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DS. Senado, Pleno, núm. 95, de 17/12/2013
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 45

celebrada el martes, 17 de diciembre de 2013

ORDEN DEL DÍA

2. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

2.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

2.1.1. Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Comisión: Entidades Locales

(Núm. exp. 621/000054)

2.1.2. Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.

Comisión: Economía y Competitividad

(Núm. exp. 621/000053)

2.1.3. Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

(Núm. exp. 621/000050)

3. PONENCIAS DE ESTUDIO

3.1. INFORMES

3.1.1. Ponencia de estudio para la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión sanitaria: presente y futuro.

Comisión: Sanidad y Servicios Sociales

(Núm. exp. 543/000003)

4. PREGUNTAS

4.1. Pregunta sobre si el Gobierno va a regular la insolvencia de los particulares de buena fe a través de un procedimiento singular.

(Núm. exp. 680/000632)

Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)




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4.2. Pregunta sobre los motivos del Gobierno para reformar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

(Núm. exp. 680/000645)

Autora: MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)

4.3. Pregunta sobre la opinión del Gobierno en relación con las últimas noticias relacionadas con el empleo en nuestro país.

(Núm. exp. 680/000634)

Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

4.4. Pregunta sobre si el Ministro de Industria, Energía y Turismo puede explicar las razones de las decisiones contradictorias adoptadas en tan poco tiempo en relación con la aportación del Gobierno al déficit de tarifa eléctrica.

(Núm. exp. 680/000638)

Autor: JESÚS ALIQUE LÓPEZ (GPS)

4.5. Pregunta sobre si el Gobierno va a respetar la voluntad de la ciudadanía navarra, garantizando el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de este territorio de captar de forma normalizada la señal de Euskal Irrati Telebista (EITB).

(Núm. exp. 680/000644)

Autor: ALBERTO UNAMUNZAGA OSORO (GPMX)

4.6. Pregunta sobre si la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad considera que las medidas que está llevando a cabo su Ministerio son las que necesitan los ciudadanos de este país.

(Núm. exp. 680/000639)

Autor: FRANCISCO FUENTES GALLARDO (GPS)

4.7. Pregunta sobre la opinión que le merece a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el trasiego de ex altos cargos de la Comunidad de Madrid a puestos de responsabilidad en empresas receptoras de contratos de la sanidad pública, incluso cuando estos se encuentran imputados por presuntos delitos de prevaricación.

(Núm. exp. 680/000640)

Autora: CARMEN MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA (GPS)

4.8. Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto, en el marco de negociación del nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias y en su desarrollo normativo, considerar la producción artística como bienes culturales, y no meramente como bienes comerciales o de mercado, a los efectos de su libre circulación por el territorio del Estado, con motivo de su exposición o divulgación.

(Núm. exp. 680/000635)

Autor: DOMINGO FRANCISCO FUENTES CURBELO (GPS)

4.9. Pregunta sobre si el Gobierno considera que las expectativas para construir buques en las factorías de Navantia Ferrol se van a cumplir.

(Núm. exp. 680/000636)

Autor: FRANCISCO JAVIER LOSADA DE AZPIAZU (GPS)

4.10. Pregunta sobre si el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cree que sus continuas insinuaciones formales o informales, junto con sus actuaciones en materia de política fiscal y los recurrentes incidentes de todo tipo en la Agencia Tributaria, contribuyen a que los ciudadanos perciban la equidad necesaria en el sistema tributario.

(Núm. exp. 680/000637)

Autor: FELIPE LÓPEZ GARCÍA (GPS)




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4.11. Pregunta sobre si el Gobierno se plantea combatir la caída demográfica con una política más activa de apoyo a la familia en la próxima reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

(Núm. exp. 680/000647)

Autor: FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)

4.12. Pregunta sobre si el Gobierno piensa presentar alguna iniciativa para cambiar el actual modelo de circunscripción para las elecciones europeas.

(Núm. exp. 680/000642)

Autor: IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)

4.13. Pregunta sobre las propuestas que el Gobierno va a llevar al Consejo Europeo de diciembre de 2013 en relación con las crisis migratorias en el Mediterráneo.

(Núm. exp. 680/000646)

Autor: JOAN SABATÉ BORRÀS (GPEPC)

4.14. Pregunta sobre los avances en el Corredor Mediterráneo y las previsiones a corto y medio plazo.

(Núm. exp. 680/000643)

Autora: CARLOTA RIPOLL JUAN (GPP)

4.15. Pregunta sobre la fecha en que el Gobierno piensa reformular los convenios bilaterales que tiene firmados que no incorporan la quinta libertad en el ámbito aeroportuario, para facilitar que cualquier línea aérea internacional aterrice o despegue en cualquier aeropuerto del Estado.

(Núm. exp. 680/000648)

Autora: MONTSERRAT CANDINI I PUIG (GPCIU)

5. INTERPELACIONES

5.1. Interpelación sobre las razones que han llevado a los cambios que se han producido en la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y los ceses, dimisiones y nombramientos sucedidos en la Delegación Central.

(Núm. exp. 670/000107)

Autor: JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)

5.2. Interpelación sobre la política de seguridad desarrollada por el Gobierno y su respeto a los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos y al principio democrático de la separación de poderes.

(Núm. exp. 670/000108)

Autor: ENRIQUE CASCALLANA GALLASTEGUI (GPS)

5.3. Interpelación sobre los motivos, objetivos y plazos previstos para la privatización del sesenta por ciento de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

(Núm. exp. 670/000109)

Autor: CARLOS MARTÍ JUFRESA (GPEPC)

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para dar respuesta a los ciudadanos españoles que están abandonando nuestro país por motivo de la crisis.

(Núm. exp. 671/000102)

Autor: GPS




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6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el pago a proveedores por parte de las Comunidades Autónomas.

(Núm. exp. 671/000101)

Autor: GPCIU




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

2. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

2.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

2.1.2. Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.

Comisión: Economía y Competitividad

8931

(Núm. exp. 621/000053)

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Mariscal Cifuentes da por defendidas las enmiendas 1 a 21, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor Iglesias Fernández y este senador.

La señora Capella i Farré da por defendidas las enmiendas 75, 76 y 77, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por esta senadora.

La señora Iparragirre Bemposta defiende las enmiedas 79 a 83 y 85 a 96, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 43 a 63, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas 64 a 68 y 70 a 73, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 32 a 42, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Manchado Lozano defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 22 a 26, 28 a 31 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 97, 98, 99, 101, 102, 104 y 105 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández De Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación de los votos particulares

8947

Se rechazan todas las enmiendas, salvo las números 90, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); 67, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y 25, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con números de registro 79264 y 79265.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.




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2.1.3. Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

8953

(Núm. exp. 621/000050)

El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

No se hace uso de la palabra en el debate de totalidad.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Yanguas Fernández da por defendida la enmienda 1, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentada por el señor. Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández.

El señor Mariscal Cifuentes da por defendidas las enmiendas 2 a 8, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor Iglesias Fernández y este senador.

El señor Guillot Miravet da por defendidas las enmiendas 43 a 49, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 28 a 42 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 51, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Bel Accensi defiende las enmiendas 9 a 13, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Sen Vélez defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 14 a 27 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 51, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Garau Juan, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Garau Juan, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación de los votos particulares

8965

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con números de registro 79320 y 79329.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

2.1.1. Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (Votación.)

Comisión: Entidades Locales

8968

(Núm. exp. 621/000054)




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Se procede a la votación de los votos particulares

8968

La señora Santos Fernández retira las enmiendas 153 a 170 y 172 a 177 e informa de que las números 152 y 171 han sido objeto de transacción.

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban las propuestas de modificación con números de registro 78979, 79118, 79119, 79121, 79122, 79123, 79155, 79160, 79325, 79326, 79327 y 79359.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

3. PONENCIAS DE ESTUDIO

3.1. INFORMES

3.1.1. Ponencia de estudio para la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión sanitaria: presente y futuro.

Comisión: Sanidad y Servicios Sociales

8976

(Núm. exp. 543/000003)

La señora De Aragón Amunárriz, presidenta de la comisión, presenta el informe.

Comienza el debate sobre la totalidad del informe.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); las señoras Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Chivite Navascués, así como el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente pregunta si se puede aprobar el informe por asentimiento, ante lo que el señor Iglesias Fernández solicita proceder a la votación, ya que tanto el señor Mariscal Cifuentes como él se van a abstener.

Se procede a la votación del informe.

Se aprueba con el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 219; en contra, 3; abstenciones, 2.

4. PREGUNTAS

Pregunta sobre el aval que prestará el Gobierno para contribuir a los esfuerzos que se están realizando para que la Comunidad Autónoma de Canarias sea la sede del conjunto de telescopios del proyecto Cherenkov Telescope Array (CTA) y del Telescopio Solar Europeo (EST).

(Núm. Exp. 680/000633)

Autor: Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

8984

Esta pregunta ha sido aplazada.




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Pregunta sobre si el Gobierno ha tenido en cuenta los criterios tanto de los productores como del Parlamento de Navarra a la hora de posicionarse ante el procedimiento de oposición propuesto por la Comisión Europea en la revisión de las modificaciones efectuadas en el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida «Queso Roncal».

(Núm. Exp. 680/000641)

Autor: José María Cazalis Eiguren (GPV)

8984

Esta pregunta ha sido aplazada.

4.1. Pregunta sobre si el Gobierno va a regular la insolvencia de los particulares de buena fe a través de un procedimiento singular.

(Núm. exp. 680/000632)

Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

8984

El señor Yanguas Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez).

4.2. Pregunta sobre los motivos del Gobierno para reformar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

(Núm. exp. 680/000645)

Autora: MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)

8986

La señora Almiñana Riqué da por formulada su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Albiñana Riqué. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez).

4.3. Pregunta sobre la opinión del Gobierno en relación con las últimas noticias relacionadas con el empleo en nuestro país.

(Núm. exp. 680/000634)

Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

8988

El señor Martínez-Aldama Sáenz da por formulada su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Martínez-Aldama Sáenz. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García).

4.4. Pregunta sobre si el Ministro de Industria, Energía y Turismo puede explicar las razones de las decisiones contradictorias adoptadas en tan poco tiempo en relación con la aportación del Gobierno al déficit de tarifa eléctrica.

(Núm. exp. 680/000638)

Autor: JESÚS ALIQUE LÓPEZ (GPS)

8990

El señor Alique López formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Alique López. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López).

4.5. Pregunta sobre si el Gobierno va a respetar la voluntad de la ciudadanía navarra, garantizando el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de este territorio de captar de forma normalizada la señal de Euskal Irrati Telebista (EITB).

(Núm. exp. 680/000644)

Autor: ALBERTO UNAMUNZAGA OSORO (GPMX)

8992

El señor Unamunzaga Osoro formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López).




Página 8927


4.6. Pregunta sobre si la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad considera que las medidas que está llevando a cabo su Ministerio son las que necesitan los ciudadanos de este país.

(Núm. exp. 680/000639)

Autor: FRANCISCO FUENTES GALLARDO (GPS)

8994

El señor Fuentes Gallardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Fuentes Gallardo. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover).

4.7. Pregunta sobre la opinión que le merece a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el trasiego de ex altos cargos de la Comunidad de Madrid a puestos de responsabilidad en empresas receptoras de contratos de la sanidad pública, incluso cuando estos se encuentran imputados por presuntos delitos de prevaricación.

(Núm. exp. 680/000640)

Autora: CARMEN MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA (GPS)

8996

La señora Menéndez González-Palenzuela da por formulada su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Menéndez González-Palenzuela. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover).

4.8. Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto, en el marco de negociación del nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias y en su desarrollo normativo, considerar la producción artística como bienes culturales, y no meramente como bienes comerciales o de mercado, a los efectos de su libre circulación por el territorio del Estado, con motivo de su exposición o divulgación.

(Núm. exp. 680/000635)

Autor: DOMINGO FRANCISCO FUENTES CURBELO (GPS)

8998

El señor Fuentes Curbelo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Fuentes Curbelo. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

4.9. Pregunta sobre si el Gobierno considera que las expectativas para construir buques en las factorías de Navantia Ferrol se van a cumplir.

(Núm. exp. 680/000636)

Autor: FRANCISCO JAVIER LOSADA DE AZPIAZU (GPS)

8999

El señor Losada de Azpiazu formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Losada de Azpiazu. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

4.10. Pregunta sobre si el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cree que sus continuas insinuaciones formales o informales, junto con sus actuaciones en materia de política fiscal y los recurrentes incidentes de todo tipo en la Agencia Tributaria, contribuyen a que los ciudadanos perciban la equidad necesaria en el sistema tributario.

(Núm. exp. 680/000637)

Autor: FELIPE LÓPEZ GARCÍA (GPS)

9001

El señor López García da por formulada su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el señor López García. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).




Página 8928


4.11. Pregunta sobre si el Gobierno se plantea combatir la caída demográfica con una política más activa de apoyo a la familia en la próxima reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

(Núm. exp. 680/000647)

Autor: FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)

9003

El señor Bel Accensi formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Bel Accensi. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

4.12. Pregunta sobre si el Gobierno piensa presentar alguna iniciativa para cambiar el actual modelo de circunscripción para las elecciones europeas.

(Núm. exp. 680/000642)

Autor: IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)

9005

El señor Anasagasti Olabeaga formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro del Interior (Fernández Díaz). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Anasagasti Olabeaga. En turno de dúplica lo hace el señor ministro del Interior (Fernández Díaz).

4.13. Pregunta sobre las propuestas que el Gobierno va a llevar al Consejo Europeo de diciembre de 2013 en relación con las crisis migratorias en el Mediterráneo.

(Núm. exp. 680/000646)

Autor: JOAN SABATÉ BORRÀS (GPEPC)

9006

El señor Sabaté Borràs formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro del Interior (Fernández Díaz). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Sabaté Borràs. En turno de dúplica lo hace el señor ministro del Interior (Fernández Díaz).

4.14. Pregunta sobre los avances en el Corredor Mediterráneo y las previsiones a corto y medio plazo.

(Núm. exp. 680/000643)

Autora: CARLOTA RIPOLL JUAN (GPP)

9009

La señora Ripoll Juan formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).

4.15. Pregunta sobre la fecha en que el Gobierno piensa reformular los convenios bilaterales que tiene firmados que no incorporan la quinta libertad en el ámbito aeroportuario, para facilitar que cualquier línea aérea internacional aterrice o despegue en cualquier aeropuerto del Estado.

(Núm. exp. 680/000648)

Autora: MONTSERRAT CANDINI I PUIG (GPCIU)

9010

La señora Candini i Puig formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Candini i Puig. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).

5. INTERPELACIONES

5.1. Interpelación sobre las razones que han llevado a los cambios que se han producido en la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y los ceses, dimisiones y nombramientos sucedidos en la Delegación Central.

(Núm. exp. 670/000107)

Autor: JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)

9013




Página 8929


El señor Iglesias Fernández expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero). Vuelve a intervenir el señor Iglesias Fernández. Cierra el debate el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

5.2. Interpelación sobre la política de seguridad desarrollada por el Gobierno y su respeto a los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos y al principio democrático de la separación de poderes.

(Núm. exp. 670/000108)

Autor: ENRIQUE CASCALLANA GALLASTEGUI (GPS)

9020

El señor Cascallana Gallastegui expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde el señor ministro del Interior (Fernández Díaz). Vuelve a intervenir el señor Cascallana Gallastegui. Cierra el debate el señor ministro del Interior (Fernández Díaz).

5.3. Interpelación sobre los motivos, objetivos y plazos previstos para la privatización del sesenta por ciento de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

(Núm. exp. 670/000109)

Autor: CARLOS MARTÍ JUFRESA (GPEPC)

9029

El señor Martí Jufresa expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián). Vuelve a intervenir el señor Martí Jufresa. Cierra el debate la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para dar respuesta a los ciudadanos españoles que están abandonando nuestro país por motivo de la crisis.

(Núm. exp. 671/000102)

Autor: GPS

9037

La señora Marra Domínguez defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

La señora Luzardo Romano defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Marra Domínguez expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y rechazando la del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; las señoras Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Marra Domínguez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Luzardo Romano, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 81; en contra, 153.

6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el pago a proveedores por parte de las Comunidades Autónomas.

(Núm. exp. 671/000101)

Autor: GPCIU

9049

El señor Bel Accensi defiende la moción.

La señora Angulo Martínez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.




Página 8930


El señor Bel Accensi expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda, aceptándola.

En turno de portavoces intervienen los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 230; en contra, 1.

Se suspende la sesión a las veintiuna horas y veinte minutos.




Página 8931


Se reanuda la sesión a las nueve horas

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Buenos días, señorías.

2. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

2.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

2.1.2. PROYECTO DE LEY DE CAJAS DE AHORROS Y FUNDACIONES BANCARIAS.

COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

(Núm. exp. 621/000053)

Vamos a comenzar el debate de las enmiendas del Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.

En primer lugar, enmiendas del Grupo Mixto números 1 a 21, presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Señor presidente, las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Enmiendas números 75, 76 y 77, de la senadora Capella.

Tiene la palabra su señoría.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente. Buenos días.

Las doy por defendidas en el bien entendido de que la que realmente interesaba, y que justificaba haber presentado enmiendas por Esquerra Republicana, es la única que no nos fue admitida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas números 79 a 83 y 85 a 96.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Egun on. Buenos días a todos.

Subo a esta tribuna para defender las enmiendas que mi grupo ha presentado al proyecto de ley que hoy continuamos debatiendo. No quisiera dejar de mencionar, en primer lugar, en mi nombre y en el de mi grupo, el malestar que también nos genera, tal y como ayer algún otro portavoz manifestó aquí, el certificar la práctica desaparición de las cajas de ahorros. Siendo conscientes de que, visto el recorrido que desde hace ya unos años se venía llevando, no augurábamos un buen final, no por ello deja de producirnos malestar.

Desde que nuestro Grupo Vasco comenzó a negociar en el Congreso con el grupo mayoritario, se han conseguido acuerdos traducidos en mejoras que para nosotros eran importantes y necesarias. No obstante, quedaron aún aspectos que nuestro grupo vasco considera necesarios, incluso alguno de ellos muy imprescindible, tal y como trasladé en la comisión a la hora de aprobar este proyecto de ley. Por ello, hemos presentado en el Senado dieciocho enmiendas, de las que en su momento ya retiramos una, la 84, al haber sido transaccionada con otras de diversos grupos. No voy a entrar a detallar todas —las daré por defendidas—, pero sí me centraré en las que para nosotros tienen mayor importancia.

En primer lugar, empezaré por la que, tal y como yo misma decía, sí o sí, debía ser aceptada, porque en el trámite parlamentario en el Congreso en un principio parecía que iba a serlo, pero no fue así; y ya una vez en el Senado, y tras mucha insistencia por parte de esta misma senadora para que fuera incluida en el texto de la ponencia, más allá de que pudiéramos tener alguna sorpresa llegado el Pleno de esta semana, tampoco pudo ser. Hoy, según las últimas informaciones que tengo, entiendo que sí. En concreto, hablo de la enmienda número 90, en la que planteamos que se introduzca en el texto una disposición adicional nueva de carácter foral —es una enmienda habitual en los proyectos de ley de carácter económico-financiero— y que dice básicamente: «En




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virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en esta ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico». Entendemos que eso debe ser así, pero no porque abunde creemos que sobra; es importante que quede constancia de esta cuestión. Por ello, repito, consideramos que, siendo algo que se debe entender por sí solo, es fundamental que en ese tipo de proyectos con carácter económico se consideren específicamente, porque para nosotros es muy importante.

En el caso de que esta enmienda sea aceptada de esta manera, aprovecho para agradecer al grupo mayoritario y en especial al senador Fernández de Moya su actitud positiva en todo momento, a pesar de que ha sido dificultosa, diría que presurosa y quizá no la mejor de las formas, como luego mencionaré. Como digo, las formas, las prisas, no han sido las mejores compañías en este proceso. En la misma comisión no lo mencioné yo solamente, sino también otros portavoces.

Destacaría otras dos enmiendas, las números 87 y 91, muy importantes para nosotros. Partiendo de ellas, hicimos llegar al grupo mayoritario dos propuestas de transacción con dos enmiendas suyas. No obtuvimos respuesta en la comisión y hoy todavía estamos —como el otro día yo misma mencionaba desde esta tribuna— esperanzados en que podamos llegar a algún acuerdo.

La número 87 es una enmienda fiscal que suma porcentajes de participación de fundaciones que actúan de forma concertada en un banco para considerar si se les aplica o no el régimen tributario especial de las entidades sin fines lucrativos. Como he comentado anteriormente, ya propusimos al Grupo Popular t con su enmienda número 98, entendiendo que podríamos fijar los apartados 1 y 2 del Grupo Vasco, de nuestro grupo, añadiendo el apartado 3 de la enmienda popular.

Asimismo lo hicimos con la número 91 de mi grupo, una enmienda fiscal que prevé la no ruptura del grupo IVA por la mera transformación en fundación de las cajas, siempre que sigan siendo fundaciones bancarias, es decir, que cuenten al menos con el 10% del cese del banco. Planteábamos llegar a una transaccional con la enmienda número 104, del Grupo Popular, añadiéndole el párrafo tercero de nuestra enmienda número 91, aquel que empezaba diciendo: «En el caso de que existiera…», hasta: «…participación en la entidad bancaria». Como he dicho anteriormente, no se ha aceptado la inclusión en el texto de la ponencia de estas dos enmiendas, pero sí que nos gustaría que fueran aceptadas en este trámite porque para nosotros son importantes. Y aún reconociendo que durante el trámite han sido aceptadas algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco, entendiendo que de esta manera el texto que en su origen se presentó al Congreso resulta sustancialmente mejorado, no quisiéramos dejar de conseguir también estas dos que aquí planteamos.

Por todo ello, apelo al grupo mayoritario, ya que últimamente se está especializando en las formas a última hora, a que no sean formas que solamente favorezcan a la hora de presentar enmiendas que, por razones obvias, les pueden interesar, sino que también pueda ser una fórmula de la que podamos beneficiarnos el resto de los grupos, demostrando de esa manera, con formas y con hechos, como ya pudimos comprobar ayer con otra ley, la posibilidad de llegar a acuerdos, objetivo importante, por otra parte.

Y unida a esta reflexión, comparto con ustedes, señorías, otra que ya trasladé en la comisión y que anteriormente he mencionado, y que dada la proximidad de la Navidad y como habitualmente se realizan los buenos propósitos para el año nuevo, que uno de ellos sea el replanteamiento de la forma de legislar a la carrera, ya que no es bueno para nadie, ni para la oposición, ni para el grupo mayoritario, ni para el propio ministerio, que no llega, y esto último lo digo con conocimiento de causa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas. El primero de ellos, las números 43 a 63 y, el segundo, las números 64 a 68 y 70 a 73.

Senador Guillot, ¿las van a defender juntas o por separado?

El señor GUILLOT MIRAVET: Por separado.




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El señor PRESIDENTE: ¿Defiende usted el primero? (Asentimiento.)

Tiene usted la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, antes de empezar la defensa de mis enmiendas, quisiera hacer una serie de comentarios a raíz del debate que mantuvimos ayer.

Yo quiero recordar, en primer lugar, que las diferencias políticas, las contradicciones que pueda haber entre nosotros, entre los grupos parlamentarios, no se pueden vivir como una afrenta, sino como algo lógico, natural, que explica que todos militemos en proyectos, algunos de ellos muy alejados.

En segundo lugar, creo que una de las cuestiones que más irrita a la población, que más nos quita credibilidad en el exterior, es que en este país nunca nadie es responsable de nada. Ayer, en mi intervención en el veto, yo me preguntaba cómo se había podido llegar a este sobreendeudamiento tan grande y durante tanto tiempo en determinadas cajas de ahorros. ¿Aquí nunca hay responsables?

Señor Fernández de Moya, el PP, el Gobierno de Mariano Rajoy no es que haya salvado a los pequeños ahorradores, es que es el principal responsable de la burbuja inmobiliaria y, junto con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, estuvo en el Gobierno durante toda la explosión del sobreendeudamiento. Ayer yo le recordaba que de 2004 a 2007, en el interbancario, nuestras cajas pasaron de captar 78 000 millones de euros al año a 428 000. De 2000 a 2007 ustedes estuvieron cuatro años en el Gobierno, algo tendrán que ver con esta situación. Por otra parte, la burbuja inmobiliaria proviene de aquella ley que decía que todo suelo es edificable si no se dice lo contrario. Parece que ustedes solo están para las fiestas. No, no, ustedes son responsables de esta situación. No son los únicos, pero también lo son.

Ayer preguntaba, como lo pregunté en el debate de presupuestos —y creo que va a ser una pregunta que nunca va a tener respuesta—, cómo puede ser que el ministro De Guindos nos dijera que el rescate no iba a costar ni un euro a los contribuyentes y ahora se nos diga que 37 000 millones de euros se dan por perdidos. Irán a cargo del erario público, de los contribuyentes y, evidentemente, incrementarán el déficit y la deuda pública.

Se nos dice que este proyecto de ley busca que no haya encajes sistémicos. A no ser que haya otras medidas que desconozco, la única que he podido encontrar en este proyecto de ley es la limitación territorial, hasta un máximo de diez provincias enlazadas entre sí. Les pondré un ejemplo. Diez provincias son: las cuatro catalanas, las tres aragonesas y las tres de la Comunidad Valenciana. Esto representa el 32% del PIB de España. Una caja que operara en estas diez provincias, con éxito, evidentemente, ¿puede ser sistémica o no? Yo creo que sí. Con lo cual, tampoco acabo de encontrar en este proyecto de ley —a no ser, insisto, que haya otros aspectos que no he sabido leer o desconozco— que esta sea una medida que impida el peligro de entidad sistémica.

Señor Fernández de Moya, usted insistía en su intervención en que las cajas no tienen la estructura jurídica necesaria para poder capear situaciones de emergencia o situaciones como la que representa esta crisis. En las dos anteriores de las tres que ha sufrido nuestra democracia, sí. Quienes no tuvieron la capacidad para sortear la crisis fueron los sesenta bancos que tuvieron que ser reestructurados, pero las cajas sí. ¿Qué ha pasado con la tercera crisis? Que se ha producido un sobreendeudamiento tremendo por parte de determinadas cajas que las ha llevado a su implosión. Nos dicen también que tienen dificultades para justificar este proyecto de ley en cuanto a la captación de recursos. En el pasado no. En el pasado no.

Entraré ya en aspectos más ligados a nuestras enmiendas, relacionadas sobre todo con el gobierno corporativo de las cajas y fundaciones bancarias. Aquí también existe un debate sobre la profesionalización, la cualificación y la no partidización de ese tipo de entidades vista la experiencia del pasado. Yo creo que se da un golpe excesivamente pendular y se limita enormemente la representación de intereses generales, sean estos de tipo político o social.

Mire, las cajas vascas, que durante mucho tiempo han sido acusadas de estar partidizadas, al servicio de intereses, etcétera, son de las mejor gestionadas en el Estado español. ¿Con esto qué quiero decir? Que el problema no es tanto si hay expolíticos en un consejo de administración —el señor Montilla lo decía ayer en su intervención—, el problema es qué tipo de gente mandamos a




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las instituciones, si es gente cualificada, si es gente preparada y, sobre todo, si es gente que antepone su prestigio profesional a otro tipo de condicionantes. Y, lamentablemente, en España hasta ahora ha sido un fracaso. Observen ustedes cualquier tipo de institución. La gente que entre todos hemos ido colocando son personas que anteponen los intereses de sus valedores a su necesario prestigio profesional. Y de aquellos vientos estas tempestades.

También quiero recordarles que la existencia de cajas de ahorros, que tanto el senador Saura como yo reivindicamos, no es algo extraordinario. Hay muchos países de referencia, como Alemania —también salía ayer en el debate—, que las tienen. Pero con todo, señorías, señor Fernández de Moya, lo que más me preocupa de este debate y de este proyecto de ley es que la misma afirmación que hace el Gobierno en su preámbulo, es decir, aspectos que aún hoy son de honda preocupación, como la protección de los intereses de los pequeños ahorradores o la exclusión financiera, no tienen respuesta. ¿Quién se va a preocupar de los pequeños ahorradores? ¿Qué instrumento financiero tendremos para evitar la exclusión financiera? El mismo preámbulo ya dice que la banca convencional no lo es. Todo esto lo dice el Gobierno. Pero no se responde a esta preocupación que aquel expresa.

El senador Saura y yo hemos presentado veinte enmiendas, todas dirigidas a la mejora del gobierno corporativo de cajas y fundaciones bancarias. Creo que se explican por sí mismas. Por tanto, lo que me parece más importante es trasladar esta serie de reflexiones.

Gracias por su atención. Espero su voto.

Gràcies, president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Senador Montilla, tiene la palabra para la defensa de las enmiendas 64 a 68 y 70 a 73.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros hemos presentado un conjunto de once enmiendas, nueve en estos momentos después de la firma de dos transaccionales, a este proyecto de ley con el que, aun discrepando de algunos puntos de su desarrollo y de sus objetivos, creemos irremediable su consecuencia final, como explicaba ayer en la intervención, que es la conversión definitiva de las cajas de ahorros en bancos y, por tanto, su desaparición en su concepción original de motor de desarrollo regional y local. Nuestras enmiendas tratan de mejorar el texto haciendo especial hincapié en clarificar algunos apartados que tienen que ver con las competencias autonómicas.

En primer lugar, nuestra enmienda 64 aclara el concepto de obra social de las cajas de ahorros, que a nuestro entender no debería dedicarse a otros fines que no fueran de interés público, y que sus únicos destinatarios sean, precisamente, los colectivos más necesitados, especialmente en el contexto en el que vivimos. El texto propuesto por el Gobierno está muy orientado hacia los impositores y los empleados. Tendría que tener un concepto un poco más amplio.

La enmienda 65 modifica el artículo 5 y elimina la figura del gran impositor como consejero general de las cajas de ahorros, porque no podemos estar de acuerdo en que haya una representación en los órganos de administración que prime el gran volumen de los depósitos de algunos de los impositores respecto al resto.

Siguiendo con el consejo de administración de las cajas de ahorros, con la enmienda 66 modificamos el artículo 21 para aclarar que el presidente del consejo podrá ser o no ejecutivo. De hecho, en estos momentos, como ustedes saben, en la actual legislación todavía vigente de cajas hay determinadas comunidades autónomas donde los presidentes son ejecutivos y en otras no lo son. Por ejemplo, la ley catalana no prevé la figura del presidente ejecutivo. Además, añadimos un párrafo para aclarar que el presidente del consejo y de la asamblea general siempre dispondrá de derecho de voto, aunque se dé el caso de que sea independiente.

En relación con el capítulo 2 sobre fundaciones bancarias, modificamos el artículo 34 con la enmienda 68 para elevar el volumen total del activo de las cajas de ahorros hasta 35 000 millones de euros, por el que se obligue a transformarse en fundación bancaria para converger así con la normativa europea de supervisión única que fija este horizonte.

Para evitar los problemas de solvencia de las entidades de crédito controladas por las fundaciones bancarias que puedan descapitalizar el banco participado, así como reducir la obra social, detrayendo recursos para esta finalidad, modificamos el artículo 43 con la enmienda




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número 70. Así, si se requieren medidas adicionales para garantizar la solvencia de las entidades de crédito, dichas medidas solo pueden establecerse en el propio seno de la entidad de crédito con cargo a los beneficios obtenidos y no en las fundaciones bancarias.

Uno de los aspectos también más controvertido del texto propuesto es la redacción dada al artículo 45, que regula el protectorado de las fundaciones bancarias, es decir, su órgano de control. Según la normativa propia de las fundaciones, el protectorado lo ejercerá la comunidad autónoma cuando la fundación desarrolle sus actividades en su territorio. En cambio, será el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Competitividad, cuando la fundación desarrolle sus actividades en más de una región. La enmienda 71 aclara esta definición e incluye como actividad principal y única de las fundaciones bancarias la actividad social. Así, en el caso de las fundaciones que desarrollen su actividad social en el territorio de una comunidad autónoma, el protectorado será ejercido por esta. Pensamos que esta modificación es más respetuosa con el marco competencial.

Modificamos la disposición adicional octava con la enmienda 72 para que las fundaciones bancarias que participen en procesos de aumento de capital del banco sí puedan ejercer los derechos políticos correspondientes a aquella parte del capital adquirido hasta el límite de su porcentaje de participación previo a la ampliación.

Finalmente, celebramos el acuerdo entre la mayoría de los grupos en el trámite de comisión al firmar una transaccional, por la que decaen nuestras enmiendas 69 y 74, para modificar la disposición transitoria segunda y aplazar durante un periodo de dos años y medio la incompatibilidad de patrono de la fundación bancaria con el desempeño de cargos equivalentes en la entidad bancaria participada a efectos de posibilitar un tránsito ordenado y fluido a la nueva situación, de manera que se pueda contar con personas con experiencia y conocimiento de la entidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

El Grupo Parlamentario Convergència i Unió ha presentado las enmiendas 32 a 42. Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Bon dia, senyor president, senoryes. Buenos días.

De entrada, voy a dar por defendidas todas nuestras enmiendas y me referiré, evidentemente, a aquellas que para nosotros son más importantes o más significativas.

Voy a empezar por la enmienda 33, relativa al artículo 39, sobre los patronos. La enmienda transaccional ofrecida por el Grupo Popular al artículo 39 del proyecto de ley y sobre la base de nuestra enmienda 33, relativa a la composición del patronato de las fundaciones, incluye ahora la mención de que, al menos, un representante del grupo C, es decir, personas privadas, físicas o jurídicas, que hayan aportado de manera significativa recursos a la fundación bancaria o, en su caso, a la caja de ahorros de procedencia, debe formar parte del mismo. De esta forma, se garantiza que al menos uno de los patronos fundacionales tenga presencia, lo que, junto a su experiencia y su voluntad de cumplimiento de la obra social, permitirá que las fundaciones puedan ser guiadas por los mismos que en aquel entonces fundaron las cajas, pero solo por uno de ellos, cuando nuestra voluntad y en nuestra enmienda indicaban que fuera más amplia. Nuestra enmienda decía: «Deberán formar parte del patronato las entidades fundadoras que consten así reconocidas en los estatutos de la caja de ahorros que se transforme, con el límite máximo de un tercio del total de sus miembros. El resto pertenecerá a cualquiera de los demás grupos, si bien ha de existir, al menos, un representante de cada uno de los grupos d y e». Bien, pues aceptamos la transaccional porque incluye parte de nuestros requerimientos, aunque no la totalidad de la previsión, que era incluir todas las entidades fundadoras originarias, para que de ese modo se permitiese cumplir con los verdaderos fines fundacionales de las cajas. En definitiva, avanzamos un poco en esta línea. No lo conseguimos todo pero, al menos, sí que uno de los patrones fundacionales forme parte de las mismas.

Y ahora me gustaría hacer relación de aquellas enmiendas que mi grupo ha presentado y que tienen una gran similitud o prácticamente son iguales a las presentadas también por el Grupo Popular, para que veamos que hay unas ciertas coincidencias, a ver si el Grupo Popular y el senador Fernández de Moya deciden apoyar algunas de ellas, ya que son iguales. Ustedes ya saben perfectamente las enmiendas de las que estoy hablando. Por ejemplo, su enmienda número 97 es similar a una de las nuestras.




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Nuestra enmienda número 35, que hace referencia al mismo tratamiento fiscal entre fundaciones concertadas e individuales, es idéntica a su enmienda número 98.

Nuestra enmienda número 40, sobre el mantenimiento de condiciones, instrumentos, deuda, es idéntica a su enmienda número 99.

Su enmienda número 100 también va en una línea parecida a nuestras enmiendas.

Nuestra enmienda número 41 es prácticamente idéntica a su enmienda número 103, que hace referencia a los directivos, fundaciones, más entidades, o compatibilizar cargo hasta 2016.

Nuestra enmienda número 42 es igual a su enmienda número 104, relativa al IVA de las fundaciones.

En definitiva, hay grandes coincidencias en este sentido, por lo que considero que el Grupo Popular podría dar apoyo a nuestras enmiendas.

Voy a hacer referencia también a algunas de nuestras enmiendas que consideramos importantes. Por ejemplo, la enmienda número 34 al artículo 45, sobre el protectorado de las fundaciones cuyo ámbito de actuación exceda de un territorio, consideramos debe ser realizado por la Administración donde tenga el domicilio social y fuera del territorio en coordinación con el ministerio, teniendo en cuenta que al amparo del artículo 33 del proyecto la actividad principal de las fundaciones bancarias está constituida, por una parte, por la obra social y, por otra, por la gestión de la participación financiera, y teniendo en cuenta también que el control de esta última corresponde en exclusiva al Banco de España, dado su carácter de órgano regulatorio, el fondo de la cuestión queda reconocido a la obra social, aspecto este prioritario de las fundaciones y, por tanto, de la normativa civil, lo que justifica la aplicación de la normativa vigente que establece como punto de conexión para determinar el protectorado y el domicilio social. No obstante, y dado que una parte del ejercicio de dicha obra social puede realizarse fuera del ámbito territorial del protectorado, resulta conveniente arbitrar los mecanismos de coordinación que permitan el ejercicio de funciones de control fuera de dicho ámbito territorial.

Nuestra enmienda número 39 hace referencia al control de las fundaciones por parte del protectorado. Se considera necesario, al igual que sucedió con las fundaciones de carácter especial, dejar constancia del hecho de que hasta el momento en que la fundación bancaria no adquiera la personalidad jurídica, esto es con la inscripción, la totalidad de las actuaciones que lleven a cabo los órganos de las cajas de ahorros a transformar y con esta finalidad quedan sujetas al control de los órganos que, de acuerdo con la normativa de aplicación, ejercitaban el protectorado ordinario de las cajas de ahorros, esto es, los órganos de las comunidades autónomas competentes.

Finalmente, quiero destacar la enmienda número 41, que hace referencia a las incompatibilidades. La propuesta del Partido Popular recoge una parte del espíritu de nuestra enmienda pero de forma muy limitada. Entendemos que se considera necesario que en una primera etapa no se aplique la incompatibilidad que se establece con el objetivo de garantizar un tránsito fluido y ordenado a la nueva situación, de manera que si una entidad lo considera conveniente, las personas más conocedoras de la misma y de su historia puedan colaborar y participar en el tránsito ordenado a una situación que resultará muy distinta de la actual.

Asimismo es procedente que la propiedad de la entidad financiera pueda participar de su gestión sin intermediarios, y más si se tiene en cuenta la preceptiva constitución de un fondo de reserva relacionado con aquella.

Pues bien, estas son nuestras principales enmiendas. He remarcado aquellas con las que tenemos coincidencia, y esperamos que, a la hora de la votación, el Partido Popular vote favorablemente aquellas que son iguales o parecidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas números 22 a 26, 28 a 31 y vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por las enmiendas números 97, 98, 99, 101, 102, 104 y 105, del Grupo Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Manchado.




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El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado diez enmiendas a esta ley —ley que consideramos necesaria como todos ustedes— y también comparte la preocupación de facto por la desaparición del modelo cajas. Nosotros entendemos que el modelo de las cajas de ahorros, ese modelo de cajas de proximidad que atienden a pequeños inversores, a pymes, a economías familiares, con una obra social importante arraigada en el territorio, es válido. Quiero aprovechar mis primeras palabras para recordar que si una pequeña caja —en concreto, la Caixa de Colonya, en Pollensa, Mallorca— sigue existiendo es porque no quiso compartir en su momento la vorágine de los créditos hipotecarios, que es, en definitiva, lo que causó el fin de muchas cajas.

Repetiré aquí —porque lo han dicho, además, algunos de los intervinientes, incluso ayer también— que esto no es algo que le haya sucedido solo a las cajas, sino que también les ocurrió en su día a los bancos, por tanto, demonizar el modelo cajas es un error que no deberíamos repetir. También añadiré que echarnos en cara los unos a los otros la responsabilidad de lo que ha ocurrido en las cajas es poco inteligente, porque en todas las comunidades autónomas y en todas las cajas, todos los partidos han participado de su gobernanza. Por tanto, ¿quien tiene más responsabilidad? Podemos fijar indicadores de responsabilidad, pero todo el mundo, todos los partidos, de alguna manera o de otra, hemos estado relacionados con las cajas. Nuestras enmiendas, por tanto, se dirigen a intentar salvar el modelo cajas y a mejorar su gobernanza.

La enmienda número 22 se refiere al destino de la obra social. Para nosotros es importante vincular el modelo cajas al modelo de la obra social, por ello, hemos presentado dos enmiendas en este sentido. La obra social en estos momentos, y de aquí en adelante, debe dedicarse exclusivamente a fines sociales, a fines de interés público, y tener como destinatarios única y exclusivamente a colectivos necesitados de los territorios en los que actúa la caja.

La enmienda número 23, que es la segunda que presentamos, es al artículo 5. En esta enmienda proponemos suprimir la figura del gran impositor, porque, para nosotros, el gran impositor no debe existir como tal figura, están los impositores, con sus derechos y con su representación. Por tanto, el gran impositor debe desaparecer. En esta línea va nuestra enmienda número 23.

La enmienda número 24 se refiere al artículo 21. Tiene que ver con la obligación de ejecutividad o no del presidente del consejo, que, a su vez, es el presidente de la asamblea, que puede ser o no ejecutivo —hay modelos en ambos líneas—. Pero también nos interesa mucho asegurar —y esta es una sugerencia que nos han hecho directamente rectores de cajas de ahorros— que, en el caso de que sea independiente, tenga voto de calidad en la asamblea porque, si no, esto podría dificultar la toma de decisiones. Este es un punto que nos sugirieron, concretamente, representantes de la Caixa de Colonya y de Ontinyent, para que lo tuviéramos en cuenta porque el hecho de que el presidente independiente no tuviera voto en la asamblea podría bloquear su toma de decisiones y producirse empates en las votaciones.

La enmienda 25, la pequeña enmienda 25, está relacionada con el número de miembros de la comisión de retribuciones, número que debe reducirse porque si no, sería del mismo tamaño casi que el consejo de administración, lo cual no parece muy razonable.

La enmienda 26, al artículo 34, propone que el límite de activos para transformarse en fundación aumente. Queremos que pase de 10 000 millones de euros a 30 000 millones de euros, entre otras cosas, para converger con la normativa europea.

La enmienda 27 decayó por una transaccional. Agradecemos a todos los grupos que se haya presentado esa transaccional.

La enmienda 28 tiene que ver con el artículo 44.3. En este artículo se obliga a que una fundación bancaria, con un porcentaje igual o superior al 50% de una entidad de crédito, tenga una dotación de un fondo de reserva para hacer frente a las posibles necesidades de recursos propios de la entidad participada. La obligación de dotar este fondo de reserva debería ser de la entidad bancaria y no tanto de la fundación. De no ser así, se iría en contra directamente de la dotación de la obra social, dado que si tienes que dotar un fondo de reserva, la obra social disminuye, también va en contra de que se destinen recursos a cualquier otra finalidad y, sobre todo, descapitaliza el banco participado, con lo cual entendemos que estaría bien que esta obligación se trasladara de la fundación a la entidad bancaria.




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La enmienda 29, al artículo 45, va en la línea de otras que se han presentado, que definen el marco competencial. Habla de quién va a decidir o de quién debería decidir en cada caso, de quién tendría que ser el protectorado sobre aquellas fundaciones bancarias que participen en una entidad bancaria. Entendemos que quien define el ámbito de aplicación es la obra social; es decir, las competencias estarán en la comunidad autónoma que realice la obra social.

Las dos últimas enmiendas, la 30 y la 31, tienen que ver con la gobernanza de las fundaciones. La 30 propone que una fundación bancaria que supere el 50%, y que acuda a ampliaciones de capital o a enajenación de capital recupere sus derechos políticos en caso de enajenación. La 31, formulada a la disposición adicional décima, suprime la obligación de hacer acuerdos por dos tercios en determinados casos, como contempla la adicional décima del texto, entre otras cosas, porque podría poner dificultades a aquellos inversores que tengan interés por participar, dado que no hay certeza en el reparto de dividendos, y además, alguien que tenga un poquitín más de un tercio del capital podría forzar posiciones dominantes.

En esta línea van las enmiendas; algunas de ellas mejoran el texto —todas lo hacen— y muchas de ellas han sido sugeridas por directivos de cajas que están funcionando en este momento. Por lo tanto, son enmiendas absolutamente despolitizadas, no tienen nada que ver con la ideología y sí con la buena marcha del quehacer habitual que nos han transmitido los directivos de las cajas.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer el tono de todas las intervenciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra para poner encima de la mesa los planteamientos legítimos que, en función del grupo parlamentario al que representa, defienden en el ámbito de enmiendas a este proyecto de ley.

Quiero igualmente poner de manifiesto, y por ello felicitarles, lo que significa el trabajo llevado a cabo por cada uno de los grupos parlamentarios, con estas ciento cuatro enmiendas que se han presentado a este proyecto de ley. Por cierto, solo hay cuatro enmiendas de supresión; de las ciento cuatro, setenta y cinco son de modificación y veinticinco de adición. Por lo tanto, teniendo en cuenta la naturaleza de dichas enmiendas, es evidente que el contenido del proyecto de ley suponía un buen punto de partida.

Me gustaría también agradecer de manera muy especial a la senadora del Partido Nacionalista Vasco, a la señora Iparragirre, así como al senador Alturo, de Convergència i Unió, los debates mantenidos desde el punto de vista de lo que significan las enmiendas transaccionales y el diálogo acerca de la aceptación de determinadas enmiendas. He ahí la famosa enmienda número 90 del Partido Nacionalista Vasco, que mi grupo parlamentario apoya como su señoría bien sabe y conoce.

A continuación voy a tratar de responder a la mayoría de las enmiendas que se han presentado por los distintos grupos parlamentarios. No me va a dar tiempo a referirme a todas, pero he hecho un resumen de las que son más importantes para nuestro grupo parlamentario. Ya prevengo al Grupo Parlamentario Entesa que, aprovechando la contestación a las números 1 a 21 del Grupo Parlamentario Mixto, y teniendo en cuenta que se trata de las mismas enmiendas, recortaré el tiempo y responderé al Grupo Parlamentario Mixto y a Entesa.

En la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Mixto se propone la incompatibilidad para ser miembro de los órganos de gobierno de las cajas con cualquier otro cargo ejecutivo en partido político, asociación empresarial o sindicato. Nosotros entendemos —de ahí el rechazo a esta enmienda— que esta incompatibilidad no genera ninguna restricción de la libertad sindical, del mismo modo que la referida a los cargos políticos tampoco afecta al ejercicio del derecho al sufragio pasivo. Fundamentalmente lo que pretendemos con este proyecto de ley es reducir la injerencia política o los conflictos de interés en el ámbito del buen gobierno de las cajas de ahorros.

La enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, alude a la supresión del apartado segundo, relativo a los grandes impositores, porque afecta al artículo 5.2. Mi grupo parlamentario




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rechaza esta enmienda porque este concepto de grandes impositores fundamentalmente pretende dotar a los clientes que poseen un interés económico más claro en la adecuada gestión de la entidad un rol importante en lo que significan sus órganos de gobierno.

Presenta también el Grupo Parlamentario Mixto la enmienda número 5 —que mi grupo rechaza—, que alude a las competencias de la asamblea general, incluyendo la transformación en fundación ordinaria o bancaria. Mi grupo parlamentario cree que esta apreciación es innecesaria porque el procedimiento de transformación en el ámbito de las fundaciones ya prevé precisamente esta función.

Se presenta por el Grupo Parlamentario Mixto también la enmienda 8, en virtud de la cual se propone que la elección de los miembros del consejo se lleve a efecto mediante la participación de los mismos grupos y con igual proporción que en la asamblea general. Mi grupo entiende que el consejo de administración debe ser el órgano ejecutivo-operativo dirección de la caja y que no existe necesidad de que se represente proporcionalmente en la asamblea. Es más, una presencia mayoritaria precisamente de independientes dificultaría su puesta en práctica.

El Grupo Parlamentario Mixto también presenta la enmienda número 10, en virtud de la cual se alude a que el presidente de la comisión de control no se elegirá solo entre los vocales independientes. Nosotros rechazamos esta enmienda del Grupo Parlamentario Mixto y de la Entesa porque entendemos que se considera necesario potenciar el papel de los consejeros independientes.

Igualmente se presenta la enmienda 16 por parte del Grupo Parlamentario Mixto y de la Entesa, en virtud de la cual se alude a que el protocolo de gestión de la participación financiera contendrá los criterios para la protección de los consumidores y usuarios en el ejercicio de la actividad financiera. Mi grupo parlamentario entiende que esta materia no tiene relación alguna con el protocolo, sino que queda sometida al ordenamiento jurídico vigente, al ordenamiento jurídico general.

El Grupo Parlamentario Mixto propone la enmienda 19, en virtud de la cual se procede, en base al contenido literal de dicha enmienda, a eliminar la obligación de dotación del fondo de reserva. En ese sentido, mi grupo parlamentario también rechaza esta enmienda porque el fondo de reserva tiene por finalidad garantizar que la presencia de un accionista de control muy singular, como es una fundación, no altera en absoluto la capacidad por parte de la entidad de crédito de hacer frente al potencial de riesgos de lo que significa su solvencia, su liquidez y su consolidación. Es un instrumento, por lo tanto, clave en nuestra opinión para generar los adecuados incentivos entre las fundaciones y al mismo tiempo aquellos que tengan la naturaleza de bancos participados.

Para terminar con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto diré que la enmienda número 20 establece la delimitación del ámbito de actuación en una comunidad autónoma o el exceso sobre ella desde el punto de vista de la figura del protectorado. Mi grupo parlamentario también rechaza esta enmienda porque corresponde el protectorado al Ministerio de Economía y Competitividad en la medida en que las obligaciones fundamentales atribuidas legalmente a este tipo de fundaciones concretamente son de carácter financiero. Por lo tanto, la colaboración entre los distintos departamentos ministeriales de la Administración General del Estado operará de forma eficaz fundamentalmente para garantizar el cumplimiento, como no podía ser de otra manera, de lo que significa la normativa aplicable.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta un bloque de enmiendas, enmiendas números 22 a 31. Mi grupo se posiciona empezando por la número 22, donde se alude —esta enmienda también es coincidente con las de algunos otros grupos parlamentarios— a cuáles deben ser los destinatarios de la obra social en el marco de las propias cajas de ahorro. Entendemos —y de ahí el rechazo a la enmienda— que no procede alterar cuáles deben ser los destinatarios de la obra social conforme a la regulación establecida en el proyecto de ley.

La enmienda 23 elimina la figura del gran impositor —ya me he referido a ella porque es coincidente con lo planteado por el Grupo Parlamentario Mixto—. Asimismo la enmienda número 24 pone de manifiesto la aclaración de si el presidente podrá ser o no ejecutivo. Mi grupo parlamentario entiende que del contenido literal del artículo 22 ya se deduce la propia naturaleza de si puede ser o no ejecutivo. Ese es el motivo por el que no aceptamos la enmienda, porque consideramos que del propio tenor y contenido literal del artículo 22 del proyecto de ley ya se desprende esa naturaleza.




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Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista número 25, relativa a la comisión de nombramientos y retribuciones, en cuanto al mínimo establecido, pasando de tres a cinco. Es una enmienda que acepta mi grupo parlamentario.

Rechazamos la enmienda número 26, relativa a la obligación de transformación. Concretamente se activará —usted ha hecho referencia a esta cuestión— con el valor de 30 000 millones de euros. Entendemos que son criterios muy elevados dadas las proporciones actuales del sector financiero español, y además la crisis económica ha demostrado que el carácter sistémico de una entidad es dinámico y es necesario garantizar que las cajas que crezcan por encima de los parámetros propuestos se transformen en fundaciones bancarias y también en bancos.

En la enmienda número 27, que afecta al artículo 40.3, habla el Grupo Parlamentario Socialista de limitar la incompatibilidad. Es una enmienda que va en línea con la 103, del Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, hemos aceptado también esa enmienda desde la perspectiva de la incorporación a nuestro texto, lo que implica el rechazo a la suya porque se trata de algo que nosotros ya hemos plasmado en nuestra enmienda número 103.

Igualmente el Grupo Parlamentario Socialista alude en otra enmienda al protectorado de las fundaciones bancarias que desarrollen su actividad en el conjunto del territorio español y en el territorio de más de una comunidad autónoma. Es la enmienda número 29. Entiende mi grupo parlamentario que la redacción actual es extraordinariamente respetuosa con el ordenamiento constitucional vigente. De ahí que yo hiciera ayer especial hincapié en el significado del artículo 149 en la legislación y ordenación bancaria y en la planificación económica de la actividad general como competencia exclusiva del Estado. Por lo tanto, estamos en el marco constitucional vigente, de ahí que rechacemos esa enmienda.

También propone el Grupo Parlamentario Socialista la enmienda número 31, relativa a la aprobación de acuerdos de distribución de dividendos. La rechazamos porque, en nuestra opinión, debe mantenerse la mayoría reforzada para la distribución de dividendos en las entidades de crédito controladas como una herramienta de incentivo precisamente a la pérdida de control.

En lo que concierne a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió —y aprovecho para felicitar, una vez más, al senador Alturo por el trabajo realizado— le diré que la enmienda 33, como muy bien comentaba, ha sido transaccionada, por lo que ha quedado incorporada al texto del propio proyecto de ley.

En las enmiendas números 34, 35 y 36 usted hace referencia, en nombre de su grupo parlamentario, a las actividades que se ejerzan por parte de las cajas de ahorro que excedan de un territorio, al tratamiento fiscal de las fundaciones bancarias y al mantenimiento del régimen jurídico autónomo, precisamente de las fundaciones especiales, salvo en lo referido a la denominación, que sería —y usted lo respeta— conforme reza en el propio título de la ley: las fundaciones bancarias.

He de decirle respecto a la enmienda 34 que la redacción, tras el trámite parlamentario en el propio Congreso de los Diputados, es la adecuada y que el Ministerio de Economía debe tener esa función de protectorado respecto a sus competencias en el ámbito de la obra social, solicitando el correspondiente informe a las comunidades autónomas, teniendo en cuenta cuál sea el territorio donde la fundación desarrolle lo que significa el ejercicio de su obra social y actividades.

Rechazamos la enmienda número 35 —tiene un contenido similar a la 98, del Grupo Parlamentario Popular— y también la enmienda número 36, porque no se puede dotar de normativa previa a las comunidades autónomas sobre fundaciones especiales, de una presunción de ajuste a una norma básica estatal. Será después. Indudablemente, las comunidades autónomas, en los plazos que establece la propia ley, serán las que deberán llevar a cabo la legislación de desarrollo y el proceso de adaptación correspondiente conforme a lo establecido en el contenido del presente proyecto de ley.

La enmienda número 39, de Convergència i Unió, la rechazamos porque, en nuestra opinión, no es necesario explicitar ningún régimen competencial singular para lo que significa este procedimiento de transición.

Las enmiendas 40, 41 y 42, a las que usted ha aludido —instrumentos de deuda, régimen de incompatibilidades y condición de dominante del grupo correspondiente a la entidad bancaria— usted bien sabe y conoce que tienen un contenido similar a las enmiendas 99, 103 y 104, del




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Grupo Parlamentario Popular, y quedan incorporadas al texto de la ponencia y de la comisión. Por este motivo, nosotros le rechazamos las enmiendas.

Al Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ya le he explicitado, de la misma manera que he respondido al Grupo Parlamentario Mixto, cuál era nuestra valoración.

Agradezco al señor Montilla lo que significa la expresión de la aceptación de la enmienda número 67, donde ha habido un acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular respecto al número de miembros de comisiones, retribuciones y concretamente nombramientos. Lo mismo ha ocurrido con la enmienda número 74, relativa a la aplicación de la incompatibilidad del 40.3, que era el plazo de los cuatro años, que, como usted bien sabe, estaba en línea con una enmienda formulada por mi grupo parlamentario, concretamente la 103.

