Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Senado, Pleno, núm. 92, de 12/12/2013
 





Página 8571


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 44

celebrada el jueves, 12 de diciembre de 2013

ORDEN DEL DÍA

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES.

Comisión: Presupuestos

(Núm. exp. 621/000055)

4.1.2. Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

(Núm. exp. 621/000056)

4.1.3. Proyecto de Ley del Sector Eléctrico. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Industria, Energía y Turismo

(Núm. exp. 621/000057)




Página 8572


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES.

Comisión: Presupuestos

8582

(Núm. exp. 621/000055)

Continúa el debate de las enmiendas al articulado y secciones al Proyecto de Ley.

Sección 25 (Presidencia).

La señora Capella i Farré da por defendidas las enmiendas 894 a 896, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por esta senadora.

El señor Antich Oliver defiende las enmiendas 1313 a 1315, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Peñarrubia Agius, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Antich Oliver, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Peñarrubia Agius, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 26 (Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 181 a 210, presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré defiende las enmiendas 897 a 906, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por esta senadora.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 977 a 981, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por este senador y el señor Zerolo Aguilar.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas 2888 y 2889, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

La señora Almiñana Riqué defiende las enmiendas 1694 a 1733 y 2048 a 2069, así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 3029 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Cunyat Badosa defiende las enmiendas 3447 a 3453 y 3636 a 3649, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Las señoras Andrés Prieto, Flores Fernández y Llinares Cuesta defienden las enmiendas 1262 a 1311, así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 3029 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hacen uso de la palabra las señoras De Aragón Amunárriz y Armisén Pedrejón, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); las señoras Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés




Página 8573


de Catalunya; Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Chivite Navascués, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 27 (Economía y Competitividad)

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 212 a 235 y 824 a 826, presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Martínez Oblanca defiende las enmiendas 33 y 34, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por este senador.

La señora Iparragirre Bemposta defiende las enmiendas 2890 y 2891, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Bruguera Batalla defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 1734 a 1777 y 2070 a 2088, así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 3001 a 3003 y 3030 a 3035 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 3455 a 3461 y 3650 a 3675, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Manchado Lozano defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 1193 a 1259, así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 3001 a 3003 y 3030 a 3035 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Alarcó Hernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Alarcó Hernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 31 (Gastos de diversos Ministerios)

La señora Capella i Farré defiende las enmiendas 907 a 909, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por esta senadora.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Peñarrubia Agius, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Peñarrubia Agius, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 34 (Relaciones financieras con la Unión Europea)

No ha sido objeto de enmiendas.

Sección 35 (Fondo de Contingencia)

No ha sido objeto de enmiendas.

Sección 36 (Sistema de financiación de Entes Territoriales)

El señor Martínez Oblanca da por defendida la enmienda 997, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por los señores Quintero Catañeda y Zerolo Aguilar.

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)




Página 8574


El señor Yanguas Fernández defiende la emienda 3, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández.

El señor Martínez Oblanca defiende las enmiendas 36 a 38, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por este senador.

El señor Martí Jufresa defiende la enmienda 1779, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno de portavoces intervienen los señores Navarro Andreu, por el Grupo Parlamentario Socialista, e Ibarrondo Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 999 a 1001, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por este senador y el señor Zerolo Aguilar.

En turno de portavoces interviene el señor Medina Tomé, por el Grupo Parlamentario Socialista.

Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

El señor Mariscal Cifuentes da por defendidas las enmiendas 252 a 255, presentadas por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Quintero Castañeda da por defendidas las enmiendas 1002 a 1004, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por este senador y el señor Zerolo Aguilar.

En turno de portavoces intervienen los señores Losada de Azpiazu y Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista.

Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. (SIEPSA)

El señor Mariscal Cifuentes da por defendida la enmienda 829, presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. (SIEPSA)

El señor Mariscal Cifuentes da por defendida la enmienda 829, presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador.

Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, S.A. (SEITTSA)

El señor Mariscal Cifuentes da por defendida la enmienda 830, presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de portavoces interviene el señor Becana Sanahuja, por el Grupo Parlamentario Socialista.

Entidad Valenciana Plataforma Intermodal y Logística, S.A.

El señor Mariscal Cifuentes da `por defendida la enmienda 260, presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de portavoces interviene el señor Mateu Istúriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

ENRESA.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la enmienda 259, presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.




Página 8575


Preámbulo.

El señor Mariscal Cifuentes da por defendidas las enmiendas 1006 y 1007, presentadas por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Bruguera Batalla da por defendida la propuesta del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya de vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 2955 a 2958 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor López García da por defendida la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 2955 a 2958 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Terminado el debate del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, el señor presidente informa a la Cámara de que las votaciones se realizarán tras las correspondientes a las propuestas de veto al proyecto de ley orgánica que se debaten a continuación.

4.1.2. Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

8633

(Núm. exp. 621/000056)

El señor de España Moya, vicepresidente primero de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, presenta el dictamen.

El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) hace uso de la palabra.

Comienza el debate de las propuestas de veto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 1.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 3, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número 4, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor. Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora. Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bel Accensi defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Sen Vélez defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Granados Lerena, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el señor Mariscal Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Granados Lerena, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las quince horas y treinta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Se procede a votar las propuestas de veto.




Página 8576


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para las senadoras Eva Parera Escrichs y Catalina García Carrasco, aunque solo esta última ha emitido voto telemático.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 232, más 2 votos telemáticos, 234; votos emitidos, 232, más 1 voto telemático, 233; a favor, 78; en contra, 149, más 1 voto telemático, 150; abstenciones, 5.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 233, más 2 votos telemáticos, 235; votos emitidos, 232, más 1 voto telemático, 233; a favor, 80; en contra, 147, más 1 voto telemático, 148; abstenciones, 5.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 232, más 2 votos telemáticos, 234; votos emitidos, 232, más 1 voto telemático, 233; a favor, 79; en contra, 148, más 1 voto telemático, 149; abstenciones, 5.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 232, más 2 votos telemáticos, 234; votos emitidos, 232, más 1 voto telemático, 233; a favor, 78; en contra, 149, más 1 voto telemático, 150; abstenciones, 5.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 233, más 2 votos telemáticos, 235; votos emitidos, 233, más 1 voto telemático, 234; a favor, 79; en contra, 149, más un voto telemático, 150; abstenciones, 8582

4.1.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES. (Votación.)

Comisión: Presupuestos

8656

(Núm. exp. 621/000055)

El señor Quintero Castañeda informa a la Cámara de la retirada de la enmienda 997, relativa a la sección 36, presentada por este senador y el señor Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto.

Se procede a votar las enmiendas al articulado y secciones del Proyecto de Ley pendientes

8656

Secciones 19 y 60

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, las secciones 19 y 60 en lo no afectado por la votación anterior.

Sección 20.

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, la sección 20 en lo no afectado por la votación anterior.

Sección 23.

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, la sección 23 en lo no afectado por la votación anterior.

Sección 25.

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, la sección 25 en lo no afectado por la votación anterior.




Página 8577


Sección 26.

Se rechazan todas las enmiendas, salvo la número 3641, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Se aprueba, en un solo acto, la sección 26 en lo no afectado por la votación anterior.

Sección 27.

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, la sección 27 en lo no afectado por la votación anterior.

Sección 31.

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, la sección 31 en lo no afectado por la votación anterior.

Sección 34.

Al no haber sido objeto de enmiendas, se aprueba, en un solo acto, la sección 34 en lo no afectado por la votación anterior.

Sección 35.

Al no haber sido objeto de enmiendas, se aprueba, en un solo acto, la sección 35 en lo no afectado por la votación anterior.

Sección 36.

Al no haber sido objeto de enmiendas, se aprueba, en un solo acto, la sección 36 en lo no afectado por la votación anterior.

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el Dictamen relativo a Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en lo no afectado por la votación anterior.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el Dictamen relativo a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en lo no afectado por la votación anterior.

Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el Dictamen relativo a Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en lo no afectado por la votación anterior.

Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. (SIEPSA).

Se rechaza la enmienda presentada.

Se aprueba, en un solo acto, el Dictamen relativo a Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. (SIEPSA) en lo no afectado por la votación anterior.

Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, S.A. (SEITTSA)




Página 8578


Se rechaza la enmienda presentada.

Se aprueba, en un solo acto, el Dictamen relativo a Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, S.A. (SEITTSA) en lo no afectado por la votación anterior.

Entidad Valenciana Plataforma Intermodal y Logística, S.A.

Se rechaza la enmienda presentada.

Se aprueba, en un solo acto, el Dictamen relativo a Entidad Valenciana Plataforma Intermodal y Logística, S.A. en lo no afectado por la votación anterior.

ENRESA

Se rechaza la enmienda presentada.

Se aprueba, en un solo acto, el Dictamen relativo a ENRESA en lo no afectado por la votación anterior.

Se aprueba el dictamen relativo resto de sociedades, entidades, organismos y partidas que no han sido objeto de enmiendas, según el texto del Congreso de los Diputados.

Preámbulo.

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, aquellas partes relativas al preámbulo no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueban los artículos 2, 3, 4, 13 y 48, así como el anexo I.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

4.1.2. Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Continuación.)

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

8673

(Núm. exp. 621/000056)

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Salanueva Murguialday defiende las enmiendas 1 a 3, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas 5 a 21, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor. Iglesias Fernández y este senador.

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 40 a 56, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 57 a 74 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 101, 102, 104 y 105, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Bel Accensi defiende las enmiendas 75 a 100 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió:




Página 8579


El señor Sanz Vélez defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 22 a 39 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 101, 102, 104 y 105, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Castosa Alvariño, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Granados Lerena, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

8692

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

4.1.3. Proyecto de Ley del Sector Eléctrico. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Industria, Energía y Turismo

8695

(Núm. exp. 621/000057)

El señor Muñoz Martín, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de las propuestas de veto.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré defiende la propuesta de veto número 2, presentada por esta senadora, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Mendizabal Azurmendi defiende la propuesta de veto número 3, del señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azumendi y el señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 5, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Mendizabal Azurmendi, del Grupo Parlamentario Mixto, informa a la Cámara de que votará a favor de todos los vetos presentados al Proyecto de Ley.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número 6, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Alique López defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Salanueva Murguialday y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario




Página 8580


Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para las senadoras Eva Parera Escrichs y Catalina García Carrasco, aunque solo esta última ha emitido voto telemático, siendo negativo en todas las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente resultado: presentes, 228, más 2 votos telemáticos, 230; votos emitidos, 228, más un voto telemático, 229; a favor, 69; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 228, más dos votos telemáticos, 230; votos emitidos, 228, más un voto telemático, 229; a favor, 67; en contra, 161, más 1 voto telemático, 162.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 230, más 2 votos telemáticos, 232; votos emitidos, 229, más 1 voto telemático, 230; a favor, 65; en contra, 160, más 1 voto telemático, 161; abstenciones, 4.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 229, más 2 votos telemáticos, 231; votos emitidos, 229, más 1 voto telemático, 230; a favor, 68; en contra, 161, más 1 voto telemático, 162.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente resultado: presentes, 230, más 2 votos telemáticos, 232; votos emitidos, 230, más 1 voto telemático, 231; a favor, 69; en contra, 161, más 1 voto telemático, 162.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 229, más 2 votos telemáticos, 231; votos emitidos, 229, más 1 voto telemático, 230; a favor, 69; en contra, 160, más 1 voto telemático, 161.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 1 a 13, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador y el señor Zerolo Aguilar.

La señora Salanueva Murguialday defiende las enmiendas 14 a 16 y 76 a 91, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 17 a 75, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador y el señor. Mariscal Cifuentes.

El señor Montilla Aguilera da por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 186 a 250 y defiende las números 251 a 346 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas aprobadas.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió números 347 a 355 y 357 a 448, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 484 y 485, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Los señores Medina Tomé y Arrufat Gascón defienden las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 92 a 185 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 356 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, las enmiendas 449 a 453 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y del Grupo




Página 8581


Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y las enmiendas 454, 455, 461, 463 a 466, 476, 478 a 481, 483 a 487 y 489 a 496, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Juncal Rodríguez defiende las enmiendas 457 a 460, 462, 467 a 475, 477, 482 y 488, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Juncal Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las veintitrés horas y veinte minutos.




Página 8582


Sección 25.




Página 8583


falta, con aquellas partidas generalistas y no territorializadas que Patrimonio Nacional tiene para estas cuestiones.

