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DS. Senado, Pleno, núm. 96, de 18/12/2013
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 45

celebrada el miércoles, 18 de diciembre de 2013

ORDEN DEL DÍA

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la Sentencia 341/2013, de 28 de octubre, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número cuatro, que declara ilegal la eliminación de los fondos mineros para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

(Núm. exp. 671/000103)

Autor: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a revisar, mejorar y reforzar las garantías de los contratos telefónicos.

(Núm. exp. 662/000115)

Autor: GPP

7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con las posiciones adoptadas por la Comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea.

(Núm. exp. 662/000116)

Autor: GPP

7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la realización de determinadas actuaciones a raíz del accidente del buque petrolero Prestige, una vez que se ha dictado sentencia sobre el mismo.

(Núm. exp. 662/000114)

Autor: GPS

8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

8.1.1. Canje de Notas por el que se prorroga por un año el Acuerdo de Cooperación Científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la estación de seguimiento




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de la NASA, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000105)

8.1.2. Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, hecho en Tegucigalpa el 29 de junio de 2012.

(Núm. exp. 610/000100)

8.1.3. Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura relativo al establecimiento de la oficina de esta Organización en España, hecho en Madrid el 4 de abril de 2013.

(Núm. exp. 610/000101)

8.1.4. Protocolo entre el Reino de España y la República de la India, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993, hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012.

(Núm. exp. 610/000102)

8.1.5. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino Hachemita de Jordania sobre la exención recíproca de los visados para los titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Ammán el 20 de abril de 2013.

(Núm. exp. 610/000103)

8.1.6. Convenio entre el Reino de España y la República de Chipre para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Nicosia el 14 de febrero de 2013.

(Núm. exp. 610/000104)

9. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

9.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

9.1.1. Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas en materia de asistencia sanitaria a los pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

(Núm. exp. 592/000011)

Autores: GOBIERNO DE CANARIAS y GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

9.1.2. Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en calidad de beneficiario asociado, para el desarrollo de las acciones previstas en el Proyecto Life+Naturaleza 10 NAT/ES/000570 «Recuperación de la distribución histórica de lince ibérico (Lynx Pardinus) en España y Portugal» Acrónimo «Iberlince».

(Núm. exp. 592/000012)

Autores: JUNTA DE ANDALUCÍA y CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA

10. PETICIONES

10.1. Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones de febrero a junio de 2013.

(Núm. exp. 871/000003)




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11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 16 de diciembre de 2013, en relación con varios señores Senadores.

(Núm. exp. 503/000008)

12. HABILITACIONES

12.1. Ponencia de estudio sobre medidas de integración, apoyo y transferencia de conocimiento a las PYMES y promoción de un código de valores, en el marco de I+D+i+d, constituida en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad.

(Núm. exp. 551/000033)

12.2. Ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la Red por parte de los menores, constituida en el seno de la Comisión conjunta de las Comisiones de Interior, de Educación y Deporte, y de Industria, Energía y Turismo.

(Núm. exp. 551/000034)

12.3. Ponencia de estudio sobre el desarrollo de nuevas fórmulas de gestión de la cooperación, constituida en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

(Núm. exp. 551/000035)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la Sentencia 341/2013, de 28 de octubre, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número cuatro, que declara ilegal la eliminación de los fondos mineros para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

(Núm. exp. 671/000103)

Autor: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

9066

El señor Martínez Oblanca defiende la moción.

El señor iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor García del Blanco defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Martínez Oblanca expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptándolas.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández Rozada, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; Ansagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; García del Blanco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Rozada, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con las incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 231; a favor, 87; en contra, 144.

7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a revisar, mejorar y reforzar las garantías de los contratos telefónicos.

(Núm. exp. 662/000115)

Autor: GPP

9078

La señora Riolobos Regadera defiende la moción.

El señor Toledo Díaz defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Riolobos Regadera expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda, rechazándola.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Toledo Díaz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Riolobos Regadera, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 234; a favor, 165; en contra, 64; abstenciones, 5.




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7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con las posiciones adoptadas por la Comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea.

(Núm. exp. 662/000116)

Autor: GPP

9090

El señor López Veiga defiende la moción.

El señor Fidalgo Areda defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor López Veiga expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda, rechazándola.

En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y López Veiga, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 171; en contra, 1; abstenciones, 65.

7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la realización de determinadas actuaciones a raíz del accidente del buque petrolero Prestige, una vez que se ha dictado sentencia sobre el mismo.

(Núm. exp. 662/000114)

Autor: GPS

9103

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de enmiendas.

La señora Fernández Pena defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen los señores Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Varela Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y López Veiga, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara la propuesta de modificación.

8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

8.1.1. Canje de Notas por el que se prorroga por un año el Acuerdo de Cooperación Científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la estación de seguimiento de la NASA, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000105)

9113

8.1.2. Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, hecho en Tegucigalpa el 29 de junio de 2012.

(Núm. exp. 610/000100)

9113




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8.1.3. Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura relativo al establecimiento de la oficina de esta Organización en España, hecho en Madrid el 4 de abril de 2013.

(Núm. exp. 610/000101)

9114

8.1.4. Protocolo entre el Reino de España y la República de la India, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993, hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012.

(Núm. exp. 610/000102)

9114

8.1.5. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino Hachemita de Jordania sobre la exención recíproca de los visados para los titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Ammán el 20 de abril de 2013.

(Núm. exp. 610/000103)

9114

8.1.6. Convenio entre el Reino de España y la República de Chipre para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Nicosia el 14 de febrero de 2013.

(Núm. exp. 610/000104)

9114

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para las senadoras Eva Parera Escrichs y Catalina García Carrasco, cuyo voto es a favor en todos los tratados y convenios internacionales.

Se autoriza, por asentimiento, al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse mediante los citados tratados.

9. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

9.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

9.1.1. Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas en materia de asistencia sanitaria a los pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

(Núm. exp. 592/000011)

Autores: GOBIERNO DE CANARIAS y GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

9114

El señor presidente informa a la Cámara de que no se han presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes Generales.

La Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho convenio.

9.1.2. Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en calidad de beneficiario asociado, para el desarrollo de las acciones previstas en el Proyecto Life+Naturaleza 10 NAT/ES/000570 «Recuperación de la distribución histórica de lince ibérico (Lynx Pardinus) en España y Portugal» Acrónimo «Iberlince».

(Núm. exp. 592/000012)

Autores: JUNTA DE ANDALUCÍA y CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA

9115

El señor presidente informa a la Cámara de que no se han presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes Generales.

La Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho convenio.




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10. PETICIONES

10.1. Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones de febrero a junio de 2013.

(Núm. exp. 871/000003)

9115

La señora Leyte Coello, presidenta de la comisión, presenta el informe.

En turno de portavoces interviene el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 16 de diciembre de 2013, en relación con varios señores Senadores.

(Núm. exp. 503/000008)

9117

El señor Sanz Cabello, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para las senadoras Eva Parera Escrichs y Catalina García Carrasco, cuyo voto es favorable al dictamen.

Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.

12. HABILITACIONES

12.1. Ponencia de estudio sobre medidas de integración, apoyo y transferencia de conocimiento a las PYMES y promoción de un código de valores, en el marco de I+D+i+d, constituida en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad.

(Núm. exp. 551/000033)

9118

12.2. Ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la Red por parte de los menores, constituida en el seno de la Comisión conjunta de las Comisiones de Interior, de Educación y Deporte, y de Industria, Energía y Turismo.

(Núm. exp. 551/000034)

9118

12.3. Ponencia de estudio sobre el desarrollo de nuevas fórmulas de gestión de la cooperación, constituida en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

(Núm. exp. 551/000035)

9118

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para las senadoras Eva Parera Escrichs y Catalina García Carrasco, cuyo voto es favorable a todas las habilitaciones.

Se aprueban, por asentimiento, las habilitaciones para que las mencionadas ponencias de estudio celebren sesiones extraordinarias.

Se levanta la sesión a las trece horas y cuarenta minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Continuación.)

6.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 341/2013, DE 28 DE OCTUBRE, DICTADA POR EL JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO CUATRO, QUE DECLARA ILEGAL LA ELIMINACIÓN DE LOS FONDOS MINEROS PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

(Núm. exp. 671/000103)

AUTOR: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal, y otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca, por tiempo de cinco minutos.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Muy buenos días, señorías. Comenzamos esta última sesión plenaria del año 2013 con una iniciativa relacionada con la sesión de control al Gobierno celebrada hace casi un mes, en la que se interpeló al Ejecutivo sobre las actuaciones que pensaba llevar a cabo para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Central de lo Contencioso-Administrativo. Este tribunal estimó el recurso interpuesto por el Gobierno de la comunidad autónoma de Asturias frente al acuerdo del primer Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy por el que se eliminaron los denominados fondos mineros. Estos fondos —conviene recordarlo y subrayarlo— no son producto de privilegio alguno; son resultado del Plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras, que, desde 1997, en dos fases, compensó a todas las cuencas españolas, y concretamente a las de Asturias, por la pérdida de miles de puestos de trabajo y el cierre de pozos y explotaciones, así como por la renuncia a varios millones de toneladas de producción de carbón. Lo que el Gobierno de la comunidad hizo con su recurso ante los tribunales fue defender a los asturianos sobre la base del Estado de derecho y enfrentarse con la ley en la mano a la injustificable decisión tomada por el Consejo de Ministros. Lo hizo, porque el Ejecutivo de Rajoy no explicó el contenido ni el alcance de su acuerdo de eliminación de las ayudas al desarrollo de infraestructuras en las comarcas mineras, ni tampoco realizó notificación o publicación alguna sobre este. El Gobierno de Asturias realizó el requerimiento formal ante el Ministerio de Industria —quiero recalcarlo— tras agotar las vías, para hacer ver la injusticia y el daño que suponían la eliminación de los fondos mineros.

Por eso, agotada la vía del entendimiento, y ante la ausencia de contestación para revocar la decisión ministerial, se solicitó el amparo judicial. Y el pasado 28 de octubre fue un tribunal de justicia el que determinó, en una sentencia concluyente y basada en la jurisprudencia del Supremo, que el Principado de Asturias tenía razón en su reclamación. Hablamos de un recurso que trataba de preservar los intereses de los asturianos y rechazar que el Gobierno de Rajoy salvaguardase su déficit y equilibrio trasladando al Principado el coste de los contratos de obra suscritos y en ejecución, una cuantía de recursos superior a los 213 millones de euros.

Producto de la interpelación al Gobierno, que aquí estuvo representado por su ministro de Industria, Energía y Turismo, hemos registrado una moción en la que promovemos que el Pleno del Senado evite que se dilate en el tiempo el cumplimiento de las obligaciones con Asturias derivadas de los fondos mineros cancelados por Rajoy. Señorías, una vez más en el escenario de las Cortes Generales invoco la Constitución española para señalar que este Gobierno incumple sistemáticamente los mandatos de equilibrio y solidaridad entre territorios, a la par que desdeña, como demuestra esta sentencia sobre los fondos mineros, la lealtad entre administraciones y




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repele los más elementales principios de seguridad jurídica. Las leyes españolas determinan que los convenios de colaboración entre administraciones tienen carácter de obligación, vinculan a las partes y les exigen su cumplimiento. El incumplimiento de los convenios lesionó la autonomía financiera de la comunidad autónoma de Asturias y también la de los ayuntamientos competentes para la ejecución de las obras y actuaciones que ya estaban pactadas. En este sentido, la iniciativa contiene cuatro puntos que condensan el indudable derecho de mi comunidad autónoma y de la veintena larga de concejos mineros afectados directamente por las decisiones anulatorias del Gobierno. Este derecho no debería ser interpretable cuando se trata de pactos suscritos entre administraciones, que cuentan además con el respaldo de una sentencia tan concluyente. Aquí hay una parte, la minera, que ha cumplido, y hay otra parte, el Gobierno, que trató de eludir el cumplimiento de los acuerdos y al que la justicia le ha dicho que eso está muy mal hecho.

El ministro mintió en la interpelación, porque el Gobierno ha presentado recurso; por tanto, solicito el respaldo del Senado para que desista de este por tratarse de un pronunciamiento judicial ajustado a derecho, y para que proceda a su inmediata ejecución conforme a sus fundamentos de derecho y a su fallo.

Se reclama, igualmente, que el Gobierno proceda de manera urgente al cumplimiento de las obligaciones y pago de las cantidades adeudadas, porque se trata de recursos correspondientes al periodo 2006-2012. Hablamos de 35 000 millones de pesetas.

Finalmente, la moción insta al Gobierno a revisar los convenios caducados y no ejecutados en los que se adoptó el acuerdo de prórroga en la comisión de cooperación correspondiente, y que fueron congelados durante el periodo de traspaso de poderes entre los Gobiernos saliente y entrante, tras las elecciones generales de noviembre de 2011.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Para la defensa de las enmiendas cel Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Una vez más traemos la minería del carbón al debate de este Pleno. Recuerdo que mi primera intervención, nada más tomar posesión el 17 de julio del pasado año, fue precisamente en torno a una moción sobre el futuro de la minería del carbón; y, obviamente, si de forma reiterada es necesario reabrir el debate sobre esta cuestión es porque el tema sigue sin encontrar una solución satisfactoria.

Los senadores de Izquierda Unida presentamos una enmienda a la moción formulada por el senador Martínez Oblanca en línea con los contenidos de la propia moción, para que se reconozca de forma expresa la necesidad de que la recuperación de los fondos pendientes, a los que hace referencia la sentencia que da lugar a la moción, tenga como objetivo ponerlos al servicio de un desarrollo alternativo de las comarcas mineras que permita compensar la destrucción de empleo por la disminución de la actividad en el sector y la creación de nuevas actividades de carácter económico en esas comarcas capaces de generar empleos alternativos. En el fondo, que se reconozca de forma expresa que la motivación original que en el primer plan de la minería del carbón llevó a la creación de estos fondos sigue teniendo hoy vigencia.

Con respecto a los fondos mineros y su gestión, ha habido reiteradas discusiones y debates políticos en torno a su utilidad y al acierto o no de su destino. Sea cual sea la opinión que cada uno tenga al respecto, lo cierto es que con estos fondos mineros no se ha logrado que diecisiete o dieciocho años más tarde —desde 1996 hasta 2013— hubiera un cambio profundo en la realidad socioeconómica de las comarcas mineras que garantizara un futuro a su población a partir del desarrollo de otras actividades de carácter socioeconómico.

Por si esto fuera poco, y a pesar de que el Partido Popular se ha felicitado reiteradamente del acuerdo alcanzado con los agentes sociales en relación con el nuevo plan de la minería, en las pocas semanas transcurridas desde que fue suscrito los agentes sociales empiezan ya a manifestar serias dudas sobre las posibilidades de cumplimiento de los contenidos de dicho plan. No ayuda a tener confianza o fe ciega en que se vaya a cumplir el hecho de que se avance que en 2015 las ayudas a la extracción de carbón van a ser sustituidas por incentivos a las eléctricas para el consumo de carbón nacional, aunque solo sea porque este cambio de mecanismo deja en




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manos de las eléctricas precisamente la determinación del cupo extractivo que se va a poder desarrollar desde las empresas mineras. Si no hay garantía de consumo, desde luego la extracción no se va a producir.

Tampoco ayuda en absoluto a confiar en el cumplimiento del plan el hecho de que la empresa pública Hunosa acabe de avanzar su propuesta como plan de empresa hasta el año 2018. En esa propuesta se deja prístino que el SEPI dejará de aportar ayudas al déficit de la empresa en el 2016, y se pretende un plan de empleo en el que, de los actuales 1646 trabajadores, a 1 de enero de 2019 quedarían activos 748, sin aclarar qué se va a hacer —más allá de los mecanismos de prejubilación para el resto— con 354 empleos, que parecen abocados a la extinción mediante despidos. Y tampoco se clarifica en este plan de Hunosa qué actividades de diversificación de su objeto social se van a impulsar. Resulta muy difícil —y termino ya— que algunos de los planteamientos alternativos que la empresa ha desarrollado, como la puesta en marcha de plantaciones de arándanos, sea una opción válida para dar empleo a los picadores de la minería, y desde luego no justificaría el mantenimiento de un nivel salarial igual al que tienen ahora.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador García del Blanco.

El señor GARCÍA DEL BLANCO: Gracias, señor presidente.

No bien llegó el Partido Popular al Gobierno, a finales de 2011, tomó dos medidas —dos medidas importantes— con respecto al sector del carbón en el primer Consejo de Ministros de diciembre. En primer lugar, paralizó las ayudas destinadas a la actividad, y posteriormente las recortó, dinamitando en ese sentido el horizonte 2010-2018, respecto del que las empresas, sobre la base de cierta seguridad jurídica, habían previsto su planteamiento industrial de futuro, generando un caos inmediato en el cortísimo plazo del que posteriormente hemos tenido consecuencias, hasta llegar en este momento a una situación muchísimo peor de la que incluso se podía anticipar en el mismo 2010. Y la segunda medida que adoptó el Gobierno fue la eliminación de los fondos mineros destinados a la reindustrialización, destinados a convenios con ayuntamientos —el llamado eje municipal—, destinados al reciclaje de trabajadores, también a políticas activas de empleo, a becas, etcétera. En definitiva, se puede resumir que lo primero que hizo el Gobierno en las cuencas mineras en diciembre de 2011 fue negar el presente pero también negar el futuro.

A finales de octubre de este año, como bien se ha relatado aquí y expresa la moción, los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo han demostrado que el Gobierno en ese momento no solo tomó una decisión injusta, una decisión agresiva contra las comarcas mineras y todo el sector, sino que también tomó una decisión chapucera, lo hizo chapuceramente, con una inobservancia absoluta de cualquier tipo de procedimiento, entre otras cosas, inobservancia de la obligación de dar audiencia al propio sector, inobservancia de la naturaleza obligacional que hay entre partes, e incluso de esa naturaleza de subvención que tienen muchos fondos mineros.

La suerte del Principado de Asturias durante todo este tiempo es que ha tenido dos Gobiernos, pero no han sido dos Gobiernos del Partido Popular, con lo cual con esta decisión de los tribunales el Gobierno del Principado de Asturias ha planteado la beligerancia, ha batallado judicialmente para recuperar aquello que era suyo y que le correspondía a las cuencas y a las gentes de la cuencas —y eso es lo que ha demostrado esta sentencia— por derecho.

La sentencia analiza los aspectos concretos de los convenios que tienen que ver con el Principado, con la comunidad autónoma de Asturias, pero, ciertamente, los razonamientos de carácter general que se hacen son aplicables a cualquier tipo de convenio, a cualquier territorio que recibía fondos del carbón, a cualquier convenio que estuviera en idéntica situación. Lo que ahora toca, porque para eso estamos en el órgano legislativo y para eso hacemos política, es que nos adelantemos a lo que puede ser una batalla en cuanto a la ejecución de la sentencia. No esperemos a que otras comunidades autónomas tengan que acudir a los tribunales —la verdad es que es difícil esperar que muchas de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que están entregadas al Gobierno, tomen una decisión, pero sí lo podrían hacer en este caso muchos ayuntamientos, como ya han avanzado algunos de ellos, incluso del Partido Popular—, no




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esperemos, repito, a que tengan que acudir a los tribunales para que se apliquen las mismas condiciones de esta sentencia. Lo que toca es que políticamente se reconozca la necesidad de la llegada de estos fondos, que se rectifique por parte del Gobierno, por parte del ministerio, que se asuma el error y la chapuza procedimental, como he dicho, y sobre todo que se proceda a subsanar esta situación.

Estamos hablando de fondos para Asturias por un importe de 213 millones de euros, pero también hablamos de fondos para otras comunidades autónomas y regiones, y voy a poner algún ejemplo. Solo en las provincias de León y Palencia hay proyectos paralizados relativos al eje municipal de más de 78 millones de euros, proyectos, por cierto, que no sirven para engordar las cuentas de nadie, proyectos que iban destinados a la creación de empleo en unas zonas que, como ustedes saben, porque se ha debatido aquí, necesitan más que nunca la inversión pública; proyectos que en mi provincia, sin ir más lejos, tenían previsto la creación de mil puestos de trabajo directos, en zonas, repito, que no tienen ninguna alternativa. También podemos hablar de Teruel, donde quedaron paralizados convenios por un montante de cerca de 20 millones de euros. Para que ustedes lo entiendan, señorías, son cuencas mineras, ayuntamientos mineros, municipios mineros que necesitan estos fondos como el maná.

Señores del Partido Popular, que no nos obligue el Gobierno —trasmítanle también la opinión del Legislativo— a tener que acudir otra vez al juzgado a volver a sacarle los colores y a gastar más recursos públicos en este caso, en lo que parece que ha quedado claro desde el punto de vista jurídico y que desde el principio estaba muy claro desde el punto de vista político. No nos obliguen a acudir, repito, para reclamar en los tribunales lo que es obvio.

Nuestra enmienda se presenta en ese sentido y también para que se revisen aquellos convenios que estaban caducados, en su abrumadora mayoría no como consecuencia de la inactividad de los ayuntamientos y de otros organismos, sino más bien por la inactividad del Gobierno, con el fin de que se generalicen los efectos de esta sentencia; que se revisen también esos convenios caducados y que al menos podamos tener una buena noticia en estas fiestas de Navidad para las cuencas mineras.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García del Blanco.

Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

La enmienda defendida por el senador García del Blanco es consecuente con el contenido de la sentencia a la que hace referencia esta moción consecuencia de interpelación. En efecto, los términos expresados por el Tribunal Central de lo Contencioso-Administrativo son muy concluyentes, tanto los fundamentos de derecho como el propio fallo y, como señalaba el senador, abren una puerta a otras comunidades autónomas afectadas para que la minería pueda acogerse también a los términos de esta sentencia. Coincido, como no puede ser de otra manera, con los fines expresados en esta propuesta de adición que pretende ampliar el cumplimiento de los convenios, independientemente de que afecten a la comunidad autónoma de Asturias. Como se señala en la exposición de motivos, creo que la contundencia de la sentencia es una llamada al cumplimiento de todos los convenios, aunque estén caducados.

Además de aceptar esta incorporación presentada por el Grupo Socialista, hay otra enmienda de adición, en este caso de los senadores Mariscal Cifuentes e Iglesias Fernández, que hace también una interesante aportación al incidir en el objetivo original para el que fueron concebidos los fondos mineros. En esta enmienda subyace una llamada de atención a la forma de gestionar estos fondos que no ha estado exenta de polémica y de la que en algunos casos han resultado proyectos e inversiones pirotécnicas que se alejaron del objetivo principal de reactivar la economía, crear empleo y futuro.

Por tanto, también aceptamos la incorporación de la enmienda que ha defendido el senador Iglesias Fernández, con lo que la moción, señor presidente, quedaría integrada por seis puntos: los cuatro de la iniciativa original y los dos que se añaden como producto de las adiciones presentadas por el Grupo Socialista y los senadores de Izquierda Unida.

Nada más. Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Fernández Rozada.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Señor presidente, señorías, una vez más estamos ante un hecho puntual, un debate en el Senado sobre temas de Asturias. Y la verdad es que me habría gustado que, siendo tres de los senadores que intervenimos asturianos, lo hubiera hecho el representante del Grupo Parlamentario Socialista, que también tienen su senador, para que los que conocemos lo que allí ocurrió pudiéramos trasmitirle a este Parlamento las falsedades e injusticias que a veces se cometen con declaraciones ante actuaciones concretas de un Gobierno.

Autocrítica, ninguna. El señor García del Blanco acaba de manifestar, y se queda tan fresco, la suerte de que Asturias haya contado con Gobiernos no populares en la etapa de gestión. Pero mayor desastre en la gestión de los fondos mineros y en la forma en cómo se seleccionaban los convenios ante la responsabilidad de quien tenía que gestionarlos, que era el Principado, no cabe señor García del Blanco. Entérese primero, o consulte a algunos de sus compañeros en Asturias; y le dirán: habla de otra cosa, pero eso, déjalo. Porque en Asturias es constante la crítica al ejercicio de la responsabilidad ante la ejecución de los convenios, que incluso llegaron en su momento, por razones de las que luego hablaremos, a ser impugnados por bastantes grupos políticos en Asturias.

Pero lo fundamental radica en el hecho de que sea yo precisamente quien tenga que oponerse y hacer una enmienda a la totalidad por cuestiones ajenas al hecho en sí que estamos analizando, porque, señor Martínez Oblanca, si entrásemos a dialogar, a hablar, a intentar consensuar sobre el fondo de lo que usted persigue, probablemente no sería necesaria una enmienda de totalidad como la que está haciendo a un Gobierno de España que se está ocupando y preocupando de Asturias como jamás otro Gobierno lo hizo. Es una pena que no tenga tiempo para demostrarle el porqué de esas actuaciones.

¿Y por qué se opone el PP? Porque, entre otras cosas, en la exposición de motivos el representante de Foro Asturias habla de una colección de patrañas, de una monumental farsa, de que la sentencia declara ilegal la eliminación de los fondos, sin haber traído aquí un argumento para ver en qué parte de la sentencia se dice que es ilegal, como luego veremos. Cuando el Gobierno del Principado recurre una decisión del Gobierno de Rajoy, está bien; si lo hace el Gobierno de Rajoy, a través de los abogados del Estado, entonces es un contumaz maltrato al Principado y un zarpazo intolerable al futuro inmediato de Asturias. Así es muy difícil poder entrar en el fondo para intentar resolver lo que el PP, a pesar de todo esto, va intentar resolver, cumpliendo el fallo de esa sentencia, como luego veremos.

En cuanto al representante de Izquierda Unida, el señor Iglesias ha aprovechado su enmienda para hablar del plan de Hunosa, que traeremos aquí en su momento porque hoy no tenemos tiempo. Señor Iglesias, está equivocado. No van por ahí las cosas. No obstante, tendremos ocasión de hablar de ello porque ahí nos jugamos mucho.

Con respecto a su enmienda, le diré que me alegra mucho que diga que de alguna manera el objetivo original por el que nacieron estos fondos era compensar la destrucción de empleo. Mire, durante más de quince o veinte años —y usted lo sabe—, yo mismo, en nombre del PP de Asturias, no hice más que luchar, primero, por conseguir los planes, que consiguió un Gobierno del Partido Popular, y después, por prestar atención a su gestión y desarrollo, porque en Asturias no estaban siendo objeto de la posibilidad de cubrir el empleo que se perdía, razón por la cual nacieron; dicho con otras palabras, se estaba gestionando mal.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Sin embargo, usted, señor Iglesias, se une al cántico de quienes, habiendo tenido las responsabilidades que tuvieron, son ahora capaces de exigir a un Gobierno que fue el que puso esos planes en marcha y el que intenta salvar la minería, y declararle culpable de los males que otros tuvieron.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Rozada.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Más que un turno en contra de la moción parece que haya sido un turno en contra del Gobierno socialista anterior. Pero en el tema de los fondos mineros hay un hecho que no admite discusión, que el portavoz del Grupo Popular no ha querido ni mencionar, y es que en el primer minuto del mandato, justamente hace dos años, a toda prisa, a toda mecha el Gobierno de Rajoy retiró los 213 millones de euros que le correspondían por derecho a Asturias. Pero eso usted no lo menciona.