Igualmente su señoría se ha referido a otro tipo de enmiendas, que ha defendido en representación de su grupo, como la enmienda 68, en virtud de la cual ustedes proceden a elevar el volumen total del activo de la caja que hace obligatoria la transformación en fundación bancaria. Insisto, nosotros consideramos que esos criterios son muy elevados, teniendo en cuenta la actual situación del sistema financiero español, de ahí que la rechacemos. O su enmienda número 70, en virtud de la cual se establece el fondo de reserva de la entidad de crédito participada en lugar de que sea en el ámbito de la fundación bancaria. Nosotros consideramos que el texto aprobado en el Congreso de los Diputados incluyó una alternativa, precisamente para que las entidades no tengan la obligación de constituir ese fondo de reserva. Y además, no solo se desprende del espíritu, sino de la propia literalidad del proyecto de ley.

Se refería usted también a lo que significa la enmienda número 72, que se permita a las fundaciones bancarias que participen en la ampliación de capital, concretamente del banco, para ejercer los derechos políticos correspondientes al capital adquirido hasta el límite de su porcentaje concretamente de participación previo a la ampliación. Señor Montilla, nosotros rechazamos esta enmienda porque consideramos que la propuesta evita el efecto de dilución en las ampliaciones de capital que persigue expresamente este proyecto de ley.

Por último, quiero referirme a una enmienda, la número 73, en virtud de la cual ustedes ponen de manifiesto disminuir la mayoría reforzada de los dos tercios de capital para decidir sobre el reparto de dividendos. Mi grupo parlamentario mantiene la mayoría reforzada para la distribución de dividendos en las entidades de crédito controladas como una herramienta de incentivo a la pérdida precisamente de control. De este modo además se garantiza una política de dividendos adecuadamente alineada con los planes financieros de gestión de la propia entidad —en este caso, bancaria participada— que haya aprobado precisamente la fundación bancaria mayoritaria.

Por lo que se refiere a las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco, le diría que agradezco a su señoría el esfuerzo y el trabajo que ha hecho, como al resto de los portavoces de los grupos parlamentarios. Empiezo con la enmienda número 80, en la que añaden como motivo de incompatibilidad el estar concursado, condenado o inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, o sancionado por infracciones graves. En nuestra opinión, esta referencia es innecesaria porque ya existe, concretamente en el artículo 3.3 y 3.4, la incompatibilidad de altos cargos general, que se extiende a los dos años posteriores al cese. La sanción por infracción grave podría ser una incompatibilidad excesiva y el concurso también.

Rechazamos la enmienda 82 que ajusta la definición de fundación bancaria a los supuestos análogos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, porque la redacción actual se refiere a participaciones que permiten el nombramiento. Entendemos que estas participaciones son derechos de voto, por lo tanto, no es necesario el cambio.

También rechazamos la enmienda número 84. Tenga usted presente que está muy en línea con lo que significa la enmienda que ha formulado el Grupo Parlamentario Popular, concretamente la número 103.

La enmienda número 87, respecto a la naturaleza del régimen fiscal previsto en el artículo 49, presenta un contenido muy similar al de la enmienda número 98 formulada por el Grupo Parlamentario Popular.

Rechazamos la enmienda número 89, que alude a la disposición adicional décima, para la sustitución de la mayoría reforzada, concretamente de dos tercios para los acuerdos de distribución de dividendos, por la mayoría a la que se refiere el artículo 201.1 de la Ley de sociedades de capital, por lo que he dicho con anterioridad: entendemos que debe mantenerse esa mayoría




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reforzada para la distribución de dividendos en las entidades de crédito controladas como una herramienta de incentivo a la pérdida de control.

Aceptamos la enmienda número 90, que es la subordinación general de la aplicación de la ley a los regímenes forales en los correspondientes territorios, una vez obtenidos los informes favorables del Ministerio de Economía y Competitividad y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, teniendo en cuenta también el debate que se propuso en la transaccional en el ámbito del Congreso de los Diputados respecto a esa disposición final.

La enmienda número 91 se refiere a la modificación de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Significa una enmienda de adición a la disposición adicional séptima. También la rechazamos porque, en nuestra opinión, su último párrafo representa una contradicción con el resto del contenido de la disposición adicional al permitir que se puedan considerar como entidades dependientes fundaciones bancarias, con independencia de cuál sea el porcentaje de participación en la entidad bancaria dominante, incumpliendo por tanto el requisito de participación mínima a que se refiere concretamente el punto primero del artículo 43 del presente proyecto de ley.

Y voy terminando, señor presidente, poniendo de manifiesto lo que han significado distintas enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular, las números 97 a 104, que han permitido una mejora sustancial del texto tras su paso por el Congreso de los Diputados, en virtud de las cuales estamos hablando de hacer extensible la regla que considera como única participación la de todas las fundaciones que actúen de forma concertada en el ámbito de las fundaciones bancarias —título II de la presente ley—; de la equiparación fiscal de las fundaciones que, de forma concertada, poseen un determinado grado de participación con las fundaciones bancarias que poseen ese mismo grado de participación. Se clarifican, por lo tanto, las competencias y fundamentalmente el contenido del artículo 43.1. Se mantiene el régimen fiscal de las emisiones de deuda de las cajas, una vez transformadas estas en fundaciones bancarias. Se permite que las entidades de crédito que hayan recibido todo o parte de su actividad financiera de las cajas de ahorros puedan utilizar las marcas o nombres de las mismas. Y al mismo tiempo se pone de manifiesto la compatibilidad temporal, y bajo ciertas condiciones, de la condición de patrono de la fundación bancaria y de consejero de la entidad financiera, en los casos que se den concretamente a la entrada en vigor de la ley.

Termino, señor presidente, poniendo de manifiesto que todavía queda una enmienda viva en este debate, de corrección técnica, advertida por los servicios jurídicos de la Cámara, en el ámbito de lo que significa el antepenúltimo párrafo del punto III del preámbulo, que les rogaría a sus señorías que, en la medida en que les fue facilitada en la tarde de ayer, se pronuncien acerca de si aceptan la tramitación mediante la firma de los seis grupos parlamentarios de dicha enmienda.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Moya.

Pasamos al turno de portavoces

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Vasco? Tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor presidente.

En la línea de lo que ya he dicho en mi intervención en defensa de las enmiendas, quisiera dejar constancia de que hubiéramos preferido, sin duda, que las cosas hubieran discurrido por un camino diferente y que nos encontráramos en un procedimiento que permitiera la subsistencia de las cajas de ahorros. Y sinceramente debo reconocer que no soy muy capaz de precisar en qué medida esta situación responde al criterio del Gobierno o al de la troika.

En cualquier caso, me van a permitir que comience haciendo un reconocimiento a la función que han desempeñado las cajas en el sistema financiero español. Con más de un siglo de existencia, las cajas de ahorros han prestado un importante servicio a los ciudadanos con esa morfología de entidades financieras privadas, tal y como las considera el Constitucional, que cumplen objetivos de carácter benéfico y social y que tienen un vínculo territorial. Su carácter de entidades financieras privadas, su contribución muy relevante a través de la capilaridad de sus redes de oficinas han impedido la exclusión social en el ámbito financiero permitiendo el acceso al crédito, singularmente hipotecario, para adquisición de viviendas, y también el apoyo a las pymes.




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No parece aventurado afirmar que sin la presencia de las cajas de ahorros se habría producido el efecto contrario, esto es, la exclusión social de grupos sociales importantes y de pequeñas empresas y autónomos. Además, las cuotas de mercado alcanzadas por las cajas de ahorros, prácticamente el 50% con las entidades bancarias y en los depósitos a plazo incluso por encima, han impedido situaciones de restricción de competencia que mucho me temo que, eliminadas las cajas de ahorros, se van a poner de manifiesto.

Lo que más caracterizaba a las cajas de ahorros eran sus objetivos de carácter benéfico y social y su vinculación al territorio, como ya he citado anteriormente. Es lamentable que en todo el debate y en los diferentes informes elaborados por los integrantes de la troika no se haya reconocido en ningún momento esta importante función. En el caso de las cajas de ahorros, el beneficio obtenido por la actividad financiera que no se destinaba a capitalizarse se aplicaba íntegramente a la obra social. Hay que destacar aquí —si bien es por todos conocido— que, salvo alguna acción puntual, la obra social de las cajas de ahorros ha permitido atender a personas en situación de exclusión social, promover y fomentar cultura, educación y un largo etcétera.

Por todo lo hasta ahora mencionado, quiero manifestar nuestro reconocimiento a la función de las cajas en un momento en el que realmente se estaba decidiendo la certificación de su desaparición. Sin duda, pensamos que se podía haber evitado, introduciendo en su régimen corporativo determinadas modificaciones, pero no ha sido el caso.

Otro gran error a la hora de hacer la valoración ha sido el de considerar que todas las cajas son iguales, y vuelve a aplicarse el habitual café para todos. Debo decir alto y claro que esto no es cierto, y al Gobierno le consta que eso no es verdad. Dentro de las cajas de ahorros han existido cajas bien gestionadas y cajas mal gestionadas. Y voy a poner un ejemplo que algún otro portavoz ha citado, y no es el único: las cajas vascas, tanto mientras desarrollaban directamente la actividad financiera como a partir del momento en que lo hacen indirectamente a través de Kutxabank. El último test de estrés de Oliver Wyman calificó a dicha entidad, como ustedes saben, como la mejor de las que habían superado el examen. Y estaban gestionadas, como se ha dicho anteriormente, por representantes de las instituciones, que no dejan de ser personas, políticos, que en el desarrollo de sus funciones pueden gestionar bien o gestionar mal.

Ahora bien, dicho todo lo anterior y ciñéndome al trámite parlamentario del proyecto de ley que hoy debatimos, debo decir que desde su presentación en el Congreso, nuestro grupo ha conseguido consensuar varias enmiendas con el grupo mayoritario que apoya al Gobierno, y con la aceptación o transacción de estas se consigue un mínimo con el que consideramos sustancialmente mejorado el texto del proyecto, esto es, que el régimen que resulte de la ley que se apruebe, respetando los principios constitucionales, respete también la trayectoria de aquellas cajas de ahorros que no han causado nunca problema alguno, evitándoles, además, un grave daño y a la par un injusto perjuicio patrimonial.

Sí es cierto que al escuchar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el senador Fernández de Moya, su justificación en la aceptación o no de las enmiendas, siempre queda la sensación de que alguna más hubiera podido ser aceptada, puesto que la argumentación no es otra que coincidir con algunas de las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Dada la coincidencia, esta senadora se pregunta cuál es el motivo para que no pueda ser aceptada o transaccionada en algunos casos. Esperemos que en el tiempo que queda hasta la votación podamos llegar a un acuerdo. En cualquier caso, y por todo lo anteriormente expuesto, nuestro grupo va a manifestar su apoyo a este proyecto de ley por considerar que con las enmiendas aceptadas, y a la espera de que alguna más pueda enriquecer el texto, este se vería mejorado.

Tal y como he dicho en mis dos intervenciones, hubiésemos preferido otro escenario para las cajas de ahorros, pero siendo este el proyecto de ley que tenemos entre manos y dada la labor realizada a lo largo de todo el trámite parlamentario, teniendo en cuenta que con las enmiendas presentadas, el trabajo realizado y el acuerdo que aún no doy por cerrado, el texto ha sido sustancialmente mejorado aunque no es exactamente el que nosotros hubiésemos deseado, vamos a apoyar este proyecto de ley.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya no hay intervenciones.




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Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Intervengo para hacer un poco de balance final de toda la tramitación de este proyecto de ley, especialmente en lo que hace referencia al ámbito autonómico y a las cuestiones que afectan a nuestro ámbito competencial.

El artículo 120 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que corresponde a la Generalitat, en relación con las cajas de ahorros domiciliadas en Cataluña la competencia exclusiva sobre la organización, respetando lo que dicte el Estado sobre la base de la normativa actual. En todo caso, el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que es materia de competencia exclusiva la determinación de los órganos de gobierno, el estatuto jurídico de sus miembros, el régimen jurídico de creación, fusión y liquidación de las cajas, las potestades sobre las fundaciones y la regulación de las agrupaciones de cajas que se creen.

Por lo que se refiere a la transformación en fundaciones, la Ley 9/2012, de 25 de julio, de modificación del texto refundido de las cajas de ahorros, estableció el marco para que las cajas de ahorros catalanas se transformasen en fundaciones de carácter especial, todo ello sobre la base de modificaciones en normativa básica realizada previamente por el Gobierno estatal. La ley catalana regula el proceso como las peculiaridades del régimen que determina el control de las fundaciones por el protectorado de acuerdo con lo previsto en el Código Civil catalán. El presente proyecto de ley establece los nuevos supuestos que obligan a transformarse en fundación, cuando era ya algo regulado.

En conclusión, entendemos que esta nueva legislación, que contiene elementos positivos en relación con los órganos de gobierno, régimen de retribuciones, las comisiones, el régimen fiscal de las fundaciones y el proceso transitorio, perjudica de forma muy grave los intereses autonómicos en relación con las nuevas fundaciones de su territorio, tanto por una cuestión competencial de tutela —de tutela, repito— como de no respeto de la estructura fundacional, que al final es la que hace respetar los principios fundacionales.

En la presentación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados el 17 de octubre, el Ministerio de Economía y Competitividad dejó bien clara la hoja de ruta que tienen que seguir las cajas de ahorros. Planteó todo el proceso, es decir: entidades de beneficencia orientadas al fomento y protección del ahorro y favorecer el acceso al crédito a las personas más desfavorecidas; desarrollar actividades financieras de menor riesgo y más próximas al ciudadano; algunas de las actividades que habían venido realizado a consecuencia de la crisis evidenciaron su situación de debilidad y algunas llegaron a una situación de inviabilidad; habló también de falta de profesionalidad de miembros de su Gobierno; interferencias por motivos políticos en su gestión; la realización de actividades financieras cada vez más complejas y con mayor riesgo; crecimiento excesivo que las convirtió en entidades sistémicas. En definitiva, vuelta al origen, centrándose en el comercio minorista y en el propio ámbito de actuación territorial.

Pues bien, a pesar de todo o manifestado, entendemos que se puede hacer una valoración positiva de la ley desde la perspectiva de la reestructuración del sistema financiero. En nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, siempre hemos realizado aportaciones positivas, constructivas y favorables para la recuperación y reforzamiento de nuestro sistema bancario, ya que entendemos que es un paso más en la mejora y el saneamiento del sistema financiero; pero, como bien le he indicado y le he argumentado, hay unas interferencias muy importantes en relación con las competencias del ámbito autonómico.

Por todo ello, por las mejoras y porque desde el ámbito competencial entendemos que hay una recentralización de nuestras competencias, no vamos a dar apoyo a este proyecto de ley y nos vamos a abstener.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Manchado.




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El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente. Señorías.

Voy a fijar la posición de nuestro grupo en torno al proyecto después de la respuesta que se nos ha dado a las enmiendas que hemos presentado.

Nosotros consideramos que subsiste un destino incorrecto de la obra social de las cajas; entendemos que no tiene ningún sentido que la obra social de las cajas pueda revertir en los propios impositores, no tiene absolutamente ningún sentido. La obra social debe destinarse, sobre todo en momentos como el actual, a los colectivos necesitados de cada territorio. Ese es el motivo, además, por el que las cajas han tenido históricamente la confianza de los impositores; precisamente si la gente ha confiado en las cajas ha sido porque ha tenido constancia de que una parte importante de sus excedentes se destinaba a mejorar la sociedad en la que el impositor se encontraba, en todos los sentidos, y eso ha sido, como digo, el motor de la confianza de los impositores.

En segundo lugar, en las respuestas que se nos han dado subsiste la figura del gran impositor. Nosotros entendemos que no tiene ningún sentido; los impositores son todos iguales, y los miembros de la asamblea responden al sector de los impositores, sin vincular para ello que uno tenga más o menos fondos en la caja.

Más importante aún, en el artículo 45 subsiste para nosotros una confusión entre la actividad principal de la caja y la obra social. Cuando hablamos del protectorado, este debe fijarse en función del lugar en que la caja haga la obra social, porque entendemos que esa es la principal actividad de la caja. En el artículo se habla del ámbito de actividad principal, y nosotros creemos —y esa era la enmienda que nosotros hacíamos— que deberíamos definir que ese ámbito de actividad principal se refiere a la obra social. Ese es, por tanto, un problema de la ley.

Finalmente, también subsiste el tratamiento desigual de estas entidades a la hora de tomar decisiones. Esa exigencia de los dos tercios es una peculiaridad en el sistema de las sociedades de capital y, además, hay un tratamiento desigual de los propietarios de capital de las entidades financieras en función de que sean una fundación o no. Eso, en el modelo que ustedes plantean, al no haber aceptado las enmiendas que nosotros les hemos presentado, sigue vivo.

En definitiva, señorías, sigue viva la percepción de un resquemor, de una desconfianza. Este proyecto de ley trasluce o deja entrever una desconfianza hacia el modelo de las cajas, y eso para nosotros es malo. No podemos desconfiar del modelo de las cajas, porque se ha demostrado durante muchos años válido para evitar, como decía alguien, la exclusión por motivos de acceso a los préstamos y, asimismo, ha permitido mejorar en muchos casos la economía local y la economía regional. El modelo cajas no es el culpable de lo que ha pasado. Lo que ha fallado ha sido el modelo de negocio, como falló el modelo de negocio en la primera crisis de muchos bancos. Pero equivocarse en el modelo de negocio no es sinónimo de decir que es el modelo de cajas el que falla.

Discriminar a las fundaciones frente a otros titulares de capital para nosotros es importante, y el objetivo de este proyecto era reforzar de alguna forma la recapitalización de las cajas e introducir códigos de buen gobierno y de transparencia. En todo eso estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en que estas entidades financieras estén penalizadas frente a otros bancos privados de los que no desconfiamos. Un banco privado es bueno, una caja es sospechosa. Esa es la visión que para nosotros tiene este proyecto de ley. En función de todo esto, porque consideramos que es necesario actuar pero no se actúa en la línea que a nosotros nos gustaría, vamos a abstenernos en la votación de este proyecto de ley. Nos hubiera gustado mucho poder apoyarlo, porque entendemos que con un pequeño esfuerzo, aceptando alguna de nuestras enmiendas, no se habría quebrado el espíritu del proyecto de ley, que fue lo que explicó el ministro De Guindos en su comparecencia en el Congreso, y sin embargo, sí se habría mejorado mucho la imagen que en las Cámaras legislativas teníamos de las cajas.

Este modelo actual, el modelo que vamos a aprobar hoy, con nuestra abstención —repito— es para los clientes y para los impositores de las cajas un mal síntoma de desconfianza, y nosotros no podemos apoyar esto.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández de Moya.




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El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Para cerrar el debate de este proyecto de ley, en nombre de mi grupo parlamentario, permítanme que haga un balance final y fundamentalmente destaque la importancia de lo que significa el esquema de este proyecto de ley; un proyecto de ley que se fundamenta en tres ejes que son: el material, el territorial y el volumen de lo que significa y representa la actuación de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, sistema electoral, órganos de gobierno, fundaciones bancarias, gobierno corporativo y fondo de reserva y ampliación de capital. Esos son los ejes fundamentales del proyecto de ley que el Gobierno de España ha enviado a las Cortes Generales y con el que, por cierto, damos cumplimiento a los compromisos recogidos en el memorándum de entendimiento, en el MOU, acordado con la Unión Europea como parte del programa de asistencia para la recapitalización del sector bancario.

Señorías, este acuerdo implica la aprobación de un nuevo marco jurídico para clarificar el papel de las cajas de ahorros como accionistas de bancos, el reforzamiento de las normas de buen gobierno corporativo y los requisitos de incompatibilidad, tanto en las cajas como en los bancos controlados por ellas.

Les decía que son tres los ejes fundamentales. El material: vinculación explícita de la actividad financiera de las cajas con los clientes minoristas y las pymes, las pequeñas y medianas empresas. El territorial —lo hemos definido con anterioridad y lo hemos debatido, precisamente, en el debate anterior relativo a las enmiendas—: el ámbito de actuación no podrá exceder de una comunidad autónoma y, en caso de que así fuera, podrá sobrepasar ese límite siempre que actúe sobre un máximo total de diez provincias que resulten limítrofes entre sí. El volumen: las cajas de ahorros no podrán tener en este sentido un activo superior a los 10 000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35% de los de la comunidad autónoma donde sean operadores jurídicos u operadores financieros. Igualmente, el exceso de ese tamaño conllevará, conforme al título II del proyecto de ley, la presencia de una fundación bancaria.

Se introduce, señorías, además, una nueva regulación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros que afecta a la asamblea general, a la comisión de control y al consejo de administración. Se mantiene la comisión de control porque las cajas carecen de accionistas y es preciso, por tanto, regular un mecanismo electoral para constituir la asamblea general. La comisión de control velará por el buen funcionamiento de ese procedimiento electoral y por la obra social de la caja, entre otras funciones también relativas al funcionamiento del consejo de administración.

Señorías, el sistema electoral que se establece pretende conseguir dos objetivos fundamentales: evitar el control político de las cajas y atribuir dicho control a los principales interesados, es decir, a los impositores. Así, en primer lugar, la asamblea general incluirá la representación de los depositantes, la voluntad fundacional de la caja y los destinatarios de la obra social. En segundo lugar, el número de consejeros generales estará comprendido entre treinta y ciento cincuenta y el mandato, conforme a lo establecido en la ley, en cuatro y seis años. En tercer lugar, se atribuye una representatividad a los impositores de entre el 50 y el 60% de los consejeros generales. En cuarto lugar, las administraciones públicas en ningún caso podrán designar más del 25% de los consejeros generales y en quinto lugar, habrá un turno de grandes impositores de no menos del 50% para garantizar que queden adecuadamente representados en la asamblea general. El resto de consejeros generales correspondientes a este turno se elegirá por el sistema de compromisario designado por sorteo entre el resto de impositores y la renovación de los consejeros generales y representantes de impositores se hará por mitades. En suma, un elemento añadido de este proyecto de ley es evitar el control político de las cajas.

La norma incrementa la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro en los aspectos —concretamente, en siete— a los que ya me referí en mi intervención de ayer.

El proyecto de ley define el régimen jurídico de las fundaciones bancarias; fundaciones que son herederas de las fundaciones de carácter especial previstas en el Real Decreto Ley de 9 de julio de 2010, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros. Son aquellas fundaciones que tienen una participación superior al 10% en una entidad de crédito.

El memorándum de entendimiento, el MOU, aprobado por España exigía que se fuera produciendo una desinversión paulatina de las antiguas cajas de ahorros en las entidades bancarias hasta que su participación alcanzase niveles de no control. Para impulsar este objetivo, el proyecto de ley prevé dos medidas que operan de manera consecutiva. La primera obliga a que




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las cajas que actualmente desarrollan sus actividades en régimen de ejercicio indirecto, así como las cajas que tengan un volumen superior a los límites previstos en la norma, se transformen en fundaciones bancarias. Y la segunda, una vez transformadas en fundaciones bancarias, se ha diseñado un régimen jurídico para estas nuevas entidades que refuerza la supervisión financiera en función del grado de control efectivo que ejerzan en la entidad bancaria participada. Igualmente se distinguen obligaciones generales para todas las fundaciones bancarias, aquellas que tienen una participación en la entidad de crédito de al menos un 10%, obligaciones para las fundaciones bancarias con una participación en la entidad de crédito de al menos un 30% y obligaciones para las fundaciones bancarias con una participación en la entidad de crédito de al menos un 50% o con participación de control. El gobierno corporativo de las fundaciones bancarias queda resumido en siete ejes, a los que también me referí en mi intervención de ayer al rechazar los cuatro vetos.

Y, para terminar, una última reflexión en cuanto al capítulo relativo al fondo de reserva y ampliación de capital. El fondo de reserva se destinará a las posibles necesidades de recursos propios de las entidades de crédito participadas que no puedan ser cubiertas con otros recursos y que, a juicio del banco de España, pudieran poner en peligro el cumplimiento de sus obligaciones en materia de solvencia. A tal fin, el plan financiero contendrá un calendario de dotaciones mínimas al fondo de reserva hasta alcanzar el volumen objetivo que, con la finalidad de garantizar lo que significa la gestión sana y prudente de la entidad participada, determine el Banco de España. Las fundaciones bancarias que tengan una participación igual o superior al 50%, o bien un porcentaje de control de una entidad de crédito que acudan a una ampliación de capital de dicha entidad de crédito participada, no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes al incremento de su participación. En último lugar, en el ámbito de ese fondo de reserva y ampliación de capital solo podrá aprobar reparto de dividendos con un quórum y mayoría reforzada, presencia del 50% del capital en primera convocatoria y del 25% en segunda convocatoria, más la aprobación de dos tercios del capital presente en la junta.

En suma, señorías, señor presidente, mi grupo parlamentario cree que este Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, como he dicho al comienzo de mi intervención, supone un compromiso más adquirido por el Gobierno de España respecto a lo que significaba el cumplimiento del compromiso recogido en el Memorándum de Entendimiento, el MOU, acordado por la Unión Europea como parte del programa de asistencia para la recapitalización del sector bancario, del sector financiero. Una vez más, el Gobierno de España cumple y el Grupo Parlamentario Popular ofrecerá su apoyo a este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente y feliz Navidad a sus señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de Moya.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las enmiendas de la Ley de cajas de ahorros. (Votaremos las enmiendas que tenemos pendientes de la Ley de reforma de la Administración Local con las correspondientes a la siguiente ley, la Ley de factura electrónica).

Comenzamos votando las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal. En primer lugar, la enmienda numero 16.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 2 y 15.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 73; en contra, 154; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 6 y 12.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 72; en contra, 149; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 20.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 19; en contra, 149; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 3 y 4.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 73; en contra, 154; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 7, 9 y 19.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 16; en contra, 155; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18 y 21.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 5; en contra, 154; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de la senadora Capella.

Votamos la enmienda 75.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 22; en contra, 209; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 76.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 3; en contra, 223; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 77.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 14; en contra, 224; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.

Votamos la enmienda 79.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 5; en contra, 148; abstenciones, 86.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 83.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 16; en contra, 220; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 80, 81 y 86 a 89.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 149; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 82, 85 y 91 a 96.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 17; en contra, 149; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 90.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 234; en contra, 1; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Votamos la enmienda 44.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 73; en contra, 163; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 58.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 92; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 45 y 46.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 72; en contra, 154; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 48 y 54.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 72; en contra, 149; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 62.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 14; en contra, 149; abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 49 y 61.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 14; en contra, 155; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 43, 47, 50 a 53, 55, 57, 59, 60 y 63.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 3; en contra, 155; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 56.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 11; en contra, 148; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 64.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 79; en contra, 148; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 72 y 73.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 90; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 65 y 68.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 71; en contra, 154; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 66, 70 y 71.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 85; en contra, 148; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 67.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 220; en contra, 3; abstenciones, 16.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comenzamos con la enmienda número 34.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 90; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 32, 35 a 37 y 39.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 237; a favor, 88; en contra, 147; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 38, 40 y 42.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 84; en contra, 148; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 41.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 89; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Enmienda número 22.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 78; en contra, 149; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 30 y 31.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 90; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 23 y 26.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes: 241; votos emitidos, 239; a favor, 73; en contra, 155; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 24.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 72; en contra, 149; abstenciones, 18.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 28 y 29.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 85; en contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 25.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 221; en contra, 1; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas números 97, 98, 99, 101, 102, 104 y 105, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 75; en contra, 165; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda transaccional, con número de registro 79264, sobre la base de la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y firmada por cuatro grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 235; en contra, 1; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda transaccional, con número de registro 79265, y firmada por todos los grupos.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 238.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 221; en contra, 7; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 153; en contra, 8; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. (Aplausos.)

Abran las puertas.




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2.1.3. PROYECTO DE LEY DE IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CREACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS EN EL SECTOR PÚBLICO.

COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

(Núm. exp. 621/000050)

El señor presidente da lectura al punto 2.1.3.

El señor PRESIDENTE: Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Sanz.

Cuando quiera, señoría.

El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público tuvo su entrada en esta Cámara el día 30 de octubre de este año, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) El plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó tras una prórroga el día 19 de noviembre. Se han presentado cincuenta y una enmiendas y ninguna propuesta de veto. De las enmiendas, ocho corresponden a diversos senadores del Grupo Parlamentario Mixto; cinco al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; catorce al Grupo Parlamentario Socialista; veintidós al Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y dos al Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El pasado 3 de diciembre se reunió la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas que acordó designar a la siguiente ponencia para informar el proyecto de ley. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Fernández de Moya Romero y la senadora Garau Juan; por el Grupo Parlamentario Socialista, los senadores Sen Vélez y Vázquez García; por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, el senador Bel Accensi; por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, el senador Montilla Aguilera; por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, la senadora Martínez Muñoz; y por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Martínez Oblanca.

Esta ponencia elevó a la comisión el informe en el que introducía como modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas, 50 y 51, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. La comisión reanudó su sesión para dictaminar y emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia por 15 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones.

Han presentado votos particulares a este dictamen para el mantenimiento de las enmiendas, el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Por último, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y el Grupo Parlamentario Socialista incluyen en sus votos la vuelta al texto del Congreso en la parte afectada por la enmienda número 51 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado aprobada por la comisión.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno a favor. (Pausa.)

Turno en contra. (Pausa.)

Pasamos al turno de portavoces. (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

¿Grupo Socialista? (Denegaciones.)

Si nadie quiere hacer uso del turno de totalidad, pasamos al turno de defensa de las enmiendas.

En primer lugar, las del Grupo Parlamentario Mixto: la enmienda número 1, presentada por los senadores Eza Goyeneche, Salanueva Murguialday y Yanguas Fernández, y las enmiendas 2 a 8 de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Para la defensa de la enmienda número 1, tiene la palabra el senador Yanguas.




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El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

UPN ha presentado una enmienda, que damos por defendida en sus propios términos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de las presentadas por los senadores Mariscal e Iglesias, tiene la palabra el señor Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Sí, señor presidente.

Las damos por defendidas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Mariscal.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado las enmiendas 28 a 42 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 51, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Muchas gracias, señor presidente.

Yo defenderé las enmiendas 43 a 50 y el resto las defenderá el senador Montilla.

Doy todas ellas por defendidas y, como es mi última intervención en este Pleno, quiero felicitar el próximo año a todos los senadores y senadoras.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot.

Tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor presidente.

Nuestro grupo está de acuerdo con la esencia y los objetivos de este proyecto de ley, pues supone un avance más en la modernización de nuestras administraciones públicas. Pensábamos que las modificaciones que contenía inicialmente suponían un cambio muy modesto en los procedimientos y en este sentido hemos presentado un total de quince enmiendas para intentar mejorar la eficacia de la norma. Lo que ocurre es que en el trámite parlamentario llevado a cabo en el Senado el Grupo Parlamentario Popular ha incorporado un conjunto de enmiendas que afectan a la Ley de Contratos del Sector Público, lo que hace que cambiemos la orientación de nuestro voto.

A continuación, paso a explicarles nuestras enmiendas. En primer lugar, quiero destacar la enmienda 28, que suprime la posibilidad de que las administraciones públicas puedan excluir, a través del reglamento, la facturación electrónica en los casos inferiores a 5000 euros. No entendemos esta limitación, ya que estas facturas constituyen un porcentaje muy elevado de la facturación total. Entendemos que esta exclusión desvirtuaría el sistema y podría generar fraccionamientos innecesarios. La enmienda 33 suprime esta posibilidad en el artículo 9.

Una de las críticas que ha recibido este proyecto de ley ha sido el poco debate y consulta con las administraciones territoriales para consensuar precisamente un texto más completo y mucho más eficaz en su cumplimiento. En este sentido, hemos presentado la enmienda 29, para contemplar el acuerdo previo sobre el formato de la factura electrónica en el seno del Comité Sectorial de Administración Electrónica, dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, que es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado y de las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades que integran la Administración Local en materia de Administración electrónica, que debe asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las diferentes administraciones públicas.

La enmienda 31 incluye esta salvedad en el artículo 6, para determinar las condiciones técnicas normalizadas desde el punto general de entrada de facturas electrónicas.

En virtud de este ánimo de diálogo y de cooperación entre administraciones para impulsar una actuación coordinada en el desarrollo de los fines de esta norma y velar por que se respeten sus respectivos ámbitos de competencia, en la enmienda 38 se prevé la creación de un órgano de cooperación interadministrativo.




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Con la enmienda 34 modificamos el artículo 10 para suavizar la forma en que la Administración General del Estado se dirige a las administraciones territoriales. Es necesario un mayor respeto institucional. Consideramos que no puede imponerse una forma específica de actuación a las administraciones territoriales para tener un control de las facturas pendientes. La ley debe limitarse a la constancia de la información necesaria para evitar la dilación en determinadas actuaciones, pero la Administración General del Estado no necesita una ley para determinar si ha de haber requerimientos o informes periódicos sobre esta cuestión, y no puede imponerlos —entendemos nosotros— al resto de administraciones.

En este sentido, y con el fin del respeto competencial del que hablaba, nuestra enmienda 35 modifica el artículo 12 para aclarar que la información sobre las facturas a la que tiene acceso cada órgano interventor será en función, obviamente, de su esfera competencial.

La disposición adicional cuarta incluye la obligación de que las administraciones autonómicas y locales financien las actuaciones técnicas necesarias que impone la ley. Y la enmienda 36 suprime el apartado 4, por entender que esta salvedad es injusta y desproporcionada.

Con la enmienda 39 se incluye la habilitación para la consignación suficiente en los Presupuestos Generales del Estado con el fin de financiar los desarrollos técnicos iniciales.

Y la enmienda número 37 suprime el apartado 5 de la disposición adicional cuarta por innecesaria y pensamos que mala praxis legislativa.

Modificamos la disposición transitoria tercera con la enmienda 40, para que el punto general de entrada de facturas del Estado sea una opción a la que todas las administraciones públicas se adhieran de forma inmediata y así facilitar cuanto antes la remisión de facturas electrónicas y el registro de entrada de facturas de proveedores.

Con la enmienda 41 suprimimos la exclusión de factura electrónica que contiene la disposición final segunda con respecto a las agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades de comercio al por menor cuando la contratación no haya sido por medios electrónicos.

Finalmente, la enmienda 42 regula la interoperabilidad entre soluciones de facturación electrónica y contempla la gratuidad de la entrega de facturas para lograr todos los beneficios que se deducen de su utilización y poder permitir la automatización de procesos entre proveedores y clientes.

Estas son, en conjunto, nuestras enmiendas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Señorías, nuestro grupo apoyó esta ley en el Congreso, aunque nos quedaron algunas enmiendas vivas. Concretamente, hemos presentado cinco enmiendas, las números 9 a 13, y doy todas ellas por defendidas. El objetivo de estas enmiendas era mejorar la aplicación de esta factura electrónica.

Vaya por delante que nuestro grupo está de acuerdo en regular la factura electrónica y en implantar esta factura de forma generalizada en la mayoría de las administraciones públicas. Entendemos que todos debemos hacer un esfuerzo —también las empresas privadas— para adaptarnos a esta nueva posibilidad tecnológica. Esto será mucho más transparente a la hora de gestionar la deuda comercial de las administraciones públicas, dará mayor claridad y, aunque suponga un esfuerzo, porque va a suponerlo en determinados niveles de la Administración, especialmente en la Administración Local, creemos que va a beneficiar a todos, que va a hacer mucha más competitiva nuestra economía. Por tanto, vemos con simpatía esta ley, aunque hayamos presentado estas cinco enmiendas con el objetivo, como decía, de clarificar y hacer más fácil el acceso a esta tecnología.

En todo caso, de las cinco enmiendas, he de avanzar que respecto de la número 12 hemos llegado a una transaccional con el grupo mayoritario y otros grupos —a los cuales agradezco su predisposición para poder tramitarla— con un objetivo que consideramos importante. De hecho —lo ha dicho algún otro portavoz—, en esta ley había unas pequeñas modificaciones, muy pequeñas —nosotros solicitábamos otra—, de la Ley de Contratos del Sector Público.




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Posteriormente, a través de la enmienda 51 ha habido una modificación sustancial de esta ley. Pero la modificación que nosotros planteábamos afectaba esencialmente a la disposición adicional decimosexta del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Qué pretendíamos con esa enmienda? Que la licitación electrónica se tramitara mediante firma electrónica avanzada. Esta, como sus señorías conocen, es una firma electrónica con un menor nivel de seguridad y mucho más asequible para muchísimas más empresas, con lo cual conseguiremos que las pequeñas y medianas empresas, las pymes, puedan acceder a esta licitación electrónica y, por tanto, que los trámites que vayan a realizar seguramente sean muchos más, no solo por parte de las corporaciones locales sino también de algunas comunidades autónomas. Hemos llegado a un acuerdo en esto, y lo valoramos positivamente.

En cuanto al resto de enmiendas, no voy a entretenerme con ellas. Como ya he dicho, las doy por defendidas y lo único que pretendían era mejorar sustancialmente el texto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista ha presentado un total de catorce enmiendas a este proyecto de ley, que proponen correcciones al texto sobre errores o no concreción en algunos artículos de las administraciones competentes para tal fin, o la supresión de algunos apartados, los cuales, a nuestro entender, desvirtúan en gran medida esta norma.

Estamos de acuerdo con el fin que persigue la ley. La implementación de la factura electrónica en la Administración Pública es un paso más que debe ayudar a conocer y a hacer un seguimiento de la morosidad de las administraciones públicas con sus proveedores. En cambio, esta norma, que implica una novedad para las relaciones comerciales y burocráticas entre los proveedores y la Administración Pública española, queda desvirtuada completamente en dos aspectos que para mi grupo son claves si en realidad —cosa que dudamos— se pretende legislar con el fin de buscar una mejora y un interés que favorezca, tanto al empresario que provee o que presta el servicio a la Administración Pública, como a esa Administración Pública, que incorpora un sistema moderno y eficiente en el control de aquello que debe por el servicio que presta o por el bien que adquiere.

Entendemos, pues, que por parte de los senadores del Grupo Popular serán bien acogidas las enmiendas que basan su presentación en la denominación correcta del articulado, porque enriquecerán, como no puede ser de otra manera, dicha normativa. Y también deberán prestar atención a aquellas otras enmiendas que corrigen una parte importante de la ley por entender que el legislador no ha comprendido correctamente la finalidad que se pretende, desconociendo quizás cuál es la situación real de la Administración Pública. Una normativa que, como se indica en su preámbulo, pretende erradicar la morosidad y como causa-efecto reducir las necesidades de financiación de las empresas que prestan sus servicios y bienes en las administraciones públicas, no puede exonerar de dicho control las facturas menores de 5000 euros. Por este motivo, que a priori puede parecer lógico, nos sorprende que constantemente se esté hablando en esta Cámara de control, de reducción, de recortes, de poner orden en las cuentas públicas, de vigilancia fiscal, de medidas coercitivas, de medidas sancionadoras y de responsabilidades a las administraciones públicas de este país, y luego se introduzca un artículo en la ley que deja fuera a la inmensa mayoría de las acciones comerciales entre los proveedores con la Administración Pública. ¿Por qué decimos esto? Porque es lo que se indica en el artículo 4 de esta normativa. Recordemos que la semana pasada hablábamos en esta Cámara sobre la deuda comercial de las administraciones públicas y que en esta Cámara se aprobó una ley que regula los plazos en los que las administraciones públicas deben pagar a sus proveedores. Esas administraciones públicas y, en concreto, las administraciones locales que existen en nuestro país, arrojan cifras que necesariamente debemos tener en cuenta cuando se habla de legislar su gestión en las relaciones contractuales con sus proveedores. Los municipios españoles —también se decía en el debate de esa ley— son mayoritariamente pequeños, y hay que recordar que casi tres cuartas partes tienen menos de 1000 habitantes y casi la mitad, menos de 500, siendo este hecho una realidad que




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nunca tiene la suficiente consideración por parte del Gobierno cuando se legisla en relación con sus ámbitos competenciales.

Estos datos son un claro reflejo de cuál es el modelo de proveedor que constantemente dirige sus servicios a la inmensa mayoría de las entidades públicas de este país. Por este motivo, entendemos que es un absurdo que se vayan a dejar fuera de esta normativa las facturas de menos de 5000 euros. Por una parte se pone el grito en el cielo diciendo que se debe pagar en treinta días y se legisla para que eso sea sí o sí, y a continuación se permite que, por decisión propia, no se controle la mayor parte de las facturas que se reciben, que son la inmensa mayoría de las que se giran a esos miles y miles de municipios por la prestación de sus servicios o la adquisición de sus bienes. Señorías, son cientos de miles las facturas que, estando por debajo de los 5000 euros, son giradas por grandes compañías nacionales de sectores como la energía, la telefonía, los combustibles, etcétera, a los municipios españoles. Por eso nos preguntamos si realmente existe voluntad por parte del Gobierno de organizar este ámbito con el fin de conseguir los objetivos establecidos, que se explican en el preámbulo de la ley.

Señorías, si recientemente los técnicos de la Agencia Tributaria nos recordaban nuevamente que el 71% del fraude fiscal de España corre a cargo de las grandes corporaciones empresariales, ¿por qué primero se dice que hay que atajarlo y, posteriormente, por la puerta de atrás, se eliminan los controles fiscales con decisiones como las que se indican en esta ley? ¿Por qué se es permisivo con esas grandes empresas, dando una salida al fraude con lo que esto implicará? ¿Ustedes no creen que muchas empresas no harán todo lo posible para facturar en dos o tres partes por un importe menor a 5000 euros cuando el origen del servicio prestado o del bien adquirido supere ampliamente esa cantidad? ¿Cómo se va a lograr poner fin a eso, como nosotros hemos propuesto en diferentes ocasiones, cuando realmente se deja fuera de este control el mayor paquete de facturas que se dirige a las administraciones públicas? Entendemos que con esta ley no se va a conseguir de ninguna manera. ¿Cómo se va a conseguir una tarea fiscalizadora y de control, para lo cual se propone un intercambio de información relativa a deudores de las administraciones y pagos a estos entre la Agencia estatal, los órganos de recaudación de las comunidades autónomas y ayuntamientos y la Tesorería General de Seguridad Social y los órganos pagadores de las administraciones públicas, si se deja fuera la inmensa mayoría de las facturas sobre las cuales se quiere realizar el control?

Pero, si esto es importante y deja fuertemente tocada esta ley, otra de las modificaciones que se pretenden ya la deja fuera de juego. Hablamos de la enmienda número 51, que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Esta enmienda nos sorprende, no solo por su justificación, sino porque su contenido implica eximir radicalmente a cualquier empresa de las indicadas en la ley de acreditar su solvencia económica, financiera o técnica ante una licitación. Esto significa que a partir de la entrada en vigor de esta ley, cualquier empresa creada, por ejemplo, esta misma mañana, podrá tener acceso en condiciones legales a licitar los grandes contratos de servicio, como la externalización de la sanidad, servicios de agua, recogida de residuos, etcétera. Esta ley modifica la Ley de Contratos del Sector Público, la cual ha sido recientemente modificada por el Gobierno en la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores.

Señorías, con el único fin de conseguir un objetivo, no dejan de sorprendernos con las nuevas normativas que promueven y los cambios que hacen constantemente de las leyes actuales y de las que se acaban de aprobar por su parte, como es el caso de la Ley de los emprendedores. Este caos legislativo nos lleva a pensar que aquí solamente se persigue un fin, que no es otro que esclarecer todas las normativas posibles para allanar el camino a las privatizaciones de todo aquello que es público y de todos los españoles.

Señorías, ante una licitación pública de un servicio público siempre se ha tenido en cuenta cuál es la solvencia de las empresas licitadoras, y se les exigía que demostraran su preparación para afrontar el servicio, su experiencia en contratos similares y buen desempeño, los medios con los que contaran y su solvencia económica, que sirviera de respaldo ante cualquier necesidad perentoria, todo ello con el fin de garantizar que el servicio prestado mediante la adjudicación fuera de calidad. Incluso siendo de esta manera, como todos conocemos —en especial aquellos senadores que conocen el funcionamiento de las administraciones públicas—, somos conscientes de que exigiéndoles todas esas garantías, las que existían antes de la modificación que va a incorporar esta normativa, surgían problemas, surgían incidencias. Y si ahora las exoneramos de




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esas obligaciones, imagínense a qué garantías va a poder acudir la Administración pública de este país siguiendo el contenido de la enmienda que presenta el Grupo Popular. Nosotros entendemos que a ninguna. Estas modificaciones permitirán, una vez que se lleve a cabo el desarrollo reglamentario correspondiente, que la Administración contratante pueda, a través de sus pliegos, fijar los medios para acreditar la solvencia económica, financiera y técnica en un modo de ejecución a la carta de los contratos de servicios. Señorías del Grupo Popular, con su enmienda 51 transforman peligrosamente esta normativa, que nació con el beneplácito de lo conveniente, y tras su aprobación pervivirá bajo el manto de la sospecha.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Sen.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora señora Garau.

La señora GARAU JUAN: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios su trabajo en las enmiendas con el objetivo de mejorar la ley. Creo que todos comprendemos la imperiosa necesidad de mejorar los sistemas contables de las facturas en las administraciones públicas en España, y así se ha puesto de manifiesto en el contenido de las enmiendas. Y también comprendemos que una de las claves de mejora de la competitividad de las empresas consiste en reducir precisamente la morosidad de las administraciones públicas, tan bien explicado en el preámbulo de esta ley.

Tras esta breve explicación, quiero esquematizar cómo se han trabajado las distintas enmiendas. A esta ley se han presentado cuarenta y nueve enmiendas: catorce, del Grupo Socialista, cinco, de CiU, veintidós, de Entesa, y ocho, del Grupo Mixto. Casi todas ellas vienen repetidas del Congreso de los Diputados, por lo que solo quedarían nueve enmiendas como nuevas: cuatro, del Grupo Socialista, cuatro, de Entesa, y una, de CiU. Y esta precisamente, la número 12, de CiU, se ha transaccionado. El Grupo Popular, aparte de en la enmienda citada de CiU, ha intentado llegar a un acuerdo en las enmiendas 25 y 26, del Grupo Socialista, y las enmiendas 40 y 41, del Grupo Entesa.

En cuanto al contenido de las enmiendas, hay que decir que existe bastante consenso con la ley, y las negociaciones que ha habido desde la ponencia han sido muy cómodas por ambas partes ya que todos hemos estado abiertos a comentarios y sugerencias para enriquecer el texto inicial.

Para dar respuesta concretamente a las inquietudes de sus señorías y argumentar por qué no se han aceptado sus enmiendas, las he agrupado por temas en la medida de lo posible.

Con respecto a la número 1 del senador Eza, la senadora Salanueva y el senador Yanguas, relativa a la disposición final quinta, he de comentarles que, aunque el Grupo Popular defiende la foralidad del pueblo navarro y el carácter especial de su comunidad, esta ley tiene carácter básico y es aplicable a todas las facturas emitidas en el marco de las relaciones entre proveedor y Administración Pública. No se aprecia ninguna especialidad foral que justifique esta diferenciación.

En relación con el colectivo de personas con discapacidad hay dos enmiendas: la número 2, de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Mixto, y la número 43, del Grupo Entesa, relativa a la adición de un apartado nuevo al artículo 5, en el que se hace referencia al acceso a la factura electrónica por personas con discapacidad. Quiero decir que no ha lugar al primer párrafo de esas enmiendas, ya que el sello electrónico solo será accesible al personal técnico informático y no al público en general.

En cuanto al segundo párrafo, se remite a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y en particular a su desarrollo reglamentario mediante el Real decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, donde quedan perfectamente garantizadas las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad.

Hay otro grupo de enmiendas relativas al impacto económico del sector postal: la enmienda número 3, de los senadores Iglesias y Mariscal, y la número 44, del Grupo Entesa, en relación con que en el plazo de tres meses desde la publicación en el BOE el Gobierno emita un informe económico sobre el impacto que produce esta Ley de factura electrónica en el operador postal público, Correos. Quiero comentarles que tal estudio puede realizarlo sin ningún problema el




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propio sector, que es perfectamente profesional. Además, para su tranquilidad les digo que puede adaptarse perfectamente a las nuevas circunstancias diversificando el negocio o las prestaciones de los servicios auxiliares en materia de factura electrónica.

Hay también un grupo de enmiendas referentes a la entrada en vigor de la norma en el sector privado, y se propone como fecha el día 15 de enero de 2017. Son la enmienda número 4, de los senadores Iglesias y Mariscal, y la número 45, de Entesa. Pues bien, el sector público y el privado deben entrar a funcionar en el mismo momento porque, si no, no se consigue ese doble impacto que pretende la ley. El mercado está preparado para empezar a utilizar la factura electrónica. Por todo ello, las rechazamos.

En otro grupo de enmiendas se dice que los proveedores deben informar a los clientes sobre la forma de la factura electrónica y su envío postal por certificación. En este grupo se encuentran las enmiendas 5 y 6, de los senadores Iglesias y Mariscal, las números 46, 47 y 48, del Grupo Entesa, y la número 7, del Grupo Mixto. Quiero comentarles que siempre existe el consentimiento entre figuras, como se establece en el artículo 9.2 del Reglamento, en el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

En cuanto al envío postal con certificación de relación de facturas, además de los argumentos que he utilizado anteriormente, puedo añadir que la certificación mensual en papel referida a los importes facturados anula el objetivo perseguido por este proyecto de ley, que es prescindir, en la medida de lo posible, de la facturación en papel en tanto en cuanto lo consientan los clientes.

La enmienda número 8, de los senadores Iglesias y Mariscal, y la número 49, de Entesa, se refieren a la vigencia de la norma, tanto en el caso de la factura electrónica, el 15 de enero de 2017, como de la anotación en registro, el 1 de enero de 2016. Repito que se trata de las enmiendas número 8, de los senadores Iglesias y Mariscal, y la número 49, de Entesa. A este respecto he de decirles que el mercado ya está preparado para la factura electrónica, que no hay motivo para demorar dicha entrada en vigor y que, de hecho, hay muchas empresas que ya usan adecuadamente la factura electrónica.

Hay un grupo de enmiendas relativas a las facturas de menos de 5000 euros, como la enmienda 14, del Grupo Socialista, la número 19, también del Grupo Socialista, y las números 28 y 33, del Grupo Entesa. Estas facturas de menos de 5000 euros pueden ser pagadas de forma rápida —precisamente no se hace para poner trabas a la ley sino para que pueda fluir más rápidamente, sobre todo en un inicio— y eficiente a través del mecanismo de anticipo de caja, como hemos comentado en reuniones privadas. Si se incluyen estas facturas sin excepción, alguna puede colapsar el sistema, sobre todo, repito, inicialmente. Además, produciríamos retrasos en los pagos a los proveedores y dificultades en la gestión de esos pequeños gastos, que irían generando ineficiencias administrativas y estrangulamientos en la gestión de los servicios públicos que no nos podemos permitir. No han tenido en cuenta ustedes la practicidad de la norma y la rapidez y fluidez que necesita, sobre todo en el inicio de su aplicación. Por todo ello no se aceptan esas enmiendas.

Otro grupo de enmiendas se refieren al Comité Sectorial de Administración Electrónica; son las números 15 y 17, del Grupo Socialista, y las números 29 y 31, del Grupo Entesa, Con ellas se pretende cambiar la expresión «oído el» por la de «previo acuerdo del» Comité Sectorial de Administración Electrónica para determinar el formato estructural de la factura electrónica. Bien, el comité sectorial será oído en el trámite de consultas, pero no puede decidir al respecto de forma unilateral. Dicha competencia corresponde a las secretarías de Estado, ya que son las que lo gestionan. La comisión ministerial de Administración electrónica no se puede equiparar.

En cuanto a la protección de datos, la enmienda 18, del Grupo Socialista, y la enmienda 32, del Grupo Entesa, proponen añadir un apartado 3 que haga referencia a la Ley Orgánica 15/1999. Yo solo les puedo comentar que la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal se aplica sin necesidad de su mención expresa, al igual que el resto de la legislación vigente.

La enmienda número 20, del Grupo Socialista, y la 34, del Grupo Entesa, solicitan la modificación en las actuaciones de los órganos de contabilidad para reducir el control de estos. Debo decirles que la delimitación de las competencias y funciones de los órganos y unidades administrativas que tienen atribuida la función de contabilidad, que se recoge en el actual artículo 10 del proyecto, está en coherencia con las funciones y el alcance que a dichos órganos y unidades les atribuyen las normas contables. Por tanto, la modificación propuesta supone




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atribuirles unas actuaciones incompatibles con aquellas, que dejarían vacío de contenido el objeto y finalidad de la norma proyectada.

En cuanto al ámbito competencial de la Intervención General del Estado —a la que se refieren la enmienda número 21, del Grupo Socialista, y la enmienda número 35, del Grupo Entesa—, no es necesario añadir ningún inciso sobre los respectivos ámbitos competenciales a la figura de la Intervención General del Estado, ya que la Intervención General del Estado y los órganos de control actúan siempre dentro de su ámbito competencial, por lo que es innecesaria esa precisión.

Quiero destacar un importante grupo de enmiendas que hacen referencia a la financiación de las administraciones autonómicas y locales, como son las números 22 y 24, del Grupo Socialista, y las enmiendas 36, 37 y 39, del Grupo Entesa. Pues bien, cada Administración debe asumir su financiación teniendo la posibilidad de adherirse a los puntos de entrada de facturas ya disponibles si no cuenta con los medios suficientes. Así se consigue una mayor implicación y mejor funcionamiento. Además, cada Administración financiará, con cargo a sus presupuestos, los desarrollos técnicos para integrar sus sistemas informáticos con el punto general de entrada de facturas electrónicas en la Administración General del Estado o, en su caso, si no pudiera, financieramente hablando, podrá adherirse a este.

Quiero comentar la enmienda número 51, que el Grupo Popular presentó en su momento y que fue incorporada en ponencia. Ha sido comentada por varios grupos parlamentarios hoy en esta Cámara, y realmente no comprendo, señorías, sobre todo del Grupo Socialista y del Grupo Entesa, sus argumentos de crítica a la misma, la cual motiva, como han comentado ustedes, modificaciones en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Dicen ustedes que se hace un traje a medida para lo que sería la contratación pública y preguntan qué es lo que se pretende. Lo que se pretende, precisamente, es que las pymes, las pequeñas y medianas empresas puedan optar a una contratación a la que actualmente no pueden, porque tienen muchas trabas —algo que ya se debatió en la Ley de emprendedores—, y ayudar a esas pequeñas empresas a mejorar, a poder optar a esa contratación pública que hasta ahora estaba vetada es lo que pide el mercado y lo que piden las asociaciones de empresarios.

A veces nos acusan al Grupo Popular de no escuchar a los grupos, a las asociaciones, a los empresarios, a las pymes, pero en realidad estamos aplicando lo que demanda el mercado. Y por dar cumplimiento a este objetivo —siendo facilitadores— pretendemos que una empresa, por poner un ejemplo, de fontanería o de electricidad, de un municipio pequeño, mediano, grande, da igual, pueda optar a esa contratación pública. Pero no lo olviden, se exigen unas garantías; parece que aquí puede optar cualquiera. No, no, señores, hay unas garantías, hay una solvencia, tanto técnica como económica, que se solicita, lo que evidentemente se elimina en algunos casos y de forma voluntaria es la clasificación; esa es, precisamente, la traba mayor que pueden tener unas pymes a la hora de la contratación pública.

