran esos otros dos. ¿Han abundado y profundizado ustedes en los estudios para incorporar ahora, vía enmienda, otros dos núcleos?

Lo peligroso de la ley es que, en primer lugar, en su planteamiento global rompe la visión del litoral como algo único, rompe la unidad del litoral; visión que sí estaba contemplada en la ley de 1988; y empiezan ustedes a establecer tratamientos diferenciados por trozos de litoral —y no me refiero solo a las exclusiones—, desde playas urbanas a playas no urbanas, por citar solo uno de los ejemplos. Y con esa fragmentación de la categorización del litoral y el establecimiento de regímenes diferenciados y específicos, lo que se hace es establecer multitud de nuevos recovecos que van a permitir desarrollar actuaciones por iniciativa privada o por interés municipal, que en la práctica pueden conllevar un mayor deterioro del existente de franjas de nuestra costa.

Cambio climático. Es verdad, ustedes descubrieron el cambio climático en el Senado. Yo me felicito por ello, pero reconocerá usted que es gordo que tengan que llegar al Senado para descubrir el cambio climático; que ni al Gobierno se le ocurriera que el cambio climático estaba ahí, ni a sus diputados en el Congreso se les ocurriera que el cambio climático es una realidad que merece una respuesta. En todo caso, yo estoy dispuesto a reconocerles el copyright del cambio climático al Grupo Popular en el Senado y el mérito que ello tiene, aunque a continuación —vuelvo a decir— saquen ustedes consecuencias que no comparto.

Finalmente, El Algarrobico. Yo no tengo el dinero que tiene el señor ministro y, por lo tanto, yo no puedo pagar la otra mitad para derribar El Algarrobico. La pregunta no es tanto quién paga el derribo de El Algarrobico, porque las manifestaciones del señor ministro eran anteriores a la aprobación del proyecto; yo conozco unas aún más antiguas en las que decía que él estaba dispuesto a derribar con sus propias manos El Algarrobico. La duda es si con esta reforma legislativa no puede caber la interpretación —que en último extremo, como es lógico en un sistema de división de poderes, corresponderá a los tribunales— de si el ayuntamiento competente no está en condiciones de establecer un procedimiento que permita legalizar la mayor parte de la construcción de El Algarrobico.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Buenas tardes, buenos mediodías, señorías.

Nosotros nos vamos a abstener en todos los vetos, no íbamos a aprovechar el turno de portavoces, pero sí quiero decir algo sobre la Ley de 1988, porque creo que es justo decirlo.

Esta ley que plantea el Partido Popular no nos gusta, ya lo saben; pero la Ley de 1988 tampoco, y si acaso, menos. Señorías, era una ley con muy buenas intenciones, en la que si leemos el preámbulo y la exposición de motivos todos estamos absolutamente de acuerdo; no creo que haya nadie que sea capaz de no estarlo. Ahora ha fracasado estrepitosamente por dos razones: porque no ha cumplido la función para la que se creó y por otras cuestiones que comentaré después, sobre todo porque no cumple la ley, la ley más básica que tenemos que cumplir todos, incluso la ley natural, porque no la cumple —y de eso hablaré en el turno de portavoces, porque no me da tiempo a todo—; no ha cumplido con su función y lo dice la evidencia, lo dice El Algarrobico y lo dice Greenpeace, muy poco sospechoso de estar en contra de la Ley de 1988. Y lo viene diciendo desde 2001 en todos los informes de destrucción de la costa. Concretamente, el informe de 2007 —lo voy a leer, porque nos referimos a todo tipo de informes pero no los leemos, y el informe Auken sirve para justificar lo suyo y lo contrario— dice: Si de verdad se quiere acometer una reforma en profundidad que frene de una vez la destrucción del litoral y salvaguarde los valores de los últimos lugares intactos, hay que acometer amplias reformas legislativas y, sobre todo, asegurar el cumplimiento de las leyes existentes. Sobre esto se vierten




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muchas ideas en este informe y proponemos un cambio de gestión urbanística, etcétera. Según los informes de 2008 y 2009, también de Greenpeace, en 2007 se habían aprobado proyectos para construir tres millones de viviendas en el litoral, y entre 2000 y 2010 se habían construido cuatro millones de viviendas.

Es interesante, muy interesante —sobre todo lo digo para ese lado de la bancada— leer el apartado de las rebajas de la Ley de Costas del informe de 2009, porque habla de la Ley de 1988, y todos conocemos, porque se ha utilizado un montón de veces, el equivalente a campos de fútbol que se han destruido al año, etcétera, etcétera —algo muy curioso—, pero también este tema lo recoge el informe Auken en su preámbulo: La Comisión entiende y respalda a las autoridades españolas en sus intentos de conservación y, en su caso, restauración del entorno costero. Todos de acuerdo. Lo que no entiende es por qué se ha recuperado la Ley de Costas de 1988 a estas alturas, después de estar treinta años prácticamente en desuso mientras se producía tanta devastación. Pregunta: ¿Por qué su aplicación es tan caótica y arbitraria cuando se demuelen antiguas casas costeras pero se tolera la construcción de nuevos apartamentos? ¿Por qué se permitió la adquisición de estas viviendas durante los últimos treinta años de conformidad con todos los requisitos legales en cuestión, salvo una ley con efecto retroactivo a la que ahora tienen que enfrentarse los propietarios legítimos y que les priva de sus derechos como tales? —Dicho entre paréntesis, es lo que sigue haciendo el Partido Popular en su reforma—. Resulta razonable que los especuladores y promotores inmobiliarios, que contaban con los recursos legales para estar bien al tanto de la situación, deban ser sancionados, pero no que las personas que adquirieron su vivienda de buena fe y cumplieron con los requisitos impuestos deban perder sus derechos, así como los de sus familiares y descendientes respecto a sus inmuebles. Básicamente, coinciden los dos informes; nos sirven para todo, pero coinciden. El problema está en la mala gestión, porque no se ha gestionado la ley. La ley, no estando de acuerdo con ella, no se ha gestionado. Y si se ha gestionado, se ha hecho de forma, como se dice por ahí, medalaganaria y muy inestable: en unos sitios sí y en otros no, con unos criterios y con otros.

De la legalidad hablaré más adelante. Pero, sobre todo, creo que no se ha cumplido por una razón, por una cuestión que me parece que tenemos que desterrar, y es que se ha relacionado la mala gestión del litoral con la propiedad privada, o sea, propiedad privada, mala gestión del litoral. Yo he sido alcalde de un pueblo que tiene un casco antiguo, antiquísimo, medieval, con un plan de rehabilitación integral y, por lo tanto, en mi pueblo no se pueden barnizar las contraventanas, porque no puede haber persianas; se tienen que pintar de colores, a poder ser, de aquellos colores con los que se pintaban los barcos, que son con los que se pintaban las ventanas. Esa norma a la gente le hace muchísimo daño, porque todo el mundo quiere tener su ventanita de PVC y así no tener que barnizar. ¿Se cumple la norma? Sí. Cuando no se cumple, se sanciona, pero yo no me quedo con las ventanas de todo el pueblo. Obligo a quien corresponda a tener que pintar las ventanas del color que haya que hacerlo, pero las ventanas son de él, no son del Estado. Y eso es lo que hace la Ley de 1988.

También quiero tratar otra cuestión en referencia a la ley y el dominio público. Les voy a hablar de un caso concreto, de la Reserva de la Bioesfera de Urdaibai, con lo que ello supone de reglamentación estricta sobre medio ambiente. Molino de mareas. El molino de mareas necesita un molinero. Igual alguno no sabe lo que es, pero solo funciona cuando sube y baja la marea. Arquímedes tiene la culpa, pero solo funciona cuando se mueve el agua. Por tanto, el molinero tiene que bajar a moler a la hora en que hay marea, no cuando a él le da la gana. Bien, no hay ningún peligro medioambiental. Es propiedad registrada desde que se creó el primer Registro de la Propiedad tal y como lo conocemos hoy. Es propiedad de la misma familia desde 1638 y además está catalogado como bien cultural. Este caso está fuera. A día de hoy su dueño es un concesionario y después también; y después también. Por eso es injusta esta ley, por eso es injusto lo que se está haciendo, sobre todo porque —vuelvo a repetir— se está confrontando la propiedad privada con la buena gestión, y eso es un error, porque, si no, tendríamos que quedarnos con todos los montes, con todas las riberas de los ríos y con todas las contraventanas de mi pueblo, y yo no tengo ganas.

Muchas gracias, señora presidenta.




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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.

El debate no es breve porque el tema es importante y, en consecuencia, me alegro de que no sea breve.

Señor Sanz, hemos presentado un veto porque pensamos que esta ley es mala y no porque queramos hacer oposición por hacer oposición. Estoy absolutamente convencido de que esta ley no es buena porque si pensara que sí lo es, no presentaríamos un veto; y le pido que como principio de diálogo admita usted este punto. Estoy seguro de que usted piensa que es buena, pero yo creo que no.

Se ha puesto en boca de ustedes a Greenpeace. Greenpeace ha hecho muchas cosas. Entre ellas, hizo una declaración no hace mucho que decía lo siguiente: Una buena ley mal aplicada. Y así se recoge en la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. ¿Cuál es el problema? ¿Es una mala ley o se ha aplicado mal? Greenpeace dice: El respeto a los procesos ecológicos no es un freno al progreso. La Ley de Costas debe completarse, no reformarse. Además, explica estas declaraciones e indica que ha sido mal gestionada, tanto por el Gobierno del Partido Socialista como por el Gobierno del Partido Popular, porque ustedes estuvieron siete u ocho años en el Gobierno. ¿Por qué no se aplicó la ley entonces? ¿Por qué no se aplicó?

Por lo que respecta a la participación, le diré que todas las ONG con las que he hablado me han dicho lo mismo que señala Greenpeace en un informe: Pocos han sido los privilegiados que han podido participar en los borradores de la ley. Ninguna organización ambiental u organización científica tuvo acceso al texto, ni siquiera las organizaciones miembros del grupo de trabajo del litoral del Consejo Asesor de Medio Ambiente, del que también forma parte Greenpeace. Quizá no sea verdad; quizá cuando me dijeron esto de palabra no era verdad, pero lo que dicen en un informe por escrito es que no pudieron participar.

Por lo que respecta al señor Matutes ―tampoco es que me lo invente yo―, ex ministro de Asuntos Exteriores con el Partido Popular, se atribuyó parte de la paternidad del cambio legal en el Diario de Ibiza: «Es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho». A mí no me parece mal que el señor Matutes participe, me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que participe él y no lo hagan otros sectores. Insisto, o bien me han engañado las ONG y los informes de Greenpeace son mentira o bien no han participado en el borrador de la ley y sí lo ha hecho el señor Matutes.

Ustedes citan el informe Auken en la exposición de motivos, pero lo cierto es que no se recoge ni una de sus recomendaciones en este proyecto de ley. Ni una. Les voy a leer tres o cuatro recomendaciones del informe Auken. «Pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador». ¿Por qué no se contempla este punto? Y esta, que es importantísima, dice lo siguiente: «Considera que si los particulares que adquirieron una propiedad en España a sabiendas de la probable ilegalidad de la transacción realizada pueden ser obligados a soportar los costes del riesgo que asumieron, con más razón debe aplicarse por analogía este mismo razonamiento a los profesionales…». Es decir, dice que aquellas personas físicas o jurídicas que adquirieron bienes sabiendo que no eran legales deben participar en el coste. Sin embargo, ustedes amnistían a todo el mundo, también a los ilegales. ¿Por qué no recogen este punto en la ley? Estoy de acuerdo en que hay que compensar a las personas que tenían una ocupación o una concesión antes de 1988, a todos aquellos a los que la ley concedió un aplazamiento de treinta años, que finaliza en 2018.

Desde mi punto de vista, la única ministra que gestionó esta ley fue la señora Narbona que, si no recuerdo mal, consiguió 300 demoliciones sin provocar ninguna alarma social. Por tanto, me parece justo un tratamiento distinto entre aquellos que ocuparon, tuvieron concesiones y edificaron de forma ilegal y los que no lo hicieron, pero ustedes promueven una amnistía para todos. ¿Por qué no incorporan esta recomendación? Insisto en que hay siete u ocho recomendaciones o conclusiones en el informe Auken, pero no se recoge ni una y se limitan a citarlo en la exposición de motivos.

Para acabar, les diré tres cosas. Creo que es muy atrevido decir que se protege más. Ustedes dicen que se protege más. Pero yo he dado ejemplos de que se desprotege. Porque si se




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disminuye el dominio público marítimo— terrestre, ¿se desprotege o no? Y se disminuye. Simplemente por las salinas o por los humedales se disminuye. Si en la ley anterior la servidumbre de protección era de 100 metros y, en carácter urbano, de 20 metros, y ustedes ahora lo introducen, no solo en carácter urbano, sino en aquellos núcleos que pudieran tener características urbanas, ¿quién va a decidir esto y cómo? Esto puede ser un coladero. ¿Por qué no lo mantienen como está, 100 y 20? Además, tengamos en cuenta que en algunas comunidades autónomas en realidad lo que se ha hecho no ha sido disminuir, sino ampliar a 200, como en el caso de Cantabria y Asturias. Y ustedes no lo tienen en cuenta en absoluto.

En cuanto a lo de los setenta y cinco años, yo estoy de acuerdo con el tema de la propiedad privada del que hablaba el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, pero aquí no estamos en esto, sino en la privatización. Treinta años que llevan y setenta y cinco más, es una privatización. Para todos. Sin diferencias de quien estemos hablando. Porque creo que debe haber casos en que esa ampliación es posible, pero estoy absolutamente convencido de que no en todos. Y ustedes les dan a todos setenta y cinco más. A todos les amnistían. En definitiva, no hacen diferencia entre las realidades que hay, y a mí eso me parece grave.

En cuanto a la inseguridad jurídica, yo estaba en el Parlamento catalán en 1988 cuando mi grupo, entre otros, interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Costas de dicho año porque invadía competencias. En 1991, tres años después, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que nos dio parte de razón. Si ustedes cogen el texto original de 1988 que el Constitucional corrigió y parte de su texto, verán que son el mismo. Y si cogen el Estatuto de Autonomía de Cataluña o de Andalucía, queda claro que invaden competencias. ¿Por qué las invaden? ¿Por qué no contesta a esto?

Finalmente, y respecto a la inseguridad jurídica, como he dicho, es una ley que ha pasado por el Tribunal Constitucional. Ha tenido no sé cuántas sentencias del Tribunal Supremo, prácticamente todas favorables, y aquí quiero recoger una idea que ha lanzado el portavoz del Grupo Mixto cuando decía que uno de los problemas de la aplicación de la ley ha sido la confrontación de potentes intereses privados —legítimos o no, no quiero discutir esto— con la aplicación de la ley.

Por tanto, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, muchas sentencias del Tribunal Supremo, hay un 95% de deslindes. ¿Y eso crea inseguridad? ¿Saben lo que ha creado inseguridad? La no aplicación de la ley en los tiempos en que se tenía que aplicar. Eso sí ha creado inseguridad. Pero es que ustedes proponen dos cuestiones en la ley que van a crear más inseguridad. Si ahora, con el 95% del deslinde hecho, hay que hacer un nuevo deslinde, ¿cuánto tiempo va a tardar? Esto va a significar movimiento de la línea de deslinde y, por tanto, inseguridad. Ahora tenemos el 95% hecho, con sentencias prácticamente todas favorables y con alguna desfavorable. Ustedes proponen hacer un nuevo deslinde. Empezar de nuevo. Esto supone una inseguridad absoluta.

Acabo, señorías, con lo siguiente. La Ley de 1988 es una ley, a mi entender, buena, que hay que modificar y completar. No se puede echar la culpa a la ley. A menudo, cuando se gestiona mal, se echa la culpa a la ley. Cuando hay problemas de delincuencia, el problema es el Código Penal. Cuando hay no sé qué problemas, la causa es la ley. Sin embargo, a menudo, los problemas no son las leyes, sino su aplicación. Y esta ley no se ha aplicado bien. Si se hubiera aplicado bien, hoy no tendríamos el problema que tenemos ni habría la degradación de la costa que hay. Pero, ante esto, ustedes adoptan unas posiciones generalistas, sin diferenciar, amnistiando, independientemente de las razones, de la legalidad, de las ocupaciones o de las concesiones, a todo el mundo por igual. E, insisto, de las resoluciones del informe Auken no incorporan ni una sola que les marca exactamente el camino que deberían trazar para completar la Ley de Costas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Buenas tardes.

En primer lugar voy a fijar nuestra posición ante los vetos presentados en esta Cámara. Como en la comisión pensamos que se avanzaría un poco en el debate de los vetos y de cara a la votación, mi grupo se abstuvo pensando que se irían acercando posiciones entre los grupos que han presentado vetos y el Grupo Popular, que es el que tiene la potestad de darles curso. Pero no




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ha sido así; vemos que se han mantenido para su debate en el Pleno y que las posiciones siguen absolutamente encontradas, lo cual preocupa a nuestro grupo.

Pensamos, como se ha dicho aquí, que la Ley de 1988 tenía problemas, y por eso en febrero del año pasado esta Cámara decidió instar al Gobierno —con la aprobación de la mayoría de la Cámara— a la modificación de la Ley de Costas. Y en eso estamos. Por tanto, bienvenido sea el debate de esta ley, aunque, dicho sea de paso, no es la ley que hubiéramos preferido discutir aquí. Y es que esta ley renuncia a regular qué tipo de costa y de litoral queremos para nuestra Península y nuestras islas. De alguna forma estamos admitiendo todo lo que hay, pero no decimos qué queremos ser cuando seamos mayores: cómo queremos ser, cómo queremos vender nuestro país. En todo caso, lo que hacemos es ir solucionando los problemas derivados de la aplicación de esta ley, una ley que para el señor Saura es buena, y para el resto, mala. El señor Saura dice que es buena porque se ha aplicado mal, que es una ley buena mal aplicada. Para los demás —y pienso que hay un consenso generalizado— es una mala ley porque se ha podido aplicar mal; si no, no tendríamos este sinfín de problemas ante nosotros.

Es evidente que la vigente Ley de Costas no ha sido suficiente para evitar la degradación, si lo queremos considerar negativamente. Pero también es cierto que en estos treinta años las administraciones que actuamos en las costas hemos permitido que se hagan algunas cosas, y hemos recuperado espacios de alto valor ambiental y ecológico. Yo, que soy del Ampurdán, quiero reivindicar la costa del cabo de Creus, con la demolición del Club Mediterranée y la recuperación de cinco kilómetros de costa virgen en medio de un parque natural. Eso es un dato positivo. En todo caso, luego ha generado otros problemas —y los portavoces de otros grupos se han referido a ello—, por ejemplo, el informe Auken, el derecho de propiedad o las urbanizaciones marítimo-terrestres, de las que en Cataluña tenemos dos, las únicas dos que hay en la costa.

Lo que esta ley soluciona es el tema singular y particular de Ampuriabrava y le da un régimen especial a Santa Margarita. Y de alguna forma intenta adaptarse a las realidades de la Administración municipal. Y es que todas las competencias que tienen los entes locales en la ordenación de su término municipal son completas, excepto en las riberas del mar, con lo cual se encuentran que hasta para tapar un agujero en cualquier paseo o calle de esas zonas se tiene que pedir permiso al Estado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por eso tendríamos que intentar que cuando saliera esta ley hubiera una coordinación interadministrativa total por la vía de soluciones imaginativas en las que se pueda concurrir y decidir dónde se actúa y quién debe hacerlo, así como si es necesaria tanta vigilancia. Al final el tema consiste en que todos nos creamos que toda la Administración, sobre todo la autonómica, es tan Estado como la Administración del Estado, de forma que en aquellas competencias transferidas hay que darle la posibilidad de decidir cómo quiere ordenar o cómo quiere que sea su costa.

¿Es evidente que el nuevo proyecto de ley va a conseguir solucionar todos los problemas? No, seguro que no, ya que, por muchos temas que se hayan ido solucionando, quedan muchos otros por solucionar. Tenemos cien núcleos en el litoral español; hemos solucionado el caso de doce, pero quedan algunos pendientes, y seguiremos trabajando para que se solucionen. En este caso, por ejemplo, podría mencionar el puerto de Aiguadols, en Sitges, y reivindicar que se solucione el d´Empuriabrava y Castell—Platja d’Haro, dos realidades muy preocupantes. No se ha solucionado tampoco el tema de los balcones de algunos edificios que están en zonas de dominio público marítimo—terrestre. Son problemas que vamos a tener pasado mañana, cuando se haya aprobado esta ley.

Pero mi grupo y yo somos de los que pensamos que debemos ir avanzando en el desarrollo de las normas de las que nos dotamos para ir haciéndolas mejores y que al final sirvan para dotar de seguridad jurídica a todos los ciudadanos.

Nuestra posición ante la tramitación de esta ley no puede ser más que la de que siga. Por tanto, vamos a votar en contra de los vetos que se han presentado en esta Cámara. Otra cosa será nuestra posición en el debate de las enmiendas que todavía tenemos planteadas a la ley en su conjunto. En todo caso, veremos si desde que empecemos a debatir las enmiendas hasta el final del debate podemos conseguir algunas mejoras que todavía están en el tintero.

Muchas gracias, y hasta más tarde, presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en este caso, aparte del agua, nos deberían ir poniendo un pinchito.

Voy a contestar a alguna cuestión que ha sido suscitada por parte del Grupo Popular. Quiero concretar que no estamos debatiendo la Ley de 1988; estamos debatiendo la reforma y la contrarreforma del Partido Popular. Por cierto, yo defiendo la Ley de 1988 y creo que nos da mucha legitimidad para decir que es una ley ejemplar a nivel jurídico y a nivel de todas las administraciones públicas. Es más, fue una conquista de la democracia. La costa —y la playa— fue pública a partir de esa ley y fue disfrutada por todos los españoles; fue de todos los españoles. En la dictadura no era así. Por lo tanto, fue una conquista.

Evidentemente, yo sé que estas cuestiones sirven también para establecer diferencias muy importantes que se suscitan entre la izquierda y la derecha, entre aquellos que defendemos lo público sobre otros intereses y aquellos que ponen la actividad privada, aunque perjudique a lo público, como objetivo.

Por otro lado, tengo que decir que la Ley de 1988 respeta la propiedad. En las zonas de protección —a veces se dicen cosas inexactas— se permite la propiedad privada. Evidentemente, en lo que es dominio público, no; en lo que es servidumbre —los 6 metros para pasar—, no; y en la línea de mar, que corresponde al mar y a la playa, tampoco. Pero sí —repito— en la zona de protección. Por cierto, a los que eran propietarios antes de 1988 en el espacio público se les permite que después de la concesión de treinta años tengan una prórroga por otros treinta. Ese es el caso en que se permite la prórroga de hasta sesenta años de concesión por haber sido antes propietarios. Pero, evidentemente, el terreno que es público, al acabar la concesión de la Administración pública debe pasar a términos de competencia y de concurso público para que cualquier emprendedor o empresario —yo pensaba que ustedes eran defensores de la libre competencia— pueda concurrir y presentarse para utilizar un bien de dominio público, de todos.

La ley permite la revisión, permite la actualización. Evidentemente, nosotros defendemos la revisión de una ley después de veinticinco años —de hecho, formulamos alguna enmienda que cambia términos de esa ley—, pero sobre la base de los estudios y en la línea en la que están trabajando las directivas europeas, la Comisión Europea, los organismos internacionales, y que recomienda la Administración del Estado, en concreto la agencia del Estado que ha hecho el estudio sobre la gestión de la costa, siempre para su mayor protección, como están haciendo las comunidades autónomas —con las que no se ha hablado—, que en muchos casos son las responsables de las competencias de la gestión de costas, y los ayuntamientos, que también en muchos casos —he citado algunos en la anterior intervención— han aumentado la distancia de protección. También es posible la revisión de los deslindes. Por cierto, el 96% de los 8000 kilómetros de costa que está realizado fue un trabajo ímprobo, con temas conflictivos y que generan diferencias de intereses, que ya ha sentado jurisprudencia, tanto por la sentencia del Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo. Y son muy escasas las reclamaciones en las que no le hayan dado la razón a la ley.

Creo que las contradicciones del PP son evidentes. Aquí, en el Senado, ha presentado dieciocho enmiendas a treinta y tres artículos, muchas de las cuales las ha automodificado. Entrando en algunos detalles sobre la tramitación de la ley, creo que esta merecía que el ministro viniera a presentarla. No vino a presentarla, no quiso, y vetó que se celebraran comparecencias, como habíamos pedido varios grupos parlamentarios de forma previa a la tramitación de la ley. Por cierto, ya hace más de un año que solicitamos esas comparecencias y aún no se han celebrado.

El problema no es que haya un El Algarrobico, señorías, el problema de El Algarrobico se va a solucionar. El problema es que esta ley va a permitir que florezcan miles de Algarrobicos. El problema es que esta ley va a permitir que en mi tierra, por ejemplo, en la ría de Pontevedra, pueda permanecer otros setenta y cinco años una industria contaminante que está machacando la ría de Pontevedra, un espacio sensible, delicado, interesante para el turismo y para el marisqueo; y esta ley la va a consagrar ahí. Los directivos de la empresa ya han manifestado su satisfacción por esta ley de costas, porque lo va a permitir.




