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DS. Senado, Pleno, núm. 93, de 13/12/2013
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 44

celebrada el viernes, 13 de diciembre de 2013

ORDEN DEL DÍA

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.3. Proyecto de Ley del Sector Eléctrico. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Industria, Energía y Turismo

(Núm. exp. 621/000057)

4.1.4. Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Empleo y Seguridad Social

(Núm. exp. 621/000058)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.4. Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Empleo y Seguridad Social

8750

(Núm. exp. 621/000058)

El señor Sedano Pérez, vicepresidente primero de la Comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de las propuestas de veto.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora. Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la propuesta de veto número 2.

La señora Mendizabal Azurmendi defiende la propuesta de veto número 3, del señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Yanguas Fernández da por defendida la propuesta de veto número 4, del señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 7, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sabaté Borràs defiende la propuesta de veto número 8, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya

La señora Martínez Muñoz defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

La señora Rieradevall Tarrés defiende la propuesta de veto número 9, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ruiz Santos defiende la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y los señores Yanguas Fernández e Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Guillot Miravet y Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Martínez-Aldama Sáenz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fernández Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto.




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El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para las senadoras Eva Parera Escrichs y Catalina García Carrasco, aunque solo esta última ha emitido voto telemático, siendo negativo en todas las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente resultado: presentes, 222, más 2 votos telemáticos, 224; votos emitidos, 222, más 1 voto telemático, 223; a favor, 78; en contra, 144, más 1 voto telemático, 145.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 223, más 2 votos telemáticos, 225; votos emitidos, 222, más 1 voto telemático, 223; a favor, 78; en contra, 145, más 1 voto telemático, 146.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 223, más 2 votos telemáticos, 225; votos emitidos, 222, más 1 voto telemático, 223; a favor, 78; en contra, 144, más 1 voto telemático, 145.

Se rechaza la propuesta número 4, con el siguiente resultado: presentes, 222, más 2 votos telemáticos, 224; votos emitidos, 222, más 1 voto telemático, 223; a favor, 77; en contra, 145, más 1 voto telemático, 146.

Se rechaza la propuesta de veto número 7, con el siguiente resultado: presentes, 223, más 2 votos telemáticos, 225; votos emitidos, 222, más 1 voto telemático, 223; a favor, 78; en contra, 144, más 1 voto telemático, 145.

Se rechaza la propuesta de veto número 8, con el siguiente resultado: presentes, 223, más 2 votos telemáticos, 225; votos emitidos, 223, más 1 voto telemático, 224; a favor, 78; en contra, 145, más 1 voto telemático, 146.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 223, más 2 votos telemáticos, 225; votos emitidos, 223, más 1 voto telemático, 224; a favor, 78; en contra, 145, más 1 voto telemático, 146.

Se rechaza la propuesta de veto número 9, con el siguiente resultado: presentes, 223, más 2 votos telemáticos, 225; votos emitidos, 223, más 1 voto telemático, 224; a favor, 78; en contra, 145, más 1 voto telemático, 146.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente resultado: presentes, 222, más 2 votos telemáticos, 224; votos emitidos, 221, más 1 voto telemático, 222; a favor, 77; en contra, 144, más un voto telemático, 145.

4.1.3. Proyecto de Ley del Sector Eléctrico. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.)

Comisión: Industria, Energía y Turismo

8782

(Núm. exp. 621/000057)

Se procede a votar los votos particulares

8783

Se rechazan todas las enmiendas, salvo las números 55, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentada por los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar; 230 y 318, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 353, 357, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 400, 402, 406 y 414, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; 157, del Grupo Parlamentario Socialista; 475, 482, 457 a 460, 462, 467 a 474 y 477, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación del Dictamen con número de registro 72221, sobre la base de las enmiendas 426, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y 488, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del Proyecto de Ley.




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El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2013 POR LA QUE SE EXCLUYE DEL MISMO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CREACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS EN EL SECTOR PÚBLICO.

(Núm. exp. 550/000026)

Se aprueba por asentimiento de la Cámara trasladar debate y votación del citado Proyecto de Ley a la sesión plenaria del 16 de diciembre de 2013.

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.4. Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Continuación.)

Comisión: Empleo y Seguridad Social

8788

(Núm. exp. 621/000058)

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 18, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas 19 a 25, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

Los señores Sabaté Borràs y Guillot Miravet defienden las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 41 a 58 y 59 a 73, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 91 a 94 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió números 74 a 90 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 91 a 94 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Ruiz Santos defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 26 a 40 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 91 a 94 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Peris Jarque, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Martínez-Aldama Sáenz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fernández Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar los votos particulares

8807

Se rechazan todas las enmiendas.




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Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se levanta la sesión a las catorce horas y cinco minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la sesión.

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.4. PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y DEL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(Núm. exp. 621/000058)

El señor presidente da lectura a los puntos 4., 4.1. y 4.1.4.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen tiene la palabra el senador Sedano.

El señor SEDANO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Tengo el honor de presentar como vicepresidente primero de la Comisión de Empleo y Seguridad Social el dictamen del Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo entrada en esta Cámara el día 23 de noviembre, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 27 de noviembre, fue ampliado hasta el día 29 de noviembre de 2013.

A este proyecto de ley se presentaron nueve propuestas de veto y noventa y cuatro enmiendas. La comisión se reunió para dictaminar el día 2 de diciembre y emitió dictamen en el que introducía modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Han presentado votos particulares a este dictamen los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señoras Almiñana y Sequera y los señores Boya, Bruguera, Martí, Montilla y Sabaté, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y los grupos parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa, Convergència i Unió y Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedano.

Comenzamos el debate de las propuestas de veto.

Propuesta número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Me voy a abstener de hacer ningún comentario en relación con la atmósfera, porque seguramente desde el plano personal puede estar justificada.

Entro en la defensa del veto de frente. El Estado de bienestar —me habrán escuchado sus señorías decirlo en alguna ocasión— es un Estado de seguridades, un Estado que se caracteriza por ofrecer a sus ciudadanos garantías de que a lo largo de su vida sus necesidades, sus retos y sus dificultades van a contar con un compromiso colectivo y social de respuesta articulado a través de sus instituciones.

No ha sido una de las menores seguridades y garantías, todo lo contrario, la de contar con una pensión suficiente cuando se llegaba a una situación que incapacitaba para seguir desarrollando la actividad profesional o se alcanzaba la edad de jubilación. El artículo 41 de nuestra Constitución, como muy bien saben sus señorías, asegura que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante los estados de necesidad.

Este mandato constitucional había dado lugar a una realidad que, sin poder ser calificada como satisfactoria, era asumible por el conjunto de la sociedad. No podemos pensar que la




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situación era satisfactoria cuando la pensión contributiva media en nuestro país se sitúa en 785,83 euros, la no contributiva en 364,70 euros y cuando el 77% de los pensionistas no llega a los 1000 euros al mes. Sin embargo, la mejor expresión de que nuestra sociedad entendía que el sistema era mínimamente asumible, se expresaba precisamente en el hecho de que, en relación con el conjunto de los países europeos, en nuestro entorno, esa alternativa que siempre existió de los fondos privados de pensiones, resultaba menos atractiva, tuvo una respuesta inferior y hubo menos ciudadanos dispuestos a suscribir un plan o un fondo privado de pensiones.

La crisis sirve otra vez de oportunidad para poner en duda la viabilidad del sistema público de pensiones, con dos argumentos: primero, a corto plazo la caída de los ingresos del sistema por el elevado nivel de desempleo, es algo obvio, nadie lo discute; segundo, a medio plazo el incremento del número de pensionistas y la caída de la relación activos/pasivos, fruto del incremento de la esperanza de vida, por un lado, y de la progresiva incorporación de las cohortes en la estructura piramidal consecuencia del baby boom, hasta el año 2050, en que empezará a descender la repercusión de esta situación, por otro.

Frente a estos dos argumentos, cabe decir lo siguiente: en primer lugar, caída de ingresos, fruto del paro y de la bajada de los salarios. Pues bien, a pesar de esa caída de ingresos, el sistema público de pensiones ha acreditado su fortaleza. A pesar de que se ha doblado el número de parados, el sistema aguantó cinco años sin tener que acudir al fondo de reserva; y cuando ha habido que acudir al fondo de reserva, hasta el momento solo se ha utilizado el 5%, con lo que la reserva existente a lo largo de 2013 era aún de 63 000 millones, y al finalizar el año, con la aportación que haya que realizar para reequilibrar el sistema, seguirán quedando en el fondo de reserva 55 000 millones. Es decir, durante un largo y dilatado periodo de tiempo, que no será inferior a seis o siete años, el fondo de reserva es suficiente para cubrir la caída de los ingresos. Si estos presupuestos que ayer se votaron tienen como base la recuperación económica, antes de esos seis o siete años en los que se agote el fondo de reserva, sin cambiar nada, de nuevo tendremos un sistema público de pensiones con superávit, como lo ha tenido a lo largo de muchos años, no solamente para nutrir ese fondo de reserva sino para satisfacer otras necesidades de la Administración central del Estado que usó esos superávit para diversas funciones, como una fuente de ingresos más del presupuesto general del Estado.

En segundo lugar, en la elaboración del informe de los expertos, en los argumentos que públicamente se han barajado en el ámbito político para defender esta reforma, no se hace ninguna referencia a la posibilidad de aumento de la productividad como una contribución positiva a la mejora de los ingresos del sistema. Es curioso que la única referencia pública que pude encontrar y que toma en consideración este aumento de productividad es un estudio privado en relación con las pensiones de la Caixa. Es un informe que mensualmente encontramos en las mesas situadas en la zona de los ascensores. Si sus señorías se toman la molestia de leerlo con detenimiento, verán que ahí, al menos se reconoce que este es un factor a tener en cuenta, pero en la tramitación de este proyecto, en las razones que lo motivan, no se toma en cuenta.

Respecto al segundo gran argumento, el incremento de la esperanza de vida, debo hacer varias consideraciones. Por mucho que avance la sanidad y la técnica sanitaria, el incremento de la esperanza de vida tiene un tope, un tope que probablemente hayamos alcanzado, y además, como ocurre con tantas cosas en la historia, con el desarrollo, la esperanza de vida igual que sube baja, ejemplos hay: la situación caótica que se generó en el sistema sanitario de la Unión Soviética, tras la desaparición de esta como tal, se tradujo en una caída de la esperanza de vida de sus ciudadanos de diez años, lo cual no es ninguna broma. Nosotros no estamos viviendo en nuestro sistema público de salud la caótica situación que entonces se dio, pero estamos sufriendo un deterioro —ayer reflexionábamos sobre ello— de ese sistema de salud.

Más consideraciones, cualquier estimación sobre la esperanza de vida y previsiones de la pirámide de población a largo plazo son muy arriesgadas. Ejemplo claro, ninguno de los estudios que se realizaron a lo largo de los años noventa sobre previsiones de modificación de la pirámide poblacional pudo prever la situación que se dio en la primera década del presente siglo en nuestro país con una creciente inmigración que significó un cambio sustancial de esa pirámide de población.

Otra consideración, uno de los elementos más destacados de la cuantificación de la esperanza de vida y de la pirámide de población es la diferencia —como saben su señorías— entre la




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esperanza de vida de varones y de mujeres. Las mujeres tienen entre cuatro y seis años más de esperanza de vida. Esa situación, para desgracia de las mujeres, también se está corrigiendo. Esa situación era fruto de que, entre los hábitos sociales, algunos placeres de la vida, durante muchos años quedaron acotados a los varones; durante varias generaciones las mujeres no han fumado ni consumido alcohol —y yo no entro en la vida personal de nadie—, prácticas que objetivamente está demostrado que deterioran la salud y las condiciones de vida. En consecuencia, eso va a tener una repercusión en la esperanza de vida de las mujeres. Nada de eso se toma en consideración a la hora de fundamentar esta reforma. De hecho, si retomamos el discurso de los riesgos del sistema público de pensiones, ya el anterior Gobierno aprobó la Ley 27/2011 que conllevaba un importante recorte de la cuantía de las pensiones a medio plazo, con la intención declarada entonces de que en 2050 se llegara a un ahorro en pensiones del 3% del producto interior bruto, unos 2000 euros anuales por pensionista. Para ello se introdujo el factor de sostenibilidad, que esta ley adelanta a partir de 2027, y se prolongaba progresivamente la edad de jubilación para llegar a los 67 años y el período de cómputo de las bases de cotización para determinar la prestación.

El factor de sostenibilidad es un elemento propio de los planes privados de pensiones, ajeno a los sistemas públicos de pensiones. Significa, como muy bien saben sus señorías, la aplicación de un coeficiente relacionado con la esperanza de vida a los 67 años y otro mediante el que se recalcula anualmente la cuantía de la prestación en función de gastos e ingresos del sistema. No me detengo más porque sus señorías lo tienen perfectamente claro.

Esta reforma adelanta —como decía— al 2019 el factor de sostenibilidad, lo cual afectará a los pensionistas que, a partir del 1 de enero de 2019 accedan a esa condición, pero por primera vez aplica una medida que tiene su proyección y efectos sobre los actuales pensionistas. Esta es una novedad relevante, el hecho de que se establezca un mecanismo diferente para la actualización de las pensiones. Este mecanismo de prescindir del IPC como referente tradicional, legal y consolidado en los debates del Pacto de Toledo —en los que siempre se barajó la posibilidad de que se sustituyera, pero mientras se encontraba una fórmula consensuada, en principio todo el mundo mantenía que se debería sostener— va a significar —como ya tuvimos la oportunidad de debatir en el los Presupuestos Generales del Estado— para 2014 una subida de las pensiones del 0,25%, que conllevará menos de 3 euros al mes en la pensión media. Todo ello va a significar una inevitable pérdida de poder adquisitivo. Según la memoria del anteproyecto, si se hubiera aplicado esta fórmula en 2011 y 2012 los pensionistas hubieran perdido 5,3 puntos de poder adquisitivo, que solo recuperarían tras veintiún años consecutivos de superávit de la seguridad social. Estos cálculos se hicieron antes de que el Partido Popular introdujera la enmienda que sustituye, en los casos de periodos económicos de bonanza, la actualización del 0,25 por el 0,50%.

Según el economista Albert Corominas, catedrático de la Politécnica de Barcelona, con la aplicación del actual sistema de actualización de las pensiones, tras siete años malos, y ya los llevamos, de crisis, serían necesarios, con el 0,50% en los años buenos, según la inflación fuese del 1, del 2 o del 3%, catorce años buenos para recuperar la pérdida de poder adquisitivo consecutivos, con el 1%; treinta y seis años buenos, con el 2%, y cincuenta y dos años buenos, con el 3%. Señorías, en nuestra historia económica no hemos tenido ni tan siquiera catorce años buenos seguidos, así que no es previsible que en el futuro se vaya a dar.

Se ahorrarán, según la memoria, 33 000 millones desde 2014 a 2022. Y llegaremos a una situación en la que en 2050, con una carrera de cotizaciones completa, cumpliendo todos los requisitos de años cotizados y de edad, la prestación que se reconocerá, lo que se llama la aplicación del coeficiente de sustitución, dará como resultado que el pensionista percibirá de pensión aproximadamente el 50% del salario percibido en los últimos años. En este momento, antes de esta reforma, percibiría el 80%.

Se desprecia, insisto, la mejora de la productividad. Seguimos gastando menos de 3 puntos del producto interior bruto que la media de la Unión Europea —voy terminando, señor presidente, porque luego utilizaré el turno de portavoces para concluir—, y a pesar de que se produjo la separación de fuentes, la aportación de la Administración del Estado en el sistema de pensiones sigue siendo muy inferior a la que realizan la mayoría de los Estados de la Unión Europea.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 2 es de la senadora Capella.

Para su defensa, tiene la palabra su señoría.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gràcies president. Bon dia.

El presente proyecto de ley supone un empobrecimiento de la población subrayando el proceso de dualización social, un recorte o una estocada mortal del Estado social y del Estado de bienestar y un impulso a la privatización de las pensiones.

Si sumamos a este proceso los recortes sociales que se están produciendo y el aumento del gasto privado para compensar la reducción del gasto público, nos encontramos con un generalizado proceso de empobrecimiento que agudiza las situaciones de precarización social y de salud de las personas mayores. Por tanto, cada vez son más habituales los procesos de exclusión, marginación, pobreza relativa e incluso pobreza absoluta. No obstante, el proceso de empobrecimiento no afecta solo a los pensionistas, sino que nos afecta a toda la ciudadanía. Cuando se debilita el Estado social y del bienestar toman relevancia las redes de solidaridad familiar, especialmente intergeneracional, para compensar la reducción del gasto público.

Este proceso se produce en un doble sentido: los mayores, que requieren de la colaboración de sus familias para vivir con dignidad, y asimismo las familias, que están pasando dificultades económicas y que se ven obligadas a depender, para su supervivencia, de la pensión de sus mayores.

De forma continuada, distintos Gobiernos españoles han ido aprobando en los últimos años medidas tendentes a debilitar el sistema público de pensiones, dificultando el acceso a él, congelando y no revalorizando las prestaciones, alargando la edad de jubilación, hasta un largo etcétera.

Nuestras enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado iban en la línea de revalorizar y mejorar las pensiones, evidentemente con el resultado que vimos ayer, que ninguna de las enmiendas de Esquerra Republicana fue admitida.

Hemos sido críticos con otras reformas anteriores. Fuimos críticos con la reforma del Partido Socialista en el año 2011, criticamos que congelaran las prestaciones, pero lo que ustedes pretenden tiene otro calado. Es un cambio copernicano: que los pensionistas pierdan poder adquisitivo mientras vivan, posiblemente un 20% en los próximos diez años. Deberíamos volver a nacer para creer lo que está pasando.

Pese al creciente porcentaje de ciudadanos instalados en el umbral de la pobreza, pese a que decenas de miles de pensionistas deben dedicar una buena parte de su pensión a alimentar a sus hijos, pese al proceso de dualización de nuestra sociedad tan acelerado, pese a haber cuestionado cuantías y regímenes, pese a que los recursos destinados a pensiones en el Estado español se sitúa 3 puntos por debajo del promedio establecido en la Unión Europea, pese a que cerca de 5 millones de personas gozan de pensiones situadas en el umbral de la pobreza, el Gobierno actual presenta una nueva reforma de las pensiones, sin haber alcanzado ningún tipo de acuerdo con los agentes sociales, que entierra la no pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, y justifican tal medida afirmando que en los años de bonanza económica se recuperará la parte no incrementada. En definitiva, el proyecto de ley pretende reducir las prestaciones presentes y futuras, no revalorizarlas, sentar las bases de un progresivo decrecimiento del gasto en prestaciones de jubilación, obviando las propuestas planteadas tanto por los agentes sociales como por los partidos políticos.

Con ustedes ya sabemos lo que pasa. La deconstrucción se consolida y el terreno perdido no se recupera. Es por ello que ante un proyecto del Gobierno que empequeñece y representa un ataque a un sector de la sociedad que como clase pasiva no tiene la posibilidad de hacer compatible la prestación con el trabajo; ante un proyecto de ley convertido en ariete capaz de abrir un nuevo boquete en el sistema público de pensiones que posibilite la entrada e irrupción de los sistemas privados; que se incardina en el progresivo desmantelamiento del Estado del bienestar, visualizado en los recortes que ustedes están ejecutando de forma sistemática en sanidad, educación y otros ámbitos cruciales, en la misma devaluación salarial, en la nueva legislación regresiva de la negociación colectiva, en la congelación del salario mínimo interprofesional o en la reducción de las políticas activas de empleo, las clases populares se encuentran cautivas y contra las cuerdas.




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Hoy, aquí, en este Senado, se escenifica un auténtico atentado a uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. España es un Estado fallido desde todos los puntos de vista. Ustedes nos dirán que tienen el aval de todas las personas y ciudadanos que les votaron, pero les votaron porque ustedes prometieron hacer todo lo contrario de lo que están haciendo. Por ello la historia a ustedes no les absolverá. Caerá sobre sus conciencias la fractura social que ustedes están desencadenando.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 3 es de los senadores Azurtza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Una vez más han llegado las rebajas. Obviamente estoy refiriéndome a los recortes, a las rebajas en los bolsillos empobrecidos de los pensionistas. Una vez más nos encontramos ante una medida que se debe enmarcar dentro de la política general neoliberal impulsada por el Gobierno del Partido Popular. Una política encaminada al debilitamiento y al recorte en los ámbitos asistenciales y de prestaciones públicas, léase educación, sanidad, asistencia social... En este proceso se está realizando una inmensa transferencia de recursos y de rentas desde el ámbito público hacia lo privado, y en especial hacia el sector bancario y financiero, que es el responsable principal del impulso de una economía hueca, artificial, asentada en el cemento y la especulación inmobiliaria, que con su estallido ha ocasionado la grave crisis económica que estamos padeciendo. Se trata de una política global donde el Gobierno favorece los intereses de la gran patronal, los intereses de la banca y a las altas rentas, desfavoreciendo a la mayoría social, desfavoreciendo a los trabajadores, a los jóvenes, a los inmigrantes, a los pensionistas, a los desempleados, a quienes se impone un importante deterioro de sus condiciones laborales y sociales. Una política, a su vez, que no cesa de recortar y anular una tras otra las competencias económicas y financieras de las comunidades autónomas, en beneficio de las de un Estado cada vez más centralista y uniformizador.

En lo referente a este proyecto de ley, hemos de partir de la base de que el régimen de pensiones existente en el Estado español es uno de los más bajos de la Unión Europea, situándose en más de un 20% por debajo del promedio allí existente. El objetivo, por lo tanto, no debería ser recortar pensiones, sino implementar cuantos medios sean necesarios para elevarlas. Un 50% de las pensiones de jubilación se hallan por debajo de los 700 euros mensuales, y unos cinco millones de personas malviven con ingresos inferiores al umbral oficial de pobreza. La situación se agrava aún más en el caso de las mujeres, por cuanto estas por término medio perciben unas pensiones que vienen a ser un 40% más bajas que las de los hombres. Hablar de pensiones de viudedad equivale sin más a hablar de pensiones de pobreza, cuando no de extrema pobreza.

A todo lo anterior hay que sumar el hecho de que las reformas realizadas en los dos últimos años han producido un recorte que en su aplicación global puede calcularse entre un 20 y un 25%. Hablamos de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, que bajo ese rimbombante título alargó a los 67 años la edad de jubilación e introdujo importantes cambios, recortes en definitiva, aumentando el número de años de cotización exigidos para tener derecho a la pensión y para el cálculo de su importe. A ello debe sumarse la congelación de las pensiones durante 2011, con el Gobierno del PSOE, su no actualización en 2012, con el Gobierno del PP, y los recortes efectuados en el régimen de la jubilación parcial y anticipada, y finalmente la revisión de las pensiones de viudedad y la modificación del régimen de las trabajadoras del hogar.

Nosotros creemos que ante todo las pensiones han de ser dignas y suficientes para mantener un nivel de vida distante de cualquier índice de pobreza; de lo contrario, si no son dignas ni suficientes, estamos hablando de otra cosa; hablamos de beneficencia, de caridad, de limosnas, pero no del derecho a tener una vida digna en la última etapa de la vida. Por ello el punto de partida debería ser el contrario al fijado por el Gobierno: sobre la base de establecer unas pensiones mínimas suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la existencia de una persona, tales como la vivienda, la alimentación, el vestido, la cultura, el ocio, debería




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articularse un sistema que permita la satisfacción de lo anterior mediante la búsqueda de ingresos propios del sistema —o sea, cotizaciones a la Seguridad Social— y otros procedentes de los presupuestos —impuestos más progresivos, persecución del fraude fiscal, recortes o supresión, en su caso, de gastos improductivos, tales como los gastos militares, la Casa Real, las infraestructuras faraónicas, etcétera—. En resumen, frente a la reforma del Gobierno del PP, que pretende solucionar los problemas del déficit de la Seguridad Social por la vía del recorte de los gastos, los esfuerzos deberían ponerse en la ampliación de los ingresos.

Se aduce como una de las razones fundamentales para la presente reforma la insostenibilidad del régimen de las pensiones y su creciente déficit. Sin embargo, esta es una verdad relativa. La Seguridad Social, a cuyo cargo está un tercio del total de gastos realizados por el conjunto de las administraciones públicas, supone tan solo el 9% del déficit total de éstas; es decir, las otras dos terceras partes de la Administración aportan el 91% del total del déficit existente. Siendo esto así ¿es razonable dar tanta importancia al hecho cuando estructuralmente la Seguridad Social ha tenido tradicionalmente superávit en sus cuentas, salvo en los dos últimos años? ¿Hay que darle tanta importancia a la insostenibilidad del régimen de las pensiones? ¿Cuánto está costando a los presupuestos públicos el saneamiento del sistema financiero español? ¿Por qué cuando las cuentas de la Seguridad Social presentan déficit se propone la reducción de las pensiones, y cuando este aparece en los balances bancarios se inyecta dinero sin límite para equilibrar la situación de la banca? ¿Por qué no rescatar a los pensionistas de su penosa situación, en vez de a los banqueros, que nadan en la opulencia y se jubilan con indemnizaciones de decenas de millones de euros?

El Gobierno ha señalado que con su reforma de las pensiones estas se recortarán —sus cálculos han sido muy alegres— en 33 000 millones de euros en los próximos nueve años. Pues bien, la misma semana en que se anunciaba esto —ya lo dijo mi compañero Sabino en el Congreso y lo pienso repetir—, el Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, hacía referencia a que 37 000 de los 52 000 millones de euros puestos a disposición de la banca eran considerados irrecuperables. Así que las cuentas cuadran. El importe total de lo que se va a sustraer de los bolsillos de los nueve millones de pensionistas es equivalente a la cantidad que se va a regalar a la banca.

Por tanto, a nuestro entender se trata de invertir el orden de las prioridades y poner las necesidades de la población, especialmente las de los estratos más desfavorecidos, por encima de los intereses de los bancos, de la gran patronal o del capital en general; de situar por encima de todo la necesidad de contar con una enseñanza y sanidad públicas de calidad, con el impulso de políticas activas decididas de creación de empleo y con un sistema de pensiones digno y suficiente. Esta misma política económica neoliberal es la que ha favorecido la extensión del desempleo hasta límites no conocidos, supone la degradación de los empleos y, con ello, el incremento considerable de los gastos de la Seguridad Social y la disminución pareja de sus ingresos debido a la disminución de las cotizaciones sociales.

Se dice por el Gobierno que el sistema de pensiones actualmente existente es insostenible debido al déficit presente y futuro. Claro está; después de recortar drásticamente, en los dos últimos años, las partidas presupuestarias destinadas al impulso del empleo, después de destruir durante 2012 la friolera de 850 000 puestos de trabajo, de reducirse los salarios como consecuencia de la reforma laboral, de regalar a las empresas todo tipo de exención, bonificaciones y desgravaciones, ¿cómo no va a ir mal la Seguridad Social si es el propio Gobierno la que la está vaciando por dentro?

La aprobación del proyecto de ley que ahora se debate ha venido precedido por un intento de darle un carácter objetivo, científico. Se crea así por parte del Gobierno, sin negociación ni acuerdo alguno con el resto de las fuerzas parlamentarias ni agentes sociales, un denominado comité de expertos, hecho a la medida, por supuesto, del Gobierno del PP, de la patronal y de la banca y de los seguros, en este caso, con quienes una gran mayoría de los miembros del Gobierno mantienen vínculos y relaciones.

Las cartas estaban, pues, marcadas desde el principio y los árbitros, amañados. Por supuesto, su informe final descartaba cualquier medida que apuntara en la dirección de incrementar los ingresos y se ajustaba como un guante a los intereses de una patronal de seguros que aguarda como agua de mayo la reforma anunciada. Porque no hay que olvidar que, al igual que esto está




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sucediendo en otros servicios públicos —léase educación, sanidad, asistencia social— se trata, en definitiva, de impulsar un proceso general de privatización de la función pública en beneficio de unas empresas que pretenden hacer negocio con estos servicios. Más en concreto, en el terreno de las pensiones se trata de debilitar el sistema, para hacer posteriormente —para quien pueda pagarlo, claro, o quien pueda hacerlo— que sea necesario suscribir pensiones suplementarias que mejoren el importe y las condiciones de las depauperadas pensiones públicas.