Señorías de la oposición, su discurso, como el de hoy, se contradice con los argumentos de esta enmienda 51, y defienden a las grandes empresas, que son las únicas que pueden optar a esa contratación pública, sin las modificaciones que ha propuesto el Grupo Popular. Piensen en ello, ¿qué les van a explicar a las pymes cuando ustedes voten en contra de esta ley, especialmente con estas modificaciones? (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Por todos los argumentos anteriores es por lo que el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de todas estas enmiendas, excepto, evidentemente, de la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que se ha conseguido transaccionar.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Vasco?

Tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario se va a abstener en la votación de este proyecto de ley, y voy a dar las razones por las que, finalmente, nuestro voto será de abstención y no favorable como en un




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principio teníamos previsto, puesto que compartimos los objetivos y en buena medida también los mecanismos que se establecen para la implantación de la factura electrónica.

Estamos comprometidos con la Agenda Digital Europea, aprobada en el marco estratégico de Europa 2020. Entendemos que es importante la incorporación de de las nuevas tecnologías de información y comunicación al mundo de la Administración Pública, lo que tradicionalmente se conoce como e-Administración, porque aporta muchas ventajas y tiene grandes bondades al facilitar un funcionamiento más eficaz y más eficiente de la Administración Pública, al favorecer la agilización de los procedimientos administrativos y al incrementar la transparencia de la gestión de lo público. Fomenta, además, una mayor y mejor protección, un incremento de las garantías para todos aquellos que se relacionan con la Administración Pública, sean ciudadanos o sean empresas. Y, en este sentido, mi grupo parlamentario, evidentemente, no puede hacer sino apoyar estos objetivos.

Entendemos, además, que —ya concretamente en ese proyecto de ley— la factura electrónica está dirigida fundamentalmente a los proveedores de bienes y servicios, fundamentalmente con la Administración Pública, pero también a través de la incorporación de este mecanismo de facturación telemática entre las propias empresas del sector privado. Lo hace a través de la implementación del servicio de registro contable y el mecanismo telemático de facturación.

En términos generales, como digo, hacemos una valoración positiva de la incorporación de la factura electrónica en el mundo de la Administración Pública, porque —y entrando ya en la concreción de las ventajas que podría suponer este proyecto de ley a la Administración Pública— entendemos que de esta forma se facilitará —y mucho— la contabilidad pública con el consiguiente ahorro del tiempo y recursos dedicados a esta tarea. Se facilitará también el control del gasto y del déficit al permitir la actualización sistemática en tiempo real, vía registros contables, del volumen de facturación pendiente de pago y de la liquidación en tiempo real del ejercicio en curso; al mismo tiempo, redundará en un mayor nivel de transparencia sobre el uso de los fondos públicos que se hace por parte de las administraciones públicas.

Les extrañará que nuestro voto finalmente vaya a ser de abstención con todas las loas que estoy haciendo a la incorporación de la factura electrónica, pero es que no es de recibo que todo este procedimiento de incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación y, en este caso, de la factura electrónica a la Administración Pública, se haga sin el consenso, sin la consulta, sin tener en cuenta en absoluto ni a las entidades locales ni a las comunidades autónomas. Todos somos conocedores de lo importante que son los usos administrativos, las costumbres, lo difícil que es muchas veces incorporar nuevos procedimientos a la vida administrativa. Un proyecto de este calado, con la incidencia tan importante que va a tener en el procedimiento administrativo ordinario de cualquier nivel de Administración Pública, pero muy particularmente en ayuntamientos pequeños, entendemos que tendría que haber sido fruto de un debate, de una consulta y compartiendo, por así decirlo, criterios respecto de cuáles son los mejores mecanismos para hacer la implementación paulatina de estos mecanismos en la Administración Pública.

Modifican, además, vía enmienda en su trámite en el Senado, la Ley de Contratos del Sector Público de una forma significativa. Cualquier modificación de esta ley, que es una ley de carácter estructural, tiene que ir acompañada de la pertinente consulta a los entes locales y a las comunidades autónomas. No son ustedes, los del Gobierno central, la única Administración pública existente. De hecho, diría, que, casi, casi, ni siquiera son la más importante, porque tampoco es la que más incidencia tiene en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Por lo tanto, entiendo que esta consulta, además de preceptiva, era aconsejable desde el punto de vista de lo que supone, realmente, la implementación al nivel más básico de la Administración de mecanismos telemáticos para la facturación que es, como saben, en los ayuntamientos sobre todo, una de las cuestiones que más quebraderos de cabeza trae a los funcionarios.

Por lo tanto, nuestra disposición favorable a los contenidos y a los objetivos de este proyecto de ley se ve empañada tristemente por su poca capacidad y su poca predisposición al diálogo entre todas las administraciones públicas. De ahí que nos vayamos a abstener en el voto final del proyecto de ley.

Gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Entesa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, con mucha brevedad, comenzaré manifestando que nosotros compartíamos los elementos esenciales de este proyecto de ley. Digo compartíamos, y nuestra predisposición era, precisamente, la de abstenernos en la aprobación del mismo, ya que también habíamos formulado un conjunto de enmiendas que la mayoría no ha considerado.

Y ello era así, en primer lugar, porque este proyecto de ley pretende agilizar los procedimientos de pago a los proveedores por parte del sector público y es, en este sentido, un instrumento más, pero necesario, en la lucha contra la morosidad que tanto lesiona a autónomos y a pequeñas y medianas empresas especialmente. Redundará, estamos convencidos, en una mayor certeza de las facturas pendientes de pago, se podrá visualizar mejor su volumen y ayudará también a la transparencia necesaria.

En segundo lugar, valoramos razonablemente el proyecto de ley porque significa un avance en la modernización del sector público, una modernización en la que ustedes no parten de cero sino, al contrario. De alguna manera esta ley da continuidad a procesos iniciados anteriormente que, por cierto, el proyecto de ley recoge en gran parte a través de la modificación de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Además, como ustedes saben, en el sector privado la factura electrónica hace tiempo que es una realidad cada vez más extendida y cada vez está más comprobado su ahorro en tiempo, papel, recursos humanos, gastos de manipulado o de franqueo. Las estimaciones de Europa para el horizonte del año 2020 —antes se hacía alusión a la agenda digital— es que la utilicen más del 80% de las empresas.

Este proyecto de ley exige el cumplimiento de un nuevo procedimiento de tramitación de facturas a partir del 1 de enero de 2014, incluyendo a todas las administraciones. Ya se ha hablado también del carácter básico del mismo. A este respecto quiero señalar que, desde nuestro punto de vista, el proceso de elaboración no ha ido precedido del necesario diálogo y negociación con las entidades territoriales, tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales, en tanto que administraciones afectadas directamente por esta ley y su puesta en marcha. Este proceso de diálogo previo hubiese comportado la mejora de este proyecto de ley que, a pesar de todo, repito, significa un avance, una necesidad. Ahora bien, no nos confundamos, el impulso de la factura electrónica, la creación del registro contable de facturas facilitará sin ningún género de dudas su gestión, lo hará más transparente, pero la morosidad, como ustedes saben, depende también de otros factores, fundamentalmente de la existencia o no de liquidez por parte de las administraciones públicas.

Este proyecto de ley solo es un modesto instrumento al servicio de las administraciones y sus proveedores, no una solución mágica al problema, que es más complejo y de mucha más difícil solución. Ahora bien, como viene siendo habitual en el trámite parlamentario, el grupo mayoritario en esta Cámara ha incorporado una serie de enmiendas de discutible conexión con el objetivo central del proyecto de ley, me refiero a la disposición final tercera por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Se trata de una modificación de gran calado respecto a las exigencias y efectos de la clasificación de los contratistas de obras y servicios en su relación con la Administración, y de rebajar las condiciones, flexibilizar en extremo las garantías, haciendo desaparecer incluso la clasificación del empresario en el caso de los contratos de servicios, no para las pequeñas y medianas empresas sino para todo tipo de empresas en este tipo de contratos, porque hoy las pequeñas y medianas empresas que trabajan para ayuntamientos, que hacen trabajos de fontanería o electricidad, como se ha mencionado, con la legislación vigente no necesitan ningún tipo de clasificación. Lo que se pretende aquí es otro tipo de cosas, que afectan a grandes empresas, que no necesitarán en los contratos de servicio la clasificación empresarial, y que no tienen ningún tipo de relación con el objeto central de este proyecto de ley que reduce la seguridad jurídica y las garantías de la Administración en su relación con los contratistas.

Finalizo. La modificación del texto legal al que me refería —el Real Decreto Legislativo 3/2011, artículos 65, 75, 76, 77, 78 y 79 bis— y el carácter regresivo de esta modificación hacen que a




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pesar de nuestra predisposición inicial a abstenernos nos veamos obligados a votar negativamente el presente proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president; gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Vázquez. (Rumores.)

Perdón, falta Convergència. Se nos ha olvidado el señor Bel.

Tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente. Me comprometo a hacer una intervención muy muy corta. (Risas.)

En primer lugar, quiero agradecer a la senadora ponente de esta ley la posibilidad de transaccionar esta enmienda número 12, que considerábamos importante para poder facilitar la licitación electrónica de determinados procedimientos. Por tanto, agradecemos esta transacción. Obviamente, lamentamos que el resto de enmiendas no hayan podido prosperar; algunas de ellas de carácter muy técnico, de modo que perseveraremos en alguna otra ley.

Sin entrar en el fondo, desde nuestro grupo nos gustaría dar un toque de atención respecto a este procedimiento legislativo, un tanto peculiar. Introducir enmiendas de un cierto contenido, como es la número 51, en el trámite de enmiendas en el Senado, aprobándola en ponencia, sin que los grupos tengamos la capacidad de poder interactuar respecto de una ley que no es el objeto principal del proyecto que se está tramitando, seguramente que no es la mejor fórmula legislativa. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo en relación a esta ley si también transaccionábamos esta enmienda, lo vamos a mantener, pero pedimos al grupo mayoritario que no use y, sobre todo, no abuse de este procedimiento legislativo, que puede entender que nos deja en indefensión a los grupos que estamos en la oposición.

En todo caso, queremos anunciar que nuestro voto va a ser favorable al conjunto de la ley, a pesar de estas matizaciones finales que expongo desde la tribuna.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bel. Y disculpe.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, básicamente, estamos de acuerdo con el texto inicial, el que llegó al Senado, compartiendo una buena parte de él, incluso porque se había creado ya un foro nacional multilateral en agosto de 2011, por acuerdo del Consejo de Ministros, aunque advertimos, como han hecho portavoces anteriores, que no se consultó con las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las distintas asociaciones. Notamos la falta de un informe de la CNAL, del Consejo de Política Fiscal y Financiera o de la propia Federación Española de Municipios y Provincias, pero, sobre todo, del Comité Sectorial de Administración Electrónica, que podría habernos dado una visión de cómo estamos de avanzadas las distintas comunidades autónomas o los distintos territorios en lo que se refiere a la factura electrónica. Por eso, pedimos que, al menos, en el desarrollo de esta ley se tenga en cuenta a las comunidades autónomas, a los territorios para poder aprobar mediante acuerdo el reglamento correspondiente.

No coincidíamos, por lo que hemos presentado enmiendas a tal fin y como ya se ha comentado, en la idea de que no existan plazos para las facturas de menos de 5000 euros. Decía la senadora Garau, a quien tengo que reconocer que ha hecho esfuerzos por llegar a algunas transaccionales, que eso puede crear un auténtico caos. Hagan como han hecho en la reforma local con los servicios sociales, den plazos más amplios hasta 2016, háganlo gradualmente, pero que no queden exceptuadas, sin ningún tipo de plazo, el 95% de las facturas, que son las de menos de 5000 euros. Tampoco estamos de acuerdo, en absoluto, con la excepción que se hace para los ayuntamientos de Madrid y Barcelona en el artículo 9. Incluso, hay un informe del Comité Económico y Social Europeo que habla de que no debe exceptuarse esta factura de menos de 5000 euros y de la interoperabilidad del procedimiento.

Hasta ahí podíamos haber llegado a acuerdos transaccionales. Pero lo que me queda de intervención quiero dedicarlo a analizar la enmienda 51, que ustedes han introducido en comisión. De catorce páginas que ocupa esta ley, cinco corresponden a esta enmienda, que no tiene nada




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que ver con la factura electrónica, sino que modifica sustancialmente la Ley de Contratos del Sector Público. Y esto, que se nos quiere vender como facilitar que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a los contratos, no lo vemos así. Eso hubiese sido fácil si se delimitase para determinadas empresas, como ya se hizo para emprendedores, disminuyendo la cuantía de la contrata, para lograr una flexibilidad. Pero aquí se elimina, se suprime el requisito de clasificación de todos los contratos distintos del de obra, cualquiera que sea su cuantía, lo que, evidentemente, no beneficia a las pequeñas y medianas empresas, sino a las grandes, fundamentalmente. Y, sobre todo, está dentro de un guión, de un paquete que quiero advertir aquí, porque en los últimos meses, señorías, el Parlamento español ha aprobado distintas normas, y se van a aprobar otras durante el día de hoy, que van encaminadas a beneficiar a los procesos de externalización, de privatización de parte importante del sector público español, en concreto, del local.

En la Ley de impuestos medioambientales ya se cerró el círculo de poder bonificar el 95% a los grandes impuestos. Ya estaba el IBI, ya estaba el IAE, y, ahora, se aprobó también para el impuesto de plusvalía. Como todos los que hemos estado en el mundo local sabemos, son las grandes empresas las que tienen capacidad de presión para decir: o me bonificas o me voy a otro sitio.

La Ley de reforma local permite hacer paquetes. Ya no hay que ir a la concesión municipio a municipio, mancomunidad a mancomunidad, sino que se agrupan paquetes en diputaciones, con lo cual, hay que negociar con cuarenta o cincuenta y es más fácil repartirse el territorio para obtener las concesiones de esos servicios.

La garantía de pago que la Ley de deuda comercial les da a las grandes empresas concesionarias, no se preocupen, que si los ayuntamientos no pagan, vamos a pagar nosotros, descontándoselo a ellos del anticipo mensual. Con lo cual, se les quita una preocupación a las grandes compañías eléctricas, a las grandes empresas concesionarias de servicios, por la morosidad que existía con ellas en el sector público local.

En esta Ley de factura electrónica, además de exceptuar a las de menos de cinco mil, se modifica la Ley de contratos del Estado, que permite —se lo puedo asegurar, léanselo detenidamente— que cada Administración contratante pueda hacer un traje a medida para aquellas empresas que deseen contratar ese servicio durante mucho tiempo. Esto, señorías, se llama facilitar al máximo a las empresas que vayan a quedarse con esa tarta tan importante del sector público local de los servicios municipales, hacerlo con garantía de cobro, con un traje a medida para su adjudicación y, en definitiva, sin tener que ir a licitaciones muy dolorosas, porque, mediante esos paquetes van a poder repartirse el tinglado.

Eso es lo que se hace, y aquí se cierra el círculo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, cierra el debate del turno de portavoces, la señora Garau. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

La señora GARAU JUAN: Gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme explicarles el porqué de la necesidad de aprobar esta ley y su gran importancia. Entre otros problemas que se encontró Mariano Rajoy en la Administración, uno fue el elevado volumen de deuda comercial en las administraciones territoriales con sus proveedores. Esos impagos a los proveedores estaban contribuyendo a una gran destrucción de empresas sin empleo. Y a la falta de liquidez de las empresas proveedoras, especialmente, a las pymes.

Este Gobierno ha tenido que ingeniárselas para financiar esos gastos ya realizados que no nos podíamos permitir. Y pagarlos. Y, lo mas importante, tomar medidas para que no volviera a ocurrir. Por un lado, el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, que establece el mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. ¿Y, qué abordó? Pues, por primera vez y de una forma directa, el problema de los impagos a las administraciones públicas. Este mecanismo se hizo extensible posteriormente a las comunidades autónomas, mediante acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 6 de marzo de 2012. Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, con el objetivo de facilitar a las administraciones públicas, mediante acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 6 de marzo de 2012, como comentaba. Asimismo, el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, con el objetivo de facilitar, precisamente a esas administraciones territoriales, las operaciones de crédito para poder pagar sus obligaciones.




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Con estas medidas se inyectaron 28 000 millones de euros, lo que contuvo esa destrucción de empleo, tanto de forma directa, como mediante la desaparición de las pymes y autónomos de los sistemas productivos. En la misma línea de apoyo a las comunidades autónomas se aprobó el Fondo de Liquidez Autonómico, también el Real Decreto-Ley 8/2013, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas, y, por último, el Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, que es lo que estamos debatiendo en estos momentos.

Este proyecto da una solución estructural al control y lucha contra la morosidad pública, impulsa el uso de la factura electrónica y crea el registro contable con el objetivo de agilizar los procedimientos de pago a los proveedores y llevar un registro y control de las facturas pendientes de pago existentes; se establece el periodo medio de pago —es una reforma estructural más de este Gobierno— y, evidentemente, se intenta reducir la morosidad de las administraciones públicas.

Por tanto, el proyecto de ley que debatimos hoy está en el marco de control del endeudamiento de las administraciones territoriales y pretende aumentar el control sobre el endeudamiento comercial. Control, señorías, esa es la palabra clave. ¿Cómo pueden tomarse decisiones acertadas si no se tiene control sobre los elementos? Si no se sabe la deuda que uno tiene, ¿como se pueden tomar medidas? Por todo ello, entre otras causas, este Gobierno ha iniciado una serie de reformas estructurales. Esta ley puede parecer sencilla pero, al hilo de lo que he comentado sobre las reformas, consigue que el Gobierno sepa la deuda comercial que existe en cada administración territorial y evita la aparición de facturas en los cajones.

Señorías, cuántas veces hemos escuchado a la oposición —en este hemiciclo y fuera de el— que hay que apoyar y ayudar a las pymes, y yo les digo que lo más importante para ellas —además de tener trabajo— es cobrar lo que se les adeuda, lo fue en el pasado, lo es en el presente y lo será en el futuro, y cómo iban a sobrevivir si no cobraban, si ni siquiera estaban registradas las facturas que la Administración les adeudaba. Pues ahora ya no ocurrirá esto porque este Gobierno paga lo que se le debe y su objetivo es que siga siendo así, que no vuelva a ocurrir lo que ha sucedido con gobiernos socialistas, que contrataban lo que no se podían permitir y dejaban a otros gobiernos facturas en los cajones, y sin créditos para pagarlas.

Para terminar, señorías, con esta exposición les he intentando explicar el porqué de nuestro proceder, de la necesidad de las reformas que ha puesto en marcha este Gobierno del Partido Popular, y que la presente ley es un eslabón más en este camino, en esta ruta tan necesaria para que esta Administración y este país vuelvan a estar en el lugar que les corresponde.

Por todo ello solicito a sus señorías que vean lo positivo de esta ley, lo que conseguirá para el control de las administraciones, y que es una ley tan necesaria como lo fueron las anteriores. Les solicito desde aquí su voto a favor.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garau.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a comenzar votando las enmiendas del Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y, posteriormente, someteremos a votación las que ayer quedaron pendientes del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Empezamos con las enmiendas presentadas al Proyecto Ley de impulso de la factura electrónica.

Votamos la enmienda 1, de la senadora Salanueva y de los senadores Eza y Yanguas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 246; a favor, 94; en contra, 152.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal.

Votamos la enmienda 7.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 16; en contra, 226; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 4 y 8.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 4; en contra, 226; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2, 3, 5 y 6.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 85; en contra, 156; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa pel Progrés de Catalunya.

Votamos las enmiendas 28 y 33.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 246; a favor, 71; en contra, 157; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 29 a 32 y 34 a 42.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 246; a favor, 85; en contra, 156; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 45 y 49.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 4; en contra, 225; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 48.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 15; en contra, 226; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 43, 44, 46 y 47.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 84; en contra, 157; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, votamos las enmiendas 9 a 11 y 13.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 90; en contra, 157.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos las enmiendas 14 y 19.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 71; en contra, 157; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 15 a 18 y 20 a 27.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 246; a favor, 85; en contra, 156; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los Grupos Parlamentarios Entesa pel Progrés de Catalunya y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 51, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 80; en contra, 157; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen, con número de Registro 79320, sobre la enmienda 12 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y firmada por cinco grupos.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 247.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Señorías, votamos la propuesta de modificación del dictamen, con número de Registro 79329, firmada por todos los grupos.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 175; en contra, 2; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 249; a favor, 169; en contra, 73; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 168; en contra, 74; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. (Aplausos.)




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2. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY.

2.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

2.1.1. PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. (Votación.)

COMISIÓN: ENTIDADES LOCALES

(Núm. exp. 621/000054)

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la votación de las enmiendas del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Comenzamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

En primer lugar, votamos las enmiendas del senador Martínez Oblanca.

Enmienda 95.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 6; en contra, 164; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 81, 82 y 97.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 19; en contra, 151; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 79, 88 y 93.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 11; en contra, 152; abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 84, 85, 89 y 94.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 6; en contra, 158; abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 68 a 71, 74 a 77, 80, 83, 90 y 96.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 23; en contra, 153; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 72, 73, 78, 86, 87, 91 y 92.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 246; a favor, 18; en contra, 157; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de las senadoras Ibarz y Santos y del senador Fuster. (La señora Santos Fernández pide la palabra.)

Sí, senadora Santos.




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La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Solicito la retirada de todas las enmiendas a excepción de la 152 y la 171, que han sido transaccionadas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos entonces a las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal.

Votamos la enmienda 149.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 74; en contra, 157; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 4, 29, 33 y 35.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 6; en contra, 156; abstenciones, 85.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 5 y 15.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 12; en contra, 155; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 19.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 22; en contra, 157; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 1, 7, 30, 32 y 37.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 17; en contra, 156; abstenciones, 74.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 9, 11, 18, 20, 24, 25 y 36.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 246; a favor, 22; en contra, 154; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 21 a 23, 26 a 28, 31 y 34.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 17; en contra, 162; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de los senadores Quintero y Zerolo.

Votamos la enmienda 61.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 246; a favor, 18; en contra, 152; abstenciones, 76.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 66.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 2; en contra, 153; abstenciones, 93.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 57 y 58.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 7; en contra, 165; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 39, 50 y 65.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 18; en contra, 157; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 46 a 48 y 53.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 5; en contra, 160; abstenciones, 83.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 49, 54, 56, 59, 60 y 62.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 10; en contra, 151; abstenciones, 85.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 38, 40 a 45, 52, 63 y 67.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 23; en contra, 153; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de la senadora Salanueva y de los senadores Eza y Yanguas.

Votamos la enmienda 99.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 23; en contra, 153; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 103.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 6; en contra, 153; abstenciones, 89.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 98, 100, 101 y 104.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 18; en contra, 153; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de la senadora Capella.

Votamos la enmienda 127.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 1; en contra, 161; abstenciones, 86.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 139.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 1; en contra, 156; abstenciones, 91.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 105, 112, 114, 116, 117, 123, 132 a 134, 136 y 141.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 22; en contra, 158; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 131, 135, 137,138, 140, 142, 144, 145 y 147.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 16; en contra, 158; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 106 a 111, 113, 115, 118 a 122, 124 a 126, 128 a 130, 146 y 148.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 15; en contra, 162; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de la senadora Mendizabal y de los senadores Aiartza y Goioaga.

Votamos la enmienda 150.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 16; en contra, 158; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 151.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 3; en contra, 158; abstenciones, 89.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Votamos la enmienda 420.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 22; en contra, 154; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 400 a 402, 404, 405, 407 a 409, 411, 413 a 415, 417 y 418.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 22; en contra, 153; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Votamos las enmiendas 226, 227, 239, 258, 268, 284 y 286.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 19; en contra, 154; abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 231, 235, 252 y 267.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 244; a favor, 7; en contra, 151; abstenciones, 86.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 225, 240, 271 a 274, 276, 277, 279, 281, 283 y 288.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 246; a favor, 17; en contra, 156; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 236, 242, 251, 265, 266, 269, 270 y 278.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 4; en contra, 158; abstenciones, 85.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 245 y 247.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 4; en contra, 163; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 228 a 230, 232 a 234, 237, 238, 241, 243, 244, 248 a 250, 253 a 257, 259 a 264, 275, 280, 282 y 285.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 16; en contra, 162; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 341.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 84; en contra, 157; abstenciones, 7.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 294 y 320.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 30; en contra, 156; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 314.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 78; en contra, 157; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 287, 299, 303, 328 y 329.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 87; en contra, 156; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 289 a 293, 295 a 298, 300 a 302, 304 a 313, 315 a 319, 321 a 326, 330, 331, 333 y 334 a 340.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 86; en contra, 157; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Votamos la enmienda 343.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 91; en contra, 153; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 342, 345 a 347, 349, 351, 353, 355, 360, 361, 365 a 368, 372, 376, 384 y 398.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 19; en contra, 156; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 350, 352, 354, 356, 357, 374, 378, 380, 385, 386, 389 y 391 a 393.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 15; en contra, 156; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 358, 359, 362 a 364, 369 a 371, 373, 375, 377, 379, 381, 382, 387, 388, 390, 394 a 397 y 399.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 14; en contra, 160; abstenciones, 73.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 344, 348 y 383.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 29; en contra, 153; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos la enmienda 191.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 92; en contra, 153; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 178 a 190, 192 a 211, 213, 214 y 217 a 224.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 86; en contra, 156; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los Grupos Parlamentarios de la Entesa, Convergència i Unió y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 424 a 426, 429, 432, 436, 442 y 443, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 87; en contra, 161.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los Grupos Parlamentarios Entesa y Socialista votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 421 a 423, 427, 428, 430, 431, 433, 435, 437 a 441 y 444 a 447, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 86; en contra, 161; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos a continuación las siguientes propuestas de modificación del dictamen.

En primer lugar, la propuesta de modificación con número de registro 78979, sobre la enmienda 102 de los senadores Eza, Salanueva y Yanguas, firmada por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 161; en contra, 2; abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro 79118, sobre las enmiendas 17 del Grupo Mixto, 246 del Grupo de la Entesa, 406 del Grupo Parlamentario Vasco, firmada por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 160; en contra, 3; abstenciones, 85.




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El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro 79119, sobre las enmiendas 246, del Grupo Parlamentario Entesa, y 406, del Grupo Parlamentario Vasco, firmada por cinco grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 174; en contra, 2; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro 79121, sobre las enmiendas 215, del Grupo Parlamentario Socialista, y 332, del Grupo Parlamentario Entesa, firmada por cinco grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 240; en contra, 3; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro 79122, sobre las enmiendas 216, del Grupo Parlamentario Socialista, y 333, del Grupo Parlamentario Entesa, firmada por cinco grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 245; en contra, 1; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro 79123, sobre las enmiendas 143, del Grupo Mixto, 212, del Grupo Socialista, y 327, del Grupo Entesa, firmada por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 233; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro 79155, sobre la enmienda 171, de los senadores Fuster, Ibarz y Santos, firmada por cinco grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 245; a favor, 160; en contra, 1; abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro 79160, sobre la enmienda 102, de los senadores Eza, Salanueva y Yanguas, firmada por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 160; en contra, 4; abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro 79325, sobre la enmienda 55, de los senadores Quintero y Zerolo, firmada por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 161; en contra, 2; abstenciones, 84.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro 79326, sobre la enmienda número 51, de los senadores Quintero y Zerolo, firmada por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 161; en contra, 3; abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro 79327, sobre la enmienda 152, de los senadores Fuster, Ibarz y Santos, firmada por cuatro grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 247; a favor, 157; en contra, 1; abstenciones, 89.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro 79359, sobre la enmienda 410, del Grupo Parlamentario Vasco, firmada por cinco grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 248; a favor, 175; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 247; a favor, 160; en contra, 15; abstenciones. 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 160; en contra, 90.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Fuertes aplausos.)

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

3. PONENCIAS DE ESTUDIO

3.1. INFORMES

3.1.1. PONENCIA DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA GESTIÓN SANITARIA: PRESENTE Y FUTURO.

COMISIÓN: SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

(Núm. exp. 543/000003)

El señor presidente da lectura a los puntos 3., 3.1. y 3.1.1.

El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, a las ponencias de estudio.

Para la presentación del informe, tiene la palabra la senadora De Aragón.




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La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, presidente.

Señorías, la Ponencia de estudio para la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión sanitaria: presente y futuro, cuyo informe se somete a la consideración de esta Cámara, fue creada en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales a resultas de la aprobación por el Pleno del Senado, en su sesión extraordinaria de 18 de julio de 2012, de una moción formulada por el Grupo Parlamentario Popular, a la que se incorporó una enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y cuya redacción final fue la que a continuación textualmente se transcribe: El Senado acuerda la creación de una ponencia de estudio en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales que estudie el establecimiento de un sistema de intercambio y colaboración entre las comunidades autónomas y con el resto de los países de la Unión Europea en el desarrollo e implantación de soluciones innovadoras para la mejora de la gestión de los servicios sanitarios y la eficiencia del sistema sanitario.

En la exposición de motivos que precedía a la moción aprobada se hacía referencia a la necesidad de eliminar trabas burocráticas derivadas de la existencia en las distintas comunidades autónomas de diferentes mecanismos, sistemas informáticos y a la imprescindible, por ello, interoperabilidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

La tarjeta sanitaria normalizada, la historia clínica digital común y la receta electrónica interoperable conforman todas ellas lo que se ha venido en llamar es.salud, cuya puesta en marcha hará posible, a la vez que agilizar y modernizar la gestión administrativa tradicional, que los ciudadanos tengan un acceso telemático rápido, eficaz y seguro a los servicios sanitarios que presta el Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, en la moción se emplazaba a la ponencia de estudio a elaborar un informe en el que se plasmaría el resultado de sus trabajos en un plazo máximo de doce meses; informe que, como es habitual, habría de ser aprobado previamente a su sometimiento al Pleno de la Cámara por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. De dicho informe se daría traslado al Gobierno para su conocimiento y, en su caso, otros efectos.

La Mesa y Portavoces de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, recién iniciado el segundo período de sesiones de 2012, en su reunión de 12 de septiembre, acordaron en relación con la constitución de la referida ponencia de estudio que su composición sería de dos miembros por cada uno de los grupos parlamentarios mayoritarios y de uno por el resto de los grupos, así como que coordinaría la ponencia la presidenta de la comisión, quedando nombrados los senadores que formarían parte de ella en la sesión de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del día 19 de septiembre de 2012 y constituida la ponencia de estudio de la siguiente manera: coordinadora, doña María del Carmen de Aragón Amunárriz, presidenta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Vocales: don Jesús Aguirre Muñoz, Grupo Parlamentario Popular; don Francisco José Fernández Pérez, Grupo Parlamentario Popular; doña María Victoria Chivite Navascués, Grupo Parlamentario Socialista; doña Encarnación Llinares Cuesta, Grupo Parlamentario Socialista; doña Coralí Cunyat Badosa, Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; doña Mónica Almiñana Riqué, Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; don José María Cazalis Eiguren, Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; don Jesús Enrique Iglesias Fernández, Grupo Parlamentario Mixto. Suplentes: don Antonio Alarcó Hernández, Grupo Parlamentario Popular; doña Coloma Francisca Mendiola Olarte, Grupo Parlamentario Popular; don José Antonio Rubio Mielgo, Grupo Parlamentario Popular: don Roberto Lertxundi Barañano, Grupo Parlamentario Socialista; y don Pere Maluquer Ferrer, Grupo Parlamentario Catalán en el Senado. La letrada, doña Isabel María Abellán Matesanz.

En cuanto al desarrollo de las reuniones de la ponencia y de la tramitación de comparecencias en la misma, la ponencia fijó ya en su sesión constitutiva una serie de criterios generales, entre ellos, los siguientes: lista abierta de comparecientes, su agrupación en torno a determinados bloques temáticos, sesiones de comparecencias de una hora de duración y perfil eminentemente técnico de los comparecientes.

La ponencia ha celebrado un total de diez reuniones. En estas reuniones informativas la ponencia ha contado con la presencia y explicaciones de veintitrés comparecientes, todos ellos de reconocido prestigio en su campo. Las comparecencias se iniciaron el día 27 de noviembre de 2012 y finalizaron el día 13 de marzo de 2013.




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En las reuniones de trabajo interno, tras cinco posteriores a las comparecencias, se debatieron entre los ponentes las conclusiones y se formularon las recomendaciones que se incluyen al final del informe que ahora se debate; informe que fue debatido y aprobado en la sesión de Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del pasado día 9 de diciembre y que esperamos sea aprobado, a ser posible, por unanimidad de toda la Cámara en la sesión de esta mañana.

Solamente me queda dar las gracias a todos los comparecientes, a los servicios de la Cámara, a la inestimable ayuda de la letrada, doña Isabel Abellán Matesanz, y, cómo no, a todos los ponentes de los diferentes grupos políticos por su ánimo de trabajar para mejorar la sanidad y por el entendimiento y consenso y el esfuerzo realizado por todos.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Aragón.

A continuación vamos a hacer un debate sobre la totalidad del informe.

¿Turno a favor? (Pausa.)

No hay turno a favor.

¿Turno en contra? (Pausa.)

No hay turno en contra.

¿Turno de portavoces?

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Vasco?

Senador Cazalis, tiene la palabra.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna. Egun on, senatori jaun-andreok.

Estos casos suelen ser siempre para felicitarse. Voy a intentar ser lo más breve posible.

Mi grupo sí considera que se ha hecho un gran trabajo. La verdad es que teníamos un poquito de miedo; teníamos una cierta prevención, porque viendo cuál es el esquema del Gobierno y del Ministerio de Sanidad en su afán de rellenarse de competencias —llámese recentralización—, pensábamos que en esto también iba a ser así. Tengo que decir que, realmente, se ha hecho un esfuerzo para que no sea así, se han tratado los temas con un altísimo nivel profesional y se ha dejado bastante de lado la política y, sobre todo, se ha dejado bastante de lado la politiquería, lo cual es de agradecer y por lo que nos tenemos que felicitar.

Mi grupo pensaba que este documento tenía que girar, esencialmente, en torno a tres ejes, aunque hay muchos más, pero los tres principales o los tres conceptos nucleares tenían que ser: la interoperabilidad, porque hay muchas cosas hechas, muchas cosas por hacer, pero tenemos que ser capaces de que todo eso sea sin uniformizar, que sea interoperable y que se pueda utilizar entre todos; el segundo pilar, que yo creo que podría ser el primero y el esencial de todo, es que la historia clínica —llámese historia clínica, historia personal, historia de vida, llámese historia— es propiedad del paciente, no es propiedad de ninguno de los sistemas, ni públicos, ni privados, ni de ninguna clase; y, tercero, que el sistema de salud es un todo, que incluye la parte pública y también la parte privada, la parte de salud, la parte de farmacia, otras especialidades que quedan fuera de los sistemas públicos de salud, etcétera. Y sobre estos tres ejes yo creo que deben girar la sanidad y los sistemas de salud en el futuro, y para ello son imprescindibles las tecnologías de la información y la comunicación, porque si no, es imposible llegar a coordinar todas estas facetas. Por eso, no sé si en esta ponencia se habrá dado un paso esencial, pero se ha dado un paso importante. Ahora solo queda que el documento generado sirva para que, tanto el Gobierno central como los Gobiernos autonómicos, trabajen en esa misma línea.

Por supuesto, como soy el primero, me voy a dar el gustazo de felicitar a los promotores de esta iniciativa —las cosas como son— porque si no, no la habríamos llevado a cabo. Quiero dar las gracias a los comparecientes, pues con su ayuda, sus conocimientos, su altísimo nivel técnico y sus experiencias nos han ayudado muchísimo, han sido imprescindibles para poder llegar a estas conclusiones, además de que todos hemos aprendido mucho en lo personal. Asimismo, felicito a los ponentes por su trabajo y, en lo que me toca, quiero dar las gracias por el ambiente en el que hemos trabajado y por todo lo que he podido aprender de ellos.

No voy a olvidarme de la presidenta. Quiero felicitarla, pues ha llevado con mano de hierro y guante de seda este asunto hasta el final; no se olviden de la mano de hierro. Y, por supuesto, a la




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letrada de la comisión y a todos los servicios de la Cámara. Creo que entre todos hemos conseguido un documento muy valioso por lo que aporta y por las puertas que abre, aunque no las hayamos podido pormenorizar ni explorar. Sin embargo, están ahí, se mencionan y en el futuro van a ser imprescindibles para que los pacientes, los ciudadanos —el objetivo que todos tenemos en mente— puedan vivir mejor. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos los comparecientes que han participado en esta ponencia y también a la letrada por su trabajo y su paciencia.

El objetivo de esta ponencia era crear un marco común para el futuro de las tecnologías en materia sanitaria. Durante el debate de la moción en que se propuso la ponencia, el 12 de julio de 2012, nosotros mostramos nuestras reticencias, principalmente por el desacuerdo con su política sanitaria, y nos abstuvimos en la votación, pero hay que reconocer que en el tiempo que ha durado el trabajo de la ponencia y la forma en la que se ha desarrollado ha sido enriquecedor y útil para todos los ponentes y para todos los grupos.

Creemos que el documento final nos proporciona ese marco, ese camino para seguir hablando de nuevas tecnologías en materia de salud en nuestro país. La realidad de las nuevas tecnologías en sanidad hoy es bastante buena en nuestro país, pero podría ser mejor. Les daré algunos datos. La media de centros de salud desde los que se puede consultar una historia clínica informatizada, tanto en atención primaria como en atención especializada —varía según la comunidad autónoma—, es del 75%. La media de hospitales desde los que se puede consultar esta historia clínica, tanto en atención primaria como en atención especializada, está en el 69% del Sistema Nacional de Salud. Y la media de centros de salud con receta electrónica, es decir, que ya están prescribiendo a través de software para tratamientos que permiten automatizar y facilitar procesos de identificación en España, se encuentra en el 61%, siendo en algunas comunidades del 0% y en otras del cien por cien. Como ven, queda camino por recorrer y lo que describe la ponencia es ese camino, que más que político me atrevería a decir que es técnico.

La mayoría de los partidos de la Cámara coincidimos en que tenemos que avanzar tecnológicamente en el ámbito sanitario, lo cual incluye, den por seguro, tecnologías que hoy por hoy no nos podemos ni imaginar. Quién nos hubiera dicho hace diez años que tendríamos teléfonos móviles con aplicaciones, con APPS, de salud, o que los pacientes crónicos podrían monitorizar sus tensiones arteriales telemáticamente desde sus casas, o que gracias a la tecnología se pueden hacer lecturas del fondo del ojo a los diabéticos en pueblos que están a muchísimos kilómetros de un oftalmólogo. Por lo tanto, la tecnología continuará avanzando y seguro que irá más allá de lo que somos capaces de imaginar. Esta siempre nos ayuda a mejorar, a pesar de las resistencias que muchas veces conlleva en su inicio. Seguro que muchas de estas aplicaciones mejorarán la salud de todos nosotros.

Las mejoras requieren inversión económica, y para avanzar, nos guste o no, siempre hay que invertir dinero. Después, el resultado es siempre más eficiente porque ahorramos en costes, en desplazamientos, en enfermedades más graves, en interacciones medicamentosas.

Me gustaría solamente destacar dos consideraciones del documento en las que hemos puesto más énfasis y sobre las que hemos discutido más.

Uno es la interoperabilidad de los sistemas público-privados. No debemos olvidar nunca que la información sanitaria, la propiedad de la historia clínica, depende del paciente, y que esta debería recoger el máximo de información sanitaria de él. Todos sabemos que existe un importante número de personas que comparten una cobertura pública y otra privada a través de compañías de seguro libre, las mutuas laborales y otros como Muface, Isfas o Mugeju. Pero la regulación sobre el acceso a los datos por parte de la iniciativa privada tiene que ofrecer las garantías suficientes para que esa información solo sea utilizada para el tratamiento clínico del paciente y, por supuesto, debe responder a la Ley de Protección de Datos.

El otro punto se refiere a la tarjeta sanitaria individual. Hoy por hoy, todas las tarjetas de las distintas comunidades autónomas son interoperables, es decir, se hablan entre ellas. Nuestro




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grupo ya expresó durante la ponencia que no considera necesario que haya una tarjeta única sanitaria, porque todos los españoles tenemos un número de identificación único vinculado a nuestra tarjeta. De todas maneras, insistimos en que hay que invertir para que esta interoperabilidad sea más práctica que teórica.

Finalizo, señorías. Creo que el informe de la ponencia recoge la dirección hacia donde tenemos que ir en tecnología sanitaria. Por ello, votaremos a favor.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Muchas gracias, presidente.

Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero mostrar públicamente en nombre de mi grupo nuestro agradecimiento a todos los comparecientes que han participado en esta ponencia; veintitrés magníficos expertos, tanto del ámbito público como del privado, que nos han permitido entender con precisión cuál es el nivel real de aplicación y utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario —que, por cierto, sorprendentemente, es muy desigual entre las diferentes comunidades autónomas— y cuál sería el modelo ideal para poder obtener el máximo rendimiento de su aplicación. Me gustaría también, como han hecho los anteriores portavoces, agradecer al resto de los ponentes el trabajo realizado y, especialmente, el buen entendimiento que ha habido a lo largo de estos meses de trabajo.

Más allá del objetivo inicial plasmado en la moción que presentó el Grupo Parlamentario Popular y que provocó la creación de esta ponencia, todos los ponentes hemos sido capaces no solamente de acordar por unanimidad los diferentes comparecientes, sino de ir buscando expertos en función de la necesidad o de las dudas que se nos iban planteando o que iban apareciendo.

En este punto, lamento —y es mi única crítica— que la redacción del informe final se haya realizado con tanta premura. Como saben, ha habido en todo momento la voluntad de presentar un texto consensuado prácticamente por todos los grupos del Senado, pero personalmente pienso que a lo mejor las prisas —y se lo digo con todo el cariño del mundo, señor Aguirre— nos han llevado a redactar un texto que quizá no esté a la altura de las comparecencias. Sin embargo, como sabe, nosotros vamos a apoyar este texto. En CiU creemos que no es el mejor, pero, en cualquier caso, pone las bases de un acuerdo casi unánime de la Cámara del que se podría decir que será el primer cambio importante en el ámbito de aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión sanitaria. Por lo tanto, podemos felicitarnos todos por ello.

Entrando directamente en el informe de la ponencia, todos somos conscientes de los cambios y de las mejoras que ha supuesto la aplicación de las nuevas tecnologías en la sociedad, en general, y en algunos sectores económicos o sociales, en particular. El mundo de la comunicación, por ejemplo, ha sufrido una auténtica revolución por la aplicación de las nuevas tecnologías. Pero, sin llegar a tanto, otros sectores, como el del turismo, han sabido aprovechar los avances tecnológicos para buscar una mejor prestación del servicio al tiempo que una mejor gestión organizativa.

En el ámbito sanitario los avances tecnológicos se han aplicado en los protocolos médicos, por lo tanto, tanto a nivel de diagnóstico como en tratamientos a nivel individual; sin embargo, curiosamente, no se ha aplicado ni en la gestión administrativa ni en la gestión estructural del sistema, en general. La aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario, pero especialmente su interoperabilidad, que es el eje fundamental sobre el que ha estado girando toda la ponencia, aportará claramente beneficios en dos ámbitos: en primer lugar, en beneficio de los usuarios y de los pacientes y, en segundo lugar, en beneficio del sistema sanitario, en general.

Proponemos en el informe que la información sanitaria que se va generando a lo largo de la vida gire en torno del paciente, único dueño de su información clínica. El gran grueso de recomendaciones tiene que ver con este concepto de la interoperabilidad. El objeto es que el paciente pueda acceder a todas su información sociosanitaria cuando lo requiera. Es necesario facilitar y definir los métodos de interoperabilidad entre las diferentes aplicaciones asistenciales utilizadas en el ámbito de la sanidad, tanto pública como privada, de las diferentes comunidades autónomas, posibilitando el acceso a la información por parte de todos los profesionales sanitarios a través de sus aplicaciones habituales. Hablamos, pues, de un modelo descentralizado,




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interconectado, que permita el acceso a la información de las historias clínicas, de los centros sanitarios, compartiendo de esta manera información referente a los procesos de prescripción, pruebas diagnósticos, dispensación y facturación. En definitiva, hablamos del historial fármacoterapeutico del ciudadano; un cambio, como se ha dicho hace un momento, importantísimo, que permitirá mejores diagnósticos; tendremos evidentemente toda la información y, por lo tanto, se minimiza la posibilidad de cometer errores en ese sentido; producirá ahorro, por evitar los costes de la no calidad, como, por ejemplo, repeticiones en algunas pruebas, así como mejoras en todos los procesos de investigación, al disponer de toda la información.

Por otro lado y en otro bloque de recomendaciones, se hace referencia, más allá de la interoperabilidad, a la aplicación de la telemedicina y la telemonitorización y, como decía la senadora Almiñana, a todo lo vinculado a las aplicaciones de móvil, y a la creación, por ejemplo, de un sello de calidad. Por lo tanto, todo lo que se plantea en la ponencia nos parece correcto y, evidentemente, votaremos a favor. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Por último, simplemente quiero recordar que, a pesar de que en el informe no se habla específicamente de ello, en Cataluña creemos, más aún habiendo escuchado la opinión de los expertos, que no es necesario un cambio de imagen en las tarjetas sanitarias. La estandarización conlleva un coste que, desde nuestro punto de vista, supone un gasto superfluo que el Gobierno podría evitar. Como bien sabe, lo importante es que los datos sean interoperables, la tarjeta simplemente es el soporte. Lo que tenemos que hacer es que la información fluya, por lo que los esfuerzos deben ir en este sentido.

Como ya he dicho, agradecemos a todos el trabajo realizado y votaremos a favor del informe.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Chivite.

La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Lo que hoy vamos a aprobar aquí es el resultado de año y medio de trabajo en la ponencia de tecnologías sanitarias, y no es ni más ni menos que el documento de consenso al que todos los grupos políticos hemos llegado.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los ponentes, personas y organizaciones que han pasado por la comisión sus aportaciones, su saber hacer, su conocimiento, su experiencia y, desde luego, todo lo que hemos de aprender de ellos y, cómo no, también quiero agradecer a la letrada —muchas gracias, Maribel— el trabajo realizado.

Como decía, este documento, que podrá ser el mejor o no, podrá ser más o menos ambicioso, podrá ser más o menos bueno desde un punto de vista técnico, tiene para nosotros un valor añadido, y es que es un documento de consenso. Esto nos asegura que se va a llevar a cabo y va a tener una continuidad en los compromisos en él adquiridos o, por lo menos, eso es lo que esperamos. Se plasma en él la apuesta inequívoca por parte de todos los grupos de avanzar en las nuevas tecnologías en el ámbito de la sanidad, y creo que este es el máximo del documento: seguir apostando por la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario.

¿Y por qué esta unanimidad? ¿Por qué todos los comparecientes han ido más o menos en la misma línea? Pues por diferentes motivos. Porque desde el punto de vista de la administración sanitaria, facilita la gestión y la puede aportar eficacia y eficiencia, evitando duplicidades, evitando errores, mejorando la información, etcétera. Y no queremos que nadie se lleve a engaño porque esto no tiene nada que ver con la sostenibilidad del sistema sanitario porque la sostenibilidad pasa por una suficiencia financiera. Desde el punto de vista del ciudadano o del paciente, lo que ha quedado claro, sobre todo si hablamos de enfermos crónicos, es que puede contribuir a la mejora de su calidad de vida, a controlar mejor su enfermedad, les ayuda a través de la telemedicina, teleasistencia y telemonitorización a vivir con su enfermedad de una manera más cómoda y, por tanto, les aporta beneficios para su salud. Y desde el punto de vista de los profesionales sanitarios aporta una mayor seguridad en sus diagnósticos y la facilidad de poder compartir información para investigación o para otras cosas. Por tanto, la tecnología sanitaria aporta beneficios para todos los actores del ámbito sanitario.

Hemos hablado en la ponencia de la tarjeta sanitaria como instrumento de acceso a la información de cada uno de los pacientes. Hemos hablado también de la receta electrónica, de los




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avances que ya se han producido en la historia clínica del paciente y, sobre todo, hemos hablado de interoperabilidad, y en este punto me quiero detener un poco.

Todos los grupos parlamentarios, así como todos los ponentes, hemos estado de acuerdo —y así viene reflejado en el informe— en que era beneficioso para todos los actores: Administración, profesionales y pacientes, compartir información, que la historia clínica de un paciente de la Comunidad Foral de Navarra, por poner un ejemplo, pueda ser consultada si fuera necesario desde la Comunidad Valenciana —hay muchos navarros que veranean en Benidorm— cuando esta persona esté de vacaciones y tenga la necesidad de acudir a un médico.

Hemos coincidido en la importancia de que las historias clínicas no tengan fronteras, ni de lenguaje ni de territorios, porque nuestra enfermedad nos acompaña allá donde vayamos y no entiende de fronteras territoriales. Hemos acordado que sea una historia clínica completa, trescientos sesenta grados, y que contenga toda la información posible. Y es importante, y debe quedar claro, como ha dicho la senadora del PSC, que el acceso a la información clínica del paciente debe regularse, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta una premisa muy clara, que la información es del paciente; el paciente es el único propietario de su información y deberá ser él o ella el que autorice quién puede o no puede acceder a la información y a qué información se puede o no se puede acceder.

Para terminar, este es el documento de consenso, estas son las líneas de trabajo a medio plazo que nos hemos dado para avanzar en el ámbito de la tecnología sanitaria y queda claro, independientemente de quién esté en el Gobierno dentro de dos o de seis años, que estas son las líneas en las que tenemos que trabajar para que, para nosotros y espero que para todos los grupos, sea un compromiso político de todos.

Por tanto, espero que esto no se quede en un simple papel, en un simple acuerdo sino que vaya acompañado de la suficiente dotación presupuestaria. Cuando el PSOE ha gobernado se pusieron sobre la mesa 300 millones de euros con el Plan Avanza; esperemos que el Partido Popular haga el mismo o superior esfuerzo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Chivite.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra su portavoz, el señor Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, igual que han hecho mis compañeros, debemos felicitarnos por haber llegado a un consenso, a un entendimiento en una cuestión tan importante como la salud pública de todos los españoles. No digo que sea el espíritu de la Navidad pero lo cierto es que, después de grandes debates políticos mantenidos a lo largo de todo el año, en este último Pleno hemos llegado a un consenso justo en estas fechas.

Señorías, no solamente a los chavales de los colegios que hoy están con nosotros y nos están escuchando sino a la sociedad en general hay que transmitir lo positivo de sumar en beneficio de toda la ciudadanía, en beneficio de la sanidad de todos los españoles, como no podía ser de otra forma, ya que estamos hablando de una ponencia de estudio. Una ponencia de estudio no supone un posicionamiento político, se trata de un grupo de técnicos que nos informa desde una perspectiva determinada y en la que se llega a unas conclusiones mirando al futuro. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Las conclusiones o recomendaciones no se establecen pensando en los gobernantes actuales sino en las siguientes generaciones, en las siguientes legislaturas. Hemos puesto las bases para la aplicación de técnicas de información y comunicación a la salud de cara a las próximas legislaturas.

Por supuesto, tengo que felicitar a mi compañera, Carmen de Aragón, coordinadora de la ponencia y presidenta de la Comisión de Sanidad del Senado; a la letrada de la comisión, Isabel María Abellán, que ha sido quien ha coordinado todo, nos ha mandado la información y ha trabajado de forma muy importante dentro de la ponencia; a mis compañeros ponentes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por su magnífico trabajo; a los senadores Francisco José Fernández, Antonio Alarcó, Coloma Francisca Mendiola y José Antonio Rubio y, por supuesto, a todos los portavoces presentes y suplentes de los grupos parlamentarios, porque todos hemos trabajado, codo con codo, en beneficio de la ciudadanía porque, al fin y al cabo, son nuestra razón




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de ser; y también, por supuesto, a los veinticuatro comparecientes que nos han ilustrado y de los que hemos aprendido muchísimo. Una de las cosas más importantes que nos han manifestado ha sido que España está muy bien situada en lo que se refiere a las nuevas tecnologías, en Europa y a nivel mundial. Las comunidades autónomas y el ministerio son un referente dentro de las técnicas de información y comunicación aplicadas a e-salud. Para mí, ha sido muy gratificante que España no solamente esté trabajando bien, sino que pueda exportar innovación en lo referente a las técnicas de información y comunicación.

Por supuesto, quiero felicitar también a los ministerios anteriores y a las comunidades autónomas. Nada se remonta a dos años, ni mucho menos, se ha hecho un trabajo previo muy interesante que el Gobierno actual, a través de los diferentes decretos leyes y órdenes ministeriales, está siguiendo. Y estamos sumando recursos no solamente ministeriales, pues hay que tener en cuenta que gran parte del trabajo lo han realizado las comunidades autónomas, y ahora lo que intentamos es coordinar o incardinar todos los esfuerzos hacia un único bien común. Estamos totalmente convencidos, señorías, de que todos nos congratulamos de las conclusiones y recomendaciones a las que hemos llegado, que suponen la parte quizá más importante de todo el documento.

Me voy a referir solo a dos o tres puntos, en los cuales vemos que hay una apuesta clara por parte de los profesionales y del Gobierno, tanto central como autonómico, por las técnicas de información y comunicación aplicadas a la e-salud, pero no solamente para coordinar las comunidades autónomas sino con una proyección mucho más amplia, mirando a Europa, mirando a un mundo globalizado; es decir, se trata de que el paciente vaya con su historia clínica por todo el mundo, por eso, en la ponencia, se ha hecho una proyección con una perspectiva de desarrollo de diez años.

La historia clínica es importantísima. Hemos apostado por una historia clínica, única y universal. Ha quedado claro que el dueño de la historia clínica es el paciente y debe acompañarle siempre. La historia clínica tiene que recoger todos los eventos sanitarios de ese paciente, tanto en la sanidad pública como privada, tanto lo prescrito por los profesionales sanitarios como lo dispensado en el mostrador de la farmacia; es decir, cuanto mayor sea el volumen de información que reciban los facultativos, mayor será la capacidad de hacer un buen diagnóstico y poner un buen tratamiento a ese paciente. De ahí, que hablemos no solamente de historia clínica sino de una carpeta del ciudadano, en la que se incluya toda la documentación: certificados médicos, de conducir, etcétera. Por tanto, en un mundo tecnológico, damos un paso más en la historia clínica con la carpeta del ciudadano. Y, por supuesto, como ya he dicho, siempre con la premisa de que cuanta mayor información, mejor diagnóstico y mejor tratamiento, y siempre siempre, durante estos dos años, hemos trabajado en beneficio de los pacientes, que son nuestra razón de ser como sanitarios, pero también como políticos.

Termino, señorías. Como soy el último en intervenir, en nombre de toda la ponencia, les deseo a todos una feliz Navidad y que el próximo 2014 sea un año de consenso, como el que ha habido en esta ponencia, en beneficio de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

¿Se podría desprender de las intervenciones que se puede aprobar el informe de la ponencia por asentimiento? (El señor Iglesias Fernández pide la palabra.)

El señor Iglesias tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Señor presidente, solicito que se lleve a cabo la votación, porque tanto mi compañero como yo nos queremos abstener.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación el informe de la Ponencia de estudio para la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión sanitaria.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 219; en contra, 3; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado el informe de la Ponencia de estudio para la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión sanitaria: presente y futura. (Aplausos.)

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las trece horas y veinticinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Buenas tardes, señorías.

4. PREGUNTAS

PREGUNTA SOBRE EL AVAL QUE PRESTARÁ EL GOBIERNO PARA CONTRIBUIR A LOS ESFUERZOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA QUE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SEA LA SEDE DEL CONJUNTO DE TELESCOPIOS DEL PROYECTO CHERENKOV TELESCOPE ARRAY (CTA) Y DEL TELESCOPIO SOLAR EUROPEO (EST).

