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DS. Senado, Pleno, núm. 94, de 16/12/2013
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 45

celebrada el lunes, 16 de diciembre de 2013

ORDEN DEL DÍA

1. ACTAS

1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 9, 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 2013.

2. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

2.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

2.1.1. Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Comisión: Entidades Locales

(Núm. exp. 621/000054)

2.1.2. Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.

Comisión: Economía y Competitividad

(Núm. exp. 621/000053)




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SUMARIO

Se abre la sesión a las once horas.

1. ACTAS

1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 9, 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 2013.

Se aprueba el acta.

2. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

2.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

2.1.1. Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Comisión: Entidades Locales

6

(Núm. exp. 621/000054)

El señor De la Torre Prados, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) hace uso de la palabra de conformidad con el artículo 84.4 del Reglamento del Senado.

Comienza el debate de las propuestas de veto.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto número 1, presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor De la Torre Prados pide la palabra por alusiones.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la propuesta de veto número 2.

El señor Unamunzaga Osoro defiende la propuesta de veto número 3, del señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 5, del señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Sequera García defiende la propuesta de veto número 6, de la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rivero Segalás defiende la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sanz Cabello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Martínez Oblanca, el señor Unamunzaga Osoro, la señora Capella i Farré y el señor Mariscal Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalás, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Belloch Julbe, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Sanz Cabello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.




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Se suspende la sesión a las catorce horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para las senadoras Eva Parera Escrichs y Catalina García Carrasco. En todas las propuestas de veto el voto de la senadora Parera Escrichs es a favor y el de la senadora García Carrasco es en contra.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente resultado: presentes, 237, más 2 telemáticos, 239; votos emitidos, 236 más 2 votos telemáticos, 238; a favor, 80, más 1 voto telemático, 81; en contra, 154, más 1 voto telemático, 155; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 237, más 2 telemáticos, 239; votos emitidos, 237 más 2 votos telemáticos, 239; a favor, 81, más 1 voto telemático, 82; en contra, 154, más 1 voto telemático, 155; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 237, más 2 telemáticos, 239; votos emitidos, 237, más 2 votos telemáticos, 239; a favor, 81, más 1 voto telemático, 82; en contra, 153, más 1 voto telemático, 154; abstenciones, 3.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 236, más 2 telemáticos, 238; votos emitidos, 236, más 2 votos telemáticos, 238; a favor, 81, más 1 voto telemático, 81; en contra, 153, más 1 voto telemático, 154; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente resultado: presentes, 237, más 2 votos telemáticos, 239; votos emitidos, 237, más 2 votos telemáticos, 239; a favor, 81, más 1 voto telemático, 82; en contra, 154, más 1 voto telemático, 155; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 7, con el siguiente resultado: presentes, 237, más 2 votos telemáticos, 239; votos emitidos, 237, más 2 votos telemáticos, 239; a favor, 81, más 1 voto telemático, 82; en contra, 154, más 1 voto telemático, 155; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 237, más 2, votos telemáticos, 239; votos emitidos, 237, más 2 votos telemáticos, 239; a favor, 81, más 1 voto telemático, 82; en contra, 154, más 1 voto telemático, 155; abstenciones, 2.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 68 a 97.

La señora Santos Fernández defiende las enmiendas 152 a 177, presentadas por el señor Fuster Muniesa y las señoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas 1 a 11, 13 a 37 y 149, presentadas inicialmente por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 38 a 63 y 65 a 67, presentadas inicialmente por este senador y el señor Zerolo Aguilar.

El señor Yanguas Fernández defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 98 a 104, presentadas inicialmente por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández.

La señora Capella i Farré defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 105 a 148, presentadas inicialmente por esta senadora.




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El señor Unamunzaga Osoro defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 150 y 151, presentadas inicialmente por el señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas 400 a 402, 404 a 411, 413 a 415, 417, 418 y 420, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

La señora Sequera García da por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 225 a 288 y defiende las números 289 a 341 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por el Dictamen de la Comisión, salvo las transaccionales aprobadas sobre las enmiendas 12 y 64 del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Bel Accensi defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió números 342 a 399 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 424 a 426, 429, 432, 436, 442 y 443 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 178 a 224 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 421 a 433 y 435 a 447 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Pagola Sáenz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor García Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación de los votos particulares presentados a este proyecto de ley se pospone al día siguiente.

2.1.2. Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.

Comisión: Economía y Competitividad

87

(Núm. exp. 621/000053)

El señor López Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto número 1, del señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la propuesta de veto número 2.

El señor Unamunzaga Osoro defiende la propuesta de veto número 3, de la señora Mendizabal Azurmendi y los señores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano y Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 4, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Mariscal Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.




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Se procede a la votación de las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para las senadoras Eva Parera Escrichs y Catalina García Carrasco, cuyos votos son en contra de todas las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 241, más 2 telemáticos, 243; votos emitidos, 241, más 2 votos telemáticos, 243; a favor, 7; en contra, 163, más 2 votos telemáticos, 165; abstenciones, 71.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 242, más 2 telemáticos, 244; votos emitidos, 242, más 2 votos telemáticos, 244; a favor, 6; en contra, 165, más 2 votos telemáticos, 167; abstenciones, 71.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 243, más 2 telemáticos, 245; votos emitidos, 243, más 2 votos telemáticos, 245; a favor, 6; en contra, 165, más 2 votos telemáticos, 167; abstenciones, 72.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 242, más 2 telemáticos, 244; votos emitidos, 242, más 2 votos telemáticos, 244; a favor, 6; en contra, 164, más 2 votos telemáticos, 166; abstenciones, 72.

Se suspende la sesión a las veintiuna horas y treinta minutos.




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Se abre la sesión a las once horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

1. ACTAS

1.1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA LOS PASADOS DÍAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013.

El señor presidente da lectura a los puntos 1. y 1.1.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna observación? (Denegaciones.)

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

2. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

2.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

2.1.1. PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

El señor presidente da lectura a los puntos 2. 2.1. y 2.1.1.

El señor PRESIDENTE: Este proyecto de ley se ha debatido en la Comisión de Entidades Locales.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Entidades Locales, el senador De la Torre.

El señor DE LA TORRE PRADOS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Entidades Locales del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el pasado día 7 de noviembre, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en la misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el pasado día 20 de noviembre y fue ampliado hasta el día 26 del mismo mes. El proyecto se tramita por el procedimiento ordinario.

A este proyecto de ley se han presentado siete vetos y cuatrocientas cuarenta y siete enmiendas. Los vetos han sido presentados de la siguiente manera: el veto número 1, por los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto numero 2, por la senadora Ester Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; El veto número 3, por los senadores Urko Aiartza Azurtza, Iñaki Goioaga Llano, Alberto Unamunzaga Osoro y la senadora Amalur Mendizabal Azurmendi del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 4, por el Grupo Parlamentario Socialista; el veto número 5, por los senadores Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el veto número 6, por los senadores Francisco Boya Alós, Rafael Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borrás y las senadoras Mónica Almiñana Riqué y María Jesús Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y el veto número 7, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Las cuatrocientas cuarenta y siete enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: ciento cincuenta y una, del Grupo Parlamentario Mixto, de las cuales treinta y ocho han sido formuladas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes; treinta, por los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar; treinta, por el señor Martínez Oblanca; siete, por los señores Eza Goyeneche, Yanguas Fernández y la señora Salanueva Murguialday; cuarenta y cuatro, por la señora Capella i Farré, y dos, por los señores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, por la señora Mendizabal Azurmedi y por el señor Unamunzaga Osoro. Veintiuna, del Grupo Parlamentario




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Vasco en el Senado. Ciento diecisiete, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Cincuenta y ocho, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Cuarenta y siete, del Grupo Parlamentario Socialista. Veintisiete, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y veintiséis del señor Fuster Muniesa y las señoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández.

En el informe de la ponencia se incorporaron todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, teniendo en cuenta que las enmiendas números 422 y 447 se corrigieron respecto al texto original por contener simples errores materiales. El resto de las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios fueron rechazadas en la ponencia, sin perjuicio de su defensa en comisión y, en su caso, en el Pleno del Senado. A continuación, se reunió la Comisión de Entidades Locales, dictaminando dicho proyecto en su sesión del pasado día 13 de diciembre, incorporando la enmienda número 416, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, además de las del Grupo Parlamentario Popular, y tres enmiendas transaccionales: dos, sobre la base de las enmiendas números 12 y 14, del Grupo Parlamentario Mixto, y una sobre la base de la enmienda número 412, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Por último, para su debate ante el Pleno, se han formulado once votos particulares referentes a todos los grupos parlamentarios, excepto el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, aunque sí están incluidos entre los votos particulares los de las senadoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández y el del senador Fuster Muniesa.

Con estas palabras, creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo en este importante proyecto de ley y que lo ha mejorado de forma significativa.

Permítanme, señor presidente, señor ministro, señoras y señores senadores, que antes de finalizar comparta con ustedes alguna reflexión sobre la necesidad de que ayuntamientos y diputaciones sean corresponsables de la estabilidad presupuestaria del conjunto del Estado, de España. Por otra parte, permítame también una reflexión sobre que la necesidad de ordenar las competencias entre municipios y autonomías es consecuencia de la no descentralización por parte de las comunidades autónomas a favor de los municipios de todas aquellas competencias que, habiendo sido recibidas del Gobierno central, su ejercicio corresponde a los municipios por la aplicación del principio de subsidiariedad. No se ha hecho así durante todos estos años de desarrollo autonómico, y los municipios han ido asumiendo de facto las competencias que han sido llamadas tradicionalmente impropias —que en el proyecto de ley las encontramos en las delegables— y otras competencias, lo que supone una carga presupuestaria importante, sin que los municipios hayan recibido los recursos para ese ejercicio de competencias. Y han hecho esa asunción de competencias por cercanía, para responder, por sentido de la responsabilidad, a las demandas directas de los ciudadanos.

Cuando este proyecto de ley esté aprobado y entre en vigor supondrá la creación de un marco de diálogo y colaboración entre comunidades autónomas y municipios. El telón de fondo de ese diálogo debe ser la delegación de competencias, evidentemente, con recursos desde las autonomías hacia el nivel local.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DE LA TORRE PRADOS: Termino, señor presidente.

La descentralización local, la potenciación del municipalismo, la autonomía local deben ser el norte y guía de la aplicación y desarrollo de esta ley. Conseguiremos así un mejor país, una mejor sociedad, una democracia más cercana y eficaz.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De la Torre.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Muchas gracias.

Señor presidente, señorías, quiero agradecer, en primer lugar, la presencia de los representantes de las corporaciones locales que nos acompañan y de los miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias que están esta mañana con nosotros.




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Para mi es un honor llevar adelante, en nombre del Gobierno, al Pleno del Senado, la propuesta de una de las leyes más ambiciosas e innovadoras para el conjunto de las administraciones públicas. Como ha recordado el senador De la Torre en esta intervención previa, España es realmente un país profundamente descentralizado política y administrativamente. Hace más de treinta y cinco años nuestra Constitución fundó un Estado descentralizado en el que las corporaciones locales juegan un papel absolutamente esencial en la prestación de servicios públicos en las mejores condiciones de calidad y también del menor coste posible.

La ley que hoy defiendo ante el Pleno está orientada precisamente a garantizar el correcto funcionamiento de la Administración pública local y de sus instituciones: ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consejos insulares, instituciones forales, mancomunidades, entes comarcales y entidades locales menores, así como marcar la diferencia a través de la prestación de unos servicios públicos sostenibles y de calidad, con independencia de la residencia del ciudadano. Por eso, la implantación de esta ley tiene como objetivo general la eliminación de las duplicidades entre nuestras administraciones, es decir, que haya una sola Administración para una única competencia: desarrollar el objetivo pretendido o promovido por el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, en su discurso de investidura cuando propuso a las Cortes Generales y a la sociedad española la realización de un programa de reformas de la Administración que hiciera de la premisa «una Administración, una competencia» un elemento básico en la organización de nuestro Estado, del Estado de las Autonomías de España.

La ley actual, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, diseñó un modelo competencial local basado en la definición de las competencias propias y en las atribuidas por delegación, definiendo su régimen jurídico. Este sistema de atribución de competencias ha tenido un buen desarrollo. No se trata de que hagamos ahora una crítica de esta ley porque estemos tratando de que una nueva ley supla sus deficiencias. Ha funcionado correctamente, ha permitido un excelente desarrollo de la descentralización administrativa de España, pero, sin duda alguna, ha dado lugar también a ciertas disfuncionalidades, generando en no pocos supuestos situaciones de concurrencia competencial entre varias administraciones públicas, duplicidad en la prestación de servicios o, por último, que los ayuntamientos presten servicios sin un título competencial específico que les habilite para ello. En definitiva, se trata de las ya conocidas coloquialmente como competencias impropias, duplicidad de competencias que ha generado los denominados gastos impropios.

El sistema competencial de los municipios españoles se configura en la práctica como un modelo excesivamente complejo y relativamente desordenado. La redacción actual de la Ley de Bases de Régimen Local plantea problemas de indudable transcendencia, como son: la ausencia de una definición precisa y acotada del alcance de las competencias municipales; la realización de actividades conocidas como impropias, es decir, fuera del ámbito de las que correspondería a un municipio en un reparto eficiente de las funciones que deben cumplir los diferentes niveles de la Administración, y, por último, no restringe el ejercicio de las actividades a criterios de eficiencia, de sostenibilidad presupuestaria o financiera ni de rentabilidad. El resultado de ello es la proliferación ineficiente de actividades que duplican las ejercidas por otras administraciones y que ponen en riesgo la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria de los municipios; principios últimos que han de cumplirse por expreso mandato constitucional, recogido en el artículo 135 de la Constitución.

El objetivo del Gobierno a través de esta ley es promover y buscar la garantía de un buen y correcto funcionamiento de los servicios públicos y el apoyo a la sostenibilidad económica como una constante que debe inspirar nuestra acción política. Desde el primer momento, desde el comienzo de esta legislatura, el Gobierno ha querido promover junto a las entidades locales la superación de los efectos derivados de la crisis económica. Se trata de superar el estrangulamiento financiero que representa que sigamos viviendo la crisis fiscal del Estado más importante y severa de la historia de la Hacienda pública española, por lo menos en sus versiones actuales y modernas, siglos XX y XXI, por lo que hemos actuado como Gobierno para posibilitar el acceso al crédito e incrementar sustancialmente las posibilidades de obtener recursos.

También es conveniente recordar esta mañana que en el ámbito tributario la primera reforma que llevó a cabo el Gobierno fue una medida recaudatoria para dotar a las entidades locales de nuevos recursos a través de sus propios medios de financiación. Así, se vio la posibilidad de




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aplicar, de manera transitoria y excepcional durante los ejercicios 2012 y 2013, para los inmuebles urbanos un incremento del tipo impositivo del IBI de manera progresiva y atendiendo a la antigüedad de la revisión catastral y, por lo tanto, a su adecuación al mercado. El incremento de recaudación estimado para las entidades locales ha sido de 918 millones de euros. Esta medida se ha prorrogado para los años 2014 y 2015.

En 2012, mediante la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, y con el objetivo de mejorar la lucha contra el fraude fiscal, el Gobierno adoptó una importante medida que atendía a la falta de incorporación al catastro de bienes inmuebles y de sus alteraciones físicas. Se ha iniciado así un plan de regularización catastral y se ha establecido un procedimiento de regularización de los bienes inmuebles que permite su incorporación al catastro inmobiliario de manera ágil y operativa y la entrada en tributación de esa realidad no declarada, de manera que las administraciones competentes puedan liquidar las cuotas correspondientes a los ejercicios tributarios no prescritos. Es una regularización sin sanciones en la que solo se devenga una tasa al inicio del proceso pero que contribuye al incremento, sin duda alguna, de los recursos financieros y de los recursos tributarios de ámbito municipal.

En el ámbito financiero la medida más importante para las comunidades autónomas y para las entidades locales ha sido, sin duda alguna, el mecanismo de pago a proveedores. El Gobierno asumió la necesidad de mitigar la grave situación de nuestras administraciones territoriales, sometidas a una presión financiera sin precedentes, asediadas por las deudas y con las limitaciones financieras que habían mermado su solvencia. Dos aspectos destacan con carácter general del mecanismo de pago a proveedores: primero, se trata de un sistema de financiación que transfiere los fondos directamente al proveedor afectado que tiene pendiente una deuda con una corporación local o con una comunidad autónoma, en su caso; y segundo, tiene un control administrativo inmediato, ya que es el interventor municipal, en el caso de las corporaciones locales, el que envía la relación certificada de facturas susceptibles de ser abonadas por este mecanismo. La cifra del plan de proveedores en sus tres fases asciende a casi 42 000 millones de euros para pagar más de 8 millones de facturas a casi 330 000 proveedores de las administraciones territoriales, más de 30 000 millones para los proveedores de las comunidades autónomas y más de 11 500 millones de euros para los proveedores de las entidades locales. Este plan, como saben, se ha cerrado a comienzos de diciembre, en que hemos hecho el último pago, de más de 1700 millones, a las corporaciones locales, de manera que podemos decir que nuestras corporaciones locales están hoy al día en materia de pago a proveedores.

También el Gobierno ha adoptado medidas financieras para facilitar el acceso de las corporaciones locales a los mercados. Se ha dejado sin efecto, con vigencia indefinida, la medida de obligatoria cancelación el 31 de diciembre de cada año de las operaciones a corto plazo, restricción que era muy relevante en el supuesto de aquellas operaciones que se formulaban en los últimos meses de cada año. Hasta el pasado año estaba prohibida la concertación de operaciones de crédito a largo plazo cuando la deuda pendiente de amortizar se situaba por encima del 75% de los ingresos corrientes o cuando la entidad local presentase ahorro neto negativo. En 2013, previa autorización del órgano de tutela financiera, se ha permitido el endeudamiento cuando se supere aquel porcentaje y siempre que no se supere el 110% de los ingresos corrientes, manteniéndose la prohibición en el supuesto de que las entidades locales tengan ahorro neto negativo. Se ha autorizado la formalización en 2013 de operaciones de refinanciación, operaciones de crédito a largo plazo concertadas con anterioridad a la entrada en vigor del mecanismo de pago a proveedores, aprobado por Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero. Esta medida se reproduce para el próximo año en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, aprobado la semana pasada en esta misma Cámara.

También creo conveniente resaltar que estamos abordando una reforma del régimen local en el momento en que el total de nuestras administraciones locales están en una posición de capacidad de financiación, es decir, de superávit presupuestario, y lo que es mejor aún, están superando los objetivos de estabilidad presupuestaria que ya se les había fijado para el año pasado, para el año 2012. Este comportamiento financiero de nuestras administraciones locales no solo merece destacarse, sino también que tenemos que seguir estimulando e incentivando.

El conjunto de las administraciones públicas cerró 2012 con un déficit del 2,2% del PIB inferior al de 2011, siendo el de 2012 del 6,84% del PIB y el de 2011, del 9,07%. Esto significa que el




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año 2012 hubo que hacer una reducción del gasto público de más de 30 000 millones de euros para compensar las subidas obligadas del gasto público destinado a prestaciones de desempleo, habida cuenta de la fuerte recesión económica atravesada en 2012 y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, así como de la mayor carga también de los intereses de la deuda pública, en parte consecuencia del plan de pago a proveedores y del sistema articulado por el Gobierno para facilitar el pago de las facturas pendientes en nuestro país, facturas devengadas en ejercicios anteriores al año 2012.

Pues bien, uno de esos subsectores de las administraciones públicas ha realizado un importantísimo esfuerzo de consolidación fiscal, puesto que ya permitió liquidar sus presupuestos, los presupuestos del año 2012, con un superávit del 0,22% del producto interior bruto, mejorando, como antes advertía, su objetivo de estabilidad, que para el pasado año fue del −0,3%. Por tanto, mejoró desde el −0,3% al +0,2% y logrando, por consiguiente, una reducción que hemos de valorar, puesto que ha sido uno de los motores que ha permitido: la recuperación de la credibilidad de las administraciones públicas de España; la mejora de la financiación de nuestro país en los mercados financieros actualmente, a finales de 2013; la propia recuperación de la financiación bursátil, de la capitalización bursátil; pero ante todo y sobre todo, el acceso de nuestras administraciones públicas a la refinanciación en esos mercados financieros.

En la primera mitad del año 2013, según los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado, las corporaciones locales seguían registrando un superávit equivalente al 0,19% del PIB. Es decir, se está manteniendo de forma sostenida un comportamiento positivo de la actividad financiera de las corporaciones locales. Y de acuerdo con las estimaciones internas del Gobierno, puedo seguir afirmando que seguramente esta cifra del 0,2 positivo seguirá mejorando cuando podamos tener cerrado el conjunto de las administraciones públicas a finales del mes de marzo del año próximo, para enviarlo a la Comisión Europea, a Eurostat. Y por tanto, podremos seguir contando con una aportación significadamente positiva de nuestras administraciones locales, que contribuirá a la consecución del objetivo del 6,5% para nuestras administraciones públicas.

Retomando el tema central que hoy estoy exponiendo: la nueva Ley de reforma de la Administración Local, he de decir que los trabajos para plantear los grandes ejes de la reforma se iniciaron, sin perder tiempo, ya en el mes de febrero del año 2012. Como es conocido por sus señorías, esta ha sido una ley de muy lenta gestión política; ha sido una ley que hemos tratado de acordar prácticamente con todo el espectro político; una ley que desde febrero de 2012 hasta finales de 2013, cuando estamos desarrollando este trámite en el Pleno del Senado, se ha ido modulando y cambiando desde los iniciales proyectos presentados por el Gobierno; una ley en la que han incidido y han tenido mucha importancia también el informe del Consejo de Estado y los períodos de audiencia a las comunidades autónomas, y en el Senado celebramos la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde tuvimos ocasión de escuchar explícitamente la posición de las diferentes comunidades autónomas que configuran el Estado español respecto de esta ley. Es una ley, por tanto, sobre la que hemos tenido la oportunidad de ir recibiendo la sensibilidad de todos, por todos y para todos. Y es una ley que ciertamente después de un amplio debate, en el que el Gobierno ha tenido siempre una postura dialogante, hemos de destacar, como antes hacía, la propia aportación del Consejo de Estado, que cambió un elemento fundamental, como era la propuesta del coste estándar de los servicios públicos municipales por el coste medio, que es el que se establece en ella. Es una ley, por tanto, que a lo largo de todo este proceso ha sufrido modificaciones muy importantes en su texto, insisto, a propuesta de comunidades autónomas, a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias y a propuesta del propio Consejo de Estado. Y así hemos ido incorporando las especificidades del País Vasco, de Navarra, de las ciudades de Madrid y Barcelona, de Ceuta y Melilla y las especialidades de las organizaciones comarcales, así como la vinculación de la modificación competencial en materia de educación, de servicios sociales y de sanidad a un período relacionado con el nuevo sistema de financiación autonómico y local y, por tanto, en la redefinición de nuestras competencias entre administraciones públicas: aclaración del alcance de las funciones de los interventores locales, de los secretarios y de las administraciones que ejercen la tutela financiera. Antes he citado la eliminación de la metodología del coste estándar y de las previsiones sobre evaluación de los servicios municipales, pero también he de resaltar la mayor vinculación del proyecto a la Ley




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Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la inclusión de medidas para promover la fusión de municipios.

Tras realizar las modificaciones pertinentes, consecuencia de las observaciones formuladas por el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros del 30 de julio aprobó el Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

El espíritu del proyecto de ley es el de potenciar a las administraciones locales en cuanto administraciones más cercanas al ciudadano, establecer los mecanismos para garantizar la prestación de los servicios públicos y su sostenibilidad económica y, como advertía al comienzo de mi intervención, sobre todo y ante todo, fijar la definición correcta de las competencias entre nuestras administraciones, Administración General del Estado, estatutos de autonomía como definidores de las competencias de nuestras comunidades autónomas y el total y absoluto respeto a la autonomía municipal, pues nuestra Constitución garantiza abordar el importantísimo asunto de las competencias propias de las corporaciones locales.

Para ello se distinguen los servicios obligatorios frente a los no obligatorios, garantizando el derecho a unos servicios públicos municipales para el conjunto de España, servicios básicos que van a recibir todos los ciudadanos con independencia del lugar de su residencia, del municipio donde residan.

En segundo lugar, ajustar las competencias, al exigir su atribución con precisión. Se clarifican las que deben ser desarrolladas por los municipios, separándolas de las estatales o autonómicas. Se garantiza el derecho a una autonomía local dentro del obligado cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige nuestra Constitución en su artículo 135. Se potencia la asistencia a las diputaciones provinciales, a los municipios, en particular, en la prestación de los servicios obligatorios cuando ésta sea necesaria. La razón de lo que se persigue es un modelo territorial que respete y potencie la autonomía municipal y que actúe como palanca de apoyo al municipalismo para garantizar una cobertura adecuada, segura en su prestación financiera de los servicios que recibe el ciudadano. La asistencia a los municipios y la colaboración con la Administración en la tutela financiera y en la elaboración y seguimiento de los planes económico-financieros, aprobados por aquellos municipios que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda pública o la regla de gasto, debe verse como la oportunidad de potenciar la cooperación interterritorial de las administraciones implicadas y, por tanto, tampoco hay el menor menoscabo de la competencia de tutela financiera reconocida por los estatutos de autonomía de segunda generación, aparte de las comunidades autónomas de España.

En tercer lugar, está la eficiencia y la estabilidad presupuestaria que deben ser rectores en el conjunto de nuestras administraciones. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de manera sostenible y eficiente. ¿Para qué? Para que podamos tener esa prestación de servicios viables que vele por un mejor uso de los recursos que reciben nuestros ciudadanos a través de la Administración Local. Es la garantía del equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera y de que los recursos de los ciudadanos son empleados de forma que produzcan la mayor rentabilidad económica y social.

En cuarto lugar, en relación a su gestión directa, se incorpora el requisito de transparencia en términos de inclusión de publicidad de los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión y el apoyo técnico recibido, con emisión de informe de la intervención local a los solos efectos de asegurar el criterio de sostenibilidad y eficiencia de las propuestas planteadas.

En quinto lugar, se incorporan disposiciones que incentivan el redimensionamiento del sector público local. Se limita el crecimiento del sector público local, así como de sus organismos dependientes; además, se establece un periodo para que se corrijan las situaciones de déficit de estas entidades, debiendo ser suprimidas en caso contrario. En definitiva, una adaptación del sector público local a las exigencias de los mecanismos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y una garantía más para eliminar duplicidades, excesos organizativos y aquellas estructuras no transparentes, no sometidas al escrutinio político y ciudadano.

En sexto lugar, las entidades locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de las actividades económicas. Por tanto, no estamos ante una delimitación única, estricta y limitadora de las funciones de nuestras corporaciones locales, sino que podrán acometer aquellas que




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entiendan pertinente realizar siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo presupuestario y la sostenibilidad financiera en el ejercicio de estas competencias.

Por tanto, este proyecto ni privatiza ni destruye lo público. La reforma local consolida y garantiza la iniciativa empresarial pública dentro del nuevo marco constitucional. Así, se podrán emprender iniciativas públicas siempre y cuando no se gaste más de lo que se ingresa y se generen los recursos necesarios para afrontar los gastos. Se garantiza, por tanto, la viabilidad y estabilidad de los servicios públicos, su rendición de cuentas, un mayor control a través de esta y de la transparencia y la no injerencia en las iniciativas de las empresas privadas.

En séptimo lugar se regula un sistema retributivo más homogéneo y responsable para los miembros de las corporaciones locales, los funcionarios locales y los directivos del sector público local. Un modelo transparente de información pública para común conocimiento del ciudadano a través de las tablas contenidas en el proyecto de ley y de la información que con carácter anual contendrán los Presupuestos Generales del Estado. Una necesaria regulación, transparencia, rendición de cuentas e información pública al ciudadano respecto a aquellos que gestionamos sus recursos.

En octavo lugar, se fortalece la función interventora municipal y el control interno municipal modificando la regulación vigente hasta la fecha contenida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Se establece un modelo de gestión y control económico-financiero donde quedan separadas las funciones ejecutivas y políticas que pertenecen a los representantes legítimamente elegidos por los ciudadanos de aquellas correspondientes a la fiscalización y el control de las cuentas públicas. Un modelo en que el político se dedica a la dirección política y el funcionario a la gestión técnica (Rumores.), una diferenciación necesaria al servicio del ciudadano que garantiza el equilibrio entre la responsabilidad política y la profesionalización de nuestras administraciones públicas en este supuesto, de nuestras administraciones locales.

Señor presidente, señorías, termino señalando que este proyecto de ley es un eslabón más de las reformas emprendidas por el Gobierno, reformas institucionales de nuestra armadura institucional, que son eficaces para corregir nuestros desequilibrios para sentar las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo (Rumores.), unas bases de recuperación económica que son las que ya están sentadas a finales de este año 2013 y que harán del año 2014 el primero de crecimiento económico creador de empleo y, por tanto, de finalización de la crisis económica tal y como la hemos vivido durante más de cinco largos años. Una reforma estructural importante que pretende contribuir a la dotación de nuestra economía, de nuestra oferta de servicios públicos de la flexibilidad y competencia necesaria para lograr el crecimiento económico y sobre todo la mejora de nuestro bienestar social, de la que reciben nuestros ciudadanos a través del conjunto de la protección social en España. (Rumores.) Y a ese respecto quiero insistir en que con este proyecto de ley realmente se racionaliza y homogeneiza el contenido de la estructura política de nuestros ayuntamientos (Rumores.) y se promueve el funcionamiento de su transparencia para que nuestros ciudadanos conozcan claramente el número de dedicaciones exclusivas de sus representantes públicos, cuánto perciben y qué equipos están a su disposición en las labores del servicio público. Este proyecto no elimina ayuntamientos, sino que fomenta la fusión de las corporaciones locales en la búsqueda de su eficiencia.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Este proyecto potencia los servicios sociales y potencia los servicios de educación y de sanidad al delimitar claramente la definición competencial de los diferentes ámbitos de nuestras administraciones públicas, con períodos transitorios claros y con la financiación de las mismas, que también serán objeto de una importante reforma a lo largo de 2014.

Es, por tanto, un proyecto de ley que potencia los servicios públicos (Fuertes protestas.) y, por tanto, no promueve en modo alguno su privatización. Es más, prevalece el derecho administrativo, la Ley de Contratos del Sector Público y el Estatuto Básico del Empleado Público, sobre otras fórmulas de gestión. (Protestas.)

Por otro lado, sí que se promueve la máxima transparencia y justificación ante el Pleno de la correspondiente corporación municipal en aras de acreditar de manera autónoma cuál es la




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gestión que el Gobierno municipal entiende, demuestra e informa de manera pública que es más eficiente para sus ciudadanos.

Y este proyecto de lo que trata es de desarrollar la oferta de servicios públicos precisamente en las zonas rurales de España, donde hay más dispersión de municipios y donde los municipios son más pequeños. Y lo hace también potenciando el papel de las diputaciones (Fuertes protestas.), que asegura el mantenimiento de unos servicios obligatorios de calidad con independencia del lugar donde reside el ciudadano. También se podrán prestar servicios que no sean obligatorios siempre que se justifique que para los obligatorios no se gasta más de lo que se ingresa y se paga lo que se debe en tiempo y forma.

Pero sobre todo con esta norma pretendemos revitalizar y potenciar la autonomía local (Fuertes protestas.—Rumores.) Esta es una reforma municipalista. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Es una reforma que reconoce el papel político de los gestores que están más cerca de los ciudadanos, que no elimina su número sino que potencia y clarifica su actividad.

Es, por tanto, una reforma de nuestra arquitectura institucional, pero una reforma comprometida con el hacer político, con el reconocimiento al hacer político de aquellos políticos que están más cercanos al ciudadano, que con el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio que hacen día a día demuestran y ennoblecen a la política, a la Política con mayúsculas, con independencia de su color ideológico y comprometidos fundamentalmente con el desarrollo, con la aplicación de servicios públicos para los ciudadanos.

El Gobierno es consciente de la dificultad de esta ley. Ya lo he explicado en su trayectoria, una trayectoria larga, compleja donde, la verdad, nos hubiera gustado reunir todavía más voluntades de las que hemos reunido. Pero sí quiero agradecer la posición favorable que en la tramitación —también en la comisión pertinente del Senado— han tenido determinados grupos políticos, apoyando claramente la materialidad, la realización, la puesta en función de este proyecto de ley. También el trámite de hoy, el trámite de enmiendas que vamos a vivir hoy en esta Cámara antes de su remisión al Pleno del Congreso de los Diputados para la semana próxima, es importante y quiero manifestar la voluntad abierta del Gobierno para que sea el más completo y el más enriquecedor del contenido de los planteamientos de esta ley.

Finalizo diciéndoles, señorías, que de esta ley que entrará en vigor en el año 2014 todos vamos aprender cuando la materialicemos. Estoy seguro de que la tramitación de una ley de esta naturaleza no acabará en lo que es la tramitación de estas Cámaras, sino que a lo largo ya de los primeros meses del año próximo y años siguientes todos vamos a poder aprender para corregir aquellos defectos que puedan mostrarse en términos de falta de operatividad.

Es una ley importante, una ley ambiciosa y, por tanto, recabo la actitud positiva, la actitud abierta de los diferentes grupos políticos de esta Cámara para que en el debate de los vetos, pero fundamentalmente en el de las enmiendas, se aporten soluciones, sin duda alguna, a las necesidades objetivas y abiertas por nuestras corporaciones locales, que es la finalidad última de este proyecto de ley.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.—Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. (Rumores.) Guarden, silencio, señorías. (Rumores.) Guarden silencio, por favor.

Pasamos al debate de las propuestas de veto. En primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal. (Rumores.—El señor Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas abandona el hemiciclo.—Varios señores senadores: ¡Qué fuerte! ¡Adiós…con…el… corazón…!)

El señor MARISCAL CIFUENTES: No me ha dejado ni agradecerle su presencia.

Gracias, señor presidente. Iba a decir: gracias, señor ministro, agradezco su presencia, porque no suele ser habitual —para los y las que nos visitan hoy, también quiero decir que no suele ser frecuente que los ministros y las ministras vengan a defender sus proyectos de ley en esta Cámara,




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que algunos aspiramos a que algún día sea de representación territorial y no de segunda lectura—, pero no quiero agradecer que se ausente precisamente en los momentos en los que vamos a defender las posiciones, en este caso, el veto presentado por los dos senadores de Izquierda Unida en esta Cámara.

Ha dicho el ministro algunas cosas que son verdad y otras cosas que no se cree ni él. Ha dicho que esto es una reforma estructural importante; y es absolutamente cierto. Es una reforma estructural importante que acompaña a otras muchas reformas que, durante estos dos años de Gobierno del Partido Popular, estamos viendo cómo van pasando por las Cámaras legislativas y que suponen un proceso de involución democrática y de restauración de un modelo de hacer las cosas que rompe con la Constitución, un proceso que podríamos calificar de deconstituyente, obviando aquellos aspectos y luchas sociales que nos trajeron la democracia. Ese sentido está siendo roto hoy por el Partido Popular y por el Gobierno del Partido Popular.

Uno de los elementos básicos, uno de los elementos fundamentales, uno de los elementos fundacionales de la democracia en nuestro país fueron sin duda los ayuntamientos. Los concejales y las concejalas, los alcaldes y las alcaldesas que accedieron al poder municipal en 1979 se encontraron con una escasez de recursos y unas competencias que han sido poco modificadas a lo largo de estos años, pero que dan cuenta de una cuestión importante que desde Izquierda Unida queremos reconocer hoy: el trabajo diario, el trabajo constante, el esfuerzo permanente de los representantes de todos los colores políticos a nivel local para tratar de solucionar los problemas y tratar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus conciudadanos, estando veinticuatro horas al día de forma permanente atentos a los problemas. Sin embargo, esta ley lo que hace es restar capacidad, restar autonomía, restar poder y quitar el respeto que la Constitución le daba a la entidad municipal como parte del Estado, convirtiéndola en una institución de mera gestión.

Debo añadir, por otra parte, que menudo papelón el de los alcaldes y las alcaldesas, señor De la Torrre, viniendo aquí a defender este reforma del Partido Popular que constituye una demolición de la democracia a nivel local. Vaya papelón el de los alcaldes y las alcaldesas del Partido Popular, señorías, tener que ser cómplices necesarios de una reforma de la Administración Local que destruye una parte importantísima de la configuración del Estado democrático y social de nuestro país. Pero decía el señor Montoro que esta reforma se realiza —lo ha dicho claramente— dentro del nuevo marco constitucional. Y nos encontramos con una ley más que vuelve a fijar el artículo 135 como la base fundacional de su estructura, de sus propuestas y de su contenido, de la estabilidad presupuestaria y de la crisis como excusa para, insisto, demoler la configuración del Estado democrático, en este caso, de los ayuntamientos.

Las condiciones, a las cuales tenemos que responder como Estado, que restan la soberanía al pueblo, las condiciones que la troika ha impuesto para el rescate bancario, el memorándum de entendimiento del Gobierno español con la troika, con la Comisión Europea, tienen también su explicación en el contenido de esta ley. Y, por lo tanto, es de elementos donde no reside la soberanía del pueblo español en absoluto, de donde parte la exigencia que es obedecida por el Gobierno de España y de la cual son cómplices necesarios todos aquellos y aquellas que, insisto, aprietan el botón cuando llega el momento oportuno, no respondiendo a los programas electorales, no respondiendo a las promesas y ni siquiera respondiendo a los intereses concretos del pueblo trabajador y de la ciudadanía de nuestro país.

Decía el señor Montoro que esta reforma fomenta los servicios públicos, señorías, y se queda tan pancho. Yo me imagino que cuando ha dicho que fomenta los servicios públicos se estaba refiriendo a Fomento de Construcciones y Contratas, por ejemplo. Porque, desde luego, empresas como ella están muy contentas con esta reforma. Cuando el Partido Popular ha llegado al Gobierno ha entendido que la crisis es, efectivamente, una crisis de beneficios del capital, que la crisis de beneficios del capital se tenía que solventar de alguna manera, y pusieron en marcha las estructuras para que los beneficios del capital aumentaran. Y es verdad que estamos saliendo de la crisis y se están aumentando los beneficios del capital, de la gran banca y de las grandes multinacionales, y que, poco a poco, se está empezando la recuperación económica de los grandes, de los poderosos, a través de la devaluación salarial, de la rebaja de los costes salariales, de la privatización de las pensiones, de la eliminación y de la liberalización de los sectores estratégicos. Y todo esto ahora tiene una nueva vuelta de tuerca, y es que los servicios públicos




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municipales, prestados por un tejido empresarial, pueden ser, y son de hecho, actualmente un buen bocado, interesante bocado para el sector privado. Y esta reforma está especialmente dirigida a consolidar y a que las empresas privadas, las grandes empresas privadas, entren en los servicios públicos de carácter municipal.

Esta reforma es un ataque a la política, es un ataque a la democracia y es un ataque al Estado. Es un ataque a la política porque esta reforma ha llegado después de un proceso en el cual los medios de comunicación han sido cómplices de denigración del trabajo diario de los representantes públicos a nivel local, donde la inmensísima mayoría de sus representantes son gente honesta y trabajadora que saca sus tareas adelante como puede y, sin embargo, se ha vendido un discurso de derroche de recursos que no es cierto. De la deuda pública que tiene este país, solamente el 4,5% corresponde a las entidades locales. Por cierto, gran parte de este 4,5% corresponde a ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y, sobre todo, corresponde, en un 40%, al Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tiene una deuda tan grande como la cantidad de dinero que el ministro nos ha dicho que nos vamos a ahorrar con esta reforma de la Administración Local.

Se quiere atacar a la democracia, porque se habla de mercados y de credibilidad ante los mismos, pero no de credibilidad ante la ciudadanía, no se habla de cómo se rinden cuentas ante la ciudadanía. Se da de nuevo la excusa de los mercados para poder denigrar y demoler la democracia en el ámbito municipal, eliminando de esta manera los elementos de la democracia participativa, atacando al Estado, a los ayuntamientos como parte del Estado, en un proceso de recentralización de carácter autoritario. Los ayuntamientos, que han estado pendientes durante tanto tiempo de la educación, de los servicios sociales, de las políticas de igualdad, de la cultura, de la cooperación internacional para el desarrollo y del derecho a la vivienda se quedan hoy sin instrumentos, sin herramientas, sin financiación y sin capacidad para poder sacar adelante estas políticas. A los ayuntamientos, democráticos desde 1979 —y respecto de los que los comunistas decíamos: quita un cacique y pon un alcalde—, se les da la vuelta ahora totalmente y se pretende imponer el caciquismo a través de la asunción de competencias por parte de ciertas entidades. Señorías, sean del color que sean los ayuntamientos, sean del color que sean sus señorías, saben que las diputaciones provinciales tendrían que desaparecer, sería lo más racional, y mancomunar los servicios en las comarcas a través de los servicios públicos y no a través de las diputaciones provinciales, entidades cuya elección es de segundo grado y donde no reside la democracia de una forma directa sino indirecta.

Si la asunción del desmantelamiento de los servicios públicos, del tutelaje, de la intervención bajo la premisa de la estabilidad financiera y presupuestaria, de la privatización de los servicios públicos y de los entes instrumentales, de la cuestión del coste estándar y después del coste medio, que lo que hace es dar al ministerio, a través de una orden ministerial, la capacidad de determinar y decidir la fórmula de gestión de los servicios públicos en cada ámbito— no es recentralización, ¿qué es recentralización? ¿Dónde se toman las decisiones y cuál es la capacidad que tienen los ayuntamientos para fomentar la participación ciudadana, para establecer el principio de transparencia? Porque para saber el número de cargos públicos y de asesores no hacía falta hacer esta reforma de la Administración Local: se obliga a su exposición, y punto y final; no hacía falta demoler la democracia local ni los ayuntamientos.

En definitiva, esta ley supone un ataque a los ayuntamientos democráticos, esta ley va a suponer pérdida de empleo. ¿Cuántos empleos públicos más se van a perder en el ámbito local, señorías? Por favor, ¿alguien me podría responder a esta pregunta? Los sindicatos han calculado que entre 300 000 y 400 000 empleos públicos más se pueden perder en la Administración Local. Esto es grave y hay que tenerlo muy en cuenta porque es muy importante.

Se acabaron los ayuntamientos que inciden en la estructura de la ciudad, con la posibilidad de implementar políticas redistributivas. Y frente a esto, desde Izquierda Unida seguimos proponiendo alternativas. Creemos que son alternativas que se entienden por aquellos y aquellas que estáis todos los días gestionando los ayuntamientos y la democracia local. Frente a la sostenibilidad, propugnamos el principio de la suficiencia financiera. Frente a la subvención, la transferencia, con fondos incondicionales para la autonomía local. Que la participación en los ingresos del Estado se acerque a un tercio, que está en un 13% desde el año 1979. Apostamos por la eliminación de las diputaciones, por flexibilizar los objetivos de déficit de la Administración Local, que es la que más




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está sufriendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria. A las administraciones locales, quienes más dificultades de financiación tienen para hacer frente a sus servicios, es a las que más se está apretando las tuercas, obligándolas a realizar despidos y privatizaciones. Asimismo, se debería convocar la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales, que no se ha convocado ni hemos tenido oportunidad de debatir sobre esta cuestión. En definitiva, se trata de apostar por una segunda descentralización en nuestro país, en sentido radicalmente contrario al que esta reforma propugna y nos aboca.

Señorías, esta ley va a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Esta ley será ganada en el Tribunal Constitucional, y, si no, será derogada más pronto que tarde. Estoy absolutamente convencido de eso. Con la participación y con la complicidad, no ya de los ayuntamientos, no ya de los alcaldes y de las alcaldesas, de todos los colores políticos, de concejales y concejalas, de todos los colores políticos, sino con la participación activa de la ciudadanía, desde la movilización, cuando vea que esta reforma es para entregar los servicios públicos a sus amigos.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por la senadora Capella, que tiene la palabra para su defensa. (El señor De la Torre Prados pide la palabra.)

¿Sí, señor De la Torre?

El señor DE LA TORRE PRADOS: Pido la palabra, señor presidente, por alusiones. El señor Mariscal me ha mencionado, me ha atribuido una no defensa de la autonomía local y, justamente, con mis palabras en la presentación del trabajo que he desarrollado hasta ahora he situado históricamente el hecho local en el problema de que las autonomías…

El señor PRESIDENTE: Señor De la Torre, hay dos turnos de su grupo para poder expresar la opinión sobre la autonomía local. No me abra un debate personal, máxime cuando el de esta ley va a ser muy largo. Entiendo que usted ya se ha manifestado, ha sido aludido, no está de acuerdo con lo que se ha dicho de usted, y ya está. Muchas gracias, senador De la Torre.

Tiene la palabra, senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia.

Señorías, siempre felicito al ministro por venir a presentar sus proyectos de ley, pero lamento que no esté presente para escuchar todas aquellas apreciaciones y sugerencias que, al menos, desde Esquerra Republicana, queríamos hacerle llegar.

Inicio mi intervención con el reconocimiento explícito al trabajo que a lo largo de todo mi país, los alcaldes y alcaldesas, los concejales y concejalas, hacen y realizan en interés de la comunidad, de la ciudadanía, dedicando todas las horas del día. Muchos de ellos con retribuciones muy bajas, por no decir, sin retribución y, evidentemente, con tremendos dolores de cabeza. Están disponibles a todas horas y todos los días.

Especialmente, un afectuoso recuerdo para los primeros alcaldes y alguna alcaldesa, cómo no, así como para los concejales y concejalas de aquellas primeras elecciones democráticas a los ayuntamientos, especialmente, para el company de Esquerra Republicana, Frederic Rahola, que ya no está entre nosotros.

Llegaron a unos ayuntamientos en estado de quiebra, sin un céntimo en los cajones, y que de atención, servicios, y cura de las personas sabían muy poca cosa. La herencia que recibían era nada. Ahora, al menos, y por lo que respecta a mi país, la cosa está bastante mejor, por no decir excepcionalmente mejor.

Es bueno analizar, mirar, algunas veces poner el retrovisor, para ver de dónde venimos, qué ha pasado y hacia dónde nos dirigimos. Es bueno y necesario reclamar de los gobernantes, en este caso, del ministro del ramo, de Hacienda y Administraciones Públicas, prudencia y evitar que estropeen aquello que funciona.

Desgraciadamente, ustedes sienten especial añoranza de unos tiempos que deberían avergonzarles. El ministro decía que este proyecto de ley es un eslabón más en el armazón de esta nueva estructura que están ustedes desarrollando. Efectivamente. Es un eslabón más en el grado de involución que ustedes, el Gobierno del Partido Popular, están realizando.




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El ministro, y ustedes, miembros del Partido Popular, con este proyecto de ley olvidan a las personas. Oyendo al ministro desgranar la justificación de este proyecto de ley, comprobamos que la mayoría de sus reflexiones giran en torno a la sostenibilidad económica, al superávit, a la limitación de retribuciones de los cargos municipales y al ahorro, entre otras reflexiones vinculadas efectivamente a cuestiones económicas o monetarias. No ha hablado ni en una sola ocasión ni de personas ni de ciudadanía ni de proximidad ni de participación, es decir, todo lo contrario de lo que debería ser esta reforma legislativa.

Con este proyecto de ley ustedes vuelven a la defensa de un Estado unitario, indisoluble y homogéneo. Ustedes creen en este Estado unitario, en el que incluso la Administración Local no es más que un apéndice del Estado centralista. Por ello, esta reforma de la Administración Local no tiene ningún inconveniente en suprimir entes locales o arrebatarles competencias. Ustedes vuelven a la España en blanco y negro, en la que los ayuntamientos eran marionetas en manos de la Administración estatal, con lo cual los senadores y senadoras del Partido Popular ponen en peligro la democracia local que tanto nos ha costado construir. La reforma que plantean supone un duro ataque a la autonomía local, recortan en democracia y alejan el poder de la ciudadanía, disminuyen la capacidad de decisión de las entidades locales y se establecen nuevos y más complejos mecanismos de control y rendición de cuentas.

Ustedes pretenden ahorrar donde no toca. El Gobierno del Partido Popular pretende ahorrar recortando, como he dicho, en democracia, centralizando el poder en manos del Estado, en lugar de ahorrar suprimiendo, por ejemplo, y a criterio de Esquerra Republicana, las inútiles diputaciones, suprimiendo democracia local para dotarlas de mayor competencia y justificar con ello su mantenimiento. La jugada, se lo dije el otro día en la Comisión de Comunidades Autónomas, es ideológicamente perfecta, eliminan resistencias municipalistas, concentran el poder en manos del Estado y mantienen la oficina de colocación bipartidista.

¿Quién ha malgastado? Creo que deberían buscar y estoy segura de que lo encontrarían muy cerca; en lugar de demonizar a aquellos ayuntamientos que no lo han hecho bien o a aquellos responsables políticos que no han sabido hacer lo que tocaba hacer —por ejemplo, el ministro Ruiz-Gallardón en su época de alcalde de Madrid o la señora Botella, como alcaldesa actual, que son los responsables de acumular una tercera parte del total de la deuda de los municipios del Estado— ustedes se dedican a demonizar a toda la Administración Local limitando su autonomía y colocando al Estado en una permanente situación de tutela.

Están, repito, recortando en democracia, en la democracia más cercana a la ciudadanía, a favor de unas prescindibles diputaciones que a diferencia de los ayuntamientos no han sido ni son órganos de elección directa de la ciudadanía, es decir, alejan el poder de la ciudadanía, y, en consecuencia, los mecanismos de control del poder político y de responsabilidad electoral, de las responsabilidades de gestión.

Ustedes van en sentido contrario de Europa y del planeta. No afrontan el verdadero problema de la sostenibilidad financiera de los entes locales, el sistema de financiación. Ustedes no han querido nunca garantizar la suficiencia financiera y la autonomía de los entes locales porque si son los amos o manejan el grifo lo abren y lo cierran cuando les interesa.

Después de más de treinta años desde la recuperación de los ayuntamientos democráticos aun no han configurado ni han querido configurar un sistema de financiación local adecuado. Los impuestos propios son insuficientes. La participación en los ingresos del Estado no ha resuelto el problema; además, el Estado continúa actuando reiteradamente con la más absoluta deslealtad institucional.

Nosotros, Esquerra Republicana, queremos afrontar el problema y, en este aspecto, hemos presentado enmiendas, para garantizar que los municipios puedan participar en los ingresos del IVA. Sean desconfiados donde toca y con quien toca. Nos encontramos ante un proyecto de ley que nace desde la absoluta desconfianza hacia los Gobiernos locales. Con esta reforma, el Estado se sitúa en una posición, como decía antes, de tutela de la Administración Local.

Nuestras enmiendas también pretenden poner en valor la autonomía local, actualizarla y adaptarnos al concepto que de ello difunde la Carta Europea de la Autonomía Local del Consejo de Europa. Nosotros sí creemos en la descentralización del poder. Por eso, apostamos por hacer efectivo el principio de subsidiariedad, es decir que se atribuya las competencias a la Administración más próxima a la ciudadanía, salvo en el supuesto de que la naturaleza del servicio justifique que




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sean prestadas por un ente más alejado. Sin embargo, la única receta que tienen ustedes es centralizar y homogeneizar.

Ustedes también ignoran nuestra organización territorial, la catalana. Ustedes se llenan la boca con el cumplimiento de la ley, pero son los primeros en incumplirla y ya no nos causa ningún tipo de sorpresa, desde esta visión, que ustedes ignoren la singularidad catalana y las veguerías. A pesar de que sabemos que a ustedes no les gusta, la Generalitat de Catalunya tiene competencias exclusivas en materia de organización territorial y régimen local. Los entes locales forman parte del sistema institucional catalán pero ustedes continúan con la política profundamente homogeneizadora, imponiendo una regulación homogénea a una realidad territorial heterogénea.

En este sentido, hemos presentado también enmiendas para que ustedes respeten el Estatut d’Autonomia de Catalunya, lo que queda del Estatut d’Autonomia de Catalunya, porque forma parte del bloque de constitucionalidad, y ustedes, que todo el día invocan la Constitución, deberían ser más respetuosos con ella.

En resumen, Esquerra Republicana se opone a la aprobación —no es una novedad— de esta ley, porque ataca a la autonomía local, no resuelve el problema de financiación de los entes locales, recorta en democracia, aleja el poder de la ciudadanía favoreciendo que las competencias sean asumidas por entidades ajenas a nuestra realidad, como son las diputaciones provinciales, que debería hacer ya mucho tiempo que tendrían que haber desaparecido, y vulnera las legítimas competencias exclusivas de las comunidades autónomas, especialmente las referentes a la Generalitat de Catalunya en materia de régimen local, y no tiene en cuenta la singularidad de Catalunya respecto al mundo local.