Las maravillas que usted cuenta sobre el Gobierno, sobre el Ministerio de Industria, se traducen en la retirada de un dinero que nos corresponde a los asturianos, singularmente a las cuencas mineras y al sector minero, que necesitan recursos para infraestructuras y proyectos imprescindibles para su desarrollo económico, es decir para crear puestos de trabajo en lugar de páramo.

Dice usted que el Gobierno que usted defiende está ocupado y preocupado por Asturias. Ya vemos, ya, lo ocupado y preocupado que está. Llevan dos años gobernando y este de los fondos mineros fue el primero de la serie de varapalos recibidos en la región. Fue el primero, además, quebrantando la ley, quebrantando el derecho por las bravas, eliminando unos convenios establecidos por varias partes, machacando la seguridad jurídica, señor Fernández Rozada, y dando al traste con proyectos cruciales para el futuro de un buen número de municipios asturianos.

¿Cuál es el resultado de este Gobierno que se ocupa y preocupa tanto por Asturias, con tanto varapalo? Pues que la región sigue profundizando en su decadencia, como certifican contumazmente y mes tras mes todos los indicadores estadísticos oficiales. Y el paro va a seguir creciendo, en este caso a costa de la minería, de la privada y también de la pública, señor Fernández Rozada. Porque conviene recordar que en Hunosa están en el aire 354 puestos de trabajo. Con Zapatero, efectivamente, la minería del carbón iba hacia a su desaparición a ritmo de galope, pero con Rajoy va a pasos agigantados, desbocados.

Ustedes se han convertido, señor Fernández Rozada, en los primeros fans del comisario Almunia, que tiene la mano anchísima para ayudar a la banca europea con 413 000 millones de euros —se dice pronto—, de ellos, 60 000 millones para la banca española, y también da el puñetazo encima de la mesa para cerrar la minería del carbón por el método del aplastamiento, y con su colaboración, señores del Partido Popular. Todo, señor Fernández Rozada, con esa colaboración entusiasta de su partido y de su Gobierno.

Usted mezcla, al igual que hizo el ministro de Industria en la interpelación, el Plan de desarrollo alternativo de las comarcas mineras con el Plan del carbón, y no tienen nada que ver. El primero se pactó solidariamente hace quince años y, efectivamente, usted tuvo mucho que ver con eso; y se agradece y se reconoce. Era un plan para crear futuro, y el que se firmó hace unos meses es un plan de desahucio, para aniquilar la minería, generar paro y extinguir una actividad económica vital para miles y miles de familias.

Este es el Gobierno, señor Fernández Rozada, matarife del sector del carbón. Señor Fernández Rozada, usted sabrá dónde está, si por el futuro de las cuencas, con estos fondos mineros que le corresponden a Asturias por derecho, o con los matarifes que van a acabar aceleradamente con el sector del carbón. Sepan que nunca van a contar con Foro en esa carrera desenfrenada y desbocada del Gobierno para dejar a Asturias sin carbón y a España sin soberanía energética como secuela del cerrojazo de explotaciones de nuestro único combustible fósil autóctono.

Nada más, señor presidente. Y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Como bien ha dicho el senador Fernández Rozada, esta es una discusión entre tres asturianos y gente más o menos asomada que opinamos sobre algo que consideramos importante, porque la moción consecuencia de interpelación dice muy claramente que se trata de cumplir una sentencia




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del tribunal contencioso administrativo, y nosotros somos partidarios de que se cumpla la ley. Por tanto, vamos a votar favorablemente a esta moción.

En esta pelea entre Isidros entiendo que el senador Isidro Fernández Rozada en el fondo está de acuerdo con la iniciativa del senador Isidro Martínez Oblanca, pero tiene que defender lo que tiene que defender. Por tanto, instamos simplemente al Partido Popular a que se cumpla la ley. Nada más.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Senyor president, senyories, bon dia.

L’any 1997, i amb Govern del Partit Popular, es va aprovar el Plan de la minería del carbón, y de desarrollo alternativo de las comarcas mineras. A través d’aquest pla s’acceptava d’alguna manera el tancament de determinats pous i explotacions mineres a canvi d’inversions per a la reactivació i el desenvolupament econòmic de les comarques d’aquestes zones mineres: construcció d’infraestructures, suport a la implantació empresarial, creació d’ocupació alternativa per compensar els llocs de treball que es destruïen. L’objectiu era, per tant, clar: estimular, diversificar, i trobar alternatives sostenibles per garantir el futur de les zones mineres, moltes d’elles depenent, únicament, o en gran mesura, de l’explotació del carbó. Aquests fons miners es van pactar amb els sindicats en dues fases, com ja s’ha dit, 1997-2005 i 2006-2012. En el cas de Catalunya, per exemple, i en compliment d’aquest Pla, l’any 2010 tancava l’última mina de carbó que restava en explotació, l’empresa Minera del Baix Segre. Aquest pla es van anar desenvolupant, des del nostre punt de vista, d’una manera acceptable i pacífica fins —com també s’ha dit— el 30 de desembre del 2011, en què el primer Consell de Ministres del Govern del Partit Popular, el Govern Rajoy, prenia l’acord d’eliminar aquests fons miners i trencava d’aquesta manera, de manera unilateral i sense cap mena de diàleg amb els sindicats i zones afectades, un pacte subscrit el 97, torno a insistir, amb un Govern del Partit Popular. Aquesta injusta mesura governamental provocà la reacció de les comarques i zones afectades, protestes, manifestacions, tancades, etc., i, en paral·lel, el govern del Principat d’Astúries interposava una reclamació judicial, contenciosa-administrativa, contra l’acord del Consell de ministres. Finalment, aquest tribunal contenciós-administratiu donava la raó al Principat d’Astúries.

Nosaltres, evidentment, votarem a favor d’aquesta moció i molt més després de la incorporació de les dues esmenes que, d’alguna manera, universalitzen més l’àmbit d’aquesta moció.

I vull acabar fent tres reflexions personals. La primera, des del punt de vista d’un senador català, i malgrat que sí hi ha dues comarques mineres a Catalunya, el Baix Segre i el Berguedà, que d’alguna manera també estan afectades per aquests fons miners, no ho estan en la mateixa magnitud d’altres comunitats autònomes i, per tant, ens podem mirar aquest tema des d’una altra òptica. Crec que és de justícia dir que el govern d’Astúries ha defensat legítimament els seus interessos però, indirectament, també ha defensat els interessos d’aquelles altres zones mineres que, per les raons que siguin, normalment perquè tenen Govern del Partit Popular, no veien defensats els interessos de la mineria del carbó de les seves comarques mineres.

En segon lloc, complir la legalitat. Jo he quedat bastant sorprès de la intervenció o del torn en contra del Partit Popular, perquè el grup parlamentari Popular, constantment, de manera reiterada, en aquesta cambra parla de complir les normes, de complir les lleis que ens hem dotat entre tots, de complir els acords. Bé, queda clar, doncs, que només es compleixen els acords quan en ells els convé i no en totes les ocasions. Jo espero i desitjo que ben aviat aquest país prengui la decisió de canviar de govern i que, per tant, no només les zones mineres sinó altres aspectes de la vida quotidiana puguin millorar respecte a la legalitat i les normes que ens hem dotat entre tots.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Señor presidente, señorías, buenos días.

En el año 1997, con un Gobierno del Partido Popular, se aprobó el Plan de la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras. A través de este plan se aceptaba, en cierto modo, el cierre de ciertos pozos y explotaciones mineras a cambio de inversiones para la




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reactivación y el desarrollo económico de las comarcas y de estas zonas mineras, lo que suponía la construcción de infraestructuras, apoyo empresarial, creación de ocupaciones alternativas, para compensar los puestos de trabajo que se destruían. El objetivo era claro: estimular, pacificar y encontrar alternativas sostenibles para garantizar el futuro de las zonas mineras, muchas de ellas dependientes de forma exclusiva, o en gran medida, de la explotación del carbón. Esto se pactó con los sindicatos en dos fases, 1997-2005 y 2006-2012. En el caso de Cataluña, por ejemplo, y en cumplimiento de este plan, en el año 2010 se cerraba la última mina de carbón que quedaba en explotación con la empresa Minera del Bajo Segre. Este plan se desarrolló, a nuestro juicio, de forma razonable y pacífica hasta el 30 de diciembre de 2011, como se ha apuntado, en que el primer Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular, el Gobierno Rajoy, adoptaba el acuerdo de eliminar estos fondos mineros. Rompía de este modo de forma unilateral y sin diálogo alguno con los sindicatos y las zonas afectadas un pacto suscrito en 1997 con, insisto, un Gobierno del Partido Popular. Esta injusta medida gubernamental provocó la reacción de las comarcas y zonas afectadas, lo que supuso protestas, cierres y manifestaciones. En paralelo, el Gobierno del Principado de Asturias interponía un contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros. Finalmente, este tribunal contencioso administrativo daba la razón al Principado de Asturias.

Evidentemente, nosotros vamos a votar a favor de esta moción, y mucho más después de la incorporación de las dos enmiendas que en cierto modo universalizan más su ámbito.

Quiero concluir haciendo dos reflexiones personales. La primera, desde el punto de vista de un senador catalán, que a pesar de que tenemos el Segre y el Berguedà, dos comarcas en Cataluña que en cierto modo también están afectadas por estos fondos mineros, no lo están en la magnitud de otras comunidades autónomas. Por lo tanto, podemos ver este tema desde un prisma distinto. Creo que es de justicia decir que el Gobierno de Asturias ha defendido legítimamente sus intereses, pero indirectamente también ha defendido los intereses de otras zonas mineras que por las razones que sean, normalmente porque tenían un Gobierno del Partido Popular, no ven defendidos los intereses del carbón de sus zonas mineras.

La segunda, por una cuestión de cumplir la legalidad. Yo me he quedado bastante sorprendido por el turno en contra, porque el Grupo Parlamentario Popular constantemente, de forma reiterada en esta Cámara habla del cumplimiento de las normas, de cumplir las leyes que hemos votado entre todos, de cumplir los acuerdos. Queda claro que solo se cumplen los acuerdos cuando a ellos les conviene y no en todas las ocasiones. Espero y deseo que muy pronto este país tome la decisión de cambiar de Gobierno y que, por lo tanto, no solo las zonas mineras, sino también otros aspectos de la vida cotidiana puedan mejorar respecto de la legalidad y las normas de las que nos hemos dotado entre todos.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gràcies, senyor president. Senyories, molt bon dia,

Senador Isidro Martínez, hem parlat d’altres vegades de mocions relatives al carbó i, un cop més, nosaltres i des del nostre grup li donarem suport, i més també després d’haver acceptat aquestes esmenes que d’alguna manera, el que fan és generalitzar més la moció que vostè plantejava ja que estava molt focalitzada concretament a Astúries.

Nosaltres, com ara comentaré, també tenim determinats problemes a Catalunya i determinats incompliments per part del govern de l’Estat i entenem que, amb aquesta sentència que s’ha produït, doncs hem de reclamar que es compleixi i que es pugui generalitzar.

Nosaltres, des de Convergència i Unió, apostem per una solució definitiva d’aquest tema, una solució que aposti pel creixement i per l’ocupació, i volem evidenciar també, amb aquesta posició afirmativa, que estem sensibilitzats amb aquesta situació perquè aquesta problemàtica també ens afecta molt de prop.

I tenim dues comarques que són el Segrià i el Berguedà on estem vivint en primera persona les limitacions a les quals s’enfronten aquestes comarques davant dels incompliments de convenis




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ja signats i cal saber que, en definitiva, aquesta manca de recursos les limita per al creixement i per a la reindustrialització i pels objectius que, d’alguna manera, es van marcar inicialment.

Aquests fons miners que reclamen, com deia, també ens afecten a nosaltres. Afecten a Catalunya i, des de l’inici del pla, fixin-se senyories, que es van autoritzar setanta-tres projectes d’infraestructures per a les comarques mineres catalanes, per un import d’11 617 000 euros, dels quals es van signar convenis per un valor de 7,5 milions aproximadament, quedant pendents de signatura de convenis per un import de 4 milions aproximadament. És a dir, que encara tenim incompliments sobre aquesta qüestió.

Per tant, nosaltres, el que pretenem és fugir d’aquesta lluita de vegades bipartidista entre el Partit Popular i el Partit Socialista perquè són els dos partits que han participat en els quatre plans de la mineria del carbó existents. El que nosaltres volem és que realment s’apliquin els compromisos establerts. Entenem que el carbó ha de ser també una reserva estratègica i hem de ser conscients que no podem apostar pel manteniment de les ajudes de continuïtat més enllà del 2018, ja que això suposaria incompliment dels compromisos europeus i del propi govern espanyol.

Nosaltres en aquest sentit reiterem, d’una banda, que es compleixi amb el pla de tancament de les unitats de producció de la mineria, que va ser elaborat pel govern socialista a la anterior legislatura i remès a Brussel·les l’agost del 2011, en virtut del qual, i seguint les decisions del Consell de la Unió Europea de desembre del 2010, no pot quedar oberta a partir del gener del 2019 cap unitat de producció de mineria de carbó que hagi rebut ajuts. Tanmateix, per una altra banda, també reclamem al govern lleialtat amb els seus compromisos compromesos i responsabilitat per dur a terme una alternativa de reindustrialització. Per tant, entenem que, per una banda, s’han de complir els objectius europeus que es van marcar, però, per altra banda, tampoc no podem obviar aquests compromisos, perquè aquestes comarques estan pendents de rebre els ajuts corresponents que han de crear plans de reindustrialització i alhora generar ocupació que, en definitiva, és el que es pretén.

Nosaltres ens sumem doncs a aquesta moció conseqüència d’interpel·lació, amb el benentès que entenem que aquests compromisos s’han de complir i, per tant, volem també, amb aquesta posició, exigir al govern que els compleixi i, atès que a Catalunya aquests incompliments, com he dit abans, afecten dues comarques concretes que són el Segrià i el Berguedà.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Senador Isidro Martínez, ya hemos hablado en otras ocasiones de mociones relativas al carbón y una vez más nosotros, desde mi grupo, les vamos a dar apoyo, tanto más cuanto se acaban de aceptar estas enmiendas, que en cierto modo lo que hacen es generalizar más la moción que usted planteaba y que estaba muy focalizada en Asturias.

Nosotros, por lo tanto y como voy a comentar, también tenemos determinados problemas en Cataluña y determinados incumplimientos por parte del Gobierno del Estado y entendemos, en definitiva, que con esta sentencia que se ha producido tenemos que reclamar que se cumpla y se pueda generalizar.

Desde Convergència i Unió, apostamos por una solución definitiva de este problema, una solución que apueste por el crecimiento y por la ocupación y queremos también poner de manifiesto con esta proposición afirmativa que estamos sensibilizados con esta situación, ya que esta problemática también nos afecta muy de pleno.

Tenemos dos comarcas, el Segrià y el Berguedà, donde estamos viviendo en primera persona las limitaciones a las que se enfrentan estas comarcas ante los incumplimientos de convenios firmados y, en definitiva, esta falta de recursos las limita en su crecimiento, reindustrialización y los objetivos que se sentaron en un primer momento.

Los fondos mineros que reclaman también nos afectan a nosotros, afectan a Cataluña y desde el principio del plan, fíjense ustedes, señorías, se autorizaron setenta y tres proyectos de infraestructuras para las comarcas mineras catalanas por un importe de 11 617 000 euros, de los cuales se firmaron convenios por un valor de 7,5 millones, aproximadamente, quedando pendiente de firma un importe aproximado de 4 millones, es decir, que todavía tenemos incumplimientos al respecto de esta cuestión.




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Por consiguiente, nosotros pretendemos huir de esta lucha a veces bipartidista entre el Partido Popular y Socialista, que son los dos que han participado en los cuatro planes de la minería del carbón existentes. Por otro lado, lo que queremos es que se apliquen los compromisos establecidos. Nosotros entendemos que el carbón también tiene que ser una reserva estratégica y tenemos que ser conscientes de que no podemos apostar por el mantenimiento de las ayudas de continuidad más allá del 2018, ya que ello supondría un incumplimiento de los compromisos europeos y del propio Gobierno español.

En este sentido reiteramos, primero, por un lado, que se cumpla con el plan de cierre de las unidades de producción de la minería, elaborado por el Gobierno socialista en la anterior legislatura y remitido a Bruselas en agosto de 2011, en virtud del cual, y según las decisiones del Consejo de la Unión Europea de 2010, o, no puede quedar abierta ninguna unidad de carbón a partir de enero de 2019. Por otro lado, lo que reclamamos al Gobierno es que se cumpla la ley con los compromisos adoptados y con la responsabilidad para desarrollar una alternativa de reindustrialización. Por lo tanto, hay que cumplir los objetivos europeos que se fijaron en su día. Lo que no podemos hacer es obviar estos compromisos, puesto que estas comarcas están pendientes de recibir las ayudas correspondientes. Tienen que crear planes de reindustrialización y, al mismo tiempo, generar empleo, lo que en realidad se pretende.

Por ello, nos sumamos a la moción consecuencia de interpelación con la idea clara de que estos compromisos hay que cumplirlos. Asimismo, desde nuestra posición queremos exigir su cumplimiento al Gobierno, considerando que estos incumplimientos en Cataluña afectan a dos comarcas concretas: el Segre y el Berguedà.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador García del Blanco.

El señor GARCÍA DEL BLANCO: Señor Fernández Rozada, yo estaba pensando ahora: ¡ojalá no les eche en cara a los senadores de Entesa, del PNV y de CiU que no sean asturianos! Espero que no lo haga. En mi caso, si le preocupa lo del RH negativo, le diré que yo tengo antepasados en Pola de Allande; a lo mejor eso le tranquiliza un poco.

Lo que sí le digo es que yo estoy hablando en nombre del Partido Socialista y usted del Partido Popular. Yo no soy asturiano, soy leonés, pero estoy defendiendo 213 millones de euros para Asturias y usted se los está negando. Usted se los está negando, el que lo defiende soy yo, el que lo defiende es el Partido Socialista.

Me hablaba del desastre en la aplicación de los fondos del carbón. Le voy a poner un ejemplo que no es de Asturias, sino de mi comunidad autónoma, el de la variante de Guardo, donde el director general de Carreteras ha tenido que ir a declarar al juzgado como imputado porque la variante de Guardo está dentro de la trama Gürtel. (Aplausos.) Eso sí es un desastre en cuanto a la aplicación de fondos mineros.

Pero hay que ser justos, la mayor parte de los fondos mineros se han aplicado bien. También es cierto que ha tenido lugar una crisis económica en mitad de todo, que ha dinamitado todo el sector económico español y no solo el de las cuencas mineras, que, evidentemente, era más débil y tenía muchas más dificultades.

Pero ya que estamos aquí me gustaría hacer una mínima referencia a una cuestión, y es que ustedes, y la matraca del ministro últimamente, justifican todo diciendo que han cerrado un plan del carbón. Me gustaría referirme a ello mínimamente para hacerle alguna pregunta que quisiera trasladasen al Gobierno para ver si me la pueden contestar. Aquí se firmó un plan del carbón entre sindicatos, Gobierno y patronal en unas condiciones muy curiosas, después de dos años de ahogamiento del sector por parte del Gobierno. En un lado de la mesa se sentó el ministro de Industria, el señor calamity Soria… (Rumores.), calamidad Soria, si lo prefieren; en otro lado, se sentó la patronal, que después de dos años tenía la mayor parte de sus empresas en concurso de acreedores, algunas incluso en proceso de liquidación, y en otro se sentaron los representantes de los trabajadores, que por cientos estaban incluidos en expedientes de regulación de empleo. Evidentemente, no eran las mejores condiciones de equidad para firmar ningún plan. ¿Qué es lo que hicieron los agentes? Coger lo poco que el Gobierno les ofrecía, ¡qué iban a hacer! Así es




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como se firmó y así es como se está desarrollando también, sin que se cumpla siquiera lo poco que les ofreció el Gobierno.

Aquí vemos siempre a un ministro hinchado, orgulloso, que viene con esa petulancia que le caracteriza en muchas ocasiones, sacando pecho con el plan del carbón, igual que vino aquí a sacar pecho, de manera inexplicable, cuando se debatió la interpelación del señor senador de Foro Asturias sobre una sentencia que había perdido el Gobierno. Entonces esperábamos a un ministro contrito, humilde y que reconociera sus errores. Todo lo contrario, vino aquí a echarle la culpa a todo el mundo y a sacar todavía más pecho, a hincharse todavía más como un pavo, al contrario de lo que se suponía que tenía que haber hecho. Este es un ministro arrogante que no hace mucho más que eso, ser arrogante con los débiles, con los que están en menos condiciones de debatir y discutir y, a la vez, muy débil con los fuertes, como ocurrió con ocasión del debate de la nueva Ley del sector eléctrico, cuando, tras una llamada de Montoro, desapareció, no vino ni al Senado a presentar la propia ley.

Les quiero hacer una pregunta con respecto al propio plan. El consejero de Economía de la Junta de Castilla y León ha anunciado que las empresas que hubieran estado en concurso de acreedores, según le ha transmitido el ministro de Industria, se podrán acoger a las ayudas del plan. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Eso es verdad? ¿Eso lo va a cumplir verdaderamente el Gobierno? ¿El Gobierno va a darle una salida a esas empresas y a esos empresarios que en muchos casos quieren volver a retomar la actividad pero que no han podido porque el Gobierno les mintió en la propia mesa de negociación diciéndoles que iba a adaptar la norma para que pudiesen acogerse a la misma? Esa es mi pregunta y eso es lo que me gustaría que contestara no a mí sino al sector.

Hay cosas incomprensibles, como que el Gobierno desde el primer momento esté echando paladas de tierra sobre el único sector, sobre el único combustible fósil autóctono que tiene nuestro país y que tiene también Europa. Mientras, en otros países están planteadas nuevas aperturas de explotaciones, incluso están planteadas nuevas centrales térmicas como en Alemania, donde se acaban de construir tres, o en Holanda y Dinamarca, paladines en algunos casos de la energía verde.

¿Les parece que tiene sentido que un país productor esté abandonando el sector del carbón? ¿Les parece que es caro mantener el carbón cuando estamos pagando 50 000 millones de euros al año en importar combustibles fósiles, en importar energía? ¡Eso sí que es caro!, supone un 5% del PIB. Mientras tanto, estamos machacando y masacrando nuestro sector que está mucho peor de lo que estaba, incluso, cuando se firmó el plan del carbón.

Yo lo que le pido a este Gobierno es que cumpla las sentencias que dicen que tiene que cumplir lo que estaba pactado. Pero le digo también que meta mano al sector eléctrico pero no precisamente en la factura de los consumidores, sino a esas empresas que han ganado, entre 2005 y 2011, 53 000 millones de euros. Hay margen más que suficiente para que el Gobierno reparta las cargas de la factura eléctrica, sobre todo mucho más a aquellos que más tienen y que más pueden, y menos a los consumidores. Otra vez acaban de anunciar una subida de la luz.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

El señor GARCÍA DEL BLANCO: Voy terminando.

Un millón y medio de hogares en España ya prácticamente no pueden tener ni calefacción en invierno ni luz eléctrica. Es la pobreza energética.

Repito que mi grupo va a apoyar esta moción no solo porque nos parece que hay que cumplir las sentencias, que eso es una cosa evidente y ustedes vienen aquí a debatirlo, sino porque nos parece que es una decisión justa y que las cuencas mineras lo necesitan en este momento mucho más que nunca. Como digo, anuncio el voto favorable a esta moción por parte del Grupo Socialista.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García del Blanco.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández Rozada.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor presidente.




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La pena es que la falta de tiempo no va a permitir dedicarle unos minutos a las perlas que acaba de contarnos el senador del Grupo Parlamentario Socialista porque habla de los planes del PP, planes de la minería, si se cumplirán, si no se cumplirán, si irán mejor o peor, pero lo que no dice es que el único plan que hizo el socialismo con la minería fue firmar el cierre de la minería. (Aplausos.—Rumores.—El señor García del Blanco: Eso no es así.) Eso es lo único que ustedes han hecho, y agradezca, señor del Blanco que si aquí estamos manteniendo debates sobre este sector es porque grupos parlamentarios apoyaron a un Gobierno que sigue apostando, a pesar de las circunstancias adversas, como usted sabe, por la minería. Por lo tanto, no venga aquí a embarullarlo todo y a querer trasladar a la opinión pública la falta de sensibilidad con un sector que ustedes siempre han puesto de manifiesto. Yo lo seguí muy de cerca, fíjese, y lo pude ver. Por eso me duele mucho cuando veo que demagógicamente quieren trasladar, como siempre hacen ante la opinión pública, decisiones que de alguna forma fueron tomadas por ustedes y luego nos responsabilizan a nosotros ante la injusticia que eso supone, como en el tema de la minería.

Pero, no obstante, venimos a hablar del tema de la sentencia, y yo quería tranquilizar al señor Oblanca diciéndole que indudablemente se va a cumplir. No se ha explicado, y se sigue hablando de ilegalidad o de que fue ilegal. La sentencia dice: declarar la obligación por el órgano administrativo competente de determinar en cada caso las incidencias que concurran en la ejecución de los convenios de colaboración litigiosos con identificación de los posibles incumplimientos.

Yo le recuerdo al señor Oblanca —ya se lo había planteado también el ministro, señor Soria— que la sentencia, efectivamente, admite parcialmente el recurso y establece la obligación de determinar en cada caso las incidencias que concurran en los convenios con identificación de los posibles incumplimientos a efectos de establecer el pago de esas cantidades que en su caso procedan. Por tanto, la sentencia no corrobora que aquella medida del ejecutivo de Rajoy fuera ilegal.

Señor Anasagasti, le han contado una historia que no es verdadera. No declara la sentencia que fue ilegal, sino la obligación por el órgano administrativo competente de determinar en cada caso las incidencias que concurran en la ejecución de los convenios.

El Ministerio de Industria, señor Oblanca, dará cumplimiento a las sentencias judiciales que afecten a los convenios reclamados. Revisará caso por caso las actuaciones que afectan a los convenios actuales y futuros, como instrumento de cooperación entre las administraciones para la ejecución de proyectos de interés común, de modo bilateral, en colaboración y mutua lealtad. Eso es lo que hace un Gobierno serio: cumplir la ley, hacer que se cumpla y acatar las sentencias. Por tanto, eso es lo que va a hacer.

Pero quiero finalizar diciéndole al señor Oblanca dos cuestiones que me siguen preocupando. El Rajoy que usted pone aquí como un hombre incapaz de sacar a España y a Asturias adelante (Rumores.) es el mismo Rajoy que usted y yo conocimos —yo desde los inicios de la década de los ochenta— y con el que hemos trabajado juntos. Es el mismo Rajoy que usted y yo aplaudíamos fuertemente cuando… (Denegaciones del señor Martínez Oblanca.—Fuertes rumores.—Fuertes aplausos.)