(Núm. exp. 680/000633)

AUTOR: NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA (GPMX)

PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO HA TENIDO EN CUENTA LOS CRITERIOS TANTO DE LOS PRODUCTORES COMO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA A LA HORA DE POSICIONARSE ANTE EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN PROPUESTO POR LA COMISIÓN EUROPEA EN LA REVISIÓN DE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS EN EL REGLAMENTO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA «QUESO RONCAL».

(Núm. exp. 680/000641)

AUTOR: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Preguntas.

Las preguntas de los senadores Quintero Castañeda y Cazalis Eiguren han sido aplazadas.

4.1. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO VA A REGULAR LA INSOLVENCIA DE LOS PARTICULARES DE BUENA FE A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO SINGULAR.

(Núm. exp. 680/000632)

AUTOR: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Preguntas al señor ministro de Justicia.

Pregunta de don Francisco Javier Yanguas.

Tiene la palabra su señoría.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes. Señor ministro, vaya en primer lugar mi deseo y el de mi grupo para que se restablezca usted lo antes posible. Le agradecemos el esfuerzo que ha hecho para venir hoy aquí a responder nuestras preguntas.

Unión del Pueblo Navarro cree que es muy importante que se regule un procedimiento singular para tratar la insolvencia de los deudores particulares de buena fe. Esto lo hemos visto, además, en un informe de la Defensora del Pueblo. Quiero destacar y dejar claro que han de ser supuestos de insolvencia personal sobrevenida, de buena fe. Cuando hay una intencionalidad o un dolo ya no estaríamos en este caso.

UPN también quiere poner en valor que desde el Gobierno se hayan tomado ya medidas para intentar paliar este tema de la insolvencia personal, pero creemos que hay que seguir avanzando. Si vemos el derecho comparado, en Francia existe un procedimiento en el que una comisión estudia la situación del deudor de buena fe y acaba proponiéndole un plan de viabilidad, a la vista de los antecedentes y de las posibilidades de este deudor. Otros países, como Alemania, Austria o Finlandia, también tienen algunos procedimientos arbitrados para este tema. El propio Tribunal




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Constitucional ha declarado que resulta congruente crear una esfera patrimonial intangible a la acción ejecutiva de los acreedores que le permita llevar una existencia digna. Si lo traducimos a un lenguaje un poco más llano, esto sería como decir que hay que regular una segunda oportunidad para las personas. Aunque, como he dicho antes, algo ya se ha avanzado.

Es cierto también que la voluntad de pagar de una persona física, de hacer un pago ordenado de las deudas, ahora mismo en España no tiene un procedimiento claro y por ello hay que crearlo. Por eso pedimos este procedimiento. Lo que nuestro grupo quiere es solicitar al Gobierno que regule una segunda oportunidad para los deudores individuales de buena fe, como decía.

En España, donde tan mal visto está el fracaso empresarial, no así en otros países avanzados, es necesario contar con un procedimiento que ofrezca una viabilidad para la liberalización de esas deudas con el mínimo perjuicio tanto para el deudor como para el propio acreedor. Esto, sin duda, sería una garantía más para las personas de este país, y convendrá usted conmigo que al fin y al cabo a ellas nos debemos. No es necesario tampoco inventar nada, ya hemos visto que en otros países tienen arbitrados diferentes procedimientos. Y es el momento de ordenar este tema.

Dicho procedimiento, a nuestro modo de ver, tendría que ser judicial o administrativo, no nos importa. Tendría que ser sencillo y muy eficaz, nada costoso para la persona y ágil. Y debería terminar con una sentencia, resolución o convenio que contuviese un plan de pagos, una serie de condiciones y plazos.

Creo que nadie puede estar en contra de esto, por eso UPN se lo pide con cierta insistencia. Además, como siempre hacemos y no nos cansaremos de decirlo, nos brindamos a trabajar para que se dicte esta norma lo mejor y lo antes posible, aunque de nuevo reconocemos —y con esto termino— lo que ya se ha avanzado al respecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señor senador, en primer lugar, por sus amables palabras, que agradezco con absoluta sinceridad, y en segundo lugar, por su pregunta, que me parece cargada de razón y de oportunidad. El hecho de que quizá en este momento no pueda darle una respuesta comprometida en el tiempo en relación con su propuesta no lo entienda como una falta de aproximación a una necesidad que usted ha planteado muy oportunamente.

Nosotros también hemos leído, como ha hecho su señoría, el informe de la Defensora del Pueblo y hemos visto sus propuestas y recomendaciones en todo lo que se refiere a las insolvencias personales. Le agradezco mucho, senador Yanguas, que haya hecho un reconocimiento de lo que se ha avanzado en esta materia, porque es verdad que desde que llegamos al Gobierno nosotros tuvimos muy claro que teníamos que estudiar, primero, y aprobar, después, soluciones para todos aquellos deudores —y vuelvo a citarle a usted— de buena fe —es muy importante este matiz: de buena fe— que vieron truncadas sus aspiraciones de adquirir determinados bienes, especialmente la vivienda en propiedad, por medio de un préstamo hipotecario.

Por eso incluimos dos reales decretos leyes, pero la nueva regulación fundamentalmente vino en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Aquí llegamos mucho más lejos que el código de buenas prácticas, que es lo que estaba vigente hasta este momento, y creo que con esta norma conseguimos paralizar los desahucios en la vivienda habitual de personas en situación de especial vulnerabilidad.

Hemos llegado más lejos porque incluso hemos superado las exigencias que nos hacía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 14 de marzo de 2013, cuando recordarán ustedes que hacía referencia a las cláusulas abusivas. Nosotros lo hemos hecho extensivo a aquellos supuestos en los que la unidad familiar tenga rentas inferiores a tres veces el IPREM, es decir, el 40% de los hogares españoles, y en algunos supuestos especiales hasta cinco veces el IPREM.

Señoría, usted me pide algo más. Usted lo que me pide es que introduzcamos una segunda oportunidad que no esté limitada única y exclusivamente a las situaciones de insolvencia de una




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hipoteca, y creo que el mecanismo que está recogido en la Ley de emprendedores, referente a la negociación extrajudicial de deudas, es un primer paso. Pero usted lo que me pide es que hagamos una regulación de un procedimiento específico, y le voy a contestar con absoluta claridad: sí a su propuesta, pero con un criterio de oportunidad. No podemos perder la competitividad que en estos momentos de recuperación tímida pero segura de la economía española nos podría suponer introducir un factor disfuncional dentro de lo que son las garantías de mercado. En segundo lugar, señoría, sí, pero de acuerdo con las directivas y disposiciones que en esta materia se aprueben en el seno de la Unión Europea. Haciéndome eco de su pregunta, me comprometo a llevar a uno de los próximos consejos JAI, de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, una propuesta de regulación para que unifiquemos el marco legislativo dentro de toda la Unión. No le puedo decir que sí inmediatamente, pero le digo sí a su idea dentro de un ámbito de coordinación europea.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

4.2. PREGUNTA SOBRE LOS MOTIVOS DEL GOBIERNO PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA 2/2010, DE 3 MARZO, DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.

(Núm. exp. 680/000645)

AUTORA: MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Mónica Almiñana.

Tiene la palabra su señoría.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Señor ministro, en primer lugar, le agradezco que haya acudido hoy a la sesión de control. Espero que se recupere pronto.

Doy mi pregunta por formulada.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Le agradezco también, con toda sinceridad, sus amables palabras y también la pregunta, porque creo que es un tema oportuno y de actualidad. No es la primera vez que su señoría me pregunta sobre este asunto, y le contesto, para que lo sepan sus señorías, a la pregunta sobre cuáles son las razones por las que el Gobierno pretende establecer una modificación de la Ley del aborto. Se lo digo esquemáticamente, y si quiere en el segundo turno entramos en profundidad.

En primer lugar, para aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985. Nosotros pensamos que la Ley del 2010 vulnera esa sentencia desde el momento en que en lugar de resolver un conflicto de intereses, optó solamente por uno de los dos intereses en conflicto, en este caso, el derecho a la dignidad de la mujer y a su propio desarrollo de su vida personal, pero no consideró, al menos durante un plazo, los intereses del concebido y no nacido que la sentencia del Tribunal Constitucional dice que tienen que estar protegidos.

En segundo lugar, señoría, es un compromiso de nuestro partido. Ya sé que es fácil decir que hay muchos compromisos que no hemos cumplido, pero no me reproche que cumplamos este. En la página 108 de nuestro programa electoral dijimos que modificaríamos esta ley.

En tercer lugar, porque hay dos cosas que no nos gustan de la ley vigente y que nos sentimos obligados a modificar. Una, señoría, que no entendemos, de verdad, créame, que las menores de edad no tengan que estar acompañadas y asistidas de sus progenitores, tutores o padres a la hora de tomar una decisión tan difícil como es interrumpir su embarazo. Creo, y se lo digo con todo el afecto y consideración, que fue un fallo de la Ley de 2010. En segundo lugar, señoría, creo que por primera vez en España tenemos que hacer algo que es muy importante, y es considerar a la mujer no como culpable, sino como víctima del aborto. De lo otro podemos hablar, pero de eso no. La Ley de 1985 penalizaba con pena de cárcel a las mujeres; la Ley de 2010 penalizaba no con pena de cárcel, pero sí con pena de multa, cuyo impago sabe usted que significa una situación privativa




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de libertad a las mujeres. La ley que apruebe el Gobierno del Partido Popular jamás establecerá a la mujer un reproche penal porque, insisto, la mujer en un asunto como el aborto siempre es víctima y nunca será culpable. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senadora Almiñana, tiene la palabra.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Usted es un experto en tergiversar muchas veces la realidad a las ciudadanos. No estamos de acuerdo con su primer argumento sobre el Tribunal Constitucional. Usted sabe perfectamente que la ley es interpretable.

Pero su principal argumento, uno de los que ustedes se hacen mucho eco, es que la ley actual que está vigente ustedes ya llevaban en su programa que la iban a modificar. Es absolutamente legítimo, pero entonces dígame dónde está la legitimidad de los recortes que han hecho ustedes en educación, en sanidad, en derechos y en libertades (Aplausos.), como la ley de orden público o la ley de seguridad privada, porque, que yo recuerde, no llevaban en su programa electoral. Al 75% de los ciudadanos les parece bien la Ley del aborto tal y como está y un 57% de ellos se declara votantes del Partido Popular. Por lo tanto, esta reforma no es necesaria. Pero ustedes insisten para contentar al electorado más conservador. No sabemos si como regalo de Navidad o regalo de despedida del señor Rouco Varela, pero están empeñados en llevar esta ley al Consejo de Ministros antes de que finalice el año. (Aplausos.) Con su reforma pretende eliminar una ley de plazos vigente en la mayoría de países de Europa para pasar a una ley de supuestos, supuestos que tendremos que esperar a conocer el texto definitivo para saber y poder evaluar la gravedad del retroceso. Pero si se cumple lo que nos han adelantado, más de 100 000 mujeres quedarían excluidas de la ley.

Hoy sabemos que un 40% de ellas abortan por razones económicas y sociales y un 60% lo hacen por razones íntimas y personales. En 2011, más de 3000 mujeres abortaron por una patología fetal, pero en su reforma legislativa el 99% de ellas quedarían fuera de la ley porque solo el 0,9% de las malformaciones fetales son incompatibles con la vida.

En este país tenemos casi 6 millones de parados, una tasa de pobreza infantil del 26,6%. Tenemos 3 millones de personas en pobreza extrema y mientras ustedes parecen ajenos a esta realidad y se empeñan en modificar una ley que los ciudadanos no consideran necesaria. Parece que no entienden que ninguna mujer aborta por placer y en el caso de las adolescentes un embarazo nunca es una decisión deliberada.

Señor Ruiz-Gallardón, a usted le gusta decir que las mujeres no son culpables sino víctimas. Pues déjeme que le diga que yo considero que las mujeres no son culpables, pero tampoco víctimas. Las mujeres son libres y tienen derecho a decidir sobre su maternidad. Habrá víctimas, las habrá, pero será gracias a usted y a su ley. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Yo creí que sus amables palabras del principio iban a pronosticar un tono diferente, senadora, pero no se lo tomo en cuenta. Me quedan cincuenta y dos segundos. Dice usted que la ley es interpretable. Sí, pero en un Estado de derecho como es el nuestro, Constitución de 1978, la interpretación de la ley no le corresponde a usted ni a mí, le corresponde al Tribunal Constitucional y en la sentencia de 1985 dijo cómo había que interpretar la ley. (Aplausos.)

Segundo, el hecho de que me hable usted de seguridad privada en una pregunta sobre el aborto demuestra cuál es el volumen de sus argumentos y me dice que el porcentaje de la mayoría de los ciudadanos no lo quiere. ¿Usted recuerda algo que está por encima de lo que dicen las encuestas, algo que se llama sencillamente principios? Esos principios son los que nos llevan a nosotros a defender el derecho a la vida, señoría. (Aplausos.)

Y en tercer lugar, señoría, dice usted que el entorno europeo el 10 de diciembre, es decir, hace prácticamente menos de una semana, el Parlamento Europeo rechazó por mayoría las tesis que ustedes están defendiendo.




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Señor presidente, termino. Se reunieron ustedes con los representantes de las clínicas abortistas muy pocos días antes de que se iniciase este debate hace una semana. Significativo, señoría. Mientras nosotros defendemos, en contra de su ley, que la Ley del aborto jamás tenga ningún reproche para la mujer, ustedes se reúnen con representantes de las clínicas abortistas. Ya vemos quién defiende a quién.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

4.3. PREGUNTA SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS ÚLTIMAS NOTICIAS RELACIONADAS CON EL EMPLEO EN NUESTRO PAÍS.

(Núm. exp. 680/000634)

AUTOR: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.

Pregunta de don Juan Francisco Martínez-Aldama.

Tiene la palabra su señoría.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor presidente.

La pregunta está perfectamente formulada en sus términos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

La prioridad de este Gobierno es el empleo y estamos trabajando desde el primer día con reformas para volver cuanto antes al crecimiento económico creador de empleo en España. Hemos sido ambiciosos con los objetivos: darle la vuelta a la situación de ruina económica y social en la que nos dejaron ustedes el país para volver cuanto antes a la España de las oportunidades. Pero estamos también siendo ambiciosos en los resultados, señor senador, porque estamos evaluando nuestras políticas.

Por primera vez en nuestro país se ha evaluado por parte del Gobierno una reforma laboral. Y hace días encargamos a la OCDE que hiciera un informe independiente de la reforma laboral, que se presentará mañana a los españoles. Por tanto, trabajando sin descanso por el empleo. Y señorías, hay una diferencia entre lo que hacen ustedes y lo que hacemos nosotros. Ustedes solo se limitan a insultar y a decir que derogarán todo lo bueno que hace este Gobierno por España; nosotros todos los días construimos con todos los que quieren acompañarnos en esta salida de la crisis, para reformar lo que no funcionaba y que nos dejaron ustedes cuando gobernaban.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senador Martínez-Aldama, tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor presidente.

El resumen en términos de empleo de estas semanas se puede hacer así: una mentira, un mal dato, un varapalo judicial, un despilfarro y una estupidez.

La mentira la dijo el presidente del Gobierno en sede parlamentaria, en el Congreso, cuando dijo hace dos semanas que en este año en España no se ha destruido empleo. Y eso es falso porque, de octubre del año pasado a octubre de este año, se han destruido en España 366 000 empleos, según publicó su ministerio el día 5 de noviembre del año 2013. Y es indigno que un presidente del Gobierno en algo tan sensible como el desempleo sea capaz de emplear la mentira.

En segundo lugar, el mal dato, el del paro de noviembre. Sabemos todos que bajó en 2500 personas, pero lo relevante no es eso, señoría, lo relevante es que se han perdido de nuevo 67 000 empleos. Es decir, que en España se sigue destruyendo empleo neto. Y le recuerdo que en estos dos años de Gobierno del Partido Popular se han destruido en España un millón de empleos, señora ministra.




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Le decía un varapalo judicial, y se lo acaba de dar a usted un juzgado de lo social de Barcelona, donde una juez ha tumbado su contrato estrella de la reforma laboral, el contrato de emprendedores. ¿Y por qué? Porque ha dicho que no es legal un período de prueba de un año que luego da lugar a un despido sin indemnización. Es decir, que viene a reconocer ese juzgado lo que aquí hemos denunciado una y mil veces en sede parlamentaria, que ese contrato establecía el despido libre y gratuito, que es lo que usted buscaba con su reforma laboral.

El despilfarro es suyo, señora Báñez. Su ministerio se va a gastar 2 500 000 euros en una campaña de publicidad de la reforma laboral. Y yo le pregunto ¿qué va a publicitar? ¿El millón de empleos destruidos, la rebaja de sueldo de los españoles, la tasa de paro más elevada de la historia de España con su Gobierno? ¿Eso va a publicitar? ¿O va a publicitar que a consecuencia de perder un millón de empleos han mermado, y de qué manera, los ingresos de la Seguridad Social, y usted no para de meter la mano en la caja de las pensiones para pagar las pensiones? ¿Eso va a publicitar usted, señora Báñez? En nombre de mi grupo parlamentario le pido que no se gaste ese dinero en la campaña de publicidad, que se lo gaste en subsidios de desempleo, que buena falta les hace a miles de familias españolas.

Y la estupidez, señora Báñez, la dijo el otro día la señora Ana Botella, que afirmó literalmente que la reforma laboral es la que ha traído más progreso en la historia de la humanidad. ¿De verdad que es así, más que la rueda, o que el invento de la electricidad, o que la penicilina? ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Usted le aguantaría esta pregunta a un parado mirándole a los ojos, señora Báñez? (Rumores.)

Señora Báñez, su política laboral, después de dos años, se resume en un fracaso absoluto y en un millón de empleos destruidos. Y le voy a decir más, ni la mentira del señor Rajoy, ni campañas de publicidad, ni estupideces como estas van a aliviar el problema del paro de los españoles. Por eso ahora que llega la Navidad, usted puede hacer un regalo muy bueno al conjunto del país.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Acabo, señor presidente.

Ahora que llega Navidad, que está cerca Papá Noel y los Reyes Magos, usted puede hacer un regalo al conjunto del país. ¿Y sabe cuál es? Presentar su dimisión.

Muchas gracias. (Aplausos.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez-Aldama.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señor Martínez-Aldama, por mucho que las mentiras se repitan no se convierten en verdad. Para lecciones de empleo en este país, desde luego el que no está es el Gobierno socialista ni el Partido Socialista, que dejaron más de 5 millones de parados y 3,5 millones de despidos en España. (Aplausos.)

Señor Martínez-Aldama, la Comisión Europea, por decirle un organismo independiente, ha dicho que la reforma laboral es la más ambiciosa que se ha hecho en España nunca, y particularmente útil para abordar el problema de desempleo a medio y largo plazo y las consecuencias sociales de la crisis. En igual sentido se han pronunciado el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España y otros servicios de estudios, públicos y privados, nacionales y extranjeros. Pero yo le cuento datos, señor Martínez-Aldama. Señoría, usted habla del mes de noviembre, y el mes de noviembre pasado fue el primer mes en toda la historia de registro del INEM en que baja el paro por primera vez en nuestro país. Esa es la diferencia.

De noviembre a noviembre, de 2012 a 2013, hay 100 000 parados menos registrados en España. Por primera vez en 2013 va a haber menos parados que en el año anterior, algo que no ocurría desde el inicio de la crisis. (Aplausos.) No es suficiente pero vamos avanzando. (Aplausos.)

Usted me habla de la afiliación a la Seguridad Social. En términos desestacionalizados, también en el mes de noviembre pasado casi no se destruyó empleo en España. (Rumores.) Hemos conseguido el primer objetivo que era estabilizar el mercado de trabajo y salvar muchos




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empleos con la reforma. Ahora vamos a iniciar el camino más importante: 2014 con crecimiento económico y creación de empleo en España en términos netos.

Señor Martínez-Aldama, le hemos dado la vuelta a la situación gracias al esfuerzo de todos los españoles, a las reformas del Gobierno pero con el apoyo de los ciudadanos que les quitaron a ustedes del Gobierno y a nosotros nos dieron la oportunidad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

4.4. PREGUNTA SOBRE SI EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO PUEDE EXPLICAR LAS RAZONES DE LAS DECISIONES CONTRADICTORIAS ADOPTADAS EN TAN POCO TIEMPO EN RELACIÓN CON LA APORTACIÓN DEL GOBIERNO AL DÉFICIT DE TARIFA ELÉCTRICA.

(Núm. exp. 680/000638)

AUTOR: JESÚS ALIQUE LÓPEZ (GPS)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Industria, Energía y Turismo. Pregunta de don Jesús Alique.

Tiene la palabra su señoría.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, el jueves pasado tuvimos ocasión de ver la mal llamada reforma eléctrica sin contar, sorprendente y lamentablemente, con su presencia o con la del señor Montoro, que es quien realmente dirige su ministerio. Las razones no las conocemos. Tal vez sea la poca consideración que al Parlamento le tienen ustedes o simplemente la irrelevancia de su criterio en esta materia y lo muy ocupado que se encuentra el señor Montoro cumpliendo las órdenes de la troika. No sé pero si hubiese estado alguno de los dos tal vez nos podrían haber aclarado el desconcierto en el que nos encontramos como consecuencia de esta ceremonia de la confusión en la que se ha convertido la política energética. Fíjese el grado de desorientación que incluso yo mismo, después de defender enérgicamente la oposición a esa ley, simplemente equivoqué mi voto. Ese fue un error mío, pero ustedes han fracasado rotundamente, no han eliminado el déficit tarifario y, al mismo tiempo, va a subir de forma importante el recibo de la luz.

Por eso le pregunto cómo puede ser que el 11 de noviembre usted dijese que el déficit iba a ser de cero euros para luego pasar, en una semana, con las enmiendas del Partido Popular, a ser 3600 millones de euros. También dijo que no subiría el recibo de la luz. Hoy ha dicho que sí.

El déficit y el recibo de la luz es el regalo de Navidad con el que este Gobierno obsequia a los españoles, y los españoles, que ahora estarán escuchando y muy atentos a lo que usted diga, tienen todo el derecho a saber cuánto costará ese regalo envenenado, es decir, cuánto subirá el recibo de la luz en el mes de enero.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, el que suba el precio de la luz en el mes de enero, correspondiente al periodo enero a marzo, vendrá determinado, como usted sabe muy bien, por el resultado de la subasta del día 19 de diciembre. Por tanto, hoy no lo sabemos. (Rumores.)

Lo que sí sabemos hoy es que en el año 2013, este que termina ahora, el precio de la energía ha subido un 0,6%, pero sabemos otra cosa, y es que entre el periodo 2006 al 2011 subió un 64,3%.

Gracias. (Aplausos.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el señor Alique.

Guarden silencio, señorías,




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El señor ALIQUE LÓPEZ: Señor ministro, se encamina hacia los 10 000 millones de euros de déficit de tarifa de cosecha propia el llamado ya déficit Soria, y esos 10 000 millones de euros, le guste o no, son el mejor resumen del resultado de su gestión, una gestión que no ha contentado a nadie. Así va usted muy mal, quitando y poniendo leyes, diciendo y desdiciéndose. Hoy mismo dice que el Gobierno subirá el recibo de la luz para financiar el déficit de tarifa. Pero, sobre todo y a instancia del señor Montoro, está masacrando a los ciudadanos y a las empresas con un precio de la luz desorbitado y unas políticas de tierra quemada que están acabando con la industria renovable y con los servicios energéticos.

¿Cree usted que ese es el camino para evitar que se sigan destruyendo 400 000 pymes cada año? ¿Cree que ese es el camino para acabar con el 26% de paro o con la pobreza energética?

Señor ministro, nuestros ciudadanos y nuestras empresas no tienen la culpa de la incapacidad del señor Montoro para cumplir con los objetivos del déficit que le marcan desde la troika y tampoco tienen la culpa de su incapacidad para resolver el problema del déficit de tarifa, que usted se comprometió a erradicar y que, sin embargo, ha crecido exponencialmente.

Nuestros ciudadanos y nuestras empresas quieren soluciones y quieren soluciones ya, una luz asequible en y en línea con Europa, un margen para ser competitivos y un Gobierno que mire por sus intereses y no por el de las grandes eléctricas. Si se ve capacitado para ello, hágalo y si no, váyase, señor ministro, cuanto antes, porque a partir de ahora ni usted ni su Gobierno podrán hablar de ninguna herencia que no sea la suya, el déficit Soria, y porque además, como el otro día dijo el jefe economista de la Agencia Internacional de la Energía, un precio alto en la luz, como ocurre hoy en España, es un daño para la industria, el empleo y la recuperación. Por cierto, veintiuna empresas, veintiuna industrias en este país…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ALIQUE LÓPEZ: …están cortando en este momento la producción porque no pueden pagar el recibo de la luz. Pues eso es responsabilidad de usted y de su Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, tiene usted razón. De no haberse adoptado medidas en 2012 y en 2013, hoy, a finales del año 2013, el déficit adicional del sector habría sido de 10 500 millones de euros. Si no se hubiesen tomado las medidas que hemos adoptado, el recibo de la luz, solamente entre 2012 y 2013 —yo sé que usted lo sabe aunque diga aquí que no, yo sé que usted lo sabe— habría subido un 40%, y yo sé que usted dirá probablemente: bueno, pero eso habría evitado disminuir los costes del sistema como lo hemos hecho.

Y le voy a reconocer algo. Es verdad que las empresas del sector eléctrico no están contentas; es verdad que no están contentas las empresas de renovables, y es verdad que como consecuencia de la subida de los peajes del pasado mes de octubre tampoco estamos contentos los consumidores. Ahora bien, si usted me da a elegir entre 3,6 décimas de déficit público adicional con las implicaciones que ello tiene en el coste de financiación internacional de la economía española —por cierto, también en el coste de financiación internacional de las empresas eléctricas—, digo que si me da a elegir eso o un desfase de 3600 millones que van a emitir las empresas eléctricas con el aval del Estado, lo que supone un coste adicional, yo me quedo con lo segundo, ¿sabe por qué? Porque por más que a usted le pueda gustar el déficit público, y yo sé que le gusta mucho —de hecho para 2011 tenía que ser un 6% y ustedes dijeron: No, un 6% no, un 9,3%—, pues por más que le pueda gustar el déficit público, eso es lo más pernicioso que puede haber en la economía española. Si hoy en la economía española están entrando capitales y no salen, si hoy las empresas tienen más confianza en la economía española, si hoy la economía española genera más credibilidad, desde el punto de vista de quienes pueden invertir en España, puedo asegurarle que es por la política económica que se está llevando a cabo, y dentro de esa política económica muy particularmente por la contención del déficit público. Y también vamos a contener el déficit del sector eléctrico. (Fuertes aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.




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4.5. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO VA A RESPETAR LA VOLUNTAD DE LA CIUDADANÍA NAVARRA, GARANTIZANDO EL DERECHO QUE TIENEN LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DE ESTE TERRITORIO DE CAPTAR DE FORMA NORMALIZADA LA SEÑAL DE EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).

(Núm. exp. 680/000644)

AUTOR: ALBERTO UNAMUNZAGA OSORO (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Alberto Unamunzaga.

Tiene su señoría la palabra.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, buenas tardes. Vuelvo a traer a esta Cámara un tema que mezcla el que no se cumplan los compromisos y obligaciones internacionales firmadas por el Gobierno del Estado con el hecho de que se está produciendo una clara injerencia sobre el autogobierno navarro y la voluntad de la ciudadanía. Quiero recordarle lo que yo le expresé en esa Cámara, que el Gobierno español firmó la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias el año 1992, lo que supone para el Gobierno del Estado aceptar la superioridad de los compromisos dimanados como consecuencia de su firma. Desde entonces, el Comité de expertos independientes, creado para valorar el grado de cumplimiento de estos compromisos, ha realizado peticiones expresas y recomendaciones, tanto al Gobierno de Navarra como al del Estado, para que garantice la obligación que tienen las instituciones de su cumplimiento y hace una referencia expresa a que se proceda a normalizar la captación de EITB en Navarra.

Señor ministro, le recuerdo que estamos ante una obligación que no puede estar condicionada por el interés o no de las instituciones implicadas, y la realidad es que una de las instituciones implicadas tiene intereses; la realidad es que los navarros y navarras llevan treinta años sufriendo las obsesiones de Unión del Pueblo Navarro. Esto ya lo vimos claro cuando el convenio que se firmó en 2009 para normalizar la captación de EITB en Navarra fue rescindido a principios de este año alegando un doble motivo que ha resultado ser falso. En primer lugar, por el supuestamente elevado coste económico, argumento que fue desmontado al poner los afiliados de Eusko Alkartasuna una antena que lo posibilitaba por un coste ínfimo. El segundo argumento es que al ver el mapa del tiempo Unión del Pueblo Navarro atisbaba que en él aparecía Navarra con la Comunidad Autónoma Vasca e Iparralde y esto podía poner en duda la realidad de Navarra, argumento que se cae por su propio peso.

Ante esta situación, el Parlamento de Navarra se ha pronunciado en repetidas ocasiones, siendo la última este mismo lunes por medio de una declaración institucional. Como primer punto, el Parlamento de Navarra, como institución que representa a la soberanía popular de la ciudadanía de Navarra, exige al Gobierno foral que respete las decisiones adoptadas por la mayoría de la Cámara y, en concreto, la resolución aprobada por mayoría absoluta y sin ningún voto en contra por la que el Parlamento solicita a EITB que digitalice la red analógica por un período transitorio en tanto se regularice la solución definitiva para captar el canal autonómico vasco por la TDT en la comunidad foral.

Como segundo punto, el Parlamento de Navarra manifiesta su total rechazo a la actitud mostrada por el Gobierno de Navarra, que, a través de una comunicación al Gobierno central, trata de impedir la emisión digital de EITB, obviando que se trata de una petición del propio Parlamento foral.

Como tercer punto, el Parlamento de Navarra niega que la decisión de EITB sea una intromisión, ya que responde al mandato de una petición de la propia Cámara.

Y como cuarto punto, el Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra y al Gobierno de España a respetar las resoluciones adoptadas por este Parlamento y a no llevar a cabo ningún tipo de actuación que vaya en contra de la voluntad expresada por la mayoría parlamentaria.

Señor ministro, usted sabe que Unión del Pueblo Navarro no tiene ninguna voluntad de acuerdo y, por lo tanto, encomendarse al resultado de la comisión de trabajo creada entre la comunidad autónoma vasca y Navarra es volver a insultar a la ciudadanía navarra y marear al perdiz para que todo siga igual, es decir, incumplir sus compromisos e impedir el derecho de la ciudadanía navarra de sintonizar libremente las emisiones de EITB. (Voy terminando, señor presidente.)




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Y, señor ministro, este problema tiene una solución muy sencilla: anuncie hoy aquí que su ministerio, que es el competente, va a renunciar a interponer o a continuar con sanciones administrativas, como la que está sub iudice en la Audiencia Nacional por la iniciativa altruista de Eusko Alkartasuna,…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: …a quien garantice el derecho de la ciudadanía de Navarra, expresada por el Parlamento y los propios compromisos del Estado. Anuncie que el anuncio de EITB de activar sus emisiones, que finalmente terminó en un amago, no implicará represión alguna de su ministerio y que ustedes, el Partido Popular, dejarán de ser el brazo ejecutor de las obsesiones de Unión del Pueblo Navarro…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: …o cómplices directos del mismo.

Voy terminando, señor presidente. Muchas gracias.

Y esto, y no otra cosa, es lo que esperamos de usted hoy en esta Cámara, señor ministro.

Por todo ello le pregunto: ¿Va a respetar el Gobierno del Estado la voluntad de la ciudadanía de Navarra y los compromisos internacionales que tiene adoptados y va a garantizar el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Navarra de captar de forma normalizada la señal de Euskal Irrati Telebista?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Sí, señoría, me pide usted que anuncie lo que usted quiere que yo anuncie. Si no le importa, voy a anunciar lo que han anunciado los presidentes del País Vasco y de Navarra, que creo yo que es lo que tenemos que anunciar. Y lo que han decidido los dos presidentes, tanto de una comunidad como de otra, es crear un grupo de trabajo para adaptar la situación a la legalidad. Yo supongo que usted estará totalmente de acuerdo con eso, porque supongo que no viene usted aquí, al Senado, señoría, a plantear algo que no tiene nada que ver con la legalidad. Entre tanto, lo que sí le puedo decir es que la EITB sigue emitiendo en analógico, pero no va a emitir en digital en Navarra hasta que lleguen a un acuerdo.

La historia se remonta al 3 de julio del año 2009. En ese momento se firmaba, como sabe su señoría, un protocolo de colaboración entre los Gobiernos —del País Vasco y de Navarra— para difundir los canales de la EITB en Navarra. En ese acuerdo se recogían una serie de requisitos y particularmente —cuestión no menor— que el coste de las emisiones en Navarra fuera sufragado por parte del Gobierno vasco.

El Gobierno de Navarra a lo largo de todo este tiempo ha venido mostrando, como sabe su señoría, una resistencia a facilitar la recepción de la televisión vasca en territorio de Navarra —esto el Gobierno de Navarra—, fundamentalmente por razones de falta de cumplimiento de los requisitos que se habían acordado en aquel convenio del año 2009.

Y en marzo del año 2010 es cuando se aprueba la Ley 7 de ese año, de 31 de marzo, la Ley General de Comunicación Audiovisual, que regula la posibilidad de acuerdos entre comunidades autónomas para la emisión recíproca de esas señales de televisión autonómica.

Pues bien, en febrero del año 2012, tras una denuncia presentada por el Gobierno de Navarra, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información inició un procedimiento sancionador en relación con las emisiones en televisión digital terrestre de la programación de EITB e EITB en Navarra, realizadas por cuenta de la formación política Eusko Alkartasuna.

Hay que señalar que, dado que el espectro radioeléctrico es dominio público de titularidad estatal, la competencia sancionadora estaría en todo caso ejercida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.




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Y el resultado de todo ello, señorías, fue el cierre cautelar de las emisiones en marzo de 2012 y una multa de 45 000 euros impuesta a Eusko Alkartasuna en el mes de mayo de 2007.

¿Se cumple la legalidad? Yo sé que usted está de acuerdo con eso, por tanto estamos de acuerdo usted y yo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

4.6. PREGUNTA SOBRE SI LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD CONSIDERA QUE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO SU MINISTERIO SON LAS QUE NECESITAN LOS CIUDADANOS DE ESTE PAÍS.

(Núm. exp. 680/000639)

AUTOR: FRANCISCO FUENTES GALLARDO (GPS)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Pregunta de don Francisco Fuentes Gallardo.

Tiene la palabra su señoría.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, recientemente, una revista científica de prestigio internacional, The Lancet, señala que los recortes sanitarios en España amenazan la salud de los españoles y han provocado un deterioro de las prestaciones sociales en nuestro país. Es el resumen y el resultado de sus políticas para desmantelar la sanidad pública, del copago farmacéutico y de la liquidación de la Ley de dependencia.

Por eso le formulo la pregunta que figura en el orden del día, señora ministra.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señoría, las medidas que está adoptando este Gobierno no solo son las que necesitan los ciudadanos, sino que también estoy convencida de que son las reformas necesarias para llevar a España a la senda del crecimiento y de la prosperidad.

En el caso concreto de nuestro ministerio, el compromiso que hemos asumido desde el primer día ha sido precisamente garantizar la protección de la salud —y en ello estamos trabajando—, el bienestar y la igualdad de todos los españoles.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senador Fuentes Gallardo, tiene la palabra.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, no sé en qué realidad vive usted, tal vez porque usted no puede ir ya a ningún sitio, salvo a los actos de su propio partido. Usted no se entera de nada. (Protestas.) Usted no se enteró de que su ministerio…

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor FUENTES GALLARDO: Usted no se enteró de que su ministerio abonó 36 000 euros por un estudio para privatizar el hospital de Melilla a la empresa de un siniestro personaje, el señor Lamela, imputado por cohecho y prevaricación, el mismo personaje que destrozó la vida de un profesional decente como el doctor Montes (Protestas.), al que acusó de sedar a 400 enfermos. (Aplausos.) Tampoco se enteró usted de que la trama Gürtel compró el Jaguar y el todoterreno que estaba en su garaje. (Rumores.) Tampoco sabía usted que la trama Gürtel pagaba las fiestas de primera comunión y cumpleaños de su familia. (Protestas.) Desconocía usted…




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El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor FUENTES GALLARDO: Desconocía usted que sus gastos de avión y hotel a Finlandia, a Dublín, a Suiza, a París los abonaba la trama Gürtel. Ignoraba usted que sus viajes a Tenerife, a Sevilla y a Málaga corrían a cargo de…

El señor PRESIDENTE: Senador Fuentes, le ruego que se atenga a la cuestión, en virtud del artículo 103 del Reglamento. (Protestas.—Aplausos.)

El señor FUENTES GALLARDO: Señor presidente, usted sabe que hemos tenido que reformular la cuestión, no sé por qué, porque esta no es la intervención más dura que yo he escuchado aquí a lo largo de mi vida de senador, ni mucho menos (Aplausos.), cuando desde aquella parte de los bancos en otras circunstancias esto que estoy diciendo era un discurso de ursulinas.

El señor PRESIDENTE: Senador Fuentes, le repito que se atenga a la cuestión. Yo no voy a estar en debate con usted porque lo que estoy haciendo es aplicar el Reglamento.

Continúe.

El señor FUENTES GALLARDO: Nunca más aceptaré una reformulación de una pregunta que yo haga. (Protestas.)

Usted llama a esto cacería política y basura, señora ministra, y no son datos que yo me invente, son datos de la Policía y de la Agencia Tributaria.

Señora ministra, con todo respeto: si le queda algo de decencia y de dignidad política, usted no puede seguir un día más en el Ministerio de Sanidad. (Rumores.—Aplausos.)

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Mire, señoría, es bochornoso asistir al espectáculo que protagonizan ustedes a diario recurriendo al ataque personal a través de la injuria y de la calumnia. (Aplausos.—Protestas.) En los años que llevo en la vida pública, nadie nunca ha tenido que afearme ni mi conducta ni mis actuaciones. (Rumores.) Siempre he dicho la verdad y he trabajado con la máxima honestidad pensando únicamente en el interés general de los ciudadanos. (Aplausos.)

Señoría, parece mentira que su estrategia les lleve a incumplir sus obligaciones de control al Gobierno por una retahíla de mentiras y de descalificaciones, —en este caso personales—.

Mire, señor Fuentes, ¿sabe lo que es indigno? Indigno es haber engañado a toda la sociedad española ocultando durante años la crisis. Indigno es haber falseado el déficit público, haber puesto en riesgo las pensiones dejando quebrada la Seguridad Social (Rumores.). Y me parece indigno que ustedes hablen todos los días sobre la sanidad pública cuando la han dejado con 16 000 millones de deuda. (Aplausos.-Rumores.) Señoría, cuando se dejan 16 000 millones de euros de deuda en sanidad, ¿sabe usted lo que se pone en riesgo? Algo muy importante: la sostenibilidad de uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo.

Y por eso, para mantener el sistema, hay que adoptar medidas, señorías, porque si no, si se pasan los días mirando para otro lado, al final, cuando uno quiere darse cuenta, ya no estaremos hablando del mejor sistema sanitario del mundo. Y, por eso, señorías, estamos haciendo acuerdos con las comunidades autónomas, con los profesionales sanitarios —médicos, enfermeros y farmacéuticos— y también con los pacientes. Todos son conscientes de que hay que adoptar medidas, todos, menos ustedes, señorías. Estamos orgullosos de haber fundado un acuerdo con los médicos y con los enfermeros, estamos orgullosos de estar garantizando la igualdad ante las prestaciones de todos los ciudadanos en todas las comunidades autónomas, estamos orgullosos de que haya más dependientes con derecho a prestación y menos listas de espera de las que había cuando llegamos.(Rumores.—Protestas.) y también, señorías, de haber presentado un plan de inclusión social y una estrategia para la erradicación de la violencia de género (Protestas.)




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Señoría, espero que usted y su partido se den cuenta algún día de que con esta estrategia de injurias y de calumnias no se va a ninguna parte. Mientras tanto sepa usted que continuaré sirviendo a los españoles desde la verdad, desde la honestidad, (Rumores.) como he venido haciendo a lo largo de toda mi vida política.

Muchas gracias. (Protestas.—Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

4.7. PREGUNTA SOBRE LA OPINIÓN QUE LE MERECE A LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD EL TRASIEGO DE EX ALTOS CARGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A PUESTOS DE RESPONSABILIDAD EN EMPRESAS RECEPTORAS DE CONTRATOS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INCLUSO CUANDO ESTOS SE ENCUENTRAN IMPUTADOS POR PRESUNTOS DELITOS DE PREVARICACIÓN.

(Núm. exp. 680/000640)

AUTORA: CARMEN MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Carmen Menéndez.

Tiene la palabra su señoría.

La señora MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: Doy por formulada la pregunta.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Menéndez.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señoría, todos los contratos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cumplen de forma escrupulosa con la normativa de contratación del sector público. Este Gobierno mantiene los principios de publicidad, de transparencia y de eficiencia en todas sus actuaciones.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senadora Menéndez, tiene la palabra.

La señora MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: Gracias.

Señora ministra, recientemente el Instituto de Gestión Sanitaria, dependiente de su ministerio y responsable de la sanidad de Ceuta y Melilla, ha adjudicado a BAPP Healthcare, la empresa de Manuel Lamela, un trabajo de consultoría relacionado con la gestión clínica para el hospital de Melilla. Manuel Lamela y Juan José Güemes son el claro referente nacional reciente en puerta giratoria sanitaria, en amistades político-empresariales y en capitalismo de casino.

Hace unos días hemos sabido también que el exsecretario general de Sanidad de Castilla-La Mancha, que desde el Gobierno de Cospedal adjudicó contratos por valor de 36 millones de euros a Clece, ha sido contratado nada más cesar en el cargo por esa empresa.

Lamela y Güemes han desempeñado el cargo de consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en los Gobiernos del Partido Popular, siendo presidenta Aguirre. Ambos, desde su cargo, impulsaron controvertidas y cuestionadas medidas de privatización a favor de ciertas empresas. Ambos están imputados penalmente por cohecho y prevaricación, ambos, tras cesar en sus cargos, emprenden actividades empresariales mercantiles relacionadas con la sanidad en empresas, a las que desde el cargo público habían favorecido.

Lamela y Güemes, cada uno de ellos, tiene una huella propia en la historia de la puerta giratoria. Sin duda, la que implica complicidades con usted, señora ministra, es la de Manuel Lamela. Lamela, durante su mandato, dio la concesión de la construcción y mantenimiento de ocho hospitales a empresas privadas con la fórmula PFI. En 2005 acusó falsamente al doctor Montes y al Hospital Severo Ochoa de sedaciones inapropiadas (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡No! ¡No!.—Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Sí! ¡Sí!), causando un gran daño… (Protestas.)




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El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: …a pacientes terminales, al hospital y a los médicos acusados, causando gran dolor, sí. Tiene una actividad privada relacionada con la sanidad y con empresas respecto a las cuales tomó decisiones siendo consejero de Sanidad y tiene además un entramado empresarial propio: la Fundación LAFER, Madrid Medical Destination y BAPP. Este es su proyecto empresarial más personal para el desarrollo del negocio sanitario, como figura en la propuesta que presentó a su concurso. Es con esta última con la que usted ha contratado la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica en Melilla. Un caso clarísimo de tráfico de influencias: por los antecedentes del señor Lamela, por sus contactos conocidos con la señora ministra y porque un alto cargo suyo, señora Mato, el director general de Cartera Básica, es quien le firma el aval sobre su experiencia a la hora de presentarse a ese concurso. Usted sabía que Lamela se presentaba al concurso y, dada la cuantía del mismo, es obvio que el interés de Lamela es poder exhibir en América Latina el aval de haber prestado servicios de consultoría al Ministerio de Sanidad de España para seguir haciendo negocio. Este ha sido su regalo a Lamela, señora Mato. Mientras usted y su Gobierno anuncian que le quitan la atención sanitaria a los parados que intentan buscar un futuro fuera de nuestras fronteras.

Váyase, señora Mato, (Rumores.—Protestas.), porque lo que es bochornoso e indigno es que siga usted siendo ministra. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Menéndez.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señoría, me sorprende oírle hablar a usted de publicidad de concurrencia cuando su partido ha repartido más de mil millones de euros en Andalucía sin ni siquiera publicarlo en el boletín oficial. (Rumores.—Protestas.—Aplausos.)

Mire, señoría, respecto al hospital de Melilla tengo que decirle que la adjudicación y formalización del contrato al que usted hace referencia ha cumplido todos, absolutamente todos los requisitos técnicos y legales. (Rumores.) Escuche, se ha publicado la convocatoria de la licitación tanto en el Boletín Oficial del Estado —que pueden comprobarlo— como en el perfil del contratante de la plataforma de contratación. (Una señora senadora: ¡Faltaría más!) Faltaría más, pero en Andalucía no se hace, señorías. (Aplausos.)

Tras varias reuniones, la mesa de contratación ha valorado todas las ofertas y la adjudicación se ha realizado formalmente a las empresas que tuvieran mejor puntuación, es decir, señorías, a la mejor oferta en términos económicos y técnicos. (Rumores.) Según reflejan los informes preceptivos, ha sido un proceso impecable. Con esta asistencia técnica, señorías, lo que se hará es implantar la gestión clínica en Ceuta y Melilla, dos empresas diferentes, exactamente igual que se está haciendo en otras comunidades autónomas, también en Andalucía, y, por cierto, la gestión seguirá siendo pública, como usted misma explicó en su momento en la Asamblea de Madrid.

Mire, señoría, la gestión clínica que se está poniendo en marcha en Ceuta y Melilla forma parte de los acuerdos suscritos el pasado 30 de julio con los profesionales sanitarios, con los médicos y los enfermeros, con los que estamos impulsando nuevas fórmulas organizativas, siempre en beneficio del paciente y responde a nuestro compromiso con la calidad en la atención sanitaria a las dos ciudades, Ceuta y Melilla. Además le quiero recordar que este Gobierno ha dado un impulso muy importante a las obras del hospital de Melilla, que, como usted sabe, acumularon un gran retraso y desviaciones presupuestarias muy importantes durante su etapa de Gobierno.

Mire, señoría, vamos a seguir caminando hacia una gestión más eficiente que garantice la sanidad pública a las futuras generaciones de españoles, y lo vamos a hacer buscando diariamente el apoyo y la complicidad de los profesionales sanitarios.

Para nosotros, en Melilla, en Ceuta o en cualquier lugar de España, el reto es sentar las bases para una mejor sanidad para el futuro. Si ustedes quieren perderse en la demagogia, si ustedes quieren perderse en la mentira, allá ustedes con su responsabilidad, pero nosotros y yo misma voy




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a seguir al frente del ministerio trabajando por una sanidad de calidad para todos los españoles. (La señora Menéndez González-Palenzuela: Aquí está Lamela.)

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

4.8. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE PREVISTO, EN EL MARCO DE NEGOCIACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y EN SU DESARROLLO NORMATIVO, CONSIDERAR LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA COMO BIENES CULTURALES, Y NO MERAMENTE COMO BIENES COMERCIALES O DE MERCADO, A LOS EFECTOS DE SU LIBRE CIRCULACIÓN POR EL TERRITORIO DEL ESTADO, CON MOTIVO DE SU EXPOSICIÓN O DIVULGACIÓN.

(Núm. exp. 680/000635)

AUTOR: DOMINGO FRANCISCO FUENTES CURBELO (GPS)

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Pregunta de don Domingo Francisco Fuentes Curbelo.

Tiene la palabra su señoría.

El señor FUENTES CURBELO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Montoro.

La cultura canaria está padeciendo y atravesando el mismo calvario que toda la cultura española por los recortes que ya durante tres ejercicios presupuestarios consecutivos —2012, 2013 y ahora 2014— está sufriendo el sector y además, por la incalificable subida del IVA cultural hasta el 21%. Pero en el caso de la cultura de Canarias tenemos un problema específico que se deriva de la interpretación de algunas disposiciones del régimen económico y fiscal de Canarias, que consideran una obra de arte simplemente como si fuera un producto comercial más y no como un producto cultural. Pondré un ejemplo: un artista bilbaíno que quiera exponer su obra en Sevilla no tiene más que cogerla, ponerla en su furgoneta o en un autobús y plantarse en la capital hispalense. Si eso mismo lo quisiera hacer un creador, un artista de las islas Canarias —llevar un cuadro, llevar una escultura o una maqueta a Sevilla—, además del transporte para superar las barreras de la insularidad y de la lejanía, tendría que pagar gastos de aduana. Si tiene suerte y vende la obra, tendría que pagar otro impuesto, el IVA, y si no la tiene, ha de coger otra vez su obra y al entrar en Canarias, nuevamente tiene que pasar por la aduana.

Los creadores canarios, señor ministro, llevan décadas pidiendo a gritos acabar con esta situación de injusticia y de desigualdad. En sus manos está resolver este asunto, porque si bien las competencias en materia de fomento de la cultura están en manos del Gobierno de Canarias, las competencias en materia aduanera las tiene su departamento.

Por eso, le pregunto, señor ministro, si en el marco de la negociación del nuevo régimen económico y fiscal de Canarias, que discutiremos durante el ejercicio 2014, el Gobierno de España va a afrontar con rigor este problema y va a considerar de una vez por todas la obra de arte no solo en su valor comercial, sino también como un producto cultural, de manera que tanto los creadores canarios como los peninsulares o europeos que quieran ir a Canarias no tengan que retratarse en la aduana.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuentes Curbelo.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Senador, el Gobierno es sensible a esta problemática y nos comprometemos a estudiar todas las posibilidades que permitan mejorar la situación desde el convencimiento de que tenemos que ser capaces de dar una solución a la problemática de los artistas canarios pero también ceutíes y melillenses, que, como consecuencia de las obras de arte enviadas a la Península y Baleares, están sujetas al pago del IVA, lo que implica trabas para su movilidad cuando viajan para ser expuestas en su territorio de aplicación.




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Por tanto, he de mostrar nuestra mejor disposición, nuestra mejor voluntad, para, junto con las autoridades canarias, ceutíes y melillenses, así como con todas las formaciones políticas, en el marco de la negociación del nuevo régimen económico-fiscal, en el caso de Canarias, a lo largo del año próximo —pero también es voluntad abordar la mejora de los regímenes económico-fiscales de Ceuta y Melilla—, abordar este problema y dar una solución.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Fuentes Curbelo, tiene la palabra.

El señor FUENTES CURBELO: Quiero entender, señor ministro, que el Gobierno será sensible a esta realidad, porque sería una incongruencia que su grupo político en el Parlamento de Canarias apoye con entusiasmo esta medida y el Gobierno de España hiciera oídos sordos a esta realidad. No se trata de ninguna bonificación, de ningún incentivo ni de ningún estímulo nuevo, ni siquiera de reducir obligaciones fiscales y tributarias, se trata de algo muchísimo más sencillo que todo eso, señor ministro: de que los creadores canarios no tengan que pagar por algo por lo que el resto de los creadores españoles y europeos no pagan, por mover su obra dentro del territorio de la Unión Europea.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FUENTES CURBELO: Termino, señor presidente.

Es una cuestión de voluntad política suprimir todas estas trabas y obstáculos a la libre circulación de las obras de arte por todo el territorio nacional y europeo. No deje, señor ministro, el talento de Canarias abandonado a su suerte.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuentes Curbelo.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Senador Fuentes, ya lo he dicho en mi primera intervención, y a ese respecto he de reiterarle que tendremos la máxima voluntad política para alcanzar una solución y darle, efectivamente, una salida definitiva al tratamiento que merece una promoción cultural y artística como la procedente de las Islas Canarias. Por tanto, nos tiene a su entera disposición, igual que las formaciones políticas que componen el Parlamento canario, entre ellas —usted ha citado— la posición favorable del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias y, por tanto, el Gobierno, y consecuencia de la demanda, todas las formaciones políticas de Canarias junto al Gobierno canario trabajaremos en ese régimen económico y fiscal para clarificar estos extremos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

4.9. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA QUE LAS EXPECTATIVAS PARA CONSTRUIR BUQUES EN LAS FACTORÍAS DE NAVANTIA FERROL SE VAN A CUMPLIR.

(Núm. exp. 680/000636)

AUTOR: FRANCISCO JAVIER LOSADA DE AZPIAZU (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco Javier Losada de Azpiazu.

Tiene la palabra su señoría.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Gracias, presidente.

Señor ministro, en primer lugar, feliz Navidad.

Espero que hoy venga con el tema estudiado y evite respuestas equivocadas, cuando no inventadas, desconocimiento del tema y medias verdades, pues eso es lo que refleja el Diario de Sesiones con respecto a Navantia Ferrol.

Señor ministro, nada se ha movido desde que usted dijo aquí que no nos preocupásemos porque había un Gobierno eficiente. No hay gaseros para Ferrol, no hay fragatas para construir, no




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hay dique flotante. Algo sí que se ha movido: desde su última respuesta, más de 2000 empleos destruidos. Los trabajadores, los que quedan —2000 empleos destruidos desde su última respuesta—, vuelven a demandar un plan de empresa a Navantia Ferrol.

Por eso, señor ministro, le pregunto si va a cumplir sus promesas, y ya ha pasado un tiempo prudencial. ¿Va a presentar Navantia un plan de empresa para Ferrol que no destruya empleo?

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Losada.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Senador Losada, algo sí se ha movido. Realmente no entiendo bien el contenido de su pregunta. La semana pasada —el lunes pasado— la empresa Gas Natural anunció la contratación del quinto gasero con la intención de que fuera desarrollado por Navantia explícitamente en una información a la prensa a los medios de comunicación, y, a partir de ello, se ha promovido la acción por parte de SEPI Navantia para que se haga la oferta pertinente que cumpla las condiciones en primer lugar tecnológicas —de las que la empresa está segura— y que cumpla las condiciones de la mejor oferta financiera para poder competir por esta gran nave, que realmente aportará trabajo a Ferrol y a Navantia. Y añado, senador Losada: pronto tendremos más noticias positivas.

Por tanto, declaraciones vacuas, ninguna. Es verdad que ha habido tardanza pero porque la sequía de contratos que dejaron en Navantia fue total, no dejaron un contrato, señorías, no dejaron un contrato después de años de gestión política. Y el Gobierno está trayendo carga de trabajo a Ferrol y a Cádiz, que es exactamente lo que requiere una empresa tecnológica de primera magnitud como es el caso de Navantia, que —insisto— saquemos del debate político de una vez y ayudemos a que haya carga de trabajo, que estoy seguro, senador, que es lo que usted desea tanto como yo.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el senador Losada.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Muchas gracias, señor ministro.

En estado puro, nos viene en estado puro.

Señor ministro, no son creíbles. Si no fuera por la gravedad de la situación de Navantia Ferrol y las promesas y los compromisos de ustedes con Ferrol, les diría que solo les queda decir que van a construir una nueva armada invencible.

Señor ministro, se sigue perdiendo empleo. El domingo los medios de comunicación decían: Los astilleros de Ferrol, al sol. Porque no hay ningún barco en construcción, no hay nada en reparación, nada se sabe de las promesas del Gobierno y del acuerdo unánime del Parlamento gallego para un dique flotante. Ustedes la semana pasada votaron aquí dos veces no al dique flotante. (Aplausos.) Y tuvimos que ver una manifestación de alcaldes de su partido el mismo día y a la misma hora que decían que iban a presentar aquí una enmienda y a votar en contra del dique flotante. Y nada de las fragatas que iban a construirse. Y ahora está todo a la espera de la adjudicación por Pemex de un buque, de un flotel. (Por desgracia, digo a la espera, porque, según ustedes, era un contrato.) Por cierto, le voy a leer una respuesta oficial un poco peligrosa, señor ministro. Dicen ustedes aquí el 12 de octubre del año pasado: «El contrato firmado con PEMEX … supone la culminación exitosa de las intensas gestiones realizadas por el presidente de la Xunta y la empresa Navantia»; en octubre de 2012. Pero el concurso no ha finalizado. ¿Están diciendo que México está haciendo un concurso fraudulento?