Lo decía también el otro día —lástima que no esté el ministro para escucharme—, le vuelvo a pedir prudencia. Creo que al ministro no le hace falta construir una nueva pirámide. Le pido que sea audaz y que no permita que esta ley vaya adelante, o que esta reforma sea una realidad; que tenga en cuenta a la ciudadanía, a las miles de personas que cada día son atendidas por nuestros ayuntamientos, que recuerde que muchos de los servicios que en estos momentos ya son derechos para los ciudadanos fueron los ayuntamientos los que los prestaron por primera vez. Y, en todo caso, si les queda una chispa de sentido común, piensen que esta ley va a en contra de los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas y que, en todo caso, los catalanes y las catalanas ya no nos conformamos con las migajas —se lo decía el otro día—; queremos el pan entero, entre muchos motivos porque, en definitiva, es un derecho que tenemos.

Muchísimas gracias. Y solicito el apoyo del resto de los grupos al veto presentado por Esquerra Republicana, al tiempo que anunciamos que, efectivamente, nosotros apoyaremos todos los vetos presentados por el resto de los grupos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Propuesta de veto número 3, presentada por el senador Aiartza, el senador Goioaga, la senadora Mendizabal y el senador Unamunzaga.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

Quería agradecer la presencia del ministro Montoro en este debate y pedirle que estuviese hasta el final, que no hiciese lo mismo que en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero ya hemos visto que ha pasado exactamente lo mismo. Ya entonces le comenté que consideraba que los portavoces de los grupos merecíamos la misma deferencia que el resto de los integrantes de esa comisión y que habíamos planteado diferentes preguntas al ministro —también dije que podía estar en espíritu pero en persona, no— y, por tanto, anuncié que íbamos a guardar dichas preguntas para la siguiente oportunidad que tuviéramos. Pues bien, nos encontramos con que hoy tampoco está y, evidentemente, voy a condensar esas preguntas en una sola, que formularé a lo largo del debate, y espero que, en su defecto, los portavoces del Partido Popular respondan a dichas preguntas porque, desde luego, ya que el ministro no está, salvo en espíritu —desde luego, no voy a sacar la guija para invocarlo—, espero que sean ustedes quienes me den una respuesta.

Iba a señalar al señor ministro que dos elementos son las principales premisas que han motivado la presentación de este veto por parte de Amaiur: por un lado, evitar el debate y, por otro, la unilateralidad. Por una parte, y partiendo del hecho de que la reforma que supone este proyecto




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de ley es de un grandísimo calado, queremos resaltar la forma en la que el Gobierno del Partido Popular está tratando de llevarla a cabo, de espaldas a la ciudadanía, evitando en todo momento entrar en la cuestión de fondo y soslayando el debate, y, por otra, además del hecho anteriormente expuesto, el sentido de este veto parte de la forma en que se ha realizado la tramitación del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local desde la unilateralidad.

Por todo ello, presentamos este veto; porque queremos alertar del grave peligro que supone para la autonomía municipal las competencias propias y la propia estructura institucional vasca. Y afirmamos lo anterior porque el presente proyecto de ley es un exponente muy clarificador del déficit democrático al que este Gobierno nos tiene acostumbrados, tanto al resto de grupos parlamentarios como, y sobre todo, a la sociedad a la que dice representar.

El Gobierno español pretende hacernos creer que el principal objetivo de esta reforma es reducir el gasto público, bajo la aplicación de los criterios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y, sin embargo, el Partido Popular olvida intencionadamente la aplicación del principio de subsidiariedad y, para ello, no tiene reparo alguno en utilizar un argumento que tiene tintes de populismo: afirma buscar controlar los salarios de alcaldes, limitar sueldos a concejales, etcétera. Pero el mismo secretario de Estado de las Administraciones Públicas reconoció en comisión que en todo el Estado no llegan a cuatrocientos los ayuntamientos que tienen problemas económicos debido a la mala gestión. El trasfondo, pues, de esta reforma tiene como objetivo aniquilar la autonomía municipal. El recorte de salarios y concejales es una mera cortina de humo para justificar la ley y hacerla más popular. La realidad es que, en absoluto, se reducirían los 7129 millones de euros de gasto. Y para lograr este objetivo, desacreditan el trabajo de alcaldes y concejales, les adjudican sueldos millonarios que no responden a la realidad, en la gran mayoría de los casos, intentando repartir responsabilidades en los casos de corrupción para dar la sensación de que todos son iguales.

Estamos, consecuentemente, ante un proyecto por el que el Gobierno del Partido Popular quiere imponer una intervención de facto de los ayuntamientos y entidades locales menores que les permita controlar y dirigir su funcionamiento. Es una vuelta de tuerca más en la regresión hacia la situación de los ayuntamientos del final del franquismo y los inicios de la llamada Transición.

Por medio de este proyecto de ley, en primer lugar, se reducirá drásticamente la capacidad de asociación con otras entidades locales para compartir servicios y objetivos, condicionando así el futuro de la mancomunidades, consorcios, concejos y otras entidades menores; de facto, se prohíbe a las entidades instrumentales y entidades locales municipales de su mínima capacidad de ordenación y desarrollo. En segundo lugar, las peticiones históricas de las entidades menores quedarán reducidas a la nada. Estas entidades menores llevan años reclamando al Gobierno una legislación que regule su financiación y funcionamiento, ya que todo depende del municipio o ayuntamiento al cual pertenecen. Lejos de ofrecerles una solución, esta ley los invita a desaparecer, declarando una fecha límite para que presenten unas cuentas que el mismo Gobierno decidirá si son aceptables o no. En tercer lugar, esta Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local es un paso más en la recentralización del Estado. Será Madrid la que decida qué hacer en los ayuntamientos, qué servicios se pueden dar, qué gasto se puede hacer, qué proyectos se pueden desarrollar. La pérdida de competencias municipales condenará, en gran medida, a la inutilidad de esas mismas administraciones locales que podrán decidir sobre poco más que el alumbrado público, el abastecimiento de agua y los cementerios.

En resumen, el eslogan empleado de una Administración, una competencia, no es más que puro marketing populista para justificar el desmantelamiento de competencias a la Administración Local. Un Gobierno sí, efectivamente; una Administración, sí, efectivamente, pero va a ser únicamente el Gobierno central. Y miren, señorías, en la actualidad, el trabajo en común entre administraciones, más allá de la Administración General del Estado, pretenden ofrecer un servicio de mayor extensión y calidad, complementando esfuerzos y capacidades mutuas. Por ejemplo, de la misma manera que para prestar el servicio de ayuda a la dependencia, el Estado se responsabiliza del servicio mínimo y las comunidades autónomas complementan el resto y no por ello debe deducirse automáticamente la existencia de duplicidad.

Es cuando menos peligroso e, incluso, podría resultar negligente concluir con cierta ligereza que la prestación en exclusividad por una sola Administración de un determinado servicio resulta




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más económico y eficiente que el actual sistema de servicios compartidos y complementados. Y es que con el presente proyecto de ley se nos está imponiendo la tecnocracia en claro detrimento de la democracia en tanto en cuanto agrede a la capacidad y responsabilidad de Gobiernos, de alcaldes y concejales elegidos para ello. Y esto es importante porque los interventores y secretarios nombrados por la Administración central se convierten en gestores municipales con capacidad de paralizar pagos, proyectos o inversiones. Las cuentas y el balance económico se situarán por encima de las personas, por encima de las necesidades reales de los y las ciudadanas de cada municipio. A lo anterior hemos de añadir que si la selección y posterior contratación de los funcionarios depende del Estado no estamos seguros de que se vayan a garantizar los derechos lingüísticos de los vascos, catalanes o de los gallegos.

La otra vertiente de esta reforma se sitúa en clave socioeconómica. Por un lado, se abre la puerta a la privatización de los servicios con la consiguiente pérdida progresiva de la calidad de los mismos. La privatización es —como hemos dicho— una de las consecuencias directas de la reforma o más bien uno de los objetivos buscados con la misma. Y en este ámbito pueden verse afectadas cuestiones como el abastecimiento de agua, tratamiento de residuos urbanos, etcétera; es decir, se convierten en negocios privados los servicios públicos. Por otro lado, el efecto sobre servicios públicos y prestaciones sociales que hasta hoy han estado bajo responsabilidad de los ayuntamientos va a ser demoledor. El gasto real que el Gobierno vende como una gran novedad no garantiza que las entidades municipales mantengan sus servicios presentando los gastos, pues basándose en la reforma que tenemos entre manos o en la Ley de Estabilidad Presupuestaria es el Gobierno quien puede decidir que los gastos presentados son inadecuados, con lo cual la pérdida de competencias municipales no se evitará; es decir, tendremos peores servicios, pero además los recortes afectarán a las plantillas municipales y al personal subcontratado para dar estos servicios con el consiguiente empobrecimiento social por pérdida de empleos.

Los ayuntamientos serán sin duda las instituciones más castigadas, sobre todo los más pequeños, dejando en una situación grave a los municipios de menos de 20 000 habitantes y todavía más grave a los de menos de 5000; es decir, a la práctica totalidad del entramado institucional de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa donde solo hay dieciséis municipios de más de 20 000 habitantes y la inmensa mayoría tiene menos de 5000. A todos ellos se les reducen aún más los recursos financieros que ya ahora son insuficientes para prestar los servicios que ofrecen; es decir, nos encontramos con recortes, con laminación, con recentralización y con una concepción nacional española del siglo XIX del modelo de Estado. Esto, y no otra cosa, es lo que tenemos delante con este proyecto de ley; y —como ha dicho el ministro— es un nuevo eslabón en la cadena de reformas que está llevando a cabo su Gobierno.

Los ayuntamientos sí son los grandes perjudicados, pero también hay más: las mancomunidades, las cuadrillas, consorcios y concejos se verán seriamente afectados; y, de diferente manera, también las diputaciones forales, porque tendrán que asumir las competencias que esta ley hurta a los ayuntamientos. Van a cambiar nuestro entramado institucional de arriba a abajo en contra de la voluntad de las instituciones y de la ciudadanía vasca. Y con el entramado institucional cambian también los servicios que recibiremos de las instituciones atacando el nivel del bienestar que hemos alcanzado y que tanto nos ha costado lograr.

La Administración Local es la institución más cercana, más próxima a la ciudadanía y la mejor valorada. Permite la participación directa de la ciudadanía en el control de la gestión y la toma de decisiones sobre gastos, proyectos, inversiones, etcétera. Pero con esta nueva ley del Gobierno del Partido Popular la participación ciudadana queda completamente mutilada. Pretenden alejar de la ciudadanía cualquier ámbito de decisión. Estamos ante un auténtico expolio de la política municipal. Lo que está en la base de todas estas agresiones, lo que las hace posible, es la total falta de respeto y reconocimiento hacia la realidad nacional, política y social vasca, a siglos de historia en los que se han ido creando y moldeando nuestras propias instituciones y responde a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Por eso, consideramos que en torno a este criterio de cercanía debe levantarse la estructura institucional para que las administraciones más próximas cuenten con todas las competencias precisas para desarrollar las funciones y servicios correspondientes a su ámbito, cediéndose o compartiéndose con las inmediatas superiores aquellas que no puedan ser desempeñadas por los medios propios.




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Queremos señalar también el carácter esencialmente municipalista con el que a lo largo de la historia se han conformado gran parte de las instituciones en Euskal Herria en el conjunto de sus territorios; institucionalización municipalista para la que este proyecto de ley supone una fuerte agresión. La ausencia de soberanía es la que hace posible que Madrid nos imponga una estructura administrativa, territorial, competencial e institucional conforme a sus intereses. Somos nosotros, los y las vascas, quienes debemos decidir cómo organizamos nuestras instituciones. Queremos ser dueños de nuestras decisiones. De ahí que la mayoría política vasca haya mostrado su rechazo a esta nuevo reforma. El Partido Popular, en posición minoritaria en nuestro país, pretende imponernos su proyecto. De este modo, y analizados los contenidos principales de la iniciativa del Gobierno y ante la gravedad de los mismos, nos reafirmamos en la necesidad de un ámbito vasco de decisión.

Les tengo que reconocer una cosa —y cada vez que salgo aquí lo digo—, y es que tenemos una visión radicalmente distinta de la realidad o, como le dije el otro día al ministro, no sé si vive en una dimensión paralela o directamente en la dimensión desconocida. Porque siempre que le oímos en esta Cámara parece que no pasa nada, que todo lo que ocurre es normal y que no hay ninguna repercusión extraña en ninguna de las decisiones que adopta el Gobierno, ni ningún otro objetivo detrás de las mismas.

En esta Cámara se ha señalado reiteradamente que este proyecto de ley respeta escrupulosamente la singularidad vasca, pero les quiero hacer a ustedes, ya que el ministro no está, una pregunta, y es una pregunta muy simple: ¿se va a aplicar esta reforma local en los territorios forales vascos? Repito: ¿se va a aplicar esta reforma local en los territorios forales vascos? Porque en mi país tenemos diferentes versiones de esto y compañeros de su partido, como el secretario general de los populares vascos, Iñaki Oyarzábal, en la respuesta dada al presidente del Partido Nacionalista Vasco utilizando las nuevas tecnologías, vía Twitter, ha afirmado: Te lo han contado mal. La reforma sí se aplicará en Euskadi pero respetando la capacidad foral, como pretendía el Partido Popular vasco. Y más recientemente, la portavoz de su partido en Juntas Generales de Araba, en un pleno monográfico desarrollado para tratar sobre la posible aprobación de esta ley, afirmó: Sí, pero la aplicarán las diputaciones.

Ante esta claridad que muestran sus compañeros de partido en lo referente a la aplicación de esta ley en Euskal Herria, debemos situar la aplicación del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en la política general que el Gobierno está realizando; política general que, con la disculpa de dar respuesta a la crisis económica y sobre todo a seguir el diktat de la troika, está impulsando, por un lado, un cambio del modelo de Estado abordando una profunda recentralización del mismo y, por el otro, un cambio del propio modelo social. Amparándose en esta disculpa, se pretende ir a una recentralización del Estado recortando nuevamente los retazos de soberanía que actualmente se ejercen, por ejemplo, desde Euskal Herria o Cataluña. El caso es que el partido que sustenta a su Gobierno está llevando a la práctica lo más profundo de su ideario en relación al modelo de Estado. Está llevando a la práctica un ideario anacrónico y caduco de concepción nacional española entroncada en la mejor tradición y definición del Estado nación que ya fue realizada en el siglo XIX.

Y efectivamente, a lo largo de estos dos años de legislatura estamos asistiendo a una sucesión de decisiones de este Gobierno que, no ya laminan, cepillan y recortan las competencias y los retazos de soberanía de las nacionalidades del Estado, sino que son tendentes a lograr su definitiva supresión y la centralización definitiva en su concepción de modelo de Estado. Y me refiero a esto porque con este proyecto de ley tenemos una constatación más de esta circunstancia. Esta ley se inserta en las políticas de este Gobierno, que está empeñado en reconducir el modelo de Estado por la puerta de atrás, por la puerta de las leyes, de los decretos, de los reglamentos, de los recortes sistemáticos de cualquier competencia o retazo de soberanía que tengan las comunidades autónomas. Tengo que destacar que fundamentalmente se están empeñando en atizar con saña aquellas realidades nacionales sin Estado que están dentro del Estado español.

Señores y señoras del Partido Popular, esta y no otra es la línea general de esta y otras de sus leyes. Por todo esto, a la espera de que me den una respuesta a la pregunta que les he realizado —y se la vuelvo a repetir, es muy simple—: ¿Se va a aplicar esta reforma en los territorios forales vascos?, presentamos el presente veto a esta ley y anunciamos nuestro soporte al resto de vetos presentados.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

La propuesta de veto número 5 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en nombre del senador Jordi Guillot y en el mío propio, presento el veto a esta ley que tiene este título tan fácil: Ley de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local.

Esta ley tiene muchos artículos y habla de muchas cosas, pero me interesa destacar el elemento políticamente esencial de la ley que ha llevado a la presentación de nuestro veto. El elemento esencial es que esta ley cambia el modelo de ayuntamientos y este cambio perjudica a la ciudadanía, especialmente a los más vulnerables. Y los perjudica porque esta ley reduce, limita y quita competencias importantísimas a los ayuntamientos.

Quiero argumentar y fundamentar este diagnóstico en la respuesta a tres preguntas que son básicas a la hora de hablar de este proyecto de ley. La primera pregunta es: ¿qué opinamos del balance de los treinta y cinco años que llevamos con ayuntamientos? ¿Qué ha pasado, qué papel han jugado, cómo han fortalecido o no la democracia? La segunda pregunta es: ¿hay nuevos retos en las ciudades y ayuntamientos? Y la tercera pregunta es: ¿qué nos propone el Gobierno sobre la base de la respuesta a las dos primeras preguntas?

Primera pregunta: ¿Qué ha pasado con los ayuntamientos en estos treinta y cinco años? Nuestra opinión es que ha sido un éxito. Con deficiencias, con insuficiencias, con irregularidades, pero globalmente ha sido un éxito. Cuando entramos en el año 1979 en los ayuntamientos, la mayoría de ciudades y municipios tenían grandes déficits. Había pocas escuelas, quedaban muchas calles por asfaltar, no había alumbrado público, no había parques y los ayuntamientos democráticos, yo diría de todos los signos, acertadamente dieron respuesta a estas insuficiencias que nos había dejado el régimen franquista. Pero más allá de la obra pública, los ayuntamientos hicieron promociones culturales, relaciones de convivencia, centros cívicos que cohesionaron cívicamente, en definitiva, nuestros municipios y nuestras ciudades y, por lo tanto, los ayuntamientos se convirtieron en elementos importantes de fortalecimiento de la democracia, de la convivencia y de la solidaridad.

Quiero hacer aquí un reconocimiento expreso a los miles de hombres y de mujeres que durante treinta y cinco años, muchos gratuitamente, han dejado una parte de su vida para trabajar por la colectividad. (Aplausos.) Y lo quiero hacer en un momento que parece que hacer política es estar apestado. Pues bien, el paisaje de España ha cambiado mucho en estos treinta y cinco años, y a ello han contribuido todas las administraciones, pero quienes más han contribuido han sido los ayuntamientos. No sería posible hoy la España que tenemos sin el papel fundamental de los ayuntamientos. Los ayuntamientos han sido y siguen siendo el referente social, cívico y político de nuestras ciudades, a veces único referente.

Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta que hacía es que los ayuntamientos en estos treinta y cinco años han sido un éxito, han dado respuesta a las deficiencias infraestructurales, han promocionado las relaciones de convivencia y, además, han jugado un elemento importantísimo de proximidad en relación con las personas.

La segunda pregunta es: ¿hay nuevos retos en los municipios, en las ciudades? Y si los hay, ¿cuáles son? Yo siempre digo que todas las ciudades tienen nuevos retos. Una ciudad o un municipio que no tenga retos es una ciudad muerta. Por consiguiente, las ciudades vivas y los municipios vivos tienen nuevos retos. Ahora bien, si tuviéramos que decidir cuáles son los dos retos más importantes que, a mi entender, tienen las ciudades y municipios, diría dos. Primero, los peligros de que la exclusión y la pobreza cristalicen en las ciudades y en los municipios. Nos lo están alertando todos los informes sociológicos que aparecen: de Cáritas, de las ONG, de las propias administraciones. Existe un riesgo estructural de que la pobreza y la exclusión se instale, cristalice, solidifique en los municipios y en las ciudades. Esto requiere hacer políticas, dar respuestas desde esta visión de no permitir que la exclusión y la pobreza cristalicen en nuestras ciudades.

El segundo reto, ¿cuál es? El reto de la brecha digital; es decir, hemos de hacer lo posible para que nuestras ciudades, nuestros municipios, en la medida de las dimensiones de cada uno, no queden aislados de los grandes cambios tecnológicos que se están produciendo, cambios




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tecnológicos importantes para el agricultor que vive separado del municipio, para la modernización de las relaciones entre el municipio y los ciudadanos, para la relación con otras ciudades. No se puede permitir que haya ayuntamientos y municipios que queden al margen de los grandes cambios tecnológicos. Por lo tanto, la lucha contra la pobreza, la exclusión y el trabajo para que los ayuntamientos no queden descolgados de lo que hoy es la constante de la modernidad, que es la informática y la tecnología, son unos retos importantes.

La tercera pregunta es: ¿qué nos propone el Gobierno a la luz de estas dos respuestas, a la luz de que ha sido un éxito la gestión de los ayuntamientos en estos treinta y cinco años y a la luz de los nuevos retos? Pues nos propone todo lo contrario. Ante la necesidad de realizar unas políticas que combatan la exclusión, el Gobierno nos propone eliminar los servicios sociales y la educación de las competencias de los ayuntamientos, y lo hace bajo un lema antiguo y demagógico: una competencia, una Administración, y, además, anticonstitucional, porque cuando la Constitución delimita el tipo de competencias, habla de las competencias compartidas. Pero si hace cuatrocientos años se podía hablar de compartimentos estancos, hoy no se puede hablar de compartimentos estancos. ¿Cómo se va a hablar de compartimientos estancos en los problemas de exclusión? Han de intervenir los ayuntamientos, los Gobiernos autonómicos, el Estado, las comarcas, las diputaciones. ¿Cómo se puede hablar de una competencia, una Administración y de compartimentos estancos en el ámbito medioambiental o en el de seguridad? Decir hoy que una competencia es una Administración, aparte de que va en contra del espíritu de la Constitución, es absolutamente antiguo y no responde a la realidad. Y desde ese punto de vista se monta el sistema de los ayuntamientos en la propuesta que nos hacen.

Señorías, hay muchas cosas que se pueden decir de esa propuesta, pero quiero resaltar algunas. En primer lugar, es una barbaridad —y yo no acostumbro a decir palabras altisonantes— por parte de quien ha escrito esto, que, además, conoce muy poco el mundo municipal. No me imagino a nadie que conozca el mundo municipal que redacte una ley como esta, porque no tiene ni idea de lo que está pasando en los ayuntamientos. Es una ley que elimina las competencias de educación, de salud y de servicios sociales de los ayuntamientos. Pero, además, es una ley que inicialmente deja en un bloque de obra pública el alcantarillado, alumbrado público, abastecimiento de agua, cementerio, es decir, las competencias de todos los ayuntamientos, e impide que los ayuntamientos ejerzan competencias que hasta ahora podían ejercer y que a partir de ahora no van a poder hacerlo; les impide ejercer otras competencias. Y una de las virtudes de la gestión de los ayuntamientos en estos treinta y cinco años ha sido que, en función de su situación, han podido flexibilizar y adaptar sus competencias a su realidad. Pues esta ley lo impide. Pero hace una cosa más grave, que es el mayor atentado a la autonomía municipal —me sabe mal que el señor Montoro no esté— que se ha cometido en estos treinta y cinco años. La ley dice lo siguiente: para los municipios de menos de 20 000 habitantes los servicios de alcantarillado, residuos, abastecimiento de agua y dos o tres más —en definitiva, es una concepción del ayuntamiento como una oficina de mantenimiento y obra pública— los va a coordinar la diputación; es decir, vamos a dejar a los ayuntamientos sin estas mínimas competencias. Y dice también que la diputación elevará al Ministerio de Hacienda la propuesta de prestación de servicios. Dicho de otra manera, un ayuntamiento de 800 habitantes va a tener que dirigirse a la diputación para que ésta, en función del coste efectivo, decida qué prestación de servicio hace, donde cabe la privatización, y para eso se va a tener que pedir autorización al Ministerio de Hacienda. ¿Se imaginan ustedes al Ministerio de Hacienda autorizando y estudiando todas las competencias de alumbrado público, de cementerio, de vía pública de los ayuntamientos de menos de 20 000 habitantes? ¿Esto es racionalidad?, ¿esto es sostenibilidad? Esto es una barbaridad que nace, en definitiva, de esta concepción, como decía antes, de centralización de los ayuntamientos.

Por lo tanto, lo que propone el Gobierno es muy significativo y les invito a leer la exposición de motivos del proyecto de ley. No habla de las personas, no habla de la calidad de vida, no habla del bienestar de las personas. Esto no existe para este proyecto de ley, no existe en absoluto. Se fijan cuatro objetivos completamente tecnocráticos, mientras que en la Ley de 1985, hace mucho tiempo, se hablaba de la necesidad de la calidad de vida. Dicho de otra manera, una modificación de la Ley de bases que afecta a los ayuntamientos solo tiene justificación si plantea la mejora de la calidad de vida en función de los nuevos retos y de la experiencia adquirida. Pues esto está absolutamente ausente en toda la exposición de motivos, en la que se habla simplemente de




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cumplir la Ley de estabilidad que, por otra parte, como es una ley hay que cumplirla, pero que no puede ser el objetivo fundamental de este proyecto de ley.

Por lo tanto, las tres preguntas tienen una contestación que obliga a presentar el veto. Los ayuntamientos hasta ahora han funcionado bien. Hoy, los ayuntamientos y las ciudades tienen nuevos retos que, a mi parecer, son estos dos que he dicho, pobreza y la brecha digital, y la propuesta del Gobierno va en dirección contraria.

Pero quiero acabar con una última reflexión, que sería una cuarta pregunta. ¿Qué incidencia tienen estos nuevos ayuntamientos sobre la estructura del Estado? Me van a permitir que simplifique diciendo que estamos en un momento en el que es necesario bajar el Estado, o sea, que el Estado se relacione mucho más con la ciudadanía, y esta ley lo que hace es alejar el Estado. ¿Por qué digo que es necesario bajar el Estado y lo que se hace es alejar el Estado? Porque se deja a los ayuntamientos y a los concejales sin prácticamente ninguna función política, porque se trasladan decisiones importantes a la diputación, al Gobierno y al Ministerio de Hacienda, cuando lo que se debería hacer es dar un paso, en definitiva, abrir organismos de participación, bajar el Estado, utilizar el principio de subsidiariedad. Es la primera ley de régimen local de Europa y de España que no utiliza en ningún momento la palabra subsidiariedad. Es una ley que, además, vulnera las competencias autonómicas. Esta ley, por vulnerar, lo vulnera prácticamente todo: vulnera la Constitución —por tanto, estén ustedes seguros de que si esta ley se aprueba en los términos que está, va a ir al Constitucional—, vulnera los estatutos de autonomía y vulnera la Carta de Autonomía Local de la Unión Europea. Lo vulnera todo porque vulnera absolutamente todas las autonomías.

Además, hay otra cuestión. Esta ley refuerza las diputaciones. No es la primera ley que lo hace. Yo dije hace poco, desde esta tribuna, que en la Constitución Española hubo un empate entre los reformistas y los rupturistas con relación al modelo de Estado; los rupturistas querían que España fuera la suma de comunidades autónomas y los no tan rupturistas querían que España fuera la suma de las diputaciones. En esta ley fundamentalmente se opta de forma clarísima por las diputaciones —se echa atrás un modelo de Estado—, en una dirección unitaria, uniformista y, en definitiva, recentralizadora, y se vulneran las competencias de las comunidades autónomas. Por tanto, más allá de los efectos negativos que va a tener sobre la ciudadanía, esta ley apuesta por un retroceso en el Estado de las Autonomías y no aprovecha para, insisto, bajar el Estado en un momento en que la gente nos está pidiendo trasparencia, información y participación en los aspectos colectivos de la sociedad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

La propuesta de veto número 6 ha sido presentada por las senadoras Almiñana y Sequera y los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla y Sabaté.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

La principal razón de nuestro veto al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local es que invade las competencias de la Generalitat sobre la organización territorial y el régimen local.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, ley orgánica, recoge, en su artículo 111, que de las materias que el estatuto atribuye a la Generalitat de forma compartida con el Estado, corresponden a la Generalitat la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva en el marco de las bases que fije el Estado. En ejercicio de estas competencias, la Generalitat puede establecer políticas propias. El Parlament debe desarrollar y concretar, por medio de una ley, dichas disposiciones básicas. Por lo tanto, la vigencia de este artículo implica que la Generalitat desarrollará sus competencias a partir de las bases que configuran el marco estatal, y este marco, estas bases, las disposiciones básicas, deben permitir su despliegue y concreción por ley y el establecimiento de políticas propias. El proyecto que debatimos hoy elude por completo los preceptos establecidos en el estatuto de autonomía e impide el establecimiento de políticas propias y el ejercicio de las competencias citadas. También apreciamos que el texto pone de manifiesto el desconocimiento del Gobierno del Partido Popular de la realidad del mundo local, en general, y de los municipios catalanes, en particular.




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Por tanto, por lo que se refiere a los municipios rurales, a las entidades locales menores, a los municipios de montaña, a los de costa, a los consejos insulares, a los cabildos, así como a la consideración de la legislación específica que regula la ciudad de Barcelona, que se basa en el principio de la diferenciación, principio que no se tiene en cuenta en este proyecto de ley y que ni aparece ni se le considera —por cierto, he leído que el Partido Popular votó a favor de lo que ahora ningunea—, este proyecto de ley es una laminación severa del principio de autonomía local que la Constitución Española, la Carta Europea de Autonomía Local, y en el caso de Cataluña su estatuto, garantizan a todos los entes locales de base territorial. La norma elimina competencias y capacidades de gestión a los ayuntamientos. Esto afecta directa y seriamente al sistema democrático, donde los elegidos tienen capacidades y, por tanto, responsabilidades ante sus ciudadanos. Ello lleva a que los electores se cuestionen la necesidad de votar a responsables locales. ¿Y por qué han de seguir votando a los concejales que no van a tener ya responsabilidades?

Las entidades locales son la máxima expresión de un régimen democrático que permite la participación y el acceso de los ciudadanos en la gestión de asuntos públicos, por lo que deben dotarse de las competencias efectivas para ser una Administración eficaz y próxima bajo el principio de democracia y descentralización del poder. Pero lejos de fortalecer el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales, de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos en beneficio de sus habitantes, es decir, en defensa de sus propios intereses, se pone en tela de juicio y se limitan sus capacidades. El hilo conductor que recorre todo el texto del proyecto es la desconfianza hacia el mundo local, de forma que el Gobierno central controle su funcionamiento, y lo hace sin consenso, de forma unilateral, apoyados en una mayoría sorda a las peticiones de diversos colectivos sociales, de partidos políticos, de sindicatos e incluso a las consideraciones del Consejo de Estado. Y sirva como ejemplo del escaso diálogo del Gobierno las diez enmiendas a la totalidad que ha registrado el proyecto en su tramitación en el Congreso y las siete presentadas en esta Cámara.

Para llevar a cabo esta reforma, el Gobierno se fundamenta en la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Hay que recordar que la contribución al déficit público y al endeudamiento público de los entes locales fue del 0,3% del PIB en 2012 y del 0% para los ejercicios 2013 a 2015. Pero es que las entidades locales, desde su entrada en vigor, ya han adaptado su gestión de forma generalizada para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, deuda pública y techo de gasto. Y en el supuesto de no alcanzar algunos de estos objetivos, ya han tomado medidas correctoras para alcanzar dicho equilibrio, tal y como obliga la Ley 2/2012. Por tanto, la gestión global de los ayuntamientos ya se ajusta a los principios de dicha ley. De todas formas, la medida no tiene fundamento ya que las administraciones locales no son, ni mucho menos, las que tienen el peso más relevante en el déficit público, suponen solo el 14% del gasto global y les es imputable el 4% de la deuda pública.

Si el objetivo de la reforma es reducir los costes, habría que empezar por la propia Administración del Estado, puesto que esta representa el 53% del conjunto del gasto público global y el 65,9% de la deuda pública, mientras que las comunidades autónomas tienen el 33%, del cual el 70% es sanidad, educación y servicios sociales, y el 15,9% de la deuda pública global. Los datos reflejan que la única justificación de la ley no se sostiene y que la reforma de la Administración Local no es la solución al problema del elevado déficit de deuda pública.

El texto propuesto constituye una reforma regresiva que prioriza la recentralización de los servicios y que no garantiza el buen funcionamiento de la Administración ni unos servicios públicos de calidad que den respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía.

Esta reforma tiene por objetivo la privatización de los servicios públicos concentrándolos en manos de las diputaciones, que ni tienen los recursos ni la estructura para atender estas necesidades, obedeciendo solo a criterios económicos y sin tener en cuenta criterios sociales ni de calidad de vida. Cambia, en definitiva, la concepción del Gobierno local para reducirla a una instancia meramente administrativa.

La reforma no será eficiente: si solo hay traslado de competencias, no hay ahorro, y si hay ahorro es porque hay supresión de servicios o se prestarán en peores condiciones. La proximidad significa eficiencia y difícilmente una corporación supramunicipal podrá sustituir el conocimiento de la problemática local y la sensibilidad de un ayuntamiento, a pesar de que las diputaciones sean administraciones locales formadas por electos locales. Además, no se ha tenido en cuenta la




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diversidad de cada territorio, las peculiaridades de cada población; la fijación de unos costes efectivos para los servicios que prestan las administraciones locales con el objetivo de evaluar su eficacia comportará, sin duda, carencia de rigor y situaciones de tratamiento desigual. ¿Qué precio le van a poner a la eficiencia? ¿Cómo van a medir y calcular esa eficiencia?

Los entes locales son los mejores preparados para ofrecer servicios de proximidad en materias sociales, en educación y en salud. En plena crisis del Estado de bienestar, creemos que una de las líneas de actuación para conseguir superarla es trabajar desde la proximidad, como se hace en Europa, con el reconocimiento del principio de subsidiariedad. Tal y como pasó en los años ochenta, la musculación democrática de la sociedad tiene que venir del trabajo que se haga a partir de políticas locales. Los alcaldes y concejales lo hacen cada día de manera natural y habitual, y saben qué les pasa a sus conciudadanos; el contacto con la gente es imprescindible.

Es falso que en la mayoría de municipios se solapen o dupliquen competencias. De los 8117 municipios, 6800 son de menos de 5000 habitantes y no podemos olvidar las 3723 entidades locales menores. Difícilmente se ofrecen por parte de diferentes administraciones en estos municipios dos servicios de recogida de basura o de mantenimiento de alumbrado público o de suministro de agua potable o que se pasen a limpiar las calles dos veces por distintas administraciones, y justo estos servicios son los que el proyecto establece que deben transferirse a las diputaciones.

Si el servicio se va a prestar igual, dudamos que vaya a suponer un ahorro de coste —son simples suposiciones, las mismas que hicieron con la reforma laboral y las consecuencias ya las sabemos todos—. La reforma podría haber sido consensuada en este caso, estableciéndose medidas para detectar y eliminar esas duplicidades donde se den. Pero no ha sido así, se ha sido más drástico y se corta por lo sano. No es justo que allí donde no existen duplicidades se castigue eliminando esas competencias.

El municipalismo es el elemento esencial para plantear una regeneración democrática del país y para garantizarla es necesaria una nueva estructura de la Administración Local que simplifique la Administración, permita el ahorro sin pérdida de eficiencia, establezca cuáles son las competencias municipales y garantice su correcta financiación. Cualquier reforma de la Administración Local tiene que ir acompañada de una ley de las haciendas locales que resuelva de una vez la injusticia en su financiación de los últimos años.

Por todo eso, los senadores y senadoras de mi grupo manifestamos nuestro rechazo al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y pedimos su devolución al Gobierno, puesto que representa un ataque sin precedentes contra la autonomía local, es el camino hacia la privatización de los servicios públicos e invade competencias autonómicas.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

La propuesta de veto número 7 la presenta el Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Senyorias, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes de las distintas entidades locales que están presentes en la sala: La Federación Española de Municipios y Provincias, así como la Federación Española de Entidades Locales Menores. Sean bienvenidos a este debate.

Señorías, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se posiciona contrario a este proyecto de ley. Tal y como consta en la exposición de motivos de nuestro veto, este proyecto de ley dice perseguir un triple objetivo. Por un lado, clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades en las administraciones a los efectos de cumplir la premisa de una Administración, una competencia; requiere, por otro lado, que se racionalice la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera; y, finalmente, dice pretender favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.




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Frente a estas premisas, cabe afirmar que el presente proyecto de ley, a nuestro entender, no aborda, no cumple estos objetivos, además de que vulnera la autonomía local, vulnera las competencias de las comunidades autónomas —en lo que a nosotros se refiere, las de Cataluña en materia local— y no da respuesta a las necesidades de mejora de la financiación local; además, cómo no, de que burocratiza más el día a día de las entidades locales y las vacía de contenido.

Estaremos todos de acuerdo en que la Ley de Bases de Régimen Local tuvo ese recorrido e hizo un buen trabajo —es una ley de 1985—, y también estaremos todos de acuerdo en que de 1985 hasta hoy las cosas han cambiado en este país. Por tanto, y por ello, una de las primeras iniciativas que mi grupo parlamentario trajo a esta Cámara, justo al inicio de la legislatura, fue poner sobre la mesa la problemática del municipalismo, la problemática de aclarar competencias, de aclarar financiación para que se adaptara a las necesidades y a los servicios que en esos momentos se estaban atendiendo. En este sentido, sí que era una ley reclamada. Pero la propuesta que estamos debatiendo no da respuesta a las expectativas y no da soluciones a los problemas del municipalismo. A nuestro entender, esta ley se trata de un minucioso plan contable que demuestra poca sensibilidad y poco conocimiento del tema.

Hace unos minutos el señor Montoro nos hablaba del papel esencial de la Administración Local, pero lo hacía, señorías, únicamente bajo la premisa del comportamiento financiero de esta Administración Local. En la presentación de esta ley no nos explicaba cómo afectaba al día a día de las entidades locales o cómo iba a mejorar la prestación de servicios cuando decía que esta ley reforzaba la Administración Local. Esta ley, señorías —y mi grupo lo manifestó cuando la defendimos en la Comisión de Comunidades Autónomas—, es una ley que no tiene alma. Olvida el principio de subsidiariedad y, a partir de aquí, atenta al equilibrio territorial y deja en un estado precario a las zonas rurales y a los municipios más pequeños. Preguntamos y no obtuvimos respuesta. Volvemos a preguntar: ¿por qué así y ahora esta ley que lleva tanto tiempo reclamada? ¿Realmente atiende a esas reclamaciones históricas del municipalismo? Si es así, ¿cómo se explican que haya tanta contestación y prácticamente tanta unanimidad en contra? ¿O tal vez esta ley aprovecha una coyuntura económica para modificar la estructura de Estado y recentralizar de nuevo en pro de una sostenibilidad económica y financiera? Por otro lado, esta sostenibilidad —hablando de Administración Local— es una sostenibilidad sobradamente demostrada. Nosotros nos inclinamos por esto último: escenificar una Ley de racionalizacion y sostenibilidad sobre una Administración que —ya lo hemos dicho— ha demostrado ser la única que lo ha hecho en estos momentos, y en este sentido, los diferentes grupos —nosotros hasta la saciedad— hemos puesto una vez y otra sobre la mesa el hecho de que las cifras lo avalan. El propio ministro hablaba de la Administración Local y decía que en 2012 los ayuntamientos cerraron con superávit, y en el total de la gestión a lo largo de veinte años esta Administración no ha supuesto ni un 5% del gasto total de las administraciones. Saben ustedes, además, que esta cifra puede ser rebajada casi en un 50% si obviamos la gestión de unos pocos ayuntamientos, que son los que aportan más a esta cantidad.

Paralelamente a esto, la Administración Local está gestionando un 13% del gasto público y da servicios directos, de proximidad, que revierten directamente en servicios esenciales para los ciudadanos. Estamos, entonces, de acuerdo en que no tiene sentido esta ley desde el objetivo de hacer sostenible la Administración Local. No, la sostenibilidad, en este caso, no es motivo para la redacción de esta ley; tampoco la racionalización. De hecho —ya lo hemos dicho otras veces—, la quitan de donde la había.

El hecho de pasar competencias de los municipios de menos de 20 000 habitantes a las diputaciones no es racionalizar, señorías. La proximidad es racionalizar, la proximidad comporta que se conozcan todos los parámetros para la prestación más eficiente de los servicios, en tiempo real y en ambiente real. Esto supone en sí mismo la manifestación de la falta de autonomía que se confiere a la Administración Local. No cabe decir que el principio de autonomía local, que está recogido en el artículo 140 de la Constitución española —por otro lado, tan dogmática para algunas cosas— y también en el Estatut d’Autonomia de Catalunya y en la Carta Europea de Autonomía Local, de la que no hemos encontrado menciones en este proyecto de ley, vulneran este proyecto de autonomía local. Es cierto también que se ha suavizado, se ha intentado suavizar, esto a partir del dictamen del Consejo de Estado, pero, en definitiva, el traslado de la competencia de los municipios de menos de 20 000 habitantes a las diputaciones es el ejemplo más claro de esta




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vulneración de la autonomía local, no solo porque se rompe con la proximidad, sino también porque, en este caso, tenemos una vulneración absoluta del compromiso democrático. No hace falta recordar que las elecciones municipales, las que tienen el mayor número de participación, las que cuentan con más debate real entre los ciudadanos, aparte de aquel que se puede oír en los medios de comunicación, están consideradas por los ciudadanos como un referente y, además, responde a sus necesidades. Entonces, ¿qué pasa con este compromiso, señorías? ¿Qué pasa con este compromiso de los ciudadanos para con sus representantes y de los representantes para con sus ciudadanos?

Otro ejemplo flagrante de esta vulneración de la autonomía local lo tenemos en el tratamiento que han recibido las entidades locales de ámbito menor al municipio —en Cataluña, las entidades municipales descentralizadas—. Primero, asistimos a un anuncio de su abolición absoluta. A partir de aquí, en este proyecto de ley se les quita el rango de entidad local. Paralelamente, a algunas ya existentes se les conserva su personalidad jurídica, pero aquellas que se puedan crear a partir de ahora van a nacer sin personalidad jurídica. Señorías, esto es una invitación a la desaparición. Van a dejar unas entidades locales menores residualmente, con un panorama, además, desigual y sometidas a unos sistemas de control muy exhaustivos que van a hacer que con que tengan un mal año de gestión peligre la propia institución.

Finalmente, lejos de ordenar y aclarar competencias municipales, este proyecto de ley, y lo que en él se contiene, vacía a los municipios de competencias, por activa y por pasiva. Además, de paso, lamina las competencias de las comunidades autónomas. Vulnera las competencias reconocidas en el Estatut d’Autonomia de Catalunya, que confiere a la Generalitat las competencias exclusivas en la organización territorial, en pro de la referencia a la habilitación competencial que tiene el Estado, que, creemos, tendría que ponerse en relación con la jurisprudencia que hay ya del Tribunal Constitucional, que ha establecido de forma reiterada que Constitución y Estatutos forman un bloque único de constitucionalidad, de manera que el límite para esta ley de bases que se está llevando a cabo es lo que está regulado por los estatutos de autonomía en cada territorio. Pensamos que esto queda absolutamente vulnerado y se produce un vaciado absoluto de la mayoría de los estatutos.

Este proyecto vulnera el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Insistimos: esta vulneración no es buena para nadie, no contribuye en estos momentos a paliar ese distanciamiento que existe entre el Estado central y Cataluña. Cabe recordar que este Estatuto de Autonomía fue objeto de aquel famoso apoyarem de un presidente del Gobierno; apoyaré, como salga del Parlament de Catalunya. Otro presidente, después de que este Estatuto fuera aprobado por el Parlamento de Cataluña, por estas Cortes Generales, ratificado por el Rey y refrendado por el pueblo de Cataluña, lo lanzó a manos del Tribunal Constitucional, que lo sometió a una dura rebaja. Quizá sea el momento de empezar a exigir que un lado demuestre respeto hacia el otro.

En definitiva, este proyecto de ley lo entendemos como una reforma estructural en respuesta a una situación coyuntural: un proyecto de ley que no escucha, no atiende y no entiende las reclamaciones del municipalismo y que tan solo ha servido, desde el momento de la presentación del primer informe, para la criminalización de la Administración Local y de aquellos que ejercen, la mayoría de las veces, sin ningún tipo de remuneración, el estadio político más próximo. Creemos que se trata de un atentado al primer estadio político de este país.

La Administración autonómica es la más sostenible, la más racional, la más apreciada, repleta de grandes políticos que no salen en los medios de comunicación cada día pero que atienden a aquellos que les han elegido directamente como sus representantes. Alcaldes y concejales, muchos hombres y mujeres que hacen suyos cada día los problemas de la colectividad. Se trata de un proyecto que, tal y como insiste el Gobierno, lejos de reforzar el municipalismo lo pone en tela de juicio, cuestiona su eficacia, debilita su autonomía local, hace de los gobiernos locales una Administración de gestión tutelada, invade competencias autonómicas, refuerza a las diputaciones en un claro ejercicio de recentralización, cuestiona la existencia de entidades locales por razones coyunturales —problemas financieros pueden ser el motivo de su desaparición— y pretende un ahorro de 8000 euros más que cuestionable. En definitiva, se trata de un proyecto que afectará a los ciudadanos ya que, de hecho, recorta competencias y servicios a los municipios pequeños —que no está claro cómo van a ser prestadas a partir de ahora—, descuida la calidad democrática




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y, a nuestro entender, más que una reforma es un ajuste basado únicamente —y ahí radica el problema— en la eficiencia presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió mantiene el veto, solicita al resto de grupos que lo apoyen y anunciamos que nuestra votación será favorable a los vetos de los demás grupos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

La propuesta de veto número 4 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías, buenos días, señor ministro —supongo que se encontrará en alguna sala de la Cámara—.

En primer lugar, quiero trasladar un saludo afectuoso del Grupo Parlamentario Socialista a los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que nos acompañan hoy en esta Cámara, que se encuentran hoy aquí porque están muy preocupados por la ley que ustedes pretenden aprobar. Y es que a ellos y a otros muchos, a miles, el verdadero batallón voluntario de la política, es a quienes ustedes pretenden dejar sin competencias, sin actividad y sin capacidad de gestión. Serán unas meras marionetas del Estado. De todas formas, bienvenidos a esta Cámara. (Aplausos.)

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista se ve obligado a presentar un veto a este proyecto de ley que, según ustedes, quiere reformar la Administración Local de nuestro país y que están tratando que pase sin pena ni gloria por el debate público. Porque nosotros sí entendemos que el municipalismo español necesita una reforma. Los socialistas consideramos que después de tantos años hay que reformar la vida local, una transformación que permita mejorar y progresar, que permita resolver los problemas que tienen los ayuntamientos, una reforma que renueve, modernice y perfeccione a nuestros consistorios y no, al contrario, como ustedes pretenden con esta ley.

Con este proyecto de ley renuncian a solucionar las verdaderas preocupaciones de las entidades locales en cuanto a competencias y financiación. Y optan por crear problemas a millones de ciudadanos que cada día acuden a sus ayuntamientos demandando soluciones.

Si empezamos, señorías, por el nombre: racionalización de la Administración, no sé si decir que da risa o lamento. Es que es justo lo contrario, señorías, porque no refuerzan la Administración Local. Y lo hacen conscientemente. Rompen en pedazos el tratamiento uniforme del régimen local. Destruyen a los consistorios y, a la par, consolidan y fortalecen las administraciones más anacrónicas, como son las diputaciones provinciales y su clientelismo. Pero, tampoco, porque estas delegarán sus funciones en el sector privado, por lo que se acabarán diluyendo, dejando en un segundo término la actividad económica pública respecto de la privada.

Por lo tanto, esta ley no tiene nada de racionalización. Porque ustedes atacan frontalmente a los ayuntamientos, los devastarán y los fulminarán, y acabarán con la legítima acción municipal, alterando el sistema institucional de los Gobiernos locales. Hace poco más de dos meses, más de dos mil alcaldes les dijeron al Gobierno y a ustedes que la ley no les satisfacía, y les pedían que rectificasen, que les dieran una oportunidad para buscar una solución racional —eso sí, racional— a los problemas que tienen los ayuntamientos. Pero, no. Ustedes han tirado por la calle del medio. Han hecho otro recorte más. Lo han hecho con la reforma laboral, la educativa, la sanidad, la dependencia, las pensiones, y ahora toca a los servicios municipales.

A estos más de dos mil alcaldes se les unen en silencio miles de alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, que también se pusieron en pie de guerra y les amenazaron con un plante. Y, si no, pregúntenles a los ya no tan silenciosos alcaldes del Partido Popular de Galicia o de Castilla y León. Por cierto, el consejero de Presidencia de Castilla y León decía que luchará hasta el último momento para que no se produzca con esta ley un atropello brutal a las comunidades autónomas. Hace una semana el vicepresidente de la Xunta de Galicia ha señalado que no apoyará esta norma nacional y que en 2014 harán ellos una norma para evitar en lo que puedan esta ley. Hace escasos días el presidente de Cantabria decía que no podrá soportar económicamente esta ley.

Pero, venga más cerca, aquí mismo, a esta Cámara. Aquí hay alcaldes y concejales del Partido Popular. Digan lo que les parece la ley. Díganles al señor Montoro y al señor Rajoy lo que dicen en




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los pasillos, lo que dicen en los ayuntamientos. No tengan miedo. Critíquenla. No creo que les confinen o que les despidan. Díganlo con normalidad. No les gusta tampoco la ley.

Esta ley ha recibido críticas de todos, académicos, instituciones, sindicatos, sectores de la función pública, federaciones de municipios y provincias, del Consejo de Estado, con un informe demoledor donde dice que la ley no cumple con los objetivos que se propone, que ni clarifica competencias, ni racionaliza la estructura organizativa de la Administración Local. Además, este informe viene a cuestionar aquella mágica cifra de los 8000 millones de euros, y acaba reconociendo que es un simple fortalecimiento de las diputaciones provinciales.

Ustedes oyen, pero no ven ni escuchan. Legislan contra todos. De verdad, creo que con esta ley —lo decía antes el señor ministro— han querido torear a Bruselas. Pero lo han trampeado. Dicen que España va a ahorrar 8000 millones y esto es falso. No nos engañen más. No engañen más a los españoles, porque eran 8024 millones para el bienio 2014-2015 y ahora pretenden alcanzarlo en el 2019. Su ley deja aspectos sin regular y crea más problemas que soluciones, señorías. Esta ley no clarifica competencias ni evita duplicidades. No simplifica la estructura administrativa ni ahorra dinero. Lo que sí hace es abrir las puertas al sector privado y a la gestión de los servicios públicos de empresas privadas. Un objetivo que ustedes pretendían desde el primer borrador y que han plasmado en este proyecto de ley.

Si hablamos de competencias ustedes dicen: una administración, una competencia. La frase suena bien. Pero mienten nuevamente, porque ustedes son los mismos que hablan de la multigobernanza en un Estado como el nuestro. Ustedes generalizan y oficializan la posibilidad de delegar competencias de las comunidades autónomas en los ayuntamientos, de los ayuntamientos en las diputaciones, y de las diputaciones, comisionando competencias, a las empresas privadas.

¿Y, con qué criterio plantean este mapa local? En función de quien gobierna en los ayuntamientos, o en las comunidades autónomas, o lo que es peor, en razón de la simpatía de cada Gobierno, o en razón de la empresa amiga… no lo sabemos. Si nos fijamos por un momento en la estructura de la Administración, empezaron eliminando tres mil ayuntamientos de un plumazo y no sé cuántas mancomunidades y consorcios. Alguien dijo que eso era una barbaridad. Entonces, dejaron los ayuntamientos. Eso sí, les dejaron sin competencias para que no tengan qué hacer. Y con esta ley condenan a la desaparición a las tres mil setecientas entidades locales menores —y ya tenemos otro recorte más—, volviendo al caciquismo, volviendo al elitismo que tanto les gusta, volviendo a esos alcaldes —que lo serán a partir de ahora—, alcaldes y concejales de aquella época, del tercio familiar que tanto les gusta.

Atacan frontalmente a los Gobiernos locales. Menos Gobiernos locales, menos gestión pública y más gestión privada. Eso sí, servicios más caros y con más costes. Hablando de los costes, ustedes sacaron el famoso coste estándar, alguien también les dijo que era muy descarado; lo cambian y añaden el coste efectivo de la prestación del servicio, que no es nada más que una cortina de humo para tapar la torpeza que suponía su anterior coste estándar. Era una torpeza política, un error económico y una barbaridad jurídica. Y todo para despojar de las competencias de los servicios básicos a siete mil ayuntamientos. ¿Y para qué hacen todo esto? ¿Para que la provincia suplante a los municipios, con lo antiguo que suena? No, lo hacen para privatizar los servicios, para beneficiar a algunas empresas, para hacer pagar más a los ciudadanos por unos servicios peores y más caros. ¿Quién pierde con esta ley —quién gana ya lo hemos visto—? Con su ley pierden los ayuntamientos y los ciudadanos, pero, sobre todo, pierden los municipios, el mundo rural, la coherencia social y territorial y, sobre todo, pierde el Estado del bienestar, que tanto costó conseguir a los españoles.