Sí, sí, señor Oblanca. Es el mismo Rajoy que usted y yo aplaudíamos cuando siendo ministro iba por Asturias y cuando siendo vicepresidente primero venía también a las Cámaras. Usted y yo estábamos entusiasmados porque veíamos que apostaba por Asturias. (Fuertes rumores.) Probablemente usted ahora considere que eso no es así.

Pues bien, yo no he cambiado, yo sigo pensando en un Mariano que defiende Asturias, que defiende las infraestructuras, que defiende el AVE (Fuertes rumores.—Protestas.), que defiende la minería y que apuesta por el tema industrial en Asturias. (Fuertes aplausos.—Varios señores senadores: ¡Bravo, bravo!) Y dentro de lo que ello supone, le invito…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: …le invito, señor Oblanca, a que haga una reflexión y piense que la solución que tenemos ahora no viene de la bancada de la izquierda sino que viene de seguir haciendo esfuerzos por parte de Mariano y de su equipo para que Asturias se incorpore (Fuertes protestas.) a ese tren de la modernidad. Ahí sí que acertará usted.

Nada más y muchas gracias. (Fuertes aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Rozada.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.

Votamos la moción consecuencia de interpelación del senador Martínez Oblanca con la incorporación de las dos enmiendas aceptadas, una de los senadores Iglesias y Mariscal y la otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 231; a favor, 87; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

7. MOCIONES

7.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REVISAR, MEJORAR Y REFORZAR LAS GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS TELEFÓNICOS.

(Núm. exp. 662/000115)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda, del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.)

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Riolobos. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, hasta que no guarden silencio la senadora Riolobos no va a comenzar su intervención.

Decía que, para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señor presidente. Señorías.

Intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, para defender una moción que tiene que ver con el incremento y la mejora en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en un servicio tan importante como el de los contratos telefónicos. Lo que quiere el Partido Popular es proponer que esta Cámara, el Senado, inste al Gobierno de España a revisar, mejorar y reforzar las garantías de los contratos telefónicos que permitan evitar los abusos y especialmente los posibles fraudes a los consumidores y usuarios. Pedimos también que se facilite como principal garantía la copia íntegra de cualquier acuerdo telefónico realizado, que esta copia sea enviada de forma automática o de forma casi inmediata a través de cualquiera de los medios telemáticos que existen en este momento o en cualquier otro soporte, que permita que el consumidor pueda conocer punto por punto el contenido del contrato que ha hecho a través del teléfono para que pueda formalizarse ese contrato de forma presencial y con una firma que tenga validez legal. Para esto, que considero que es fundamental para la defensa de los consumidores y la protección de los usuarios, solicito el voto de los grupos parlamentarios.

Pero me van a permitir que antes hable un poco del contexto general en el que se han desarrollado todas las actividades de protección de los consumidores por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Como ustedes saben, el Gobierno del presidente Rajoy ha sido un Gobierno muy sensible a los problemas de los consumidores y usuarios y ha puesto en marcha políticas transversales en defensa de los mismos. Han sido, como ustedes saben, dos años de un excelente Gobierno, muy a la altura de la perversa herencia recibida de engaños, déficit y quiebra económica, que ha obtenido muy buenos resultados por unas reformas absolutamente ejemplares y por el rigor presupuestario. Además, les tengo que decir que, desde mi punto de vista, el presidente Rajoy es el líder europeo en este momento que más ha crecido en respeto, en credibilidad, en confianza y en reconocimiento no solamente por el resto de presidentes y de Estados miembros, sino también por los grandes fondos inversores, por los empresarios y por todos los sectores.




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Creo, sinceramente, que el presidente Rajoy ha colocado a España en el camino de la recuperación y en el camino de la credibilidad y de la creación de empleo. Probablemente porque todo el protagonismo de estos dos años de Gobierno se lo ha llevado la recuperación económica, ha pasado inadvertido y quizá no ha tenido la notoriedad suficiente el excelente y notable trabajo que han estado llevando a cabo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y también los Ministerios, entre otros, de Industria y de Justicia en defensa y protección de los consumidores y usuarios.

Me van a permitir también que ponga un ejemplo para que veamos el contexto en el que se presenta esta moción. Los contratos telefónicos se han incrementado de una forma exponencial en los últimos años y cada día somos más los ciudadanos que contratamos servicios y productos a través del teléfono. No es de extrañar que hacia los dos y media de la tarde, a una hora siempre intempestiva y de una forma no solicitada, recibamos en nuestro domicilio o en nuestra empresa una llamada telefónica, por supuesto no solicitada y también no deseada. Una voz muy amable al otro lado del teléfono nos ofrece, después de hacernos unas cuantas preguntas, un servicio. No siempre en nuestra vivienda o en nuestra empresa al otro lado del hilo telefónico está el titular de la línea; suele estar un adolescente, un anciano, un discapacitado o un adulto incauto en muchos casos. Se nos ofrece un servicio que suele ser una oferta bastante chollo, que no necesitamos, que no hemos deseado y que mucho menos hemos solicitado. Y muchas veces, sin tener el tiempo suficiente para reflexionar, hemos dicho sí al objeto de un contrato del cual tenemos escasa información o muy sesgada, que es la que se nos ha dado por teléfono, muchas veces confusa e interesada. Y sin el conocimiento preciso y concreto contratamos un servicio que, cuando hemos colgado el teléfono, nos damos cuenta de que no sabemos qué es exactamente lo que hemos contratado. Lo que sí ocurre es que normalmente, al final del mes, nos solemos encontrar con un cargo mensual en nuestra cuenta corriente superior al que antes teníamos porque hemos hecho un contrato sin saber muy bien por qué. Algunos de estos contratos son abusivos; otros se traducen en fraudes porque no nos llega lo que hemos contratado y al final terminamos reclamando o quejándonos, encontrándonos muchas veces con unas dificultades insalvables para el desistimiento de los contratos que hemos suscrito.

Señorías, porque creo que esta moción es muy importante, porque lo único que pretende es proteger a los consumidores, proteger a los usuarios y sensibilizar a los empresarios y a las empresas que se dirigen algunas veces con acoso telefónico a los ciudadanos, porque realmente no podemos continuar con esta situación, pido el voto del resto de los grupos políticos. Como ustedes saben, el mercado de las telecomunicaciones, y especialmente la telefonía, ha crecido mucho en los últimos años y ha cambiado la forma de relacionarnos, fundamentalmente con los empresarios a la hora de gestionar negocios y de contratar servicios. Yo les voy a dar un dato para que vean la magnitud de lo que estamos hablando: el comercio electrónico en nuestro país mueve en este momento 2700 millones de euros y se celebran casi 27 millones de operaciones al año por teléfono, lo que indica realmente que el contrato telefónico y el comercio electrónico tienen un auge absolutamente espectacular. Y, como les decía antes, esto, que puede ser una ventaja para los consumidores y para los usuarios, al final puede traducirse en abusos y en fraudes si no se hacen de forma correcta y en las condiciones que todos esperamos.

Fíjense ustedes, en la actualidad, simplemente por la voz y por una grabación que hace la empresa que nos ofrece el servicio quedamos con un contrato de servicios que pueden ser desde telefonía móvil, el ADSL, algún servicio de televisión, la luz, el gas, seguros en general y especialmente seguros de carácter sanitario. En este momento se suscriben millones de contratos al año y algunos de ellos, como les decía, pueden ser fraudulentos y se ve claramente la falta de transparencia de algunas empresas. Tengan ustedes un dato complementario: solo en el año 2011, en las telecomunicaciones, en el sector de la energía, del agua y de los seguros, hubo más de 300 000 reclamaciones por parte de los usuarios a través de las asociaciones de consumidores y 85 000 reclamaciones a través de las juntas arbitrales de consumo. Parece muy chusco que solo mediante una grabación quedemos condenados a tener que pagar más todos los meses en un recibo y muchas veces sin tener constancia concreta de qué hemos contratado y, sobre todo, qué tipo de relación vamos a tener con esa empresa. Por eso, es importante que de forma inmediata se pueda enviar el contrato y que en él se haga constar la identidad de la empresa, el teléfono, la dirección completa, el precio de la compra, las tasas y los impuestos y, sobre todo, la fecha de




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inicio y terminación del contrato. Creemos que es una garantía absolutamente necesaria que hoy no se produce.

Cualquiera de los apartados que plantea esta moción quiere que haya más control por parte de las administraciones en los contratos de carácter telefónico, que se facilite más información a los que hacemos los contratos vía telefónica, que esa información se dé de forma inmediata y que nos permita tener más conocimientos. En resumen, elevar el nivel de protección de los derechos de los consumidores, reforzar la seguridad jurídica, tanto del empresario como del consumidor, reducir los abusos, responsabilizar más a las empresas y, en conjunto, proteger más a todos los ciudadanos españoles.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Riolobos.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Toledo.

El señor TOLEDO DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, ustedes nos presentan hoy en este Pleno para su debate una moción que desde el punto de vista de su contenido es lógica. Desde luego, podemos estar de acuerdo en que los contratos que se realizan vía telefónica se han convertido en una práctica habitual para los consumidores y suponen un porcentaje muy alto del número total de contratos que realizamos, sobre todo relacionado con la contratación de servicios. Que esta práctica comercial, como consecuencia del gran desarrollo, como usted comentaba, de las técnicas de telecomunicación en los últimos tiempos supone una forma cómoda y rápida para el consumidor para la realización de contratos, es una evidencia, y que, a la vez, esa misma rapidez y comodidad puede convertirse en una trampa para los consumidores, que ven como les resulta altamente complicado o imposible demostrar a posteriori las diferentes cláusulas que regulan ese contrato y que todo ello pueda derivar en muchos casos en un abuso, al no poder contar el consumidor con las garantías necesarias para ejercer una defensa adecuada de sus derechos, también es una evidencia, señorías. Si a esta fórmula que hace una visión muy genérica le añadimos la variante de una tipología concreta de consumidor, como pueden ser las personas mayores, los problemas que genera se multiplican y con ello, por tanto, la indefensión a la que se ven expuestos estos grupos de población. Además, todo esto es comprobable por la gran cantidad de reclamaciones que se recogen diariamente en las organizaciones de consumidores y en las oficinas municipales de información al consumidor.

Somos conscientes, señoría, de que a pesar de que esta problemática está regulada en el título III del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios actualmente vigente, que hace referencia precisamente a esa venta a distancia, creemos que aún así es imprescindible aumentar el marco de garantía de derechos que debe asistir a los consumidores y usuarios dentro de esta modalidad comercial. No obstante, debemos añadir a este respecto que, con fecha 22 de noviembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 2011/83, que establece un nuevo marco legal en esta materia, iniciándose además el trámite parlamentario para su trasposición a nuestro derecho interno. Precisamente el 25 de octubre se inició esa tramitación para modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Señorías, el Grupo Socialista presenta esta enmienda de sustitución con el objetivo último de garantizar de forma real que se mejora el marco legal de las garantías para los consumidores en este tipo de ventas y en relación, por supuesto, con la moción que presenta el Grupo Popular. En la enmienda que hemos presentado creemos que no debemos circunscribirnos únicamente al marco limitado de este tipo de contratos telefónicos, como especifica la moción, sino que deberíamos centrarnos en el epígrafe más extenso de los contratos celebrados a distancia, como bien regula este texto refundido de la Ley General para Defensa de los Consumidores y Usuarios en su artículo 92.1 y 2.

Por otro lado, nos parece importante reseñar la práctica del denominado spam telefónico, ese bombardeo constante e inoportuno en muchos casos con llamadas comerciales, con ofrecimiento de productos o, incluso, para ofrecernos cambiar el contrato que ya tenemos actualmente con algunas compañías. Esta práctica, que nosotros podemos denominar como agresiva, ha




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aumentado exponencialmente en los últimos años y, a nuestro entender, puede suponer incluso una injerencia en el derecho a la intimidad de las personas. Por este motivo consideramos necesario fijar límites a los horarios de las llamadas con fines comerciales y también en el hecho de la repetición de esas llamadas para ofrecernos el mismo producto o servicio, así como la exigencia de que todas las ofertas de bienes y servicios se realicen siempre y en todos los casos en referencia al precio total, incluidos todos los impuestos, con los gastos y cualquier otro cargo que venga en el producto. Los ciudadanos como consumidores debemos ser consumidores, no expertos en impuestos ni en tasas. Señorías, también creemos necesario el regular de forma clara y concisa los servicios de atención al cliente, sobre todo de atención personal, con las limitaciones de los tiempos de espera y la gratuidad de las llamadas.

Y por último, queremos que, si no se deroga, al menos se suspenda la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que elimina la competencia en materia de consumo de los ayuntamientos y, por tanto, la viabilidad futura de las oficinas municipales de información al consumidor. Y todo ello hasta la realización por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de un estudio en profundidad sobre el impacto precisamente de esta ley que, en materia de consumo, deja vacíos de competencias a los ayuntamientos, para ver cómo afecta a estas oficinas de información al consumidor. Y efectivamente, señora Riolobos, el Gobierno del señor Rajoy es muy sensible a los derechos de los consumidores. Es una lástima que en este asunto no haya sido sensible a la competencia municipal de los derechos de esos consumidores para que se puedan defender adecuadamente.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Toledo.

Tiene la palabra la senadora Riolobos para indicar si acepta la enmienda.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señor presidente.

Como el senador Toledo sabe, nosotros hemos agradecido muchísimo la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista. La habíamos estudiado y creíamos sinceramente que mejoraba el petitum de nuestra moción en algunos apartados. Estábamos dispuestos a aceptarle cuatro de los seis puntos que ustedes planteaban, porque uno de ellos ya está incorporado en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Ello quiere decir que el Partido Socialista y el Partido Popular estamos completamente de acuerdo en el texto fundamental de esta moción. Pero ustedes han incluido en la última parte algo que yo denomino chorizo, porque en la última propuesta ustedes pretenden que, después de que todos los senadores de esta Cámara estuviéramos ayer durante siete horas debatiendo la ley de reforma de la Administración Local, ahora, a través de una enmienda a una moción del Grupo Popular, paralicemos la aprobación de esa ley para hacer algo que realmente no tiene fundamento, y le voy a explicar por qué. En la defensa y protección de los consumidores lo importante no es quién tiene la competencia, lo importante es que se atienda a los consumidores, que se defiendan sus derechos y se haga de la forma más eficaz y eficiente posible. Y usted sabe perfectamente que aunque la competencia la van a tener las comunidades autónomas, la protección de los consumidores se va a mantener de una forma extraordinaria porque las comunidades autónomas van a poder firmar convenios con los ayuntamientos para ejercer determinadas funciones. Y yo les voy a poner solo un ejemplo. Ustedes saben que la competencia en materia de reformas, registro de quejas y arbitraje es de carácter nacional y, de hecho, hay una junta nacional al respecto. Sin embargo, el Estado, el Gobierno, ha conveniado con todas las comunidades autónomas y con muchos ayuntamientos delegar la ejecución de esta competencia desde hace mucho tiempo. Y en este momento las juntas arbitrales de las comunidades autónomas, las juntas arbitrales de los ayuntamientos y la junta arbitral de carácter nacional están haciendo un excelente trabajo al respecto.

Por eso le digo que nosotros hubiéramos estado encantados de aceptarle los cuatro primeros puntos de su enmienda y de haber firmado una transaccional que podríamos haber votado todos los grupos parlamentarios y que tiene que ver con esta moción, pero, desde luego, no estamos de acuerdo con el chorizo que intentan colarnos.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Riolobos.

¿Turno en contra? (Pausa.)

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Mahaiburu jauna, senatari jaun-andreok.

Senadora Riolobos, evidentemente, no podemos estar de acuerdo con el texto de la moción. Tanto usted como el senador Toledo han descrito, creo que más que suficientemente, cuál es la problemática y todos estamos de acuerdo con que eso es absolutamente inaceptable. Lo que a mí me extraña un poco es por qué traemos esta moción aquí, pues la trasposición de la directiva que debería haberse aplicado vencía el 13 de diciembre de 2013. Y en el Congreso lleva ya un tiempo, desde el 25 de octubre, el proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el que se tiene que incluir esta directiva que es la que realmente va a intentar evitar —y esperemos que lo consiga— todos estos problemas que tanto usted, senadora Riolobos, como el senador Toledo, han planteado aquí. Lo que nos extraña es que sigamos ampliando el plazo de enmiendas, que ahora es el 26 de diciembre. Es una directiva que tenía que haber estado traspuesta el 13 de diciembre, el proyecto de ley entra en el Congreso el 25 de octubre y todavía estamos alargando el plazo de enmiendas. Nosotros estamos dispuestos a discutir la ley, a colaborar y hacer todo lo necesario para que sea la mejor posible, pero lo que estamos discutiendo hoy ya se recoge en la directiva, por lo que creo que lo que habría que hacer es simplemente trasponerla y cumplirla.

Entendemos su buena voluntad, porque, además, estas fechas son idóneas para que sucedan este tipo de cosas, que a uno le ofrezcan el Canal Plus por cuatro pelas —perdón, he dicho una marca comercial—, o sea, ese sistema por cuatro pelas, pero luego resulta que no es así. Comprendo que hay una especial ofensiva en estas fechas y que tenemos que defendernos, pero debemos hacerlo con la ley.

Por eso, senadora Riolobos, nosotros nos vamos a abstener.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Personalment, en el tema que ens ocupa en aquesta moció, el meu grup entén la preocupació dels consumidors. Jo crec que moltes de les coses que s’han dit aquí, tant la senadora del Grup Popular com el senador del Grup Socialista, expliquen una realitat complexa, i és aquesta realitat del bombardeig constant telefònic a hores inadequades, moltíssimes vegades, per vendre’ns productes que, com molt bé ha dit, no necessitem.

Però el que a nosaltres no ens sembla correcte —més aviat una mica ridícul— és que vostès tornin a presentar una moció, amb un posicionament que per suposat podríem compartir, quan en aquests moments ja hi ha aquesta transposició de la directiva presentada al Congrés dels Diputats. Per tant, ens agradaria poder parlar de tot això i poder discutir aquesta llei, que realment és important i necessària per als consumidors, quan vingui en el format llei, no en una moció. Entre altres coses, perquè les seves mocions no sempre s’acaben complint. Els en recordo alguna de l’any passat sobre la sida, que no han complert. Per tant, estem d’acord amb el PNB que el que hauríem de fer és parlar-ne quan la llei arribi a aquesta cambra.

Nosaltres només voldríem afegir-hi dues coses. Per suposat, una és que estem d’acord que s’ha de revisar, millorar i reforçar aquests contractes, i s’ha de fer de la forma que toca i quan toca, i, com ja li he dit, jo crec que és a través d’una llei. Dos, ens hauria agradat que acceptessin les esmenes del Grup Socialista. Jo crec que milloren el text, perquè concreten. Però també ho podrem presentar en format esmena quan arribi la llei fins aquí.

El que és veritat és que vostè el que ha anomenat xoriço nosaltres segurament ho hauríem anomenat bolet. En castellano se traduce como seta. És una paraula molt menys agressiva i




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senzillament vol dir «una cosa fora de lloc», que és el que vostè intentava dir-nos. Però el que jo també crec que pretenia el Grup Socialista —i que nosaltres compartim des de l’Entesa— és que, no és que sigui fora de lloc, és que el que vostès estan fent contínuament és anar traient competències, mentre que per altres parts continuen defensant-les, i aquestes incongruències constants fa que a vegades no s’entengui el valor d’aquesta cambra o de les mocions que presenten. Per tant, el vot de l’Entesa serà contrari a la moció.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Señorías, respecto al tema que nos ocupa en esta moción, mi grupo entiende la preocupación de los consumidores. Creo que muchas de las cosas que se han dicho aquí, tanto por la senadora del Grupo Popular como por el senador del Grupo Socialista, explican una realidad compleja, que es la del bombardeo telefónico constante en horas inadecuadas, muchas veces para vendernos productos que, como bien ha dicho, no necesitamos.

Pero lo que no nos parece correcto —de hecho, nos parece un poco ridículo— es que ustedes vuelvan a presentar una moción con un posicionamiento, que evidentemente podríamos compartir, cuando ya se ha presentado esa trasposición de la directiva en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, nos gustaría poder hablar de todo ello y poder discutir esta ley que realmente es importante y necesaria para los consumidores cuando nos llegue en formato ley y no en una moción. Entre otros motivos, porque sus mociones no siempre se acaban cumpliendo. Les recuerdo una del año pasado sobre el sida que no han cumplido. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el PNV en que lo que deberíamos hacer es debatirlo cuando la ley llegue a esta Cámara.

Tan solo quisiera añadir dos cosas. Por un lado, estamos de acuerdo en que esto debe ser revisado y en que deben mejorarse los contratos. Pero debe hacerse por las vías adecuadas, como le he dicho, a través de una ley. Por otro lado, nos gustaría que aprobaran la enmienda del Grupo Socialista, porque creo que mejora el texto, ya que concreta. Y podremos presentarlo también en formato enmienda cuando nos llegue la ley.

Ciertamente, lo que usted ha llamado chorizo nosotros en catalán seguramente lo hubiésemos llamado seta, bolet, una palabra menos agresiva, que sencillamente significa algo que aparece fuera de lugar, en el sitio inesperado, que es lo que usted intentaba decirnos. Pero creo que lo que el Grupo Socialista quiere expresar —y en Entesa lo compartimos— es que esto no está fuera de lugar, sino que ustedes lo que continuamente están haciendo es quitar competencias, cuando, por otros lares, siguen defendiéndolas. Y estas incongruencias constantes hacen que en ocasiones no se entienda el valor de esta Cámara o de las mociones que en ella se presentan. Por lo tanto, el voto de la Entesa será contrario a la moción.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president. Senyories, molt bon dia a tothom.

El Grup Popular porta a debat una moció que fa referència a un tema molt concret, que és la formalització d’un contracte per la compra d’un producte o un servei via telefònica. Més enllà de facilitar la compravenda de productes o serveis, això lamentablement, com hem vist, està esdevenint un autèntic problema entre els consumidors. De fet, només cal preguntar entre amics, coneguts o fer una simple recerca d’informació per Internet per entendre que realment tenim un problema. Existeixen centenars de queixes i denúncies per part de consumidors que han estat víctimes d’una manera o d’una altra de la formalització d’un contracte abusiu a través del telèfon. D’una banda, parlem dels abusos realitzats directament per les mateixes companyies venedores. Per exemple, hi ha hagut casos en què les companyies venedores diuen que t’han venut un producte que tu no has comprat mai. Tots hem rebut trucades jo diria estressants, en què has de vigilar el que dius perquè, i perdonin l’expressió, no t’encasquetin algun dels seus productes. Casos en què conscientment contractes un producte o servei, però sota unes condiciones de les quals l’empresari mai va informar. O situacions absolutament contràries, casos en què ets conscient de contractar un producte o un servei sota unes condicions que, finalment, mai es compleixen. Però més enllà dels abusos directes de les empreses o companyies en els seus processos de venda, un altre fet que demostra que aquest procés de contractació és dèbil és




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l’augment de denúncies vinculades a la suplantació d’identitat en la contractació de productes o serveis a través de telèfons o Internet. De fet, ara mateix qualsevol persona que disposi de les meves dades podria formalitzar un contracte sense jo saber-ho. Molts consumidors, com bé deien els anteriors senadors, han estat víctimes d’aquests fraus, i evidentment és necessari buscar fórmules per protegir els consumidors en aquest aspecte.

Per aquest motiu em sembla interessant el que proposen en la moció. Estem d’acord, com bé proposen, que els consumidors rebin còpia íntegra de l’acord telefònic, ja sigui via mail, telèfon o fax, que els permeti disposar del contingut detallat d’aquesta contractació de servei i que, finalment, hagin de formalitzar per escrit la seva acceptació per donar validesa legal a aquest contracte. Hi estem d’acord, sí, però més enllà de la realitat que ens plantegen, voldria fer-li, senyora Riolobos, algunes consideracions.

En l’exposició de motius, però també en la seva part dispositiva i en la seva explicació que ha fet des de la tribuna, fan referència només als contractes formalitzats via telefònica, quan realment el problema —i vostè ho sap i també en feia referència el portaveu del Grup Socialista— es planteja no només en els contractes formalitzats via telefònica, sinó en els contractes formalitzats a nivell digital en general o els coneguts a distància, per tant, tots els contractes formalitzats també fora de l’oficina. Per tant, és una moció que, com tots sabem —i de fet em sembla que totes les intervencions dels grups de l’oposició aniran en aquesta línia— evidentment es queda curta, molt curta, si el que volem realment avui és parlar de la protecció dels consumidors.

Com bé saben, existeix una directiva europea, en concret la 2011/83 de la Unió Europea, sobre els drets dels consumidors, que entre altres temes regula una major protecció dels contractes a distància, venda per correu, Internet, telèfon o fax, que en realitat protegeix allò que vostès avui defensen o proposen en la moció. Per tant, el que avui plantegen és un mandat que tenim de la Unió Europea. La mencionada directiva havia d’estar transposada al nostre ordenament jurídic en concret des del passat divendres dia 13 de desembre. Per tant, ens sap greu dir-li que anem tard.

Finalment, una última consideració: actualment es troba en tràmit parlamentari el debat sobre una llei que, precisament, fa referència explícita al tema que avui ens porten a debat amb aquesta moció. Com saben, el Govern de l’Estat va registrar al Congrés dels Diputats el passat mes d’octubre un projecte de llei en què es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, i d’altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu de 2007.

Per tant, davant d’aquests diferents aspectes, jo sincerament no arribo a comprendre per què avui ens presenten aquesta moció. No sé si tenen interès a quedar bé amb algú o simplement avui presenten una moció perquè li tocava per quota. Sincerament, no ho entenc. Em sembla que, davant la multitud de situacions que vulneren els drets dels consumidors, vostès podrien haver plantejat una moció respecte aquest tema, però plantejat d’una altra manera i possiblement atacant altres situacions que no estan en debat ara mateix al Congrés. De fet, sincerament he arribat a dubtar, m’he plantejat si vostès, igual que les companyies ho fan amb els consumidors, m’estava plantejant una moció amb trampa, li ho dic sincerament. M’he plantejat fer una abstenció i, al final, li votarem a favor, però no he entès el perquè d’aquest plantejament. Li donarem la nostra confiança, però entendrà que ens sembli incorrecte generar aquest debat. Hem de ser seriosos. Hi ha diferents tràmits parlamentaris, ara s’està treballant aquesta llei al Congrés, d’aquí a uns mesos arribarà al Senat i, per tant, em sembla molt inoportuna la presentació d’aquesta moció.

També voldria dir-li que durant la seva intervenció m’ha semblat que aprofitava l’ocasió que tenia avui per gairebé fer un anunci sobre el Govern del senyor Rajoy. A nosaltres no cal que ens expliqui el que fa el senyor Rajoy, que ho sabem, i si vostè ha de quedar bé em sembla que no és aquí el moment per plantejar aquests elogis.