La segunda de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista se refiere a la existencia de tres nuevos altos cargos. Lo dije anteayer en el debate del veto a la sección. Nosotros, el Gobierno del Partido Popular, estamos empeñados en un ambicioso proyecto de reforma de todas las administraciones públicas, basado en el uso, y con la ayuda, de las nuevas tecnologías. Y para eso, efectivamente, se han creado dos nuevos altos cargos, no tres, como dicen ustedes. Uno es el de la directora para la Reforma de la Administración Pública y el otro es el del director de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, ambos con rango de subsecretario, sin que ello signifique un aumento de gasto, puesto que las partidas de personal en la sección 25, Ministerio de la Presidencia, en términos globales bajan con respecto a otros ejercicios presupuestarios.

La tercera enmienda se refiere a la memoria histórica, y hay que decir, y ya hemos dicho muchas veces, que la ley no está derogada. Las disponibilidades presupuestarias son las que son, y cuando cambien las circunstancias, en ese aspecto concreto de exhumación de fosas para dignificar a las víctimas y a sus familiares, descuiden que habrá las correspondientes subvenciones. De hecho, voy a darle un dato que visualiza muy bien cómo está el asunto, habida cuenta de las enmiendas que se han presentado a esta sección.

Hay dos enmiendas clásicas, una de los señores Mariscal e Iglesias, tanto monta, y otra del señor Guillot y el señor Saura, monta tanto, referidas siempre a esta cuestión, pero que en este caso se han caído —usando términos taurinos— del cartel. ¿Por qué? Porque se han ido al Ministerio de Justicia. El PSOE, sin embargo, mantiene la enmienda en el Ministerio de la Presidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la CORA, la Comisión para la Reforma de la Administración Pública, donde estamos empeñados y donde estamos trabajando, ha detectado dos unidades que se ocupaban de esta misma cuestión, una en el Ministerio de Justicia que elaboraba el mapa de fosas, y otra en el Ministerio de la Presidencia que asumía la subvención. Evidentemente, a partir de este momento y con esas reformas, por simplificación, por eficiencia, por muchas cosas, se va a reducir a una única unidad que va a estar en Justicia. De ahí que las enmiendas en esta ocasión hayan estado divididas entre un ministerio y otro, sin que haya habido coincidencia por parte de los grupos de la oposición. Cuando esta unidad empiece a funcionar y cuando las subvenciones puedan volver a convocarse, verá como sí hay medios para esa parte específica y concreta que es la exhumación de fosas, apartado contemplado en la Ley de memoria histórica con el que nosotros estamos de acuerdo.

Y con respecto a las enmiendas de la señora Capella, dos de ellas no tienen encaje en el Ministerio de la Presidencia. Usted pide incremento de partidas para formación de funcionarios de la Administración General del Estado en las lenguas de su comunidad, se refiere a Baleares y a Cataluña. Eso es de otra sección y aun queriendo, no podríamos darle satisfacción en esta cuestión.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Termino ahora mismo, señor presidente.

Y en la tercera enmienda, señora Capella, que es verdad que es coherente con su ideología republicana y de izquierdas, solicita que los gastos de la Jefatura del Estado incluidos en Patrimonio sean asumidos por la Casa Real. Señoría, no es posible porque la Jefatura del Estado trasciende a la propia Casa Real. Hay una serie de eventos, de responsabilidades que tiene la Jefatura del Estado, visitas de jefes de Estado extranjeros, presentación de credenciales por embajadores, recepciones institucionales, que son competencia exclusiva de la Jefatura del Estado.

Por tanto, no podemos atender esa enmienda que usted plantea.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Peñarrubia.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.




Página 8584


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias.

No esperaba más de ustedes, o menos de ustedes, que, efectivamente, no admitiesen ni una sola de las enmiendas que Esquerra Republicana presenta.

Obviamente, para ustedes, cuando se habla de la Casa Real siempre trasciende. Veremos hasta dónde llega la trascendencia, pero todo se andará.

En cuanto al resto de enmiendas, referidas a la formación en la lengua propia de las distintas comunidades autónomas, Catalunya, les Illes Balears y el País Valencià, País Valencià, repito, por tres veces, País Valencià, Illes y un Principat, Catalunya. El problema no es dónde se ubica la partida o dónde se ubica la enmienda, el problema real es lo que se pide: la formación en la lengua propia de las tres comunidades, Catalunya, vuelvo a repetir, Illes Balears y País Valencià.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)

No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario de la Entesa? (Pausa.)

No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario de Convergència i Unió? (Pausa.)

Tampoco interviene.

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)

Senador Antich, tiene la palabra.

El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar quiero agradecer el buen tono del senador representante de la mayoría y, básicamente, me voy a referir a una de las enmiendas que es, precisamente, la de memoria histórica.

En nuestro grupo estamos satisfechos de que el informe CORA empiece a dar resultados y que, por lo tanto, se eliminen duplicidades. Lo que pasa es que, en este caso, no solo se eliminan duplicidades, porque como, muy bien ha dicho, ni en el Ministerio de la Presidencia ni en el Ministerio de Justicia hay dinero para la memoria histórica. En ninguno de los dos sitios.

La enmienda que nosotros presentamos pide, básicamente, 3 millones de euros, que es menos de la mitad de lo que se gastaba en 2011. Todos conocemos la postura de la mayoría en este ejercicio y durante esta legislatura. En 2012 se redujo la partida en más de un 60%. En aquellos momentos, nos daban lecciones de que a pesar de que se reducía la partida, se invertiría mejor el dinero y que todo iría destinado a exhumaciones de fosas, tema en el que, al parecer, había un acuerdo de todas las fuerzas políticas, incluida la mayoría. Pero, realmente, el resultado fue que ni siquiera durante 2012 se convocaron las ayudas y, por lo tanto, este dinero no se gastó en exhumaciones de fosas. En 2013 esta partida se puso a cero y para 2014 se elimina y se dice que se pasará al Ministerio de Justicia.

Al mismo tiempo, aquí hemos oído toda una serie de argumentaciones dirigidas a explicar que la crisis se está acabando. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, lo que vemos es que se está acabando para algunas cosas, pero para otras no se termina de acabar, porque, en estos momentos, aún se mantiene un tema como la memoria histórica sin ningún tipo de subvención. Yo lo que pediría —ya lo hemos pedido en varias ocasiones durante este año a través de algunas iniciativas— es que hagamos una sentada respecto a este asunto y busquemos la fórmula de revertir esta situación porque, incluso en relación con la memoria histórica, hay muchas iniciativas que no significan grandes inversiones que se podrían llevar a término y tampoco se mueven. Parece como si hubiera una cierta postura en contra de mover absolutamente nada respecto de la Ley de memoria histórica. Ustedes dicen que no la han derogado, pero está asfixiada y, de facto, es como si estuviera derogada en estos momentos. Por lo tanto, valdría la pena hacer este esfuerzo.

Se trata de un tema muy relevante, y no solo lo decimos nosotros, sino que incluso hay sentencias que lo avalan. Estamos hablando, por ejemplo, de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2012, que dice que es inobjetable, desde cualquier punto de vista, por imperativo del respeto debido a la dignidad de todas las personas, y hasta por razones de policía sanitaria mortuoria, que los restos de quienes hubieran sufridos muertes violentas no pueden




Página 8585


Sección 26




Página 8586


materiales con los que pueden contar, salvo que estén psicológicamente blindados, tiene inmediata repercusión. Si a ello sumamos otra serie de medidas que han deteriorado la asistencia sanitaria en la red primaria y especializada y el alargamiento de las listas de espera entre un 20% y un 40%, tenemos que concluir que el Sistema Nacional de Salud está hoy en peores condiciones de lo que estaba cuando el Partido Popular llegó a asumir la responsabilidad del Gobierno.

Este presupuesto de la sección 26 no hace nada para corregir esa realidad de deterioro. Por eso hemos formulado un número importante de enmiendas que de forma muy rápida desgranaré.

En materia sanitaria planteamos un incremento del Fondo de Cohesión Sanitario en 30 millones de euros, que en tres ejercicios bajó el 75,76%. Asimismo, proponemos otra partida de 15 millones de euros para transferencias a las comunidades autónomas con la finalidad de que estas desarrollen estrategias de salud; también transferencias a las comunidades autónomas para el desarrollo del Plan bucodental por importe de 12 millones de euros. Igualmente, presentamos enmiendas para el desarrollo de programas autonómicos derivados del cumplimiento del Plan Nacional sobre el Sida y para las ONG que trabajan contra el sida por importe de 1,5 millones de euros como respaldo a su actividad. Consignamos una partida para la apertura del centro estatal de referencia de trastorno mental grave. Incrementamos la aportación al Plan Nacional sobre Drogas para compensar recortes anteriores e, igualmente, introducimos una enmienda para el desarrollo de obras de mejora en el hospital universitario de Melilla.

En cuanto a los servicios sociales implementamos diversas partidas a través de distintas enmiendas para que se incrementen las transferencias al IMSERSO. En primer lugar, unos 60 millones de euros en dos partidas, con el fin de que cuente con consignación una transferencia extinguida en el presupuesto de 2012, la que tiene como finalidad satisfacer el mínimo garantizado de la dependencia. Planteamos asimismo una enmienda para la creación de un fondo estatal de lucha contra la pobreza por importe de 150 millones de euros. Enmendamos para que haya transferencias a las comunidades autónomas destinadas a programas de servicios sociales por importe de 30 millones de euros.

Presentamos una enmienda que coincide con otra planteada por el portavoz de Foro a la sección, si no me equivoco, de Empleo y Seguridad Social, para la puesta en marcha en Langreo del centro Stephen Hawking, para personas con grades discapacidades neurológicas, con una consignación de 2 millones de euros.

Presentamos también distintas enmiendas para convenios con los ayuntamientos de Fernán Núñez, Torremayor o San Martín del Rey Aurelio, para la puesta en marcha de distintas infraestructuras en relación con los servicios sociales, desde un comedor social hasta residencias de mayores. Igualmente, presentamos una enmienda para que se produzcan transferencias a las comunidades autónomas con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de acción para las personas con discapacidad.

En materia de igualdad, presentamos enmiendas para aumentar la transferencia al Instituto de la Mujer, con el objetivo de que este potencie programas de igualdad de oportunidades y desarrolle programas de formación y fomento del empleo dirigidos específicamente a mujeres. Creemos que la violencia de género, desgraciadamente, no solo es un problema que no se resuelve, sino que se incrementa año tras año y por eso el compromiso presupuestario de la acción del Gobierno también debería incrementarse para paliar este crecimiento. Por ello, enmendamos, primero, para garantizar derechos económicos a las víctimas —planteamos una partida de 3 millones, ya que se ha producido en el proyecto una reducción del 1,5%—; segundo, para la coordinación de los recursos e instrumentos para la prevención de la violencia de género y, tercero, para que se pueda contribuir a fortalecer las medidas de sensibilización social frente a este fenómeno y para aumentar las transferencias a entidades y asociaciones que tienen como objeto de su actividad la lucha contra la violencia de género.

En juventud, reforzamos la consignación al Consejo de la Juventud de España, que vive un proceso de recortes en los últimos ejercicios.

En consumo, incrementamos la partida también para que se compense el recorte de las transferencias dirigidas al Instituto Nacional de Consumo.

Muchas gracias.




Página 8587


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La señora Capella ha presentado las enmiendas 897 a 906. Tiene la palabra para su defensa.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gràcies, senyor president.

No sé si el señor Tarradellas, el honorable, molt honorable president de la Generalitat, señor Tarradellas, caería de espaldas. Ya le digo yo que lo que hace Esquerra Republicana de Catalunya es mantener la línea ideológica histórica que siempre ha tenido. Algunos no pueden afirmarlo ni pueden mantenerla. En definitiva, seguramente, caería de espaldas porque alguien como usted se refiriese a él de la forma en que se ha referido. Les recomiendo, si ustedes no tienen nada con lo que pasar el tiempo, que lean los estatutos fundacionales de Esquerra Republicana, los que se aprobaron en la calle Cros, del barrio de Sants, en Barcelona. Seguramente, ustedes deberían aprender mucho de aquellos estatutos y de los debates que se produjeron en el seno de la calle Cros, porque, en definitiva, allí ya se defendía el derecho de las mujeres a votar, se defendía el derecho al aborto, entre otras muchísimas cosas más, y ustedes, cuando han pasado ya más de ochenta años, aún no han llegado a ese grado de evolución. Por tanto, tomen nota, aprendan y no pongan el dedo donde no toca, porque, en definitiva, les puede salpicar o les puede hacer daño.