Y ustedes, señorías, con su Gobierno, atacan y ponen en riesgo la desaparición de muchos servicios. Van a acabar con las escuelas infantiles, con las actividades extraescolares, con los centros de día, con los pisos tutelados y de acogida; van a terminar con la inclusión de inmigrantes, los comedores sociales, las residencias, las agencias de desarrollo; liquidarán los centros especiales de empleo, las ayudas sociales, y ese desmantelamiento de los servicios sociales atacará también a los trabajadores públicos; eso sí, menos a los interventores, a quienes contraponen con el poder democrático del alcalde y del Pleno, vulnerando el artículo 137 de la Constitución. Y es que la intervención municipal no puede depender jerárquica ni funcionalmente de la Intervención General del Estado. ¿No lo ven? ¿No ven que contraponen un órgano burocrático, como es la Intervención, con un órgano democrático, como es el Pleno y el alcalde?




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Y ante esta lamentable situación, ustedes dicen: no, todo esto es por el ahorro. Se justifican ustedes mismos por la falacia de salvaguardar la sostenibilidad financiera de las entidades locales. Pues, otra falsedad más, porque su pretensión única y verdadera es recortar y cerrar servicios vitales. Pero, claro, se dan cuenta de una cosa. En mayo de 2015 hay elecciones municipales. Se dan cuenta de que algunas de sus propuestas son verdaderas patatas calientes y, por lo tanto, se plantean aplazar algunas aplicaciones para después de las elecciones, para que el respaldo electoral que todavía creen que tienen no les deje en la estacada. Se dan cuenta, por ejemplo, del desmantelamiento de los servicios sociales o de la adopción de sus medidas en el ámbito sanitario y educativo. Pero sean ustedes valientes. Si creen que la ley es buena, si creen que la ley es tan buena como dice el señor ministro, aplíquenla, y aplíquenla en su totalidad, y aplíquenla el 1 de enero de 2014; no esperen a que sea más tarde. Aplíquenla el 1 de enero. (Aplausos.)

Pero no lo van a hacer, porque ustedes saben perfectamente que están desmantelando los ayuntamientos. ¿Y con qué cara se van a presentar ante los ciudadanos, si les van a suprimir las prestaciones complementarias, van a dejar condicionada toda la actividad municipal a la sostenibilidad financiera y va a afectar a los funcionarios públicos: un 25% menos de empleo público, es decir, pérdida de empleo y un apretón más a los trabajadores públicos? Pero sigue sin pasar nada.

Si hablamos de los alcaldes, de ustedes, y de los concejales, con su ley les van a dejar sin capacidad de decisión, como meros títeres —se lo decía antes—, y además les ponen al pie de los caballos, porque les señalan como los verdaderos responsables de la crisis, del déficit y de la corrupción. Y esto es mentira, los ayuntamientos no derrochan. Es cierto, no todos: si no, pregúnteles al señor Ruiz-Gallardón y a la señora Botella. (Aplausos.) Los ayuntamientos no derrochan y, por lo tanto, no deben ser los chivos expiatorios de esta crisis. El 85% de los concejales de España no cobran: son voluntarios y son voluntad. Y de los ocho mil ciento dieciséis ayuntamientos españoles, solo cuatrocientos dos tienen problemas económicos. Ustedes mismos dicen que van a cerrar con equilibrio presupuestario. ¡Si el señor Montoro en esta Cámara alabó su gestión! Solo un 5% de la deuda del Estado corresponde a los ayuntamientos; y un tercio, a Madrid, a esta ciudad.

Si es así, ¿por qué atacan y desmantelan los ayuntamientos? ¿Por qué arremeten contra la organización y la representatividad democrática? ¿Por qué no hablan de financiación local o de gasto corriente y se dejan de esta chapuza de ley? No pueden, claro; no pueden porque su objetivo es acabar con el Estado del bienestar. Y lo hacen todo con un componente ideológico muy sesgado, muy antiguo, muy de vasallaje, muy autoritario y muy antisocial. (Aplausos.)

Hoy, señores del público, señorías, en esta Cámara se va a producir una gravísima injerencia, el mayor ataque a los servicios públicos municipales desde la transición democrática; y, además, no respetan los estatutos de autonomía, ni a los cabildos ni a los consejos insulares, se ceban con los pequeños municipios y les despojan de toda actividad.

Yo he sido concejal durante ocho años y alcalde durante diez, como muchos de ustedes, y creo que conozco un poco la Administración Local. He vivido la profunda transformación de los ayuntamientos desde los años ochenta, como muchos de ustedes, y he visto la cara de los ciudadanos cuando venían a hablar conmigo, manifestándome sus dudas e inquietudes. Hoy, mi municipio, Baracaldo, ha abierto las puertas para que mucha gente se acerque a sus ventanillas para hablar con los concejales, con los funcionarios. Pues bien, cuando aprueben esta ley los ciudadanos ya no van a poder hablar con el alcalde, con los concejales o con los funcionarios, que son sus conciudadanos, porque se les contestará: no, aquí ya no es, tendrás que ir a la diputación o al Gobierno autónomo, o, lo que es peor, ya no hacemos ninguna gestión, ahora la hace una empresa privada. Ustedes con eso ya lo han conseguido (Protestas.) No se enfaden, es verdad. Y van a tener un problema, porque aunque los vecinos ya no tengan que ir a los ayuntamientos se van a encontrar a los alcaldes y concejales en la panadería, en el supermercado, en la cafetería y les van a seguir poniendo sus problemas encima de la mesa, solo una cuestión: no tendrán soluciones.

¿Qué va a pasar en Euskadi, mi tierra, como ha señalado el senador de Amaiur? Dicen que el proyecto de racionalización se va a aplicar de forma más liviana, que no va a tener aplicación en los ayuntamientos vascos. Creo que no es cierto porque el sistema de gobierno local en Euskadi con esta ley va a adquirir fuertes tintes forales que va a salvar a las diputaciones pero va a




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perjudicar a los ayuntamientos, no olvidemos que hay tres territorios con tres Gobiernos distintos. Además, se va a aplicar un principio de absoluta insolidaridad con el resto de los ayuntamientos de España, ¿o es que el régimen especial de Euskadi no se puede aplicar en Cataluña, en Baleares, en Valencia, en Andalucía? Y las comunidades autónomas uniprovinciales, algunas próximas a la mía, en vez de generar ahorro, de entrada van a partir con déficit, esto no es racional ni sostenible.

Termino ya, señor presidente, en las ciudades, en los pueblos es donde toma cuerpo la conciencia colectiva y el compromiso de respuesta a los ciudadanos, y por eso el Grupo Parlamentario Socialista les pide que retiren el proyecto, que lo dejen como un borrador más, que acaben con este proyecto inconstitucional, torpe e inaplicable, porque si no, señor ministro —que no sé dónde está—, el señor Rajoy o ustedes pasarán a la historia como los destructores del mundo local y de la cohesión social y territorial de España. Retírenlo y abran un nuevo proceso de negociación. Asuman hoy un compromiso para llegar a acuerdos con el resto de fuerzas y con la estructura política y territorial de nuestro país. Si no es así, y todos ustedes apoyan la ley, como va a ser el caso, se alejarán mucho de las palabras transparencia, modernización y autonomía.

Señorías, si esta ley se aprueba será una imposición más de su mayoría absoluta. Si esta ley se aprueba así la autonomía local se verá reducida y sometida bajo criterios puramente economicistas y nepotistas a la tutela preventiva del Estado. Y ya les anuncio que si esta ley se aprueba así el Partido Socialista la llevará ante el Tribunal Constitucional, junto al menos mil ciento cincuenta y nueve ayuntamientos de este país. (Aplausos.)

Quiero acabar como he comenzado, uniéndome a los alcaldes de Coalición Canaria, de Compromís, de la Xunta Aragonesista o de Iniciativa, de Convergència i Unió y de Izquierda Unida y del Partido Socialista, que el pasado 13 de octubre manifestaron su posición contraria a esta insolvente ley porque los españoles no queremos este regalo de Navidad. No queremos que se nos atraganten las uvas y nos despertemos el día uno de enero de 2014 con un mal sueño que ustedes han hecho realidad. No queremos volver al caciquismo y al provincianismo privatizado. Por eso votaremos a favor de todos los vetos presentados a esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ CABELLO: Señor presidente, señorías, mis primeras palabras son de saludo a los representantes del municipalismo, de las entidades locales y de provincias que se encuentran en la Cámara, y un saludo especial también a los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias que han estado presentes durante toda la mañana.

Señorías, después de escuchar especialmente al Grupo Parlamentario Socialista y a los representantes de Izquierda Unida, he llegado a una conclusión que ya me esperaba. Ya teníamos claro que en ningún caso ban a asumir la intención de tener en cuenta el texto del dictamen que hoy sometemos a la aprobación de la Cámara. Señorías socialistas, es impresentable que ustedes lleguen aquí, a la Cámara, y hablen del texto del primer borrador e incluso utilicen los mismos argumentos que antes de que existiera la ley. Eso es falsear la realidad, es hacer demagogia y es jugar, sencillamente, a la mentira. (Aplausos.)

Señorías, se han quedado ustedes muy antiguos con respecto al texto. Podían haber hecho un esfuerzo de lectura y de interpretación y, sobre todo, evitar la demagogia, porque, señorías, ya es hora, después de treinta y siete borradores; ya es hora, después de veintiuna enmiendas en el Congreso; ya es hora, después de las más de las treinta enmiendas que se van a debatir en el Senado, que reconozcan que el texto ha evolucionado y que lo ha hecho mucho y favorablemente. Aquí, los únicos que no han evolucionado son ustedes, que tienen un discurso arcaico, del siglo pasado y que, además, no se han leído la ley, señorías. (Aplausos.-Protestas.) Y es que, a través del diálogo con todos, juntos —y aquí hay muchos grupos que han participado—, la hemos ido perfeccionando e incluso hemos logrado adaptar la ley al nuevo escenario económico que hoy viven las administraciones locales.

Y es que, señoría, ha pasado un año y medio desde que se presentara el primero de estos borradores y, a diferencia de otros grupos de esta Cámara, ustedes, señores del grupo socialista, aún siguen estancados y obsesionados, como digo, con los primeros borradores. Señorías, a




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ustedes les da igual lo que haya llegado aquí, al Senado, como texto. Señorías, a ustedes les da exactamente igual la evolución del texto, que, incluso, hayan incluido todas las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista para convocar la primera asamblea sobre esta ley de la Federación Española de Municipios y Provincias, y todas las peticiones que hizo el PSOE para esa asamblea de la FEMP han sido recogidas en el texto actual de la ley. ¿Cómo se puede seguir manteniendo una oposición a la ley cuando se han reconocido todas y cada una de las exigencias que hacía el Partido Socialista? (Aplausos.)

Ustedes están en la oposición por la oposición porque, miren ustedes, no nos pillan de sorpresa. No amenacen más con el Tribunal Constitucional. ¿Ustedes no saben hacer otra oposición? (Un señor senador: No.) No nos pillan de sorpresa, su único guión de oposición es el Tribunal Constitucional. Si no existiera el Tribunal Constitucional, ustedes no sabrían hacer oposición. Esta es la ley número trece que amenazan con llevar al Tribunal Constitucional. Ustedes no son creíbles, señores del Grupo Parlamentario Socialista. (Protestas.) Ustedes no son creíbles, no tienen otro guión que el Tribunal Constitucional. Es que no tienen nada más que aportar que ir al Tribunal Constitucional, por cierto, ya avisaron que iban a ir al Tribunal Constitucional y todavía no existía la ley. ¿Qué credibilidad tienen ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, si así son las cosas?

A ustedes también, señorías, les da exactamente igual la evolución favorable de la economía de las corporaciones locales. Evidentemente, han cambiado las cosas, pues su primer objetivo no es hacer frente al descontrol y a la deuda de las corporaciones locales. (Varios señores senadores: Nooo.) Sí, señorías, en dos años, las entidades locales son las administraciones más saneadas del conjunto del Estado y es que, sencillamente, y por solo interés partidista, y repito, sin atender al texto ni a los cambios producidos, señorías socialistas, han buscado solo la confrontación por la confrontación con el Gobierno, dejando el interés general fuera. Por eso, quiero reconocer desde esta tribuna el gran esfuerzo realizado por miles de alcaldes que han hecho un enorme sacrificio para sanear las cuentas de sus ayuntamientos, lo que ha llevado junto a las políticas de liquidez del Gobierno de la nación a que casi siete mil ayuntamientos hoy estén en situación de superávit, siendo el único sector de la Administración que acabó con superávit, el 0,22%, cuando partían de un déficit, el −0,32%, respecto al PIB hace dos años. Por eso, señorías, ¿cómo se puede hablar de desmantelamiento, cómo se puede hablar de destrucción de ayuntamientos si precisamente es este el Gobierno que ha planteado una política de saneamiento, que ha permitido la estabilidad y el futuro, la garantía de viabilidad de las corporaciones locales de Andalucía, donde hoy 7000 ayuntamientos están en situación de superávit? ¿Cómo le puede acusar el Grupo Parlamentario Socialista al Gobierno de ese tipo de situaciones?

Todo ello hace, señoría, que esta reforma se afronte desde una perspectiva no solo económica. Ese es un discurso muy antiguo, muy manido, señoría del Grupo Parlamentario Socialista. La premisa «una competencia, una administración» se ha convertido, eso sí, en el núcleo esencial de la reforma. Todo ello va a permitir el verdadero objetivo de la reforma: que los ayuntamientos, que las diputaciones y que el resto de los entes locales presten su servicio de forma más eficiente, de forma más transparente, con más calidad. Y es que, señorías, sencillamente esta reforma viene a dar respuesta a reivindicaciones históricas del municipalismo y va a establecer los parámetros que deben guiar la gestión de los Gobiernos locales en el siglo XXI. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la presidencia.)

He oído al señor Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, decir que ellos ya consideraban que había que cambiar la ley. Miren ustedes, no se puede venir aquí a criticar una ley cuando han prometido diez veces en sus programas electorales y en acuerdos aquí, en el Senado, y en el Congreso que iban a cambiar la ley cuando ustedes gobernaran y no han sido capaces de cumplir. Una vez más, promesas falsas del Partido Socialista que nunca han cumplido con el municipalismo ni con la resolución del problema de la financiación local. (Aplausos.) Por tanto, no se puede venir a dar lecciones, señorías del Grupo Parlamentario Socialista —lecciones, ninguna— por parte de quien no ha cumplido nunca con el municipalismo.

La ley, señoría, viene igualmente a dar respuesta a una reivindicación largamente demandada por los Gobiernos locales: acabar con uno de los más graves problemas que han tenido desde el




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comienzo de la democracia: tener que destinar una parte de sus presupuestos a atender competencias que corresponden a otras administraciones, particularmente a la Administración autonómica.

Mire, he oído, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, al señor Rodríguez —que hacía de portavoz de la ponencia— hablar de los recortes que se iban a producir en centros sociales, en ayudas sociales a los inmigrantes, el ataque a los servicios municipales, y yo me preguntaba: ¿Pero esto qué tiene que ver con la ley, si esa es, por ejemplo, la fotografía de la Junta de Andalucía, que le debe 200 millones de euros a los ayuntamientos andaluces en servicios sociales y 100 millones de ellos para la dependencia? (Aplausos.) Para eso no hace falta ninguna ley, para eso ya están los socialistas, para recortar y hacer política de recortes sociales en los centros sociales (Protestas.); para eso están ustedes. Páguenles a los ayuntamientos esos 200 millones que les deben en Andalucía y verá usted como no corren peligro ni el empleo ni las prestaciones sociales, que hoy sí están poniendo en peligro ustedes desde el Gobierno autonómico. (Aplausos.) Esa es la terrible situación que viven hoy de verdad los ayuntamientos.

La ley, señorías, va a proceder también a una clara, racional y, sobre todo, definitiva delimitación competencial entre las tres administraciones. De esta forma vamos a lograr evitar algo con lo que siempre ustedes señorías han estado de acuerdo: los solapamientos innecesarios, la proliferación de estructuras burocráticas —ahora ya no les da miedo perder los chiringuitos, pero piensen: ¿cuántos chiringuitos tienen en las comunidades autónomas donde gobiernan?—, las duplicidades y las triplicidades entre administraciones. Al final, ganaremos en competitividad, España ganará en competitividad.

Además, se va a garantizar que cada administración cuente con los recursos necesarios porque el gran valedor de esta ley es la financiación local, señoría, es la garantía de financiación para la prestación de los servicios. También es la mayor garantía para el empleo.

Igualmente, con esta ley, señorías, todos los ayuntamientos que se encuentren en equilibrio presupuestario podrán ofrecer a sus vecinos los servicios que consideren, además de los obligatorios. Aquí se ha falseado la realidad. Se ha dicho que se quitan competencias, se ha dicho que se pierden servicios, pero eso no es verdad. Ustedes no se han leído la ley, o al menos siguen en el primer borrador. Hay competencias obligatorias, por supuesto, y se fijan competencias propias, pero lo que ustedes no quieren reconocer es que existen las competencias delegadas con garantía de financiación y que, además, existe la capacidad de los ayuntamientos para prestar servicios no obligatorios, y, por tanto, todos y cada uno de los servicios que hoy quieren prestar los ayuntamientos lo van a seguir prestando a pesar de ustedes, que, por cierto, ponen todos los impedimentos con los impagos que hacen a los ayuntamientos donde gobiernan. Esa es la realidad de esta ley.

En definitiva, señorías, esta es una ley que apuesta por la igualdad de oportunidades, porque, en contra de lo que ustedes han dicho, no merma competencias a ningún municipio.

¡Pero qué antiguo! ¿Cómo se puede venir aquí sin haber leído el último texto del dictamen? Pero si ya las competencias de ayuntamientos de menos de 20 000 habitantes no desaparecen en ningún sitio, si eso se ha modificado. Pero no aquí, en el Congreso de los Diputados. Vengan ustedes un poco más preparados. Yo creo que le ha pasado el discurso el señor Zarrías y por eso ha dicho lo mismo que en el Congreso de los Diputados, pero eso ha cambiado. Hay que adaptarse a los cambios de las enmiendas. Tengan ustedes en cuenta las enmiendas presentadas en el Senado, tengan ustedes en cuenta las enmiendas presentadas en el Congreso, porque la ley ha cambiado mucho. No vengan ustedes con el mismo discurso.

Señorías, yo lamento darles una mala noticia. Lamento darles una mala noticia pero es que creo que para ustedes cuanto peor, mejor. (Rumores.) Les voy a dar una mala noticia: señorías, con esta ley no desaparece ningún servicio ni desaparece ningún empleo público. Mala noticia para ustedes. Les voy a dar otra mala noticia: con esta ley, señorías, no desaparece ningún municipio. Mala noticia para ustedes, porque así no tienen con qué hacer oposición. Con esta ley no se reduce el número de concejales, ninguno. Con esta ley no desaparecen mancomunidades ni entidades locales. ¡Qué mala noticia para ustedes, con lo bien que estaban haciendo la campaña por todos los pueblos de Andalucía, por todos los pueblos de España. Ahora resulta que la ley no dice nada de lo que ustedes plantean en campaña! (Aplausos.) ¡Qué pena, señorías, para ustedes que ya no pueden seguir haciendo esa campaña de demagogia y mentira por todas las calles de




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España! Esa es la verdad, una mala noticia para ustedes, porque hubieran preferido lo contrario: hubieran preferido que se suprimieran concejales, hubieran preferido que se suprimieran municipios para poder castigar al Gobierno y hacer más confrontación. Siento haberles dado la mala noticia de que nada dice la ley, de que nada dice de ello.

Se han referido antes a la Federación Española de Municipios y Provincias, y es verdad que ante un primer borrador, que ni siquiera era anteproyecto, rápidamente el PSOE reaccionó y exigió la convocatoria de una asamblea extraordinaria de la FEMP. Y ahí se plantearon una serie de peticiones que decían, por ejemplo, como les he dicho antes, que no se incluyese el coste estándar. Hoy el coste estándar no se incluye, señorías del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, aplaudan la ley porque el coste estándar ya no está. Hoy hablamos del coste efectivo. Ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, ante la FEMP, decían: Que no exista la posibilidad de intervención en menos de 5000 habitantes. Señorías, hoy en la ley no se contempla la intervención de los municipios de menos de 5000 habitantes. Eso ha cambiado. Señorías, aplaudan la ley, señorías, aplaudan la ley. Ustedes en esa asamblea de la FEMP dijeron que no se redujeran un 30% los concejales. Señorías, aplaudan la ley porque en este momento no se suprime a ningún concejal. Señorías, en esa asamblea pedían que no desaparecieran mancomunidades ni entidades locales, y la ley, como luego explicaré, lo garantiza.

En sus vetos, señorías, aparecen reiteradamente varios argumentos que se usan con carácter general en todos los casos. El primero es la falta de consenso. El otro día oí a un portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que decía que había que suprimir esta ley porque el número de grupos políticos que rechazaban la ley en el Senado era mayor que el del Grupo Popular. Es la primera vez en democracia que uno cuenta por el número de grupos que existen y no por el número de votos que los representan, y, por supuesto, tampoco por el número de escaños que representa cada grupo. (Aplausos.) Así entienden ustedes la democracia.

Hablan de falta de consenso, y yo les pregunto: ¿Les parece poco consenso los al menos 3700 Gobiernos que tiene el Partido Popular en los ayuntamientos? ¿Les parece poco consenso la mayoría de las comunidades autónomas de este país que gobierna el Partido Popular? ¿Les parece poco la Federación Española de Municipios y Provincias, o es que a ustedes la Federación Española de Municipios y Provincias les interesa según gobiernen o no? ¿Les parece poco el diálogo con otros grupos políticos, que va a fructificar en acuerdos importantes en esta Cámara? ¿No será que al final los que se quedan solos son ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Socialista? (Rumores.) Esa es la realidad. Por lo tanto, no se puede hablar de falta de consenso.

Tampoco se puede hablar de inconstitucionalidad, señorías. La Constitución otorga al Estado competencia exclusiva para determinar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y sobre la Hacienda general. Esta ley ofrece un respeto escrupuloso a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y a la autonomía local. Nuestra constitucionalidad está basada en la extensa doctrina del Tribunal Constitucional y avalada además por el dictamen del Consejo de Estado.

También hablan ustedes, señorías, en sus diferentes vetos de la intencionalidad de recentralizar servicios. Esta ley, señorías, hace todo lo contrario, hace una apuesta total por dar a las corporaciones locales un lugar preferente en los servicios de proximidad. Estamos en verdad —y yo sé que les molesta cuando lo decimos— ante una auténtica ley de fortalecimiento de las corporaciones locales, que va a favorecer los servicios de proximidad y, por tanto, va a garantizar que se puedan seguir prestando los servicios de manera más eficiente y con más calidad.

También hacen una valoración en su veto sobre la desaparición de servicios. Dicen que recorta competencias de los ayuntamientos, incluso hablan de desmantelar a los ayuntamientos. Saben ustedes, señorías, que eso es falso. Lo que hace la ley es fijar competencias propias y obligatorias a los ayuntamientos, lo que hace es clarificar las competencias, por cierto, además siendo muy consecuentes con los estatutos de autonomía, y en el caso de los estatutos de autonomía de segunda generación es clara al atribuir competencias exclusivas en determinados servicios e incluso corrigen a la Ley de Bases del Régimen Local, que, por tanto, también necesita una adecuación en esta reforma legal, con el máximo respeto a esos estatutos de autonomía de segunda generación. Y es una ley que apuesta por unos servicios públicos de calidad, más eficaces y con garantía de financiación para todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y, por tanto, favorece la igualdad de oportunidades.




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Se han dicho muchas barbaridades. La verdad es que la demagogia da lugar a todo, pero no se puede venir a decir que desaparecen los servicios sociales. Para empezar les diré que el Tribunal Constitucional ha dejado claro de quién es la competencia de los servicios sociales. Pero yo les pregunto: ¿Qué garantía existe más para el mantenimiento de una prestación social o de un servicio público en el caso de los servicios sociales: cuando lo desarrolla un ayuntamiento y la comunidad autónoma no le paga siendo esta la competente, o cuando esta ley garantiza que si no le paga la comunidad autónoma, será el Estado quien se la financia y luego se la retiene a la comunidad autónoma? ¿Dónde se garantiza de verdad el empleo? ¿Dónde se garantiza mejor la prestación de los servicios? ¿Dónde se garantiza de verdad que se puedan mantener todos los servicios sociales (Aplausos.): cuando existe financiación y se clarifica la competencia, o cuando ustedes dejan de pagar todos los servicios, señorías? Se lo he dicho antes, 200 millones en mi comunidad autónoma en servicios sociales, 100 millones solo para dependencia.

También hablan en sus vetos de las diputaciones. ¡Bienvenido sea el PSOE ahora que no gobierna a que se supriman las diputaciones! La credibilidad que tiene el Partido Socialista en eso solamente se mide si gobierna o no gobierna. Pero sí hablan de algo que es falso: hablan de un recorte de competencias en los municipios de menos de 20 000 habitantes. Reitero: les pido, por favor, que retiren esa actitud demagógica que han mantenido sobre este asunto, es falso. La diputación se convierte simplemente en un paraguas voluntario, prestador de servicios como colaborador en la gestión de una competencia, pero siempre con la conformidad y con la aceptación previa del ayuntamiento. Por tanto, aquí no se quita competencia a nadie, aquí lo que puede ocurrir es que un ayuntamiento solicite la colaboración de la diputación para ejercer la competencia que mantendría el ayuntamiento, que quede claro, y lo demás del Partido Socialista es falso. (Aplausos.) Esa es la realidad. Eso es lo que dice hoy el texto que se aprueba en la Cámara. Por consiguiente, señorías, no insistan por ahí. Yo sé que se les está derrumbando el discurso, sé que se están quedando sin argumentos, pero, por lo menos, cambien el discurso, porque son ustedes los únicos que no han cambiado el discurso.

También solicitan la desaparición de las diputaciones en algunos de los vetos. Este grupo defiende las diputaciones, primero, porque están reconocidas por la Constitución y, segundo, porque quien conozca mínimamente el papel de las diputaciones debe considerar que tiene un indudable servicio que presta a los ciudadanos, que es una institución indispensable para los municipios más pequeños. Yo le podría poner múltiples ejemplos de la situación, por ejemplo, de mi provincia o de mi comunidad autónoma o de cualquier otro sitio, donde si no existiera la diputación prestando servicios que no llegarían de otra manera a los ayuntamientos, esos ayuntamientos jamás tendrían esos derechos o esa igualdad de oportunidades que otros municipios que no sean rurales o que no sean pequeños, no podrían nunca igualarse a otros municipios mayores. Y eso lo presta la diputación. Por lo tanto, el Partido Popular sigue considerando que las diputaciones son la única garantía para la igualdad de oportunidades y para los mismos derechos a los más de 15 millones de españoles que viven en el mundo rural.

Señorías, les voy a pedir sencillamente en este asunto del que voy a hablar ahora que se actualicen. Y les pido que se actualicen porque aquí hay una representación importante de la Federación de Entidades Locales Menores. Cuando ustedes hablen de FEATIM, cuando ustedes hablen de las entidades locales autónomas, o cuando ustedes hablen de las entidades locales menores, les pido que sean prudentes, no vaya a ser que tengan que cambiar el voto respecto de lo que están diciendo ahora. Creo que están siendo imprudentes, creo que están actuando con frivolidad y, sobre todo, están jugando de manera irresponsable con los derechos de muchas entidades locales que están aquí y de muchas otras, miles, que no están aquí. Y digo esto porque la evolución de la FEATIM ha sido muy importante. Y yo quiero agradecer tanto el trabajo de las propias entidades locales autónomas y de las entidades locales menores como el trabajo de las federaciones correspondientes, de la Federación Española, que ha contribuido a ayudar a mejorar el texto. Eso es positivo, y así lo va a seguir haciendo el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, con la voluntad del Gobierno. Señoría, ni más ni menos, que les quede claro.

Y dejen de jugar a la demagogia, dejen de sacar a la calle a las entidades locales autónomas y pónganse a actualizarse en este asunto, porque el Partido Popular y el Gobierno apuestan por mantener la personalidad jurídica y la consideración de entidades locales a la FEATIM, a las entidades locales menores y a las entidades locales autónomas. Por tanto, no sigan jugando por




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ahí porque se equivocan, no vaya a ser que tengan que cambiar el voto, y esta vez tenga que ser a favor por el cambio que plantea el Partido Popular. No solo es que mantengan su personalidad jurídica y, por tanto, su consideración de entidades locales aquellas ya existentes, es que no desaparecen, y eso es un cambio muy importante aquí, en el Senado.

Yo quiero resaltar, señorías, lo importante que está siendo el Senado hoy día para muchas leyes que está impulsando el Gobierno y que se perfeccionan, se impulsan, se mejoran desde el trabajo del Senado. (Aplausos.) En ese sentido quiero resaltar el trabajo de este grupo parlamentario dirigido por nuestro portavoz, que ha provocado cambios importantes.

En esta ley ha habido cambios importantísimos, serán más de treinta las enmiendas presentadas —más de las presentadas inicialmente, estoy seguro—, con el consenso de varios grupos, las que nos permitirán avanzar muchísimo en mejorar y perfeccionar el texto. También se ha incluido una petición de la Federación de Entidades Locales que a todos siempre nos pareció justa. Se trataba de impedir que la grave situación económica que pudiera tener el municipio matriz conllevara la disolución de la entidad local menor. Eso ha cambiado, señorías, y ustedes no cambian su discurso. Eso ha cambiado aquí a través de una enmienda del Senado. Y hoy el futuro de las entidades locales autónomas, de las entidades locales menores, depende de ellas mismas, no dependen de lo que haga el municipio matriz. Y ese es un cambio muy importante que ofrece respeto, derechos y dignidad a las entidades locales menores, a las entidades locales autónomas. (Aplausos.) Ese es también un cambio ofrecido en el Senado.

Y no solo eso, también ha evolucionado de una manera muy importante la ley cuando hemos ganado un año para reordenar la situación económica de las entidades locales autónomas, a quienes se les va a ayudar, evidentemente, a que solventen sus problemas económicos y también sus problemas de organización interna. ¿Para qué? Para adecuarse a la ley y para garantizar su futuro.

Lamento haberles dado otra mala noticia. Ustedes hubieran querido otra campañita para hacer por la calles. Pues no la tienen, igual que no la tienen con las competencias, o igual que no la tienen con los servicios sociales. Se quedan ustedes sin argumentos. Si hubieran actualizado el discurso, hoy hubieran hecho mejor papel, y no vendrían aquí a hacer el ridículo cuando uno no ha leído las enmiendas, cuando uno no ha actualizado su discurso y viene con el primer borrador a dar el discurso al Senado. Eso, con los treinta y siete borradores con los que ha cambiado la ley, es al menos una falta de respeto a esta Cámara, señorías.

Sin duda alguna siguen ustedes en la demagogia cuando hablan de privatización de servicios, señorías. Hay que ver lo que dicen y lo que hacen. Y me refiero a lo que dicen porque solamente señalan que lo hacemos algunos. Ya les dije el otro día en la Comisión General de Comunidad Autónomas que no fueran por ahí, porque podemos dedicar el resto de los 10 minutos del turno de portavoces a relacionar todos los casos de privatizaciones del Partido Socialista en todos los sitios donde gobierna. Lo haré para poner las cosas en su sitio y explicaré todo lo que ustedes hacen —por cierto, también Izquierda Unida—. Pero permítanme que en este turno yo me limite a preguntarle de dónde sacan esa conclusión. Es decir, díganme un solo artículo del texto que les pueda llevar a afirmar eso de la privatización. Es más, es que la ley establece una cláusula de prevalencia de la forma de gestión directa sobre la forma de gestión indirecta —algo de lo que ustedes son expertos—.

Señoría, sencillamente, no están diciendo la verdad. Se están inventando artículos inexistentes, que no están en la ley, especialmente porque no hay ni un solo cambio normativo en la ley. Esta no es una ley de bases de régimen local, es una reforma de la Ley de Bases del Régimen Local. Y en los métodos, en las formas y en los modelos de gestión de los servicios públicos, este texto que traemos a debate y a aprobación en el Senado no toca ni una coma ni un punto ni un artículo. Por tanto, no hablen ustedes de cambio de modelo de gestión porque en nada lo aborda este texto.

Señorías, aborda todo lo que significa el respaldo, el respeto a los regímenes especiales de determinadas comunidades autónomas, donde hemos hablado muchísimo con diferentes grupos, donde el objetivo evidentemente es respetarlos y garantizarlos —hablo del régimen foral del País Vasco, hablo del régimen de la Comunidad Foral de Navarra, hablo de la organización territorial de determinadas comunidades autónomas con sistema institucional, como el caso de Cataluña, como el caso de Aragón en relación a las comarcas, el régimen institucional propio de las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, Ceuta y Melilla con una disposición adicional propia, los




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regímenes especiales de Madrid y Barcelona, a los que se dedica una disposición adicional—, y todo ello enmarcado en el máximo respeto a la Constitución y a la autonomía local.

Por tanto, señorías, sus vetos —termino— sencillamente se han quedado obsoletos. Con la evolución del texto, las aportaciones positivas del resto de grupos de la Cámara y la voluntad de consenso del Gobierno, donde quiero terminar, señorías, agradeciendo al ministro Montoro y a todo su equipo, agradeciendo a todos los responsables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el ingente trabajo que han desarrollado con este importantísimo proyecto, junto al grupo parlamentario en el Senado, grupo parlamentario en el Congreso y evidentemente la representación de los alcaldes, de los municipios de España, se ha hecho un gran trabajo que no se puede tirar por tierra ni despreciar como lo está haciendo el Partido Socialista.

Señorías, se presentan ustedes con un veto que es copia literal de las enmiendas a la totalidad que presentaban en el Congreso —y así no se puede venir al Senado, señorías—, a pesar de que ha cambiado sustancialmente el texto. Señorías, se han quedado ustedes obsoletos, se han quedado ustedes sin argumentos y, como siempre, cuando alguien se queda sin argumentos, solo puede apoyarse en la demagogia y en la mentira. Y eso es lo que han vuelto a hacer ustedes hoy, señorías del Grupo Socialista. Lamento profundamente, señorías del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, que no hayan estudiado de verdad el texto de forma constructiva, que lo hayan hecho solo para confrontar y destruir. Estamos ante un proyecto muy vital e importante para las administraciones locales, una reforma que no va a suprimir prestaciones ni servicios, que conseguirá que las administraciones locales actúen con pautas de austeridad, de eficiencia y de transparencia. Por eso, señorías, es una pena la poca altura institucional con la que algunos han trabajado en esta ley desde el principio, una ley que hoy avanza definitivamente y que pretende entrar en vigor, por el bien del municipalismo, a partir de enero del 2014.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Nosotros no vamos a apoyar en este Pleno los vetos presentados por los diferentes grupos parlamentarios porque creemos en la necesidad de disponer de una ley que permita reformar en profundidad la Administración Local española y dar respuesta a la demanda que el propio municipalismo viene realizando desde hace tiempo, aunque ya anticipo que si no se tienen en cuenta algunas enmiendas presentadas por Foro a la misma, rechazaremos esta propuesta realizada por el Gobierno pese a los cambios realizados en el trámite parlamentario que consideramos insuficientes, diga lo que diga el senador Sanz Cabello.

Después las defenderé en el turno correspondiente, pero sí quiero indicar que son treinta las enmiendas parciales presentadas por nosotros a este Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración LLocal, que en menos de un mes ha sido tramitado en el Senado y que, a nuestro juicio, tras el paso final por las Cortes Generales, y si no se aprueban las modificaciones propuestas, resultará una mala ley, insuficiente para las necesidades de los entes locales españoles de este primer cuarto del siglo XXI y que, en el caso particular de la comunidad autónoma de Asturias, choca con nuestro propio estatuto de autonomía.

He oído a otros portavoces hablar de la vulneración de otros estatutos, y con el de Asturias también sucede algo similar, porque estamos ante una invasión de las competencias de las comunidades autónomas sobre la organización territorial y el régimen local, por no citar otras dudas razonables sobre los principios de autonomía local que se reflejan en nuestra Constitución Española.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha presentado esta mañana el proyecto de ley ante el Senado, y fue precisamente ante la Comisión de Entidades Locales de esta Cámara Alta cuando anunció a principios de esta legislatura —en concreto, a finales de febrero de 2012—, tres cosas muy reseñables ante esta iniciativa del Gobierno. La primera, que era una prioridad la situación presente de las corporaciones locales, sus problemas económico-financieros y llevar adelante una reforma estructural de todas las administraciones públicas, dando por fin, a estas




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alturas de la democracia española, a las corporaciones locales el rango que se merecen en términos de desarrollo compensado en actividad y el reconocimiento generalizado sobre su papel y su función. Habló en segundo lugar el señor Montoro de acuerdos políticos de consenso para llevar hacia delante esta reforma estructural. Y en tercer lugar, y finalmente, el ministro manifestó la intención del Gobierno de comparecer regularmente y tener activa la Comisión de Entidades Locales del Senado para hacer balance y saldos actualizados de las actuaciones realizadas por el Ejecutivo. Por citar literalmente sus propias palabras: «…para reforzar el papel del Senado en esta política territorial, esta política de reforma institucional de nuestro país.»

Palabrería. Veintidós meses después de aquel compromiso, el Gobierno no ha vuelto a pisar la Comisión de Entidades Locales del Senado, ni ha reforzado el papel de la Cámara Alta, ni ha hecho balance actualizado, retroactivo tampoco, ni nada de nada, pura locuacidad, al igual que el resto de los anuncios realizados por el señor Montoro en esta materia relacionada con los entes locales. Prueba de ello es que este proyecto de ley, que ha cosechado siete intentos de propuestas de veto parlamentario, también ha cosechado el rechazo de varios gobiernos autonómicos y un consenso mejorable en el ámbito del municipalismo. Todo ello no quita para que, como dije antes, pensemos en la imperiosa exigencia de reformar en profundidad la Administración Local para garantizar la prestación de unos servicios esenciales de calidad y la disposición de unas haciendas locales saneadas y sostenidas.

En este sentido este proyecto de ley se fundamenta en la modificación de la Constitución Española que PSOE y PP fraguaron en cuestión de días durante el mes de septiembre de 2011 en los minutos basura de la IX legislatura para cambiar el artículo 135, con el voto en contra de Foro, y que fue el pretexto para arrastrar prácticamente toda la legislación española posterior a unos criterios de estabilidad impuestos para el conjunto de las administraciones, pero endosando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos los mayores sacrificios.

Este proyecto de racionalización y de sostenibilidad de la Administración Local debería fijar la delimitación competencial, acompañada de las consiguientes reglas de financiación para evitar el vigente fárrago en la prestación de unos servicios públicos por parte de los ayuntamientos que han ido asumiendo a lo largo de décadas muchas responsabilidades que no han tenido ni tienen hoy en día un respaldo financiero. Las consecuencias las pagan los ciudadanos con sus impuestos o con la merma de servicios que demandan a sus ayuntamientos como entidades más cercanas al ciudadano. En este sentido, el indudable éxito que se alcanzó hace trece años por el Gobierno presidido por José María Aznar, y siendo ministro de Administraciones Públicas el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tuvo continuidad, y aquel pacto local, aquel conjunto de reformas, de normas y acuerdos que fue suscrito con gran apoyo parlamentario no tuvo respaldo posterior para trasladarlo a los ayuntamientos y dar cumplimiento a unos objetivos que, en buena parte, coinciden con los que ahora se fijan en este proyecto de ley. La diferencia es que antes hubo un período económico de bonanza, que nada tiene que ver con la profunda crisis que atravesamos actualmente en España. Me sorprende que, con el grandísimo precedente del pacto local inspirado en la VII Legislatura, esta reforma legislativa que se debate hoy suponga un retroceso y ello es, a nuestro juicio, porque el Gobierno supedita absolutamente todas sus propuestas y reformas al tamiz del ministro de Hacienda, que también lo es de las Administraciones Públicas y de cuyas andanzas saben bien los ciudadanos, y muy especialmente los asturianos.

Este proyecto de ley huele muchísimo más al Montoro recaudador que al Montoro municipalista. Esto no supone ninguna novedad, porque desde el minuto uno del mandato de Rajoy, desde su primer Consejo de Ministros, se olvidaron del diagnóstico, de los objetivos que estaban marcados en el programa electoral popular y también en relación con los compromisos en materia de corporaciones locales.

Por lo tanto, hay que señalar la crisis económica como factor decisivo e incisivo en la actual situación de nuestro municipalismo, pero también hay que significar los obstáculos que ha sufrido el proceso de descentralización y autogobierno de los entes locales. Mucho nos tememos que hoy estemos ante un proyecto de ley que se queda corto cuando hablamos de cooperación, de diálogo y de negociación, pero cortísimo cuando se toca la financiación local.

Cabe decir que esta reforma reduce el tamaño de los ayuntamiento a favor de las comunidades autónomas, y aunque no es el caso de Asturias, también el de las diputaciones provinciales. También camufla la desaparición de las entidades menores, que es el caso de una población y de




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un territorio de población muy dispersa como es el caso de Asturias, donde las parroquias rurales juegan un papel crucial y vital.

Abre este proyecto de ley, por lo tanto, una espita que nosotros no vamos a aceptar; una ley de esta naturaleza tiene que servir para revitalizar todos los ámbitos del municipalismo, todos, y no para que nuestras aldeas sean abocadas a la desaparición, excluyéndolas de toda capacidad de representación e incidiendo con ello en el mayor abandono del mundo rural.

En definitiva, este proyecto de ley es la historia de una gran oportunidad perdida a favor del municipalismo y todo un desatino en relación con aquel pacto local impulsado por el Gobierno de Aznar que promovió una segunda descentralización en favor de los 8000 ayuntamientos españoles que no se llevó a efecto y que ahora quedan abocados a una disminución y minoración de sus competencias, cuando estamos hablando precisamente, y como se ha recalcado aquí, de unas entidades públicas que han sido santo y seña de nuestra democracia con la prestación de servicios esenciales y cuya evolución queda muy condicionada a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Señor presidente, nos abstendremos en la votación de las enmiendas de veto presentadas y, como señalé anteriormente, si no se tienen en cuenta algunas de las enmiendas parciales presentadas por Foro, votaremos en contra de una ley que, tal y como está, no servirá para dignificar nuestro municipalismo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Martínez Oblanda.

Comunico a los señores senadores que la votación de estos vetos no se producirá antes de las dieciséis horas. Gracias.

Tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Señor presidente, muchas gracias. Con su permiso, voy a intervenir desde el escaño.

Señoras y señores del Partido Popular, como un capítulo más de su forma de entender la política, que es la de no hacer política, la de la unilateralidad y el no responder, hoy hemos tenido un nuevo doble ejemplo: por un lado, el ministro Montoro huye ante el debate y, por otro, siguen ustedes sin responder a la pregunta que les he realizado. ¿Se va a aplicar esta reforma en los territorios forales vascos? Es una pregunta muy sencilla, estoy esperando todavía la respuesta. Y, señoras y señores del Partido Popular, aunque no está el ministro sigo esperando su respuesta, porque ustedes son el partido que sustenta al Gobierno y espero tenerla antes de terminar este debate.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra la senadora señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias.

He tenido el honor de ser concejal de la capital de mi país, Barcelona, un ayuntamiento pionero en muchas cosas (Fuertes protestas.), descentralizado (Fuertes protestas.), próximo, participativo…

Presidente, espero que me dé más tiempo por el que no me dejan hablar.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías. Silencio, por favor.

Continúe.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Repito; he tenido el honor de ser concejal de la capital de mi país, Barcelona (Fuertes protestas.), un ayuntamiento… (Fuertes protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías. Por favor, les ruego que tengan respeto a la oradora.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Un ayuntamiento pionero, descentralizado, próximo, participativo, ¡saneado!, un ejemplo a seguir, un modelo de atención a las personas, de colaboración con el tejido social, asociativo y productivo de la ciudad. Un ayuntamiento




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transparente, de gestión impecable, pionero en prestación de servicios, modelo urbanístico de accesibilidad y de participación.

Ustedes podían haber puesto el acento y el ejemplo en este ayuntamiento. ¡Pues no! Van y plantean una reforma con una presunción de culpabilidad de todos los ayuntamientos. Limitan la potestad de autoorganización de los ayuntamientos, del poder local: control retributivo, limitación de los concejales y su dedicación. ¿La Carta Municipal de Barcelona no regula esta singularidad?

Falta de consenso. Efectivamente, siete vetos. Sí, sí, tienen mayoría ahora. Ja parlarem de lo que pasa; arrieros somos.

Esta ley invade competencias, la capacidad de ordenación, de legislar, que tiene el Parlament de Catalunya. No hace ninguna alusión a la singularidad territorial de Cataluña; es decir, a la capacidad, en todo caso, a la regulación propia que sería la de las veguerías. Por más que repitan mil veces una mentira no se convierte en una verdad. Las diputaciones no son órganos de elección directa de la ciudadanía, ni son la garantía de la igualdad. La garantía de la igualdad es un sistema de financiación adecuado, y adecuado para los municipios.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Se nos ha tachado de demagogos por plantear lo que pensamos que es esta reforma leída, estudiada y participada. No sé si también acusarán de demagogo al señor Feijóo, al presidente de la comunidad gallega, que ha dejado claro que no piensa aplicar esta ley en consonancia con muchos de los argumentos que se han utilizado desde la bancada de la oposición en la comunidad autónoma gallega. Pero, además, señor Sanz, usted ha dicho que no desaparecerá ningún servicio público ni ningún empleado público, y que no va a desaparecer ningún municipio. Se ha cuidado mucho de decir que no se privatizará ningún servicio público. De todas formas, yo creo que sí, que van a desaparecer empleados públicos —lo creemos y lo creen los sindicatos— y que se va a obligar a la privatización mediante un mecanismo muy sencillo, que se llama: coste efectivo y planes económico-financieros, señor Sanz.

Asimismo, señor Sanz, le recuerdo que usted fue ponente y redactor del Estatuto de Autonomía de Andalucía; que usted contribuyó con su trabajo a que el Partido Popular se incorporase a un importante consenso que se produjo en nuestra comunidad, con un estatuto de Andalucía de tercera o de cuarta generación, si me apuran, en el ámbito municipalista, cuyo artículo 92 pone bien claras las competencias que tienen los municipios y los ayuntamientos en nuestra comunidad y que creo que usted no ha releído, señor Sanz.

Creemos que esta ley invade el Estatuto de Autonomía andaluz, y creemos que los diputados populares, especialmente los diputados y senadores como usted, que tuvieron ocasión de participar en aquel importante consenso en defensa del municipalismo andaluz, apoyando y defendiendo esta ley traicionan de nuevo a Andalucía, al autogobierno andaluz, al estatuto de autonomía y a todas aquellos cosas por las que ustedes votaron un día y que ahora traicionan y demuelen.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Mariscal.

En turno de portavoces, le corresponde hacer uso de la palabra al senador Cazalis, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. ¿Desea intervenir? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa per Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Señor Sanz, ha dicho que el proyecto no cambia nada, ni una coma, ni un artículo. Entonces, ¿por qué presentan el proyecto? ¿Qué sentido tiene? Si no cambia nada en la estructura del articulado, ¿qué sentido tiene presentar este proyecto?

El propio ministro Montoro ha explicado aquí en algunas ocasiones que la reforma de la Administración Local es una de las medidas para atacar el elevado déficit y la deuda pública. Yo creo que es una excusa para acatar las medidas de reforma sugeridas por Europa sobre la reforma




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de la Administración. Han preferido desviar la atención a la Administración Local sin tocar la Administración General del Estado. Para ello, han inventado una serie de excusas, como una Administración, una competencia, lo que antes era coste estándar ahora se llama coste efectivo. Todo el proyecto está impregnado del cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera cuando las entidades locales ya están cumpliendo con todos los preceptos de la Ley 2/2012. Es, simplemente, una excusa. Más que nada son los deberes que les mandaron desde Europa y, de esta manera, cumplen con su cometido. Pero esta reforma no acaba aquí. Yo creo que sobre esta reforma se cierne una gran incertidumbre: cómo va a ser el desarrollo normativo y reglamentario que el mismo proyecto establece que deberá llevarse a cabo después de la aprobación por las Cámaras. Y creo que lo peor aún está por llegar.

Por otro lado, el ministro ha dicho que es una ley municipalista, profundamente municipalista, que potencia las competencias locales. Yo le voy a repasar, para que vea que me he leído el proyecto, el artículo 26.1.a): Todos los municipios deberán prestar los siguientes servicios: alumbrado público, cementerios, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua y alcantarillado, acceso a núcleos y pavimentación. Y la siguiente letra, la b), se refiere ya a municipios superiores a 5000 habitantes. Pero es que en el apartado 2 del mismo artículo 26 se establece que en los municipios con población inferior a 20 000 habitantes serán las diputaciones las que prestarán los servicios de alumbrado público, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua y alcantarillado, acceso a núcleos y pavimentación. ¿Sabe usted cuál es la única competencia propia que le queda a un municipio de menos de 5000 habitantes? ¿La única propia? La gestión del cementerio. En esto es en lo que este proyecto fortalece las competencias municipales, lo gran municipalista que es este proyecto. Y es que si este proyecto es tan bueno y ustedes aseguran que respeta la Constitución, como ha dicho aquí, no deben tener ningún miedo a que se recurra ante el Tribunal Constitucional. De hecho, supongo que entenderá que es legítimo que cuando un grupo político considere que un proyecto de ley vulnera los preceptos de la Constitución acuda a ese tribunal y sea el que dictamine si se ha vulnerado o no la Constitución.

Por otra parte, ha dicho que la ley, en el trámite en el Congreso y aquí, en el Senado, ha cambiado mucho. O sea, primero que no cambia nada y ahora que ha cambiado mucho, que ha habido muchos cambios, que se ha escuchado a las federaciones municipalistas… Pero esos numerosos cambios a los que usted ha hecho referencia lo único que indican es que es un proyecto hecho con prisas, con olvidos imperdonables, en el que no se ha tenido en cuenta la realidad de la distribución en el territorio español de las diferentes peculiaridades de los municipios y que se ha reformado por reformar, sin ningún diagnóstico riguroso previo, ni nada por el estilo.

Ha dicho usted que este proyecto no provocará pérdidas de empleo. También dijeron que la reforma laboral contribuiría a la creación de empleo y, si usted quiere, le recuerdo la cantidad en que ha aumentado el desempleo desde su aplicación. Por lo tanto, sus palabras no tienen ninguna garantía, son simples palabras que, no por repetirlas una y otra vez, van a convertirse en verdad.

También se ha referido a que es mentira que desaparecen las entidades locales menores. Yo creo que debería echar una ojeada al artículo 3.2, en el que se definen qué son las entidades locales y podrá ver que desaparecen como entidad local las entidades de ámbito inferior al municipio. Por lo tanto, estas entidades dejan de tener la consideración de entidades locales, con lo cual desaparecen.

Para finalizar, como viene siendo tónica habitual, lo que este proyecto no hace es castigar a los Gobiernos locales. Aquí no se va a castigar a los ayuntamientos, a los alcaldes, a los concejales, sino que quien verdaderamente sale perjudicado aquí es el ciudadano y, sobre todo, los que tienen más vulnerabilidad, a quienes les han privado de todo aquello que le aportaron, año tras año, los Gobiernos locales democráticos.