Respecte les esmenes dels altres grups —en aquest cas nosaltres no n’hem presentat—, vostès poden acceptar o no acceptar-les, però en qualsevol cas sempre han de ser respectuosos amb el que presenten els altres grups parlamentaris. He trobat força falta de respecte utilitzar la paraula xoriço respecte d’una esmena. Em sembla que ha estat poc adequat, perquè en aquest cas estem fent referència, o el Partit Socialista estava fent referència a la Llei de la reforma local, que potser per a vostès no és important, però nosaltres com a grup pensem que tindrà uns efectes importantíssims en el dia a dia dels nostres ciutadans i, per tant, no podem riure o no ens podem burlar d’aquest tema amb tanta lleugeresa.




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I al Grup Socialista simplement volem dir-li que lamentem que el Grup Popular no li hagi acceptat l’esmena. També em sembla que es podria haver arribat a una transaccional. Presentàvem una esmena molt completa, que de fet incorpora en gran mesura algun dels aspectes que ja s’estan incorporant, o que ja veurem incorporats en la llei que d’aquí a uns mesos veurem al Senat. Vull dir-li en aquest sentit que jo també penso que el procés de venda o compra d’un producte consta de tres passos: l’abans —el procés de comercialització o de màrqueting—, el durant i el després. Per tant, comparteixo amb vostès aquesta lectura. Estic d’acord amb la necessitat de protegir els consumidors en la fase prèvia de la compra, tot el que fa referència a la comercialització; també, evidentment, que és el debat d’avui, la formalització dels contractes, però també en la fase post-venda, que per a mi és igual o més important que el mateix procés de compra.

Aquí només un apunt: respecte a l’spam, només vull dir que grinyola la Llei de protecció de dades, en aquest sentit també hem de fer una reflexió. I, evidentment, respecte a la proposta que fan de la reforma de l’Administració local o de deixar-la en stand-by, vostès saben quin va ser el nostre posicionament al respecte, un no rotund a aquesta reforma. No estem d’acord que s’eliminin els serveis de proximitat, com per exemple la gestió de les oficines dels consumidors i, per tant, estarem molt amatents a aquests canvis i com afecten en aquest sentit l’àmbit del consum.

Moltíssimes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días a todos.

El Grupo Popular trae a debate una moción que hace referencia a un tema muy concreto, que es la formalización de un contrato para la compra de un producto o servicio vía telefónica, hecho que, más allá de facilitar la compraventa de productos o servicios, por desgracia, como hemos visto, se está convirtiendo en un auténtico problema entre los consumidores. De hecho, basta con preguntar a amigos o conocidos o realizar una pequeña investigación e información por Internet para entender que realmente ese problema existe. Hay centenares de quejas y denuncias de consumidores que han sido víctimas de una forma u otra de la formalización de un contrato abusivo por vía telefónica. Por un lado, estamos hablando de los abusos realizados directamente por las mismas compañías vendedoras de estos productos y servicios, por ejemplo, casos en que las compañías vendedoras afirman haberte vendido un producto que tú no has comprado nunca —todos hemos recibido llamadas diría que estresantes, en las que uno tiene que vigilar muy bien lo que dice para que, permítanme la expresión, no te endosen cualquiera de esos productos—; o también casos en los que conscientemente uno contrata un producto o servicio pero en unas condiciones de las que el empresario jamás informó; o casos contrarios, en los que uno es consciente de contratar un producto o servicio en unas condiciones que al final nunca se llegan a cumplir. Pero más allá de los abusos directos de las empresas o compañías a lo largo de sus procesos de venta, otro hecho que demuestra que este proceso de contratación es débil deriva del aumento de denuncias vinculadas a la suplantación de identidad en la contratación de productos o servicios a través de teléfonos o Internet. De hecho, ahora mismo, cualquier persona que disponga de mis datos podría formalizar un contrato sin yo saberlo. Muchos consumidores, como bien afirmaban los anteriores portavoces, han sido víctimas de estos fraudes, y, qué duda cabe, deben buscarse fórmulas para proteger a los consumidores en este sentido.

Por este motivo me parece interesante lo que ustedes proponen en su moción. Estamos de acuerdo en que los consumidores deben recibir una copia íntegra del acuerdo telefónico, bien por e-mail, teléfono o fax, que les permita disponer del contenido pormenorizado de esa contratación de servicios, y que, finalmente, tengan que formalizar por escrito su aceptación para dar validez legal a ese contrato. Estamos de acuerdo en este punto, así es. Pero más allá de la realidad que ustedes nos plantean, senadora Riolobos, me gustaría hacer una serie de consideraciones.

En la exposición de motivos, pero también en su parte dispositiva y en la explicación que nos ha dado desde la tribuna, ustedes hacen referencia tan solo a los contratos formalizados vía telefónica, cuando realmente el problema —usted lo sabe y también lo mencionó el portavoz del Grupo Socialista— no solo se plantea en esos contratos, sino, en general, en los contratos formalizados por vía digital o los llamados a distancia; por lo tanto, todos los contratos formalizados fuera de la oficina. Así pues, es una moción que, como todos sabemos —de hecho, me parece que




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todas las intervenciones de los grupos de la oposición van a ir en esa misma línea—, se queda corta, muy corta, si lo que realmente queremos es hablar de la protección de los consumidores.

Como saben ustedes, existe una directiva europea, concretamente, la Directiva 2011/1983, sobre los derechos de los consumidores, que, entre otros temas, regula una mayor protección de los contratos a distancia, venta por correo, Internet, teléfono, fax y que en realidad protege lo que ustedes hoy proponen en la moción, por tanto, lo que ustedes plantean es un mandato que ya tenemos de la Unión Europea. La mencionada directiva debería estar traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico desde el pasado viernes 13 de diciembre, pero lamento decirle que llegamos tarde.

Y una última consideración. Hoy por hoy se encuentra en trámite parlamentario el debate sobre una ley que se refiere explícitamente al tema que ustedes traen a debate mediante esta moción. Como saben, el Gobierno del Estado registró en el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre un proyecto de ley mediante el cual se modifica el texto refundido para la protección de los usuarios y otros cambios mediante el proyecto legislativo de 2007.

Ante todos estos aspectos, sinceramente, no alcanzo a comprender por qué hoy nos presentan esta moción, no sé si tienen interés en quedar bien con alguien o sencillamente tienen un cupo que cumplir. No lo entiendo y me parece que ante la multitud de situaciones que vulneran los derechos de los consumidores ustedes podrían haber planteado una moción, pero de otra forma, y abriéndose a otras situaciones que hoy por hoy no están siendo debatidas en el Congreso. De hecho, me he llegado a preguntar si, del mismo modo que hacen las empresas con los consumidores, esta era una moción con trampa; se lo digo sinceramente, incluso he pensado en abstenerme pero al final vamos a votar a favor, aunque, repito, no he entendido el porqué de su planteamiento. Vamos a darles nuestra confianza pero entenderán que considere incorrecto generar este debate, debemos ser serios. Existen distintos trámites parlamentarios, actualmente se está trabajando esta ley en el Congreso, dentro de unos meses llegará al Senado, y, por tanto, me parece muy inoportuna la presentación de esta moción.

También me gustaría decirle, señoría, que me ha parecido que durante su intervención ha aprovechado la ocasión para realizar un anuncio sobre el Gobierno del señor Rajoy. No hace falta que nos cuente qué hace el señor Rajoy, ya lo sabemos, usted tiene que quedar bien, pero no es el momento para plantear estos elogios.

Y respecto a las enmiendas del resto de los grupos —nosotros no hemos presentado ninguna—, ustedes pueden aceptarlas o no, en cualquier caso, siempre deben ser respetuosos con los grupos parlamentarios, y me ha parecido una falta de respeto utilizar la palabra chorizo al hablar de una enmienda. Creo que ha sido poco adecuado porque en este caso el Grupo Socialista estaba haciendo referencia a la Ley de la reforma local, que quizá para ustedes no sea importante pero nosotros pensamos que va a tener unos efectos muy importantes en el día a día de nuestros ciudadanos. Por tanto, no podemos reírnos ni burlarnos de este tema con semejante ligereza.

Quiero decir al Grupo Socialista que lamentamos que el Grupo Popular no haya aceptado su enmienda; creemos que podría haberse llegado a una transaccional, porque es una enmienda muy completa que incorpora en gran medida algunos de los aspectos que ya se están incorporando hoy y que vamos a ver incluidos en la Ley que dentro de unos meses debatiremos en el Senado. En este sentido, yo también opino que el proceso de venta o compra de un producto pasa por tres fases: el antes —el proceso de comercialización o de marketing—, el durante y el después, y comparto con ustedes esa lectura. Estoy de acuerdo en la necesidad de proteger a los consumidores en la fase previa a la compra, todo lo referente a la comercialización, así como el debate de hoy, que es la formalización de los contratos, pero también en la fase de posventa, que para mí es incluso más importante que el mismo proceso de compra.

En este sentido quiero hacer un apunte. Respecto al spam, debo decir que la Ley de protección de datos no acaba de encajar y deberíamos hacer una reflexión. Y en cuanto a la propuesta de la reforma de la Administración Local o de dejarla en stand by, ya saben cuál fue nuestro posicionamiento al respecto: un no rotundo a esa reforma. No estamos de acuerdo con que se eliminen los servicios de proximidad, como la gestión de las oficinas de los consumidores; por tanto, vamos a estar muy pendientes de esos cambios y de cómo afectan al ámbito del consumo.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Toledo.

El señor TOLEDO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a empezar casi por el final. No me doy por aludido con respecto al punto 6 de nuestra enmienda cuando han dicho que se ha incluido un chorizo. Señoría, tanto usted como su grupo saben perfectamente que el Grupo Parlamentario Socialista se ha puesto absoluta y rotundamente en contra de todos los puntos de esa famosa Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que modifica las competencias de los ayuntamientos; hemos vetado la ley y hemos presentado enmiendas de supresión a la práctica totalidad —si no a todos, al 95%— de los puntos, porque queremos que se siga manteniendo la competencia de consumo en los ayuntamientos, señora Riolobos. Pero no solamente vamos a hablar de este punto sino de todas las enmiendas que tengan que ver con las competencias que van a ser hurtadas a los ayuntamientos por culpa de esta ley, señora Riolobos, porque no estamos de acuerdo.

Y ahora, entrando en la consideración de su moción, desde el punto de vista formal —porque, como ya he comentado anteriormente, creo que en ese asunto coincidimos todos los grupos en esta Cámara—, no entendemos cómo hoy, aquí, se presenta esta moción —y leo textualmente, usted lo ha dicho también— para instar al Gobierno a revisar, mejorar y reforzar las garantías de los contratos telefónicos. Y no lo entendemos por lo que ya hemos dicho todos los grupos, y no lo voy a repetir. La trasposición de la directiva europea, que tenía que haberse hecho mucho antes, ya se ha incluido en el procedimiento parlamentario en el Congreso y, además, lo vamos a debatir largo y tendido en el Senado, y lo estamos deseando, para incorporar muchas ideas que todos los grupos tenemos sobre un asunto tan importante para los consumidores y usuarios.

Pero, señora Riolobos, hace ya dos meses que se ha iniciado ese trámite parlamentario. Ustedes presentan aquí, señorías, una moción que insta al Gobierno a hacer algo que ya ha hecho, para que presente un proyecto de ley que ya ha presentado, para modificar una normativa. Sinceramente, no lo entendemos. Una compañera senadora ha comentado anteriormente que da la sensación de ser una moción trampa. De verdad, que no lo entendemos. Nos parece, en todo caso, un acto poco útil, por ser educado; poco útil, señorías, cuando el Gobierno ya ha presentado ese proyecto de ley, como comentaba; poco útil porque, seguramente, en la reanudación del periodo de sesiones se debatirá en comisión esta trasposición de la directiva europea y el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno.

Me pregunto, señorías, ¿es esta otra de las muchas mociones de complacencia de su grupo con el Gobierno en esta Cámara? Porque, sinceramente, eso es lo que parece. No entendemos, en absoluto, la falta de coordinación entre su grupo y el Gobierno de la nación en relación con este asunto en concreto. De verdad, que no lo entendemos. Si ustedes quieren hacer de palmeros del Gobierno —¿sabe lo que es?—, nos parece muy bien, están en su derecho, pero no nos arrastre a los además porque nosotros sí que creemos que es un asunto muy importante. Por eso, hemos incluido el punto 6 de nuestra enmienda, porque la defensa de los consumidores y usuarios por la Administración local es un pilar fundamental. Fíjese, señora Riolobos —yo sé que usted conoce este tema perfectamente—, en el año 1982, antes de que se aprobase la primera Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 26/1984, allá por el año 1984, ya se abrió la primera oficina de información al consumidor, pública y gratuita, en Albacete, en nuestra tierra, en nuestra región, señora Riolobos. Desde entonces, estas oficinas de información al consumidor, competencia de los ayuntamientos en materia de consumo, que ustedes van a eliminar con esta Ley de Administración local, se han convertido en ese pilar básico y fundamental de defensa de los consumidores, aunque no el único. Están las asociaciones de consumidores, efectivamente, porque no podemos dejar a la concurrencia empresarial la defensa de los ciudadanos como consumidores. Es la Constitución, en su artículo 51, apartados 1 y 2, que usted conoce perfectamente, la que habilita a los poderes públicos para que defiendan los derechos de los consumidores y usuarios.

Y precisamente por eso, nosotros hemos metido ese chorizo en la enmienda, porque pensamos que es importantísimo, señora Riolobos, muy importante, y le voy a dar unos datos. Esa racionalización, estabilidad y ahorro de la ley que ayer ustedes aprobaron aquí para nosotros es la antesala de la eliminación de servicios, también de las oficinas de información al consumidor —ya




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veremos si es así—. Desde luego, acabarán con los que no son rentables y con los que ustedes no creen, porque los rentables los privatizarán, faltaría más, señorías, faltaría más. Este servicio de atención al ciudadano es cercano, público y gratuito y ha recogido cientos de miles de reclamaciones de los consumidores y usuarios de este país; ha defendido nuestros derechos y ha realizado inspecciones de consumo, educación y formación. Ese trabajo que han hecho miles de técnicos en toda España va a ser pisoteado, por eso lo de nuestra enmienda no es un chorizo, es un tema muy importante, señora Riolobos.

Pero le voy a dar unos datos rápidamente. En Castilla-La Mancha, en nuestra región, a principios de 2013 existían ciento cuarenta y cinco oficinas de consumo y ahora me consta que alguna menos. Esta red se extiende para atender a casi 1,8 millones de habitantes, el 85% de la población total de nuestra región, Castilla-La Mancha, en un total de novecientos diecinueve municipios, pero ahora con toda seguridad —y le puedo dar ejemplos— son menos. La ratio de población atendida por oficina de consumo está en doce mil habitantes. Existen veinte colegios arbitrales, como usted ha comentado y sé que usted conoce bien el tema. Evidentemente, es una competencia del Estado pero también de las comunidades autónomas, y repito que actualmente existen veinte colegios arbitrales en Castilla-La Mancha. Ya veremos cuántas oficinas de consumo y cuántos colegios arbitrales van a quedar abiertos de aquí a dos años; ya lo veremos, señora Riolobos.

Usted ha comentado una cosa con la que no estoy de acuerdo. El artículo 25 de la Ley 7, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su apartado 2, letra g), dice: El municipio ejercerá, en todo caso, las competencias en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas en las siguientes materias —y usted las conoce perfectamente—: abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa del usuario y consumidor. Lo pone así textualmente en la ley. Pero ustedes, en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, lo han dejado en: ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

Desaparece completamente la referencia a la defensa de los consumidores. Eso no es un chorizo. Usted dice que se podrá delegar. Más adelante, como usted sabe, con esa reforma del artículo 27 en la ley que ustedes han aprobado, sí que se añade en su apartado i) la competencia de consumo. Pero lo hace en estos términos, señora Riolobos: Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales, señorías. Eso no es defensa del consumidor, aunque tiene relación con la defensa del consumidor. Ese es el control interno del mercado; función que por cierto se ha hecho, junto con otros muchos inspectores, por parte de los técnicos de las oficinas de información al consumidor sobre la base, como usted sabe, de los convenios firmados en este caso con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

A nuestro entender, es una absoluta contradicción que ustedes manifiesten, por un lado, la preocupación, con razón, por este tipo de contratos telefónicos —además, creo que todos los grupos lo hemos dejado absolutamente claro aquí— y, por otro lado, se muestren tan sumamente insensibles a este tema de la defensa del consumidor. Se lo he comentado anteriormente, señora Riolobos. Dicen que el señor Rajoy es el gran defensor de los consumidores en este país, pero por el momento el señor Rajoy va a pasar a la historia por ser quien le quita las competencias de consumo a la Administración Local.

Y me consta que en la anterior legislatura usted defendió en esta Cámara estos asuntos con absoluta fuerza, señora Riolobos, y en muchos casos con vehemencia. Y de verdad —se lo digo de corazón—, me extraña muchísimo que usted no haga referencia a este asunto cuando sabe que en nuestra región, por no poner otros ejemplos de nuestro país, este ha sido un pilar básico para nosotros como defensa de los consumidores. No entiendo cómo el Partido Popular, en general, y el Partido Popular en Castilla-La Mancha en concreto, no dice absolutamente nada, porque además me consta que técnicos de las oficinas de consumo ya se han reunido con ustedes para decirles: Ojo, que van a aprobar ustedes con su mayoría absoluta, absoluta, absoluta una ley que nos va a quitar funciones a los ayuntamientos. Y ustedes, ¿qué caso han hecho? Cero. Tal vez porque piensan que es un chorizo. Tal vez. Pero el caso que les han hecho ha sido cero.

Ya sé que ustedes dirán que no es cierto lo que digo, que estamos exagerando, lo que es peor, que cuanto peor mejor, algo que me suena mucho a una táctica que ustedes utilizaban en la anterior legislatura, o simplemente que la culpa de todos los males de este país y del mundo mundial la tenemos los socialistas. Pues sí, ya sé que ustedes tienen una memoria muy selectiva,




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señora Riolobos, se lo digo de corazón, pero es que en este tema es lo que hay, y esta moción, que podía haber sido estupenda hace tres meses, se convierte en una moción trampa hoy.

Sepan ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, que en este tema, como en muchos otros, el tiempo dará y quitará la razón.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor TOLEDO DÍAZ: Termino, señor presidente.

Por todo lo expuesto, y porque no estamos en absoluto de acuerdo con su estrategia del palo y de la zanahoria, mi grupo, desde luego, va a votar en contra de su moción.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Toledo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero agradecer las intervenciones de todos los portavoces de los grupos parlamentarios, sobre todo porque he podido percibir de todas las intervenciones que todos los grupos políticos están de acuerdo con el contenido de esta moción. Están de acuerdo en que tenemos que intensificar el control, tanto de lo que hacen las empresas como de los propios consumidores, en los contratos vía telefónica, para evitar fraudes y abusos. Creo que eso es muy importante. Ahora, cada grupo político ha buscado una disculpa para justificar su voto.

Algunos grupos políticos han recriminado, a mí y a mi grupo político, el oportunismo o la oportunidad a la hora de presentar esta moción. Creo que nunca está de más que en esta Cámara hablemos todos en defensa de los consumidores y usuarios. Les voy a poner un ejemplo para que vean ustedes lo importante que es y la cantidad de quejas que a nivel particular y a nivel de asociaciones hemos recibido en relación con los contratos telefónicos. A mí me contaba ayer una persona el caso de una familia a la que llama una empresa para ofrecer un servicio de ampliación de otro servicio de televisión que ya existía. Una persona joven, no menor de edad, pero sí de 18 años, se pone al teléfono y cuelga sin saber muy bien qué ha contratado. Resulta que ha contratado un servicio que luego no sabe explicar muy bien a sus padres porque le han contado la película como un auténtico chollo, y eso sí, no hubo manera de conseguir rescindir ese contrato, por lo que al mes siguiente, en el recibo correspondiente, venía un cargo de 16 euros más en relación con el servicio que tenía contratado. Eso es una indefensión total para los niños, para los ancianos, que muchas veces no entienden lo que les dicen por teléfono, o para un discapacitado que se puede poner al otro lado del teléfono y que simplemente con que conozca el DNI de su padre puede hacer un contrato que después es muy difícil rescindir, y al final supone dinero para el bolsillo de todos los ciudadanos.

Eso es lo que está pasando en este momento, y yo creo que es importante que en esta Cámara se hable, aunque es verdad que gracias al Gobierno del Partido Popular, y al excelente trabajo que está haciendo el Ministerio de Sanidad en materia de consumo, ya se está tramitando —cumpliéndose los plazos casi al cien por cien— la ley que transpone la directiva en relación con la protección de los consumidores y usuarios. Y es verdad también que en esa ley se habla de los contratos a distancia, pero les tengo que decir a los portavoces que han intervenido que en esa ley, cuando empecemos a hablar de todos los tipos de contrato y de todas las enmiendas que se van a presentar, es posible que este apartado específico de los contratos telefónicos quede diluido, como quedó diluido en las siete horas de debate de la Ley de reforma de la Administración local eso que tanto interesa hoy al señor Toledo y al portavoz del Partido Socialista, que hablemos de quién tiene la competencia en materia de protección de los consumidores.

Yo les digo que el trabajo que está haciendo el ministerio en materia de protección de los consumidores es exhaustivo y con un rigor y una seriedad impresionantes. Y les voy a dar solo unos cuantos ejemplos. Nosotros recibimos una herencia —y todos ustedes lo saben— de problemas en telefonía móvil; problemas de denuncias por Internet; hipotecas; incremento en el recibo y el tipo de recibo de la luz; comisiones abusivas en productos bancarios; huelgas demoledoras en determinados servicios de transporte; una subida de luz de más del 64% y un déficit tarifario de 24 000 millones; y problemas gravísimos en el transporte. El Gobierno del Partido




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Popular, a pesar de la gravísima situación económica, que ha enderezado —y sigo insistiendo en que el presidente Mariano Rajoy y su Gobierno lo han hecho muy bien—, ha puesto en marcha una Ley de protección de deudores hipotecarios que beneficia a los consumidores; una modificación de la Ley de protección de los consumidores y usuarios que está a punto de finalizar su trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados y que llegará aquí a final de año o a principio del año que viene en una transposición récord, cumpliendo prácticamente todos los plazos; se ha hecho una Ley de comisión nacional del mercado de la competencia que beneficia a los consumidores; se ha hecho algo muy importante que se debatió el otro día en la Ley del Sector Eléctrico, y es que se imponga algo que llevábamos demandando mucho tiempo, y es la atención gratuita a los consumidores que reclaman a las compañías eléctricas y gasísticas. Además me consta que, por ejemplo, en la aplicación y puesta en marcha del sistema arbitral de consumo, en el asunto gravísimo de las preferentes, especialmente con Bankia, el Gobierno, por primera vez en la historia, ha puesto en marcha una resolución extrajudicial de conflictos que ha hecho que en solo cinco meses más de sesenta mil afectados por las preferentes de Bankia hayan podido recuperar el dinero que pensaban que estaba perdido.

Creo, sinceramente, que el Gobierno lo está haciendo muy bien y que no es halagar a Mariano Rajoy y a la ministra de Sanidad el trabajo que están haciendo, porque no solamente en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sino en el resto de ministerios se ha hecho un esfuerzo enorme por proteger a los consumidores. Solo hay que leer los periódicos y ver las declaraciones que están haciendo las grandes compañías eléctricas para saber de qué parte está el Gobierno de España, y es de parte de los consumidores y usuarios, sin ninguna duda. (Aplausos.)

Por eso, quiero decirles que en el Partido Popular entendemos que este era el momento, que esta era la hora de presentar esta moción. Es importante que los jóvenes que nos acompañan aquí en este momento en la tribuna de invitados sepan que en este Senado se defiende a los consumidores y usuarios, que son todos los que están aquí en este momento, y que el Gobierno de España antepone la defensa de los consumidores y usuarios, y nosotros tenemos la obligación de decirlo y defenderlo.

Buenos días y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Riolobos.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 234; a favor, 165; en contra, 64; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

7.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LAS POSICIONES ADOPTADAS POR LA COMISARIA DE ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA DE LA UNIÓN EUROPEA.

(Núm. exp. 662/000116)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 7.2.

(La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, aquellos que no quieran seguir el debate, salgan del hemiciclo. Si no, no podemos continuar.

Señor López Veiga, tiene la palabra.

El señor LÓPEZ VEIGA: Señor presidente, señorías, nadie discute ni puede discutir que la gestión de los stocks pesqueros y de las poblaciones de peces explotables han de gestionarse de acuerdo con criterios de seguridad biológica. Es decir, debemos procurar que los stocks se sitúen




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dentro de lo que se conoce como límites de seguridad biológica. También es verdad que existe una resolución de la Cumbre de Johannesburgo en la cual se indica que las pesquerías deben gestionarse al nivel del rendimiento máximo sostenible, si es posible, en 2015. Nada que decir a esto, pero todas las estimaciones que señalan los modelos científicos son puntuales y tienen ciertos rangos de variabilidad. Con lo cual, todo gestor prudente ha de tener en cuenta cuáles son estos límites de confianza de la población y cuáles son estos límites de confianza de las estimaciones. Por lo tanto, tampoco se puede ser excesivamente radical.

Cuando los científicos dicen que una especie está siendo explotada dentro de sus límites de seguridad existe una amplia gama de acciones que se pueden tomar y que no tienen por qué ir necesariamente en detrimento del empleo. Es más, al igual que los tratados, nosotros siempre mantenemos que las poblaciones tienen que gestionarse de tal manera que el empleo sea prioritario.

Nos encontramos ante un caso puntual, que es el del atún rojo, que es un poco la gota que colma el vaso, porque esta comisaria, esta Comisión se ha distinguido especialmente por hacer políticas excesivamente conservacionistas. Yo no digo que no tengan que serlo, que lo tienen que ser, pero no tienen que llevarse hasta el paroxismo de no prestar ninguna atención a los problemas de empleo que a veces implica la adopción de ciertas medidas cuando estas son muy radicales.

En pesca no hay una medida única para recobrar los stocks, hay una gama de alternativas y aunque todas pueden llevar a la recuperación de los stocks, unas tienen una implicación nula, o sea que no producen desempleo y, otras producen un efecto muy fuerte en el desempleo.

Esta comisaria y la Comisión, en general, se han distinguido por despreciar el impacto que ciertas medidas tienen sobre el empleo. Hay medidas que son necesarias y otras que no lo son. Pero la evaluación del impacto social y económico no ha estado nunca presente en esta comisaria. Llama la atención el informe del medio término que ha hecho esta comisaria, en el cual no hay una sola mención, ni una, a los temas relativos a la situación socioeconómica y de empleo en las pesquerías europeas. Esta comisaria y esta Comisión tienen una falta de sensibilidad clamorosa hacia los problemas sociales. Y no lo decimos gratuitamente, sino apoyados en lo que dicen los tratados. Los tratados obligan precisamente a tener muy en cuenta los impactos socioeconómicos, como primer objetivo. Esto es lo que no se ha hecho en todo este periodo de la Comisión.

Nosotros lo hemos vivido —ya viene de atrás— con las propuestas que en su día se hicieron por parte de la Comisión con respecto a la merluza del norte, que hoy se demuestra que eran excesivas. Precisamente ayer se aprobaron importantes aumentos en los cupos de merluza porque España tenía razón en lo que mantenía hace tiempo; no eran necesarias estas medidas ni los stocks estaban en esa condición.