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¿Dónde están las privatizaciones? Se adelanta la ribera del mar al punto desde donde se miden las distancias —ya se adelanta—. Se reduce el dominio público en las salinas, en los cultivos marinos, en las urbanizaciones navegables, en esos núcleos que han indultado y que han puesto en ese anexo a dedo, en las dunas, en los terrenos inundados. Se reduce la protección de 100 a 20 metros; quedan 80 metros libres de la aplicación de esta ley en los casos que se han citado, en los paseos urbanos, en la desembocadura de los ríos, en esos núcleos que luego veremos cómo se van a tramitar. Porque, señorías, hay otra cuestión que abre esta ley, y es que da un plazo de dieciocho meses para resolver las peticiones de delimitación de núcleos, que se deben comprobar por la Administración. ¿Tiene la Administración capacidad para resolver los miles de núcleos que se van a solicitar a partir de unas semanas? Recuerden que esto se resuelve por silencio administrativo si la Administración no contesta. Por lo tanto, todas las solicitudes que no sean contestadas van a ser reconocidas por silencio administrativo; y todo el mundo medianamente inteligente sabe lo que eso es. Se dan las concesiones por setenta y cinco años, a perpetuidad, sin permitir la concurrencia pública y, por tanto, la compraventa, el traspaso. Se revisan todos los deslindes, y en lo que queda fuera del deslinde permite recuperar de nuevo la propiedad privada. Esta ley va —ya se ha dicho— contra todos los estudios científicos, contra todas las directivas, contra los convenios internacionales. Y es que esta modificación no tiene disculpa. Y luego usan como coartada problemas particulares que han sido resueltos y que hoy no son un problema. El caso de los chiringuitos u otras cuestiones particulares pueden ser resueltos en el marco de la ley, mejorando algunos reglamentos o algunas instrucciones en la gestión de esta ley o con algún cambio puntual, si fuera necesario.

Yo creo que esa es la disculpa populista que utilizan para ocultar una gran operación especulativa en el litoral de España, para entregar el bien más público, más preciado y más delicado a los intereses particulares; por cierto, señorías, con poco éxito, porque ya ven que no contenta a todos los grupos políticos, no contenta a los científicos, no contenta a los técnicos de las Administración, no contenta ni a los propietarios, no contenta a los colectivos ambientales ni al sector del turismo. Es una ley que desde luego pone en serio riesgo al sector del turismo, que es una amenaza para el turismo del litoral, porque hoy el moderno enfoque turístico va dirigido a otro tipo de mercados, a un mercado de calidad, no a los mercados de low cost ni a promover grupos de urbanizaciones de extranjeros.

La ley del señor Cañete será como la ley Cambó del 1918 o la ley de 1969, de la dictadura: va a regalar la costa española a intereses particulares en una gran operación para quitarle a todos los españoles un bien público que la democracia les dio. Es un ataque a un bien público sensible que se debe proteger. Muy pronto empezaremos a ver las consecuencias de esta ley que aprueban hoy; y seguiremos durante mucho tiempo sufriéndolas. Evidentemente, me voy con tristeza porque muchos de los daños que va a causar van a ser difíciles de restaurar a lo largo del tiempo porque ustedes también blindan que esta ley pueda corregirse, ya que una vez que se den determinados pasos será muy difícil volver a arreglarlo.

Nada más, muchas gracias. Espero de todos los grupos que voten a favor de la devolución de este proyecto al Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, para empezar, y con carácter general, déjenme que les diga solamente una cosa, principio fundamental: la Ley de 1988, lo quieran ustedes o no, necesitaba una reforma. Así de claro. Pero les digo más: también la aplicación de la Ley de 1988 por el Gobierno anterior necesitaba, permítanme que lo diga, una reforma. Estos han sido los dos problemas más importantes que ha suscitado la famosa Ley de 1988 en su aplicación en nuestras costas. Fíjense, ustedes hablan de informes, pero no han mencionado un punto que para mí es crucial, fundamental, que recoge el sentir de los ciudadanos, de la población, de los que pagan contribuciones, etcétera, respecto de esta cuestión, que es la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. No he oído a ningún grupo de la izquierda hacer referencia a esta cuestión. Qué casualidad, ¿verdad? Voy a leer un texto sencillo de la señora presidenta de la Comisión de




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Peticiones: La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo permanece sumamente preocupada por la situación de inseguridad jurídica de miles de peticionarios afectados por la Ley de Costas desde el año 2008. Es el texto de la carta remitida al nuevo Gobierno, en cuanto tomó posesión, por la señora presidenta de la Comisión de Peticiones. Y dice más: Consideramos que las autoridades aún no han ofrecido una solución a la situación de desamparo de los peticionarios —ojo con la palabra: desamparo de los peticionarios—. Tampoco a esto han hecho ninguna referencia los grupos de la izquierda en sus intervenciones, que han sido, si me lo permiten, bastante demagógicas y muy poco cargadas de razonamiento. Esto lo pone por escrito la señora Mazzoni, presidenta de la Comisión de Peticiones. Por lo visto ustedes lo ignoran de forma clara.

Pero hay más. Desde 2008 hasta la fecha hay unas ochenta quejas tramitadas a la petición con nada menos que 27 000 firmas, quejas casi todas ellas referidas a lo mismo, como decía antes: especialmente a la Ley de Costas de 1988. Hablo de su constitucionalidad, de su falta de seguridad jurídica y de confianza legítima, de su aplicación, del intento de aplicación retroactiva de esta misma ley —varios intentos—, de la aplicación arbitraria. Y en todas ellas se pone la misma recomendación: las plataformas políticas pueden generar una reforma en la ley y deben hacerlo. Esta es una justificación clara y de base de por qué el Partido Popular tomó, efectivamente, ese compromiso, y ha ejercido el compromiso que tenía para con los ciudadanos: reformar la Ley de Costas. Les puedo dar bastantes más datos de los que he citado —tengo aquí un librito entero, señor Fidalgo; si ustedes lo quieren leer se lo puedo pasar— sobre las recomendaciones que hace el Parlamento Europeo, en las que además están incorporados estudios como el informe Auken y otros. Pero estas son —repito— las recomendaciones del Parlamento Europeo que nos pueden servir a todos como criterio general.

Como dijo mi compañera Patricia Navarro el día en que debatimos la moción —el 22 de febrero— aquí, en este mismo sitio, hay que reformar la Ley de Costas. Y propusimos una moción para que se hiciera. Como ha explicado muy claramente y muy bien —le felicito— nuestro compañero Antonio Sanz cuando ha defendido el no a los vetos, hay que reformar la Ley de Costas. Y hoy estamos haciendo esa función. S

Señora Capella, cuando usted hace referencia al informe de evaluación de gestión y funcionamiento de las demarcaciones supongo que sabrá que ese informe es de diciembre de 2012. ¿Lo sabe? Por tanto, se está refiriendo a la Ley de 1988 y a la aplicación que se estaba haciendo de esta. Veo, señora Capella, que dice usted que no. Insisto en que el informe es de diciembre de 2012. Poco se podía juzgar en ese momento de la actuación de un Gobierno o de un proyecto legislativo que todavía no había aparecido prácticamente como tal. Quería aclarar esto, porque ahora voy a hablar de cuestiones de carácter general; no voy a entrar en enmiendas concretas.

El señor Iglesias habla de la cuestión de El Algarrobico. Hemos dicho ya por activa y por pasiva que El Algarrobico existe con la Ley de 2008 y con un Gobierno socialista en Andalucía que permitió que se construyera, que ahora lo tiene que derribar, y que no lo hace. Por tanto, no nos pregunte a nosotros, porque además es absolutamente cierto —estaba yo delante— el compromiso del ministro cuando dijo que incluso estaba dispuesto a pagar el 50% de lo que hubiera en el derribo. Esta cuestión es clara.

Señor Saura, voy a hacerle también una matización. La degradación de la costa es debida, entre otras cosas, y de forma importante, a que no se ha hecho ninguna protección. Este es, además, uno de los errores más graves que ha tenido en la gestión de la Ley de Costas el Gobierno anterior. Prácticamente no gastó nada en protección; por tanto, la degradación de la costa viene por ahí. No culpen ustedes a los propietarios de las casas que hay a 100, 200 o 300 metros del mar. Me parece que eso es muy demagógico. Si hubiera habido una mayor protección de la costa por descontado que no tendríamos en este momento la degradación que tenemos. Y le digo más, señor Saura: seguramente los tribunales no les tendrían que tumbar algunos deslindes, como están haciendo, porque probablemente en el momento de su construcción esas casas estuvieran bastante más lejos de lo que lo están ahora de la ribera del mar. ¿O no?

Señor Saura, usted ha dicho que la ley pasó todos los trámites y los deslindes, también. Pues no es verdad. No hace mucho ha habido un deslinde, el de Vegadeo, por ejemplo, que se lo ha cargado un tribunal. Y hace muy poquito, en la parte próxima a mi pueblo, Moncófart, se acaba de cargar un tribunal otro deslinde. Por tanto, no es oro todo lo que reluce. Esto no es como parecía.




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Efectivamente, esto pasa porque las cosas no se hacen bien y además no se han amparado en una ley, que es como toca.

Agradezco las palabras de los señores Cazalis y Maluquer, como siempre. Saben que hemos hecho un esfuerzo de diálogo y que seguiremos haciéndolo siempre que haga falta. Llegaremos donde podamos, pero sin duda seguiremos con ese ejercicio de diálogo.

Y para terminar, señor Fidalgo, quiero explicarle algo. Usted ha hablado aquí de la yenka, de que vamos y que venimos, y algunos compañeros también han hablado de la peligrosidad de la enmienda 182. Pues no, absolutamente no. La peligrosa era la enmienda 82, del Grupo Socialista. Léansela ustedes; léansela, porque si hay algo que efectivamente suponía un peligro para lo que han estado hablando respecto de la enmienda 182 era, como digo, precisamente la enmienda número 82, del Grup Socialista. Léansela, y en todo caso lo veremos en el debate de las enmiendas.

Al hablar de yenka, señor Fidalgo, hay que ser cuidadoso con lo que se dice. Leo un titular del año 2006: Liberaremos 593 casas de primera línea de costa de cinco municipios de Castellón. ¿Sabe usted quién hizo esta afirmación? Se lo voy a decir: doña Cristina Narbona, a quien aquí se ha citado como uno de los ejemplos de buen gestor en materia de costas. Por tanto, mucho cuidado cuando hablemos de la yenka, porque si aquí hay algún grupo que va y viene, que va p´alante y p´atras no es precisamente el Grupo Popular; y todos saben a quién me refiero.

Y mucho cuidado con darnos lecciones de actuación, porque yo recuerdo una actuación del Gobierno socialista, una especialmente. Año 1989: por la noche; la guardia civil con las metralletas; y un centenar de viviendas del municipio de Xilxes derribadas en contra de la voluntad de todos sus vecinos. Eso lo viví, eso lo recuerdo, y es una imagen que se me ha quedado grabada. Por tanto, cuando hablemos de comportamientos, dejemos las cosas claras.

Señor Fidalgo, como usted sabe, me gustan poco las etiquetas. Me gustan el diálogo y los razonamientos. Y no creo que su grupo pueda darnos en absoluto lecciones en materia de costas, porque mientras se levantaba El Algarrobico se estaban derribando casetas o casas, como quiera usted llamarlas, en la zona de la que soy. Y eso no me lo ha contado nadie, lo he vivido yo personalmente.

¿Sabe qué pasa con las etiquetas? Lo digo para acabar con un poco de alegría o de ironía, como usted quiera. Esto es como el vino. Es como aquellos vinos a los que se etiqueta como los mejores, los más ambientalistas, etcétera, con etiqueta de calidad…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor APARICI MOYA: …pero cuando abrimos el vino y lo probamos, señor Fidalgo, resulta que está picado. Esto es un poco lo que les está pasando a ustedes.

Creo que era el momento de la concertación, el momento del diálogo, el momento de hablar. Algunos grupos lo han hecho, ustedes no, pero nosotros seguiremos trabajando para tener la mejor ley de costas que podamos tener en estos momentos.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Llamen a votación. (Pausa.)

Por favor, cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las propuestas de veto. Les recuerdo que para su aprobación se exige la mayoría absoluta de la Cámara, que está en 133 votos.

Comenzamos por la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 224; a favor, 65; en contra, 153; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 5, de la senadora Almiñana, el senador Boya, el senador Bruguera, el senador Martí Jufresa, el senador Montilla, el senador Sabaté y la senadora Sequera.




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Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 224; a favor, 65; en contra, 153; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por la senadora Capella.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 225; a favor, 65; en contra, 154; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por los senadores Iglesias y Mariscal.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 224; a favor, 65; en contra, 153; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 225; a favor, 65; en contra, 154; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Señorías, una vez rechazadas las propuestas de veto entramos en el debate de las enmiendas. (Rumores.)

En primer lugar, defensa de las enmiendas 26 a 42 y 44 y 45, de los senadores Quintero y Zerolo, del Grupo Parlamentario Mixto. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.

En primer lugar quiero decir que cuando en febrero se presentó la moción —y es cierto que la presentó el Grupo Popular— sobre la modificación de la Ley de Costas de 1988 nosotros votamos a favor. Entendíamos que la Ley de 1988 fue importante, fue muy importante cuando se creó, evidentemente, pero también entendíamos que había partes que no se adaptaban y había partes que no se gestionaron bien, con lo cual a veces eran injustas y arbitrarias. Eso había que reconocerlo y por ello considerábamos que esta ley debía modificarse, por lo que en aquel momento, en febrero del año pasado, planteamos que estábamos completamente de acuerdo con la modificación de la Ley de Costas.

Desgraciadamente no estamos de acuerdo —lo tengo que decir— con esta modificación, porque no entendemos que en una reforma de la Ley de Costas solo se hayan modificado dos articulados, de los cuales, a nuestro pesar, la primera parte es recaudatoria pura y exclusivamente del Estado y la segunda parte no cumple con el título del proyecto: una Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas, con lo que, repito, en principio no podemos estar a favor.

Nosotros hemos presentado diecinueve enmiendas que mejoran el texto que hoy estamos debatiendo aquí a nivel general, incluso jurídico, y otras específicas del territorio al que pertenezco, Canarias. Porque yo sí entiendo que tiene una singularidad en esta cuestión: que somos un archipiélago, somos islas y estamos todos rodeados del mar, hemos vivido de frente y de espaldas al mar toda la vida, con lo cual me habría gustado que esta ley hubiera tenido un trato específico para las islas, tanto para las Baleares como para las Canarias; y es que sus señorías tienen que




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entender que no es lo mismo el deslinde que pueden tener en un territorio continental que el que se puede tener en un territorio insular.

Dicho lo anterior, de esta batería de diecinueve enmiendas voy a nombrar algunas que me parecen fundamentales. En primer lugar, las enmiendas 31 y 32 hacen referencia a la primera parte con la que nosotros estamos en contra, y es el carácter recaudatorio que tiene esta ley, que recauda exclusivamente para el Estado, cuando el 90% de los gastos que tienen las costas los asumen las administraciones locales o como mucho las autonómicas. No podemos entender que el Estado recaude todo directamente para el Estado y en cambio sí obligue, por ejemplo, a la seguridad o a la limpieza a los ayuntamientos. Si esta ley sale adelante deberían tener parte las entidades locales, pero ahora las excluye completamente.

También presentamos la enmienda número 42, que para nosotros es fundamental, y trata de las competencias en costas. Hay dos comunidades, Cataluña y Andalucía, que tienen ya transferidas estas competencias y, evidentemente, entendemos que Canarias también debería tenerlas; pero incluso la enmienda es genérica; no pedimos solo que Canarias la tenga, sino que todas aquellas comunidades que tienen costa deberían tenerla, por coherencia con las que tienen las comunidades autónomas en el planeamiento de las costas. Me pueden decir que tanto en el Estatuto de Cataluña como en el de Andalucía esto queda recogido y que, sin embargo, el canario no ha sido aprobado, pero lo que pedimos es la delegación de las competencias, que sí es un término reconocido, hasta que el nuevo estatuto de autonomía de Canarias sea aprobado por el Congreso de los Diputados, por las Cortes, en este caso.

Hemos presentado también la enmienda número 41, una de las enmiendas por la que más he peleado, por la que más he discutido, y en este punto tengo que darle las gracias, senador Aparici, porque llevamos tiempo discutiendo ese asunto. Me da mucha pena que no acepte esta enmienda ni ninguna de las que voy a presentar, pero, al menos, ha tenido espíritu de diálogo. Es verdad que ahora no tienen fundamento para rechazarla, porque lo que pido es que se tengan en cuenta valores tan importantes como los etnográficos, los arquitectónicos, los históricos, e, incluso, los culturales.

Les voy a leer, señorías, unas palabras: Algunos núcleos costeros de Canarias forman parte de la sociedad de las islas, de la forma de entender y vivir nuestro litoral desde hace varias generaciones; están integrados y cuentan con un valor socioeconómico cultural importante. Por ello, no entendemos cómo una interpretación torticera de la Ley de Costas de 1988 por parte del Ministerio de Medio Ambiente se está llevando por delante la forma de vida de los y las canarias. A nuestro entender, en el archipiélago esta norma debe interpretarse de distinta manera que en el territorio continental, una lectura sosegada, justa, y que sea debatida en Canarias por las entidades canarias. Y esto que acabo de leer literalmente no lo digo yo, lo dicen los senadores del Partido Popular de Canarias y lo dice mi compañero Antonio Alarcó en su blog. Firmo cada palabra que pone aquí. Desgraciadamente, el Partido Popular, hoy, no va a hacer referencia a las palabras del compañero Alarcó en esta ley.

Aparte de esto, también tengo que decir que el Partido Popular en la campaña electoral prometió algo que figura en los diarios que tengo aquí: Canarias7, Diario de Avisos, y La Provincia, en los que se dice literalmente: Modificaremos la Ley de Costas; evidentemente, lo han hecho, han cumplido esa primera parte. Pero también dicen: Atenderemos las singularidades etnográficas, arquitectónicas, culturales y pintorescas de Canarias. Esto, que es lo más importante, desgraciadamente lo han obviado, y quiero entender que —no me gusta criticar por criticar— no es culpa de mis compañeros porque me consta que lo han intentado y han luchado para conseguir que esto fuera una realidad, pero sí es culpa del Gobierno de España porque no lo ha incluido, y no podemos poner paños calientes. Eso es evidente.

Hablando de informes, señorías, el Boletín Oficial del Estado —está colgado en la página del Gobierno— dice: Instrumentos de ratificación del convenio para salvaguardar el patrimonio arquitectónico de Europa. Esto fue aprobado en Granada, aqui en España. Y pone que tenemos que modificar toda la legislación y las normas para conseguir que las edificaciones, las agrupaciones homogéneas de construcciones urbanas o rurales que sobresalgan por su interés histórico, arquitectónico, artístico, científico o social tengan una coherencia en las leyes de cualquier país de Europa. Pone: «Lugares: Obras combinadas del hombre y la naturaleza, parcialmente construidas y suficientemente características y homogéneas para poder delimitarse




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topográficamente y que tengan un interés destacado en los aspectos histórico, artístico, científico o social…» Esto lo pone en un informe que está publicado en el ministerio, que fue aprobado en Canarias y que es un informe europeo. También se incumple.

Por eso, creía que esta enmienda era fundamental para salvar aquellos núcleos. No me malinterpreten, no estoy diciendo que salvemos ninguna aberración, ni que hagamos ningún uso ilegal ni ninguna amnistía de la costa. Estoy diciendo que lo canarios hemos vivido, seguramente igual que en otras partes de la Península, frente al mar y que era una manera de subsistir, de vivir y de obtener muchos recursos, y esta ley no lo recoge. Hay pueblos en todas las islas, pero, por ejemplo, en Fuerteventura está los Molinos y en la isla de El Hierro, el Pozo de las Calcosas, con más de 250 años de piedra y colmo, que quedarán completamente fuera de esta regulación. En cambio, se permiten aberraciones de moles turísticas de cemento y bloques que sí empañan y afean nuestras costas. Lo que yo estoy contando aquí es todo lo contrario, da un valor añadido. Desgraciadamente, si todo aquello que nuestros antepasados construyeron y las generaciones sucesivas se han preocupado por conservar no lo reconocemos, nunca más lo volveremos a obtener, porque esas edificaciones nunca las volveremos a construir.

Presento otra enmienda —y hace poco más de un año estábamos de acuerdo todos los partidos políticos— en relación con aquellas edificaciones o núcleos de población que tuvieran sentencia firme. No pedimos que la sentencia firme vuelva atrás —estamos todos de acuerdo—, pero que se aplace, en un momento en que las familias se están quedando sin los pisos, hasta que las familias sean realojadas. Concretamente estoy hablando de Ojos de Garza, en la isla de Gran Canaria. Paradójicamente, la Ley de Costas de 1988 fue retroactiva con esta población, cuando las leyes, supuestamente, no tienen carácter retroactivo. Si se aprobara la ley tal cual la presenta el PP hoy, este núcleo poblacional se salvaría. Si aplicáramos la ley actual igual que aplicamos la de 1988, este núcleo se salvaría, pero tiene una sentencia firme y, desgraciadamente, no se hace. Pero ni siquiera pedimos eso. El propio ayuntamiento ha cedido los terrenos, lo ha planeado y se va a empezar a construir una nueva urbanización para realojar estas aproximadamente veintiocho viviendas. Solicitamos esto porque nos parece de justicia. En un momento en el que las familias están perdiendo los hogares, aunque tenga una sentencia firme y el fin sea el derribo y la reposición, no nos parece de recibo que se haga de manera inmediata y que no se pueda aplazar cuando el expediente de reposición está en camino. Me podían argumentar que no está abierto, pero no, ya está caminando, y todos sabemos que tarda entre uno y dos años. Pido que se aplace.

Presento otra batería de enmiendas —y voy terminando— que hacen justicia a una región diferente, que tiene que ser tratada en una ley específica para Canarias. Entiendo que me diga el portavoz del Grupo Popular que no van a aceptar ninguna enmienda. En el turno de portavoces tendré poco tiempo porque lo compartiré con los demás compañeros, pero no puedo votar a favor de esta ley, aunque estaba de acuerdo al principio en que se modificara, porque la propia comisaria europea —antes el senador Aparici aludía a ello— dice tener inquietud y preocupación por la seguridad jurídica de la reforma de la Ley de Costas española, actualmente en trámite en el Parlamento. Esto lo dijo el 22 de abril de 2013. Informes podemos sacar todos, pero igual que criticaba la Comisión Europea que la Ley de 1988 era injusta y arbitraria en muchas ocasiones, también dice que esta jurídicamente podría ser igual o peor de injusta y más arbitraria.

Espero, y hago alusión al último milagro, que el Partido Popular pueda aceptar alguna de las enmiendas que presenta la Agrupación Herreña independiente-Coalición Canaria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 25, presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Ahora sí es el momento de explicar pormenorizadamente aquellos cambios que entendemos que resultan imprescindibles en el proyecto de ley que se nos ha presentado.

Entendemos, frente a lo que se establece en dicho proyecto, que los terrenos inundados artificialmente deben seguir formando parte del dominio marítimo terrestre; que hay que mantener dentro de ese mismo dominio los sistemas dunales; que no hay ninguna justificación para establecer criterios inevitablemente arbitrarios en relación con aquellos sistemas dunales que




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deben permanecer dentro por ser necesarios para el mantenimiento de las playas. Lo mismo sostenemos en torno a los terrenos inundables. Planteamos en nuestras enmiendas que hay que impedir la construcción sobre acantilados por los riesgos de ausencia de firmeza que en la mayoría de ellos se plantea y, en consecuencia, las posibilidades de que el peso de esas construcciones contribuya a generar deslizamientos en los terrenos acantilados.

No estamos dispuestos a aceptar la reducción en el espacio de servidumbre. Por contra, creemos que hay que ampliar los 100 metros de protección de la servidumbre a 200 metros contados desde el límite interior de la ribera. Rechazamos, por tanto, esa falsa línea interior de la ribera que se establece a partir del borde exterior de los paseos marítimos, en tanto en cuanto el respeto a la protección del medio costero tiene que partir del fundamento de que quien define dicho medio costero es precisamente el mar. Es el mar el que establece el punto de partida que hay que tomar como referencia para establecer las medidas de las franjas de protección y no la intervención humana, la voluntad de los municipios, al construir paseos marítimos. Reitero que con nuestras enmiendas pretendemos impedir que se reduzca a 20 metros la servidumbre de protección también en las riberas de los ríos; no asumimos la ampliación a setenta y cinco años del periodo de concesión. En todo caso, me ratifico en lo afirmado en el turno de portavoces después de la defensa del veto. No hay ninguna razón para prorrogar las concesiones existentes. Espérese a la conclusión de sus periodos y en los casos en que resulte imprescindible, hágase una nueva concesión por el plazo previsto en la ley de 1988, treinta años.

Rechazamos la transmisión intervivos. Creemos que eso constituye una privatización cien por cien, aunque sea temporal durante la vigencia de las concesiones. No entendemos esas motivaciones técnicas que han llevado a la definición de determinados núcleos para que sean excluidos de la aplicación de la ley. Pensamos que esa decisión hay que tomarla con mayor tranquilidad y un estudio más pormenorizado. Por lo tanto, que allá donde haya conflictos, que se establezca a partir de una comisión un estudio pormenorizado buscando alternativas que en algunos casos pueden aproximarse a las que plantea este proyecto de ley, pero que en otros casos tienen que ser alternativas diferentes.

Igualmente, pretendemos con una de nuestras enmiendas instar al Gobierno a plantear un nuevo deslinde en el plazo de dos años contemplando el impacto del cambio climático, no, como presenta la enmienda del Grupo Popular en el Senado, en el momento en que se considere oportuno. Pensamos que ya se está en condiciones para en este periodo de tiempo marcado en la enmienda poder establecer un deslinde que contemple las consecuencias del cambio climático.

Finalmente, como ya hemos hecho en otras oportunidades, me temo que con la misma fortuna, planteamos la creación de un impuesto sobre el cambio de uso del suelo que tenga como finalidad nutrir el Fondo para el patrimonio natural y la biodiversidad.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de las enmiendas números 46 a 55 del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Muchas gracias. Buenas tardes señor presidente.

Señorías, nosotros hemos presentado diez enmiendas, como ha dicho el presidente, de la número 46 a la número 55, con dos hilos conductores esenciales en su argumentación, uno de ellos, el de la potenciación de la transformación urbana de áreas altamente artificializadas, especialmente en las zonas portuarias. Los puertos, por sus especiales características, por las actividades que se desarrollan en ellos son espacios sujetos a cambios —es muy difícil tener una foto fija de un puerto—, tanto en la cantidad de superficie necesaria como en las actividades que en ellos se desarrollan. Por tanto, pueden producirse cambios en la cantidad de terreno utilizado o incluso en su ubicación, por qué no.