El actual proyecto de ley presentado por el Gobierno no hace sino profundizar en las debilidades del sistema y cerrar la puerta a las necesarias mejoras que este precisa, dando continuidad a la reforma del 2011 y a los recortes habidos en los dos últimos años, congelación, que no actualización, jubilaciones parciales y anticipadas. Se trata de nuevo de reducir el importe de las pensiones hasta dejar que su inmensa mayoría quede inmersa en parámetros de mera supervivencia, cuando no de pobreza o de extrema pobreza.

Allá por 1993, la Fundación del BBV contrató también a varias decenas de expertos para que estudiasen el sistema de pensiones. Tras veinte meses de trabajo —los actuales expertos del Gobierno han hecho el suyo en poco más de un mes—, los expertos del BBV concluyeron que para el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría aumentado hasta crear una situación de quiebra. Como es evidente, nada de aquello ha ocurrido, y a la banca se le vio en exceso el plumero y su evidente interés por cargar la mano contra el sistema público de pensiones de cara a favorecer sus propios negocios privados. Pero es que, al margen de los cálculos que puedan realizarse, no estamos ante un problema técnico; nosotros creemos que estamos ante un problema eminentemente político. Según las decisiones políticas sean unas u otras, el sistema de la Seguridad Social y de las pensiones podrá ser o no variable; al margen de cuál pueda ser la situación de la economía y el factor de envejecimiento poblacional, la salud de un sistema de pensiones y la calidad de estas dependerán en esencia de las decisiones políticas a tomar. Dependiendo de que sean de un signo o de otro irán por un camino u otro.

Señorías, para finalizar, voy a explicar de manera breve y gráfica la situación. Me gustaría que se situasen en lo siguiente. Imagínense que para salir del agujero de la crisis se organiza una expedición de montaña. El Gobierno sería el jefe de expedición, y junto con sus amigotes, la banca, los poderes financieros, los oligopolios, marcaría un poco el camino a seguir. Ellos abren la cordada y marcan el ritmo que más les conviene, pero se olvidan de que en la misma cuerda está la mayoría social española. Estos son precisamente los que cargan con las mochilas, que cada vez pesan más, porque son ellos los que están cargando con la parte más pesada de la crisis. Pero con tanta carga se corre el riesgo de que haya desfallecimientos o una caída, y, claro, si se caen al fondo del agujero, con tanto peso arrastrarían a todos, arrastrarían a toda la cordada, también a los que van arriba, también a los que van delante, pero yo estoy segura de que la banca, que siempre gana, ya se las ingeniaría para cortar la cuerda. Pero la cuestión es ¿el Gobierno va a cortar esa cuerda? En Amaiur lo tenemos claro. Somos parte de esa mayoría social, haremos todo lo que esté en nuestras manos para aliviar el peso de esas mochilas, abogamos por el reparto equitativo de ese peso porque tenemos una manera propia de entender los pilares de justicia social, de redistribución de las rentas y de la solidaridad. Por eso reivindicamos un marco propio en materia de Seguridad Social y régimen de pensiones para Euskal Herria. En esta línea estaremos al lado de la mayoría social, como venimos haciendo siempre, y en este sentido participaremos en las concentraciones en Euskal Herria ante los Parlamentos vasco y navarro, el día 18 de diciembre, respondiendo al llamamiento de los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, CNT, CGT-LKN. Junto a ellos va un amplio número de agentes sociales que no mencionaré por lo larga que es la lista. Estamos en contra de esta imposición, y lo compartimos con ellos, estamos en contra de esta reforma regresiva que va en dirección contraria a lo que demanda la sociedad en Euskal Herria.

Por ello presentamos este veto y anunciamos ya —hoy sí— nuestro voto favorable a todos los vetos presentados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendizabal.

Propuesta de veto número 4, del senador Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el senador Yanguas.




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El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

La damos por defendida.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

La propuesta de veto número 7 es de los senadores Guillot y Saura. Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president. Buenos días, señorías.

Creo que hoy estamos frente a un debate serio, muy serio. Vamos a debatir una de las cuestiones seguramente más importantes de nuestro Estado de bienestar, uno de los pilares básicos y fundamentales ya que es el principal instrumento de redistribución que tenemos: las pensiones. Y vamos a debatir frente a una propuesta muy grave, y lo digo sinceramente. Creo que la propuesta que plantea hoy día el Gobierno con este proyecto de ley es una propuesta grave que afectará a millones de personas, sobre todo a aquellos sectores más desprotegidos.

El senador Saura y yo, en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds, nos oponemos frontalmente a esta ley. Creemos que es una reforma injusta. A nuestro entender, todo sistema público de pensiones debe garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Esta es una reforma que hoy no dispone del apoyo político y social suficiente; es decir, ustedes han abordado la reforma de una cuestión tan fundamental con el único y exclusivo voto del Partido Popular, teniendo enfrente al resto de partidos políticos, de grupos parlamentarios —solo hay que contar el número de vetos que se presentan aquí, en el Senado—, y con el rechazo de los agentes sociales —evidentemente, de los sindicatos, no hablo de las patronales—. Y es una reforma que dinamita también el Pacto de Toledo, el amplio acuerdo que representó el Pacto de Toledo. Es una reforma impuesta por la troika y, evidentemente, querida y aceptada por el Partido Popular y por el Gobierno del señor don Mariano Rajoy.

Y, señorías, no es cierto, no es cierto que ustedes hagan esta reforma para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Eso no es cierto. Esta reforma tiene como único objetivo la reducción del déficit a corto plazo; ese es el sentido exclusivo de esta reforma: no la sostenibilidad del sistema a largo plazo sino la reducción del déficit a corto plazo.

En primer lugar, al parecer del senador Saura y mío esta reforma no es urgente. En 2011 se aprobó una reforma del sistema de pensiones y aún hoy es pronto para poder valorar cuáles han sido sus efectos.

En segundo lugar, no es oportuna. Los pensionistas, hasta hoy protegidos, se verán afectados por esta reforma. E insisto en una cuestión que ha ido saliendo en todo el debate presupuestario: no hay que olvidar que en estos momentos el 27% de los hogares tienen como sustentador principal a una persona mayor de 64 años, y tampoco que los pensionistas dedican la mayor parte de su pensión a la compra de bienes y servicios, por lo que son un factor esencial del consumo interno, un consumo interno hoy deprimido y valorado por todos los analistas como un factor fundamental para el relanzamiento de nuestra economía.

En tercer lugar, es una reforma que no solo no es urgente, que no es oportuna, sino que no es equilibrada; solo plantea reducir el gasto y no incrementar los ingresos.

Y en cuarto lugar, evidentemente, es injusta; penaliza a los actuales pensionistas dejándolos sin margen de reacción.

Para justificar esta reforma el Gobierno utiliza cinco argumentos, a nuestro entender totalmente falsos. Primer argumento. España gasta mucho en pensiones y esto es insostenible. Eso no es verdad. En 2014 gastaremos el 10,7% del PIB, y la media europea es el 13,5; gastamos aproximadamente unos 30 000 millones de euros menos que la media de la UE, sin olvidar que nuestros ingresos fiscales son inferiores en 100 000 millones a la media de la Unión Europea.

Segundo argumento. El aumento de la esperanza de vida —dice el PP— provoca más gasto y eso obliga a rebajar las pensiones futuras. Falso. Hay algo más de nueve millones de pensionistas, con una pensión media de 857,97 euros/mes. Hay que recordarle al Gobierno y al grupo que le da apoyo que el incremento de pensionistas como resultado del baby boom se producirá entre los años 2027 y 2040, no en los próximos. Es decir, hay recorrido; no será —repito— en los próximos años sino entre 2027 y 2040. Y hay que recordarle también al Gobierno y al grupo del Partido Popular que el equilibrio económico de la Seguridad Social no solo depende de la esperanza de vida, sino también de otros factores, como son la natalidad, flujos migratorios, personas en activo,




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productividad, calidad salarial, cotizaciones y un largo etcétera, variables todas ellas que son más importantes que el cómputo de la esperanza de vida.

Tercer argumento del Gobierno. Hay que reducir el gasto, y para ello necesitamos recortar las pensiones del futuro e impedir que las actuales se revaloricen anualmente según el IPC. Otro argumento totalmente falso. Los ingresos han disminuido por la crisis, no por el exceso de gasto. En cuatro años ha habido más de tres millones menos de cotizantes, una reducción del 13,4% de cotizantes a jornada completa, y la economía sumergida en España se calcula que representa entre el 22 y el 25% del PIB. Es decir, lo que hace falta son más ingresos.

Cuarto argumento. La propuesta del Gobierno del Partido Popular garantiza el incremento anual de las pensiones. Falso y cínico. La actual propuesta, de no ser modificada —lamentablemente, no lo será—, condena a los pensionistas a perder capacidad adquisitiva de manera permanente. Con una pensión media y una inflación del 1%, los pensionistas dejarían de cobrar 33 000 millones de euros en los próximos años. Si calculamos la propuesta del Gobierno, del 0,25% de incremento sobre lo que fue la inflación en el período 2011-2012, la pérdida de poder adquisitivo hubiera sido del 5,3%.

Quinto, y último argumento. Según el Gobierno, todo esto se hace para garantizar las pensiones futuras de nuestros jóvenes, entonando un falso canto de solidaridad intergeneracional. Las pensiones futuras de nuestros jóvenes, señorías, no se garantizan porque les den a sus padres unas pensiones más bajas o impidiendo la revalorización de las pensiones de sus abuelos. Sus pensiones dependerán de su vida laboral y de sus cotizaciones, una vida laboral que hoy se les niega.

En resumen, el Gobierno ha presentado una ley de pensiones en la que estas no aumentarán sobre la base del IPC sino sobre la base de los recursos disponibles, y si la esperanza de vida aumenta, la pensión disminuye, con lo que las futuras pensiones serán inferiores a las calculadas con el sistema actual, de manera que las pensiones perderán poder adquisitivo de forma permanente.

Con todo ello, el Partido Popular y el Gobierno lanzan un doble mensaje: o esto o nada. Están lanzando un mensaje de miedo a nuestros pensionistas diciéndoles: señores, esto se nos cae y la única manera de salvar el sistema público de pensiones es aceptar estos recortes. Primer argumento. Y, segundo argumento, para aquellos que se lo puedan permitir: el futuro de las pensiones va a la baja, con lo cual les invitamos indirectamente a que vayan a buscar fondos de pensiones privados.

En la comisión que celebramos el otro día les dije que, desde que ha aparecido la propuesta de reforma, sorprende el incremento de noticias, anuncios y publicidad sobre fondos de pensiones privados. La respuesta que se me dio fue muy peregrina: no, es que esto normalmente pasa cada final de año. Pero, señorías, a final de año uno decide si deja de fumar, decide si va a ir al gimnasio, pero acogerse a un fondo de pensiones privado no es una decisión de final de año. La banca y las aseguradoras están lanzando estas campañas porque ustedes han lanzado el mensaje de que hay que ir a fondos de pensiones privados si realmente se quiere mantener una pensión de ciertas dimensiones y con cierto valor.

¿Qué cree Iniciativa per Catalunya Verds que hay que hacer? Más ingresos fiscales, y hay recorrido para ello.

La Seguridad Social, otro concepto fundamental de nuestra propuesta, no debe depender únicamente de las cotizaciones sociales. Señorías, en la Unión Europea de los Veintiocho solo ocho países financian su sistema de pensiones exclusivamente con las cotizaciones; el resto, no. Por ejemplo, en Dinamarca, más del 40% de la pensión final de los trabajadores se financia con ingresos generales, mientras que en Francia se creó en su momento un impuesto para dotar el fondo de reserva de la Seguridad Social, siendo en la actualidad el segundo tributo en recaudación, después del IVA.

¿Dónde está escrito, pues, que las pensiones puedan garantizarse única y exclusivamente a partir de las cotizaciones? Hay que aportar cotizaciones, hay un debate sobre cotizaciones, pero, en definitiva, es una responsabilidad del conjunto de la sociedad hacia nuestros pensionistas.

Creemos que deben incrementarse las aportaciones del Estado hasta estabilizar el gasto en pensiones entre el 14% y 15% del PIB, aumentar las bases máximas y mínimas de cotización, y utilizar el Fondo de Reserva —antes el señor Iglesias hacía una descripción de cuál es el monto




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de este, y no lo voy a repetir—. Pero no solo hay que utilizar el Fondo de Reserva. Creemos que coyunturalmente, puntualmente, temporalmente, en unas circunstancias tan difíciles como las que estamos atravesando, podría haber una modificación temporal de los tipos de cotización por contingencias comunes que de alguna manera quitara presión a la utilización de ese Fondo de Reserva para no agotarlo a corto plazo. Esta es una propuesta de los sindicatos, que hoy por hoy ha recibido el no por respuesta por parte del Gobierno.

Habría que convertir las reducciones directas de cuotas en bonificaciones a cargo del servicio público de empleo, reducir la precariedad y el fraude en el mercado laboral, luchar contra la economía sumergida y seguir avanzando en la separación entre las fuentes de financiación. Y una propuesta concreta sería ubicar las prestaciones de viudedad y orfandad a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, lo que sería un monto aproximado de 21 000 millones de euros al año.

Pero sobre todo creo que habría que lanzar dos propuestas. Una, es el incremento de la natalidad. Señorías, las previsiones que hace el Instituto Nacional de Estadística indican que, de seguir así, entre 2013 y 2023, en diez años, perderemos 2,6 millones de habitantes. España verá reducida su población en 2,6 millones de personas, de seguir así. Los flujos inmigratorios, fruto de la crisis, no vienen y la caída de la natalidad es un fenómeno preocupante que está encima de la mesa. Y la pregunta que hay que hacerse es ¿qué está haciendo realmente el Gobierno para facilitar la natalidad? Nada. Nada de nada de nada; si no, díganme la partida y con qué presupuesto, porque han disminuido las ayudas familiares en el presupuesto para 2014. El segundo gran instrumento es crear empleo a partir del relanzamiento económico, otra cuestión que no voy a reiterar porque lo hemos estado discutiendo hasta la saciedad en el debate presupuestario. Y la actitud del Gobierno es la que es: está instalado en la fantasía del crecimiento cuando la realidad es la del estancamiento.

Señorías, todo sigue una misma lógica, la respuesta a la crisis desde concepciones neoliberales, tanto por parte de la troika como de España. Y, evidentemente, para ellos solo pasa por los recortes del gasto social. Insisto, las pensiones es el principal instrumento de redistribución que tenemos. Las pensiones son un derecho social. Las pensiones son una deuda que tenemos con los cotizantes, que han pagado religiosamente su cuota a lo largo de su vida laboral.

Quiero terminar con una afirmación: la calidad de una sociedad se mide fundamentalmente por la atención que dedica a dos sectores, a los dos sectores más frágiles que tiene: la infancia y la gente mayor. Estos son los puntos de valoración más importantes para ver cuál es la calidad de nuestros sistemas de protección social y cuál es la calidad misma de la sociedad. Y son frágiles, porque no tienen por sí solos capacidad de respuesta, por eso, el resto de la sociedad, que se mueve entre esas franjas, la infancia y la gente mayor, tenemos una gran responsabilidad porque, insisto, son los sectores más frágiles ya que no tienen por sí mismos capacidad de respuesta. Y la verdad, con más de dos millones de niños y niñas pobres y recortando el poder adquisitivo a las pensiones de nuestros mayores, podemos concluir que el concepto de calidad de sociedad que tiene el PP es bajísimo. Con sus políticas y con esta propuesta en concreto están desarticulando y precarizando a nuestra sociedad. Y esto es un desastre que nosotros no vamos a permitir.

Gracias por su atención. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Propuesta de veto número 8, de las senadoras Almiñana y Sequera, y los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla y Sabaté.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a la tribuna para defender el veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social presentado por los senadores socialistas del Grupo de la Entesa. Y quiero empezar recordando algo que ustedes ya conocen, pero que es necesario para enmarcar el debate: lo que dice el artículo 50 de la Constitución Española. El artículo 50 dice: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas




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específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.» Por tanto, a partir de este mandato constitucional se derivan, evidentemente, una serie de obligaciones que los legisladores no podemos olvidar.

El modelo vigente de pensiones públicas desde mediados de la década de los noventa está basado fundamentalmente en el consenso entre los distintos interlocutores sociales, un sistema que se fundamenta en tres principios: la contributividad, la equidad y la solidaridad intergeneracional. En estos pilares se han fundado precisamente todos los acuerdos que han sido posibles tanto en el campo parlamentario y político como con los interlocutores sociales, hasta los cambios legislativos de 2011. Hoy se nos dice por parte del Gobierno y del grupo parlamentario que le apoya, el grupo del Partido Popular, que el sistema no funciona. Que el sistema no funciona, y se nos quiere dar a entender que es por un exceso de gasto, cuando en realidad, señorías —ya lo han dicho otros senadores intervinientes—, lo que ha habido es una bajada importante de ingresos fruto de la coyuntura de crisis económica, una crisis económica que tiene como principal efecto una tasa de desempleo importantísima, agravada por los efectos de la reforma laboral y que provoca una importante caída de ingresos. Cada nuevo millón de parados significa una disminución de 5943 millones de euros. Por tanto, ahí tenemos el quid del problema. Además, la reforma laboral permite fórmulas antes no aceptadas, como el hecho de poder compatibilizar el prolongar la vida laboral con el cobro de una pensión, con lo cual disminuyen los ingresos por cotización y, evidentemente, aumenta el gasto.

Lo decía hace un momento también el senador Guillot: el problema de España no es de exceso de gasto en pensiones comparado con la media de la Unión Europea. En este momento en España el coste de las pensiones significa el 10,8% del producto interior bruto, cuando la media de la Unión Europea está en el 13,1%.Por tanto, señorías, tenemos todavía margen, si fuese necesario —y en eso nos podríamos poner de acuerdo—, para incrementar en dos puntos sobre el PIB el gasto en pensiones, sin superar la media, evidentemente, de la Unión Europea.

Asimismo, se habla del envejecimiento de la población, de la bajada de la natalidad, en definitiva, de una serie de proyecciones demográficas que generarían preocupación, alarma sobre la sostenibilidad del futuro de las pensiones. Son proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. Pero, con todo el respeto a una institución que lo merece, el Instituto Nacional de Estadística, hay que reconocer que las proyecciones demográficas no dejan de ser fruto de la coyuntura. El Instituto Nacional de Estadística fundamenta sus proyecciones en función de la situación del momento. Evidentemente, en este momento sus proyecciones son pesimitas y prevén una caída de la población y, por tanto, también un envejecimiento en los próximos años. Pero son cambiantes. Por ejemplo, las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística para 2004 preveían que en 2025 íbamos a llegar a los 50 millones de habitantes. Era otra coyuntura, pero si nos remontamos a las proyecciones anteriores volvemos a encontrarlas pesimistas. Por tanto, las proyecciones demográficas cambian en función de la realidad de la coyuntura económica, que incide también en buena parte en la coyuntura demográfica. Así pues, me atrevo a afirmar con rotundidad que si volvemos a la senda del crecimiento las proyecciones de población pueden cambiar, tanto por el cambio en el comportamiento de la natalidad como por el fenómeno migratorio, que puede generar una nueva llegada de inmigrantes para atender la necesidad de puestos de trabajo en nuestro país. No es momento, pues, para suponer que las tendencias demográficas coyunturales van a ser estructurales en los próximos veinticinco o cincuenta años.

Señoras y señores senadores, les decía que hasta ahora el sistema de pensiones y los cambios que ha sufrido se basaban en un importante grado de consenso, tanto político, como sobre todo económico y social. Por tanto, es relevante, y forma parte de la documentación que acompaña al proyecto de ley por parte del Gobierno, el informe del Consejo Económico y Social, que precisamente incorpora muchos elementos negativos respecto del proyecto de ley que estamos debatiendo. El Consejo Económico y Social lamenta que el procedimiento en la concepción de una medida de estas importantísimas consecuencias se haya apartado de la vía del acuerdo con los interlocutores sociales que se ha seguido desde mediados de los años noventa.

El CES lamenta, asimismo, que el proyecto de ley dé una nueva redacción al artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Es el artículo que en su apartado 1 prevé la revalorización automática de las pensiones, de acuerdo con el índice de precios al consumo interanual previsto para el año. Por tanto, el proyecto establece la sustitución de este mecanismo por la aplicación a todas las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva de un




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índice de revalorización, que es el término que se utiliza, que se prevé incluir anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por consiguiente, estamos ante un cambio profundamente injusto en la legislación.

Esta figura no se incluye en la Ley 27/2011, que es el último cambio legislativo en cuanto al sistema de pensiones, ni en el acuerdo para la reforma y fortalecimiento del sistema público de pensiones, que formaba parte sustancial del acuerdo social y económico para el crecimiento del empleo y la garantía de las pensiones del año 2011, que estuvo en la base de este cambio legislativo. Dicho acuerdo fue suscrito entre el Gobierno y los interlocutores sociales.

El Consejo Económico y Social entiende que con la aplicación del índice de revalorización se produce una pérdida de poder adquisitivo —y aquí viene lo más grave— que, en principio, no llegará a recuperarse. Y ahí está la gravedad. Porque podríamos entender hasta cierto punto que en un contexto de crisis pueda haber una pérdida de poder adquisitivo puntual, pero hay que dar garantías de la recuperación, de esta capacidad, de este poder adquisitivo.

El proyecto de ley prevé un incremento mínimo del 0,25%, pero también un máximo, que sería el índice de precios al consumo interanual más el 0,25%. Y el CES, el Consejo Económico y Social, entiende que con esta previsión es prácticamente imposible la garantía de recuperación del poder adquisitivo de los pensionistas.

Ustedes, señoras y señores senadores del Partido Popular votaron en contra de la Ley 27/2011. Les parecía duro pasar la jubilación de 65 a 67 años, y, seguramente, también que las pensiones mínimas subiesen por encima del índice de precios al consumo. Ahora, cuando tienen la oportunidad de legislar desde la mayoría absoluta, no modifican la edad de jubilación, pero introducen de inmediato en 2014 la aplicación de este nuevo índice de revalorización para todas las pensiones. Se van a devaluar todas las pensiones, incluso las mínimas, con todas las consecuencias que de esto se derivan.

Señorías, asumimos el criterio de sostenibilidad que ha inspirado toda la normativa en materia de pensiones durante las dos últimas décadas. Pero es importante recordar, y lo han hecho también algunos de los intervinientes, el papel que juegan las rentas derivadas de las pensiones en la renta disponible en este momento en nuestro país. En esto también compartimos la opinión del Consejo Económico y Social, que dice: El sistema público de pensiones español, basado en los principios de contributividad, equidad y solidaridad que lo caracterizan, así como de reparto, constituye en programa de rentas públicas con mayor potencia redistributiva. Las pensiones representan, además, las transferencias públicas de carácter económico más importantes, principal partida del gasto social, que desempeña una importante función como estabilizador automático de la economía en momentos de crisis, como se está haciendo especialmente patente en la coyuntura actual. El senador Guillot hacía referencia también hace un momento a la importancia que tienen las rentas de las pensiones en muchos hogares españoles, en los que la única renta disponible que garantiza la subsistencia del conjunto de la familia, es, precisamente, esta pensión de sus mayores.

Asimismo, el Consejo Económico y Social recuerda que en el libro blanco sobre la adecuación de las pensiones, la Comisión Europea advertía hace poco tiempo de cómo ligeras oscilaciones en la cuantía de las pensiones más bajas pueden producir cambios muy visibles en las tasas de pobreza en la tercera edad —insisto, ligeras oscilaciones en la cuantía de las pensiones más bajas pueden producir cambios muy visibles en las tasas de pobreza en la tercera edad—, por lo que recomienda a los Estados que procuren que los sistemas de pensiones favorezcan la prevención de este problema.

La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que este proyecto de ley comporta, va a significar, señoras y señores senadores, el empobrecimiento de amplias capas de la población española. Esto es así. Y, por tanto, produce una enorme gravedad la decisión que hoy, previsiblemente, vamos a tomar en esta Cámara.

La mejor garantía de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, señoras y señores senadores, es la creación de puestos de trabajo estable, que es lo que permitirá recuperar los ingresos contributivos del sistema de pensiones público. Es en la recuperación económica donde hay que incidir. Si es cierto, y el optimismo del Gobierno sobre la recuperación económica tiene bases sólidas, no hay motivo para dudar de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Si estamos en la senda de la recuperación económica, si esta recuperación económica que algunos datos




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macroeconómicos permiten dar a entender que está en marcha acaba generando una remisión del paro y un incremento de los puestos de trabajo, se recuperarán las cotizaciones de la Seguridad Social y, por tanto, se garantizará el sistema de pensiones.

Decía hace un momento que el problema no es de exceso de gasto, porque estamos por debajo de la media de la Unión Europea, sino de bajada de ingresos. Por tanto, es previsible, de acuerdo precisamente con la información que nos da el Gobierno, que esto vaya a resolverse en breve, por lo que no hay motivo para introducir una reforma estructural del sistema de pensiones que vaya a precarizar más la situación de todos nuestros pensionistas.

Por todo ello y vista la proliferación de ofertas en el campo de los planes de pensiones privados, mucho nos tememos que una vez más estamos ante una clara voluntad de debilitar el sistema público y favorecer el sistema privado. Forma parte de la estrategia que el Partido Popular está manteniendo en muchos ámbitos y, evidentemente, también en el de las pensiones.

Esta reforma legislativa, señoras y señores senadores, es el colofón de una serie de reformas estructurales: la laboral, la sanitaria, la educativa, la medioambiental, la de la vivienda, la de la fiscalidad, etcétera, que está realizando el Partido Popular desde que llegó al Gobierno, ese programa oculto, ese programa «b» que evidentemente no presentaron en la campaña electoral, pero ha ido aflorando a lo largo de estos dos años de legislatura; un programa y unas reformas que están impregnados de ideología ultraliberal, sin un ápice, señorías, de justicia social, de igualdad y de solidaridad, cuya máxima oculta es que el que quiera algo que se lo pague. Este es seguramente ese principio del liberalismo tan alejado precisamente del concepto de justicia social y de los principios que inspiran la Constitución Española, que presenta España como un Estado social y de derecho.

Por todo esto, señorías, presentamos este veto y vamos a apoyar el resto de vetos, porque estamos ante un proyecto de ley que amenaza gravemente la solidaridad y, sobre todo, la garantía de derechos sociales de amplias capas de la población española, y, evidentemente, como supongo que también dirán los portavoces del Grupo Socialista, cuando los socialistas volvamos a gobernar, que esperemos que sea pronto, vamos a modificar la legislación y vamos a recuperar la regulación de las pensiones por el índice de precios al consumo.

Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

La propuesta de veto número 5 es del Grupo Parlamentario Vasco.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Voy a intentar en la medida de lo posible no reiterar los argumentos manifestados por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, aunque va a ser difícil, porque se trata de un proyecto de ley ciertamente sustancial, que modifica, en nuestra opinión, una cuestión estructural, basada en el consenso, y lo hace además de una forma unilateral. Por lo tanto, en cierta medida, repito, va a ser imposible que no reitere algunos de los argumentos clave de mis compañeros, como cuando hacen referencia, por ejemplo, al procedimiento que se ha seguido tanto en el Congreso, fundamentalmente, como en el Senado, sustrayendo el debate de la reforma de las pensiones de manera completa a la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, que es el pacto que históricamente ha definido el sistema de pensiones español y, por tanto, mi grupo parlamentario no comparte, en absoluto, el hecho que esta modificación, como digo, sustancial, se haya hecho exclusivamente vía legislativa en el seno de la Comisión de Empleo.