En el caso del atún rojo, que es el que motiva esta situación, lo que propone el punto 1 de nuestra moción es reprobar a la comisaria por su actitud en la reunión del ICCAT de Johannesburgo, porque es de nuevo un ejemplo de lo que no se debe hacer en política pesquera y en casi ninguna otra política. En el caso del atún rojo, que ha pasado por un momento difícil, los científicos dicen que el stock mediterráneo, el stock oriental —esta especie tiene dos stocks, uno, hacia las costas de Estados Unidos y, otro, el Atlántico y las costas del Mediterráneo— está en muy buen estado en estos momentos, está dentro de lo que se considera límites biológicos seguros. De tal manera que en estos momentos la mortalidad por pesca del stock ya está situada a nivel óptimo. Y en cuanto a la biomasa de stock de reproductores, que es otro de los objetivos que hay que perseguir, ya estamos a niveles de los años cincuenta, cuando este stock estaba en su nivel óptimo. Hay estimaciones sobre los objetivos que, a nuestro juicio, pueden ser excesivos pero, desde luego, no se puede decir que el stock no esté en unas condiciones sanas.

¿Qué solicitó España en la reunión de Johannesburgo? Un aumento del total permisible de capturas muy leve. Estábamos pidiendo que en vez de 13 400 toneladas, se aumentara a 13 900, prácticamente 500 toneladas que tienen una importancia socioeconómica especial por las características de explotación de esta especie, que afecta básicamente a las pesquerías andaluzas y a las del levante español, Cataluña, Valencia y Murcia. ¿Por qué decía esto España? Porque las previsiones, las probabilidades, decían que si se alcanzaran los objetivos en el 2020, que son los que se han fijado, no habría diferencia alguna entre adoptar las 13 400 o las 13 900. Es decir, no habría ninguna razón real ni objetiva por la cual no se pudiera dar prioridad al impacto que sobre el empleo tenía esta petición que no alteraba el estado del stock.




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No diríamos nada si las actuaciones de la comisaria y de la Comisión, más lo que dijeron los negociadores comunitarios, que seguían órdenes estrictas de la comisaria, repito, no diríamos nada si los métodos, si la oposición hubiera sido razonablemente negativa o si hubiera habido una discusión en que al final se hubiera llegado a algún compromiso, pero no. La presión fue brutal. Incluso nos han dicho que hay muchos países que estaban dispuestos a apoyar esta medida y que recibieron presiones de la Comisión y de la comisaria diciendo que esto tendría repercusiones en la firma de ciertos convenios pesqueros. Esto no es aceptable democráticamente, no lo es; no se pueden hacer este tipo de políticas.

Pero es que, además, hay otra cosa que es aún más grave. Porque cuando se defienden las cosas por convicción uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero, si se quiere, hay una filosofía detrás de las medidas y se puede entender más o menos, pero es que justamente la postura de la comisaria con respecto a la otra parte del stock, que es la de Estados Unidos, fue absolutamente contraria. La Comisión apoyó un aumento del total admisible de capturas que los propios científicos decían que ponía en riesgo el stock. Y la argumentación de la comisaria y de la Comisión era que no querían granjearse enemistades políticas. Es decir, no querían enfrentarse a Estados Unidos, y esto, señorías, no es aceptable. No se pueden aplicar dobles estándares de moralidad cuando ambas cosas son lo mismo.

Por eso nosotros presentamos esta moción, porque creemos que es necesaria y por considerar que lo hacemos desde el convencimiento de que esta Cámara, de que las Cortes Generales son una parte integrante de las instituciones europeas. Por tanto, sí estamos legitimados para expresar nuestra reprobación cuando estimamos que existen causas justas para ello, pero no voy a detallarlas puesto que no quiero agotar el tiempo; creo que ustedes me lo agradecerán. Por eso en la primera medida decimos que reprobamos la acción de la comisaria en este tema. Es un primer aviso, podríamos reprobarla por muchas cosas más, pero limitamos nuestro enfado a este caso. Y lo dice un gallego, y es que no son los pescadores gallegos ni los vascos los más afectados por esta medida, pero es que es hoy por ti y mañana por mí. Y también decimos que no se confundan, que nosotros sí estamos a favor de un compromiso con las políticas sensatas de conservación. No queremos aventuras, queremos que se gestione dentro de los límites biológicos de seguridad. Pero luego, en los otros puntos, le recordamos a la comisaria que consideraciones sobre los niveles de mortalidad por pesca o sobre biomasa de reproductores, no están en los tratados. Los tratados no dicen nada de eso, no son un objetivo prioritario. Por contra, los tratados son clarísimos en varios de sus preceptos, en los que se dice que las políticas tienen que ser coherentes, que deberán tener exigencias relacionadas con la aprobación de un nivel de empleo elevado. Los objetivos de la PAC dicen que hay que tener en cuenta las características especiales de la actividad agrícola, que hay que efectuar gradualmente las modificaciones que constituye un sector estrechamente vinculado a las economías, y sobre todo el artículo 147 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que en su párrafo 2 dice:»Al formular y aplicar las políticas y medidas de la Unión deberá tenerse en cuenta el objetivo de un alto nivel de empleo».

Yo creo que esto es importante. Por eso presentamos hoy esta moción. Aquí termino sin consumir la totalidad del tiempo. (Aplausos.)

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

A esta moción del Grupo Popular se ha presentado una enmienda del Grupo Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Señorías, permítanme que faga unha parte da miña intervención na lingua na que teño dereito a intervir no apartado de mocións, na miña lingua galega. Para presentar esta emenda que manifesta a nosa desconformidade coa proposta que fai o Partido Popular, o goberno do Partido Popular, de reprobación nas Cortes Xerais a comisaria, e dálle mandatos á Comisión da Unión Europea.

Compartindo a preocupación que se manifesta na exposición de motivos, por unha parte no que se refire ao atún vermello, que entendemos, e apoiamos as peticións do sector, e que entendemos e estamos de acordo en que permitir que un incremento da TAC en base aos datos científicos e que dalgunha forma, na próxima revisión, durante o ano 2014 vai ser posible, que a Comisión Internacional de Conservación do Atún Atlántico, que forman 47 países e non só a Unión




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Europea, pois permita aumentar o TAC do atún vermello. Logo, tamén polo que se refire ao incremento da pescada do norte, neste Senado, os grupos parlamentarios tivemos un acordo pedindo o incremento do TAC de pescada do norte e que fixo que o ministro de Agricultura e Pesca manifestara a súa satisfacción por estes incrementos de cota.

Polo tanto, entendemos ademais que non é función das Cortes Xerais nin do Senado controlar, nas formas tan graves e cun acto tan rotundo como é unha reprobación, os membros dos gobernos e das institucións europeas. O Senado e as cortes europeas, de feito, xa teñen unha fórmula de participación nas decisións europeas como é a do trámite de subsidiariedade que se fai a través da Comisión Mixta e a Unión Europea. Polo tanto entendemos que é compatible a crítica, dura se é necesaria, as decisións e as medidas dos organismos europeos que é compatible con, pois, non respectar o dereito a que o control dos membros da Unión Europea se faga nas institucións europeas, de feito, no Parlamento Europeo.

Polo tanto parécenos inoportuna, creo que esta decisión, esta proposta do Goberno non favorece a España nin ao sector pesqueiro, parécenos inoportuna porque se fai na fin do mandato, dos membros da Unión Europea cando vai haber eleccións dentro duns meses, e dalgunha forma parécenos unha broma dicir que o perigo de Europa son os lobbies ecoloxistas, eu creo que iso é ser antiecoloxista, eu non son ecoloxista, pero tampouco son antiecoloxista. En todo caso, desproporcionada pola forma en que se fai, nun ataque tan personalizado onde se di que ten tics autoritarios, que ten falla de sensibilidade, que realiza coaccións, que é unha radical e outra serie de cuestións. En todo caso, a exposición de motivos non se xustifica coa proposta de resolución.

Señorías, permítanme que haga una parte de la intervención en mi lengua gallega para hablar de esta enmienda, que manifiesta nuestra disconformidad con la propuesta que hace el Partido Popular al Gobierno de reprobación en las Cortes Generales a la comisaria y le da mandatos a la Comisión de la Unión Europea.

Compartimos la preocupación que se manifiesta en la exposición de motivos en lo que se refiere al atún rojo, pues entendemos y apoyamos las peticiones del sector y estamos de acuerdo con permitir un incremento del TAC sobre la base de los datos científicos en la próxima revisión del año 2014, y consideramos que va a ser posible que la Comisión Internacional de Conservación del Atún Atlántico —que forman cuarenta y siete países y no solo la Unión Europea— permita aumentar el TAC del atún rojo. Por lo que se refiere al incremento de la merluza del norte, en este Senado los grupos parlamentarios llegamos a un acuerdo permitiendo el aumento del TAC de la merluza del norte, que hizo que el ministro de Agricultura Alimentación yMedio Ambiente manifestase su satisfacción por estos incrementos de cuota.

Entendemos que no es función de las Cortes Generales, ni del Senado, controlar de forma tan grave y en un acto tan rotundo como una reprobación a las instituciones europeas y a sus miembros. De hecho el Senado, las Cortes Generales, ya tienen una fórmula de participación en las decisiones europeas, como es el trámite de subsidiariedad, que se hace a través de la Comisión Mixta de la Unión Europea. Por lo tanto, entendemos que es compatible la crítica dura, si es necesaria, y las decisiones y las medidas de los organismos europeos con el hecho de que el control de los miembros de la Unión Europea se haga en las instituciones europeas y, en concreto, en el Parlamento Europeo.

En definitiva, nos parece inoportuna. Creo que esta decisión, esta propuesta del Gobierno no favorece a España ni al sector pesquero y nos parece totalmente inoportuna porque se hace al final del mandato del miembro de la Unión Europea, cuando va a haber elecciones dentro de unos meses, y de alguna manera nos parece una broma decir que el peligro de Europa son los lobbies ecologistas, porque yo creo que eso es precisamente ser antiecologistas —yo no soy ecologista, pero tampoco soy antiecologista—. En cualquier caso, es algo desproporcionado por la forma en que se hace, es un ataque muy personalizado puesto que se dice que tiene tics autoritarios, falta de sensibilidad, realiza coacciones, es muy radical y otra serie de cuestiones. En todo caso, la exposición de motivos no se justifica con las propuestas de resolución.

Por lo tanto, permítanme que les explique nuestra enmienda, que propone: Mandatar al Gobierno para que la política pesquera se haga defendiendo políticas pesqueras sostenibles, que suponga la gestión de los recursos pesqueros, que sea con base científica y que tenga en cuenta los valores sociales y el empleo. Que el Gobierno, en el ejercicio de sus funciones —y, por lo tanto,




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yo creo que el Senado debe darle directrices al Gobierno, no a las instituciones Europeas— en las instituciones europeas, en las decisiones que afectan al sector pesquero tenga en cuenta las líneas marcadas por este Pleno del Senado en octubre de 2012 y el documento que redactó la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio mbiente con diferentes medidas pactadas entre todos los grupos políticos en mayo de 2012.

Que el Gobierno dé cuenta periódicamente aquí, en el Senado, de las responsabilidades que exige a otros cargos europeos, que ejerza viniendo aquí, al Parlamento, y no como hace el señor Arias Cañete, que ha venido una vez en dos años a una comparecencia en la que habló de pesca apenas dos minutos.

Que el Gobierno defienda la nueva política pesquera común, y que todas las medidas de pesca recojan los artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y que se realice un análisis de si todas las decisiones de la Unión Europea, económicas, las que afectan a nuestro estado de bienestar y las que suponen recortes para la población se tienen en cuenta en esos tratados de política europea que tan sumisamente adopta y acepta el señor Rajoy y su Gobierno. Porque creo que esto sería más coherente. Y desde luego es compatible defender las posiciones que defendemos con una actitud de respeto a las instituciones europeas.

Muchas gracias. En el turno de portavoces citaré algún artículo más que no he tenido tiempo de nombrar.

Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para manifestar si acepta o no la enmienda, por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador López Veiga.

El señor LÓPEZ VEIGA: Señora presidenta, señorías, hemos oído de todo, menos de la enmienda y de la moción.

Usted, señor Fidalgo, acusa al ministro Arias Cañete de no venir. Yo le veo aquí muchísimas veces contestando a las preguntas.

Su visión de Rajoy ante la política comunitaria…, el tiempo dará la razón a quien la tiene y dirá quién se ha sabido manejar en instituciones europeas con mucho más éxito que otros que le precedieron.

El peligro de Europa nunca hemos dicho que sea de los ecologistas. El peligro de Europa es cuando una comisaria escucha solo a ciertas ONG, y digo ciertas, porque hay otras muchas que son admirables y dignas de apoyo, pero solo escucha a ciertas ONG y, concretamente, a la Pew Charitable Trust, que es una organización no gubernamental que, ¡oh, sorpresa!, está nutrida de los fondos de compañías de petróleo, que tienen muchísimo interés en hacer ecologismo a costa de la pesca para que no se haga ecologismo con los intereses del petróleo. Conviene que en esto ustedes espabilen un poco, señor Fidalgo.

La enmienda no la vamos a aceptar, ¿por qué? Porque usted desvirtúa completamente lo que se pretende con ella. Usted pretende presionar al Gobierno español y apartar la responsabilidad. Pero las competencias por las que estamos protestando las tiene en exclusividad la Comisión, ni siquiera el Consejo o el Parlamento Europeo, porque tiene conferidas las competencias para negociar los tratados internacionales, y en las organizaciones regionales de pesca directamente la Comisión; y si la Comisión es la directamente responsable, nosotros tenemos toda la libertad democrática del mundo para decirle a la comisaria y a la Comisión lo que pensamos como representantes de los trabajadores, de nuestros hombres del mar y de nuestros hombres de tierra, porque si al mar le va bien a la tierra también. Si el pescador pesca comprará más chorizo y más vacas; eso es elemental. Estamos totalmente legitimados, y le voy a citar lo que decía el conde Gondomar, ilustre gallego, como usted sabe, que decía que hablar verdades a los reyes es servir bien. Y nosotros, como Cámara de representación, servimos bien a España y servimos bien a la Unión Europea diciendo con claridad lo que pensamos de unas políticas que dañan a nuestros pescadores catalanes, a nuestros pescadores andaluces y a nuestros pescadores valencianos y murcianos; y me alegro muchísimo de que precisamente me toque defender un caso que no afecta especialmente a los pescadores gallegos, siendo yo gallego. ¿Por qué? Porque es una cosa de todos. Hoy defendemos los intereses de todos nuestros ciudadanos, que hoy son los problemas de unos, y mañana serán los problemas de otros.




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España es un país marítimo, España tiene muchísimo que ganar en la pesca y España tiene muchísimo que ganar diciendo con claridad y en las Cámaras, que son parte del sistema democrático de la Unión Europea, lo que piensa; y haciéndolo así, como decía el conde de Gondomar, servimos bien.

Muchas gracias, y no aceptamos la enmienda. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?

Tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu andrea, egun on, senatari jaun-andreok.

Voy a intentar no consumir el tiempo. No voy a pararme en la parte expositiva, que, verdaderamente, puede parecer muy brusca, y voy a dedicarme solo a la parte dispositiva.

Al sector vasco sí le afecta, no mucho, pero sí le afecta. Tenemos una cuota muy pequeña y, además, esencialmente, se centra en la flota de Hondarribia. Pero, aun así, yo creo que la cuestión no es solamente lo que afecta o deja de afectar al atún rojo —sobre la merluza, ya hablamos; este propio senador fue el que preguntó al Gobierno qué pasaba con la merluza—. Estamos hablando, yo creo, también de otras cosas; estamos hablando de que hasta ahora hemos estado siempre, siempre, pidiendo y exigiendo al sector, pidiendo y exigiendo a las autoridades comunitarias, que basen sus decisiones en criterios científicos, a la hora de aplicar el total admisible de capturas, el rendimiento máximo sostenible, los planes plurianuales, la estabilidad relativa, el esfuerzo pesquero, etcétera, siempre con criterios científicos. Y ahora resulta que sobre la base de esos criterios científicos, el sector pesquero ha sufrido lo que probablemente pocos sectores económicos en el Estado español hayan podido sufrir. Y eso es evidente, eso es así. Ahora resulta que no se puede aumentar la cuota de atún rojo. Y podemos discutir todos los datos científicos que queramos, pero también tenemos que decir —y tenemos que hacerlo porque estuvimos en Sudáfrica en la reunión del ICCAT— que los argumentos de la comisaria, diciendo que no aceptaba el aumento de la captura, se resumían en lo siguiente: el año que viene tendrán ustedes más suerte, porque no estaré yo. Y eso como criterio científico realmente deja mucho que desear, muchísimo que desear. Y entendemos que en esta reunión del ICCAT la comisaria tuviera toda la información y todas las peticiones de todos las organizaciones ecologistas absolutamente razonables, probablemente, y muy respetables.

En este caso algunos grupos ecologistas pedían no aumentar la cuota a pesar de los criterios científicos. Están en su libertad de pedirlo. El problema aquí es que hay dos estados de situación: los peces y los pescados. Y a la comisaria Damanaki le corresponde hablar de pescados. Ya está el comisario Potocnik para hablar de peces. A la comisaria Damanaki le corresponde hablar de sostenibilidad del sector pesquero, pescados, y la sostenibilidad del sector pesquero se basa, única y exclusivamente, en que la población de peces sea sostenible y razonable y que lo que se pesque sea sostenible y razonable y no que lo que se pesque se pueda pescar cuando ella no esté o este año porque ella está. Y eso no lo digo yo, que, al fin y al cabo, qué importancia tendría, más que esté en el Diario de Sesiones.

El sector pesquero español en su totalidad acusa a la comisaria Damanaki de actuar en contra de los intereses de nuestro país. Esta hoja que les muestro es la nota de prensa que se hizo después de esa reunión. Denuncian, de manera conjunta y unitaria, por FEPESCA, Federación española de cofradías, Federación de cofradías vascas, la flota española de cerco, las OPP de las almadrabas, el sector de granjas y acuicultura y la Asociación de pesca, comercio y consumo responsable del atún rojo, calificando de vergonzosa la actuación de la comisaria. Sinceramente, en la parte dispositiva, yo creo que el primer punto llega tarde, senador López Veiga, muy tarde, muy tarde. El sector lo ha pasado canutas — yo no soy del sector —, lo ha pasado muy mal, porque no ha habido ese concepto de sostenibilidad de sector, solamente hemos estado hablando de peces y tenemos que hablar de pescado; de pescado y de peces, de las dos cosas.

En cuanto a los otros puntos, evidentemente, estamos de acuerdo. Se basan más que nada en el empleo, pero yo creo que, en realidad, de lo que se tiene que hablar es de la generación de




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riqueza y de lo que supone la pesca para todas las comunidades en las que la pesca está implantada, por lo menos sí para la comunidad autónoma vasca, no solamente desde el punto de vista económico —que también— sino desde el punto de vista cultural, tradicional, etcétera.

Yo creo que por todo eso y, sobre todo — vuelvo a repetir —, por estar con el sector calificando de vergonzosa la actuación de la comisaria Damanaki, vamos a apoyar esta moción.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señora presidenta.

La verdad es que subo a la tribuna, señorías, con toda la modestia del mundo a hablar de pesca uno que viene de tierra adentro y, además, de la montaña. Por tanto, no voy a hacer en este turno de portavoces ningún debate sobre los números y las aportaciones que han hecho las personas que me han precedido en el uso de la palabra.

Nosotros entendemos que ante esta moción hay claramente dos partes. Es evidente que el debate estrictamente sobre la cuestión de las capacidades, de los stocks, y de si en estos momentos tenemos la posibilidad de pescar más, de obtener más recursos, especialmente en el ámbito del atún, es un debate que requiere sobre todo un criterio científico. Ustedes han dicho que este criterio científico está claramente expuesto en este momento y que los caladeros dan para más, y nos parece bien. Creemos que es un debate lógico, que es un debate que se tiene que sostener. Hay otros informes y estudios que apuntan no tanto sobre el atún, sino en general, que sigue habiendo una sobreexplotación de los caladeros. Estamos hablando de un 46% de ellos que tienen esta sobreexplotación, sobre todo en el Atlántico Norte. Pero en todo caso, insisto, este es un debate estrictamente técnico, y que a nosotros nos parece que se tiene que situar allí donde debe estar. Es decir, en esta Cámara en algún momento hemos conseguido un amplio acuerdo en materia de pesca para darle nuestra opinión al Gobierno. Creo que ha sido un debate consensuado y, por tanto, tiene un formato de hoja de ruta.

Es verdad que en este caso no nos sirve para este debate porque, además de las cuestiones estrictamente técnicas, estamos planteando la reprobación de la comisaria Damanaki. A nosotros esta es la parte de la moción que de alguna manera nos genera inquietud por decirlo así. ¿Por qué? Porque esta es una Cámara en la que debemos cuestionar, impulsar la política del Gobierno. La política de la Unión Europea nos afecta, pero la Unión Europea tiene sus propias instituciones y no nos parece adecuado poner en cuestión a aquellos responsables que por razones evidentes pueden no estar cumpliendo con el bien general de un determinado sector. Y nos preocupa y mucho el sector de la pesca, y nos preocupan y mucho los puestos de trabajo que dependen de él, como nos preocupa, y lo saben ustedes bien, la situación del mundo rural en general. Ahora bien, plantear este debate de la reprobación aquí, o de reprobación de un ministro en un Parlamento autonómico, únicamente por un asunto concreto, nos parece que seguramente no lo estamos haciendo en el ámbito adecuado y además podemos caer en el error de entrar en un juicio de valor por una cuestión que sea estrictamente parcial.

Y no le estoy quitando la razón, señor López Veiga, porque su discurso me ha parecido absolutamente acertado, pero también entiendo en el caso del señor Fidalgo la enmienda que presenta para buscar una posición que sea ciertamente más centrada y realista respecto del problema, evitando una reprobación que finalmente, como estrategia propia del Estado español, pueda acabar acarreando una situación de confrontación, y de cerrar al final las posibilidades de pacto o de acuerdo para mejorar esta situación.

Yo entiendo desde el punto de vista del sector que el hecho de que este Senado pueda aprobar esta reprobación por mayoría seguramente será satisfactorio, y de alguna manera canalizará también su enfado, pero también entiendo que desde el punto de vista de una negociación inteligente de este problema, tal vez convendría más tener una postura más comedida y hacer llegar nuestra queja sin necesidad de llegar al extremo de la reprobación. E, insisto, porque me parece que no está dentro del marco de las competencias o atribuciones de esta Cámara ejercer un control sobre los comisarios europeos, aunque eso no quita que podamos, efectivamente, manifestar nuestra opinión.




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Por tanto, nosotros tenemos dudas muy razonables para apoyarles, para darles el sí a esta moción, aun compartiendo el fondo, porque entendemos perfectamente lo que usted ha explicado, entendemos perfectamente la preocupación del sector, pero nos gustaría que esta moción no reprobara a la comisaria, sino que, simplemente, manifestara nuestro malestar con esta política de la Unión Europea respecto al ámbito del atún, así como que pidiera al Gobierno —y eso lo hace la enmienda que ha planteado el señor Fidalgo— que tome medidas en el asunto y que haga una política eficaz de gestión de los intereses de nuestra flota, para que podamos dar una salida razonable, no solo a este conflicto, sino, en general, al mundo de la pesca que, como ha dicho el senador Cazalis, es un sector que ha sufrido mucho —como otros— y que necesita todo nuestro apoyo y el respaldo de esta Cámara.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gràcies, senyor presidenta.

Senyories, compareixo com a portaveu de pesca de Convergència i Unió i ho faig per posicionar al grup que represento davant d’aquesta moció presentada pel Partit Popular. La veritat és que el nostre grup està d’acord en el fons, no tant en les formes, és a dir, en aquest cas, en el seu redactat.

Creiem que el redactat no és el més adient en un món en el qual el diàleg i el consens és clau entre institucions. En aquest redactat es parla de posicions poc coherents de la comissària, es personalitza, es parla de reprovar l’actual comissària, es parla de tics autoritaris, i això ens sembla poc intel·ligent perquè, a posteriori, s’haurà de seguir negociant amb la comissària, amb qui la substitueixi i, sobretot, amb la Unió Europea. Per tant, al nostre grup, d’entrada ens preocupa la forma i el to en què es presenta aquesta moció.

Dit això, votarem a favor pel que deia abans, pel fons, pel suport al sector que representa. Volem deixar molt clar que, després d’un temps de reduir el total permissible de captures, amb un tant per cent molt elevat, ara tocava una altra cosa. I, d’unes polítiques proteccionistes de la població de diverses espècies com ara el lluç o la tonyina vermella, sabem que s’ha millorat notablement aquesta població. Els informes de l’ICES així ens ho diuen, i així ho certifiquen en diversos aspectes.

Jo parlaré només de dos paràmetres: un, descens de la mortalitat de pesca en aquesta població. Estudis fets per l’ICES demostren que del 1998 fins al 2006 hi ha hagut una gran baixada de la mortalitat en la pesca. Segon paràmetre: hi ha hagut un augment important de la població de reproductors que fa es pugui dir que el potencial de reproductor es podria tipificar com de ple potencial de reproducció. Aquests dos aspectes fan que es pugui demostrar i dir que algunes espècies, no totes, de pesca tenen un rendiment màxim sostenible. Parlo d’algunes espècies que, com deia abans, són el lluç o la tonyina vermella. De la tonyina ja se’n va parlar en seu parlamentària i del lluç també. Avui ens toca la tonyina vermella.

Lògicament, són aquests estudis que parlen de recuperació de la població, d’augment constant de reproductors, etcètera, els que fan que no entenguem l’actitud de la comissària de Pesca amb un tema tan puntual, per exemple, com el d’un patit augment del TAC. Dic petit augment perquè Espanya demanava passar de 13 400 tones de captura de tonyina vermella a 13 900, que amb un llistó relativament alt, era un augment petit. Això hauria permès, sobretot, donar un petit respir al sector de la pesca que ho està passant molt malament, especialment les flotes artesanals.

Mirin, a mi com a senador en representació de Catalunya em toca parlar també del sector pesquer català. Nosaltres tenim a Catalunya sis embarcacions d’encerclament, totes elles ubicades a l’Ametlla de Mar, a La Cala, i sense dubte, aquest augment, a banda d’haver estat un respir, també hauria estat un suport anímic. Aquest és un sector que està passant per una greu situació socioeconòmica, per diversos motius: per la crisi econòmica, pel descens del consum i pel rigor excessiu en la legislació tant espanyola com europea. Moltes vegades, les empreses i el sector s’han queixat d’un excessiu rigor legislatiu que els fa fer una gran inversió a les embarcacions i en seu funcionament, etc. Tot això, d’alguna manera, ens fa tenir present que aquesta és una moció que hauria servit pe augmentar l’autoestima del sector.