En cuanto a las competencias de salud, educación y servicios sociales —que única y exclusivamente podrán desarrollar las comunidades autónomas— le quiero decir que en los municipios donde se han desarrollado competencias al amparo del artículo 28 —que también se fulmina de la ley—, esas actividades complementarias que han ido desarrollando los municipios es porque las comunidades autónomas no lo hacían en sus territorios, lo que va a provocar que un ciudadano de un ayuntamiento de tres mil habitantes se vea privado del acceso a la cultura, a no ser que su comunidad autónoma realmente aterrice en ese municipio y desarrolle actividades culturales, le va a impedir que, por ejemplo, pueda asistir a una escuela de música —es decir,




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educación—, o que en el municipio del ayuntamiento se desarrollen actividades preventivas de marginación o exclusión social. Por lo tanto, ¿cómo se va a medir por igual en el territorio español los derechos a los que tienen acceso los ciudadanos? Con esta ley se va a privar, sobre todo a los 6800 municipios y, con ello, a los habitantes de esos 6800 municipios del acceso a muchas actividades que, hasta ahora, se venían desarrollando y que de golpe y porrazo van a ser suspendidas. La máxima expresión de lo que le acabo de decir, de la incongruencia de este proyecto, precisamente como ha dicho la senadora Capella, es el caso de Barcelona —una ciudad que ha gestionado sus servicios municipales y sus competencias sin que su deuda pública aumentara, que se ha movido dentro de los parámetros correctos, sin déficit y con una buena gestión financiera—, que esta ley va a tratar igual que a un ayuntamiento, como por ejemplo el de Madrid o Valencia, que han hecho una mala gestión y contraído una deuda importante —que en conjunto suponen la mayoría de la deuda de las entidades locales—. En consecuencia, se verá igualmente afectada.

Ha dicho usted que los vetos aquí expuestos están impregnados de una gran demagogia. Yo le digo que la intervención más demagógica ha sido la suya.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Sequera.

Por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Muchas gracias, president.

Señorías, intervengo brevemente únicamente para reiterar el contenido íntegro de nuestro veto.

Me gustaría señalar al señor Sanz que esta humilde senadora, concejal de un ayuntamiento de 700 habitantes y vicepresidenta de un consell comarcal se siente acomplejada como oposición porque no sé hasta qué punto los calificativos que ha utilizado usted se dirigían a mí o no, porque no me ha nombrado en ningún momento, y también me siento incómoda por tener que contestar a la línea de su intervención. Señoría, el hecho de ser más contundente no da más razón.

Ustedes, señor Sanz —ya me aclarará más tarde si es que me estoy excediendo y con sus palabras no se refería a este grupo parlamentario y a esta senadora—, ha pronunciado comentarios de este orden: a ustedes les da igual lo que venga aquí. Pero yo le aseguro, de entrada, que a esta senadora no le da igual. Ha dicho: así entienden ustedes la democracia, a través de la demagogia. Y justamente esta senadora está aquí y le importa lo que aparece en esta ley y creo que ha discutido los términos que se incorporan en este proyecto de ley y cómo afectan a la materia que estamos discutiendo y, en ningún momento, esta senadora ha cuestionado la idea que cualquiera pudiera tener de la democracia en esta Cámara. Presupongo que todos los que están aquí están al servicio de los ciudadanos.

En cualquier caso, usted también ha cuestionado que los ayuntamientos de menos de 20 000 habitantes perdieran competencias, aludiendo a aquella enmienda que llegó a última hora, cuando ya estábamos en comisión, que hacía referencia a que debían solicitarlo. De acuerdo. Esto ha suavizado el problema, pero este existe. Y para que el ayuntamiento lo solicite, hay mecanismos que están perfectamente a su disposición pero que, sencillamente, significa ahogarlos.

Y, si tenemos en cuenta los presupuestos que acabamos de aprobar la semana pasada, cómo se reparte el déficit, que no se da solución a la financiación de las comunidades autónomas, podemos concluir que, efectivamente, se puede poner a los ayuntamientos en este callejón sin salida y que esta solicitud vaya más allá de la voluntariedad y se les someta por una necesidad presupuestaria.

Por lo demás, le diré que usted ha hablado de diálogo, de un largo trámite. Nosotros no hemos visto atendidas nuestras solicitudes. No ha habido aproximación. Es más, señor Sanz, le diré que en el trámite del Congreso de los Diputados, después de un largo debate, fueron aceptadas dos enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que, por supuesto, no incluimos ya en las enmiendas presentadas por nuestro grupo en esta Cámara. Y, cuál fue nuestra sorpresa, que, a través de sus autoenmiendas, volvieron a dejar el nivel de negociación a cero.

Por tanto, me reitero en el contenido de mi veto. En cuanto a las entidades locales, lo ha comentado la senadora Sequera. Quizá no lo interpretamos o se nos escapa algún punto, pero




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creo que queda meridianamente claro que cuando hablan de entidades locales, de quién goza de la condición de entidad local, quedan excluidas las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio. Es más, este grupo parlamentario, en muchos casos ha tenido que oír que solo presenta enmiendas de eliminación y que no aporta nada al proyecto. Pues bien, hemos intentado hacer una aportación en más de cincuenta enmiendas, que ya tendremos tiempo de debatir. Pero en una enmienda en concreto lo que pedimos es que estas entidades de ámbito territorial inferior al municipio, instituidas y reconocidas por las comunidades autónomas conforme al artículo 45 de la ley, se incorporen en esta sección.

Por consiguiente, demagogia, no. Interpretación, lo que está escrito en el proyecto de ley. Y, el tono, creo que lo hemos mantenido dentro de la cordialidad y de lo que esta Cámara se merece, no habiendo sido correspondido por el turno en contra del señor Sanz.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Señor presidente, en primer lugar, saludo a los alcaldes y alcaldesas que aún quedan en esta sala, pues ya sé que se aproxima la hora de comer, así como a los representantes de las entidades locales menores. Por cierto, a lo largo del trámite de enmiendas podremos comprobar si se quiere clarificar o no el papel de las entidades locales menores. Se presentará una enmienda transaccional. También hay una enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que podría resolver el problema y dejar de una vez resuelta la cuestión.

Porque es verdad que en la situación actual, en el último borrador, en el número treinta y ocho… Por cierto, no sé cómo presumen de haber hecho treinta y ocho borradores, porque no hay expresión de desastre más evidente que haber necesitado treinta y ocho borradores para tener un proyecto de ley que presentar. (Aplausos.) Pero, en fin, es verdad que hay un problema de interpretación puesto que, tal como están las cosas en este momento, está claro que tienen personalidad jurídica, pero no que sean entidades locales. Una cosa es una ONG, que puede tener personalidad jurídica, y otra, una entidad local. Por lo tanto, el tema requiere una modificación si es que se quiere resolver, como quiere mi grupo, los problemas de las entidades locales menores.

Entrando directamente en materia, la verdad es que la de la tramitación de esta ley es una historia ya vista, diría que un remake, un clásico en la vida política española. Es la historia del ninguneo del municipalismo. Nos ha pasado, y los que sois alcaldes lo sabéis, cualquiera que sea el grupo, y los que sois concejales, también. No me extraña, por ello, que el Grupo Popular haya decidido encargar el grueso de la defensa de la ley a alguien que no es ni concejal ni alcalde. (Aplausos.) No parece nada extraño, lo entiendo, porque a un alcalde o a un concejal le daría cierto apuro tener que presentar esta ley. Por eso, el señor Sanz ha hecho un buen servicio haciéndose cargo de un trabajo realmente ingrato, profundamente ingrato.

No se ha tenido en cuenta prácticamente nada, solo quizá —lo insinuaba el ministro en sus palabras— que de algún modo vamos a ser como conejillos de Indias, a ver cómo funcionan estas reformas, dado que es verdad que habrá que afrontar reformas estructurales del conjunto de las administraciones públicas. Pero, fuera de ahí, ninguna preferencia. La única vanidad que nos queda a los municipalistas es que, a lo mejor, pese a que somos los más débiles, hemos resistido más de lo que se esperaba. De ahí los numerosos cambios producidos a lo largo de la tramitación, de ahí los problemas que tuvo el proyecto ante el Consejo de Estado. Efectivamente, ha habido por lo menos una reforma que mejora el proyecto, es la que acaba de indicar la portavoz de Convergència i Unió. Efectivamente, hace falta el acuerdo del ayuntamiento con la diputación. Pero recordemos que se ha mantenido intacto que, al final, el informe de la comunidad autónoma no es vinculante, solo preceptivo, y que quien decide, finalmente, es el Ministerio de Hacienda, el que decide qué forma de gestión se realiza, en función del principio del coste efectivo. Esa es, de todas maneras, una mejora, y no nos cuesta nada decirlo con toda claridad.

Más discutible es lo que aparentemente resulta una buena noticia y que pase hasta 2015 la transferencia de las competencias en materia de servicios sociales a favor de los Gobiernos autónomos, fundamentalmente porque lo único que hace es retrasar el problema. El porqué lo




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hacen ya lo ha explicado mi portavoz y, por lo tanto, no voy a insistir en ello. Pero lo que hacen es retrasar un problema; que el problema existe. Y, de verdad, que en este tema, fue espectacular la intervención del ministro Montoro en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Dijo, con toda claridad —y me remito al Diario de Sesiones—, que esta función la habíamos hecho maravillosamente bien los municipios. A continuación, dice también en esa misma comparecencia que recomienda a las comunidades autónomas que deleguen las competencias en los municipios. Entonces, ¿para qué cambiamos la ley? ¿Para que, en vez de ser competencia propia, sea competencia delegada? ¿Qué sentido tiene esa reforma? Si estamos todos de acuerdo en que lo hemos hecho bien, por favor, dejemos que las cosas que funcionen bien se mantengan y no se toquen, no se modifiquen.

Hay otro tipo de reformas que creo que la empeoran desde el punto de vista democrático, aunque, por ejemplo, en mi caso, me iría muy bien: eso de que, respecto a un grupo que no tiene mayoría en el Pleno del ayuntamiento, puede aprobar sus propios presupuestos el Gobierno de la ciudad simplemente después de un año de prórroga. Yo estoy en minoría y, sin duda, eso me facilitaría el proceso de negociación. Pero creo que no es bueno desde el punto de vista de la calidad democrática, porque supone sustraer competencias al Pleno, que es el órgano democrático, por definición.

No voy a repetir todo lo que se ha dicho. Desde luego, comparto íntegramente, como no podía ser de otro modo, la intervención de mi portavoz en defensa del veto, así como la de todos los que han formulado veto; me siento plenamente identificado. Solamente aludiré, con el margen de tiempo que tengo, a remarcar algún aspecto concreto que me parece de especial interés.

En primer lugar, el papel del Ministerio de Hacienda, que se convierte en el sumo sacerdote, el tutor absoluto de la vida de los municipios, pudiendo intervenir de manera permanente a través de los dos grandes mecanismos: el coste efectivo y la sostenibilidad y la estabilidad presupuestaria. La utilización alternativa —y no digamos conjunta— de uno y otro mecanismo simplemente vacía de competencias de contenido político al ayuntamiento y lo convierte en un mero órgano gestor, como ocurría antes, como ocurría en el pasado.

En segundo lugar, el extraño papel en que se quedan las comunidades autónomas. ¿Por qué? Desde nuestro modesto punto de vista, es evidente que existe invasión de las competencias de las comunidades autónomas, de todos los estatutos de segunda generación, sin ninguna duda, pero, por otro lado, también les da excesivas competencias a la hora de tutelar a los ayuntamientos. En todo caso, ante los ayuntamientos, menores de edad, que necesitamos tutores en todos los ámbitos, allí donde no llega el Ministerio de Hacienda, aparecerá un consejero o consejera de Gobierno de la comunidad autónoma para seguir tutelando al menor de edad que somos los ayuntamientos. Y esto es complicado. Es complicado llegar a tu ciudad, a tu pueblo y decir: no, a partir de mañana, una persona que tú no has elegido va a hacer lo que hacías tú que sí has sido elegido democráticamente. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio, en el caso de que realmente sea un simple cambio, y no se pretenda realmente la supresión de un servicio público?

En tercer lugar, se ha hablado —y en esto coincido con el señor Saura— del célebre lema: «una Administración, una competencia», o «una competencia, una Administración». Eso sí que es antiguo, señor Sanz, porque las sociedades complejas para su gobernanza requieren necesariamente mecanismos complejos. Se trabaja en diversos niveles, se interactúa entre los diversos niveles y, como decía el señor Saura, carece de sentido incluir cada competencia en un departamento estanco, porque eso no solo no es constitucional sino que simplemente no funciona.

El último aspecto al que me quiero referir es que tampoco creo que sea una reforma inteligente o lo suficientemente meditada. Por ejemplo, a lo largo de esta legislatura se ha hablado mucho del papel de los ayuntamientos como deudores y se han puesto en marcha políticas de pago a proveedores, en las que, por cierto, tengo que decir que no nos regalan nada porque los ayuntamientos tenemos que pagar, los únicos que ganan son los bancos, que se llevan el diferencial entre lo que pagamos nosotros y lo que pagaron ellos por recibir ese capital. En todo caso, se habla mucho de ese aspecto y nos olvidamos de que los ayuntamientos también somos acreedores. Ya me gustaría que todas las comunidades autónomas, no solo Andalucía, todas las de España, pagaran a los ayuntamientos de forma automática todo lo que nos deben.

He puesto mi caso como ejemplo de ciudad media-grande. Nos deben 40 millones de euros, pues bien, sobre un presupuesto de 600 millones de euros, cualquiera que entienda algo de esto




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sabe que nos resolvería todos los problemas. Por tanto, ¿por qué no dar un paso más en esa línea y que el pago fuera de carácter automático?

Supongo que meterse con Andalucía es su obligación, porque usted trabaja en esa comunidad autónoma, pero tengo que decirle que, junto a Canarias, son las dos únicas comunidades que tienen un fondo de participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma (Aplausos.) Simplemente, les tenemos una muy sana envida. Por tanto, tampoco se resuelve ese problema.

Si me permiten la broma, no se tiene en cuenta el tamaño de los municipios, y en estos casos el tamaño importa, y mucho, indudablemente. Los problemas de una gran ciudad no son los mismos que los de una ciudad de tipo medio, pequeña, o un pueblo. Tampoco se atreve a resolver los problemas de las grandes ciudades, que los tenemos y muy serios; por tanto, supongo que seguiremos rigiéndonos por el artículo 10 de la Ley de Bases del Régimen Local. No se ha abordado, en definitiva, ese problema sino que se ha tratado a todos por igual, eso sí, por la técnica del aplastamiento.

Y voy acabando. Llevo catorce años en la vida municipal, diez años y medio como alcalde, y a lo largo de mi carrera política he participado en todos los poderes del Estado: el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, y les puedo asegurar que he aprendido que no hay trabajo más apasionante, más tenso y más difícil que el de alcalde o concejal. Ninguno. Solo nos conocen y, por tanto, nos aprecian, nuestros vecinos. Por el contrario, los Gobiernos de turno siempre se han olvidado, incluido el que tuve el honor de participar; nos hemos olvidado siempre. ¿Por qué? Primero, yo creo que porque no tenemos representación directa y, por tanto, no tenemos voto en las Cortes; es una razón obvia. Y, segundo, porque no hay sensibilidad; a diferencia de lo que ocurre en Francia, donde lo normal es empezar en la vida municipal y terminar en otros puestos, aquí es rarísimo el ministro de procedencia municipalista. En los Gobiernos autónomos es distinto, pues hay una fuerte tradición de que los municipalistas se incorporen al Gobierno autónomo, pero en el Gobierno de la nación, no, y eso implica una falta de sensibilidad que, desgraciadamente se nota mucho.

Sin embargo, la responsabilidad principal es nuestra…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya terminando.

El señor BELLOCH JULBE: Voy acabando, muchas gracias, presidente.

Los ayuntamientos, los municipalistas no hemos sido capaces de dar una respuesta global coherente a la lamentable situación en la que nos encontramos, probablemente porque estamos enfrascados en atender los problemas reales de nuestros vecinos y vecinas.

Y finalizo de la misma manera que terminé en la Comisión de Comunidades Autónomas. No se quieren dar cuenta de que la única institución esencial son los ayuntamientos. Cuando aparecieron muy recientemente los Estados, no digamos las comunidades autónomas, los ayuntamientos teníamos miles de años de existencia, y de aquí a un tiempo, cuando esas formas de organización territorial estén caducas, seguirán estando los ayuntamientos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ CABELLO: Gracias, señor presidente.

Señor Belloch, no sé si usted se lleva bien con el señor Zarrías o no, pero le ha debido de dar usted una bofetada sin precedentes y ha desacreditado al ponente de su partido en el Congreso de los Diputados, porque, que yo sepa, el señor Zarrías, que ha sido ponente de la ley, no es alcalde ni es concejal. (El señor Zarrías Arévalo, diputado: He sido concejal). Ha sido usted todo lo que quiera, pero no lo es. (Risas.) Es decir, señor Belloch, el señor Zarrías es el secretario de Ciudad del PSOE, y yo soy el secretario nacional de Administraciones Territoriales del Partido Popular. Él no es alcalde, por tanto, permita que este grupo decida lo que tiene que hacer y con quién lo tiene que hacer, por cierto, con dos compañeros alcaldes excepcionales, que son ponentes de esta ley.




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Así son las cosas, señor Zarrías, no se debe usted llevar muy bien con el señor Belloch. El señor Belloch no quiere oír tampoco la increíble contradicción a la que llega el PSOE. Nos acusa de descontrol por haber hecho treinta y ocho borradores, y permanentemente se nos acusa de prepotencia. Señorías, póngase de acuerdo. ¿Es malo perfeccionar un texto porque permanentemente se tiende la mano al diálogo, se llega al consenso con grupos políticos en esta Cámara y se presentan enmiendas? ¿Pero la esencia del Senado, del Congreso, del parlamentarismo, no es cambiar y mejorar los textos para perfeccionarlos? ¿O es que ustedes también se van a cargar esta Cámara, señorías? Por tanto, no se puede caer en la contradicción. A ustedes les parece nefasto que se perfeccionen los textos, y si no lo hacemos se nos acusa de prepotencia. Como se dice en mi tierra, soplar y sorber a la vez no es posible, y eso es lo que ustedes han pretendido.

Señorías, la portavoz del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha dicho que en el artículo 3 quedaba claro que suprimían las entidades locales como entidades. Señoría, eche usted una ojeada a la disposición transitoria cuarta, que es la que regula la personalidad jurídica y la consideración de entidad local de las EATIM, y llegará a una conclusión distinta a la que ha llegado. No se quede usted solo en el artículo 3, lea el texto final de la ley y llegará a la conclusión de que sí se mantienen las EATIM, las entidades locales menores y entidades locales autónomas. Mi máximo respeto a todos los grupos, pero, por supuesto, no me he referido en ningún caso a Convergència i Unió. Bien sabe su señoría que me refería a un portavoz en concreto que puso en cuestión la democracia, porque sumaba el número de grupos parlamentarios y no el número de escaños o de votos, y muchos de sus señorías saben a quien me he referido. Por tanto, no es así, desde luego.

Señoría, ha puesto en cuestión las competencias de las corporaciones locales. Es bueno no poner en riesgo lo que dice la ley, porque en su artículo 25 deja claro cuáles son las competencias propias y obligatorias de los ayuntamientos. Por tanto, no diga usted que quedan para los cementerios. Que yo sepa, las políticas de urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de agua, infraestructura viaria, policía local, tráfico, ferias, abastos, mercados, protección de la seguridad pública, promoción del deporte, instalaciones deportivas, promoción de la cultura, equipamientos culturales, vigilancia en el cumplimiento de la escolaridad, cuestiones relacionadas con la limpieza y mantenimiento en los centros educativos, etcétera, no quedan para los cementerios. Esas son las competencias del artículo 25, especificadas en la ley; por tanto, no sé lo que usted ha visto en la ley, pero, desde luego, las competencias obligatorias o propias de los ayuntamientos son muchas más de las que usted dice, además hay que incluir o sumar las competencias delegadas y las competencias sobre servicios no obligatorios.

Por muchas críticas que quieran hacer —la mayoría infundadas—, esta es una reforma que claramente pretende clarificar las competencias, pero lo que no vamos a permitir en ningún caso es que se hable de desmantelar y de privatizar. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, les hago una pregunta —aunque el señor Belloch no quiera oír lo que les voy a decir, por eso se ha ido—: ¿para ustedes, según su teoría, desmantelar es que en Andalucía el 70% de los centros de día sean privados? Repito, ¿que el 70% de los centros de día para mayores sean privados significa desmantelar los servicios? Entonces llevan ustedes desmantelando los servicios sociales una buena temporada, señor Zarrías, señorías del Grupo Parlamentario Socialista. Se lo digo claramente. De 401 centros de día, 121 son públicos y 280 privados. Discútame usted ese dato. ¿Que el 77% de las residencias para mayores en Andalucía sean privadas es para ustedes desmantelar? Le repito la cifra, el 77%; ¿Eso qué es, señoría? ¿Desmantelar servicios? Según su teoría sí se desmantelan los servicios. ¿No hay entonces, según ustedes, residencias de mayores en Andalucía? ¿O van a desaparecer todas, según ustedes? Señor Zarrías, ¿que del total de las 37 039 plazas residenciales, solo 8900 sean públicas, es desmantelar?

Ustedes gestionan los servicios sociales y hablan de privatizarlos. ¿Saben ustedes que en la Junta de Andalucía han creado una agencia pública empresarial para la gestión de los servicios sociales? ¿Es esto desmantelar? Según su teoría deben ustedes haber desmantelado por completo los servicios sociales en Andalucía. Por eso, hay que ser un poco consecuente. Venir aquí a soltar la parafernalia de siempre y la demagogia que acostumbran no es de recibo. Cuando ustedes gobiernan dejan, desde luego, su sello inconfundible.




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Señor Mariscal, me dice usted que me comprometa a que no se privatice ningún servicio público. No sé si usted se lo ha pedido, por ejemplo, al alcalde de Rivas, el alcalde más destacado de su grupo político, Izquierda Unida, en la Federación Española de Municipios y Provincias, alcalde del ayuntamiento que gobierna desde el año 1983 Izquierda Unida. Voy a decirle, utilizando su vocabulario, qué actividades están privatizadas en dicho ayuntamiento: el mantenimiento de equipos de iluminación, el servicio de envío de correos y notificaciones, el servicio de señalización viaria y, qué casualidad, la gestión de la empresa municipal de la vivienda y el servicio de ayuda a domicilio, con un contrato de 1 400 000 euros con una empresa privada. Peor, señor Mariscal, ¿Nos viene a decir a nosotros que no privaticemos nada? Dígaselo usted al máximo representante de la Federación Española de Municipios y Provincias que es desde el año 1983 alcalde de su partido. (El señor Mariscal Cifuentes: Se lo he dicho) Ah, se lo ha dicho. Entonces dígaselo también al de Trebujena, que tiene la basura en el consorcio y la piscina municipal privatizada. Y si quiere, también se lo dice al de Conil, que es de su partido, que tiene el servicio de alumbrado público privatizado. Le cuento todo esto para que tenga cosas que decir. Viene aquí a decírnoslas a nosotros. Dígaselas a los suyos y cuando lo haga venga usted aquí a darnos lecciones, señor Mariscal. (Aplausos.)

Voy a decir otra cosa, en este caso a la señoría del Grupo Parlamentario Socialista. El máximo responsable del PSOE en la FEMP es el alcalde de Vigo, el señor Caballero. En el Ayuntamiento de Vigo, 1 de cada 3 euros del presupuesto va a empresas que gestionan servicios privatizados, repito, 1 de cada 3. Están privatizados —según su lenguaje—: el abastecimiento de aguas, la limpieza, la recogida de basuras, los jardines, el transporte público, los servicios sociales, el servicio de teleasistencia, el servicio de ayuda en el hogar, el servicio de intervención familiar... Si le leo toda la relación, estoy aquí toda la tarde. Más de treinta servicios privatizados en Vigo. Si los leyese todos no me quedaría tiempo para seguir con mi intervención, señoría. Por tanto, ustedes están mintiendo.

El señor Belloch se ha ido, pero él también nos alerta de las privatizaciones que —dice— se esconden detrás de la nueva Ley de bases. Y hay que echarle un poquito de cinismo, parece que insuperable, para que el señor Belloch hable de privatizaciones cuando su primera decisión en 2011 como alcalde fue privatizar el servicio de saneamiento y depuración de aguas residuales de Zaragoza, una operación que, por cierto, pararon los tribunales por ilegal. El Ayuntamiento de Zaragoza, señorías —y el señor Belloch dando lecciones— ya tiene privatizada la mayor parte de sus servicios: el transporte público, la limpieza, la recogida de basuras, el mantenimiento de los parques, el mantenimiento del alumbrado, el mantenimiento de las calles, la depuración del agua, el mantenimiento del alcantarillado... No queda un solo servicio municipal con entidad que se preste directamente por el ayuntamiento. Y viene el señor Belloch aquí a decirnos que vamos a privatizar, ¿Pero qué? ¡Si a usted no le queda nada, señor Belloch! Se lo digo aunque usted no me escuche, no le queda nada por privatizar. Esa es la verdad. Ha privatizado hasta la gestión de numerosas instalaciones municipales: el Centro de Arte y Tecnología, el nuevo Teatro de las Esquinas, las instalaciones deportivas... Ha privatizado hasta el césped de los campos de fútbol, que está privatizado con una empresa externa. Hombre, señor Belloch, ¿ha venido aquí a dar lecciones? Ha sacado a concurso público todo, hasta su propia política. Sepan ustedes que el señor Belloch ha sacado un concurso público para que una empresa le diga cómo tiene que gestionar el ayuntamiento. Hasta privatiza su propia gestión, y eso lo hace quien presume de una política de defensa de lo público.

Por cierto, cuando hablan de empleo público, también miren al señor Belloch. Yo no soy alcalde, me encantaría, y también ser concejal, pero soy el responsable de este partido como secretario nacional de administraciones territoriales y, desde luego, no me gustaría ser un alcalde como el señor Belloch, que habla de defensa del empleo público cuando el Ayuntamiento de Zaragoza ha quitado 600 puestos de trabajo de la plantilla municipal desde el año 2009. (Aplausos.) Y tampoco quiero ser alcalde cuando en las contratas se han perdido más de 200 empleos como consecuencia de las decisiones del señor Belloch. Yo no quiero ser alcalde para despedir, como hace el señor Belloch, y lo que tampoco voy a hacer, sea alcalde o no, es venir aquí a hacer demagogia, y menos a decir una cosa y luego hacer todo lo contrario.




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Por eso, señorías, hubiera sido más responsable que su voluntad ante esta ley hubiera sido otra. Han perdido la gran oportunidad de demostrar altura institucional, de ser alternativa de Gobierno. Hoy son más oposición que nunca.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde. (Pausa.)

Eran las catorce horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, se reanuda la sesión votando las propuestas de veto al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por el orden en que han sido debatidas.

Tengo que decirles que en esta votación ha habido voto telemático de las senadoras Parera y García Carrasco. Por lo tanto, hay dos votos autorizados que constarán como presentes. El voto de la senadora Parera va en sentido positivo a las propuestas de veto, y el veto de la senadora García Carrasco va en sentido negativo a las propuestas de veto. Los iré sumando a las votaciones.

Comenzamos votando la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; más 2 votos telemáticos, 239; votos emitidos, 236, más 2 votos telemáticos, 238; a favor, 80, más 1 voto telemático, 81; en contra, 154, más 1 voto telemático, 155; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237, más 2 votos telemáticos, 239; votos emitidos, 237, más 2 votos telemáticos, 239; a favor, 81, más 1 voto telemático, 82; en contra, 154, más 1 voto telemático, 155; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 3, de los senadores Aiartza, Goioaga, la senadora Mendizabal y el senador Unamunzaga.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237, más 2 votos telemáticos, 239; votos emitidos, 237, más 2 votos telemáticos, 239; a favor, 81, más 1 voto telemático, 82; en contra, 153, más 1 voto telemático, 154; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 5, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236, más 2 votos telemáticos, 238; votos emitidos, 236, más 2 votos telemáticos, 238; a favor, 81, más 1 voto telemático, 82; en contra, 153, más 1 voto telemático, 154; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6, de todos los senadores de la Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237, más 2 votos telemáticos, 239; votos emitidos, 237, más 2 votos telemáticos, 239; a favor, 81, más 1 voto telemático, 82; en contra, 154, más 1 voto telemático, 155; abstenciones, 2.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237, más 2 votos telemáticos, 239; votos emitidos, 237, más 2 votos telemáticos, 239; a favor, 81, más 1 voto telemático, 82; en contra, 154, más 1 voto telemático, 155; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237, más 2, votos telemáticos, 239; votos emitidos, 237, más 2 votos telemáticos, 239; a favor, 81, más 1 voto telemático, 82; en contra, 154, más 1 voto telemático, 155; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, entramos en el debate de las enmiendas.

Abran las puertas.

En primer lugar, debate de las enmiendas 68 a 97, presentadas por el senador Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, señoría. (Pausa.)

Cuando quiera, señoría.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Son treinta las enmiendas presentadas por Foro a este proyecto de ley, y llevan los números 68 a 97, ambos inclusive. Son propuestas que intentaban abrir cauces de diálogo con la mayoría parlamentaria popular en la búsqueda de una mejor ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Ha sido inútil. Una parte sustancial… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Una parte sustancial de nuestras enmiendas está dedicada a hacer posible la suficiencia financiera de nuestros entes locales. Lo hacemos en consonancia con lo establecido en el artículo 142 de la Constitución Española, que nos debería abocar hacia una regulación normativa para abordar de un modo claro, concreto y clarificador la financiación que necesita la Administración Local para aquellos servicios que debe prestar y se corresponden con sus competencias obligatorias o mínimas legalmente establecidas. Para ello, en una de nuestras propuestas consideramos que en el plazo de un año tras la aprobación de esta ley el Gobierno debería remitir a las Cortes Generales un proyecto de modificación de la Ley de Haciendas Locales que incluya de forma expresa, determinada y concisa la participación del Estado y de las comunidades autónomas en la financiación de las entidades locales.

Este asunto de la Administración Local es y ha supuesto el fondo del gran debate también en los tiempos recientes. De su resolución va a depender que abramos un nuevo período de evolución de nuestras instituciones locales, municipales y comarcales… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Guarden silencio, hay un runrún de fondo por el que es imposible escuchar al senador Martínez Oblanca.

Guarden silencio. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Decía que de su resolución va a depender que abramos un nuevo período de evolución de nuestras instituciones locales, municipales y comarcales para responder mejor a las demandas de




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los ciudadanos, adaptar la estructura de la Administración Local, y alcanzar la calidad y eficiencia en los servicios que se prestan desde dichas administraciones, o que, por el contrario, simplemente derivemos a un debate estéril de carácter legalista, de nivel académico, de teoría constitucional, o de carácter exclusivamente de lucha partidaria que no aborde con la debida profundidad y alcance las cuestiones mencionadas. Mientras no se aborde ni se determine la regulación de este asunto la reforma que se plantea adolecerá de apartar o dejar de lado el que seguramente constituye el gran problema de la Administración Local: la financiación.

También enmendamos el proyecto de ley porque en el contexto territorial actual consideramos de vital importancia que deba quedar establecido el marco general de las entidades locales inferiores al municipio en la Ley de Bases de Régimen Local, tal como ocurre en el resto de entidades, a fin de que las líneas básicas de organización, funcionamiento, competencias y recursos sean homogéneas en todo el Estado. Consideramos que en la reforma analizada no se plantea de modo suficiente la regeneración de la vida municipal o local, cuya exigencia debe tener en cuenta el acercamiento o la proximidad que deben tener los electores o votantes con aquellos que sean elegidos. Para la consecución de este objetivo planteamos la posibilidad de que las circunscripciones electorales en los municipios puedan ser varias, no prescribiendo la circunscripción electoral única como característica de las elecciones municipales. Lo que se pretende con ello es que los votantes tengan un mayor grado de conocimiento de la persona o personas que les van a representar en la entidad local de que se trate al ser la Administración Local la más próxima al ciudadano, como tantas veces se ha recalcado en el transcurso de este debate.

Con las enmiendas números 71 y 72 damos valor a la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, en el sentido de que constituye una oportunidad inmejorable para revisar la situación de las entidades locales menores existentes y establecer las bases, no solo en relación con los aspectos organizativos o institucionales, sino también en relación con las competencias y recursos de estas, fijando unos parámetros comunes a todas las comunidades autónomas y, por tanto, aplicables a todo el territorio español. Consideramos una incongruencia eliminar la personalidad jurídica de los entes de ámbito territorial inferior al municipio, máxime cuando el propio artículo que se pretende crear regula la posibilidad de su creación cuando resulta una opción eficiente para la Administración desconcentrada, y no debemos olvidar que la mayoría de estas entidades locales se encuentran expresamente reconocidas en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, como es el caso de Asturias, normas que son de un rango superior a la que actualmente es objeto de reforma mediante el presente proyecto de ley.

Hay varias enmiendas de carácter técnico con las que se pretende acomodar el texto legislativo a las competencias concretas en determinadas materias, que han sido, por otra parte, propuestas realizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias en el documento de trabajo elaborado en mayo del pasado 2012, y que fue consensuado en el seno de la Junta de Gobierno de la propia FEMP. Nos resulta incongruente en el contexto socioeconómico actual que, reconociendo el apartado uno del artículo primero de este proyecto de ley los principios de descentralización y proximidad, se pretenda excluir a las administraciones locales de competencias en materia de sentar las bases de empleo y formación en su territorio, sobre todo teniendo en cuenta los índices de desempleo actuales. Consideramos, por lo tanto, que no se puede desdeñar la colaboración que en esta competencia pueden desempeñar las entidades locales. De ahí nuestra enmienda número 79, que es de adición, para incorporar como un apartado más el de las políticas de empleo y formación ocupacional.

Proponemos una enmienda de modificación al apartado nueve del artículo primero, en lo que se refiere a la nueva redacción del artículo 26.1.c). Y lo hacemos con una nueva redacción, como una mejora técnica, que permita acomodar el texto al objeto de concretar las competencias en protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión, prevención y extinción de incendios forestales, instalaciones deportivas de uso público y protección de consumidores y usuarios, teniendo en cuenta que todas ellas son materias de creciente importancia y trascendencia por el número de afectados y por sus implicaciones jurídicas y económicas.

Finalmente, modificamos el apartado nueve del artículo primero, en lo que se refiere a la nueva redacción del artículo 26.2, porque la redacción propuesta supone una auténtica injerencia en la




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autonomía municipal y el sometimiento a una tutela de otra Administración, ya que en la regulación vigente los municipios tienen la facultad de solicitar la dispensa de prestar un servicio mínimo a la comunidad autónoma, facultad que se pretende que mantengan, y su eliminación no solo supone la supresión de ese derecho sino que pueden verse privados de ejercer competencias que tienen legalmente atribuidas por imperativo legal, creando por ello inseguridad jurídica tanto a dichas entidades locales como a los administrados, con el peligro de vaciar de contenido a los municipios más pequeños solo en función del número de habitantes, sin tener en cuenta otros parámetros, como la orografía, las comunicaciones, la edad de la población, la estacionalidad de esta o las circunstancias socioeconómicas del territorio.

Con la enmienda de adición de un nuevo párrafo al apartado catorce del artículo primero, en lo que se refiere a la nueva redacción del artículo 45 que el proyecto de ley propone suprimir, pretendemos otorgar a las entidades locales menores el rasgo característico e imprescindible de ente básico y fundamental para la satisfacción de las aspiraciones de la comunidad vecinal. Su proximidad a la ciudadanía resulta más accesible y económica que otras administraciones, de ahí que afirmemos que deben coexistir con el resto de entidades locales, además de por tradición y su especial vinculación en determinados territorios, como es el caso de las comunidades del Cantábrico y singularmente de la comunidad que represento.

En el sentido de unificar la labor del cargo electo y fomentar y estimular a los ciudadanos en la participación de la vida pública, presentamos las enmiendas números 84 y 85. Nuevamente hacemos referencia a los concejos más pequeños, cuya función es vital dada la cercanía que existe entre el miembro de la corporación local y los administrados, aplicando la ecuación sobre la dedicación desempeñada añadida a la responsabilidad asumida, que debe llevar aparejada una retribución en la medida más justa posible, abriendo la posibilidad a una retribución a los municipios de población inferior a los 200 habitantes. Incidimos en el hecho de que estos municipios españoles con menos de 200 habitantes no podrán pagar a los cargos electos ni habrá dedicaciones exclusivas, algo que en la práctica ya sucede en la gran mayoría de los municipios afectados. Sin embargo, la propuesta inicial del proyecto de ley carece de motivación y apenas supondrá ahorro alguno. Carece de sentido no retribuir un mismo servicio y responsabilidad en función del tamaño del municipio, porque sería casi imposible la confección de listas para elegir a los responsables de la corporación, abocando a los municipios de pequeño tamaño a su desaparición o a que queden vacíos de representantes elegidos en dichas corporaciones.

Proponemos con nuestra enmienda 86 la supresión de los párrafos cuarto, quinto y sexto referente a la introducción del nuevo artículo 92 bis.6 en el apartado veinticinco del artículo primero del proyecto de ley, porque la naturaleza reservada y exclusivamente técnica de las funciones que desempeñan los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional justifica que el régimen de provisión sea exclusivamente el concurso. La objetividad, independencia e imparcialidad en el ejercicio de las funciones, principios recogidos en el nuevo artículo 92.3, exigen que el criterio de selección sea el concurso, debiendo eliminarse el sistema de libre designación, lo que incidiría positivamente en un mayor grado de institucionalización y una mejora sustancial de la imagen de nuestros entes locales más relevantes y de los cuales depende la mayor parte de los fondos públicos del sector local. Igualmente, no resulta idóneo ni funcional que se imponga un periodo mínimo de permanencia de dos años en el puesto y se reduzca a la mínima expresión el nombramiento provisional, porque propiciaría la falta de movilidad del personal y la proliferación de los nombramientos accidentales en personas que no hayan superado las pruebas de habilitación. No parece que ello contribuya a fortalecer tan importante figura de control, a la que además el proyecto de ley sobrecarga con nuevas funciones, tareas y responsabilidades tales como los pronunciamientos e informes determinantes para obligar a los ayuntamientos a la cesión de competencias. De ahí que propongamos la supresión del apartado octavo del artículo 92.bis en el apartado veinticinco del artículo primero del proyecto de ley.

Con nuestra enmienda número 88 añadimos una redacción a la introducción del nuevo artículo 92.bis que supondría, de una parte, reconocer una realidad habitual en nuestras entidades locales y, por otra, aprovechar un potencial de recursos humanos con experiencia, preparación y formación adecuadas en alta dirección, sin que ello suponga en principio aumento de gasto público sino, por el contrario, una menor asignación y optimización de recursos y la efectividad del principio de mérito y capacidad en el acceso a la función directiva. A su vez, redundaría en una mayor




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trasparencia y minoraría una progresiva desinstitucionalización que, de alguna manera, han padecido las entidades locales en los últimos años.

Modificamos el apartado veintiocho del artículo primero en lo que se refiere a la introducción del nuevo artículo 104 bis.1, párrafos d), e) y f), porque la creciente proliferación de puestos de asesores y responsables de libre designación no es la respuesta adecuada a la insuficiente capacitación cívica de algunos representantes elegidos, ya que introduce elementos que distorsionan la transparencia de los resultados electorales y además desplaza o se inmiscuye en el ámbito de las tareas propias de los funcionarios. Asimismo, se pueden concretar esos determinados ahorros netos de la Administración Local reduciendo las plantillas de asesores a medida que se refuerza la capacidad y la experiencia de los propios ediles elegidos mediante sufragio universal, libre, directo y secreto.

Discrepamos del proyecto de ley cuando pretende establecer, como una medida obligatoria, la propuesta de fusión con un concejo colindante. Creemos que esto puede ser incongruente ya que pueden darse varias circunstancias, desde que ninguno de los concejos anexos quiera fusionarse con la entidad obligada a formular un plan económico-financiero, que tampoco pueda por situaciones determinadas, como la accesibilidad, la geografía o la orografía respecto del municipio vecino, o también que esta obligación pueda orillar la autonomía municipal de igual modo. De ahí que sea más correcto técnicamente prescribir esta posibilidad de modo facultativo.

Proponemos la eliminación del enunciado de la letra e) referente a la introducción del nuevo artículo 116 bis, que se contiene en el apartado treinta del artículo primero de este proyecto de ley, ya que el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto no tiene que ser debido a la existencia de una entidad local menor, la cual puede ser perfectamente eficiente y sostenible, por lo que resulta contradictoria su eliminación por el mero hecho de ser una entidad de ámbito territorial inferior al municipio.

También queremos que se suprima de este proyecto de ley el hecho de pretender cobrar por actuaciones de apoyo en materia de fiscalización interna de la gestión económica financiera. No nos parece adecuado, ya que el debate principal en los últimos tiempos ha girado en torno a asegurar y garantizar la financiación de las administraciones locales; y que ahora el Estado pretenda cobrar por colaborar, después de que esta reforma pretenda tutelar desde la Administración del Estado a los ayuntamientos y demás entidades locales mayores y menores, y cuando se solicita colaboración en aras de cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que se deba hacer mediante contraprestación económica, es una previsión que supone una obligación injusta para la Administración pública más escasa de recursos. Por el contrario, si el objeto de la reforma es discernir entre las competencias evitando gastos y costes a las entidades locales, resulta incongruente y contrario al espíritu de la reforma que en los casos de transferencia de competencias esta no venga acompañada del traspaso del personal adscrito, ya que de otra manera la entidad local quedaría con el gasto en personal pero sin el servicio a sus ciudadanos, mientras que el nuevo ente competencial debería incorporar al personal para prestar ese servicio incumpliendo el principio de que el resultado final suponga en su conjunto un coste mayor para las administraciones públicas.

Hasta aquí, señor presidente, señorías, un resumen de las treinta enmiendas presentadas por Foro a este proyecto de ley. Como señalé en el anterior turno de portavoces con motivo de los vetos presentados, la necesidad de esta ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local contrasta con el resultado final de este texto legislativo, fundamental para España y para nuestras entidades locales. Cabría esperar en una Cámara como el Senado, en el que hay constituida una Comisión de Entidades Locales, una mayor capacidad para elaborar una ley mejor. No ha sido el caso, porque ya quedó dicho que el Gobierno, contrariamente a lo que prometió, se ha desentendido de esta importante comisión, y porque una vez más el procedimiento de urgencia limita una mayor y mejor reflexión sobre el texto legislativo. No se han tenido en cuenta nuestras enmiendas ni tampoco otras que razonadamente han presentado otros grupos parlamentarios, con lo cual la ley resultante será mala, por lo que la rechazaré con mi voto.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

El senador Fuster y las senadoras Ibarz y Santos han presentado las enmiendas 152 a 177.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Santos.

La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Señorías, permítanme que antes de proceder a la defensa de las enmiendas presentadas por los senadores del Partido Aragonés les haga partícipes de algunas emociones. La primera es que subo a esta tribuna sin saber muy bien si vamos a conseguir transaccionar una enmienda sobre la que el Partido Aragonés considera que se debería residenciar el régimen especial que en Aragón tenemos en materia de Administración Local.

Subo aquí, les decía, con cierta emoción, porque para el Partido Aragonés las cuestiones relativas a la organización territorial y a las entidades locales han sido objeto de mucho trabajo durante muchísimos años. Permítanme que haga una mención especial a la persona del presidente del partido, José Ángel Biel, que ha tenido una implicación muy especial en esta materia y que ya en el año 2005 compareció para hablar de ella en esta Cámara.

Pero sería un error por mi parte no tener también un reconocimiento explícito para los senadores de todos los grupos parlamentarios, de todos los partidos políticos, senadores aragoneses, insisto, de todos los partidos políticos y de todas las circunscripciones, que, con independencia de su color político, tanto han invertido en que en Aragón tengamos un régimen especial en materia de Administración Local.

Las veintiséis enmiendas que el PAR ha presentado, números 152 a 177, traen causa de la defensa de la autonomía local y del estatuto de autonomía.

Aragón, señorías, posee un régimen especial que deriva las competencias exclusivas que están reguladas en el estatuto de autonomía tanto en materia de régimen local como de Administración territorial, pero que ya quiero anticipar que se ha desarrollado de una manera extraordinaria y sin precedentes. No conozco ninguna otra comunidad autónoma que haya desarrollado su régimen especial de Administración Local a través de treinta y seis leyes aprobadas por el Parlamento autonómico, y quiero resaltar que por unanimidad, por todos los grupos parlamentarios representados en las Cortes.

Este régimen especial, a diferencia de otras autonomías, les decía, se ha desarrollado a través de treinta y seis leyes con un objetivo principal, que es hacer llegar los servicios a todos los rincones de nuestro territorio. Sin embargo, no puedo ocultarles que en el origen de esto está el profundo problema de despoblación que el territorio aragonés tiene en todos los casos. Señorías, Aragón no es ni mejor ni peor que otras autonomías, pero es diferente. Demográfica y también geográficamente tenemos unas circunstancias muy concretas: 48 000 kilómetros y tan solo 1 330 000 personas, lo que nos da una densidad de población media de veinticinco habitantes por kilómetro cuadrado, veinticinco habitantes que en muchos casos son solamente ocho, unas densidades de población semejantes a las del Sáhara en muchas partes de nuestro territorio: en Albarracín, en el Maestrazgo, en Sobrarbe, en la comarca de Belchite. Es, señorías, una población notablemente envejecida y que en su gran mayoría —más de la mitad de la población aragonesa— se localiza en la ciudad de Zaragoza.

En estos 48 000 kilómetros a los que hacía referencia el 30% del territorio tiene altitudes superiores a los 1000 metros y setecientos treinta y un ayuntamientos, de los que solo veintiuno tienen más de cinco mil habitantes. Estoy segura, señorías, de que a estas alturas ya habrán comprendido la necesidad de nuestro régimen especial en esta materia y la necesidad de ver reflejado en la ley este régimen especial aragonés, en el que tanto hemos invertido todos los partidos políticos.

Señorías, el régimen tradicional no nos servía para garantizar la igualdad de servicios y de oportunidades a los ciudadanos de todo el territorio aragonés, y por eso hemos constituido ya treinta y dos de las treinta y tres comarcas posibles por voluntad de los ayuntamientos y con absoluto respeto de la autonomía local. Cada una de estas comarcas tiene su ley específica —treinta y dos leyes, cada una de creación de cada una de las comarcas, y cuatro más de régimen especial— que, como les digo, se ha hecho con absoluto respeto de las autonomía local por decisión de los ayuntamientos implicados.

Pero hay una peculiaridad importante que también quiero transmitirles. Cuando hablamos de esta materia, cuando hablamos de regímenes especiales, me estoy dando cuenta de los días que




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van desde la celebración de la primera Comisión de Comunidades Autónomas y de que todo el mundo piensa que todos tenemos lo mismo. No, señorías, las comarcas en Aragón no son una mera agrupación de municipios. Las comarcas aragonesas tienen autonomía administrativa, autonomía financiera dotada a través de los presupuestos de la comunidad autónoma, y además tienen competencias propias, titularidad, señorías; titularidad en competencias propias transferidas de la comunidad autónoma y encomendadas por los ayuntamientos. Nada tiene que ver este régimen con el de otras comunidades que no tienen transferidas dichas competencias. Las comarcas aragonesas hoy prestan servicios tan importantes como, por ejemplo, la ayuda a domicilio; incluso para garantizar su sostenibilidad, hemos creado escuelas comarcales de educación infantil.

Señorías, en Aragón, a la vista de las circunstancias demográficas y geográficas a las que he hecho referencia, las comarcas y los municipios aragoneses constituyen una verdadera red de solidaridad, y a ellas coadyuvan, o les ayudan, las diputaciones provinciales dotándoles de recursos técnicos y económicos de una manera meramente asistencial.

Señorías, el Partido Aragonés más que nadie es consciente de la dificultad de dictar bases en materia de régimen local en un territorio tan heterogéneo como el nuestro; pero, sinceramente, pensamos que es mucho más fácil dictar estas bases después de treinta y cinco años de desarrollo constitucional, porque la voluminosa doctrina del Tribunal Constitucional ha ayudado a fijar con firmeza algunos principios. El primero, el principio de autonomía local según el cual, el legislador, al establecer las bases de régimen local, no puede llegar a la fijación detallada de todas las competencias locales, y cito las sentencias 214/1989 y 159/2001. El segundo principio, el reconocimiento de competencias legislativas a las comunidades autónomas, pese a su carácter bifronte impide en materia de régimen local el establecimiento de un régimen uniforme para todos los territorios. Sobre esta materia hay un sinfín de sentencias, citaré solo a modo de ejemplo la 33/1993 y la 31/2010.

Señorías, hoy no hay dudas entre la doctrina constitucionalista y administrativista de los dos principios a los que acabo de hacer referencia. Citaré por todos al profesor Muñoz Machado, quien en su Tratado de Derecho Municipal realiza estas afirmaciones, leo literalmente: No es posible que el Estado utilice sus atribuciones sobre las bases de régimen jurídico de las administraciones públicas para concretar de modo pormenorizado las atribuciones de las administraciones locales. Y dice más: El reconocimiento de competencias legislativas a las comunidades autónomas ha sido determinante de que la jurisprudencia constitucional reconozca una importante restricción a las competencias legislativas generales que el Estado ostenta en la materia, competencias que alcanzan a la posibilidad de matizar el modelo general mediante el establecimiento de estructuras especiales, la creación de nuevas entidades locales y, por supuesto —y termina la cita— no ha sido óbice para que sean respetados, como por otra parte es constitucionalmente pertinente, los regímenes especiales de carácter foral y los regímenes especiales de carácter autonómico.

Estas afirmaciones interpretativas, señorías, del espíritu del constituyente obligan, a nuestro modo de ver, a preservar como un verdadero tesoro la heterogeneidad resultante de la autonomía local y de las competencias autonómicas en esta materia, porque, en nuestra opinión, señorías, cuando se hace con lealtad constitucional, como es el caso de las Cortes aragonesas, dan soluciones a los ciudadanos y posibilitan un adecuado marco de autogobierno sin afectar ni a la soberanía nacional ni mucho menos poner en riesgo la unidad de España. En las intervenciones que hemos realizado en las comisiones de comunidades autónomas y de entidades locales hemos pedido con insistencia el reconocimiento específico del régimen especial de Aragón, como por otro lado ya estaba reflejado en la ley el de otros ocho regímenes específicos: los dos insulares, los dos forales y los uniprovinciales.

Señorías, en este momento no puedo decir cuál va a ser el resultado de la negociación que esta tarde se aventura, porque lo cierto es que teníamos avanzado algún texto como transaccional a la enmienda número 171 que el Partido Aragonés ha presentado, pero en este momento han surgido una serie de avatares y no puedo, repito, no tengo claro, sinceramente, saber si se va a producir esa transacción en el sentido de reconocer el régimen especial en materia de entidades locales que tiene Aragón y, por lo tanto, el reparto de competencias —que, por otro lado, es obvio— por parte de la comunidad autónoma entre los distintos niveles de administración respetando, como no puede ser de otra manera, los conceptos básicos de esta norma.




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Señorías, la legislación aragonesa, las treinta y seis leyes a las que he hecho referencia, el Estatuto de Aragón y nuestro sistema basado en los ayuntamientos, las comarcas y las provincias es un sistema que cumple los objetivos de esta ley que hoy se debate. Es eficiente en lo concerniente a la colaboración entre administraciones, es claro en la atribución de competencias y garantiza la inexistencia de duplicidades. Además, es sostenible, desde el punto de vista de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y, señorías, por supuesto y sobre todo, es útil a los ciudadanos de Aragón y al territorio aragonés.

Reconocemos que la ley ha tenido muchos cambios, pero el Partido Aragonés considera que si la transacción a la que he hecho referencia no es aceptada estaremos ante un serio problema, porque creemos que no se respetaría el espíritu del constituyente, creemos que no se respetaría el estatuto de autonomía, creemos que no se respetaría la voluntad de las Cortes manifestada en las treinta y seis leyes a que he hecho referencia y creemos, sobre todo, que los ciudadanos de Aragón y su territorio podrían verse seriamente comprometidos por la alteración de competencias del régimen a que hace referencia esta ley.

Quiero solamente hacer un matiz, por la utilización de mis palabras —y tienen que entenderme, debido a la situación concreta que acabo de transmitirles—. En el reparto de competencias que nuestra autonomía ha organizado, las transferencias, lógicamente, se ven alteradas por esta ley. Nosotros queremos respetar los principios básicos de esta ley, pero queremos que se respete nuestro estatuto de autonomía y nuestra regulación específica en materia de régimen local. En el momento de la votación, y a través del portavoz del grupo parlamentario, les transmitiremos, por lo tanto, si perseveramos en todas las enmiendas o si, finalmente, se acepta aquella que nos permitiría retirar el resto.