Y con respecto a los doce remolcadores, ¿qué sabemos de ellos? Y ahora vuelven a prometer barcos y más barcos. Y ayer en mi tierra un representante de México decía: Compramos una empresa privada con tecnología punta en astilleros por cuatro millones y medio de euros. ¿Y sabe qué dijo? Vamos a construir un astillero en México con la tecnología del astillero gallego.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.




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El señor LOSADA DE AZPIAZU: Termino, señor presidente.

¿Es un barco hoy y mañana una deslocalización? Señor ministro, responda y díganos, por favor, fechas, presupuestos para Ferrol, si tendrá un dique flotante y si va a haber el plan de empresas que demandan los trabajadores que aún no han perdido su empleo.

Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Senador, le pido un mínimo de confianza. (Rumores.) Hace pocos días una empresa española muy importante anunció su intención de construir un gasero de gran tamaño y alta tecnología en Navantia. ¿O no ha sido así? ¿Y no es algo para tranquilizar a los trabajadores y, por supuesto, a todo el equipo que compone la empresa de Navantia y a toda la industria auxiliar en Ferrol y en Cádiz? ¿No es un mensaje de que ya estamos trabajando en ello? Cuando se formalicen esos contratos, que no van a ser los únicos —añado esta tarde en la Cámara, con toda propiedad, que van a venir más contratos, estoy seguro— espero, senador, que ese día usted se levante de su escaño y celebre con el Gobierno de España que todo esto sea una realidad para Ferrol, para Cádiz y, por supuesto, para toda la industria auxiliar gallega y gaditana, que es exactamente lo que se merecen. Pero reconozca también, senador, que quienes estamos trayendo esa carga de trabajo somos los actuales y no los anteriores, (Rumores.) Por lo menos tenga la decencia y la dignidad de reconocerlo, y a partir de ahí identificarlo como algo positivo.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

4.10. PREGUNTA SOBRE SI EL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CREE QUE SUS CONTINUAS INSINUACIONES FORMALES O INFORMALES, JUNTO CON SUS ACTUACIONES EN MATERIA DE POLÍTICA FISCAL Y LOS RECURRENTES INCIDENTES DE TODO TIPO EN LA AGENCIA TRIBUTARIA, CONTRIBUYEN A QUE LOS CIUDADANOS PERCIBAN LA EQUIDAD NECESARIA EN EL SISTEMA TRIBUTARIO.

(Núm. exp. 680/000637)

AUTOR: FELIPE LÓPEZ GARCÍA (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Felipe López García. Tiene la palabra su señoría.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, doy por formulada la pregunta.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López García.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): La verdad, senador, si no me aclara la pregunta… (Risas.)

¿Cree el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que sus continuas insinuaciones formales o informales —no está mal, insinuaciones formales o informales, hay dos categorías de insinuaciones, las formales y las informales (Risas.)—, junto con sus actuaciones en materia de política fiscal —que ha sido precisamente promover las condiciones para que los grandes contribuyentes aporten al Estado español, supongo que será eso— y los recurrentes incidentes de todo tipo en la Agencia Tributaria, contribuyen a que los ciudadanos perciban la equidad necesaria en el sistema tributario?

La pregunta merece una tesis doctoral. (Risas.) Le agradecería que me explicara cuál es la intención política de su grupo y de su señoría. Yo se la resumo muy fácilmente. ¿Quién está recaudando más de los grandes contribuyentes, el Gobierno actual o el anterior? Fácil. Se lo he puesto fácil, senador. Pues levántese y diga: Reconozco que con el Gobierno actual los grandes




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contribuyentes de España están financiando mejor al Estado y están contribuyendo con esa financiación a la recuperación de la economía española y a la pronta creación de empleo.

Gracias por la pregunta, senador. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el senador López García.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, le voy a aclarar la pregunta, porque parece que no la entiende usted.

Desde su fundación en 1992, la Agencia Tributaria nunca ha estado envuelta en hechos tan poco edificantes y tan graves como los ocurridos en este periodo, bajo su responsabilidad.

Comenzaron con el descabezamiento de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que, por cierto, estaba investigando un tema importante, la trama Gürtel, que afecta a su partido de forma directa. Después, llegó una cuestión poco pedagógica, ese indigerible informe ante la opinión pública que suponía facilitar que el Partido Popular pudiera desgravar donativos ilegales. Y el último escándalo, señor ministro, lo montan ustedes con la Unidad de Grandes Contribuyentes, cuando cesan de forma fulminante a una inspectora cuyo delito, al parecer, era haber resuelto un recurso de reposición interpuesto por una gran empresa en contra del criterio supuestamente político de la dirección. Las consecuencias son: la dimisión del jefe de esta inspectora por considerar impresentable la actuación de la dirección y que la Organización Profesional de Inspectores —desde luego, no correa de transmisión del Partido Socialista— diga que se trata de un sesgo ajeno a criterios técnicos y que la situación es grave y anómala. Después, se produce la dimisión del segundo de a bordo, que habían nombrado ustedes en la propia Agencia Tributaria, y cuando se fue, ustedes comentaron: notables diferencias surgidas con la dirección sobre asuntos esenciales de decisión del departamento de inspección y que se han resuelto en contra de nuestro criterio. ¿Cuál es el criterio, señor ministro? ¿No cree que los ciudadanos merecen que se dé en sede parlamentaria una explicación convincente de estos graves hechos? Estamos hablando de la Agencia Tributaria, el instrumento, la herramienta que tiene que proveer de ingresos al Estado, como usted sabe.

Si no se da una explicación convincente, los ciudadanos pueden pensar, con legitimidad, señor ministro, que después de su indecente y antipedagógica amnistía fiscal, están de tapadillo ofreciendo a grandes defraudadores amnistía a la carta. Verá por qué le digo eso. En la amnistía fiscal han aflorado 40 000 millones de bases imponibles nuevas al 3% de recaudación, módico precio para lavar delitos fiscales, 1200 millones de euros. La discusión en la Agencia Tributaria era: de 450 millones de euros, a criterio de la inspectora, a 15, que, según parece, era el criterio. ¿Sabe usted qué relación hay entre 450 y 15? 0,33%. ¿Tiene que ver o no lo primero con lo segundo? Responda usted a estas preguntas porque son temas de gravedad.

Usted sabe que tenemos una muy baja recaudación, que tenemos un gasto público por debajo de la media de la Unión Europea. ¿Le extraña, señor ministro, que el 80% de los españoles afirmen que los impuestos no se cobran con equidad? ¿Qué está usted haciendo para que los ciudadanos españoles tengan otra percepción de que están contribuyendo al sostenimiento de las cargas públicas por encima de lo que les corresponde y reciben menos, y otros se están yendo de rositas?

Si usted, señor ministro, en lugar de haber hecho lo que ha hecho en la Agencia Tributaria con los responsables que haya colocado, hubiese respaldado a funcionarios decentes…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.

Como decía, si hubiese respaldado a funcionarios decentes que no aceptaban comulgar con ruedas de molino, seguramente la percepción de la equidad en el sistema tributario hubiese sido mayor.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López García.

Señor ministro, tiene la palabra.




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El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.

Senador López, la decencia es una virtud cuya categoría la otorga el Partido Socialista, que tiene la cartilla de la ética, de la decencia y de la moral, como dicen ustedes. Es magnífico. (Rumores.) He vuelto a ser ministro de Hacienda en España —porque ya lo había sido— y me encuentro con que los grandes contribuyentes pagan muy poquitos impuestos, algunos de ellos, como usted sabe perfectamente, o debería saber a estas alturas, pagaban tipos efectivos de gravamen cero, como declaró el propio presidente del Gobierno en sede parlamentaria. Eso es lo que me encuentro, y a partir de ahí, me hago la pregunta: ¿por qué no llevaron a cabo ustedes los cambios normativos que ha impulsado este Gobierno en el impuesto sobre sociedades para que pagaran más los grandes contribuyentes? Y añado: ¿qué ocurre? ¿Que no tenían margen de libertad para tomar esas decisiones de política tributaria, que son las que han perjudicado realmente a la Hacienda española? A partir de ello, la Agencia Tributaria tiene 27 000 personas trabajando, y es lógico y normal que a cada cargo directivo le corresponda el personal de la agencia propio de su confianza.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Siempre ha ocurrido así, también cuando yo salí del Ministerio de Hacienda, donde no quedó ni uno solo de los altos funcionarios que trabajaban conmigo, pero entonces nadie hablaba de decencia ni de poner cortapisas a nadie. (Rumores.) Esa es la diferencia, ustedes otorgan los pergaminos de la decencia pública en esa categoría que tiene la izquierda en España.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

4.11. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO SE PLANTEA COMBATIR LA CAÍDA DEMOGRÁFICA CON UNA POLÍTICA MÁS ACTIVA DE APOYO A LA FAMILIA EN LA PRÓXIMA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF).

(Núm. exp. 680/000647)

AUTOR: FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ferran Bel Accensi. Tiene la palabra su señoría.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro.

Recientemente, en unas estadísticas que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística constaba que en el primer semestre del año 2013 el número de nacimientos se había reducido en España un 6,2%, continuando una tendencia iniciada en 2010, y el número de matrimonios también había descendido, prácticamente un 4% en el mismo periodo.

Ante esta situación de importante caída demográfica en el Estado español, ¿piensa el Gobierno modificar la tributación de las familias en el IRPF en la próxima reforma? Lo pregunto dado que en estos primeros meses, ya prácticamente dos años de Gobierno, aunque el Partido Popular siempre se ha manifestado como un defensor de la familia, no ha incorporado ninguna modificación en el ámbito tributario que la beneficie.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.

Senador Bel, la parte de la legislatura que llevamos discurrida ha sido muy difícil para todos. La sociedad española ha vivido una crisis muy profunda, y el Gobierno ha tomado decisiones, que no siempre nos han gustado, a fin de establecer un gravamen complementario del impuesto sobre la renta, que, por cierto, hicimos muy progresivo, de manera que en esta subida del impuesto sobre la renta han contribuido más aquellos contribuyentes de mayor nivel de renta.




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El año próximo acometeremos una reforma tributaria y será entonces cuando tendremos la ocasión de plantearnos un tratamiento favorecedor de la familia como unidad contribuyente, como ya hicimos en las reformas tributarias cuando fuimos Gobierno: en concreto, la primera parte, en el año 1998, y después en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el año 2003.

Y esto me lleva a recordar a la Cámara —si me permite, senador, aunque es un recuerdo para mí mismo— que yo fui el ministro de Hacienda que instauró los 100 euros para la mujer que habiendo sido madre se reincorporaba al puesto de trabajo. Suponía una deducción en la cuota del impuesto sobre la renta de 1200 euros al año, precisamente para favorecer la compatibilidad entre la vida laboral y la vida familiar.

Por tanto, senador, espero tener la oportunidad de promover un cambio en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que fomente las políticas protectoras impulsoras de la familia, que concilie la vida laboral con la familiar, y sobre todo, que realce el papel de la mujer en el mundo del trabajo y, por supuesto, también su condición de madre. Realmente, debemos hacer compatible ese papel si queremos llegar a una sociedad de igualdad de oportunidades, que seguro que es la base de su proyecto político, como lo es el del Gobierno de España.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Bel, tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, le reconocemos la aportación que se hizo en ese momento, pero la realidad es que ahora estamos en una situación de crisis muy difícil que también llega a las familias. Se han hecho modificaciones en el IRPF —seguramente de forma más acentuada para las rentas altas—, pero también constatará conmigo que a lo largo de los dos últimos años no se ha procedido a la actualización, de acuerdo con el IPC, de los mínimos personales y familiares, y eso penaliza a las familias con hijos.

En todo caso, más allá de estas deducciones que usted ha nombrado, el sistema actual también penaliza la tributación de las familias monoparentales y de aquellas familias donde solo uno de los cónyuges percibe una renta, frente a aquellas otras familias en las que ambos cónyuges la perciben. Por ello instamos a tomar estas medidas. La verdad es que muchas familias lo están pasando muy mal y en algunos casos incluso ambos cónyuges no trabajan, y no porque no quieran sino porque no pueden. Por tanto, se debe regularizar lo más rápido posible esta tributación asimétrica dentro del espacio de las familias. También se deben dar incentivos para que las familias puedan tener más hijos.

En todo caso, nos gustaría conocer si piensa cambiar el sistema de tributación conjunta en el IRPF, porque en algunos casos este sistema de tributación conjunta genera asimetrías, que desde nuestra óptica deberían resolverse en esta próxima reforma.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, senador. Recibimos sus sugerencias e iniciativas y espero que podamos realizar en los próximos meses esa reforma tributaria, en concreto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, a partir de las iniciativas de su grupo político y de todos los grupos políticos del Parlamento español. Tendremos un trabajo importante e interesante.

No le quepa duda de que no fallará en ese sentido la voluntad del Gobierno. Además, una vez mostrada, como le decía —y resumo—, somos el único país del mundo desarrollado que tiene la figura del impuesto negativo sobre la renta, es decir, paga la Hacienda pública; por razón de sexo paga a la mujer y la discrimina positivamente, así como a la mujer que ha sido madre y que es trabajadora. Por eso le decía que, a partir de ahí, estamos abiertos a todas las sugerencias. Pero insisto, reconozcamos que nuestro sistema tributario también tiene elementos positivos que debemos reforzar en aras de mejorar la equidad tributaria de todos los componentes de la familia y a la hora de potenciar la unidad familiar como sujeto pasivo del nuevo impuesto sobre la renta.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.




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4.12. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO PIENSA PRESENTAR ALGUNA INICIATIVA PARA CAMBIAR EL ACTUAL MODELO DE CIRCUNSCRIPCIÓN PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS.

(Núm. exp. 680/000642)

AUTOR: IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro del Interior.

Pregunta de don Iñaki Anasagasti. Tiene la palabra su señoría.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Feliz Navidad cristiana, señor ministro.

La pregunta de nuestro grupo es si el Gobierno piensa presentar alguna iniciativa para cambiar el actual modelo de circunscripción para las elecciones europeas, que creo que están decididas para el 25 de mayo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra, señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.

Feliz Navidad igualmente, señoría.

Señor Anasagasti, respondo a esta pregunta, que como sabe muy bien es una pregunta clásica a cualquier Gobierno ante la proximidad de unas elecciones europeas.

Como sabe, señor Anasagasti, la circunscripción para la elección de los diputados al Parlamento Europeo está determinada por el artículo 214 de la vigente Ley Orgánica reguladora del régimen electoral general, la Ley 5 de 1985, que establece como circunscripción el conjunto del territorio nacional. No es voluntad del Gobierno plantear ninguna iniciativa para modificar esta circunscripción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.

Usted sabe mejor que nadie que una ley orgánica se puede cambiar. Y además le voy a recordar que la pregunta de nuestro grupo no es una pregunta de un marciano, porque estamos hablando de una Europa que quiere acercar el poder al pueblo. Por ejemplo, en el Reino Unido hay cuatro circunscripciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte; Bélgica tiene cuatro: Flandes, Valonia, Bruselas y los germanoparlantes; Irlanda tiene cuatro: Dublín, Munster, Leinster y Ulster; Finlandia tiene cuatro zonas; Italia tiene cinco: noroeste, nordeste, centro, sur e islas; Francia tiene siete. Fíjese, la jacobina Francia, la denostada Francia, la patria del jacobinismo, tiene siete: sudoeste, sudeste, macizo central, este, oeste, noroeste y París.

La pregunta, por tanto, no es baladí, porque España es un Estado autonómico, que nosotros sepamos. Y más desde el punto de vista práctico, si queremos luchar contra la abstención, que seguramente se va a producir en las siguientes elecciones europeas; si queremos luchar de alguna manera contra los partidos gamberros; si queremos luchar de alguna forma contra las marginalidades que quieren utilizar las elecciones europeas para hacer un tipo de política que no tiene nada que ver con el Parlamento Europeo; si queremos que el Parlamento Europeo después del Tratado de Lisboa tenga más competencias y sea más serio y elija al comisario, porque incluso las familias ideológicas de Europa van a elegir a su propio candidato —la familia socialista ya tiene el suyo, el Partido Popular todavía no, y los liberales tampoco—. Va a haber un gran avance y, por tanto, nosotros quisiéramos que se acercara ese poder al pueblo, con circunscripciones.

Tampoco es baladí desde el punto de vista de los partidos pequeños, porque con una circunscripción estatal no tenemos posibilidad de vigilancia en ninguna mesa electoral, y usted sabe que en cada elección, después de las coaliciones que nosotros hacemos, perdemos un eurodiputado, porque todos los votos de nuestra coalición van directamente a la basura ya que no podemos vigilarlo.

Por tanto, la pregunta procede, señor ministro. Cambien ustedes la ley electoral, lo pueden hacer, y como España es un Estado autonómico, indudablemente después de los ejemplos que le




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he puesto, creo que sería muy bueno que usted tomara la iniciativa, que nosotros se lo agradeceríamos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Tiene la palabra, señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.

Quede claro, señor Anasagasti, que yo no le considero ningún marciano. He dicho que es una pregunta clásica planteada a todo Gobierno ante la proximidad de unas elecciones europeas. De hecho fue el señor Pérez Rubalcaba el que contestó a su señoría a una pregunta similar a esta con ocasión de las anteriores elecciones europeas.

Evidentemente, una ley electoral, una ley orgánica se puede modificar, pero la Ley electoral —creo que todos estamos de acuerdo— no es una ley más, es la ley que establece las reglas del juego y, por tanto, parece razonable que se modifique, en su caso, con el consenso necesario para garantizar que las reglas del juego se respetan, de tal suerte que el consenso que en su día se obtuvo en el año 1985 se mantenga. Le puedo asegurar que en este momento no se da esa realidad.

Por otra parte, y creo que no es menos importante, yo entiendo perfectamente lo que usted plantea, que es hacer que tenga un reflejo en la Ley electoral y en las circunscripciones electorales la estructura territorial del Estado. Lo que pasa es que en España hay diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, y, por tanto, deberíamos ir a diecinueve circunscripciones electorales, salvo que fuéramos a agrupaciones artificiales de circunscripciones agrupando artificialmente comunidades autónomas.

El problema, técnica y políticamente, no es menor. De hecho, seguro que usted conoce el dictamen del Consejo de Estado, muy interesante, del año 2009 a este respeto y el fundamento quinto, donde estudia de una manera muy profunda y muy razonable esta cuestión para hacer compatible el principio de representatividad proporcional, que está constitucionalizado, con ese reflejo de la organización territorial del Estado a efectos de la circunscripción electoral, y se ve la dificultad técnica existente para hacerlo posible sin destruir la proporcionalidad, que por estar constitucionalizada no se puede destruir.

Sin perjuicio de lo anterior, le tengo que decir, ya que usted ha aludido a esos ejemplos, que son veintiún Estados, de los veintiocho de la Unión Europea, los que tienen por circunscripción electoral la totalidad de su territorio nacional. Veintiuno de veintiocho, incluso Austria, que es un Estado federal, como sabe, tiene como circunscripción electoral el territorio nacional.

Y sin perjuicio de lo anterior, como usted sabe también, en los artículos 221 y 222 la LOREG, con la finalidad de responder a esa estructura territorial de nuestro Estado autonómico, incluyó unas disposiciones, como el ámbito de difusión de las papeletas electorales…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): O que se expresen en dichas papeletas únicamente los nombres de los candidatos correspondientes a las secciones electorales que coincidan con el territorio de las comunidades autónomas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

4.13. PREGUNTA SOBRE LAS PROPUESTAS QUE EL GOBIERNO VA A LLEVAR AL CONSEJO EUROPEO DE DICIEMBRE DE 2013 EN RELACIÓN CON LAS CRISIS MIGRATORIAS EN EL MEDITERRÁNEO.

(Núm. exp. 680/000646)

AUTOR: JOAN SABATÉ BORRÀS (GPEPC)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de Joan Sabaté.

Tiene la palabra su señoría.




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El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente. Bon Nadal, senyor ministre.

Mañana, 18 de diciembre, es el Día Internacional de las Migraciones, una jornada aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 2000. Precisamente, el secretario general de Naciones Unidas, el pasado mes de octubre, en un informe dirigido a la Asamblea General, decía que la migración es una expresión de la aspiración humana por la dignidad, la seguridad y un futuro mejor, es parte del tejido social de nuestra condición como una familia humana. Pese a eso, señor ministro, en los últimos veinte años, más de 20 000 personas, según informes de agencias y organizaciones no gubernamentales internacionales, han perdido la vida en estos movimientos migratorios.

Recientemente hemos asistido a distintas tragedias humanas, la tragedia del pasado mes de octubre en las costas de Lampedusa, con 366 muertos —posteriormente ha habido más muertos en las costas del Mediterráneo y también frente a Lampedusa—, o los muertos en el desierto de Níger el 30 de octubre de este año, 87 víctimas para ser exactos, aparte del drama constante de la presión sobre nuestras fronteras, especialmente en Ceuta y Melilla.

El pasado Consejo Europeo del mes de octubre, en concreto los días 24 y 25, encargó un informe al recién creado grupo especial para el Mediterráneo. Precisamente en el Consejo Europeo que se va a celebrar esta semana los días 19 y 20 se van a presentar las conclusiones de este informe, pero está previsto que se reciban solamente las propuestas —parece ser que del orden de treinta y ocho propuestas— y no está previsto inicialmente que hasta el próximo mes de julio el Consejo Europeo adopte alguna medida.

Precisamente en este orden de cosas, señor ministro, ¿qué propuestas va a llevar el Gobierno español al Consejo para intentar que este tipo de situaciones se vayan paliando y en el futuro, si es posible, se puedan evitar?

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sabaté.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente. Bon Nadal, senyor Sabaté, també.

Como sabe, yo le agradezco su pregunta porque, efectivamente, todos compartimos que el fenómeno de las migraciones interiores y el de la inmigración irregular, singularmente por vía marítima, es uno de los fenómenos más graves a los que hemos de hacer frente todos los Estados, y de manera muy particular los que, como España, somos frontera exterior o periférica de la Unión Europea, bajo los principios de responsabilidad compartida y de solidaridad.

Es verdad que tras la tragedia —a la que usted se ha referido— de Lampedusa se ha creado una mayor conciencia, si cabe, en este ámbito, aunque en España tenemos, como sabe su señoría, una amplísima experiencia al respecto. Recuerde que la llamada crisis de los cayucos, en el año 2006, significó la llegada por vía marítima a las islas Canarias de más de 31 600 inmigrantes, y fueron no pocos los que, por desgracia, perecieron en las aguas del Atlántico. A partir de entonces se han hecho las cosas bien, y le puedo decir que, por ejemplo, el año pasado escasamente 200 inmigrantes llegaron por vía marítima de forma ilegal a Canarias. Es un ejemplo de lo que estoy diciendo.

Pues bien, en este asunto la Unión Europea se está empeñando a fondo. El Consejo europeo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI), el pasado mes de octubre, poco después de la tragedia de Lampedusa y tras un informe muy exhaustivo del ministro Alfano sobre el particular, ya abordó, a propuesta de la comisaria Malmström, la creación de la task force del Mediterráneo, precisamente para intentar controlar de manera más adecuada el flujo de personas que de forma ilegal quieren aspirar a un destino mejor, y se ven abocados, por mor de la coacción en muchas ocasiones y del engaño de las mafias criminales, a una situación tan dramática como la que se ha vivido en Lampedusa.

Para resumir, le puedo decir que la posición de España ante el próximo Consejo Europeo va a ser especialmente intensa y especialmente escuchada por el conjunto de los países de la Unión, ya que España, junto a Francia, está liderando a nivel Mediterráneo la posición para luchar contra




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el fenómeno de la inmigración irregular por vía marítima, que nos corresponde afrontar de manera solidaria, como he dicho a todos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Sabaté, tiene la palabra.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, estamos asistiendo a un drama humano sin precedentes. Pese a las circunstancias de crisis económica que padece la Unión Europea, los desequilibrios norte-sur siguen siendo muy importantes y, evidentemente, el fenómeno migratorio no se puede contener si no es a partir de medidas que realmente contribuyan al desarrollo de los países desde donde parten los movimientos migratorios. Evidentemente, son medidas a medio y largo plazo, y hacen falta también medidas a corto plazo, de acogida. Las fronteras no pueden estar abiertas, también es cierto, pero poner murallas no es un buen ejemplo. Tenemos que contener el flujo migratorio dentro de un orden, de acuerdo con legalidad, pero hay que dar una respuesta, y la respuesta actual es claramente insuficiente. Las murallas —si me permite un comentario que no quiero que se interprete en sentido frívolo— hasta la Edad Media eran invulnerables, luego se han vuelto vulnerables, pero con muchas víctimas. Víctimas que también tenemos en nuestras fronteras y en nuestras vallas en Ceuta y Melilla. Por tanto, es absolutamente necesario que los Gobiernos de los veintiocho miembros de la Unión Europea adopten medidas y resoluciones claramente tendentes a dar una solución a este problema.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SABATÉ BORRÀS: En caso contrario estamos haciendo un flaco favor al respeto de los derechos humanos, que se supone que debe inspirar la política de un país como España y del conjunto de la Unión Europea.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.

Evidentemente, la defensa de los derechos humanos, la dignidad de toda persona es un principio insoslayable en un espacio de justicia, libertad y seguridad como es la Unión Europea, y por supuesto, España. Y en ese sentido le voy a decir rapidísimamente algunas de las iniciativas que va llevar el presidente del Gobierno de España al Consejo Europeo en los próximos días.

Sobre la base de la prevención en los países de origen de esa inmigración, la cooperación con los países de origen y tránsito, y con la financiación, como le he dicho, bajo el principio de responsabilidad compartida y de solidaridad de toda la Unión Europea. Y por otra parte, fomentar los partenariados de movilidad, acuerdos de readmisión, así como un intenso diálogo en el Proceso de Rabat y del Foro 5+5. Y también favorecer las migraciones voluntarias, como ya estamos haciendo, en el marco de la Organización Mundial de Migraciones, para que aquellos inmigrantes que voluntariamente quieran volver a sus países de origen, porque fueron traídos por las mafias criminales, puedan hacerlo en adecuadas condiciones.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Termino, señor presidente.

Y por último y esto es muy importante, la task force del Mediterráneo, que tiene que cumplir para lo que nació FRONTEX, para controlar las fronteras y la inmigración irregular. Por supuesto que el principio humanitario siempre está presente, pero no podemos desnaturalizar FRONTEX y convertir esa task force en una agencia de salvamento marítimo y de rescate porque generaría un efecto llamada, de tal suerte que sería peor el remedio que la enfermedad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.




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4.14. PREGUNTA SOBRE LOS AVANCES EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO Y LAS PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO.

(Núm. exp. 680/000643)

AUTORA: CARLOTA RIPOLL JUAN (GPP)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Fomento.

Pregunta de doña Carlota Ripoll Juan.

Tiene la palabra su señoría.

La señora RIPOLL JUAN: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, en época de escasez de recursos lo importante es priorizar, y eso es algo que en el ministerio que usted dirige saben bien, como lo demuestra la clara apuesta del Gobierno por el corredor mediterráneo como infraestructura clave en la potenciación de nuestra mejora en las comunicaciones y las consecuencias económicas que ello tendrá para nuestro país. Y si las tiene para nuestro país las tiene también para Europa, como lo demuestra la introducción de esta infraestructura en el Programa Conectar Europa como eje prioritario y diferenciado en la red transeuropea de transporte dentro del marco financiero plurianual 2014-2020.

Los ferrocarriles españoles utilizan un ancho de vía más amplio, el llamado ancho ibérico, lo que significa que los vagones no pueden ser conectados directamente a las vías francesas y a las del resto de Europa, donde se utiliza el estándar europeo UIC. A este respecto, señora ministra, quiero felicitarla por la puesta en marcha de la alta velocidad de pasajeros, que desde hace cuarenta y ocho horas nos comunica ya con Europa. Por ello, transformar, adaptar e implementar nuestra red ferroviaria resulta de vital importancia, como lo fue convertir una idea en una realidad, tal como ha hecho el Gobierno del Partido Popular desde el primer momento.

La entrada en servicio de esta infraestructura estratégica supondrá un verdadero punto de inflexión en las exportaciones y el tráfico comercial que discurra por el territorio español desde Algeciras hasta la frontera francesa. Por tanto, el servicio ferroviario prestado por el corredor mediterráneo contribuye a mejorar la competitividad de la industria turística y la logística de las empresas, con un claro impulso positivo sobre la economía de la zona y, por tanto, del conjunto de España, impulsando la producción, la productividad y la creación de empleo y contribuyendo a la cohesión y la vertebración territorial, todo lo cual revierte en una evidente mejora económica y, por tanto, también social. Se trata de una obra vital para seguir creciendo en cuota de mercado, prevenir la pérdida de ventajas comparativas y, consiguientemente, aumentar el poder de la atracción a la inversión. También va a propiciar el crecimiento de la actividad logística en los puertos del Mediterráneo, poniéndonos a nivel de los potentes puertos del norte de Europa, fácilmente conectados con los corredores europeos y de los que nadie duda de su valor como polo de riqueza, favoreciendo así la intermodalidad.

Espero que me permita la licencia, ya que estamos en la Cámara territorial, que haga mención a mi tierra, la Comunidad Valenciana, cuya industria turística y sus empresas de cerámica, cítricos, mueble, calzado, juguete o automoción, por citar algunas, tan beneficiadas se verán a la par que la conexión al ancho internacional con los puertos de Castellón y Valencia, en 2015, y de Alicante, en 2016.

Estamos indudablemente ante la infraestructura y el activo económico más importante de los últimos años en la mejora de las comunicaciones, que nos coloca de pleno en el mapa del transporte europeo y abre un abanico ingente de posibilidades al crecimiento de España. Pero su ejecución requiere de una planificación importante y detallada tanto en el tiempo como en lo económico, sin PowersPoints ni partidas consignadas y nunca ejecutadas.

Por ello, señora ministra, respecto de los compromisos adquiridos por el Gobierno en relación con el corredor mediterráneo, le pregunto sobre cuáles han sido los avances y qué previsiones tiene a corto y medio plazo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ripoll.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.




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Señora Ripoll, voy a enumerarle, efectivamente, los avances de ese proyecto prioritario para el Gobierno y creo que prioritario para la economía y para todos los ciudadanos españoles que es el corredor mediterráneo.

Tras casi dos años de trabajo del Gobierno, el corredor mediterráneo hoy es una realidad. Le hemos dedicado ya 2433 millones de euros en los presupuestos de 2012 y 2013, y en el de 2014 destinaremos 1005 millones de euros. Esto, señoría, significa iniciar y sobre todo culminar esa gran infraestructura.

Lo primero que hemos hecho es la puesta en servicio de la línea de alta velocidad entre Barcelona y Figueres —lo que hicimos, como sabe, a principio de este año—, que ha permitido que desde el domingo, por primera vez en la historia de los dos países, Francia y España, cinco trenes diarios de alta velocidad conecten diecisiete importantes ciudades de los dos países. Eso significa, señoría, que por primera vez la vía del tren tiene el mismo ancho que el ancho europeo.

En segundo lugar, señorías, estamos trabajando para la implantación del ancho internacional mediante tercer carril desde Barcelona, Castellbisbal, hasta Murcia y Cartagena. Entre Castellbisbal y Tarragona están adjudicadas ya las obras de todos los tramos, más de 300 millones de euros. Entre Vandellós y Almussafes a finales de 2011 comenzamos a licitar las primeras obras. Ya hemos adjudicado las obras de cinco tramos de vía y electrificación, y tenemos en licitación otros dos tramos, que vamos a adjudicar en enero de 2014. Ya solo está pendiente la licitación de Castelló y Vinaròs, las instalaciones de seguridad, que llevaremos al primer trimestre de 2014.

Señoría, estos avances también van unidos al enlace entre La Encina y Alicante, cuyos proyectos estamos redactando para la implantación del tercer carril. En cuanto a Alicante-Murcia-Cartagena, también se encuentran en redacLción los proyectos. Y hemos puesto en marcha el pasado mes de junio la línea de alta velocidad a Alicante, que, como sabe, forma parte del corredor mediterráneo.

Pero otro impulso importante, señoría, es la conexión de los puertos del Mediterráneo al corredor: el puerto de Barcelona —una inversión de 100 millones de euros—; el puerto de Castellón, cuyo estudio informativo está en información pública y que antes de que acabe el año irá ya al Ministerio de Medio Ambiente; y el puerto de Sagunto, que ya está en el MAGRAMA. Además, señoría, hemos iniciado algo que tiene una especial repercusión en la Comunidad Valenciana: el día 3 de diciembre se ha iniciado el estudio informativo del tren de la costa, que duplicará la vía entre Cullera y Gandía, y una nueva línea entre Gandía y Alicante y la viabilidad de la conexión ferroviaria en Torrevieja. Y en Algeciras, señoría, por primera vez en la historia de esa línea el próximo año 2014 vamos a invertir más de 50 millones de euros para también conectar uno de los puertos clave del corredor mediterráneo.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Termino, señor presidente.

Han sido unos años muy positivos, y sin duda los dos que viene serán definitivos para que el corredor mediterráneo ocupe el lugar que le corresponde en las redes transeuropeas de transporte.

Muchas gracias, señora Ripoll, y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

4.15. PREGUNTA SOBRE LA FECHA EN QUE EL GOBIERNO PIENSA REFORMULAR LOS CONVENIOS BILATERALES QUE TIENE FIRMADOS QUE NO INCORPORAN LA QUINTA LIBERTAD EN EL ÁMBITO AEROPORTUARIO, PARA FACILITAR QUE CUALQUIER LÍNEA AÉREA INTERNACIONAL ATERRICE O DESPEGUE EN CUALQUIER AEROPUERTO DEL ESTADO.

(Núm. exp. 680/000648)

AUTORA: MONTSERRAT CANDINI I PUIG (GPCIU)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Montserrat Candini i Puig.

Tiene la palabra su señoría.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Señora ministra, bo Nadal e Ano Novo. Espero haberlo dicho bien.




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La industria del transporte aéreo, de la que forman parte las compañías aéreas pero también los aeropuertos, ha vivido una gran evolución en los últimos años. Hoy más que nunca existe una competencia feroz entre aerolíneas con el propósito de diferenciarse las unas de las otras y ser capaces de innovar y ofrecer un producto distinto y de valor al cliente final. Solo así se puede concebir el negocio del transporte aéreo, hoy en día en permanente evolución y reinventándose. Ello es válido para las compañías aéreas y debería ser igualmente válido para los aeropuertos, y es que estos deben competir, deben ser capaces de trazar su propia estrategia de modo individual para hallar la mejor forma de posicionarse en el mercado. En esta lógica competencia de mercado, que siempre ha defendido Convergència i Unió, los acuerdos bilaterales de transporte aéreo han supuestos históricamente un freno a la evolución de los aeropuertos. Son una anomalía del pasado y siguen suponiendo en muchos casos una barrera insalvable ante los grandes retos pero también las grandes oportunidades que se presentarán en el futuro.

Por lo expuesto, le preguntamos, señora ministra, cuándo piensa el Gobierno reformular los convenios bilaterales que tiene firmados que no incorporan la quinta libertad en el ámbito aeroportuario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Candini, uno de los objetivos más importantes de este Gobierno es fomentar las conexiones internacionales. Tanto es así, señoría, que vamos a tener un año histórico, un récord histórico, porque vamos a cerrar el año 2013 con casi ciento veintiocho millones de viajeros por los aeropuertos españoles. Este dato, como digo, es récord. ¿Y sabe por qué, señoría? Porque no solo tenemos acuerdos internacionales, sino que en estos momentos ofrecemos nuevas rutas y nuevos destinos. Fíjese, en el aeropuerto de Barcelona operan noventa y ocho compañías aéreas y existen doscientos ocho destinos, de los cuales ciento setenta y tres son internacionales. Y, por cierto, señoría, en mi mesa no tengo pendiente ninguna quinta libertad.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gracias.

Señora ministra, usted dice que quiere reforzar las líneas internacionales, pero yo insisto en que es necesario llevar a cabo una profunda revisión de los actuales acuerdos de transporte aéreo que el Estado español mantiene con países terceros. Algunas de las economías de mayor proyección del momento se hallan en países como China, Japón, Corea del Sur o India; todos ellas son naciones emergentes con una fervorosa actividad económica y con las que nos interesa potenciar también la conectividad aérea. Pero no siempre será a través de las compañías aéreas españolas; de hecho, algunas de las más relevantes aerolíneas del mundo pertenecen a países terceros con los que España mantiene estos acuerdos bilaterales a que hago referencia.

Señora ministra, observe el gráfico que le muestro, donde podrá ver que con el potencial de Barcelona, con los destinos más relevantes a escala global, cerca de tres millones de pasajeros intercontinentales no son atendidos. Estos son datos que utiliza AENA, salen de la central de reservas de todo el mundo, MIDT.

Además, usted sabrá, señora ministra, que la pasada semana el Parlamento Europeo, con 604 votos, votó a favor un informe de la Comisión de la Competencia que insta a investigar a los Estados miembros que no cumplen con lo que representa la competencia abierta y que, por tanto, no respetan los acuerdos bilaterales.

Usted hizo manifestaciones en el Congreso hablando de la quinta libertad y dijo que puede significar mayores ingresos y, sobre todo, mayor voluntad de actividad. Le pedimos, señora ministra, que, por favor, se rectifique y se haga una revisión de estos acuerdos bilaterales, liberalizando la concesión de las quintas libertades.




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Finalizo, señor presidente. Únicamente quiero decirle, señora ministra, que lo puede hacer por pura economía —yo sé que usted es una persona muy consciente y sabe que nosotros la valoramos de manera muy muy especial; es un miembro del Gobierno que siempre demuestra que tiene ganas de diálogo—, por pura economía, repito, por su propia manera de ser, o bien porque le obliguen, porque recibirá una carta de la Comisión Europea que dirá…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CANDINI I PUIG: Acabo ya.

Que dirá que dé cumplimiento al informe de la Competencia, que insta a todos los Estados miembros a dar solución a esta deslealtad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señora Candini, por sus palabras, pero yo estoy aquí, en el Senado, y tengo que decirle unas cuantas cosas que estoy segura de que usted no conoce, porque si no usted no habría hecho las afirmaciones que ha realizado.

Para empezar, señoría, en el año 2012 —que es cuando yo llegué al Gobierno— abrimos ciento treinta y cinco nuevas rutas, y ciento cuatro en el año 2013. Tenemos en este momento ochenta y dos convenios internacionales; de esos convenios hay veinticuatro que contienen derecho a quintas libertades. ¿Sabe, señoría, cuántos países han utilizado las quintas libertades? No se lo va usted a creer: de los veinticuatro que usted habla, solo cuatro las han ejercido. Yo estuve con el señor Kallas hace una semana, he hablado con él de todos los temas, y desde luego no me ha hablado de esto que está usted comentando; y ya le digo que mi última conversación con el señor Kallas, con el que hablo de todo, fue hace una semana. Es justo lo contrario.

Señoría, para que todos los ciudadanos que nos estén escuchando sepan lo que es la quinta libertad, diré que la quinta libertad significa que un vuelo que viene de otro país tercero, que no es la Unión Europea, llega a nuestro país, y ahí bajan viajeros y embarcan nuevos viajeros hacia otro destino, como, por ejemplo, pasa en Barcelona, donde los que vienen —como usted sabe— de Singapur llegan a Barcelona y de ahí van a Sao Paulo. Y eso significa que todos los países tenemos que llegar a acuerdos para que no afectemos a la propia competitividad del tejido industrial y del tejido del sector español, y por eso hay reciprocidad entre los países, y por eso hay que hacerlo con mucha prudencia. Y por eso, señoría, en todos mis viajes internacionales hablo con todos los Gobiernos y llego a acuerdos, y por eso, señoría, se van a abrir nuevas rutas el próximo año —se están abriendo, por cierto, más que nunca en la historia de este país—. Y por eso, señoría, le he recordado que en este momento en España vamos a tener el récord histórico con ciento veintiocho millones de viajeros internacionales, que es un dato espectacular; y parte de ese éxito está también en el aeropuerto de Barcelona. Pero en este momento, señorías, solo hay cuatro compañías aéreas que utilizan derechos de quintas libertades: TUIfly, de Alemania, la LAN, de Chile, en el vuelo entre Madrid y Frankfurt, Air China y Singapore Airlines, entre Barcelona y Sao Paulo.

Por lo tanto, señoría, lo que usted está diciendo no se corresponde con la realidad. Estamos trabajando precisamente porque España es un país turístico y parte del PIB…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Termino ya.

Parte del PIB nacional entra por los aeropuertos. De cada cien viajeros que vienen a nuestro país más de ochenta lo hacen por los aeropuertos. Y por eso precisamente la política del Gobierno es esa, y por eso estamos batiendo récords, y por eso, señoría —y termino—, el aeropuerto de Barcelona es el sexto aeropuerto del mundo y el tercero de Europa que más rutas ha estrenado en el año 2013. Filadelfia, Charlotte, Argel, Casablanca, Nador, Tánger o Fez son una prueba del




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esfuerzo que estamos haciendo en el Gobierno para que nuestros aeropuertos sean un referente y sean este año un modelo de éxito de lo que es la marca España.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

5. INTERPELACIONES

5.1. INTERPELACIÓN SOBRE LAS RAZONES QUE HAN LLEVADO A LOS CAMBIOS QUE SE HAN PRODUCIDO EN LA ESTRUCTURA DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) Y LOS CESES, DIMISIONES Y NOMBRAMIENTOS SUCEDIDOS EN LA DELEGACIÓN CENTRAL.

(Núm. exp. 670/000107)

AUTOR: JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador Iglesias por tiempo de quince minutos.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Gracias, señor ministro. El año 2013 seguramente no ha sido un buen año para la mayoría de la sociedad española, solo para unos pocos. Tampoco lo ha sido para la Agencia Tributaria. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Al menos, desde la perspectiva de su consideración social.

En mi opinión, no se ha informado adecuadamente de los resultados del proceso de regularización de 2012, vulgo amnistía fiscal. Sigue sin haber una explicación plausible de cómo fue posible el famoso error en la atribución y uso del DNI de la infanta, que llevó a la dimisión de la responsable de la Agencia y que actuó de cortafuegos de cualquier explicación posterior. El auxilio judicial en las investigaciones de los casos de corrupción ha dado lugar a informes contradictorios en relación con la validez de determinadas facturas, cuestión de trascendencia porque determinaría la concurrencia o no de delito fiscal. Se ha hecho un uso, vamos a decir benévolo, de la información de la lista Falciani, permitiendo a los defraudadores que se acogieran a un proceso de regularización sin sanción —hay quien logró regularizar sin sanción 200 millones de euros—. Y ahora, según algún medio de comunicación, hay rumores de que pueda haber incluso una exención o bonificación en el peaje de retorno de los fondos aflorados en el exterior. Ninguno de estos argumentos ayuda a que el ciudadano español vea a la Agencia Tributaria como una garantía de independencia en la aplicación del régimen fiscal del que nos hemos dotado.

Pero, como todo es susceptible de empeorar, señor ministro —conoce perfectamente las leyes de Murphy—, el año termina con un problema que se ha gestionado mal, un problema que se acaba convirtiendo en un lío. No es seguro lo peor que ha hecho el Gobierno del Partido Popular en materia fiscal —ojalá—, ni usted, como manifestó un medio de comunicación, tampoco es la encarnación del mal, señor ministro —tiene razón—, pero que la discrepancia con el planteamiento de una inspectora, una funcionaria, en torno a un recurso presentado por una gran empresa dé lugar a su cese y que eso actúe como detonante de una cadena de dimisiones y ceses en la delegación central —un área sensible, porque se encarga del seguimiento de grandes empresas y grandes fortunas—, pero también en otras delegaciones y en otras parte de la estructura de la agencia, en principio da una imagen negativa del funcionamiento de esa agencia.

Ni sé ni debo saber ni le pregunto quién tenía razón: si la inspectora cesada, si la empresa recurrente o si el superior que la desautorizó. No es ese el caso. Pero el cese de cualquier forma no es la repuesta adecuada, señor ministro; no se puede decir que se pierde la confianza política porque un funcionario, como mucho, comete un exceso de celo en la defensa del interés general, pretendiendo que haya una recaudación superior a la que, a tenor del recurso, la empresa planteaba. Si hubo temeridad en el planteamiento de la funcionaria, si su planteamiento confrontaba con el ordenamiento jurídico, la respuesta es otra; la respuesta en un expediente disciplinario, con todas las garantías que ello conlleva. Si la respuesta es el cese no se está respetando algo




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fundamental: la independencia de los funcionarios de la Agencia Tributaria, que es la garantía de la independencia de la propia Agencia Tributaria.

Y el lío, señor ministro, perdóneme, pero se incrementa con sus declaraciones públicas: aquello de que más o menos la agencia era un nido de rojos, cosa que no me puedo creer en ningún caso, aunque lo haya dicho en tono humorístico, informal y hablando con unos periodistas. Usted sabe tan bien como yo que lo que se dice a un periodista uno se arriesga al día siguiente a leerlo en un medio de comunicación. Tampoco es una respuesta adecuada decir que algún medio de comunicación magnifica el conflicto porque está de alguna forma afectado por su situación tributaria. Si hay un chantaje, denúncielo, pero denúncielo en condiciones; y si no, haga un ejercicio de autocontención y responsabilidad política, porque si no la imagen que se traslada es que alguien puede entender que se usa a la Agencia Tributaria como un arma política de amenaza frente al discrepante. Por eso le digo: autocontención, ejercicio de responsabilidad.

Por otra parte, ni el cese ni sus manifestaciones, señor ministro, casan con el discurso de una Administración más profesional y eficiente, que todavía ayer usted nos trasladó en la presentación del proyecto de ley de reforma del régimen local. Una vez más le pido perdón, señor ministro, pero a pesar del espíritu navideño no tengo más remedio que decirle que el que usted se marchara ayer inmediatamente después de presentar el proyecto, sin esperar al turno de portavoces —estoy seguro de que tenía obligaciones inexcusables e inapelables—, visto desde el escaño pareció más bien una espantada del Gallo que la acción de un ministro del reino. Discúlpeme, es mi impresión y le pido perdón por ello, además.

Por contra, se refuerzan argumentos que salen, con esas manifestaciones, de dentro de la propia agencia. Mencionaba antes el portavoz socialista la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. También GHESTA ha manifestado que ellos interpretan los ceses como una injerencia política y que los relevos buscan reforzar una politización de la institución, que en ningún caso es aceptable como acción de un Gobierno, sea el que sea.

Parece que, además, esta crisis ni tan siquiera se da por cerrada con los veintinueve o treinta relevos que se han producido, sino que se anuncian más cambios, aunque, según los datos, desde enero de 2012 hay ya trescientos diez cambios en la Agencia Tributaria, lo cual es un número relevante, aunque sean veintisiete mil sus funcionarios.

Al desafecto que los ciudadanos sienten por la acción política sumamos la proyección de la imagen de que ni tan siquiera somos todos iguales ante la justicia ni ante la Administración tributaria. Yo decía el otro día en otro debate que, efectivamente, la Agencia Tributaria a lo largo de su historia ha sido una institución respetada e incluso temida. A lo mejor no es bueno que una institución del Estado traslade temor, bastaría con que trasladara respeto. Pero el problema es que ese sentimiento de respeto o de temor además se distribuye de forma irregular, y son precisamente los de abajo los que sienten más temor y más respeto que los de arriba, aunque solo sea porque vivimos en una sociedad injusta y desigual y, evidentemente, los de arriba siempre van a tener más armas de defensa de todo tipo frente a las administraciones, aunque solo sea porque pueden disponer de gabinetes jurídicos muchos más potentes que un contribuyente pyme, trabajador asalariado o autónomo. Y no proyecto sobre usted la responsabilidad de esa realidad, es una realidad económica y social.

La agencia es clave para garantizar ese principio de igualdad y para ganarse el respeto de todos los contribuyentes, desde la gran empresa al pensionista, y para ello debe hacer una constante exhibición de su independencia; y en las estrategias a desarrollar, seguramente cambiar alguna de las prioridades de los Gobiernos —ni tan siquiera digo de su Gobierno— en la lucha contra el fraude. Los datos son sobradamente conocidos, pero los reproduciré rápidamente. La evaluación que ha realizado precisamente GESTHA hasta mediados de este año de los dieciocho meses de lucha contra el fraude indica que se logró actuar sobre el 19,3% de la evasión fiscal en ese periodo. Nos queda un 80% de evasión fiscal sobre la que conseguir una actuación eficaz.

La Comisión Europea alerta de que con la crisis aumenta el fraude. Tampoco hacían falta grandes estudios, uno ya podía intuir que la crisis económica alentaba el fraude, en unos casos incluso por necesidad de supervivencia y en otros porque la crisis es una oportunidad —ustedes no se cansan de decirlo—, también es una oportunidad para los grandes defraudadores. Y según ese informe de la Comisión Europea, a pesar del importante incremento de los tipos del IVA, el tipo efectivo, lo que se percibe, es, si no me equivoco, del 9,7%, mientras que la media europea, con




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tipos en algunos casos inferiores, se sitúa en el 12,3%. Se calcula que solo en este impuesto, en el IVA, el fraude anual asciende a 17 176 millones de euros, es decir, un 1,6 del producto interior bruto. La bolsa global de fraude representa aproximadamente el 23,3 del producto interior bruto. Y, como muy bien sabe el señor ministro, y reflejan todos esos informes a los que antes hacía referencia, el fraude fundamental es el de las grandes empresas y las grandes fortunas, que es aproximadamente el triple del fraude de las pymes. Por eso, en esa modificación de prioridades y reorganización de recursos no parece lógico que se dedique el 20% de la plantilla de la Agencia Tributaria a combatir a esos grandes defraudadores y el 80% a los pequeños defraudadores, sin que ello signifique en ningún caso que haya que alentar o que yo esté invitando al fraude a autónomos o pymes, sino que la presión debe producirse fundamentalmente allá donde resulta más útil, donde resulta más rentable y eficiente la dedicación de los recursos con los que cuenta la Agencia Tributaria. Las grandes empresas —lo sabe el señor ministro— defraudan el 72% del fraude total, aproximadamente defraudan 42 000 millones al año. Las grandes entidades de crédito contribuyen al erario a través del impuesto sobre sociedades con un tipo del 16,08%, seis puntos menos que las microempresas. Y, por supuesto, seis puntos menos que la mayoría de los asalariados que pagan el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

No me voy a detener, porque ya lo hemos reflexionado en distintas ocasiones, sobre lo que significan las SICAV y las SOCIMI, como una especie de paraísos fiscales internos que aíslan del sistema tributario grandes recursos económicos.

Decía usted en una interpelación similar en el Congreso —y de alguna forma lo ha reproducido hoy en su intervención en respuesta a la pregunta de un senador socialista— que cuando dejaron ustedes el Gobierno los grupos consolidados pagaban un tipo efectivo de entre el 14% y el 15%, que con el Gobierno de Zapatero llegaron a tributar el 5%, y que usted lo consiguió recuperar hasta el 8%. Yo le animo a que siga así y recupere el 14% o el 15%, y para eso va a necesitar una Agencia Tributaria más fuerte y con más recursos económicos. Los Presupuestos Generales del Estado —también lo debatimos la semana pasada— no expresan ese espíritu de refuerzo de la Agencia Tributaria para combatir el fraude, una Agencia Tributaria creíble por los ciudadanos, que no la teman pero que la respeten, que se sientan amparados por ella misma en su condición de contribuyentes, que sepan que no va a haber una acción arbitraria hacia ellos, pero también amparados en el sentido de que la agencia garantiza que se cumplan los principios de justicia y progresividad de nuestro sistema fiscal y que, por lo tanto, que aquellos que pretendan eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales van a tener tras sus talones, sean grandes, pequeños o medianos contribuyentes, a la Agencia Tributaria.

Muchísimas gracias, señor ministro.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente.

Señorías, senador Iglesias, tomo buena nota de su reproche acerca de la ausencia parcial de ayer, pero le aseguro que no podía estar ya más en el Senado. Voy a batir todos los récords de estancia, por supuesto, con mucho gusto, en todas las sesiones del Senado. No sé si conocen a alguien que haya estado más en estos Plenos. Estoy seguro de que no. Para mí es un honor y me gustaría estar más, créame, pero también hay otras responsabilidades que desarrollar en un puesto como el que ocupo.

Dicho esto, ha hecho usted una valoración durante su intervención, y entiendo sus dudas y el sentido de la interpelación, pero a ese respecto he de aclararle, de la forma más precisa pero también más tajante, que no hay ninguna injerencia política en la Agencia Tributaria. Lo digo con la total tranquilidad de quien ha tenido la responsabilidad política máxima en su sexto año de mandato. Estoy a punto de cumplir seis años como ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas en esta segunda legislatura —la primera, siendo ministro de Hacienda del Gobierno de España—, y no hay ninguna injerencia política en la Agencia Tributaria. Puedo expresar, incluso, mi convencimiento de que no la ha habido con otros Gobiernos. ¿Sabe por qué? Porque la Agencia Tributaria está constituida por veintisiete mil funcionarios, profesionales, por diferentes estamentos




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de funcionarios. Y no me imagino a nadie, a nadie, en el puesto máximo de un Gobierno dando la instrucción pertinente a un funcionario ubicado en cualquier departamento de la Agencia Tributaria. No me lo imagino.

Y es bueno que eso lo sepan los ciudadanos, porque, imagínese la situación: ellos van a continuar ahí —yo un día dejaré de ser ministro, como ya ocurrió en el año 2004—, pero ellos van a seguir ahí, desarrollando plenamente su carrera profesional. Y le aseguro que ninguno de ellos aceptaría una injerencia política. Me consta. Lo he hablado con ellos. ¿Hay algún caso de injerencia política que se pueda denunciar? No la hay. Con toda seguridad. Y los españoles tienen que saber que tienen instituciones fiables, ciertas, que podrán equivocarse o no, como en cualquier acción humana, pero que no responden a iniciativas políticas, sino al seguimiento y cumplimiento de los tributos.

Por cierto —y en esto discrepo de su señoría—, yo sí creo que el ciudadano, sea contribuyente, persona física o empresa, tiene que tener un cierto temor a la Agencia Tributaria. Sí. El temor de incumplir. ¿Qué clase de presión se ejerce cuando uno está cumpliendo sus obligaciones tributarias fielmente? ¿Qué temes? Ahora resulta que ser sometido a una inspección tributaria es fuente de temor. ¿Por qué, si estás al corriente del pago de los impuestos que te corresponden? ¿Cuál es el temor? ¿No tienes suficiente transparencia en tu contabilidad, en tu acción económica?

En todos los lugares del mundo las inspecciones de las agencias respectivas producen cierto temor, no lo vamos a negar ahora desde la tribuna. Desde luego, eso pasa en todos los lugares del mundo. Pero no puedo entender cómo hablar de inspecciones tributarias es equivalente a una presión. ¿Sobre quién? Será sobre el incumplidor y, desde luego, este tiene la presión del ministro de Hacienda. Que conste, que vaya esto por delante. Vamos, sin matices ni complejos. Al incumplidor de esas obligaciones tributarias hay que cortarle el paso. En cualquier circunstancia, pero en la crisis fiscal del Estado, cuando tenemos que reducir el déficit público para acabar con esta crisis económica, el incumplimiento de las obligaciones tributarias es doble delito.