En cuanto a las enmiendas que hemos presentado, como estos Presupuestos Generales del Estado son tan sociales, nos hemos tomado la molestia de mirar en qué partidas no son sociales, y, vaya, ¡qué casualidad!: en todo lo que es referente a servicio y apoyo a las familias y atención a los menores. Y se lo repetía también el otro día: en fondos para erradicar la pobreza estructural, fondos destinados a la atención de menores y a la pobreza de menores, porque España es uno de los países de la Unión Europea que está en peor situación, solo superada por Rumania y Bulgaria. Se les debería caer la cara de vergüenza.

Aportaciones a los proyectos de apoyo y rescate a las personas que ejercen la prostitución, al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, porque la Generalitat de Cataluña tiene las competencias transferidas. Destinen la parte proporcional a Cataluña y no se lo gasten porque, en definitiva, ustedes no lo gastan donde toca.

Elevar la partida destinada a programas sociales y a programas de infancia y familias en materia de educación y atención a las familias desfavorecidas en situación de riesgo y a aquellas que padecen violencia familiar. Repito que estamos en la sección dedicada a Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pero la igualdad brilla por su ausencia. Aumenten las partidas destinadas a estos programas.

Plan de acción para personas con discapacidad. Se les debería caer la cara de vergüenza, porque cuando ustedes estaban en la oposición siempre pedían más para estas partidas y ahora las dejan prácticamente a cero.

Y cumplan con los compromisos de la Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Cumplan con los acuerdos políticos con Cataluña, por ejemplo, y paguen lo que toca en materia de discapacidad y dependencia. La Generalitat de Cataluña aporta el 80% de los recursos cuando debería estar aportando el 50%.

Cumplan al menos los acuerdos políticos porque, en definitiva, no cumplen los pactos ni la palabra que dan. Tienen donde mirarse. Mírense al espejo y no pongan el dedo donde no toca.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Los senadores Quintero y Zerolo han presentado las enmiendas 977 a 981. (El señor Peñarrubia Agius pide la palabra.)

Senador Peñarrubia, estamos en otra sección. Ya hemos cambiado de sección, lo siento mucho. No me reabra debates que ya se han cerrado.

Senador Quintero, tiene la palabra.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente para defender las enmiendas 977 a 981. Entendemos que en financiación sanitaria existe una deuda histórica con Canarias y así lo hemos defendido todos los partidos: el Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición Canaria.

Es verdad que, dada la situación que atravesamos, hay que ser muy cautos para suscitar esta deuda histórica, pero existe, y por eso presentamos diferentes enmiendas.




Página 8588


Algunas de ellas se dirigen a la protección del maltrato infantil porque entendemos que se ha reducido mucho esta partida que nosotros consideramos tan importante. Los programas de servicios sociales para las corporaciones locales nos parecen importantísimos porque en época de crisis los ciudadanos primero acuden a las instituciones más cercanas, a los ayuntamientos, y vemos que estos programas de atención de servicios sociales para las corporaciones locales han descendido drásticamente. Hemos presentado diferentes enmiendas para suplir de alguna manera, no las partidas que existían hace tres o cuatro años, pero sí por lo menos para moderar el descenso en esta partida e intentar que las corporaciones locales tengan financiación para atender los servicios básicos sociales de primera necesidad.

Otro tipo de enmiendas se destinan a la atención a la infancia y a las familias porque esta partida tan fundamental también se ha reducido, y algunas otras se dirigen a la dependencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 2888 y 2889.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna; egun on senatari jaun-andreok.

Si usted me lo permite, señor presidente, intervengo desde el escaño para defender las dos enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado a esta sección 26: Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Una de ellas corresponde a una transferencia interna, capítulo 4, artículo 42, al IMSERSO, para alcanzar el nivel convenido de dependencia. Se pretenden consignar 283 200 miles de euros correspondientes al déficit que se ha generado por la eliminación de la financiación en el nivel acordado de forma unilateral por el Gobierno en el 2012. De esos 283 200 miles de euros, 18 corresponderían a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La otra enmienda va en la misma línea. Se trata de una transferencia, capítulo 4, artículo 42, al IMSERSO, para atender las obligaciones de la Seguridad Social de cuidadores no profesionales de personas dependientes, por un importe de 330 000 miles de euros, equivalentes a lo que el Gobierno se ha ahorrado por la eliminación de las aportaciones para atender a las citadas obligaciones a la Seguridad Social.

Defenderé la postura de mi grupo con un poco más de tiempo, espero y supongo, en el turno de portavoces. También quería aclarar, por si acaso, ya que anoche nos sucedió, que no presentamos más enmiendas no porque estemos de acuerdo con el resto del articulado, sino porque nos hemos concentrado en estas dos. Lo digo para que no tengamos otra confusión como anoche.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado las enmiendas 1694 a 1733, 2048 a 2069 y la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 3029, del Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. Ante la pregunta: ¿no cree que sean necesarios mecanismos específicos para corregir la desigualdad? La respuesta del presidente Rajoy fue: no, mire, para que España salga de la crisis no creo que sea necesario ningún mecanismo específico, es decir, salir de la crisis es fundamentalmente que haya mucha gente trabajando. Esta pregunta pertenece a una entrevista que se publicó el pasado lunes en un periódico de gran tirada nacional. Y es así de simple: ustedes no creen que sean necesarios mecanismos específicos para paliar la desigualdad creciente que estamos viviendo y esto es lo que reflejan sus presupuestos en esta sección, ninguna medida específica para corregir la desigualdad.

Saben sus señorías, porque ya lo hemos dicho muchísimas veces en esta tribuna, que hay muchísimos estudios que demuestran que la desigualdad genera grandes disfunciones en muchos aspectos del tejido social. Dice Michael J. Sandel, profesor de política y justicia de Harvard, que la




Página 8589


desigualdad creciente es un problema para la democracia y añade que es un problema que va mucho más allá de la pobreza.

Cáritas, en su reciente informe, el de octubre de 2013, alerta de que en nuestro país la pobreza severa —se considera severa cuando una persona tiene una renta inferior a 307 euros al mes— alcanza ya a 3 millones de personas, el doble que antes de empezar la crisis. Al mismo tiempo, con el valor más alto de toda Europa, en España el 20% de la población más rica concentra 7,5 veces más riqueza que el 20% de la población más pobre y esta tendencia, además, corre el riesgo de verse incrementada por el elevado nivel de desempleo, por la pérdida de capacidad adquisitiva de la población y por el debilitamiento de las políticas sociales y el recorte progresivo de derechos en sanidad, educación y en ayudas de protección social. Y no nos podemos olvidar de que se ha incrementado el número de parados de larga duración, especialmente en los grupos de mayores de 50 años, y que un 12,7% de los trabajadores, de personas con empleo está en riesgo de exclusión social.

¿Y ustedes creen que esto mejorará sin medidas específicas para la desigualdad, solo generando empleo? Empleo que hoy por hoy no vemos, porque, a día de hoy, tenemos un millón menos de ocupados que el año pasado, para ser exactos, 984 300 personas menos cotizando en nuestro país.

Por todo esto, nosotros consideramos que son necesarias políticas y medidas específicas para combatir la desigualdad y nuestras enmiendas van en esa dirección. Voy a destacar solamente algunas. Daré el resto por defendidas. El Grupo de la Entesa ha presentado un total de 59 enmiendas a la sección 26. En las enmiendas 1698 a 1704 y 2063 proponemos recuperar las partidas dedicadas a los programas de rehabilitación de toxicómanos con problemas jurídico-penales, a las ONG del ámbito estatal o a los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas, porque desde que ustedes gobiernan las partidas de este plan han sufrido un recorte de un 42%. Y lo mismo pasa con las partidas sociales, que este año disminuyen un 46,8%, pero si le sumamos los presupuestos anteriores, el recorte es superior a 2000 millones de euros, justo cuando hay 12 millones de personas que están demandando ayudas sociales en nuestro país.

Por todo ello, nuestras enmiendas 1726, 1727, 1729 hasta la 1733, así como las enmiendas 2056, 2059, 2062 y 2069 proponen dotar a los presupuestos de aquellas partidas necesarias para hacer frente a la situación que están viviendo las personas con más vulnerabilidad, aquellas que están en el límite. También insistimos en la defensa de la recuperación de la Ley de la dependencia, esa que ustedes están desmantelando por la puerta de atrás presupuesto tras presupuesto.

Me gustaría destacar dos enmiendas, la 1729 y la 2055, en las que proponemos que se dote un fondo para la pobreza, una medida concreta y específica, porque saben ustedes perfectamente que los datos de pobreza en nuestro país hoy por hoy son estremecedores, alcanzando la pobreza infantil un 26,7%.

Este año los recortes en sanidad son del 0,4% respecto al presupuesto anterior. No parece mucho, pero el problema de los recortes en sanidad ya lo comentamos en el veto, y es que no es algo numérico, sino que básicamente son recortes de derechos: derecho a la sanidad para todos los ciudadanos, derecho a adquirir medicamentos sin copago, y no lo digo yo solamente, señorías, lo dice el Consejo de Europa, que asegura que las reformas de la señora Mato socavan los derechos humanos.

Nuestras enmiendas en sanidad, por lo tanto, van en la misma dirección que el año pasado. Queremos recuperar el plan de salud bucodental, que fue eliminado hace dos ejercicios, y queremos recuperar el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, que ha sido eliminado este año. Proponemos dotar con 88 millones de euros el Fondo de cohesión sanitaria, porque mientras la ministra repite sin cesar que nuestro sistema es igual para todos los españoles, han recortado del Fondo de cohesión un 74%, partida que cohesionaba el sistema.

Y siguiendo esta línea tan clara del ministerio, que dicen una cosa y hacen otra, presentamos un bloque de enmiendas para el Plan Nacional sobre el Sida, porque el año pasado desapareció de los Presupuestos Generales del Estado, y continúa desaparecido. Señorías, los enfermos con sida no van a desaparecer. Es más, si no hacemos políticas activas contra el sida, el número de enfermos aumentará.




Página 8590


Por último, igualdad, esa igualdad en la que ustedes no creen y que van recortando cada ejercicio. En primer lugar, no podemos combatir la violencia machista sin recursos, porque este año se han producido, si no voy equivocada, 49 asesinatos, pero desde 2007, año en que empezó a haber un registro, llevamos más de 700 mujeres muertas por violencia machista. Son demasiadas muertes para permitirse un recorte de un 28% en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, ¿no les parece?

No podemos olvidar que para avanzar en igualdad hay que trabajar transversalmente desde todas las secciones, señorías, y recuerden que las mujeres siguen siendo el rostro más visible de la pobreza y la exclusión social en nuestro país. Por ello nuestras enmiendas también pretenden dotar de recursos programas de formación y de empleo femenino.

Termino, señorías. La posición de partida de los individuos no debe condicionar el desarrollo de sus vidas, y para ello es tan importante corregir las desigualdades de origen como garantizar un sistema de protección que prevenga la exclusión y que, sobre todo, dé segundas oportunidades, porque no todo lo que nos ocurre a las personas depende de nuestra voluntad o de nuestra capacidad. Nuestras enmiendas pretenden ser medidas, pretenden ser mecanismos específicos para corregir la desigualdad, porque nosotros, a diferencia del presidente del Gobierno, sí consideramos necesarias estas medidas para garantizar un futuro mejor.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado las enmiendas 3447 a 3453 y 3636 a 3649.

Para su defensa tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president. Señorías, muy buenos días a todos.

Hemos presentado un total de 21 enmiendas a la sección 26. En algunos casos van muy en la línea de las enmiendas presentadas por parte del resto de grupos.

En el ámbito de los servicios sociales saben que la máxima preocupación de los grupos en la oposición, y así se demuestra Pleno tras Pleno, es el presupuesto que destinan a la atención a la dependencia. Hace dos años ustedes se cargaron literalmente el sistema de financiación planteado para las personas dependientes, un sistema que todos tenemos claro que se planteó infradotado y que ha generado a lo largo de estos años, como saben, muchísimas expectativas que ahora se están convirtiendo en auténticas frustraciones. Pero lo que esperábamos de ustedes es que dotaran más el presupuesto para atender a estas personas, no que se cargaran el sistema de un plumazo.