Permítanme, solamente y antes de finalizar, que en mi intervención rinda un especial homenaje a todos los concejales y alcaldes de Aragón y de España, como lo han hecho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, porque hacen política veinticuatro horas al día, poniendo en valor este noble oficio de la política, que no es sino el de servir al ciudadano y que, pese al inmerecido desprestigio de los últimos tiempos, creo que debemos reconocer.

Permítanme también que, dada la proximidad de las fechas navideñas, les esboce un desiderátum: espero que en el año 2014 seamos capaces de resolver el problema de la financiación de las haciendas locales y seamos capaces de conseguir si no una financiación satisfactoria, sí, por lo menos, suficiente.

Señorías, en nuestra opinión, la Constitución de 1978 ha abierto la puerta al desarrollo autonómico en esta materia, y en Aragón lo hemos aprovechado de manera decisiva desarrollándolo de forma extraordinaria y prolija. Tenemos todavía algunos retos por delante que esperamos poder afrontar en 2014, en concreto, la creación de la última comarca, el área metropolitana de Zaragoza y también la ley de capitalidad de Zaragoza. Es obvio que Zaragoza, que concentra a más de la mitad de la población, necesita un régimen especial por la importancia que tiene su participación en el desarrollo de los municipios pequeños ubicados en el entorno y también por su irradiación al resto de Aragón. Debido a nuestras peculiaridades demográficas y geográficas ya habrán comprendido ustedes, señorías, que no hay otro sistema posible en Aragón que el de la solidaridad; la solidaridad de Zaragoza con el resto del territorio y la solidaridad de nuestras comarcas entre sí.

El desarrollo del hecho autonómico ha propiciado para Aragón el periodo más próspero y le ha dotado de la mayor cuota de autogobierno posible desde planteamientos de participación democrática. Al progreso de nuestra comunidad, en términos económicos y sociales, hemos sumado la restauración de nuestras principales señas de identidad como lo son el derecho y las instituciones. El Partido Aragonés entiende, señorías, que la Constitución todavía nos otorga un margen suficiente para ahondar en el autogobierno como instrumento de mejora de la calidad de vida de los aragoneses y de desarrollo económico y social de nuestra tierra.

Señorías, encaramos este reto con lealtad, contribuyendo, como siempre lo hemos hecho, a la unidad de España, y solo me queda decirles que esperamos reciprocidad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Santos.

Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado las enmiendas 1 a 11, 13 a 37 y 149.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.




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El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, presidente.

Señorías, subo de nuevo a esta tribuna con la firme convicción de representar las ideas y la práctica de una fuerza política como es Izquierda Unida. Como en todos sitios, puede haber personas, compañeros y compañeras que no cumplen con nuestro programa o directrices políticas. Eso ocurre en todas las organizaciones, pero, desde luego, Izquierda Unida es una firme trinchera en la defensa de lo público, tanto del ámbito municipal como autonómico. Por eso, traer a colación aquí que quienes cambian las bombillas en el Ayuntamiento de Conil son una empresa privada, me parece lamentable y da cuenta de la poca solvencia argumental cuando se intenta atacar a Izquierda Unida y su gestión municipal a lo largo y ancho de este país.

Lo que esta ley introduce, señorías, no se trata ya de voluntad política. Lo que esta ley introduce es la obligatoriedad de tener que privatizar para no poder ser intervenidos por parte de los ayuntamientos. Y cuando veamos cómo se fija el coste efectivo por parte del ministro Montoro o de quien venga, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, verán, alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, lo que va a ocurrir.

Nosotros entendemos que ustedes no tienen dilemas morales. Cuando tienen que privatizar, privatizan; si tienen que cerrar Canal Nou, lo cierran; si tienen que despedir a miles de trabajadores y echarles a la calle, les echan; y si tienen que dar la gestión privada a sus empresarios amigos, lo hacen sin ningún tipo de problema moral, ni ético ni político, porque forma parte de su concepción ideológica de las cosas.

A lo que ustedes nos quieren abocar es a que España se convierta en lo que se convirtió Madrid durante la huelga de basuras. Eso es lo que están buscando para el conjunto del país. Y qué maravilla, señor Sanz, que haya gente dentro de su grupo parlamentario que ponga la defensa de su estatuto de autonomía por encima de sus intereses partidarios. Yo creo que lo que hemos escuchado aquí hace un momento a las personas que me han precedido en el uso de la palabra es un ejemplo del que usted debería tomar nota a la hora de subir aquí y defender el estatuto de autonomía que usted contribuyó a que se firmara en Andalucía y a la construcción unitaria de ese estatuto que usted y los diputados y senadores del Partido Popular van a traicionar con su voto en breve.

Nuestras enmiendas, de supresión, afectan a distintos bloques. A las entidades locales menores, tenemos la número 2, al artículo 3.2. La número 5, al artículo 13, sobre fusión de municipios con límite de 5000 habitantes, mínimo para poder segregarse. La número 7, al artículo 24 bis, sobre la personalidad jurídica propia de entidades locales menores. La número 14, al artículo 45, para reconocer y garantizar la personalidad jurídica de las entidades locales menores. La número 30, al artículo 116 bis, sobre disolución de entidades locales menores, contemplado en planes económico-financieros. Y también a la disposición transitoria cuarta, que recoge la ampliación del plazo para la rendición de cuentas de las entidades locales menores.

Tenemos otro bloque de enmiendas, también de supresión, relativas al reforzamiento de las diputaciones que se da en esta ley. Tal y como van, señorías, el Gobierno del Partido Popular recuperará —ya lo verán— los gobiernos civiles ya mismo. Con eso de la ley de seguridad ciudadana, seguro que pronto tenemos un gobernador civil en todas las provincias de España. Yo creo que, a veces, incluso lo echan de menos, como se está viendo en esa ley y en esa reforma del Código Penal y de la ley de seguridad ciudadana. Al final, las regresiones se concretan y van en dirección contraria al progreso, que es lo que representan algunos con su práctica.

A este respecto, presentamos las siguientes enmiendas: al artículo 13 sobre fusión de municipios; las diputaciones, en coordinación con comunidades autónomas, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión. Al artículo 26, sobre competencias de municipios menores de 20 000 habitantes a las diputaciones provinciales, vía prestación de servicios mínimos. Al artículo 27, sobre delegación de competencias a los ayuntamientos, abriendo la posibilidad a que las diputaciones coordinen y hagan seguimiento a las delegaciones. Al artículo 36, que refuerza las competencias de las diputaciones. Al artículo 116 bis, que faculta a la diputación a asistir a la administración que ejerza la tutela financiera en la elaboración y seguimiento de la aplicación contenida en los planes económico—financieros, y que puedan asumir delegaciones en materias como salud y servicios sociales, abocando —insistimos— a todos estos servicios a su privatización.




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Posteriormente, tenemos enmiendas genéricas. La número 21, al artículo 85.2, sobre el poder que se da al interventor para valorar la eficiencia de los servicios. La número 23, al artículo 86, sobre nuestra defensa de la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas. Y, a la disposición adicional novena, la número 34, sobre las prohibiciones de crear entes instrumentales.

Asimismo, un paquete de enmiendas de modificación y adición consideradas importantes. La número 8, al artículo 25, sobre competencias municipales. La número 9, al artículo 26 bis, sobre competencias municipales y normas de accesibilidad. La número 11, al artículo 28, sobre posibilidad de realizar actividades y servicios complementarios. La número 17, al artículo 72 bis, sobre accesibilidad. A la disposición transitoria primera nueva, para seguir prestando los servicios complementarios que se están ejerciendo actualmente. Y, a la disposición transitoria cuarta, que recoge la ampliación de plazos para la rendición de cuentas de las entidades locales menores.

Todas ellas son enmiendas que, sin duda, no van a ser aceptadas, pero que dan muestra de la oposición que nosotros mantenemos a los aspectos cruciales de este proyecto de ley, y que vamos a seguir defendiendo, al igual que vamos a seguir tratando de movilizar a la ciudadanía. Yo creo que conseguiremos que nunca jamás se aplique, y que, por tanto, la democracia local se mantenga en el sitio donde está, con ayuda de los concejales y de los alcaldes y alcaldesas de todos los partidos políticos de nuestro país desde 1979, a los cuales no nos vamos a cansar de agradecerles su trabajo constante, a pesar de la incesante criminalización que se les hace por parte del Partido Popular y de sus prácticas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Los senadores Quintero y Zerolo han presentado las enmiendas 38 a 63 y 65 a 67.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente. Intentaré ser breve.

Presentamos las enmiendas 38 a 63 y 65 a 67 que, básicamente, van enfocadas a dos bloques principales. Antes de empezar, quiero mostrar mi agradecimiento a la Federación Canaria de Municipios, puesto que hemos tenido varias reuniones con ellos y son los que han redactado gran parte de las enmiendas que hemos presentado hoy. Asimismo, a la FECAI, Federación Canaria de Islas, de los cabildos insulares, que también han redactado algunas de ellas. Por tanto, las propuestas que hoy traemos aquí son todas constructivas, con la finalidad de mejorar esta ley, porque, aunque en un principio habíamos dicho que hacía falta una reforma de la Administración Local, no entendemos que sea esta la que hacía falta.

Por otra parte, no voy a repetir argumentos que prácticamente son comunes a las que han defendido otros portavoces. Nuestras enmiendas hablan del municipalismo, de la entidad más cercana a la ciudadanía, la que atiende de primera mano todos los servicios básicos para el ciudadano, y van destinadas a garantizar los servicios que han de prestar los ayuntamientos, de modo que estos no pierdan capacidad de gestión. Evidentemente, podemos quitársela y pasarla a un nivel superior, pero siempre habrán de atender a los ciudadanos, porque hay que entender que muchos ayuntamientos desarrollan competencias aunque no sean propias, ya que se corresponden con prestaciones básicas de primera necesidad. Por tanto, las enmiendas que presentamos pretenden todo lo contrario, dar competencias a los ayuntamientos; eso sí, dotándoles también de la parte económica que corresponde a cada una de esas competencias, si bien, evidentemente, respetando la estabilidad presupuestaria. Pero hay que recordar que son los ayuntamientos, en general de toda España y de Canarias en particular, las entidades más saneadas.

En concreto, quiero referirme a una institución pública, el cabildo insular, que este año conmemora el centenario de su creación. Es una figura importantísima y lo que perseguimos con las diferentes enmiendas que hemos presentado es que se entienda la.diferenciación de la política local en un archipiélago, como Canarias, fragmentado. He escuchado a algunos representantes —estoy completamente de acuerdo— de algunos municipios rurales que se encuentran muy alejados decir que les va a costar mucho la prestación de los primeros servicios. Pues imagínense ustedes si, además de montañas —y también tenemos muchas—, nos separa el aire y el mar, con lo cual, evidentemente, nos vamos a encontrar mucho más mermados.

Los cabildos insulares se crearon en Canarias para atender competencias locales, pero en la actualidad son gobiernos supralocales o autonómicos, amparados por la Constitución. Por eso,




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algunas enmiendas van destinadas a que se garantice lo establecido por la Constitución Española, que los reconoce como gobiernos locales con competencias que superan lo municipal e incluso invaden lo autonómico, y entendíamos que a esta ley le faltaba el reconocimiento especial a estas instituciones, que para los canarios y las canarias son muy importantes. Tengo que decir que es verdad que ya se aprobó en comisión una moción, consensuada con todos los grupos, donde se reconoce por primera vez a los cabildos, y se reconoce también que se regirán por la ley de su propia naturaleza, la Ley de cabildos, que emana del Parlamento de Canarias. Todavía estamos negociando algunas enmiendas y esperamos llegar a alguna transacción con el Grupo Popular, porque se trata de la composición política de estos cabildos. No tengo nada en contra de las diputaciones, pero dan más competencias en esta ley a las diputaciones, y se olvidan de los cabildos. Y nada tienen que ver las diputaciones con los cabildos insulares. Los cabildos son Gobiernos insulares elegidos directamente por el pueblo, y me atrevería a decir que, a pesar de los fallos que puedan tener, es la institución más democrática, porque el presidente o presidenta de un cabildo sale directamente de la lista más votada y no se puede articular moción de censura. Por lo tanto, repito, son completamente democráticos, y esto los diferencia muchísimo de la provincia, además de la diferencia geográfica que tenemos en Canarias. Por tanto, espero que estas enmiendas, para las que todavía estamos tratando su transacción, lleguen a buen término.

Evidentemente, me hubiera gustado dar más competencias a los cabildos, y les voy a decir la postura que tenemos y hemos mantenido. Las comunidades autónomas deberían fundamentarse en tres competencias: sanidad, justicia y educación, y esta ley tendría que haber aprovechado para traspasar esas competencias a los cabildos insulares, que son Gobiernos autónomos. Son Gobiernos autónomos, como establece la Ley de cabildos, que van a atender mucho mejor las necesidades de los ciudadanos de las islas, porque hay una disparidad de necesidades entre una isla menor, de apenas once mil habitantes y una de las mayores, que casi llega al millón de habitantes; la disparidad geográfica, política, administrativa y ciudadana es tan grande que son los cabildos los que realmente pueden atender directamente y mejor a los ciudadanos, por lo que presentamos enmiendas que pretenden un traspaso de competencias a los cabildos.

Y voy terminando. Creemos en el municipalismo y consideramos que es una pieza fundamental en la Administración del Estado. Pensamos que los servicios básicos sociales: agua, recogida de residuos, limpieza, etcétera, deberían mantenerse en los municipios porque podríamos desatender a aquellos ciudadanos que no estuvieran cerca de esa institución superior, por ejemplo, los cabildos insulares, y tendrían que desplazarse muchos kilómetros para recibir atención básica; por cierto, en esta época de crisis económica se ha demostrado el valor que tienen los ayuntamientos, que están atendiendo los servicios esenciales de los ciudadanos, y, por tanto, es la institución a la que más deberíamos fortalecer.

Algunas de nuestras enmiendas relativas a los ayuntamientos son casi idénticas a las del resto de grupos. En ningún caso, ninguna de las enmiendas que he recibido de la Federación Canaria de Municipios ha ido destinada ni a los números de liberados, ni al sueldo de la corporación, etcétera, solo se han preocupado por las competencias de los ayuntamientos y por dar un mejor servicio a los ciudadanos.

Por ello, presento estas enmiendas de manera constructiva porque considero que los primeros y mejores servicios los prestan los ayuntamientos, sus concejales y sus alcaldes y alcaldesas que, por decirlo de alguna manera, se matan cada día por conseguir que sus vecinos y vecinas vivan mejor el día a día, eso que se nos pasa a las instituciones supramunicipales y que hoy los ciudadanos nos están demandando. Espero que se aprueben estas enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Los senadores Eza, Salanueva y Yanguas han presentado las enmiendas números 98 a 104.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Subo a la tribuna en nombre de Unión del Pueblo Navarro para defender una serie de enmiendas que hemos presentado a este Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.




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Pasados más de treinta años desde que desplegó sus efectos esta Ley de bases del régimen local, UPN considera que es necesaria una actualización. La administración municipal, como han dicho varios portavoces, que es la más cercana al ciudadano y que algunos tenemos el honor de conocer muy bien desde dentro, tiene varios problemas, duplicidad de funciones y otros muchos, de los que hemos hablado largo y tendido en las diferentes iniciativas. Se trata además, como no podía ser de otra manera, de la administración más utilizada por los ciudadanos y también la mejor valorada dentro de la crisis de valoración institucional de los políticos. Por eso es importante obrar con cautela y también con acierto; aquí estamos muchos alcaldes y muchos concejales que conocemos la Administración Local y participamos de ella.

Unión del Pueblo Navarro, por su carácter de partido que propugna y defiende la Comunidad Foral de Navarra como una comunidad diferenciada y a la vez integrada en España, considera que tiene algo que decir en este texto. Además, el propio ministro Gallardón dijo algún tiempo en Navarra que España está constituida por dieciséis comunidades autónomas, una comunidad foral, la de Navarra, y dos ciudades autónomas, como son Ceuta y Melilla.

Por todo ello, como les he dicho, hemos presentado estas enmiendas que voy a ir dando por defendidas, aunque me centraré en la número 102, que además hemos transaccionado con el resto de grupos, a los que agradezco, como no puede ser de otro modo, que podamos tramitarla, y que hayan firmado esta transacción que hoy traemos aquí.

La disposición adicional primera de la Constitución Española dispone, además, que ampara y respeta los derechos históricos de la Comunidad Foral de Navarra, es decir, que no solo ampara sino que también debe respetarlos. Por tanto, ahora, incardinando este texto con lo que dice el Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, que dispone que Navarra se constituye como una comunidad foral con régimen, autonomía e instituciones propias, es también indivisible e integrada en la nación española y solidaria con los pueblos.

El fuero, como ya hemos dicho y hoy lo vuelvo a remarcar, no es una suerte de privilegio, como algunos intentan vender. El fuero es una parte de la historia en la que Navarra y España pactaron en su día un régimen que nos mantiene unido al Estado español. El fuero es a Navarra como Navarra a la propia España. El régimen foral, por tanto, es la forma en la que Navarra se integra dentro de España y, además, ese fuero constituye una suerte de valla a la soberanía del Estado. El autogobierno de Navarra tiene un límite también, que es el de la unidad constitucional de la nación española. Así lo entendemos y así también lo respetamos.

Por todo ello, por todo lo que he dicho, es por lo que la Comunidad Foral de Navarra tiene competencias en materia de Administración Local, y por eso hemos presentado estas enmiendas, porque no puede tampoco tratarse por igual a los distintos. En esencia, con ellos, lo que queremos es acomodar esta Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local con nuestro sistema foral, y queremos acomodar esta legislación en materia local no como un privilegio, nada más lejos, sino todo lo contrario.

Finalizo, agradeciendo, de nuevo —porque es importante decirlo aquí—, a todos los grupos que hayan firmado para tramitar esta enmienda y aprovecho para solicitar también el apoyo de todos ellos y, sobre todo, al partido del Gobierno, al Partido Popular, que ha entendido —así lo creemos— la filosofía del fuero de Navarra, que siempre tratamos de explicar, desde la humildad de estos tres senadores navarros, que siempre estamos y estaremos abiertos a la negociación y al pacto para mejorar los textos legales, como puede ser este.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

La senadora Capella ha presentado las enmiendas números 105 a 148.

Tiene la palabra para su defensa.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Voy a intervenir desde el escaño para dar por defendidas mis enmiendas, al entender que son reflejo del veto presentado a la ley y que van desgranando cada uno de los posicionamientos que hemos mantenido al defender el veto, en el bien entendido que lo que estamos defendiendo es la potestad de autogobierno que tiene la Administración Local y que, en definitiva, a través de esta ley, se están invadiendo competencias propias de Cataluña, no se respeta la ordenación territorial propia, etcétera, entre otros aspectos que la ley pone en quiebra y cuestiona.




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La Administración Local, tanto la del Estado español como la catalana, es una Administración de éxito, que ha dado respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Entendemos que esta ley es una vuelta atrás y una involución en lo que representa una Administración Local democrática.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga han presentado las enmiendas números 150 y 151.

Para su defensa, tiene la palabra, el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

Con su permiso, intervengo desde el escaño. Al igual que dijimos en el veto, Amaiur quiere repetir que de ninguna manera vemos esta reforma de la Administración Local, teniendo en cuenta que venimos de un territorio en el que los ayuntamientos tienen un peso histórico e institucional muy importante. De repente, el hecho de que todos estos ayuntamientos pueden quedarse sin autonomía municipal, nos parece un grave ataque a la democracia participativa.

Hemos presentado una serie de enmiendas parciales para pedir que esta ley no se aplique en Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa, porque el Parlamento de Nafarroa, el Parlamento de Gasteiz, las Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y la Diputación de Gipuzkoa, con cientos de ayuntamientos, se han mostrado en contra de este proyecto de ley. Han aceptado mociones en su contra, y creemos que hay que respetar las palabras de estas instituciones que han sido elegidas democráticamente.

En definitiva, mediante esta enmienda, queremos que se dé una respuesta a la voluntad de la ciudadanía vasca, expresada por sus representantes en las diferentes instituciones, en relación con la posible aplicación de este texto legal en nuestro territorio.

Hemos añadido en la enmienda anterior otro apartado por el que el Condado de Treviño tiene que considerarse parte de Araba en esta reforma. Lo hacemos por un doble motivo. En primer lugar, la situación anacrónica y carente de lógica que supone la pertenencia administrativa de Treviño a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a pesar de estar enclavado geográficamente en pleno corazón de la provincia de Araba. Y, en segundo lugar, la aplicación de esta ley supondría de facto una seria traba a la hora de dar una solución al proceso iniciado por Treviño para pedir su incorporación a la provincia de Araba, adoptando de esta manera una decisión en contra de la voluntad expresada reiteradamente por los ciudadanos y ciudadanas que habitan este enclave.

Resumiendo, es necesario respetar la palabra de todas estas instituciones y no aplicar esta ley. Como no hemos podido echar atrás este proyecto de ley en toda su amplitud, por lo menos queremos que no se nos aplique en los territorios que a nosotros nos conciernen.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las enmiendas 400 a 402, 404 a 411, 413 a 415, 417, 418 y 420.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on mahaiburu jauna.

Voy a intentar ser breve porque estamos en plena vorágine negociadora.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las enmiendas 400 a 420 de las cuales fue aceptada en trámite de comisión la 416 y transaccionada la 412. No mantuvimos como voto particular para este Pleno ni la 413 ni la 419. Del resto de las enmiendas, un grupo son de supresión al artículo primero, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veintiocho esencialmente porque suponen un desconocimiento de la autonomía local. En el caso de la enmienda 405, que es de supresión al artículo primero, diecisiete, supone una intromisión en las competencias de las instituciones delegantes.

Del resto, presentamos las enmiendas 409 y 413 para introducir dos nuevas disposiciones adicionales en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para preservar el sistema foral navarro en las mismas condiciones que el sistema foral de la Comunidad Autónoma vasca.




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La 414 incide en el cumplimiento de obligaciones tributarias respecto de los bienes inmuebles de la Seguridad Social transferidos a las comunidades autónomas.

La 417 pretende posibilitar que la coordinación y gestión de los datos padronales pueda ser realizada por los organismos estadísticos oficiales tanto de la Comunidad Autónoma vasca como de la Comunidad Foral de Navarra.

Y, por último, las dos enmiendas que más importancia tienen para nosotros son la 418 que plantea la eliminación de los enclaves provinciales existentes en una comunidad diferente a la suya y la 410 que habla del sistema de consorcios y demás entidades de segundo nivel. En ella el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado plantea que lo que se aplique sea a aquellas entidades de segundo nivel que estén en desequilibrio financiero, no a todas, a la hora de crear nuevas y, sobre todo, a la hora de valorar las que ya están en vigor. La enmienda va en la línea que ha establecido el Consejo de Estado en su dictamen sobre el proyecto de ley cuando dice que la aplicación general e incontrolada de la medida de disolución de las entidades instrumentales de segundo nivel es desproporcionada en relación con el objetivo perseguido, que puede igualmente alcanzarse limitando la puesta en práctica de estas previsiones a los supuestos en los que se haya constatado la existencia de una situación de desequilibrio financiero.

Estas han sido las veinte enmiendas que hemos presentado. Nos congratulamos de haber podido transar e incluir, junto con el grupo mayoritario, las que han sido admitidas. En este momento intentamos, porque todavía queda tiempo, mejorar un poco más el texto si cabe.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado las enmiendas 225 a 288 y 289 a 341 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por el dictamen de la comisión, salvo las transaccionales aprobadas sobre las enmiendas 12 y 64, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Sequera.

Senadora Sequera, ¿Va a defenderlas todas o el primer bloque?

La señora SEQUERA GARCÍA: Todas.

El señor PRESIDENTE: Todas, perfecto.

Cuando quiera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

En principio, damos por defendidas las enmiendas 225 a 288. En el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, aparte de estas que doy por defendidas, hemos presentado otro grupo de enmiendas, un total de cincuenta y dos, de las cuales cuarenta y siete son de supresión, dos de modificación y tres de adición. Ello responde a que entendemos que el texto que se propone desde el ministerio supone una demolición de la estructura de la Administración Local tal y como la conocemos y, como en absoluto compartimos el sentido de la reforma, la mayoría de ellas son de supresión.

Entendemos que la reforma debería recoger la realidad de todo lo que en verdad desarrollan las entidades locales, legitimando su actividad y dotándolas de los recursos suficientes para su gestión. Dicho de otra forma, hay que dar un paso más hacia adelante, hacia una planta local más moderna, próxima al ciudadano y más ágil en sus respuestas a las necesidades, es decir, con más autonomía local. Y no nos estamos inventando nada, simplemente queremos asemejarnos a esa Europa a la que cuando conviene debemos parecernos y cuando no conviene ni la miramos; así es el simple interés partidista del Gobierno del Partido Popular.

En la enmienda 289 se pide que se suprima el apartado 1 del artículo 2 porque en él se refleja nítidamente que la reforma propuesta tiene únicamente su razón de ser en criterios economicistas, ya incluidos en otras leyes que obligan a los entes locales, como la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La actual redacción del artículo 2.1, vigente ahora, preserva la autonomía local con mayores garantías que la redacción proyectada.

La enmienda 290 pide la supresión del artículo 3, apartado 2, pero al parecer se ha llegado a una transaccional —y nos felicitamos por ello— relativa a las entidades locales menores.




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La enmienda 291 pide también la supresión del artículo 7, y es que el nuevo apartado 4 del citado artículo 7, junto con la supresión del artículo 28, no solo condiciona el ejercicio de las competencias diferentes a las propias y delegadas, las que llamamos competencias impropias, a exigencias de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria sino a conceptos abiertos e imprecisos que han de ser controlados por otros niveles administrativos. La subordinación de la decisión municipal a dos informes vinculantes vulnera la autonomía local. Igualmente, el precepto vulnera la Carta Europea de la Autonomía Local, que asegura a los municipios libertad plena para ejercer cualquier competencia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad. Por tanto, se necesita contar con la voluntad de otra Administración vía informe vinculante.

En la enmienda 292 se pide la supresión de los apartados 3 y 4 del artículo 10, dado que la adición del nuevo apartado 3, que se refiere a la coordinación de las entidades locales, tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y pone de manifiesto cuál es la principal finalidad de esta reforma. Por otra parte, la redacción del apartado 4, al situar en el mismo plano la coordinación y la autonomía local, contradice la garantía constitucional de esta última.

Presentamos la enmienda 293, también de supresión pero en este caso del artículo 13, porque el precepto que regula la fusión de los municipios invade la esfera competencial del legislador autonómico. Con ello no queremos decir que el legislador estatal no pueda establecer medidas de incentivación de la fusión, pero deja sin margen de actuación a las comunidades autónomas por su intensidad y exhaustividad en las medidas que propone.

En la enmienda 294, referente al padrón municipal, se pide la modificación del apartado 2, letra f), del artículo 16. El padrón municipal es un registro de situaciones de hecho y no de derecho, por tanto debe ser un reflejo de la realidad. En él deben estar inscritas todas aquellas personas que residan habitualmente en el respectivo municipio, con independencia de la calificación jurídica que merezca esa residencia. De lo contrario, habrá población real no constatada en los registros oficiales, por lo que cualquier toma de decisión o acción que tome como referencia el número de habitantes de ese territorio no se ajustará a la realidad y conllevará situaciones incoherentes.

La enmienda 295 también tiene que ver con una transaccional que se ha firmado referente a las entidades locales menores.

En la 296, de supresión del artículo 25, se alega la necesidad de clarificar las competencias municipales y de evitar duplicidades a través de las modificaciones del artículo 25 y la modificación del artículo 36. Lo que hace es realizar un profundo cambio del sistema local.

El artículo 25 vigente, cuya permanencia pretende esta enmienda, enuncia materias de claro interés local, mientras que el proyecto redefine a la baja la cláusula general de atribución de competencias. Constituye una erosión de la autonomía local y de la Carta Europea de la Autonomía Local. Dentro de los ámbitos materiales que desaparecen sobresale, por su especial incidencia y por tratarse de competencias de proximidad, el de servicios sociales.

La modificación propuesta en la enmienda 297, de supresión del artículo 26, pretende eliminar servicios locales de prestación obligatoria y deben resaltarse los servicios sociales en municipios de más de 20 000 habitantes. Se atribuye a las diputaciones la gestión de servicios obligatorios en municipios de menos de 20 000 habitantes u otras fórmulas de gestión compartida. La última palabra sobre el modo de esta gestión la tendrá el ministerio, lo que es claramente inconstitucional. Su finalidad última se ve claramente que es la privatización de la gestión de los servicios sociales.

La enmienda 298, de supresión del artículo 27, se refiere a las competencias propias, que se convierten en delegables, pero su ejercicio es controlado y supervisado por otro nivel de gobierno, por lo que los municipios pierden espacios de dirección y decisión política y la facultad de gestionar y ordenar una parte de los asuntos públicos de claro interés local.

La enmienda 299, de supresión del artículo 28, pretende que el vigente artículo 28, que regula las actividades complementarias, las que llamamos competencias impropias, continúe vigente. El proyecto lo suprime pretendiendo sustituir su contenido por el artículo 7.4, que ciñe el ejercicio de esas actividades a exigencias de carácter economicista y a controles de otras administraciones. Esta subordinación de la decisión municipal a dos informes vinculantes vulnera también la autonomía local constitucionalmente garantizada. Igualmente, vulnera la Carta Europea de Autonomía Local y la libertad plena para ejercer cualquier competencia.




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La enmienda 300, de supresión del artículo 32 bis, tiene por objeto defender un modelo de dirección profesional donde primen criterios de competencia profesional, lo que significa que jurídicamente no se limite el desempeño de estos puestos a funcionarios del grupo A. Debe caber la posibilidad, aunque sea de forma excepcional, de que fueran desempeñados por profesionales con experiencia acreditada en funciones directivas.

La enmienda 301 pretende la supresión del artículo 36. Este artículo refuerza el núcleo competencial de las diputaciones de representación indirecta en detrimento de los municipios cuyos órganos de gobierno son elegidos por los ciudadanos, lo que supone una erosión del principio democrático.

La enmienda 302 también forma parte de una transaccional en relación con las entidades locales menores.

La enmienda número 303 es de supresión del artículo 57. El proyecto de ley condiciona la constitución de un consorcio a que no sea posible, ni más ventajoso en términos de eficiencia económica, la suscripción de un convenio y no podrá demandar más recursos de los inicialmente previstos. Esta limitación resulta desproporcionada y le falta justificación. Para la constitución de consorcios solo se tienen en cuenta criterios economicistas.

La enmienda 304, también de supresión de la letra n), apartado, 1, del artículo 75 ter, donde se limita el número de los cargos públicos de las entidades locales con dedicación exclusiva, se suprime en la enmienda la limitación al número de electos locales en régimen de dedicación exclusiva en los municipios de Barcelona y Madrid, concretamente en la letra n), por considerar que no resulta adecuada y es más eficaz la satisfacción de las necesidades organizativas y funcionales de las dos metrópolis, ambas con más de un millón de habitantes.

La enmienda 305, de supresión del apartado 2, del artículo 85, tiene por objeto que se mantenga la vigencia del actual artículo 85.2, que regula los modos de prestación de servicios públicos locales, la gestión indirecta o la directa, por considerar que las preferencias establecidas en esta ley, en detrimento de la entidad pública empresarial local y la sociedad mercantil, carecen de fundamento.

La enmienda 306 pide la supresión del artículo 86. Se trata de reducir al mínimo la facultad de los municipios de ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas, lo cual indica la naturaleza subsidiaria que para el Gobierno tiene la actividad económica pública respecto de la privada.

La enmienda número 307, de supresión del artículo 92, trata de la selección y formación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Esta enmienda pretende mantener la regulación vigente, que es más respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas sobre estos funcionarios y con las facultades que tienen los propios municipios sobre esta materia.

La enmienda 308 es de supresión y lo es por coherencia con la enmienda anterior.

La enmienda 311, de supresión del artículo 116 ter, también lo es en coherencia con las enmiendas de supresión del modelo de Administración Local que pretende este proyecto de ley.

La enmienda 312 suprime la disposición adicional novena. Entendemos que esta disposición no contempla que la entidad local haya aprobado un plan económico-financiero o un plan de ajuste para equilibrar sus cuentas, considerando que han sido aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tampoco tiene en cuenta esta disposición que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el real decreto ley por el que se aprueba el mecanismo de pago a proveedores y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 ya establecen exigentes medidas en el caso de que se produzcan incumplimientos, por lo que hace innecesaria esta disposición adicional. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

La enmienda 313 es de supresión de la nueva disposición adicional decimosexta. Creemos que en la nueva disposición el enunciado es equívoco, altera profundamente el sistema institucional del Gobierno local, hasta el punto de hurtar del conocimiento del pleno de la entidad local determinados asuntos en circunstancias concretas por lo que se refiere a aprobación de presupuestos, de planes económico-financieros o de ajustes y diversas materias económicas.

La enmienda número 314 propone la adición de un nuevo apartado en el artículo 30, que más o menos viene a establecer que para los municipios pequeños o de carácter rural, y para aquellos que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como pueden ser su carácter histórico-




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artístico o el predominio de un término de territorio de montaña, actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes, estas queden recogidas en el marco establecido en esta ley.

La enmienda 315 pretende la supresión del artículo 193 bis de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por el actual aumento de impagos derivado de la situación económica y la demasiado exigente escala establecida.

La enmienda 316 es también de supresión del artículo 213 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en coherencia con enmiendas anteriores ya detalladas.

La enmienda número 317 es de supresión del artículo 218 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Se pretende la supresión de este precepto por introducir unos requisitos y controles injustificados, contraponiendo, además, a un órgano administrativo que es la Intervención con órganos representativos como son el alcalde o el Pleno. Por otro lado obvia que la legislación vigente regula la resolución de discrepancias, que el proyecto atribuye a otro órgano de una Administración distinta.

La enmienda número 318 es de supresión de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y ello porque el incentivo previsto en caso de gestión integrada o coordinada de servicios municipales supone un decremento en la financiación del resto de entes locales.

La enmienda número 319 es de supresión de la disposición adicional segunda. Aunque esta disposición salvaguarda las competencias de las comunidades autónomas en materia de régimen local, la extralimitación competencial en que incurren las disposiciones del proyecto de ley, de aplicación a las comunidades, obliga a proponer su supresión.

La enmienda 320 propone la modificación de la disposición adicional cuarta del régimen especial de Barcelona, porque tal como reza en la propia exposición de motivos de la Ley 1/2006 de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona, la relevancia de Barcelona en los ámbito económico, social y cultural, así como su proyección europea e internacional, motiva la existencia de unas necesidades organizativas y competenciales que difieren en algunos aspectos de las existentes en otros municipios españoles. Si una de las críticas más reiteradas por la doctrina en relación con la regulación de las entidades locales ha sido la relativa al uniformismo en su tratamiento, en el caso de la metrópolis de Barcelona es donde resulta más adecuada la necesidad de articular alguna medida, que permita a los responsables municipales atender de manera efectiva las demandas ciudadanas. La presente ley, junto con la Ley 22/1998 del Parlamento de Cataluña, de regulación del régimen especial aplicable a esta ciudad, obedece a la voluntad de dar respuesta a sus necesidades. Por lo tanto se estima necesaria la inclusión de esta cláusula de salvaguarda o aseguramiento de este régimen especial. Entendemos que las disposiciones relativas al régimen especial de Madrid deberán contenerse, en su caso, en otra disposición adicional.

La enmienda número 321 solicita la supresión de la disposición adicional sexta, porque aunque aparentemente la colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado se instrumenta a través de un convenio, de donde podría deducirse que se trata de una opción adoptada por el ente local con absoluta libertad, de hecho supone la instauración de un nuevo mecanismo más de tutela sobre los entes locales.

La enmienda 322 es de supresión de la disposición adicional séptima y se ha redactado en coherencia con enmiendas anteriores.

La enmienda número 323 es de supresión de la disposición adicional novena porque la ley deja sin efecto, en el plazo de doce meses desde su entrada en vigor, todos los convenios de cooperación suscritos con anterioridad a la ley que lleven aparejados la financiación de competencias impropias y no se adapten a este proyecto. Ello pone a las entidades locales en una situación muy difícil, ya que tendrán que hacerse cargo del personal que hubieran incorporado en sus plantillas para la realización de las actividades y la prestación de los servicios derivados de esas competencias asumidas mediante convenio, sin embargo, perderán la financiación para afrontar su coste.

La enmienda 324 también es de supresión de la disposición adicional décima. Esta disposición parte de la concepción de que el objeto del convenio solo va a beneficiar al ayuntamiento cuando no siempre es así, como está claro en los convenios relativos al catastro. Las entidades locales vienen firmando convenios de colaboración con distintos ministerios en relación con aquellos




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impuestos denominados de gestión compartida. Los actualmente existentes en materia de haciendas locales son los firmados con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Dirección General de Tráfico, con el Consejo General del Notariado, con los registradores de la propiedad, así como convenios con la Dirección General del Catastro. Precisamente, esta disposición viene a alterar el actual marco de funcionamiento de los convenios de colaboración por lo que se refiere a la Dirección General del Catastro. Los últimos convenios que se verían afectados por esta redacción serían, a excepción del convenio de la recaudación en vía ejecutiva de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los relativos a la Dirección General del Catastro, y ello comportaría lo que tantas veces se ha denunciado por los Gobiernos locales al referirse a las competencias impropias o, mejor dicho, los gastos de suplencia, esto es, la financiación por parte de las entidades locales en su integridad de las competencias que pertenecen a otra Administración pública, en este caso a la Administración General del Estado. Y es que aceptar esta redacción supondría que las entidades locales pasarían a financiar la competencia catastral de la Dirección General del Catastro pero sometido a todas aquellas disposiciones normativas que se legislen, que se tenga a bien aprobar y cuyo coste de ejecución se trasladaría a las entidades locales.

La enmienda 325, de supresión de la disposición adicional undécima, también está en coherencia con otras enmiendas presentadas.

La enmienda 326 también está en coherencia con la enmienda presentada a la disposición adicional segunda.

La número 327 es de supresión de la disposición adicional decimoquinta. Esta disposición es un ejemplo claro de que esta ley ni clarifica competencias ni atribuye a la instancia administrativa más idónea los diferentes servicios porque difiere a un futuro incierto las soluciones competenciales y muestra, en definitiva, la arbitrariedad con la que el proyecto de ley ha configurado el marco competencial de los municipios.

La 328 es de adición. Es una nueva disposición adicional de especialidades de los consejos insulares, que también se ha llegado a una transaccional. Igual que con la 329, que se refería a una disposición adicional nueva del régimen especial de la isla de Formentera.

La enmienda 330, de supresión de la disposición transitoria primera, está en coherencia con las enmiendas que se han presentado relativas al marco competencial de las entidades locales.

La enmienda 331, de supresión de la disposición transitoria segunda, también es en coherencia a las enmiendas relativas del marco competencial del artículo 25.

La enmienda 332, de supresión de la disposición transitoria cuarta, también está en coherencia con las enmiendas anteriores a los artículos 3.2, 24 bis y 45, aunque, según el apartado 1 de esta disposición, parece que las actuales entidades locales menores mantendrían su personalidad jurídica, pero con las transaccionales que se han presentado quedaría bastante adecuado el redactado.

La enmienda 333, de supresión de la disposición transitoria quinta, también está relacionada con la misma materia.

La enmienda 334 es de supresión de la disposición transitoria sexta también en coherencia con otras enmiendas anteriores.

La enmienda 337 decae por haber sido suprimida, si no recuerdo mal, por el Grupo Parlamentario Vasco en la Comisión de Entidades Locales.

La enmienda 339 suprime la disposición final segunda en coherencia con las enmiendas de supresión de otros artículos que pretenden modificar el régimen de los consorcios, incluyendo los requisitos para su constitución y la continuidad de su funcionamiento teniendo únicamente en cuenta criterios economicistas y sin permitir valorar otro tipo de criterios.

Hasta aquí las enmiendas que nos gustaría que sus señorías tuviesen en consideración.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, presentamos cincuenta y ocho enmiendas a esta ley que tiene dos artículos, dieciséis disposiciones adicionales, once transitorias, de momento, y seis disposiciones finales.




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Son dos artículos que modifican esencialmente la Ley de Bases de Régimen Local y, modestamente, el artículo 2 de la Ley de Haciendas Locales. Pues bien, a estos dos artículos, dieciséis disposiciones adicionales y once transitorias presentamos estas cincuenta y ocho enmiendas, de las que treinta y ocho corresponden al artículo 1, tres al artículo 2, once a las disposiciones adicionales, cinco a las disposiciones transitorias y una a las disposiciones finales.

Vayan por delante algunas reflexiones que pueden añadirse a las que ha hecho mi compañera la senadora Rivero, todas ellas de forma muy acertada, en relación con esta ley. Aún estamos intentando saber si podemos transaccionar o si nos van a aceptar alguna de nuestras cincuenta y ocho enmiendas. De entrada, tengo que dejar constancia, desgraciadamente otra vez, de que en el trámite de enmiendas en el Senado el Grupo Popular se autoenmienda y enmienda una enmienda admitida de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados. Concretamente, en el Congreso la enmienda 374 de Convergència i Unió fue aprobada. Esta enmienda, que hace referencia al artículo 57, es contraenmendada. ¿Por parte de quién? Por el Grupo Popular. Este grupo, con la enmienda 424 del Senado, vuelve a dejar el texto original del artículo 57 que había entrado en el Congreso. Simplemente queremos mostrar otra vez más nuestro desconcierto. Nosotros no podemos entenderlo, porque si tienen que rectificarlo no hace falta que acepten la enmienda en el Congreso puesto que es un trabajo inútil aceptar la enmienda, contraenmendarla y dejar en esta Cámara a mi grupo en una cierta indefensión pues no presentamos enmienda al artículo 57 porque ya nos la habían admitido. Ahora ustedes presentan otra enmienda dejando el texto original y ya no tenemos posibilidad. Quiero dejar constancia de que si hubiésemos podido, nosotros habríamos presentado también la enmienda al artículo 57, concretamente al apartado dieciséis del artículo primero de la ley que hace referencia al artículo 57 de la Ley de bases.

Dicho esto, sinceramente —y no sé cómo va a acabar todo el proceso—, mi grupo —lo decía la senadora Rivero esta mañana— presentó la primera interpelación de esta legislatura, yo mismo la efectué al ministro Montoro, y en esa interpelación pedíamos dos cosas: la modificación, una nueva ley de gobiernos locales, una nueva Ley de Bases del Régimen Local, y una nueva Ley de Haciendas Locales. Es verdad que en aquel momento se aprobó la moción consecuencia de interpelación.

Más allá de que los plazos no se han cumplido —que no es ningún reproche—, sí que debemos constatar un primer aspecto: no tenemos una nueva Ley de Bases del Régimen de la Administración Local, tenemos una rectificación, una reforma profunda, si ustedes quieren, pero no una nueva ley; tenemos una reforma de la Ley de 1985. Por tanto, no estamos haciendo un replanteamiento de la Administración Local en España, sino que estamos haciendo retoques, algunos muy sustanciales, pero retoques de una ley que es la de 1985. Segunda constatación, lo hacemos sin modificar de momento el régimen de financiación de las administraciones locales, y eso no deja de ser un problema porque estamos regulando las competencias, pero todavía no regulamos cómo se financian estas competencias. Por tanto, es muy difícil determinar si esta regulación de competencias es acertada y tiene una cierta coherencia con la financiación que se establece para las corporaciones locales.

Entremos en materia: enmiendas. La senadora representante del Partido Aragonés Regionalista decía que sentía un cúmulo de emociones en la tribuna, y la verdad es que yo también las siento, aunque no tengo tanta incertidumbre como la senadora Santos porque intuyo por dónde van a ir las enmiendas, pero sí quiero dejar constancia de un aspecto fundamental. Con esta ley ustedes no respetan el Estatuto de Cataluña, no respetan las competencias exclusivas que en materia local están aprobadas en el Estatuto de Cataluña en su artículo 160 —en algún otro tampoco, pero en este concretamente no lo respetan—. Y no me digan que se amparan en el principio constitucional de hacer una ley de bases que después podrán desarrollar las comunidades autónomas con competencia exclusiva. Ustedes hacen una ley de bases tan amplia, regulan hasta el detalle más insignificante, con lo que no dejan ningún tipo de margen para que las comunidades autónomas con competencia exclusiva regulen la Administración Local. Lo regulan todo: lo que tienen que cobrar los alcaldes, las dedicaciones exclusivas, las competencias, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que deben efectuar los municipios de menos de 20 000 habitantes, las entidades locales menores…, lo regulan todo. En el epígrafe de Bases hacen unas bases tan amplias que no dejan margen legislativo a las Cámaras autonómicas y, obviamente, no dejan margen legislativo al Parlament de Catalunya.




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Por ello, nuestra enmienda, la enmienda número 383 —de estas cincuenta y ocho tenemos cincuenta y siete y una adicional, que es la enmienda— es a la disposición adicional segunda, que es aquella que ustedes titulan bajo el epígrafe de Competencias autonómicas en materia de régimen local, que dice: Todo lo que no esté en esta ley, las comunidades autónomas podrán desarrollarlo estatutariamente. Claro, todo lo que no esté, pero todo lo que está ya no se puede desarrollar nada más.

¿Qué estamos pidiendo con esta enmienda? Estamos pidiendo que al menos dieciséis artículos y una disposición adicional no sean de aplicación, no solo a Cataluña, sino a todas aquellas comunidades autónomas con competencias exclusivas de acuerdo con sus estatutos, lo que alguien denominaba esta mañana estatutos de segunda generación, que son de segunda generación pero que al final en el ámbito local van a quedar como los de primera generación, sin capacidad de regular absolutamente nada.

Por tanto, si quieren respetar el Estatuto de Cataluña, si quieren respetar una ley orgánica que aprobarán estas Cámaras, si quieren respetar la capacidad normativa del Parlament de Catalunya deberían, como mínimo —esta es una enmienda de mínimos—, aprobar esta enmienda. Ustedes están legitimados, obviamente, para no aprobarla, pero después deben entender cuáles son las reacciones que hay en Cataluña, y quizá en otras comunidades autónomas por lo que he escuchado esta tarde en esta sala. Deben entenderlo; las cosas no pasan porque sí, las cosas pasan porque se dan un conjunto de razones. Con esta invasión competencial constante en cada una de las leyes que traen a esta Cámara están generando mayor incomprensión en Cataluña en relación con la capacidad legislativa amparada en la actual Constitución. Así pues, esta es la enmienda más importante y cuya aprobación consideramos deberían valorar ciertamente.

Hay otra enmienda, que no hace referencia al conjunto de la comunidad autónoma, pero sí a su capital, que es la número 384, en la que enmendamos la disposición adicional cuarta, que dice que se respetará la singularidad de Barcelona y de Madrid, pero, desde nuestra óptica, no es lo suficientemente clara y, por tanto, pedimos que si se quiere respetar el régimen especial del municipio de Barcelona, aprobado por la Ley 1/2006 y refrendado por la ley catalana, la Ley del Parlament de Catalunya, 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona, deberían admitirla. Si no, entendemos que la autonomía y la singularidad financiera de Barcelona, amparada en esta Carta municipal de Barcelona, no queda garantizada.

Dicho esto, paso ya al conjunto de enmiendas más concretas; estas dos son más generales. La enmienda 358 hace referencia al artículo primero. nueve. Pedimos la supresión del nuevo apartado 2 del artículo 26 de la Ley de bases, que es el relativo a los municipios de menos de 20 000 habitantes. Esta mañana ha habido una polémica en esta sala en torno a si realmente los municipios de 20 000 habitantes quedaban o no afectados, perdían autonomía, no perdían autonomía local, o si las diputaciones ejercían o no algunas de sus competencias. Vaya por delante una reflexión que no he incluido en la primera parte de la intervención y que era fundamental.

Como concepto, que esta ley parta de un borrador horrible, malísimo, pésimo, y que a través de veintisiete borradores posteriores se haya mejorado el primer borrador, no significa que esta ley sea buena, sea válida; es menos mala que los veintisiete borradores anteriores, es menos pésima que los veintisiete borradores anteriores, pero no significa, no acredita que haya existido en los veintisiete borradores anteriores ninguna bondad. Y esto es aplicable clarísimamente al artículo 26, que leo textualmente para que no haya malas interpretaciones. Es el texto publicado en el Boletín Oficial Cortes Generales, Senado, 12 de diciembre, resultado de la ponencia. Artículo 26, punto 2: En los municipios con población inferior a 20 000 habitantes será la diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios. No los reproduzco. Y continúa: Para coordinar la citada prestación de servicios, la diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados —enmienda del Partido Popular, pero no suficiente—, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa, etcétera.

Por tanto, quien propone, quien debe coordinar la prestación de los servicios en municipios de menos de 20 000 habitantes continúa siendo la diputación. El ayuntamiento dará consentimiento a la forma de prestarlos, pero quien los presta es la diputación. Solo en caso de que el ayuntamiento pueda acreditar un coste efectivo menor podrá solicitar prestarlos propiamente. Fíjense, coste




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efectivo menor. No habla de la calidad del servicio, no especifica cuál es la calidad del servicio, especifica que el coste sea menor. Si el servicio de una guardería se presta con dos monitores en lugar de cinco monitores, lo podrá mantener el ayuntamiento; si el ayuntamiento quiere mantener la calidad de cinco monitores, no podrá hacerlo. Por tanto, que nadie diga que los municipios de menos de 20 000 habitantes quedan como estaban y que no les afecta a su autonomía de gestión local. Yo creo que eso es querer negar la realidad.

¿Que ha mejorado respecto a los veintisiete borradores anteriores? Sin duda. ¿Que esto beneficia a los ayuntamientos de 20 000 habitantes? No. No, sin duda. ¿Que las diputaciones gestionarán mejor que los ayuntamientos de 20 000 habitantes? No. ¿Que pueden gestionar más barato? Sí, claro, hasta yo puedo gestionar más barato. Si no tengo en cuenta la calidad del servicio que estoy prestando, puedo hacerlo más barato; pero si tengo en cuenta la calidad del servicio que estoy prestando, no puedo hacerlo más barato. Por tanto, se atribuye a las diputaciones —instituciones que no voy a cuestionar en este momento, pero que sí les aseguro que no tienen mejor capacidad de gestión que muchos ayuntamientos de menos de 20 000 habitantes— una competencias que tampoco van a poder desarrollar de forma eficiente.

¿Dónde queda el principio de subsidiariedad? Yo creo que esta mañana alguien decía que en esta ley, de no sé cuántas páginas, el principio de subsidiariedad, un principio consagrado por la Carta Europea Local, no aparece ni una sola vez. Y es que no puede aparecer. No puede aparecer porque con la filosofía de la ley no encaja. No encaja. Por tanto, nosotros entendemos que esto es un grave error y se debería suprimir el contenido del apartado 2 del artículo 26 y que sean los propios ayuntamientos los que, si quieren asociarse de forma voluntaria con otros ayuntamientos, lo puedan hacer, pero, aunque en el sistema de gestión será necesaria la conformidad del ayuntamiento, será la diputación la que prestará este servicio.

La enmienda número 361 es también importante. ¿Qué pretende? Pretende eliminar el apartado once del artículo primero de la ley, que suprime el artículo 28 de la Ley de bases. Este artículo 28 era aquel que regulaba que los municipios pueden realizar actividades complementarias en el ámbito de la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medioambiente. Y ustedes lo eliminan. ¿Por qué? Porque —lo decía el ministro— hemos de solventar el problema de las competencias impropias. ¿Y saben cuál es el problema? Que ustedes solventan el problema de las competencias impropias en la Ley de bases y donde se debía solucionar el problema de las competencias impropias es en la Ley de Haciendas Locales, porque que las competencias sean impropias no quiere decir que no sean necesarias, que no estén prestadas de forma eficiente y que no beneficien a los ciudadanos. Y con esto eliminan la posibilidad de que muchos ayuntamientos puedan prestar competencias adicionales. Mi grupo siempre ha dicho que el problema de las competencias impropias es su financiación, porque si se prohíbe realizar estas competencias a los ayuntamientos, mi pregunta es: ¿alguien va a desarrollar estas competencias o no? Pondré el ejemplo de mi municipio, de menos de 50 000 habitantes y el tercero en extensión de toda Cataluña. El transporte público urbano de viajeros no es competencia propia, la comunidad autónoma no lo va a prestar porque no es de su competencia. Y si no lo presta el ayuntamiento, ¿quién lo va a prestar? Nadie. Solución: esta competencia impropia no se puede prestar. Está reglado, pero los ciudadanos de mi ciudad se van a quedar sin transporte público. Eso no son formas de arreglarlo. En todo caso, habría que ver cómo se financia esta competencia impropia. Por tanto, el asunto de las competencias impropias no se puede abordar exclusivamente en la Ley de bases sino también en la Ley de Haciendas Locales.