Las dos enmiendas formuladas en este sentido, la número 47, de modificación de la exposición de motivos, y la número 50, en la que se solicita un nuevo apartado al artículo 1, las hemos presentado con objeto de poder poner esas áreas artificializadas al servicio de la actividad económica, garantizando así que el nuevo valor generado redunde en beneficio de la comunidad.




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El segundo hilo conductor en las enmiendas ha sido el de la preservación y la consideración especial para aquellos elementos con valor patrimonial, histórico, cultural, artístico o paisajístico. En esto hemos insistido varias veces, incluso en comisión, ante el ministro.

La enmienda número 46, al párrafo segundo del apartado 1 de la exposición de motivos, creo que define bien y con sencillez aquello que queríamos transmitir y plasmar en este proyecto de ley. En ella decimos literalmente que la costa, además de su incalculable valor ambiental, que es innegable, y de ser una de las zonas más densamente pobladas, que también lo es, proporciona asiento a innumerables elementos patrimoniales e históricos, artísticos y paisajísticos. Esto nos parece obvio e innegable; la enmienda no se ha admitido pero esos elementos siguen en la costa. Podría haberse admitido perfectamente porque solo describe unos hechos, pero tampoco vamos a entrar en eso.

Presentamos esta enmienda porque, como digo, siendo innegable el enorme valor medioambiental y social de la costa, también creíamos importante consagrar en el texto de esta ley su valor como entorno en el que se han desarrollado a lo largo de la historia acontecimientos muy importantes para nuestra sociedad, además de poseer en otros casos elementos de gran valor artístico o paisajístico que deben ser recuperados, restaurados y mantenidos. Por eso nosotros hacíamos un esfuerzo por integrar en todos aquellos procesos de concesión, revisión, etcétera, la consideración de bien patrimonial y lo que eso debe suponer de cuidado especial del bien que se está transmitiendo. Presentamos estas enmiendas por el valor intrínseco innegable de las costas, porque es evidente que somos lo que somos por lo que antes hemos sido —no podemos evitarlo—, pero también porque son susceptibles de convertirse en recursos importantes para la puesta en valor de esas zonas, algo que, al menos desde la bancada del Grupo Parlamentario Popular siempre se nos ha recordado. Y no las hemos presentado solo porque tengamos una especial sensibilidad por el patrimonio, que también, sino porque, además, tenemos la obligación de hacerlo, una obligación que está recogida en varias normas de carácter nacional, como he dicho ya en la Ley del patrimonio, pero también en distintos protocolos y convenios europeos firmados por el Estado español, por ejemplo, en el Protocolo relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo, que en su artículo 11 habla de los valores paisajísticos y en su artículo 13 habla del patrimonio cultural, Protocolo que si es bueno para el Mediterráneo estoy seguro que también lo es para el Cantábrico y para el resto de la costa. O en el Convenio del Consejo de Europa para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico europeo de 2005, o en el Convenio europeo del paisaje del año 2000.

También hemos presentado otra enmienda, la número 49, que no va en ninguna de estas dos líneas y que propone la supresión del apartado 22 del artículo 1 por entender que la forma de impugnación extraordinaria que se consagra en este apartado es contraria a la autonomía municipal y al respeto institucional debido a un nivel administrativo local independiente y no tutelado por la Administración General del Estado. Entendemos que la Ley de las Bases del Régimen Local —y esperemos que también la nueva Ley de racionalización— establece ya un sistema de requerimientos y consideramos que es más respetuosa con dicha autonomía porque dispone con carácter general la posible denuncia de estas situaciones en caso de que no se cumpla ante los tribunales de justicia.

En fin, señorías, en esta línea argumental hemos basado nuestras enmiendas, las que se han presentado y las que hemos intentado negociar y transaccionar con el Partido Popular, porque lo creíamos de justicia y, además, muy positivo para el propio litoral y para toda la sociedad. El Grupo Popular no ha admitido ninguna de nuestras aportaciones. Al final, hemos estado discutiendo —y lo voy a decir en la Cámara porque creo que es importante— incluir una exclusión del dominio público marítimo-terrestre a aquellos bienes inmuebles —y voy a decir los datos porque creo que es importante— que estuvieran registrados en el Registro de la Propiedad antes de la Ley de Puertos de 1880 —no estoy hablando de la Ley de 1988, sino de la de 1880, de la Ley de Puertos, que define la zona marítimo—terrestre, que luego menciona la Constitución—. Hemos intentado que se excluyan del dominio público marítimo-terrestre a aquellos bienes culturales que estuvieran inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o en cualquiera de sus modalidades homónimas en las comunidades autónomas. También hemos procurado que, en base al Convenio del Paisaje de 2000, se excluyera del dominio público marítimo-terrestre a aquellos bienes que




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tienen interés paisajístico. No ha podido ser y no hemos llegado a un acuerdo, porque, evidentemente, el Grupo Popular y el Gobierno no nos han aceptado ninguna propuesta.

La verdad es que nos ha sorprendido el texto que el Gobierno ha presentado —porque no sigue la línea que el propio Partido Popular había mantenido antes de llegar al Gobierno— y nos ha sorprendido también —y creo que tenemos que decirlo porque es justo— toda esta maraña de enmiendas y reenmiendas, correcciones, etcétera que todavía yo creo que estamos padeciendo, así como —lo lamento, pero así lo siento— las diferentes varas de medir en cuanto a la aplicación de los principios generales de la ley.

Señorías, el concepto es el de la propiedad privada legítimamente adquirida sin incumplir ninguna ley, y nadie, ni el Estado, ni ninguna mayoría, nadie, debería poder disponer de un bien legal —digo legal de ley, pero también digo legal de sentido común, no digo legal de hechos consumados—, y si es propiedad, no se puede compensar su confiscación con que se deje de seguir ocupando 30, 75 o los años que sean. Eso es asaltar la propiedad privada. Si el Estado quiere hacerse con esas propiedades —y puede tener interés en hacerse con ellas—, que lo haga como debe de hacerlo, que lo haga pagando el justiprecio que corresponde; y no estoy hablando de los algarrobicos, estoy hablando de aquellas propiedades legalmente establecidas; no estoy hablando de las excepciones y de los trágalas que se hayan podido vivir desde 1988, o incluso antes, hasta el día de hoy. Y eso no se cumplía con la ley de 1988 y no se cumple con esta. Simplemente.

El Partido Popular ha tenido muchas iniciativas a este respecto y yo voy a traer a esta Cámara una porque creo que es un ejemplo significativo del cambio que ha tenido el Partido Popular: la proposición de ley relativa a la modificación de la Ley 22/1988, presentada por el Grupo Popular en junio de 2010 en esta Cámara, por la senadora Díaz Rodríguez, del Partido Popular, que ya no está con nosotros —que ya no está con nosotros aquí, por suerte para ella—. El Partido Popular decía al Partido Socialista, que estaba en el Gobierno: Ustedes tienen ahora el problema de que degradamos a diario un espacio equivalente a ocho campos de fútbol y no pasa nada. Y preguntaba: ¿Cómo podemos declarar ilegal, por ejemplo, una vivienda de 1683 con una Ley de 1988 —como sucede en el País Vasco con el molino de Urdaibai— y, sin embargo, no somos capaces de aplicar la Ley de Costas a las nuevas edificaciones y concesiones? ¿Se acuerdan del molino que he dicho antes? Ese es. Es un ejemplo, pero hay más, no muchos desgraciadamente —por suerte para los propietarios— porque estaría bien que tuviéramos más patrimonio. Pues bien, una de nuestras enmiendas trataba de esto, y el Partido Popular ahora es diego cuando la senadora Díaz dijo digo. Y eso es lo que hace escasamente dos años se dijo en esta Cámara.

Tengo más argumentos pero los daré después, porque se me acaba el tiempo. Creo que en los próximos diez minutos acabaré de desgranar lo que mi grupo opina al respecto. No ha podido ser.

Tengo que agradecer también —como ha hecho el senador Narvay Quintero— al senador Aparici los esfuerzos que ha hecho, que me consta que han sido muchos. Tengo mi opinión sobre cuál ha sido la razón, pero, al final, lo malo va a ser que esto se va a dirimir en los tribunales, y eso va a ser un lamparón para todos los aquí presentes.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas. El primero va de la 83 a la 100 y el segundo de la 101 a la 123, pero no sé exactamente a quiénes corresponden. ¿El primero es de los senadores Guillot y Saura?

Senador Saura, tiene la palabra.

El señor SAURA LAPORTA: Sí, señor presidente, las defenderé todas conjuntamente.

El señor PRESIDENTE: ¿Todas? ¿Los dos bloques? (Asentimiento.)

Tiene usted la palabra, senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Además, lo haré de forma breve —porque los principales argumentos los hemos utilizado en el debate de los vetos— y simplemente las agruparé.

Hay una serie de enmiendas que hacen referencia al cambio climático. A pesar de que el Partido Popular ha introducido enmiendas en el trámite en el Senado, lo que proponemos es que




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a la hora del nuevo trazado del deslinde se tengan en cuenta los efectos potenciales del cambio climático.

La segunda idea que he denunciado en el veto ha sido que en el proyecto de ley se produce una reducción del dominio público marítimo—terrestre, fundamentalmente por la exclusión de las salinas de los humedales de la zona pública. Por lo tanto, planteamos la supresión de este apartado, de tal manera que continué siendo público lo que hasta ahora es público.

El tercer bloque hace referencia a la servidumbre de protección. La ley actual prevé pasar de 100 metros a 20 metros en zonas urbanas. El proyecto de ley que el Gobierno del PP nos plantea abre la puerta a que, en definitiva, todo sea a 20 metros, y nuestra propuesta es que la servidumbre de protección sea de 200 metros, como ya han hecho algunas comunidades autónomas.

El cuarto bloque versa sobre el plazo de concesiones. Como ustedes saben, hasta ahora el plazo es de 30 años desde 1988 —es decir, vence en 2018—, y nosotros pedimos que se continúe con los 30 años o con la prórroga de los 30 años y, por lo tanto, no se admita la propuesta de los 75 años del proyecto de ley que el Gobierno nos trae hoy aquí.

Otro asunto es el de Formentera. Es un tema incluso gracioso si no fuera porque es un tema muy grave. Porque el texto del proyecto dice que por las especiales condiciones geológicas de Formentera, el 90% del dominio público marítimo—terrestre queda excluido. Nadie explica cuáles son estas condiciones geológicas especiales, por tanto, planteamos la supresión si antes no se nos explican cuáles son.

Por otro lado, se excluyen diez núcleos urbanos de la zona pública marítimo—terrestre. En el Senado se han introducido dos nuevos núcleos —doce—, que no todos son iguales: algunos se hicieron en la legalidad y otros no se hicieron en la ilegalidad. Nuestra propuesta es que se cree una comisión para discernir en cada caso cuáles son los legales —y, por lo tanto, han de tener una continuidad en su concesión— y cuáles están hecho fuera de la ley —y, por lo tanto, no deberían tener esta continuidad.

Yo he dicho en la explicación del veto que este apartado de la concesión intervivos, junto con la ampliación a 75 años de la concesión de ocupación, va a dar lugar, sin ningún género de dudas, a especulaciones. Por tanto, planteamos la supresión de este título.

Hemos hablado todos del Informe Auken —también lo he dicho en mi anterior intervención— y hemos leído textos distintos, pero lo cierto es que en el proyecto de ley no hay ninguna de las recomendaciones del Informe Auken, especialmente de aquellas que hacen referencia a la supresión o a la eliminación de aquellos instrumentos urbanizadores que pueden llevar a la especulación o de planes urbanísticos que están fuera de la ley. Por tanto, proponemos la introducción de algunas recomendaciones del informe en el proyecto de ley.

Finalmente, también he explicado que en 1988 el Parlamento catalán llevó al Tribunal Constitucional la Ley de Costas porque invadía competencias, que tres años después, en 1991, el Tribunal Constitucional nos dio la razón y que ahora se repiten las mismas invasiones competenciales que en 1988. Por tanto, que se eliminen del texto aquellas invasiones competenciales que ya el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

El Grupo de Convergència i Unió ha presentado las enmiendas: de la 124 a la 164 y de la 166 a la 168. Para su defensa, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Muchas gracias, señor presidente.

Defenderé las enmiendas desde el estrado.

Más que entrar en el detalle de cada una pormenorizadamente, porque muchas son de carácter técnico y están bien justificadas en su presentación, querría remarcar algunas referentes a temas más generales porque si no se aceptaran se vulnerarían algunos preceptos, generando preocupación en lo que respecta al tema competencial de las comunidades autónomas. Estoy básicamente hablando, por poner un ejemplo, de nuestras enmiendas 130 y 132. Me estoy refiriendo a que se produce un choque con las competencias autonómicas al regular a través de esta ley básica una ley sectorial como es la de Puertos, por la que las administraciones autonómicas —por tanto, también Cataluña— tenemos plenas competencias desde 1980. Que no se acepten




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estas enmiendas nos produce un interrogante importante porque vemos que se abre una brecha para poder legislar o poner en entredicho la capacidad de decisión de nuestro Gobierno. Si se pueden destinar a usos hoteleros edificaciones en los ámbitos portuarios, si se permite para los puertos de interés general, no veo por qué una ley básica como la de Costas tiene que entrar a decir qué es lo que se puede hacer en los que no son de interés estatal.

Por otra parte, aunque hemos podido transaccionar algunas enmiendas durante la tramitación de este proyecto de ley con el senador Aparici, a quien agradezco su predisposición y voluntad de llegar a acuerdos, y aunque, al final, por el hecho de que se trata de problemas muy concretos, no hemos podido llegar a acuerdos generales, sin embargo hemos visto que quedaban subsumidas algunas como la 126 y la 131, en lo que se refiere a la limitación de los tramos urbanos, que se acaban de transaccionar poco antes de esta sesión. También de alguna forma se entiende que nuestra enmienda 141 se incorpora mediante esta nueva letra i) del artículo 78 de la Ley de Costas.

Quisiera referirme también a la enmienda 159, respecto a la planimetría que se adjunta al proyecto de ley, que viene a marcar una línea de ribera en distintos términos municipales. Nuestra enmienda hacía referencia a estos casos excepcionales, como el término de Castelló d’Empúries, en Ampuriabrava, donde la línea de ribera de mar no se adapta a lo que ha sido artificializado. Tal y como está redactado el texto, seguimos encontrando este agravio comparativo con las demás líneas, que sí se han adoptado a esta nueva planimetría y que se corrigió en el trámite en comisión. Por tanto, quiero dejar encima de la mesa la enmienda número 159 como muestra de que no se ha podido llegar a acuerdo, a esta subsanación.

También quiero referirme a la necesidad de haber llegado a un acuerdo en torno a algunas enmiendas. Son muchos los municipios que cuentan con edificaciones que tienen balcones que se proyectan sobre el suelo del dominio público marítimo-terrestre y, en aras de conseguir una mejor integración arquitectónica de dichos edificios, resultaba adecuado que estos pudieran disponer de balcones. Así —porque todos los demás lo tenían— se daba cumplimiento al artículo 8 de la vigente Ley de Costas que señala que, a los efectos del artículo anterior, no se admitirán más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la presente ley, manteniéndose el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, pues se estimaba conveniente para la resolución sobre su concesión por parte de la administración a la que correspondiese tramitar el procedimiento que fuese de seis meses el tiempo de que se dispone para resolver sobre su otorgamiento, previendo que este plazo actuará en sentido beneficioso o positivo para los propietarios en aras de garantizar su seguridad jurídica y de alguna forma, al mismo tiempo, la necesidad de tramitar el plan especial urbanístico, que deberá contar con el informe preceptivo y vinculante de la Administración del Estado, en donde se regulen las características de dichos elementos arquitectónicos. Así lo estábamos dejando más claro y más seguro porque este es un problema que mañana o pasado nos volveremos a encontrar encima de la mesa y que será difícil de solucionar porque son suelos que en más del 75% están desarrollados y tienen esta problemática y que harán inviable que se terminen estos edificios en primera línea de mar, en una zona absolutamente urbanizada y que, en ningún caso, suponen menoscabo para la protección del litoral y del medio ambiente.

Quiero resaltar, por un lado, que en la redacción ha quedado vivo el espíritu de esta invasión competencial y, por otro, que al final se está singularizando tanto que no hemos podido profundizar en cada una de las singularidades. Nuestras enmiendas intentaban solucionar los problemas existentes en el ámbito que conocemos bien, puesto que ese era el objetivo de la ley.

Hasta aquí mi intervención.

Doy por defendidas todas las enmiendas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.

Para la defensa de las enmiendas 56 a 82 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 169 a 185 del Grupo Parlamentario Popular y por la enmienda transaccional formulada sobre la base de la enmienda número 165 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Espadas en nombre del Grupo Socialista.




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El señor ESPADAS CEJAS: Gracias, señor presidente.

La verdad es que es difícil explicar enmiendas cuando no se comparte casi radicalmente el texto del proyecto que se plantea, y creo que hay que empezar por la coherencia de entrar en aspectos concretos cuando hay un problema de fondo, que es de definición y de concepto.

Tal y como ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista en el debate de los vetos, que se han expuesto los elementos que diferencian la posición de un grupo de otro, además, el análisis de las enmiendas nos dará la oportunidad de romper lo que planteaba aquí el señor Sanz en el sentido de que el posicionamiento del Grupo Socialista se hacía en base a titulares o que, como decía el señor Aparici, nos limitamos a etiquetar posiciones, sin ser capaces de concretar los efectos que planteamos en relación con las regulaciones concretas que ustedes presentan. Por eso, con independencia del primer elemento y la primera enmienda —en este caso, la número 56, la de supresión de la exposición de motivos, que es de carácter general—, les diré que es evidente que en este caso compartimos lo que decía el señor Saura desde el principio, sencillamente que la exposición de motivos plantea un contenido que a nuestro juicio es falso para lo que realmente luego regula su reforma legal: que no hay una mejora en la protección y en el uso sostenible del litoral sino una apertura clara a todo lo contrario. Por tanto, evidentemente, solo podíamos proponer esa supresión. Mire, un símil para los que hemos trabajado en temas medioambientales: si una norma como esta se sometiera, por ejemplo, a una evaluación de impacto ambiental, sería desfavorable. En términos globales, señor Aparici, si midiéramos los riesgos, los impactos que puede producir alguna de las decisiones que ustedes toman aquí, les garantizo que, seguramente, la evaluación sería desfavorable con carácter general. Voy a intentar concretarle algunos elementos. Por ejemplo, ustedes dicen que esta ley pretende garantizar o mejorar la seguridad jurídica, proteger mejor el litoral y, además, dar más seguridad a las concesiones. Son los tres elementos que ustedes plantean como fundamentales. Bien. ¿Me puede explicar, señor Aparici, o, en su caso, la persona que defienda las enmiendas, cómo pueden hablar de seguridad jurídica y, por ejemplo, derivar a criterios técnicos que dicen que desarrollarán reglamentariamente la definición de la zona marítimo— terrestre? Este es un elemento, evidentemente, de ley, y al trasladarlo a desarrollo reglamentario, ustedes generan, como mínimo, bastantes dudas acerca de que no se escapen por ahí elementos importantes que no protejan sino todo lo contrario— el litoral.

¿Usted cree que le ofrece mayor certeza jurídica, por ejemplo, que la protección de las dunas se exija en su modificación de la ley vigente solo hasta el límite que resulte necesario —dice en su texto—? Más concreto, imposible, señor Sanz. Estoy hablando del artículo 1, apartado 2.1 a) y b). Dicen que la protección de las dunas solo hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. Yo les puedo garantizar que como mínimo ahí hay un margen de duda razonable —y en este caso supongo que lo conocen los dos, pero más el señor Sanz como andaluz y paisano mío que es— y le puedo garantizar que tengo informes técnicos que dicen que con esta redacción el nivel de seguridad y la protección de las dunas móviles, por ejemplo, de Doñana, no están garantizados con esta redacción. ¿Quiere más concreción, señor Sanz? (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Sigamos. Enmienda 58. Usted dice que lo de trasladar de 30 a 75 años no es una privatización de facto del dominio público marítimo—terrestre. Permítanme que les plantee al menos que ustedes defiendan la prueba en contrario. Es decir, ¿van a intentar explicarme hasta qué punto es compatible una ley que ustedes están reformando —la Ley de Costas—, que tiene como objetivo y fin fundamental recuperar el dominio público para su mejor protección? Esa finalidad, ese objetivo básico, global, es absolutamente incompatible per se con que ustedes prorroguen el límite, o pudieran prorrogarlo —porque es verdad que seguramente no será en todos los casos, pero que se podría hacer porque así lo prevé la ley— hasta 75 años. La mezcla de 30 más 75 y la posibilidad de transmisión intervivos, señor Aparici, como mínimo a mí y a otros, especialistas desde el punto de vista jurídico y técnico, nos lleva a pensar de facto que esto ya no va a perseguir el objetivo de la recuperación del dominio, sino seguramente el del mantenimiento de una especie de propiedad o cuasipropiedad, y no en definitiva la recuperación del patrimonio de todos. Creo que aquí hay un elemento de fondo importante.

Otra cuestión concreta que planteamos que se enmiende: cuando ustedes hablan de obras de reparación, amplían lo que era un elemento básico en este caso, obras de reparaciones concretas,




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de consolidación—, abren a ese concepto de mejora y de modernización —que todos sabemos que por parte de estos propietarios era una demanda tradicional durante todos estos años— y tratan de edulcorarlo de alguna manera con algo sobre lo que ha hablado el señor Sanz y que, evidentemente, me parece muy positivo sin duda, con la incorporación de políticas de ahorro y eficiencia energética. Pero, ojo, el portillo que abren con esas obras de mejora y de modernización y la mezcla con un plazo de tiempo de hasta 75 años, como quiera que el plazo va mucho más allá de la amortización de las inversiones y de lo que necesitaría alguien para invertir y que le resultase rentable esa propiedad, suena mucho más a que el que está se va a quedar y se va a quedar permanentemente.

Por otra parte, planteamos en la enmienda una cuestión que también nos parece interesante. Si de verdad nos creemos que esto es frágil y delicado, vayamos a un modelo no de declaración responsable, sino de certificación por entidad acreditada, creo que nos da más garantía. Hablo de las obras.

Otro aspecto que me parece sustancial es el contemplado en la enmienda 59, formulada al apartado diez, referente al tratamiento que ustedes plantean para los terrenos colindantes a los márgenes de los ríos, donde reducen la servidumbre de protección hasta un mínimo de 20 metros. También hemos analizado si esto tendría o no afecciones concretas en algunas partes del territorio, y permítanme de nuevo que vuelva a referirme, en el caso de Andalucía, a rías como Guadiana, Carreras o Piedras. En base a esta regulación, hay usos que en este momento no están autorizados y que serían posibles. Por tanto, ojo, porque lo están dejando todo para la gestión y control posteriores de esas autorizaciones, porque ahora la ley lo va a posibilitar, así como la anterior no lo hacía. Y hoy mi obligación en el debate de la ley, no de su aplicación —de ello, de la Ley de 1988, hemos hablado antes con ocasión de los vetos—, es decir que el texto legal como herramienta al mando de los gestores, evidentemente, introduce portillos delicados.

En la enmienda 60 les planteamos que no compartimos las especificaciones que ustedes introducen sobre las actividades que impliquen destrucción de yacimientos de áridos. Nos parece que la regulación de la ley anterior era más correcta y proponemos la vuelta a la misma.

Y lo que no compartimos en ningún caso es la permisividad sobre los establecimientos de cultivos marinos o de salinas marítimas. El señor Sanz nos pide que concretemos qué se ha eliminado del dominio público. Pues los cultivos marinos y las salinas han desaparecido y, lógicamente, han aparecido en manos de alguien. En esa enmienda también planteamos una cuestión puntual, que es incorporar la posibilidad de la publicidad en las zonas de servidumbre a instalaciones que estén, en este caso, asociadas a administraciones o entidades sin ánimo de lucro. Creemos que este tema podría mejorarse en el texto vigente.

Presentamos la enmienda 61 porque nos parece que el apartado 12 que ustedes desarrollan abre un peligroso portillo al desarrollo reglamentario, ya que permite autorizar las ocupaciones —dicen ustedes— que sean indispensables, al mismo tiempo que plantean la ocupación de tramos urbanos de las playas para garantizar la adecuada prestación de los servicios. Es el debate entre playa urbana y playas naturales. Ustedes dejan muy claro que las naturales van a seguir siendo objeto de absoluta prioridad y protección, pero en las urbanas —y lo reconocerán conmigo— ancha es Castilla. De hecho, a mí me preocupa ese enfoque permisivo que plantean sobre actos o eventos turísticos, y nosotros conocemos perfectamente algunos de ellos, ¿verdad?, en Cádiz y en otras playas. Que esto vaya a la ley, con el tenor y la redacción que ustedes plantean, desde el punto de vista urbano o para un ayuntamiento puede estar trasladando el enfoque de que una playa puede ser equivalente a una especie de plaza pública urbana y donde todo va a ser posible con algunos condicionantes —eso sí, pero que el día después quede todo muy limpio—. Nosotros tenemos al menos el derecho a discrepar claramente, porque eso es una playa, no un patio o un parque. En cualquier caso, las cautelas en la ley mejor por exceso que por defecto.

En la enmienda 62 planteamos el mismo tema de la publicidad.