Nos habría gustado que, como en otras reformas precedentes, cualquier modificación, por pequeña o grande que sea, se hubiese hecho con el consenso suficiente, y está claro que el Partido Popular, una vez más, está dispuesto a modificar una cuestión estructural y fundamental, como es el futuro de las pensiones, con la única garantía o con la única legitimidad que le da su mayoría absoluta, al margen del resto de interlocutores, sean sociales o políticos.

En ese sentido, cabe destacar el informe del Consejo Económico y Social, un informe apabullante, totalmente contrario a cada uno de los principios que se recogen en esta reforma legislativa; la opinión contraria de todos los sindicatos, unánime; de las confederaciones empresariales, que también se han mostrado en contra de esta reforma de las pensiones; de todos y cada uno de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios representados tanto en




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el Congreso como en el Senado, y también de las asociaciones de jubilados y pensionistas que, evidentemente, son quienes más afectados van a verse por esta reforma.

Y todo esto, señorías, simplemente con cinco páginas de proyecto de ley. Nueve vetos ha recibido en esta Cámara, nueve vetos, de todos y cada uno de los partidos políticos representados, bien en el Grupo Mixto, bien en el Grupo Entesa, y todos, absolutamente todos, se han mostrado contrarios. Solamente se han presentado noventa y cuatro enmiendas, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de ellas son de supresión, es decir, no se comparte en absoluto este principio, y no es porque no estemos de acuerdo con la necesidad de establecer un sistema de pensiones que sea sostenible en el tiempo, desde luego nuestra irresponsabilidad no es tal, lo que no compartimos es que la sostenibilidad tenga que estar orientada única y exclusivamente a la reducción de las pensiones sin hacer ningún esfuerzo en el ingreso, que es una de las cuestiones a las que me referiré en breve.

Este proyecto de ley incorpora un factor de sostenibilidad cuya denominación, factor de equidad intergeneracional, tampoco nos convence, y un índice de revalorización de las pensiones. Respecto al primero, el factor de sostenibilidad, está previsto que recoja, única y exclusivamente, el efecto de mayor longevidad, la mayor esperanza de vida, de tal forma que se reduzca la pensión en función del tiempo que previsiblemente se vaya a vivir —esta es la única novedad que introduce, el incremento de la mayor esperanza de vida—; otros índices, otros criterios, otras variables que se podrían haber añadido a esta fórmula son obviadas completamente por este proyecto de ley.

Está previsto que este factor se aplique a partir del año 2019, de forma que va a afectar a las nuevas pensiones desde ese año; está previsto, además, que se revise su contenido cada cinco años, de forma quinquenal, y en cuanto a los porcentajes de reducción, las estimaciones —que además se han hecho por los órganos competentes en la materia— apuntan a un 5% por cada una de las décadas, de manera que en el año 2050 se podrá llegar a una reducción del 20% en la cuantía de las pensiones. Por otra parte, la segunda modificación, el famoso índice de revalorización, elimina la obligación legal de que las pensiones crezcan o se vayan actualizando usando como referencia el índice de precios al consumo, tal y como exige además la Ley 1/1994, cuyo artículo 48 así lo establece, bien apoyado y reiterado por una prolija doctrina constitucional.

Todo esto nos coloca ante el dilema de que una reforma estructural resulta contradictoria con las propias exigencias constitucionales, tanto del artículo 41 como del artículo 50, en virtud de los cuales se establece —y abro comillas— que los poderes públicos garantizarán pensiones públicas suficientes en su cuantía y universales que además sean periódicamente actualizadas y de forma específica para los ciudadanos de la tercera edad. Estas cuestiones, es decir, que las pensiones tengan que ser públicas, suficientes y universales acaban completamente destruidas por este proyecto de ley.

En relación con la revalorización, se calcula que la esperanza de vida a partir de los 65 años aumentará aproximadamente unos dieciséis meses cada diez años, con el quebranto en la pensión de los futuros pensionistas que esto va a suponer. Este sistema de revalorización contradice la segunda recomendación del Pacto de Toledo, ese pacto que han obviado, en virtud del cual se establece que la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, como ha venido haciendo en el pasado, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por ley y su preservación mediante la adopción de medidas orientadas a asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el futuro. Cuando se habla de equilibrio financiero, todo el mundo sabemos que es el equilibrio que tiene que existir entre los ingresos y los gastos; cualquier modificación estructural que esté orientada única y exclusivamente a actuar sobre los gastos y no sobre los ingresos es contraria, por tanto, a este principio.

En cuanto a la cuantificación de las pensiones, y siguiendo las directrices del Banco Central Europeo, en función de la inflación prevista se puede estimar, por ejemplo, para una mujer de 65 años y hasta su fallecimiento, que el incremento del 0,25%, que es el suelo mínimo establecido en este nuevo cálculo del índice de revalorización, podría suponer un deterioro de más del 30%, en términos reales. Esto es empobrecimiento; esto es empobrecimiento y anticonstitucional porque, vuelvo a repetir, contradice lo establecido en los artículos 41 y 50 de la Constitución Española. Se vulneran, por tanto, los paradigmas del Pacto de Toledo que hablan de seguridad económica para toda la sociedad cuando no se puede realizar una actividad laboral por razón de edad, incapacidad o muerte.




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Por todo esto, estimamos que este proyecto de ley constituye una dejación por parte del Estado de sus responsabilidades, de su obligación de garantizar la seguridad económica de los ciudadanos, cuando estos deben abandonar el mercado de trabajo por razones de edad, de salud o de supervivencia. Este proyecto de ley es un evidente debilitamiento de las pensiones públicas al desvincularlas de la inflación y del ciclo económico, sin plantear fórmulas compensatorias que garanticen precisamente este mínimo de poder adquisitivo. Vulnera los derechos de un colectivo, el de los jubilados, el de los pensionistas, que constituye seguramente el punto más frágil de esta sociedad. Están cautivos, son dependientes totalmente del presupuesto público porque, como son clases pasivas, no pueden realizar ningún tipo de actividad económica que les permita compensar esta falta de poder adquisitivo y, además, es un colectivo invertebrado, poco estructurado, que tiene muy poca capacidad de interlocución con los poderes públicos y, por tanto, son doblemente frágiles y sensibles a modificaciones de este tipo.

Este proyecto de ley no focaliza sus esfuerzos sobre los ingresos, como hemos comentado anteriormente, tiene una visión reduccionista. Se limita a actuar sobre los gastos, recortando las pensiones sin el acuerdo de ningún interlocutor social ni órgano consultivo ni de ningún grupo parlamentario. El Gobierno del Estado no posee una disponibilidad ilimitada sobre el futuro de las pensiones, además, conviene recordar, una vez más, la disposición transitoria quinta del Estatuto de Guernica, que atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco la capacidad de gestionar el régimen económico de la Seguridad Social en régimen de convenio; más adelante, volveremos a traer este debate cuando defendamos las enmiendas.

Por todo lo anterior, por todo lo que he estado diciendo hasta ahora, mi grupo parlamentario ha presentado esta propuesta de veto, a efectos de que la reforma del sistema público de pensiones se analice desde perspectivas no regresivas que incluyan también los ingresos como una medida importante para favorecer el futuro de las pensiones, consensuadas y adoptadas, además, en el seno del Pacto de Toledo.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado la propuesta de veto número 9.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Presentamos esta propuesta de veto por nuestro desacuerdo en el fondo y en las formas. Es inadmisible la burla que este Gobierno y el Partido Popular hacen de las Cortes Generales. Sus malas maneras son tales que actúa como si el poder legislativo estuviera al servicio del poder ejecutivo, una burda instrumentalización, en este caso del Senado, que tras recibir un texto aprobado en comisión, arrebatando al Pleno del Congreso su debate, convocó para dictaminar un proyecto de ley sin ponencia previa la Comisión de Empleo y Seguridad Social de esta Cámara, habiendo transcurrido solo dos días desde la expiración del plazo de presentación de enmiendas y estando estas aún pendientes de publicación en el Boletín Oficial de esta Cámara; comisión que se convocó sin ponencia previa y sin convocatoria de Mesa y portavoces; comisión que se convocó para dictaminar un proyecto de ley que ha impedido que se discutiera en el Pleno del Congreso de los Diputados. Consideramos tal proceder una falta de respeto a las Cortes Generales y una tomadura de pelo a todos los ciudadanos. Es evidente que este proyecto de ley se podría definir en términos jurídicos como un delito, con las agravantes de nocturnidad y alevosía. Los senadores nos debemos a los ciudadanos y tenemos un reglamento que nos rige y que no está precisamente al servicio del Gobierno.

CiU ya ha presentado el rechazo a la propuesta del Gobierno, tanto por razones de forma como de fondo, como ya he dicho, y a través de la presente propuesta de veto, reclama al Gobierno la retirada del proyecto de ley y el retorno a la dinámica de los acuerdos del Pacto de Toledo.

El compromiso de CiU con la política orientada a la sostenibilidad, a la suficiencia y a la equidad del sistema público de pensiones ha sido elemento principal de la acción del Grupo Parlamentario Catalán en ambas Cámaras durante los últimos veinte años años. Como no puede ser de otra manera, CiU mantiene hoy ese compromiso, el mismo que mostró de manera inequívoca apenas hace dos años con el apoyo a la última reforma orientada a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones.




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En este sentido, además, es necesario recordar que fue precisamente una iniciativa de Ciu, de la mano de su portavoz en aquellos años, Miquel Roca, la que llevó a la puesta en marcha de la fórmula de acuerdos y reformas conocidos como Pacto de Toledo, en 1995. Desde aquella fecha, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha participado de manera activa en todos los acuerdos que han implicado reformas significativas del sistema de pensiones, en desarrollo precisamente del Pacto de Toledo. Eso ha sido así, tanto con Gobiernos del Partido Popular como con Gobiernos del Partido Socialista, y siempre con la voluntad de articular un sistema de pensiones público con niveles de protección adecuados y sostenibles, cuyas reformas sean abordadas con amplios y profundos acuerdos políticos y sociales.

Ahora de nuevo, el Gobierno plantea una propuesta de reforma del sistema de pensiones de calado y con importantísimos efectos. Por un lado, se desarrolla el denominado factor de sostenibilidad previsto en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, estableciendo su definición, fórmula y elementos de cálculo y adelantando su entrada en vigor a 2019 en lugar de 2027, como estaba inicialmente previsto. Y, por otro lado, se modifica el régimen de revalorización de las pensiones, revalorización periódica mandatada en el artículo 50 de la Constitución Española, y desarrollado en el artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que suponía la actualización de las pensiones de acuerdo con el índice de precios al consumo previsto, sustituyendo el tradicional mecanismo por un nuevo factor basado fundamentalmente en los ingresos y en los gastos del sistema de pensiones.

Mi grupo ya ha expresado el rechazo a la propuesta del Gobierno y le reclama, a través de la presente propuesta de veto y de la enmienda a la totalidad presentada en el Congreso de los Diputados, la retirada del proyecto y el retorno a la dinámica de acuerdos del Pacto de Toledo. El Gobierno presentó el proyecto de ley tras la entrega, el pasado mes de junio, del informe del comité de expertos. El Gobierno propone una nueva modificación sin tener en cuenta esta profunda reforma ya llevada a cabo. La reforma de 2011 implicaba un aumento de la edad legal de jubilación, la ampliación del período de cálculo de las pensiones, la ampliación del cómputo de años necesario para cobrar el cien por cien de la pensión y, entre otras, el endurecimiento de las jubilaciones parciales y anticipadas. Todo ello con la intención de conseguir una contención significativa del gasto en pensiones y una disminución de la tasa de sustitución respecto del salario mínimo del conjunto de las pensiones que, por su aplicación progresiva, está todavía por materializarse.

La reforma de 2011 tuvo además en cuenta para su aplicación una gradualidad adecuada, un período transitorio equilibrado y cierta flexibilidad, reconociendo las carreras laborales más largas o la situación de los trabajadores que trabajan en determinados sectores. La propuesta de reforma que presenta ahora el Gobierno a través del Proyecto de Ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización es rompedora. Implica un nuevo ajuste del gasto en pensiones en su conjunto, una nueva disminución de la tasa de reposición que se acumula a la ya existente y la introducción de un nuevo mecanismo de actualización anual de las pensiones que deja de tener como objetivo principal mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.

Existe un riesgo evidente, en un contexto de alto nivel de paro durante un período de tiempo largo y de contención del gasto público, de empobrecer a los pensionistas y de erosionar su poder de compra. Es significativo, además, que no se distinga entre las pensiones más altas y las más bajas. Todas están afectadas de la misma manera. Cabe destacar también el hecho de que la actualización periódica de las pensiones incorpora no solo datos reales, sino también proyecciones económicas. Ello introduce incertidumbre e inseguridad al sistema de revalorización.

Por otro lado, el hecho de que la fórmula matemática que determina la actualización de las pensiones considere una variable establecida en la Ley de Presupuestos que fija la intensidad del ajuste, hace que el pretendido automatismo de la fórmula desaparezca. A lo anterior hay que añadir que la propuesta del Gobierno del factor anual de revalorización es inédita. No hay ningún país que tenga una fórmula como la que propone el Gobierno, y quizás el Gobierno debería ser más prudente con algunos experimentos en determinados ámbitos.

Asimismo, el Ejecutivo ha optado por un modelo de factor de sostenibilidad concreto, pero podía haber sido otro, por ejemplo un factor de sostenibilidad vinculado a la evolución de la esperanza de vida que afectase a la edad legal de jubilación o al periodo de cálculo de las pensiones, o los años exigibles para recibir el cien por cien de la pensión.




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Consideramos también destacable y relevante que la propuesta presentada por el Gobierno no cuente con el acuerdo y el consenso político y social necesario. La política de pensiones, en opinión de CiU, debería ser compartida por mayorías de diferente color político; si no es así, probablemente la reforma tendrá la vigencia de la duración de la actual mayoría parlamentaria del Partido Popular, al igual que va a pasar con la LOMCE. ¿Qué clase de responsabilidad esgrime este Gobierno que antepone su soberbia al bien común y a unas políticas de pensiones y educativa a largo plazo?

A nuestro modo de ver, tampoco cabe confundir los problemas de hoy, que fundamentalmente tienen que ver con el alto nivel de paro y la correspondiente caída de la afiliación a la Seguridad Social, con el ritmo estructural y demográfico que supone el inicio del periodo de jubilación de las generaciones procedentes del baby boom; problemática demográfica a la que la reforma del 2011 pretendía hacer frente. Lo que a corto plazo es imprescindible es volver a crear ocupación e incrementar el número de personas dadas de alta en la Seguridad Social.

Desde el punto de vista del funcionamiento de la Seguridad Social, hay asimismo actuaciones relevantes. Por ejemplo, aquellas que afectan a la regulación y financiación de las pensiones de viudedad y al funcionamiento del régimen de trabajadores por cuenta propia, que no se abordan y continúan pendientes.

Para Convergència i Unió la política de pensiones debe perseguir garantizar un sistema público orientado a reducir y evitar el riesgo de pobreza entre la gente mayor y ofrecer ingresos suficientes y cercanos a los obtenidos mientras se trabajaba. Si las reformas que se promueven olvidan la dimensión social y el carácter redistributivo del sistema, en absoluto son las adecuadas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió presenta esta propuesta de veto, a los efectos de que sea devuelta al Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la propuesta de veto número 6.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Ruiz Santos.

El señor RUIZ SANTOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, cuando ya se han formulado ocho vetos, evidentemente el que les traigo yo aquí va a contener datos que ya se han expuesto, así que parte de ellos me los voy a ahorrar. Suscribiendo el contenido íntegro del resto de vetos —y ya anunciamos que los votaremos a favor—, tenemos que poner el acento en alguna otra cuestión. También les anuncio que será en el turno de defensa de las enmiendas cuando nos adentraremos en las cuestiones puramente técnicas de la compleja formulación que trae esta ley.

Señorías, hoy presentamos esta enmienda de devolución a esta ley cuando previamente, hace unas horas, en esta misma Cámara ya se ha aprobado una subida del 0,25% en los presupuestos. ¿No parecería más lógico haber discutido y consensuado en el seno del Pacto de Toledo una reforma de las pensiones y después darle cobertura presupuestaria? No. Hay prisa, ¿verdad? Tienen prisa. Hay prisa en aplicar el frenesí de la detracción de los 33 000 millones de euros de los bolsillos de los pensionistas; prisa en comunicar a la troika que una de sus exigencias ya se ha cumplido, también prisa en que nuestro presidente, el señor Rajoy, levante el teléfono y le diga a Angela Merkel: Ya hemos cumplido parte de lo pactado; prisa porque hay que dejar sin efecto la Ley 27/2011, que nunca les gusto y que ahora justifica en parte la que hoy nos traen aquí; pero, sobre todo, prisa porque alguien está esperando que esto se produzca de forma muy rápida: los grandes bancos y aseguradoras, que piensan ya en el negocio que se les viene encima.

Hoy es un día negro en la historia de este país. Hoy, un viernes 13, se aprueba una reforma que también es una reforma negra. Pero les puedo asegurar que lo que hoy trae aquí su mayoría absoluta tiene fecha de caducidad y coincide exactamente con la otra mayoría parlamentaria que este país necesita y que pronto tendrá, porque hoy todos los grupos políticos del arco parlamentario hemos dicho no a esta reforma. Además, recogiendo el eco de la sociedad, que no le vitorea larga vida a esta ley, les puedo asegurar que no la tendrá.

Me van a permitir que reitere una cita que ya hice en la comparecencia de autoridades que tiende a demostrar cómo piensan y actúan ustedes. Leo: Los ciudadanos se han visto sometidos a un mensaje corrosivo que ha calado hondo. Las pensiones no aguantarán en su formato actual,




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y por eso hay que cambiarlo. Por eso se habla tanto de las reformas paramétricas y del factor de sostenibilidad, pero se les ha negado a los ciudadanos la explicación fundamental, el dilema que tiene nuestro sistema de reparto: o hay empleo o hay recortes; o hay más riqueza nacional o se opta por la devaluación de los derechos sociales.

Nada más y nada menos que el señor Tomás Burgos hace dos años debatiendo en el Congreso la reforma 27, hoy actual secretario de Estado de la Seguridad Social.

Y siguiendo a rajatabla su discurso decimos: efectivamente, ustedes han sometido a los ciudadanos a un mensaje corrosivo —él lo dice— sobre las pensiones. Ustedes han trasladado la idea de que no aguantarán, y por eso hay que cambiarlo —lo dice—. Y sobre todo el dilema al que aludía lo han resuelto, porque han optado por no crear más riqueza nacional y empleo y han optado, como él dice también, por recortes y por la devaluación de los derechos sociales. Increíble, pero textual. Hace ya dos años.

Por cierto, discurso que no solo vale para las pensiones, sino también para otras reformas, como la laboral, la de la LOMCE y otras que ustedes impulsan de una forma muy acelerada.

Me resisto a pensar que esto ustedes lo hacen por gusto, porque los pensionistas estén en peores condiciones. Creo que no, pero pienso que a veces ustedes están cegados en la misión que algo o alguien les ha encomendado, y ustedes se han convertido en un peligro público, o más bien un peligro para lo público. (Aplausos.) La sensación que nos transmiten es que tienen todavía un complejo que no han superado. Durante tres días mintieron a este país en el año 2004, les pillaron, les dejaron en la oposición y eso no lo han superado. En aquel momento ustedes se fueron con el tintero lleno. Ya habían vendido parte de la riqueza de este país, pero les quedaban las reformas legislativas que les beneficiaran. Por eso ahora las están haciendo. Creo que les importa muy poco perder las elecciones con tal de que se quede un país a su medida, como ustedes quieren. Pero después cambiaron de estrategia. No mintieron durante tres días, sino durante toda una campaña —¿se acuerdan, verdad?-: Nunca tocaremos la sanidad, los servicios sociales y las pensiones.

Y hoy nos encontramos con un factor de sostenibilidad, un índice de revalorización que supondrá un recorte real en las pensiones actuales y futuras, puesto que el primer elemento recorta la pensión al inicio de producirse en función de la esperanza de vida, y el segundo supone una pérdida real cuando ustedes eliminan la referencia a la subida del IPC del artículo 48 de la Ley general —ya entraré en ese fondo—.

Siguiendo las previsiones propias del anteproyecto de esta ley, ustedes ya hablan de un recorte de 33 000 millones en los próximos años, pero digan las cosas como son. Ese recorte no obedece —se lo decía el señor Guillot— solo a que ustedes quieran asegurar las pensiones. Es falso. Ustedes lo que quieren es asegurar a corto plazo el mantenimiento del déficit, un déficit que están ustedes provocando y que no son capaces de corregir, en detrimento del más débil, de una persona que cotiza durante toda su vida, que firma un contrato —muy especial, pero un contrato— y que cuando se jubila tiene que tener la contrapartida, que es una pensión justa y digna, y ustedes de forma unilateral lo están rompiendo por cumplir esa máxima de control del déficit. Déficit sobre el que nos anunciaban que ustedes iban a ser la panacea para corregirlo, pero que solamente en materia de Seguridad Social, en el año 2012, ya provocaron 11 845 millones de déficit; en el 2013, hasta septiembre, más de 9400 millones; y anuncian también un déficit para el año que viene del 1,1% del PIB.

Por lo tanto, ustedes deberían decirnos la verdad. Anuncian también que esta ley supondrá un recorte de 5000 millones, simplemente por no actualizar las pensiones con el IPC, aunque el factor de sostenibilidad poco recorte tendrá, alguno, que en el año 2030 ya significará 1000 millones de forma anual. Y, además, nos dicen algo muy grave, que hasta el año 2022 el techo de revalorización no va a estar equilibrado y que, por lo tanto, durante 9 años tendremos problemas para llegar a ese IPC. Por lo tanto, 9 años de detracción de poder adquisitivo. ¿Cuántos años —alguien ha hecho aquí la cuenta perfectamente, creo que ha sido el señor Iglesias— se necesitarán para corregir esa detracción en el poder adquisitivo? Es algo que ustedes tendrían que explicar y responder. Ustedes saben perfectamente, aunque no lo digan, que este no es un problema en el gasto, que este es un problema en los ingresos. Y ustedes lo que están consiguiendo de esta manera —aunque hablen de la masa global y presuman, no sé por qué pueden presumir, de que el coste total de las pensiones es del 10,7 del PIB, cuando saben que la media en Europa es




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del 13%— es garantizarse que los pensionistas no podrán participar de la riqueza nacional a la que tienen derecho, y que solo tendrán derecho a lo que entra en el sistema, casi con un reparto matemático. ¿Dónde queda la equidad y la dignidad del sistema de tratar a los pensionistas no como una fórmula matemática, siendo un factor en una ecuación?

¿Qué es lo que esta pasando? Que el sistema público de pensiones con sus dificultades funcionaba. Y ustedes se están encargando de destrozarlo. Hoy hay un millón de personas que no están en el circuito del trabajo y de la cotización. Su reforma laboral ha provocado un descenso en las bases medias de cotización, por lo tanto, menores ingresos para el sistema. Menores ingresos, que en el presupuesto que hemos aprobado hace unas horas también decían que iba a haber un 2,86% menos de ingresos. ¿Cómo han arreglado ustedes este déficit? Pues utilizando el Fondo de Reserva. Sumando lo que han detraído del Fondo de Reserva más lo de las mutuas, han detraído 23 000 millones de euros. De ese fondo que tal mal les dejamos, que, recibiéndolo con 15 000 millones, lo obtuvieron ustedes con 67 000 millones. Pero seguro que hoy hablaremos a lo largo de la mañana de esa cuestión.

Y para culminar todo este proceso presentan una ley amparándose también en parte en la Ley 27/2011, en su artículo 8, y en la recomendación segunda del Pacto de Toledo del año 2011. Pero ustedes lo hacen simplemente para confundir, porque lo que allí se decía no es que se aplicara ya un factor de sostenibilidad nuevo o un índice de revalorización, sino que el factor de sostenibilidad, fruto del estudio, del consenso, del diálogo en el seno del Pacto de Toledo, se aplicara en el año 2027, que es cuando acaban los efectos de una ley que apenas hace 12 meses empezaba a funcionar, y el índice de revalorización con otros posibles parámetros que también fueran estudiados.

Pretendemos que este veto que presentamos hoy aquí no sea una palabra política contra otra, que sea también la palabra de un órgano independiente como el CES, al que se ha hecho una amplia referencia. Suscribiendo las palabras íntegras del compañero de la Entesa, yo también destacaría lo que nos dice el CES, en primer lugar, que esta ley va a romper el principio de equidad. En segundo lugar, nos recuerda que el 50% de las pensiones contributivas son inferiores en este país a 650 euros, que el 27,7% de los pensionistas de este país necesitan todavía de complementos a mínimos, que las mujeres cobran hoy un 40% menos que los hombres, una diferencia de 413 euros, y que esta ley desde luego no contribuye a limar esa distancia. Y todo ello, advierte el CES, ataca a un sistema que en este país significa para 4,6 millones de pensionistas y hogares la única fuente de ingresos, para ellos y para muchas personas, sus hijos y nietos que ahora viven con ellos.

Podíamos admitir que ustedes dijeran que la palabra de todos los grupos, cada uno con su ideología, esté preñada de eso, de política, pero al menos hagan caso también de un órgano que es independiente.

Si todo el mundo piensa al contrario de ustedes, les pido que reflexionen porque confunden algún término, ustedes confunden mayoría absoluta con verdad absoluta, y ese es un problema ya no solo para ustedes sino para el conjunto del país, contra todos pese a quien le pese. Mucha gente que nos puede estar viendo, algunos no nos entenderán, pero con un ejemplo sí podrán —no crean que lo haga de forma demagógica porque habría muchos ejemplos—. Uno de los colectivos que más pueda sufrir esta reforma puede ser el de viudas: una viuda con más de 65 años con una pensión mínima, que es la inmensa mayoría, cobra 631,30 céntimos. ¿Saben ustedes qué significará el 0,25? 1,57 céntimos. Efectivamente, hace dos años también estaba mal, tenía estrecheces económicas, pero en estos años ha sufrido la subida del IVA cuando va a comprar al supermercado, cuando paga el recibo del IBI este es más caro. En definitiva, más gastos. Ahora tiene que pagar parte de las medicinas. Dentro de apenas unos días, va a pagar un 8% más por la luz. Pero solo tiene 1,57 céntimos más. Antes también estaba mal, pero dentro de muy poco tiempo, dentro de unos días, el 1 de enero estará peor y al año siguiente, peor y al siguiente, peor.

Acabo con una pequeña reflexión que no es mía. A esta generación, la nuestra, desde los 40 a los 60, le estamos fallando las personas mayores. La generación anterior a nosotros luchó y trabajó por que nosotros viviéramos mejor. A nosotros no solo nos corresponde modernizar y meternos en el mundo de Internet y las nuevas tecnologías, nos correspondía también hacerlo no




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por puro egoísmo, sino por asegurar el futuro de los pensionistas. Y, sinceramente, hoy, aquí les estamos fallando entre todos pero, sobre todo, por ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ruiz Santos.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Fernández Sánchez.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Buenos días.

Señor presidente, señorías, voy a intentar rebatir de alguna forma la posición de los grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra sobre este proyecto de ley. Muchos de los portavoces que me han precedido han hecho discursos políticos, pero al grano de la acción creo que no ha ido ninguno.

El que haya nueve vetos no nos preocupa. Lo dijimos en la comisión informativa, parecía que por tener 9 vetos estaban ustedes en posesión de la verdad. Pues no. Son 9 vetos de grupos minoritarios, donde la mayoría absoluta dice lo contrario y lo dice razonablemente. Lo que hace falta es la calidad de los vetos no la cantidad de los vetos. Por lo tanto, eso no nos vale para nada y por eso vamos a rechazarlos posteriormente.