Señorías, la salud, lamentablemente no entiende ni de crisis, ni de deuda, ni de déficit. Cuando te toca, te toca. Y para algunos el hecho de vivir no es nada fácil. Y precisamente porque somos conscientes de esta dificultad creemos que en este momento no se puede dejar de dotar las partidas a las que estoy haciendo referencia. Ahora es muchísimo más complicado para las familias afrontar los costes de atención a los familiares dependientes que, tristemente, necesitan ayuda simplemente para poder vivir dignamente. Ustedes no destinan suficientes recursos para asegurar esa mínima calidad de vida.

En los presupuestos presentados mantienen por tercer año consecutivo la suspensión del nivel acordado para dependencia, incumpliendo, como han dicho, la ley en uno de sus niveles de protección. Esta ley establece claramente en su disposición transitoria primera que entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2015 la Administración General del Estado consignará anualmente en sus presupuestos créditos para atender los convenios con las comunidades autónomas a través del establecimiento del nivel acordado. Por tanto, están incumpliendo su obligación. Pero, evidentemente, más allá del nivel acordado, tenemos un problema también con el mínimo garantizado. Mantienen para este ejercicio de 2014 un presupuesto que se ha demostrado manifiestamente insuficiente y, por tanto, me atrevo a decir que la financiación que plantean ustedes para la Ley de dependencia es claramente antisocial, supone una regresión y demuestra que para ustedes este tema no constituye en ningún caso una prioridad.

Yo no me cansaré de repetir y de dar el mismo argumento Pleno tras Pleno. Si la Generalitat hubiese aportado los mismos recursos que el Estado para la atención a dependientes en Cataluña, no habrían podido entrar en el sistema más de 90 000 personas, es decir, un 59% de los atendidos.




Página 8591


En 2012 el Estado aportó para la dependencia en Cataluña un total de 243 millones de euros, y la Generalitat aportó 900 millones. Como ven, una absoluta desproporción que demuestra que lo único que hace su política es traspasarle el problema a otras administraciones, pero no por no querer asumir el problema este va a desaparecer.

Señorías, los recursos para la dependencia son necesarios, y ustedes deben ser responsables frente a este tema y eliminar otros gastos que son superfluos y que ustedes han incorporado en su presupuesto.

Señorías, ustedes saben perfectamente que cargan la responsabilidad en las comunidades autónomas y en las administraciones locales. Esto, evidentemente, o es incoherente e incompatible con los objetivos económicos del señor Montoro, o es incoherente e incompatible con nuestro sistema del Estado del bienestar. Pero ustedes, claramente, han decidido. Los presupuestos son la plasmación de su proyecto político y, en este sentido, están abandonando el barco. Por este motivo, porque en ningún caso compartimos su modelo, hemos presentado en primer lugar una enmienda que pretende recuperar el nivel acordado que, como he dicho, eliminaron hace ahora dos años sin pensar en los efectos que eso podría provocar o, al menos, haciendo caso omiso de lo que podría haber provocado. Como saben, el nivel convenido es imprescindible para las comunidades autónomas que deben financiar los servicios y las prestaciones derivadas de la Ley de dependencia y, en este sentido, proponemos dotar el nivel acordado con 283 millones de euros aproximadamente. Además, todos sabemos que la difícil situación económica por la que están pasando gran número de familias ha provocado precisamente un importante incremento de la demanda de ayudas, no solamente de ayudas a la dependencia sino también ayudas de servicios de prestaciones sociales.

Por este motivo, más allá de solicitar la recuperación del nivel acordado, como he dicho, presentamos varias enmiendas que pretenden dotar con más recursos las siguientes partidas: La partida genérica para programas de servicios sociales, 59 millones de euros. El Plan de acción para personas con discapacidad, pedimos más de 5 millones de euros. Los proyectos de atención a la infancia y las familias, solicitamos más de 5 millones de euros. Programas para la emancipación de los jóvenes, colectivo que, como saben, es uno de los más afectados por la crisis y por la falta de ocupación, de trabajo y, por tanto, por el paro, 2 millones de euros. Recursos para los programas de promoción y servicios a la juventud, más de 10 millones de euros. Recursos genéricos para los programas dirigidos a las mujeres, colectivo para nosotros muy importante, y sobre el que presentamos una enmienda concreta para un programa específico de emprendimiento, inclusión e inserción sociolaboral de mujeres; estas dos partidas suman más de 4 millones de euros.

Proponemos también habilitar una partida con los recursos destinados a las comunidades autónomas para actividades de interés social y regulados por el artículo 2 del Real Decreto Ley 7/2013, de 28 de junio, con una dotación de más de 100 millones de euros, y en este punto me gustaría hacer una breve reflexión. Como ustedes saben, la Generalitat ha reclamado siempre la gestión territorial de los fondos del 0,7% del IRPF para fines sociales, primero, porque la Generalitat tiene atribuidas con carácter exclusivo las competencias en este sentido y, segundo —además, lo debatimos hace unos días en comisión—, porque las bases de subvenciones planteadas hasta este momento eran injustas y premiaban claramente los proyectos liderados por entidades sociales supraterritoriales que tenían efectos directos o indirectos en más de una comunidad autónoma, una fórmula que, a nuestro entender, excluía las entidades sociales territoriales, locales que trabajan en un ámbito más pequeño pero que desarrollan un trabajo importantísimo para todos aquellas personas vulnerables que necesitan ser atendidas.

Este año las modificaciones planteadas en el real decreto ley intentan evitar el problema de invasión competencial y salvan, así, una situación que se estaba produciendo hasta este momento, recursos, sentencias, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, etcétera; entendemos que este cambio que ustedes plantean en el real decreto es una maniobra legal que les deja a ustedes en una mejor posición desde un punto de vista jurídico pero que no soluciona el problema de fondo que nosotros reclamamos, y por este motivo presentamos una enmienda que de nuevo pretende que sean las comunidades autónomas las que gestionen los recursos destinados a interés social y, por tanto, los mismos criterios y las mismas razones que nos llevaban a reclamar la gestión del 0,7% del IRPF para fines sociales son las que nos llevan a reclamar la habilitación de esta




Página 8592


partida y la gestión de los recursos destinados a actividades de interés social y regulados por este real decreto ley.

Señorías, no podemos desatender a la gente y en este sentido van dirigidas nuestras enmiendas, ese es el principal objetivo. Por ello, y en la línea de lo que acabo de explicar, también hemos incorporado a este bloque de enmiendas ligadas a la dependencia y a los servicios sociales una batería de enmiendas vinculadas directamente a fundaciones o entidades que atienden y prestan servicios a colectivos concretos y que, a continuación, muy rápidamente voy a citar: Asociación ASPRONIS, que trabaja con personas con discapacidad intelectual en las comarcas del Maresme y La Selva, 500 000 euros. La Fundación Esclerosis Múltiple, que trabaja en programas de investigación y ayuda en la prevención de la dependencia, 100 000 euros. La Fundación Miquel Valls, que trabaja para la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por esclerosis amiotrófica y sus familias, 100 000 euros. La Fundación Sagrat Cor, de Sarrià, que, conjuntamente con INADIS, trabajan para la construcción de un centro de desarrollo y mejora de la calidad de vida de niños y adolescentes con una grave discapacidad motriz. La Fundación El Somni dels Nens, que tiene como misión hacer realidad los sueños de los niños y las niñas afectadas de cáncer u otras enfermedades crónicas o graves, 40 000 euros. La Fundación Bonanit, para el alojamiento de personas sin techo, uno de los problemas más importantes en la actualidad.

Finalmente, hemos presentado una enmienda que pretende conseguir recursos para dotar el proyecto que lidera el Casal dels Infants, que trabaja para combatir la exclusión social de los niños y los jóvenes, 500 000 euros.

Finalmente, hemos presentado también una serie de enmiendas vinculadas al desarrollo del Plan Nacional sobre Drogas, en las que pedimos más de 8 millones de euros, así como otras vinculadas a la enfermedad del sida, que afecta a unas 150 000 personas en el Estado español y, como bien decían, si no se trabaja en su prevención puede afectar a muchísimas personas y que, evidentemente, necesita recursos para la investigación no solamente para la prevención. En definitiva, se trata de un bloque de enmiendas que buscan un incremento de recursos y que permitirían atender las necesidades de los ciudadanos, especialmente, los más vulnerables.

Vista la realidad actual, los presupuestos que presentan son una clara barrera al correcto desempeño de las competencias de las comunidades autónomas que tienen en exclusiva los servicios sociales y sanidad.

El portavoz del Partido Popular que ha intervenido en la sección anterior, en la de Presidencia, ha dicho que en épocas de restricción presupuestaria hay cosas que se deben priorizar y otras que pueden esperar. Y eso me ha dado muchísimas esperanzas porque las enmiendas presentadas a esta sección afectan a los más vulnerables y, por tanto, entiendo que, como no pueden esperar, van a ser todas aceptadas.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas números 1262 a 1311 y la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 3029, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Andrés.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, presidente.

Subo a esta tribuna para hacer la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista relativas al apartado de servicios sociales. Compartiré turno con mis compañeras las senadoras Flores y Llinares. Y voy a pedir una cosa, igual que mi grupo entiende y respeta que, como grupo parlamentario que apoya al Gobierno, ustedes hagan la defensa de estos presupuestos, espero que dejen, como llevan haciendo todo el debate de presupuestos, de quitarnos la legitimidad que nos dieron siete millones de votos para hacer, como estamos haciendo, nuestra función de oposición y control al Gobierno y para plantear, como millones de ciudadanos esperan de nosotros, nuestras alternativas a sus políticas.

Por tanto, espero que dejen de atacar al Partido Socialista por el mero hecho de haber gobernado la pasada legislatura y defiendan con argumentos propios, si es que los tienen, estos presupuestos porque, de lo contrario, nos ponemos todos a hablar de las gestiones en los territorios de nuestro país, y hablamos de Valencia y de Madrid, y hablamos de los circuitos de




Página 8593


Fórmula 1, de los aeropuertos sin aviones o del cierre de televisiones, previo indecente despilfarro gubernativo también, no solo de Andalucía y de Cataluña, como mencionan continuamente cada vez que suben a la tribuna. (Aplausos.) Porque podríamos hablar de Valencia, donde el CERMI ha hecho un vídeo para convencer y concienciar a los ciudadanos del ataque de las políticas de discapacidad del Partido Popular a todo este sector, y podríamos hablar de Madrid y de lo que es noticia hoy, cómo la Comunidad de Madrid cobró por 4000 dependientes sin revisarles el grado, que está en la Fiscalía, y ha tenido que devolver 8 millones de euros.

Por tanto, señorías, cuando les escucho definir estos presupuestos de sociales y de crecimiento, me duele en el alma; y me duele en el alma por los millones de ciudadanos que no ven este crecimiento y, lo que es peor, no lo sienten, porque son millones —y lo han dicho aquí algunos portavoces— los nuevos usuarios de los servicios sociales para algo tan básico como comer o como dar de comer a sus hijos. Y se lo vuelvo a repetir, y lo haré cada vez que tenga la oportunidad de subir a esta tribuna, señorías, el hambre es real, el hambre existe, y afecta en España a más de dos millones de españoles que cada vez más necesitan de los servicios sociales que se sustentan vía Estado en estos presupuestos a través del plan concertado que, después de tres presupuestos elaborados por el Partido Popular, ha mermado en un 70%, y esta merma se produce cuando hay un aumento de más de un 30% de la demanda de los servicios sociales. ¿De qué crecimiento nos están hablando? Por este motivo una de las enmiendas que presenta mi grupo parlamentario es la implementación en 57 millones de euros del plan concertado, y con que consignen la cantidad presupuestaria de la herencia socialista nos damos por satisfechos.