En la número 63 proponemos que el plazo de vencimiento de las autorizaciones debe seguir siendo un año y no cuatro. Es verdad, señor Sanz, que en el caso de los chiringuitos había que tomar decisiones, pero usted sabe que ya se habían producido reuniones y comisiones en busca de fórmulas dentro del margen de la ley, y sin excluir la necesidad de alguna modificación de la Ley de Costas. Por tanto, hubiéramos estado dispuestos a discutir y consensuar lo que ustedes plantean para resolver situaciones como la de los chiringuitos, pero es que ustedes no han




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consensuado nada ni en esto ni con nadie. Como comprenderán, el hecho de que rechacen en su totalidad las enmiendas de todos los grupos, a excepción de dos de Convergència i Unió, no demuestra por su parte —y se ha visto en la comisión— ningún atisbo de duda sobre el interés que tenían en analizarlo.

A mi juicio, resuelven problemas que debían resolverse —nosotros lo conocemos bien—, pero abren el portillo —espero que no sea así— a otros que en el futuro quieran utilizar esa playa para nuevas instalaciones, que turísticamente sin duda son muy relevantes, como las existentes, pero no queremos que proliferen, ¿verdad, señor Sanz? No queremos que proliferen. Y, sobre todo, con autorizaciones a cuatro años; probablemente no estemos buscando la mejor fórmula legal a cuestiones que perfectamente con una autorización de un año —de acuerdo, no de temporada, pero sí de un año— es suficiente.

La enmienda 69, relativa a las facultades del delegado del Gobierno, ustedes saben que este tema —es evidente— puede incurrir claramente en invasión de competencias. Nosotros le proponemos una alternativa, una enmienda de adición, que posteriormente desarrollamos, y sobre la cual vamos a pedir votación separada. Ustedes plantean unas facultades específicas al delegado de Gobierno. Es verdad que podría entenderse como desarrollo de la Ley de Bases de Régimen Local, pero nosotros creemos que esto es mejor arreglarlo utilizando principios de cooperación entre las otras administraciones que tienen también competencias: la autonómica y la local. Nosotros le planteamos crear para esto y otras cuestiones una agencia de evaluación urbanística y de suelo que controle situaciones que, efectivamente, creemos que deben pararse y algunas no se pararon. Por tanto, las responsabilidades de las que no se pararon estarán claras y las dirimirán los tribunales. Pero creo que es más correcto y más respetuoso con las competencias que tienen las comunidades autónomas, y que también tienen los ayuntamientos, como le ha dicho la Federación Española de Municipios y Provincias, plantear un órgano —el que nosotros proponemos o el que ustedes quieran— pero un órgano donde estén sentadas las tres administraciones, no solo el delegado del Gobierno en su caso; por más que luego, como efectivamente ha dicho el señor Sanz nos fuéramos a los tribunales. Creemos que es otro modelo, por lo menos legítimo en el planteamiento. Ustedes estarán en muchos sitios en las tres administraciones, por tanto, no creo que eso les escueza.

En cuanto a la enmienda 70, evidentemente no aceptamos la exclusión del dominio público de los cultivos marinos y de las salinas marítimas, como hemos dicho. Tampoco compartimos que los titulares de terrenos que no hubieran podido ser ocupados por la Administración por estar inscritos pasen a ser automáticamente titulares de un derecho de ocupación a treinta años —la fórmula de la legislación anterior nos parece más correcta—, y tampoco las otras consideraciones que hacen ustedes en el texto sobre terrenos destinados a industria. Proponemos su supresión.

Por último, y voy terminando, las edificaciones y construcciones existentes en dominio público y servidumbre, a nuestro juicio, tienen que seguir siendo entendidas como asimiladas a fuera de ordenación. Por ejemplo, introducir, como proponemos en la enmienda, que el incremento de valor que se produzca por las obras no se pueda incorporar al rescate. Igualmente insistimos en la necesidad de que las obras en esas edificaciones se acrediten por una entidad y no a través exclusivamente de una declaración responsable.

En la enmienda 72 hay un elemento que no consideramos tampoco admisible, otro ejemplo de exclusión del dominio público —si no lo quiere llamar privatización, no lo llame; pero es verdad que el dominio público era así —de grande—, y ustedes lo han dejado así —de pequeño—.

Terrenos colindantes con canales navegables. Señor Sanz, dígame qué es lo que puedo yo entender de su texto cuando dice aquí, en la disposición adicional décima: tampoco se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre los terrenos de titularidad privada colindantes con el canal navegable e inundados como consecuencia de excavaciones. Usted acaba de dejar fuera del dominio público una serie de terrenos que, a nuestro juicio, deben seguir siendo dominio público; por tanto, también creo que esos suelos de alguna manera van a pasar de dominio público a bienes patrimoniales y no estaría mal que aclarasen aquí cómo se van a enajenar esos bienes; cuestión curiosamente que no ha salido en el debate, pero que no despeja esta ley en ningún caso.

Por último, en el caso de las transmisiones intervivos de concesiones, nosotros planteamos en este caso de los propietarios anteriores a la Ley de Costas, la posibilidad pero con condiciones; no




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aparece tampoco el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, que nos parece obligatorio en cualquier caso.

Un despropósito más, la revisión de los deslindes. Ya me dirán, con lo que ha costado en tiempo y en recursos, plantearnos ahora la revisión de los deslindes. No sé si han hecho una evaluación económica del coste de esa decisión, pero creo que no estaría mal en estos tiempos que lo evaluasen. Y por otro lado, alguna cosa simpática, cambiar la línea interior de la ribera del mar, como decía mi portavoz, a golpe en este caso de reforma legal por aquello de un deslinde especial en los paseos marítimos, está bien. Yo lo único que espero es que la línea de la ribera del mar no nos la cambie drásticamente el cambio climático y nos quedemos con un palmo de narices incluso con la reforma legal, porque probablemente si no tomamos medidas vayamos más camino de eso.

Por último, consideramos que debe mantenerse la actual servidumbre de protección en el caso de la isla de Formentera, enmienda número 77. Creemos que conjuga mejor los derechos de propiedad con la protección del litoral. Y como dice el señor Saura, consideramos que tampoco ustedes han sido capaces de justificar —y me parece que es algo exigible en un asunto como este—, con solvencia técnica, algunas de las decisiones y conceptos que ustedes plantean aquí. Tampoco entendemos que haya estudios que avalen excluir los terrenos de urbanizaciones marítimo-terrestres de la consideración de dominio público, a pesar de lo que he escuchado al portavoz de Grupo Catalán Convergència i Unió. Yo creo que este tipo de cuestiones deberían estar más fundamentadas.

Y para terminar, en relación con el cambio climático no me parece de recibo —después de una Comisión Mixta Congreso-Senado al final de la pasada legislatura, con unas conclusiones en las que ustedes participaron, aunque luego no las apoyaran— abrir la caja de Pandora de una reforma de la Ley de Costas, con la complejidad y los riesgos que esto tiene, que se haga en este momento sin una evaluación de las repercusiones, de los riesgos, con los estudios que tenemos encima de la mesa sobre los efectos del cambio climático en nuestro litoral. Creo que un Gobierno serio hubiese esperado al menos a tener algunos elementos más antes de introducir determinadas reformas; o hubiera reformado aspectos puntuales para resolver determinados problemas sin alterar sustancialmente la finalidad y los objetivos de la ley de 1988. Pero como no lo han hecho, les presentamos una enmienda, que nos gustaría también que se votara de manera separada, para que se comprometan en el plazo de un año a presentar a las Cortes un informe que evalúe esos efectos sobre el cambio climático en el litoral.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador López Veiga.

El señor LÓPEZ VEIGA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, vamos a empezar diciendo que no todo es rebajar la línea de la zona de protección a 20 metros. Eso no es verdad, eso hay que empezar diciéndolo para que quede claro. Y también parece que hay que dejar medianamente claro que no estamos derogando la ley anterior, la estamos mejorando y modificando. En cuanto a que no se ha aplicado la ley, claro que no se ha aplicado bien la ley. Precisamente por eso hay que reformarla porque, si no, no tendríamos casos como el de El Algarrobico.

El tiempo de que dispongo es breve y, por lo tanto, tendré que hacer algún ejercicio de síntesis porque son muchas las enmiendas que me toca comentar. Hay muchas enmiendas que son una repetición de lo que ya se ha expuesto en el Congreso. Yo no voy a entrar a comentarlas, hago simplemente nuestros los comentarios que en su momento el Grupo Parlamentario Popular hizo en el Congreso.

Hay un grupo de enmiendas que tocan aspectos de carácter competencial. Y yo tengo que decir que la ley es totalmente respetuosa con el actual reparto competencial. Tampoco la ley es un instrumento para repartir competencias, para eso están los estatutos de autonomía y las transferencias que en ellos se contemplan. Por lo tanto, en términos generales rechazaremos todas las enmiendas que se puedan interpretar en el sentido de hacer alguna modificación en el carácter competencial.




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Pero me quiero referir a las enmiendas números 132 y 134 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, aunque como saben les hemos aceptado bastantes cosas. En la enmienda 132 pretenden que se tengan en cuenta los costos de las administraciones locales, pero es que los cánones de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre son competencia de la Administración General del Estado. Por lo tanto, queremos que esto siga siendo así. Y todo ello sin perjuicio, lógicamente, de las competencias que tienen las administraciones locales, por ejemplo, con las licencias de actividad que esta ley no contesta en absoluto.

Con la enmienda 134 parece que se pretende introducir competencias sobre el régimen de usos y aprovechamiento de playa. Nosotros entendemos que es suficiente con la formulación actual de la ley y las competencias que tienen los ayuntamientos para los servicios de temporada. Por lo tanto, rechazaremos estas enmiendas, al igual que haremos con el resto.????

Pero quiero hacer especial hincapié en la enmienda número 69 del Grupo Parlamentario Socialista, que pretende suprimir del articulado los poderes que se le confieren al delegado del Gobierno para suspender temporalmente actos y acuerdos de las corporaciones locales. Precisamente si algún fallo ha tenido la otra ley es que no tenía un instrumento ágil para cortar el desarrollo de situaciones claras de ilegalidad pues era muy difícil hacerlo con el procedimiento que tenemos en estos momentos pues, primero, hay que detectar la infracción, segundo, hay que hacer un recorrido administrativo, y, luego, hay que ir a los tribunales de justicia. Y lo que ha pasado a menudo es que entre el tiempo en que se ha iniciado una edificación ilegal y el tiempo en que llega la sentencia de demolición, han pasado muchos años y se ha convertido en un problema que va mucho más allá de esa propia construcción. Es lógico y de sentido común, señores del Grupo Socialista, que necesitemos un mecanismo ágil que pueda parar esto desde el principio, porque nos ahorraremos muchos disgustos y muchos costos de tramitación porque no habrá que derribar. Yo creo que la Ley de 1988 no fue capaz de dotarse de ese mecanismo, y precisamente creo que este es uno de los elementos más importantes y más novedosos de esta ley, es decir, esta posibilidad de poder paralizar este tipo de actos. No es jurídicamente discutible ni creo que sea parcial. Además evitamos problemas con las situaciones actuales, con las situaciones de derribo —alguien mencionaba el caso de Xilxes—, pues se producen casos que son verdaderos dramas humanos que hay que evitar. Esto se corta así, se corta desde el principio, y no hay que esperar. A mi juicio, es una de las medidas más eficaces. Ciertamente El Algarrobico no se hubiera construido si esta medida hubiera estado en vigor porque se hubiera cortado de antemano.

Como se hizo una pregunta, para que no crean que no queremos responder, tengo que decir que efectivamente el ministro, hace unos días, en el Foro de Economía, en el que yo estaba también presente, dijo que El Algarrobico se tiraría y que estaba dispuesto a poner la mitad de los fondos del ministerio.

Esta ley no está para amparar situaciones como las de El Algarrobico, que, por cierto, demuestra lo que es la laxitud de una Administración autonómica que lo pudo parar y no lo paró. Precisamente esta cláusula va a impedir esto. También es una forma de regular mejor el litoral y racionalizar un poco las acciones. Esta ley tampoco está para proteger situaciones como las de El Algarrobico; no va a legalizar este tipo de situaciones, al contrario. Por eso está esta norma aquí.

Ustedes han dicho: esto es un desastre, se quiere desregular el litoral, se quieren legalizar situaciones de ilegalidad con carácter general, etcétera. Todo esto no es verdad. Tampoco se pretende aceptar aumentos de volumen en las construcciones. Yo creo que esto está claro pues precisamente es lo que trata de impedir esta norma, y es una de las razones por las cuales tenemos que oponernos a las enmiendas 152, 156 y 164 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió — también a la 127 aunque es mucho más extensa— ya que de alguna manera contemplan estos aumentos de volumen directa o solapadamente. Tampoco creemos que sea necesario autorizar tipologías de edificaciones aisladas. Por lo tanto, todas estas serán rechazadas —lo quiero mencionar— precisamente porque el objetivo de esta ley no es permitir, sin ningún tipo de razón, el aumento del volumen de las construcciones.

Quiero hacer una mención muy especial a dos enmiendas. La número 25 del Grupo Parlamentario Mixto y la número 82 del Grupo Parlamentario Socialista, porque se está diciendo que esto va a generar una bajada, con carácter general, de la zona de servidumbre de protección de 100 a 20 metros. ¿Pero, señorías, de qué estamos hablamos? ¿De qué? No hablamos de una amnistía general ni de unos núcleos cualquiera. Hablamos de núcleos rurales tradicionales que




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existían antes de 1988 y que de una manera muy especial existen en Canarias y también en la región de la que yo soy, que es Galicia. Señorías, yo vivo en el mundo rural, en Galicia, en un pueblo que se llama Vincios. Este pueblo hace 34 años no tenía traída de aguas ni desagües. Los vecinos se tuvieron que juntar para hacer una traída de aguas que no era municipal porque no había dinero ni organización en el municipio para proveer ese servicio. Tampoco había alcantarillado. Ahora lo hay y lo hay desde hace muy pocos años. Sin embargo, eran núcleos que no se podían llamar urbanos pero tenían tiendas, farmacia y muchas cosas que no están cubiertas por la legislación de 1988. Mi núcleo no está al lado del mar. Si estuviera en la zona de servidumbre de protección yo tendría un problema. Esto es lo que se quiere proteger. Se quiere reconocer lo que la Ley de 1988 no supo reconocer, que existían núcleos en Canarias, en Galicia y en otros muchos lugares de España que en aquel momento, porque no tenían la suerte de tener los servicios que definían a un grupo como urbano, no dejaban de ser aglomeraciones de población con todos sus servicios y con el deseo de convertirse en núcleos urbanos o cuasi urbanos. Esto es lo que se pretende proteger. Se pretende devolverles la normalidad, o sea, que puedan hacer lo que se hace en los núcleos urbanos. Señorías, son sota, caballo y rey. Yo puedo mencionar los de Galicia y seguro que los senadores canarios pueden mencionar los de Canarias. Tienen nombres y apellidos y el señor Fidalgo debería saberlo. No hay ningún problema en legalizar esto. Es más, en el Parlamento de Galicia —me dirijo al señor Iglesias porque también tiene representación en el Parlamento de Galicia, con AGE— hay unanimidad también en el PSOE. El PSOE allí vota de otra manera. Dice que hay que buscar una solución para los núcleos tradicionales de Marín y otros más.

No voy a entrar en ciertas cobardías, de las que se han hablado aquí, de ciertos senadores que defendían las cosas que hay que defender, como la enmienda 182 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado que soluciona bastante las cosas en Canarias y en Galicia. Ciertos senadores recibieron a alcaldes del Partido Socialista que les dijeron: ustedes pueden votar lo que les dé la gana. La enmienda que ustedes presentan ahora, la 182, se queda corta. Tienen ustedes que ir más allá. Yo les dije: pues hablen ustedes con los de su grupo que quieren restringir todavía mucho más las cosas. Me dijeron: no, eso no porque el Partido Socialista tiene tomada su postura y va de proteccionista, pero quiere que el problema lo resolvamos nosotros.

Señorías, esto no es honesto. Y quien sea tendrá que dar explicaciones en Galicia porque la enmienda número 25 del Grupo Mixto pretende suprimir esto, y la del Grupo Socialista es bastante más restrictiva que la que nosotros presentamos, que en ciertos municipios que precisamente no están gobernados por el Partido Popular se considera todavía insuficiente. Ténganlo ustedes en cuenta porque es así.

Pero, señorías, es que esta enmienda mejora el texto de la Ley 7/2009, conocida como la Ley de costas canaria. Señor Quintero, ha hablado usted de las manifestaciones de los senadores canarios; pues bien, lo que se está haciendo es esto, que una situación injusta de partida en el año 1988 se pueda legalizar porque siempre tuvo que estar legalizada.

Por todo esto, rechazamos de plano las enmiendas números 25 del Grupo Mixto y 82, del Grupo Parlamentario Socialista, por ser claramente insuficientes, así como la enmienda número 148, del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, porque pensamos que la actual redacción de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular es claramente mejor.

De la misma manera, consecuente con lo que acabo de decir, no estamos de acuerdo con ampliar la zona de protección de 100 a 200 metros. Señor Iglesias, si usted va a Galicia tendrá que explicarlo y le va a costar mucho trabajo, ya se lo digo. Por eso, votaremos en contra.

Pero quiero aclarar lo que dice la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que se ha incorporado al dictamen de la comisión. Cuando nos referimos a los servicios de abastecimiento de aguas, al de desagües, naturalmente que pueden ser públicos o privados. ¿Por qué va a ser la naturaleza de la propiedad distinta si es una traída de aguas construida por los vecinos o si es una traída de aguas construida por el ayuntamiento? ¿Por qué van a tener un trato distinto? No. El espíritu de la ley dice que basta con que tengan esos servicios, y lo mismo ocurre con la evacuación de aguas residuales, la que se podía hacer en aquel entonces, insisto, estamos hablando del año 1988; por tanto, no estamos hablando de Algarrobicos ni nada que se le parezca.

De la misma manera, esta ley prohíbe que a partir de su aprobación —de esta ley, no la anterior— no se puedan hacer nuevas construcciones en estos núcleos; hay gente a la que esto no le gusta, pero lo estamos limitando, y queda claro que es a partir de la aprobación de esta ley.




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Quiero detenerme un poco en las enmiendas relativas a la disposición adicional sexta, que excluye del dominio público marítimo-terrestre doce municipios. La enmienda número 79 del Grupo Socialista dice que hay que suprimirla; y la verdad es que me deja perplejo, porque afirma: no existen estudios técnicos ni hay otra explicación para que no estén contemplados otros. Tiempo ha habido para que cualquiera del Grupo Parlamentario Socialista u otros grupos propusieran otros núcleos, pero es que los núcleos de los que hablamos son restringidos; por tanto, el Grupo Socialista va a tener muy difícil explicar —sobre todo siendo de dónde es el portavoz— que se va a oponer o que pretende suprimir la exclusión de Moaña o de Xilxes —por cierto, los representantes de ambos ayuntamientos están presentes y aprovecho para saludarles en nombre de todos—. Lo tienen ustedes muy crudo, porque no es una medida arbitraria; en el caso que más conozco, Moaña —Xilxes lo conozco menos pero estoy seguro de que ocurre exactamente igual— habría que arrasar todo el núcleo urbano porque creció hace muchísimos años por encima de lo que en su momento se consideró una zona de dominio público marítimo terrestre. No tiene ningún sentido, pero hasta puedo entender mejor la postura del Grupo Mixto que por lo menos dice que tendríamos que haber creado una comisión.

De todas maneras, hay cosas que no admiten demora. Esta situación es injusta. Estamos hablando de gente humilde. No me vengan con la idea de que estamos favoreciendo a grupos inmobilarios. Estamos hablando de gente humilde; gente que se ha visto desposeída de una propiedad y que ha tenido problemas con las hipotecas que había adquirido. Si ustedes pasean por Moaña y por estos núcleos tradicionales, pueden verlo fácilmente. Por tanto, señorías, en el Grupo Parlamentario Popular lo tenemos muy claro y rechazamos todas estas enmiendas. Y lamentándolo mucho, tenemos que rechazar también la número 164, ya que el poblado de Aiguadolç no reúne estos requisitos.

Señor Cazalis, comparto su idea de que ese maniqueísmo de que lo privado es malo y lo público es bueno, es una tontería, y esto precisamente es lo que obliga a que esta ley contemple de alguna manera el uso privativo del dominio público marítimo-terrestre. Pero es que estamos ciegos si no vemos que la costa es motor de inversión. Necesitamos la costa, necesitamos actividades económicas en la costa para generar empleo y riqueza. Hay que hacerlo con sensatez, naturalmente; hay que hacerlo con sentido común, naturalmente, pero para eso tenemos que dar algunas garantías jurídicas a quienes van a tener la concesión, porque del tiempo y la manera en que esta se dé, si se da de uso privativo o no, va a depender que se invierta o no se invierta. Y el uso privativo no es nada malo, es simplemente un uso del dominio público, efectivamente, que se da a unas personas, pero siempre hay que respetar el fin social de esa zona y naturalmente también el interés general; y eso tiene que estar controlado por la Administración y lógicamente justifica el pago de una tasa. Esto no quiere decir que esto sea un desorden. ¿Por qué va a serlo? Lo que se hace realmente es ordenar ese uso. Por eso rechazaremos la enmienda número 64 del Grupo Parlamentario Socialista y la número 90 del Grupo Parlamentario de Entesa.

Asimismo también es necesario contemplar la transmisión de los derechos intervivos, pero esto es normal. Esto es así en todas las actividades económicas. Lógicamente ello tiene que ser sin desnaturalizar los términos de las concesiones. Tiene que seguir existiendo un interés general y, lógicamente, un beneficio para la comunidad. Por tanto, rechazamos también las enmiendas números 67 y 70 del Grupo Parlamentario Socialista.

Y en cuanto a lo de los 75 años, dicen que aumentará la especulación y que se van a desregular los usos del litoral. No, señorías, eso no tiene por qué suceder. Estamos dotando de una potestad a la Administración por un periodo que existe en otras leyes y que no tiene por qué aplicarse en todos los casos. Quizá podrá haber inversiones muy costosas que justifiquen que se dé el plazo máximo, y habrá otras que no lo justifiquen. Así, por ejemplo, a veces vamos por una autopista en la que pone que está prohibido ir a más de 120, pero de vez en cuando hay tramos en los que hay que ir a menos velocidad. Pues aquí va a suceder exactamente igual. Aquí el sentido común y el interés general van a dictar, dentro de ese plazo máximo, cuánto es lo que se asigna a cada proyecto. Por ello rechazamos la enmienda número 74 del Grupo Parlamentario Socialista, y la número 158 del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, que va en sentido contrario.

Yo creo que los términos del actual proyecto son suficientes y no significa de ninguna manera descontrol del dominio público marítimo-terrestre. La actividad sigue exactamente controlada y no tenemos por qué tener ningún pánico. Desde luego en el Grupo Parlamentario Popular y en el




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Gobierno del Partido Popular somos más bien cautos. Los imprudentes han estado antes. La política que se lleva es una política de contención, de sostenibilidad y de mantenimiento sostenible de las inversiones.

En cuanto a los terrenos inundados artificialmente, se vuelve a una situación anterior. Antes de 1988 las salinas y los cultivos marinos podían ser privados; se vuelve a esto, pero quedan dentro de la zona de protección. Y esto puede ser un factor determinante para una inversión en acuicultura, por ejemplo, donde los capitales son intensivos y la maduración del capital en una instalación —actividad de futuro, sin duda— requiere de dos a tres años. Tenemos que dar suficiente facilidad para que fluya la inversión; y esto no va aparte, sino que es un conjunto. Por eso rechazamos todas esas enmiendas.

En cuanto a los canales navegables, si se abre uno no es que se esté robando o privatizando terrenos del dominio público marítimo—terrestres, no; lo que se dice es que, si se abre una franja, un canal navegable —que sigue siendo navegable para todo el mundo—, los terrenos no pasan al dominio público marítimo—terrestre, porque son de inundación artificial, no se trata de dominio público tal y como está definido. Creo que con las disposiciones que la ley da, es suficiente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

En general —voy a ir terminando—, salvo la enmienda 131 de Convergència i Unió que se va a transaccionar y cuyo texto tiene ya la Presidencia, el resto son rechazadas.

Siento cierta simpatía por lo que plantea el Grupo Vasco, pero creo que el patrimonio artístico está suficientemente garantizado con la legislación que existe. Por lo tanto, aunque sienta cierta simpatía, porque nosotros, en Galicia, también tenemos lo que llamamos muiños da secas, molinos de marea, la Ley de protección del patrimonio artístico da suficiente protección.

Señorías, esta es una ley equilibrada y resuelve casos y situaciones anteriores a 1988 que no habían quedado resueltas, porque el trámite de aplicación fue excesivamente dilatado y, o no se aplicó bien o no se podía aplicar bien. Por esto hay que reformarla ahora.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López Veiga.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Unamunzaga. ¿Van a compartir turno? (Asentimiento.)

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Gracias, presidente. Arratsalde on; buenas tardes.

Voy a leer el título del proyecto de ley que estamos tratando hoy aquí, que, según aparece, es: de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Y he repetido el nombre para ver si realmente es de eso de lo que estamos hablando: de protección y uso sostenible del litoral; porque, siguiendo el debate, a mí me da la sensación de que el grupo proponente está hablando de un proyecto completamente diferente del que hemos leído los grupos de la oposición.

Partimos de la base de que la Ley de Costas de 1988, que está vigente todavía, resultaría modificada si se aprobase esta propuesta; una ley que sí estable unas premisas y unos objetivos de protección ambiental, que, aunque a nuestro entender son unas bases de mínimos que habría que desarrollar y acrecentar, resulta que quedan laminadas con este texto. Y esto es así porque nos encontramos con un proyecto de ley que no hace honor a su título ni en las formas ni en el fondo. La ley resultante de la aprobación de este proyecto de ley pasaría, de tener un carácter y unos objetivos de protección medioambiental, a tener un objetivo diferente: la solución de una serie de problemas particulares. Esta ley pasaría a dar un barniz legal a la destrucción de ecosistemas, a generar inseguridad, a mantener y fomentar la especulación urbanística. Es decir, lejos de posibilitar la protección y el uso sostenible del litoral, lo que se está haciendo con este texto es generar una insostenible inseguridad.