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L’Estat espanyol demanava a la Unió europea un reconeixement després de l’esforç. Catalunya, en aquesta cas el govern de Catalunya, ja ha fet patent la seva disconformitat amb la negativa de la comissària Damanaki a augmentar moderadament la quota de pesa de la tonyina vermella basada sobretot en la recuperació de l’espècie. No té cap sentit que després d’aquest esforç es penalitzin els esforços i no es reconegui una gestió sostenible que ha permès recuperar la població de la tonyina vermella al Mediterrani. A més a més, el nostre grup, que és un grup defensor dels ecosistemes, de la recuperació marina, etc., també creu que ara cal d’alguna manera ajudar al sector. Per què? Perquè si bé hem de ser proteccionistes, si bé hem de ser defensors del medi ambient —i aquest portaveu ho és molt, sóc molt defensor de l’ecosistema, de la defensa de la natura, de la fauna, etc.—també cal pensar en les persones. I ara, aquesta moció va dirigida a les persones. Ara cal protegir les empreses que encara aguanten i que són poques. Cal protegir els llocs de treball que encara existeixen, que no hi hagi més destrucció de treball. Ara cal generar riquesa per donar feina a la gent que està a l’atur. Per tots aquests aspectes, nosaltres estem convençuts que havíem de donar suport a aquesta moció.

Al nostre grup li sorprèn l’actitud de la comissària. Entenem el plantejament del Grup Popular, entenem la moció, tot i que no el redactat —que quedi clar— perquè, fixin-s’hi bé, hi ha un estudi que diu que la possibilitat de sobrepesca al 2014 amb un TAC de fins a 16 000 tones de pesca de tonyina vermella és zero. I Espanya en demanava 13 900. Per tant, no entenem aquesta actitud de tancament, aquesta actitud de «no perquè sí». (El senyor vicepresident, Lucas Giménez, ocupa la Presidència.)

Ja he dit que el nostre grup té un compromís amb el medi ambient i amb la millora i protecció dels ecosistemes marins i de les espècies marines inqüestionable. Però tenim un compromís amb el sector, amb la gent, amb els empresaris, amb els pescadors, amb la gent que surt a la mar i que moltes vegades surt des del desànim i des de la incertesa.

Aquest matí llegíem al diari que la Unió Europea ha augmentat alguns TACs. Que la Unió Europea ha donat alguns augments de captures però, curiosament, la tonyina vermella segueix estant arraconada. Per això, potser, i li dic al portaveu del Grup Popular, aquella contundència i intensitat en l’escrit, potser avui té una mica més raó de ser, perquè avui també hem vist que la comissària i la Unió Europea segueixen sense entendre que el sector de la tonyina vermella ha fet un esforç important de contenció, de reduir captures, d’espera que es regenerés la població i que, una vegada que els informes tècnics diuen que això s’ha produït, que ha augmentat la població, que la mortalitat de pesca ha baixat, que els reproductors han augmentat i que la població està en bona salut, no entenem que a la reunió que es va fer al seu dia a Sud-àfrica, no es fes un punt i a part de l’acord de Dubrovnik. L’acord de Dubrovnik va ser correcte, era salvaguarda de l’espècie. L’acord de Sud-àfrica havia d’haver estat la salvaguarda del sector pesquer, dels pescadors i de la gent que pateix.

Moltes gràcies.

Intervengo como portavoz de pesca del Grupo Catalán Convergència i Unió para posicionar al grupo que represento ante esta moción presentada por el Partido Popular. Lo cierto es que nuestro grupo está de acuerdo con el fondo de la cuestión, no tanto con la forma, con su redactado. Creemos que el redactado no es el más adecuado en un mundo en el que el diálogo y el consenso deben ser la base de las instituciones. En este texto se habla de opiniones poco coherentes de la comisaria, personalizando. Se habla de tics autoritarios, y esto nos parece poco inteligente, porque, a posteriori, habrá que seguir negociando con la comisaria, con quien la sustituya, y, sobre todo, con la Unión Europea. Por lo tanto, a nuestro grupo, de entrada, le preocupa la forma y el tono con el que se presenta esta moción.

Dicho esto, vamos a votar a favor, por lo que decía antes, por el fondo, por el apoyo que representa para el sector. Y queremos dejar muy claro que, tras un tiempo de reducción de la tasa admisible de capturas, con un tanto por ciento muy elevado, ahora tocaba algo distinto. Tras unas políticas proteccionistas de la población de distintas especies, como la merluza o el atún rojo, por ejemplo, sabemos que se ha mejorado notablemente dicha población. Los informes del ICES así lo dicen y certifican

Yo voy a hablar solo de dos parámetros. Uno. Descenso de la mortalidad de pesca de esta población. Estudios realizados por esta institución demuestran que desde 1998 hasta 2006 ha habido una gran disminución de la mortalidad en la pesca. Dos. Se ha producido un aumento




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importante de la población de reproductores que hace que se pueda tipificar como de pleno potencial para la reproducción. Y estos dos aspectos hacen que se pueda afirmar que algunas especies de pesca, no todas, están en un rendimiento máximo sostenible. Hablo de especies como las que he mencionado antes, la merluza y atún rojo. De la merluza y del atún ya se ha hablado en sede parlamentaria. Hoy hablamos del atún rojo.

Estos estudios que hablan de recuperación de la población, de aumento de reproductores, etcétera, son los que hacen que no entendamos la actitud de la comisaria de Pesca en un tema tan puntual como, por ejemplo, el de un pequeño aumento del TAC. España hablaba de pasar de 13 400 toneladas de captura de atún rojo a 13 900, con un umbral relativamente alto, y, por tanto, un margen bajo. Esto hubiera podido permitir un respiro al sector de la pesca, que lo está pasando muy mal.

Como senador, en representación de Cataluña, me toca también hablar del sector pesquero catalán. Nosotros tenemos diversas embarcaciones, todas ubicadas en L’Ametlla de Mar, en La Cala, y, sin duda, este aumento, además de un respiro, habría significado también un gran apoyo anímico. Este es un sector que está pasando por una grave situación socioeconómica por diversos motivos, a saber: la crisis económica, descenso del consumo, excesivo rigor en la legislación, tanto española como europea. De hecho, muchas veces el sector, las empresas se han quejado de ese excesivo rigor legislativo, que obliga a una gran inversión en las embarcaciones y su funcionamiento. Y todo esto en cierto modo hace que debamos de tener presente que esta es una moción que podría haber aumentado la autoestima del sector.

El Estado español pedía a la Unión Europea un reconocimiento después del esfuerzo. Cataluña, en este caso el Gobierno de Cataluña, ya ha puesto de manifiesto su disconformidad con la negativa de la comisaria a aumentar moderadamente la cuota del atún rojo, basada en la recuperación de la especie. No tiene ningún sentido que después de hacer un esfuerzo y cuando se ha llevado a cabo una gestión sostenible que ha permitido recuperar la población del atún rojo en el Mediterráneo, este se penalice y no se reconozca. Además nuestro grupo, defensor de los ecosistemas, del sector marino, etcétera, cree que ahora también es necesario ayudar al sector. ¿Por qué? Aunque debemos ser proteccionistas y debemos defender el medio ambiente, y este portavoz defiende claramente el ecosistema, la naturaleza, la fauna, etcétera, también hay que pensar en las personas, y esta moción va dirigida a las personas. Ahora hay que proteger a las empresas que todavía aguantan, y son pocas, hay que proteger los puestos de trabajo que todavía existen para que no se destruya más empleo, hay que generar riqueza para dar trabajo a las personas desempleadas. Por todos estos motivos, creemos y estamos convencidos de que debemos apoyar esta moción.

A nuestro grupo le sorprende la actitud de la comisaria. Entendemos el planteamiento del Grupo Popular, aunque no el redactado —que quede claro—. Fíjense ustedes, hay un estudio que dice que la posibilidad de sobrepesca en 2014, con un TAC de hasta 16 000 toneladas de pesca de atún rojo, es igual a cero, y España pedía 13 900. Por tanto, no entendemos esta actitud de cierre porque sí. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Ya he dicho que nuestro grupo está comprometido con el medio ambiente, con la mejora y la protección del medio marino y sus especies —eso está claro—, pero tenemos un compromiso primero con el sector, con las personas, con los empresarios, con los pescadores, con la gente que sale a la mar, que muchas veces lo hace desde el desánimo o la incertidumbre.

Esta mañana leíamos en el periódico que la Unión Europea ha aumentado algunos TAC, que ha permitido el aumento de algunas capturas, pero, curiosamente, la del atún rojo sigue apartada. Por eso le digo al portavoz del Grupo Popular que esa contundencia, esa intensidad en el texto tenga hoy un poquito más razón de ser, porque hoy también hemos podido ver que la comisaria de la Unión Europea sigue sin entender que el sector del atún rojo ha hecho un esfuerzo importante de contención, de reducción de capturas en espera de que se regenerase la población. Cuando los informes técnicos dicen que aumenta la población, que la mortalidad por pesca se ha reducido, que los reproductores han aumentado y, por tanto, que la situación es buena, no entendemos que en la reunión celebrada en su día no se hiciera un punto y aparte del acuerdo de Dubrovnik, que fue correcto, fue la salvaguarda de la especie. El acuerdo de Sudáfrica tenía que haber sido la salvaguarda del sector pesquero, de los pescadores y de la gente que sufre.

Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor López Veiga, nosotros no defendemos a la comisaria. Creo que si ustedes la quieren censurar, deberían presentar una iniciativa de este tipo en el Parlamento Europeo para que ella se pudiera defender. Aquí no tiene quien la defienda, yo desde luego no lo voy a hacer.

Nosotros somos críticos con muchas de las decisiones que se han tomado a lo largo de esta legislatura —a la que le quedan unos meses—, pero me parece que se han tomado grandes decisiones, decisiones importantes. Basar esta reprobación en una sola decisión sobre una especie determinada, adoptada en una reunión en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Rojo, que conforman cuarenta y siete países, y donde la posición europea no se conforma por una decisión personal sino por el consenso de los veintisiete países, de los veintisiete Gobiernos, entre ellos el del señor Cañete, es desviar la atención.

Ya le he dicho en cuanto a la merluza del norte que el ministro ha mostrado su satisfacción por los resultados. Se lo voy a leer: El ministro español de Agricultura, Miguel Arias Cañete, señaló que el pacto satisface gran parte de las demandas españolas al mantener e incrementar las posibilidades pesqueras en esta especie de gran interés, como es la merluza del norte. Eso es lo que hay.

Y, señorías, lo que ustedes quieren hacer es desviar el foco de la atención sobre las responsabilidades del señor ministro, como hacen siempre, maldiciendo Europa. Es una política de euroescepticismo de la derecha europea en la que no podemos participar. Europa se construye con consensos, con diálogos y con negociaciones, y unas veces se gana y otras se pierde, ese es el juego, y así avanza Europa y nosotros. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por cierto, me van a permitir que les cuente una anécdota personal: la actitud del señor Cañete es como la de un veterinario amigo mío que fue a ver a una paisana que tenía el cerdo enfermo y, al entrar, vio la estampa de San Antonio. Y el veterinario le dijo: Señora, me quita la estampa de San Antonio o no entro porque ya estoy cansado de que si el cerdo cura es gracias a San Antonio y si muere es culpa del veterinario. (Risas.) En esas estamos. Esta es la actitud del Gobierno y del señor Cañete. De día nos trae una reprobación, ayer por la noche el señor Cañete nos dijo que los acuerdos de reparto de las cuotas para 2014 son históricos; de noche nos dice que la flota gallega recibe con alivio el voto en contra de prohibir el arrastre, o sea, de permitir el arrastre; dice que se consiguen aumentar las cuotas en Gran Sol de gallo, rape y merluza. Un acuerdo histórico. El otro día mostró su gran satisfacción por la aprobación de la nueva política pesquera común. Eso es lo que hace el señor Cañete: de día impulsa la reprobación, de noche muestra su satisfacción por lo contrario. Por cierto, creo que el señor Cañete, este Cañete, no está en actitud de reprobar a la comisaria, más bien ha habido un diálogo y, por tanto, de responsabilidades compartidas. Este es quien le hace la reprobación, yo desde luego no la voy a defender.

En todo caso, el señor Cañete tiene que dar cuentas en estas Cortes Generales y no lo está haciendo, se está escondiendo de su gestión en política pesquera. El señor Cañete ha ocultado a las Cámaras que en el tratado mauritano se excluían a los cefalopoderos, ese sería un motivo de reprobación. Se ha escondido en la crisis de Pescanova, mientras desparece uno de los principales grupos pesqueros que son líderes en el mundo.

Y ahora, al finalizar el mandato de las instituciones europeas, querer señalarlas como responsables de las cuestiones y sobre las que el señor ministro tiene que venir aquí a dar cuenta, pero está desaparecido, me parece simplemente que el señor Arias Cañete ha caído muy bajo. No se explica la estrategia de un señor que quiere hacerse un hueco para ser comisario o candidato en el Parlamento Europeo, pues con esta actitud no está a la altura de las circunstancias. En todo caso, se trata del reconocimiento de dos años de fracaso en las políticas europeas del señor Arias Cañete.

Por cierto, me gustaría que el ministro de Agricultura y el Grupo Parlamentario Popular trajeran aquí propuestas para resolver los problemas del sector pesquero. Esta propuesta no resuelve ninguno de los problemas que el sector reclama, como conseguir licencias y actividades por los mares del mundo.




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Señor López Veiga, nos están echando de todos los mares del mundo. Los gallegos hemos perdido espacios para pescar en todos los mares del mundo, y el señor Arias Cañete no nos ha explicado cómo en estos dos años estamos perdiendo licencias en todos los países.

Y, desde luego, no me parece serio que se quiera culpar a Europa de los lobbies ecologistas. Sinceramente, suena a coña. Si Europa sufre alguna amenaza, proviene de otros lobbies, los de los grandes poderes económicos, de los grandes sectores que quieren imponer a los más débiles grandes sacrificios para justificar que la crisis de especulación financiera, que la crisis económica que generaron la han de pagar los más débiles, privándoles de sanidad, privándoles de empleo, privándoles de salarios y pensiones, privándoles de educación. Eso sí que es incumplir el Tratado de la Unión Europea que usted reclama en esta moción.

Por tanto, si tuviera que reprobar y echar la culpa a alguien por incumplimiento del Tratado de la Unión Europea en materia de empleo, en materia de sanidad, en materia de bienestar social, por todas las políticas, no sería a los lobbies ecologistas, sino a los que hacen caso, obedecen y se ponen de rodillas ante los lobbies económicos: al señor Arias Cañete, por hacer desaparecer las políticas ambientales y de pesca; al señor Wert, por hacer desaparecer la educación; a la señora Mato, por hacer desaparecer la sanidad; al señor Montoro, por su comportamiento antiético con la Agencia Tributaria; a la señora Báñez, por los derechos laborales, por los salarios y las pensiones; a la señora vicepresidenta, por estar desaparecida; y al señor Rajoy, por todo ello y por una cosa más: por el fraude electoral, desapareciendo, incumpliendo y faltando a su palabra a los españoles. (Rumores.—Aplausos.)

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador López Veiga.

El señor LÓPEZ VEIGA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor Fidalgo, no sabía que estábamos en una moción de censura y que usted se presentaba como candidato. (Risas.—Aplausos.) Ha echado usted aquí toda la bilis que lleva dentro. Y eso es lo que yo le estoy diciendo: que, precisamente, hay que centrarse en la cuestión, como bien dicen el señor Maldonado y otros portavoces. Me voy a centrar en la cuestión, no en otras cosas, pero le tengo que responder al señor Fidalgo diciendo que los cupos los aprueba el consejo, no la comisaria; la comisaria propone otras cosas bastante más retorcidas.

Por otro lado, el Parlamento Europeo lo que ha hecho es tumbar la propuesta de prohibición de arrastre que hacía la comisaria. ¿Pero usted sabe lo que estaban proponiendo? Yo creo que no lo sabe. El resto lo sabemos, pero ustedes, desde luego, no lo pueden saber, si no, no dirían estas barbaridades.

Al señor Cañete yo le veo aquí muchísimas veces y, desde luego, claro es, no le falta claridad ni desparpajo. Y le tengo que decir otra cosa: pero si tiene usted interpelaciones a mano para hacerlo cuantas veces quiera. Pues hágalo y ya verá como viene.

Pero voy a volver al tema. Yo había dejado a los pescadores vascos fuera para provocarle a usted, para que saliera aquí y se indignara un poco. No, ya sé que no. La propuesta llega tarde, pero menos mal que llega, si no, ¿qué me hubiera dicho usted si no la traigo?

Senador Boya, sabe que le tengo gran aprecio. A mí me parece que un exceso de paños calientes es un poco como el síndrome de Estocolmo, es decir, no nos vamos a meter con el que nos secuestra. No. Es hay una persona que está haciendo una política agresiva innecesariamente, que es lo que estamos diciendo todos. Todos estamos de acuerdo en que hay que defender el medio ambiente e ir a la gestión ecosistémica de las pesquerías, en que hay que progresar muchísimo e ir a políticas de reservas naturales, cosa que España ha hecho más que nadie. Por eso estamos ahora recuperando los frutos y por eso ahora los stocks que están en mejor situación son precisamente los que explota la flota española. Eso no pasa por casualidad, pasa porque España ha hecho caso de lo que piden la FAO y todas las instituciones europeas: atacar el problema de exceso de flota. Nosotros lo hemos hecho y ha sido muy duro, los países que no lo han hecho tienen ahora enormes problemas con el bacalao del Mar Báltico y del Mar Norte, que están fuera de los límites biológicos de seguridad. Y aún nos siguen diciendo muchas veces que los españoles o los pescadores del sur de Europa somos los más descuidados en medidas de




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conservación. Pues afortunadamente esto ya no es así y España —yo espero que sea en breve— comenzará a dar ejemplo.

Señor Maldonado, le agradezco su apoyo y tengo que reconocer que desde el principio Convergència i Unió estuvo de acuerdo. Es más, podríamos haberlo presentado conjuntamente si no fuera porque la mecánica parlamentaria es así. Pero tengo que decirle que a los gallegos nos dicen —desde luego a mí nadie me lo dice de frente porque tengo muy mala reacción— que nunca se sabe dónde están en la escalera, y no es este el caso. Yo digo que hay que decir las cosas con claridad, y eso no es deslealtad ni falta de diplomacia, nada de eso, es simplemente indicar que hasta aquí hemos llegado. Nos hemos moderado y nos hemos restringido a un punto, lo cual no quiere decir que lo vayamos a hacer en otros.

Señor Fidalgo, tengo que decirle que a mí me da igual el tiempo que le quede a la Comisión, me da igual. Hay que reprobar el acto en cuanto se produce. El acto se ha producido hace poco, ha sido la gota que rebasa la copa y hay que dar la situación de aviso.

Pero le tengo que decir varias cosas más. Yo conozco Europa y soy europeísta, no soy nada euroescéptico —si usted visitara a mi familia se daría cuenta en seguida—. Yo no me puedo presentar en mi casa diciendo que soy euroescéptico porque no me dan de comer. Así de claro. Le tengo que decir que conozco bien las instituciones, no en vano he trabajado en ellas once años, y le aseguro que sí se escucha a los Parlamentos, y cuando un Parlamento nacional, algo tan serio como una Cámara de un Parlamento nacional, reacciona como lo estamos haciendo hoy, toman muy buena nota y, desde luego, atienden. Como dice el himno gallego, a ver si a nosa voz atenden e con arroubo atenden o noso ronco son. Es el momento de aplicar o ronco son en estos casos de pesca.

También quiero decirle que yo no estoy en contra —obviamente no lo estoy— de los ecologismos ni jamás hemos dicho que el problema sean las organizaciones ecologistas. Ni hablar. El problema viene con ciertas organizaciones ecologistas que tienen o pueden esconder cosas, como la Pew Charitable Trust, que es una fundación que ha dedicado 200 millones para prohibir los artes de arrastre en aguas europeas, siendo una compañía americana que viene y cuenta con fondos de las empresas de extracción de petróleo. Esto es una táctica para distraer, para que los pescadores se vayan y que nadie critique las perforaciones que han hecho. Y me remito a lo que ha pasado recientemente en NAFO, donde se querían establecer varios ecosistemas sensibles, y cuando algunos representantes de la pesca, como España, lo aceptaron pero para todo, incluidas también las empresas de perforación, se retiró la enmienda. O sea, este es el problema. Y el problema surge cuando hay comisarios que solo escuchan a este tipo de organizaciones, ahí empieza realmente el problema.

Yo tuve la fortuna de aprender ecología con el mejor ecólogo del mundo, don Ramón Margalés, un gran catalán, que decía: Claro que hay que defender el medio ambiente y la ecología, pero hay que escapar de las truculencias. Eso lo decía y lo tiene en su libro de ecología, el mejor libro de ecología que existe y cuya lectura recomiendo.

Lo que quiero decir es que estamos ante un caso ante el cual tenemos que reaccionar. En Europa nos enfrentamos a una situación real, y tenemos que ser muy conscientes de que la pesca interesa a muy pocos países. Enseguida se pone en minoría a España, y esto no es un fallo de Arias Cañete ni de ningún otro ministro, sino que hay que contrarrestar con todas nuestras fuerzas esta tendencia. Y esto solo se hace hablando claro, como un buen gallego, hablando claro, directo y sin miedo. (Aplausos.)

Y tengo que decir otra cosa. Nosotros representamos parte del sistema democrático de la Unión Europea, y claro que tenemos que dirigirnos a quien tiene la responsabilidad. En este caso estamos reprobando lo que ha hecho —ni siquiera a la persona— una comisaria en un caso concreto en el que no ha respetado los tratados que dicen que el empleo es prioritario. Yo pido, señor Fidalgo, que por lo menos no voten en contra porque lo van a tener muy difícil para explicárselo a los señores de Barbate y Conil.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López Veiga.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.




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Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 171; en contra, 1; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

7.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS ACTUACIONES A RAÍZ DEL ACCIDENTE DEL BUQUE PETROLERO PRESTIGE, UNA VEZ QUE SE HA DICTADO SENTENCIA SOBRE EL MISMO.

(Núm. exp. 662/000114)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 7.3. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor o abandonen el hemiciclo en silencio.

Señorías, a esta moción… (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

A esta moción se había presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, pero posteriormente se ha presentado una enmienda transaccional, firmada por todos los grupos, de modo que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular se considera decaída.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Fernández Pena, por tiempo de quince minutos.

La señora FERNÁNDEZ PENA: Gracias, presidente. Buenos días a todos, señorías.

Once años después, son multitud las voces que reclaman justicia en el caso Prestige a pesar de que ya hay sentencia; una multitud formada por hombres y mujeres de todo el país que han sentido como propio el grito de nunca mais, un grito social que nos exige como políticos que busquemos soluciones que nos hagan despertar de este mal sueño en el que se han convertido tantos y tantos años de instrucción judicial; ciudadanos que nos piden que busquemos esa justicia que aún no ha llegado, que nos piden que pague quien tanto daño hizo a nuestra tierra por seguir amasando sus propias fortunas, que exigen que los responsables políticos en el momento de la catástrofe sepan situarse en el lugar que debieran ocupar quien fracasa, pero sobre todo quieren que aprendamos de los errores y que, sin dejarnos llevar por posiciones políticas, asumamos juntos posiciones medioambientales que protejan a nuestras costas.

Señorías, de esto trata esta moción presentada a esta Cámara por el Grupo Socialista. Con ella pretendemos que todo el arco parlamentario solicite al Gobierno que continúe con una clara y decidida defensa jurídica para lograr resarcir la parte económica de esta catástrofe, ya que el resarcimiento moral, a la vista de la sentencia, parece inalcanzable; que todo el arco parlamentario le pida al Gobierno que impulse y promueva estrategias de salvamento y protección de nuestras costas que hagan posible que no volvamos a sufrir otro Prestige; estrategias que no solo nos protejan contra grandes desastres, sino que hagan posible que evitemos todos los ataques que la naturaleza sufre por la codicia de algunos armadores, clasificadoras y armadoras marítimas. En definitiva, que acaben con las amenazas medioambientales que supone el transporte de un combustible fósil como es el petróleo, porque no podemos esperar otra catástrofe para reaccionar de nuevo. Debemos estar permanentemente preparados, con todas las obligaciones cumplidas.

El Gobierno no puede dormirse en esta materia, y lo digo porque ya lo vivimos, y de los errores, señorías, debemos aprender. Y es que debemos reconocer todas y todos en esta Cámara que el Prestige marcó un antes y un después histórico en la seguridad marítima y en la lucha contra la contaminación. Los cambios fueron tan evidentes como importantes. Fue el Gobierno de Zapatero el que dio un notable impulso a las políticas de seguridad marítima, con la aprobación del plan puente y luego del Plan Nacional de Salvamento Marítimo 2006-2009, que multiplicó por 6,6 veces las inversiones del anterior plan, con una dotación de 1023 millones de euros; una cantidad que se mejoró con el nuevo plan 2010-2018 y que llega hasta los 1600 millones de euros, y para el que se fijó una revisión económica en el año 2013, en este mismo año, que aún está sin hacer. Debemos




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reconocer también que Europa ha introducido mejoras en la legislación sobre seguridad marítima y que España se ha ido adaptando a ellas, y que debemos continuar en esa línea porque es la línea en la que debemos trabajar. Eso es lo que pretende esta moción del Grupo Parlamentario Socialista: además de que se busquen vías para resarcir los daños provocados por el Prestige, que le indiquemos al Gobierno cuáles son las fortalezas y las debilidades del sistema que ha de protegernos.

Permítanme que les agradezca el apoyo a esta moción a través de la transaccional presentada por los grupos. Quiero celebrar desde esta tribuna que en este asunto haya acuerdo, pero también quiero que entiendan que mi obligación, como senadora autonómica gallega, es reivindicar los recuerdos, porque —como decía el señor López Veiga en la anterior intervención—, como buena gallega, lo voy a hacer sin miedo.

Señorías, la sentencia del Prestige ha vuelto a poner sobre la mesa fantasmas del pasado al hacernos sentir de nuevo que cualquiera puede destrozar nuestro territorio sin que pase nada. Es innegable que la sentencia ha provocado la ira de todos los sectores: sociales, territoriales y políticos. Todas y todos estamos de acuerdo en que no es justo que nadie pague por este desastre. Esta sentencia, por muy respetable que sea, es cuestionable, por haberse convertido en patente de corso para delincuentes medioambientales, en patente de corso de los que se dedican a transportar mercancías peligrosas en buques que parecen cáscaras de nuez, mientras se enmarañan en tejidos empresariales para salir indemnes de sus genocidios medioambientales. Una sentencia que ha eximido de responsabilidades a unos individuos que han burlado cientos de millones de euros que el Estado adelantó para pagar indemnizaciones, y que ahora andarán por algún corredor marítimo transportando fuel en otro buque chatarra como el Prestige y sacando de nuevo rédito económico con semejante hazaña.

Con esta sentencia, señorías, el Gobierno no ha sabido pararles los pies, o no ha querido, y no es una sensación. Somos muchos los que tenemos la certeza de que este Gobierno abandonó a su suerte todos los procedimientos jurídicos que rodearon a este proceso, porque siempre estuvieron más interesados en intentar que no hubiera responsabilidades políticas que en buscar responsables económicos, porque antepusieron al interés general su interés particular de que ningún alto cargo se viera salpicado por hilillos de plastilina negra.