También de herencia socialista me gustaría hablarles en dependencia, y en ese sentido por reponer el nivel acordado —como ha comentado la portavoz de Convergència i Unió— con 283 millones, también lo que consignaba el último Gobierno de herencia socialista, 283 millones para las comunidades autónomas, porque con tres años de elaboración de presupuesto por el Partido Popular ya llevan quitados solo en esta partida 1000 millones, 1000 millones menos para dependencia. Cantidades para los cuidadores familiares, que han pasado de cobrar —y están ahí los recibos que lo demuestran— una media de 350-400 euros a 30-40 euros. Y no me hablen de la profesionalización de los cuidados, porque cada día hay más camas vacías en sus residencias públicas. ¿Y saben por qué? Porque sus pírricos presupuestos para dependencia ya no dan ni para cubrir la tasa de reposición de entrada de nuevos beneficiarios al sistema. Y nos hablan aquí, por favor, de que han hecho la Ley de dependencia más sostenible, más con menos de nuevo, y más para los que menos tienen también de nuevo. Eso no es la crisis, señoría, eso es una forma de gobernar y una manera de ver la política que me voy a ahorrar en definir.

Pero si hay una enmienda que para nosotros cobra especial relevancia es por la que mi grupo parlamentario pide un fondo estatal de emergencia para las familias en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social —y saben que no es nuevo y saben que lo llevamos pidiendo más de un año—, un fondo estatal de 1000 millones de euros. Señorías, a ustedes se les llena la boca con su defensa de apoyo a las familias, y esto sí que sería una buena medida para las familias. Se estima que casi 3 500 000 de familias necesitan de organizaciones humanitarias como apoyo para su alimentación. UNICEF viene denunciando que más de 2 millones de niños viven por debajo del umbral de la pobreza en nuestro país. Y lo volvemos a repetir: la Comisión Europea define sus políticas como de auténticos atentados a los derechos humanos en sus efectos devastadores en la infancia española.

Están ustedes a tiempo de paliar en cierta medida la situación que viven millones de familias en este país aceptando esta enmienda en los presupuestos. Demuestren realmente que son los presupuestos de la recuperación; hagan un poquito más pequeña la brecha entre ricos y pobres en este país, que ustedes mismos han agrandado con sus políticas. Dejen de llenarse la boca hablando de la estructura familiar de nuestro país y lo importante que es esa estructura, cuando con sus políticas menoscaban a pasos agigantados las posibilidades de mantenerla. Hagan por una vez algo de lo que dicen.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Andrés.

Tiene la palabra la senadora Flores.




Página 8594


La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

No tengo más remedio que empezar con una previa. (La señora Flores Fernández muestra un papel a la Cámara) Así es como el Partido Popular trabaja en favor de la igualdad, señorías: Cospedal despidió a una embarazada porque no dijo que le dolía la espalda al entrar a trabajar para la Junta. (Aplausos.—Rumores.) Estos son hechos.

Bien, señorías, voy a defender las ocho enmiendas que mi grupo parlamentario presenta al apartado de igualdad de la sección 26, en concreto las números 1279 a 1286. Y lo voy a hacer siendo consciente de que la igualdad no se circunscribe a un apartado, ni tan siquiera a un ministerio, sino que debe impregnar toda la acción de un Gobierno comprometido con ella. ¿Pero lo está el Gobierno del Partido Popular? No, rotundamente no, y la prueba es que de una forma u otra se le ha reprochado en numerosas ocasiones durante este largo debate.

Porque, señorías, estos presupuestos son injustos e ineficaces para seguir avanzando en la igualdad. Nuestras enmiendas pretenden paliar los déficits que, a nuestro juicio, tienen, sabiendo y siendo conscientes de la situación económica en la que nos encontramos. Un grupo de ellas son relativas a políticas contra la violencia de género, que han sufrido un recorte del 28% desde el año 2011. Queremos mejorar la coordinación y la atención personalizada para las víctimas; reponer fondos para las campañas de sensibilización y concienciación social imprescindibles para la prevención; reponer fondos también para la asistencia social a estas mujeres, sus hijos e hijas, recortados desde 2011 en un 24%. Por cierto, señorías, ¿dónde está la dotación presupuestaria para la estrategia nacional de violencia de género que anunciaron a bombo y platillo aquella semana negra en la que fueron asesinadas cuatro mujeres? No han puesto nada, ni tan siquiera una parte de los 1500 millones de euros que prometieron. Señorías, ¿es que están pensando que pague otro? Les reclamamos una vez más un pacto de Estado contra la violencia de género. Seguro que todos los grupos políticos podríamos ponernos de acuerdo.

Otro grupo de enmiendas va encaminado a la igualdad de oportunidades que también ha sufrido un recorte en estos dos años de un 47,7%. Proponemos reponer fondos para las políticas de formación y fomento del empleo femenino recortadas en un 94%. Se castiga a comunidades autónomas y al tejido asociativo de mujeres y, sin embargo, se subvenciona a la patronal. Siguen beneficiando los programas gestionados por la CEOE, por la fundación INCIDE, etcétera, en detrimento —como les decía— de otras partidas de gasto que antes gestionaba este tejido asociativo que acumula una gran experiencia.

Señorías, en el primer trimestre del año en curso la tasa de actividad de las mujeres fue inferior a la de los hombres en más de 13 puntos porcentuales, y hasta mayo más de 300 000 mujeres perdieron su puesto de trabajo; un 80% entre 20 y 34 años. Con este panorama, ¿cómo eliminan prácticamente estos programas? Por no hablar de los resultados de su magnífica reforma laboral.

El pasado día 9, o sea, este lunes, los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de los Veintiocho se comprometieron a emprender acciones positivas para apoyar la igualdad. ¿Cómo lo van a hacer con estos presupuestos? No me refiero solo a este apartado, sino al conjunto de ellos. Tampoco queremos que se eliminen los microcréditos que, a nuestro juicio, han sido de gran ayuda para las emprendedoras.

Nuestras enmiendas van destinadas, además, a programas de aplicación de la igualdad de oportunidades que fomenten la no discriminación de las mujeres y su participación en la actividad social cualquiera que sea el ámbito. Porque este presupuesto va, señorías, en la dirección contraria a la igualdad y los derechos de las mujeres. Y qué decir del Instituto de la Mujer. Es verdad que no lo han eliminado de nombre, pero lo han desinflado vía presupuesto y lo han camuflado entre la maraña administrativa del ministerio; y es que después de sufrir un recorte del 34,13% desde 2011 lo dejan prácticamente finiquitado, señorías, porque se pierde definitivamente la cantera de especialistas de género que se había ido formando a lo largo de los años. Ya no hay dotación para las ayudas a estudios universitarios de posgrado, tampoco hay dotación para las becas de formación en materia de igualdad. Eso es lo que pretenden nuestras enmiendas, que se repongan al menos en parte estos fondos.

Al inicio de mi intervención hacía mención al concepto transversal de igualdad que debería haber impregnado estos presupuestos. Quiero volver a ello haciendo especial mención al preceptivo informe de impacto de género que acompaña al proyecto de ley y que en sus 377




Página 8595


páginas niega cualquier efecto negativo sobre la igualdad cuando la realidad es que bajan las partidas que directa e indirectamente inciden en la igualdad de género.

Estos presupuestos vienen a corroborar lo que ya habíamos constatado en otra iniciativa del Gobierno popular: recortes brutales en educación y sanidad; desmantelamiento de la atención a la dependencia; una ley recientemente aprobada, la LOMCE, que elimina la educación para la ciudadanía y financia centros que segregan por sexo; la reforma de la Ley de Régimen Local que vamos a ver en esta Cámara próximamente, esa que ustedes llaman de sostenibilidad y racionalización, que lo que hace es eliminar la competencia municipal en la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social; la ley de pensiones, que vamos a ver ahora, que tan negativa va a ser para todos en general y para las mujeres en particular, pues tienen menos cotizaciones y en menor cantidad, etcétera, etcétera.

Podríamos seguir, pero con todo lo dicho creo que basta para afirmar que la igualdad ha dejado de ser una prioridad política del Gobierno de España. Es más, a nuestro juicio, vamos hacia un nuevo orden de género que, por primera vez en varias décadas, va a suponer un retroceso significativo en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres o entre mujeres y hombres.

Señorías del Grupo Popular, su música, cuando ustedes hablan, suena bien, pero cuando le ponen la letra, permítanme que se lo diga, la estropean; y es que —se lo vuelvo a decir— cuando la derecha entra a gobernar la igualdad sale por la ventana.

Por todo lo anterior, les solicito, señorías, su voto afirmativo a las enmiendas.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Flores.

Tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Buenos días. Gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que empiece mi intervención diciendo que el otro día el senador Aguirre de forma muy solemne empezó con un titular: Pajín dejó tocado el sistema sanitario, según un informe de la OCDE. Pero claro, ese fue el fin de la cita. Yo sí voy a completar esa información, porque lo que no vamos a permitir bajo ningún concepto es que para justificar lo injustificable ustedes manipulen los datos y las informaciones. Por tanto, voy a continuar el titular que citó el señor Aguirre: Es verdad que España se estancó entre 2009 y 2011 en gasto sanitario per cápita, gasto público y privado. ¿Por qué? Las políticas de reducción del gasto farmacéutico llevadas a cabo por el Gobierno socialista tienen reflejo en este informe ya que la media anual de crecimiento de este gasto per cápita baja entre 2009 y 2011 más de un punto sobre la media de la OCDE. ¿Y esto qué quiere decir? Buena gestión en el uso racional del medicamento, y eso sin meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos y de las ciudadanas y sin expulsar a nadie del Sistema Nacional de Salud, que es lo que ustedes están haciendo. (Aplausos.) Por tanto, menos manipulación.

También dice esa información que el aseguramiento privado experimentó un descenso entre 2005 y 2011, ¡qué casualidad! Cosa que no ocurre ahora con un Gobierno del Partido Popular. Y descendió el aseguramiento privado porque la ciudadanía creía en nuestro Sistema Nacional de Salud y hoy, por desgracia, cada día cree menos por los recortes que ustedes están realizando. Por tanto, señorías, ya está bien de manipular las informaciones.

Otro titular: El gasto sanitario público per cápita ―repito, gasto sanitario público per cápita― en relación con el PIB, en el año 2011 era del 6,4%; la previsión para el año 2014 es del 5,8%. Por tanto, por mucho que ustedes lo nieguen y por mucho que se enfaden, los recortes son bestiales, pero como han dicho muchos portavoces aquí, lo grave no son los recortes ―que lo son―, lo grave son las medidas de desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud que ustedes están implantando con ese real decreto inmoral, injusto y cruel, el Real Decreto 16/2012.

Por tanto, en el ámbito de la sanidad, mi grupo parlamentario ha presentado dieciséis enmiendas, las números 1287 a 1302, para intentar paliar ―solamente paliar, en la medida de lo posible― el desbarajuste y el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud, pero teniendo claro que solo pretendemos paliar porque la prioridad del Grupo Socialista y de la ciudadanía en general es que ustedes deroguen el Real Decreto 16/2012 porque supone un recorte de derechos, y así lo han dicho muchos portavoces que han intervenido desde esta tribuna. Por ello, siempre




Página 8596


que el Grupo Socialista tenga la oportunidad insistirá en ese sentido porque esa es la máxima prioridad y es un compromiso serio del grupo socialista derogar ese real decreto.

Todos los portavoces y la ministra de Sanidad se atreven a decir que estos presupuestos son la panacea, que marcan el final de la recesión y el inicio de la recuperación económica y social. Pero, señorías, ¿ustedes en qué país viven? ¿Pero ustedes salen a la calle? Se lo han dicho: por mucho que quieran negarlo, hay personas que no pueden comprar las medicinas, las hay y las conocemos, con nombres y apellidos.

Se han reducido los profesionales sanitarios, no se cubren las bajas, ni las jubilaciones, ni las excedencias. ¿Qué está pasando? Pues que se han disparado las listas de espera de forma escandalosa. Se cierran quirófanos, se cierran centros de salud, se cierran urgencias. Y a ustedes les parece que esto es aumentar la calidad del Sistema Nacional de Salud. De verdad, yo creo que deberían ser un poco más serios, más rigurosos, más reflexivos y presumir menos de algo tan importante como es el derecho a la salud en igualdad de condiciones para todas las personas. Creo, de verdad, que deberían ser un poco más serios.

Por cierto, en la cartera de servicios ya nos han restringido el derecho a las mujeres a ser madres mediante los tratamientos de reproducción asistida. O sea, que la nueva orden es un nuevo ataque a la universalidad del Sistema Nacional de Salud, porque ahora para poder ser madres nos obligan a tener pareja masculina o a tener menos de 40 años. Pero, señorías, ¿qué les hemos hecho las mujeres al Partido Popular? ¿Pero qué les hemos hecho que todas las medidas son para socavar los derechos de las mujeres? (Aplausos.)