La enmienda 344 también hace referencia a las competencias impropias que intentamos resolver. Hay un conjunto de enmiendas, tres concretamente —362, 373 y 375—, que hacen referencia también a la cuestión de la invasión de competencias. Las tres intentan enmendar artículos que regulan la función pública. Les debemos recordar que, de acuerdo con el artículo 136, todas las competencias que hacen referencia a la función pública de administraciones públicas catalanas, incluidas las locales, son exclusivas de la Generalitat de Catalunya. Por tanto, cuando se está regulando el personal directivo de las diputaciones, cuando se está regulando a los funcionarios al servicio de la Administración Local o a los funcionarios de la Administración Local habilitados con carácter nacional, están invadiendo las competencias de la Generalitat de Catalunya, no están respetando el artículo 136 del Estatuto otra vez.




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Una referencia breve a las entidades locales menores. Ustedes han firmado —y mi grupo se ha unido— unas transaccionales respecto a las entidades locales menores. Vaya por delante que nosotros hemos presentado tres enmiendas y las hemos mantenido. ¿Por qué? Primero, porque queremos que las entidades locales menores tengan el carácter de entidad local y para ello no hay otra solución que modificar el artículo 3. Incluir este carácter de entidad local a las entidades locales menores a través de una disposición adicional por la puerta de atrás es crear dos categorías de entidades locales: las de primera —artículo 3— y las de segunda o tercera regional —disposición adicional equis—. De las entidades locales menores solo serán entidades locales las que existan a día de hoy o las que hayan iniciado su proceso de constitución antes del 1 de enero de 2013. Absolutamente insuficiente.

Ustedes en esta ley hablan de incentivar la fusión de municipios. Tengan en cuenta un aspecto —seguramente lo recordarán en el futuro—: si realmente queremos que se produzca la fusión de municipios en el Estado español, las entidades locales menores deberán jugar un papel fundamental. Ustedes no pueden plantear la fusión de municipios y que en los diferentes pueblos donde se fusionen no exista una entidad local menor que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, pueda desarrollar aquellas competencias de mantenimiento de calles, de cultura, de fiestas y donde cada pueblo pueda elegir democráticamente a su alcalde o presidente de la entidad local menor. Eso lo van a encontrar en un futuro próximo y, si no, no va a haber fusiones de municipios en el Estado español.

Por tanto, mantenemos íntegramente la enmienda 343. Así como la 347, que hace referencia a la personalidad jurídica de estas entidades locales menores. Es verdad que las que existen y las que están en constitución a 1 de enero de 2013 van a mantener esta personalidad jurídica, pero no las nuevas. Y, sobre todo, mantenemos la enmienda 364, que es aquella que intenta eliminar el apartado catorce del artículo primero, por el cual se suprime el artículo 45. ¿Y, qué dice el artículo 45 de la Ley de bases? Que son las comunidades autónomas las que regularán, las que establecerán la creación de las entidades de ámbito inferior al municipio.

Por tanto, entendemos que, igual que en el resto de la ley, a las entidades locales menores se les ha buscado una solución. Punto de partida del primer borrador: desaparecen absolutamente. Punto de llegada: no es el óptimo. Porque, al fin y al cabo, lo único que persiguen con esta regulación de las entidades locales menores a través de una disposición adicional es intentar ser buenos alumnos en Europa y poder decir cuando se presenten en Europa: miren, aquí hay tres mil, miren el artículo 3 y verán tres mil entidades locales que ya no están. Sí, no están en el artículo 3, pero estarán en la disposición adicional equis. Por tanto, nos parece absurda esta regulación y vamos a mantener estas tres enmiendas de entidades locales menores.

Vaya por delante que doy por defendidas todas las enmiendas que presentamos, porque, ciertamente, no voy a tener tiempo de mencionarlas todas ellas. Pero sí me voy a molestar en defender concretamente algunas. Las enmiendas 350, 357 y 372 son para nosotros importantes. Son aquellas en las que, en relación con la competencia de los ayuntamientos, de los municipios, establecemos que el tratamiento de aguas residuales no es competencia municipal. En cuanto al abastecimiento de agua potable en los municipios, no tenemos ninguna duda; en cuanto al alcantarillado, tampoco. Pero la competencia del tratamiento de aguas residuales, cuando debe ser efectuada por las comunidades autónomas, cuando es realmente efectuada por las comunidades autónomas, supone generar una carga adicional en la responsabilidad de los alcaldes, que no es necesaria. Porque si un alcalde no construye una depuradora es porque no puede. La que no la construye es la comunidad autónoma. Pero, después, cuando la fiscalía actúa, también lo hace sobre el alcalde, porque también será responsabilidad de la corporación local.

Por tanto, estas tres enmiendas tienen por objeto delimitar claramente aquello de: una competencia, una Administración; una Administración, una competencia. Pero en el tema del saneamiento no la están aplicando. Y, este es, esencialmente, el motivo por el cual quisiéramos enfatizar la defensa de estas tres enmiendas, que tienen por objetivo eliminar la competencia sobre las aguas residuales de los ayuntamientos y que sea una competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

Otras enmiendas, las 352 y 356, hacen referencia a una clarificación de competencias. Se establece que en municipios de más de veinte mil habitantes la competencia de extinción de incendios es de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, de los municipios. Entendemos




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que eso entra en una clara contradicción con la realidad en estos momentos. En Cataluña, excepto en el Ayuntamiento de Barcelona, todas estas competencias ya son desarrolladas por la comunidad autónoma. No tiene sentido que sea una competencia municipal ni, incluso, que su financiación tenga que ser a cargo de los municipios.

La enmienda 345 hace referencia a la fusión de municipios. La enmienda 346 al empadronamiento. La enmienda 349 se refiere a la competencia sobre el patrimonio histórico, porque tendría que ser el patrimonio histórico propio, no el de todo el municipio.

Respecto a prestaciones como los servicios sociales y la sanidad, creemos que es un absoluto error eliminar esta competencia de los municipios. Y como decía, doy por defendidas el resto de las enmiendas.

Simplemente, me gustaría concluir este turno de presentación de enmiendas haciendo referencia a lo que mencionaba al inicio. Esta ley, que pretende racionalizar y hacer sostenible la Administración Local, ni racionaliza la prestación de servicios, ni mejora la prestación de servicios municipales, y no hace más sostenible la Administración Local; de verdad, no hace más sostenible la Administración Local. Pero, lo que es más importante, no va a mejorar la prestación de servicios públicos a nuestros conciudadanos. Por tanto, entendemos que algunas de estas cincuenta y ocho enmiendas seguramente ayudarían a mejorar el borrador número 27 y podríamos hablar ya de un borrador número 28, porque sería mejor el segundo que el primero y el 28 que el 27.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para defender las enmiendas del Grupo Socialista, enmiendas 178 a 224 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 421, 433, 435 y 447, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías.

En primer lugar, quiero reiterar la preocupación de miles de alcaldes y concejales, que son los voluntarios de la política de verdad, de la política real, de la política de a pie de calle, que creo que ha quedado reseñada claramente esta mañana, y también la de muchos consejeros autonómicos que van a sufrir graves consecuencias jurídicas y administrativas en sus comunidades autónomas. Y les vuelvo a traer aquí las palabras del vicepresidente de la Xunta de Galicia, que creo que es del Partido Popular, así como la de millones de ciudadanos, que van a ver cómo se les recortan determinados servicios vitales. Si esta ley se aprueba, los ayuntamientos no solo perderán competencias, sino credibilidad. Los alcaldes y concejales serán meros guiñoles del Estado. Y para evitar este atropello, el Grupo Socialista ha presentado cuarenta y siete enmiendas; enmiendas de supresión a este proyecto, en coherencia con nuestro veto. Ya sé que ustedes van a decir que sólo presentamos enmiendas de supresión y no hacemos ninguna aportación, pero es que en este caso no queremos la ley, no nos gusta la ley, porque consideramos que solo va a hacer perder competencias a los ayuntamientos y se entromete en el ámbito competencial de las comunidades autónomas y, además y sobre todo, va a hacer perder credibilidad a las instituciones más próximas a los ciudadanos. Por eso, hemos presentado estas cuarenta y siete enmiendas, que se unen a las más de cuatrocientas que lleva sobre sus hombros este proyecto de ley.

Haciendo un repaso rápido, pretendemos que se suprima el artículo primero, apartado uno, ya que demuestra en sí mismo que la nueva ley solo tiene razón de ser por criterios economicistas y tuteladores, a la par que pretende reducir, sin miramientos y fundamentándose en la sostenibilidad financiera, la autonomía política de la que gozan nuestros ayuntamientos, produciéndose una auténtica desamortización de lo local.

Suprimimos el artículo primero, apartado dos, ya que la modificación de este artículo junto con el nuevo artículo 24. bis, y la supresión del artículo 45 implica pura y simplemente la desaparición de las entidades menores si no superan la prueba del algodón, que ustedes denominan gestión suficiente. Según me han dicho, parece que hay algún interés en llegar a algún acuerdo con las entidades locales menores sobre algunos mínimos, pero desde luego también hay una evidente intromisión en la esfera competencial de las comunidades autónomas.

Pretendemos suprimir el artículo primero, apartado tres, porque no solo vulnera la autonomía municipal con los famosos informes vinculantes, sino que además presenta la tutela del Estado y




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la subordinación jerárquica, vulnerando también la Carta Europea de la Autonomía Local, y evidencia una clara invasión competencial al imponer deliberadamente a las comunidades autónomas cómo debe realizar la delegación de las competencias.

Presentamos la enmienda al artículo primero, apartado cuatro porque bajo los criterios de racionalidad y sostenibilidad establece lo que ustedes pretenden, que es una autonomía local reducida y meramente administrativa. Este artículo, señorías, vincula toda la ley municipal a esa legislación de estabilidad presupuestaria, ya que es un artículo que rompe el régimen local y tiene un sesgo evidente de inconstitucionalidad.

Pretendemos suprimir el artículo primero, apartado cinco, porque invade, sin duda, la esfera del legislador autonómico en la determinación del mapa municipal al contemplar la fusión de los municipios, fusión de los ayuntamientos que, como ha dicho un senador anteriormente, no va a traer ningún efecto positivo para los ciudadanos, más bien al contrario, incluso no se producirán, y es que, señorías, este artículo es absolutamente incoherente o es que ustedes tienen una doble intencionalidad.

Queremos suprimir el artículo primero, apartado seis porque ustedes anulan la personalidad jurídica que históricamente han tenido las entidades de ámbito inferior al municipal.

Enmendamos el artículo primero, apartado ocho, porque con las modificaciones de los artículos 25, 26, 27, 28 y 36 realizan el verdadero cambio del municipalismo español; de gobiernos locales se pasa a administraciones locales sin autonomía, sin capacidad y sin iniciativa económica, serán una oficina de tramitación. Si esta ley se aprueba, los municipios dejarán de prestar servicios tan esenciales —aunque digan que no— como la ayuda a domicilio, el centro de día, la atención a la infancia, las escuelas infantiles o de música, los servicios de información al consumidor, o la ayuda a las víctimas de violencia de género. ¿Y quién pierde con todo esto? Lo señalaba antes, pierde el Estado de bienestar y, como siempre, pierden los ciudadanos, pero es que ustedes ni siquiera se sonrojan. Porque con este artículo redefinen a la baja las competencias y hacen desaparecer servicios vitales para la vida municipal. Y me pregunto, ¿para qué ya los equipos de Gobierno? ¿Para qué ya los alcaldes y concejales? Supriman este artículo, o mejor retiren esta perjudicial ley para España y para los españoles.

Otra de las enmiendas pretende la supresión del artículo primero, apartado nueve. Ustedes eliminan de un plumazo —lo decía anteriormente— sin ponerse colorados los servicios sociales de prestación obligatoria; pretenden que nos creamos que se delegan o se transfieren pero los privatizan, y es un artículo, aparte de inconstitucional, puramente ideológico; seguro que habrá ya alguna empresa esperando con los brazos abiertos la aprobación de este texto.

Suprimiremos el artículo primero, apartado diez, porque con su texto usurpan a los consistorios su capacidad de dirección y de decisión política. Con su ley muchos alcaldes y concejales, muchos de ustedes, tendrán escasas atribuciones.

Presentamos la enmienda al artículo primero, apartado once, porque suprimen las llamadas competencias impropias en el ámbito de la educación, la cultura, la igualdad, la vivienda, la sanidad y la protección al medio ambiente. ¿Y para qué? ¿Para ahorrar o para beneficiar a los ciudadanos? No, señorías, para alejar los servicios de los ayuntamientos y de los ciudadanos.

Enmendamos el apartado doce del artículo primero, porque consideramos que el personal directivo en la Administración Local debe ser profesional y competente, un modelo que ustedes no quieren, y se amparan en que estos puestos sean solo para funcionarios del Grupo A.

Queremos suprimir el apartado trece del artículo primero, porque ustedes quieren reforzar únicamente las diputaciones en detrimento de los ayuntamientos para anular la gestión municipal y —lo decía esta mañana— es la institución más anacrónica.

Mantenemos nuestra enmienda al artículo primero, apartado catorce, aunque, como digo, creo que han hecho algún cambio.

Nuestra enmienda pretende suprimir el artículo primero, apartado dieciséis. Ustedes, en el ámbito de los consorcios, solo tienen en cuenta los criterios economicistas. No permiten valorar otros criterios, no tienen en cuenta, por ejemplo, la funcionalidad de los servicios que prestan.

En cuanto al artículo primero, apartado veintiuno, entendemos que el artículo 85.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que regula los modos de prestación de los servicios, sigue vigente, y es que además, señorías, con su texto otorgan a los interventores municipales una potestad que supera las competencias de fiscalización, dotándoles de una auctoritas de




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eficiencia, dotándoles, señorías, de unas atribuciones propias de los órganos de Gobierno del ayuntamiento, y aquí se acaba con principios democráticos básicos en el municipalismo español, pero a ustedes parece que eso no les importa.

Creemos que se debe suprimir el párrafo veintitrés, del artículo primero, porque con este artículo lo único que se pretende es reducir al mínimo la facultad de los ayuntamientos para ejercer la iniciativa pública con respecto a la privada. Esto, lo único que va a suponer es que el ciudadano, el vecino, soporte un incremento de tasas por la evidente privatización de los servicios, y serán peores y más caros, pero, vuelvo a repetir, a ustedes esto no les importa.

Enmendamos el artículo primero, apartado veinticuatro, porque la regulación vigente es mucho más respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas y con las facultades de los propios ayuntamientos.

Vinculamos dos enmiendas al artículo primero, apartados veinticinco y veintiséis, por lógica coherencia con las enmiendas anteriores, y pretendemos la supresión del artículo primero, apartado treinta, porque con sus medidas, con su proyecto de ley, pretenden ampliar las disposiciones que obligatoriamente se han de incluir en los planes económico financieros de los ayuntamientos que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria; es decir, hacen todo esto, señorías, por cuatrocientos dos ayuntamientos, de los más de ocho mil de España. Presentan ustedes medidas contundentes, estructurales y permanentes para ahogar a todos los municipios, cuando los que incumplen están aquí, en esta ciudad; hacen un café para todos, cuando lo que tenían que hacer es actuar en ayuntamientos, como Madrid, y dejar en paz al resto de los ayuntamientos de España.

Pretendemos suprimir el artículo primero, apartado treinta y uno, pues, como he dicho anteriormente, este artículo suprime y fulmina el modelo de Administración Local; no lo reforma, lo destroza, asentándose sobre un sistema de atribución competencial, bajo la cortina de humo del coste efectivo.

Enmendamos el párrafo treinta y cinco, del artículo primero, porque esta disposición afecta a los proyectos que los ayuntamientos tienen en marcha. Con este texto, acaban con las empresas municipales —con las empresas públicas de transporte, por ejemplo, como ha dicho el senador de Convergència—, con las empresas públicas de agua o de basuras, con los institutos municipales de deportes y con todos aquellos que estén en desequilibrio financiero. Aunque ese desfase sea meramente puntual, esto tampoco les importa.

Enmendamos el artículo primero, apartado treinta y siete, porque altera el sistema institucional de los gobiernos locales. Con la sostenibilidad como elemento principal y como paraguas, rompen con el reparto de competencias entre el Pleno y las juntas de Gobierno. Y es que, ¿aquí dónde queda la democracia, señorías? No hay.

En el artículo segundo, proponemos la supresión del párrafo uno, porque la actual crítica situación económica que está viviendo España ha provocado un número importante de impagados, y ustedes proponen aquí una escala muy muy exigente.

Nos enfrentamos al párrafo dos del artículo segundo, porque su texto refuerza, como decía anteriormente, la tutela preventiva y genérica del Estado sobre los ayuntamientos, y esto no puede ser. Las entidades locales no necesitan una tutoría y, mucho menos, una tutoría por si acaso.

Proponemos la supresión del artículo segundo, apartado tres, ya que este artículo introduce unos requisitos y controles absolutamente injustificados y, además, contrapone la figura burocrática, administrativa y técnica de un interventor con las figuras democráticas de los alcaldes y los plenos municipales.

Suprimimos el apartado cinco, del artículo segundo, por el incentivo que este texto prevé para la gestión integrada o coordinada de los servicios municipales, y esto lo único que va a suponer es un claro detrimento en la financiación del resto de entes locales que todavía sobrevivan después de su proyecto de ley.

Pretendemos suprimir la disposición adicional segunda porque el texto insiste en una extralimitación competencial de obligación a las comunidades autónomas.

Presentamos otra enmienda a la disposición adicional sexta que, de nuevo, instrumenta la tutela del Estado sobre los ayuntamientos y el resto de las entidades locales, porque les obliga a celebrar y firmar convenios con la Intervención General del Estado, eso sí, encubiertos con el manto de la colaboración institucional.




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Enmendamos la disposición adicional séptima en coherencia con el resto de las enmiendas del marco competencial. Enmendamos la disposición adicional novena y la fundamentamos porque este proyecto, cuando entre en vigor, va a dar un plazo para dejar sin efecto los convenios suscritos por los ayuntamientos que lleven aparejada financiación de competencias impropias.

Señorías, esto es meter a los ayuntamientos en grandes problemas cuando no los hay. ¿Qué va a suceder con el personal laboral o funcionario que presta sus servicios derivados de estos convenios? ¿Qué va a pasar con la financiación para afrontar estos costes? Esto no es ahorrar, señorías. Esto va a ser un auténtico desastre en el ámbito municipal.

Proponemos la supresión de la disposición adicional décima y undécima por afectar también al ámbito competencial, igual que la disposición adicional decimocuarta y la disposición adicional decimoquinta. Proponemos la supresión de las disposiciones transitorias primera y segunda por la referencia que les vengo haciendo sobre el marco competencial y nos oponemos también a la disposición transitoria cuarta porque, nuevamente, aboca a una afrenta a las entidades locales menores. Nos oponemos también a las disposiciones transitorias quinta, sexta y séptima en coherencia con las enmiendas anteriores.

No aceptamos la disposición transitoria octava que discrimina claramente a los municipios entre sí. Señorías, esta no es una disposición ni objetiva ni razonable y, como toda su ley, no tiene ninguna justificación, al igual que, por coherencia con nuestros planteamientos sobre el municipalismo, solicitamos la supresión de la disposición transitoria novena y de la disposición transitoria duodécima porque su texto, bajo el paraguas de la sostenibilidad —se lo decía antes— y de la racionalidad, dinamita las reglas de identidad de nuestro municipalismo.

Suprimimos la disposición derogatoria única porque entendemos que se debe mantener la actual regulación del régimen jurídico de los habilitados con carácter estatal. Y por último, proponemos la supresión de las disposiciones finales segunda y tercera, ya que persiguen modificar el régimen de los consorcios bajo criterios exclusivamente economicistas.

Antes de terminar quisiera hacer algunas puntualizaciones de lo que se ha dicho esta mañana sobre lo lamentable de esta ley. Sí, es cierto, señorías, que los socialistas acudimos a los tribunales, acudimos al Tribunal Constitucional. ¿Y saben para qué acudimos al Tribunal Constitucional? Para defender los derechos y las libertades que ustedes están cercenando a los españoles con las leyes que traen al Parlamento. Para eso acudimos al Tribunal Constitucional y no como una forma de confrontación. Esa era su actitud en la oposición y todo para llegar al Gobierno fuera como fuese.

Ustedes han hablado, en algunas de sus intervenciones, de las verdaderas reivindicaciones históricas del municipalismo español que traen a esta ley. Nuevamente, es de carcajada. ¿Pero ustedes han oído a los alcaldes de España? ¿Han oído ustedes a los ciudadanos? ¿O viven ustedes, como decía la senadora Capella la semana pasada, en el mundo de la piruleta? De verdad, señorías, hablen con los ciudadanos y verán que no están de acuerdo con la ley. Hablen con los alcaldes, con sus alcaldes.

Como siempre, en sus intervenciones sacan el tema de Andalucía, en este caso de las deudas y de los chiringuitos andaluces. ¿Hablamos, señorías, de las deudas de Castilla-La Mancha para los ayuntamientos? ¿Hablamos de cuánto hace que no paga la señora Cospedal a los ayuntamientos de Castilla-La Mancha? ¿Hablamos de los chiringuitos que tienen ustedes? (Aplausos.—Protestas.) ¿Les recuerdo los chiringuitos de Melilla, Madrid, Murcia, Alicante, Orihuela, Ávila, Teide, Andratx, Granada, Salamanca, con cientos de alcaldes y concejales imputados del Partido Popular? ¿Se lo recuerdo? No quiero entrar en eso. No hablen siempre de lo mismo, de verdad. No hablen siempre de lo mismo.

Ustedes han dicho que a nosotros nos gusta que las cosas vayan cuanto peor mejor; pues no. Empiecen a revisar su casa. ¿No recuerdan ustedes al señor Montoro diciendo «que España se hunda que ya vendremos nosotros a recuperarla y a mejorarla»? A nosotros no nos gusta eso de «cuanto peor mejor». Por último, de manera reiterada dicen que la oposición no se lee las leyes o que nuestros vetos y propuestas son obsoletos.

Nosotros en la oposición trabajamos tanto o más que cuando gobernamos, cosa que igual ustedes tienen que empezar a replantearse. En cuanto a lo obsoleto de nuestras propuestas, señorías, son tan obsoletas y tan caducas como su Gobierno, exactamente igual que su Gobierno, y si su Gobierno no es obsoleto, nuestras propuestas tampoco. Estamos cansados ya de que su




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única respuesta y su actitud sean el agravio y la denostación de la oposición. Si es que casi casi cuando les enmendamos los proyectos les tenemos que pedir perdón. Les tenemos que decir que vamos a introducir una enmienda, que vamos a presentar un veto…y estamos cansados de esta estrategia que ya no cuela, señorías.

En fin, hemos formulado cuarenta y siete enmiendas, todas ellas de supresión. Porque los socialistas —y creo que el resto de grupos también, por lo que se ha oído esta tarde— creemos necesaria una reforma de lo local, una reforma del municipalismo español, pero una reforma para modernizarlo y para desarrollar nuestros consistorios, no para generarles más problemas, no para destruir los municipios, no para despojarles de sus competencias, no para desmantelar los servicios públicos y privatizarlos, no para perjudicar a los ciudadanos, no para avanzar en arrasar el Estado del bienestar, no para perder empleo público. No queremos una ley para ir en contra de la autonomía local, ni para ir en contra del mundo rural, ni para enfrentarse a las comunidades autónomas. No queremos una ley que promocione a las diputaciones, no queremos una ley para que vuelva el caciquismo. No, señorías, con las cuarenta y siete enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista los ciudadanos, los concejales y los alcaldes de España les decimos no a esta ley de racionalización de la Administración Local; no a más imposiciones, a más recortes y a más intervenciones y privatizaciones. No a esta irracionalidad. No sean ustedes como Mizaru, Kikazaru e Iwazaru, que no sé si saben quiénes eran; eran los tres monos místicos japoneses que no veían el mal, no escuchaban el mal y no decían el mal. Es decir, ustedes ni oyen, ni ven, ni dicen pero, como ustedes dicen, legislan con su mayoría absoluta en perjuicio de los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra el señor Pagola.

El señor PAGOLA SÁENZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ¿o también se ha ido? (La señora Capella i Farré: No, está aquí.) Ah, perdón. Le he oído a usted hablar de agravio de la oposición, algo así como que nosotros agraviamos a la oposición.

Le voy a recordar cuatro lindezas que se han oído aquí esta mañana. Se ha hablado de desmantelar los ayuntamientos, de perder la dignidad, de ayuntamientos franquistas; se ha llegado a hablar de ataque a la mujer rural y a la democracia, de involución, de España en blanco y negro; se ha dicho que no tenemos dilemas morales para ejercer nuestras competencias; se ha hablado del Tribunal Constitucional, también del caciquismo de las personas y de las empresas; se ha aludido al desmantelamiento de los servicios sociales, la educación y la sanidad, así como a la privatización e incluso al ninguneo de los ayuntamientos… Mire usted, yo creo que este discurso es arcaico, retrógrado, repetitivo y muy antiguo. Ya va siendo hora de que cambien el modelo de su discurso porque no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de la acción del Gobierno del Partido Popular.

Señorías, en esta Cámara estamos debatiendo, después de su paso por el Congreso, una ley que ha tenido un largo proceso de tramitación hasta el día de hoy y que finalmente va a ser aprobada aquí. El 13 de julio se presentó en el Consejo de Ministros el primer anteproyecto y hasta hoy se han estudiado más de treinta y siete borradores. Son muchos borradores treinta y siete pero, evidentemente, eso siempre es mejor a que se presente aquí solo uno para su aprobación con el apoyo de los que sustentamos al Gobierno del Partido Popular. Espero que este hecho no se lo atribuyan ustedes a la impericia o ignorancia de la situación de las entidades locales, porque ha sido consecuencia de los periodos de audiencia a las comunidades autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias, federaciones y asociaciones de municipios de ámbitos autonómicos, Comisión Nacional de la Competencia, organizaciones sindicales, Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. También se demandó un informe al Consejo de Estado, que yo particularmente tuve el honor de presentar en el debate que se produjo en la Comisión de Entidades Locales el pasado 27 de noviembre de 2013.

En definitiva, se ha producido un gran debate —que, por cierto, todavía continúa en este momento—, en el que el Gobierno siempre ha adoptado una postura dialogante, transparente y aceptando gran cantidad de modificaciones hasta llegar al proyecto de ley.




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Quiero recordar en estos momentos la promesa del señor Rodríguez Zapatero, que en las dos sesiones de investidura que tuvieron lugar —una en el Congreso de los Diputados y otra en el Senado— se comprometió a la reforma local, y evidentemente no se hizo nada más que algo que a ustedes les gusta mucho, que es crear una comisión de expertos, entre paréntesis sus expertos, que elaboró un libro blanco de los ayuntamientos que no sirvió absolutamente para nada y que estará en el baúl de los recuerdos.

Por cierto, habrá que recordar también el grave quebranto que supuso para los ayuntamientos el gravísimo error del Gobierno socialista en lo concerniente a los adelantos en la participación en los impuestos del Estado, que durante dos años seguidos, 2008 y 2009, con una cifra total de 1514 millones en 2008 y 4600 millones en 2009, supuso ese grave quebranto al que me he referido. Menos mal que el Partido Popular vino inmediatamente con el señor Montoro para permitirnos no devolverlos en cinco años, sino en diez.

Estamos tratando la más innovadora reforma de la Administración Local que se ha llevado a cabo en España en los últimos años. Es innovadora porque por primera vez se van a conocer los mecanismos por los que un ayuntamiento va a ser capaz de prestar servicios en condiciones económicamente sostenibles, por primera vez se van a imponer controles efectivos que eviten el déficit excesivo y, sobre todo, se van a propiciar instrumentos legales que premien la buena gestión, porque permitirán a los buenos municipios ejercer todas las competencias que sean capaces en beneficio de sus ciudadanos.

Esta ley garantiza la prestación de los servicios esenciales con medidas efectivas de gestión en el sector público, a la vez que los ayuntamientos podrán continuar prestando los servicios hasta ahora ofrecidos, contemplándose que los convenios de delegación de competencias entre ayuntamientos y comunidades autónomas deberán garantizar el cien por cien del coste efectivo del servicio.

Es cierto, como se ha dicho, que en este momento las entidades locales no son el problema de endeudamiento público, pero es evidente que los alcaldes y concejales de todos los ayuntamientos hemos tenido que apretarnos el cinturón y tomar medidas drásticas porque si no, no se hubiera permitido la sostenibilidad del modelo municipal español. Y es verdad que nuestros ciudadanos han entendido el mensaje y han colaborado muchas veces en estas decisiones.

Es cierto que uno de los problemas con el que muchas veces nos hemos encontrado los ayuntamientos ha sido que las comunidades autónomas, o en su caso, las diputaciones —me perdonarán ustedes que yo siempre hable más de comunidades autónomas, soy de una comunidad autónoma uniprovincial—, que al final es lo mismo, nos obligaban a firmar convenios de financiación con los ayuntamientos, insuficientes para las competencias que eran suyas, lo que daba lugar a retrasos en el pago, acumulación de deudas por parte de las comunidades autónomas y, en muchos casos, pasar angustias financieras, que no creo que merezca la pena comentar en este momento. Pues bien, esta ley viene a corregir ese gravísimo problema que tenían las entidades locales, ya que el incumplimiento de la financiación por parte de las comunidades autónomas quedará garantizado con la retención de las transferencias del Estado.

Es especialmente relevante que se mantenga la posibilidad de delegación de competencias a los municipios, pero siempre con la aceptación de estos y con plenas garantías para su ejercicio.

Coincido con alguno de los portavoces en que en esta ley subyace un problema, al que ya se ha adelantado el ministro Montoro con su anuncio de la presentación en el año próximo de la ley de financiación de las comunidades autónomas, respetando, por cierto, perfectamente las decisiones tomadas en varias mociones de este Senado, donde decíamos que la financiación autonómica no puede ir separada de la financiación local, y estoy convencido de que el año que viene también tendremos que estar defendiendo nuestros intereses.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular tengo que decir que se presentaron veintisiete enmiendas en comisión, fue retirada una, tuvieron lugar dos correcciones técnicas y se transaccionaron tres. Las enmiendas 421, 423, 424, 425, 427, 432, 435 y 444 son enmiendas técnicas y luego hay otras enmiendas relevantes, pero no voy a entrar a debatir en este momento cuáles son.

Quiero decir algo en lo que todos estamos de acuerdo, y es con la historia de las entidades menores. Nosotros ya habíamos introducido una enmienda, en el sentido de decir que permanecerían como entidades locales, salvo que no cumplieran la estabilidad presupuestaria o incumplieran un mes con los proveedores. Pero es verdad que, entre todos los grupos, y están aquí las transaccionales, hemos dado plena satisfacción a las entidades menores.




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A lo largo de los diferentes debates que se han ido presentando en la tramitación de esta ley por diferentes grupos políticos se han repetido hasta la saciedad dos conceptos por encima de cualquier otro: recentralización y privatización. No estoy de acuerdo con esos dos conceptos, que se repiten constantemente en cualquiera de las leyes que pasan por este hemiciclo, ya que esta ley está plenamente respaldada por el Consejo de Estado, que cuando hace un informe favorable a sus intereses, lo aprovechan y cuando no es así, no le hacen caso. El Gobierno ha dado un ejemplo de trasparencia y, aunque no era preceptivo ni de obligado cumplimiento, hemos querido saber la postura de tan importante organismo.

El proyecto de ley es consciente de la existencia de diferentes regímenes especiales, de manera que contienen numerosas previsiones al respecto, con la finalidad de respetarlos y garantizar que pueden sistematizarse. Se habla del régimen foral vasco, de la Comunidad Foral de Navarra, de la organización referente a Cataluña, de las comarcas, del régimen de Canarias y Baleares y de su organización en cabildos y consejos insulares, de Ceuta y Melilla y de los regímenes especiales de Madrid a Barcelona.

En cuanto a la acusación mil veces repetida de que el Partido Popular con esta ley va a privatizar servicios públicos, quiero recordar, aparte de los ejemplos que esta mañana mi compañero y amigo Antonio Sanz ha puesto en relación con las diferentes alcaldías, quiero decirles que yo, cuando entré a gobernar en la ciudad de Calahorra en 1995 —y estamos hablando de hace unos años— ya estaban privatizados la recogida de basuras, las limpiezas y otros muchos servicios. A mí me gustaría ahora mismo preguntar a los alcaldes de Zaragoza, a los exalcaldes de La Coruña, al exalcalde de Alcorcón, al alcalde de Calahorra, al alcalde de Mérida, al alcalde de Málaga si han privatizado servicios o esto ya venía arrastrado por una inercia hecha por todos los grupos políticos, absolutamente por los grupos políticos. Usted, señor portavoz del Partido Socialista, creo recordar que también fue alcalde, también le preguntaría a usted si cuando usted estaba gobernando, tenía servicios privatizados. Yo lo que creo es que todos y cada uno de los muchos alcaldes que estamos aquí hacemos prácticamente lo mismo y esta ley no tiene ninguna novedad para que se nos acuse en cuanto a las posibles formas de gestión, porque se están realizando cosas en todos los ayuntamientos de todo el arco político. Pero es igual, señores socialistas, a ustedes les da igual, siempre utilizaron los mismos argumentos —arcaicos, retrógrados—. Siempre dirán que lo estamos privatizando —hablen de la ley que hablen, da igual—, que estamos privatizando los servicios sociales, que estamos privatizando los servicios municipales, que privatizamos la sanidad, que privatizamos la educación, y lo usan como un mantra que todo lo invade, y lo que quieren conseguir, a base de repetir mil veces los mismos argumentos, es que la sociedad se los crea. Pero es verdad que los ciudadanos son conscientes de que cuando ustedes gobiernan en las diferentes instituciones, utilizan los mismos mecanismos que el Partido Popular.

Ya he hablado de las enmiendas presentadas con respecto a las entidades menores. Creo que todos estamos de acuerdo, y de ahí que hayamos adoptado la enmienda transaccional, con que es un conjunto de entidades muy representativas de la España rural y de la España que, día a día, están luchando por conseguir su personalidad.

Otra cosa que me ha gustado de esta ley es que se hable de las retribuciones, que se hable de las dedicaciones exclusivas y que se hable del número de trabajadores eventuales en las administraciones locales, con lo cual el año que viene o en el 2015, cuando nuevamente se trate el tema del acta de toma de posesión de los alcaldes, las retribuciones y tal, no se dará la primera batalla política de la legislatura, puesto que ya está perfectamente legislado. Yo les quiero decir que, por lo que a mí me afecta, el sueldo sería mejor con esta ley, el número de concejales liberados me permite subir a diez cuando tengo solamente tres, el personal eventual no podrá exceder de siete y tengo solo uno. También entiendo que los ayuntamientos y otras comunidades autónomas tienen otros números mucho más altos. Y yo creo que esta regulación permite la satisfacción de todos los ayuntamientos.

En cuanto al resto de enmiendas, quiero destacar que el Grupo Parlamentario Socialista, además de presentar la propuesta de veto, ha presentado una serie de enmiendas, todas de sustitución o de eliminación. No hay una sola enmienda que permita conocer cuál es el criterio del Partido Socialista respecto a la reforma local que estamos debatiendo en estos momentos. Tenemos constancia de que a algunas de las muchas asociaciones, con las que todos los grupos políticos hemos tenido reuniones durante estos días, les han preguntado por cuál es su modelo de




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reforma local, y, desde luego, no han recibido ninguna contestación. Creo que no saben ni tienen ni idea de qué hacer con los ayuntamientos. ¿O qué es mejor decir: que todo está mal, quitamos todos los artículos y no molestarse siquiera en tener su propio criterio de organización local? Se han limitado a ir por toda España —además eso lo hacen bien, perfectamente sincronizados— repitiendo las mismas falsedades y las mismas mentiras en todos los sitios.

Por cierto, nosotros estamos dando un ejemplo de oír a los ciudadanos, aunque ustedes digan que no, de oír a las asociaciones, de oír a la Federación de Municipios, de ir presentando correcciones sobre la ley. Y ustedes hablan mucho de rodillo y de que no queremos admitir las enmiendas de la oposición. Pues, señorías, esta mañana cuando venía a Madrid a una hora, por cierto, muy temprana, y con muchísimo frío, he oído una noticia que me ha dejado la muestra de lo que ustedes entienden por pactar con la oposición. He oído que el Partido Socialista de Castilla y León estaba de acuerdo con el Partido Popular de Castilla y León en cuanto a la reforma local. Y este fin de semana ha llegado el señor Óscar López, secretario de Organización, y ha roto el consenso porque no les conviene que en una comunidad estén unidos el Partido Popular y el Partido Socialista en defender esta reforma.

Hay un concepto que ustedes utilizan con mucha frecuencia y que yo creo que los ciudadanos ya lo van cambiando. Ustedes, señores del Partido Socialista, dicen que son los progresistas y nosotros los conservadores. Pues la verdad es algo que yo no entiendo ni lo entienden los ciudadanos. Señoría, la realidad actual es que en dos años que lleva gobernando el Partido Popular están a punto de aprobarse —porque todavía algunas se están tramitando aquí— noventa y un leyes, tela marinera, y creo que ustedes, señorías del Partido Socialista, de esas noventa y un leyes no han aprobado ni una —perdónenme si han aprobado alguna y no tengo constancia de ello—. Pero es verdad que el Partido Popular está realizando un importante programa de reformas que está cambiando la malísima situación que ustedes nos dejaron.

Voy terminando. Esta ley es difícil, es complicada, con muchísimas aristas, muchos casos particulares a veces difíciles de solucionar. Cuando se ponga en vigor esta ley, nos quedará un tiempo por delante de la política, es decir, que tendremos que negociar los ayuntamientos, en mi caso, con la comunidad autónoma y, en otros casos, con las diputaciones, pero estoy seguro de que llegaremos a soluciones que impidan las duplicaciones administrativas, evitaremos las llamadas competencias impropias, y junto con la nueva ley de financiación autonómica y local quedarán perfectamente clarificadas las competencias y las finanzas de las diferentes administraciones, que es el principal objetivo del Gobierno del Partido Popular.

Es momento también, como todos han hecho, de hablar maravillosamente bien del mundo municipal y de felicitar a todos y cada uno de los que empiezan la política. Yo siempre digo que la política municipal, y me enfado un poco cuando veo a alguna persona que llega a diputada parlamentaria autonómica o nacional o a senadora nacional sin haber pasado por la política municipal, es una escuela de aprendizaje y de servicio. Yo les digo a ustedes que llevo diecinueve años y, desde luego, es verdad que se es alcalde las veinticuatro horas del día —menos estas dos últimas semanas que estoy mucho tiempo en el Senado y ya me están recriminando, como es normal—. Quiero felicitar también la Navidad a todos ustedes, supongo que es mi última intervención en este año. No sabía si atreverme a decir feliz Navidad o decir feliz vacaciones de invierno, dado que ustedes están en este momento un poco alborotados y quieren romper el concordato y no se qué. Me decía que igual era mejor desearles felices vacaciones de invierno, pero, en fin, felices navidades. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Quiero destacar también que, al subir a la tribuna, había siete enmiendas transaccionadas por todos los grupos, en algún caso no por Convergència i Unió, porque ellos tienen la propia suya. En ellas se recogen cosas importantes de la comunidad foral de Navarra; las condiciones de las entidades locales. Hay enmiendas firmadas de los grupos parlamentarios Socialista, Entesa, etcétera; de los cabildos y consejos insulares; otras del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y del Grupo Parlamentario Vasco en cuanto a los consejos insulares y sus presidentes; otras de la Entesa respecto a las corporaciones locales, las retribuciones; y otras más de las entidades locales.

Termino mi intervención, dando las gracias a todo el mundo.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pagola.

Pasamos a turno de portavoces.

Grupo Parlamentario Mixto. (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

Grupo Parlamentario Vasco.

Tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.

La verdad es que nos hemos perdido entre papeles y por eso he tardado un poco en subir a la tribuna.

Antes de que comenzara el trámite parlamentario, las ciudades vascas remitieron al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informes sobre el Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad por medio del Gobierno vasco, de las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y de la Asociación de Municipios Vascos EUDEL. A juicio de las cuatro instituciones mencionadas, parecía evidente que existía una serie de problemas en los siguientes ámbitos. Especialmente se entendía que existía una injerencia en el principio de autonomía local; se solicitaba la inclusión de las pertinentes disposiciones adicionales que conllevaran la no aplicación de la reforma en el ámbito de la comunidad autónoma de Euskadi al amparo de las singularidades institucionales y financieras propias, derivadas de la disposición adicional primera de la Constitución española; y se consideraba imprescindible preservar con la adición de las correspondientes disposiciones las singularidades propias del sistema foral del régimen local en lo relativo a la garantía de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, al sistema retributivo de los miembros de las corporaciones locales y personal a su servicio, a las competencias sobre los funcionarios con habilitación de carácter estatal y a las competencias en materia de función pública local, a las facultades sobre organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno de la comunidad autónoma de Euskadi —comunes, forales y locales—, a su articulación territorial —entidades locales menores, por ejemplo—, así como en lo que respecta a la cláusula subrogatoria ya prevista en la normativa estatal de régimen local, artículo 39 y disposición adicional segunda de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El Grupo Parlamentario Vasco en Cortes Generales hizo suyos estos argumentos y también consideró que el proyecto de ley presentado para su tramitación en el Congreso no preservaba la garantía institucional de la autonomía local en los términos en que constitucionalmente estaría obligado a tutelar. Tanto la Constitución, en la interpretación otorgada por el Tribunal Constitucional, como en mayor medida si cabe la Carta Europea de la Autonomía Local se veían ignoradas en el texto de este proyecto al no encontrar el adecuado reflejo de los principios de democracia, proximidad y descentralización. Entendíamos que se producía un desplazamiento del ámbito de poder municipal a otras administraciones, teniendo en cuenta exclusivamente motivos de índole económica. En este sentido el mapa municipal actual se reordenaba implicando un desapoderamiento ex lege de competencias que hasta ahora ejercían las entidades locales, de tal manera que la reforma debilita de manera importante la autonomía política.

Porque, señorías, no debemos olvidar ni obviar que las entidades locales son también poderes públicos con mayúsculas, en la misma categoría que el resto de los estamentos de dicho poder público, con funciones administrativas y responsabilidades de gobierno; poderes públicos obligados a cumplir con el mandato que los ciudadanos y ciudadanas les hacen a través de las urnas; poderes públicos que tienen que poder tomar decisiones en función de sus orientaciones políticas emanadas del pueblo con total autonomía para hacerlo. Autonomía política, capacidad de autoorganización y suficiencia financiera.

Por esto consideramos también que se dañaba un principio democrático en cuanto que se mostraba un diseño acabado de la organización de los órganos de gobierno de las entidades locales mediando mandatos limitativos a la estructura de tales órganos, a las retribuciones o a la dedicación de los miembros del personal a su servicio. Tales preceptos casan y casaban mal con la garantía de un principio democrático que debería incorporar más bien la responsabilidad y solvencia de los gestores y representantes políticos en el ejercicio de sus funciones. Iban, por tanto, todos ellos en contra de lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución española.




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Por otra parte, al Grupo Parlamentario Vasco también le llamó la atención el régimen de control descentralizado establecido sobre los entes locales a través de los órganos interventores y otros instrumentos del Gobierno central, manifestándose en instrumentos como la obligatoriedad de la remisión de informes anuales por parte de los interventores de las entidades locales a la Intervención General del Estado, la obligación de incluir en las asunciones de delegaciones de competencias una cláusula que garantice el cumplimiento de los compromisos de pago con las entidades locales a través de la autorización a la Administración General del Estado para practicar retenciones en las transferencias que pudieran corresponder a su favor, o la posibilidad de remisión de la resolución municipal al órgano que ostente la tutela financiera en caso de discrepancias entre el pleno de la corporación y la intervención municipal.

En otro orden de consideraciones, el Grupo Vasco consideró que el texto del proyecto de ley presentado en el Congreso no tenía en cuenta suficientemente la singularidad del régimen local en Euskadi, derivada de sus derechos históricos y amparada en la disposición adicional primera de la Constitución y cuya actualización general ha sido operada en el propio Estatuto de Gernika, en la Ley de concierto económico y en las demás normas que actualicen los derechos históricos de los territorios forales, normas todas ellas que constituyen, según doctrina constitucional, el marco normativo primario atributivo de competencias y facultades en la materia. La doctrina jurisprudencial ha interpretado también que los procesos de actualización del régimen foral vasco pueden suponer actualizaciones privativas con contenidos alternativos que a su vez pueden suponer la exclusión de aplicación de reguladores básicos estatales.

Esta perspectiva afecta a la materia de régimen local, entendida en un sentido amplio y no ligada únicamente a los aspectos referidos al régimen económico financiero local. Este peculiar sistema foral de régimen local ha tenido amplio reconocimiento, entre otras, en las vigentes leyes: en la Ley de bases de régimen local, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la cláusula subrogatoria prevista en el artículo 48.5 y en la disposición adicional tercera de la Ley de concierto económico. Las citadas leyes disponen su aplicación modulada en el ámbito de la comunidad autónoma de Euskadi a las peculiaridades forales y no solo respecto a la organización y régimen y funcionamiento de las instituciones y órganos forales de los territorios históricos, sino también a otros ámbitos materiales tradicionalmente integrados en los regímenes privativos de cada territorio histórico, como los tradicionales planes forales de obra, servicios, asistencia y asesoramiento técnico a los municipios, los que versaban sobre los funcionarios con habilitación de carácter estatal y aquellos otros vinculados con el régimen económico financiero municipal —el establecimiento de tributos locales bajo regulación propia, el establecimiento del régimen general de financiación municipal, la financiación que siempre ha sido de cuantía superior a la de los entes locales de régimen común, la estabilidad presupuestaria y la tutela financiera de los entes locales.

Resumiendo todo lo antedicho, el Grupo Parlamentario Vasco consideró que el referido sistema foral de régimen local podía quedar reducido de forma sustancial, en clara vulneración de la propia Constitución, del Estatuto de Gernika, en los que se fundamenta el antedicho sistema foral de régimen local.

Por ello entendimos la necesidad de incorporar al proyecto una serie de disposiciones referidas al régimen local que preservaran el ámbito de la foralidad en las cuestiones por este proyecto tratadas y que se encuentran conectadas de manera mediata o inmediata a la estabilidad presupuestaria y a la suficiencia financiera de las entidades locales vascas, así como el control y la fiscalización de su gestión económica, financiera, contable y presupuestaria, todo ello con el único objeto de preservar el que hemos venido en denominar sistema foral de régimen local.

En este sentido, las negociaciones y los acuerdos entre el Grupo Parlamentario Vasco y el Gobierno, el Grupo Popular y el Gobierno han permitido incluir en el trámite parlamentario recorrido hasta el momento presente las tan necesarias disposiciones en el proyecto de ley para garantizar un mínimo cumplimiento de los objetivos antes citados.

Es evidente que desde la perspectiva vasca el proyecto de ley que comenzó su tramitación y este que ahora analizamos no tienen demasiado en común. Es una satisfacción para nosotros, por tanto, ver plasmadas nuestras consideraciones en el proyecto y sobre todo, tras acordarlo en el




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trámite de esta Cámara, ver el reconocimiento y el reforzamiento de la capacidad de las instituciones vascas de atribuir en sus respectivos ámbitos competenciales competencias como propias a los municipios con sujeción, en todo caso, a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, y constatar también que, con las disposiciones añadidas, el objetivo de preservar el sistema foral de régimen local es más posible.

Quedan algunas cuestiones que necesitamos seguir incorporando —que estamos intentando incorporar— como las referentes a la función de los órganos estadísticos propios en la gestión del padrón municipal, las diversas consideraciones referentes a los consorcios —en lo que estamos trabajando en este momento—, la eliminación de los enclaves provinciales existentes en la comunidad autónoma vasca o la consideración como no sujetas a IVA las entregas de bienes y prestaciones de servicio realizadas directamente por los servicios públicos mediante contraprestación de naturaleza tributaria. Tareas que entendemos imprescindibles para mantener el respeto debido a las instituciones propias del País Vasco y que consideramos de suma importancia consensuar en la misma línea que se ha llevado hasta ahora.

Por todo lo expuesto, aun esperando, repito, que en estos últimos minutos de tramitación del proyecto de ley que nos quedan podamos acordar alguna de nuestras enmiendas pendientes, votaremos a favor de este proyecto de ley. Y todo ello —también es cierto— a pesar de que esta no es nuestra ley, no es la ley que el Grupo Vasco hubiera querido hacer, al igual que no lo fue ni lo es la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Pero, repito, entendemos que los acuerdos alcanzados y las mejoras introducidas nos permiten votar favorablemente al proyecto de ley, que es lo que en este trámite vamos a hacer.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: President, muy brevemente.

Llegamos al final del trámite del proyecto de reforma de la planta local del Estado y cabe hacer una reflexión acerca de dónde nace esta insistencia en reformar las entidades locales.

Europa exige al Estado español una serie de reformas, entre ellas, la reforma de la Administración. Se argumenta que hay demasiados ayuntamientos que generan un volumen de gasto que se debería eliminar, y el Partido Popular el primer intento que realiza es el de eliminar municipios y/o fusionarlos. Evidentemente, esto produce un rechazo frontal, un rechazo social, y entiendo que el Gobierno cambia de táctica, de forma que, para obtener el mismo resultado, vacía de contenido a los ayuntamientos.

Argumenta que el traspaso de competencias a las diputaciones establecerá un ahorro, garantizará la sostenibilidad financiera, dotando a las diputaciones de unas competencias para las que no están capacitadas ni tienen experiencia ni los recursos necesarios para llevarlas a cabo, con lo cual se presta a la privatización de los servicios que hasta ahora realizaban los ayuntamientos y que a partir de la entrada en vigor de esta ley deberán prestar las diputaciones. Pero a la hora de vender esta reforma a Europa quedara muy bien decir que todas las competencias de los 6800 ayuntamientos menores de 5000 habitantes pasarán solamente a gestionarse a través de 51 diputaciones; esto vende muy bien. Se ha hecho una reforma realmente muy profunda.

En realidad, la reforma local se podía haber planteado de diferentes maneras; que se haya presentado esta no quiere decir que sea la única y la válida para modificar el Estado de las entidades locales. Encuentro a faltar que el Gobierno que representa los intereses españoles en Europa no haya sido capaz de defender cómo es el Estado español, y aquí, en el trámite en el Senado, se ha podido apreciar que la forma de estructurarse el Estado es muy diversa y muy peculiar: tenemos cabildos, consejos insulares, ciudades como Ceuta o Melilla, ciudades de costa que duplican y triplican su población en épocas puntas del año; tenemos municipios de montaña, con sus peculiaridades atmosféricas y de orografía; tenemos la meseta, con dispersión de núcleos muy amplia; tenemos grandes ciudades que necesitan de una capacidad propia para gestionar sus propios intereses. Y lo que encuentro a faltar es que el Gobierno del Estado español no haya sabido defender esa diversidad, esa especificidad de España ante Europa; que no haya intentado buscar el cambio de opinión de Europa en relación con el cambio en el que se insiste en la




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Administración. Por otro lado, podía haber optado por modificar la Administración General del Estado y no tocar la local, pero no ha sido así.

Por lo tanto, con esta reforma de alguna manera también se está repudiando a todas aquellas personas que están dedicándose a la vida pública en las entidades locales y que son también representantes del Partido Popular. Y menospreciar su tarea diaria en esos pueblos, en esas ciudades, creo que no es de recibo de un Gobierno de un Estado.