El tono de algunos portavoces ha sido correcto, quisiera recordar el del señor Iglesias que ha reconocido la situación de la Seguridad Social, ha reconocido que el sistema público de pensiones está aguantando su situación, ha hablado también de ese fondo de pensiones, el Fondo de Reserva, en el que hay 63 000 millones de euros, y también ha hablado de la longevidad, y precisamente en los informes que se dan aquí se refieren mucho a ello, porque el proyecto de ley no es más que un factor de sostenibilidad, no es otra cosa más que sostenibilidad. Luego, hacen un tótum revolútum de todo y hablan incluso de que el río pasa por donde a uno le parece. No es así. Yo creo que hay que ser sensatos y muchas veces, algunos portavoces, con su discurso político, que lo tienen preparado, no entran en el fondo del tema. Hoy, creo que era para haber entrado en el fondo de este proyecto de ley y haber dado una alternativa consecuente. Algunos sí la dan, lógicamente bajo su prisma político, pero hay que hablar de los números que tiene el sistema público de pensiones.

Alguna senadora, como la señora Capella, ha dicho que deberíamos volver a nacer para ver lo que está pasando. Pues, mire usted, no es así. No hay que volver a nacer, hay que estar aquí, en el mundo, para ver lo que ha pasado, que es lo más grave de todo esto, y lo que ha pasado muchas veces con la connivencia de ustedes. Por tanto, hay que estar en el mundo para ver lo que ha pasado, porque volver a nacer para ver algo nuevo no significa nada. Los que nacerán tendrán la garantía de las pensiones por parte de este grupo parlamentario que sostiene al Gobierno, pero no hace falta nacer de nuevo para ver las cosas que se han visto y los pufos que se han dejado.

Hablaba la señora Capella de si se podrían compatibilizar las pensiones con el trabajo. Por lo visto, usted ha olvidado que existe la jubilación activa, que consiste en que uno puede jubilarse perfectamente, obtener el 50% de la pensión y seguir trabajando. Es decir, que está contemplado en la ley. Por tanto, no diga usted que no se ha compatibilizado en absoluto el sistema de pensiones con el trabajo.

Algunos portavoces hablan de la reforma impuesta por la troica, dicen que es falsa la referencia a la esperanza de vida que hay que tener y que, como ha dicho la portavoz de Entesa, nosotros lanzamos un mensaje del miedo. Pues no, aquí no hay mensaje del miedo sino un mensaje de la responsabilidad, de la seriedad. Hablamos de que todos debemos tener una pensión en función de los derechos que tenemos los cotizantes. La pensión es un derecho que debemos tener todos —es una gran verdad— en función de lo que hayamos cotizado. Por tanto, hay que cumplir con ese compromiso que todos debemos tener con el Pacto de Toledo y con las pensiones en su conjunto.

El señor Sabaté ha dicho que en el artículo 50 se hace referencia a las pensiones adecuadas. Todos sabemos lo que señala el artículo 50, pero siempre estamos cogiendo el rábano por las hojas en la parte que nos interesa. ¿Y qué son pensiones adecuadas? ¿Cómo se sostiene el sistema? ¿Qué es un salario digno? Es una expresión dicha muchas veces por todos nosotros, que nos parece muy bien y con la que se nos llena la boca, pero digamos de verdad qué es una pensión adecuada, ¿la que se hacía antes, la que se hace ahora, la que no se va a poder hacer




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como sigamos así o la que no se paga? La del sistema público de pensiones, ¿es la pensión adecuada, o lo adecuado es congelar las pensiones, como las congelaron los socialistas? ¿La pensión adecuada es congelarlas o darles el 0,25 más? ¿Qué es mejor, qué es peor? Sinceramente, no lo sé. Creo que hay frases que a veces se vuelven contra uno.

Por supuesto, hay que reconocer y recordar que la Ley 27/2011 fue la base del cambio legislativo, se ha dicho claramente aquí. Nosotros no la apoyamos, tampoco apoyó nadie a los socialistas, es decir, se quedaron solos. Esa ley fue la base del cambio legislativo al ver la situación que se les avecinaba a las pensiones públicas en este país. Y hubo que hacer deprisa y corriendo esa Ley 27/2011, que también tuvo rechazo por parte de los sindicatos, que también lo tuvo. Por tanto, no digamos que aquí se ha hecho lo que se ha querido sin consenso de ningún tipo.

Algunos grupos parlamentarios hablan de burla y de malas maneras. Siempre se entra en la forma de la materia más que en el fondo, y creo que eso no es bueno. Pero lo que sí creo que es bueno recordar aquí es que ha sido una de las reformas más reclamadas por Europa y por los propios españoles. Muchos de nosotros tenemos unos compromisos arrancados de una España clave que, para Europa, flexibiliza los objetivos del déficit público y, por esta razón, se ha propiciado la celeridad en su elaboración. Hemos visto cómo ha evolucionado el déficit tres meses después de que el grupo de expertos, ajenos al Gobierno, diseñara un factor de sostenibilidad; se cocinaron los cambios para, en su momento, ser aprobados por el Consejo de Ministros y, luego, lógicamente por las Cortes Generales. Así es que la gente se ha marcado perfectamente, con tranquilidad, sin ningún tipo de cambio. La ministra habló de un consenso permanente hasta el último momento que estábamos aquí, pero no ha habido consenso por parte de nadie, y los cambios diseñados por el Gobierno son algo más suaves que la propuesta inicial de los propios sabios. Si lo recordamos, los sabios eran mucho más duros en su informe, mucho más contundentes, con menores cuantías de pensiones, con mayor tiempo de cotización, con menor período de carencia… Fueron muchas cosas las que dijeron los sabios. Y el Gobierno ha sido mucho más flexible en la propuesta inicial, porque ha entendido que hay que hacerlo a largo plazo y, lógicamente, ese futuro tiene claves importantes en las reformas que se están haciendo ahora y que se van a realizar a partir de ahora de cinco en cinco años, esto se ha dicho claramente y también lo señala el propio proyecto de ley. Por consiguiente, no podemos rasgarnos las vestiduras diciendo que es una situación unilateral por parte de un Gobierno que defiende un sistema público de pensiones.

¿Seguirá siendo el IPC un referente de las pensiones? Se ha hablado de los tiempos de bonanza. Cuando haya tiempos de bonanza se aplicará el IPC más el 0,50. Es decir, vamos a aplicar el 0,25 y después se llevará a cabo. Y esto, que es importante, nadie lo ha dicho aquí. El Gobierno ha recordado que cuando haya tiempos de bonanza habrá mejor sistema de pensiones y cuando no haya tiempos de bonanza, como estamos en este momento, habrá una mínima de un 0,25%. Está puesto así clarísimamente y creo que eso es lo acorde con la realidad social de este país, porque así lo vienen percibiendo los propios pensionistas.

Señores, en este momento hay más de nueve millones de pensionistas, y la longevidad de este país va en aumento, tal como se ha dicho aquí por muchos de ustedes —que parece que han hecho una tesis doctoral en la que no ha faltado más que hablar de la dieta mediterránea y de cómo la gente se mantiene con mayores cautelas para vivir más años—, aquí se ha visto claramente que la longevidad es el gran problema de esta cuestión. ¿Y cómo hay que hacer? Pues mirar por ese futuro. En el año 2050 podemos llegar a tener casi 15 millones de pensionistas, lo que pasa es que hay que hacer un fondo de pensiones adecuado, del que cotiza en la hucha de las pensiones.

No olvidemos que por este Gobierno también se han segregado de una manera muy seria las pensiones no contributivas de las contributivas. Antes al que no contribuía al sistema se le pagaba también del fondo de pensiones; ahora no, va con cargo a los presupuestos del Estado. Sin embargo, el que contribuye va a tener, lógicamente, su fuente directa en base a lo que ha cotizado en esa hucha que tiene. Es un sistema lógico, normal, como lo hacen en Europa y las pensiones tienen que ir acordes con la cotización que hayamos realizado.

Si decimos que las jubilaciones tienen que ser acordes con la cotización, también serán acordes con las revalorizaciones. Es decir, que no solamente se van a revalorizar las pensiones con la fórmula, estas prestaciones se van a revalorizar con una nueva fórmula que se va a aplicar ya en el año 2014 —que lo tenemos, como quien dice, a la vuelta de la esquina—. Por lo tanto, la subida mínima estará siempre por encima del 0%, más bien en el entorno del 0,25%.




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Y vuelvo a repetir: ¡Cómo se rasgan algunos las vestiduras, cuando congelaron las pensiones! Fueron congeladas hace años por el Gobierno socialista. ¿Por qué las congeló? ¿No le dijeron los sindicatos nada? Parece que no hubo nadie que les planteara: ¿Y ustedes por qué no suben nada? ¿Entonces nadie decía nada o qué, es que todo el mundo callaba la boca?

Esta fórmula de revalorización de los expertos proponía sistemas distintos y estamos, lógicamente, en un período de sostenibilidad. La reforma de las pensiones del Gobierno socialista fue la Ley 27/2011, que ya propició este factor de sostenibilidad; por lo tanto, no entiendo al portavoz del Grupo Socialista —tengo aquí sus palabras, de las que voy a hacer uso más tarde— cuando dice que incluso somos un peligro público. Pues mire, es que este sistema de sostenibilidad lo han hecho ustedes, lo iniciaron ustedes con la Ley 27/2011; su objetivo principal es dar el mismo trato a personas que se jubilan con la misma edad y con el mismo historial laboral pero en años diferentes, y que como consecuencia de su distinta esperanza de vida terminan beneficiándose del sistema de pensiones durante un tiempo a veces muy distinto.

Por lo tanto, ¿cómo hablan ustedes del sistema de sostenibilidad? Si lo hicieron ustedes, si la propia ley decía ya que la jubilación fuera a los 67 años y cómo se hacía ese sistema de sostenibilidad. Lo que ha hecho este Gobierno es seguir aquella ley que está en vigor, que la pusieron ustedes en vigor. No nos llamemos a engaño, hagamos la cosa seriamente y con sensatez.

Lo que pasa es que es fácil subir a la tribuna y hacer un tótum revolútum, mezclar unas cosas con otras y venir a echar un discurso político, pero yo no lo entiendo. Porque puede comprenderse que algunos grupos parlamentarios que no han gobernado —ni creo que puedan gobernar, lógicamente, como no sea en coalición— digan lo que dicen, algunos incluso han sido sensatos en su forma de expresarse: han presentado un veto, pero luego han entendido que ese veto conlleva un discurso de acuerdo con las pensiones; sin embargo, algunos han presentado un veto por presentarlo, simplemente por decir: Somos muchos, y como somos muchos hemos presentado nueve vetos. Y qué, si no había más grupos; si hubiera veinticuatro grupos podrían hacer veinticuatro vetos. Pero la cordura se expresa cuando alguien va a votar luego y cuando alguien da alternativas a ese proyecto de ley. Pero aquí no hay alternativa ninguna, solamente que somos un peligro público, que las pensiones es un derecho que tenemos los cotizantes…

Señor Ruiz Santos, ha mezclado usted algo muy grave en este discurso, ha hablado usted de que mentimos durante tres días, y todos sabemos a lo que nos referimos con mentir durante tres días. Dice muy poco de un parlamentario que quiera mezclar las pensiones o el miedo con la muerte de muchas personas, con aquellos tres días que se vivieron en España, luctuosos para todos. Muy grave, muy grave por su parte. (Aplausos.)

Por lo tanto, a veces hay que morderse la lengua y saber tener memoria histórica. Para estas cosas sí hace falta la memoria histórica (Rumores.), pasa saber lo que necesita España y lo que no necesita España, y me parece que no es correcto que usted haya dicho esto. (Rumores.) Lo que pasa es que a ustedes no les gusta que se les diga.

Después ha dicho: Es que ustedes recibieron 15 000 millones en el Fondo de Reserva. Pues claro, el tiempo que llevaba el Fondo de Reserva; llevaba dos años, pues hicimos para dos años, lo que había. Si más tiempo estamos, más tiempo hay de Fondo de Reserva. Esa regla de tres es absurda, señor Ruiz Santos, no me vale, no me convence. (Rumores.—El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Así es como entiende usted el Fondo de Reserva.

Y después ha hablado usted con demagogia de las viudas: que si solo sube el 0,25% y ganan poco, que les congelamos las pensiones. Mire usted, las pensiones de las viudas suben lo mismo que ustedes las congelaron; lo mismo. Cuando ustedes congelaron ¿había o no había viudas en España? Claro que las había, pero entonces no se acordaron de ellas; las dejaron tiradas. Ahora se acuerdan de ellas, cuando se les va subir hasta el 0,25%, pero cuando ustedes gobernaban y congelaron sus pensiones, entonces no había viudas ni orfandad ni había nada. Eso es mentira. Sean ustedes más serios y actúen en consecuencia. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Podría utilizar un segundo turno, todos ustedes lo podrían hacer, pero, señorías, para tener un debate sobre pensiones hay que ser serios y, sobre todo, valorar las consecuencias.




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Hace ya tres décadas todo español estaba preocupado por sus pensiones; no es una preocupación actual. No ha llegado el Partido Popular ―que, según dicen ustedes, es un peligro público― para quitar a la gente las pensiones; no hemos llegado para eso. Ustedes ya han gobernado aquí y acuérdense del déficit que dejaron en las pensiones. Es muy fácil decir que ustedes gobernaron pero que aquello ya pasó. No, ustedes gobernaron y no ha pasado, han dejado un pufo de coco y huevos, porque lo han dejado ustedes. ¡El pufo, de coco y huevos! ¡De coco y huevos! (Aplausos.—Protestas.)

Por eso, señorías, tengo que decir que, en cierto modo, tengo un sentimiento profesional, porque yo pensaba discutir sobre la sostenibilidad de las pensiones y no de lo que ustedes hablan porque —vale— hay que hablar. Pues, mire usted, para agotar el tiempo, agótenlo, perfecto, a mí no me importa que se agote, pero utilicen ese tiempo con sentido común, con sentido práctico, con sentido de pensiones. A eso hemos estado abiertos, pero ustedes han hablado de todo aquello que les parece mal y de todo lo que a ustedes les parece bien. Pues miren ustedes, no es así.

Creo que está perfectamente valorada la situación de vida de los pensionistas y, sobre todo, yo creo que hay que garantizarlo con tres fases importantes: La primera de ellas es la sostenibilidad financiera del sistema, de la que ya hemos hablado en varias ocasiones, las pensiones representan un porcentaje muy elevado y creciente del gasto público. En la actualidad, representan una media superior al 10% del producto interior bruto, que posiblemente alcance el 12,50% en 2060. Esto sí que es fuerte.

Hay que mantener la adecuación de la pensión de jubilación, por supuesto, y hay que hacer del sistema lo verdaderamente del sistema. Siempre pongo como ejemplo que procedo de una provincia en la que ustedes confundían el fondo de pensiones y las pensiones con las invalideces que ustedes dieron. Hay muchos tipos de prestaciones económicas: la pensión de jubilación, la invalidez absoluta, la total, la cualificada, la pensión de orfandad… Hay muchos tipos de pensiones. Pero en los tiempos en que ustedes gobernaban, cuando querían hacer una regulación de empleo en unos astilleros, en una gran empresa o empresas públicas ¿qué hacían? Declaraban sorda a la gente para que pasaran a depender del sistema público de pensiones. Esa no es forma de tratar un problema; hay que fomentar la equidad y si hay que llevar a cabo una regulación de empleo, se hace y se sigue un sistema adecuado, pero no se puede declarar una invalidez para siempre, que no paga IRPF, con un 100% por la invalidez y con cargo al fondo de pensiones; eso es una barbaridad y fue un atropello que ustedes cometieron durante muchos años. Este es el gran problema de las pensiones en España, por culpa de ustedes; por culpa de ustedes. (Protestas.—Aplausos.)

Señorías, creo que es necesario mantener una adecuación en relación con la pensión de jubilación. Lógicamente, el proyecto de ley tendrá que ser debatido de nuevo y muchas veces más porque, de hecho, llevamos 3 décadas hablando de los sistemas públicos de pensiones; no es algo nuevo. A algunos les parecerá mal, a otros les parecerá bien, pero lo que sí es cierto es que hay mucha gente topada en las pensiones, que cotizan por más y en ese caso no protestan ustedes porque solo hablan del umbral de la pobreza. Sin embargo, señorías, se trata de un sistema público de pensiones y, para el que no ha cotizado, está la pensión no contributiva. No hagamos demagogia. La no contributiva es un sistema distinto ―pero de eso no hablan ustedes―, para dar cobertura al que no tiene nada y está bien conceptuado, pero estamos hablando de un sistema público de pensiones de contribución, en el que cobra el que cotiza, y eso ustedes no lo entienden y lo mezclan con el umbral de la pobreza y con el sursuncorda. Insisto, esto no tiene nada que ver con ello porque estamos hablando de un sistema público de pensiones sobre cotizaciones habidas y, en función de las que haya, habrá una equidad y un equilibrio entre lo que se cotiza y lo que se obtiene.

Además, lo que está claro es que debido a la longevidad —ojalá nos veamos muchos años aquí— posiblemente tengamos una vida más larga, y esto ¿qué significa? Que estaremos durante más tiempo a cargo del fondo de pensiones y eso es lo que hay que equilibrar, y hacerlo con sentido común, no como ustedes: metiendo la mano en el saco y repartiendo ERE por Andalucía, que es lo que han hecho. ¡Repartir muchos ERE!

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.—Rumores.)




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

En el Grupo Mixto vamos a compartir el tiempo. Ustedes tienen una habilidad increíble para imputar siempre las culpas de todo a los demás. Nos dicen a los grupos de la oposición que no sabemos leer o que tenemos dificultades en la comprensión lectora. ¡Va a ser que ustedes escriben fatal, o que lo que escriben lo entendemos todo! (Aplausos.)

Los pufos… ¿pero cómo tienen la sinvergüenza o la poca vergüenza… (Fuertes protestas.) de decir…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Me descuenta el tiempo.

¿Cómo pueden tener la poca vergüenza de hablar de pufos? (Fuertes protestas.-Aplausos.) ¿Cómo pueden? Aquí, los únicos que han cobrado sobresueldos —y se sobreentiende de lo que estoy hablando— son algunos del Partido Popular. (Aplausos.) ¿Pero en qué planeta viven ustedes? ¡En el planeta piruleta! (Risas.) Porque, ¿qué porcentaje de paro tenemos en el Estado español? ¿Ustedes saben qué porcentaje de paro hay? ¿Cómo se pueden atrever a decir que se podrá compatibilizar cobrar la prestación por jubilación y trabajar? ¿Qué tipo de contratos se están haciendo? ¿Ustedes, de verdad, pueden subir a la tribuna y decir que se va a poder compatibilizar? ¿Qué porcentaje de paro tenemos en este momento?

Vamos a ver. Ustedes tienen la mayoría en ese hemiciclo, es verdad, la tienen; la tienen porque se presentaron a las elecciones diciendo unas cosas de las que no han cumplido ni una sola, y han legislado todo lo contrario de lo que prometieron y dijeron. (Aplausos.) Y la pregunta que les lanzo es muy fácil: ¿están dispuestos a corregir, a derogar la reforma laboral, a estimular el empleo y la productividad? ¿Están dispuestos a descongelar el salario mínimo, incrementar los salarios y las cotizaciones, a revisar fiscalidades relacionadas con el capital y el patrimonio, a combatir el fraude fiscal? Contesten esta pregunta, y entonces den lecciones al resto. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Yanguas. Me imagino, señor Yanguas, que habrá más intervenciones de su grupo; le quedan nueve minutos y cuarenta segundos.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en UPN vamos a intentar rebajar un poco la tensión porque también creemos que no por mucho gritar y utilizar exabruptos tenemos más razón. (Aplausos.) Eso lo entiendo de uno y de otro.

Hemos venido hoy para dictaminar el Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones. Es una ley, como todos ustedes saben, clave para el futuro de nuestro país, como pueden ser otras, la educación, sanidad… Se trata, en definitiva, de una legislación que debiera contar con el consenso de todos los grupos. Visto está que eso no ocurre aquí. Sí que es cierto, y esto no lo podemos negar, que en el tema de las pensiones hay que hacer algo; se trata de una tarea nada sencilla, pero hay que hacerlo. Es ineludible.

En UPN tenemos alguna pregunta. ¿Es este el modelo de actualización de las pensiones que necesita España? Se trata de un modelo, como muchos han dicho, y el propio Gobierno de España en la memoria económica reconoce, que se va a ahorrar dinero: 33 000 millones de euros nada menos, y eso nosotros —es cierto, y se lo tengo que decir— lo entendemos como que los pensionistas van a sufrir recortes en su poder adquisitivo, y eso a nosotros no nos gusta en absoluto.

Otra pregunta que tengo. ¿No sería posible incentivar el empleo y, por tanto, incorporar más dinero al pago de las pensiones? Hay margen, puesto que otros países de nuestro entorno aplican más porcentaje de su PIB a pagar las pensiones. Esta es una decisión política. Se puede utilizar el PIB para una cosa o para otra. Con esto también queremos llamar la atención a que se debe reflexionar y contar con el consenso; lo volveré a decir una y cien veces. Estamos de acuerdo en




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que esta reforma debe hacerse, claro que debe hacerse, pero no creemos que así. Hay que llevar este tema al Pacto de Toledo, hay que llegar a acuerdos allí y traer aquí un acuerdo mucho más amplio. Como le digo, son temas capitales para la existencia de España como país. Ya lo dije en la comisión y lo voy a repetir hoy; el pasado viernes 29 un periódico dijo que Blair en su día elogió a Zapatero por no caer en el populismo, y le dijo que siempre hizo lo mejor para este país; que pasó la prueba de fuego de un líder, elementos que ayudaron, según Blair, a que España no cayera en el abismo del rescate. En aquellos días —le recuerdo, aciagos— de 2010, en los que España se la jugaba hubo un partido, Unión del Pueblo Navarro —el mío— que se abstuvo en la votación de aquel real decreto que congeló las pensiones, entre otras medidas; y nos abstuvimos en aquel momento por un sentido de responsabilidad que ahora también tenemos. Esa abstención, debo recordárselo a todos, posiblemente hizo que España no pidiera el rescate en esa ocasión. Nuca lo sabremos, pero en esa ocasión el voto de UPN, esa abstención, fue clave, aunque hoy, desde luego, no lo es. En aquellos días el PP, hoy en el Gobierno, dijo que no, se puso en contra de esa medida y, sobre todo y ante todo, dijo que el problema de España era Rodríguez Zapatero. Ahora las tornas han cambiado sustancialmente. Ahora el problema parece que es otro y que se llama Mariano Rajoy.

En UPN creemos que es hora de que se pongan a hablar, de que se quiten las mochilas de la historia que tanto unos como otros llevan, que acuerden por el bien de España, como no puede ser de otro modo, sobre todo en las políticas de Estado, como esta.

Voy a finalizar diciendo que en mi partido, UPN, no estamos para dar lecciones a nadie. Nada más lejos de nuestra intención, desde luego, pero no nos vamos a cansar de decirlo y, por eso, nuestra posición, de nuevo, será la de la responsabilidad.

Muchas gracias. Buenos días.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Yanguas.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Haciendo, una vez más, un ejercicio de autocontrol (Risas.), y manteniendo el sentido del humor, porque entiendo que es la última trinchera —en demasiadas ocasiones me veo obligado a refugiarme en ella—, quiero decir al portavoz del Grupo Popular que lamento muchísimo que nuestro veto no tenga la calidad suficiente. Prometo que todos los vetos que presentemos a partir de ahora vendrán con ISO 9001 (Aplausos.) y, por lo tanto, habrán superado todas las evaluaciones necesarias para que merezcan la consideración de su señoría.

Yo creo que en su intervención, sobre todo, en la última parte, nos ha trasladado de forma muy clara cómo ve el Partido Popular el sistema de pensiones. Observarán que en mi primera intervención resalté el término público en el sistema público de pensiones. No, ustedes hablan de un sistema de pensiones, que tiene dos partes. Una parte que es la de la beneficencia, las pensiones no contributivas, y otra parte que es el sistema de pensiones que se ha de regir con los mismos criterios que los fondos privados de pensiones, que ha de ser homólogo, que sea fácilmente homogeneizable con los fondos privados de pensiones, que complementará esta especie de fondo público de pensiones hermano gemelo. Esa es la visión que usted nos ha trasladado en su intervención.

Alternativas. Comparto las planteadas por el senador Guillot —por cierto, he de decir a los compañeros socialistas que no aplicaron ellos tampoco cuando impusieron la reforma de 2011—. Únicamente añadiría a las planteadas por el señor Guillot otro elemento: la recuperación de la deuda histórica con la Seguridad Social de la Administración Central del Estado. Ayer estuvimos debatiendo durante horas la deuda histórica con las eléctricas, el déficit tarifario. Hay que hablar de la deuda histórica de la Administración Central del Estado con la Seguridad Social. En el Pacto de Toledo se reconoció su existencia, pero ni tan siquiera se establecieron los mecanismos y la periodificación para su recuperación.

¿Cuáles son los motivos de esta reforma? Pues son muy claros. Uno, satisfacer las demandas de los mercados. El portavoz Popular lo reconoció. En cuanto ustedes dijeron que con este proyecto de ley se detraían 33 000 millones de euros del sistema público de pensiones bajó la prima riesgo. Objetivo conseguido. Objetivo cumplido. Han garantizado ustedes a los acreedores




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que poseen deuda soberana el pago en los plazos previstos gracias a los pensionistas de la Seguridad Social, que verán detraídas sus pensiones para satisfacer esa necesidad.

Segundo objetivo, propiciar los fondos privados de pensiones. Antes, yo hacía referencia a esta publicación, que les recomiendo que la lean con detenimiento, porque es muy ilustrativa cuando plantea por qué es necesaria esta reforma. (El señor Iglesias Fernández muestra un documento a la Cámara.) Dice lo siguiente: Existe una amplia investigación de la economía de comportamiento que demuestra que las personas no tienen suficiente disciplina ahorradora. La procrastinación —perdonen el término, pero es el que utilizan—, retrasar la toma de decisiones, la miopía, no tener suficientemente en cuenta el futuro, y la inercia, resistirse a modificar un patrón de comportamiento, influyen considerablemente en el nivel de ahorro y es lo que ha llevado a los españoles a no suscribir fondos privados de pensiones. Esta ley pretende corregir esa miopía, esa falta de previsión, convenciendo a los españoles de que lo hagan.

En esta misma publicación se refleja qué alternativas se han buscado para la revalorización en otros países. Porque, efectivamente, la fórmula magistral que han encontrado ustedes es un invento. He de reconocerles que ahí, I+D+i al cien por cien. (Risas.) Dice la publicación: Frente a la opción de vincular las pensiones al aumento de salarios —que era otra posibilidad—, prevalente en diversas economías avanzadas, países como Austria, Grecia, Hungría o Italia han vinculado dicha revalorización de forma total o parcial a la evolución de los precios. Un problema que se plantea es cómo afecta esto a las pensiones más bajas. Las reformas de pensiones no deben afectar de forma excesiva a las pensiones más bajas. Las dos opciones más habituales son aplicar mayores revalorizaciones a las pensiones bajas —cosa que ustedes no hacen—, casos de Bélgica o Finlandia, por ejemplo, o realizar pagos complementarios para dichas pensiones —cosa que tampoco hacen—, como Canadá, Australia o Corea.

Pero lo más claro de esta publicación es que permite ver el futuro. Y es tremendo. Porque esta no es la última reforma del sistema público de pensiones que ustedes pretenden hacer. En esta publicación se dice que es necesario y conveniente avanzar hacia planes obligatorios de pensiones en las empresas de más de un determinado número de trabajadores. Ese es el futuro al que ustedes nos abocan. Yo estoy convencido de que si llego, cuando me jubile, tendrá que ser a los 70 años. Y que, además, viviremos en la negociación colectiva de un gran número de empresas la obligatoriedad de los planes privados de pensiones a costa de los trabajadores, pues detraerán de su salario directo o indirecto una parte para ellos.