Por otra parte, se les llena la boca de hablar del Fondo de cohesión, de lo importante que es la equidad, de lo importante que es que todos los territorios tengan las mismas prestaciones. Resulta que la oposición estaba erre que erre con aumentar el Fondo de cohesión sanitaria, y ahora lo dejan de una forma residual con 22 millones de euros cuando en el año 2011 había 87,2 millones. Por tanto, hemos presentado una enmienda de 88 millones de euros que ustedes deberían asumir, si es que de verdad, porque ya todo el mundo lo duda, les importa la cohesión.

Y cuando hablamos de las estrategias de salud, para ustedes es importantísimo. Cuando presentamos una moción o hay un problema, el Gobierno y el Grupo Popular lo tienen resuelto: presentamos una estrategia de salud, pero, claro, sin dinero. ¿Recuerdan ustedes aquí cuando aprobamos la Estrategia Nacional para el Alzheimer? Ustedes dijeron: ya verán cómo se reflejará en los presupuestos. Pues yo no lo he visto, la realidad es que para estrategias de salud este año hay 1,7 millones de euros cuando en el año 2011 había 17,2 millones. Por tanto, hemos presentado una enmienda para las actividades relacionadas con la promoción, con la prevención, con las estrategias de salud, por valor de 30 millones de euros.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LLINARES CUESTA: Termino, señorías.

Lo que es indignante es que ustedes hayan abandonando a los enfermos de sida a su suerte, ni promoción ni prevención. Se han cargado el Plan Nacional sobre el Sida y hemos presentado una enmienda por más de 10 millones de euros.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora LLINARES CUESTA: Por tanto, señorías, ya está bien de presumir, ya está bien de hablar de la herencia recibida, porque los socialistas nos sentimos inmensamente orgullosos de la herencia que les dejamos en sanidad.

Así que, muchas gracias. (Aplausos.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Turno en contra. Tiene la palabra la senadora De Aragón.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Yo pensaba empezar el día de hoy con un debate serio sobre los Presupuestos Generales del Estado para sanidad y política social, que es lo que a mí me corresponde, porque para la política de igualdad defenderá nuestra postura la portavoz de la Comisión de Igualdad.




Página 8597


Aquí se ha dicho de todo. Durante estos días ha habido algunos portavoces que, con todo su derecho, se han sentido ofendidos por alguna manifestación de algún senador del Grupo Popular, y así se lo han hecho saber al señor presidente. Señorías, nosotros no hemos protestado, pero a lo largo de todo este año yo he oído decir en materia de sanidad, de política social y de todo, que tratamos a las personas como números y no como personas, que llevamos a cabo una política amoral, una política indigna, que dejamos en la cuneta a los más desfavorecidos. Están afirmando desde la bancada socialista que estamos fomentando el hambre entre los más vulnerables, que estamos llevando a cabo una política de sumisión, especialmente hacia las mujeres —a mi compañera le corresponderá darles respuesta—. Miren, no pueden ustedes hablar en nombre de todas las mujeres. Yo soy mujer y me he sentido siempre muy protegida por los Gobiernos del Partido Popular (Aplausos.) Y para nada me he sentido sumisa. Y que algunos portavoces —algunos no se encuentran hoy aquí— de ideologías diferentes a la nuestra y muy de izquierdas me hablen de sumisión y digan que las políticas del Partido Popular someten a las mujeres y a las personas de este país y que lo que hacen es empobrecer este país, pues mire usted, o yo vivo en otro mundo o hay países con aquellas ideologías de Izquierda Unida —no está en este momento su portavoz— que creo que no son ejemplo ni de derecho para las mujeres ni para nadie (Aplausos.) Pero, además, le voy a decir lo siguiente: el Partido Popular trata con derecho… (Rumores.) No hablo del senador Iglesias, hablo del senador Mariscal que lo manifestó así. ¿Lecciones? Bueno, pues nosotros estamos dispuestos a aprender. Yo pensaba que esto iba a ser un debate serio y que a lo largo de estos días hablaríamos de lo que realmente importa para que este sistema sanitario del que todos tanto presumimos y esta política social sea cada vez mejor para todos los españoles.

Pero es que yo me desconcierto cuando ayer oigo a la senadora Chivite decir que de qué nos tenemos que recuperar, y cuando oigo a la senadora Almiñana decir que cuántas cosas podríamos hacer con el dinero que debíamos invertir. Entonces yo digo: ¿de qué estamos hablando? ¿Es que todavía no lo ven? ¿Es que todavía no se han dado cuenta? Ustedes hablan de que nosotros manipulamos, hablan de que nosotros presumimos. Miren, no. Nosotros solamente presumimos de rigor, de rigurosidad y de llevar a cabo con valentía y dando la cara políticas de austeridad, sí, de austeridad, para poder sostener el Sistema Nacional de Salud y el sistema de política social que ustedes desmantelaron (Rumores.—Aplausos.) Eso es lo que estamos haciendo.

Con ustedes no se puede debatir seriamente. Además, esto, por lo menos a mí, me produce otro efecto adverso, y es que tengo que hablar de cosas que yo no pensaba sacar aquí en esta tribuna cuando iba hablar de sanidad y de política social. He oído decir aquí a muchos portavoces que la deuda, ¡qué tontería la deuda!, ¡que la deuda claro que la podemos pagar!, que la podemos pagar arruinando a los españoles. Pero, señorías, si arruinaron ustedes a los españoles. (Aplausos.) Pero ¿qué es la deuda? ¿Qué concepto tenemos de deuda? Dinero público, señorías. De ahí nos vienen todos los males en sanidad y en política social, porque el Grupo Socialista y sus socios de Gobierno no tuvieron concepto de lo que es el dinero público. El dinero público no es ni de Zapatero, ni del señor Caldera cuando presentó la Ley de dependencia y se aprobó junto con los demás grupos, ni es del señor Rajoy, ni es de Ana Mato, ni es de nadie. El dinero es de todos los españoles (Rumores.) y al gasto público y a la deuda que se ha generado en España tienen ustedes que tenerle un gran respeto… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: …porque si no, no saldremos de esta.

A los senadores socialistas, cuando nos dicen que presumimos, yo lo que les digo, de verdad, para ver si entre todos conseguimos hacer un ejercicio de responsabilidad, es que cuando alguien se equivoca —nosotros también nos equivocamos, por supuesto— y cuando ha dejado a España como ustedes la dejaron en materia sanitaria y de política social, debería reconocer sus errores y, a partir del reconocimiento del duelo, como dirían los psiquiatras, cuando uno reconoce un duelo, una situación que no ha sido la más acertada, puede empezar a trabajar en una buena dirección. Y ahí les esperamos, pero cuando ustedes siguen aquí diciendo que están orgullosísimos de la sanidad que realizaron en los ocho años de Gobierno socialista del señor Zapatero, pues se me vuelven a romper los esquemas. Además, creo que eso es una falta de respeto a la inteligencia de




Página 8598


los españoles y al sentimiento de los españoles. No atenten ustedes contra la inteligencia de los españoles.

Refiriéndome ya a los diferentes grupos, voy a entrar en algunas enmiendas de forma individualizada y en otras de forma generalizada.

Grupo Mixto. Al senador Iglesias tengo que agradecerle, como siempre, el tono que emplea y la intención que trae en su discurso, que me ha agradado mucho, para mejorar la sanidad y la política social en España. Se lo agradezco de corazón.

No puedo decir lo mismo de la senadora Capela, porque, francamente, yo, por lo menos —igual estoy muy sensible—, me he sentido violentada con su discurso. Usted ha salido a esta tribuna de repente para defender las enmiendas de su grupo libremente, como corresponde, con un tono agrio y despectivo hacia el Partido Popular. Mire, nosotros —y tengo que decirlo en nombre de mi compañero— sentimos el mayor de los respetos por el honorable marqués de Tarradellas. El mayor de los respetos. Pero nos ha dicho usted que no evolucionamos. Yo estoy muy contenta con la evolución del Partido Popular. ¿Que podemos mejorar? Por supuesto. Yo con la suya no me voy a meter. Usted valorará su evolución. Pero no sean ustedes tan superiores, por favor. Dice que no hemos evolucionado y nos ha tratado… no sé cómo calificarlo. No me merece más calificativo. Pero, por si sirve de algo, usted hace pocos días hablaba, con ese sentido del Estado que tiene usted, de la selección española, la Roja, y decía que gana porque está llena de jugadores del Barsa. ¡Qué bien! ¡Cuánto nos alegramos todos! Pues bien, esa es una política de reflexión muy importante, porque la Roja —además a usted le gustará que se le llame la Roja— encima está llena de jugadores del Barsa, que cuando juegan contra otro equipo español, compiten, pero cuando juegan con la selección española van con todos los españoles de la mano para ganar y para llevar a España al lugar que se merece en el deporte. (Aplausos.) ¡A ver si hacemos eso con todo, senadora Capela! A ver si cuando los catalanes quieren mejorar, como es lógico y normal, no compiten y dicen que vayamos todos de la mano.

Además, dice usted que nada hemos hecho bien. Algo habrá hecho bien el Gobierno del Partido Popular, y esto se lo digo también con todo cariño a Convergència i Unió. Por lo menos, el plan de proveedores. Ustedes saben, respecto a la deuda sanitaria que tenían en Cataluña, que al menos el plan de proveedores les ha venido bien. Reconózcanlo.

En cuanto a las enmiendas que ha presentado el Grupo Mixto, en concreto la relativa al centro de Langreo, cuando se finalicen las obras será cuando se lleve a cabo su equipamiento, cuestión que corresponde al Ministerio de Trabajo y no al Ayuntamiento de Langreo, que no tiene que realizar ningún tipo de equipamiento. Los centros de salud y residencias que ustedes han presentado corresponden a las comunidades autónomas. Una piscina cubierta terapéutica en Fernán Núñez y una residencia no es competencia del IMSERSO. Y algunas están compartidas con la Entesa, que supongo que pertenecerán a la senadora Capela.

Al senador Narvay Quintero he de decirle respecto al centro de discapacidad de Fuerteventura, que la financiación en la comunidad canaria está a día de hoy a cero. Está financiado. El dinero llega a tiempo y, además, como sabe, se financian gastos corrientes y no capital.

El portavoz del PNV ha hablado de dos enmiendas. Le agradezco, como siempre, su tono y su disponibilidad para que salgamos todos adelante y mejoremos nuestro sistema, tanto sanitario como social. Como habla, en concreto, de dos enmiendas de dependencia, haré una referencia genérica con todas las demás.

A CiU he de decirle que les vamos a aprobar la enmienda 3641 para la fundación Miquel Valls. Algo hacemos bien. Cuando ustedes hablan de sus enmiendas —y tienen derecho a hacerlo—, muchas de ellas son fundaciones y asociaciones de Cataluña, como esta fundación para la mejora de las personas afectadas de esclerosis lateral amiotrófica. Y esto choca un poco con su discurso competencial, porque son competencias de la comunidad autónoma con las transferencias que ustedes reciban. A mí no me corresponde para nada hablar aquí del tema competencial, pero sí le diré que las asociaciones y fundaciones que ustedes piden, a través del IRPF, y en concurrencia competitiva, como todas las demás, pueden optar a esas financiaciones.

En cuanto a juventud, exactamente igual. Las competencias están transferidas y el INJUVE tiene las suyas propias. Y respecto a las transferencias, he de decirle que el IRPF le corresponde a la Administración General del Estado.




Página 8599


A la Entesa y al Grupo Socialista les diré que son las mismas enmiendas, lo que está bien, no lo critico. Pero me sorprende que sean las mismas que en el año 2011, cuando nosotros no habíamos hecho más que entrar. Y ustedes dicen que estas enmiendas son para evitar el desmantelamiento del Partido Popular. Si ya estaba desmantelado el sistema cuando nosotros entramos, su subconsciente debe llevarles a pensar que lo desmantelaron ustedes, señorías. Pero vamos con las mismas enmiendas.

En cuanto a drogas, está perfectamente financiado, como saben ustedes. Además, funciona muy bien, con un gran consenso dentro de la comisión evaluadora.

En cuanto al sistema de información sanitaria, este ha sido precisamente una de las prioridades del Gobierno del Partido Popular y lo ha demostrado. Este verano funcionaba en un 61% la receta electrónica, con 20 millones de historias clínicas que ya están en ese nodo del que ustedes no hablaban tanto, su política estrella, y que durante siete años estuvimos esperando a que se pusiera en funcionamiento.