Está causando la crisis económica. Nadie debe defraudar por la crisis económica, algo que también ha planteado su señoría desde la tribuna. ¿La crisis económica es la causa? No. Si esa es la reacción a la crisis económica, está provocando más crisis económica. Y eso nos lleva a que haya más déficit público, a que haya insuficiencia tributaria y, a partir de ahí, a que causemos más crisis y más paro. Esa es la secuencia. Por tanto, no hay ninguna justificación, ningún pretexto para que pueda haber incumplimiento de las obligaciones tributarias.

La Agencia Tributaria es de los mejores organismos de aplicación de la legislación tributaria del mundo, de los mejores, de los más avanzados, de los que mejor gestionan, de los que con menos funcionarios mejor gestionan esa acción de control y de ejercicio de liquidación tributaria. Y lo hace además con la tecnología más avanzada del mundo, como se ha reconocido también en innumerables ocasiones, plasmadas en premios a la Administración más avanzada. Por ejemplo, sin la Agencia Tributaria no hubiera sido posible hacer el pago a proveedores, manejar decenas de miles de facturas procedentes de todas las administraciones públicas de España. Eso lo permite la tecnología de la Agencia Tributaria, que es capaz de detectar hoy un pago que se corresponde con una tarjeta de una cuenta en el extranjero que no ha sido declarada. Eso es capaz de hacer la nueva tecnología en el seguimiento del control tributario. Si usted tiene una tarjeta de una cuenta no declarada, va a saltarle en los ordenadores a la Agencia Tributaria y a continuación va a recibir ese apercibimiento.

Por tanto, esto es lo que tenemos en España, una de las mejores instituciones, de las más fiables del mundo y también de las más avanzadas tecnológicamente. ¿Tenemos que seguir mejorándola? Sin duda alguna, porque realmente nos va mucho en ello, pero podremos hacerlo desde la fiabilidad y la confianza que da el tener esa calidad y esa categoría de Agencia Tributaria, capaz de enviar borradores anticipados de la declaración del impuesto sobre la renta a millones de contribuyentes. Yo fui el ministro de Hacienda al que le tocó aquello y, cuando mis colaboradores de la Agencia Tributaria me dijeron que lo íbamos a enviar a los domicilios de los contribuyentes, les tengo que confesar que yo mismo no me lo creía. ¿Vais a ser capaces —les dije— de enviar millones de borradores de declaraciones a los contribuyentes del impuesto sobre la renta? Pues eso es la Agencia Tributaria. Y, por tanto, vamos a ponerla entre todos en valor.

¿Qué ha ocurrido recientemente? Que ha habido cambios en la dirección de la Agencia Tributaria. Se ha producido la dimisión de la anterior directora. Y a partir de esos cambios, el nuevo




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director general es lógico que trate de formar sus equipos. Va sustituyendo un funcionario por otro funcionario, porque el máximo directivo entiende que está más capacitado. Eso es la libre designación, en la Agencia Tributaria y en toda la Administración pública. El funcionario que cesa en la libre designación va a otro puesto de trabajo, no se va a su casa, o sea, va a otro puesto de trabajo para seguir trabajando en la Agencia Tributaria. Por tanto, este dilema que se ha planteado también, se trata de algo que siempre ha ocurrido. Y como he dicho antes en la respuesta a un senador del Grupo Socialista, ¿es que no ocurrió así cuando yo dejé de ser ministro? Cuando llegó el Gobierno socialista cambió a todos los directivos de la Agencia Tributaria. Nadie dijo nada y yo estaba todavía sentado en los escaños de la oposición. ¡Oiga, hasta lo encontré natural! Cuando lo hace un Gobierno del Partido Popular, hay caza de brujas. ¡Es sensacional, es magnífico! ¡Es que es una cosa maravillosa! ¡Persecuciones ideológicas! No hay como tener la experiencia vivida para saber de qué se habla. Es decir, cuando cambiaron a los míos, ni una palabra. ¿Los pusieron en puestos directivos? A ninguno. Fue lo más natural, para eso llegaba un nuevo Gobierno, un Gobierno de izquierdas. ¿Qué hizo el Gobierno de izquierdas? Que los grandes contribuyentes pagaran menos a Hacienda. ¡Magnífico también! ¡Excelente resultado! Eso son cifras, señor Iglesias, son resultados.

¿Cuánto pagaron los grandes contribuyentes con el último Gobierno socialista? Son cifras. ¿Cuánto procede del control tributario de los grandes contribuyentes? Son cifras. No me venga con estimaciones, el fraude fiscal, hipotéticamente sobre cien, hoy es perseguido al 19,3%. Estimaciones. Cifras. Cifras de recaudación. Cifras del control tributario. ¿Está subiendo o está bajando el control tributario de los grandes contribuyentes? Está subiendo. Son cifras, otra vez. Y, señor Iglesias, tengo desventaja en la parte política que desarrollo, yo pondré más o menos sentimiento en las cosas, pero yo hago política de cifras, la parte política que me corresponde son cifras, lo demás son conjeturas, especulaciones, que es muy interesante en la vida política, en la vida personal, en la información periodística, etcétera. Cifras, señorías, cifras. ¿Con este Gobierno ha subido la recaudación del impuesto sobre sociedades para los grandes contribuyentes, sí o no, señor Iglesias. ¿Lo sabe? Se lo recuerdo, 4800 millones de euros en un solo año. Cifras. ¿Ha subido, como decía su señoría, el tipo efectivo de gravamen de los grandes contribuyentes en España? Con un Gobierno de derechas, sube la recaudación de los grandes contribuyentes. Es así, señor Iglesias, porque así es la realidad de la vida.

Cuando volví a ser ministro me pregunté: ¿pero es que esto no lo veía el Gobierno anterior? ¿No lo veía el Parlamento anterior? ¿No veían donde estaba la recaudación de los grandes contribuyentes? Cifras, señor Iglesias. Lo de persiga el fraude, etcétera, son especulaciones. Usted lo ha llamado estudios. Estudios especulativos, lo llamo yo.

Yo tengo que tener resultados, tengo que tener una recaudación porque me juego el país entero en esa recaudación, tengo que tener recaudación en términos equitativos, que paguen más los que más pueden pagar a la Hacienda pública. Eso son cifras, resultados, lo demás son prejuicios ideológicos. ¿Qué va a hacer la derecha cuando llegue al Gobierno? Pues recaudar más, miren ustedes por donde, y recaudar más de los grandes contribuyentes, las cosas son así, en este país por lo menos, en España, y cada uno se pone sus medallas.

Algunas de las acciones a las que se ha referido su señoría esta tarde ni siquiera son de este Gobierno. La regularización de la primera lista de Falciani no es de este Gobierno, eso dígaselo a los anteriores, no me lo diga a mí, no me tiene que espetar esto. Eso es del anterior Gobierno. Y eso no ocurre con este Gobierno, porque estamos aplicando en términos legislativos lo que corresponde hacer pero no hay procedimientos de ningún tipo de carácter diferente. Se trata a todos por igual.

Usted se ha referido a un expediente de la Agencia Tributaria y voy a acabar esta primera intervención haciendo esta consideración, ¿está usted seguro de que lo que se dice de ese caso es así? Imagínese que en la Agencia Tributaria se empezaran a producir filtraciones de casos. Imagínenselo todos. ¿Qué sería de la sociedad española? Imagínense que la información acumulada en los ordenadores de la Agencia Tributaria o en los expedientes que llevan adelante esos procesos se va filtrando, ¿qué ocurriría? Pues algo que no va a ocurrir mientras yo siga siendo ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de España. Y por eso hay una investigación interna, para aclarar quién ha tenido acceso a determinado expediente, quién ha presentado una información que no se corresponde con la realidad de determinado expediente;




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por tanto, se va a cortar de raíz cualquier filtración a cualquier medio de comunicación que proceda de la Agencia Tributaria, porque eso es lo que hace fiable a un país y a una institución.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señor ministro, vaya terminando.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Y estoy seguro de que en ese aspecto hasta usted, señor Iglesias, coincidirá conmigo en que guardar la máxima confidencialidad es un valor tan estricto y tan seguro para todos que de ello no se desprende más que ventajas en términos también de tratamiento equitativo de todos los contribuyentes de España.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señor ministro.

Al amparo del artículo 87, tiene la palabra el senador interpelante, por un tiempo de cinco minutos.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, primera cuestión. Para hablar con absoluta legitimidad de la descalificación de las filtraciones, uno previamente no puede haber hecho insinuaciones, señor ministro; uno no puede haber insinuado que los artistas de cine o de teatro protestaban contra la subida del IVA porque pagaban sus impuestos fuera de España o no los pagaban; o no puede uno insinuar que determinado medio de comunicación anuncia a bombo y platillo las denuncias porque tiene problemas con el fisco, porque esa es otra filtración no oficial pero de suficiente calado como para que —insisto una vez más— un responsable político deba actuar con más responsabilidad.

Segunda cuestión. Filtraciones, no. Pero, señor ministro, sí estoy de acuerdo con su idea de publicar el listado de defraudadores —no sé si esto lo reservaba para su segunda intervención—; tiene mi pleno apoyo a esa decisión cuando la adopten.

Tercera cuestión. Injerencias políticas. En cuanto a los ceses y las dimisiones, le diré que no todos heredaron su puesto del anterior Gobierno, sino que fueron ustedes los que nombraron a algunos de los cesados. Se supone que eran de su confianza política, y lo que se trasluce de por qué ellos dimiten o ustedes los cesan por sus manifestaciones es que entienden que ha habido una injerencia política.

Cuarta cuestión. Me ratifico: en una democracia, los ciudadanos nunca deben sentir temor respecto a los poderes públicos. Nunca, porque han de sentir la garantía del amparo de sus derechos y, evidentemente, cuando vulneren las leyes, asumirán la responsabilidad que les corresponda, pero no deben sentir temor. Y para poder emplear la autoridad que usted ha utilizado, en relación con la necesidad de luchar contra el fraude y el compromiso político del Gobierno, para que de verdad tuviera una repercusión contundente, hubieran sido necesarias otras reformas de su Gobierno. En primer lugar, yo reconocí el incremento de la contribución; acepté los datos que usted dio en el Congreso y aquí reprodujo, pero tampoco proyecte la responsabilidad hacia todo el mundo, porque en aquel Parlamento, en el que ustedes estaban en la oposición, tampoco presentaron ninguna proposición de ley para modificar el sistema fiscal e incrementar el gravamen de esas fortunas. En aquel momento, guardaron un silencio complaciente con esas decisiones del Gobierno; éramos nosotros los que no compartíamos y denunciábamos, señor ministro.

Quinta cuestión. Las cifras. Yo no barajo cifras especulativas, utilizo informes de la Comisión Europea; esos informes de la Comisión Europea que sirven para que tome decisiones que luego nos imponen. Por tanto, tienen validez, importancia y trascendencia. Y, además —y acabo ya—, dentro de esas reformas a las que hacía referencia, es cierto el incremento de la contribución de las grandes fortunas. Pero, vuelvo a decir, la estructura del impuesto sobre sociedades es absolutamente injusta, pues las pequeñas empresas pagan un tipo superior al de las grandes empresas, y ustedes todavía —no sé si en la reforma fiscal de 2014 lo llevarán a cabo— no han tomado ninguna decisión para combatir esa realidad.

Y, luego, siguen sosteniéndose mecanismos de elusión fiscal. Una cosa es el fraude fiscal y otra, como bien sabe el señor ministro, elusión fiscal, el mantenimiento de mecanismos que permiten sustraer a la tributación patrimonios, fortunas, ingresos. Esos siguen vigentes hoy y mientras no se acabe con tales mecanismos no se podrá decir que de verdad se está haciendo




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una política que pretende conseguir recaudación a partir de un sistema fiscal más justo en el que quien más tiene más contribuye, porque es falso. Podrán haber conseguido ustedes que se recaude más pero eso no significa que hayan hecho más justo el sistema. El sistema sigue siendo igual de injusto porque, como muy bien sabe también el señor ministro, se ha incrementado el peso en el sistema de la contribución a partir de impuestos indirectos, que nos hacen a todos iguales por desigual que sea nuestra fortuna, y en los impuestos directos la columna vertebral sigue siendo el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que hace que cualquier trabajador asalariado pague por sus ingresos un tipo superior que cualquiera de esas grandes empresas y grandes fortunas a las que usted ha hecho referencia.

Por lo tanto, el resultado sigue siendo injusto aunque la recaudación sea mayor. Muchísimas gracias, señor ministro. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Iglesias.

Al amparo del artículo 84.4, en nombre del Gobierno, cierra el debate el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por tiempo de cinco minutos.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Iglesias, en primer lugar y para cerrar el asunto de la Agencia Tributaria, sepa que la propuesta que hice la semana pasada en el Congreso de los Diputados es la relativa a que entre todos seamos capaces de formular un estatuto para la Agencia Tributaria, pues está pendiente desde el año 1990. Desde su creación no se ha desarrollado y creo que, en paralelo al Estatuto de la Función Pública, debemos abordarlo a lo largo del año que viene en el marco de la reforma tributaria.

En segundo lugar, he de reiterarle la intención de que dentro de esa reforma tributaria modifiquemos el artículo 95 de la Ley general tributaria en cuanto a la difusión de la morosidad frente a la Hacienda pública y, por supuesto, frente al fraude. En un ejercicio de transparencia la sociedad española tiene derecho a conocer quiénes no están al tanto del pago de sus impuestos. Por tanto, el próximo año también vamos a proceder a lo que fue esa iniciativa.

A partir de ahí, tengo que decirle que lo que usted califica de insinuaciones no lo son, son aseveraciones. La Ley general tributaria nos obliga a todos, por supuesto a mí el primero, a no revelar ningún dato de ningún contribuyente pero sí puedo hablar de grupos de contribuyentes para decirle a la sociedad española, que realmente tiene derecho a conocer, qué es lo que está ocurriendo con el pago de los impuestos en grandes áreas de cualquier tipo de actividad económica. Tienen derecho a saberlo. Por lo tanto, yo no estoy haciendo insinuaciones, como dice usted, yo estoy haciendo aseveraciones y afirmaciones, y puedo hacerlas dentro de la ley.

Por cierto, he leído algunas cosas que se dicen sobre la ley con las que no estoy de acuerdo. Para que el ministro de Hacienda pueda impulsar sus iniciativas políticas sobre modificaciones de orden tributario tiene que conocer la realidad de los contribuyentes, faltaría más, si no estaríamos teorizando. ¡Imagínense la situación! Sería como reconocer que no sé de qué hablo cuando hago una propuesta de iniciativa tributaria. ¡Si es que estoy obligado! Y, por supuesto, me siento moralmente comprometido con la sociedad española a la hora de explicar que hay problemas con la recaudación tributaria de ciertos grupos de contribuyentes. Y eso no tiene nada que ver con lo que usted ha dicho aquí. Si hay personas muy relevantes en España que no tributan aquí creo que está bien conocerlo. A mí me parece que es normal saberlo, y no digo que sea ilegal, sencillamente digo que no están pagando sus impuestos en España. Creo que esto es algo que debemos conocer todos para entender determinadas personalidades.

Y lo mismo ocurre con los políticos. No puedo entender que personas que se dedican a la vida pública no estén al cabo de la calle no con la Agencia Tributaria, sino con el pago de sus tributos. No lo puedo entender, señor Iglesias, y como no lo puedo entender, también vamos a modificar la ley para que no sea posible que los grupos políticos tengan problemas con el pago de los impuestos y sigan cobrando subvenciones. Eso no puede ser. Todos estamos obligados, y los primeros quienes estamos en la vida pública, porque si no, todos ustedes entenderán que debiéramos dedicarnos a otra cosa donde, por supuesto, habría otro tipo de conductas más o menos justificadas, pero en absoluto es admisible, bajo ningún precepto ni condición. Cuanto más estás en la vida pública, más garantizado tiene que estar tu efecto reputacional por el fiel




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cumplimiento de las obligaciones tributarias. Eso es así y debe ser así. Y desde luego, vamos a hacer que sea así, incluyendo incluso cambios normativos para impedir situaciones como las que se están dando en la vida política española, que quienes hablan del fraude son aquellos que tienen que estar mejor en el pago de sus impuestos. Tan coherente como eso. ¿Verdad que está de acuerdo, senador? Totalmente de acuerdo.

Ahí es hasta donde yo llego en mi expresión pública. A veces me expreso tan mal, tan incorrecta y tan torpemente que no se me entiende y se me da otro tipo de interpretación, porque cada vez se me entiende peor, sin duda alguna, pero yo creo que sí se entiende suficientemente el mensaje de lo que se está transmitiendo. A partir de ahí, vamos a estar de acuerdo con la iniciativa, con la moción que presente su grupo, el Grupo Parlamentario Mixto en el Senado, y por descontado, también la veremos desde los ámbitos de la Administración, del Gobierno, para que podamos llevar adelante iniciativas positivas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Iniciativas que hagan progresar la fiabilidad de nuestras instituciones y que avancemos en esa credibilidad lo máximo posible.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor ministro.

5.2. INTERPELACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DESARROLLADA POR EL GOBIERNO Y SU RESPETO A LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS Y AL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO DE LA SEPARACIÓN DE PODERES.

(Núm. exp. 670/000108)

AUTOR: ENRIQUE CASCALLANA GALLASTEGUI (GPS)

El señor vicepresidente da lectura al punto 5.2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador interpelante por tiempo de quince minutos.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, bienvenido a esta sesión. Pretendo hablar sobre las libertades y los derechos fundamentales, los derechos humanos, y me viene a la memoria, dado que usted prometió en esta Cámara hace ahora veintiún meses que iba a asistir a una sesión de control, esto de las ofensas a las instituciones, algo que le preocupa a usted en su ley de seguridad ciudadana, algo que usted califica como falta grave. Fíjese usted el respeto que ha mostrado al Senado, a esta Cámara, cuando usted comprometió su presencia en la Comisión de Interior hace veintiún meses y todavía no ha asistido. No sé cómo lo calificaría usted. Desde luego yo me siento ofendido como representante de los ciudadanos madrileños que me han elegido y siento también una ofensa hacia la labor del control parlamentario, que es básico en el sistema democrático de esta institución. No sé si sería una falta grave, una falta leve o un simple acto de infracción administrativa. No sé cómo lo calificaría usted. Para mí es muy grave.

Le digo esto porque le quería recordar —no podía pasar de otra manera— el tiempo que usted lleva despreciando a la Comisión de Interior. Señor ministro, yo me asombro por su capacidad para crear problemas. Me asombro de que usted, que es el ministro que mejores resultados ha encontrado siendo ministro de la democracia española —me da igual hablar de la seguridad vial, del terrorismo, de los índices de delincuencia, de la percepción de la seguridad ciudadana—, usted que tiene unos datos que francamente le harían ser un ministro muy valorado, como han sido todos los ministros del Interior, no parece que sea el caso. Ni siquiera ha tenido el problema de la presión migratoria. Ni siquiera. Hoy vemos como el INE nos habla de doscientos mil extranjeros menos, inmigrantes, trabajadores españoles en definitiva, en nuestro país. Sin embargo, usted cada vez que tiene que hacer frente a cualquiera de estas situaciones lo hace con alarma social.

Señor ministro, lo único que hay en este momento es un constante incremento de la respuesta ciudadana al Gobierno de la nación. Pero tanto usted como el señor Cosidó han afirmado que las




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manifestaciones se han desarrollado, en general, con un carácter de amplia madurez democrática, protestas cívicas, contundentes pero cívicas, donde tan solo —y son datos de usted, de su ministerio— en el 0,44% de esas miles de manifestaciones han tenido que intervenir de alguna manera los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía. Esta es la verdadera situación de este país, un país, como le digo, que tiene en este momento una política de éxito.

Por lo tanto, ¿qué extraña razón le está moviendo a usted a limitar los derechos fundamentales, señor ministro? Y no me diga que no los limita. Todo el mundo coincide en este campo, a nivel internacional y a nivel nacional. Limita el derecho de huelga, o tratan de limitarlo, mejor dicho, limitan el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión y, sin duda, le puedo decir que no los limita usted por problemas de la seguridad de los españoles, que no sienten esa percepción, como le he dicho anteriormente, no los limita usted por eso, tampoco los limita por la protección a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los cuales, por cierto, con su ley de seguridad privada les pone en un mal lugar en este momento.

¿De dónde le viene a usted esta obsesión por el orden público, y digo por el orden público, no por la seguridad ciudadana? Me recuerda a su presidente honorífico cuando decía aquello de: la calle es mía. Me recuerda etapas que nada tienen que ver con el período democrático, señor ministro, y en este momento no podemos seguir de esa manera tan obsesiva con los temas de la seguridad ciudadana. ¿Por qué intenta cambiar un modelo de prestigio a nivel internacional? Si los datos son buenos, si es un modelo de éxito, ¿por qué pretende usted cambiarlo?

La marca España, la marca país, de la que usted ha hablado mucho, está siendo permanentemente deteriorada en el exterior por sus políticas, entre otras cosas, señor ministro. Yo le quiero recordar en este momento las recientes declaraciones de miembros del Consejo de Europa, de la Comisión Europea. Le hablo del control, por ejemplo, de la frontera de Melilla, unas declaraciones a las que se ha sumado el propio fiscal general del Estado, que dice claramente que las cuchillas en la frontera no es un proceder ajustado a derecho. ¿No le parece a usted que si no hay una presión migratoria, si todos los organismos internacionales están preocupados no debemos confrontar con los organismos internacionales? Es una cuestión de derechos humanos, señor ministro.

Habría que preguntarse cómo queda en evidencia también nuestra imagen internacional —y luego le hablaré de esta cuestión— de transparencia internacional. España es el segundo país donde más aumenta la percepción de la corrupción, solo superada por Siria. Me parece que el dato es escalofriante, señor ministro. Ni una palabra para afrontar la lucha contra la corrupción en este país, luego hablaremos de eso, o cómo se evidencia también cuando ustedes no digieren sentencias de tribunales que son parte del derecho español, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sus declaraciones pidiendo al Partido Socialista de Euskadi que condene no se sabe qué cosas. Ya hemos condenado el terrorismo, señor ministro, y nunca hemos hecho política partidista sobre el terrorismo, lo sabe usted perfectamente. Por lo tanto, respeten ustedes las leyes, que yo creo que es algo importante para todos nosotros.

No hay razones objetivas para esta fiebre legislativa dudosamente constitucional que está desarrollando, señor ministro. Es verdad que el Gobierno está acosado por constantes protestas, pero no cabe una anestesia a través de una ley, señor ministro. Sus propios escándalos de corrupción económica y política están haciendo mucho daño al sistema democrático. Las protestas responden a recortes en derechos sociales como nunca se había visto en este país; a su reforma laboral, que día tras día tenemos que ver aquí cómo la pregonan con sus virtudes cuando hay un millón más de españoles sin trabajo; a los recortes en las pensiones, que hemos vivido aquí esta misma semana; recortes en salud, en educación, en dependencia, implantación de las tasas judiciales, incremento de las tasas universitarias y de los desahucios. Esos son los motivos de las movilizaciones en nuestro país.

Señor ministro, a cada movilización que hemos visto reaccionan con un anuncio de restricción de libertades. Han lanzado mensajes de todo tipo, desde autoridades políticas, diciendo que hay que limitar el derecho de reunión, que hay que limitar el derecho de huelga. Recientemente nos hablan de la ley de servicios mínimos. Veremos en qué queda la ley de servicios mínimos con respecto a la huelga. Pero es que lo dicen inmediatamente después de la huelga de limpieza de Madrid, permanentemente reaccionan a golpe de Telediario y lo hacen con iniciativas legislativas, como es el caso. La delegada del Gobierno en Madrid, hablando de la Plataforma de Afectados




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por la Hipoteca sobre la que le pregunté en su momento, ha dicho cosas como esta: parece que tienen ciertas inquietudes de apoyo a grupos filoetarras o proetarras. Es decir, a organizaciones sociales que luchan para evitar desahucios las llamamos proetarras o filoetarras desde autoridades del Gobierno, señor ministro.

En esta situación, con estos antecedentes, señor ministro, nos presenta esta ley de seguridad ciudadana y nos presenta el anuncio de una ley de servicios mínimos que va a limitar el derecho de huelga. Una deriva autoritaria que va a reducir garantías, garantías de derechos fundamentales, garantías judiciales, porque la transformación en infracciones administrativas va a eliminar estas garantías judiciales, y convierten al Ejecutivo en juez y parte, señor ministro —se lo están diciendo las organizaciones judiciales de todo tipo—. Es una ley que trata de contener la protesta, una ley de represión ciudadana. Señor ministro, una ley con la que, para responder al deterioro de la política, a usted no se le ocurre otra cosa que tratar de blindar el Congreso, el Senado, las asambleas autonómicas… Usted está planteando en una ley algo que no tiene nada que ver con la preocupación de los ciudadanos. Los ciudadanos claro que quieren reclamar a sus representantes respuestas a sus problemas. Y no se resuelve blindando las instituciones democráticas, señor ministro, sino abriéndolas, que es algo muy distinto.

También en este caso ustedes nos han planteado otra iniciativa. Y le pongo solamente dos ejemplos sobre las ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas, a las entidades locales, a las instituciones, a los símbolos, a los himnos. Señor ministro, si esto fuese así, ¿por qué ustedes veían con buenos ojos y el anterior presidente del Gobierno nunca planteó nada cuando había actos de insulto a las instituciones en el Día de la Hispanidad? Ustedes estaban allí presentes y jamás dijeron nada. Es lógico que la gente proteste, es lógico que la gente se manifieste, y no se resuelve por la vía de la sanción administrativa, señor ministro.

Señor ministro, han criminalizado, como le he dicho anteriormente, los movimientos de solidaridad. Le he puesto el ejemplo de los desahucios, pero le podría poner muchos más ejemplos. Mañana criminalizarán a los sindicatos, no le quepa la menor duda, con esta ley de servicios mínimos. Han pasado del discurso de sentirse apoyados por una llamada mayoría silenciosa a desear una mayoría, como le dijeron en el Congreso, silenciada. Señor ministro, con estas leyes nos están retrotrayendo al túnel del pasado. Y lo hace en la más absoluta soledad. Se lo he dicho antes, sindicatos de la Policía y la Guardia Civil se lo han expresado claramente. Dice el SUP: se vendió como una norma para proteger a la Policía y estamos más protegidos por los jueces. Se lo dicen los sindicatos: van a provocar ustedes más crispación con estas leyes. Las asociaciones de jueces, Jueces para la Democracia o la Asociación Francisco de Vitoria, el Foro Judicial o la Unión Progresista de Fiscales les están diciendo lo mismo: dejen de desconfiar de los jueces y no pretendan arrogarse la capacidad de sancionar conductas con discrecionalidad extrema. Todos los organismos, en este caso, todos los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales se lo están comentando. Se lo dicen catedráticos de universidad de todo tipo, por ejemplo, el catedrático de Derecho Penal, Joan Queralt, que sobre el registro de sancionados afirma que es un puro disparate reaccionario y conservador para criminalizar la protesta y la crítica en la calle. No hay un solo sector académico, no hay un solo sector en los jueces o en los fiscales, en los sindicatos de Policía, que apoye esta ley, señor ministro. Y estas críticas unánimes, por supuesto, también se las hace el mundo asociativo, desde Amnistía Internacional a Greenpeace, a cualquier otra organización, incluso la propia defensora del Pueblo en algunos otros temas se las hace día a día, señor ministro. Por lo tanto, si usted quiere acabar con la creciente ola de protestas, señor ministro, sin duda con esta ley no lo va a lograr. Lo que va a conseguir es ampliarla, todo lo contrario de lo que pretende.

Yo le pediría que dejen de liquidar el Estado de bienestar, que abandonen todas sus políticas de involución democrática, que aporte soluciones a la segunda gran preocupación de los españoles. Se lo he dicho antes, la corrupción se ha convertido en el segundo problema de los españoles. Se ha disparado, señor ministro, y esto requiere de una respuesta urgente por parte de su Gobierno, que usted precisamente no está dando. No se hace culpando a la policía de actuar ilegalmente, como hizo usted en esta Cámara cuando hablábamos del ático del señor González. No se hace con continuas destituciones de comisarios de la Policía Judicial cada vez que tienen que tomar alguna decisión que afecta a cargos o personas ligadas al Partido Popular.




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Señor ministro, dimitió el comisario Rodríguez Ulla por reabrir la investigación del ático. No había caso y, sin embargo, está en los tribunales, señor ministro. Desencuentros que se han multiplicado cada vez que se habla de los regalos a la ministra Ana Mato —que se ha ido hace poco—, de la boda de la hija de Aznar, de las donaciones al PP, de supuestos problemas del patrimonio de Artur Mas, de Jaume Matas, de Fabra, cada vez que tenemos una cuestión de este tipo hay movimientos dentro de sus organismos policiales.

¿Qué les pasa, señor ministro, con los comisarios de la Policía Judicial? ¿Cuántos cambios más tiene que haber? ¿Qué les pasa con la UDEF? O, mejor dicho, ¿qué les pasa con la Gürtel, señor ministro? ¿Qué está pasando, señor ministro?

Señor ministro, conoce las quejas del juez Ruz o del juez Castro, recientemente, se las ha hecho a usted directamente sobre los retrasos injustificables en la misión de informes de la UDEF; la última es del día 12 de este mes; en relación con una petición que se había hecho les terminan por dar un plazo improrrogable de tres días para que presente un informe sobre la empresa que remodeló la sede del Partido Popular, señor ministro.

Señor ministro, me imagino que conoce usted las respuestas de la UDEF, hablan de que están colapsados, de que no tienen medios, de que no pueden más.

¿Qué medidas está tomando usted para que se pueda luchar contra la corrupción en este país, aparte de destituir a aquellos que investigan, señor ministro? ¿Qué medidas está tomando, señor ministro? Ahí está el caso de Rodríguez Ulla. ¿Qué medidas están tomando? Estas cosas yo creo que las tenemos que tener en cuenta, señor ministro.

Señor ministro, ¿sabe que, finalmente, el Partido Popular descalifica el informe de la UDEF, este informe que ha reclamado el juez Ruz para el que les daba tres días? ¿Sabe usted que dice que este informe cree a pies juntillas lo que escribe o dice un imputado, que no parece propio de un informe policial solvente? ¿Le parece razonable que el Partido Popular, el partido del Gobierno esté descalificando a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de esa manera, señor ministro? ¿Usted qué ha hecho? ¿Cómo apoya usted a sus funcionarios? O, por el contrario, ¿va a caer algún otro funcionario?

Yo estoy esperando sus respuestas en casos de este tipo porque son importantes para todos.

Termino, señor ministro. Hay un clamor en la sociedad para que retire esta ley. No añada más sufrimientos a los españoles, señor ministro. Al paro, al desempleo, a los recortes, no les añada usted también un problema de un recorte en las libertades públicas de los españoles; no añada más problemas innecesarios.

La libertad y la dignidad de los españoles está en juego con esta ley y le pido que retire la ley, señor ministro.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Cascallana.

Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Cascallana, yo subo a la tribuna a contestar en nombre del Gobierno a la interpelación que usted acaba de defender relativa a la política de seguridad que desarrolla el Gobierno y al respeto del Gobierno por los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos y al principio democrático de la separación de poderes. He leído literalmente el texto de su interpelación. Y me quedo ahí porque si siguiera leyendo la fundamentación del texto de su interpelación lo que se derivaría de esa lectura es que usted no se ha leído el anteproyecto de ley, porque empieza por hacer referencia, por ejemplo, a que hay veintiuna infracciones muy graves, cuando eso salió en una información en algún medio de comunicación pero no se corresponde para nada con el anteproyecto de ley, y otras inexactitudes de esas características.

En todo caso, señoría, yo me alegro de esta interpelación —créame, de verdad—, porque me permite explicar los objetivos que persigue el Gobierno con este anteproyecto y hacer una descripción que se corresponde con la realidad, no con la caricatura, con todos los respetos, que usted ha formulado aquí de esa iniciativa, que ha dicho, nada más ni nada menos, que pretende limitar derechos fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de reunión, incluso ha hablado de que va a limitar el derecho de huelga, de la obsesión por pretender cambiarlo todo; se ha




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referido a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, incluso nos ha criticado porque no la hemos cumplido, y también ha mencionado las vallas de Melilla. No se ha dejado nada. Incluso, y eso sí que me ha parecido especialmente grave, si me permite, señor Cascallana, porque me ha parecido entender que me criticaba porque blindábamos el Congreso y el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas ante —supongo— intentos de intrusión ilegal en las mismas. Supongo igualmente que usted no apoyará a las personas que pretenden entrar ilegalmente en el Congreso de los Diputados, en el Senado o en los Parlamentos autonómicos. Si es lo contrario, dígalo aquí, por favor, porque, repito, en caso contrario tendría usted que rectificar lo que ha dicho. Porque, insisto, eso sí que me parece especialmente grave puesto que el Congreso de los Diputados —a lo mejor se lo tengo que recordar— es la sede de la soberanía nacional, es donde reside la representación democrática del pueblo español y, junto con el Senado, es el cuerpo legislativo español y conforman las Cortes Generales, y me parece que necesitan y requieren de una especial protección jurídica y legal con los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición del Estado para hacer efectiva esa defensa. Y lo mismo digo respecto de los Parlamentos autonómicos. Es que usted ha criticado (sic) que tengamos blindado el Congreso de los Diputados. Yo esperaría que usted dijera que en todo caso critica a aquellos que, de manera ilegal, pretenden entrar, pretenden invadir el Congreso de los Diputados. Creo que eso es lo que correspondería al portavoz de un grupo parlamentario tan importante como es el socialista.

En todo caso, señoría, le reitero lo que le he dicho. Me alegro de que usted me plantee esta interpelación para que podamos hablar en serio y de verdad, y no haciendo una caricatura de lo que es este anteproyecto. Usted me ha preguntado que por qué este anteproyecto, y yo se lo digo. De entrada le diré que en mi primera comparecencia en el Congreso de los Diputados en marzo de 2012 para explicar las líneas generales de la política al frente del departamento del Ministerio del Interior, como hice también el día 24 de marzo en la Comisión de Interior del Senado, formulé, como uno de los objetivos, la actualización, la reforma de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Por tanto, no ha sido una iniciativa que haya surgido, como usted ha dicho, de legislar a golpe de Telediario. No. Está anunciada desde el comienzo de la legislatura.

En segundo lugar, en el Congreso de los Diputados se aprobó por el Pleno una moción el día 26 de julio subsiguiente a una interpelación de Convergència i Unió que instaba al Gobierno a reformar, a actualizar la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Yo sé que no vincula jurídicamente esa moción —es igual que fuera del Senado al Gobierno—, pero políticamente manifiesta la voluntad política —en ese caso del Congreso de los Diputados— acerca de la necesidad de la reforma. Esa reforma, señoría, era necesaria porque, como usted sabe, en la reforma del Código Penal que se está tramitando en estos momentos en el Congreso de los Diputados se elimina el Libro III, el de las faltas, de tal suerte que unas faltas pasan a ser delitos leves y otras pasan a ser residenciadas en esta iniciativa legislativa como infracciones administrativas. Ese mero hecho ya exige una reforma de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Pero, además, hemos considerado que era oportuno hacer una reforma más intensa hasta el punto de hacer una nueva ley, aunque recogiendo muchos aspectos de la vigente ley orgánica de 1992, porque desde 1992 hasta este momento hay una muy importante y densa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo acerca de las potestades, de los fines y de los principios que deben inspirar la actuación del poder administrativo, del Poder Ejecutivo a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar la seguridad en la medida en que, como todos sabemos, efectivamente, los derechos fundamentales y las libertades públicas no pueden verse recortados so pretexto de garantizar la seguridad. Hemos de conseguir un adecuado equilibrio entre la garantía de la seguridad ciudadana, que aparece recogida en el artículo 104 de la Constitución, como no podía ser de otra manera, y el más exquisito respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Y sobre eso, insisto, hay una muy densa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que está incorporada plenamente a esta iniciativa legislativa.

Y, por último, si no fuera bastante con estas dos razones, hay una tercera, y es que conductas que en el año 1992, cuando se aprobó la vigente Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, no existían, ahora sí se producen. Y puedo ponerle algunos ejemplos. Estas conductas




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generan mucho peligro y tienen que estar residenciadas, lógicamente, en una ley de estas características. Por eso nos pareció oportuno cuando empezamos los trabajos de esta iniciativa legislativa hace más de año y medio afrontar ya de una manera sistemática y completa la reforma hasta el punto de hacer una ley de nueva planta, porque de esa manera garantizábamos más y mejor, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista operativo, la seguridad ciudadana y se respetaban mejor los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.

Señoría, ha hablado usted de que sustraemos a los jueces la capacidad de sancionar, etcétera. Muchos juristas han expresado la idoneidad de derivar determinadas conductas desde el Código Penal hacia la legislación administrativa; le puedo citar alguno que usted conocerá sin duda, ministro de Justicia del Gobierno socialista, el señor Fernández Bermejo. Le cito literalmente: Los mecanismos sancionadores con los que cuenta la Administración se revelan suficientes y más efectivos que los aplicados por los tribunales de justicia.

Usted sabe, por otra parte, que la última ratio del derecho sancionador es el derecho penal y, por tanto, llevar algunas conductas del derecho penal al derecho administrativo no es convertir en más dura y más represiva la actuación del Estado, sino en todo caso más eficaz y, si utilizara la lógica de su discurso, diría que más suave, porque una infracción administrativa es menos rigurosa que una infracción penal.

En todo caso, yo tengo que decirle que estas cargas, estas conductas, insisto, que desaparecen del Código Penal y tienen que residenciarse, vuelvo a repetir, en una norma de estas características, perderán la especial carga punitiva que conlleva el derecho penal; es decir, no podrá imponerse, por ejemplo, la pena de prisión como responsabilidad penal por responsabilidad personal subsidiaria, ya que la propia Constitución —como su señoría sin duda sabe o debería saber— garantiza que la Administración no puede imponer penas privativas de libertad. Y, por otra parte, como verá en el anteproyecto de ley, cuando se lo lea, la imposición de sanciones está rodeada de todas las garantías constituciones que ha venido reiterando el Tribunal Constitucional.

En cuanto al contenido de la ley, se lo voy a decir con toda claridad: Esta ley no modifica para nada la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, vigente desde 1983. Este anteproyecto va a ser la ley de los derechos que unos ejercen respetando la libertad de todos. La ley, hablando del derecho de manifestación, derecho fundamental reconocido y garantizado por la Constitución, es la ley que respeta y garantiza el derecho de quienes se manifiestan ejerciendo ese derecho que la Constitución les reconoce, pero que al mismo tiempo respetan la libertad de quienes no lo hacen. Y en esta línea, permítame que le diga que en capítulo I del texto por primera vez se define en nuestro ordenamiento jurídico positivo la seguridad ciudadana, siguiendo precisamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Le tengo que decir además, señoría, que en esta ley se regulan también cuestiones tan sensibles —que aparecen también reguladas pero de manera menos rigurosa, porque hace veintidós años de la vigente Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana— como la identificación de personas, cacheo, registros, restricción del tránsito en las vías públicas, etcétera. A diferencia de la ley vigente, señor Cascallana, se definen con precisión los presupuestos habilitantes para su ejercicio, de conformidad precisamente con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con la doctrina, muy consolidada, del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el nuevo texto legal impide que se produzcan identificaciones masivas, indiscriminadas y no motivadas, y me permito recordarle —con toda humildad, si me lo permite, pero la verdad es la verdad— que en este campo pocos ejemplos puede dar su señoría y su grupo parlamentario, porque en el año 2005 más de 13,5 millones de ciudadanos fueron identificados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado —13,5 millones de ciudadanos—; el año 2006, más de 12 millones; el año pasado, 2012, no llegaron a 8 millones, siendo más los habitantes de nuestro país. Por tanto, en eso, como en tantas otras cosas, señoría, conviene que no hablemos y descalifiquemos desde la ignorancia, desde el desconocimiento o desde la mala fe, porque eso no ayuda en nada. Hable usted, señoría, y critique todo lo que considere oportuno porque está en su derecho, pero sobre el anteproyecto, no sobre el desconocimiento absoluto y una caricatura de lo que es este anteproyecto de ley.

En la regulación de las órdenes y prohibiciones el texto es más garantista que la vigente ley. Le voy a concretar poniéndole algunos ejemplos. Dígame a qué se oponen ustedes. Por ejemplo, señor Cascallana, si se lee usted el anteproyecto ¿se opone usted a que, por ejemplo, sea infracción muy grave la celebración de manifestaciones no comunicadas en lugares que tengan la




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consideración de infraestructuras críticas según la Ley de 2011, siempre que lleve aparejado riesgo para las personas o un perjuicio para su funcionamiento? ¿Se opone usted a ello? Y si es así, dígalo, es una de las siete muy graves, no veintiuna, como usted decía. ¿Se opone usted, por ejemplo, a que se invadan las pistas de un aeropuerto o a quienes arrojan neumáticos a las vías del AVE con el grave peligro que ello conlleva? Eso está tipificado como infracción muy grave; dos de las siete. Por ejemplo, ¿sabe usted que los actos de vandalismo que se han producido en el puente Carranza de Cádiz desde 2012, consistente en quemas de balizas luminosas, destrozo de armarios de conexiones eléctricas o destrucciones de decenas de metros de fibra óptica, suponen ya un coste cercano a los 400 000 euros?

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señor ministro, tiene tres minutos.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): ¿Sabe que el 21 de noviembre estos mismos actos de vandalismo afectaron a la entrada y salida a la ciudad de Cádiz de 9000 vehículos?

El anteproyecto califica como infracción grave otras conductas tales como provocar incendios en la vía pública, portar, exhibir o usar armas de modo negligente. ¿Está usted en contra de eso, señoría? Dígalo si es así, dígalo.

Los ciudadanos no tienen por qué soportar los actos de vandalismo, que son la máxima expresión del incivismo y de la insolidaridad. Y, por cierto, los ciudadanos tampoco tienen por qué pagar la factura de la violencia urbana. En esta ley van a ser responsables civiles solidarios de los daños que en el mobiliario urbano y público provoquen los menores sus tutores o sus padres o sus legales representantes.

Termino mi exposición haciendo referencia también a alguna de esas conductas que yo le he dicho que hace veintidós años no existían y que ahora está prevista su sanción en esta ley. ¿Sabe usted que existe una práctica consistente en deslumbrar mediante láser a pilotos de aeronaves o a conductores de vehículos de transporte colectivo? Eso está tipificado ahora como infracción grave. En los diez primeros meses del año más de 350 conductas de este tipo se han producido en nuestro país y no se han producido catástrofes o accidentes por verdadero milagro en muchas ocasiones. Eso está tipificado en la ley. Dígame usted, señor Cascallana, si usted o su grupo se oponen a que estas conductas estén sancionadas en una ley de estas características, que es la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, no la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión.

Y termino diciéndole lo siguiente, señoría, porque creo que es importante: la vigente Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana tipifica como infracción grave convocar manifestaciones o participar en ellas sin cumplir los requisitos de la Ley reguladora del derecho a reunión de 1983. Este anteproyecto ese incumplimiento lo califica no como infracción grave, sino como infracción leve, y solo pasa a ser grave si ese incumplimiento de los requisitos va acompañado de una alteración grave de la seguridad ciudadana. Fíjese usted hasta qué punto está alejado de la realidad lo que usted dice, y que usted está simplemente atacando a un fantasma porque no existe.

Termino diciéndole que si usted cree que no hace falta una nueva ley para proteger mejor, con más garantías jurídicas y más eficacia la seguridad ciudadana, dígalo. Nosotros, por contrario, creemos que sí, porque creemos que debemos dar una respuesta y soluciones frente a un fenómeno que los ciudadanos no tienen por qué soportar. Porque creemos que la violencia y el vandalismo no deben tener cabida en nuestra sociedad, y porque creemos que al proponer este nuevo texto legal podemos crear un marco jurídico que conjugue mejores garantías de los derechos y una más eficaz respuesta a las conductas violentas e incívicas.

Y para acabar, por si le queda alguna duda este anteproyecto de ley, que a efectos de la ley del Gobierno ha recibido el visto del Consejo de Ministros en primera lectura, ha sido remitido a la Agencia Española de Protección de Datos, a dictamen del Consejo de Estado, a informe del Consejo Fiscal y a informe del Consejo General del Poder Judicial. Vea, señoría, si esta ley no va a ser absolutamente, como no puede ser de otra manera, respetuosa con los derechos fundamentales y las libertades públicas, pero, al mismo tiempo, capaz de garantizar más y mejor la seguridad ciudadana.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor ministro.

Al amparo del artículo 87, tiene la palabra el senador interpelante.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor presidente.

Se ha referido a muchos aspectos de la ley menos a los que preocupan verdaderamente a la opinión pública, que es el recorte de las libertades, señor ministro. Yo no la he bautizado como la ley de la patada ni la ley mordaza. ¿Sabe usted por qué lo hace la gente? ¿Sabe por qué lo dicen? Porque su única obsesión está en controlar las protestas sociales, señor ministro; porque no es verdad lo que acaba de decir de las infraestructuras críticas de aeropuertos y otros fenómenos.

Todo eso está muy bien, señor ministro, ¿es que ahora mismo no estaban protegidos los ciudadanos frente a actos de vandalismo? ¿Es que las instituciones no estaban protegidas, señor ministro? Están bien protegidas, señor ministro. Es curioso, ha vuelto a intervenir aquí durante quince minutos y no ha empleado ni una sola palabra para luchar contra la corrupción, señor ministro. Ni una sola, yo he dedicado unas pocas. Y eso sí preocupa a los españoles. El CIS indica que la percepción de inseguridad ciudadana está por debajo, incluso, que con el Gobierno anterior, ha pasado del 5,6% al 2,8%. ¿Sabe cómo se ha disparado la preocupación por la corrupción? Del 6% al 37%. ¿Y sabe usted lo que está haciendo la Comisaría de Policía Judicial? Aquí no ha dicho nada, señor ministro. A los ciudadanos les preocupa que ustedes actúen recortando. Su última ocurrencia: sacar del baúl de los recuerdos los botijos en este momento ¿para reprimir a quién? ¿Para los contenedores que se queman, como decía el señor Cosidó? ¡Hombre, se han quemado unos pocos en épocas anteriores!

¿Cuál es el objetivo de su política, señor ministro? Que la gente en un momento determinado se acobarde y no salga a la calle a protestar. Ese es el objetivo que usted está planteando con estas políticas, señor ministro. No hay otro. Y usted me habla de la intervención judicial. Decía el senador Belloch que con la cantidad de faltas que hay, si nosotros empezamos a trasladar todo eso a la Administración, ¿usted sabe la que liamos? Es imposible que lo podamos llevar adelante. No hay garantías judiciales, pero por si acaso alguien es capaz de presentar un recurso contencioso-administrativo, para eso están las tasas de Gallardón, ¿sabe usted?, para que impidan también en la práctica poder hacerlo. Se han incrementado las cuantías, señor ministro, de manera muy importante; se han incrementado las faltas, se ha desprotegido judicialmente y su único objetivo es acallar. Y cuando le decía lo de la huelga, usted me preguntaba, ¿por qué? ¡Hombre, si es que han dicho ustedes que van a hacer una ley de servicios mínimos! Usted antes le decía al senador Anasagasti que para modificar la Ley electoral hay que buscar un consenso. Y digo yo: ¿para esto no, señor ministro? ¿Para los derechos fundamentales no? Ya nos están recortando los derechos sociales. ¿Para la protección de los derechos fundamentales no hay que buscar el consenso? Dice: es que ustedes no lo han leído, lo han sacado de la prensa. Hombre, lo hemos sacado de donde podemos sacar los documentos, porque usted, ya le digo, tarda veintiún meses en acudir y todavía no ha acudido. Y usted habla de mala fe, pero usted dijo aquí que había investigaciones ilegales en esta Cámara. Ahí mismo lo dijo usted y todavía no ha rectificado, señor ministro. ¿Quién ordenó —como dijo usted en esta Cámara— investigar el ático del presidente de la Comunidad de Madrid? ¿No se da cuenta usted de que cada vez que hay un problema, ustedes se dedican a taparlo y les da igual desprestigiar a la Policía o cualquier otro órgano?

El problema que tenemos en este momento, señor ministro, es que esta ley no responde a ninguna necesidad ciudadana, a ninguna. Y díganlo alto y claro: esta ley responde únicamente a amordazar a la sociedad española. Y no lo van a conseguir, señor ministro, porque la única manera de arreglar los problemas de la sociedad es abrir las instituciones. Y usted dice que yo pretendo que invadan el Congreso. No, eso lo hizo Tejero. Perdóneme, yo he sido alcalde y cuando los vecinos iban a protestar a la plaza, y hasta al despacho del alcalde, yo no mandaba tanquetas ni botijos ¿eh? Yo hablaba y dialogaba. ¿Qué es esto de cercar las instituciones como si fuésemos delincuentes? Yo no quiero cercar el Congreso y el Senado. Yo quiero abrir las instituciones a los ciudadanos, señor ministro. Y estamos perdiendo el tiempo, porque con sus medidas estamos retrocediendo décadas y esta es la preocupación que nosotros tenemos con esta ley, señor ministro.

Yo le pido que la revise. Catedráticos, jueces, sindicatos de funcionarios de la Policía o de la Guardia Civil, cualquier ciudadano está clamando para que retire usted esta ley. Y eso es lo que le




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pido aquí y se lo pediré a través de una moción consecuencia de interpelación, porque creo que en este momento no ayuda a la convivencia, genera alarma social y va a generar más conflictividad social. Por lo tanto, señor ministro, haga caso usted a los muchos ciudadanos que le están pidiendo que retire la ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Cascallana.

Cierra el debate, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior, por un tiempo de cinco minutos.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente, señorías.

Señor Cascallana, si yo trajera aquí —que lo tengo, pero no lo voy a hacer— una recapitulación de cosas que dijo usted en relación con la seguridad ciudadana y que hizo usted cuando era alcalde de Alcorcón, no se identificaría con lo que ha dicho hoy aquí. (Aplausos.) Por respeto a usted no lo quiero leer, aunque lo tengo aquí, pues si lo leo estoy seguro de que hasta es capaz de sonrojarse, si comparamos lo que dijo usted, defendió usted e hizo usted cuando fue alcalde de Alcorcón en defensa de la seguridad ciudadana y lo que ha dicho usted desde aquí. (El señor Cascallana Gallastegui: Léalo.—Aplausos.)

En todo caso, como le he dicho, señoría, es evidente que ustedes tienen un juicio previo establecido. Usted presentó el martes de la semana pasada esta interpelación, a cuarenta y ocho horas de que se cerrara el registro, en la que empezaba aludiendo que se tipificaban veintiuna faltas. Ni siquiera se ha leído el anteproyecto de ley. Es evidente que el guión ya estaba escrito antes de que el anteproyecto de ley estuviera aprobado por el Consejo de Ministros.

Y como me ha hablado de tantas cuestiones jurídicas, repito, si tiene alguna duda y habla con rectitud de intención, ya le he dicho que el Consejo de Estado va a emitir un dictamen que pasará a informe de la Agencia Española de Protección de Datos, a efectos del Registro Central de Infractores, lo cual es preciso porque aquí se establece la reincidencia como un elemento agravante de eventuales sanciones. Por lo tanto, si no se cuenta con ese registro, evidentemente, no se tienen los datos necesarios para acreditar la reincidencia o la multirreincidencia. Obviamente, ese registro ha de cumplir con las características de respeto a la intimidad y demás derechos que garantizan nuestra Constitución. Para eso está, entre otras cosas, la Agencia Española de Protección de Datos, que es la que va a informar. Pero es que va a informar también, sin ser necesario ni preceptivo, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, no se preocupe usted, que los jueces, fiscales, el Consejo de Estado, etcétera, todos van a opinar sobre esta ley, seguramente con más y mejor criterio del que usted ha expresado desde esta tribuna, donde ha hecho un mero juicio político apriorístico, como ya sabía por otra parte.

De todas maneras, en la vida hay que intentar ser coherente, señor Cascallana. Usted ha hablado incluso de las cuantías. Las cuantías de esta ley son las mismas que las de la vigente ley, que es del año 1992. Si son elevadas en el año 2013, prácticamente 2014, cómo serían en el año 1992.

Pero, mire, en el año 2005, cuando gobernaba el Partido Socialista, aprobaron la Ley antitabaco, donde la cuantía de las sanciones es como estas. Permitir fumar en un establecimiento no autorizado acarrea multas de hasta 10 000 euros. Asimismo, la Ley contra la violencia en el deporte del año 2007 establece sanciones de hasta 650 000 euros. Para la persona que invada un terreno de juego se tipifica esa conducta como infracción muy grave, sancionable con hasta 650 000 euros, señoría. Cantar en un estadio durante un evento deportivo —ahí, al parecer, no les afecta la falta de libertad de expresión— está tipificado como infracción muy grave y sancionable con hasta 650 000 euros. Por cierto, los cacheos y las identificaciones las hacen vigilantes privados porque el ámbito de aplicación territorial de esa ley es el lugar donde se celebra el evento, los aledaños y los medios de transporte que transportan a los espectadores hacia esos eventos. Hay que ser coherente, señoría, para después hablar con cierta credibilidad y autoridad.

Termino diciéndole que solo a particulares, solo a particulares, no a clubes deportivos, por ejemplo, la Ley contra la violencia en el deporte del año 2007 ha impuesto multas —el ministerio y las diferentes autoridades bajo Administración socialista— de más de diez millones de euros por violar la ley contra la violencia en el deporte, con la que yo estoy básicamente de acuerdo. Pero, oiga, ¿es que tienen más derecho a proteger su seguridad los ciudadanos que asisten a un evento




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deportivo que los que pasean por las calles o plazas de España? (Aplausos.) Dígame usted, ¿merece más protección jurídica —y repito que yo estoy a favor de esa ley, que quede claro, pero hay que ser coherentes— un lugar donde se produce un evento deportivo o cultural que el Congreso de los Diputados? Dígalo usted si es eso lo que opina, porque la tiene distinta, la tiene muy inferior en este anteproyecto de ley en relación con las sanciones administrativas que la que establece la Ley contra la violencia en el deporte. Por lo tanto, si hablamos de coherencia mírese usted en un espejo, mire lo que hacen su Gobierno y su partido, lo que hacía usted cuando era alcalde y después suba aquí con autoridad y credibilidad a criticar una ley que, evidentemente, no le va a convencer a usted, pero estoy seguro de que va a convencer a la inmensa mayoría de los ciudadanos, que consideran que tienen derecho a estar seguros, sintiéndose libres y respetando sus derechos, que es de lo que se trata.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor ministro.

5.3. INTERPELACIÓN SOBRE LOS MOTIVOS, OBJETIVOS Y PLAZOS PREVISTOS PARA LA PRIVATIZACIÓN DEL SESENTA POR CIENTO DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA).

(Núm. exp. 670/000109)

AUTOR: CARLOS MARTÍ JUFRESA (GPEPC)

El señor vicepresidente da lectura al punto 5.3.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador interpelante.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, ministra.

Señorías, como saben ustedes perfectamente, en España hay cuarenta y siete aeropuertos convencionales que movieron unos ciento noventa y cuatro millones de pasajeros en 2012, configurando una red de aeropuertos que cuenta con tipologías muy variadas. Los hay muy grandes, muy potentes: cinco, que mueven más de diez millones de pasajeros al año. Muy pequeños: diez, que mueven menos de cien mil pasajeros al año. Los hay muy rentables, como, por ejemplo, en estos momentos Barcelona-El Prat. Los hay no rentables, como, por ejemplo, en estos momentos Madrid-Barajas. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.) En definitiva, hay aeropuertos con costes de explotación más de diez veces inferiores a otros.