En resumen, una vez más, el Gobierno del Partido Popular, con su acción legislativa, lo que está haciendo es acrecentar problemas que existen y generar nuevos problemas. Esto es lo que va a ocurrir en caso de que prospere esta nueva redacción. Y afirmo esto porque el objetivo real que se persigue con este texto no es la protección de la costa, sino blindar la especulación; blindar la especulación: posibilitar la especulación, legalizar la especulación y animar la especulación. Parece mentira, señoras y señores del Partido Popular, que no hayan aprendido de lo que ocurrió




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con la burbuja inmobiliaria, que se inició con el Gobierno de José María Aznar, y no podemos ni queremos pasar por alto este hecho. Señoras y señores del Partido Popular, no cometan otro error más de semejante calado en esta materia.

En caso de no perseguir los objetivos que he enunciado anteriormente, es difícilmente entendible que propongan limitar dos elementos básicos de la defensa de la costa: el primero es la reducción de la servidumbre de protección de 100 a 20 metros, a lo que hay que sumar la ampliación de la moratoria y permitir el derecho a compra-venta; el segundo es permitir la subjetividad en un elemento clave, como es la definición de los bienes de dominio público del litoral. Con esta redacción se permiten las interpretaciones interesadas, se omite la objetividad, generando inseguridad jurídica; o es que me pueden responder a la pregunta: ¿son los chiringuitos bienes de dominio público? Este y otros elementos no quedan claros en este texto, de modo que lo que de verdad busca es atender a intereses particulares, a intereses concretos y a intereses conocidos. Y esta es también la única explicación que podemos encontrar al examinar las excepciones enunciadas en la proposición de ley; excepciones que ni son objetivas ni están motivadas por la protección del medio, sino que buscan dar una respuesta a intereses particulares y de privatización, en vez de buscar dar una respuesta eficaz a los intereses colectivos y a la protección del espacio público.

Debemos dejar claro que con este proyecto de ley se consigue sentenciar de muerte a ecosistemas y paisajes costeros, principalmente, marismas, salinas, dunas o acantilados. Miren, nosotros, en mi país, tenemos dos instrumentos de ordenación del litoral, que son los que determinan en nuestro territorio una mayor protección que la que ofrecen los instrumentos estatales vigentes hasta la fecha: por un lado, tenemos el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas y el Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral. Pues bien, este proyecto de ley va en contra del autogobierno vasco y genera un gran perjuicio ambiental a la costa vasca, ya que interfiere y puede poner en peligro ámbitos como Urdaibai, que es reserva de la biosfera, Txingudi, el Biotopo de Zumaia, Jaizkibel, y otras zonas de interés ambiental protegidas por nuestro plan territorial sectorial.

No quiero terminar sin dejar patente otro elemento importante que conlleva sumar un calificativo más a este proyecto de ley, que no es otro que el de imprudente. Efectivamente, no se puede calificar más que de imprudente ir en contra de la dirección y de las decisiones que la Unión Europea está adoptando en esta materia; imprudente por decisiones que van en contra del principio de protección, cuyo aumento es promulgado por la Unión Europea; e imprudente también por no ir de manera efectiva contra los efectos generados por el cambio climático. Y será responsabilidad directa de este Gobierno posibilitar más urbanización y perder capital natural, con las consecuentes reclamaciones que se pueden producir en un futuro. Señoras y señores del Partido Popular, no me pueden negar que este Gobierno es consciente del problema de los temporales y la subida del nivel de mar, y este texto que se propone no hace lo necesario para prevenir estos hechos.

Amaiur anuncia su voto en contra de este texto por dos motivos: primero, porque vuelve a atacar el principio de soberanía de nuestro pueblo, cuyo derecho a decidir y ordenar sobre sus costas y litorales queda de nuevo laminado; y, segundo, porque va en contra de la dirección que están adoptando los diferentes organismos internacionales y —repito una vez más— acrecienta los problemas existentes y genera otros nuevos que no había hasta ahora.

Mila esker; muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

Senador Quintero, tiene la palabra.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Señor López Veiga, la ley canaria se publicó cuando gobernaban el Partido Popular y Coalición Canaria. Hay que recordarlo para que, cuando hagamos alusiones al Gobierno de Canarias —hablando de esta o de otras leyes— recordemos también que, durante la pasada legislatura, el Partido Popular formaba parte de él; de modo que parte de la culpa será del Partido Popular.

Hace unas semanas, después del debate sobre el estado de la nación, las propuestas de resolución aprobadas por todos los grupos en el Parlamento de Canarias, incluido el Partido Popular, pedían las competencias exclusivas en costas y una definición especial para Canarias.




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Repito: lo pedían hace menos de un mes en el Parlamento de Canarias por iniciativa del Partido Popular; eso es una realidad que hoy no está cumpliendo el Gobierno, y lo pedían todos los grupos. ¿Por qué será que hoy, aquí, existen diferencias entre el Partido Socialista, el Partido Popular y otros partidos, mientras que en Canarias hay unanimidad sobre la Ley de Costas? Pues porque vivimos de frente y de espaldas al mar y porque la situación de Canarias es especial, y eso no se recoge aquí.

Yo entiendo lo que han dicho y entiendo que han hecho un esfuerzo, lo reconozco; pero la verdad es que no se ha reconocido la situación especial de Canarias. No se puede decir en los medios de comunicación que se ha reconocido y se ha recogido la singularidad canaria en esta ley. No está. Está genéricamente. ¿Que puede ayudar y que la enmienda 182 en el Congreso era restrictiva mientras que en el Senado el Partido Popular la enmienda en ponencia y la mejora sustancialmente? Ya dije que estaba de acuerdo, pero en comisión se autocorrigieron y no la mejoraron, sino que la complicaron mucho más. Esto es cierto también, y no lo digo yo, sino los catedráticos de Justicia de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas. Lo dicen ellos, no lo digo yo: que la complican y que no salvan casi nada de lo que no salvaba la Ley de 1988. Ya dije que era positiva la primera corrección, pero no la segunda.

Me pregunto por qué no se atiende una singularidad específica, que no está atendida, no se puede mentir. ¿Que no se ha podido? Podemos discutirlo, pero no está atendida. Sin embargo, en Canarias llegaron a un acuerdo hace un mes. Yo no me meto con ninguno de los núcleos que han excluido, ni con la isla de Formentera; pero también hay islas en Canarias, y no se ha hecho ninguna distinción especial. Eso es lo que reivindico. A lo mejor podrían haber puesto la generalidad, haber puesto todos los requisitos que cumplían esos 10 núcleos —que los entiendo, no critico que se haya hecho así—, y tanto la isla de Formentera como todos los que estuvieran en las mismas condiciones podrían acogerse; creo que es más democrático y más justo. Los requisitos los ha dicho usted, pero yo le puedo poner otros requisitos. Y me da pena que núcleos como el de mi isla, el Pozo de Las Calcosas —sobre el que les di un dossier a todos los portavoces de este Senado—, se queden fuera; le hacen un flaco favor a la historia, a la arquitectura, a las costumbres, a la cultura y a la identidad canaria. No se ha recogido y será culpa del Gobierno de España, culpa del Partido Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Tiene la palabra, senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Voy a ser muy breve, señor presidente, e intervendré desde el escaño para intentar rebatir, en el mismo tono cordial que ha utilizado el portavoz del Grupo Popular, alguna de sus afirmaciones.

En primer lugar… (Rumores.) Sí, me sale mejor cuando me cabreo, pero no tengo la obligación de cabrearme siempre. Cuando el portavoz del Grupo Popular hacía referencia a las responsabilidades del incumplimiento de la Ley de Costas, pudiera parecer que el Partido Popular nunca ha gobernado en este país. Ustedes tuvieron el Gobierno de la nación durante ocho años del período de vigencia de la Ley de Costas. Gobiernan y gobernaron en comunidades autónomas y en multitud de municipios costeros. Un mínimo ejercicio de autocrítica les hubiera podido llevar a asumir, al menos, la parte alícuota de responsabilidad por el incumplimiento de la Ley de Costas del año 1988.

Segunda consideración. Me parece una nueva vuelta de tuerca la interpretación que hace de la enmienda el portavoz del Grupo Popular cuando dice que debe ponerse en el mismo plano, al considerar si es susceptible de justificación la reducción a 20 metros de la franja de protección del suelo no urbano que cuenta con algún equipamiento urbano, que ese equipamiento haya sido fruto de la iniciativa municipal o fruto de una iniciativa particular. Pues no, no es lo mismo. Los ayuntamientos tienen la facultad de ordenación —planes de ordenación urbana y normas similares— de crear el espacio ordenado. Que la iniciativa sea municipal puede dar igualmente un resultado inaceptable, repudiable, pero cuenta al menos con la legitimidad democrática de haber sido elegidos sus representantes por los votos de los ciudadanos y, por lo tanto, de actuar amparados por esa representación. No es lo mismo si esa iniciativa, si ese servicio, es fruto de la iniciativa particular.




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Tercera y última consideración. Me decía el portavoz popular que no podía compartir la ampliación a 200 metros de la franja de protección y que me iba a costar mucho trabajo ir a Galicia a explicarlo. Es la Xunta de Galicia en este momento la que se está planteando una norma autonómica para ampliar eso. Y no me iba a costar ningún trabajo porque procedo de una comunidad autónoma que tiene un plan de ordenación del litoral, el POLA, con una franja de protección de 500; como la tiene ya también Andalucía, como hay normas autonómicas de protección que van más allá de los 100 metros en otras comunidades autónomas, se acaba de hacer referencia a Euskadi. Por lo tanto, ninguna dificultad de explicación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Buenas tardes de nuevo, señorías.

Primero quiero hacer una puntualización, señor López Veiga, porque, como no ha hablado de nuestras enmiendas, yo voy a hablar de la enmienda socialista, que es exactamente igual que la nuestra, la enmienda número 69, en la que se le da al delegado del Gobierno una potestad especial para anular los acuerdos. Señor López Veiga, con la norma actual, la Administración ya tiene la posibilidad de solicitar la suspensión de lo acordado, no hace falta que venga expresamente el delegado del Gobierno. Lo que hay que hacer es empezar con la suspensión de lo acordado, y eso es lo que no se ha hecho. Un privado no lo puede hacer, difícilmente podría hacerlo, porque tendría que poner mucho dinero para paralizar una obra, pero la Administración no tiene ningún problema. Eso lo hacen los ayuntamientos cada día.

Decía en los turnos anteriores que la Ley de 1988 ha fracasado. Ya he explicado antes por qué ha fracasado. Además, la Ley de 1988 no ha cumplido su función porque no se ha hecho cumplir y porque vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos; de esos ciudadanos y de esa gente humilde, senador López Veiga, como los de Moaña y como el resto también. Lo que habría que haber hecho es cambiar el concepto de la ley, ser serios con el concepto que tenemos que tener. La propiedad es la propiedad y el uso es el uso. ¿Cuántos vehículos hay en este país circulando por las carreteras? Millones; y esos se compran bajo una norma, se venden bajo una norma, se llevan a la chatarra bajo una norma, no se pueden usar de cualquier manera, y si no, no tenga usted ninguna duda de que aparecerá algún uniforme, en nuestro caso la Ertzaintza, que ya se lo hará recordar. Y si eso se puede hacer con vehículos privados, se puede hacer perfectamente con bienes inmuebles. Por tanto, lo que habría que haber hecho es cambiar la ley, cambiar el concepto de la ley, ser muy estrictos en el cumplimiento de esa ley, y discutir todos y llegar a acuerdos para ver qué queremos hacer con el litoral. Y si había que hacer excepciones, hacer excepciones o hacer legalizaciones, pero sesgún un criterio, como ha dicho el senador Narvay Quintero.

La Ley de 1988 lo hacía, y esta nueva ley vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos: el derecho a la propiedad privada, que se funda en la propia naturaleza humana y que es de origen natural, de orden natural, pero que está recogida en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 7, y sobre todo en el 17, que dice: «Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causas de utilidad pública en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida.» Y una concesión no es una justa indemnización por su pérdida. La Constitución Española, artículo 33: «Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por la ley.» Una concesión no es una indemnización. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, evidentemente.

En segundo lugar, la no retroactividad de la ley no se cumple. Artículo 9 de la Constitución de 1978, que tanto se suele citar en esta sala: «La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.» Y, claro, si leemos el




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artículo 8 de la Ley de 1988, que se traspone a esta norma sin cambio, dice: «No se admitirán más derechos que los de uso o aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la presente ley, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas por prolongadas que estas sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad.» Pues, sinceramente, la propiedad es uno de los pilares básicos de la sociedad que nos hemos dado; y, si no vamos a respetarla ahora en esto, mañana no lo haremos en otra cosa. Y las sociedades que no han respetado la propiedad privada han acabado como han acabado. Ahí tenemos unos cuantos experimentos que han vuelto al efecto contrario, al efecto rebote.

La Ley de 1988 —y esta— se amparaba en el artículo 132.2 de la Constitución, y está muy bien: «Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.» La clave está en la definición de zona marítimo-terrestre. La definición de la zona marítimo-terrestre, creo que la primera y desde luego la más importante legalmente, es la del artículo 1 de la Ley de Puertos de 1880, que dice: «Son de dominio nacional y uso público, sin perjuicio de los derechos que correspondan a los particulares, la zona marítimo-terrestre que es el espacio entre las zonas o fronteras marítimas del territorio español que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles a las mareas, y las mayores olas en los temporales, donde lo sean.» En fin, la retroactividad es evidente y no es menor. Y todo lo dicho no lo digo yo. Tenemos que volver a mencionar el informe Auken, en el que se basa la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo. Como aún me queda tiempo, lo voy a leer, porque lo mencionamos pero no lo leemos. Dicen así los dos considerandos, que son muy significativos: «Considerando que, en vista del actual trazado de la línea de demarcación, los afectados tienen la firme impresión de que se ha establecido de forma arbitraria, a expensas de los propietarios extranjeros, como por ejemplo la isla de Formentera.» Pero también a expensas de los ciudadanos no extranjeros. Está bien que defienda el informe Auken a los ciudadanos extranjeros, pero ¿y al resto?

Otro considerando: «Considerando que la mencionada Ley de Costas afecta de manera desproporcionada a los propietarios particulares de bienes cuyos derechos deberían verse plenamente respetados y, al mismo tiempo, no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción costera, responsables en muchos casos de los desarrollos urbanísticos excesivos en las costas, incluidos complejos vacacionales, y que estaban mejor situados para saber que su actuación era, sin duda, contraria a las disposiciones de las leyes en cuestión.» O sea, habla de los grandes, que es de lo que usted hablaba, señor López Veiga, y defiende a los pequeños, a la gente humilde; a esa es a la que defiende el informe Auken. Y, por supuesto, las peticiones: la 4, la 10 y la 14 están entre las más significativas. La 4 pide a las autoridades españolas que velen por que ningún acto administrativo que obligue a un ciudadano a ceder su propiedad privada adquirida legítimamente encuentre su fundamento jurídico en una ley adoptada después de la fecha de construcción de la citada propiedad. Ello sería contrario al principio de irretroactividad de los actos administrativos, que es un principio general del Derecho comunitario. Pero sobre todo, la petición número 22, que es la petición estrella del informe Auken, reconoce y apoya los esfuerzos de las autoridades españolas por proteger el medio ambiente costero y, allí donde sea posible, restaurar ese medio ambiente de forma favorable para la biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de fauna y flora; y, en este contexto, les insta a que revisen urgentemente, y en su caso modifiquen, la Ley de Costas, a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y los de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero. Por fin, hace hincapié en que dicha protección no debe concederse a proyectos de desarrollo especulativos y que no respeten las directivas de la Unión Europea en materia de medio ambiente. Creo que está claro. Eso dice el informe Auken, eso dice la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Y dice una cosa más en la petición 14, que creo también hay que tener en cuenta y que está muy bien traída, porque de esto se va a tener que hablar. Considera alarmante la falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español como un medio eficaz para obtener reparación y justicia. Creo que cualquiera que lea esto se dirá: ¿y esto? Pero ¿y ahora, qué pasa? Pues lo mismo; con la nueva norma va a pasar lo mismo, porque el concepto no ha cambiado. Se han metido todas las excepciones que ustedes quieran, pero el concepto no ha cambiado.




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Señorías, hay muchos, no uno ni dos, muchos bienes inmuebles con legítimos propietarios que se lo compraron a la Administración a finales del siglo XIX o a principios del XX. Se lo compraron y se lo pagaron. Y ahora, viene la Administración, y se lo quita: yo te lo vendí, yo te lo quito. Eso, en los crucigramas, señorías, sería: palabra de seis letras que define «yo te lo doy, yo te lo quito». Pues a mí solo se me ocurre una: estafa. Yo te lo vendo, ahora te lo quito, y depende de dónde estemos, te lo vuelvo a vender. Y como la Administración no puede hacer la transmisión gratis, salvo a otra Administración, te lo cobro. Y, por supuesto, vaya usted al Registro de la Propiedad, donde también tendrá que pagar, porque gratis no va a ser.

En fin, estamos en el último paso de la revisión de la ley. Yo quisiera saber con qué antecedentes comienza el PP la reforma de este tema, esencialmente en las dos últimas legislaturas. He comentado antes una proposición de ley en esta Cámara, cuyo discurso de presentación no voy a leer pero les pido lo lean, porque es importante: esa es la postura del Partido Popular. La senadora que pronunciaba el discurso les decía a los usuarios que estaban en la tribuna: «les aseguro que el Grupo Parlamentario Popular, al que represento, sabe que ustedes son víctimas de una aplicación torticera de la norma»; —una aplicación torticera de la norma—.

Y lo que más nos duele como grupo —esto también lo tengo que decir— es posiblemente la iniciativa de esta legislatura, febrero de 2012, presentada por la senadora Navarro, que nosotros enmendamos y apoyamos, y que se aprobó con una enmienda transaccional. La exposición de motivos decía: «Esto ha llevado a que en la actualidad exista medio millón de propietarios que han visto en los últimos años cómo sus viviendas pasan a dominio público, debido a la arbitrariedad del anterior Ejecutivo al aplicar la ley, incluso ignorando los derechos adquiridos por las propiedades más antiguas. Por otro lado, los aparentes cambios de criterio sobre la ocupación de las presas han llenado de inquietud e inseguridad a los representantes del sector hostelero.» Nosotros presentamos una enmienda.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente.

En el punto 2 de esa moción aprobada se decía: «Adecuar la compensación de los derechos adquiridos de buena fe y de forma legítima con anterioridad a la aplicación de la vigente ley, restableciendo la seguridad jurídica.» Una concesión no es una adecuada compensación, porque le estamos dejando a la gente que siga viviendo en lo que era propiedad suya. No sé, volvemos al crucigrama.

Esta es una moción de esta Cámara, de febrero de 2012, aprobada con el apoyo —creo— de tres o cuatro de los grupos aquí presentes y que el Partido Popular no ha cumplido cuando ha elaborado esta nueva ley, porque lo que ha hecho —y ya lo ha dicho el señor López Veiga— no es hacer una Ley de Costa, es reformar la anterior; reformar la anterior como mejor ha podido salir, pero no en el concepto. Ha sido un lifting, seguramente quedará bonito; pero, como no se ha reformado el concepto, dentro de nada podremos asistir de nuevo a otro cambio de la ley…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, gracias, señor presidente.

…a que se quiten esas excepciones y se pongan otras.

Señorías, había que trabajar el concepto, y no se hacho. Esta ley va a tener problemas, muchos; y muchos problemas jurídicos; va a acabar siendo la recomendación 14 del informe Auken.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

¿Grupo Parlamentario Entesa? (Denegaciones.)

No hay intervención.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidente.

Nuestra postura en la votación del proyecto de ley va a ser de abstención. Básicamente, porque no recoge nuestras principales reclamaciones, como dotarlo con la financiación suficiente




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para ejecutar la gestión del litoral y porque adolece —ya lo hemos manifestado al principio— de visión de conjunto a la hora de ordenar el litoral español y darle un tratamiento igualitario. A veces, hay que respetar singularidades; nos parece bien que no seamos todos iguales ante la ley, si reconocemos los derechos nacionales de algunos, eso puede ser positivo. Pero, al final, si nos ponemos a singularizar mucho, acabamos por no resolver la complejidad y por no tratar todas las situaciones que se dan en el litoral.

En el ámbito competencial, tampoco podemos estar de acuerdo en la posibilidad que se otorga al delegado del Gobierno de cada territorio de suspender acuerdos o actos que afecten a la integridad del dominio público marítimo—terrestre o a la servidumbre. La introducción de la cláusula anti—Algarrobico no tiene por qué ser necesaria en todos los territorios, porque ya existen algunos procedimientos, y, al final, con todas las garantías que ustedes quieran, se producirá invasión de competencias e intervendrán los tribunales de justicia. En cualquier caso, estaremos menoscabando la capacidad de decisión de las administraciones actuantes.

Es una ley que reforma y soluciona algunos problemas, pero no todos los que habíamos planteado, y lo deja todo al desarrollo de un futuro reglamento que resuelva las cuestiones que se han planteado aquí. Como he dicho, nos abstendremos en la votación.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Espadas.

El señor ESPADAS CEJAS: Gracias.

La verdad es que ha habido pocas respuestas del portavoz, señor López Veiga, a los planteamientos que hacíamos en las enmiendas. En cualquier caso, esto nos respalda en nuestro rechazo.

Los socialistas vamos a rechazar frontalmente este proyecto de ley; a nuestro juicio, pura privatización y uso del suelo litoral, que nos retrotrae, como en tantas cosas en esta legislatura, al pasado, a los errores cometidos en nuestras costas en los años setenta, a la especulación urbanística y, en definitiva, a propiciar que unos pocos se acaben cargando lo que es de todos.

Una vez más ustedes vienen a esta Cámara a imponer, con el rodillo de su mayoría absoluta, frente a otras fuerzas políticas —y a la vista está el respaldo que obtiene este proyecto—, sin diálogo, sin búsqueda alguna de consenso y sin aceptar enmiendas.

Señor López Veiga, el 21 de marzo, en relación con los núcleos, en su tierra, usted ya anunciaba su enmienda y la solución y la legalización para todos los casos —en este caso, en Galicia—, y lo hacía sin hablar con nadie, lo resolvía usted. La única pequeña cuestión que no ha aclarado aquí es que usted presentó una enmienda, la 182, que ha autoenmendado. Por lo tanto, si sube aquí —y, si no, su portavoz—, tendrá que explicar por qué ha autoenmendado lo que era la solución total y absoluta, y lo tendrá que explicar también allí en su tierra, y tendrán que explicar por qué, finalmente, en esa selección que ustedes han hecho, algunos núcleos no están incorporados; núcleos que probablemente entendieron que usted también iba a resolver el problema.

En cualquier caso, sin duda, es una desgracia comprobar que con proyectos de ley como este los ciudadanos pueden distinguir de forma meridiana qué significa que gobierne la derecha o la izquierda en este país, y qué entienden por proteger el patrimonio de todos —que es el litoral— el Partido Popular y el Partido Socialista. Aquí hoy pueden comprobar que no es lo mismo, sino que es bastante diferente. Cuando ustedes solitos, con sus votos, aprueben este texto habrán mandado al olvido una de las leyes más importantes del ordenamiento jurídico español de la democracia, pionera del derecho medioambiental en nuestro país, ambiciosa y que supo priorizar el interés general de los ciudadanos y de las generaciones venideras por encima de los intereses individuales y del desarrollismo depredador de recursos naturales, insostenible económica y socialmente.

Señorías, cuando en 1988 se aprobó la Ley de Costas que ustedes quieren modificar, la certeza del cambio climático no existía. Esta ley, persiguiendo devolver a los ciudadanos la titularidad pública del suelo litoral, defendiendo la fragilidad de la costa y la necesidad de frenar la ocupación masiva de la primera línea de costa, se convirtió en una norma adelantada a su tiempo. Durante estos años, es verdad, su aplicación —no la ley, su aplicación— no ha estado exenta de conflictos jurídicos legítimos por la propiedad de un complejo y lento proceso de deslinde; no ha




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podido impedir algunas barbaridades ligadas al urbanismo salvaje y muchas veces corrupto; pero también es verdad —y creo que es bueno reconocerlo— que, en paralelo, y como telón de fondo, ha servido, junto con otras normas de protección de espacios naturales y de ordenación del territorio, para conseguir que algunos lugares de nuestra costa se hayan salvado del ladrillo, y sobre todo para que en otros, el uso público o la recuperación ambiental y la generación de las playas haya sido una realidad.

Tras el paso dado en 1988, con la constatación evidente del error cometido en la Ley del Suelo de 1998, diez años después, con la práctica totalidad del dominio público deslindado, con todo lo que hoy sabemos sobre los efectos del cambio climático en nuestras costas en los próximos años y con la urgente necesidad de invertir en adaptación de nuestro territorio por sus consecuencias, solo cabía por parte de legislador, por parte de esta Cámara, por parte de las Cortes, ir más allá: más protección, blindar el dominio público marítimo-terrestre y actuar de forma proactiva frente al retroceso de la línea de costas por la elevación del nivel del mar, la pérdida de arenas o el aumento de temporales e inundaciones.

Pues no. Contra cualquier atisbo de sentido común, el Partido Popular, en vez de ir hacia adelante, como un Gobierno responsable, va hacia atrás; ignora el cambio climático —del que, por cierto, nunca más volvimos a oír hablar al presidente Rajoy—, y nos dice que, tras veinticuatro años de vigencia, la Ley de Costas está desconectada de la realidad y es conflictiva e ineficaz en la protección del litoral. La búsqueda de argumentos para justificar lo injustificable lleva al Partido Popular a afirmar que la ley ha generado en sus presentaciones una sensación de arbitrariedad en los deslindes y que estos, además, han sido muy conflictivos.