Nos hablan de promoción, de becas y de investigación, lo cual ya está dotado. Además, ¿sabe por qué con menos se puede hacer más en investigación? Porque no hacemos lo que hacían ustedes: dar préstamos a fundaciones privadas por la puerta de atrás —esa de la que tanto hablan ustedes—, mermando el dinero para la investigación. En cuanto a las enfermedades raras, no solamente se sigue trabajando, como todos los Gobiernos han trabajado, sino que además existe un registro epidemiológico único. Y respecto al sida no me digan ustedes que hemos abandonado a los enfermos de sida, pues el Plan estratégico sigue adelante, y lo que es más, con el consenso de las comunidades autónomas e informes de los comités técnicos, y no solo en relación con el sida sino que se ha ampliado a muchas más enfermedades de transmisión sexual.

En cuanto al Fondo de cohesión, saben ustedes de su carácter extra presupuestario. Ahora, sin embargo, dicen que hemos abandonado a las comunidades. No hemos abandonado a las comunidades, ustedes las abandonaban. Ahora es cuando, con la compensación entre una comunidad y otra, el paciente se beneficia y está mucho más seguro; además del sistema de historia digital y de receta electrónica, es mucho más solidario, pues hay comunidades con cuentan con muchos desplazados que no veían llegar fondos y ahora sí.

Me hablan ustedes de la dependencia y dicen que la hemos desmantelado. Pero qué me están ustedes contando. La Ley de dependencia que todos aprobamos —porque ustedes no inventaron la atención a los dependientes, ya se incluía en los servicios sociales de este país desde hace muchos años y todos trabajábamos en ello— fue un paso más que nosotros apoyamos. ¿Pero qué ocurrió? Que ustedes la incumplieron desde el primer momento: no había sostenibilidad ni financiación, en cada comunidad autónoma se valoraba de una manera, no se priorizaba a los dependientes que más lo necesitaban y se quedaron sin prestaciones. Resulta que además hablan ustedes de los cuidadores. Ustedes utilizaron —y siento tener que decirlo en esta tribuna— la Ley de dependencia como una herramienta para comprar voluntades, señorías. (Protestas.—Aplausos.) Todo el día hablando de dependencia.

La discapacidad. Ustedes son los reyes de la propaganda y de los titulares. (Rumores y protestas.) Y hoy aquí se ha demostrado. ¿Es mucho más serio que venga la ministra de turno para hablar de discapacidad, para hablar de la lengua de signos, llene la Cámara de asociaciones —a las que todos respetamos— y se dirija a ellos con lengua de signos? Es un signo más, es propaganda. ¿Pero qué más han hecho? El ministro Caldera, que después de ser ministro sabe cómo quedó la Ley de dependencia, todavía presumía de ella en un congreso del CERMI. Aquellos cuidadores no profesionales, que eran una excepción, lo consideraron una compra de voluntades. Y encima dejaron deudas por donde pasaron. Hasta las cuotas de la OMS dejaron sin pagar, señorías. Y ahora me ponen ustedes el ejemplo —ya les decía que no quería hablar de determinadas cosas— de nuestras comunidades autónomas. Pues yo voy a hablar de Andalucía, sí. (Rumores y protestas.) Voy a hablar de lo bien que está Andalucía en política social: plazas concertadas sin cubrir porque la Junta de Andalucía no aporta un solo euro; contratos a los profesionales médicos de una hora al mes, señoría; cuidadores sin cobrar desde hace muchísimo tiempo y cuotas sin pagar. ¿Cuánto ha aportado a los servicios sociales en dos años el Gobierno social-comunista…? (Rumores y protestas.) Coalición socialista-comunista, Izquierda Unida-Partido Socialista. (Aplausos.) En dos años de coalición, ¿cuántos millones de euros han quitado ustedes a la política social? Por no hablar de los ERE. ¿Quieren ustedes esa política? Nosotros




Página 8600


nos preocupamos de los parados y no utilizamos su dinero en lo que no debemos, sino en los parados.

Ustedes me hablan de la marea blanca y dicen que estamos solos, pero yo quiero decirle que no estamos solos. Claro que escuchamos a la marea blanca. A ustedes les gusta mucho la gente de la calle —a quienes escuchamos y respetamos—, pero escuchamos también el silencio de la gente que está en casa apostando por las políticas rigurosas del Partido Popular.

Por último, el otro día la senadora Almiñana decía: Con nosotros no cuenten para desmantelar la sanidad, cuenten para mejorarla. Nosotros les tendemos la mano, pero con esta actitud de desprecio total y de no querer ver la verdad vamos por mal camino.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Aragón.

Senadora Armisén, tiene la palabra.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular y toda la sociedad española creen en la igualdad. Lo digo porque todos los años y en todas las intervenciones en materia de igualdad subo a esta tribuna después de escuchar los tópicos y las demagógicas afirmaciones, que no por repetirlas el resto de los grupos van a ser verdad, de que el Partido Popular no cree en la igualdad, no se compromete en la lucha contra la violencia de género, las mujeres del Partido Popular atacan a las mujeres españolas, atacan los derechos de las mujeres españolas...; todo falso. Lo digo porque con esta afirmación ya niego la mayor de las afirmaciones demagógicas con las que algunas de mis compañeras —y se lo agradezco— han empezado sus intervenciones, aunque sea con un tono que me parece de agradecer. Pero es que hay afirmaciones que no ayudan al consenso, hay afirmaciones que no ayudan a mejorar la sociedad española, y son aquellas en las que nos empeñamos en afirmar diferencias que no existen aunque haya diferencias para llegar a objetivos comunes. Y el objetivo común lo tenemos todas las personas que hemos intervenido en materia de igualdad en esta tribuna. Podemos tener diferencias respecto a los mecanismos, pero afirmar con lenguaje de confrontación en materia de derechos de mujeres, en materia de principios de igualdad, creo que no ayuda a la sociedad, y desde luego no va a ayudar las mujeres que ustedes y yo vengamos aquí todos los días en materia de presupuestos a hacer afirmaciones genéricas que en ningún caso se corresponden con la realidad del día a día, porque estamos en un objetivo común, que en este caso, desde luego, es la aplicación del principio de igualdad.

Me voy a referir muy brevemente a las enmiendas que han presentado el resto de los grupos, en primer lugar, para agradecer su trabajo a todos ellos, porque sé que la materia de presupuestos es complicada para tener que elaborar este tipo de enmiendas.

Asimismo, quiero hacer tres afirmaciones que creo que se pueden decir del presupuesto que presenta el Gobierno de España en materia de igualdad. En primer lugar, es un presupuesto comprometido. Van a decir que es insuficiente. Pues bien, cuando oigo hablar sobre las tres materias que corresponden a este ministerio, como llevo años en política y en materia de servicios sociales, sé que hablar de los más desfavorecidos, de los que sufren más las discriminaciones sociales, hablar para los que más lo necesitan, es difícil; y es difícil porque estamos hablando de dinero frente a cuestiones que afectan a las personas de manera muy directa. Y hablar de dinero para las personas que lo necesitan más, efectivamente, se presta a utilizar una terminología o a hacer un discurso que siempre va a dejar de lado el materialismo, porque hablamos de sentimientos, personas y necesidades y el dinero siempre es insuficiente, porque, a pesar de los presupuestos históricos de la democracia española, siguen existiendo las personas que más lo necesitan. Por tanto, creo que destinar partidas importantes, y en época de crisis económica mantener, como se ha hecho, el presupuesto en materia de igualdad creo que es una demostración comprometida.

En segundo lugar, diré que es un presupuesto que en materia de igualdad establece sus prioridades, y su prioridad sigue siendo la violencia de género. Y en tercer lugar —voy terminando, señor presidente, aunque no me va a dar tiempo casi a contestar a mis compañeras—, es un presupuesto que garantiza los tres objetivos que nos planteamos, que es la lucha contra la discriminación, la lucha contra la violencia de género y el apoyo a la formación y al empleo de las mujeres.

Voy a hacer una breve referencia al Instituto de la Mujer porque…




Página 8601


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Sí, señor presidente.

Voy a hacer una breve referencia al Instituto de la Mujer porque todos los grupos han presentado enmiendas en esta línea y hay que decir que este año hemos acabado de pagar la deuda y el déficit que tenía el Instituto de la Mujer, de más de 6 millones de euros.

Señorías, el Instituto de la Mujer tiene unas competencias y unas funciones…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: No tiene clientelismo, tiene esas funciones.

El Gobierno del Partido Popular ha puesto rigor y trabajo en el Instituto de la Mujer y sigue apostando, como es lógico, por este organismo para seguir realizando políticas en materia de mujer.

Señorías, creemos en la igualdad y vamos a seguir trabajando por ella. La igualdad y el principio de no discriminación no solo se sostienen por motivos de género…

El señor PRESIDENTE: Senadora Armisén, termine, por favor.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Tengo que decir que ninguna de mis compañeras que ha hecho uso de la palabra y que cuando gobernaban sus grupos políticos tuvieron oportunidad de desarrollar estas políticas pueden dar hoy lecciones al Partido Popular.

Creo que estamos ante un objetivo común y que, en vez de enfrentarnos, deberíamos aunar voluntades, recursos, opiniones y trabajo todos los días para dar ejemplo a la sociedad española. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Armisén.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Muchas gracias, señor presidente.

Ahora empezaré con un refrán: quien se pica, ajos come. (Aplausos.) Yo a lo único que he aludido es a los más de ochenta años de historia de larga tradición democrática que tiene Esquerra Republicana. No todo el mundo puede decir lo mismo. Y si alguien se siente aludido, repito: quien se pica, ajos come. (Rumores.)

En cuanto a las enmiendas, evidentemente, se dirigen a la Ley de la dependencia, a las personas con discapacidad o diversidad funcional, a la violencia de género…y a un largo etcétera. Cuando ustedes están en la oposición no se cansan de pedir partidas en beneficio de estas políticas pero cuando gobiernan lo dejan en pelota picada. (Rumores.)

Tercero. El Estado español es un Estado fallido y no creíble, amenaza y no convence y por eso el Gobierno del Partido Popular hace un proyecto de ley de seguridad ciudadana, porque tiene miedo a la calle.

Y por si le sirve de algo, aunque sé que no le servirá de nada, yo me llamo Capella aquí y en la China popular.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Agradezco las expresiones cordiales de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular pero ello no me puede hacer no ver que la realidad de la sanidad pública en nuestro país hoy atraviesa una situación de deterioro creciente, y es que no podía ser de otra manera.

Nuestro país había logrado construir, más que con el acierto de los Gobiernos, con el esfuerzo conjunto de la sociedad, un sistema sanitario público que, además de ser reconocido a nivel internacional, suponía un esfuerzo de inversión o dedicación de recursos públicos por debajo de la media de la mayoría de los Estados y generaba en los ciudadanos una satisfacción por encima de la media de la que tenían los ciudadanos de otros Estados. Era motivo de orgullo y de satisfacción




Página 8602


colectiva de la sociedad española y garantía de que las necesidades sanitarias se podían cubrir ante cualquier eventualidad.

Precisamente porque no era fruto de un gasto excesivo, cualquier ajuste y recorte que se realice tiene un efecto de deterioro por encima de lo que proporcionalmente se pueda medir en relación con ese ajuste y recorte. Además, el mecanismo que se ha puesto en marcha, que responde efectivamente a la prioridad, de la que tanto hemos hablando en este debate, de satisfacer las necesidades del pago de la deuda, se ha traducido en que, no solamente las decisiones que toma el Gobierno en este proyecto de presupuestos rebajando y recortando suponen un incremento en el deterioro de ese sistema de salud, sino que la proyección hacia abajo, fruto de otros recortes y ajustes, por ejemplo la distribución del objetivo de déficit, sitúa a las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia directa en materia sanitaria, en un escenario en el que también se van a aplicar ajustes y recortes. Y lo harán, seguramente, de forma diferente según el sesgo de su Gobierno, con más intensidad aquellas que asuman con entusiasmo los planteamientos del Gobierno del Partido Popular y buscando mecanismos de compensación o estableciendo otras alternativas y prioridades en la aplicación del ajuste y del recorte las que no compartan ese planteamiento. Pero lo que va a resultar inevitable es que incluso en aquellas comunidades autónomas en las que se apueste por minimizar el impacto, el deterioro se va a dar también. Eso es una realidad que tiene repercusión inmediata en la salud de los ciudadanos y, por tanto, consecuencias serias y graves. Aunque dentro de diez años —pongo ese plazo como podría haber puesto otro— se pueda decir que al final hemos salido definitivamente de la crisis, hemos recuperado una senda consolidada de crecimiento, revertir las consecuencias de las medidas de ajuste y de recorte que se están planteando en este momento en algunos casos será imposible, porque a los enfermos crónicos y, desgraciadamente, a los muertos no les vamos a poder arreglar nada dentro de diez años, y en otros casos el recorte que ahora se realice —voy terminando, señor presidente— exigirá en un momento de bonanza económica una inversión no igual, sino muy superior, para revertir las consecuencias de estos ajustes y recortes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna, egun on, senatari jaun-andreok.