En el turno de enmiendas seguiré contándoles más cosas.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Intervendré muy brevemente, tan solo para anunciar que mi grupo va a votar a favor del resto de los vetos que han presentado los grupos parlamentarios, de todos y cada uno de ellos, de los nueve, que son muchos, ni más ni menos todos los que podía haber.

Y no me voy a perder la ocasión de contestar a una pregunta que ha trasladado el senador Fernández Sánchez a todo el grupo de la oposición. Preguntaba usted qué entendíamos nosotros que eran pensiones suficientes o dignas. Pues bien, le voy a contestar. Pero no con mis palabras, porque yo no soy nadie, sino con las del Tribunal Constitucional, cuya autoridad imagino que usted reconocerá muy por encima de la mía. Y dice lo siguiente: El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es el elemento definitorio de la suficiencia de las pensiones. Ustedes, con esta ley, se cargan esto. Repito, ustedes, con esta ley, se cargan esto.

Es todo. Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Senyor president, señorías, señor Fernández, con nuestros vetos hacemos lo que podemos y, escuchando su intervención y su respuesta, veo que también usted hace lo que puede.




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Hay nueve vetos parlamentarios, pero yo estuve dudando si presentar el informe del Consejo Económico y Social, porque en sí mismo es un veto a este proyecto de ley. Léanselo. Estuve a punto de presentarlo y decir: este es mi veto. (Aplausos.)

Señorías del Partido Popular, especialmente, senador Fernández, en una sociedad que soporta más del 25% de paro, en una sociedad en la que estamos perdiendo población, no hay sistema público de pensiones soportable. ¿Aquí cuál es el problema? Qué es lo que está haciendo este Gobierno para incrementar la natalidad y para que disminuya el paro. Nada. Ese es el gran fracaso de este Gobierno.

Señorías, con este proyecto de ley, con todas las medidas que este Gobierno ha ido tomando, ¿realmente, protegemos a nuestra gente mayor? Creo que no. Hoy sale el dato de que en diez años ha crecido en un 25% la gente mayor que vive sola. Todos conocemos los incrementos que ha habido en el precio del agua, gas y electricidad y el copago. Si añadimos la pérdida de poder adquisitivo, no estamos garantizando las mínimas condiciones de vida para millones y millones de personas que —les vuelvo a repetir— ya no tienen capacidad de reacción; son sectores sociales desprotegidos y es responsabilidad del Gobierno, de los poderes públicos, de las Cámaras parlamentarias y de toda la sociedad garantizarles el mínimo bienestar que se merecen.

¿Qué futuro hay en una sociedad con el 55% de paro entre los jóvenes? ¿A qué pensiones podrán acceder, si empiezan a trabajar tardísimo, a cotizar poco y en empleo precario, parcial, inestable? Si todo esto lo vamos sumando, estamos frente a un desastre social. Y frente a este desastre social —insisto—, ¿cuál es la respuesta del Gobierno?

Lo decía en mi intervención inicial, ustedes con esta reforma no abordan la sostenibilidad del sistema a largo plazo; ustedes con esta reforma abordan su único objetivo, que es la reducción del déficit a corto plazo; ustedes con esta reforma legalizan la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. Y para nosotros, una pensión digna es toda pensión que pueda garantizar el poder adquisitivo.

El senador Fernández nos decía que cuando haya bonanza habrá un incremento no del 0,25 sino del 0,50%, por la enmienda que ha presentado el Grupo Popular aquí en el Senado. Pero si hacemos solo un cálculo de la inflación 2011-2013, 6,8%, con su propuesta tardaríamos trece años en que esta gente pudiera recuperar el poder adquisitivo. Es decir, con la propuesta que ustedes hacen, aun en tiempos de bonanza, no garantizaremos nunca la recuperación de ese poder adquisitivo. Y antes lo decía el señor Sabaté, y tiene razón: millones de pensionistas están en el umbral de la pobreza y cualquier ligera disminución de su pensión les precipita a la pobreza.

Creo que cuando se habla de pensiones hay que empezar siempre por una primera afirmación, y es que el Gobierno, las Cámaras parlamentarias trabajan y legislan por pensiones justas; pensiones justas, no las posibles. Esta es una gran diferencia, las pensiones justas, porque esa es nuestra responsabilidad, sea vía cotizaciones o vía complemento con los Presupuestos Generales del Estado. Para nosotros, para los partidos de izquierda, la longevidad no es un problema, es una victoria. (La señora Peris Jarque: ¡Para nosotros también!) Para la gente de izquierdas, el Estado del bienestar no es un problema, es un reto; no es un gasto, es una inversión, es una deuda, es un compromiso que tenemos con la sociedad.

¿Y cómo se pueden explicar —con esto terminaría, para dar oportunidad a que el senador Sabaté hable— estas políticas, este proyecto de ley? Lo dije y lo repito, señores del PP, yo creo, sinceramente, que ustedes han roto cualquier lazo emocional con los sectores sociales que sufren, con aquellos sectores sociales más desprotegidos. Y esta ruptura de lazos emocionales con estos sectores tan importantes de la sociedad es lo que puede explicar el proyecto de ley que ustedes hoy presentan, que, insisto, es un desastre social.

Gracias por su atención. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot.

Completa el turno de la Entesa, el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Muchas gracias, señor presidente.

Senador Fernández, ha descalificado usted genéricamente las intervenciones de todos los grupos parlamentarios, por supuesto exceptuando la suya. No vamos a entrar en ese terreno, porque, evidentemente, no es en el que debe moverse el debate parlamentario, pero seguramente dice poco también de su intervención.




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Decía usted que es una reforma reclamada por Europa y por la mayoría de los españoles. Lo que reclama Europa es un sistema de pensiones sostenible, y ya le hemos dicho que estamos casi 2 puntos por debajo de la media de la Unión Europea sobre el producto interior bruto y que hay margen para aumentar el gasto público en pensiones; por tanto, es posible otra política en materia de pensiones. Esta es su política. Y dice también que es la que reclama la mayoría de los españoles pero, como le he dicho antes, ustedes no acudieron a las elecciones con este programa, este es su programa B. Ustedes no dijeron la verdad; no es un mandato de los españoles. Ustedes tienen mayoría absoluta, pero después de haber faltado a la verdad, senador Fernández.

Y nos cita la Constitución, que todos conocemos, por supuesto; Constitución que dice que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Dice usted, ¿qué es una pensión suficiente? Se lo ha dicho la senadora Martínez pero, insisto, si estamos de acuerdo en que muchas de las pensiones son claramente bajas, una pensión suficiente es aquella que se actualiza por lo menos con el incremento del índice de precios al consumo porque unas pensiones que generan pérdida de poder adquisitivo a los ciudadanos no son justas. Y usted dice: los socialistas congelaron las pensiones; pero una vez más no dice la verdad, porque no se congelaron todas las pensiones, las pensiones mínimas se incrementaron. Esa es la realidad. (Aplausos.) Esto es lo que hace su propuesta profundamente injusta, porque además de no garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas trata a todas las pensiones por igual, independientemente de la cuantía y, por tanto, rebaja igual las pensiones máximas que las mínimas, y esto, como le he dicho, es profundamente injusto.

Hablaba usted también de la herencia recibida, del fondo de reserva, dice usted que solo estuvieron dos años y por eso dejaron 12 000 millones. De 2000 a 2003, durante cuatro años de una legislatura, dejaron 12 000 millones de euros, y en ocho años de Gobierno socialista, de 2004 a 2011, dejamos 54 000 millones adicionales, hasta los 66 000. Por tanto, haga usted cuentas y verá que lo que ha dicho no responde a la realidad.

Finalmente, senador Fernández, dicen ustedes que el sistema no es sostenible, que hay que revisarlo, y ya le he dado algunos datos que permiten dudar, al menos relativizar, las proyecciones demográficas. ¿Por qué tantas prisas cuando el fondo de reserva todavía da un margen para adaptarnos a la situación de una crisis terrible, una crisis coyuntural? ¿Por qué tantas prisas, por qué de inmediato, por qué de aplicación ya en 2014? Pues por lo que le he dicho, porque su política responde al interés privado, a los fondos de los planes de pensiones privados. Esa es su política. Eso es lo que van ustedes a hacer, no a dar respuesta al interés de la mayoría de los españoles sino, una vez más, al interés de una minoría, de unos intereses privados que van claramente en contra del interés de la mayoría.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Senador Fernández, tener nueve vetos en la mesa debería hacerle reflexionar; en lugar de criticar el hecho de que los presentemos y cómo los presentamos, debería reflexionar sobre esto, porque es preocupante. Ayer se lo dijimos en el debate de los presupuestos: ustedes tienen un problema, no tienen empatía, no escuchan. Escuchen, por favor, a los portavoces de la oposición porque representamos a muchos ciudadanos del Estado, no solo su postura es la buena. Realmente, es un problema y ustedes lo van a recoger en las urnas, están consiguiendo que los ciudadanos vean que ustedes van a lo suyo y que no escuchan a nadie.

Mi grupo, por supuesto, va a dar su apoyo a todos los vetos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez-Aldama.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor presidente.




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El Grupo Parlamentario Socialista rechaza este proyecto de ley del Partido Popular, tanto por las formas como por el fondo. Sé que el señor Fernández, un demócrata convencido de toda la vida, le da poca importancia a las formas, pero, en democracia, las formas también son fondo y, por tanto, entendemos que es inadmisible que una ley como esta, que directamente va a afectar a nueve millones de españoles, no haya sido defendida aquí, en el Senado, por nadie del Gobierno. Nos parece inaudito. Hace tres meses, mi grupo pedía la comparecencia en esta Cámara de la ministra de Empleo para que lo explicara aquí. Es obligación de un Gobierno explicar a los parlamentarios un proyecto de ley, y aquí, a esta Cámara, no ha venido nadie del Gobierno. Es una falta de respeto a toda la Cámara, también a los hombres y mujeres del Partido Popular.

Pero, fíjese, todo el proceso ha sido un atropello interesado. No ha habido ponencia. ¿No les parece que una ley como esta, tan importante, tan trascendente en la vida de las personas, y ahora más, requería una ponencia en la que, al menos, se pusieran encima de la mesa las posturas de unos y de otros y llegar a un acuerdo si era posible? No; les daba igual. Ustedes querían aplicar el rodillo e imponer, imponer e imponer, y despreciar cualquier propuesta de otra formación política. Por eso, es una paradoja que la señora Báñez diga todos los días que el Gobierno está abierto al diálogo con la oposición, y cuando la oposición enmienda e incluso veta un proyecto de ley, el Grupo Parlamentario Popular rechace todo e, incluso, descalifique siempre su trabajo.

Señor presidente, señorías, vayamos al fondo. Esto no es un reajuste de las pensiones, es una mentira más de Rajoy y del Partido Popular. El día 5 de noviembre de 2011, en un programa de televisión, el señor Rajoy dijo públicamente a los españoles: No habrá recortes en las pensiones. Meteré la tijera a todo menos a pensiones, sanidad y educación. Y es verdad, ha metido la tijera a todo, a la sanidad, a la educación y, ahora también, a las pensiones. Porque no estamos ante una reforma de las pensiones, que nadie se engañe, estamos ante un recorte mayúsculo de las pensiones que va significar la bajada de todas las pensiones, las presentes y las futuras; las presentes es algo evidente. Si el Gobierno plantea subir el 0,25% pero el propio Gobierno reconoce en el presupuesto que el IPC subirá el 1,5%, van a perder ya el próximo año el 1,25%; pero también las futuras, porque lo que se introduce con el factor de sostenibilidad es más dificultad para acceder a la pensión, y su cuantía será menor que las actuales.

Por tanto, los españoles tienen que saber que todos los pensionistas, los presentes y los futuros, salen perjudicados con este proyecto de ley y, muy especialmente, y lo quiero recalcar una vez más, las mujeres españolas. Las mujeres españolas tienen las pensiones más bajas, fruto de la historia. Su trabajo ha tenido sueldos más bajos, ha sido a tiempo parcial y precario y, por tanto, todos los españoles salen perjudicados; todos mal, pero, fundamentalmente, las mujeres españolas.

Señorías, no hagan más trampas a los españoles, porque ustedes dicen: subiremos el próximo año el 0,25%. Es verdad, pero el propio Gobierno reconoce en sus documentos oficiales que el recorte previsto de 2014 a 2022 es de 33 000 millones de euros, teniendo en cuenta que el IPC sea el 1%, que es lo que prevé el Gobierno, pero si fuera el 2%, como prevé el Banco Central Europeo, el recorte sería el doble, 66 000 millones de euros. Y si el IPC fuera el 3%, que es la media desde que España ha estado en la zona euro, el recorte rondaría los 100 000 millones de euros. Por tanto, de reforma, nada, se trata de un recorte como jamás se ha producido en las pensiones españolas.

Por consiguiente, hoy quiero dejar claro que con esta ley Rajoy y su Gobierno están metiendo la mano en el bolsillo de todos y cada uno de los hombres y mujeres jubiladas de este país. (Aplausos.) Ustedes no se contentan solo con subir el IVA, el IRPF, la luz, quitar la dependencia, etcétera, encima, ahora van y tocan algo sagrado para muchas familias: las pensiones, y más en este momento, que ustedes saben que buena parte de los hombres y mujeres que en España cobran pensión son el pilar de muchas familias que pagan los libros y el comedor de los nietos y muchas veces, y por desgracia, las hipotecas de sus hijos.

Hoy ustedes dan un hachazo sin precedentes a las pensiones españolas. Por eso, es de toda lógica decir —me atrevo a afirmarlo— que Rajoy se ha convertido en el enemigo público número uno de todos los hombres y mujeres que en España cobran una pensión. (Aplausos.) Eso es lo que hace Rajoy con este proyecto de ley. (Aplausos.) Pero había que llegar más lejos. Dice el señor Fernández: La oposición habla de política. ¿Pero de qué vamos a hablar? Es que esto es




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política. Tomar decisiones es política. Parece que le molesta al Partido Popular, particularmente al señor Fernández, que se hable de política. Esto es política, tomar decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos.

Esta es la pregunta a resolver: ¿Por qué hace esto el Partido Popular? ¿Por qué este recorte? La respuesta es muy sencilla. Este recorte se produce para favorecer las pensiones privadas. Este esquema es conocido, es archiconocido. (Rumores.) Sí, sí, archiconocido, y ya sé que molesta. Pero ustedes quieren trasladar a la opinión pública el miedo y les dicen a todos: ¡Ojo, hay riesgo de que no se puedan pagar las pensiones! Aquel que pueda que haga un plan complementario y el que no, pues que se aguante.

¿Por qué les digo esto? Les pondré solo un ejemplo, un ejemplo de un periódico dominical, en el que se puede leer un titular, Planes de pensiones, que habla de cómo están las cosas e induce a que la gente haga planes de pensiones. Pero si se fijan en el cuadernillo verán que quien lo financia es una entidad financiera, otra entidad financiera, otra entidad financiera y una aseguradora. El objetivo final del Partido Popular no es otro que el de introducir miedo para resquebrajar el sistema público de pensiones y que la gente se complemente con planes de pensiones privados. Y esta es la realidad, señorías. (Aplausos.)

Les voy a decir más. A mi grupo le parece inadmisible que se planteen más rebajas fiscales a los planes de pensiones privados al tiempo que recortan las pensiones públicas. Las ventajas fiscales de los planes de pensiones privados nos cuestan cada año ya a los españoles 2000 millones de euros. Además, estos planes de pensiones y sus ventajas fiscales benefician sin duda a las rentas más altas. Voy a dar un dato: seis de cada diez contribuyentes con rentas superiores a 600 000 —vaya, ¿todos los españoles, verdad?— se benefician de estas exenciones o rebajas fiscales —seis de cada diez—, tan solo dos de cada diez son rentas medias.

Por tanto, señorías, hay una intención manifiesta de beneficiar a los planes de pensiones privados, que desgraciadamente solo pueden hacerlos la gente que tenga más poder adquisitivo. La obligación de un Estado es proteger, no por su renta, sino por necesidades, a todos y cada uno de sus ciudadanos. Este es un argumento más que contundente para decirles no a este proyecto de ley.

Pero hay más, hay más. Esta reforma es innecesaria y es injustificada. ¿Por qué es innecesaria? Porque —lo han repetido otros portavoces— en nuestro país el gasto en pensiones es 2,6 puntos por debajo de la media de la zona euro. En la zona euro el gasto en pensiones es el 13,4% del PIB de media, en España el 10,8% del PIB. Luego el problema de las pensiones no es cómo las recortamos ni cómo las gastamos, es otro, es un problema de ingresos, de cómo se ingresa más. Y ustedes, con su pésima política económica, han acentuado el problema de ingresos —desde que gobierna el Partido Popular hay un millón de hombres y mujeres menos cotizando en España— y, por otro lado, la rebaja de sueldos de los españoles ha provocado la merma de 4000 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social. Por tanto, es su política económica la que está mermando los ingresos.

Y les decía que la reforma es injustificada. ¿Por qué es injustificada? Porque ya hay una reforma en marcha, la reforma de la Ley 27/2011. Fíjense en el dato si quieren escuchar. Esta reforma lleva en funcionamiento doce meses. En los primeros ocho meses de este año la edad real de jubilación, que en diciembre de 2012 era de 63,9 años, ha pasado —en tan solo ocho meses— a 64,2. Es decir, que esa reforma ya está aproximando la edad de jubilación real a la edad de jubilación teórica. Por tanto, su reforma es injustificada.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Acabo, señor presidente, con una conclusión: mi grupo se opone frontalmente a este recorte del Partido Popular. Mi grupo no apoya este cambio bajo ningún concepto. Y la propuesta de mi grupo es que se aplique la reforma pactada entre Gobierno, sindicatos y empresarios en el año 2011, que ya está dando sus frutos y que no supone ningún recorte.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Martínez-Aldama.

Por el Grupo Parlamentario Popular, cierra el debate el senador Fernández Sánchez. (Aplausos.)




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El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, he escuchado con atención a todos los portavoces de los grupos parlamentarios, algunos con más o menos razón, por razones obvias, porque entienden su postura en cuanto al papel que desempeñan. Pero a alguno se le ha calentado un poco la boca (Rumores.) Tendría que haberse tomado un poquito de Valium 5 antes de subir a esta tribuna —(Risas.)—. La verdad es que no reconocía al señor Martínez-Aldama en ese papel de protagonista. Tendrá usted que ascender a algún sitio o querrá usted cobrar por los discursos que echa, porque la verdad es que no entiendo lo que ha mezclado aquí. (Aplausos.—Rumores.)

Dicen ustedes que han presentado nueve vetos. Yo le haría a usted uno, el más importante: vetado por haber congelado las pensiones cuando gobernaban, vetado totalmente. (Aplausos.) Ustedes no tienen derecho a la expresión usada por haber hecho lo que han hecho —valga la redundancia— con los pensionistas. Pero ahora vienen a hablar del sistema público de pensiones como si fuera el adalid de todo lo bueno que ha pasado en España con las pensiones. (El señor Camacho Sánchez: ¡Y es verdad!) Pues mire, no es verdad. (Rumores.) Si llegan a seguir ustedes gobernando, pasamos más hambre que un caracol en un espejo. (Risas.) Y se lo digo a ustedes para que lo sepan. (Aplausos.)

El señor Martínez-Aldama —algún otro portavoz también— ha hablado también del desastre social de las pensiones. Desastre social es haber dejado 5 millones de parados en este país. Eso sí que es un desastre social. Pero hay algo importante de lo que ustedes no hablan, ninguno ha hablado de ello. Dicen ustedes que las pensiones tienen que subirse, que les parece muy poco, que el sistema de pensiones no es acorde con el IPC… ¿Por qué no dicen la verdad sobre una enmienda del Grupo Parlamentario Popular? (El señor presidente ocupa la Presidencia.) La enmienda señala que en tiempos de bonanza se aplicará el IPC más el 0,50%. ¿Eso qué es? ¿El IPC qué es, mi prima Lola? (Risas.—Aplausos.)

Señoría, para subir a la tribuna hay que documentarse con todos los datos. Ahora, lógicamente, vivimos el momento del 0,25%, que es lo que van a subir las pensiones. Si queremos un seguro para las pensiones, para que nunca bajen en España, hemos de mantener este sistema de sostenibilidad. No hay otro, y, lógicamente, es el que mantenemos. Y lo dice la propia ley.

Pero le voy a recordar algo importante. La inflación interanual de noviembre es por ahora el indicador de referencia para la revalorización de las pensiones que entrará en vigor el año que viene —ya no será el IPC habido—. Con el dato del IPC de noviembre, que es el 0,2%, las pensiones que este año subieron un 1%, todas aquellas superiores a 1000 euros, ganarán 0,8 décimas de poder adquisitivo, mientras que las que subieron un 2%, las inferiores a 1000 euros, ganarán 1,8 puntos de poder adquisitivo. ¿Eso qué es? ¿Eso no es aumentar ¿O qué significa eso? Claro, lógicamente, usted debe ser una persona sabia en economía y todo lo reconduce por la vía de lo que prometió el señor Rajoy. El señor Rajoy prometió lo que tuvo que prometer, pero se encontró lo que se encontró en este país (Rumores.), se encontró lo que se encontró. ¿O eso de quién fue? (Aplausos.)

Todo esto está hecho con seriedad y con ecuanimidad. Lo que pasa es que ustedes no quieren oír nada en absoluto, porque no han hablado ni de la esperanza de vida. Sí ha habido algún grupo parlamentario que lo ha reconocido y lo ha interpretado perfectamente, por lo menos se es consciente de lo que se nos avecina de aquí a poco tiempo. Pero hay que actuar ahora, señorías. Hay que actuar con sensatez, con iniciativas y propuestas como las que ha hecho el Gobierno, porque la aplicación a partir de 2019 permite que en ese periodo transitorio la edad de jubilación y los periodos de cálculo sean un dato exigible para obtener el cien por cien de la base reguladora. Ustedes han dejado de cotizar en el tiempo de carencia, pasaron de quince a ocho años, de ocho a dos, ¿o no se acuerdan ustedes? Parece que lo aplicaban otros. Pues no, lo hacían ustedes. Por eso el ciudadano debe saber lo que tenemos entre manos, que son las pensiones, tema muy delicado que debe tener el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Ustedes, con decir que no y que han vetado, parece que han arreglado el problema. Pues mire no, señor Martínez-Aldama. Creo que usted, por lo menos, debería haberse leído la exposición de motivos y no andar por las ramas simplemente pensando en que se han hecho las cosas mal. Las cosas se han hecho de la mejor manera posible —lo que se entiende que se ha de hacer—, y lógicamente este Gobierno está llevando por la senda lógica lo que nos encontramos en este país hace pocos años.




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El sistema no es sostenible, señores. Algunos han dicho que sí y otros han dicho que no, pero el sistema no es sostenible, y lo sabemos todos. Hay que buscar soluciones para poder contar al cabo del tiempo con prestaciones económicas. El resto de cosas que ustedes quieran decir aquí es demagogia clara y absoluta, es justificar un veto. Pues, muy bien, lo habéis justificado, habéis dicho que tenéis vetada la ley. Habéis hablado de que son nueve vetos, como diciendo que hay que ver en el umbral en que se ha metido el Gobierno porque resulta que se han presentado nueve vetos, como si eso fuese la panacea para no pensar en las pensiones. Alguien ha dicho que si fuéramos once, once vetos habría. Pues bien, pero también está aquí un grupo parlamentario mayoritario que entiende que esos vetos no son contundentes para que fenezcan estas prestaciones económicas contributivas y no contributivas.

Señorías, hemos traído un proyecto de ley adecuado en el tiempo. También nosotros queremos un Estado del bienestar, como el primero, no somos de otro mundo.

Usted me ha llamado demócrata de toda la vida, y sí, puedo ser demócrata de toda la vida, pero yo no sé lo que será usted, si es de toda la vida, de media vida o de mediopensionista. (Aplausos.) Lo que sí le puedo decir es que me subo a esta tribuna con la honradez y la lealtad de ser demócrata, de conocer y reconocer la democracia, que es la mejor herramienta de la convivencia. Lo que usted y otros dicen con sus palabras no es algo democrático, es atacar a las personas, es herir la susceptibilidad de la gente y querer herir por herir, y eso no significa ser ni parlamentario ni nada.

Muchas gracias, presidente. (Fuertes y prolongados aplausos.—Varios señores senadores: ¡Torero, torero!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fernández Sánchez.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, comenzamos votando las propuestas de veto y, a continuación, votaremos las enmiendas que se debatieron anoche del Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

Hay que aplicar, al igual que venimos haciendo a lo largo de todo el Pleno, el voto telemático. Igual que en las votaciones anteriores, han sido autorizados dos votos telemáticos, los de las senadoras Parera Escrichs y García Carrasco. Ha hecho uso de su derecho a la votación solamente la senadora García Carrasco. Su voto ha sido en sentido negativo a todos los vetos. Por lo tanto, lo que iré haciendo, igual que ayer y anteayer, será ir incrementando estos votos a las votaciones.

Votamos en primer lugar la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222, más 2 votos telemáticos, 224; votos emitidos, 222, más 1 voto telemático, 223; a favor, 78; en contra, 144, más 1 voto telemático, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223, más 2 votos telemáticos, 225; votos emitidos, 222, más 1 voto telemático, 223; a favor, 78; en contra, 145, más 1 voto telemático, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223, más 2 votos telemáticos, 225; votos emitidos, 222, más 1 voto telemático, 223; a favor, 78; en contra, 144, más 1 voto telemático, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos la propuesta número 4, del senador Martínez Oblanca.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222, más 2 votos telemáticos, 224; votos emitidos, 222, más 1 voto telemático, 223; a favor, 77; en contra, 145, más 1 voto telemático, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 7, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223, más 2 votos telemáticos, 225; votos emitidos, 222, más 1 voto telemático, 223; a favor, 78; en contra, 144, más 1 voto telemático, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 8, de todos los senadores de Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223, más 2 votos telemáticos, 225; votos emitidos, 223, más 1 voto telemático, 224; a favor, 78; en contra, 145, más 1 voto telemático, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223, más 2 votos telemáticos, 225; votos emitidos, 223, más 1 voto telemático, 224; a favor, 78; en contra, 145, más 1 voto telemático, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 9, del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223, más 2 votos telemáticos, 225; votos emitidos, 223, más 1 voto telemático, 224; a favor, 78; en contra, 145, más 1 voto telemático, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente votamos la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222, más 2 votos telemáticos, 224; votos emitidos, 221, más 1 voto telemático, 222; a favor, 77; en contra, 144, más un voto telemático, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Por tanto, quedan rechazadas todas las propuestas de veto.

4.1.3. PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.)

COMISIÓN: INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

(Núm. exp. 621/000057)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las enmiendas de la Ley del Sector Eléctrico.

Comenzamos con las enmiendas de los senadores Quintero y Zerolo.

En primer, lugar votamos la enmienda número 7.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 62; en contra, 148; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 1 a 6 y 8 a 13.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Eza, Salanueva y Yanguas votamos la 14 y la 16.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 13; en contra, 206; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 15.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 76 a 90.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 15; en contra, 146; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 91.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 5; en contra, 145; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal

Votamos la enmienda 55.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 213; en contra, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda por tanto aprobada.

Votamos la 24, 27, 33, 38, 47, 48, 51 a 53, 62 y 72.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 67; en contra, 145; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 17 a 23, 25, 26, 28 a 32, 34 a 37, 39 a 46, 49, 50, 54, 56 a 61, 63 a 71 y 73 a 75.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 71; en contra, 145; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Votamos las enmiendas 193, 196 a 201, 207, 212, 221, 222, 225 a 227, 236, 246 y 249.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 66; en contra, 145; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 186 a 192, 194, 195, 202 a 206, 208 a 211, 213 a 220, 223, 228, 229, 231 a 235, 237 a 245, 247, 248 y 250.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 224.

Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 325.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 74; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 326.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 65; en contra, 146; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 230.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 211; en contra, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la 301.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 146; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 302.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 73; en contra, 146; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 256, 257, 264, 266, 267,270, 280, 284, 289 a 292, 298, 300, 304 a 306, 308, 309, 312, 329, 332, 343 y 346.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 63; en contra, 145; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 251 a 255, 258 a 263, 265, 268, 269, 271 a 279, 281 a 283, 285 a 288, 293 a 297, 299, 303, 307, 310, 311, 313 a 317, 319 a 324, 327, 328, 330, 331, 333 a 342, 344 y 345.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 318.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 213; en contra, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Votamos la enmienda 425.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 20; en contra, 200.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 353, 357, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 400, 402, 406 y 414.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 154; en contra, 65; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, aprobadas.

Votamos la 372.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 153; en contra, 65; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Enmiendas 363 y 409.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 14; en contra, 205; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 359, 368, 376, 377, 387, 388, 410, 412, 419, 424, 433, 439 y 440.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente: presentes, 223; votos emitidos, 218; a favor, 14; en contra, 144; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 442 y 448.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente: presentes, 220; votos emitidos, 216; a favor, 15; en contra, 143; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 347, 362, 369, 373, 374, 418, 435 y 437.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 142; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 370, 386, 408, 415, 416, 420, 428, 429 y 434.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 142; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos las enmiendas 348 a 352, 354, 355, 358, 360, 361, 364 a 367, 371, 375, 378 a 385, 392, 393, 397 a 399, 401, 403 a 405, 407, 411, 413, 417, 421 a 423, 427, 430 a 432, 436, 438, 441 y 443 a 447.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 75; en contra, 141; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos, en primer lugar, la enmienda número 165.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente: presentes, 223; votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 145; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 164 y 166.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 219; a favor, 72; en contra, 146; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 92, 99, 106, 108, 109, 112, 121, 125, 130 a 133, 139, 141, 142, 145, 146, 148, 149, 151, 169, 171, 181, 184 y 185.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 65; en contra, 145; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El señor Sanz Pérez pide la palabra.)

¿Desea intervenir, senador Sanz?

El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Solicitamos votación separada de la enmienda número 157.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Votamos las enmiendas 93 a 98, 100 a 105, 107, 110, 111, 113 a 120, 122 a 124, 126 a 129, 134 a 138, 140, 143, 144, 147, 150, 152 a 163 —salvo la 157—, 167, 168, 170, 172 a 180, 182 y 183.




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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 157.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 214; en contra, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

Votamos la enmienda 475.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 219; a favor, 147; en contra, 63; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 482.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 156; en contra, 63; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 457 a 460, 462, 467 a 474 y 477.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 153; en contra, 65; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

De los grupos parlamentarios Entesa, Convergència i Unió y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 484 y 485, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 83; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los grupos parlamentarios Entesa pel Progrés de Catalunya y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo que se refiere al resto de modificaciones introducidas en comisión

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 69; en contra, 153; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 77221, sobre las enmiendas 426, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, y 488, del Grupo Parlamentario Popular, firmada por cuatro grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 153; en contra, 3; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 157; en contra, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado. (Fuertes y prolongados aplausos.)

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2013 POR LA QUE SE EXCLUYE DEL MISMO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CREACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS EN EL SECTOR PÚBLICO.

(Núm. exp. 550/000026)

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de abrir las puertas, solicito una alteración en el orden del día de este Pleno, que supone trasladar el debate y votación del Proyecto de Ley de Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público al Pleno de la semana que viene.

¿Está de acuerdo el Pleno? (Asentimiento.—Aplausos.)

Muchísimas gracias.

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY.

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES.

4.1.4. PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y DEL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(Núm. exp. 621/000058)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, entonces, al debate de las enmiendas del Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. (Rumores.)

Empezamos por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto: enmiendas 1 a 18, presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal. (Rumores.)

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.—Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías, por favor, silencio. Tratamos de finalizar por la mañana. Ruego permitan intervenir al orador.

Cuando quiera señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero hacer dos consideraciones previas al enunciado de las enmiendas que el senador Mariscal y yo, en nombre de Izquierda Unida, hemos presentado a este proyecto. Primera: ¿en qué modelo económico y social vivimos en el que la longevidad se convierte en un problema, en el que algo que debiera de ser motivo de satisfacción social, se ve como un elemento negativo que perturba el funcionamiento del sistema económico y social?




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Segunda consideración. En mi intervención anterior hice referencia expresa a las consecuencias de la aplicación del sistema de revalorización de pensiones tras la enmienda incorporada por el Grupo Popular en la ponencia, y expliqué —y ahora reitero— que el hecho de que los períodos llamados de bonanza —que no sé si eran los de aquella vieja serie de televisión de mister Cartwright— no iban a compensar suficientemente la pérdida de poder adquisitivo que se iba a producir en las situaciones de crisis, como la que estamos viviendo y daba los datos de que aplicando durante siete años el 0,25% de actualización, para conseguir compensar la pérdida de esos siete años, cuando llegara la famosa bonanza, si el índice de inflación en los siete años malos fuese del 1%, serían necesarios catorce años de bonanza para compensarla; si el índice de inflación fuera del 2%, serían necesarios treinta y seis años de bonanza para compensarla y si el índice de inflación hubiera sido del 3%, harían falta cincuenta y dos años seguidos de bonanza, lo cual es tanto como decir que con su fórmula mágica resulta im-po-si-ble que los pensionistas no pierdan capacidad adquisitiva cuando se dé una situación de actualización con el IPC durante un período dilatado de tiempo como el que estamos viviendo.

Presentación de las enmiendas. Lógicamente, la enmienda que se deriva del veto pide la supresión de los artículos del texto que modifican el sistema de actualización de pensiones y que adelantan el factor de sostenibilidad. Planteamos la supresión de los artículos 1 a 5, que hacen referencia a la definición, ámbito de aplicación, elementos de cálculo, fórmula de cálculo y revisión del factor de sostenibilidad.

Enmendamos para que quede muy claro que el factor de sostenibilidad no será de aplicación a la percepción de los complementos a mínimos ni a las pensiones no contributivas, lo cual no queda claro en el proyecto.

Presentamos enmiendas para que se mantenga el sistema actual y las pensiones contributivas se revaloricen con el IPC. Para el resto de las pensiones ofrecemos como alternativa que se tome como referencia la elevación de salarios, el incremento de beneficios empresariales, el IPC y la evolución de la fiscalidad general.

Emplazamos al Gobierno a negociar los términos de aplicación del factor de sostenibilidad a partir de 2027.

Planteamos un diálogo en el seno del Pacto de Toledo para establecer un mecanismo de actualización de pensiones que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo. En la disposición final segunda suprimimos la referencia al factor de sostenibilidad.

Enmendamos para que a las pensiones de clases pasivas se les apliquen las mismas propuestas que introducimos en nuestras enmiendas para las pensiones contributivas y en relación con el complemento a mínimos.

Planteamos que el Gobierno traslade al Pacto de Toledo, conjuntamente con las organizaciones sociales, una modificación temporal de los tipos de cotización de contingencias comunes para incrementar los ingresos del sistema durante estos momentos de crisis económica y elevado nivel desempleo en los que hay una caída de esos ingresos.

Enmendamos para emplazar al Gobierno a presentar en seis meses una propuesta de sustitución del régimen de módulos en el IRPF por uno de estimación directa que también garantice más ingresos fiscales.

Enmendamos para que a partir de 2014 el Gobierno asuma los gastos de personal y funcionamiento de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, como con el resto de la Administración General del Estado.

Enmendamos para que el Gobierno establezca las oportunas transferencias a la Seguridad Social para financiar las reducciones de cuotas comprometidas en los Presupuestos Generales de 2014, de forma que sean convertidas en bonificaciones.

Presentamos también enmiendas para que las políticas activas de empleo no deban financiarse con cargo a la Seguridad Social. Entendemos que las reducciones que se derivan de ello supondrán en 2014 una merma de ingresos para el sistema público de pensiones, para el sistema de la Seguridad Social, de 775 millones de euros.

Enmendamos para que el Gobierno aborde, en el ámbito del diálogo social, un plan de empleo para recuperar el que se ha destruido a lo largo de estos años de crisis. Cada millón de afiliados menos supone una reducción de ingresos en torno a los 5000 millones de euros.




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Igualmente, proponemos que se plantee un plan de lucha contra la economía sumergida, el fraude fiscal y el fraude a la Seguridad Social.

También, para que el Gobierno, en el seno del Pacto de Toledo, abra un ámbito de negociación que permita que el Estado asuma de forma progresiva la financiación de las prestaciones derivadas de muerte y supervivencia, lo que en 2013 está suponiendo 21 800 millones de euros, el 2,08% del producto interior bruto, y más del 20% del gasto total en pensiones.

Muchísima gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

El Grupo Vasco ha presentado un total de siete enmiendas. Tres de ellas son de supresión y corresponden a la lógica que ya mencionaba mi predecesor en la palabra, es decir, se corresponden con el espíritu de nuestro veto en el sentido de pedir la supresión aquellos artículos que, a nuestro juicio, son más perjudiciales en esta ley.

La lógica que hemos empleado para la redacción de estas enmiendas es muy sencilla. Hemos cogido las recomendaciones del Pacto de Toledo suscritas en el año 2011 y las hemos trasladado a enmiendas. Es decir, hemos cogido aquellas partes de la ley que, a nuestro juicio, vulneran las principales recomendaciones del Pacto de Toledo y las hemos transformado en enmiendas.

Así, nuestra enmienda número 19, en la que pedimos la supresión de tres párrafos del preámbulo de esta ley, concretamente, aquellos que hablan de sostenibilidad. Y pedimos su supresión porque nos parece paradójico que en ese preámbulo se esté invocando el artículo 50 de la Constitución, que es, precisamente, el artículo que se lamina de forma fulminante con este proyecto de ley. Además, lo basamos en la recomendación 11 del Pacto de Toledo, que habla de contributividad, así como de preservar la equidad y el equilibrio financiero del sistema. Me he referido también antes a ello. Esta reforma, por tanto, está orientada única y exclusivamente al control del gasto en materia de pensiones, pero en ningún momento aborda la imprescindible y necesaria regulación del incremento de los ingresos de la Seguridad Social.

En la enmienda número 20, que también es de supresión, pedimos que se suprima el artículo 2 en lo que se refiere a su ámbito de aplicación, porque dice:»El factor de sostenibilidad se aplicará, en los términos establecidos en esta ley, por una sola vez para la determinación del importe inicial de las nuevas pensiones de jubilación del sistema de Seguridad Social». Pero es que, en realidad, lo que está diciendo este artículo es que, aunque sea solamente por una sola vez, es tan desproporcionada, tan desmesurada y de tan dudosa constitucionalidad, que nosotros entendemos que reducirá, más allá de lo que es lógico, normal y justo, el importe inicial de las nuevas pensiones de jubilación, contribuyendo a la incertidumbre sobre las cuantías a percibir, contribuyendo también a crear una mayor inseguridad jurídica sobre la posibilidad de recibir el día de mañana una pensión de carácter público, lo cual atenta contra el principio de universalidad de las pensiones, y, además, una inseguridad económica que afecta, otra vez, al colectivo más débil, al menos vertebrado y al que tiene menor capacidad de encauzar políticamente sus requerimientos en materia de derecho a una pensión que sea universal, suficiente y pública.

La enmienda número 21 también es de supresión. Proponemos la supresión del artículo 7 del proyecto de ley, que regula el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social, porque entendemos que desvincular la revalorización de las pensiones del índice de precios al consumo provocará inevitablemente una disminución de la capacidad adquisitiva de todos los pensionistas, que va en contra de la recomendación número 2 del Pacto de Toledo cuando se aboga por el mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones.

La enmienda número 22, es una enmienda, en este caso, de adición. Pedimos que se cree un artículo nuevo del siguiente tenor: «Se procederá al abono de las prestaciones protectoras de la supervivencia, de las prestaciones que protegen a la familia y de los complementos a mínimos por las previsiones del presupuesto ordinario a través de su correspondiente incremento y consecuente minoración de los Presupuestos de la Tesorería General de la Seguridad Social previstos para la financiación de estas contingencias. El proceso de desplazamiento al presupuesto ordinario de estas prestaciones se realizará de forma progresiva y consensuada en la Comisión de Seguimiento




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del Pacto de Toledo». Esta es, literalmente, la primera recomendación del Pacto de Toledo. La primera y, seguramente, de las más importantes y de las que echamos de menos en este proyecto de ley.

Otra enmienda de adición, la número 23, en la que también pedimos la inclusión de un artículo nuevo, que dice:»Todas aquellas prestaciones inferiores en su cuantía al umbral técnico de la pobreza definido por el Eurostat se beneficiarán de un incremento suficiente para alcanzar la cuantía de dicho umbral». Lo han mencionado otros portavoces anteriormente. El 50% de las pensiones que hoy en día se están cobrando en España, están por debajo de estos mínimos. Esto se incardina en los artículos 41 y 50 de la Constitución Española, y manda narices que tenga que venir yo aquí a recordar cuáles son los mandatos constitucionales a este respecto. Y se incardina también en la recomendación número 15 del Pacto de Toledo, cuando se habla de solidaridad y de garantía de suficiencia. No hace falta que les remita de nuevo a la jurisprudencia constitucional en esta materia, creo que en el anterior turno de portavoces he sido suficientemente elocuente.

Por último, la número 24 es la enmienda de carácter competencial, en la que pedimos que se añada un párrafo a la disposición final primera del título competencial en el que se recoja otra ley orgánica, como es el Estatuto de Guernica, que, en su disposición transitoria quinta viene a decir lo siguiente:»Se establecerán los oportunos convenios, mediante los cuales la Comunidad Autónoma del País Vasco asumirá la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social».

Doy por defendida también la enmienda número 25, que hace referencia a las circunstancias concretas en las que se encuentran aquellos mutualistas que fueron expulsados del mercado de trabajo con anterioridad al año 1967 y, de este modo, aprovechar también para reconocer una injusticia histórica que entendemos que podría ser corregida con esta ley.

Por tanto —vuelvo a decir—, la justificación de todas y cada una de las siete enmiendas que presenta mi grupo parlamentario se tienen que incardinar siempre en las recomendaciones del Pacto de Toledo, en los preceptos constitucionales y en el Estatuto de Guernica. Por lo tanto, su no aceptación por parte del Grupo Popular entiendo que es un rechazo frontal a los principios recogidos mediante consenso, en el que ustedes también participaban, sobre las propias recomendaciones del Pacto de Toledo.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Entesa pel Progrès de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para defender las catorce enmiendas, que van de la 59 a la 73, presentadas por los senadores socialistas del Grupo Entesa. Son enmiendas de supresión, porque estamos ante un proyecto de ley que prácticamente se puede resumir en lo fundamental, en el artículo 7, en el que se establece el nuevo sistema de cálculo de la revalorización de las pensiones, y, por tanto, prácticamente, el objetivo de la ley es solo eso, suprimir la revisión de las pensiones de acuerdo al índice de precios al consumo y aplicar esta nueva fórmula que prevé esta subida mínima del 0,25% y la subida máxima, que, de acuerdo con la enmienda presentada por el Partido Popular, se supone que quedará en el IPC en años de bonanza más el 0,50%, pero, evidentemente, de forma discrecional, a favor del Gobierno. Por tanto, entendemos que este texto legislativo no admite enmiendas de sustitución en el sentido habitual de decir donde dije digo, digo Diego, sino que de lo que se trata, evidentemente, es de sustituir completamente, de modo que nos mantenemos en el espíritu del veto, de que hay que modificar sustancialmente todo el proyecto de ley, que, de hecho, a nuestro entender, es completamente innecesario. Por eso, presentamos enmiendas de supresión, porque es un proyecto de ley que nunca debería haber venido a las Cortes Generales.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Graciès, senyor president.




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Con gracejo, donaire, jaleado antes, durante y después de su intervención, el portavoz del Grupo Popular nos ha venido a decir que el único camino posible, la única propuesta posible, viable y realista es la de este proyecto de ley. Pues no, hay otras —y las enmiendas del conjunto de los grupos y las dieciséis que presento en nombre del senador Saura y mío lo indican—, hay otras maneras de abordar los problemas y los retos que tiene el sistema público de pensiones. Ya en mi intervención inicial, en la presentación del veto, intenté destacar cuatro: el capítulo de ingresos, que es el gran olvidado en este proyecto de ley por parte del Gobierno; la necesidad de que, como en tantos países europeos —veinte de los veintiocho de la Unión Europea— el sistema público de pensiones no solo se financie con las cotizaciones, sino, si también es necesario, con los Presupuestos Generales del Estado; y los dos más importantes, que son la generación de empleo y el impulso y el estímulo a la natalidad. Y esto lo concretamos después con una serie de enmiendas, las dieciséis que presento, que, como muy bien ha defendido antes —porque son idénticas— el señor Iglesias, no voy a detallar.

Pero quiero insistir en dos cosas. La propuesta que ustedes hacen del IPC más el 0,50% de incremento en momentos de bonanza no garantiza la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo, y les he puesto un ejemplo: si ustedes calculan la pérdida de poder adquisitivo en el periodo 2011-2013, con esta propuesta necesitaríamos trece años para recuperarlo.

Por último, les pido el voto favorable a estas enmiendas porque nos retornan al Pacto de Toledo e introducen una serie de criterios y conceptos que considero que son los que pueden garantizar que no haya nada más importante en un proyecto de ley sobre pensiones que la atención y la salvaguarda de los intereses de los pensionistas, que pasa fundamentalmente por tener garantizada una pensión que permita una incorporación progresiva del poder adquisitivo que se vaya perdiendo.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario ha presentado un total de diecisiete enmiendas a este proyecto de ley: tres de modificación, doce de adición y dos de supresión.

La enmienda número 74 propone suprimir el Capítulo I de este proyecto, cuyo objetivo es regular y concretar el denominado factor de sostenibilidad, por considerar que dicha concreción, ya entrada en vigor, debe ser acordada y consensuada con los distintos agentes sociales y con las otras fuerzas parlamentarias en el marco del Pacto de Toledo.

La enmienda número 75 propone suprimir el artículo del proyecto de ley destinado a modificar el artículo 48 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, que tiene por objetivo reformar el mecanismo de revalorización de las pensiones de la Seguridad Social.

La enmienda número 76 pretende añadir un nuevo artículo 8, sobre el nivel mínimo de las prestaciones, que disponga que: «todas aquellas prestaciones inferiores en su cuantía al umbral técnico de la pobreza definido por el Eurostat se beneficiarán de un incremento suficiente para alcanzar la cuantía de dicho umbral.» No se cumple el requerimiento constitucional de suficiencia de la pensión en aquellas en las que no se alcanza el umbral técnico de la pobreza y que, por tanto, ubica a estos pensionistas en la situación de pobres técnicamente según la definición del Eurostat.

La enmienda número 77 propone una nueva disposición adicional referente a la aplicación del factor de sostenibilidad sobre nuevas pensiones de jubilación de personas con discapacidad. Tanto la exposición de motivos del proyecto como la memoria de impacto de la misma justifican el establecimiento del factor de sostenibilidad en la necesidad de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones ingresadas y las prestaciones a recibir, asegurando el riesgo asociado al incremento de la longevidad y ajustando la equidad intergeneracional. Si es la equidad uno de los elementos básicos en los que descansa la justificación de este factor, ha de ponderarse que la equidad debe predicarse de quienes se encuentran en una situación de partida similar, pero no —como se deduce de la propuesta— respecto de para quienes esa situación de partida es diferente, por lo que, de no adoptarse medidas compensatorias se quebraría el principio de equidad que pretende establecerse. Si hiciéramos un paralelismo entre equidad e igualdad, habría




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que traer a colación la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el hecho de que tan ilegítimo es tratar por desigual a los iguales como dar un tratamiento igualitario a los desiguales. Pues bien, ese efecto puede darse en la aplicación de este factor sobre las personas con discapacidad que acceden a la jubilación, ya que, conforme se señala en el texto del proyecto, la pensión que resulte va a verse modificada en función de cómo haya variado la esperanza de vida a la edad de 67 años. Ahora bien, esta variable, la esperanza de vida a una determinada edad, va a contemplarse —salvo que en el propio proyecto se establezcan las excepciones o particularidades correspondientes— en función del conjunto de personas con 67 años, obviando que, precisamente por razón de la discapacidad, las personas que llegan a la pensión tienen una esperanza de vida menor que la establecida con carácter general. Con ello, las personas con discapacidad que acceden a la pensión pueden verse afectadas por una minoración de su cuantía en razón del crecimiento de la esperanza de vida a los 67 años, cuando para ellos no se va a producir ese aumento que implique un mayor periodo de percibo de la pensión. Se trata pues de resolver esta cuestión planteada por las organizaciones representativas de la discapacidad, y añadir las consideraciones necesarias para que se tenga en cuenta la diferente situación de estas personas respecto de la esperanza de vida media o general.

La enmienda número 78 propone la adición de una nueva disposición adicional para la determinación del factor de sostenibilidad a aplicar sobre nuevas pensiones de la jubilación.

A la vista de los futuros desafíos a los que se enfrenta el sistema de la Seguridad Social, tanto demográficos como económicos, deben adoptarse, sin duda, medidas relevantes y con incidencia; pero, sin duda también, precisamente por ello, por tratarse de reformas con impactos importantes, deben ser fruto del consenso.

La enmienda número 79, propone la adición de otra nueva disposición adicional sobre gastos de personal y de administración derivados del funcionamiento del sistema de la Seguridad Social. El próximo año, los presupuestos para 2014 destinarán un total de 2326 millones de euros, el 0,25% del PIB, derivados de cotizaciones sociales para cubrir los gastos de personal y funcionamiento de la Administración de la Seguridad Social, siendo la única Administración que no financia dicha partida con cargo a la imposición general. De asumir esta fórmula de financiación del gasto en personal, se liberarían estos recursos para mejorar la capacidad de gasto en prestaciones del sistema.

La enmienda número 80, de adición, propone añadir otra disposición adicional sobre conversión de las reducciones de cuotas a la Seguridad Social en bonificaciones.

La enmienda número 81, también de adición de una nueva disposición adicional, sobre la financiación de las prestaciones por muerte y supervivencia. Esta medida ayudaría a la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social a medio y largo plazo. Con ello se reforzaría la financiación del conjunto de prestaciones de la Seguridad Social. En 2013 estas prestaciones supondrían 21 800 millones de euros, un 2,08% del PIB y más de un 20% del gasto total de pensiones.

La enmienda número 82 tiene por objeto añadir una adicional para la revisión de la situación de los pensionistas afectados por el Real Decreto 1380/1984, para dar solución a una situación de injusticia que se remonta a la década de los ochenta y sobre la que se han aprobado ya diversas iniciativas parlamentarias.

La enmienda número 83, de modificación de la disposición final primera, pretende adecuarlo a la distribución de competencias que en esta materia prevé el Estatuto de Autonomía para la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estatut d’Autonomia de Catalunya.

La enmienda número 84 plantea la modificación de la disposición final segunda para evitar que suponga una afectación a las prejubilaciones procedentes de expedientes de regulación de empleo u otras formas de rescisión involuntaria del contrato laboral, efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la futura ley respecto a las fórmulas legales que se propiciaron para el acceso a la jubilación anticipada en el momento de rescisión del contrato de trabajo.

Con el fin de subsanar las inseguridades que dimanan de la redacción actual de la disposición final segunda, se propone la presente enmienda —que además ha sido planteada por diversas organizaciones de trabajadores prejubilados—, en la que se precisa en qué casos dejaría de aplicarse la condición expresada en el último párrafo de esta disposición citada.

La enmienda número 85 pretende que el sistema de la Seguridad Social no suponga trabas para la activación, y por tanto el acceso al empleo, tanto por cuenta propia como ajena, de las




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personas con discapacidad, y que al mismo tiempo estimule —compatibilizándolas, en su caso— el tránsito de medidas pasivas a medidas activas.

La enmienda número 86 propone la adición a la disposición final segunda de un nuevo apartado que modificaría el apartado segundo del artículo 174 del texto refundido de la Seguridad Social. La determinación de la pensión de viudedad en los casos de separación o divorcio requiere de la existencia de una pensión compensatoria que hubiera quedado extinguida por el fallecimiento del causante para poder ser acreedora de la misma. El redactado actual del artículo debería completarse con la equiparación de este tipo de prestaciones en aquellas comunidades con derecho civil propio.

La enmienda número 87 tiene por objeto la supresión del apartado 2 de la disposición final quinta, en coherencia con las enmiendas anteriores de supresión del capítulo I y de adición de una nueva disposición adicional.

La enmienda número 88 pretende evitar el aplazamiento de la aplicación de la citada disposición adicional trigésima, que suponía un incremento de la base reguladora de la pensión de viudedad en determinados casos y su mejor tratamiento fiscal cuando su percepción se compatibilizaba con rentas procedentes del trabajo u otras pensiones.

La enmienda número 89, de adición de una disposición final nueva, propone modificar la disposición adicional 41 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización y modernización del sistema de la Seguridad Social, sobre estancias de formación, prácticas, colaboración o especialización. Consideramos necesaria una modificación del texto para obtener una regulación laboral explícita que dote de herramientas eficaces para la lucha contra los fraudes laboral, fiscal y a la Seguridad Social derivados de una extendida mala praxis consistente en cubrir puestos de trabajo con titulados académicos mediante estancias formativas, de especialización, etcétera, remuneradas en régimen de beca y sin ningún vínculo con centros educativos.

Finalmente, la enmienda 90 propone la adición de una disposición final para suprimir el apartado 3 del artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pues no consideramos adecuado que el Gobierno, en caso de proyectar un déficit a largo plazo en el sistema de pensiones, revise el sistema de forma unilateral sin contar con acuerdo o consenso, y aplique de forma automática el factor de sostenibilidad.

Emplazamos al partido en el Gobierno a que apoye nuestras enmiendas, recordando que la ministra Fátima Bañez ha manifestado en muchas ocasiones en el Congreso y en esta Cámara la necesidad de que todos los grupos trabajemos conjuntamente y hagamos aportaciones si queremos que tengan acogida. De lo contrario, sería un error político creer que la mayoría absoluta implica no alcanzar acuerdos importantes en cuestiones tan transcendentales como las que debatimos en este proyecto. Pedimos, pues, el apoyo a nuestras enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Ruiz Santos.

El señor RUIZ SANTOS: Muchas gracias, señor presidente.

Antes de entrar en la defensa de estas enmiendas parciales, y puesto que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el señor Fernández, ha hecho unas alusiones, a mi modo de ver demasiado directas, me van a permitir que yo haga también dos consideraciones. El señor Fernández no está, pero se lo transmiten, y háganlo además con el más profundo respeto, que les prometo que le tengo, al señor Fernández. Voy a apelar a su preclara capacidad comprensiva —que seguro que la tiene, aunque haya dicho que no ha entendido el texto de nuestros vetos—, a ver si esto sí lo entiende. Dice que nos tenemos que morder la lengua, y mezcla la memoria histórica. Díganle al señor Fernández que en términos de memoria histórica y mordeduras de lengua precisamente si alguien se tiene que callar es el Partido Popular. (Aplausos.)Ténganlo muy claro.

En segundo lugar, él pregunta, ¿y qué han hecho ustedes en pensiones? Hace tres días, cuando en esta misma Cámara debatíamos el veto a la sección 60, de la Seguridad Social, del presupuesto, les dije que ustedes insisten en repetir mentiras o verdades a medias, que ustedes llevan gobernando dos años y que ha llegado el momento de que se acostumbren a escuchar verdades, también sobre su gestión de dos años. El señor Fernández hace esa pregunta, y




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tenemos que responder claramente que nosotros no presumimos de lo que hemos hecho, porque en materia de pensiones lo hemos hecho entre todos, y en ocasiones pese al Partido Popular. Por eso, si tenemos memoria histórica, nos acordaremos de quién universalizó en 1982 el sistema público de pensiones en este país, hecho que además coincidió con el nacimiento de las pensiones no contributivas. En 1995 gobernaba el Partido Socialista, y fue cuando, con el acuerdo de todos, nació el Pacto de Toledo. Y hace menos tiempo, hace dos años, en 2011, con un consenso, no total pero al menos amplio, entre CIU, agentes sociales, sindicatos y empresarios, nació una reforma, que es la que estaba en vigor.