Estos son los mejores ejemplos: perdimos el proceso judicial que se celebró en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos porque el Gobierno no fue capaz de probar que la clasificadora ABS actuó negligentemente. La aseguradora del Prestige nos ganó en el procedimiento arbitral que se celebró en Inglaterra y que blindó la indemnización que tendría que pagarnos, simplemente porque el Gobierno no quiso participar en este procedimiento. A pesar de esas oportunidades perdidas, el Gobierno, ahora, quizá acuciado por las presiones sociales y de la oposición, ha recurrido en casación frente al tribunal europeo para intentar que se incluya la responsabilidad civil y las indemnizaciones correspondientes.

Señorías, fíjense: una vez que hemos perdido la dignidad, ahora piden por fin las indemnizaciones. Pero no es suficiente este recurso. Puede no prosperar y la situación sería la misma. Por eso planteamos los dos primeros puntos de la moción. Queremos pedir al Gobierno que asuma el compromiso de ejercer todas las acciones pertinentes en el momento adecuado en todas las instancias: nacional, europea e internacional, para exigir responsabilidades, tanto penales como civiles, y lograr así el resarcimiento económico. Debemos lograr que quien destrozó nuestras costas pague los 4300 millones de euros que supuso arrasar 2980 kilómetros de costa, que contaminó 1137 playas, que impregnó de chapapote 450 000 metros cuadrados de superficie rocosa y que cubrió el fondo marino con 526 toneladas de chapapote, matando además entre 115 000 y 230 000 aves marinas. Unos números escalofriantes.

Por lo tanto, señorías, aunque solo sea por justicia moral, debemos exigirle como mínimo el resarcimiento económico del Estado. Y digo como mínimo, porque a los gallegos y a las gallegas, al igual que a la inmensa mayoría de los españoles, no les llega solo con este acuerdo. No es solo resarcir el daño lo que busca el Grupo Socialista con esta moción; busca algo más importante, busca seguridad. Seguridad que nos permita confiar en quien nos tiene que defender ante otra catástrofe similar, y eso falta. Falta no solo porque, a pesar de los muchos avances realizados en materia de salvamento marítimo —como ya dije al inicio de mi intervención—, aún queda por hacer, siempre quedará por hacer. Falta también confianza, y mucha, desde el momento en que el




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Gobierno, que debe garantizar esa seguridad, está integrado por los mismos que convirtieron en siete días un accidente marítimo en la peor catástrofe ecológica que ha padecido España en toda la historia. Porque es a ellos, a los que decidieron dar paseo a un buque agonizante, a quienes debemos solicitar desde esta Cámara que redacten las directrices para coger buques en situación de riesgo, tal y como aparece recogido desde 2011 en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Porque es a Rajoy, el mismo que negaba la marea negra mientras Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco cambiaban de color, al que tenemos que recordarle el compromiso de que en 2013 saldría una revisión económica del Plan Nacional de Salvamento Marítimo, porque no solo parece que se ha olvidado de ese compromiso sino que también está sometiendo a los servicios de los que depende a un largo y doloroso proceso de recortes privatizadores. Es al ministro de Medio Ambiente, el señor Arias Cañete, el mismo que aseguraba que no había pérdidas en el sector pesquero, al que debemos advertir que se acuerde de aprobar el Plan estatal de protección de la ribera del mar contra la contaminación, que había comprometido también para este año 2013 y del que nada se sabe.

Miedo, señorías, genera también saber que tenemos que pedirles a los mismos que decidieron remolcar el barco durante 115 horas hacia no se sabe dónde, que hagan controles efectivos en las vías de circulación, creadas a raíz del accidente, a 65,7 y 73 kilómetros del cabo Finisterre para el transporte de mercancías peligrosas a granel, para evitar que vuelva a pasar lo mismo, para evitar que desde el quinto pino llegue el chapapote a toda la costa.

Es también al presidente Rajoy, el mismo que afirmaba que el combustible se iba a solidificar, al que tenemos que pedirle que mantenga el control sobre los dos trozos de muerte que continúan hundidos con más de 1000 toneladas en su interior y que, aunque se espera que los nutrientes introducidos en el interior logren su eliminación, no se confíe.

Son a esos gobernantes, que vieron cómo se hundía el barco partido en dos mientras cientos de miles de manos blancas recogían la miseria que ellos no supieron gestionar, a los que tenemos que pedirles que facilite a esos voluntarios la posibilidad de hacer un seguimiento sobre su salud.

Por eso, señorías, es tan grande la desconfianza, tan grande a que se repita, tan grande a que tengamos que salir de nuevo a la costa a recoger chapapote, a ver de nuevo nuestro país infestado de fuel.

Por eso, como les decía al principio, desde esta Cámara y sin olvidarnos de las responsabilidades políticas aún no depuradas, debemos pedirle al Gobierno que articule todas estas medidas, con un compromiso firme con el medioambiente de este país. Es una propuesta clara, sin ambages, reconducida por todos los miembros de esta Cámara que continúan trabajando para que no tengamos que llorar en color negro nunca máis: que se activen todas las políticas necesarias para la aprobación del Plan estatal de la ribera del mar, que se revise el presupuesto del Plan de saneamiento marítimo sin minorarlo en ningún caso, que redacte las directrices para coger buques en situación de peligro, que mejore el control del tráfico de los buques, que revise el pecio del Prestige y que deje de recortar y privatizar los recursos que nos permiten controlar adecuadamente otra catástrofe como ésta.

Hay demasiado en juego. Debemos, además, pedirle que lo haga desde la acción internacional y en la Unión Europea para impulsar así acciones eficaces. Debemos solicitarle que se dé cumplimiento a la Directiva marco 2008/56, sobre la estrategia marina, que establece que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para lograr o mantener un buen estado medioambiental del medio marino a más tardar en el año 2020, garantizando en este proceso la participación de las comunidades autónomas en la elaboración de las estrategias marítimas; Estado, autonomía y Europa, trabajando juntas para que terminemos con la impunidad y se aplique el principio de que: quien contamina, paga; con acciones preventivas, inspectoras de vigilancia y de sanción.

Señorías, permítanme que termine esta intervención recordándoles el primer párrafo de la parte expositiva de esta moción: «No debe ser verdad que hasta las cosas ciertas puedan probarse, porque en este procedimiento, después de casi diez años de instrucción y nueve meses de juicio oral, solo se han probado aspectos adjetivos de lo ocurrido pero no los sustanciales.» Esta frase que encabeza la fundamentación jurídica de la sentencia del Prestige es la demostración de que después de 266 650 folios de sumario, 63 000 toneladas de chapapote y 14 000 afectados,




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el juicio por el mayor delito medioambiental que ha sufrido España acaba como si el barco nunca se hubiera partido en dos frente a la costa gallega, acaba sin responsables.

Señorías, votemos hoy a favor de esta moción, por supuesto con la transaccional, para que los culpables paguen este desastre y para obtener el compromiso político de que estamos y estaremos perfectamente preparados para no volver a fracasar ante otra situación similar.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández Pena.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a hacer una breve intervención para recordar algunas cosas, porque ya han pasado once años. La catástrofe del Prestige mereció la atención parlamentaria de las Cortes Generales desde el primer momento en que se produjo el accidente, y además fue precisamente el Senado, esta Cámara, a la que se critica muy a menudo por su lentitud o por su incapacidad, la primera que propició iniciativas parlamentarias incluso cuando el barco-chatarra estaba comenzando aquel periplo terrible, derramando muerte por el Atlántico y por casi 3000 kilómetros de costa de varios países que se vieron afectados, pero fundamentalmente España.

Esa atención parlamentaria que, como digo, se inició aquí, en el Senado, se multiplicó durante mucho tiempo, pero puede afirmarse con toda seguridad que en estos treinta y tantos años de democracia no existe otro asunto al que el Gobierno haya respondido a más interpelaciones, a más preguntas orales, a más preguntas por escrito, a más comparecencias en comisión, etcétera, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

Once años después yo no tengo empacho alguno en calificar de burda y lamentable la utilización política del naufragio del Prestige. Siempre me llamó la atención que el Partido Socialista, tan activo para participar en manifestaciones con nunca Máis y ejercitar su legítimo derecho a criticar al Gobierno, se haya multiplicado en el caso del Prestige y, sin embargo, se haya dado mus en otra catástrofe terrible, esta vez tierra adentro, como fue el incendio de Guadalajara de julio de 2011, en el que fallecieron once personas del equipo de extinción, y cuya gestión por parte de los Gobiernos nacional y autonómico fue lamentable.

En el Prestige no hubo muertos, porque la prioridad del Gobierno del Partido Popular en aquel momento fue preservar vidas, esa fue la prioridad. Y eso se logró. Lo que no se pudo lograr fue el derrame de petróleo como producto de la rotura inexplicada del casco del buque y la imposibilidad de encontrar un puerto refugio en medio de unas muy malas, malísimas condiciones del mar. De ello no tuvo culpa alguna el Gobierno, como prueba la reciente sentencia a la que hace referencia esta moción, en la que se exculpó al único responsable que estaba imputado, en mi opinión muy injustamente.

Me llama la atención esta iniciativa socialista, con doce puntos nada menos, no tanto por sus objetivos como por muchas de las cuestiones que en ella se solicitan y que bien podrían haberse puesto en marcha o impulsado durante los siete años del Gobierno anterior presidido por Rodríguez Zapatero. La conclusión es que estamos ante otra moción sobre el Prestige que sale a flote cuando ha bajado la marea judicial, en este caso cuando hay una sentencia tras el juicio oral.

Pues bien, para paliar este frenesí posjudicial al hilo de la sentencia, se ha puesto en marcha una enmienda transaccional, que con mucho gusto apoyaré porque creo que, efectivamente, los peligros medioambientales permanecen, no se puede bajar la guardia en la defensa de nuestros mares, de las costas, de nuestra gente, y más si cabe ante el tremebundo galimatías jurídico nacional e internacional y de competencias a todos los niveles.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on berriro, eguerdi on, mahaiburu jauna, senatari jaun-andreok.




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Yo también me alegro sinceramente de que haya una transaccional, creo que es así como se tiene que hacer esto. También es cierto que hay una sentencia, con la que podemos estar de acuerdo o no, pero probablemente habrá más recorrido judicial, y espero que lo haya, porque es cierto que a simple vista no satisface a todo el mundo, por lo menos no a aquellos que sentimos mucho lo que pasó en aquel momento.

Yo voy a recordar unas palabras que dije en esta misma Cámara cuando tratábamos una moción por la que se instaba al Gobierno a impulsar la aprobación del plan marítimo nacional. Entonces yo traje a colación unas declaraciones del inspector jefe del puerto coruñés, Fernando Balbás, que calificaba de desastrosa la gestión de la crisis, y decía: «Los hilillos de plastilina, confundir un meridiano con un paralelo o no saber qué era el módulo de resistencia de un petrolero, todo eso fue un cóctel que hizo que la gestión fuese desastrosa». Yo no entro a valorar si es cierto o es mentira, esto lo dijo este señor delante del juez, quiero suponer que estaba declarando.

Creo que el mejor homenaje que podemos hacer a los gallegos, a todos los que sufrimos la contaminación del Prestige y a todas aquellas personas que desde tierra y desde la mar intentaron recoger todo ese chapapote, es precisamente que esto no vuelva a ocurrir más. Por eso cuando debatíamos aquella moción lo que nosotros pedíamos era que se protocolizara todo lo que puede suponer un desastre de estos, que no se pueda improvisar, que no pueda suceder que alguien decida lo mejor simplemente porque él crea que lo mejor es llevarlo lejos, o que lo mejor es meterlo en el puerto de La Coruña o que lo mejor es meterlo en una ría, porque cualquiera de las alternativas es nefasta, y no puede depender de la decisión de una persona, que puede estar más o menos inspirada o más o menos preparada, o no, en ese momento.

Por lo tanto, independientemente de que se siga la vía judicial hasta que se acaben de exigir las responsabilidades, lo que más nos interesa de esta moción es precisamente todo lo que se refiere a planes y preparación para el futuro. Evidentemente, también, como ha dicho la senadora, teniendo en cuenta no solo a las comunidades autónomas sino a otra mucha gente, porque en la moción a que me he referido se hablaba de hasta dónde llega el Gobierno central, dónde empiezan las comunidades autónomas y dónde empiezan los ayuntamientos, y estamos hablando de un desastre absoluto, como fue el del Prestige. ¿Y vamos a estar discutiendo si esto me toca a mí o te toca a ti? Yo creo que lo que hay que hacer es protocolizarlo y utilizar todos, absolutamente todos los medios al alcance de cualquiera de los ámbitos administrativos y políticos para combatir este problema. Y ese es el mejor homenaje, vuelvo a decir, que podemos hacer a quienes sufrieron el Prestige y a quienes trabajaron por intentar evitar sus consecuencias.

Por eso nosotros nos alegramos de que exista esta transaccional. Seguiremos impulsando todas aquellas medidas que se pueda para que esto realmente se regule y se protocolice, evidentemente, reclamando y apoyando desde la perspectiva vasca todo lo que se pueda hacer en este aspecto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente, con mucha brevedad.

En primer lugar, quiero expresar la satisfacción por la transaccional y, en segundo lugar, decir que es una moción muy oportuna después de la sentencia, que es una sentencia inimaginable; estoy seguro de que nadie de nosotros hubiera podido imaginar hace seis meses, siete meses o un año, una sentencia de estas características. Me atrevo a decir que es una sentencia que supone un chapapote 2, no un chapapote de petróleo, sino un chapapote que, en definitiva, lesiona la credibilidad de la democracia y que no solo ha defraudado, sino que ha aumentado la desafección de la ciudadanía en relación con los procedimientos de las administraciones públicas.

Evidentemente, votaremos a favor porque hemos firmado la transaccional, pero quiero señalar simplemente tres puntos. El primero es lo que ha dicho muy bien la portavoz del Grupo Socialista —a la que felicito por su intervención, que ha estado hecha desde el corazón y desde la cabeza, cosa que se agradece siempre mucho—, la necesidad de que el Gobierno adopte acciones y ejerza todas las acciones judiciales pertinentes, que haga todo lo posible por recuperar las




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indemnizaciones, pero fundamentalmente que impulse no solo planes estatales, sino planes territoriales y locales.

Quiero hacer un paréntesis, porque estos días hemos debatido sobre el tema de: una competencia, una Administración, y el caso de la seguridad marítima deja clarísimamente en evidencia que esto no es posible. Antes se decía: ¿cuál es la competencia de los ayuntamientos, cuál es la competencia de las comunidades autónomas y cuál es la competencia del Estado? La solución es: competencias compartidas. Es decir, la seguridad marítima es uno de los aspectos con mayor retraso, desde el punto de vista general, de todo el país, y es imposible abordar la seguridad marítima simplemente desde una perspectiva exclusivamente estatal. Por lo tanto, competencias de las tres administraciones

Creo que la portavoz del Grupo Socialista se ha dejado un punto que no por dicho muchas veces debemos dejar de repetir, y es el agradecimiento y el reconocimiento a toda la gente que en momentos difíciles luchó por quitar el chapapote, que fueron muchas horas de trabajo y de sufrimiento, y creo que hoy merece la pena acabar esta sesión dándoles las gracias y un reconocimiento muy especial.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Senyor president.

Senyories, senadora Fernández Pena. Molt bona, la seva intervenció. Jo penso que posa i centra el tema adequadament.

Des del meu grup, també vull remarcar, com ho ha fet algun portaveu que m’ha precedit en el torn de la paraula, que ens trobem davant d’un tema que, una vegada més, la responsable resposta ciutadana ha passat per damunt de les institucions representatives de la seva voluntat, és a dir, per damunt dels parlaments, dels governs, dels polítics, en definitiva, com està passant amb molts i molts altres temes de l’actualitat.

Però bé, jo vull fer una reflexió sobre tot aquest llarg camí de seguiment parlamentari a les Corts Generals del delicte contra el medi ambient provocat pel trencament i enfonsament del vaixell Prestige i que la complexa autoria va conduir al desastre que va tenir lloc a partir del 13 de novembre de 2002. A la vista del llarg procés judicial, vam poder identificar diferents empreses relacionades amb el transport i gestió del fuel que va causar la pol·lució. D’una banda, teníem l’empresa armadora, propietària del vaixell; de l’altra, la societat operadora, la noliejadora de la càrrega; la classificadora de quin tipus de vaixell i quines condicions havia de tenir per poder transportar, i l’empresa, per dir-ho d’alguna manera, constituïda pel capità del vaixell i la tripulació al seu càrrec. D’aquí la imputació, com hem vist, del capità i del cap de màquines en tot aquest procés penal. (El senyor vicepresident, Lucas Giménez, ocupa la Presidència.)

Però pel que es veu després de la sentència sobre el sinistre emesa per l’Audiència Provincial de la Corunya el proppassat 13 de novembre d’enguany, no s’ha pogut condemnar penalment ningú per la conjunció d’autors en la comissió del delicte. Per tant, no s’ha pogut fixar cap responsabilitat civil derivada dels danys ambientals provocats per l’enfonsament del mercant. Això és un tema que realment hem de posar damunt de la taula i veure aquesta complexitat judicial que ens porta a situacions on finalment la responsabilitat de cadascun dels actors deixa impune el pagament pel dany causat.

És evident que, tot i la legislació internacional que afecta el transport marítim d’hidrocarburs, que d’una banda responsabilitza el propietari del vaixell a través d’una assegurança limitada, i de l’altra banda, disposa d’un fons de contingència per cobrir les despeses originades per accidents com el del Prestige, aquesta responsabilitat civil objectiva no cobreix, ni de bon tros, els recursos esmerçats en la reparació i restauració dels danys. I hi ha les ajudes a la població, valorades per l’estudi de la Universitat de Santiago de Compostel·la en 4328 milions d’euros, com esmentava la fiscalia en el procés judicial. En canvi, la mateixa valoració d’aquests danys per part dels pèrits d’aquest fons internacional queda clar que es va quantificar a l’alça perquè, una vegada més, els costos de les operacions de neteja al mar i a terra, les pèrdues econòmiques dels pescadors o d’aquelles persones que es dediquen a la maricultura, al marisqueig, les persones que es dediquen al sector turístic, les pèrdues del sector turístic o els costos com deia abans de la restauració del




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medi ambient, el fet que els pèrits o l’Administració no va poder demostrar documentalment i adequadament i fefaentment els costos estimats per l’Estat indica que aquests pèrits van avaluar-ho absolutament a la baixa. De la reclamació feta per l’Estat espanyol a aquest fons, de no sé si era 980 i escaig milions d’euros, ho van deixar en 300 i escaig milions.

Això, una vegada més, com els deia, és un trist exemple d’una mala reclamació dels danys i que ha tornat a posar damunt la taula la descoordinació per part de les administracions que van intervenir en justificar aquestes despeses originades.

Per tant, penso, i pensem al meu grup, que aquesta moció és oportuna perquè commina el Govern a no abaixar la guàrdia davant d’aquest fet i davant d’altres que es puguin produir en el futur. I, com ho hem fet al llarg de tots aquests anys, el que s’ha debatut, com es recordava, en seu parlamentària, el meu grup també va intervenir i jo en voldria destacar l’aportació que va fer al seu dia l’any 2006 el nostre grup quan va proposar com a esmena d’un dels apartats que esmenta aquesta moció a les conclusions de la comissió que s’havia creat per estudiar els riscos i les actuacions a fer després d’aquell accident. Bàsicament era l’atenció als riscos per a la salut humana dels voluntaris i dels no-voluntaris que van col·laborar en les tasques de neteja del litoral i les destinades a pal·liar els efectes de la més gran catàstrofe ambiental que ha afectat les nostres costes a dia d’avui, concretament la de Galícia.

Com que el transport marítim és una realitat i, malgrat que anem fent passos per anar caminant cap a una utilització de combustibles més nets i més respectuosos amb el medi ambient, com ho demostra l’exemple de la ponència que estem aquests dies treballant en el si de la cambra sobre la utilització del gas natural liquat al transport marítim per reduir les emissions dels gasos contaminants a l’atmosfera i que són menys perillosos des de tots els punts de vista, el transport marítim constatem tots que segueix sent una realitat i cal treballar per perfeccionar la dura experiència adquirida arran d’aquest accident.

Res més, felicito el Grup Socialista i el Grup Popular per haver arribat a aquesta transaccional que han pogut acordar i que farà, previsiblement, que tots els grups puguem votar a favor d’aquesta moció.

Moltes gràcies i res més, bon dia.

Gracias, señor presidente.

Senadora Fernández Pena, ha hecho una muy buena intervención. Me parece que centra el tema de forma adecuada.

Me gustaría también observar, como ha hecho algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, que estamos ante un tema en el que, una vez más, la respuesta ciudadana ha pasado por encima de las instituciones, de los Parlamentos, de los Gobiernos, de los políticos, en definitiva, como está sucediendo en muchos otros temas en la actualidad.

Sin embargo, me gustaría hacer una reflexión sobre todo este largo camino de seguimiento parlamentario en las Cortes Generales del delito contra el medioambiente provocado por la ruptura del Prestige y la auditoría que se llevó a cabo a partir de noviembre de 2002. A la vista de este largo proceso judicial, se pudieron identificar una serie de empresas relacionadas con el transporte y la gestión del fuel, causantes de la polución: por un lado, la empresa armadora propietaria del barco, y por otros, la operadora, la fletadora de la carga, la clasificadora del tipo de embarcación y de las condiciones que debían cumplirse para poder transportarlo, y la empresa constituida por el capitán del barco y la tripulación a su cargo. De ahí la imputación, como hemos visto, del capitán y del jefe de máquinas en este proceso penal. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Pero por lo que parece, después de la sentencia sobre el siniestro, emitida por la Audiencia Provincial de La Coruña el pasado 13 de noviembre de este año, no se ha podido condenar penalmente a nadie, por la conjunción de autores en la comisión del delito. Por lo tanto, no se ha podido fijar ninguna responsabilidad civil derivada de los daños ambientales provocados por el hundimiento del mercante, por lo que debemos poner sobre el tapete y analizar esa complejidad judicial, que nos lleva a situaciones en las que finalmente la responsabilidad de cada uno de los actores deja impune el pago por los daños causados.

Es evidente que a pesar de la legislación internacional que afecta al transporte marítimo de hidrocarburos, que por un lado responsabiliza al propietario del barco mediante un seguro limitado, y por otro, también dispone de un fondo de contingencia para cubrir los gastos originados por




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accidentes como el del Prestige, esa responsabilidad civil objetiva no cubre ni de lejos los recursos invertidos en la recuperación y restauración de los daños, ni las ayudas a la población, valoradas por el estudio de la Universidad de Santiago de Compostela en 4328 millones de euros, como dijo la Fiscalía a lo largo del proceso judicial. En cambio, la misma evaluación de esos daños por parte de los peritos de ese fondo internacional queda claro que fue cuantificada al alza, porque una vez más los costes de las operaciones de limpieza en mar y en tierra, las pérdidas económicas de los pescadores, de aquellas personas que se dedican a la maricultura, al marisqueo, de las personas que se dedican al sector turístico, las pérdidas del mismo sector, los costes, como decía antes, de la restauración del medioambiente y el hecho de que los peritos y la Administración no lograran demostrar de forma documental, adecuada y fehacientemente los costes estimados por el Estado, esos peritos lo valoran a la baja. Es decir, la reclamación realizada por el Estado español a ese fondo, de algo más de 980 millones de euros, lo dejaron en algo más de 300 millones.

Este es un triste ejemplo, una vez más, como decía, de esa mala reclamación de los daños, que ha vuelto a poner sobre el tapete la falta de coordinación entre las instituciones que intervinieron a la hora de justificar esos gastos originales.

Así pues, mi grupo considera que esta moción es oportuna, puesto que conmina al Gobierno a no bajar la guardia ante este hecho y ante otros que puedan suceder en el futuro. Y como hemos hecho a lo largo de estos últimos años —en los que se ha debatido en sede parlamentaria y mi grupo también ha intervenido—, sencillamente me gustaría resaltar la aportación que realizó nuestro grupo en el año 2006 al proponer como enmienda uno de los apartados que menciona esta moción. Este apartado ya había sido propuesto en el año 2006 en las conclusiones de la comisión que se había constituido para estudiar los riesgos y actuaciones a realizar después de ese accidente: básicamente, la atención a los riesgos para la salud humana de los voluntarios y no voluntarios que colaboraron en las tareas de limpieza del litoral y aquellas destinadas a paliar los efectos de la más grande catástrofe ambiental que ha afectado a nuestras costas hasta hoy, concretamente la de Galicia.

El transporte marítimo es una realidad y a pesar de que estamos dando pasos para avanzar hacia un uso de combustibles más limpios y más respetuosos con el medioambiente, como lo demuestra, por ejemplo, la ponencia en la que estamos trabajando en el seno de la Cámara estos mismos días sobre el uso del gas natural licuado en el transporte marítimo para reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y de los que son más peligrosos desde todos los puntos de vista, todos entendemos que debemos trabajar para perfeccionar esa dura experiencia adquirida a raíz de ese accidente.

Felicitamos al Grupo Socialista y al Grupo Popular por haber alcanzado esa transaccional que han logrado acordar y que previsiblemente hará que todos los grupos podamos votar a favor de esta moción.

Muchas gracias. Buenos días.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Maluquer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias Señor presidente.

Señoras y señores senadores, hoxe pode ser un bo día; hoy puede ser un buen día para todos nosotros.

Señorías, hay algo que reparar. Después de la sentencia en relación con el desgraciado incidente protagonizado por el buque Prestige, la sociedad gallega, la española, yo creo que la sociedad mundial y todos aquellos que son sensibles a la protección y al cuidado de nuestro ambiente están estupefactos, sorprendidos, ofendidos e indignados. Así está Galicia, noqueada con esta sentencia.

Galicia, señorías, sigue esperando reparación y justicia. Galicia se pregunta, desde que esta sentencia es conocida, cómo es posible, qué ha pasado. Hace once años, la rotura de un barco petrolero asoló nuestras costas. Y desde aquel momento, desde hace once años hasta hoy, supimos cosas. Supimos cómo estaba aquel barco. Supimos que era viejo, que era muy viejo. Supimos que tenía fallos estructurales. Supimos que tenía un inadecuado mantenimiento y conservación. Supimos que la fletadora se dedicaba a transportar, entre otras mercancías, basura. Supimos que estaba descalificado por buena parte de los puertos serios y rigurosos de Europa y




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del mundo. Supimos que tenía una tripulación inexperta. Supimos que la información de la clasificadora era falsa con respecto a la situación y al estado del buque. Supimos, señorías, que se tomaron decisiones políticas de corto recorrido que agravaron las consecuencias de aquel accidente que se estaba produciendo. Que se hundió, porque muchas cosas se hicieron mal; mucha cosas se hicieron muy mal. Y conocimos desde aquellas cosas, señorías, el mal causado: 14 000 afectados directos, contaminada la costa de Galicia, de Asturias, del País Vasco, de Cantabria; y hasta a parte de Europa llegaron los efectos. Conocimos, señorías, que se habían vertido 63 000 toneladas y que 170 000 estaban depositadas en forma de residuos. Supimos que hubo daños en instalaciones públicas y privadas. Supimos que se redujeron y se cerraron negocios, fundamentalmente relacionados con la hostelería y con el turismo. Supimos, sí, que se perdieron vidas, cientos de miles de vidas de la fauna y la flora de nuestras costas. Supimos que 4328 millones de euros de costes no habían sido pagados.