Y hasta aquí, señora ministra, como sabe perfectamente, hemos llegado con un modelo de gestión aeroportuaria público y único, público y centralizado, con un único gestor: AENA. Esto ha tenido, sin duda, aspectos positivos. Usted misma antes estaba especialmente orgullosa de los hitos a los que habíamos llegado cuando respondía a la pregunta de la senadora Candini. Efectivamente, este modelo ha permitido concentrar fuertes inversiones en la mayoría de los aeropuertos para modernizarlos. Solo hace falta citar, por ejemplo, la T4 en Barajas o la T1 en El Prat, que todos conocemos. Y ha permitido también que el servicio público llegara con calidad a muchos sitios que forzosamente son deficitarios y que también lo necesitan.

Pero este es sin duda, señorías, un modelo desfasado, obsoleto, que corresponde a una fase inicial del desarrollo de las redes aeroportuarias en muchos países, pero que es ahora un modelo con limitaciones y disfuncionalidades, un modelo que no permite sacar todas sus potencialidades a muchos aeropuertos, como el de El Prat —permítame que insista—, ubicado en la primera área exportadora de España y del sur de Europa, o no permite sacar de sus dificultades eficaz y suficientemente a otros que podrían ser perfectamente rentables, como el aeropuerto de Madrid-Barajas. Un modelo que ningún espacio o mercado aeroportuario grande comparte. Se entiende por grande de más de cien millones de pasajeros al año, como es el caso de España. En la Unión Europea —Alemania, Francia, Gran Bretaña o Italia— no tienen este modelo, ni en muchos otros países de la OCDE, como, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá o Australia. Porque precisamente estamos en otra fase del desarrollo de la red aeroportuaria en nuestro país. Estamos en una fase claramente consolidada en términos de pasajeros, de operaciones, de instalaciones y, además, con un serio competidor llamado, afortunadamente, alta velocidad española.




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Corresponde, por tanto, a esta fase otro modelo, el modelo que estos países que he citado antes han desarrollado y que se conoce como de gestión descentralizada; un modelo en red que permite la gestión individualizada, como mínimo, de los principales aeropuertos, ya sea este modelo en red o de gestión totalmente individualizada, con capital 100% público o mayoritariamente público, o incluso, en algunos casos, una red totalmente descentralizada con aeropuertos 100% privados. En definitiva, un modelo completamente distinto que tiene algunas ventajas muy notables sobre el que tenemos en estos momentos en España: introduce competencias sin romper la cohesión territorial; mejora la eficiencia general del sistema, permitiendo, por ejemplo, una evaluación mucho más detallada y precisa de las inversiones y comparándolas; permite transparencia en los mecanismos de compensación y subsidio entre el conjunto de la red de aeropuertos; permite la fijación de precios y tasas en función de los costes de los aeropuertos y no del conjunto del sistema; y, sobre todo, permite un impacto territorial mucho más positivo sobre el entorno de estas grandes instalaciones. Porque los mecanismos de gestión de estos aeropuertos se adecuan plenamente a sus necesidades, a las necesidades del entorno directo al que sirven estas infraestructuras, fruto de un proyecto estratégico mucho más cercano y singularizado. En definitiva, permite adaptar las políticas y las estrategias de los aeropuertos a sus mercados de referencia y al posicionamiento estratégico de las ciudades y los territorios que las envuelven.

Y por una versión de este modelo moderno y a la altura de lo que necesita nuestra red de aeropuertos es por el que había apostado el anterior Gobierno socialista, por el que habíamos apostado los socialistas en los distintos Gobiernos de ayuntamientos, comunidades y del conjunto de España. En concreto, un modelo —usted lo sabe perfectamente— de gestión en red que permitía la gestión singularizada de los principales aeropuertos y que mantenía el control y la supervisión pública, cediendo también su control y supervisión a una mayoría de instituciones públicas y privadas de proximidad: comunidades autónomas, ayuntamientos, cámaras de comercio, etcétera. Es el modelo definido por el Real Decreto Ley 13/2010 que, entre otras cosas, separa AENA Navegación de AENA Aeropuertos, permite la privatización de hasta un 49% del conjunto de la red, pero, sobre todo, posibilita la individualización de la gestión de los aeropuertos y pone en marcha los consejos rectores para que ello sea posible y las concesiones de los aeropuertos de El Prat y Barajas. Hasta siete grupos se habían presentado al concurso para la concesión de la gestión singularizada del aeropuerto de Barcelona, por el que pagarían un canon inicial y el 20% de los beneficios anuales al conjunto de la red, de manera que pudieran revertir sobre el resto de aeropuertos que no estuvieran singularizados o tuvieran problemas de déficit. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Y esto, señora ministra, es lo que usted nada más llegar a su ministerio paraliza, imposibilita que continúe, esgrimiendo en aquel momento razones confusas y que ahora ya sabemos perfectamente cuál era su finalidad. Ha estado dos años al frente del Ministerio de Fomento preparando y esperando la oportunidad de hacer la gran privatización del conjunto de AENA. ¿Por qué, señora ministra, propone usted a todos los españoles ir a un modelo que nadie tiene, que en ningún otro país del mundo sucede? En todo caso, ningún otro país homologable al nivel de desarrollo del nuestro y a la evolución de nuestra red de aeropuertos. Un modelo que está perfectamente explicado en el informe de la comisión consultiva de privatizaciones de 21 de octubre de 2013, solicitado por la propia AENA, que dibuja, efectivamente, un 60% de privatización global de AENA aeropuertos, manteniendo el carácter centralizado, único, pero mayoritariamente privado del gestor español. En dos tramos, 30% núcleo institucional y 30% minorista, el Gobierno nos va a proponer una privatización en toda regla para AENA, una privatización que, evidentemente, va a tener que responder al beneficio, porque las empresas privadas funcionan, como es normal y lógico, sobre la base del beneficio. ¿Quiere esto decir, señora ministra, que vamos a vender AENA completamente saneada, es decir, que la deuda la vamos a pagar entre todos y los beneficios los van a tener los privados? ¿O es que con la venta de AENA vamos a pagar su deuda, por tanto, vamos a vender AENA de modo absolutamente coyuntural, para hacer caja y nada más? ¿O es que vamos a tolerar en AENA, para sanearla —porque si en estos momentos no es rentable, los privados la van a querer rentabilizar, evidentemente, lo más deprisa posible—, una subida muy fuerte de tasas? ¿O vamos a tolerar reducciones del servicio, optimizaciones del beneficio bajando la calidad de un servicio valorado hasta este momento de forma muy satisfactoria por la mayoría de los consumidores? ¿Vamos a tolerar despidos? ¿Vamos a tolerar cierres de aeropuertos?




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Porque la privatización, señora ministra, además de beneficio, también va a representar una pérdida del criterio del interés general sobre este servicio absolutamente indispensable.

La visión global, el liderazgo, la estrategia, el servicio público van a desaparecer de la gestión aeroportuaria de España. Además, mantener un operador único va a representar una pérdida completa de oportunidades para la adaptación. En definitiva, es la continuación de su apuesta por la España radial y centralista, tan alejada de la realidad de nuestro país y de todo su enorme potencial.

¿Qué va a pasar, señora ministra, con los tan cacareados comités de coordinación aeroportuaria que ustedes han aprobado hace muy poco? ¿Qué sentido tienen con una AENA absolutamente privatizada? El que ya suponíamos, papel mojado y, en todo caso, una cortina de humo para que el cambio de modelo, la desaparición de la gestión individualizada y controlada por las instituciones territoriales, pasara más suavemente y para que Convergència i Unió —veo que en estos momentos no hay ningún representante en la sala— lo tolerara de una forma más llevadera.

Hemos tenido un anticipo un poco bochornoso, señora ministra. AENA ha comprado el aeropuerto de Luton por 504 millones de euros. ¿Qué sentido tiene comprar el aeropuerto de Luton para un gestor español de infraestructuras? Solo uno: que se va a privatizar, que tiene que aumentar el valor y que tiene que dar señales de su cambio completo de estrategia.

Realmente, pensábamos que lo habíamos visto todo en cuanto a privatizaciones, que las privatizaciones que había promovido el Gobierno Aznar en los años noventa nos lo habían hecho ver todo, pero parece que vamos a ver un nuevo capítulo de privatizaciones absolutamente impropias de una sociedad desarrollada.

Por todo ello, señora ministra, le traslado esta interpelación y le pregunto por qué vamos hacia este modelo que nadie utiliza, que no va a revertir en beneficio de nadie, ni de ciudadanos ni de empresas ni de territorios ni de trabajadores, que no garantiza ni el servicio público ni la cohesión territorial ni las oportunidades de los entornos inmediatos. ¿Cuáles son realmente los motivos y las razones? De paso, si me puede explicar los plazos, se lo agradecería. ¿Por qué y para qué una privatización absolutamente inconcebible hoy en Europa y absolutamente regresiva funcional, social y territorialmente?

En otras palabras, señora ministra, ¿por qué vamos a negar a ciudades y territorios de España un instrumento clave para su desarrollo y la creación de riqueza para todos? ¿Por qué vamos a dejar a AENA, fruto del esfuerzo colectivo y de los impuestos de tantos años por parte de tantas ciudadanas y ciudadanos españoles, al albur de los estrictos intereses empresariales de sus futuros propietarios? ¿Por qué, señora ministra? Espero que me lo explique a mí, y, sobre todo, a todos los ciudadanos y ciudadanas españoles.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra la ministra de Fomento.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Gracias, señor presidente.

Señor Martí, señorías, efectivamente, el objeto de su interpelación es AENA, ese gestor aeroportuario que a usted le gusta muy poco pero que, mire por donde, es el primer operador mundial de aeropuertos por número de pasajeros porque ha superado ya los ciento noventa y cuatro millones. Y a eso me voy a referir en primer lugar, y tendré tiempo ahora y en la réplica de darle cumplida respuesta a todo lo que usted pregunta. Señoría, usted pertenece a un partido, al Partido Socialista —son Entesa pero pertenecen a la familia socialista—, han gestionado durante ocho años los aeropuertos españoles y ustedes, entre otras cosas, nos han dejado unos aeropuertos con 14 500 millones de euros de deuda y pretendían, con ese modelo maravilloso del que usted hablaba, enajenar dos aeropuertos, el de Barcelona y el de Madrid, pero la deuda, señoría, se quedaba con todos los españoles; es decir, ustedes tenían una solución magnífica para los aeropuertos, pero después me referiré a esa cuestión.

Hoy, señoría, con esta interpelación me ha dado una oportunidad, y es explicar a los españoles qué hemos hecho en dos años porque obras son amores, señoría. Está muy bien venir aquí y




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hablar del modelo maravilloso que le gustaría, pero lo que hay que ver es cómo se gestionan los aeropuertos.

En primer lugar, señoría, le diré que, efectivamente, los aeropuertos son el motor de la economía de un país, forman parte del 7% del PIB del conjunto de nuestro país; hay más de once mil profesionales que trabajan en AENA; trabajan seis mil doscientas empresas en AENA; hay ciento cuarenta mil empleos directos y cuatrocientos cuarenta mil empleos en total, es decir, el 2% de la población activa está vinculada a los aeropuertos. Señoría, fíjese en los datos que le voy a proporcionar: noviembre de 2013, ciento setenta y cinco millones de pasajeros, 1,67 millones de operaciones y más de quinientas ochenta mil toneladas transportadas. Han operado setecientas veintidós aerolíneas, que han conectado ciento cuarenta y cinco países, y cuatro de cada cinco turistas que ha llegado a España lo ha hecho a través de los aeropuertos.

Señoría, le contaré de forma telegráfica la situación que me encontré al llegar a AENA. Más de catorce mil millones de deuda. Una política tarifaria que solo recuperaba el 57,7% de los costes. La contracción del tráfico de pasajeros ya era del 2,1% y las inversiones, señoría, eran desmesuradas porque la deuda que en este momento tenemos es debido a que se han hecho unas inversiones desmesuradas, lo que se conoce como aeropuertos peatonales, y, señoría, no me hable usted del de Ciudad Real, al que me mencionan de vez en cuando, porque ese aeropuerto no tiene nada que ver con la red de aeropuertos de AENA, ustedes de lo que me tienen que hablar es de los aeropuertos que ha gestionado durante ocho años el Gobierno socialista; y le digo más, había una generación de caja negativa en AENA de –600 millones. ¿Sabe cómo vamos a terminar este año, dos años después? Pues no va a haber quien conozca AENA, porque va a tener un resultado positivo de +600; ha pasado de –600 a +600, señoría. Por cierto, repase usted sus notas porque sepa usted que los impuestos de los españoles hoy no financian los aeropuertos.

Señoría, estos dos años han cambiado las cosas, y han cambiado para bien. Hemos llevado a cabo una rigurosa política de austeridad, un plan de control de gastos corrientes que no quiero ni nombrárselo, porque, si lo trajera a esta Cámara, sonrojaría a cualquiera lo que llamaban gastos corrientes en AENA. Hemos hecho un ajuste de la estructura organizativa, un plan social de desvinculaciones. Solo en gastos corrientes hemos ahorrado 166 millones de euros, que se dice pronto. Hemos puesto en marcha un plan de eficiencia aeroportuaria en diecisiete aeropuertos y dos helipuertos. Hemos adaptado los horarios a la demanda. Cuando he llegado, señoría, había aeropuertos abiertos durante catorce horas y un vuelo al día, eso debe ser lo que llama usted eficiencia del Gobierno del Partido Socialista. Hemos iniciado una nueva política comercial, señoría. ¿Sabe qué ha significado esa política? Debe ser que ustedes esto no lo veían. Por ejemplo, en todos esos aeropuertos europeos de los que usted habla, el retorno de la venta en las tiendas duty free era de más del 30%, y en España debíamos de ser más tontos porque solo era del 25%; lo hemos sacado a concurso y eso va a significar 2100 millones de euros en siete años. Hemos redefinido la oferta comercial. Hemos licitado y unificado la gestión de los parkings, ciento veinte mil plazas, y hemos mejorado los ingresos comerciales. Un plan de marketing aeroportuario para atraer nuevas rutas e incrementar el tráfico aéreo, a lo que antes he tenido ocasión de responder. El aeropuerto de El Prat, en Barcelona, ha inaugurado ciento cuatro nuevas rutas este año, señoría, gobernando el Partido Popular —se lo recuerdo—, y en él operan noventa y ocho compañías, vuelan a doscientos ocho destinos, de los cuales, ciento setenta y tres fueron internacionales. El Prat es el sexto aeropuerto del mundo y el tercero en Europa que más rutas ha estrenado en 2013, y todos los aeropuertos de Cataluña, como usted sabe, están teniendo unos resultados excelentes.

Hemos puesto también en marcha los comités de coordinación aeroportuaria, que ahora no les gustan a ustedes. Es decir, a usted le gusta el comité de rutas pero no el comité de coordinación, en el que participan la sociedad civil y las instituciones públicas de Cataluña; por cierto, estamos pendientes de que se nombren representantes en esa comisión.

Hemos racionalizado las inversiones, señoría. Para que se haga usted una idea, sepa que el aeropuerto de Barcelona, El Prat, tiene capacidad para cincuenta millones de viajeros y ahora acoge a treinta y cinco. Es decir, tiene una capacidad instalada magnífica y por eso estamos intentando que tenga el mejor resultado.

Hemos reducido la deuda, señoría. No sé si a usted esto le sonará bien o mal pero a mí me suena muy bien, porque cuando uno tiene deudas hay que pagarlas. A día de hoy vamos a




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amortizar 850 millones de euros de deuda, y eso es lo que uno tiene que hacer en la vida pública: pagar, también los préstamos que le han dado.

Por último, hemos alcanzado un acuerdo tarifario estable. Señorías, le recuerdo la Ley 1/2011 del Gobierno socialista, de 4 de marzo, para más señas. ¿Sabe qué es lo que ustedes preveían? Un incremento de las tasas del IPC, más 5. Y quien le habla el año que viene va a subir las tasas un 0,9%. Pero no solo eso, si me da tiempo, haré un repaso de las bonificaciones incorporadas en la Ley de presupuestos de este año.

Señoría, en el aeropuerto de Barcelona el coste de los vuelos europeos es de 2928 euros mientras que en aeropuertos similares, como el de Roma, Munich, Londres, París-Orly o Zurich, es de 4570 euros, es decir, 1,6 veces más. Por lo tanto, no es verdad lo que están diciendo sobre que son más costosas las tasas. No es verdad. Y en los de largo radio, señoría, es 2,6 veces más barato.

En cuanto a las bonificaciones, señoría, además de las que ya estaban en marcha, la tarifa específica para pasajeros en conexión, que tiene una reducción del 20%, la subvención por apertura de rutas en nuevos destinos, que tiene una reducción del 50%, o la bonificación del 50% de la tarifa de carga, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2014 prevé nuevos incentivos. Para pasajeros en conexión, una reducción del 30%. Una reducción del 75% en la tarifa de pasajero para viajeros adicionales en una ruta y del 100%, señoría, en la tarifa de pasajeros en la ruta a nuevos destinos. Esa es la política que estamos llevando a cabo. Además, hay un aumento en la bonificación, de hasta el 100%, en la tarifa de carga en conexión y del 50% en la tarifa de carga para aeronaves en tránsito internacional.

Gracias a todas estas medidas, señoría, la puesta en valor de AENA es ya una realidad y se ha conseguido la viabilidad y sostenibilidad de la compañía, como demuestran los siguientes resultados económicos. En 2013 la generación de caja alcanzó los 600 millones de euros, mientras que en el 2011 no llegó a esos 600 millones. Hay un EBITDA superior a 1500 millones y el que me encontré al llegar era de 600 y pico. ¿Sabe cuánto de beneficio neto? Hay 308 millones de euros frente a unas pérdidas de más de 215. En cuanto al déficit tarifario, nos encontramos 250 frente a los 850 millones de euros que había.

Pero a todo eso tengo que añadir varias cosas relacionadas con la calidad del servicio, lo que más me importa. Se ha mejorado la puntualidad en todos los aeropuertos españoles, en todos y cada uno. Hemos llegado a más del 82%. Hemos disminuido las demoras en navegación aérea. Estaban ustedes peleados con todo el mundo y en este momento, en 2013, hemos mejorado un 27%. La satisfacción de los usuarios por la calidad ha mejorado sustancialmente en los dos últimos años. Y el número de reclamaciones por millón de pasajeros es de los más bajos que se conocen en la red, en concreto a finales del 2013 ha descendido un 9,23%.

Señoría, pero aún mejores son los datos de tráfico del 2013. El aeropuerto de El Prat ha incrementado su tráfico en un 4,5% y el internacional lo ha hecho en lo que llevamos de año prácticamente un 9%. Los aeropuertos canarios han crecido el 11,3%. Los aeropuertos del grupo 1, donde están Alicante, Bilbao, Girona, Costa Brava, Ibiza, Málaga-Costa del Sol, Menorca, Sevilla o Valencia, han aumentado el 6,5%. Y en los aeropuertos de Palma de Mallorca e Ibiza se ha producido un récord histórico. Estos son los datos, señoría. Estos son los datos de esos aeropuertos de los que no les gusta ni el modelo. Por cierto, ustedes decían que si seguíamos gestionándolos desde aquí —y desde aquí ya saben desde dónde es, desde la Administración General del Estado— esto iría a la deriva, pues la deriva es el crecimiento que hemos tenido.

Respecto al tráfico nacional, los aeropuertos de Canarias, por ejemplo, han registrado el mayor crecimiento de la red, con un 5,9%. Por eso, señoría, nuestro esfuerzo ha sido hacer viable la compañía AENA. Las previsiones para el cierre van a ser que AENA va a batir su récord histórico en pasajeros internacionales —se lo decía antes a una senadora de Convergència i Unió— con ciento veintiocho millones de pasajeros. La previsión va a ser excelente, sobre todo la de asientos reservados para lo que se llama temporada de invierno, que va de ahora hasta marzo, porque hay una reserva que se ha incrementado un 2,8%. Por lo tanto, señoría, señor Martí, las bases del futuro de AENA están sentadas. Hemos salvaguardado la viabilidad económico-financiera del grupo, a lo que han contribuido, y quiero resaltarlo una vez más, los once mil cuatrocientos ochenta y un profesionales de AENA y, además, sin que ello haya supuesto el esfuerzo de los contribuyentes, ya que AENA se financia exclusivamente con ingresos aeronáuticos y comerciales. Tenemos un




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operador aeroportuario que es el número uno mundial por volumen de pasajeros y el número uno europeo por cifra de aeropuertos, y destruir ese gran valor no tendría perdón de Dios, porque somos el número uno del mundo. Por cierto, cuando usted lea un teletipo, infórmese sobre si ese teletipo dice la verdad, porque nadie ha desembolsado 500 millones de euros para comprar Luton, o sea que cuando le pasen un teletipo, preocúpese de saber si eso es verdad o no lo es, porque en este caso no es verdad.

Los objetivos y prioridades estratégicos de AENA están dirigidos, por lo tanto, a consolidarla como el operador aeroportuario de referencia en Europa y en el mundo. Por cierto, señoría, por si se me olvida. Usted pregúntele al Gobierno socialista, porque cuando ha tenido responsabilidades tanto en la época anterior a 1996 como después, ha participado en la compra del accionariado de aeropuertos internacionales, y gracias a eso hoy AENA tiene una presencia internacional fuerte en América y en otras zonas. Eso lo hacía el Gobierno socialista. Porque ustedes vienen aquí y dicen cosas, y yo pienso a veces que quien nos esté escuchando se preguntará: Pero, ¿qué ha pasado? Y lo que ha pasado es que cuentan una cosa pero no la cuentan entera. Lo que ha pasado, señoría, es que se ha hecho una opción de compra, pero no se ha desembolsado porque en Luton ya teníamos una parte importante del accionariado. Cuéntelo usted todo, pero no cuente lo que ha leído —imagino, que es mucho decir— en un teletipo, porque si no fuera en un teletipo tenía que ser exacto y no lo es.

Termino ya, señor presidente. Los objetivos y prioridades de AENA están muy claros. Primero, que sea el elemento vertebrador y gestor de los aeropuertos españoles. Segundo, que este partido al que yo represento —soy una ministra del Gobierno y del partido que está detrás de él, el Partido Popular— es partidario de la gestión en red, si ambages, y de poner en valor la compañía AENA, porque hasta ahora me he encontrado con una compañía que no tenía viabilidad. Por cierto, cuando llegué, efectivamente, se iba a sacar más del 90% de las sociedades concesionarias de dos aeropuertos para la entrada de capital privado, y a nadie se le movía ni un pelo de su caballera. Sin embargo, ahora que hemos puesto en valor la compañía y hemos dado este resultado, se viene a esta tribuna a decir que lo que estamos haciendo es poner en riesgo los aeropuertos de este país.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Gracias, presidente.

No, señoría. Lo que estamos haciendo es justo lo contrario. Y como todo en la vida, no hay nada mejor que los números, y los números son absolutamente definitorios de lo que se ha hecho en esta compañía en estos dos años. Eso va a significar que los españoles no tengan que poner ni un solo euro en las cuentas de esta compañía.

Por cierto, la deuda de AENA es la deuda del grupo AENA, pero lo que no se puede permitir es que dos aeropuertos se vayan fuera de la red y la deuda le quede al Estado.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, no me voy a enredar en su red de datos, que es su especialidad, una gran red de datos para ver si nos quedamos todos enredados en ella. Los dos aeropuertos no salían de la red de aeropuertos, lo sabe perfectamente. Pero no me voy a enredar en esto ni en los 14 000 millones de deuda con los que el señor Álvarez Cascos pagó la T4 de Barajas —y me parece muy bien—, ni en sus contradicciones con la magnifica capacidad instalada en El Prat, pero a la vez criticando la deuda que lo ha permitido al hacer la T1. No voy a entrar en todo esto. Tampoco voy a hablar de Ciudad Real, ni de Castellón y tampoco voy a decirle que en Luton AENA sí se ha gastado 504 millones, no en la última ampliación pero sí en el conjunto de la operación; y también le voy a decir, de entrada, que soy socialista, que me siento totalmente orgulloso y que asumo todo lo que pueda haber hecho el Gobierno socialista de España. (Aplausos.)

Y mire si me gusta AENA que lo que quiero es reformarla, lo que quiero es modernizarla, lo que pensábamos que había que hacer era ponerla al día y hacerla evolucionar de un modelo




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absolutamente obsoleto a un modelo moderno, en red, pero con gestión individualizada, descentralizada en los principales aeropuertos, que no salen del sistema, que optimizan y que benefician al conjunto del sistema manteniendo sus virtudes. En cambio, usted, que la quiere mucho, la va a vender. Si la quiere tanto, ¿por qué la va a vender? ¿Por qué va a privatizarla usted si AENA ahora es fantástica? Si todo es fantástico, si todo es maravilloso, ¿por qué la va a vender? Si va a tener beneficios, ¿por qué la va a vender? ¿O es que la ponen en beneficios para venderla, señora ministra? ¿O es que todo se trataba de esto? ¿Se trataba de hacer la gran operación para vender AENA? Es lo que hemos deducido de su explicación.

En todo caso, AENA no le debe gustar mucho si está proponiendo venderla, cosa que no nos ha explicado y que era el motivo de esta interpelación, señora ministra. Lo dice claramente, es muy breve la interpelación: por qué, para qué, motivos, objetivos, razones y plazos de la anunciada privatización de AENA, anunciada por el presidente de AENA públicamente, que dijo textualmente: Está todo preparado a la espera de una decisión política del Gobierno de España. Y es lo que le pido, señora ministra, pero usted no ha contestado para nada. Gran estrategia del calamar echando tinta de datos. Responda a la pregunta de por qué, para qué y cuándo van ustedes a privatizar AENA, esta maravilla de AENA que a usted y a mí nos gusta tanto, aunque por motivos completamente distintos y con futuros completamente distintos.

No es tolerable esta opacidad y esta premeditación en la privatización de AENA. Ustedes al final responden siempre al mismo patrón: privatizar y centralizar. Es siempre el mismo patrón. Lo que ustedes van a hacer va a representar un mazazo tremendo a las expectativas del aeropuerto de El Prat y detrás de él a toda una ciudad y a toda un área y a todo un país; un aeropuerto de El Prat que se ponía al servicio de su entorno más inmediato, pero también al servicio del conjunto de la economía española con este modelo descentralizado en el que se implicaban las instituciones públicas y privadas de su entorno.

Además de este mazazo, déjeme que le diga que van a cometer un error político de primera magnitud, un gesto político absolutamente contraproducente y equivocado, que retroalimenta discursos independentistas en Cataluña. Parece imposible que ustedes tengan esta miopía tan grande respecto a la situación política en Cataluña. Lo que necesita Cataluña y por ende España es todo lo contrario, dejar de perpetrar privatizaciones centralistas de grandes infraestructuras compartidas para evitar un modelo nuevo, un modelo en red, un modelo descentralizado, que ponga a España a la altura de lo que necesitan sus aeropuertos, sus grandes infraestructuras y la concepción mental del país.

Se están ustedes equivocando muchísimo, señora ministra, en muchos sentidos y en muchos flancos. Ya no le voy a pedir que rectifique porque ya sabemos que la operación está diseñada y premeditada desde un principio, pero lo que sí le vuelvo a pedir es que la explique, que tenga la valentía de explicar en esta tribuna por qué y para qué van a privatizar uno de los mayores activos que tiene nuestro país, como usted ha explicado perfectamente, y que podía ser la semilla de un modelo completamente distinto, nuevo y moderno de gestión aeroportuaria y de concepción de España.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Martí, señorías, en primer lugar quiero decirle que yo siento que a usted le molesten tanto los datos. A ustedes les molestan los datos cuando son positivos, buenos y de buena gestión. Por eso no quiere usted que yo hable de datos. (Aplausos.) Usted me dice: es que me inunda de datos. Y además, pone un ejemplo y lo pone mal, porque usted sabe que la tinta del calamar lo que hace es ocultar, y yo vengo aquí a hacer justamente lo contrario; yo vengo aquí a dar los datos, señorías, a decir que eran ustedes un desastre en la gestión, y a decir que hemos cambiado la gestión. A eso es a lo que vengo. Y vengo a más, señoría, yo ya sé que usted era un defensor de esta privatización de dos aeropuertos. Le recuerdo sus palabras, señor Martí, las suyas, no las de ningún otro senador, las suyas. Lo que decía usted en el 2011: que aquello se hizo a última hora, tarde, mal y arrastras, en el mes de noviembre, con unas elecciones encima. Se hizo, además —se lo voy a contar porque seguro que a su señoría le puede encantar—, hasta sin




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informe del abogado del Estado, lo llevaron en una orden ministerial, no pidieron informe al servicio jurídico. Hicieron una cosa realmente esperpéntica y, por cierto, con visos de ilegalidad. Pero, además, señoría, usted dijo —entrecomillo—: Los beneficios de esa privatización de los dos aeropuertos, de esa gestión concesionada, repercutirían en el conjunto de la red para compensar el servicio público en otros aeropuertos no susceptibles de tener un superávit tan fácil. Lo que usted había olvidado es que había que pagar todavía la deuda pendiente de más de 1000 millones que tenía el aeropuerto de Barcelona, o los que tenía el aeropuerto de Madrid. Señoría, así las cuentas se hacen fácilmente.

Usted dice: si yo además doy a los demás; soy generoso y doy. Oiga, pero si lo que tiene que pagar el conjunto de la red es la deuda de todo lo que se ha hecho en todos los aeropuertos, incluido el aeropuerto de El Prat. Y dijo más: Era un modelo beneficioso, social, política y económicamente; un modelo que fomenta a los aeropuertos como empresa. O sea, usted creía en el 2011 en las empresas, pero hoy no. Pues, señoría, yo por de pronto he traído a esta empresa, que es pública, a la situación en la que está, y cuando llegué tenía dificultad para pagar la nómina. Es decir, tenía dificultad para que me prestaran dinero para pagar la nómina. Y yo entiendo que a usted le moleste la gestión que hemos hecho porque pone en evidencia lo que no se hizo en ocho años de Gobierno. Pero no podemos renunciar a las fortalezas y a las sinergias que tiene el modelo. Desde luego sí debemos tener el modelo como está en este momento. Decía usted —he tomado nota porque me ha llamado la atención—: un modelo que hay que poner en beneficios para privatizarlo. No, señoría, lo suyo sí que tenía mérito: dos aeropuertos de la red que tenían pasajeros, ustedes los enajenaban, los concesionaban, y se quedaban con el resto, con todos los que perdían y, además, con la deuda. Era un negocio fantástico, sobre todo para el que se quedara con los aeropuertos, pero no para el Estado. (Aplausos.) Además, ustedes decían que si no se hacía así, esto sería el fin del mundo. (Rumores y protestas.) Sería terrible.

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor, señorías.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Pero, claro, el problema es que además ha ido muy bien, con crisis económica incluida ha ido muy bien. Y va a haber, como les digo, récord en el número de pasajeros. Por lo tanto, señorías, lo que hay que hacer es gestionar bien un gran servicio público y aprovechar sus fortalezas. Porque, fíjense ustedes, como les he dicho, se hizo con una decisión precipitada, en el peor momento económico para España y, además, sin informe previo de la Abogacía del Estado. Se llevó deprisa y corriendo en el mes de noviembre de 2011, que fue el mes más productivo de la historia de España porque ahí se llevaron órdenes, protocolos, decretos… Se llevó de todo en ese afán de a ver si en el último momento se lograban esos objetivos políticos.

Señoría, yo estoy trabajando por Cataluña, estoy trabajando desde el Gobierno por Cataluña. Usted me hace una pregunta y yo se la voy a contestar. En este momento nosotros podemos tomar decisiones con respecto a un operador aeroportuario, porque son siempre decisiones que van en el camino de que este gestor aeroportuario dé el mejor servicio posible._

Y tomaremos las decisiones que corresponda, pero desde luego lo que no se podía hacer era lo que ustedes hicieron, que con un déficit de caja de 600 millones estaban vendiendo y privatizando dos aeropuertos; eso es lo que no se podía hacer. Nosotros ahora estamos en condiciones de decir en cualquier momento que puede entrar...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO: Pastor Julián):...a formar parte de la compañía —si se toma esa decisión, que no se ha tomado, podemos hacerlo— capital privado. Pero para hacer eso, ¿sabe lo que tendríamos que hacer en primer lugar? Lo que ustedes no hicieron, y en eso es en lo que yo estoy trabajando: un marco regulatorio que no se hizo, que no hizo su Gobierno, por si en un futuro entrara capital privado, aunque siguiera siendo público...

El señor PRESIDENTE: Termine, señora ministra.




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La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Termino ya, señor presidente.

…con un documento de regulación aeroportuaria, el DORA, que lo tienen todos los países a los que usted ha hecho mención. Ustedes se permitían el lujo de que entrara el sector privado en los aeropuertos sin haber hecho un marco regulatorio. A eso me estoy dedicando, señoría, a hacer un marco regulatorio. ¿Sabe para qué? Para que los ciudadanos españoles tengan la garantía de tener siempre un servicio de interés general y un servicio público que permita que los ciudadanos de El Hierro sigan teniendo un aeropuerto o que los ciudadanos de Reus sigan teniendo un aeropuerto.

Eso, señorías, es en lo que...

El señor PRESIDENTE: Termine ya, señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastaro Julián):...estamos trabajando. Yo sé que duele lo que digo. (Varios señores senadores: No, no.—Rumores.) Sí, sí; sé que duele y sé que no le gustan los datos.

Termino con un solo dato, de esos datos magníficos de tráfico internacional de este año: partes tan importantes como Canarias o como las Islas Baleares o como Alicante, parte de eso...

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, ha excedido usted su tiempo en casi dos minutos. Haga el favor de terminar.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Termino ya.

...parte de ese éxito es de los aeropuertos que están radicados en Cataluña. Eso para mí es una satisfacción y un orgullo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ALTERAR EL ORDEN DE TRAMITACIÓN DE LAS DOS PRIMERAS MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

(Núm. exp. 550/000028)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por acuerdo de los portavoces, solicito al Pleno autorización para modificar el orden de las mociones consecuencia de interpelación. Veríamos en primer lugar la del Grupo Parlamentario Socialista y, finalmente, esta noche veríamos, en segundo lugar, la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergéncia i Unió.

¿Está de acuerdo el Pleno? (Asentimiento.)

Muchas gracias.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES QUE ESTÁN ABANDONANDO NUESTRO PAÍS POR MOTIVO DE LA CRISIS.

(Núm. exp. 671/000102)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado dos enmiendas, una, de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto y, otra, del Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, la senadora Marra.




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La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Subo a esta tribuna para presentar la moción consecuencia de interpelación del pasado 19 de noviembre del 2013 al no haber dado la ministra ninguna solución para frenar la dramática realidad que están viviendo miles de ciudadanos, que se están viendo obligados a abandonar nuestro país por motivo de la crisis. Son miles y miles de hombres y de mujeres, víctimas del desempleo y de la falta de políticas de apoyo del Gobierno del Partido Popular que observan cómo la ministra no solo no hace ningún esfuerzo por conocer la realidad de los datos de esta nueva migración, sino que no hace ningún esfuerzo para apoyarlos a encontrar un trabajo digno en España, para frenar la fuga de cerebros, para que no vivan en situaciones denigrantes y de indiferencia fuera de nuestras fronteras, y además, no promueve ninguna medida, no hace nada para favorecer el retorno con garantías. Una ministra que no quiso reconocer la realidad en el Pleno pasado de una creciente y nueva migración de españoles, que han partido al exterior en busca de empleo y que no cuentan con un sistema de apoyo institucional de protección en el país al que han decidido migrar y de los que hoy conocemos testimonios, tristes testimonios, que abundan en la precariedad laboral y económica, en la exclusión social y en la irrelevancia. Y es eso lo que nos preocupa, señorías, que son más de setecientos mil españoles los que salieron de nuestro país por motivo de la crisis. Solo durante el primer semestre de 2013 hicieron las maletas para migrar al extranjero cerca de cuarenta mil españoles, según los datos que el pasado martes daba el Instituto Nacional de Estadística. Son un 26,3% más que en el anterior semestre y un 53,6% más que en el mismo período de 2012 cuando migraron treinta y siete mil cuatrocientos treinta y dos y veinticinco mil ochocientos treinta y cinco españoles respectivamente.

Esta es la dramática realidad que denuncié en el Pleno del pasado 19 de noviembre. En él, la ministra, lejos de asumir sus responsabilidades de Gobierno planteando medidas y soluciones a esta nueva migración, nos recriminaba con mentiras calculadas, con engaños burdos, con eufemismos y con la cantinela de que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para cambiar la política económica de este país. Y con una reforma laboral que, si algo ha acrecentado, es el ritmo de destrucción de empleo en nuestro país especialmente entre los más jóvenes, con una tasa de desempleo que supera el 54% y que sitúa a España a la cabeza del desempleo juvenil en la zona euro. Pero no nos decía que en la Comisión Europea se sigue exigiendo urgencia, urgencia al Gobierno para presentar el plan contra el paro juvenil y que está poniendo en peligro la aplicación de la garantía juvenil para el año 2014. Con unas políticas activas de empleo que son inexistentes, que disminuyen un 46%, es decir, 3549 millones menos que en 2011, y cuando hay más de 1 130 000 parados desde que gobierna el Partido Popular. Y nos reprochaba que estábamos poniendo en marcha iniciativas, tales como enlaces a páginas web sin contenido, o nos decía que no había recortado el presupuesto para emigración. Falsedades tras falsedades, porque desde que gobierna el Partido Popular la partida dedicada a acciones a favor de la migración se ha reducido en un 38%, cerca de 44,5 millones de euros en comparación con el último presupuesto aprobado por un Gobierno socialista en 2011.

Y la consecuencia palmaria de esta situación es la descapitalización, la pérdida de capital humano, la de hombres y mujeres que constituyen la generación mejor formada de nuestra historia, en la que el Estado ha invertido millones de euros y a la que con este Gobierno se aboca a un país cada vez más pobre. Es una sangría absoluta, un desarraigo y una tragedia particular para miles de emigrantes que dejan atrás familias, amigos y un proyecto de vida en nuestro país.

Por eso, señorías, hoy traigo aquí esta moción. Porque es nuestra obligación y nuestra responsabilidad asegurar el futuro a nuestros ciudadanos y garantizarles un mundo mejor. Somos nosotros los que tenemos que analizar sus causas y establecer medidas que eviten la nueva migración. Somos los que tenemos que plantear medidas, articular soluciones para frenarla, para garantizar un empleo digno a nuestros ciudadanos en nuestro país. Por eso presento esta moción, una moción amplia y para cuya presentación voy a dividirla en tres partes. La primera va dirigida a recopilar, elaborar y difundir información objetiva, actualizada y de calidad que permita conocer y evaluar correctamente este fenómeno de la nueva migración en nuestro país.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.




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La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Sí, presidente, termino.

La segunda va destinada a implementar políticas activas de empleo y de atención a los desempleados en nuestro país en aras de evitar una nueva migración económica y de que se respeten los derechos laborales que se han alcanzado en este país durante muchos años. Y la tercera, más concreta con el problema de la migración, consiste en instar al Gobierno a que adopte medidas de medio y largo plazo que aborden esta lacra social de la nueva migración que está viviendo nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Marra.

Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

El senador Mariscal y yo hemos presentado una enmienda para incorporar a los amplios contenidos de la moción una cuestión a la que no se hace referencia. Reconozco que este planteamiento que ahora articulamos a través de esta enmienda ya tuvo previa formulación en una comisión del Senado con muy poco éxito.

Enmendamos para plantear que se revierta el voto rogado, el mecanismo del voto rogado, que se incorporó en 2011 mediante una reforma de la Ley del Régimen Electoral General, como mecanismo para que ejerzan su derecho a la participación política los emigrantes. Entendemos que el derecho de participación política, activa y pasiva, es un derecho básico, fundamental en el funcionamiento de un sistema democrático y que el establecimiento de obstáculos, de exigencias, tiene como última finalidad disuadir a las minorías de participar en el funcionamiento del sistema democrático. De alguna forma, se actualizan ideas del siglo XIX, como el derecho censitario, o prácticas del siglo XX, las que se introdujeron en el sistema electoral de los Estados Unidos para dificultar la participación de la minoría negra en los procesos electorales.

Privar a los españoles porque residan fuera de nuestro país del derecho a la participación política nos parece que no es democrático y que no fortalece en absoluto el funcionamiento del sistema. La práctica, además, de aplicación de este mecanismo se ha traducido, como es lógico, en un desplome en la participación en los procesos electorales de estos emigrantes. En mi comunidad autónoma, Asturias, había aproximadamente unos 90 000 emigrantes inscritos en el CERA, en el censo electoral de residentes en el extranjero, de Asturias. Normalmente venían participando en los procesos electorales antes de esta reforma un 30%, lo cual era un porcentaje notable; pues bien, tras la modificación de 2011, en las siguientes convocatorias electorales caímos del 30% al 5%. Situación similar se da en Galicia, prácticamente los porcentajes son los mismos, en torno a un 30% antes de la reforma, más o menos un 5% después de la reforma. Son comunidades autónomas con una tradición de emigración que consiguieron a lo largo del funcionamiento del sistema democrático involucrando a sus ciudadanos en el exterior en las decisiones políticas, en el funcionamiento de nuestras democracias en las comunidades autónomas. Consideramos, por tanto, un error la introducción de este mecanismo y planteamos en la enmienda que se suprima.

Compartimos el resto de los contenidos de la moción. Creemos que en este momento hay un problema serio con la marcha de nuevo de un número muy importante de ciudadanos, la mayoría jóvenes, muchos de ellos con una alta cualificación fruto de la inversión que en educación hizo la sociedad española, y que ante la imposibilidad de encontrar un puesto de trabajo en este país acuden a otros países a devolver la plusvalía que en España debió haber quedado por esa inversión en formación. Son jóvenes que no ven la crisis como una oportunidad, sino que ven la crisis como un destierro. Hace algunos meses tuve la ocasión en otro debate de reproducir la frase con la que se titulaba la declaración en un medio asturiano de uno de estos jóvenes asturianos que se había tenido que marchar a Uruguay: No nos echan del trabajo, nos echan del país.

Por eso ahora, frente a muchas embajadas, frente a muchos consulados de España se manifiestan estos jóvenes exigiendo a los poderes públicos españoles que desarrollen políticas que permitan su retorno. Hay personal cualificado que encuentra empleo en aquello en lo que se cualificó: tenemos personal sanitario en Inglaterra, tenemos pilotos en los países del Golfo,




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tenemos ingenieros en Alemania, pero hay también informáticos lavando platos en muchos países del extranjero. Creemos que eso merece una respuesta desde el Gobierno de la nación.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Luzardo.

La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en este primer turno de esta moción, consecuencia de interpelación, para defender una enmienda de sustitución en relación al contenido tan amplio que tiene por lo menos el texto; no las palabras que ha manifestado la senadora Marra, pero sí el texto de la moción que ha presentado.

Es intención de mi grupo conseguir un amplio consenso en un asunto tan sensible y que afecta a nuestros compatriotas. Ahora, yo me temo que después de haber escuchado los argumentos de la senadora Marra y, sobre todo, el tono de sus palabras, no va a aceptar la enmienda que hemos presentado.

Señora Marra, lógicamente nosotros no podemos aceptar algunos puntos que usted plantea, sobre todo el 1, el 3 y el 10, primero porque creemos que la coherencia política es muy importante y, segundo y fundamentalmente, porque no vamos a ir en contra de decisiones que ha tomado el Gobierno de España recientemente y, además, porque supone un aumento presupuestario que no podemos asumir. Nosotros no engañamos a los españoles, nosotros decimos la verdad y siempre nos pasa lo mismo: cuando gobierna el Partido Popular tiene que tomar medidas, llevar a cabo reformas estructurales para intentar arreglar el desaguisado que ustedes nos han dejado.

Permítame también hacer algunas consideraciones. No podemos admitir su afirmación: este nuevo y dramático exilio económico. Senadora Marra, para hablar de emigración es absolutamente necesario hacerlo con rigor, con seriedad y utilizar los datos oficiales que nos proporciona el INE, a través del padrón de residentes y también la información de los registros de matrícula de cada oficina consular. A 1 de enero de 2013 eran 1 931 248 los españoles que vivían fueran; 673 662 son oriundos nacidos en España, un 35%, y 1 257 586 han accedido a la nacionalidad española, el 65%, como usted sabe, o bien se ha hecho con motivo de la Ley de memoria histórica o bien porque son inmigrantes que han accedido a nuestra nacionalidad y retornan a sus países de origen. El INE proporciona de forma sólida una estimación basada en un modelo matemático complejo y reconoce que las cifras son ligeramente inferiores en la inmigración y mayores en la emigración. A mí me gustaría saber de dónde saca usted los 700 000 españoles que se han ido después de la crisis. Porque hay estudios prestigiosos, como los del Real Instituto Elcano, de la Universidad Carlos III y de la Fundación 1º de Mayo, que, por cierto, creo que saben perfectamente que es de Comisiones Obreras, que concluyen que es difícil medir con precisión la nueva realidad migratoria, así como el alcance actual. De los datos disponibles no parece que hasta el momento se haya producido una emigración de gran escala similar a la que se produjo en los años sesenta. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

La Secretaría General de Inmigración está trabajando en muchas de las cuestiones que usted plantea. Yo creo que hay que destacar no solo la atención a los españoles, a nuestros compatriotas, a nuestros emigrantes sino, sobre todo, intentar ayudarles. Y es verdad que el presupuesto se ha reducido, ¿qué íbamos a hacer, no cumplir otra vez con el déficit público, hacer que Europa nos tuviese que rescatar? Lo que no vale es que ahora, dos años después, algunos presenten libros, como dije el otro día, y digan que adoptaron una serie de medidas que otros no quisieran tomar y luego, el que presidía el Gobierno de España, diga que, efectivamente, produjo una decepción y prefirió no tomar medidas para no desencantar a los ciudadanos. Pero transcurrido el tiempo, ustedes saben por qué están en la oposición y también nosotros sabemos por qué estamos en el Gobierno. La confianza de los españoles no la tuvo el Partido Socialista Obrero Español, la tuvo el Partido Popular.

Intentaré en el siguiente turno contestarle a algunas de las cuestiones. Claro que nos preocupamos por los españoles, claro que tomamos medidas, lo que pasa es que ahora se hace con más rigor, con mucha más seriedad. Y le voy a poner solo un ejemplo en relación a las políticas activas de empleo. Las comunidades autónomas han adoptado un acuerdo en abril de este año sobre algo tan lógico como que se coordinen las diferentes administraciones en las




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políticas activas de empleo y que, además, se implante una cultura de la evaluación en esas políticas activas de empleo que es algo nuevo, algo que antes no se hacía. Y le pongo un ejemplo: mi tierra, Canarias. Canarias, en el año 2008, recibió 42 millones de euros para políticas activas de empleo. Y ¿saben lo que pasa? Que hemos triplicado el desempleo, del 11% en el año 2008 al 34% en el año 2013.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya finalizando.

La señora LUZARDO ROMANO: Termino, señor presidente.

Y yo le diría solo una cosa, señora Marra: usted me dice de qué presume y yo le diré de qué carece.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Socialista, autora de la moción originaria, para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.

Senadora Marra, tiene la palabra.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.

He leído y analizado con detenimiento la enmienda de adición que nos presentan los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, que aceptamos, por supuesto, porque la valoramos muy positivamente. Viene a enriquecer nuestra propuesta y consideramos, además, fundamental para favorecer la participación política de los emigrantes que debe ser una garantía democrática básica en nuestro país. Además, quiero añadir que hemos presentado una PNL en el Congreso con el objetivo de que se elimine este voto rogado.Por lo tanto, reitero que esta enmienda del Grupo Mixto enriquece nuestra propuesta.

También he analizado con sumo detenimiento la enmienda del Grupo Popular y no puedo más que lamentar lo que ustedes proponen en el texto y lo que usted, señora Luzardo, ha dicho hoy aquí. Porque con esta enmienda de sustitución, lejos de asumir sus responsabilidades, el Grupo Popular hace una mera declaración de intenciones. Y yo le propongo, señoría, que ustedes incorporen esa enmienda a nuestra moción. Eso es lo que le proponemos. Y que se dejen de meras declaraciones de intenciones, de palabras carentes de contenido, que están vacías y que ocultan a los senadores del PP que no pueden votar a favor de nuestra moción.

Y no es entendible, y los ciudadanos no lo pueden entender, cómo ustedes, señorías del PP, siguen sin hacer ningún esfuerzo, sin adoptar ninguna medida para frenar esta triste realidad que está descapitalizando nuestro país. Y nos lo ha demostrado con su intervención. Primero, no reconociendo los datos. Los datos son ciertos, señoría. Son más de 700 000 personas y lo que tiene que hacer usted es documentarse, no solamente se tiene que fijar en los datos aquí, en España, sino, sobre todo, en los registros existentes fuera de nuestro país, porque, como usted sabe, hay incentivos para que estos emigrantes no se acaben registrando fuera y, por lo tanto, no se acabe recogiendo el número de personas que realmente emigran de nuestro país. Por lo tanto, le ruego que se documente y cuando lo haya hecho se dará cuenta de que realmente son más de 700 00 personas las que han abandonado nuestro país, hombres y mujeres que constituyen la generación mejor formada de nuestra historia y que con su partida nos hacen decrecer como país y nos abocan a una sociedad cada vez más envejecida y un futuro más pobre.

Lo que me llama la atención es que se feliciten y presenten una enmienda con la que, sinceramente, no creo que ustedes puedan dar una solución al grave problema de la emigración. Ya no les vale más de lo mismo. A los ciudadanos de este país ya no les vale que se les siga aplacando con mentiras calculadas, con eufemismos, con engaños burdos y con la misma cantinela con la que ustedes presentan esta enmienda de que quieren seguir avanzando en los trabajos —siempre buenas intenciones, pero compromisos, ninguno—, de que quieren seguir aportando recursos, de que quieren continuar con los trabajos, de que quieren continuar con los apoyos. Meras intenciones, pero soluciones a este grave problema, ninguna.

Los hombres y mujeres de este país no quieren esto, lo que quieren son soluciones concretas, adecuadas, que permitan asegurar un futuro a sus ciudadanos para que puedan encontrar un trabajo digno en nuestro país, para que se frene la fuga de cerebros, para que no vivan situaciones




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denigrantes y de indigencia fuera de nuestras fronteras y para que si deciden voluntariamente emigrar, cuenten con un sistema de apoyo institucional y de protección en el exterior que favorezca el retorno con garantías.

Es por todo ello por lo que les pido que analicen a fondo la realidad dramática que se está viviendo con esta nueva emigración, que la reconozcan y que reconsideren su enmienda, porque ya les anuncio que no la aceptaremos. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente desde el escaño para mostrar mi apoyo a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Entendemos que es justa y necesaria una moción como esta con los tiempos que corren y según los datos de personas que están abandonando España por motivos de la crisis. Consideramos que es necesaria y muy adecuada la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, de Izquierda Unida. Precisamente el voto es una de las cuestiones que más problemas está dando, no ya a los nuevos emigrantes que se están marchando ahora, sino a los colectivos que ya llevan mucho tiempo fuera. Por lo tanto, nos parece positivo incorporarlo en esta enmienda.

Mi grupo parlamentario lo va a apoyar y agradecemos su presentación.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president, senyores i senyors senadors, quan divendres passat en aquesta Cambra parlàvem de la sostenibilitat del sistema de pensions, parlàvem de demografia. I parlàvem, precisament, del fet que la demografia és canviant, i dels canvis en el comportament de la natalitat, fruit sempre de la conjuntura econòmica. Jo els recordava els canvis en les previsions de l’Institut Nacional d’Estadística en funció, precisament, dels canvis en la conjuntura econòmica. Ara són previsions pessimistes, fa pocs anys eren previsions optimistes, un mica més enrere també eren optimistes, en funció d’aquests canvis en l’economia.

Ara, la moció conseqüència d’interpel·lació que ha presentat la senadora Marras aborda un altre tema que és precisament els moviments migratoris que són un aspecte fonamental conjuntament amb els canvis en la població fruit de la natalitat i la mortalitat, el canvis vegetatius.

Per tant, crec que és sobrer el discurs del Partit Popular que va fer la ministra l’altre dia i que feia també la senadora Luzardo, amb tot el respecte, en el sentit de retrotraure’s als orígens de qui és el culpable. Hi ha una situació clara d’atur, de desocupació, fruit d’una crisi econòmica tremenda, i que és el que està provocant un fenomen migratori important, fonamentalment entre la nostra joventut. Per tant, el que cal és abordar el problema, diagnosticar-lo bé, conèixer bé les dades, evidentment, i, a partir d’aquí decidir l’aplicació d’una sèrie de polítiques que tendeixin a donar solució a una circumstàncies —per altra banda no desitjades per la majoria dels joves del nostre país que s’han vist en l’obligació d’haver de marxar.

La senadora Marras parlava de pràcticament 700 000 joves que han hagut de marxar d’Espanya a la recerca d’un lloc de treball. És evidentment un fenomen que encara, certament, no reuneix les característiques demogràfiques de l’emigració dels anys seixanta, però és un fenomen que està en els seus inicis. Tant de bo que no arribem a xifres com les del procés migratori de la dècada dels seixanta.

Precisament per això, cal cercar solucions. Les solucions de fons, òbviament, passen pel camí de la millora de la situació econòmica del nostre país, de la recuperació del creixement i de la creació de llocs de treball, cosa a la qual, evidentment, la reforma laboral no contribueix en absolut,




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en la mesura en què ha facilitat l’acomiadament i ha provocat precarització dels llocs de treball existent, la qual cosa precisament facilita la sortida del país a la recerca d’un lloc de treball en alguns casos, o d’un lloc de treball en millors condicions, en d’altres. Per tant, és evident que el que cal és canviar la política en matèria de creació de llocs de treball, però també cal atendre a aquelles persones o aquells joves que s’han vist en l’obligació d’haver d’abandonar el nostre país.

Per tant, en aquest sentit, són molt oportunes les mesures que proposa la moció conseqüència d’interpel·lació del grup socialista, en la mesura que el que cal fer és, precisament, identificar el problema, ser conscients de les xifres, donar tot l’assessorament possible als joves que tinguin la voluntat i l’oportunitat de marxar perquè sàpiguen on van i en quines condicions hi ha d’anar i quines opcions tenen per aconseguir llocs de treball i també, evidentment, atendre’ls en els seus llocs de destí. En aquest sentit, és molt important el cos consular del Ministeri d’Afers Estrangers espanyol per atendre, precisament, tota aquesta gent que s’ha desplaçat i que, en molts casos, probablement, no estan inscrits al registre de residents en altres països perquè no és obligatori i, per tant, segurament no han fet aquest requisit.

Per tant, cal fer difusió, donar informació, i desplegar tots els mitjans diplomàtics de l’administració espanyola per poder atendre a aquests espanyols que es mereixen tota l’atenció de la nostra societat a través de l’Administració de l’Estat, perquè puguin trobar un lloc de treball, puguin exercir-lo en les millors condicions possibles i, sobretot, que, quan ho desitgin, puguin retornar al nostre país en les millors condicions de reinserció possible.

Aquesta és la via i, per tant, no és qüestió de discutir qui és el culpable de la crisi —cosa a la qual té molta afició el Partit Popular— amb allò de ustedes y la herencia recibida. No és això. La crisi és una crisi internacional, no sé si se n’han enterat i, evidentment, a Espanya, fruit d’unes causes que venen de lluny —i posats a parlar de responsabilitats en trobaríem en moltes direccions i també en la del Partit Popular— ha generat una taxa d’atur superior a la d’altres països.