Y por cierto, ustedes siempre dicen que nosotros somos los que congelamos las pensiones, y siempre se les olvida —y se lo recordamos una vez más—. Sí, se congelaron las pensiones en el año 2011, pero las altas; incluso ese año las pensiones mínimas también sufrieron incremento, y además venían de sufrir un incremento muy comparable con el de ustedes, pues entres los años 20042011, con el señor Zapatero, subieron un 50,8%. El señor Aznar las había subido también un 30%, pero al ajustarlas al IPC resultó que las pensiones mínimas en este período de Zapatero subieron un 27% y con el señor Aznar un 3,8%. Por tanto, de historia, de verdades y de sus mentiras a medias, ustedes sí que tienen poco que enseñarnos a otros, a todos.

Presentamos quince enmiendas parciales. Todas son de supresión. Y ustedes se preguntarán, si todas son de supresión, ¿qué es lo que proponen? ¿Qué quieren que propongamos más que una ley que se aprobó hace apenas dos años y que extendía sus efectos desde el 1 de enero del año 2013 hasta diciembre de 2027? Tenemos nuestras propuestas, están ahí y están en vigor. Lo que tenían que haber hecho ustedes es examinar —se lo recordaban hace un momento también los compañeros— los efectos de esa ley que está en vigor, pero ustedes rápidamente la demonizan, y a cambiarla.

Esa ley que ha empezado a funcionar —y se lo ha dicho muy bien el señor Martínez-Aldama— hace apenas unos meses, ya ha conseguido algunos frutos, ya no ha sido estéril en la protección y en la garantía de la sostenibilidad del sistema público —remarco lo de público— de pensiones. Porque la edad real de jubilación, que en el año 2012 estaba cifrada en un 63,9, actualmente está en un 64,2, como le han recordado. Pero es que también las jubilaciones parciales han pasado de un 42% a un 37%.

Esto es difícil de explicar fuera del contexto de nuestro país. Si algún estudioso de una facultad muy lejana de otro país viera que cada año cambiamos las leyes, se preguntaría: ¿Y por qué? ¿No parece más lógico que en una ley que tiene una vigencia prolongada en el tiempo tengamos un periodo razonable para ver si está o no produciendo efectos positivos? Cuatro, cinco, seis años, los que quieran, y entonces haremos modificaciones, pero no la modifiquemos el primer día aludiendo al modelo que ustedes nos traen aquí, con esos conceptos de público-privado, de privatización, de apartar lo público, de aparición de un agente externo que suele ser privado, como sucede en este caso.

Ustedes, a través de este factor de sostenibilidad y del índice de revalorización, van a conseguir claramente una rebaja en la pensión de los ciudadanos, de los 9 100 000 pensionistas, y no solo de los presentes, también de los futuros. Y lo hacen introduciendo una pequeña trampa en el lenguaje. Lo cierto es que es su reforma, y ustedes ya lo decían en el artículo 8 de la Ley 27, y también lo señala la recomendación segunda del Pacto de Toledo. Léanlo todo.

Cuando hablamos de factor de sostenibilidad en el artículo 8, que introduce una disposición adicional quincuagésima, efectivamente aparece el factor de sostenibilidad. Y aparece la posibilidad de contar con elementos que habrán de estudiarse para que en el año 2027, no ahora en el año 2019, en el año 2027, fruto del estudio y del consenso, se puedan introducir otras fórmulas paramétricas y otros valores que puedan hacer que empiece a funcionar un factor de sostenibilidad que se aplique en el año 2032. Adelantan ustedes los efectos temporales muchos años, pero no aprovechen esto. Esto es totalmente distinto, es aprovechar un argumento para conseguir otra cuestión totalmente distinta a lo que se desprende del espíritu de la misma.

Así, nos tendríamos que ir también al índice de revalorización, y lo podemos leer claramente. «Resulta conveniente estudiar para su posterior análisis —repito, posterior análisis— y valoración por la Comisión la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía y el comportamiento de las cotizaciones a la seguridad social, siendo recomendable que se tengan en cuenta los efectos que estos índices han producido tras su aplicación en otros países.»




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Siempre se está aludiendo a un espacio temporal. Siempre se está aludiendo al estudio y al consenso, que ustedes abandonan. Ustedes nos traen un texto —y el tamaño da igual; dicen que el tamaño importa, pero en este caso no— de apenas unos folios, siete artículos, varias disposiciones adicionales y alguna derogatoria, para presentarnos lo que va a significar un cambio de modelo en el sistema público de pensiones de este país, donde el que pueda tendrá que buscar una complementariedad en un sistema privado, en una pensión. Y es muy curioso, desde el inicio, ya en el preámbulo, empiezan ustedes aludiendo al baby boom. ¿Es que el baby boom lo hemos descubierto en el año 2013? ¿Aquella política desarrollista que fomentaba la natalidad en este país en los años sesenta y principios de los setenta la hemos descubierto hoy? ¿Criminalizamos a quien la fomentaba? ¿Nos acordamos de quién la fomentaba? ¿Nos podemos acordar de él? No, es mejor que no nos acordemos de quién la fomentaba. Pero, ¿esos efectos son hoy tan negativos? ¿Nos hemos enterado ahora de que estaba el efecto baby boom? ¿No lo conocíamos en el año 1995? ¡Sí ya todos habían nacido y sabíamos que se iban a jubilar en torno al 2040 o 2050! Y entonces, como ya existía este temor de la sostenibilidad, se llegó al acuerdo de la creación del Pacto de Toledo: consenso. Nunca la política entraría en el sistema público de pensiones, y todo aquello que se hiciera que fuera por consenso. Pero es que ustedes también gobernaron después durante ocho años. ¿Y no conocían que ya teníamos baby boom? ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es el ideario político de ustedes —al que yo hacía referencia hace unos minutos—, que se han decidido esta vez: esta vez sí es la nuestra, el tiempo nos aprieta, vamos a hacerlo no vaya a ser que nos pase lo que nos pasó en 2004.

Y nos encontramos con el factor de sostenibilidad, fórmula matemática, 2019. Cada cinco años una revisión teniendo en cuenta el año que se calcule, la esperanza de vida de ese año menos la esperanza de vida dos años anterior. Ahí se producirá el primer declive económico, pequeño de momento, pero cuando llegue el año 2030 significará 1000 millones de euros de los bolsillos de los pensionistas. Mucho más arrojada es la fórmula que se establece en el artículo 7, que nosotros enmendamos para suprimirla. En la fórmula que ustedes plantean, desde el inicio, desde el año 2014, modificando el artículo 48, ustedes van a detraer 5000 millones año por año. Se lo han dicho todos los compañeros, y lo reitero. Ustedes cumplen con el déficit a corto que otros les exigen que ustedes corrijan. ¿Y no hay otras fórmulas para corregirlo? ¿No tenemos todavía fórmulas para estudiar, analizar y debatir sobre la evolución de la natalidad en nuestro país? ¿Cómo influirán en el futuro los flujos migratorios? ¿Todavía queda una brecha o no para la incorporación de la mujer al mundo laboral? Creo que sí. ¿No merece un estudio la productividad como fórmula para garantizar mayores ingresos? ¿Y otras fórmulas de ingresos? No hay margen en otros países, como explicaba el señor Guillot, solo ocho países utilizan la fórmula de reparto matemático y exacto. Pero en otros sitios también se busca la fórmula de repartir la riqueza. Busquemos esas otras fórmulas. Destinamos el 10,7% del PIB, mientras que la media en Europa es del 13%.

Nosotros mantenemos la teoría de que ustedes van a detraer de los bolsillos 33 000 millones, porque lo han dicho, porque el IPC de 2014 es ya 1,5, solo se sube el 0,25%. Con esta fórmula, ustedes dicen que en bonanza será más 0,50. No presuman tanto porque esto fue una transaccional a una enmienda que presentó UPyD en el Congreso, y ni siquiera se la aceptaron. Pero de acuerdo, admitamos pulpo como animal de compañía. Esa es la teoría. Durante un cierto tiempo van a detraer mucho dinero, y eso es lo que nosotros no queremos. Pero hay otras teorías —yo me inclino por la primera— también un poco peligrosas, y si esta es mala, si esa se produjera, también de forma matemática sería una desvergüenza al cubo, porque Moncloa es muy grande, pero la oficina económica de Moncloa es una mesa camilla, muy pocos se sientan en esa mesa camilla, pero muy pocos también hablan, y se dice.

Usted ahora me responderá que introducimos la modificación en el apartado 4 del artículo 48, cuando para el cálculo del índice de revalorización se tienen en cuenta índices macroeconómicos para que afecten a esa fórmula. Hay quien dice que lo que se consigue con esta ley es un arma política y que los ciclos no serán de bonaza o no bonanza, sino que los ciclos incluso se podrán alterar. Imagínense que llega aquí el señor Montoro dentro de ocho meses, nos presenta un proyecto de presupuestos y dice: 2013 ya empatamos, 2014 crecimos un poco y 2015 será maravilloso. Y como son pre-supuestos y como son pre-visiones, ya para el año 2015 podremos subir no un 0,25 —¿no ven cómo esto va mejor?—, sino un 0,90 o un 1,10. Luego, si no se




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producen… Ah! Pues se ha producido una desviación porque una Bolsa, o lo que sea, se ha caído en el mundo. Hay quien piensa que es muy difícil que ustedes no utilicen esto de forma política para ir a las elecciones autonómicas y municipales del año 2015 y a las nacionales —si no se adelantan antes— en el 2014, con una modificación de las previsiones, utilizando el arma de las previsiones macroeconómicas. Eso es dejar muy vacía esta ley y muy abierta a la política. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señorías, en mi tierra un humedal que se llama Las Tablas de Daimiel ardió, pero las llamas no se veían, y sin embargo abajo estaba ardiendo. Y así es como tienen ustedes este país, ardiendo; aunque no se vean las llamas, yo le aseguro que arde. Arde porque ustedes en apenas dos años se están cargando la sanidad de este país, con los procesos de privatización y con los copagos. Está ardiendo porque ustedes han tocado también los servicios sociales, los recortes en dependencia. Arde porque han tocado a toda la clase trabajadora con su reforma laboral, y ya solo les quedaba otra parte del país que son todos los pensionistas. Ustedes hagan lo que consideren, nosotros nos oponemos, pero no crean que solo es por argumentación política y por gusto; nos oponemos porque somos la voz, todos los grupos, de lo que está ocurriendo en este país que ustedes tienen encendido. Ustedes cambiarán el modelo, pero entre todos tendremos que volver a recuperarlo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Ruiz Santos.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Peris.

La señora PERIS JARQUE: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Es difícil este debate y muy complicado, de verdad, cuando no existe un conocimiento exacto. Están repitiendo toda la mañana que se subirá un 0,25, o, gracias a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, un 0,50 en épocas de bonanza. Eso es o un error o están mintiendo. Yo les dejo a ustedes que decidan cuál de las dos cosas es, cada uno sabrá lo que está haciendo a los españoles. El proyecto de ley establece que todos los años subirán las pensiones un mínimo de 0,25, primer punto. Segundo punto, cuando haya una época de normalidad, no bonanza, normalidad, subirán el IPC, el IPC, señorías, el IPC, doña Lola. Y después, en épocas de bonanza, subirán el IPC más 0,50. Eso es lo que se modificó con nuestra enmienda, que no fuese el IPC más 0,25, como estaba inicialmente en el proyecto de ley, sino el IPC más 0,50. A lo mejor todavía no ha quedado claro, y en el turno en contra de sus enmiendas lo podré volver a explicar, porque es gravísimo, gravísimo, que en un proyecto que han calificado de pocas hojas, de sencillo, de poco articulado, etcétera, ni siquiera eso lo hayan entendido. Y vuelvo a insistir ¿error o mentira? Lo dejo a sus conciencias, o simplemente a la actuación que cada uno tiene, cada uno habla de sus actuaciones.

Voy al pulpo, señoría, lo del 0,50 no fue de UPyD, fue de CIU, lo propuso CiU. Le vuelvo a decir ¿error o mentira? Nosotros no tenemos ningún inconveniente en reconocer que fue una aportación de CiU, que luego votó en contra, como ustedes. Ustedes en comisión votaron en contra de que a los pensionistas de este país se les revalorice el IPC más el 0,50. Sí señor, todos ustedes; incluido CiU. No, perdón, CiU se abstuvo, me he equivocado —yo sí suelo reconocer errores cuando los tengo—. Y el Grupo Parlamentario Vasco —perdóneme, señora Martínez— votó a favor. Todos ustedes votaron en contra, menos el Grupo Parlamentario Vasco y CiU, que se abstuvo. Miren qué fácil es reconocer que uno se equivoca —no pasa nada— y reconocer cuándo algo es positivo para los pensionistas. Y así lo aportamos en una enmienda, que, insisto, ustedes votaron en contra, y no solo eso sino que calificaron esa enmienda de vergüenza. El subir a los pensionistas más al año lo llamó el portavoz del PSOE: vergüenza. Por eso digo que cada uno se califica con sus actuaciones, en el sentido de intervenciones.

Vamos a las enmiendas, porque este es el turno en contra de las enmiendas —no he dejado de hablar de ellas, por otra parte—. Había noventa y cuatro enmiendas, cuatro de ellas del Grupo Parlamentario Popular, que quedaron incorporadas con los votos que hemos aclarado. Si quitamos los vetos, que ya se han debatido, cuarenta y siete de las noventa enmiendas presentadas por todos los grupos son de supresión. Todas las del PSOE son de supresión. Un contenido muy




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positivo para los pensionistas de este país. Una alternativa estupenda. Esa es la equidad, la justicia, etcétera.

Me voy a referir a unas cuantas de las que sí han presentado el resto de grupos con contenido. Por ejemplo, las enmiendas 10 y 50 proponen elevar los tipos y las bases de cotización a la Seguridad Social. Pues tengo que decir que en el actual contexto económico se penalizaría de forma excesiva el empleo, máxime con las tasas —creo— elevadas de desempleo.

Otras enmiendas, por ejemplo, las números 9 y 49, establecen estudiar otro índice de revalorización sin fijar parámetros ni cuantías ni nada. Dicen: otro. Pero este, el que se aprueba en esta ley, ha sido fruto del estudio de los expertos y otros estamentos, como ustedes conocen.

Las enmiendas 8 y 48 proponen otro factor de sostenibilidad. No les gusta el que establece esta ley y piden otro. ¿Cuál? No lo sabemos. Otro. También el que se aprueba es consecuencia de los estudios del grupo de expertos y otros estamentos.

En las enmiendas 12 y 52 se propone que los gastos de gestión, personal y administración de la Seguridad Social se financien a través de transferencias del Estado. Estupendo. Es una propuesta. Los gastos de este tipo que tenemos en Seguridad Socia son los más bajos de la Unión Europea, gracias, por ejemplo, a políticas de austeridad. No se quién las ha implementado. Es una idea trasladar el sistema, otro sistema organizativo. Es una propuesta, pero no es el momento en esta ley.

Las enmiendas 16, 56, 81 y 22 plantean que el Estado financie las prestaciones por muerte y supervivencia. Nosotros entendemos que las debe financiar la Seguridad Social porque son pensiones contributivas. Es nuestra opinión y el modelo que hasta ahora existe.

Con respecto a Cataluña y el País Vasco, que proponen que se asuma la gestión del régimen económico de la Seguridad Social por su comunidad autónoma, no podemos jugar a que la Constitución sí nos sirva para algunas cosas y para otras, no. Es nuestra opinión. El artículo 149.1.17ª de la Constitución establece como competencia del Estado la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional ha interpretado esto. Además, la mención separada del régimen económico de la Seguridad Social lo que trata de garantizar es la unidad del sistema. Ya sé que queda claro por dónde van ustedes. Pero entonces no mencionen tanto la Constitución, y si la mencionan, menciónenla para todo. O les sirve o no les sirve. ¿Con qué reglas de juego nos movemos? No lo sé. Me gustaría que todos lo tuviéramos claro.

Luego hay una serie de enmiendas que proponen un plan de empleo y un plan de lucha contra el fraude. Pues bien, nosotros no lo hemos llamado plan de empleo, pero hace ya veinticuatro meses que entramos a gobernar y desde el segundo cero estamos trabajando por y para el empleo en este país, para reducir el déficit, la deuda y para volver a este país a la senda de crecimiento y la creación de empleo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues sorpréndanse: con la reforma laboral. Totalmente de acuerdo, ¿a que sí? Con la reforma laboral, con la estrategia de emprendimiento y empleo joven, con la garantía juvenil, modificando las políticas activas, que ya quedamos en que tiraban el dinero y que no conseguían ni un empleo, que ahora se van a hacer con evaluación. Nos sometemos a evaluación; sometemos cómo se usa el dinero público a evaluación; a evaluación, porque es necesario ver si las cosas funcionan. Y nos sometemos voluntariamente.

Hay infinidad de medidas orientadas al mantenimiento del empleo. Y con el plan de lucha contra el fraude ya tenemos 6000 millones de euros que se perdían, que se diluían. Y no preocupaba tanto la lucha contra el fraude. Esos ingresos que dicen ustedes, no les preocupaban tanto. Pero son ya 6000 millones de euros con el plan del Gobierno de lucha contra el fraude.

Prioridad. Nuestra política: incrementar los ingresos, por supuesto. ¿Es que todavía no se ha dado cuenta nadie en esta Cámara? Pues, como lo de la enmienda, tendremos que explicar también el contenido paso a paso. Nosotros también queremos reducir los gastos, pero no con el recorte de pensiones que dicen ustedes. Pero tampoco diciéndole a papá que pague lo que no puede pagar mamá. O sea, ustedes dicen: no, no, que no pague Seguridad Social, que pague el Estado. ¿Y quién es el Estado? Es lo que proponen ustedes: sacar gastos de la Seguridad Social para que pague el Estado. Nosotros lo hemos hecho según dice en el Pacto de Toledo, con la separación de fuentes.

Miren, si el Gobierno socialista hubiese culminado el proceso de separación de fuentes habría ahorrado 33 800 millones de euros al sistema de Seguridad Social. ¡Qué ahorro! ¿Qué les parece?




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Ustedes no lo hicieron. Repito: 33 800 millones de euros, con la culminación que nosotros hemos hecho de separación de fuentes. ¿Qué les parece eso de ahorrar gastos al sistema? No está mal; no está mal.

Dicen ustedes que no hay aquí ningún reto ni a corto ni a medio ni a largo plazo, que esto va fenomenal… Les ha faltado decir que el sistema de Seguridad Social está en la Champions League, aunque a lo mejor les ha dado un poco de rubor decir eso. Bien, en la Ley 27/2011 ustedes previeron que la Seguridad Social entraría en déficit en el 2018. Acertados, como siempre. Sus previsiones, cumpliéndose. La Seguridad Social entró técnicamente en déficit en 2010 y realmente en déficit, en 2011. Ustedes, como siempre, acertándolo todo.

Ustedes dijeron en la Ley 27/2011 que el Fondo de Reserva no se tendría que usar hasta el año 2020. Seguimos en lo mismo: en 2012 ya se tuvo que usar porque no se podían pagar las pensiones, no se podían pagar las pensiones en este país. (Rumores.) No sé si eso les suena de algo, de alguna época, ya que aquí gusta tanto mencionar otras épocas.

Retos demográficos. No tenemos ninguno, qué va. Si somos más de nueve millones de pensionistas y en el 2050 seremos quince millones de pensionistas. Ningún reto demográfico, tienen razón. Seguimos con las previsiones y con las proyecciones, acertadísimas. En el 2000 nos gastábamos 50 000 millones de euros en pensiones. ¿Saben cuánto nos gastamos hoy? Lo saben todos: más de 100 000 millones. Hemos doblado en trece años. ¿Eso no es gastar más en pensiones? Y el año que viene gastaremos más, y el otro, y el otro… Si es que en las pensiones no se va a gastar menos. (Rumores.)

Ya veo el respeto del grupo, como siempre. Pero estamos acostumbrados, no se preocupen. Ustedes, en su línea. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

La señora PERIS JARQUE: Muchas gracias, presidente.

En 2040, por cada persona en edad de trabajar habrá una en edad de no hacerlo. ¿Qué les parece eso? (Rumores.) A mí no me asusta, claro que no, porque estamos trabajando en este tema, como en todos los demás.

Y voy al índice de revalorización, que algo se ha hablado de ello. Ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro que será, en épocas de recesión —que hemos tenido— o de crisis, un 0,25%; en épocas de normalidad, el IPC, y en épocas de bonanza, el IPC más el 0,50. ¿Nos ha quedado claro? Vale. Es que es importante, porque si no el debate pierde todo el sentido. (Rumores.) Ya está bien. Me dice el señor Guillot que me calme, pero es que ya está bien, por lo menos habrá que tener un cierto rigor con los datos. Yo solo pido eso; a partir de ahí, que cada uno opine lo que quiera.

Estamos discutiendo —cuidado ¿eh? que es importante— cuánto se revalorizarán las pensiones cada año. No se discute si se van a revalorizar, si se van a congelar, qué va a pasar, si se van a pagar… No, eso pasaba con otros; con nosotros se habla de hasta cuánto van a recuperar poder adquisitivo los pensionistas. Pues a medio y largo plazo, todo, porque así lo dicen los expertos. No lo digo yo, lo dice el grupo de expertos. Claro, el 0,50 no estaba en el informe del CES; no estaba, porque se añadió en la comisión con una enmienda, efectivamente, porque eso es lo que decía el grupo de expertos: que se tenía que subir un poco más. Y se subió. A medio y largo plazo, por mucho que ustedes lo repitan, los pensionistas no van a perder poder adquisitivo. Eso es lo que dice este proyecto de ley. Y quiero insistir: ustedes votaron en contra de esto, los que votaron así. El Grupo Parlamentario Vasco, no y CiU se abstuvo.

Ese índice de revalorización, como ha reconocido el portavoz socialista, ya estaba en la Ley 27/2011; no el que se ha concretado, sino el desvincular, el ir a otros índices, no solo al IPC, para revalorizar las pensiones. Lo ha leído él, es verdad, estaba en la Ley 27/2011. Pero no solo estaba el índice de revaloración, también estaba el factor de sostenibilidad; no este, pero ya se introducía el factor de sostenibilidad, que nosotros hemos concretado previo estudio de los expertos.

Varios portavoces han manifestado que la Ley 27/2011 supuso un recorte en un 20%. Eso han dicho los portavoces. Senador Iglesias, ¿es correcto? Vale. Nosotros votamos en contra de esa ley, sí, porque no solucionaba los problemas del sistema de Seguridad Social, como se está viendo ahora. Por eso tenemos los problemas actuales, coyunturales, estructurales y a medio y largo plazo que tenemos, porque esa ley no los solucionaba. Subió la edad legal de jubilación a los 67




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años y en un año eso supuso un ahorro para el Estado —¿cómo lo llaman ustedes?, le metieron la mano en el bolsillo de los pensionistas— de 35 000 millones de euros —eso es lo que dicen, ¿no? que les metieron la mano en el bolsillo a los pensionistas—, 35 000 millones de euros en un año. Nosotros con esta ley vamos a ahorrar al sistema 33 000 millones de euros en ocho años, en ocho años; con esta ley. Vuelvo a lo mismo: no nos cuesta nada tener un poco de rigor, por lo menos en los datos.

Es difícil el debate, es muy difícil cuando la alternativa nos dice que es todo o nada. Que no hace falta una reforma de pensiones, pero la de la Ley 27/2011 era necesaria. Que hay un desastre social, que no hay cotizantes y que no se pueden pagar las pensiones, pero que no es necesaria. Que sí es necesaria porque hay que corregir unas deficiencias, pero no las que se dicen. Es difícil, porque confunden, se confunden ustedes —como ha quedado acreditado—, pero también nos quieren confundir a nosotros.

Nosotros no hemos llevado el sistema de Seguridad Social a déficit, no. La disminución de ingresos de la que tanto han hablado los portavoces, los más de tres millones de desempleados nuevos que nos aportaron; los tres millones de cotizantes menos a la Seguridad Social que nos dejaron… Ya sé que ustedes no se responsabilizan de nada; han dejado claro por activa y por pasiva que ustedes gobernaban pero, responsables, de nada. De esto tampoco.

Vuelvo a las enmiendas. Alternativa: la supresión. Volver al sistema anterior. Además de lo que ya he dicho sobre que no ahorró el sistema por no separar las fuentes de financiación, es que hurtaron al Fondo de Reserva más de 14 000 millones de euros cuando había bonanza. Y estaban obligados a ingresar ese dinero por ley. Es que utilizan la ley cuando quieren, solo cuando les apetece. Hurtaron al sistema, y todos sabemos que ese dinero tendría que estar. Hablan ustedes de cuánto han ingresado, pero aún han ingresado poco, porque podrían haber ingresado a 14 000 millones de euros más.

Vuelvo a lo mismo: al recorte con la Ley 27/2011, que han dicho todos los portavoces, menos ustedes, claro, porque les sabría mal de su propia ley. El recorte de pensiones. ¿Qué han dicho los portavoces?

Reforma laboral. Ustedes quieren que incrementemos los ingresos pero no quieren que aumenten los cotizantes. El paro había que pararlo, había que frenar la sangría, y con la reforma laboral se han salvado 225 000 empleos. Y si se hubiera aprobado antes se habrían ahorrado un millón de despidos. ¿Verdad que les sabe mal esto? Claro, les sabe mal.

Su política es dejar la Seguridad Social en quiebra. ¿Saben de qué año estoy hablando? De cuando entramos a gobernar, en 1996, y nos tocó pedir un préstamo de 500 000 millones de las antiguas pesetas para pagar las pensiones. Quiebra al sistema. Déficit 2010-2011. Subir la edad de jubilación y, por supuesto, su medida estrella: congelar las pensiones, no todas, unas cuantas, las que les pareció bien. (Rumores.)

El resto de grupos: aumentar las cotizaciones y, por tanto, aumentar el paro, como todos saben en este momento y con estas circunstancias.

Nos dicen: es que hay margen, no hace falta, no es urgente. Pues lo que hemos dicho: que dicen blanco y dicen negro, que dicen azul y dicen amarillo.

¿Cuándo tendremos que actuar? ¿Cuando haya que utilizar el Fondo de Reserva? Si ya lo hemos usado. ¿Cuando entre el sistema en déficit? Es que ya ha entrado. ¿Cuándo haya que congelar las pensiones? Si es que ya las congelaron.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora PERIS JARQUE: Sí, acabo.

Evidentemente, no estamos de acuerdo con los medios para solucionar porque tampoco estamos de acuerdo en el diagnóstico, pero los únicos promotores de planes privados de pensiones en este país fueron Solbes y Corbacho. Y no lo hicieron tácita o implícitamente, no; les dijeron a los españoles: contraten ustedes un fondo de pensiones privado si quieren cobrar.

Los países que no han tomado medidas han tenido bajadas lineales: un 10% en Portugal y un 40% en Grecia.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.




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La señora PERIS JARQUE: Sí, termino.

Ya sabemos que les apetece la intervención y ese tipo de medidas. ¿A eso querrían abocar a los pensionistas de este país y al sistema?

Hoy se aprueba en Consejo de Ministros un plan de inclusión social, referido sobre todo a la infancia. Esta reforma protegerá a los pensionistas, cobrarán todos los años, y cobrarán más, y se asegura la sostenibilidad y la viabilidad del sistema público de pensiones. Y con el resto de medidas el Gobierno está intentando devolver a este país, y está costando mucho, mucho sacrificio, y parece mentira que se pongan muertos sobre la mesa. Parece mentira que la única política sea poner muertos encima de la mesa para ganar elecciones.