Esta no es la reforma local que estábamos esperando desde hace tanto tiempo. En vez de muscular esas competencias locales impropias que desde hace muchos años llevan desarrollando las entidades locales, en lugar de plasmar en el papel, en la legislación la realidad de lo que está pasando, de lo que afronta cada ayuntamiento en sus pueblos, se ha optado por evitar reconocer la realidad; evitar reconocer qué es lo que han desarrollado estos ayuntamientos, qué servicios están prestando a sus ciudadanos, y acometer de una vez por todas una financiación que dé respuesta a la prestación de estos servicios con la garantía suficiente. También es evidente que el cambio de las competencias a otras administraciones nunca va a ser tan eficaz y tan eficiente como las que puedan desarrollar los municipios. ¿Por qué? Porque faltará ese principio de la proximidad, ese principio de conocer la realidad local, con lo cual, vuelvo a repetir que mi grupo rechaza de pleno este proyecto y pediríamos otra vez la devolución de este proyecto de ley al Gobierno.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El senador BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Subo a esta tribuna en el turno de portavoces sin tener claro cuál va a ser la situación general en el momento de votar la ley, aunque a alguien le pueda sorprender, porque, teóricamente, quedan dos portavoces por intervenir. Parece que hemos llegado a un acuerdo con la mayoría de los portavoces de los grupos para poder aplazar la votación de esta ley a mañana por la mañana en aras de intentar transaccionar alguna enmienda, a efectos de poder facilitar una mejor ley, una ley que no va a cambiar nuestro posicionamiento en términos generales, pero sí que agradeceríamos que se pudiese mejorar.

Vaya por delante que en estos momentos —porque nuestro grupo también ha facilitado la transacción— hemos arreglado la aplicación de esta ley —y los territorios se sienten satisfechos— en el País Vasco; hemos resuelto la aplicación de esta ley en Navarra; hemos resuelto la aplicación de esta ley en los cabildos y los consells insulars y hemos resuelto la aplicación de esta ley en Aragón. Pero, de momento, aquí estamos. Aragoneses, navarros, vascos, felicidades; gentes de las islas, felicidades; los demás, esperando. Estamos esperando y esperamos resolverlo, porque la verdad es que yo no tengo ni capacidad ni coraje para ir a Cataluña y explicar que los vascos, los navarros, los aragoneses, los isleños han solucionado su problema y que en Cataluña el problema está por resolver. Eso va a ser muy difícil de explicar. Por tanto, vamos a trabajar con todo el ahínco y, si no tenemos que dormir, no dormiremos esta noche para poder llegar a una solución, porque si no, alguien tendrá que ir a Cataluña —y no voy a ser yo ni los senadores de mi grupo— a explicar cómo se resuelven las competencias en el País Vasco, en Navarra, en Aragón y en las islas y no se resuelven en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Va a ser difícil de explicar, pero, en todo caso, es el reto que nos queda en estos momentos, reto que aceptamos de grado. Podíamos haberlo hecho durantes estas tres semanas que llevamos hablando, pero, en todo caso, estamos donde estamos y agradecemos esta flexibilidad de todos los grupos en cuanto a aplazar la votación para poder llegar a este acuerdo.

Sí quisiera aprovechar el turno de portavoces para efectuar una reflexión que no he hecho cuando he planteado las enmiendas porque me parecía más propio de ese turno y que creo que podría favorecer los debates en próximas sesiones para todos los grupos. Esta mañana hemos oído en el debate hacer referencia —y les hablo como alcalde de mi ciudad— a situaciones de ayuntamientos concretos, aunque sus alcaldes sean senadores o no sean senadores. Son situaciones de ayuntamientos muy concretos y entiendo que el debate político referente a cualquier ayuntamiento se debe dar en los Plenos de estos ayuntamientos y no en Cámaras como esta,




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aunque sea una Cámara territorial. Por tanto, desde nuestra perspectiva, una cosa es que utilicemos ejemplos —yo a veces utilizo ejemplos de mi ayuntamiento para enriquecer el debate— y otra cosa es que entremos en un debate afeando las actuaciones o no de algún alcalde o de algunos alcaldes en algunos ayuntamientos concretos, porque eso, seguramente, desvirtúa la dirección del debate, no enriquece y solamente va a generar mayor crispación. Es una reflexión que dejo encima de la mesa.

Hay otra reflexión que querría hacer en este turno de portavoces y que he apuntado en la anterior intervención. Estamos reformando una parte de la Ley de bases y, dentro de la Ley de bases, estamos reformando el tema de las competencias de los ayuntamientos, limitando —desde nuestra óptica, al menos a aquellos que no se les respeten las competencias estatutarias— la capacidad de actuar por parte de los ayuntamientos y limitando la autonomía de cada uno de los municipios. Pero que no se engañe nadie, con eso no vamos a hacer más sostenibles los ayuntamientos. Si detrás de esta ley, si inmediatamente detrás de esta ley no hay una ley de haciendas locales, nuestros ayuntamientos, a pesar de que aprueben ahora esta ley, van a ser menos sostenibles y menos racionales. Por tanto, es fundamental aprobar la nueva ley de haciendas locales. Y ya les apunto que si no implica un nuevo sistema de financiación, con una participación en los ingresos del Estado diferente y con una capacidad tributaria también diferente a la existente en estos momentos, no va a servir absolutamente de nada este trámite parlamentario que se está efectuando ahora, porque, de aquí a dos años, se va a ver que los ayuntamientos no son sostenibles, porque no lo son. Ahora están haciendo un gran esfuerzo para generar —y lo están consiguiendo— este pequeño superávit en términos de PIB, pero este esfuerzo no se puede mantener en el tiempo, porque, si se mantiene en el tiempo, lo que sí se va a deteriorar con toda seguridad es la calidad de los servicios públicos que están prestando cada uno de estos municipios. Por tanto, insto al grupo mayoritario y al Gobierno al cual apoya el grupo mayoritario a presentar con carácter inmediato esta reforma de las haciendas locales.

Otra reflexión. Yo soy alcalde desde hace seis años y llevo dos años de experiencia en estas Cámaras, y haciendo una lectura de cómo se han ido desarrollando las cuestiones de financiación local y financiación autonómica durante los últimos años ya les avanzo que si la ley de haciendas locales se vincula a la nueva LOFCA, a la nueva ley orgánica de financiación de comunidades autónomas, las entidades locales van a salir perdiendo. Se debe tramitar de forma independiente la financiación local de la financiación de las comunidades autónomas. En la medida en que esta tramitación sea paralela y se quiera agrupar el debate de estas dos importantes leyes, ya les avanzo que, una vez más, las instituciones locales, los municipios y las diputaciones van a salir perdiendo. Por tanto, no les puedo avanzar cuál va a ser nuestro posicionamiento en cuanto a las diferentes enmiendas porque todavía no sabemos cuáles vamos a votar. Espero que, sea cual sea nuestro posicionamiento final, al menos se pueda transaccionar alguna de estas leyes y, aunque no sea con nuestra conformidad, alguien pueda ir a Cataluña y decir que se ha solventado la aplicación de esta ley en Navarra, en el País Vasco, en los cabildos, en las islas, en Aragón y, aunque sea mínimamente, también en Cataluña.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la verdad es que aunque ha sido un trámite parlamentario corto, poco más de dos meses, el Gobierno empezó a hablar de ello hace más tiempo. Esas ocurrencias de que se iba a disminuir un 30% el número de concejales para ahorrar, eso de que se iban a eliminar las mancomunidades, de que se iban a fusionar los ayuntamientos de menos de 5000 habitantes, o de que se iban a destituir los cargos electos locales —tuvo que salir, incluso el Consejo de Estado, preventivamente, advirtiendo que no era posible—, fueron los prolegómenos de lo que ha sido una tramitación realmente caótica. Ahora nos preguntaba el senador Bel acerca de qué iban a decir en Cataluña —o en Andalucía, en Extremadura, en Murcia o en Valencia—. Porque es verdad que sobre la marcha se han intentado ir resolviendo demandas de determinados colectivos territoriales o de otra índole. Y se ha hecho así, como se ha dicho, en algunos territorios.




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A última hora, a través de una modificación en una disposición transitoria, se ha dado respuesta, o, por lo menos, tranquilidad a los representantes de las entidades locales de ámbito inferior al municipal, pues se les había excluido del reconocimiento de entidad local. Y parece ser que todavía se está negociando para intentar contentar a los propios senadores del Partido Popular que pertenecen al PAR.

¿Es que da lo mismo? ¿Es lo mismo, realmente? Señores, hay algo que caracterizaba al mundo local español, la uniformidad de las normas básicas. Esto se lo han cargado. Han sacado del saco a una serie de territorios y las normas que se apliquen a esos ayuntamientos serán las que dicten sus comunidades autónomas, mientras que en el resto del país será distinto. Como diría un antiguo alcalde, eso ha sido una auténtica chapuza.

Señorías, creo que para todos aquellos que hemos dedicado una parte de nuestra vida, en algunos casos, quizá, la mejor, hoy es un día para sentir un poquito de pena, porque se está intentando acabar con un modelo que durante treinta y cuatro años de la vida democrática de nuestro país ha hecho que decenas de miles de alcaldes, de concejales fueran desarrollando e intentando que las ciudades, los barrios, los pueblos, se convirtiesen, además de en espacios de convivencia en libertad, en desarrollo de políticas de progreso en igualdad, en apoyo a la infancia, a la juventud, a la protección del medioambiente, del ocio, de la cultura, del deporte, a los mayores y a la discapacidad.

Asimismo, en estos treinta y cuatro años, señorías, se han mejorado y extendido los servicios básicos, los de las infraestructuras y también se fueron creando otros nuevos, la atención domiciliaria, la asistencia en centros de día o la formación de adultos. Y las corporaciones locales han contribuido de forma decisiva a mejorar en su ámbito la educación básica, la sanidad y, muy especialmente, los servicios sociales. Han sido y son la primera puerta a la que llama todo aquel vecino que tiene algún problema y que necesita ayuda. También han desarrollado políticas de importancia en cuanto al desarrollo económico y a la creación de empleo en sus municipios. Podemos decir, señorías, que nada sería igual hoy en día en nuestro país sin su acción política. Su lucha siempre fue por el reconocimiento de esta labor. Su lucha fue por su aportación al bienestar ciudadano y porque la cohesión social y territorial les fuese reconocida. Su afán era que se les dotara de esa suficiencia financiera que la Constitución española les reconoce. Porque, señorías, todo eso se ha hecho sin incrementar ni una décima la participación en el gasto público de los ayuntamientos de este país. En 1980, de cien pesetas que se gastaban públicamente en España, trece gastaban los ayuntamientos. En 2014, de cien euros que gasta públicamente el Estado, trece euros gastan los ayuntamientos. Ni una décima más. El mismo trozo de tarta.

Señorías, el desarrollo del Estado autonómico relegó durante más de dos décadas el desarrollo de las corporaciones locales, del mundo local. Por eso, los alcaldes, las alcaldesas, se reunieron en noviembre de 1991, en Zaragoza, en su quinta asamblea, bajo un lema: la fuerza del poder local. Dos años después, en noviembre de 1993, en La Coruña, celebraron una asamblea extraordinaria. El lema era casi un grito: pacto local, ya.

Y esa ha sido la tónica general de la evolución de las reivindicaciones, por las que pacífica y democráticamente han luchado los ayuntamientos de nuestro país, sus equipos de Gobierno, por su financiación, por su reconocimiento como tercer pilar en el que se asienta la estructura territorial de nuestro país.

Estas contrarreformas se justifican en aras de la sostenibilidad. Veamos, señorías: 13% del gasto público, como hemos dicho, 4% de deuda del PIB, 94% alcanza la deuda pública total; pues el 4% corresponde a los ayuntamientos y el ministro nos decía ayer que este año van a cerrar con superávit. ¿Que hay excepciones? Sí, y alguna muy cercana. El 20% de esa deuda de la que hemos hablado corresponde solo al Ayuntamiento de Madrid. Corríjanse, denúnciense, pero no castiguemos a toda la Administración Local. Y si esto es así, ¿por qué entonces esta contrarreforma? Dijo el poeta francés que conocer la causa de las cosas ayuda a ser feliz. No sé si nos va a hacer felices conocer las causas de esta reforma que nos trae el Partido Popular y su Gobierno. A mí no me hace feliz. Veamos. Europa no lo exige; al contrario, la Carta Europea de la Autonomía Local y el principio de subsidiariedad dicen todo lo contrario. No se disminuyen costes con esta ley, ni se clarifican competencias, ni evita duplicidades, ni simplifica burocracia, como se dice entre sus objetivos. No la quieren ni los suyos, ni los propios alcaldes del Gobierno del Partido




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Popular la quieren. De hecho, se han ido posponiendo algunas decisiones, porque las comunidades autónomas tampoco estaban de acuerdo.

Señorías, les voy a hacer un relato, un relato que puedo hacer por haber coincidido en el desarrollo de las leyes que últimamente estamos viendo en el Senado. En primer lugar, alguien ha escrito un guión, un guión que está desarrollándose milimétricamente. Primero, se bonifica el 95% en el IBI, en el IAE, en las plusvalías. Se permite que los ayuntamientos puedan bonificar el 95%. En segundo lugar, esta ley crea paquetes con los servicios públicos, paquetes manejables, de modo que las grandes empresas de este país puedan ir a su adjudicación, negociando con 40, 50 entes provinciales, en vez de con miles de ayuntamientos; será más fácil el reparto territorial de los mismos. En tercer lugar, se les garantiza el cobro. La ley de la deuda comercial que hemos aprobado garantizará a las grandes empresas concesionarias, como las eléctricas, el cobro de las deudas, que era una de las cuestiones más difíciles que había para la concesión de los servicios públicos. Y, por último, mañana veremos cómo se flexibilizan los pliegos de condiciones para adjudicación de las concesiones de servicios en una enmienda aquí, en el Senado, una enmienda de seis páginas a la ley de la factura electrónica que permitirá hacer un traje a medida para estas concesiones a las corporaciones que vayan a adjudicar servicios.

Y todo esto, señorías, una vez más, sin negociar con nadie. Hablan de consenso, hablan de intento de acuerdo: 1984, 202 diputados del PSOE en el Congreso de los Diputados, un año tardó en tramitarse esta ley; pasó cinco veces por el Congreso de los Diputados en Pleno y tres por comisión. Se llegó a un consenso. Eso es querer consenso; 202 diputados en el Congreso de los Diputados. Señorías, no somos iguales unos que otros en este tema. Pero no solamente tienen poca sensibilidad democrática, de consenso, sino que demuestran una falta de sensibilidad municipal. Lo demostraba el ministro Montoro. Dedicó tres cuartas partes de su intervención a hablar del plan de proveedores, de las ayudas financieras y, al final, leyó dos folios referidos a la reforma local. Ni él ni nadie de su ministerio tienen conocimiento, además de falta de sensibilidad social. Señorías, no hay cosa peor que romper esa red asistencial que se había creado en el ámbito municipal. Gente conocedora de la situación, como pueden ser dirigentes de las estructuras de Cáritas, nos lo han hecho saber. Es innecesario y creará problemas a los más necesitados, a esa gente para los que no solo representa la primera puerta a la que llamar sino la única puerta de la que pueden esperar alguna respuesta.

Y termino, señorías. Dentro de año y medio buscaremos hombres y mujeres para que encabecen las listas municipales, para ser alcaldes y alcaldesas, y nos preguntarán qué pueden hacer por sus vecinos, por su pueblo, pero tendremos que decirles que muy poquita cosa, porque, cuando algún vecino le venga a pedir una ayuda en algún ámbito, en algún tema complementario en educación, en sanidad, en deporte, en ocio, etcétera, le tendrá que decir que no puede, que vaya a la junta, a su comunidad autónoma o a su diputación, y, posiblemente, entonces, muchos nos digan que en esas condiciones no quieren ser alcaldes.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador García.

El señor GARCÍA MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías.

La verdad es que siete horas de debate del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local nos indican la importancia de esta ley y la preocupación que tienen los ciudadanos de los más de 8000 municipios de España, porque nos preocupa a los alcaldes, preocupa a los partidos políticos y preocupa a los responsables de las asociaciones sindicales. En definitiva, es una ley que viene siendo demandada, y, como han dicho los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra, los alcaldes lo han manifestado desde el año 1991, desde 1999; es decir, venimos reclamando un cambio en las bases del régimen local en los gobiernos locales. Tenemos una ley por la que han pasado treinta años, que ha sufrido veinte modificaciones y, por tanto, se hace necesario adaptarla, en competencias, al siglo XXI.

Permítanme decirles —y con esto quiero responder también al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista— que en la ponencia hemos participado dos personas del Partido Popular que llevamos casi veinte años como alcaldes y trabajando en el municipalismo. Usted decía que




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los alcaldes del Partido Popular no quieren esta ley pero, perdóneme, señor Vázquez, sí queremos esta ley, sí queremos que se reforme el Gobierno local, (Aplausos.) sí queremos que haya una clarificación de competencias con financiación, porque los ayuntamientos queremos gestionar calidad, gestionar servicios, atender a nuestros ciudadanos, y para ello necesitamos clarificar competencias y tener financiación, y esta ley lo dice: clarificamos competencias y tenemos sostenibilidad financiera.

Fíjese, señor Vázquez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se ha dicho esta mañana: si esta ley es tan importante como venían diciendo, ¿por qué no la hicieron ustedes? Hoy se estaban quejando aquí de que no les gustaba el modelo local y que por eso no apoyaban la ley, y mi pregunta es: ¿ocho años de Gobierno del señor Rodríguez Zapatero no fueron suficientes para elaborar la ley que quería el municipalismo? ¿O es que no tienen modelo? ¿O es que son incapaces de hacer una ley de reforma local? Esta actitud inmovilista ha perjudicado a los más de 8000 alcaldes de los municipios españoles. ¿Cuál es su mensaje? Lo hemos visto a lo largo de este debate, meter miedo: esta ley no sirve para nada. Se están quedando solos ustedes, el Grupo Parlamentario Socialista, en el discurso del miedo y en decir que la reforma no vale para nada.

Ha tenido que ser el Partido Popular, un presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, el que lo anunciara en el debate de investidura y, a diferencia del ex presidente Rodríguez Zapatero, que lo anunció y no lo hizo, el presidente Rajoy lo anunció en el debate de investidura y lo ha hecho: pondremos en marcha un paquete de reformas económicas, empezando por la del sector público, para primar la austeridad, lograr la mayor eficiencia y evitar duplicidades, atendiendo a la premisa de: una Administración, una competencia. Y en el ecuador de esta legislatura, en el ecuador del Gobierno del Partido Popular, del presidente Mariano Rajoy, se presenta en las Cortes Generales este proyecto de reforma de la Administración Local, la Administración más cercana al ciudadano.

Señorías, el Gobierno del Partido Popular, una vez más, cumple su palabra y acomete aquellas reformas estructurales que son buenas para España y para los españoles, que son una reivindicación histórica del municipalismo y que establecen los parámetros que deben guiar la gestión de los Gobiernos locales del siglo XXI.

Esta mañana el portavoz Sanz ha dicho que no es un proyecto dialogado y consensuado. Pues bien, se trata de uno de los proyectos de ley más consensuados, más debatidos y más dialogados, con transparencia y participación. Fíjense en las enmiendas transaccionales que se están consensuando en este momento, que incorporan borradores porque se ha dialogado, porque se ha intentado mejorar, porque cuentan con las aportaciones de alcaldes, de ayuntamientos y de la federación de municipios; por tanto, hasta este momento se están incorporando enmiendas transaccionales.

La actitud dialogante del Grupo Parlamentario Popular choca frontalmente con la actitud del Grupo Parlamentario Socialista. Y digo que choca frontalmente porque mientras el Grupo Parlamentario Popular dialoga y busca el mayor consenso, y lo hemos visto en el debate de defensa de las enmiendas, para el Grupo Parlamentario Socialista todo era suprimir, suprimir y suprimir. Señores socialistas, sigan buscando porque no han encontrado el modelo de reforma local desde el debacle electoral de las elecciones locales y autonómicas de 2011. Sigan buscando ese modelo de reforma electoral.

Este proyecto de ley es constitucional, y es en la doctrina del Tribunal Constitucional donde, de forma reiterada, se establece, tanto en el artículo 137 como en el artículo 149.1.18, que debe ser el legislador estatal, con carácter general y para todo tipo de materias, quien fije unos principios básicos relativos a las competencias locales. Pero este proyecto de ley no incurre en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas —lo hemos visto en intervenciones anteriores—, muestra el máximo respeto a las comunidades autónomas y a sus estatutos, se ha visto en los acuerdos a los que se ha llegado hasta el momento, y esperamos también poder llegar a algún acuerdo con Cataluña, con flexibilización y diálogo, teniendo en cuenta, por tanto, a las islas, a Ceuta y Melilla, a Navarra, a Aragón, al País Vasco, etcétera. En definitiva, somos respetuosos con las comunidades; pero se ha criticado mucho a las diputaciones, y este proyecto de ley considera que las diputaciones son entes locales imprescindibles para dar una respuesta a los ayuntamientos más pequeños, no a los de 20 000 habitantes. (Rumores.)




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El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

El señor GARCÍA MARTÍNEZ: Y tengo que decirles también —y esto se lo digo al Grupo Parlamentario Socialista— que su discurso es ambiguo y demagógico, y que dicen una cosa en un sitio y otra distinta en otro, y se lo voy a explicar.

El pasado día 9 de noviembre, el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, como todos conocen, el destacado socialista, exsecretario provincial, don Nemesio de Lara, decía en una reunión con el colegio provincial de secretarios e interventores, textualmente, lo siguiente: «Las diputaciones son imprescindibles. Yo sería el primero en llamar a la puerta de las descargas competenciales impropias que estamos asumiendo en estos momentos las diputaciones provinciales.» Por tanto, en unos sitio pronuncia un discurso y en otros, otro distinto.

También han hecho demagogia de las privatizaciones, que para ustedes son mejorar servicio cuando hablamos de gestión indirecta, y para nosotros es privatizar. Se ha hablado mucho de ello. También voy a citar a otro secretario general socialista, compañero nuestro en el Senado, el señor García-Page, que en el Ayuntamiento de Toledo tiene casi todo, el 80%, privatizado.

Se han metido ustedes con la comunidad de Castilla-La Mancha. Han dicho que no paga a los ayuntamientos. Hemos criticado que en el sistema de competencias y de asumir financiación lo tienen que hacer también las comunidades. Tengo que decirles que Castilla-La Mancha recibió una deuda del Gobierno socialista; es decir, su deuda no la ha creado el Gobierno del Partido Popular de Castilla-La Mancha, sino la deuda de los Gobiernos socialistas. Pero sí ha pagado a los ayuntamientos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor GARCÍA MARTÍNEZ: En definitiva, y termino con ello señor presidente, hablamos de un proyecto de ley necesario que va a velar por el bienestar de los ciudadanos, que va a mejorar la financiación de los ayuntamientos y que va a permitir a los alcaldes dar bienestar y calidad de vida a sus ciudadanos. Por ello le pido el voto para este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García.

Señorías, me piden los portavoces de los grupos aplazar la votación de las enmiendas de esta ley a mañana porque todavía se están negociando una serie de enmiendas transaccionales. Entonces vamos a entrar en el debate de las propuestas de veto de la siguiente ley, del Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, posteriormente votaremos estas propuestas de veto y suspenderemos el Pleno, reanudándolo mañana a las nueve horas con las enmiendas del Proyecto de Ley de cajas de ahorros, y cuando acabemos con el debate de las enmiendas votaremos las enmiendas de esta ley y las de la Administración Local. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)

Me alegro. Muchas gracias.

2.1.2. PROYECTO DE LEY DE CAJAS DE AHORROS Y FUNDACIONES BANCARIAS.

COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD.

(Núm. exp. 621/000053)

El señor PRESIDENTE: Entramos en el Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, de la Comisión de Economía y Competitividad.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador López.

El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Comparezco ante esta Cámara al objeto de presentar el dictamen de la Comisión de Economía y Competitividad relativo al Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 7 de noviembre, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de enmiendas finalizó, previa ampliación, el día 26 de noviembre de 2013, presentándose un total de cuatro vetos y ciento cinco enmiendas, de las que ha sido inadmitida la número 78, de la senadora Capella i Farré, por acuerdo de la Presidencia del Senado de fecha 27




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de noviembre. Los vetos presentados han sido los siguientes: veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; veto número 2, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; veto número 3, de la senadora Mendizabal Azurmendi y los senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano y Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto, y veto número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Las ciento cuatro enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: enmiendas números 1 a 21, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 75 a 77, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 79 a 96, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas 43 a 74, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 32 a 42, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; enmiendas 22 a 31, del Grupo Parlamentario Socialista, y enmiendas 97 a 105, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El 4 de diciembre se reunió la ponencia del presente proyecto de ley y emitió informe, acordando lo siguiente: incorporar al texto remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas números 97 a 105, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. A continuación, la comisión se reunió para dictaminar el citado proyecto de ley y acordó añadir al informe de la ponencia dos enmiendas transaccionales: la primera sobre la base de la enmienda número 100, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y la segunda sobre la base de las enmiendas números 103, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; 27, del Grupo Parlamentario Socialista; 84, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y 67 y 74, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, así como incorporar una enmienda de corrección técnica para adaptar el preámbulo a las modificaciones introducidas en el texto.

Finalmente, han presentado votos particulares a este dictamen los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta y los grupos parlamentarios Mixto, Vasco en el Senado, Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán en el Senado Convergència i Unió y Socialista.

Señorías, estamos en el trámite final para la aprobación de este proyecto de ley en esta Cámara. Es tiempo, pues, de debate, de contraponer ideas y propuestas que mejoren, si cabe, el proyecto presentado. En todo caso, es el momento de aprobar una ley necesaria para el sistema financiero español.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

La propuesta de veto número 1 la presentan los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Para la defensa de este veto, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna para defender el veto que los senadores de Izquierda Unida hemos presentado a esta ley. Los senadores de Izquierda Unida, más conocidos en nuestro ambiente como Iglesias y Mariscal (Risas.), presentamos un veto a este Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias porque creemos que tiene como objeto regular algo que prácticamente ya no existe en nuestro país: las cajas de ahorros. (Rumores.) Y no existen… (Rumores.) ¿Por qué no existen? (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Es imposible oír al senador Mariscal. Ruego silencio en el auditorio.

El señor MARISCAL CIFUENTES: No pasa nada.

Pues no existen porque los sucesivos Gobiernos se han encargado de dinamitar una de las herramientas de ahorro más importantes al servicio de la población, de los pequeños ahorradores, del pequeño y mediano empresario, de los autónomos y de los territorios más alejados de las grandes urbes.

No les voy a aburrir con la trayectoria histórica de las cajas de ahorros y del monte de piedad pero venían jugando un importantísimo papel de cercanía de las finanzas a la ciudadanía. Este




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importante papel de las cajas de ahorros empezó a tener críticas porque confundió el que entraran en la especulación, en los mercados financieros, en la comercialización de productos de alto de riesgo y en la participación activa de la burbuja inmobiliaria. Como pasó esto con muchas cajas de ahorros, algunos de los gobernantes que teníamos en el anterior Gobierno, y a continuación los de este, decidieron que lo que estaba fallando en las cajas de ahorros era su modelo de gestión y de participación. Empezaron a decir que las cajas de ahorros había que profesionalizarlas, que estaban demasiado llenas de políticos y de políticas. Y esto es lo que se hizo, avanzar hacia un modelo de desarrollo de las cajas de ahorros y de los montes de piedad en los que los representantes públicos tenían que desaparecer.

Pero es realmente paradójica esta cuestión, porque las entidades y las cajas de ahorros con menores problemas de todo el Estado español son y han sido las cajas de ahorros de Euskadi, donde la participación de agentes procedentes de las administraciones ha sido muchísimo más notable. Sin embargo, las cajas de ahorros que han tenido que ser intervenidas y rescatadas han sido aquellas donde menos participación y donde menos democracia ha habido. Me refiero, en concreto, a la caja de ahorros de mi provincia, a Caja Sur, donde la participación de técnicos procedentes de la Iglesia católica y del cabildo catedralicio dio como consecuencia su implicación —y eso que es pecado la usura— en operaciones de alto de riesgo que finalmente han sido pagadas por los ahorradores cordobeses, y en esto estamos.

¿Cuál es el pedazo del pastel? Lo decíamos esta mañana con el sector público empresarial a nivel local. Lo comentábamos la semana pasada con el ahorro público que suponen los sistemas públicos de pensiones, cuya privatización hay que facilitar. Y ahora lo que conviene es incluir dentro de la gran banca de nuestro país al 50% del ahorro que estaba en manos de las cajas de ahorros. Este 50% del ahorro que estaba en manos de las cajas de ahorros es el que ahora está en manos de un oligopolio privado financiero, encabezado por las cuatro o cinco grandes entidades financieras y bancos de nuestro país, que son las que han absorbido a las cajas de ahorros no sin antes haber pasado por un proceso por el cual, con dinero público, hemos rescatado esas entidades de cajas de ahorros privadas, las saneamos, las ponemos bonitas y las ofrecemos con un lazo y saneadas a la banca privada. Consecuencia: resulta que ahora no solo es la banca privada la que atesora el ahorro que estaba en manos de esos ahorradores miembros de las cajas de ahorros, sino que la banca privada se lo lleva crudo, el dinero lo ponemos todos, los que estamos aquí, los ciudadanos y ciudadanas, incluso se da por perdido un alto número de millones de euros de la ayuda a la banca y del rescate de importantes cajas de ahorros que, sin embargo, como digo, ahora pasan a formar parte de ese oligopolio formado por cuatro o cinco grandes entidades financieras de nuestro país.

Yo no sé, en relación con este Proyecto de Ley de cajas de ahorro, qué número hace de legislación referente a las cajas de ahorros y al sistema financiero y su ordenación en los últimos cinco años en el Estado español. Este proyecto de ley es consecuencia de la imposición de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, que decía que había que reestructurar el sistema financiero, y si es con dinero público muchísimo mejor. Pues bien, este proyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias parece ser que ya es el definitivo, que es el último, porque evidentemente se ha producido la desaparición absoluta de las cajas de ahorros y los montes de piedad, como los hemos venido entendiendo hasta ahora.

Quien va a pagar esto, desde luego, es la ciudadanía, son los pequeños ahorradores y todas aquellas personas que necesitaban y necesitan de un instrumento de ahorro semipúblico, como eran las cajas de ahorros y los montes de piedad, en los cuales se podía tener una cercanía del cliente, del ahorrador, del pequeño y mediano empresario o del autónomo con la entidad financiera. Además, estas entidades financieras conocían el territorio, las necesidades de sus conciudadanos, de sus ahorradores y, por lo tanto, podían dar respuestas y solucionar los problemas concretos de la gente en ese territorio. Todo eso, por desgracia, se ha terminado, y lo que a nosotros nos hubiera gustado es otra alternativa por la cual vamos a seguir trabajando —no lo voy a ocultar; al contrario, lo digo bien alto: forma parte de nuestra propuesta política—, y es que mientras en el Estado español se privatizan las cajas de ahorros o se nacionalizan para sanearlas y luego venderlas bien a la banca privada, en Andalucía, precisamente esta semana, acabamos de aprobar las conclusiones de un grupo de trabajo sobre la fundación y creación de una banca pública en nuestra comunidad autónoma, fruto del acuerdo entre dos fuerzas políticas, entre el




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Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida, que vamos a llevar a cabo una iniciativa que permita solucionar el principal problema que ahora mismo tiene la pequeña y mediana empresa y los autónomos en nuestro país, que es el flujo de créditos, la trampa de la liquidez que decía Keynes, que es lo que se está produciendo en este momento en nuestro país y que está provocando que aunque se dan ayudas a la banca, estas ayudas no fluyen en forma de crédito hacia la gente y hacia quien lo necesita. De hecho, son la pequeña y mediana empresa y los sectores autónomos los que vienen comentando que ese es el principal problema que actualmente tienen. Sin embargo, la gran banca está obteniendo créditos a tipos de interés muy barato, al 1% por parte del Banco Central Europeo, y luego nos compran deuda al país al 6 o al 7%. ¿Así quién quiere que acabe la crisis?

Por lo tanto, Izquierda Unida apuesta por: un modelo de banca pública; por la nacionalización irreversible de las cajas de ahorros, ya que se han intervenido y se han participado los bancos, a fin de convertirlas en una banca pública; que todas las ayudas públicas, directas e indirectas, que se hayan recibido por parte de estas entidades se conviertan en acciones participadas por el Gobierno o por las entidades públicas que hayan concedido estas ayudas; que no se transfiera ni un solo euro de fondos públicos más a ninguna entidad hasta que se complete una auditoría pública independiente y trasparente de las cuentas de estas entidades financieras que permita establecer un plan de saneamiento efectivo, y que la nueva banca pública que surja de este proceso tenga como objetivo fundamental gestionar de forma prudente los ahorros de la ciudadanía, promocionar el crédito a familias y a empresas y a proyectos de carácter sostenible que sean capaces de generar empleo de calidad, con trasparencia en sus políticas, con el rendimiento público y trasparente en las cuentas y con una obra social en condiciones que permita también que parte de ese ahorro y de los beneficios de ese ahorro se puedan destinar a la ciudadanía, a proyectos de solidaridad, a proyectos sociales, como hasta ahora se venia haciendo, mal que bien, pero eran instrumentos realmente interesantes e importantes a los que nosotros creemos que este proyecto de ley da la puntilla definitivamente, y es por ello por lo que presentamos este veto de rechazo a este proyecto de ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Mariscal.

La propuesta de veto número 2 está firmada por la senadora Capella, que tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona nit. Gracias, presidente.

El presente proyecto de ley culpabiliza a las cajas del gran desastre del sistema bancario. Más allá de obviar la responsabilidad de los bancos, lo que obvian es que la parte de culpa de las cajas es seguir la línea marcada por el Partido Popular con la liberalización de las cajas y que traicionaba su propia esencia: enraizamiento territorial, inversión productiva y de proximidad y obra social.

Fruto del camino neoliberal, que liberalizó en su momento suelo y cajas, nos encontramos con el crac que nos lleva a la crisis que están pagando las clases trabajadoras y más necesitadas, en lugar de hacerlo quien nos ha metido en ella. Lejos de purgar culpas, siguen dictando y dirigiendo la política financiera gubernamental, y paradójicamente son los grandes beneficiarios de la reestructuración bancaria, llamado eufemísticamente saneamiento, que se paga a costa del gasto social.

Para ello se han utilizado una diversidad de instrumentos: inyecciones directas de capital a las entidades; suscripción de participaciones preferentes convertibles; adquisición de activos; préstamos del Banco Central Europeo, todo ello además del rescate obtenido a través del mecanismo europeo de estabilidad y de la creación de la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración del sector bancario. Pero si hemos pagado todo esto con dinero público, el sector financiero debería ser nuestro. La superación de la actual situación requiere, inevitablemente, la nacionalización de la práctica totalidad del sector financiero por la conversión de gran parte de las ayudas públicas ya desembolsadas en capital y el radical saneamiento de las pérdidas ocultas en los balances.

Así, Esquerra Republicana apuesta por la banca pública como instrumento que coadyuve a una salida diferente de la actual crisis. Es un instrumento legítimo, que permite a la ciudadanía el retorno de las entidades bancarias que ha salvado, en realidad comprado con dinero público a costa de muchos recortes y sacrificios, pero, además, permite a la ciudadanía ejercer el poder




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económico y democrático. En este sentido, en Cataluña y dentro de las competencias que ostenta la Generalitat, Esquerra Republicana ha propuesto convertir el Institut Català de Finances en un banco público que facilite el acceso al crédito a las pymes y a las administraciones públicas.

Las enmiendas que hemos presentado, aparte del veto que ahora estoy defendiendo, tienen por finalidad que el Gobierno proceda a nacionalizar las entidades financieras que han sido rescatadas con el dinero de toda la ciudadanía. Ello debe adecuarse a la realidad territorial y descentralización política del poder, por lo que entendemos que las entidades catalanas nacionalizadas deben ser gestionadas por la Generalitat de Cataluña. Se trata, además, de entidades con un importante arraigo territorial y que han desarrollado una importante función financiera en los territorios donde se encuentran implantadas. (Rumores.—Pausa.)

La única manera de conseguir silencio es callando.

Por otro lado, no debe ser del Estado el entramado bancario y sus deudas, sino que también deben serlo el gran parque inmobiliario que tienen y el Estado social debe utilizarlo para ponerlo a disposición de las personas más necesitadas y hacer efectivo el derecho a la vivienda. Por ello pedíamos en una enmienda, que no ha sido admitida a trámite, que esas viviendas sean incorporadas a la oferta de viviendas de protección oficial. No es lógico que habiendo tenido que pagar el rescate bancario, las entidades bancarias sigan desahuciando y no pongan a disposición de la sociedad lo que por justicia les corresponde. Esa enmienda, que decía que no ha sido admitida a trámite, en definitiva lo que ha hecho, en este caso la senadora de Esquerra Republicana, es exactamente lo mismo que hacen ustedes cuando se autoenmiendan proyectos de ley y los aprovechan para introducir enmiendas que nada tienen que ver con el proyecto de ley que se va a debatir o discutir. Por tanto, lamento que no haya sido admitida, lamento que no hayan sido tenidas en consideración las alegaciones efectuadas por esta senadora y, en consecuencia, lamento que esta enmienda no forme parte del debate político.

Para Esquerrra Republicana la banca pública es un medio legítimo que permite a la ciudadanía el retorno de las entidades bancarias que ha salvado o comprado, en definitiva, con su dinero, con el dinero público y a costa de muchos sacrificios y recortes. Banca pública debe ser un instrumento para la recuperación social de los beneficios a través del Estado, y además debe ser parte de una estrategia más amplia que permita que la ciudadanía ejerza el verdadero poder económico y democrático. Por eso hemos presentado este veto y por eso también votaremos a favor de los vetos del resto de grupos parlamentarios.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 3 está firmada por la senadora Mendizabal y los senadores Aiartza, Goioaga y Unamunzaga.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, estamos en el trámite final en el Senado de la aprobación del Proyecto de Ley de cajas de ahorros, que va a suponer, curiosamente, la liquidación de las figuras de las cajas de ahorros, con el elemento negativo que conlleva de pérdida de un instrumento de actuación política por parte de las instituciones al servicio de la ciudadanía y con una clara finalidad social. Estamos ante un Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias que, como ha afirmado reiteradamente el Gobierno, forma parte de las reformas estructurales que ha impulsado este Gobierno. Y como ustedes saben, nosotros no compartimos esta materialización de las reformas. Somos partidarios de hacer reformas, pero desde luego las que ha realizado ustedes han ido en una dirección muy contraria a nuestros planteamientos. Al final esta ley es la culminación del proceso de liquidación del modelo de entidad financiera de vocación y carácter social, próximo al interés de la ciudadanía y con sensibilidad hacia las necesidades y peculiaridades propias del territorio donde actúa.

Con el argumento o disculpa de la necesidad de la profunda intervención de los poderes públicos para acometer el saneamiento y reestructuración de cajas de ahorros, cuya situación financiera llegó a comprometer la estabilidad del sistema financiero estatal, se ha obviado la realidad de que hay cajas de ahorros que no se han visto afectadas por esta situación y que mantienen importantes niveles de eficiencia económica, de eficiencia financiera y, sobre todo, de




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eficiencia social. No deja de ser paradójico que quienes han sido responsables del desastre económico, financiero y de gestión de algunas cajas de ahorros, sean ahora precisamente los adalides de la racionalidad económica, impulsando la liquidación del modelo de entidad financiera de carácter y control social. Sé que ustedes, y lo entiendo y lo acepto, se han encontrado esto ya en marcha, que la liquidación de las cajas es un proceso que inició el Gobierno anterior, pero al final ustedes lo están culminando. Y es que la solución de esa nefasta gestión que se ha producido no pasa por la liquidación de las cajas y la venta a precio de saldo de sus activos, poniendo en manos de los especuladores financieros el ahorro público de las cajas. Esta desaparición de las cajas y de su especial naturaleza jurídica abre la puerta a su privatización y a su bancarización, fomentando una situación de oligopolio financiero que va a ser muy negativo para los intereses de la ciudadanía, y que va a hacer realidad el objetivo largamente esperado por la banca privada de eliminar a un molesto e importante competidor y hacerse con su mercado.

Este importante capital social de este proyecto de ley también supone la desaparición a corto plazo de la obra social de las cajas, que si siempre han jugado un papel importante, en tiempos de profunda crisis económica y social se va a echar especialmente en falta. Y a lo anterior quiero añadir que este proyecto de ley se enmarca también en el proceso de recentralización y uniformización del Estado, a través de una regulación basada en una extensiva serie de cuestiones definidas como básicas, que en la práctica vacía de contenido las competencias definidas como exclusivas en los estatutos de autonomía, y especialmente en el caso de Euskal Herria, en nuestros ámbitos de soberanía propia. Por eso, esta ley no responde a la situación general del sistema financiero y de las cajas de ahorros en Euskal Herria, sino que está hecha a espaldas de su realidad política, su realidad económica y su realidad social, y va a generar un impacto muy negativo sobre la economía vasca, añadiendo más dificultades a la actividad que desarrollan autónomos, pymes y la economía social, y privando al conjunto de la ciudadanía de los beneficios de la obra social. Consideramos que es un elemento muy negativo y que será un tema del que el conjunto de las instituciones se acabarán arrepintiendo en el futuro.

Quiero insistir, además, en el caso de las cajas vascas y la entidad Kutxabank, en que las enmiendas transaccionadas entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular vienen a anular los consensos que había previamente en Euskal Herria para mantener y asegurar el control público de Kutxabank, en el sentido de que había un acuerdo para evitar la privatización. Con el texto que está sobre la mesa se abre el camino a la privatización, se habla ya de enajenar una parte de las acciones que ahora mismo están bajo control público en las tres cajas que precedían a Kutxabank. Por lo tanto, consideramos, repito, que es un elemento muy negativo, entre otras cosas, porque va a afectar de forma muy clara a la obra social de las cajas. Y para Amaiur, la obra social de las cajas no solo es lo que tradicionalmente se ha llamado obra social: actividades culturales, asistenciales, etcétera, la principal obra social de las cajas era dar respuesta en clave social a las necesidades de la ciudadanía, a las necesidades de la sociedad. Estamos hablando de las necesidades de las familias, de las necesidades de autónomos, de las necesidades de pequeñas y medianas empresas. Obra social fundamental era la promoción de la actividad económica, con ese claro carácter social. Obra social es el apoyo a la generación de empleo. Obra social es facilitar a las personas el acceso a la vivienda y evitar también, por ejemplo, la política de desahucios que se ha seguido por parte de muchas entidades. Obra social también era hacer efectivo el derecho a un puesto de trabajo, es decir, un instrumento también al servicio de las instituciones para avanzar en esa clave.

Como hemos dicho en muchas ocasiones, el hecho de que en muchos ámbitos se haya utilizado mal ese instrumento no significa que el instrumento no fuese válido, es decir, habría que juzgar y habría que tachar de mala la gestión, pero no el instrumento, porque este en otros ámbitos sí que ha funcionado.

Por eso, pensamos que en el caso de Kutxabank se va a abrir la puerta a la privatización y a la pérdida del control público de dicha entidad. Se va a poner una entidad muy golosa para los ámbitos privados y para otras entidades bancarias a su disposición, en contra del interés mayoritario de la ciudadanía, en contra de la auténtica obra social que debe jugar en Euskal Herria.

Consideramos muy negativa esta ley, una ley que va a facilitar la especulación financiera, un instrumento muy goloso, como decía antes, y que va a ir en detrimento de la obra social. La obra




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tradicional en el medio plazo va a desaparecer, y en la obra social fundamental, que tiene que constituir el día a día de una entidad financiera de control social, como eran las cajas, en el caso de Kutxabank también se va a producir en el corto plazo.

Nosotros vamos a votar en contra de esta ley y vamos a seguir trabajando para tener unos instrumentos soberanos necesarios en nuestra mano para que Euskal Herria pueda decidir su marco financiero y para que pueda dotarse en el futuro de entidades financieras de control social.

Por eso, analizando los contenidos principales de la ley presentada por el Gobierno, y ante las consecuencias económicas, financieras y sociales de estos, nos reafirmamos en la necesidad de contar con un ámbito vasco de decisión que evite que nos sea impuesto un modelo social, político, económico y financiero que claramente es ajeno a Euskal Herria y lesivo para los intereses de la ciudadanía vasca.

Concluyendo, nosotros vamos a votar a favor de todos los vetos presentados.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

La propuesta de veto número 4 está firmada por los senadores Guillot y Saura.

Para su defensa, tiene la palabra el senador señor Guillot.

EL señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, el ministro de Economía, señor de Guindos, justificaba en el Congreso este proyecto de ley argumentando dos principales objetivos, el primero, la estabilidad financiera y, el segundo, preservar el carácter social y el arraigo territorial de las cajas. Me permitirán también que justifique el veto del senador Saura y el mío, en representación de Iniciativa Verds, a partir de estos dos grandes objetivos.

Pero antes hagamos un poco de historia. Creo que compartirán ustedes que el balance de las cajas de ahorro en esos más de cien años en que forman parte del sistema financiero español es un balance positivo. Muchos de ustedes en los debates, especialmente en el Congreso —pero también se dice en el preámbulo; me imagino que saldrá a lo largo del debate de este proyecto de ley—, dirán lo mismo, pero lo dirán más en plan de elogio fúnebre que no desde la voluntad de preservar las cajas como actores fundamentales de nuestro sistema financiero.

Señorías, el Gobierno, en el preámbulo del proyecto de ley, afirma que las cajas de ahorro se configuraron como entidades de beneficencia, orientadas al fomento y protección del ahorro y a la generalización del acceso al crédito de las clases sociales más desfavorecidas, aspectos que son aún hoy de honda preocupación, como la protección de los intereses de los pequeños ahorradores o la exclusión financiera, es decir, la existencia de ciudadanos que no pueden acceder por diferentes circunstancias a los servicios financieros convencionales. Esos aspectos fueron abordados por unas instituciones que, más allá de su integración en un panorama financiero fuertemente competitivo, asumieron de manera propia preocupaciones de carácter social. Esta misma vocación social condujo a una preferencia natural por la actividad financiera más básica, de menor riesgo y sofisticación y más próxima al interés del ciudadano, etcétera.

Yo creo que la afirmación que el Gobierno realiza en este preámbulo debería justificar el mantenimiento de las cajas de ahorro, evidentemente con todas las reformas necesarias para hacerlas viables no solo en medio de esta crisis sino en medio de un mundo financiero totalmente globalizado. Creo que esta sería una primera reflexión respecto de lo que es el contenido de este proyecto de ley y lo que han sido las actuaciones tanto del anterior Gobierno de Rodríguez Zapatero como del Gobierno de Mariano Rajoy con respecto al sector financiero y en concreto respecto de las cajas, unas cajas que llegaron a alcanzar casi el 50% del mercado de crédito y que impedían con su presencia situaciones de restricción de la competencia. ¿Qué está pasando con su desaparición? Permítanme que les dé dos datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. En 2007 las seis principales entidades financieras representaban el 38% de los activos. En 2012 representan el 63%. Con el proceso de reestructuración aún no cerrado, es evidente que ese porcentaje se incrementará en detrimento de la competencia del sector financiero. Señorías, avanzamos sin pausas ni descansos hacia la conformación de un oligopolio bancario, pero lo más sorprendente de este proceso en nuestro país es que este oligopolio se construye a partir de la financiación pública, algo que realmente me llama la atención. Nos vamos a cargar unas cajas que




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resistieron bien las dos anteriores crisis que hemos sufrido en la etapa democrática, lo que no ha sucedido con la banca privada. Más de sesenta entidades bancarias debieron ser reestructuradas en esas dos primeras crisis, la de finales de los setenta y la de los años noventa.

¿Y qué ha pasado en esta tercera crisis? En primer lugar, creo que no es correcto ni se ciñe a la realidad generalizar al hablar del comportamiento de las cajas en estos años. Lo digo, porque en este ansiado y querido proceso de bancarizar se argumenta que las cajas son un problema para la estabilidad y viabilidad de nuestro sistema financiero. No es verdad. Es una mentira interesada para justificar la razón de fondo: bancarizar el sistema de cajas de ahorros español. El problema no es el sistema de cajas sino la nefasta gestión realizada en muchas de ellas. Ha habido y hay cajas bien gestionadas, y otras, la mayoría, entraron en crisis. En 2009 había cuarenta y cinco entidades y hoy quedan trece cajas sanas. ¿Qué ha pasado con estas treinta y dos cajas? En la mayoría coinciden una serie de malas prácticas que explican su quiebra. En primer lugar, la ocupación de los órganos de gobierno de las cajas por representantes de intereses políticos, corporativos o privados. Segunda mala práctica. Con la liberalización del suelo promovida por el Gobierno de Aznar se desarrolla la mayor burbuja inmobiliaria producida en Europa. Estas cajas se lanzan de lleno a la especulación inmobiliaria, y entre 2000 y 2007 multiplican por nueve su actividad inmobiliaria. Pasaron de recibir 78 000 millones de euros del interbancario a 428 000 millones de euros en solo ocho años. El PSOE entra en el Gobierno en 2004 y no pinchó la burbuja. Entramos en la crisis y emergen todos los errores y debilidades, fracasos y miserias del sector financiero español, y en especial en una serie de cajas. Tercera mala práctica. La presencia en los consejos de administración de verdaderas cuadrillas de personajes sin preparación alguna, escasos escrúpulos y total servilismo a los intereses de sus valedores. Todo ello explica la delirante gestión realizada, la ineptitud y la codicia, los delirios políticos y los intereses particulares especulativos, cuando no el simple robo. Todo ello son constantes que se repiten. Pero lo peor es que se deja hacer; desde los Gobiernos de las comunidades autónomas, desde el Gobierno central, por no hablar del Banco de España y de la nefasta gestión de sus gobernantes en aquellos años, todo esto se dejó hacer. Nos tendríamos que preguntar cómo se permitió tamaño sobreendeudamiento, cómo nadie se dio cuenta de la deriva que estaba tomando esta lógica y esta deuda. Creo que la respuesta la encontraremos en la suma de errores, más intereses, más codicia. Y, en vez de aislar y sajar, ¿cuál es la respuesta del Gobierno de Zapatero, con el apoyo del Partido Popular? El Real Decreto-ley de 9 de julio de 2010, con el que se fuerza la concentración de cajas de ahorros —sumando cajas malas lo único que se produce es una caja peor—, una decisión nefasta con resultados muy negativos; y valga como ejemplo de mi afirmación Bankia. Con este decreto ley conseguimos que todas las cajas o grupos de cajas configurados fueran sistémicos, a partir de lo cual, evidentemente, había que ir a su rescate.

¿Qué nos ha costado la estabilidad financiera? Cifras astronómicas de recursos públicos, dinero vertido al rescate bancario de diferentes formas: ayudas directas, avales, etcétera, que incrementan el déficit y la deuda pública. El rescate bancario incrementa el déficit y la deuda pública, otra cosa es que no se penalice por Bruselas, un dinero detraído de las prioridades sociales que exigen la crisis económica y el paro. Solo en ayudas directas estamos hablando de 61 000 millones de euros, de los cuales 37 000 millones ya se dan por perdidos. Yo volveré a insistir una vez más —ya lo hice en el debate de Presupuestos Generales del Estado— en que cómo puede ser que un rescate que no iba a costar ni un euro al contribuyente ahora ya se dé por perdido; 37 000 millones de euros. Y cómo puede ser, si esta primera afirmación la hizo el Gobierno, que el Gobierno no explique por qué los contribuyentes tendrán que hacerse cargo de esos 37 000 millones de euros.

La ciudadanía asiste con malestar y desconcierto a la constante inyección de recursos públicos para rescatar cajas y bancos, que a su vez siguen desahuciando, cuando a su vez hay todo el problema de las preferentes, es decir, que a su vez están dando la espalda a los intereses sociales más elementales.

A pesar del dinero público invertido, ¿se ha estabilizado el sistema financiero? La respuesta es no, hay dudas; el sistema financiero español es aún muy vulnerable, no es una inversión atractiva. El frenazo de estos últimos días en la subida de la Bolsa española se debe fundamentalmente a la caída de las cotizaciones de los grandes bancos.




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Las entidades financieras españolas tienen un gravísimo problema de morosidad; se calcula en torno al 14% para 2014 y se acercaría al 18% si se incluye el valor de los activos adjudicados. El desempleo es el responsable del 65% de las causas de impago de una hipoteca. Y sigue la opacidad, cuando no la mentira en torno a nuestro sistema bancario. Después de que las seis principales entidades financieras declararan unos beneficios de 7778 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2013, al poco tiempo anunciaron que pasaban a morosos 14 000 millones de euros en créditos que hasta el momento se tenían como refinanciados. ¿Qué quiere eso decir? Si uno resta de 14 000 los 7778, verá con toda claridad que de beneficios, nada de nada, todo lo contrario. El crédito no fluye, este año se calcula que volverá a caer en aproximadamente un 6%, y el poco que fluye es caro. Una pyme española paga dos veces más que una alemana.