Y el motivo de la sorpresa, de la indignación después de esa sentencia y con los datos que conocemos, es que nadie tiene la culpa, ni culpa penal ni culpa civil ni culpa política; ningún responsable, ni el armador, ni los fletadores, ni la agencia clasificadora, ni la aseguradora y, por supuesto, ni el Gobierno. No hubo responsables. Señorías, esa es una situación sencillamente inasumible. Y lo triste es que frente a esta agresión, con agentes todos no pertenecientes a nuestro país, ni el armador ni los fletadores ni la clasificadora ni la aseguradora, nuestro sistema juzga para conseguir responsables y reparación y nosotros decimos que nadie es responsable. Esta ronda corre de nuestra cuenta. Muy lamentablemente, señorías, vuelve el Quijote. Señorías, solo nosotros somos capaces de cometer tal estupidez. El final —esperemos que no sea final y que hoy podamos abrir de nuevo una puerta— de esta situación solo es imaginable en nuestro país. No soy capaz de pensar en ningún país avanzado de nuestro entorno —Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania— en el que se pueda producir una situación similar y que desde el propio país se resuelva que nadie tiene que pagar las consecuencias de esa situación. Es sencillamente inimaginable. Por eso, señorías, traemos a esta Cámara la necesidad imperiosa de emprender una ofensiva judicial por tierra, mar y aire para reparar el daño causado, para evitar que se vuelva a producir, para mandar una señal a los piratas del mar de que no se puede transportar mercancía peligrosa, como se hizo en el momento del Prestige —y mucho me temo que todavía se esté haciendo—, para que paguen esos responsables públicos y privados, para que España recupere lo que ya ha puesto encima de la mesa para resarcir a parte de los damnificados, para dar justicia a esos damnificados, para evitar que se repita, señorías, y por dignidad de país. Por dignidad de país tenemos que abandonar esta posición y tomar la iniciativa en esta cuestión. Que pague el que tiene que pagar, que es el que contamina. Y, desde luego, señorías, los que tienen que pagar no son los gallegos ni los españoles, que son los únicos que han pagado de momento en esta situación.

¿Y qué podemos hacer aquí, señorías? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer en Galicia y en España? Pues en Galicia y España podemos y debemos ser la avanzadilla, ser el ariete que impulse la legislación y el control internacional para derrotar de una vez por todas a los piratas del transporte marítimo; porque, si no, señorías, esto volverá a pasar. Por eso les decía que hoy puede ser un buen día, aquí, en el vapuleado Senado de España. Aquí puede germinar una semilla que dé una planta frondosa sobre las buenas prácticas en el mar y sobre el cuidado de nuestro planeta. Podemos empezar a corregir los muchos errores cometidos.

Señorías, solo me resta transmitir una desazón, una intranquilidad. Espero que este acuerdo, que esta transaccional que hemos alcanzado sobre la moción del Grupo Socialista, con las incorporaciones técnicas y procedimentales que se han añadido, y que agradecemos porque la mejoran —y me dirijo fundamentalmente a la mayoría de esta Cámara—, no sea nuevamente una estrategia de corto recorrido; que no estemos alejando de nuevo el barco. Y miro hacia usted fundamentalmente, señor López Veiga.

Esperamos que lo que aquí estamos acordando se cumpla. Esperamos que esta Cámara haga un seguimiento exhaustivo y permanente del acuerdo que vamos a alcanzar. No podemos fallar de nuevo. Señorías, se han cometido muchos errores. Se han hecho muchas cosas mal. No cometamos más errores. Hoy podemos empezar a enmendarlos. La moción que vamos a aprobar es un elemento sobre el que empezar a construir la corrección de nuestros errores. Hoy podemos comenzar a enmendarnos, señorías. Que hoy sea un buen día. Galicia y España esperan que sea así.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador López Veiga.

El señor LÓPEZ VEIGA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, sí, hoy puede ser un buen día. Yo creo que debemos hacer que lo sea; por lo menos es la intención sincera de esta parte de la Cámara, y creo que del resto. Ahora bien, se han afirmado algunas cosas que yo necesito puntualizar, porque me inquietan. En un Estado democrático, cuando existe una disputa y se lleva al juzgado, juzgan los jueces; y cuando hay una sentencia lo normal es acatarla, que es lo que nosotros hacemos y lo que siempre ha dicho el Partido Popular.

Tengo que decir que la moción del Grupo Socialista empieza con una frase, pero yo voy a leer la que viene detrás. Dice así la sentencia: En concreto, nadie sabe con exactitud cuál haya sido la causa de lo ocurrido ni cuál debiera de haber sido la respuesta apropiada a la situación de emergencia creada por la grave avería del Prestige, dicho sea con independencias de las múltiples y a veces curiosas hipótesis que se han sostenido sobre ambos extremos y que se analizarán más adelante.

Usted, señor Varela, hoy viene a repetir lo que llevo diciendo desde hace diez años. Me ha mirado al hablar del alejamiento, y le diré que sigo defendiendo el alejamiento. Y le diré otra cosa: llevo diez años de amargas discusiones, y siempre acabamos con la misma pregunta, que yo formulo a mi interlocutor y a la que la mayoría de las veces, con la mayor de las cobardías, no se me responde: ¿Dónde lo metemos? ¿En la ría de Vigo? Yo no lo voy a meter ahí. ¿En la ría de Arousa? Tampoco. ¿En el seno de Corcubión? Tampoco, porque está dentro del sistema das rías baixas galegas, y acaba entrando y arruinando toda la riqueza de mejillón, mucho más que con la solución tomada. Y tengo que decir una cosa más: desde el principio estuve en comunicación —no sé si se conservan las cintas del 112— con la oposición de aquel momento, y siempre les advertí de que el riesgo mayor era que el barco se partiera cerca de la costa, que era lo más probable. Y fue lo que sucedió.

La sentencia —a ver si nos entendemos bien— tiene dos partes. Yo no me voy a meter con la defensa del señor Mangouras, porque ahí está el quid de que podamos recurrir y tratar de buscar la responsabilidad civil subsidiaria, lo que creo que se va a hacer si hay base legal para ello. La intención es que se haga. Lo que quiero decir es que para ustedes el problema está en que la sentencia avala completamente la tesis del alejamiento, y la avala no una vez sino muchísimas, a lo largo de toda la sentencia. ¿Y sabe cuál ha sido el error? El error ha sido la cacería que desde la oposición se pretendió hacer contra un Gobierno. Y tengo que responder a varias cosas, y lo digo con ánimo constructivo, no con ánimo destructivo; lo digo para que no vuelva a pasar.

Se han dicho aquí cosas del señor Rajoy. Pues bien, me cupo el honor de trabajar con don Mariano Rajoy desde el momento número uno, y desde ese momento el señor Rajoy estuvo en las playas. Y si van ustedes a las actas del Congreso —me acuerdo muy bien, allí está recogido— verán que se le acusó de que andaba por ahí en helicóptero y haciendo turismo por las playas. Eso se dijo del señor Rajoy en el Congreso; vayan ustedes a mirarlo. Pero el señor Rajoy estuvo allí, y siempre dio la cara. Se han dicho una inmensidad de falsedades.

Nunca se ha negado la marea negra, jamás se ha negado. Se puede haber trastocado alguna frase que en algún momento se sacó, pero jamás se negó la marea negra. Ni jamás se calificó la marea negra como hilillos de plastilina. Se lo digo, porque yo podía haberlo dicho. Ese es el término que además acuñó un científico que luego estuvo con los de nunca máis y que bajó al pecio, que dijo que lo que salía del pecio eran hilillos de plastilina. Y eso nos lo pasaron los de SASEMAR. Lo podíamos haber dicho cualquiera.

Pero esto no es lo importante. Yo he vivido directamente tres accidentes marítimos. El primero, el del Mar Egeo, y aquí hay personas que también lo vivieron en primera fase. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en el año 1990 había un hombre de Estado que se llamaba don Manuel Fraga, en su primer Gobierno, que se encontró con otro hombre, que tendrá luego sus esquinas, sus claroscuros, pero que en aquel momento era el ministro Barrionuevo. Y se firmó un acuerdo de cooperación entre los servicios de salvamento del Estado central y el recientemente fundado Servicio de Guardacostas de Galicia. Y lo que decía aquel protocolo es que no hay descoordinación —ni la pudo haber nunca— porque, automáticamente, de acuerdo con ese protocolo, en caso de




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catástrofe grave los servicios de salvamento de la Xunta se ponen directamente a las órdenes de Salvamento Marítimo. Y siempre ha sido así. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, cuando el accidente del Mar Egeo, había un Gobierno del PSOE, y ese Gobierno tuvo responsabilidad en el accidente; ese sí que la tuvo porque fue un fallo del práctico. A mí me llamó directamente el señor Lobeto Lobo y me pidió que, por favor, no utilizáramos ese término, que no utilizáramos —cosa que nunca se nos había ocurrido— una catástrofe como arma política, porque decía que al final el dañado iba a ser el Gobierno.

Eso es lo que hicimos. Ni siquiera usamos políticamente el hecho de que quienes rescataron a la tripulación del buque Mar Egeo habían sido los servicios de salvamento de la Xunta porque no había los servicios de salvamento del Estado. No se recibió ni un duro por parte del Gobierno central de resarcimiento a los afectados. Tardaron diez años en cobrar, diez años. Empezaron a cobrar cuando la catástrofe del Prestige. Eso es lo que no pasó. Y nosotros no dijimos nada. Eso no pasó.

Desde el momento número uno lo primero que se hizo fue resarcir de los daños económicos a los directamente afectados. Y se hizo con gran eficacia. A los quince días tenían sus necesidades cubiertas. Y eso, en una actuación coordinada principalmente por la acción del señor Rajoy y del señor Cañete. Y tengo que decir, señor Martínez Oblanca, que nunca me llamó el señor Álvarez-Cascos durante todo el proceso. Nunca, jamás. Ni pisó Galicia. Eso es lo único que le tengo que reprochar. Sin embargo, el señor don Mariano Rajoy, que es un caballero, le agradeció sus acciones en un Congreso del Partido Popular del que aún me acuerdo muy bien, porque fueron épocas muy duras.

Hoy es un gran día, y agradezco que el Grupo Socialista haya presentado esta moción. Y les agradezco el ambiente en el que hemos trabajado, que ha sido de una total, sincera y leal cooperación. Eso se lo reconozco y se lo agradezco.

Pero lo que queremos es que sea un punto de inflexión para que nunca nunca nunca máis se dé la circunstancia de que un accidente que no provoca el Gobierno sea utilizado de una manera —perdónenme que lo diga— indigna, lacerante, sangrante e inútil por parte de la oposición. Nunca. Eso no. Y, desde luego, eso no lo va a hacer el Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.—El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, comenzamos votando la propuesta de modificación a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, firmada por todos los grupos. Aprovecho para felicitar a todos los grupos por haber llegado a este acuerdo, un buen comienzo del periodo navideño. Enhorabuena de verdad a todos.

Entiendo que se podría aprobar por asentimiento. (Asentimiento.)

Queda aprobada. (Aplausos.)

8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

8.1.1. CANJE DE NOTAS POR EL QUE SE PRORROGA POR UN AÑO EL ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE LA ESTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA NASA, HECHO EN MADRID EL 28 DE ENERO DE 2003. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000105)

8.1.2. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UN LADO, Y CENTROAMÉRICA, POR OTRO, HECHO EN TEGUCIGALPA EL 29 DE JUNIO DE 2012.

(Núm. exp. 610/000100)




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8.1.3. ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA DE ESTA ORGANIZACIÓN EN ESPAÑA, HECHO EN MADRID EL 4 DE ABRIL DE 2013.

(Núm. exp. 610/000101)

8.1.4. PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA, QUE MODIFICA EL CONVENIO Y EL PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, FIRMADOS EN NUEVA DELHI EL 8 DE FEBRERO DE 1993, HECHO EN NUEVA DELHI EL 26 DE OCTUBRE DE 2012.

(Núm. exp. 610/000102)

8.1.5. ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO HACHEMITA DE JORDANIA SOBRE LA EXENCIÓN RECÍPROCA DE LOS VISADOS PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN AMMÁN EL 20 DE ABRIL DE 2013.

(Núm. exp. 610/000103)

8.1.6. CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHIPRE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN NICOSIA EL 14 DE FEBRERO DE 2013.

(Núm. exp. 610/000104)

El señor PRESIDENTE: Abran las puertas. Pero, señorías, no se me vayan. (Risas.) Ahora lo van a entender.

Continuamos, con los convenios y tratados internacionales.

A los convenios y tratados internacionales se suma el voto telemático, que han ejercido la senadora Parera y la senadora García Carrasco. Las dos han votado afirmativamente a los seis tratados y convenios. Si la Cámara aprobara por asentimiento los seis convenios, yo sumaría el voto de estas dos senadoras a ese asentimiento. Si algún miembro de la Cámara no estuviera de acuerdo, tendríamos que someter a votación, uno por uno, cada uno de los tratados para sumarle los votos de las senadoras Parera y García Carrasco.

No quiero chantajear ni presionar a nadie (Risas.), pero ¿algún senador o senadora quiere salvar su voto o quiere hacer alguna precisión? (Denegaciones.)

¿Nadie? Me alegro mucho.

Entonces, como he explicado, voy a leer, uno por uno, los tratados y convenios internacionales. Al final, los vamos a someter a aprobación por asentimiento, y entiendo que a ese asentimiento se suman los votos de las senadoras Parera y García Carrasco.

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5. y 8.1.6.

El señor PRESIDENTE: Entonces, someto a la aprobación por asentimiento de esta Cámara de todos estos tratados y convenios, y sumamos los votos de las senadoras Parera y García Carrasco como si estuvieran con nosotros; mentalmente, sí las tenemos con nosotros.

¿Pueden aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.)

Se aprueban.

9. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

9.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

9.1.1. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA A LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

(Núm. exp. 592/000011)

AUTORES: GOBIERNO DE CANARIAS y GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1. y 9.1.1.




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El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas alternativas que necesiten la autorización de las Cortes.

¿Alguien desea intervenir? (Denegaciones.)

Tomamos conocimiento de este convenio.

9.1.2. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EN CALIDAD DE BENEFICIARIO ASOCIADO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO LIFE+NATURALEZA 10 NAT/ES/000570 «RECUPERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA DE LINCE IBÉRICO (LYNX PARDINUS) EN ESPAÑA Y PORTUGAL» ACRÓNIMO «IBERLINCE».

(Núm. exp. 592/000012)

AUTORES: JUNTA DE ANDALUCÍA y CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA

El señor presidente da lectura al punto 9.1.2.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas de que este convenio necesite la autorización de las Cortes.

¿Alguien desea intervenir? (Denegaciones.)

La Cámara toma conocimiento de este convenio.

Abran las puertas.

10. PETICIONES

10.1. INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES EN EL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE FEBRERO A JUNIO DE 2013.

(Núm. exp. 871/000003)

El señor presidente da lectura a los puntos 10. y 10.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del informe, tiene la palabra la señora presidenta de la comisión, la senadora Leyte.

La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. Paso a leer el informe sobre actividades de la Comisión de Peticiones en el periodo de sesiones de febrero a junio de 2013.

En el curso de la sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2013, la Comisión de Peticiones aprobó el informe correspondiente a las actividades desarrolladas en el periodo de sesiones comprendido entre los días 1 de febrero y 30 de junio de 2013. Conforme a lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, la Comisión de Peticiones acordó en esa misma sesión elevar a la Presidencia de la Cámara el informe de referencia, donde se ofrece una relación de las peticiones presentadas, de las decisiones que se adoptaron sobre estas y de las contestaciones recibidas de las autoridades a las que se trasladaron.

Durante el período de sesiones a que se contrae el presente informe, la comisión ha recibido un total de cincuenta y nueve peticiones. Como en informes anteriores, se acompaña la relación nominal de los peticionarios, el número de petición y la indicación sumaria de su contenido. Dichas peticiones han dado lugar a los trámites siguientes, cuya totalidad no coincide con la de peticiones presentadas, puesto que una misma petición da lugar en algunos casos a dos o más trámites simultáneos o sucesivos. Por otra parte, las peticiones recibidas después de la última reunión de la comisión previa a las vacaciones parlamentarias son estudiadas en el siguiente periodo de sesiones.

Se archivan —sin perjuicio de dar conocimiento a los peticionarios, si hay en el escrito datos que así lo permitan—, por no tener carácter de petición, faltarles las indicaciones indispensables para conocer su objeto o no tener otra finalidad que su conocimiento por la comisión o por tratarse de reiteraciones en temas ya resueltos anteriormente por la comisión sin que se aporte ningún elemento de juicio nuevo, en total, doce causas; doce peticiones archivadas.

Se trasladan a los siguientes departamentos ministeriales: a Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tres peticiones; a Hacienda y Administraciones Públicas, una; a Interior, cuatro; a




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Justicia, cinco; a Exteriores y Cooperación, una; a Defensa, una; a Industria, Turismo y Comercio, una. Asimismo, se traslada a otros organismos: al Ayuntamiento de Barcelona, una; al Ayuntamiento de Madrid, dos; al Ayuntamiento de Armilla, una; a la Comunidad Autónoma de Cataluña, cuatro; a la Comunidad Autónoma de Andalucía, dos; a la Comunidad Autónoma de Valencia, tres; a la Comunidad Autónoma de Aragón, una; a la Comunidad Autónoma de Canarias, una; a la Comunidad Autónoma de Galicia, una; a la Defensora del Pueblo, una; y a la Mesa del Senado, una.

Durante el periodo de tiempo que comprende el presente informe se han recibido respuestas a una serie de peticiones, que se habían tramitado ya, remitiéndolas a distintos organismos y entidades, y que están a su disposición si quieren comprobarlas. Dado el número de peticiones que deben trasladarse a otros organismos, la comisión se ha preocupado del seguimiento de estas y a dicho efecto se cuenta con expedientes individuales de cada petición, siempre actualizados, que permiten consultar y conocer en todo momento el estado de su tramitación.

En el Palacio del Senado, a 16 de diciembre de 2013.

Quiero aprovechar para desearles a todas sus señorías, funcionarios, trabajadores y fuerzas de Seguridad que trabajan en esta Casa unas felices fiestas, así como que en el 2014 todos los deseos que hayan pedido en sus cartas a los Reyes Magos se hagan realidad.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Leyte.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Algún grupo desea intervenir? (El senador Bildarratz Sorron pide la palabra.)

Sí, senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días. Les pido tranquilidad, porque enseguida vamos a terminar.

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco quiero felicitar a la Comisión de Peticiones por el trabajo realizado, aunque entendemos que nos tiene que llevar a una pequeña reflexión.

Han sido cincuenta y nueve el número de peticiones, pero las validadas han sido muchas menos, una cifra muy inferior. La pregunta que nos tenemos que hacer es si la Comisión de Peticiones está cumpliendo con el objetivo que verdaderamente tenía. Les voy a dar un dato. En estos momentos hay más peticiones por parte de ciudadanos del Estado español al Parlamento Europeo que, por ejemplo, al Senado. En la memoria del 2011, solo con costas, medio mmbiente, etcétera, ya había setenta peticiones, y he visto que al Senado han venido tres. Pero, cuidado, que no estoy criticando a nadie, porque además nosotros vamos a votar favorablemente el informe realizado por la Comisión de Peticiones. Lo único que pretendemos es poner una pica en Flandes y plantear una reflexión sobre el hecho de que el constituyente, tanto en su artículo 77, como en el 29 y en algún otro, cuando define el procedimiento de peticiones, entendemos que no está pensando en lo que verdaderamente en estos momentos es la Comisión de Peticiones.

Les voy a dar otro dato. Hace diez años había cinco veces más peticiones que las que hay en estos momentos. Sabiendo la situación que estamos viviendo hoy, una situación de crisis y sufrimiento, el número de peticiones que tenemos encima de la mesa entendemos que es baja, más baja de lo que debiera ser.

Además, aquí hay otra reflexión, porque las peticiones son habitualmente de dos tipos, las que son de queja, ante las cuales la Comisión de Peticiones no tiene sentido que las atienda porque ya tenemos la institución del Defensor del Pueblo y cantidad de instituciones... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

El señor BILDARRATZ SORRON: Tal y como iba diciendo, tenemos cantidad de instituciones que entendemos que pueden responder al ámbito de la queja, pero la cercanía a la ciudadanía, la participación de la ciudadanía en las instituciones, entendemos que puede ser mejorada y priorizada sobre la base de lecturas políticas, es decir, que haya peticiones de ámbito mucho más general, que no haya que conseguir quinientas mil firmas para plantear un texto legislativo en




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Cortes Generales, que pueda haber otro tipo de peticiones que sean interesantes y que puedan ser atendidas, reflexionadas y planteadas ante las Cortes Generales.

En síntesis, votaremos a favor de este informe, pero creo que debemos, y más en estos momentos, a la ciudadanía una reflexión sobre lo que tiene que ser esta Comisión de Peticiones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

¿Algún grupo más quiere intervenir? (Denegaciones.)

Siento llevarle la contraria al senador Bildarratz, pero este informe no se vota.

11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES, EMITIDO EN SU SESIÓN DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2013, EN RELACIÓN CON VARIOS SEÑORES SENADORES.

(Núm. exp. 503/000008)

El señor presidente da lectura a los puntos 11., 11.1. y 11.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ CABELLO: Señor presidente, señorías, tomo la palabra para presentar a este Pleno el dictamen aprobado por la Comisión de Incompatibilidades en su sesión celebrada el día 16 de diciembre del 2013, que se refiere a todos los miembros de la Cámara que se encontraban pendientes de este trámite y que son los siguientes: senador Álvarez de la Chica, don Francisco José; senadora Fernández Pena, doña Paula; senador González Bethencourt, don José Vicente; senador Griñán Martínez, don José Antonio; senadora Ibarz Ibarz, doña María Belén; senadora Iparragirre Bemposta, doña María Eugenia; senadora Moreno Ruiz, doña María del Mar; senadora Navarro Viscasillas, María; y senador Toledo Díaz, don José María.

La Comisión ha aprobado este dictamen por unanimidad, de acuerdo con la propuesta, también unánime, de la ponencia permanente en ella constituida.

Dicha ponencia había examinado con todo detenimiento las declaraciones formuladas por los senadores al incorporarse a la Cámara, así como las aclaraciones y documentación complementaria que había recabado de los senadores y senadoras, en particular, y en el caso de desempeñarse algún cargo electivo compatible o de haber ocupado algún cargo público o renunciado, la ponencia ha comprobado que se ha respetado la prohibición de duplicidad de retribuciones públicas. Igualmente, la ponencia ha comprobado que no se desempeñan cargos directivos en cajas de ahorros, que son ahora incompatibles, al haber expirado el plazo transitorio que habilitó la norma específica de aplicación tras su última reforma. En el caso de actividades privadas al servicio de compañías o entidades, se ha comprobado que carecen de relación accionarial o contractual con poderes públicos.

En definitiva, el dictamen que presento es el resultado de un examen cuidadoso y detenido de la situación de los incluidos en él, y por ser favorable para todos se formula como dictamen de lista, sin motivación individual para cada senador o senadora, conforme al artículo 16 del Reglamento.

Quiero, una vez más, agradecer a mis compañeros de ponencia, de comisión y al señor letrado de la misma el gran trabajo desarrollado en nombre de toda la Comisión de Incompatibilidades.

Concluyo solicitando el voto favorable de sus señorías para este dictamen, dándoles las gracias, deseándoles lo mejor, salud y prosperidad para el 2014 y feliz Navidad para todos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Algún grupo quiere tomar la palabra? (Denegaciones.)

Ninguno.

Vamos a realizar la votación.




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Como en el caso anterior, hay votación telemática y, de la misma manera, sometería a asentimiento el dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, entendiendo que los votos de las senadoras Eva Parera Escrichs y Catalina García Carrasco, que son afirmativos, se suman a ese asentimiento.

¿De acuerdo? (Asentimiento.)

Perfecto. Se aprueba.

12. HABILITACIONES

12.1. PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN, APOYO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A LAS PYMES Y PROMOCIÓN DE UN CÓDIGO DE VALORES, EN EL MARCO DE I+D+I+D, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD.

(Núm. exp. 551/000033)

12.2. PONENCIA CONJUNTA DE ESTUDIO SOBRE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE LA RED POR PARTE DE LOS MENORES, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE INTERIOR, DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, Y DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO.

(Núm. exp. 551/000034)

12.3. PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL DESARROLLO DE NUEVAS FÓRMULAS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.

(Núm. exp. 551/000035)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto, habilitaciones, donde también hay votación telemática. Las voy a leer todas seguidas y al final las someteré a votación por asentimiento, teniendo en cuenta que los votos de las senadoras Parera Escrichs y García Carrasco han sido afirmativos también.

Ponencia de estudio sobre medidas de integración, apoyo y transferencia de conocimiento a las pymes y promoción de un código de valores, en el marco de I+D+i+d, constituida en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad.

Se solicita la habilitación de la Cámara para que la mencionada ponencia de estudio celebre reuniones extraordinarias los días 14, 21 y 28 de enero de 1024 a fin de preparar el informe correspondiente.

Ponencia conjunta de estudios sobre los riesgos derivados del uso de la red por parte de los menores constituida en el seno de la Comisión conjunta de las comisiones de Interior, de Educación y Deporte y de Industria, Energía y Turismo el día 30 de enero de 2014.

Se solicita la habilitación de la Cámara para que la mencionada ponencia de estudio celebre una reunión extraordinaria el día 30 de enero de 2014 con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 77 067.

Ponencia de estudio sobre el desarrollo de nuevas fórmulas de gestión de la cooperación, constituida en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Se solicita la habilitación de la Cámara para que la mencionada ponencia de estudio celebre reuniones extraordinarias los días 14 y 28 de enero de 2014 para celebrar comparecencias de expertos y autoridades para informar sobre el objeto de la ponencia.

Someto al asentimiento de la Cámara estas autorizaciones. (Asentimiento.)

Muchas gracias.

Por lo tanto, quedan aprobadas dichas habilitaciones.

Por si nos parecía poco, a continuación se reunirán la Comisión de Reglamento en la sala Enrique Casas Vila; la Comisión Especial para el estudio de la problemática de las personas desaparecidas sin causa aparente, en la sala Clara Campoamor; la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en la sala Manuel Broseta Pont; la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en la sala Manuel Giménez Abad y la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, en la sala Luis Carandell.




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Señorías, antes de levantar la sesión les quiero desear a todos ustedes unas muy felices navidades, unas muy felices fiestas y lo mejor para el próximo año.

Feliz Navidad. (Aplausos.)

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y cuarenta minutos.


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