Pues bien, nos han dicho aquí que más del 95% de las reclamaciones han acabado en pronunciamientos judiciales en favor del Estado. ¿Por qué sigue alineándose el Partido Popular siempre por defecto con el que construyó en zonas de dominio público marítimo-terrestre, donde no debía y en contra del interés general —que también los hay, no todos son de buena fe—?¿Por qué? Solo leen del informe Auken lo que les interesa y utilizan el pretexto de resolver la situación de esos adquirentes de buena fe para declamar indultos a la carta sobre el régimen de protección del dominio público o favorecer proyectos o intereses particulares en el litoral con nombres y apellidos. ¿Por qué hacen esto? ¿Y por qué no dicen también que la señora Auken, recientemente de visita en España, ha dicho que no comparte esta forma de resolver el problema de la Ley de Costas?

Sin duda —y ustedes lo saben también—, la reforma de esta ley va a posibilitar nuevos pelotazos. ¿Y cómo se puede perpetrar semejante atraco al patrimonio de todos, que es nuestra costa, y encima querer invocar en la exposición de motivos que se hace en aras de la seguridad jurídica y del desarrollo sostenible? Señorías, digan la verdad; es más sencillo y más fácil. ¿Por qué, en vez de afirmar que hay demasiadas restricciones de uso privativo en las zonas de servidumbre, que es lo que ustedes piensan, no dicen que en la primera línea de costa es demasiado golosa y atractiva la inversión como para conservarla intacta? Esto es lo que realmente piensa el que ha escrito la reforma de la ley, esto es lo que piensan y lo que rezuma su proyecto de ley. Y ahora más, ¿no? Si con esto podemos decir que generamos empleo… Eso sí, a costa de lo que sea; y, como bien sabemos, tras esta crisis: pan para hoy y hambre para mañana.

Pues bien, señorías del Partido Popular, los adalides de la seguridad jurídica, con esta reforma legal sencillamente quieren consolidar situaciones de ilegalidad urbanística, buscar trajes a medida en ese escaso 4% de costa que queda por desligar, o asumir un coste económico para revisar la totalidad de los deslindes efectuados en estos años, que no sabemos si tienen claro quién va a poder pagar. En cualquier caso, lo que no han tenido en cuenta son los costes de no actuar en prevención y adaptación del cambio climático en nuestras costas, y este tendría que ser el objeto principal de la reforma de la Ley de Costas, y no otro. La reducción de la servidumbre a 20 metros y los efectos de aplicar este nuevo límite a los suelos que no tienen la condición de urbanos es, a mi juicio, a juicio del Grupo Socialista, un efecto llamada para terminar de colmatar la primera línea litoral.

Como se ha dicho aquí, durante estos años los socialistas hemos llevado a cabo en algunas comunidades autónomas donde gobernamos políticas de ordenación del territorio que en estos momentos sitúan la protección en 200 y 500 metros de la línea de costa. ¿Qué se está haciendo hoy aquí? Justamente lo contrario, posibilitar la reducción de zonas con servidumbre de protección




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y sacar terrenos del dominio público sin una justificación solvente. Entonces, ¿cómo se puede hablar tan alegremente de inseguridad jurídica? La Ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional y más del 95% de los recursos están a favor del Estado. ¿No será más bien, en definitiva, que lo que no acepta el Partido Popular es el enfoque constitucional garantista y protector, que fue el que dio nuestra Constitución a la costa, y que, lo que realmente quiere hacer es revisar esas situaciones que ustedes llaman de agravio o de discriminación, que al final acabarán generando más situaciones de conflicto? Esta era su prueba del algodón en materia de política medioambiental y, como no podía ser de otra manera, ustedes la han basado en aquello en lo que creen; muy poco en la defensa y en la protección. En vez de hacer una ley para defender el dominio público y sus concesionarios en los próximos años, el Partido Popular ha decidido, de forma temeraria, a mi juicio, ampliar los riesgos a más zonas del territorio, a más personas y durante más años. Y este despropósito, sin duda —y espero equivocarme—, tendrá consecuencias desgraciadamente, porque me temo que no habrá que esperar a sus famosos setenta y cinco años para ello. Luego no digan ustedes que no fueron responsables. Esta sí que va a ser su herencia.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Espadas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, como han intervenido los portavoces de los grupos, hacer algún planteamiento y alguna matización siempre es interesante.

Senador Quintero, en cuanto a su referencia a la enmienda 182, creo que queda muy claro que, efectivamente, la enmienda se autocorrige para seguir ayudando, como toca, como queremos, a Canarias pero además para evitar una cuestión que nos parecía que debía evitarse, que es la posibilidad de introducir nuevas construcciones en ese ámbito. Esa es la razón fundamental, clarísima de por qué se introduce esa modificación.

Por otra parte, senador Quintero, la ley canaria es una ley del Parlamento canario, no es una ley del Gobierno. Creo que ha cometido usted un error importante de apreciación. Además, por lo que sé, lo que se aprobó en el Parlamento de Canarias es que se realizara un censo de núcleos y que se modificara la ley para protegerlos, que es precisamente lo que estamos haciendo con esta enmienda, que queda redactada del mismo modo que la número 182. Esa es una matización que quiero dejar clara.

Señor Iglesias, los servicios son los servicios y funcionan, sean públicos o privados; y, por lo tanto, el núcleo que cuenta con esos servicios, efectivamente está funcionando de acuerdo con lo que hemos establecido en el proyecto de ley. Nosotros entendemos que la forma en que se presta el servicio en este momento es lo mismo; es un servicio que se da y, por tanto, debemos entender que esos núcleos cuentan con él.

Señor Cazalis, una vez más quiero agradecerle el enorme esfuerzo que hemos hecho para intentar llegar a acuerdos. No ha sido posible, señor Cazalis, pero no ha sido por falta de voluntad en ningún momento, y usted lo sabe muy bien. Además, he de decirle que nosotros, como no puede ser de otra manera, compartimos de forma clara el concepto de propiedad, y entendemos que con la redacción de esta norma, en lo que respecta a los casos que hemos venido comentando, se puede defender perfectamente. Por tanto, en algunos casos es propiedad y en otros es, como usted bien ha dicho, esa concesión a setenta y cinco años, que para la situación en concreto que se presenta es una solución buena frente a otras soluciones que usted sabe que venían de otros lados y con otra ley que tenía otras intenciones más claras. Por tanto, le agradecemos de verdad el ambiente de diálogo que ha existido y he de confirmarle que, efectivamente, nosotros nos sentimos satisfechos con la redacción que se está dando a este proyecto de ley.

Al señor Maluquer, de Convergència i Unió, he de hablarle en los mismos términos. Igualmente, hemos trabajado mucho, creo que el Senado ha trabajado mucho y ustedes lo han hecho especialmente porque han contribuido con planteamientos, algunos de los cuales, como usted bien ha dicho, se han introducido directamente en las enmiendas que hemos presentado los grupos, otros han sido transaccionados y al final hemos conseguido que bastantes de sus propuestas se hayan incorporado al texto.




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Dice usted que se va a abstener y a mí me hubiera gustado más que hubiera votado a favor, pero esa es su decisión que, como no puede ser de otra manera, y con mi talante —que ya conoce— respeto absolutamente.

Quiero dejar claro al Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya —porque no lo hemos hecho antes— que sí se ha reunido el Consejo Asesor de Medio Ambiente y que la organización que ustedes mencionaban formó parte de esas reuniones. En este sentido, dispongo de las fechas en que se celebraron dichas reuniones del Consejo Asesor de Medio Ambiente, y las citaré aquí para que quede constancia en el acta: el 1 de marzo, el 24 de julio y el 17 de septiembre. Son tres reuniones del Consejo Asesor de Medio Ambiente en las que participaron los colectivos que hemos comentado.

Al senador Espadas, del Grupo Parlamentario Socialista, he de decirle que ha cambiado un poco de talante entre la primera y la segunda intervención. Al final, señor Espadas, les veo un poco dolidos por tener que decir adiós a una ley que ustedes elaboraron. En cualquier caso, he de decir que era mala y que su aplicación fue peor; pero, insisto, la ley no era buena, y no es que lo diga yo, lo dice la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y todas las quejas que se han elevado. Por tanto, había que cambiarla. Y fíjese, nosotros no hemos apartado una ley para hacer otra sino que hemos hecho una reforma de la ley, como también se ha dicho aquí. Por lo tanto, no es una cuestión, como usted quiere aparentar, de sectarismo, entre comillas. No, no; hemos reformado la ley en los términos en que nosotros creíamos que era importante hacerlo para dar solución a algunas cuestiones a las que no dio respuesta ni la ley ni su ejercicio de Gobierno. Y cuando dan argumentos es cuando, efectivamente, se ve que ustedes están más preocupados por lo que ha pasado con la ley, por el cambio en la ley, que por conocer qué pasa con la nueva redacción. Le voy a citar un par cosas que ha dicho usted. Nosotros no hemos cambiado el concepto de zona marítimoterrestre, lo que hacemos con esta nueva redacción es concretar su alcance; no hemos cambiado el concepto; en absoluto. Usted ha dicho aquí que hemos cambiado el concepto como argumento para posicionarse en contra. No; hemos concretado su alcance.

Segunda cuestión. Usted ha hecho referencia, por ejemplo, a un tema muy concreto, el de las dunas, incluso ha hablado de las dunas móviles. Y ahí es donde se les pilla. Se trata de buscar argumentos para decir que no. ¿Sabe usted de dónde viene la redacción que hay en este momento en la ley? ¿Quiere que se lo diga? ¿Conoce el reglamento que ustedes hicieron en 1989? Pues es exactamente la definición que hoy se incluye en la ley. Es decir, usted está en contra hasta de lo que ustedes hicieron. Fíjese qué cosa más curiosa y más terrible, y solo para buscar argumentos, señor Espadas.

Y de rodillo, nada. Este portavoz ofreció a todos los grupos parlamentarios la posibilidad de tratar cuantas cuestiones quisieran. ¿Sabe usted cuál fue uno de los pocos grupos que no presentó ni una sola propuesta para dialogar sobre ella? ¿Se lo digo? El suyo. Por lo tanto, no hable usted de rodillo, porque hemos dialogado con casi todos los grupos del Parlamento, menos con ustedes, porque no han querido dialogar. Se han negado desde el primer momento a hablar con nosotros sobre esta ley, porque, insisto, a ustedes lo único que les preocupa es que se cambia algo que hicieron ustedes. Ese es su talante y esta es la situación que hay.

Voy a terminar con una sola cuestión, con el concepto que usted ha querido traer aquí de derechas e izquierdas. Evidentemente, somos un partido reformista, creo que eso ha quedado bastante claro. Usted ha hecho alusión a nuestro comportamiento y le diré que con el tema de las costas, pasa lo mismo que en España. Pasa lo mismo con la Ley de Costas y con su ejercicio de Gobierno en dicha ley que con el tema económico. España arruinada y la costa española hecha trizas. Eso es lo que ustedes, de alguna manera, hicieron.

Por lo tanto, claro que hay un comportamiento distinto, una forma de actuar diferente y unos resultados distintos en el concepto —que usted ha querido expresar aquí— cuando actúa la derecha y cuando actúa la izquierda. Claro que sí. Mire, la izquierda significó, y lo he comentado en la primera intervención, Algarrobicos y Villa PSOE, ¿se acuerda usted?, derribos y trato inadecuado a los ciudadanos, ¿se acuerda usted? Lo conté antes: la Guardia Civil, derribos y demás. La derecha significa soluciones para los ciudadanos y una protección de la costa muchísimo mejor. Esta es, efectivamente, la diferencia entre la derecha y la izquierda, y, desde




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luego, negarse a dialogar, señor Espadas, nunca es bueno. No culpen a los demás de lo que ustedes no han querido hacer.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas. Saben ustedes que las que resulten aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al dictamen del Pleno.

Comenzamos con las enmiendas de los senadores Quintero y Zerolo, del Grupo Parlamentario Mixto.

En primer lugar, votamos la enmienda número 26.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 7; en contra, 154; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 27.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 73; en contra, 153; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 28.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 20; en contra, 207; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 29.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 7; en contra, 219; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 30, 32, 39 y 40.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 228; a favor, 22; en contra, 139; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 31 y 34.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 22; en contra, 205; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 33, 37 y 44.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 86; en contra, 141; abstenciones, 3.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 35.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 2; en contra, 225; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 36.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 7; en contra, 154; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 38.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 7; en contra, 220; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 41.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 20; en contra, 207; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 42.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 7; en contra, 141; abstenciones, 82.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 45.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 7; en contra, 154; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comenzamos votando las números 1, 3 y 25.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 3; en contra, 158; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 2, 4 a 9, 12 y 14 a 16.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 66; en contra, 159; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 10.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 86; en contra, 141; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 11.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 66; en contra, 159; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 13 y 22.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 3; en contra, 222; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 17.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 16; en contra, 146; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos las enmiendas números 18, 20 y 21.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 86; en contra, 141; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos la enmienda número 19.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 21; en contra, 142; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 23.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 8; en contra, 141; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 24.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 3; en contra, 217; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Empezamos por las números 46, 49 y 52 a 55.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 86; en contra, 141; abstenciones, 3.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 47, 50 y 51.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 7; en contra, 207; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Finalmente, votamos la enmienda número 48.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 19; en contra, 142; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya comenzamos votando las enmiendas números 83, 89 y 91.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 71; en contra, 154; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 84.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 81; en contra, 146; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 85, 88, 90, 92 a 98 y 100.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 67; en contra, 158; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 99.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 80; en contra, 141; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 101, 103, 107 y 123.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 3; en contra, 160; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 102, 104 a 106 y 108 a 110.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 66; en contra, 158; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 111, 116, 118 y 119.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 84; en contra, 141; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 112 y 113.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 66; en contra, 159; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 114 y la 120.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 3; en contra, 222; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos la 115.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 16; en contra, 146; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 117.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 21; en contra, 138; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la 121.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 8; en contra, 141; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la 122.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 8; en contra, 216; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. La número 131 soporta una transaccional y la votaremos al final.

Comenzamos votando las números 124, 125, 127, 129, 130, 132, 138 a 141, 144 a 149, 151, 152, 154 a 156, 158 a 163 y 166.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 20; en contra, 206; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos, a continuación, la 126, 128, 133 a 137, 142, 143, 157 y 167.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 20; en contra, 142; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos la 150 y la 153.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 84; en contra, 141; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos la 164 y la 168.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 28; en contra, 197; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista comenzamos votando las números 56, 58 a 62, 64 a 66, 70 a 72 y 74 a 78.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 66; en contra, 159; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 57, 63, 67 a 69 y 73.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 71; en contra, 153; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 79.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 56; en contra, 165; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la enmienda número 80.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 85; en contra, 141; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la enmienda número 81.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 71; en contra, 154; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la enmienda número 82.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 66; en contra, 158; abstenciones, 5.




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El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos a continuación la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 174, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 141; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos a continuación la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 172, 173, 175, transaccional sobre la número 178, 181, 182 y 185, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 232; a favor, 73; en contra, 155; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos a continuación la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 176, 177 y 180, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 234; a favor, 90; en contra, 141; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos a continuación la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 179, 183 y 184, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 233; a favor, 74; en contra, 154; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos a continuación la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 169 a 171, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 234; a favor, 77; en contra, 141; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos a continuación, señorías, la transaccional sobre la enmienda número 165, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 228; a favor, 141; en contra, 84; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos a continuación, señorías, las propuestas de modificación del dictamen. En primer lugar, la número de registro 37484, corrección de errores, firmada por todos los grupos parlamentarios.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 232; a favor, 229; en contra, 3.




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El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos a continuación la que lleva número de registro 37509 sobre la enmienda número 131 del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, firmada por cuatro grupos parlamentarios.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 158; en contra, 69; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Señorías, votamos a continuación en un solo acto el resto del proyecto de ley. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 234; a favor, 143; en contra, 77; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey. (Aplausos.)

8. TRIBUNAL DE CUENTAS

8.1. DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

8.1.1. DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS.

(Núm. exp. 770/000002)

AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto octavo del orden del día: Tribunal de Cuentas.

En turno a favor tiene la palabra el senador Parro.

El señor PARRO DEL PRADO: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición de voto favorable del Grupo Parlamentario Popular respecto a la declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2010 y sobre la resolución que sobre ella la Comisión Mixta Congreso-Senado ha tenido a bien realizar en cuanto a las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Señorías, estamos ante una declaración del Tribunal de Cuentas que pone de manifiesto que la política desarrollada en 2010 por el Gobierno socialista puede calificarse, como se puede demostrar, de temeraria, y cuya consecuencia inmediata fue la entrega a finales de 2011 de un país en estado de ruina, de un país en estado de coma. Por tales datos nuestro voto debería ser en contra, pero por un ejercicio de responsabilidad política, y atendiendo a lo que realmente votamos, que es el informe del Tribunal de Cuentas, y por estar de acuerdo con él, nuestro voto va a ser favorable.

Aprobar estas cuentas no implica desconocer el cúmulo de incumplimientos, de errores, de opacidades e irregularidades contables que utilizó el Gobierno del PSOE para ocultar su mala gestión y que el tribunal ha sabido poner de manifiesto. Votamos a favor sobre todo por el informe en sí y también por las propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos y aprobadas en comisión.

Comenzaré haciendo un recordatorio casi lapidario. En 2010 el presidente Rodríguez Zapatero se atrevió a decir que superaríamos a Alemania en renta per cápita; sin embargo, acabamos con un déficit del 9,3% y casi 100 000 millones de aumento de deuda. Algunos datos ponen de manifiesto la mala gestión.




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2010 fue el año en el que se incrementó el índice de pobreza en un 20%; 2010 fue el año en el que se cerraron 264 empresas cada día; en 2010 hubo 93 622 ejecuciones hipotecarias y casi 50 000 desahucios; 2010 fue el año en el que se comercializaron las participaciones preferentes bancarias. Sin embargo, 2010 no es el año en el que se tramitara ninguna ley ni ningún decreto que viniera a solucionar estos gravísimos problemas, pero también es el año en el que no hubo ningún insulto, ninguna coacción a diputados o senadores socialistas. ¡Faltaría más!, ¡claro que no los hubo!

Algunos aspectos de la Cuenta preocuparon demasiado y preocupan demasiado: 57 entidades incumplieron su obligación de rendir cuentas, entre ellas Acuamed, Loterías y Apuestas del Estado o el propio Sepes; de la Cuenta, el tribunal señala que supone una preocupación muy importante la hipoteca que se deja para el futuro de las pensiones, y que el Gobierno en 2010 no había aplicado el principio de separación de fuentes de financiación del Sistema de la Seguridad Social, dando lugar al pago de prestaciones y pensiones no contributivas con recursos de naturaleza contributiva.

Con España en crisis y en recesión se elaboraron presupuestos nada menos que con un incremento del 15% en el gasto, porque decían que se preveía que España iba a recuperar todo el resultado de 2009 negativo y rápidamente en 2010 saldríamos de la crisis. Si embargo, la Cuenta señala que no fue suficiente el incremento del 15% en la partida de gastos, sino que 10 028 millones más de euros pasaron a la desviación del propio gasto.

El Tribunal de Cuentas señala que hubo una gran ineficacia en la gestión del cobro de deudas tributarias. Los presupuestos recogían derechos a cobrar de presupuestos cerrados por un total de 54 951 millones de euros, pero solamente fueron capaces de recaudar un escaso 14% de esa cantidad: de 54 000 millones no se llegó a 8000 millones de recaudación.

Los gastos comprometidos con cargo a presupuestos posteriores suponen, ni más ni menos a cierre del ejercicio, 683 714 millones de euros, incrementándose con respecto al año anterior en 83 416 millones. Y lo que es más grave, este aumento supuso una carga financiera que tuvo un incremento del 13%, y eso que 2010 fue el año en el que la inversión disminuyó un 34% o en el que el gasto de I+D+i disminuyó en un 24%.

A 31 de diciembre de 2010 las obligaciones pendientes de pago se elevaron nada más y nada menos que a 21 100 millones de euros, o sea, no es bastante con lo que dejaron, sino que quedaron muchas facturas en el cajón para el año siguiente, exactamente 21 109 millones según el Tribunal de Cuentas.

El escaso rigor en la previsión de ingresos con respecto a lo que se presupuestó en IVA, llevó a que 15 563 millones de euros dejaron de cobrarse sobre lo previsto. Y, por ejemplo, en las previsiones de ingresos por parte de lo proveniente de la Unión Europea, el 40% de esas previsiones no fueron cobradas porque no podían ser cobradas. Esto produjo unas desviaciones en cascada sobre los dineros a cuenta entregados a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que, finalmente, tuvieron que devolver.

La declaración de la Cuenta de 2010 denuncia la existencia de una sobrevaloración de los resultados económicos patrimoniales por un valor de 5109 millones de euros, que tiene que ser soportada por los ejercicios venideros. Una Cuenta, señorías, que pone de manifiesto una gestión pública temeraria, donde, en resumen, se puede decir que el déficit llega al 9,30%, sin incluir 21 109 millones pendientes de pago, y que el aumento de la deuda es de 83 416 millones, alcanzando un total de 683 714 millones.

Esto es parte de esa herencia recibida que dio lugar a que en los años 2009 y 2010 se produjera la debacle económica y, por tanto, del bienestar social en España que hoy estamos sufriendo.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barro.

Turno en contra. (Denegaciones.)

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Brugera.




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El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir desde el escaño con la máxima brevedad posible. En primer lugar, quiero valorar y felicitar al Tribunal de Cuentas por su informe que nos parece objetivo, riguroso y que analiza los aspectos más importantes de la Cuenta del Estado, correspondiente al ejercicio de 2010 y, a su vez, quiero valorar y felicitar a su presidente por el documento y también por su intervención pedagógica en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

En segundo lugar, quiero contextualizar, desde un punto de vista temporal, la Cuenta que estamos analizando. En los años 2005, 2006, e incluso 2007, las cuentas fueron positivas y se cerraron los ejercicios con superávit. Fue el año 2008 cuando empezó a revertir la situación por las causas que todos conocemos, y en 2009 y 2010, efectivamente, en plena crisis, se acentuó el problema en un periodo de disminución de ingresos como consecuencia de la recesión económica, del retraimiento del consumo y del aumento de gasto, especialmente debido al incremento del desempleo y a la deuda pública. Por tanto, consideramos importante tener en cuenta el contexto económico en el que se produjo el cierre del ejercicio contable del año 2010.

Entrando ya más en el fondo del asunto, quiero destacar, en primer lugar, que el Gobierno entregó en tiempo y forma la Cuenta General del Estado, de acuerdo con los plazos legalmente establecidos, concretamente el 31 de octubre del año 2011. Se trata, por tanto, de un documento contable que refleja, desde nuestro punto de vista, de una manera adecuada la actividad económica y financiera del sector público estatal en 2010 y, como se sabe, la Cuenta General del Estado refleja, a su vez, la cuenta general del sector público administrativo, del sector público empresarial y del sector público fundacional.

En cuanto al primero, al sector público administrativo, quiero poner de relieve, en primer lugar, que todas las entidades públicas presentaron sus cuentas anuales al tribunal aunque, y esto hay que decirlo, unas pocas lo hicieron fuera de plazo. Por tanto, es un asunto a resolver que fue fruto, por cierto, de uno de los acuerdos de las propuestas de resolución que se aprobaron en la comisión mixta.

En segundo lugar, se cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria, es decir, el cumplimiento del límite de gasto, y se produjeron desviaciones en las políticas de gasto, especialmente debidas a la deuda pública, las pensiones, servicios sociales o subsidio de desempleo. Asimismo, hubo desviaciones en gastos no previstos como, por ejemplo, las aportaciones al Fondo de Apoyo a la República Helénica, para entendernos, al rescate de Grecia, una cantidad que para el Estado español no es menor, casi 10 000 millones de euros, y también se produjo una desviación presupuestaria de la Seguridad Social en 4000 millones de euros, el 0,4% del PIB, debido, evidentemente, a que hay menos cotizantes y más beneficiarios de las prestaciones por desempleo y, por lo tanto, se tuvo que acudir al Fondo de Reserva y al Fondo de Prevención. Por consiguiente, aumento de gasto fundamentalmente y reducción de ingresos, básicamente debido al contexto de crisis económica.

En cuanto al sector público empresarial, cabe destacar que el año 2010 fue el primer ejercicio en que las empresas de este sector rindieron sus cuentas desde un punto de vista telemático, y esto quiero ponerlo de relieve por su importancia puesto que facilitó enormemente y simplificó los trámites de rendición de cuentas del conjunto empresarial del sector público, hasta el punto de que el incumplimiento de presentación de sus balances en tiempo y forma se redujo un 50% y que únicamente —no es para alegrarnos— fueron 8 las entidades que no lo presentaron.

Y hay que decir que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha dicho que algunas de estas empresas no habían rendido cuentas. No es verdad —por ejemplo, Loterías y Apuestas del Estado— que no rindieran cuentas, sino que lo hicieron con un cierto retraso respecto al tiempo que tenían fijado. En su conjunto, el sector público empresarial obtuvo un resultado positivo de 6 millones de euros. Si incluyéramos la empresa de Loterías y Apuestas del Estado llegaríamos a casi 3000 millones de euros, que no se contabilizaron por el hecho que he señalado anteriormente, y es que presentaron sus cuentas con un cierto retraso.

En cuanto al sector público fundacional, quiero indicar muy brevemente que no rindieron sus cuentas 8 fundaciones que representan un porcentaje muy pequeño.

En definitiva —y termino, señor presidente, señorías—, nuestro grupo parlamentario aprueba el dictamen emitido, votado y aprobado en su momento en el seno de la Comisión Mixta para el




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Tribunal de Cuentas junto con las propuestas de resolución que también se debatieron y se aprobaron unánimemente.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

También intervengo desde el escaño, con el ánimo de ser breve.