Señorías, los países deudores no tenemos capacidad para hacer frente por nosotros mismos al rescate de nuestros sistemas bancarios sin poner en riesgo, como ya lo estamos haciendo, la sostenibilidad de la deuda soberana. Por ello nos urge tanto la unión bancaria, que, lamentablemente, ha cosechado otro fracaso recientemente.

En cuanto al segundo objetivo, el mantenimiento del carácter social y arraigo territorial, se deben referir a las cajas de Pollensa y Onteniente; para el resto de cajas transformadas esta ley ni preserva su carácter social ni las arraiga en el territorio.

Señorías, voy terminando. Este proyecto de ley, fruto del memorando de rescate impuesto por Bruselas, no garantiza ni la estabilidad —son otros factores los que deben garantizar la estabilidad financiera en el sistema bancario español— ni mucho menos el carácter social y territorial de las cajas. Es un proyecto de ley cargado de prejuicios acerca del desarrollo de la función representativa de los intereses generales, ya sean de naturaleza política o social. Históricamente —vuelvo a insistir—, en términos de rentabilidad y eficiencia las cajas han podido resistir con éxito cualquier comparación con la banca privada. Los problemas empezaron cuando imitaron a los bancos. La crisis, los excesos financieros y los graves errores de gestión están suponiendo la coartada perfecta para comenzar un proceso que se inició con los procesos de fusiones y absorciones entre cajas con financiación pública, continuando con amortizaciones de empleo y nacionalizaciones, para sanear y luego vender, si es posible, al mejor postor, y acabando con este proyecto de ley, que certifica definitivamente la defunción de las cajas de ahorros.

Para Iniciativa per Catalunya Verds, para el senador Saura y para mí las cajas de ahorros tienen sentido y utilidad reformándolas, readecuándolas a la realidad que marca la crisis, la realidad de la globalización financiera, pero siguen teniendo, como muy bien afirma el preámbulo de este proyecto de ley, una autoridad social y territorial. Y por eso reclamamos su mantenimiento, de la misma manera que, como ya ha explicado muy bien el senador Mariscal, reclamamos la creación de una banca pública.

Señorías, termino con una afirmación: lo que está realizando el Gobierno con este proyecto de ley y con todo el proceso que, insisto, no empezó el PP, que ya viene de lejos, es, en definitiva, una desamortización en nuestro sistema de cajas de ahorros para mayor beneficio de los grandes grupos de la banca, yendo hacia la creación de un oligopolio que también, lamentablemente, se construirá con la financiación pública. En resumen, todo al revés de lo que es de interés general. Por eso el senador Saura y yo presentamos este veto y pedimos su voto para él.

Gràcies, senyor president. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Gillot.

En turno en contra, tiene la palabra el señor Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes, buenas noches. En nombre del Grupo Parlamentario Popular me corresponde posicionar a mi grupo en torno a los cuatro vetos de los grupos cuyos portavoces me han precedido en el uso de la palabra pidiendo la devolución de este proyecto de ley al Gobierno. He de poner de manifiesto que el voto va a ser en contra de todos y cada uno de los cuatro vetos formulados por sus señorías, y para ello voy a tratar de basar mi intervención en lo que significa el importante proyecto de ley que en la tarde—noche de hoy debatimos concretamente en el Senado.




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Quiero empezar, señorías, poniendo de manifiesto que este es un proyecto de ley que sin lugar a dudas se dicta de conformidad con la Constitución Española. Es importante en ese sentido ubicar en nuestro ordenamiento constitucional —concretamente en el artículo 149 de la Constitución, 6ª, 11ª y 13ª— las competencias que tiene el poder Ejecutivo, el Gobierno de España, en lo que significan nada más y nada menos que competencias en materia de legislación mercantil, de ordenación del crédito, de ordenación del crédito bancario y financiero, seguros, y una muy importante: la planificación general de la actividad económica en el conjunto de la nación española.

Una segunda reflexión que debo hacerles es que, en relación con la regulación de las cajas de ahorros —saben sus señorías que esta ley tiene cuarenta y nueve artículos y está dividida en dos títulos; el Título I hace referencia las cajas de ahorro, y el Título II, a las fundaciones bancarias, y a la ley se han presentado cuatro vetos y ciento cuatro enmiendas que analizaremos mañana por la mañana— sin lugar a dudas se pone de manifiesto el respeto a la distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. En ese sentido, señorías, es importante citar la sentencia del Tribunal Constitucional 31/1985, de 2 de agosto, en cuanto a la delimitación competencial en base al desarrollo legislativo del artículo 149 de la Constitución Española, lo que es la regulación de carácter básico y la regulación de desarrollo legislativo y atribuciones competenciales a las comunidades autónomas. Por lo tanto, el proyecto de ley que formula el Gobierno y que respalda el Grupo Parlamentario Popular tiene pleno encaje en la normativa constitucional, en nuestro ordenamiento jurídico.

Dentro de lo que significa el artículo 149 de la Constitución y el respeto, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de lo que debe ser el marco normativo y el desarrollo legislativo, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, permítanme que ponga encima de la mesa dos aspectos extraordinariamente novedosos de este proyecto de ley en relación con la regulación de las cajas de ahorros. Por un lado, se ha previsto una restricción al tamaño de las cajas, que viene fundamentalmente motivada porque en el actual sistema bancario y financiero evidentemente no se quiere por parte del Gobierno y de este grupo una dimensión que haga sistémicas el conjunto de las cajas de ahorros.

En segundo lugar, sin lugar a dudas la estructura jurídica de las cajas no permite en este sentido y en este momento hacer frente a situaciones de crisis que en la actualidad se venían produciendo como consecuencia de la dificultad que tienen las entidades financieras, las cajas de ahorros, para atraer capitales. Ese es, sin lugar a dudas, un elemento definitorio y al mismo tiempo extraordinariamente importante de este proyecto de ley. Consecuencia del primero —y es mi segunda reflexión respecto de las cajas de ahorros— es que es preciso evitar que las cajas tengan un tamaño excesivo y, en consecuencia, puedan poner en peligro el sistema financiero. Y al mismo tiempo, con este proyecto de ley no solo se ha buscado el tamaño adecuado que deben tener esas cajas de ahorros, esas entidades financieras, sino que operen de manera clara en un ámbito territorial determinado, teniendo en cuenta para ello a las comunidades autónomas uniprovinciales, y también teniendo en cuenta que la función social de cada entidad financiera, de cada caja de ahorros, quede vinculada al territorio sobre el que opere. Estamos hablando de que quede vinculada a un área geográfica que mantenga fundamentalmente características, peculiaridades y necesidades que resulten comunes. Ese también es el espíritu de la norma que sometemos a debate en la tarde-noche de hoy.

En lo que concierne al Título II, las fundaciones bancarias, es importante establecer fundamentalmente la necesidad de un régimen jurídico sistemático desde una perspectiva financiera para este tipo de entidades. De ahí que nosotros hablemos precisamente de las fundaciones bancarias, que a partir de la entrada en vigor de esta ley van a ser sin lugar a dudas un gran actor cuando hablemos del conjunto de las entidades de crédito en el ámbito de la nación española. En ese sentido, es preciso que las fundaciones bancarias sean objeto de una regulación similar a la que el Estado ha dictado en relación con las entidades crediticias; solo así podemos garantizar la estabilidad del conjunto del sistema financiero. Evidentemente, cuando hablamos de fundaciones bancarias también estamos hablando de que la ley tiene que entrar a regular cuáles deben ser los aspectos fundamentales del desarrollo de esta figura. En este sentido, la ley establece el régimen de profesionalidad e incompatibilidad de los miembros que integran los órganos de gobierno, las relaciones con las entidades de crédito participadas que deben dar lugar a la aprobación de un plan de gestión y un plan financiero, así como las cuestiones de supervisión




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de su actividad financiera, conjuntamente con medidas extraordinariamente importantes de transparencia. Esta intervención estatal en las fundaciones bancarias se realiza de manera gradual en función del nivel de control que tenga cada una de las fundaciones bancarias en base también a las entidades de crédito que resulten participadas, puesto que cuanto mayor sea su participación en tal entidad de crédito mayor será, evidentemente, su incidencia y mayor su afección a la propia estabilidad financiera.

Señorías, como les he dicho con anterioridad, esta ley toma como punto de partida una importante sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 31/1985, de 2 de agosto, pero también viene a complementar, como se ha citado en anteriores intervenciones, el Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, dictado por el anterior Gobierno socialista.

Es también una ley que se conforma y se configura, como les he dicho con anterioridad, en cuarenta y nueve artículos y dos títulos, que tratan de delimitar, el Título I, las cajas de ahorros, y, el Título II, las fundaciones bancarias.

Debo señalarles que en el desarrollo de lo que significa y representa el Título I se ha propuesto, y así se lee en la exposición de motivos de la ley, una vuelta al modelo tradicional de cajas al realizarse una vinculación explícita de su actividad financiera con las necesidades de los clientes minoristas y de las pequeñas y medianas empresas, de manera que este tipo de entidades financieras focalicen sus funciones en aquellas capas de la sociedad que tienen más difícil acceso a otro tipo de entidades financieras o crediticias. En línea con lo anterior, la ley introduce la exigencia de que las cajas de ahorros desarrollen sus actuaciones en el ámbito local y también mediante un tamaño reducido.

El marco fundamental de actuación de las cajas de ahorros conforme al texto normativo objeto de debate debe ser fundamentalmente el de la comunidad autónoma donde se implante, sin que puedan desarrollar funciones a nivel nacional. Se impide de manera expresa que las cajas tengan un tamaño lo suficientemente grande, como les he dicho con anterioridad, para alcanzar un carácter concretamente sistémico. Aquellas cajas que crezcan por encima de los límites permitidos perderán su licencia bancaria, deberán transmitir su actividad financiera a una entidad de crédito y habrán de transformarse en fundaciones bancarias. En este sentido, la norma da continuidad y completa el esquema del ejercicio indirecto de la actividad financiera descrita por las cajas de ahorros conforme al Real Decreto Ley de 9 de julio del año 2010.

Pero, señorías, cuando hablamos de cajas de ahorros en este proyecto de ley también se pone encima de la mesa un importante ejercicio de profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, aspecto cuya necesidad ha sido puesta de relieve tanto a nivel internacional como nacional. En particular, a partir de ahora será necesario que todos los miembros del consejo de administración de la entidad financiera, de la caja de ahorros, y no solo la mayoría —como se exigía anteriormente—, cuenten con conocimientos y al mismo tiempo con experiencia específica para el ejercicio de sus funciones. Se produce, en consecuencia, una traslación a las cajas de ahorros del régimen de profesionalidad aplicable a las entidades financieras y bancarias. Este objetivo relativo al incremento de la profesionalización de la gestión de las cajas ha llevado igualmente a introducir importantes modificaciones en la composición de las asambleas generales. Lo tienen en el texto de la ley. Se reduce el porcentaje de participación de las administraciones públicas y se refuerza el papel de los impositores mediante la previsión de un nuevo mecanismo para la designación de sus representantes en el ámbito de la asamblea general, incrementando su presencia en esta hasta una horquilla entre el 50% y el 65%. Señorías, este conjunto de medidas pretende poner encima de la mesa que aquellas personas que tengan depositados sus ahorros en las cajas puedan ver mejor representados y defendidos sus intereses en los órganos de gobierno competentes de las cajas de ahorros.

Otro aspecto singular son las normas sobre incompatibilidad en el ejercicio de las funciones de gobierno de las cajas, la necesidad de que en los órganos de gobierno y en los comités de las cajas de ahorros exista un porcentaje de consejeros independientes. La figura del consejero independiente, señorías, es esencial en materia de órganos de gobiernos corporativos, pues toma fundamentalmente sus decisiones sobre la base de los principios de objetividad, imparcialidad y neutralidad.

En cuanto al Título II, en el ámbito de las fundaciones bancarias, vuelvo a poner de manifiesto que el presente proyecto de ley se inspira en el Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio. El proyecto




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de ley pone de manifiesto que debe regularse igualmente el régimen de transformación en una fundación bancaria, tanto de las cajas de ahorros como de las propias fundaciones ordinarias. Respecto de las cajas de ahorros, su transformación en fundación bancaria y, en consecuencia, su cambio de naturaleza financiera y jurídica se producirá en los dos supuestos siguientes: cuando una caja de ahorros crezca por encima de los límites permitidos por la ley, dado que es necesario que las cajas no incrementen su volumen hasta niveles que las hagan concretamente sistémicas y, en segundo lugar, en el supuesto de cajas que a la entrada en vigor de la presente ley estén ejerciendo su actividad financiera a través de un banco. Igualmente, en el Título II de este proyecto de ley se introducen además normas en relación con los órganos de gobierno de las fundaciones bancarias, el régimen de participación de la fundación bancaria en la entidad de crédito, así como obligaciones en materia de órganos colegiados, gobierno corporativo y transparencia.

Se trata, en todo caso, de que las fundaciones bancarias, en cuanto actores significativos del sistema crediticio español, actúen con los niveles de profesionalidad, independencia, neutralidad, transparencia, eficacia y eficiencia máximos, sin que en ningún caso se pueda poner en peligro la solvencia de las entidades en las que participa.

Con carácter general, como saben sus señorías y se desprende del contenido literal de la ley, a todas las fundaciones bancarias les será de aplicación la normativa sobre gobierno corporativo. Pero solo a aquellas fundaciones que tengan una participación igual o superior al 30% en una entidad de crédito o de control en la misma, a la que se le impondrá, además, la obligación de elaborar un protocolo de gestión con la finalidad de la exposición de un plan financiero según el cual se especifique cómo se hará frente a lo que significa la fundación bancaria frente a posibles necesidades de financiación en una situación de dificultad que debiera superar.

Por lo tanto, señorías, una vez que hemos leído lo que significan los distintos vetos —y, yo agradezco, como no podía ser de otra manera, el trabajo realizado por los distintos grupos parlamentarios en su interposición—, he de decir que he visto muchas coincidencias en cada uno de ellos. Concretamente, el señor Mariscal presentaba el primer veto y, analizando el presentado con posterioridad por el Grupo Parlamentario de la Entesa hay una coincidencia prácticamente literal en el contenido, en el fondo, en la forma, e incluso en la propia exposición.

Indudablemente, no compartimos los criterios esgrimidos en esos vetos, aunque insisto en que reconocemos el trabajo, desde la discrepancia legítima que se ha puesto de manifiesto por los distintos grupos parlamentarios.

Ahora bien, el señor Mariscal ha hablado de Andalucía. Yo soy andaluz y, como usted comprenderá, no me resisto a poner encima de la mesa algo sobre lo que él ha hecho una reflexión que no es del todo cierta, y lo sabe. El Partido Socialista —y esto se ha publicado recientemente en la prensa regional, en noviembre de este año— se olvida del banco público que pide Izquierda Unida y opta por un instituto de crédito. Usted ha hablado aquí hoy en la tribuna, aprovechando el debate del Proyecto de Ley de cajas de ahorro y fundaciones bancarias, de algo que no existe. Ustedes en Andalucía no han pactado un banco público. Eso no es verdad. Ustedes lo que han pactado es un instituto de crédito con mucha analogía y similitud al ICO estatal. (Denegaciones del señor Mariscal Cifuentes.) Que, por cierto, ofrece mejores ventajas que aquel que ustedes tienen en embrión, porque estamos hablando, como mínimo, de un año de tramitación, como usted bien sabe, en el grupo que han creado. Pero aquí tiene la prensa regional. (El señor Fernández de Moya Romero muestra un documento.) PSOE e Izquierda Unida pactan un ente de crédito público que aspira a ficha bancaria. Ustedes saben que después tendrán que acudir al Banco de España, solicitar licencia para el ejercicio de dicha actividad, y veremos a ver lo que les dice el Banco de España sobre la naturaleza de este organismo que ustedes han pactado. Porque el PSOE, una vez más en Andalucía, ha dicho que no a la banca pública y sí a un instituto de crédito. (Aplausos.)

Es más, señor Mariscal, el 14 de diciembre de 2013, el sábado, el PSOE impone su tesis y rebaja la banca, en este caso, de Izquierda Unida, a un instituto de crédito oficial andaluz. (El señor Fernández de Moya Romero muestra un documento.) El PSOE impone su tesis y rebaja la banca de Izquierda Unida a un ICO andaluz. Por lo tanto, ustedes no están hablando en Andalucía de una banca pública, sino de un instituto de crédito oficial que ya opera, como usted bien sabe, en el conjunto del Estado, el ICO, que, por cierto, ya tiene condiciones más ventajosas que las que ustedes planteen, como mínimo, de futuro, a un año vista, respecto a este ICO andaluz.




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Y, señor Mariscal, cada vez que hay un debate se critica mucho a las entidades financieras, a las entidades bancarias y a los bancos, lo cual está muy bien. Pero, ustedes, en la Junta de Andalucía no podrían sobrevivir sin los bancos y sin las entidades financieras. La deuda de la junta se come diez millones de euros al día en intereses. Repito. La deuda de la Junta de Andalucía se come diez millones de euros al día en intereses. ¿Qué sería de ustedes si, evidentemente, no existieran las entidades financieras para dar liquidez al desarrollo de ese programa que tienen como bipartito perdedor en Andalucía entre PSOE e Izquierda Unida?

Una última reflexión, para ir terminando, señor presidente, o penúltima. Cada vez que se suben a esta tribuna, ustedes hablan permanentemente de las ayudas que este Gobierno, el del presidente Rajoy, ha dado a las entidades financieras. Voy a hacer mía una frase que es del gobernador del Banco de España: el verdadero rescate, la verdadera ayuda que se ha dado a las entidades financieras —como él bien dice: si esto no se entiende, no se entiende nada— ha sido para salvar a los millones de depósitos de españoles en las entidades financieras; ha sido exactamente para eso, para salvar los millones de depósitos de millones de españoles en las entidades financieras. Y lo que no es de recibo es que ustedes suban a esta tribuna y obvien las líneas de ayuda que en su momento fueron establecidas en etapas anteriores, en concreto, por un Gobierno socialista. Fueran utilizadas o no, fueron líneas de ayuda aprobadas, para ponerlas de manifiesto en lo que significaba la estabilidad y la consolidación del sistema financiero español: 87 145 millones de euros, lo que suponía el 8,20% del PIB y, en euros per cápita, 1846,47 por español, aprobadas como medidas anticrisis de ayuda a la banca, líneas de ayuda en el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero.

Por eso, tal y como he explicado, señor presidente —y con esto termino—, el proyecto de ley, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, es necesario para la modernización, profundización en el presente y en el futuro del sistema financiero, de las cajas de ahorro, de las fundaciones bancarias y, sobre la base de los argumentos que acabo de exponer, mi grupo parlamentario rechaza los cuatro vetos presentados.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Iniciamos el turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mariscal Cifuentes.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

El señor Fernández de Moya, que hace las intervenciones con los titulares del ABC, como si eso fuera la realidad —ciertamente, curioso—, dice que Izquierda Unida ha fracasado. No, al contario. Nosotros somos conscientes del proyecto que tenemos en Andalucía que, efectivamente, era el de un banco público, fuerte desde el primer momento, y somos conscientes también de que tenemos doce escaños y de que hemos alcanzado un acuerdo con un grupo que es mayor. Efectivamente, aspiramos a que tenga ficha bancaria, así aparece en las conclusiones, pero usted mismo se contradice cuando habla de que: ya vendrá el Banco de España a decirles si pueden tener ficha bancaria. Yo me imagino que, tal y como han hecho con la Ley de la función social de la vivienda, una vez que eso se ponga en marcha, buscarán las vueltas para poner la política al servicio de los intereses privados que ustedes representan y volverán a interponer un recurso. Por eso nosotros vamos a seguir luchando y movilizándonos.

Usted ha hecho referencia a la Constitución española; me parece muy bien. Es posible que la Constitución española avale este proyecto de ley y toda la reconfiguración de las cajas de ahorros que ustedes han hecho en nuestro país. Pero el artículo 128, que es un artículo que ustedes leen poco, dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, estará subordinada al interés general. Lo que ustedes están haciendo exactamente es coger toda la riqueza del país y subordinarla a los intereses privados de la coalición de intereses privados que están desarrollando en la práctica. Y fíjese que también dice que se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Lo digo por si se le ocurre leerme la Constitución para hablarme de que la banca pública no es posible dentro de la Carta Magna, porque justamente dice que, mediante ley, se podrán reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Señor Fernández de Moya, no es la Constitución soviética, es la Constitución española, y




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nos gustaría que esos artículos también se nombraran aquí más de vez en cuando. Y me gustaría refutar en la medida de las posibilidades el argumento que se ha utilizado respecto al tema del tamaño sistémico de las cajas de ahorros.

Señor Fernández, es la banca la que está alcanzando un tamaño sistémico por esos cuatro o cinco grandes sectores, grandes grupos financieros que han atraído hacia sí a las cajas de ahorros, que han robado el 50% del ahorro que había en España en esas cajas de ahorros, y han alcanzado un tamaño sistémico para que cuando tengan dificultades tengamos que rescatarlas de nuevo con dinero público, que es lo que seguimos haciendo. Y no se lo reprocho, ustedes tienen sus deberes, tienen sus tareas y están desarrollando las medidas legislativas que les parecen adecuadas a su ideología, pero no nos vendan motos porque no las compramos. Que un portavoz del Partido Popular venga aquí a hablar de la deuda de la Junta de Andalucía es alucinante. Porque podríamos hablar, podríamos sacar los titulares del ABC sobre las deudas de otras comunidades autónomas o de otros ayuntamientos en los que ustedes gobiernan. ¿O hablamos de que el señor Montoro provocó la ruptura de las operaciones financieras que la Junta de Andalucía tenía cerradas con importantes entidades crediticias y de ahorro de este país después del 25 de marzo y de cómo se ocuparon ustedes de que esas operaciones de crédito se rompieran? ¿Y cómo se ocupó el señor Montoro de romper esas operaciones de crédito entre entidades financieras y el Gobierno de la Junta de Andalucía para que después nos pueda apretar las tuercas todo lo que quiera recortándonos 1200 millones de euros para la elaboración de los presupuestos de la Junta de Andalucía? Podemos hablar de eso. ¿O ustedes no tienen nada que ver con esto? ¿A qué intereses responden, señor Fernández de Moya? Está clarísimo, no hace falta que me conteste, lo sabe todo el mundo, responden a una coalición de intereses privados, a esa gran coalición del sistema financiero y resulta especialmente llamativo que ustedes hablen de profesionalización de las cajas de ahorros y del sistema financiero.

Señor Fernández de Moya, ¿el señor De Guindos es un profesional o no lo es? Los que trabajan en Goldman Sachs y lo hunden, ¿son profesionales?, ¿son técnicos?, ¿son políticos? Los que trabajan en Lehman Brothers, ¿son profesionales?, ¿son técnicos?, ¿son políticos? El señor Rato, ¿es técnico?, ¿es político?, ¿es profesional? Me parece que eso se confunde en muchas ocasiones, y al final lo que se hace es construir un discurso como el que se ha construido durante todo este tiempo, que provoca el alejamiento de lo público de la ciudadanía y de los trabajadores, de los mecanismos de control sobre la generación de su propia riqueza y la entrega de esta riqueza en manos de intereses privados.

Ustedes trabajan en eso. Ustedes trabajan para eso. Esa es su tarea. La nuestra, evidentemente, es otra.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Mariscal.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la aprobación hoy o mañana de este proyecto de ley no es precisamente grata para nosotros, en este caso, me refiero a los senadores socialistas del Grupo Entesa, porque con su aprobación estaremos certificando la desaparición de facto de las cajas de ahorros, a pesar del título del proyecto de ley, con todo respeto, dicho sea de paso, para las cajas de Onteniente, de Pollensa, o de aquellas que en el futuro pudieran crearse al amparo de esta normativa.

Las circunstancias derivadas de la crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, una deficiente gestión en algunos casos, la presión del lobby bancario que hemos vivido en las últimas décadas y la decisiva intervención de la troika liquidan un sistema, el de las cajas de ahorros, al que si queremos hacerle justicia le hemos de reconocer el gran servicio que a lo largo de décadas han prestado a los ciudadanos por sus funciones sociales y por su ligamen con los territorios de los cuales eran originarias las cajas o donde tenían una presencia destacada.

Ello nos lleva a un mapa de entidades financieras donde sin ningún género de dudas se va a reducir la competencia, se va a concentrar la oferta, y no saldrán reforzados, sino todo lo contrario, los derechos de los consumidores. Al hilo de todo esto, conviene recordar que la tremenda




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disminución del crédito que se está operando, es un asunto que, por diversos motivos, hemos tenido ocasión de tratar ampliamente en esta Cámara. El crédito no acaba de llegar ni a las empresas ni a las familias.

No se trata tampoco de hacer un ejercicio melancólico de lo que pudo haber sido y no fue, pero la existencia de un sector financiero arraigado en los territorios, cuyos beneficios, en gran parte, se destinaban a obras de carácter social y no a retribuir y generar valor para el accionista, era algo positivo, y fueron decisivos para evitar, hace décadas, la exclusión financiera en nuestro país. Lástima que nuestras circunstancias no sean las de otros países, como Alemania, que mantiene su sistema de cajas y bancos regionales sin tener que pagar por los estrés test de la troika, sabiendo, como ustedes saben, que ha habido cajas en España mal gestionadas —como también hubo muchos bancos en el pasado que desaparecieron o fueron intervenidos en los años ochenta y noventa—, pero también algunas excelentemente gestionadas. No en vano, hoy, la primera entidad financiera en activos es una caja de ahorros, aunque preste indirectamente el servicio, de acuerdo con los últimos cambios normativos.

Por tanto, no me apuntaré al bando de aquellos que se alegran de la desaparición de las cajas, fundamentando su liquidación en la politización de su régimen corporativo, y ello porque, como apuntan algunos, el régimen corporativo de las cajas era un auténtico desastre y el de los bancos una maravilla, y eso es falso y manipulador. Nadie recuerda ya a Banesto y a su presidente en aquel momento, ni la decena de bancos que han desaparecido, se han fusionado o han sido comprados por terceros.

Señorías, voy a hacer una referencia a la gobernanza del sector financiero porque consejeros que no se enteran de lo que pasa en su entidad o que se han aprovechado de su cargo, los ha habido en cajas y en bancos, por no hablar también de algunas empresas del IBEX. Igualmente, haberse dedicado a la política no debe ser un demérito para ser después ejecutivo en una empresa o en un banco, siempre que no se utilice la puerta giratoria y, además, se tenga la preparación, el perfil y la experiencia para serlo.

Otra cosa son las cuotas, la presencia de políticos en activo, personas con nula experiencia financiera que se han dado en algunas cajas, o la elaboración de legislaciones autonómicas excesivamente intervencionistas y propiciadoras del sistema de cuotas partidarias. También debemos reconocer la propensión, en muchos casos, de las cajas a caer en la tentación de la concesión del crédito fácil al ladrillo, interesado, bajo la presión de los entornos más cercanos.

Pues bien, en cualquiera de los casos, dadas las circunstancias, hoy, desde un ejercicio de realismo político, no cabe otra cosa que reconocer lo irreversible del proceso de su reconversión en bancos. Habrá fundaciones bancarias que se mantendrán como accionistas de referencia de estos bancos; en otros casos, ni eso, fundamentalmente tras el proceso de fusión o de reconversión que ha comportado la crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, etcétera. Como he dicho, en suma, la crisis económica, con la reducción también drástica de la demanda de crédito y la necesaria adaptación del sector al nuevo escenario; un nuevo escenario en el que se ha hablado de reducción del sector en oficinas, en empleos, de su concentración como una realidad derivada de la crisis. Evidentemente, hoy se venden muchos menos pisos y se otorgan muchísimas menos hipotecas, y esta situación es el punto de partida, igual que lo son nuestros compromisos internacionales, aunque algunos no los hayamos suscrito ni los compartamos plenamente, pero ello limita nuestro margen de actuación, el de todos.

Por todo ello, nosotros no hemos presentado un veto al proyecto de ley, dado que no compartimos elementos del mismo, también con el objetivo y el deseo de que en su tramitación sea mejorado en aquello que tiene relación especialmente con las competencias autonómicas, en este caso, de la Generalitat de Cataluña, así como de otros aspectos esenciales de carácter constitucional. No estoy diciendo que la ley sea inconstitucional, pero podrían serlo algunos de sus artículos en el actual redactado. No sabemos si su concreción en el texto que se somete a aprobación es fruto de orientaciones liberales o neoliberales del Gobierno o por imposición, en este caso, de la troika.

Para finalizar mi intervención, voy a hacer una precisión al señor Fernández de Moya, porque siempre trata de confundir, y hoy ha tratado nuevamente de hacerlo. Cada uno es responsable de lo que hace, pero no conviene confundir, cuando se habla de ayudas a la banca, lo que son los avales con los créditos convertibles denominados FROB 1, o las participaciones directamente en




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el capital de las instituciones financieras a través del FROB 2. Digo lo de la participación porque, entre otras cosas, está claro que determinados instrumentos no se llegaron a utilizar o si se utilizaron lo único que supusieron fueron ingresos para el Estado pero ningún tipo de riesgo. No hubo ningún aval fallido, como muy bien le recordó a usted en este caso el subgobernador del Banco de España cuando hizo el mismo discurso, cuando trató de poner al mismo nivel las ayudas en avales o recuperadas porque —como he dicho— ninguno fue ejecutado y las ayudas que se han dado a través del FROB, esperemos que algunas se recuperen, aunque recuperar otras será seguramente mucho más difícil.

Quiero finalizar mi intervención manifestando nuestro voto de abstención a los vetos presentados y reservándonos la posición final sobre la ley para el debate posterior de las enmiendas.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes graciès president. Señorías, muy buenas tardes.

El presente proyecto de ley nos regula —como bien ya se ha dicho— las cajas de ahorros por un lado y las fundaciones bancarias por el otro. Es una ley muy importante, ya que determinará el futuro de las cuatro cajas que se han convertido en bancos y que no han necesitado ayudas públicas. Hablamos de Ibercaja, de Unicaja, de la Kutxa y, en Cataluña, de La Caixa. La ley establece el procedimiento para la transformación de estas entidades en unas instituciones jurídicas sin ánimo de lucro de un tipo identificable. Hablamos, evidentemente, de las fundaciones. La transcendencia de la norma que nos ocupa deriva, por un lado, de su contenido por afectar a entidades que tienen una base territorial en principio, y según el proyecto concretado, en las comunidades autónomas como regla general y, por otro lado, para prever la transformación de las cajas actualmente existentes en fundaciones bancarias, lo cual tiene una especial transcendencia en Cataluña.

Podemos analizar este proyecto de ley desde muchos ámbitos o desde muchos ángulos, pero yo quisiera hacerlo en esta intervención desde dos ámbitos distintos. El primero es el del respeto a las competencias de las cajas con sede en Cataluña —me voy a referir a Cataluña— que el estatuto atribuye a la Generalitat. El segundo es el de la voluntad de garantizar la función y la fortaleza de la nueva institución. La conclusión del análisis sobre el primer ámbito es, sinceramente, decepcionante porque actualmente el ámbito de actuación de La Caixa supera con creces el ámbito geográfico de Cataluña. Esto es bien cierto y la consecuencia positiva de haber hecho bien las cosas, pero no parece una razón suficiente para eliminar casi casi hasta el último rastro del papel que el Estatuto de Autonomía de Cataluña otorga a la Generalitat en materia de cajas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

La conclusión sobre el segundo ámbito debe ser distinta. Las nuevas fundaciones se caracterizarán desde su nacimiento por dos aspectos fundamentales. Primero, que estarán extraordinariamente bien dotadas, ya que tendrán como patrimonio fundacional el patrimonio actual de las cajas incluidas las acciones del banco que cada uno hubiera generado. Y segundo, que disfrutarán del control de este banco y, por tanto, tendrán la responsabilidad de vigilar y orientar su dirección.

En consecuencia, se fortalecen las fundaciones bancarias, ya que las mismas estarán dotadas con el patrimonio de las cajas, incluidas las acciones del banco que cada una haya generado, pero a su vez las fundaciones podrán controlar el banco. El control de los bancos por parte de las fundaciones se podrá o no ir diluyendo con el paso del tiempo, en función de la prioridad de sus inversiones y de la diversificación de sus activos, pero hay que destacar que la función permanente de las cajas es la relativa a la obra social. Por ello, la presente ley no respeta un aspecto esencial como es la función y el papel que deben jugar los patronos, es decir, aquellas entidades fundadoras que son las que verdaderamente deben articular la función permanente de las cajas, la obra social. Entendemos que el patronato fundador originario debería estar presente necesariamente por dos motivos. Primero, por la necesaria experiencia financiera, que puede garantizar el objeto fundacional. Segundo, para que el objeto social originario de las cajas de ahorros sea debidamente




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fomentado. No puede haber ninguna duda, en cambio, sobre cuál será la función permanente de las fundaciones. Será la que sus instituciones fundadoras establecieron, es decir, la obra social.

En el caso de La Caixa, las instituciones fundadoras —y así consta en sus estatutos desde 1904— son cinco entidades de la sociedad civil catalana sólidas y estables. Hablamos de la Cámara de Comercio de Barcelona, del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, el Ateneu Barcelonès y Fomento del Trabajo.

Por tanto, creemos que es importante que el patronato inicial, que será determinante para el futuro de la fundación, tenga muy presente en su concepción y composición las dos necesidades de la fundación. Por un lado, la de disponer de experiencia financiera probada para afrontar, en un periodo inicial que puede ser corto, la responsabilidad del control de un banco. Y por otro, la de garantizar el arraigo de la fundación en la tradición que le es propia: el fomento de la obra social. Como digo, es necesaria una preocupación inicial legítimamente concentrada en asegurar un espesor de experiencia financiera que no debe dejar de ser protegido y, en cuanto al segundo componente: el patronato inicial, conviene que esté bien equilibrado y preparado para el cuidado de lo que podríamos llamar el cuerpo y el alma de la fundación.

Por lo tanto, nosotros en este proyecto de ley vemos situaciones distintas. Avanzamos pero continuamos teniendo dificultades, como la representación de los patronos fundacionales y de los de ámbito competencial, puesto que lamentablemente en cada una de las leyes y de las intervenciones que tenemos que realizar en esta Cámara prácticamente siempre tenemos que decir lo mismo: que se produce la recentralización de competencias o la intervención en aspectos que son propios de las comunidades autónomas.

Esperamos al debate de las enmiendas para el posicionamiento final, pero ya veremos cómo se avanza en las posibles transaccionales que en este momento deben estar moviéndose por la Cámara.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.

Yo creo que, efectivamente, con esta ley se nos plantea una discusión importante. Pero parece que intentamos pasar de lado planteando el contenido de la ley específicamente y no el contexto en el que nos movemos realmente, que es lo que haría que algunos grupos parlamentarios fueran más conscientes de la realidad que estamos discutiendo y tomasen otra posición.

Quiero empezar diciendo que nos hemos movido algo en el sentido de lo que hablaba el señor Montilla respecto al Grupo Parlamentario Popular, y es que tradicionalmente venía a comparar el portavoz del Partido Popular los 87 000 mil millones de avales puestos a disposición con los gastos reales en que había incurrido el Gobierno del Partido Popular. Tampoco quiero decir con eso que si nosotros hubiéramos seguido gobernando no hubiésemos tenido que inyectar dinero directamente en la banca o en las cajas de ahorro, porque lo hubiéramos hecho, ya que realmente el funcionamiento del sistema financiero es algo fundamental para que la economía funcione, se cree empleo y seamos capaces de crecer, que es lo fundamental.

No obstante, este es un debate importante. De hecho, el ministro de Economía tuvo a bien asistir al Congreso para contextualizarlo. No ha sido así en esta ocasión, y yo lo lamento porque el contexto de lo que estamos discutiendo es lo que explica toda esta actuación sobre lo que significa la reestructuración bancaria, que es un capítulo fundamental de la credibilidad exterior española y, por lo tanto, de su financiación y su capacidad para crecer, así como de la reforma de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias que ahora estamos acometiendo o a punto de aprobar.

Creo que hay que referirse necesariamente a todos los acontecimientos que han ocurrido desde el 2007, en particular al exceso de crédito tras un largo período de crecimiento, el más largo en la historia de los últimos años, y a la práctica ausencia de controles de algunos activos financieros, y especialmente toda la revisión que se había hecho de la legislación bancaria norteamericana con posterioridad a la crisis de 1929, que ayudó a tener unos largos años de estabilidad, aunque con crisis mucho más reducidas que la de ahora. En definitiva, la práctica ausencia de controles para los activos financieros, que estaban al margen de los balances, y el gran endeudamiento de familias y empresas, especialmente en la economía española, han




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provocado una crisis financiera que tuvo su inicio allá en el lejano verano de 2007 —porque llevamos ya muchos años de crisis—, con la caída de Bear Stearns, que siguió en el año 2008 con la caída definitiva de Lehman Brothers. Por cierto, las primeras valoraciones europeas, porque esto ha sido muy discutido y denostado por el presidente del Gobierno español, hablaban básicamente de que era posible el desacople entre la economía norteamericana y la europea y, por tanto, que no iba a pasar nada. Inmediatamente eso quedó destruido y esto pasó a afectar muy directamente a la economía real.

Lo cierto es que del mundo de las finanzas a la economía real hubo un absoluto desastre y una crisis global muy importante que todavía seguimos padeciendo.

Algunos países desarrollados idearon rápidamente planes de rescate de sus sistemas financieros, planes de rescate que contemplaban inyectar capital en sus bancos o incluso nacionalizar algunos de ellos y otros dejarlos quebrar inmediatamente. Pero esos países, como ustedes saben, fueron aquellos que estaban afectados directamente por las hipotecas subprime, también llamadas basuras, como ustedes saben perfectamente. Pero no fue el caso de España, no porque Zapatero se negara a reconocer la existencia de la crisis, sino porque no estábamos en esa situación.

España no tenía necesidad de actuar en ese sentido porque tenía, por un lado, una regulación bancaria que hacía posible que con las provisiones genéricas tuviéramos capacidad de intentar afrontar los riesgos que venían y, por otro lado, nosotros tampoco teníamos capacidad porque a ese colchón que tenía la banca española había que anotar también el hecho de que no tuviéramos hipotecas subprime, porque el regulador en este caso obligaba a la banca española a asumir parte del riesgo para tener este tipo de titulaciones y la banca española, obviamente, tenía aversión total a ese tipo de riesgo y no tuvo éxito en España el planteamiento de los bonos basura.

Sin embargo, en una duración de la crisis como la que está actualmente afectándonos, el deterioro de los activos, especialmente los del sector de la construcción y del suelo, pero todos los activos en general, junto con la excesiva necesidad de acudir a la financiación internacional, saben ustedes que teníamos unas necesidades del 10% del PIB de acudir a la financiación internacional, pusieron de manifiesto la insuficiencia de los recursos para asumir las pérdidas que se estaban generando y la necesidad de capitalización.

Esto nos lleva a la creación del FROB, al primer FROB, ya que ha habido más. Y el primer FROB hablaba de alrededor de 9000 millones a compartir entre los presupuestos generales y el Fondo de Garantía de Depósitos de la propia banca, con un tope máximo del triple de dotación del fondo, que se tuvo que revisar inmediatamente en el 2010 y en vez de poner hasta el triple, se puso hasta el séxtuplo de dotación que tenía posibilidades de acceder a través de FROB.

Aquellas entidades necesitadas de fondos en aquel entonces —estamos haciendo un somero repaso, muy somero— estarían obligadas no por voluntad del legislador o del Gobierno en este caso, sino por necesidad imperiosa, estarían obligadas a intentar salvarse y que no llegara el riesgo a los ciudadanos y tuvieran que pagarlo a través de fusiones y estarían obligadas a fusionarse las que tuvieran necesidades de capital.

El Banco de España estableció en el 2011 las necesidades de capital por entidad y, ¡oh casualidad!, los activos tóxicos que entonces se cifraban en una cifra pequeña comparada con lo que ahora estamos hablando, se cifraban en 17 000 millones de euros, resulta que de esos 17 000, 1000 estaban en la banca privada y el resto estaba totalmente concentrado en algunas cajas de ahorro. Específicamente, alrededor del 75%, 76% en este caso, estaba centrado en las siguientes entidades: Bankia, CAM, Novacaixagalicia y Caixa Catalunya. Fundamentalmente tres cuartas partes de los activos tóxicos estaban en estas instituciones.

En 2012 los acontecimientos sufren rápidamente una nueva escalada y la sufren porque hay un retraso en la elaboración de los presupuestos generales, consecuencia de las elecciones andaluzas y porque no quería asumir riesgos el Gobierno; porque al mismo tiempo no se dan criterios de futuro para los años venideros por el Gobierno, que no elabora sus presupuestos generales, y también porque hay reiteradas modificaciones de la cifra de déficit que les había dejado el Gobierno anterior, más por conveniencia política que por realidad. Todo eso hace que los mercados pierdan la absoluta confianza en España. Los planes de reestructuración bancaria




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exigen unas dotaciones cada vez más elevadas: en febrero son 52 000 millones; en mayo, 30 000 más y, finalmente, las auditorias contratadas por el Gobierno revelan unas necesidades de 50 000 a 62 000 millones.

En definitiva, el término de toda esta situación es el memorándum de entendimiento, que no hemos discutido en el Parlamento español y que yo no voy a sacar ahora. Pero lo cierto es que las cajas de ahorros han sido unas instituciones…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LERMA BLASCO: Termino.

…unas instituciones que han sido loables, pero tenían necesidad de referencia de mercado sobre su gestión y no la podían conseguir. Tenían, por tanto, un problema de gobierno corporativo y unas necesidades y, a su vez, unas dificultades para asumir capital. Y por tanto, esto es lo que ha provocado la reforma actual. Han muerto de éxito en ese sentido, llegaron a representar más del 50% del mercado español, pero lo cierto es que las dificultades de gobierno corporativo y de incrementar su capital, que era necesario como hemos visto, han provocado su sustitución.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor LERMA BLASCO: Termino.

Hoy el problema que tenemos es que, aunque nos gustaría votar a favor, el proyecto tiene una serie de dificultades que, aunque se han moderado, todavía no han llegado definitivamente a la solución tanto desde el punto de vista de la competencia como desde el punto de vista del Gobierno y de las incompatibilidades, que hacen necesarias nuevas modificaciones, en cuyo caso, evidentemente, nos gustaría mucho apoyar este proyecto porque sería bueno para la situación financiera de la banca española.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Mariscal, le voy a leer textualmente el artículo 149 de la Constitución Española, y usted me dice qué parte no entiende:» El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros».13ª, competencia exclusiva en bases y coordinación de la planificación económica con carácter general. ¿Qué parte no entiende, señor Mariscal, de la Constitución española? Porque el legislador y el constituyente de 1978 dejaron muy claro que esa planificación de la actividad económica como competencia exclusiva emana del Estado, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, mediante los correspondientes proyectos de ley.

Señor Montilla, por aclarar le diré que lo que no puede hacer es citar a medias. Esto que les muestro es el informe de la Comisión Nacional de Competencia, lo tiene aquí, está publicado, página 9, cuadro número dos. En este cuadro número dos, yo voy a leer textualmente lo que pone el informe de la Comisión Nacional de la Competencia: Por lo que se refiere a las ayudas anticrisis —cuadro número dos—, podemos dividirlas en dos grupos: las que están dirigidas a prestar apoyo a las entidades financieras, y las que se orientan a sostener a las empresas del resto de sectores económicos que cuentan con instrumentos específicos de ayuda para hacer frente a la crisis, el llamado marco temporal. En este cuadro de ayudas al sector financiero he dicho que se previeron líneas de ayuda. Y además, agradezco el coraje y la honestidad política que ha tenido el senador Lerma al decir en esta tribuna que, si el Partido Socialista hubiese seguido gobernando, se habrían habilitado ayudas a la banca y a las entidades financieras. Y le agradezco ese gesto porque lo ha reconocido públicamente. Pero es que en el informe de la Comisión Nacional de la Competencia ponía 87 145 000 millones de euros. Y estas fueron las líneas de ayudas que se previeron por el Gobierno socialista. ¿Se utilizaron o no? El subgobernador del Banco de España tampoco terminó de aclararlo porque dijo que no había comparativas en los Estados miembros. De la misma manera que usted, señor Montilla, no ha citado lo que dijo el gobernador del Banco de España, que esas ayudas a la banca han servido para salvar los depósitos de millones de españoles. Esa parte usted aquí no la ha citado, pero yo sí la cito.




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Señorías, a lo que voy, mi grupo parlamentario defiende este proyecto de ley fundamentalmente porque si ponemos encima de la mesa lo que significa el desarrollo en el título primero de las cajas de ahorros y en el título segundo de las fundaciones bancarias, permítanme que sean, en la primera parte relativa a las cajas de ahorros, siete los ejes, cuando hablamos de los órganos de Gobierno presentes y futuros de dichas cajas de ahorros, que se consolidan.

En primer lugar, medidas para lograr que los miembros de los órganos de gobierno de las cajas desempeñen sus funciones en exclusivo interés de las mismas y de acuerdo con criterios de eficiencia y buena gestión financiera.

En segundo lugar, se refuerza la incompatibilidad del ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno con el de todo cargo político electo y con cualquier cargo ejecutivo en partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, así como con altos cargos de las administraciones públicas.

En tercer lugar, no se exige que el consejo de administración refleje las proporciones de cuota representativas existentes en la asamblea general.

En cuarto lugar, se exige a todos los miembros del consejo de administración que cuenten con los requisitos de experiencia y buen gobierno exigidos por la legislación vigente para los miembros de los consejos de los bancos.

En quinto lugar, se requiere proporcionalidad en función de la dimensión económica de cada caja para fijar el número total de los miembros de la asamblea y de su órgano de gobierno, el consejo de administración.

En sexto lugar, se exige que más de la mitad de los miembros del consejo de administración y también de la comisión de control, algunas enmiendas además hemos aceptado de distintos grupos parlamentarios para ampliar su composición, sean vocales independientes. También deberá tener la condición el presidente de la comisión de control con carácter independiente.

Y en séptimo lugar, se limita, en la línea con lo previsto precisamente en la orden de buen gobierno corporativo, el mandato de los vocales independientes en el seno de los mismos.

Si hablamos de las fundaciones bancarias, también le debo citar siete ejes fundamentales en el desarrollo de la ley.

Todas las fundaciones bancarias sin excepción están sometidas a rigurosos requisitos de gobierno corporativo.

En segundo lugar, se impide que los miembros del patronato de las fundaciones bancarias lo sean a su vez del consejo de administración de la entidad de crédito.

En tercer lugar, estarán sujetas a un régimen de control que será llevado a cabo por el Banco de España en el marco de sus funciones de supervisión financiera y de protectorado sobre el sistema de gobierno corporativo de la fundación bancaria.

En cuarto lugar, ese protectorado corresponderá al Ministerio de Economía y Competitividad cuando la fundación bancaria tenga un ámbito de actuación principal superior al de una comunidad autónoma.

En quinto lugar, las fundaciones bancarias con una participación superior al 30% en una entidad de crédito deben presentar al Banco de España para su aprobación un protocolo de gestión de su participación en dicho banco.

En sexto lugar, las fundaciones bancarias con una participación superior al 30% estarán obligadas a presentar un plan financiero que en el caso de las entidades con una participación superior al 50% de control incluirá un plan de diversificación de inversiones y de gestión de riesgo.

Y, en último lugar, el plan financiero se presentará al Banco de España en el plazo de dos meses desde la constitución de esa fundación bancaria estableciendo una serie de extremos.

Termino, señor presidente, con algunas alusiones que no se han hecho al proyecto de ley por parte del senador Mariscal, pero el senador Mariscal tiene además una cierta animadversión hacia el diario ABC. Yo lo respeto. Soy lector habitual del diario ABC. Usted se ve que no lo es. Pero usted que me ha hablado del plan social de la vivienda que tiene la Junta de Andalucía, no le voy a leer el diario ABC, le voy a leer el acta del consejo de administración de la Sociedad municipal de la Vivienda del ayuntamiento de Jaén cuando ustedes gobernaban, PSOE e Izquierda Unida.

Punto sexto, 20 de mayo del 2011: Instar al desahucio judicialmente de todos aquellos deudores que lleven al día de la fecha más de dos años con deuda y paralelamente comunicárselo




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a Asuntos Sociales por si corresponde tener en cuenta su informe individualizado, así como al resto de inquilinos que se irá procediendo de igual forma contra todos los que no paguen.

Esta era la política social de Izquierda Unida en Andalucía y Jaén. Echar a la calle y desahuciar a la gente. Este no es el diario ABC, esta es el acta del consejo de administración de SOMUVISA que, por cierto, ustedes presidían. (Aplausos.)

Señor Mariscal, no me hable a mí aquí de la política social de la vivienda, que a usted aquí lo conocen algunos pero nosotros en Andalucía les conocemos muy bien. Usted puede aquí venir y hablarles a senadores de otras comunidades autónomas, pero a los andaluces no.

La Junta critica los desahucios, pero ordena ejecutar uno en quince días. Y le voy a decir algo: PSOE e Izquierda Unida rechazan en el Parlamento andaluz ceder viviendas de EPSA a familias sin recursos. (Rumores.) Esta es la política de la izquierda en mi tierra; esta es la política de la izquierda en Andalucía. (Fuertes aplausos.) La de los que se niegan a poner a disposición de los más necesitados precisamente las viviendas abandonadas.

Y, señor Mariscal, voy a terminar con una última reflexión. (Fuertes rumores.) ¡Pero si es que ustedes también han estado en los consejos de administración de las cajas! Usted viene aquí a citar al señor Montoro, al señor De Guindos, al señor Rato, pero ustedes han estado cobrando en los consejos de administración de las cajas, como se dice aquí (Mostrando un documento a la Cámara.): El comunista de medio millón de euros. (Fuertes rumores.) ¿Y ustedes qué hacían en la gestión de esas cajas y de esas entidades financieras? Por tanto, señor Mariscal… (Continúan los rumores.)

Termino ya, pero ha habido una alusión final al Gobierno de España. (Fuertes rumores.—Protestas.) Le voy a decir una cosa, señor Mariscal. El Gobierno de la Junta de Andalucía… (Fuertes rumores.—Fuertes protestas.—Fuertes aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: El Gobierno de la Junta de Andalucía le debe mucho al Gobierno del presidente Rajoy y al Gobierno de España. (Rumores.) Se han transferido en el último año más de 11 000 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que le ha otorgado liquidez a ese Gobierno socialista y comunista (Fuertes rumores.), que de otra manera ni siquiera hubiese podido pagar las nóminas. (Fuertes aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. (Fuertes rumores.)

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Termino, señor presidente.

No solo se ha transferido ese dinero, sino que el último que se le ha dado han sido 562 millones de euros con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico para sacar las facturas de los cajones en materia sanitaria, de educación y de servicios sociales. (Protestas.—Rumores.) Esa es la lealtad del Gobierno de España, la que ustedes no tienen con los ayuntamientos de Andalucía, que los asfixian y estrangulan permanentemente. (Fuertes aplausos.—Fuertes protestas.)

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández de Moya.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto. Les anuncio que en esta votación sí hay votación telemática y que han sido autorizados sendos votos de las senadoras Parera Escrichs y García Carrasco. Las dos han emitido voto en sentido negativo a las cuatro propuestas de veto. Por lo tanto, yo iré sumando esos dos votos a cada una de las votaciones.

Comenzamos votando la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241, más 2 telemáticos, 243; votos emitidos, 241, más 2 votos telemáticos, 243; a favor, 7; en contra, 163, más 2 votos telemáticos, 165; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242, más 2 telemáticos, 244; votos emitidos, 242, más 2 votos telemáticos, 244; a favor, 6; en contra, 165, más 2 votos telemáticos, 167; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de la senadora Mendizabal y los senadores Aiartza, Goioga y Unamunzaga.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243, más 2 telemáticos, 245; votos emitidos, 243, más 2 votos telemáticos, 245; a favor, 6; en contra, 165, más 2 votos telemáticos, 167; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, finalmente, la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y Saura.Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242, más 2 telemáticos, 244; votos emitidos, 242, más 2 votos telemáticos, 244; a favor, 6; en contra, 164, más 2 votos telemáticos, 166; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, mañana continuaremos con el debate de las enmiendas.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana. Buenas noches.

Se suspende la sesión a las veintiuna horas y treinta minutos.


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