El señor PRESIDENTE: Termine, senadora Peris.

La señora PERIS JARQUE: Acabo.

Nosotros estamos por el bienestar de todos. (Protestas.)

¡Que no se ha enterado! ¡Que no se ha enterado! Lo ha dicho su compañero. Me parece una pena que la política se tenga que hacer así, utilizando ese tipo de argumentos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Peris.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señoría, ¿van a compartir turno?

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: No, señor presidente.

Señorías, como yo soy de otra escuela, no voy a trasladar la responsabilidad de que no me hayan entendido a sus señorías. Me expliqué mal. Me expliqué mal las dos veces anteriores, y voy a hacer un tercer intento de explicarme de forma adecuada en relación con el índice de revalorización. Lo que quise decir de forma poco clara es que la previsión que ustedes establecen, tras la aportación de la enmienda del 0,50%, no garantiza la recuperación del poder adquisitivo de los pensionistas. Que los pensionistas, cuando vengan las épocas duras, como las que vivimos, tendrán una revalorización del 0,25%, muy por debajo del IPC. Que cuando lleguen los tiempos normales, que decía mi abuela, percibirán una actualización del IPC, con lo cual no recuperarán en absoluto nada de lo que perdieron en tiempos malos. Y cuando vengan los tiempos buenos, necesitarán —vuelvo a decirlo— catorce años de tiempos buenos con el IPC más el 0,50% para recuperar lo que perdieron si la inflación fue del 1%. (Aplausos.); veintiún años si la inflación fue del 2%; y creo que cincuenta y dos años —no recuerdo ahora el dato— si la inflación fue del 3%. Con lo cual tienen tantas posibilidades con esta ley de no perder capacidad adquisitiva como de que les toque la lotería de Navidad el día 22 de este mes, exactamente las mismas.

Otra cuestión por aclarar. Efectivamente, la ley 27/2011 suponía una reducción de las pensiones, pero no era el dato que daba su señoría. Permítame que le dé el dato de la Caixa. Ley 27/2011. Extensión del período de cálculo de los quince hasta los veinticinco años. Leo literalmente: Dado que el salario de las personas suele presentar un perfil creciente durante gran parte de su vida laboral, dicha extensión reducirá las nuevas pensiones entre un 3 y un 4% aproximadamente. Y encima yo sé que ustedes están preparando otra reforma que extenderá el cálculo a toda la vida laboral, con lo cual la reducción por ese mecanismo será aún mayor.

Creación de empleo. Yo no dudo de que en su ánimo estuviera crear empleo, pero les está saliendo fatal. Les está saliendo fatal con la aplicación de la Ley de reforma laboral, que destruye empleo y reduce salarios y cotizaciones. Dato del último año: hay 239 000 cotizantes menos a la Seguridad Social que hace un año, tres millones menos de los que había al inicio de la crisis, y con cotizaciones inferiores ahora a las que había entonces.

Pensión de viudedad y orfandad: carácter contributivo. Puede definirse como tal, pero habría que matizarlo, porque no es una contribución directamente del beneficiario de la prestación. De alguna forma, cabría incluso decir que las pensiones no contributivas tienen un carácter mixto, porque las pensiones no contributivas se reconocen también a quienes contribuyeron pero no lo




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hicieron en las cuantías durante los períodos exigidos por la ley; contribuyeron también la mayoría de quienes perciben unas pensiones no contributivas. En consecuencia, estas catalogaciones iniciales dan juego y permiten buscar alternativas.

Plan de lucha contra el fraude. Tomo nota de que se feliciten del éxito de la lucha contra el fraude y por haber conseguido una recaudación de 6000 millones. Tanto tomo nota, que, el próximo martes, en la interpelación al señor Montoro le voy a preguntar cómo después de felicitarse ustedes por ese éxito de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude tienen que cargarse a la cúpula de esa Agencia Tributaria que consiguió este éxito.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

¿Grupo Parlamentario Vasco?

Senadora Martínez, tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Intervengo desde el escaño, presidente, con su permiso, solamente para hacer una serie de consideraciones a la última intervención de la senadora Peris.

Usted atribuye a un error o a una mentira el hecho de que nosotros vayamos diciendo sistemáticamente que las pensiones no van a subir. Ni es error ni es mentira; las pensiones van a bajar sistemáticamente. Y no es una cuestión solamente de interpretación o de capacidad para entender el contenido de la ley, que entendemos perfectamente, nosotros y también todos los jubilados. Es una cuestión matemática y bien sencilla. Si el mínimo de revalorización en época de crisis va a ser de un 0,25% y esto no se va a revalorizar en función del IPC, la capacidad adquisitiva de los pensionistas, la suficiencia de sus pensiones —que es lo que consagra la Constitución, al igual que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que dice que el IPC siempre sube—, las pensiones no van a subir en consonancia con el IPC, porque ustedes se han encargado de desvirtuarlo y se han encargado de utilizar el IPC como referencia. Por lo tanto, las pensiones van a bajar. Van a bajar, y ya, porque además el índice de revalorización se va aplicar en este sistema de inmediato. Fíjese hasta que punto es así, que hasta ahora el sistema vigente establecía un sistema de compensación para atribuir a los pensionistas la diferencia entre el IPC previsto y el IPC real, que se calculaba a finales de noviembre precisamente para garantizar ese principio constitucional que dice que las pensiones tienen que ser suficientes.

Por eso, nosotros pedimos votación separada en comisión de la enmienda número 92, en la que ustedes consagraban esta subida. Pero no crea que es por convencimiento, no crea que es porque nosotros pensábamos en ese momento que, efectivamente, así se conseguía mantener el poder adquisitivo de las pensiones; es que nos daban a elegir entre guatemala y guatepeor, y yo me quedo con guatemala, evidentemente. No voy a entrar en ese juego de decir no a todo lo que propongan. Entre guatemala y guatepeor me voy a quedar siempre con guatemala, pero no por eso les voy a dar la venia ni les voy a dar la callada por respuesta a la hora de decir que, efectivamente, se mantiene el poder adquisitivo de las pensiones, porque no es así. No es así.

Y vuelvo a lo mismo. No es que yo salga aquí a defender la Constitución. Podemos tener un debate constitutivo cuando usted quiera, sin mayor problema. Lo que le vengo a decir es que el cumplimiento de la Constitución, en los artículos que consagran el mantenimiento de las pensiones, su universalidad y su carácter público para nosotros es fundamental. Y en eso sí que estamos de acuerdo.

También estamos de acuerdo en que la Constitución es un texto que ampara en su totalidad el Estatuto de Guernica. El Estatuto de Guernica, que se aprobó en 1979, fue el primero de los estatutos en aprobarse, es el único que no ha sido reformado y es el único, siendo una ley orgánica, que a día de hoy todavía tiene un total de catorce preceptos sin cumplir. Sin cumplir. Entonces, ni se cumple una ley orgánica ni se cumple la Constitución que le da amparo. Y entre las transferencias que todavía están sin cumplirse está precisamente la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Por lo tanto, no es que yo venga aquí a hacer un discurso, diciendo: cuando me conviene, apoyo la Constitución, y cuando me conviene, no. Ustedes, que se autodefinen como constitucionalistas, deberían ser los primeros en exigir el íntegro cumplimiento de todos sus preceptos, de todos y cada uno, en pensiones y también en materia autonómica, porque si lo hubiesen hecho, quizás —quizás— la situación hoy sería muy distinta, muy distinta. Así que, apechuguen con sus responsabilidades. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, señora Peris, yo creo que el sarcasmo es el refugio cuando no hay más argumentos. Le pido que se relaje y además que sea consciente de que el hachazo a los pensionistas lo dan ustedes. El hachazo a los pensionistas lo dan ustedes. Y, vista la experiencia, Dios nos libre de más sabios a sueldo. Dios nos libre de más sabios a sueldo. (Aplausos.)

El primer problema que tiene el abordar una cuestión tan delicada como las pensiones es que este proyecto de ley no tiene consenso ni diálogo, y no hablo de los partidos; no tiene consenso ni diálogo con unos actores fundamentales que son los sindicatos. Este, para mí, es el primer problema.

Creo que al abordar este debate hay dos variables a tener en cuenta. El empleo. El señor Valeriano Gómez, 5 millones de parados; la señora Fátima Báñez, 6 millones. (Rumores.) No, ya sé que lo hará muy bien y que lo va a dejar a menos 6, pero el récord, por ahora, es de la señora Báñez. Los datos de noviembre: se pierden 66 000 cotizantes a la Seguridad Social; 66 000. Esta es una pérdida progresiva que se está produciendo en nuestro sistema de pensiones.

La previsión de legislatura que ustedes hacen sobre el empleo es que no vamos a bajar en toda la legislatura del 25%. Entonces, ¿de qué política de empleo me habla? Esta es la realidad.

Segundo gran problema que tiene España y que ustedes no resuelven: la deuda. En 2004: 46,3% de deuda. Eso es lo que hereda Zapatero de Aznar. En 2011 Rajoy hereda de Zapatero el 69,3% de deuda, veintitrés puntos más. Pero es que de 2011 a 2014, en tres años, nos vamos a colocar por encima de treinta puntos, por encima del 100% de PIB. Esta es su realidad.

Y, respecto a los ingresos, yo hice una pregunta en el debate general de los presupuestos que aún nadie me ha respondido. ¿Por qué tenemos que hacernos cargo de 37 000 millones de rescate de la banca, cuando el Gobierno afirmó que esto no iba a costar ni un euro a los contribuyentes? ¿Por qué? Contésteme. ¿Por qué tenemos que pagar de nuestro bolsillo 37 000 millones de euros, el 3,7% del PIB, si no iba a costar un euro a los contribuyentes, y algún osado llegó a decir que hasta daría beneficios?

Creo que ustedes tienen un problema grave de redacción con las cifras, pero no por desconocimiento, sino porque necesitan reinterpretarlas, dado que las cosas no les salen bien. Y como las cosas no les salen bien, en las previsiones en positivo de crecimiento, de empleo, de reducción del déficit o de reducción de la deuda, tienen que acudir a esta reinterpretación, y digo esto por no decir manipulación.

¡Claro que la natalidad es un problema! Pero insisto en que me digan qué programa ha desarrollado este Gobierno para fomentar la natalidad frente a una población que se está envejeciendo a marchas forzadas.

Lo del IPC más el 0,50, lo hemos entendido a la primera. Otra cosa es que no lo vayamos a votar, porque no les vamos a lavar la cara en este proyecto de ley en nada. Como ya han dicho otros portavoces, no va a servir para recuperar el dinero perdido. Hay que esperar a ver qué efectos tiene la reforma de 2011. Eso sería lo razonable y lo prudente. De cara al factor de sostenibilidad, a la incorporación de las generaciones del baby boom, hay tiempo. Hay tiempo para hacerlo con serenidad, con diálogo, con consenso.

Y, por otra parte, insisto, como muy bien ha dicho la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, en que ustedes no garantizan para nada el IPC en la revalorización de las pensiones. Ustedes proyectan miedo, a la sociedad y a los pensionistas. Les dicen: o esto, o nada, y se invita a los fondos de pensiones privadas, pero afortunadamente hay una reacción.

Señorías, es verdad que ustedes tienen mayoría absoluta, pero les voy a citar un estudio de opinión, entre otros muchos, que hizo hace muy poco El Mundo, que no es, precisamente, un diario de izquierdas, titulado: Gobierno achicharrado. Y entre los más achicharrados, el presidente Rajoy y la ministra de Empleo.

Yo creo que este proyecto de ley de reforma de las pensiones les va a acabar de achicharrar, y ojalá sea así.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Señora Peris, primeramente, he de puntualizar que la enmienda del 0,50% fue la número 43 de Unión, Progreso y Democracia en el Congreso, no fue de CiU. Mi grupo considera y consideraba insuficiente pasar del 0,25% al 0,50%. Por este motivo, no votamos a favor de su enmienda 92 en comisión, pero nos abstuvimos por el mismo motivo que ha argumentado la portavoz del PNV, porque ante el drama de la pérdida de poder adquisitivo era mejor el 0,50 que el 0,25. Me hubiera gustado que hubieran valorado muchas de las enmiendas de mi grupo, que entendemos que son muy constructivas, pero no ha sido así. Es lo que hay.

Queremos dejar constancia también de nuestro desacuerdo con las formas en todo el proceso de este proyecto de ley. Insistimos en que la comisión se convocó sin ponencia previa y sin convocatoria de Mesa y portavoces, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento de esta Cámara. Además, la comisión se convocó para dictaminar un proyecto de ley que se ha impedido que se discutiera en el Pleno del Congreso de los Diputados. Consideramos que tal proceder es una falta de respeto a las Cortes Generales y tomar el pelo a los ciudadanos.

Insisto en que este proyecto de ley podría definirse en términos jurídicos como un delito con agravantes de nocturnidad y alevosía. Aún así, no son solo las formas lo que consideramos inaceptable en referencia a este proyecto de ley, sino también su fondo y lo que la aplicación de su articulado va a conllevar para nuestros conciudadanos. No ha existido un proceso de negociación política ni con los agentes sociales. Estamos presenciando la quiebra del Pacto de Toledo. No hay posicionamiento a favor del mismo por parte de agentes sociales y además el Consejo Económico y Social en su dictamen aconseja al Gobierno que reconsidere desligar la revalorización de las pensiones del IPC, puesto que el nuevo índice de revalorización propuesto acarreará una pérdida de poder adquisitivo. Esta es la misma conclusión a la que llegan UGT y Comisiones Obreras en sus respectivos informes.

La reforma es injusta para los pensionistas, a los que se va a condenar a perder poder adquisitivo, digan ustedes lo que digan, ya que la actualización de las cuantías que reciben no va a seguir el ritmo de la evolución de los precios, al quedar desligadas del IPC. Es significativo además en este sentido que no se distinguen las pensiones más altas y las más bajas, todas son afectadas de la misma manera. No hay que ser muy agudo para llegar a la conclusión de que el nuevo índice de revalorización es injusto y que acarreará la pérdida de poder adquisitivo a todos los pensionistas. Aplicando la endiablada fórmula para calcular el índice de revalorización de pensiones, en la previsión más probable, en un periodo de quince años con tan solo dos años en el límite inferior, no sería suficiente que los trece años restantes se situaran en el límite superior de la revalorización para recuperar el poder adquisitivo. En una situación intermedia, con la mitad de los años buenos, la pérdida sería cercana al 11%, en el escenario de inflación del 2%; más del 14% si fuera del 2,5%. Incluso en el gráfico incorporado por el Gobierno en la memoria del anteproyecto presentado antes de introducir la modificación del 0,50%, con una simulación de lo que hubiera ocurrido con la revalorización de las pensiones entre el año 1996 y 2012, de haberse aplicado la fórmula y banda que se proponía, se muestra la alta sensibilidad hacia los años malos del nuevo sistema de cálculo y su evidente impacto sobre el poder adquisitivo. La aplicación de la fórmula lleva al recorte del poder de compra de la pensión en 2011 y 2012 respecto al valor de 1996, a pesar de que los años previos constituyen la etapa de bonanza más larga vivida por la economía española en democracia, durante la cual la Seguridad Social registra superávits equivalentes al 1% del PIB, de media. Por otro lado, hay que resaltar que la aplicación de la fórmula no es automática ni fácilmente predecible, quedando al arbitrio de los Gobiernos y dificultando las previsiones de ahorro que los trabajadores y trabajadoras tienen que hacer de cara a su jubilación. El Gobierno debe prever anualmente la evolución de sus componentes en los próximos seis años: ingresos, número de pensiones a efectos de sustitución y gastos y cada cinco años tiene que decidir cuál es el factor de asimilación del saldo relativo a las cuentas públicas.

Señores del Grupo Popular, no nos gustan sus formas, no nos gusta este proyecto de ley y no vamos a ser cómplices de su aprobación. Es un proyecto de ley que implica una reforma injusta para los pensionistas, a los que se va a condenar a perder poder adquisitivo, ya que la




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actualización de las cuantías que reciben no va a seguir el ritmo de evolución de los precios, al quedar desligadas del IPC.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rieradevall.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Martínez-Aldama.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor presidente

Señora Peris, ¿error o mentira? Esa es la cuestión. Usted no se entera. La enmienda del 0,50% no es una enmienda de CiU, es una enmienda de UPyD, la número 43. Y yo le pregunto: ¿error o mentira? Porque, si todo es como usted piensa que es este documento, su intervención queda totalmente desacreditada. (Aplausos.) Cualquier dato como este no vale para nada. No se entera, señora Peris. (Aplausos.)

Vamos a hablar de datos, con objetividad. Con la reforma del Partido Popular, con el recorte, se pierde poder adquisitivo. Se ha perdido con ustedes, se pierde y se perderá. Se ha perdido. ¿Cuándo? En 2012. ¿Por qué? Subieron las pensiones el 1%, es verdad; el IPC, el 2,9%. Y ustedes no pagaron la paga compensatoria del 1,9%. Por tanto, primer año de Gobierno del Partido Popular, pérdida del 1,9%. (Aplausos.) Año 2013, en el que estamos, ¿suben las pensiones? Sí, el 1% o el 2%. ¿Sube la inflación? Sí. ¿Cuánto? El 0,2%. Y dicen: han ganado poder adquisitivo.

Cuenten la verdad. El 1,9% del año anterior no se consolidó en este año 2013. Por tanto, en el fondo, computando el IPC y la no anterior revalorización, pierden poder adquisitivo, y perderán. ¿Cuándo? En 2014. ¿Por qué? Sube el 0,25%. ¿Cuánto sube el IPC? El 1,5%. Por tanto, perderán el 1,25%.

Señorías, tenemos el orgullo de votar en contra de su enmienda que propone un incremento del 0,50% más el IPC, ¿sabe por qué? Porque es una vergüenza jugar con centésimas de euro con los pensionistas pero, sobre todo, es una gran mentira que mi grupo no va a consagrar porque igual me da que pierdan el 1,25% que el 1%, la cuestión es que mi grupo quiere que no pierdan nada, y con su propuesta pierden poder adquisitivo. (Aplausos.) Esa es la realidad. Por tanto, en IPC con el Partido Popular se ha perdido, se pierde y se perderá.

Déficit. Le voy a pedir rigor. Léase usted las cuentas firmadas por la Intervención General del Estado, ¿cuánto fue el déficit que dejó el Gobierno socialista el año 2011 en la Seguridad Social? 700 millones de euros. Ese fue nuestro déficit, ¿sabe cuánto va a ser este año? 15 000 millones de euros. Han multiplicado por veinte el déficit del Partido Socialista. Y para el próximo año el Gobierno prevé que el déficit sea de 18 000 millones de euros (Aplausos.) Por tanto, 2-0.

Y sigo. Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Pero,¿cómo hablan de esto? Es verdad que lo heredamos de ustedes con 15 000 millones de euros pero lo llevamos hasta los 67 000 millones de euros; es decir, no nos cansamos de llenarlo, y ustedes no se cansan de vaciarlo. No han metido ni un millón de euros y han sacado ya 23 000 millones, si contamos el fondo de reserva y el fondo de las mutuas, porque esa es otra, había otro fondo de 4980 millones de euros que a día de hoy tiene cero. Por tanto, balance del Partido Socialista: de 15 000 millones de euros llenamos la hucha hasta 67 000. Balance del Partido Popular: casi 24 000 millones sacados del fondo de resera. Si nosotros llegamos a sacar ese dinero para pagar a los pensionistas nos llamarían manirrotos, manipuladores, gastadores, defraudadores, ¿ustedes qué son entonces? (Aplausos.) Unos pésimos gestores. 3-0.

Y aquí viene la goleada, el 4-0. Además, quiero dirigirme a mi grupo parlamentario para decirles que sientan orgullo de la historia del Partido Socialista en materia de pensiones. (Aplausos.—Protestas.) Les voy a decir por qué. Primero, porque fuimos nosotros los que creamos en España el sistema público de pensiones, por cierto, para las contributivas y las no contributivas, y, además, con el PSOE han crecido las pensiones como nunca en este país. Y, segundo, y para que se enteren, les voy a dar dos datos. En los últimos treinta años las pensiones mínimas en España han subido el 80%; de ese incremento, el 75% con Gobiernos del PSOE y solo el 5% con el Partido Popular. Dicho de otra forma, con Aznar, en ocho años las pensiones mínimas subieron el 30%, es verdad, pero, quitando el IPC, la subida real fue del 3,8%. Con Zapatero, subieron el 50,8%, quitando el IPC, la subida real fue del 27%. (Aplausos.) Aznar, ocho años, 3,8% de incremento. Zapatero, siete años, 27% de incremento. (Aplausos.) Y ahí está el 4-0.




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Voy concluyendo, señor presidente, si me deja treinta segundos. A estas alturas del debate, señorías, está claro que el Partido Socialista es sinónimo de construir un sistema público de pensiones, subir las pensiones como nadie, ahorrar como nadie en la Seguridad Social y dejar un pacto escrito hasta el año 2027. El Partido Popular es sinónimo de destruir con esta ley el sistema público de pensiones y de gastar como nadie. O dicho de otro modo, la herencia del Partido Socialista es un acuerdo, las cuentas saneadas y la hucha llena. (Aplausos.—Protestas.) y la herencia del Partido Popular es la ruptura de un acuerdo y la hucha vacía. Por eso, sientan orgullo de lo que hemos hecho, compañeros del Partido Socialista. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez-Aldama.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el señor Fernández Sánchez.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

Después de haber oído al señor Martínez-Aldama retransmitir el partido de fútbol, voy a intentar meter un gol más en mí portería, porque usted ha metido cuatro ya, según ha dicho. (Rumores.—Aplausos.)

Hoy estaba Maradona embalado. (Risas.) Voy a intentar, señoría, decir algo importante; voy a ser breve porque lo bueno, si breve, dos veces bueno, y voy a intentarlo, a ver si, por casualidad, acierto. Usted ha hablado del IPC más el 0,50%, y se burla de ello; lo deja totalmente al margen. Dice que un año les quitamos a los pensionistas 35 000 millones de euros, pero, ¿quién, nosotros o ustedes? Ustedes deberían ser conscientes de quién quito a los pensionistas en ese año 35 000 millones de euros.

Ha hablado usted también de que ha bajado el número de cotizantes. Pues, miren, ha bajado porque ha habido cerca de dos millones más de personas que por miedo a su ley se han ido jubilando. Y lo digo claramente porque la reforma de la ley del año 2011 hablaba de cómo se iban aumentando y acumulando los salarios, las bases reguladoras. Ustedes empezaban por este año 2013 fijando una base reguladora de treinta y cinco años y tres meses que terminaba en el año 2027, con treinta y ocho años y seis meses. Fíjense, señorías, lo que han amparado y han tenido que manipular para que las jubilaciones sean acordes con la base de cotización de años anteriores; es decir, mucha más cotización, mucho más tiempo de precariedad para poder tener una pensión como es debido.

Señor Martínez-Aldama, usted dice que con Aznar las pensiones subieron pero que no fue una subida real. Mire usted, nos encontramos con que había que pagar en las Navidades de aquel año 200 000 millones de las antiguas pesetas en pensiones de jubilación y de viudedad y no había suficiente dinero. Es decir, ustedes tienen una cara que se la pisan hablando ahora de aquellos tiempos. (Protestas.) Sí, sí, se la pisan. (Aplausos.)

Señoría, ustedes han hablado de enmiendas de supresión. Como ha dicho mi compañera Peris, ¿supresión, para qué, para eliminar todo?, ¿para decir que no les gusta esta ley? Pues si no les gusta, no la voten. ¿De qué estamos hablando, de gustos o de qué? Vamos a dar un sentido racional a las cosas.

Señoría, todo esto que ha dicho aquí es un brindis al sol: decir que no porque no; decir luego en su campaña, o donde quieran decirlo, que han votado en contra de las pensiones; seguir vendiendo que las pensiones están depauperadas por culpa del Partido Popular, y una serie de cosas más que no tienen ningún sentido, porque ha mezclado las churras con las merinas, señor Martínez-Aldama. También ha hablado de economía, del IPC, de todo aquello que se le ha antojado, pero nunca ha hablado en absoluto de las pensiones; vuelvo a repetir, el IPC de las pensiones es el que fija la ley, el que contempla la ley. Se ríe y le hará mucha gracia porque estaba usted en el partido de fútbol, pero yo no sabía si estábamos en el fútbol o en el circo, porque las cosas que ha dicho son, desde luego, para morirse.

Por tanto, señor Martínez-Aldama, y demás grupos parlamentarios, se les ha dado la respuesta que había que darles. En mi opinión, es una ley consensuada. Nosotros entendemos que está perfectamente racionalizada en muchos factores. No hace falta, lógicamente, que nos lavemos la cara y no hace falta que nos la lave nadie, como ha dicho también algún portavoz. Y entendemos que hace falta que haya un poco de cordura en este aspecto, sobre todo para que usted haga las




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cosas bien, para que sepa que con esta ley, que está propiciada por ustedes directamente por la Ley 27/2011, se han iniciado unos parámetros para que haya una sostenibilidad, que es lo que pretendemos, y garantizar a los pensionistas una pensión que nunca baje y, lógicamente, garantizarles que, siendo consecuentes, se les va a pagar poco a poco, con el tiempo, aquellos 35 000 millones que ustedes les quitaron.

Esa es la única sintonía que podemos tener con los pensionistas, saber que lo pueden pasar bien o mal, como todo el mundo, que estamos en un Estado de derecho, pero, lógicamente, no me digan a mí que no han hecho un brindis al sol que no tiene ningún sentido.

Por eso, señor presidente, termino diciendo que lamento que ustedes hayan vetado todo, porque, lógicamente, a nadie le agrada que veten un proyecto de ley. Pero también me da un poco de pena, o no sé cómo llamarlo, pensar que han hecho un juego tan absurdo y tan barato que no tiene precedentes en este Parlamento.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Sánchez.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las enmiendas, comenzando por las de los senadores Iglesias y Mariscal.

Votamos, en primer lugar, la enmienda número 13.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 17; en contra, 140; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 6.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; emitidos, 217; favor, 15; en contra, 139; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 7, 12 y 18.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 17; en contra, 140; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2, 8 y 14 a 17.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 74; en contra, 139; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1, 3 a 5 y 9 a 11.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 71; en contra, 139; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Votamos las enmiendas 19 a 21.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 75; en contra, 139; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 22, 23 y 25.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 14; en contra, 140; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 24.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 13; en contra, 196; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo Parlamentario Entesa.

Votamos la enmienda 53.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 14; en contra, 143; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 46.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 12; en contra, 137; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 47, 52 y 58.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 16; en contra, 139; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 41, 43 a 45 y 49 a 51.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 71; en contra, 139; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 42, 48 y 54 a 57.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 75; en contra, 140; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 60, 65 y 71.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 75; en contra, 140; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 59, 61 a 64 y 66 a 70.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 71; en contra, 139; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 72 y 73.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 71; en contra, 140; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Votamos la enmienda 86.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 15; en contra, 140; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 78, 81 y 84.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214; votos emitidos, 212; a favor, 15; en contra, 134; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 80 y 82.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 10; en contra, 140; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 83 y 87.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 13; en contra, 139; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 74, 75, 88 y 90.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 75; en contra, 140; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 76, 77, 79, 85 y 89.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 14; en contra, 139; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos las enmiendas 27, 32 y 38.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 75; en contra, 139; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 26, 28 a 31, 33 a 37, 39 y 40.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 71; en contra, 139; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los Grupos Parlamentarios Entesa, Convergència i Unió y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 91 a 94, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 77; en contra, 138; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 140; en contra, 77; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado. (Aplausos.)

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Señorías, se levanta la sesión. Buen fin de semana y hasta el lunes.

Eran las catorce horas y cinco minutos.


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