Ya les avanzo que vamos a apoyar esta propuesta de la Cuenta General del Estado de 2010 y las propuestas de resolución que aprobamos la mayoría de grupos en la comisión mixta. No obstante, voy a dedicar unos breves minutos a hacer unas reflexiones, quizás en un tono ni tan pesimista como he oído en la primera intervención, ni tan optimista como en esta segunda. En todo caso, quiero constatar algunas cifras y algunos datos, porque cuando en algún momento se acusa a otros niveles de la Administración —comunidades autónomas y corporaciones locales— de que no cumplen, que no rinden cuentas, que no respetan los plazos, habrá que tener en cuenta que para hacer estos reproches hay que dar ejemplo y la Administración central no da ejemplo, y no lo da porque del sector público administrativo prácticamente el 25% de las entidades rinde cuentas fuera de plazo; 14 entidades incumplen la obligación de publicar el resumen de cuentas anuales en el Boletín Oficial del Estado. La auditoría de estas entidades que forman parte del sector público administrativo, cuando es obligatorio, en 52 ocasiones para 52 entidades es favorable con salvedades y para 4 se les deniega la opinión.

En el sector público empresarial tenemos una situación similar. El 26% de las entidades del sector público empresarial rinden cuentas fuera de plazo, 8 entidades no rinden cuentas, de las cuales, curiosamente, 3 con domicilio en el extranjero.

En el sector público fundacional son 8 las entidades que no rinden cuentas, 8 en las que la Administración central es responsable.

Expongo estos datos simplemente para dejar constancia. Ya sé que me van a decir desde el Partido Popular que esto era responsabilidad de otro Gobierno, y yo les digo que sí, que es verdad, pero que pronto vamos a tener cuentas generales de años donde la responsabilidad sí va a ser de este Gobierno. Y es importante que tengan este dato cuando insisten en que las comunidades autónomas están fuera de control porque no rinden cuentas o algunas corporaciones locales son un desastre porque no rinden cuentas. También la situación de la Administración General es francamente mejorable.

En los datos no voy a insistir. Simplemente quiero dejar constancia porque esta mañana también se ha generado un pequeño debate respecto a si la Administración central contribuía o no a la reducción del déficit. Estamos presentando la Cuenta General para el 2010, que establece que la Administración central había generado un déficit de un 5%. Aquí queda el dato. Veremos cuando presentemos la del 2011 que va a ser un 5,1%. Por tanto, reducción prácticamente nula. También tienen los datos del 2012 y pueden valorar qué reducción se produce. En todo caso, no es objeto de debate.

En relación con las resoluciones, aunque alguna no fue apoyada por mi grupo en la Comisión Mixta, vamos a apoyarlas todas y aprobarlas. No obstante, echamos en falta algunas y no voy a ser exhaustivo, pero sí quiero mencionar una porque me quisiera equivocar, no sea que nos tengamos que acordar de esta durante los próximos años. En una de nuestras propuestas de resolución instábamos al Gobierno a revisar la política de concentración de la inversión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en deuda pública española. Entendemos que este porcentaje es demasiado elevado. En el 2009 este porcentaje era del 77%, en el 2010 se incrementa al 88% y entendemos que en el 2011 todavía se va a incrementar más. Así, como establece la misma ley que regula el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, las inversiones se deberían efectuar de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad y diversificación, y cuando uno concentra el 90% de su inversión en un tipo de activo donde el que responde es el mismo Estado español, seguramente el criterio de diversificación no lo cumple.

En todo caso, quisiera terminar mi intervención agradeciendo el trabajo del Tribunal de Cuentas, de todo su personal, de su presidente, como dejé constancia en la Comisión Mixta, por




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la elaboración de esta Cuenta General en el plazo más breve posible. Esperemos que también estos plazos se puedan ir acortando, aunque ya no queda mucho margen, en próximos ejercicios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista intervengo en este debate correspondiente a la Cuenta General del Estado del ejercicio 2010, siendo procedente destacar por su importancia las casi cincuenta propuestas de resolución aprobadas por la totalidad de los diferentes grupos parlamentarios integrantes de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Entrando en el debate que nos ocupa quiero recordar que la Cuenta General del Estado es un documento contable —no se nos debe olvidar— que resume las actividades financieras del Estado y que refleja el resultado obtenido en la ejecución de la ley del presupuesto durante un ejercicio económico. Respecto de este documento hay que destacar que el Tribunal de Cuentas indica claramente que su estructura y contenido son los de aplicación y que es coherente internamente, como ya han dicho anteriormente mis compañeros. En él se integra la Cuenta General del sector público, la Cuenta General del sector público empresarial y la Cuenta General del sector público fundacional, elaborándose estas por la Intervención General del Estado según la normativa aplicable. En el apartado de la Cuenta General del sector público administrativo aparece que todas las entidades públicas que forman parte de esta Cuenta han cumplido con su obligación de rendir cuentas a este tribunal, y algunas de estas entidades —hay que destacar que son las mínimas— es verdad que lo han hecho fuera de plazo.

Analizando algunos datos importantes es necesario resaltar, en cuanto al cumplimiento del límite de gasto, las obligaciones reconocidas netas que resultaron inferiores al límite fijado. Respecto al análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el resultado del ejercicio de 2010 en términos de contabilidad nacional, por lo que se refiere a la Cuenta General del Estado, presenta un déficit, una necesidad de financiación de 54 779 millones de euros, lo que representa un 5,21% del producto interior bruto con una desviación positiva de 0,49 puntos del PIB respecto del objetivo fijado: déficit del 5,7%, habiéndose cumplido, en consecuencia, el objetivo de déficit previsto.

En cuanto a la Cuenta General del sector público administrativo, puede observarse en el anexo que se comprenden en el ejercicio para 2010 las cuentas individuales de la Administración General del Estado, 61 organismos autónomos estatales, de un total de 69; las entidades del Sistema de la Seguridad Social, sus 4 entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social; 20 mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 3 centros y entidades mancomunadas con personalidad jurídica propia de un total de cuatro. Siete agencias estatales, 16 organismos públicos de un total de 19 que aplican las normas de contabilidad derivadas del Plan General de Contabilidad Pública y 9 consorcios de un total de 13 de los contemplados en el artículo 2.1 de la Ley General Presupuestaria.

En la Cuenta General del sector público empresarial figuran incluidas las de los nueve grupos consolidados y 18 entidades individuales, cuyo informe de auditoría expresa una opinión favorable con alguna salvedad.

En relación con la Cuenta General del sector público fundacional, conforme a la información contenida en la memoria, se han integrado 38 fundaciones del sector público estatal en cuyos respectivos informes de auditoría se emitía una opinión favorable también y cuatro fundaciones cuyos informes de auditoría expresaban una opinión favorable con alguna salvedad.

El ejercicio de 2010, como todos sabemos, fue complicado y de una inestabilidad financiera generalizada que afectó con especial virulencia a los países del sur de la Unión Europea. Fruto de esta situación, en la Cuenta General se reflejan, como también se ha indicado aquí, las mayores desviaciones de las políticas de gasto sobre las dotaciones crediticias de deuda pública: una de 10 000 millones de euros para los gastos no previstos, de los cuales casi 9800, como muy bien se ha dicho, corresponden al Fondo de Apoyo a nuestros compañeros de Grecia, y otra en la gestión y administración de la Seguridad Social por materialización del Fondo de Reserva y Fondo




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de rehabilitación de la Seguridad Social. La situación obligó a llevar a cabo una actuación inmediata que absorbió la mayor parte del importe presupuestario para la protección y promoción social, un incremento necesario para la sociedad española en políticas de pensiones, servicios sociales, desempleo, gestión y administración de la Seguridad Social, administración financiera, tributaria y deuda pública.

En resumen, se dio una fuerte prioridad a la cobertura social en detrimento de otras actuaciones, las cuales —también debemos de reconocer— padecieron esta responsabilidad social independientemente de que en anteriores ejercicios fiscales hubieran sido las receptoras de fuertes incrementos, como habían sido los transportes, las infraestructuras públicas o la investigación. Incluso con esta situación se cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria en cuanto al límite de gasto y las obligaciones reconocidas netas resultaron inferiores también al importe fijado.

No podemos dejar pasar que en la Cuenta General del sector público empresarial la cuenta de pérdidas y ganancias agregada ofrece un resultado positivo atribuido al Estado de 6 millones de euros, cantidad positiva que hubiera superado los más de 2600 millones de euros si se hubieran integrado las sociedades públicas empresariales que rindieron cuentas con posterioridad a la fecha de elaboración de esta Cuenta General, entre las que destacamos, como también se ha indicado, los beneficios de Loterías y Apuestas del Estado por importe de 2594 millones de euros.

En la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, como he indicado al principio de mi intervención, se aprobaron 50 propuestas de resolución —o 49 más la que corresponde a la aprobación por parte de todos de esta Cuenta General— en las cuales el Partido Socialista Obrero Español incluyó a través del consenso 12 de estas resoluciones.

En esta sociedad en la que vivimos, reflejo de una sociedad dinámica que se moviliza y solicita cambios, entiendo que a la mayoría nos gustaría que la presentación de una Cuenta General de una Administración pública, en este caso, la estatal, se pudiera debatir y valorar reduciendo ampliamente los actuales tiempos. Pero no debemos olvidar que estos plazos se encuentran dentro de los establecidos para su rendición y su fiscalización, primero, por la Intervención General del Estado y, posteriormente, por el Tribunal de Cuentas, donde prácticamente se utiliza, como establece la ley, un año fiscal completo, al que hay que sumar su posterior fiscalización.

Llegado a este punto —y como también se ha dicho en este tribuna—, es necesario agradecer el excelente trabajo llevado a cabo tanto por la Intervención General del Estado como por los miembros del Tribunal de Cuentas. Por eso, quiero trasladar desde aquí una felicitación muy especial al presidente del Tribunal de Cuentas. También es necesario destacar el buen hacer y, por lo tanto, el ambiente de consenso que suele reinar entre los diferentes grupos políticos y que, a su vez, suele arropar la inmensa mayoría de los asuntos tratados en esa Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, y que fruto de ese consenso y de ese trabajo conjunto, hoy, desde aquí, entendemos —y aprovecho para emplazar al resto de los grupos políticos— que es necesario iniciar una nueva andadura para dar respuesta a los ciudadanos que en este país nos vienen demandando agilidad y que no entienden cómo se puede aprobar una Cuenta General del Estado pasados, prácticamente, dos años y medio, o de una autonomía, o incluso de un ayuntamiento.

En este momento histórico entendemos que se debe mejorar y hoy, desde aquí, quiero aprovechar para que esta Cámara sea la protagonista y entre todos propongamos un cambio importante y un giro de 180 grados en la reducción de estos tiempos legales y dotemos al Tribunal de Cuentas de los medios económicos, personales y materiales necesarios que garanticen, por supuesto, como no puede ser de otra manera, una agilidad, continuando con el rigor y con la calidad con la que desempeña su labor fiscalizadora. Podemos acortar estos plazos, entendemos que, como mínimo, a la mitad. Consideramos que sí se puede y, señor Parro, tenemos la obligación de sentarnos y sacarlo adelante; hemos podido ver el otro día un claro ejemplo desde esta tribuna cuando la señora defensora del pueblo nos presentaba el pasado día 10 de abril la Memoria del año 2012.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

El señor SEN VÉLEZ: Se comprometió a hacerlo y lo hizo. Por eso nosotros entendemos que también lo podemos hacer con esto.




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Finalizo, señor presidente, indicando que en un mundo globalizado cualquier circunstancia que se produzca en tiempo real, incluso al otro lado del mundo, varía radicalmente las previsiones económicas —y de eso podemos dar cuenta en estos días—, y como hemos hablado infinidad de veces, no sabemos hasta cuándo aguantará nuestro país, su economía y sus ciudadanos en esta situación de ajuste permanente sin incentivo alguno.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor SEN VÉLEZ: Finalizo, señor presidente.

Y deseo que algún día los españoles nos podamos levantar y escuchar a nuestros dirigentes europeos el cambio en su política y volver a un razonamiento lógico.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sen.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Parro. (Pausa.)

El señor PARRO DEL PRADO: Gracias, señor presidente. La falta de experiencia a la hora de poner en funcionamiento el micrófono me ha entretenido un poco.

Quiero, en el turno de portavoces, señalar a todo el mundo que, efectivamente, la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas Congreso-Senado se basa fundamentalmente en venir —como creo que va a resultar aquí— a dar la aprobación del informe del Tribunal de Cuentas y, sobre todo, a valorar el magnífico trabajo que hace el Tribunal de Cuentas, desde su presidente, consejeros y todo el personal funcionarial.

Pero no podemos olvidar que no son solamente —como algún portavoz ha dicho— apuntes contables. No; es, además, el análisis del ejercicio político y del ejercicio de ejecución de los dineros públicos durante ese año. Y no podemos olvidar lo que vienen a decir los números, entre otras cosas, porque si lo olvidáramos no pediríamos nunca perdón, como parece que está sucediendo, y nos olvidaríamos de que tenemos que rectificar la forma de hacer las cosas.

El 2009 fue un año contable que puso de manifiesto la barbaridad económica que sufrió nuestro país. Se presupuestó un déficit de +0,78 y se acabó en –11,5. Se presupuestó un pasivo financiero cero y acabó con 150 000 millones de pasivo financiero. Después de conocer esos datos, el Gobierno del Partido Socialista plantea un presupuesto de un 15% más en gastos y la misma subida en ingresos. Lógicamente, se produce una desviación muy importante en los gastos, cuando no se debía haber presupuestado tal cantidad, y una desviación también negativa en los ingresos. Entre todas esas cuestiones, ello dio lugar a una consecuencia muy importante para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas recibimos dinero como anticipos de las previsiones que el Gobierno tiene. Como el Gobierno ha hecho una previsión económica de ingresos tan nefasta, ha tenido que devolver —y se tienen que estar devolviendo— las partidas económicas que se dieron en su día y que se percibieron por parte de los ayuntamientos y las comunidades autónomas: 15 000 millones de euros menos en IVA es una cantidad respetable para pensar que no se podía ir con ese detalle de decir que 2010 será el año que salimos de la crisis y donde se ha acabado la crisis. Los años 2010 y 2009 son las consecuencias del estado actual de la economía española. Todos sabemos lo que nos cuesta bajar el déficit y todos sabemos cómo llegamos de un déficit de +0,78 a pasar a –11,5 en un solo año. Y es el partido del Gobierno el que tiene que soportarlo y tiene que escucharlo, además de que 2010 fue el año en el que la pobreza de este país se incrementó hasta en un 20%. 2010 fue el año en que fueron fallidas más de 90 000 hipotecas y cuando se ocasionaron más de 50 000 desahucios, fue el año de las preferentes y, por lo tanto, fue el año en el que no se legisló ni un decreto ni una ley para venir a corregir estas cuestiones, y, sin embargo, hoy estamos soportando otros lo que ustedes no soportaron, porque, efectivamente, entonces no hubo ni coacciones a los diputados y senadores socialistas ni tampoco se produjo en ningún momento un atosigamiento sobre ellos. ¡Faltaría más! ¡Es que nunca lo debió haber!

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Parro.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.




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Señorías, vamos a proceder a la votación del dictamen, con la resolución propuesta por la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 213; a favor, 211; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen, con la resolución propuesta por la Comisión Mixta.

9. COMISIONES ESPECIALES

9.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

9.1.1. COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO PARA LA OBSERVANCIA Y MEJORA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA.

(Núm. exp. 650/000005)

AUTORES: JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ (GPS) Y VEINTICUATRO SENADORES MÁS.

El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1. y 9.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para turno a favor, tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ MOLINA: Señor presidente, señoras y señores senadores, estamos viviendo momentos francamente difíciles: crisis financiera, crisis económica; todo ello traducido en un tremendo drama social, y vamos ya para cinco años.

A esta cadena de problemas debemos añadir otro no menos grave: los ciudadanos, mayoritariamente, han perdido la confianza en sus representantes políticos. Siendo grave la crisis económica y social, la crisis política no lo es menos y sus consecuencias pudieran ser todavía más devastadoras. Señorías, la legitimidad real de los sistemas democráticos se cimenta en la confianza que los ciudadanos y ciudadanas tienen en las instituciones y en los elegidos que les representan.

En España, en este momento, los políticos, los partidos políticos y la política son considerados por los ciudadanos uno de sus problemas principales. En la sociedad española ha arraigado un descrédito profundo y una estigmatización durísima de la política y de los políticos.

Ya en el año 2009 uno de nuestros padres constituyentes, Gregorio Peces-Barba, alertaba sobre la cuestión expresándose en los siguientes términos: La política democrática española necesita dignificarse y los políticos prestigiarse y legitimarse. Y añadía: Una serie de condiciones objetivas deben unirse a las personales para que esos fines puedan alcanzarse.

Nos deberíamos preguntar cómo es posible que se haya llegado a este extremo. La razón de ser de la política y del político se justifica en la necesidad de gestionar los asuntos comunes y, en especial, en la gestión de los problemas colectivos. Si estamos viviendo tiempos de grandes problemas, debería ser más que nunca el tiempo de la política, el tiempo de los políticos, pero, por desgracia, ocurre lo contrario.

Todos los que constituimos esta Cámara legislativa tenemos viva en nuestra memoria la Transición. Fue aquel un momento grave de nuestra historia, en el que desmontamos una dictadura y construimos de la nada nuestras instituciones democráticas, y lo hicimos en una España extramuros del concierto internacional, en un contexto de ruina económica mayor que la de ahora, con una población empobrecida y con mínimas redes públicas de protección social. En aquellas tremendas circunstancias, y aunque creo que la política nunca ha tenido un gran predicamento en nuestro país, la consideración de la sociedad española hacia sus representantes era apreciable.

Es posible que aquella sociedad madura y responsable pensara que sus políticos estaban a su altura y hoy hayan cambiado de opinión. Algo habremos hecho mal, algo estaremos haciendo muy mal. Ante esto, lo lógico sería comprender y asumir que hay que cambiar y que no se trata, desde luego, de cambiar algo para que todo siga igual. En España necesitamos reformas reales, reformas concretas y reformas urgentes porque, señorías, en una democracia representativa la pérdida de confianza del ciudadano se traduce en una quiebra insostenible, y cuando esto ocurre el problema




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no reside en la sociedad sino en la representación política, y es esta, es decir, nosotros, los que tenemos que mover ficha.

El desafecto latente en España hacia la política y los políticos no es nuevo, se ha venido acentuando a lo largo de los años, se ha radicalizado en estos tiempos de crisis y se ha transformado en indignación cuando a todo lo anterior hemos sumado además una serie de episodios relevantes de corrupción política y cuando en la población se ha instalado la sensación de primacía de intereses corporativos que relegan los del propio ciudadano.

Señoras y señores senadores, todos sabemos que la sociedad española reclama una respuesta urgente, y esa respuesta no puede ser otra que asumir la responsabilidad política que nos corresponda, así como contraponer al deterioro existente la mayor exigencia de calidad para nuestra práctica democrática. Todos sabemos que la responsabilidad política se juzga in extremis y, sobre todo, en los procesos electorales, al igual que la responsabilidad judicial, contable o administrativa se resuelve en otras instancias apropiadas. Ahora bien, tratar de limitar la responsabilidad política solo a la luz del cumplimiento de la ley, nos puede llevar a confundir el efecto con la causa. La política es algo más. La buena política es generadora de principios; principios que conducen a la autoexigencia, al autocontrol. Y cuando esto no tiene lugar, al rechazo colectivo. Esto, señoras y señores senadores, no está ocurriendo en nuestro país.

En relación con la calidad democrática, si esta se mide —y así se mide—, básicamente, por la participación electoral, por la satisfacción del ciudadano con la democracia y por el índice de corrupción, podemos decir que en el primer indicador no estamos mal hasta ahora, aunque las expectativas no son halagüeñas. Pero en los dos restantes la situación es alarmante. En consecuencia, debemos considerar evidente que nuestro sistema político presenta graves carencias en esta materia. Igualmente, que no es suficiente una aproximación a las exigencias de la misma solo a instancia de parte. Sirva a título de ejemplo decir que no es suficiente que cada partido, sindicato, organización empresarial, institución pública o grupo de interés, establezca de manera unilateral su código ético de referencia, que, además, interpreta y aplica según sus propias circunstancias. Necesitamos referencias éticas comunes, ampliamente compartidas y socialmente aceptadas.

Señorías, solo con prácticas democráticas acordes con el consenso social avanzaremos por el camino de una mayor legitimación objetiva de nuestro sistema político, de los políticos y de la política, sin perjuicio del amplio universo de lo punible. Porque no todo se resuelve con leyes. Hay que legislar, sí. Hay que estrechar el cerco normativo. Pero nuestro sistema político padece graves carencias que tienen mucho más que ver con las actitudes que con las leyes. Y las actitudes, señorías, no pueden ser reguladas y mucho menos garantizadas por ninguna ley ni reglamento.

Señorías, rectificar es necesario y urgente. Nadie duda de que superar la crisis económica y el drama social que vive la sociedad española es la prioridad. Pero sería muy torpe no entender que la confianza en quienes protagonizan la representación política, económica y social, tiene mucho que ver con alcanzar ese objetivo. Una práctica democrática exigente y de calidad tiene mucho que ver con la confianza de los ciudadanos; esta, con la cohesión social; esta, a su vez, con la deseada estabilidad política e institucional; y todas ellas, con la eficacia de las administraciones públicas, con la eficiencia de nuestro sistema de producción y con el prestigio de nuestro país.

Ante este problema, algunos pueden no tener la sensación de urgencia. La tentación del «ya escampará» o del «ya vendrán las próximas elecciones» sería faltar a nuestra responsabilidad y un grave error que traería consecuencias no deseadas. La desafección política en España, señoras y señores senadores, no tiene naturaleza coyuntural. Lo que tenemos que hacer, debemos hacerlo ya y debemos hacerlo nosotros. Porque, entre las funciones del Parlamento, no solo están la representativa, la legislativa y la de control del Ejecutivo; a estas debemos añadir la función de legitimación, formal en sentido estricto respecto del Gobierno y las normas y, desde una concepción extensiva, legitimación de todo el sistema político e institucional y sus actores.

En consecuencia, señorías, aparcando por mi parte la tentación del reproche —seguro que todos tendríamos alguno que formular—, apostamos decididamente por la búsqueda de soluciones.

Y bajo el prisma del máximo consenso posible, concluyo proponiendo que asumamos el reto de elaborar un diagnóstico compartido; el reto de impulsar iniciativas adecuadas para recuperar y consolidar la confianza del ciudadano; y el reto de definir mecanismos de actuación y control que permitan la sistemática y permanente observancia y mejora…




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El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ORTIZ MOLINA: …de la calidad democrática de nuestro sistema político.

Lo que proponemos no es una política a cuenta del Gobierno, no supone hacer una ley ni cuesta dinero, pero sería algo muy valioso.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.

¿Turno en contra?

Senador Sanz, tiene la palabra.

El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Senador Ortiz, señorías, claro que tengo que manifestar, antes de seguir con mi intervención, que me sorprende esta iniciativa que, a nuestro entender, señor Ortiz, llega tarde.

Los senadores que presentan esta iniciativa —por cierto, no consultada ni hablada con el grupo mayoritario de esta Cámara— tuvieron la oportunidad de preocuparse por la observancia y la mejora de la calidad democrática de nuestra democracia durante, por ejemplo, las dos últimas legislaturas. ¿Por qué digo esto? Porque, según mi grupo parlamentario, fue entonces cuando se rompió la trayectoria de buena gobernanza democrática, esas actitudes a las que usted ha hecho referencia. Se rompió también la alta calidad de funcionamiento en nuestras instituciones de respeto a los principios de pluralismo político y de respeto escrupuloso a nuestro ordenamiento jurídico que nos dimos en la Constitución del año 1978.

Ahí tiene sus raíces, señoría, al menos en opinión de este grupo parlamentario, el desafecto hacia la política. Y a partir de aquel período, un sector de los ciudadanos ha colocado a la clase política en el tercer lugar en la lista de sus preocupaciones, según las encuestas del CIS; un porcentaje que está muy lejos —porque es el 30%— de esa amplia mayoría a la que ustedes hacen referencia en el texto de la moción.

Nuestra calidad democrática, señorías, sufrió cuando la nación española, fundamento de la Constitución y proclamado así en su artículo 2, se convirtió en un concepto discutido y discutible.

Nuestra calidad democrática, señorías, recibió un duro golpe cuando se sometió a revisión el legado de la Transición, se hizo el elogio público de viejos regímenes fracasados, se echó por tierra la gran obra de reconciliación nacional que se había fraguado en los últimos treinta años y se jugó a dividir a los españoles, abriendo viejas heridas y jugando, sobre todo, a un suicida guerracivilismo. (Aplausos.)

Nuestra calidad democrática se resintió cuando, rompiendo consensos que se habían respetado desde los inicios de la democracia, se aprobaron ciertos estatutos de autonomía sin contar con el concurso y la aprobación del grupo mayoritario de esta Cámara.

Nuestra calidad democrática se resintió cuando, ante la inminencia de la crisis económica, se engañó a los ciudadanos diciéndoles que eso no iba con nosotros porque estábamos en la Champion League, teníamos el sistema financiero más sólido de todo el mundo y estábamos sobrepasando en magnitudes macroeconómicas a Italia y a Francia. (Rumores.)

Se ha erosionado, señorías, nuestra calidad democrática cuando se ha pretendido oponer a la legitimidad de las urnas una supuesta legitimidad de la calle con el indisimulado propósito de utilizar legítimas reivindicaciones populares para fines partidistas, echando mano de técnicas de agitprop de nuestro ordenamiento y sobre todo de origen conocido. (Aplausos.)

Desaparece también nuestra calidad democrática cuando se manipulan los presupuestos autonómicos para, por ejemplo, crear fondos de reptiles que se utilizan al servicio de intereses particulares y que escapan de la tramitación legal de los fondos públicos. (Rumores.— Aplausos.)