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, cuando el viernes pasado hablábamos en esta Cámara de la sostenibilidad del sistema de pensiones, hacíamos mención también a la demografía. Decíamos precisamente que la demografía cambia y hablábamos de esos cambios en el comportamiento de la natalidad, fruto siempre de la coyuntura económica. En este sentido yo recordaba los cambios en la previsión del Instituto Nacional de Estadística en función de la coyuntura económica. Ahora son previsiones pesimistas, hace unos años eran optimistas y tiempo atrás también lo eran, todo ello en función de los cambios que se producen en la economía.

En la moción consecuencia de interpelación que ha presentado la senadora se abordan otros asuntos, como son precisamente los movimientos migratorios, un aspecto fundamental en los cambios de la población fruto de la mortalidad y la natalidad, esos cambios vegetativos.

Por tanto, creo que no procede el discurso de la ministra del Partido Popular del otro día, con todos mis respetos, cuando se retrotraía a los orígenes para saber quién es el culpable. Hay una situación clara de desempleo fruto de una crisis económica tremenda que está provocando un fenómeno migratorio importante, fundamentalmente entre los jóvenes. Así que lo que hay que hacer es abordar el problema, diagnosticarlo correctamente, conocer bien todos los datos y decidir a partir de aquí la aplicación de una serie de políticas que tiendan a solucionar unas circunstancias que, por otra parte, no son deseadas por los jóvenes de nuestro país, que se han visto en la obligación de tener que irse del país.

La senadora Marra decía que son prácticamente 700 000 los jóvenes que han tenido que irse de España para buscar un puesto de trabajo. Se trata de un fenómeno que no reúne todavía las características demográficas de la emigración propia de los años sesenta, un fenómeno que se encuentra en sus inicios y esperamos no llegar a las cifras de los años sesenta.

Hay que buscar soluciones de fondo como, por ejemplo, el cambio de la situación económica de nuestro país y la búsqueda de más crecimiento y puestos de trabajos. La reforma laboral no contribuye a esto en absoluto, en la medida en que ha provocado el despido más fácil y una precarización en los puestos de trabajo existentes, lo que facilita esta salida del país buscando un puesto de trabajo o un puesto de trabajo en mejores condiciones. Lo que se precisa, por tanto, es cambiar la política económica y la situación de los jóvenes que han tenido que abandonar el país mediante la creación de empleo.




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En este sentido, lo que hay que hacer es identificar el problema, ser conscientes de las cifras, asesorar todo lo posible a los jóvenes que tengan que irse para que conozcan exactamente cuáles son sus opciones, el camino a recorrer, las opciones para conseguir un puesto de trabajo, y atenderles también en los lugares de destino. La labor del cuerpo consular es fundamental para atender a estas personas que se han desplazado y que muchas veces no están inscritas en el registro de residentes en estos países, porque, en muchos casos, no es obligatorio.

Por tanto, difusión, información y despliegue de medios diplomáticos de la Administración española. Esto es lo necesario para atender a estos españoles que se merecen la atención de nuestra sociedad a través de la Administración del Estado. Atención para que puedan encontrar un puesto de trabajo, para que puedan ejercerlo en las mejores condiciones posibles, y para que cuando lo deseen, puedan volver a nuestro país en las mejores condiciones de reinserción.

Esta es la vía. No se trata de discutir quién es el culpable de la crisis, esa tendencia del Partido Popular que tanto les gusta. No es eso, porque la crisis es internacional, no sé si se han enterado. En España, por causas que vienen de lejos —y si hablamos de responsabilidades encontraríamos muchas en el Gobierno del Partido Popular—, se ha generado una tasa de desempleo superior a la de otros países.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya terminando.

El señor SABATÉ BORRÀS: Acabo, senyor president.

Ja està bé de parlar de l’herència rebuda. El que cal ara és donar resposta a les necessitats dels ciutadans. I per això el Grup de l’Entesa pel Progrés de Catalunya donarem suport a la moció presentada pel Grup Socialista.

Gràcies, senyor president.

Acabo, señor presidente.

Ya basta de hablar de la herencia recibida. Ahora tenemos que dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Por eso, damos apoyo a la moción consecuencia de interpelación propuesta por el Grupo Socialista.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gràcies, senyor president.

L’exposició de motius de la moció fa una radiografia de la situació en la què es troben molts ciutadans que s’han vist obligats a deixar la seva família i el seu entorn per emigrar a la recerca d’oportunitats. Segons l’Eurobaròmetre que la Comissió Europea va dedicar a la mobilitat interna a finals de l’any 2009, només un 12% dels espanyols considerava la possibilitat de treballar en una altre país, a diferència dels 51% dels danesos, el 38% dels suecs, el 26% dels britànics o el 25% dels francesos, i això que en aquella data l’atur a Espanya superava en molt el d’aquest països.

En l’actualitat la realitat mostra com, si bé la població de l’Estat Espanyol ha estat considerada, en general, una població sedentària i arrelada al seu municipi o ciutat, en la que els llaços familiars i les amistats condicionen substancialment la voluntat de mobilitat dels individus, si es fes un estudi actualitzat, s’obtindrien unes dades molt diferents. No només per un canvi de mentalitat sinó per la necessitat de trobar feina, la qual condueix a aquest nou i dramàtic exili econòmic.

I és molt preocupant la incidència que té aquest fenomen en els joves. Cal tenir en compte que, des que va començar la crisi el 2008, ha crescut un 41% el nombre de joves que han emigrat a l’estranger, en la majoria dels casos empesos per la manca de perspectives laborals que a curt termini ofereix un país en el qual la taxa d’atur juvenil se situa en el 56%.

Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, l’any 2012 Espanya fou per tercer any consecutiu un país emissor d’emigrants, donat que foren 476.748 persones, de les que 59.724 eren espanyoles. Hi ha estudis que revelen que el 91% dels emigrants espanyols té estudis universitaris. Tot aquest talent finançat amb els diners de tots, està essent aprofitat per altres països que no han invertit ni un euro en aquesta mà d’obra barata que els està arribant com aigua de maig. Després, ens exclamem i ens queixem de la baixa taxa de natalitat i ens preocupem per qui pagarà les nostres pensions.




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Davant d’aquesta situació, el govern ha de reaccionar i no només donar oportunitats a aquestes persones perquè no es vegin obligades a marxar, tret dels que ho vulguin fer com a experiència laboral o per a perfeccionar idiomes, sinó per a facilitar les coses als que són fora i també per a facilitar-los el retorn si els cal o així ho decideixen.

Considerem que cal demanar, davant aquest fenomen derivat de la crisi i les altes taxes de desocupació, un estudi i anàlisi seriós de les mesures a emprendre per a donar suport a aquests nous col·lectius, tant en la seva emigració del país com per tal de facilitar-los un retorn futur, que contingui l’anàlisi i xifres reals, així com les dificultats amb què es troben.

És per això, que valorem positivament els 10 punts pels quals la moció conseqüència d’interpel·lació insta al Govern a passar a l’acció. Certament, cal implementar polítiques actives d’ocupació i d’atenció als aturats que evitin una nova emigració econòmica. I si bé la reforma laboral va possibilitar la flexibilització del mercat de treball, cal insistir en què la mateixa havia de venir acompanyada d’altres mesures. A part de fer fluir el crèdit a les empreses, que són les que creen ocupació, calia no deixar en situació de caiguda lliure a tantes famílies que no tenen cap mena d’ingrés i no retallar en polítiques actives d’ocupació quan són tan indispensables.

El govern, en comptes d’incrementar les partides pressupostàries i les accions per a incentivar l’ocupació, ha portat a terme una forta retallada en polítiques actives d’ocupació i en les prestacions per desocupació i no ha dotat dels recursos necessaris a les Comunitats Autònomes i als Municipis per a fer front als ajuts que han de prestar a les persones en situació de desocupació que han esgotat tots els subsidis. Com diguem els catalans, «això, no té ni cap ni peus». I evidentment, cal reforçar l’activitat dels consolats espanyols a l’estranger per millorar i apropar l’atenció que s’ofereix als nostres conciutadans a l’exterior. Facilitant la inscripció consular, modificant i ampliant el concepte d’emigrant per poder comptabilitzar els ciutadans que es troben a l’exterior menys de 12 mesos; ampliant la informació que es recull; oferint una estructura sòlida i fiable que permeti oferir als nous emigrants una informació completa de les condicions de vida al país d’acollida, i que permeti una resposta ràpida i eficaç davant les situacions d’indefensió que puguin patir els emigrants espanyols. Evidentment, també cal fomentar la formació i coneixement de l’idioma per a afavorir la integració real als països receptors a través dels instruments i institucions que Espanya té als països a on emigren els ciutadans espanyols, difondre informació sobre associacions espanyoles existents, facilitar la realització telemàtica de tot tipus de tràmits administratius, i donar suport a les fundacions i ONG amb experiència en el tractament dels moviments migratoris que permeti crear una xarxa d’atenció que garanteixi la integració i acollida al país de destí amb garanties. Cal també impulsar convenis de reciprocitat per a l’homologació de títols. Cal tenir en compte que, moltes vegades, no només l’idioma és un obstacle per a la inserció laboral de l’emigrant sinó que també ho és l’homologació del seu títol, la qual li permetrà accedir al lloc de treball pel qual ha estat preparat i adquirir una experiència que pugui revertir positivament aquí al seu retorn, el qual també s’ha d’afavorir i possibilitar. I està clar que una de les mesures perquè això sigui possible és mantenir els drets bàsics als emigrants quan retornen.

Per tot això i donat que considerem que, d’aprovar-se aquesta moció, la dramàtica realitat que estan patint molts emigrants milloraria, i tenint en compte que la situació clama perquè s’arribi a consensos i anem tots a una, votarem a favor de la moció amb la incorporació de l’esmena del Grup Mixt.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

La exposición de motivos de la moción hace una radiografía de la situación en la que se encuentran muchos ciudadanos que se han visto obligados a abandonar su familia y su entorno para emigrar en búsqueda de oportunidades. Según el Eurobarómetro que la Comisión Europea dedicó a la movilidad internacional en el año 2009, solo un 12% de los españoles consideraba la posibilidad de trabajar en otro país, a diferencia del 51% de los daneses, el 38% de los suecos, el 26% de los británicos o el 25% de los franceses, sabiendo, sin embargo, que en esa fecha el desempleo en España superaba en mucho la tasa de esos países.

En la actualidad, la realidad muestra cómo, si bien la población del Estado español ha sido considerada, en general, una población sedentaria y enraizada en su municipio o ciudad, en la que los lazos familiares y las amistades condicionan mucho la voluntad de movilidad de los individuos,




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si hiciéramos un estudio actualizado, conseguiríamos datos muy distintos. No solo por un cambio de mentalidad, sino por la necesidad de encontrar trabajo, lo que conduce a este dramático exilio económico.

Y es preocupante la incidencia que tiene este fenómeno en los jóvenes. Hay que tener en cuenta que desde que empezó la crisis en 2008 ha crecido un 41% la cantidad de jóvenes que han tenido que emigrar al extranjero, la mayoría de los casos, por esta falta de perspectivas a corto plazo, así como por una tasa de desempleo del 56%. Según los datos del INE, en el año 2012 España fue por tercer año consecutivo un país emisor de emigrantes, dado que emigraron prácticamente medio millón de personas. Hay estudios que revelan que el 91% de los emigrantes españoles tiene estudios universitarios. Todo este talento, financiado con el dinero de todos, está siendo aprovechado por otros países que no han invertido ni un euro en esta mano de obra barata que les está llegando como agua de mayo. Después nos quejamos de la baja tasa de natalidad. Nos preocupamos por quién pagará nuestras pensiones.

Ante esta situación, el Gobierno tiene que reaccionar. Y no solo dar oportunidades a estas personas para que no se vean obligadas a irse, salvo aquellos que quieran hacerlo como experiencia laboral para perfeccionar idiomas, sino que lo que tiene que hacer es facilitar las cosas a los que están fuera y facilitar también el retorno si así lo deciden o si es necesario.

Consideramos que hay que pedir, ante este nuevo fenómeno derivado de la crisis y estas altas tasas de desempleo, un estudio y un análisis serio de las medidas a emprender para dar apoyo a estos nuevos colectivos, tanto en su emigración del país, como para facilitar un retorno futuro que contenga análisis y cifras reales, y que estudie las dificultades.

Es por eso, que valoramos positivamente los diez puntos por los que la MCI insta al Gobierno a pasar a la acción. Sin duda, hay que implementar políticas activas de empleo y de atención a los desempleados que eviten una nueva emigración económica, y, si bien la reforma laboral posibilitó la flexibilización del mercado de trabajo, hay que insistir en que la misma tenía que ir acompañada de otras medidas. Además de fluir el crédito en las empresas, que son las que crean empleo, tampoco tenemos que dejar en caída libre a tantas familias que no tienen ningún tipo de ingreso, ni recortar en políticas activas de empleo, cuando son tan indispensables.

Sin embargo, ante esta situación, el Gobierno, en lugar de incrementar las partidas presupuestarias y las acciones para incentivar el empleo, ha recortado en políticas activas de empleo y en prestaciones de todo tipo. Esto no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido. Evidentemente, hay que reforzar la actividad de los consulados españoles en el extranjero para mejorar y acercar la atención que se ofrece a nuestros conciudadanos en el exterior, hay que facilitar la inscripción consular, modificar y ampliar el concepto de emigrante para contabilizar los ciudadanos que se encuentran en el exterior menos de doce meses; ampliar la información que se recaba, ofrecer una estructura sólida y fiable que permita a los nuevos inmigrantes una información completa de las condiciones de vida en el país de acogida y una respuesta rápida y eficaz ante las situaciones de indefensión que puedan padecer los inmigrantes españoles; hay que fomentar la formación y conocimiento del idioma para favorecer la integración real en los países receptores a través de instrumentos e instituciones que España tiene en los países adonde emigran los ciudadanos españoles; hay que difundir información sobre asociaciones españolas existentes, facilitar la realización telemática de todo tipo de trámites administrativos, apoyar las fundaciones y las ONG con experiencia en el tratamiento de movimientos migratorios para poder crear una red de atención que garantice la integración y acogida en el país de destino con garantías; hay que impulsar convenios de reciprocidad con la homologación de títulos —a veces no solo el idioma es un obstáculo para la inserción laboral del inmigrante, sino también la homologación de títulos—, lo que permitirá acceder al puesto de trabajo para el cual está preparado y adquirir una experiencia que pueda revertir positivamente en su retorno, y está claro que una de las medidas para que esto sea posible es mantener los derechos básicos de los emigrantes que retornan.

Por eso y habida cuenta de que consideramos que, si se aprueba esta moción, la dramática realidad que sufren muchos inmigrantes mejoraría, votaremos a favor de la moción consecuencia de interpelación.

Gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Tiene la palabra la senadora Marra.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero empezar agradeciendo las aportaciones realizadas por los portavoces de los distintos grupos que se han manifestado favorables a esta moción.

En cuanto a la portavoz del Grupo Popular, la senadora Luzardo, la verdad es que no me produce ninguna extrañeza que voten en contra de esta moción. Lo que lamento es que, siendo usted de la Comunidad Autónoma de Canarias, con una tasa de desempleo juvenil que alcanza el 70% y que está a la cabeza de todas las comunidades autónomas con mayor número de emigrantes que salen en busca de trabajo de nuestro país, sea quien siga abocando a los jóvenes canarios y a los jóvenes de toda España a seguir el mismo camino que recorrieron sus antepasados, el camino de la inmigración, porque estoy convencida de que le hubiera gustado votar a favor de esta moción. Estoy convencida de ello, señora Luzardo, porque todas las medidas que planteamos son razonables, necesarias para abordar esta lacra social de la nueva emigración de españoles al exterior. Pero ustedes van a votar en contra y con ello van a seguir las directrices del Gobierno del Partido Popular. Por tanto, ustedes serán los únicos responsables de que no exista ninguna salida para estos miles y miles de ciudadanos que se ven abocados a abandonar nuestro país, que es claramente perjudicial para el futuro de España. Y es que ustedes, como han indicado anteriormente, siguen sin reconocer la realidad de este país, siguen sin querer ver cuál es la realidad de esos más de setecientos mil españoles que se ven obligados a abandonar nuestro país a ganarse la vida en el extranjero, de lo que sea, y reproduciendo los mismos dramas que están sufriendo en España. Ustedes no reparan o no quieren reparar el drama que supone para estos hombres y mujeres abandonar su país, su familia, sus amigos, su cultura e iniciar un incierto futuro en un país que no es el suyo, y es ahí donde más se necesita que seamos responsables.

Por ello presentamos esta moción, y entre las medidas que adoptamos hay una medida muy necesaria, la relativa a políticas activas de empleo y de atención a los desempleados en aras de evitar una nueva migración económica, a la que ustedes, señorías del Partido Popular, van a votar en contra. Lo argumenté suficientemente con datos. Desde que gobierna el Partido Popular se han recortado un 46% las políticas activas de empleo, a pesar del persistente aumento del desempleo en nuestro país.

Y también me pregunto, señorías del Partido Popular: ¿Cómo pueden votar en contra de otra de las medidas que se plantea en esta moción, la de mantener derechos básicos a los emigrantes cuando regresen a nuestro país de forma temporal o permanente, o es que acaso ustedes, señorías del Partido Popular, consideran que no son igualmente españoles? ¿Es que acaso consideran justo que, por estar fuera de nuestro país, más de noventa días al año sin trabajo, pierdan además su derecho a la prestación sanitaria? Es tremendamente injusto, como también lo es querer suprimir el Consejo de la Juventud en España.

Y aunque les resulte tremendamente incómodo escucharlo, no me cansaré de decirlo: piensen por un minuto a quién van orientadas todas nuestras medidas, todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones porque son miles y miles de hombres y mujeres —que constituyen la generación mejor formada de nuestra democracia— que se van y se llevan su creatividad, su emprendimiento, su energía y que nos hacen decrecer como país y nos abocan a un futuro cada vez más pobre.

Soy senadora por Galicia y les puedo decir que la emigración no es nueva en mi tierra, pero sí lo es que por primera vez en este siglo, por primera vez en veinte años, la emigración rebase a la inmigración —doce mil ochocientos cincuenta y tres residentes gallegos se han marchado en los primeros seis meses de este año—, son ya más de los que salen. El primer semestre de 2013 se fueron mil novecientas sesenta y una personas, más de las que llegaron. Hace tan solo dos años la situación era totalmente contraria. En el año 2011 el panorama migratorio era radicalmente diferente, eran tres mil ciento treinta y cuatro personas más los que llegaban a Galicia que los que emigraban.

Por todo ello, les pido que reconsideren su decisión y voten favorablemente esta moción porque lo más importante que tiene este país son sus ciudadanos, sus hombres y mujeres, y si ellos se van, señorías, perdemos todos, perdemos nuestro futuro, perdemos lo mejor que tiene este país.

Gracias. (Aplausos.)




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Cierra el debate la senadora Luzardo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Tiene la palabra.

La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señor presidente.

La verdad, señora Marra, voy a confesarle mi frustración porque, siendo usted gallega y yo canaria, que sabemos mucho de emigración —no de la actual sino de la que hemos heredado, la de los canarios que se tuvieron que ir especialmente a Venezuela—, creía que, de los diez puntos de la moción, nos unían siete y podríamos llegar a un acuerdo. Incluso he intentado hoy con mi mejor voluntad hablar con todos los grupos parlamentarios, pero me he dado cuenta de que, por mucho que se intente, cuando es el PP el que lo propone, no se puede alcanzar.

En lo que usted tardó en subir y bajar, los setecientos mil que han abandonado España han pasado a algo más. Una de dos, o son setecientos mil o son algo más. La verdad, creo que solo con subir la escalera el número de inmigrantes no se multiplica. Señoría, le voy a dar los datos porque los tengo aquí: año 2011 —por cierto, gobernaban ustedes-: abandonaron España cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y uno; año 2012: abandonaron España cincuenta y siete mil doscientos sesenta y siete; y año 2013 —también tengo los datos porque los publicó la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística-: han abandonado España, hasta ahora, veinticuatro mil ochocientos sesenta. El saldo migratorio —que, efectivamente, es negativo—, si sumamos estas tres cantidades, está en torno a setenta mil quinientas noventa y dos personas.

Señorías, reconozco que este es un tema que cada vez me apasiona más. Estos días me he leído un artículo publicado en un medio de comunicación, cuyo titular era: «Falso éxodo masivo de españoles», y decía: Apenas el 0,7% de la población nacida en España abandonó el país durante el primer semestre de este año. De los treinta y nueve mil seiscientos noventa, veintiséis mil doscientos ochenta y uno son ciudadanos nacionalizados que retornan a sus países de origen. Además, ¿saben a qué países de origen retornan? En primer lugar, a Ecuador. Dudo mucho de que los jóvenes cerebros españoles estén abandonando España para irse a Ecuador. ¿No serán ciudadanos nacionalizados españoles los que retornan a sus países?

Usted ha dicho que la Secretaría General de Inmigración no hace nada. Pues yo le puedo decir que no solo hace más con menos, sino que, además, ha puesto en marcha una web de movilidad internacional, donde ofrece todos los requisitos que tienen que conocer de la estancia, la residencia, el estudio o el trabajo en el país de destino. El portal cext.es facilita información y enlace a las asociaciones de jóvenes españoles en el exterior. Y es verdad que, sobre todo, se ha avanzado mucho en la Administración electrónica. ¿Por qué? Porque hay una ley que se aprobó en el año 2007 que permite todos los trámites on-line, tanto de la pensión asistencial, de la prestación económica, de la prestación por razón de necesidad, así como programas de asociaciones.

Además, quiero decirle que en este año 2013 algo nuevo se ha puesto en marcha. ¿Y sabe qué se ha puesto en marcha? Pues un nuevo programa de 2,4 millones de euros destinados a la concesión de subvenciones a los jóvenes españoles que o bien residen en el exterior, o bien retornan a nuestro país para que, una vez finalizada su formación exterior, puedan concluir un periodo laboral fuera de España.

Y le digo más: ¿A este programa sabe cuántos proyectos se han presentado? Ciento setenta y seis: setenta proyectos procedentes de España y ciento seis proyectos procedentes del exterior. ¿Y sabe aproximadamente cuál puede ser el número de beneficiarios jóvenes de menos de 35 años? Pues estamos hablando de una cantidad aproximada de diez mil jóvenes.

Es más, señoría, uno puede aprovechar esta tribuna para llenar páginas en el Diario de Sesiones, pero a mí me hubiera gustado que en un asunto tan importante que tiene ver con los españoles, con nuestros compatriotas, hubiésemos sido capaces de avanzar en esa línea con algunas de esas propuestas y cerrarla. Y me da tristeza que, precisamente, en esta primera moción en la que se habla de nuestros españoles que están fuera, el arco parlamentario no haya sido capaz de ponerse de acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.—El señor presidente ocupa la Presidencia.)




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El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 81; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

6.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL PAGO A PROVEEDORES POR PARTE DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

(Núm. Exp. 671/000101)

AUTOR: GPCIU

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente. Molt bona nit, senyories.

Aquesta moció que presentem és una moció que algú pot entendre que és extemporània. De fet, és una moció que és conseqüència d’una interpel·lació que va tenir lloc ara fa un mes precisament i que, en aquell moment, tenia absolutament tot el sentit. No solament tenia sentit, sinó que el temps ha demostrat que tenia el seu efecte i l’ha tingut. Malgrat això, nosaltres mantenim la moció en la seva integritat, perquè era una moció que posteriorment també s’havia arribat a un acord al mateix grup majoritari i amb el mateix ministre interpel·lat.

Però més enllà del contingut de la moció, jo voldria avui destacar-los dues qüestions. El ministre Montoro va reconèixer clarament que el mecanisme del FLA s’havia de reassignar —no solament ho va reconèixer, es va comprometre— i, a més, la setmana passada va anunciar a aquesta cambra que en aquesta reassignació tornava a aplicar 873 milions més a Catalunya, conjuntament amb altres comunitats.

Buenas noches, señorías.

La moción que presentamos alguien puede considerarla extemporánea, de hecho es una moción consecuencia de una interpelación que tuvo lugar hace ya un mes precisamente. En ese momento tenía todo el sentido. Pero no tan solo tenía todo el sentido, además el tiempo ha demostrado que también tenía su efecto, y lo ha tenido. Nosotros mantenemos la moción en su totalidad, a pesar de que posteriormente se ha alcanzado un acuerdo con el grupo mayoritario y también con el propio ministro interpelado.

Pero más allá del contenido de la moción, hoy me gustaría destacar un par de cuestiones ante ustedes. El ministro Montoro reconoció a todas luces que el mecanismo del FLA debía ser reasignado —no tan solo lo reconoció, sino que se comprometió a ello— y además, la semana pasada anunció en esta Cámara que en esta reasignación volvía a adjudicar 873 millones de euros más a Cataluña, junto a otras comunidades autónomas.

Miren, para que todo el mundo lo entienda (Risas.), para que lo entiendan los que están en la Cámara y los que no están en la Cámara. Estos 873 millones de euros no financian independentistas, no financian independentistas, financian lo que tienen que financiar. Se financia con unos recursos que van a ser objeto de devolución, con sus correspondientes intereses.

Por tanto, les diré no tanto a sus señorías, que lo saben perfectamente, sino a los que nos oyen fuera de esta Cámara, que este dinero no sirve para financiar independentistas. Este dinero es de justicia. Es de justicia. Y tengan en cuenta otra cuestión: si a alguien se le ocurre dejar caer la Comunidad Autónoma de Cataluña, recuerden que la prima de riesgo y España irán detrás. (Aplausos.) Por tanto, cuando estamos reclamando desde esta tribuna que se asignen los recursos




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necesarios para hacer frente al déficit autorizado y para hacer frente a los compromisos que tiene la Generalitat de Catalunya, aunque no se lo crean, eso también beneficia al resto del Estado español, porque si Cataluña en algún momento suspende pagos porque no tiene los recursos financieros suficientes detrás irá el Estado español.

En tot cas, ara ja entenc que m’han entès perfectament, que no se’ls ha escapat a ningú, i per tant els demanaria el vot favorable a aquesta moció, que no solament té la virtut que ha provocat una situació i diferencia clarament el mecanisme de pagament a proveïdors del FLA, sinó que a la vegada crec que assenta una base per als propers exercicis. Per tant, voldria recordar-los que aquests mecanismes són imprescindibles, tal com jo recordava a la meva interpel·lació. Si a Catalunya es tingués un sistema de finançament just, suficient, podria acudir perfectament als mercats, es podria finançar, també pagaria els interessos que està pagant ara amb el mecanisme del FLA i, a la vegada, podria atendre totes les obligacions, perquè si Catalunya en aquests moments no paga tan ràpid com hauria de pagar, no és perquè no vol, sinó perquè no pot.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

En todo caso, entiendo que me han comprendido ustedes perfectamente, a nadie se le ha escapado. Por lo tanto, les pediría el voto favorable a esta moción, porque no solamente tiene la virtud de que ha provocado una situación y diferencia claramente el mecanismo de pago a proveedores del FLA, sino que, además, a la vez, sienta una base para los próximos ejercicios. Así pues, me gustaría recordarles que estos mecanismos son imprescindibles, tal como recordaba en mi interpelación. Si Cataluña tuviera un sistema de financiación justo, un sistema de financiación suficiente, podría perfectamente ir a los mercados y financiarse, también podría pagar los intereses que está pagando ya en el mecanismo del FLA y a la vez asimismo podría atender a todas sus obligaciones. Porque si Cataluña en estos momentos no paga todo lo rápido que debería, no es porque no lo desee, sino porque no puede.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo para defender la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a la moción de Convergència i Unió, y también para referirme a aspectos que se destacan en la moción y que usted, senador Bel, no ha mencionado en su intervención y que yo creo especialmente relevantes.

Es una moción con la que pretenden, como decía, reasignar con celeridad el Fondo de Liquidez Autonómico para evitar lo que el senador Bel, en el transcurso de la interpelación, calificó que sería un problema muy importante de tesorería para algunas comunidades autónomas, y en particular para Cataluña.

Senador Bel, usted decía: El FLA, que financia el déficit de cada comunidad autónoma, no financió todo el déficit del año anterior.

Hay comunidades autónomas que tienen un problema para financiar el déficit de 2013 porque han empleado parte de él en pagar facturas de 2012, comunidades que siguen sin poder pagar por sí mismas el déficit que generan y que tampoco tienen acceso a los mercados. Esa es la realidad por la que ustedes presentan hoy esta moción —sin levantar la voz, que no hace falta, porque eso lo entiende todo el mundo—: porque no pueden pagar el déficit que están generando. Y usted, senador Bel, lanzaba un auténtico SOS reclamando una vez más el apoyo del Estado y refiriéndose en particular a la necesidad de financiar, como usted decía, al menos una tercera parte de esos 1700 millones de déficit en Cataluña. Y reconocía usted —me parece memorable, y lo tienen que saber no solo las personas que estamos en este hemiciclo, sino también en Cataluña, así que tenga usted el atrevimiento reproducir las palabras que usted aquí expresadas también allí—: primero, la Generalitat y otras comunidades tienen un problema para financiar el déficit de 2013. Ese problema —y no quiero hablar de otras que no conozco, pero sí de Cataluña— no puede esperar ni dos meses —decía usted—, porque si esperan dos meses para materializar la dotación presupuestaria y no amplían en esos dos meses este Fondo de liquidez Autonómico, en la




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Generalitat vamos a tener un problema, y lo vamos a tener todos. Eso es lo que usted decía y es verdad. Decía: En una situación normal, ¿qué haría la Generalitat? Acudiría a una entidad financiera, acudiría a los mercados y financiaría íntegramente su déficit, que es a lo que tienen que aspirar —como ya han conseguido otras— todas las comunidades autónomas, senador Bel. Ese es el papel, decía usted, que le toca asumir al Estado, porque algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, no pueden. Y terminaba diciendo: Si al menos, de esos 1700 millones de euros, algo más de una tercera parte no se concreta antes de final de año, en Cataluña tendremos un serio problema.

Esa es la realidad que usted reconocía y ese es el SOS que usted lanzaba en este Pleno el pasado 19 de noviembre.

Senador Bel, presentamos una enmienda porque esa respuesta del ministro que le decía, esa reasignación va a ser posible porque hay comunidades autónomas que no necesitan el FLA, que nunca han necesitado acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico porque pueden financiarse en los mercados o porque no están generando un déficit de la envergadura que tiene Cataluña u otras comunidades.

El ministro le decía: Vamos a aportar toda la financiación de liquidez que necesita la Generalitat, y lo vamos a hacer con todas las comunidades autónomas que se encuentren en situación similar o parecida. Y la respuesta del ministro llegaba en días, cuando anunciaba en esta Cámara el pasado jueves, en el debate de la Ley de control de la deuda comercial del sector público, la decisión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de redistribución del excedente del FLA, que asigna, como usted ha dicho, a Cataluña 873 millones. Una vez más, el Gobierno del Partido Popular acude en auxilio de esas comunidades autónomas, dando una solución al problema para financiar los servicios públicos, señoría.

Usted ha levantado la voz. Yo no lo voy a hacer. No estamos financiando a independentistas, pero sí estamos financiando los servicios públicos que necesitan ser atendidos, que necesitan los catalanes y que no pueden financiar administraciones como la Generalitat por culpa del despilfarro y por culpa de una mala gestión de algunos gobernantes que sí se declaran independentistas. (Aplausos.) Esa es la realidad, y usted, junto con el reconocimiento que hace en esta moción de las bondades de esos instrumentos financieros que ha puesto a disposición el Gobierno y de la necesidad y de la oportunidad de esos instrumentos financieros que están yendo a pagar tantos cientos de miles de facturas en muchas comunidades autónomas, en ayuntamientos y también en Cataluña, junto con ese reconocimiento, debería reconocer esa verdad que aquí no nos quiere decir.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Tiene la palabra el senador Bel para indicar si acepta o no la enmienda.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies.

Me ha quedado patente que mi castellano no es comprensible. Voy a intentar hablar en castellano otra vez.

Senadora Angulo, no ha entendido mi intervención para nada. Mi intervención pretendía ser una defensa ante los ataques absolutamente injustificados que ha recibido el ministro Montoro tras el anuncio que hizo el jueves por la tarde en esta Cámara. No era ningún reproche al Gobierno, al contrario, y no lo entiende. No era ningún reproche al Gobierno. Yo viví, y lamentablemente, algunos titulares de prensa, algunas tertulias de radio, algunas tertulias de televisión los ataques que desde algunos sectores precisamente no próximos a mi formación política ni a Cataluña tildaban al ministro Montoro de blando, de colaboracionista con los independentistas, de vendido a CiU. Todo esto se lo dijeron a su ministro el viernes. Y lo que pretendía yo con mi intervención era contrarrestar todos estos efectos, no atacar al ministro Montoro. No ha entendido la primera parte de mi intervención, que sí la he hecho en catalán, en la que decía que el ministro había cumplido, que había cumplido cuando tocaba y que era consciente de la situación.

Y lo que yo digo aquí, lo digo en Cataluña. ¿Sabe qué pasa? Que hay unos medios de comunicación —este debate lo están viendo en Cataluña a través de Internet— y no podemos tener dobles discursos. Yo sé que alguna formación política, la suya —no ustedes aquí, que mantienen el mismo discurso—, el Partido Popular en Cataluña, ha mantenido unas veces un




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discurso diferente al de aquí. Pero ese no es mi problema. Nosotros lo que decimos aquí lo mantenemos.

Y cuando yo les estaba lanzando ese SOS, que ustedes comentaban, lo comprendieron rápido. El ministro lo comprendió rapidísimo. Mire si lo comprendió rápido y lo entendió que añadió alguna cantidad más a la que yo estaba expresando en aquel momento. Debió de salir convencido.

Llevo dos años, mi castellano no ha mejorado y, seguramente, no lo habrán entendido, pero, en todo caso, voy a utilizar una parte de mi tiempo para establecer nuestra posición respecto a las enmiendas.

Les esmenes que vostès presenten nosaltres les acceptarem, i amb la major normalitat. Per què? Perquè són esmenes d’actualització de la moció. Són esmenes que l’únic que pretenen és que una moció que es va presentar fa un mes, una vegada ja s’han complert una part de les exigències que s’establien en aquelles mocions, s’actualitzin. Per tant, res a dir, nosaltres hi estem d’acord.

També entenem que és important d’aquesta moció que es fixi aquesta dualitat. Els mecanismes de liquiditat per a les comunitats autònomes tenen dues vies fonamentals: una, fins ara, el pagament de proveïdors, i l’altra, el FLA. El FLA —li ho torno a repetir— és un finançament que reben —i el mecanisme de pagament a proveïdors, igual— les comunitats autònomes pagant els corresponents interessos i a retornar. Aquí no es regala res. Aquí no es regala absolutament res. Sap com retornaran aquests recursos que vostès també acuden als mercats financers a buscar? Els retornaran amb el que Catalunya pagarà. Pagarà retornant al FLA i pagarà amb els impostos dels contribuents catalans. Li vull recordar que encara avui el dèficit fiscal, les últimes xifres de dèficit fiscal que tenim a la taula, superen els 16 000 milions anuals. Per tant, com s’està pagant el deute públic espanyol és també amb la contribució —i molt més de la que ens toca, o ens tocaria— dels catalans. En tot cas, això que quedi clar.

Dit això, i encara que no ho paregui, jo els accepto l’esmena i entenc que vostès em podran donar suport a la moció.

Moltes gràcies.

La enmienda que ustedes presentan, nosotros la vamos a aceptar. Y la vamos a aceptar con la máxima normalidad, puesto que es una enmienda de actualización de la moción. Lo único que pretenden es su actualización, una vez ya se ha cumplido una parte de las exigencias establecidas en aquella moción que fue presentada hace un mes. Por lo tanto, nada que decir, nosotros estamos de acuerdo.

Y también entendemos importante que se fije esa dualidad. Los mecanismos de liquidez para las comunidades autónomas tienen dos vías fundamentales: una, hasta ahora el pago a proveedores, y luego el FLA. Y el FLA —se lo repito— es una financiación que reciben —y el mecanismo de pago a proveedores lo mismo— las comunidades autónomas pagando los correspondientes intereses a retornar. Aquí no se regala nada, aquí no se regala absolutamente nada. ¿Sabe cómo se van a devolver estos recursos? (Ustedes también acuden a los mercados financieros a buscarlos.) Pues se van a retornar con lo que Cataluña va a pagar por el FLA y también con los impuestos de los contribuyentes catalanes. Y quiero recordar que incluso hoy las últimas cifras de déficit fiscal que tenemos sobre la mesa superan los 16 000 millones anuales. Por lo tanto, la deuda pública española se está pagando también mediante la contribución —mucho más de lo que nos corresponde o nos correspondería— de los catalanes. Digo esto en todo caso para que quede claro.

Aunque no lo parezca, les acepto su enmienda y entiendo que ustedes van a poder apoyar nuestra moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Montilla.




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El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyor president.

Senyories, amb molta brevetat.

Voldria manifestar el nostre vot favorable a la moció conseqüència d’interpel·lació presentada per Convergència i Unió. El nostre grup ja va votar favorablement la llei que va crear el fons de liquiditat i també es va mostrar favorable al mecanisme de finançament per al pagament de proveïdors.

Davant de la situació de dèficit de les administracions públiques, d’una banda, i el tancament dels mercats i el no accés al crèdit bancari nacional, d’una banda, les administracions territorials es trobaven en una difícil situació: o l’Estat es convertia en avalador per tal que aquestes poguessin acudir als mercats, o el mateix Estat es convertia en banquer. Es va optar perquè fes de banquer, amb condicions addicionals, a més a més. L’Estat fa de banquer, ja que és preferible fer-ho abans que avalar les administracions públiques, així ho vam considerar. Té assegurat el cobrament —amb les retencions, òbviament—. Condiciona i controla en molts casos més enllà de l’activitat econòmica i financera de les administracions territorials. A més, com a banquer, hi guanya diners, ja que cobra un diferencial a les administracions territorial, respecte el cost que per a ell té el diner al mercat. Per als ajuntaments i, en aquest cas, per a les comunitats autònomes seria molt més fàcil, si els mercats estiguessin oberts, anar als mercats. No els posarien determinades condicions que l’Estat posa.

Un instrument, el FLA, permet finançar el dèficit de les comunitats autònomes. Un dèficit que s’ha anat reduint percentualment a més velocitat que la mateixa Administració General de l’Estat, convé recordar-ho, amb una distribució del dèficit que hem criticat per ser injusta i discriminatòria envers les comunitats autònomes.

I un altre instrument, el mecanisme de liquiditat per a pagament a proveïdors, que ha possibilitat que el conjunt de les administracions territorials puguin complir amb les obligacions de caràcter legal i no incórrer en morositat.

En aquest sentit, la formulació de la moció conseqüència d’interpel·lació posa de relleu la necessitat de mantenir, precisament, aquests mecanismes de dotació de liquiditat a les administracions territorials i, de manera molt particular, a les comunitats autònomes, i la necessitat que el seu funcionament sigui àgil, una expressió que ha desaparegut després de l’esmena del Grup Popular. I això precisament perquè les administracions territorials puguin complir en termini les seves obligacions. Això seguirà sent necessari, en tant no es normalitzin els mercats i les administracions territorials no tinguin altres alternatives per accedir al crèdit, entre altres coses.

Per tant, el nostre vot, repeteixo, serà favorable.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, señor presidente.

Señorías, intervendré muy brevemente.

Me gustaría manifestar nuestro voto favorable a la moción consecuencia de interpelación presentada por Convergència i Unió. Nuestro grupo parlamentario ya votó favorablemente la ley que creó el Fondo de liquidez y también se mostró favorable al mecanismo de financiación para el pago a proveedores.

Ante la situación de déficit de las administraciones públicas, por un lado, y el cierre de los mercados y la falta de acceso al crédito bancario nacional, por el otro, las administraciones territoriales se encontraban en una difícil situación: o bien el Estado se convertía en avalador para que estas pudieran acudir a los mercados, o el mismo Estado se convertía en banquero. Y se optó por que hiciera las veces de banquero pero con condiciones adicionales. El Estado hace las veces de banquero, que es mejor, antes que avalar a las administraciones públicas. Así se consideró. Tiene asegurado el cobro —en este caso con las retenciones evidentemente— porque condiciona y controla —en muchos casos más allá de lo necesario— la actividad económica financiera de las administraciones territoriales. Además, como banquero, gana dinero, puesto que cobra un diferencial a las administraciones territoriales respecto del coste que para él tiene el dinero en el mercado, a los ayuntamientos, y en este caso a las comunidades autónomas. Sería mucho más fácil si los mercados estuvieran abiertos y se pudiera acceder a ellos, porque no se impondrían determinadas condiciones que el Estado sí impone.




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Un instrumento, el FLA, permite financiar el déficit de las comunidades autónomas, un déficit que se ha ido reduciendo porcentualmente a mayor velocidad que el de la Administración General del Estado, una distribución del déficit que hemos criticado por ser injusta y discriminatoria con las comunidades autónomas.

Otro instrumento, el mecanismo de liquidez para pago a proveedores, ha posibilitado que las administraciones territoriales puedan cumplir con las obligaciones de cariz legal y no incurrir en morosidad.

En este sentido, la formulación de la moción consecuencia de interpelación pone de relieve la necesidad de mantener precisamente estos mecanismos para dar liquidez a las administraciones territoriales, particularmente a las comunidades autónomas, y la necesidad de que su funcionamiento sea ágil, expresión que ha desaparecido de la enmienda del Grupo Popular, precisamente, para que las administraciones territoriales puedan cumplir en plazo sus obligaciones. Esto va a seguir siendo necesario en tanto no se normalicen los mercados y las administraciones territoriales no dispongan de otras alternativas para acceder al crédito, entre otras.

Por lo tanto, nuestro voto, repito, va a ser favorable.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergéncia i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.

Intervengo rápidamente y desde el escaño.

Quiero agradecer el voto favorable que ha anunciado la Entesa.

En tot cas, voldria deixar constància que aquesta moció reflecteix una realitat que hem d’entendre absolutament tots. Si és votada favorablement —com entenc que passarà— pel Partit Popular, nosaltres també en fem una valoració extremament positiva. I és així més enllà del contingut de la moció, sinó pel que significa, per la transcendència de reconèixer la necessitat d’utilitzar aquests mecanismes. A nosaltres no ens agradaria utilitzar-los, òbviament i —com es deia abans— si poguéssim acudir al finançament del mercat, segurament ens podríem finançar uns punts, unes dècimes, molt més barats que no pas ens estem finançant. Òbviament que no ens agradaria, però mentre continuï aquesta realitat —i els avanço que mentre no hi hagi una modificació substancial del sistema de finançament de les comunitats autònomes i del sistema de finançament de Catalunya aquesta realitat es mantindrà— és necessari mantenir aquests mecanismes.

Ja per acabar, malgrat no consta a la moció, voldria mostrar un desideràtum, que és que aquests mecanismes, tal com estan plantejats, i aquests compromisos que adquiria el Govern i que ha complert en aquest trimestre, també els pugui complir al llarg de 2014. A diferència del que ha passat en aquest 2013, desitgem que el 2014 el mecanisme del FLA i la forma d’implementar aquest mecanisme pugui està clarificat des d’un principi, durant el primer trimestre de 2014 per no generar aquesta incertesa que s’ha generat fins a finals d’exercici. A la vegada, vist que la planificació de la tresoreria de les comunitats autònomes —i la de la Generalitat— és complexa, desitgem que es pugui dur a terme en les millors condicions.

Només voldria recordar-los que, de l’última reassignació que s’ha fet del FLA, efectivament Catalunya és la que ha rebut més recursos, però si es prenen la molèstia de calcular aquesta reassignació per nombre d’habitants, pel volum del pressupost, pel dèficit acordat, veuran que no és Catalunya la que rep més recursos del FLA. I podran comprovar que és alguna comunitat governada també pel Partit Popular, com són les mateixes. I, com totes les comunitats de l’arc mediterrani, pateixen del mateix mal, que és un sistema de finançament que no afavoreix, i si m’ho permeten, que castiga totes les comunitats autònomes que es troben a l’arc del Mediterrani.

De totes maneres, en la mesura que sigui aprovada, vull agrair el vot favorable a tots els grups que així l’apliquin.

Moltes gràcies.

En todo caso me gustaría dejar constancia de que esta moción refleja una realidad que debemos comprender absolutamente todos. Si es votada favorablemente —como entiendo que va




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a ser—, por el Grupo Popular, nuestra valoración es extremadamente positiva, más allá del contenido de la moción, por lo que significa y por la trascendencia que implica reconocer esa necesidad de utilizar dichos mecanismos. A nosotros no nos gustaría utilizar estos mecanismos, evidentemente, y —como se mencionaba antes— si pudiéramos acudir a la financiación del mercado seguramente nos podríamos financiar unos puntos o unas décimas por debajo de lo que nos estamos financiando, lo que resultaría más económico, y obviamente no nos gusta tener que hacerlo, pero siempre que esta realidad prosiga —y ya les adelanto que, a no ser que haya una modificación sustancial del sistema de financiación de las comunidades autónomas y de Cataluña, esta realidad se va a mantener— es necesario conservar estos mecanismos.

Para terminar, a pesar de que no está en la moción, me gustaría mostrar un desiderátum. El deseo es que estos mecanismos, tal y como están planteados, y los compromisos que el Gobierno ha adquirido y ha cumplido en este trimestre, también pueda cumplirlos a lo largo de 2014. Y, a diferencia de lo sucedido en este 2013, deseamos que en 2014 el mecanismo del FLA y la manera de implementar dicho mecanismo puedan quedar claros desde el principio, durante el primer trimestre de 2014, para no crear esa incertidumbre generada hasta finales del ejercicio y, a la vez, dado que la planificación de la tesorería de las comunidades autónomas es compleja —la de la Generalitat también—, se pueda realizar en las mejores condiciones.

Tan solo me gustaría recordarles que de la última reasignación realizada del FLA, en efecto, Cataluña es la que ha recibido más recursos, pero si se toman ustedes la molestia de calcular esa reasignación por número de habitantes, por volumen del presupuesto y por el déficit acordado, se darán cuenta de que no es Cataluña la que recibe más recursos del FLA. Podrán también comprobar que hay algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular más beneficiadas, y que todas las comunidades del arco mediterráneo sufre del mismo mal: un sistema de financiación que no favorece, y si me lo permiten, que castiga a todas las comunidades autónomas que se encuentran en ese arco del Mediterráneo.

De todas formas, en la medida en que sea aprobada, me gustaría agradecer su voto favorable a todos los grupos que así lo apliquen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.

La verdad es que no entendía yo muy bien la moción consecuencia de interpelación tal y como estaba presentada. Obviamente, era una moción de apoyo al Gobierno fundamentalmente, tal y como se ha aclarado. Pero lo que me ha sorprendido y lo que me ha impulsado a salir a esta tribuna ha sido, en primer lugar, anunciar que no habíamos presentado enmiendas y que, obviamente, íbamos a apoyarla; y, en segundo lugar, que siembra ciertas dudas la intervención del Grupo Parlamentario Popular porque parece exactamente lo contrario de aquello para lo que ha sido presentada la moción. Pero sí entiendo esa posición: la incomprensión, que hace posible que en determinadas comunidades autónomas a veces se reaccione desmesuradamente ante determinadas actuaciones del Gobierno.

En este caso concreto es evidente. Si se hunde Cataluña, se hunde España, pero si se hunde cualquier otra comunidad autónoma, también. Esta es la situación real. Y por eso el Gobierno, que es el Gobierno de España, viene obligado fundamentalmente a ayudar en la financiación. Y cuando se ha cerrado la financiación ha pasado lo mismo, pero mucho más cercano, que cuando se le cerró la financiación al Gobierno de España, o cuando se le cerró al Gobierno de Portugal, o cuando se le cerró al Gobierno de Irlanda. O interviene Europa o se hunde la situación, y en este caso concreto estamos hablando de España y de sus comunidades autónomas. Y si el Gobierno tiene capacidad de financiarse y no la tienen las comunidades autónomas, ¿cómo no va a intervenir? Esto no es un favor que se le hace a nadie; esto es una obligación que tiene el Gobierno de España para con sus ciudadanos y sus comunidades autónomas. (Aplausos.) Tiene que intervenir para financiar los servicios sociales y los servicios esenciales que hacen que los ciudadanos españoles estemos dispuestos a convivir conjuntamente. ¡Claro que sí! ¿Qué hay comunidades que han gestionado mal? No me cabe ninguna duda. Y el Gobierno también ha gestionado, gestiona y posiblemente gestionará mal también, pero en cualquier caso ahora hay




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que atender esta evidente necesidad, y el Gobierno lo puede hacer, y lo había hecho con el Fondo de liquidez y con el de pago a proveedores. Esa es la situación que, en principio, y de momento, habrá que seguir manteniendo, porque, obviamente, el último experimento de los bonos patrióticos catalanes o el de los valencianos, por ejemplo, fue un fiasco total. Esta es una situación que, evidentemente, es insostenible.

En cuanto a lo demás, parece más bien una provocación que la voluntad de cumplir con la obligación que compete al Gobierno de España. No quiero insistir más en este tema porque se trata fundamentalmente de intentar llevar adelante lo que hace falta.

¿Han gestionado mal los Gobiernos? Probablemente. ¿Hay un sistema de financiación inadecuado que hay que intentar resolver cuanto antes? Pues en este caso, no probable, seguro también, porque hay muchas diferencias en la financiación de las comunidades autónomas y esto obliga necesariamente a una revisión, independientemente de que unas se hayan resentido más en los ingresos que otras porque tenían una estructura productiva distinta. En cualquier caso, reforma del sistema de financiación, y entre tanto no haya posibilidad de acudir a los mercados o le sea más barato al Gobierno de España, que —como han repetido una y otra vez— cobra por la gestión, me parece recordar que cobra 5 puntos básicos, en cualquier caso, cobra por la gestión. Pues lo cierto es que habrá que seguir haciéndolo hasta que se acabe esta situación porque todos hayamos contribuido —más las comunidades autónomas que el Estado, en este caso— a acabar con el déficit que nos está ahogando y que nos encarece la financiación.

Y termino diciendo que si vamos a aprobar esta moción, aunque el señor Bel no ha aprendido más castellano, será necesario hacer algún retoque, porque el Pleno del Senado no puede instar al Gobierno a «reconoce» la importancia del Fondo de liquidez, tendrá que ser a «reconocer», en su caso. Y tampoco puede, después de instar al Gobierno, volverle a instar a seguir facilitando. En definitiva, hay un problema de redacción que me gustaría que se solucionara.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

Senador Bel, usted en catalán y yo en castellano nos hemos entendido perfectamente, los dos hemos hablado. No estamos financiando independentistas, estamos financiando los servicios públicos que necesitan los catalanes, servicios como la educación, servicios como la sanidad, incluso el pago de nóminas al que usted se refería en la interpelación. Y eso es lo que el Gobierno ha hecho desde el primer momento, en los dos primeros meses ya, poniendo en marcha el mecanismo de pago a proveedores, y así ha seguido haciendo con el Fondo de Liquidez Autonómico hasta el momento, hasta poner 102 000 millones de euros a disposición de los proveedores de este país, a disposición del pago de facturas que estaban pendientes —eso es lo que yo he añadido, y usted me ha entendido perfectamente—, en algunos casos por la irresponsabilidad o por la mala gestión de algunos gobernantes que sí son independentistas —esa es la realidad— y que han multiplicado la deuda por cuatro o por cinco y tienen las facturas sin pagar.

En todo caso, con tono conciliador, quiero decir que aquí Convergència no está apoyando al Gobierno, estamos todos apoyando un mecanismo importantísimo y reconociendo la necesidad y la bondad de esos instrumentos financieros que permitan cumplir el primer compromiso que asumió el Gobierno del Partido Popular, que era comprometer a todas las administraciones públicas en la salida de la crisis, con exigencia de esa reducción del déficit y de esa consolidación fiscal, pero también con medidas de apoyo importantes, entendiendo que esas medidas de apoyo —insisto— en este momento son absolutamente imprescindibles para atender los servicios que necesitan los ciudadanos de todos los rincones de España, de Cataluña y de aquellas comunidades autónomas o ayuntamientos donde hubiera facturas sin pagar y no se estuviera llegando.

Hoy en esta moción hacen algo más que reclamar algo que hemos quitado, porque el Gobierno ya lo ha aprobado: reconocen la importancia del FLA como medida de alto contenido social en esa financiación de servicios públicos; como inyección económica importantísima también para los emprendedores y para los proveedores de este país; como medida que está garantizando la




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estabilidad de los servicios básicos y está facilitando la actividad económica y que también puede impulsar la competitividad de las administraciones y convertirlas en motor de crecimiento.

Y yo estoy especialmente contenta de que hoy todos los grupos políticos, todos los partidos, o al menos todos los portavoces que han intervenido, reconozcan la necesidad y la oportunidad que fue aprobar mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómico. Porque hay que recordar también que algunos son advenedizos a ese reconocimiento, puesto que intentaron vetar la modificación de la Ley de estabilidad presupuestaria, que permitió poner en marcha ese Fondo de Liquidez Autonómico que hoy está, como digo, aportando la certeza y las garantías necesarias para asegurar los servicios públicos en todas las comunidades de España. Es la obligación del Estado, dice el senador Lerma. ¿Y cuál era la obligación del Estado cuando gobernaba el Partido Socialista en este país (Aplausos.), que se acumularon ocho millones de facturas, señorías, ocho millones de facturas de 330 000 proveedores, (Rumores.) 102 000 millones de euros que se han puesto a disposición en dos años por el Gobierno del Partido Popular? (Protestas.) ¿Cuál era su obligación como parlamentarios del Grupo Socialista, señorías? (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: ¿Ver cómo las facturas se escondían debajo de los cajones y se guardaban para cuando viniera otro Gobierno? ¿Esa era su obligación? (Aplausos.—Protestas.) ¿Cuál era su obligación, senadores de la Entesa, senador Montilla, senadores de Esquerra, que estaban formando parte de aquel Gobierno tripartito? (Rumores.) Hoy estamos hablando de algo más que dinero, estamos hablando del compromiso de un Gobierno, como prometimos, comprometiendo a todas las administraciones públicas en la salida de la crisis. Estamos hablando de lealtad institucional, estamos hablando de asegurar los servicios a todos los ciudadanos de España y de asegurar el Estado del bienestar, que algunos tanto prometen pero dejaron abandonado a su suerte con esos millones de facturas sin pagar. (Rumores.) Estamos asegurando el apoyo financiero a las comunidades autónomas que lo necesitan, pero, sobre todo, estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad y una apuesta por el futuro.

Miren, señorías, hoy estamos todos de acuerdo, algunos no lo estuvieron en su momento, (Rumores.) pero las medidas que se han puesto a disposición del pago de todas esas facturas pendientes, a disposición de sacar adelante y de garantizar los servicios públicos de este país…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: … son medidas de carácter económico y de carácter social que ponen en evidencia lo que el Partido Popular, desde el minuto cero, ha dicho: que es una auténtica política de Estado, y en esa política de Estado, el Grupo Popular ha estado y va a seguir estando.

Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.—Aplausos.—El senador Bel Accensi pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Dado que la moción es nuestra, para recuperar el espíritu navideño, que creo que ha desaparecido momentáneamente, para clarificar al senador Lerma los tiempos verbales de los puntos, y para que quede constancia en el Diario de Sesiones, que, efectivamente, los tiempos verbales: reconoce, insta, destaca y reitera, serían: reconocer, instar, destacar y reiterar.

En todo caso, agradezco el voto favorable, según parece, de toda la Cámara, y les deseo feliz Navidad a todos ustedes. (Aplausos.—Risas.)

El señor PRESIDENTE: Es usted incansable, senador Bel, incansable (Risas.-Aplausos.). Feliz Navidad.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.




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Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 230; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve y media.

Buenas noches a todos.

Eran las veintiuna horas y veinte minutos.


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