Y miren, señorías, desaparece nuestra calidad democrática cuando aparece el término corrupción, incluido —y me gustaría que hubiera hablado de la corrupción en su partido político— en el partido político que yo represento, que me asquea porque nos asquea, pero que decida la justicia. Me gustaría que usted hubiera hablado en estos términos. (Aplausos.)

Nuestra calidad democrática se desafina cuando se aplaude a quienes quieren alterar el funcionamiento normal de las instituciones, ocupar el Parlamento o acosar a los representantes de los ciudadanos legítimamente elegidos. (Aplausos.)




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Han dejado ustedes —se lo digo sinceramente— pasar muchas ocasiones en las que habría sido muy oportuno, con sosiego y buena fe, sentarse en torno a una mesa para preguntarse qué le estaba pasando a nuestro sistema político, que no solo había sido elogiado desde todas partes, sino que había sido estudiado en universidades extranjeras y servido de modelo de inspiración en aquellos países que iniciaban un proceso hacia la democracia, pero entonces, evidentemente, a ustedes no les interesaba. Algunos llamamos la atención entonces acerca de lo que estaba pasando, porque constituía una seria violación del espíritu y a veces de la letra de nuestra Carta Magna. Pero fuimos silenciados, señorías. Y hubiera sido muy bueno, y sobre todo sensato, que en entonces hubiéramos hablado lealmente, digo lealmente sobre algunos males, algunos excesos que en aquel momento empezaban a percibirse, pero entonces ustedes estaban en otra cosa. Hubiera sido bueno hablar entonces, señorías, pero no nos negamos a hablar ahora, con la única condición, claro está, de que se practique el juego limpio. Un juego limpio que fue la regla de oro en los momentos fundamentales de nuestra democracia y que después se fue perdiendo mientras se imponía un sectarismo cerrado a todo diálogo y a todo entendimiento. Porque, señorías, señor presidente, la calidad democrática se potencia, como hicimos no hace muchos meses los dos grupos mayoritarios, reformando la Constitución, con un objetivo, que era establecer unas reglas básicas de estabilidad presupuestaria, que es desde luego un elemento fundamental de la calidad democrática. ¿Pero qué sucedió posteriormente? Que esa misma calidad también sufre cuando quienes habían promovido desde el Gobierno esa reforma constitucional no apoyaron, ya desde la oposición, las leyes indispensables para hacer realidad esa reforma. Aquí se fractura también la calidad democrática.

Dicho esto, señorías, y a pesar de esto, estamos abiertos, porque siempre lo hemos estado, hoy y siempre, al diálogo, pero con unos objetivos claros, señorías. Pongamos en valor nuestro sistema que es el mejor de los posibles, sin duda mejor que todos los anteriores que ha vivido nuestro país. Es momento de reconocer las bondades de nuestra Constitución y no poner en duda la calidad democrática, porque yo, a pesar de decir lo que he dicho, y lo mantengo, no pongo en duda, como ustedes hacen en la exposición de motivos, la calidad democrática. Porque el sistema que hoy cuestionan ustedes fue el fruto de un gran consenso entre ciudadanos y sobre todo de un pacto de todos para contar con todos.

Un Gobierno, el de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, está comprometido desde el minuto uno y asumiendo sus responsabilidades; asumiendo sus responsabilidades con la calidad democrática porque estima y estimamos que, a pesar de la caótica herencia recibida, entiende y entendemos que es perentorio seguir trabajando para mejorar el funcionamiento de las instituciones y atender sobre todo a las justas reivindicaciones de los ciudadanos. Pero este Gobierno ha entendido que nuestra primera prioridad era hacer frente a la crisis económica y al caos heredado, y eso le ha obligado a tomar decisiones tan dolorosas como necesarias, la mayor parte con un admirable civismo, que valoro, de la sociedad española, menos una minoría que, en ejercicio de sus derechos y de una manera más ruidosa, muestra legítimamente su opinión. Una minoría que tiene perfecto derecho a salir a la calle y expresar en voz alta sus quejas. A lo que no hay derecho, señorías —y me hubiera gustado que usted hablara hoy aquí de ello porque también erosiona la calidad democrática—, ningún derecho, es a utilizar interesada y partidistamente a esa minoría instrumentándola al servicio de otros intereses y como arma arrojadiza y de desgaste del Gobierno de España. Un Gobierno legítimo, un Gobierno que ha querido desde el primer momento actuar como primer garante de nuestra calidad democrática.

Y cuando yo le digo que llega tarde es porque llega tarde, porque el Gobierno de España, y muy especialmente la vicepresidenta del Gobierno, ha impulsado medidas para adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean necesarias, y ustedes se abstuvieron en la resolución número 92 del Congreso de los Diputados.

En resumidas cuentas y para terminar, señor presidente, ahora más que nunca claro que hay que hacer diagnósticos y, sobre todo, rectificar actitudes y también conductas, y para eso no hace falta crear ninguna comisión, porque es la hora de recuperar, a nuestro entender, los valores sobre los que se edificó esta democracia. Es la hora de recuperar, reitero, el juego limpio, el respeto al adversario político y la coherencia en los comportamientos públicos. (Aplausos.) Es la hora




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también, señorías, de que todos juntos, y digo todos juntos y sin poner palos en las ruedas, trabajemos para salir de la crisis económica que ahora lastra cualquier otro objetivo.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SANZ PÉREZ: Termino, presidente.

Podemos salir del hoyo en el que ustedes nos metieron. Vamos a salir, pero, como hace treinta y cinco años, saldremos y debemos salir todos juntos, trabajando codo con codo y sin ponernos zancadillas. Es hora de mejorar. Esa será la mejor lección de calidad democrática que todos los responsables públicos y políticos aquí presentes podemos ofrecer en estos tiempos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Intervengo brevemente para decir que la dignificación de la política empieza en uno mismo, empieza en el ámbito de lo privado, pese a que su desarrollo natural constituye el centro de la vida pública. El ejercicio ético individual de nuestra labor representativa es, por tanto, la base sobre la que debe descansar la dignificación de la política, pero este ejercicio de responsabilidad ética individual no está reñido con un ejercicio colectivo. De ahí que nos mostremos dispuestos a participar en esta comisión y en cuantos foros puedan ayudar a mejorar el ejercicio leal, ético y transparente de la política.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Simplemente intervengo para anunciar el voto favorable de mi grupo a la propuesta.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias, señor presidente.

Ciertamente, viendo por dónde va este debate, uno siente también que se aleja de la política, porque cuando se habla de calidad democrática, de voluntad de diálogo, de voluntad de acuerdo, si cuando hay una propuesta, en este caso, para crear una comisión especial lo que hacemos es tirarnos los platos a la cabeza, de poco sirve. Esto genera más desafección de los ciudadanos hacia la política. (Aplausos.) Y ahora lo que el país necesita es una clase política que escuche a los ciudadanos, que esté cerca de los ciudadanos, que dé respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos y también que atienda a los territorios con su voluntad de ser como quieran ser. Y ésta también es una situación que se está produciendo desde hace años.

Convergència i Unió dará su voto a la creación de esta comisión especial porque cree que todos los mecanismos que ayuden a mejorar la calidad democrática son pocos, porque si queremos tener una democracia en el Estado español que dé solvencia a los políticos, lo que hemos de hacer es trabajar todos y saber dialogar, acordar y escuchar. Y esto nos cuesta, y esto nos cuesta. Por eso hay esta desafección hacia la política.

Así pues, cuando hay una iniciativa es necesario escucharla, aunque es cierto que si solo se queda en una comisión y no pasamos a la acción poco vamos a hacer. Queremos escuchar esta propuesta del Grupo Socialista y, por tanto, por nuestra parte encantados de colaborar y de buscar soluciones, porque vivimos en democracia y queremos democracia, pero también queremos la buena política, y en esto hemos de trabajar todos erradicando la corrupción, erradicando también la prepotencia y trabajando juntos para fortalecer la democracia.

Para acabar, solamente quiero citar una frase de Viktor Frankl, que dice: «Cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos».




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En este momento, o nos cambiamos a nosotros mismos o, por muchos discursos que hagamos, no padezcamos que ya nos cambiaran otros.

Moltes gràcies. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

Agradezco la disposición de los grupos que se han manifestado favorables a apoyar esta iniciativa y, desde luego, suscribo al cien por cien las palabras del portavoz de Convergència i Unió.

Vamos a ver si yo consigo explicarme razonablemente bien. Si yo empezara ahora esta réplica poniendo encima de la mesa, ya no mis propios argumentos, sino los del CIS, que no son argumentos, que son datos, subiría a esta tribuna a decir que en los últimos meses el salto de preocupación de los ciudadanos en España por la corrupción ha sido bestial. Que yo sepa, en estos últimos meses, cuando se produce esta inversión, quien gobierna es el Partido Popular y es quien protagoniza este giro, pero yo no me quiero subir aquí a eso. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor ORTIZ MOLINA: Lo mismo que en ese tono podría dirigirme al portavoz del Grupo Popular en el Senado y decirle que me he sentido acosado. Sí, me he subido aquí pacíficamente a hacer una propuesta positiva y adopta usted unas actitudes, que no en mi grupo, en el suyo (Aplausos.), que hacen que corra usted el peligro de que le llamen acosador, nazi, proetarra, etcétera. ¿Por qué? Porque esa actitud no corresponde con la mía. Yo podría subirme aquí también, cosa que no voy a hacer, a decir que a ustedes en España ya se les empieza conocer como el partido de la mentira, el paro y la corrupción. (Aplausos.— Protestas.) Pero si hago eso, señorías, no soy coherente con mi primera intervención porque yo no he venido aquí a eso. (Rumores.) Y ahí está el texto.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.) Guarden silencio, por favor.

El señor ORTIZ MOLINA: Ahí está el texto; lo tienen las taquígrafas.

Cuando yo en mi intervención he hablado de desafección política, hacía alusión a la desafección hacia la política en España. He hablado de desafección hacia los políticos en España. He dicho también que no es algo de ahora, que es verdad que se ha acentuado, pero creo que cuando uno habla de estas cosas en este tono y cuando uno habla de calidad democrática, señor Sanz, o yo me explico fatal o usted no ha entendido absolutamente nada. Ha subido usted con el disco puesto a lo de siempre, al tú más, que es algo que detestan los ciudadanos; al tú eres el responsable, que es algo que detestan los ciudadanos. Los ciudadanos quieren soluciones, no agresiones entre políticos, que eso es lo que sistemáticamente hacemos. (Aplausos.— Protestas.)

Señor presidente, señorías, tenía aquí unas cosas preparadas y se las voy a leer para que no sean mis argumentos... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Ortiz. Espere un momento.

El señor ORTIZ MOLINA: Si me dejan, claro.

El señor PRESIDENTE: Senador Ortiz, espere un momento, por favor.

Señorías, es imposible tener un debate con ese ruido de fondo, de protestas y de aplausos continuados. Es imposible. (Un señor senador: No mezcle.) Es imposible. No mezclo, se mezclan solos los aplausos y los gritos. Yo no mezclo, se mezclan solos. Les pido, por favor, un poco de respeto para el que está en la tribuna, sea quien sea. El que suba a la tribuna se merece un respeto.

Continúe, senador Ortiz.




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El señor ORTIZ MOLINA: Gracias, señor presidente.

Ayer decía la señora Ana Pastor que esta es la casa de la palabra y la libertad; y así debería ser. También debería ser la casa del sentido común, que es lo que creo que la ciudadanía demanda.

Decía que tenía unas cosas preparadas, que no son argumentos propios, para reforzar que en España tenemos un problema grave, aunque algunos quieran disimularlo o taparlo, un problema de desafección política importante, de falta de confianza. Y ese problema lo tenemos, señor Antolín, todos: ni ustedes ni nosotros ni Convergència ni PNV. Todos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de resolverlo, y eso trasciende la circunstancia política porque tiene importantísimas connotaciones de estabilidad social, de estabilidad institucional, de estabilidad política, y tiene grandes connotaciones de naturaleza económica. Y no podemos, con esta frivolidad, subir aquí para la descalificación gratuita, cuando además no está en absoluto justificado.

Mire, mes de abril. Una fundación de uno de los bancos más importantes que tenemos en nuestro país publica lo siguiente: Es necesario que la sociedad vuelva a confiar en sus líderes empresariales y políticos. Si lo que estamos viviendo no es solo una crisis sino un cambio de paradigma, ¿por qué no nos atrevemos a aparcar las premisas que nos han llevado hasta aquí? Dos terceras partes —esto no lo digo yo, señor Antolín— de los españoles necesitan oír algo más de tres veces para creérselo. Solo el 17% de los ciudadanos confía en que los líderes empresariales dirán la verdad ante situaciones difíciles, y únicamente el 9% cree que los líderes políticos serán capaces de hacerlo. Y dice esta fundación de uno de los bancos más importantes en España, que están muy preocupados por la situación que tenemos: Necesitamos tomarnos en serio la reconstrucción de la confianza. No lo digo yo, señor Antolín.

Otra referencia. Este fin de semana, página sepia de un periódico, El País, de tirada nacional. No es un editorial, está suscrito por un líder empresarial. Dice lo siguiente: ¿Es posible instrumentar un método riguroso e integral para gestionar cualquier tipo de marca, —persona, empresa, país— que ponga a las emociones en el centro de su gestión y a los valores y conductas en motores de la nueva economía? Nos enfrentamos a un nuevo paradigma que transforma la economía de transacción en la economía de la emoción. La calidad democrática de un país tiene mucho que ver con su reputación, y esta, con las emociones que evoca.

Esto lo dice un líder empresarial. No es oportunismo, no es verborrea política. Pero, más allá de los criterios subjetivos, permítanme que les dé algunos datos, que creo que son bastante definitivos y, como tales datos, bastante poco discutibles. Señorías, en diciembre del año 2009 un estudio del CIS situaba el respaldo al sistema democrático —señor Antolín, al sistema democrático— en el 85%. Actualmente la democracia es el mejor sistema posible solo para el 61%, lo que supone una caída de veinticuatro puntos porcentuales en cuatro días, prácticamente.

Entre los ciudadanos sin ideología, que representan cerca del 20% de la población, son mayoría los que creen que la democracia tiene demasiados fallos y no es mejor que otros sistemas políticos.

En 2012 el respaldo a la economía de mercado había caído veinte puntos porcentuales, situándose en el 47%. En España la crítica a los partidos políticos ha ido siempre acompañada de la convicción de que sin ellos no podía haber democracia. En un estudio del CIS de 2007, el 75% de los ciudadanos así lo afirmaba. El 57% piensa ahora que la democracia podría funcionar sin partidos políticos. Señorías, llama la atención, además, que el porcentaje que tiene esta opinión aumenta hasta el 70% entre los jóvenes de entre 25 y 34 años. Datos dramáticos para quien quiera entenderlos.

Desde el inicio de la democracia los españoles han mostrado un gran entusiasmo por el proyecto europeo. El Eurobarómetro de la primavera de 2007 mostraba que el 65% de los españoles decía confiar en la Unión Europea. Hoy día el 72% desconfía. Señorías, esta es la realidad. Es una realidad dramática que sobrepasa la circunstancia de la coyuntura y la circunstancia partidaria.

Señor Sanz, yo sé subirme aquí a ser bruto también, pero creo que el camino no es ese, o al menos el momento no era ese. Creo que ahora es el momento de la reflexión, el momento de la objetividad y el momento también de la templanza. Desde luego, es de agradecer que haya grupos que apoyen la propuesta, aunque lógicamente no será suficiente.




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En relación con el Grupo Popular, si finalmente no acepta la creación de esta comisión especial, tal como ha dicho su portavoz y tal como hemos hablado antes, el Grupo Parlamentario Socialista estaría de acuerdo en que la tarea que proponemos se desarrolle directamente en la Comisión Constitucional, si así lo estiman oportuno. Esto no es cuestión de pruritos, es cuestión de ser prácticos. Planteamos algo que es urgente y que es necesario abordar; creemos que hay una manera de hacerlo, lo proponemos, y si no lo estiman oportuno, lo aceptamos. Ustedes tienen una mayoría determinante. Si creen que la opción es la otra, insisto: lo aceptamos, y además con agrado, porque lo fundamental aquí es la sustancia.

Señoras y señores senadores, señor presidente, concluyo. Si asumimos el reto que proponemos, que quede claro que no habremos alcanzado ninguna meta, en absoluto, pero al menos habremos emprendido un camino de rigor, un camino de autoestima y un camino de esperanza. Si, por el contrario, no somos capaces de poner en marcha con urgencia en la comisión especial que proponemos o en la Comisión Constitucional ese amplio consenso de soluciones razonables que se nos reclama, no podremos evitar que el malestar, la desafección y la espiral de indignación ciudadana acaben erosionando gravemente, no nuestros partidos, sino nuestro sistema político, dando paso, a la más mínima oportunidad, señorías, al interesado discurso de la antipolítica y a la ruina del populismo.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, presidente.

Señoría, ¿usted pretende poner en marcha una comisión especial para la observancia de la calidad democrática en España o hablar de la Comisión Constitucional? ¿Y de dónde quiere usted partir? ¿De qué cimientos? ¿O es que usted pretende hacerse trampas en el solitario para engañar a la sociedad española con la intención de solucionar un problema del que debieran haberse preocupado durante los últimos ocho años, sin hacer un análisis riguroso de por qué se ha llegado a esta situación? (Protestas.) Pues usted no pretende crear una comisión (Protestas.), usted pretende hacer un debate…

El señor PRESIDENTE: Senador Martínez-Aldama, guarde silencio. (Rumores.) Senador Martínez-Aldama, guarde silencio. (Continúan los rumores.)

Perdón, le había confundido. Perdóneme, senador Martínez-Aldama.

Senador Alique, haga el favor de guardar silencio.

Mil disculpas, senador Martínez-Aldama.

El señor SANZ PÉREZ: Este grupo parlamentario, si se le permite por parte de sus señorías, intenta hacer un análisis, creo que objetivo, relatando una serie de cuestiones que han sucedido en los últimos ocho años. Y usted habla del CIS, pero utiliza los datos que le viene en gana; usted utiliza los datos que le viene en gana.

Claro que yo leo una intervención, porque intento prepararlas e intento ser riguroso, y en un análisis riguroso de las encuestas del CIS me he encontrado que en marzo de 1996 —cuando ustedes abandonaron el Gobierno— el paro preocupaba al 85,2% de los españoles; en abril de 2004, al 52,8 —abandonó el Gobierno el Partido Popular—; y en noviembre de 2011, cuando abandonaron ustedes democráticamente el Gobierno, al 83,0% de los españoles les preocupaba el paro.

Tema de corrupción. Me hubiera gustado oírle a usted decir que se asqueaba de determinados casos de corrupción, como mi grupo y este humilde senador se asquean de los casos de corrupción de mi partido político. ¿Por qué usted no habla de esas cuestiones? Quizá porque no le interesa.

Análisis rigurosos de la desafección de los ciudadanos hacia la clase política. Corrupción. Marzo de 1996, 19,3% de los españoles; abril de 2004 —está publicado—, 0,4%; noviembre de 2011, al 5,4% de los españoles les preocupaba la corrupción. Del 0,4% al 5,4%, algo ha subido.

Problemas económicos. Les preocupaba al 13,9% de los españoles en marzo de 1996; al 9,9% en abril de 2004; y al 48,2% en noviembre de 2011.




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Políticos, clase política y partidos políticos. En el año 1996 al 10,0% de los españoles no les inspiraban nada de confianza ni los políticos ni el partido político; año 1996. Año 2004, abril, al 5,3% —está publicado, no se falsean los datos—. Noviembre de 2011, al 22,6% de los españoles no les inspiran ninguna confianza ni los políticos ni los partidos políticos. (Rumores.)

Yo no niego que haya un problema, yo no lo niego, pero habrá que hacer, aunque les moleste o nos moleste a la clase política, un análisis riguroso de las cosas. Porque hay una cuestión importante, no se lleven a engaño: no quieran poner en 2013 un problema que existe desde que ustedes gobernaron. La crisis consecuencia de la desafección económica —así dicen las encuestas del CIS— ¿empezó en 2007 con Mariano Rajoy como presidente, señorías? (Rumores.) ¿La destrucción de empleo empezó en 2007 con el Partido Popular en el Gobierno? (Varios señores senadores: No.) El desplome de la confianza en la política, que es directamente proporcional a la situación económica, tiene sus raíces en 2007, señorías, les guste o no les guste, y no es casualidad, claro que no, que la confianza en la política se pusiera en duda en 1996, después de un Gobierno socialista, ni es casualidad que se vuelva a poner en duda justo ahora, después de otro Gobierno socialista en España durante ocho años. ¿O no es casualidad? (Aplausos.) Y así lo dicen todas las encuestas del CIS, señoría, así lo dicen todas las encuestas del CIS. (Rumores.)

Y siento que les moleste, lo digo sinceramente —claro, señor Camacho, tengo ojos y veo lo que veo—. (Rumores.) No pongan en duda la legitimidad del sistema bicameral español, no lo pongan en duda. No pongan en duda, señorías, los éxitos de nuestra democracia, el Estado autonómico y de las instituciones constitucionales. No den crédito ni alas al populismo ni a las voces que aprovechan esta crisis económica para poner en duda la calidad de nuestro sistema democrático o para la disolución de las Cámaras o la desaparición de los partidos políticos.

¿Por qué en esto no hay una voluntad y se dice aquí, guste o no guste, que en la clase política española tenemos que defender muy alto, muy alto, nuestra tarea política? Porque hay algunos fuera de aquí —bien es cierto que unos pocos— que no quieren ni Cámaras ni partidos políticos ni políticos, y en democracia Cámaras, partidos políticos y políticos son necesarios. Regenerar el sistema no significa derrumbarlo, pero hay que construir sobre sólidos cimientos y haciendo un análisis riguroso de cómo está la situación, porque, si no, nos hacemos trampas en el solitario, señorías. No les moleste lo que yo les he dicho, porque esto lo haríamos si hubiéramos apoyado esa comisión para saber de dónde partimos, y lo haremos, cuando lo reflexionemos, si decidimos que esta cuestión se trate en la Comisión Constitucional. Y si no es así, con nosotros no cuenten para hacernos trampas en el solitario. La desconfianza en nuestro sistema no se resuelve poniendo dudas sino diciendo la verdad y acercándose a los españoles.

Y, oiga, tendremos muchos defectos, que los tiene seguro este partido político —seguro que muchos menos de los que ustedes tienen— (Risas.), pero la resolución número 92 del Congreso de los Diputados, en la que ustedes se abstuvieron, puso en marcha una serie de medidas que van encaminadas a lo que ustedes plantean esta tarde aquí. Sí, es verdad, fue el presidente del Gobierno quien impulsó la resolución, aprobada con amplio respaldo en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de febrero, que contenía y contiene un amplio abanico de medidas políticas, jurídicas y de orden práctico para la regeneración democrática y que suponían más límites, más control y más transparencia en la actividad política.

¿O no es verdad, señor Camacho —que dice que no—, que fue el Gobierno de España, en su primer Consejo de Ministros, el 30 de diciembre de 2011, quien decidió remitir a las Cortes la Ley de Reforma de Financiación de Partidos Políticos, que redujo las subvenciones a las asociaciones políticas e impulsó nuevas obligaciones de transparencia y de control? (Rumores.) ¿No es verdad que hay una línea y una ley orgánica de actividad económica y financiera de los partidos políticos en la que se está trabajando para que sus cuentas y sus medios de contratación sean aprobados con mayores controles y mayor fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas? ¿No es verdad que habrá una reforma del Tribunal de Cuentas y una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para profundizar aún más en la lucha contra la corrupción? También se ha anunciado una ley reguladora del ejercicio de las funciones públicas —el tiempo dará y quitará razones a unos y a otros—, que controlará cuáles deben ser las retribuciones de los políticos y establecerá nuevos límites y auditorías al final de cada mandato. Todo esto, acompañado, señorías, y saben ustedes




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que es verdad, de la reforma, que también conocen, del Código penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer las penas de los que sean o se hayan comportado como corruptos.

Señorías, hay que analizar las cosas. Los señores de Convergència i Unió dicen: los ciudadanos no quieren esto. Los ciudadanos quieren que se les diga la verdad y que cuando se tomen medidas se haga desde análisis rigurosos. Claro que los ciudadanos tienen muchos problemas, muchos problemas. Los ciudadanos quieren empleo. ¿Cuándo se ha destruido, y bajo qué Gobierno, ese empleo? Los ciudadanos quieren un país solvente, no un país en quiebra, como se encontró el Gobierno del Partido Popular. Quieren un país competitivo, con sus cuentas claras, con sus cuentas saneadas y, sobre todo, sostenibilidad de la sanidad y la educación. Si no se hace un análisis riguroso, señorías, no podremos construir lo que pretendemos construir.

Y, desde luego, senador Ortiz, de frivolidad, de prepotencia y de acoso, nada. Lo que sí le digo es una cosa: que si este grupo parlamentario algún día conoce que algún senador de esta Cámara está sufriendo acosos a la puerta de su casa, este grupo parlamentario saldrá en defensa, en apoyo y en cariño de ese senador, cosa que ustedes no hacen. (Aplausos.— Rumores.).Y digo esto, y termino, porque no he salido aquí de modo desafiante. He salido aquí para debatir una cuestión que considero vital e importante…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SANZ PÉREZ: Y no pretendo hacerme, ni mi grupo tampoco, trampas en el solitario —lo repito una vez más— sino hacer un análisis riguroso de la situación, que entendemos que es complicada; y ustedes no hicieron ni esto por solucionarlo, más bien al contrario. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, antes de la votación, les comunico que a continuación, al acabar el Pleno, se va a reunir la Comisión de Economía y Competitividad en la sala Clara Campoamor.

Votamos la solicitud de creación de una comisión especial de estudio para la observancia y mejora de la calidad democrática.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 191; a favor, 63; en contra, 128.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada la solicitud de creación de la comisión especial.

Señorías, buenas tardes a todos.

Se levanta la sesión.

Eran las veinte horas y veinticinco minutos.

Se levanta la sesión a las veinte horas y veinticinco minutos.


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