Senadora Aragón, no me puedo sentir identificado con lo que ha dicho de la Ley de dependencia; lo siento. No sé lo que dirán los demás, pero en la Comunidad Autónoma del País Vasco no es así.

Cuando en diciembre de 2006 se empezó a discutir la llamada Ley de dependencia, por no perder mucho tiempo en definirla, nuestro grupo no la apoyó, esencialmente por dos cosas. De los tres ejes principales de esa ley, uno era la consagración de un derecho subjetivo a los ciudadanos en dependencia; otro de los ejes era convertir en legislación básica, todo lo referente a la dependencia, con una invasión competencial flagrante de aquellas competencias exclusivas que teníamos las comunidades autónomas sobre la base del cumplimiento del deber constitucional del artículo 149.1, que sirve para esto, sirve para la ley municipal y sirve para casi todo aquello que el Gobierno quiera recentralizar. Y sobre todo porque en su momento nosotros pensábamos que no había una garantía de recursos suficientes. Se montaba —si me lo toman un poco a broma— un sistema de financiación muy imaginativo que, como todos sabemos, tiene tres niveles: el mínimo, el acordado y el adicional. Unir en el mismo paquete derecho subjetivo con una financiación acordada no casa muy bien. Un derecho subjetivo es un derecho que tienen todos los ciudadanos a tener una asistencia y no puede depender de que la financiación se acuerde o no entre varias comunidades autónomas, entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. Al final es eso lo que ha sucedido; el Gobierno actual en 2012 decide eliminar el nivel acordado. Me dirán que todas las comunidades autónomas están de acuerdo, etcétera. Pero vuelvo a lo mismo: derecho subjetivo, nivel acordado que se decide no cumplir.

Y el nivel mínimo, también en función de la diferencia entre el coste real de los servicios y lo que se establece como nivel mínimo, se ha reducido, según el Observatorio de la Dependencia, un 13,2%. Por lo tanto, no es de extrañar que en el Observatorio de la Dependencia, tomando las cifras con todas las cautelas que se pueda y hablando de tendencias, se hable de cien mil personas




Página 8603


en espera de valoración; de una disminución del promedio mensual de los PIA, de programas individuales de atención, de casi trece mil en los seis años a 1722 en promedio mensual 2012; doscientas treinta mil personas en el libro de la dependencia valoradas sin atender; un año de espera para la evaluación, etcétera.

Señorías, esto al final es una decisión política. Detrás de todo esto hay una decisión política. Por lo menos hay una decisión política detrás de la actitud que se ha tomado en la Comunidad Autónoma del País Vasco y, antes de que la senadora Ortega me diga nada, también en la de Castilla y León, porque las cifras lo dicen. En 2011 también el mismo Observatorio de la Dependencia daba un 10 a Castilla y León y un 10 a la comunidad autónoma vasca, mientras que había comunidades muy importantes que no llegaban al 3, y algunas ni al 0,5, y estamos hablando de 2011; ahora la situación es peor. Por lo tanto, la decisión es política, pero la decisión política supone que con la reducción del nivel mínimo, la eliminación del nivel acordado, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Gobierno central apenas cubre el 10% del coste total y el resto se cubre por el nivel adicional, que es puramente autonómico, en nuestro caso, a través de las diputaciones forales.

Por lo tanto, lo que nosotros venimos a decir es que derecho subjetivo y niveles acordados no casan, no puede ser. Si existe una ley, cúmplase y, por lo tanto, nuestras enmiendas iban destinadas a que esos 283 millones que correspondían al nivel acordado se vuelvan a poner en manos de quienes tienen que dar los servicios, en este caso las comunidades autónomas, en nuestro caso las diputaciones forales, y los ayuntamientos. En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco son 18 millones.

La otra enmienda iba en la misma línea, sobre la cotización a la Seguridad Social de las personas que están cuidando a sus familiares. Estamos en lo mismo.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, ahora mismo.

El Gobierno se ahorró 330 millones en estas cotizaciones y dijo que quien quisiera cotizar, que lo hiciera por su cuenta. Creemos que eso también está dentro de la Ley de dependencia, y sí es un logro muy importante, probablemente un camino a seguir. En consecuencia, en nuestras dos enmiendas lo que pedíamos era simplemente que se cumpliera la ley y ese derecho subjetivo, sin llegar a ningún nivel de acuerdo.

No nos las van a aceptar, estoy seguro, pero creo que la reflexión hay que hacerla en esa línea, no solamente en la línea del dinero, sino en la línea de la decisión política y del respeto a los derechos y a los ciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Senadora Aragón, yo también he venido a hacer un debate serio. Hemos venido todos a hacer un debate serio, y como siempre el debate de esta sección acaba siendo apasionado y apasionante, porque es un debate que nos mueve a todos, a los que gobiernan y a los que no gobiernan. Además, es un tema en el que opinamos de distinta manera, y seguramente nadie tiene la verdad absoluta, pero lo que está claro es que la política y el fútbol no son lo mismo. En política está muy claro que hay gente que tiene unos pensamientos liberales o neoliberales, otros pensamientos más moderados, y gente que tiene otro tipo de pensamientos más de izquierdas. En todo caso, en el fútbol todos van a una porque defienden un color, que en este caso es el rojo de la selección española, pero afortunadamente en esta Cámara parlamentaria cada uno defiende a unos ciudadanos que piensan de distinta manera, y el objetivo de todos es que vivamos con la máxima armonía y, por supuesto, intentando no desmantelar lo que otros han hecho.

Digo esto porque me gustaría referirme a una afirmación que me ha sorprendido muchísimo. Usted ha dicho que no entendía cómo podíamos estar defendiendo que ustedes estaban desmantelando y perjudicando la sanidad, los servicios sociales, que no podía ser, que usted




Página 8604


debía vivir en otro mundo. Déjeme que le diga que sí, que viven en otro mundo. Le voy a poner un ejemplo anecdótico. ¿Usted cree que el hecho de que la hija del principal accionista de una importante editorial se haya casado con el hijo de un importante accionista de una aerolínea es casualidad? ¿Usted cree que eso es casualidad? No, no es casualidad, es que cada uno se mueve en esferas diferentes. Dudo que muchos de los que estamos aquí nos casemos con un importante accionista de una aerolínea. Esto pasa porque los entornos sociales son diferentes. Yo le he hablado todo el rato de la desigualdad en este país, pero usted no ha pronunciado esa palabra ni una sola vez. Ha hablado de las políticas de austeridad porque tocaba, porque nosotros habíamos dejado en malas condiciones el país, pero ahora ya tenemos demasiados avisos de las comunidades internacionales, del FMI, que no es sospechoso de ser de izquierdas, que nos están diciendo que esas políticas no van bien para la sociedad. Le digo todo esto porque es verdad que a veces ustedes se creen que su mundo es el mundo de todos, y no es así: cada uno de nosotros tenemos realidades distintas, y hemos de ser conscientes de que para hacer política han de tenerse en cuenta todas las realidades. Ustedes, les guste o no, están desmontando el sistema sanitario, están desmontando el sistema social (Rumores.) y, por supuesto, están desmontando los avances que habíamos hecho en relación con la igualdad. Por tanto, dejen de hablar una y otra vez de las herencias, para empezar a hablar de sus decisiones, para asumir sus responsabilidades.

Senadora Armisén, quiero hacerle una reflexión. El último día de la tramitación de la LOMCE, si no estoy equivocada, el Ministerio de Sanidad se despertó y decidió que tenía que pactar con Educación que entraran los temas de igualdad en el currículum para aquellos estudiantes que no optasen por la asignatura de Religión puesto que esos temas habían decaído al sacar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Como siempre, llegamos tarde y mal, por lo que solo aquellos estudiantes que no opten por la asignatura de Religión recibirán educación sobre igualdad. ¿Usted me va a decir ahora que en Religión van a enseñarles a los alumnos a ser iguales? ¿Me va a decir que la Iglesia católica, por cierto, llena de mujeres que mandan, va a transmitir los valores de igualdad? (Aplausos.) Me parece que no.

Termino ya. Hay que tener mucho cuidado en no despolitizar la violencia de género porque corremos el riesgo de que este problema estructural, que afecta a todas las mujeres, voten al partido que voten, se acabe perdiendo por no politizarlo. Pues mire, hay que politizarlo desde todos sitios, y tenemos que ponerlo en la agenda política.

Termino con una cita de un libro que les recomiendo le regalen estas Navidades a su presidente que se titula así: Desigualdad, un análisis de la infelicidad colectiva. Es un libro conocido, es un best seller a nivel de estudiosos. La cita es muy cortita y dice simplemente: Aquellos que se nos parecen son nosotros; el resto son ellos. Kipling.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, presidente.

En primer lugar me gustaría agradecer que hayan aceptado una de nuestras enmiendas. Es una gran noticia haber conseguido estos 100 000 euros para una fundación que, como se ha dicho, trabaja para las personas afectadas de esclerosis múltiple, justamente en la misma semana en que tendrá lugar La Marató de TV3 dedicada a las enfermedades neurodegenerativas. La Marató es un programa televisivo que tiene lugar cada mes de diciembre desde hace veinte años. Ha recaudado a lo largo de ese tiempo aproximadamente 120 millones de euros que luego se invierten en investigación y sensibilización respecto a enfermedades que no tienen cura definitiva. Es un programa que se desarrolla gracias a la colaboración de la televisión pública catalana, esa televisión que tanto critican muchos de ustedes y que según algunos debería desaparecer por considerarla absolutamente innecesaria. Una televisión pública que en el año 1992 fue pionera en el Estado español en la organización de este tipo de programas de larga tradición en Estados Unidos y en otros países europeos y que ahora llevan a cabo otras televisiones del Estado. Es un programa que, por cierto, el año pasado, en plena crisis económica, recaudó 12 millones de euros, superando con creces la recaudación de otros años. Y digo esto porque si la gente en momentos




Página 8605


de crisis como los actuales es más solidaria que nunca con los más desfavorecidos, se espera del Gobierno, lógicamente, que actúe de la misma manera. Ahí dejo, por tanto, este tema.

Muy rápido. Respecto al 0,7 del IRPF: senadora Aragón, usted sabe que hay sentencias del Tribunal Constitucional, sentencias del Tribunal Supremo, sentencias de la Audiencia Nacional que reconocen que la gestión de estos fondos se debe hacer desde el territorio —en este caso, desde Cataluña—. Por tanto, menos discursos y cumplan con las sentencias.

Ha hablado del Plan de proveedores. Gracias por la ayuda, pero, aparte de hacer de banco, hagan un poco de política.

No he entendido muy bien qué es lo que ha dicho respecto a las competencias, pero le aseguro que en Convergència tenemos muy claro que queremos el máximo —y digo máximo— autogobierno, y no pararemos hasta conseguirlo.

Evidentemente, sus presupuestos no son suficientes para atender las necesidades actuales de la sociedad en el ámbito de la sanidad y las políticas sociales, suponen un auténtico problema para los ciudadanos, que, en muchos casos, tienen dificultades para afrontar las situaciones que les va planteando la vida.

No son los presupuestos de la recuperación, son los presupuestos de la desesperación y, por tanto, no los vamos a apoyar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Chivite.

La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Gracias, señor presidente.

Rajoy habla de fútbol en un funeral, aquí los portavoces del PP hablan de fútbol debatiendo las enmiendas de sanidad. No sé qué tienen ustedes con el fútbol. En fin, por seguir con la línea de los titulares que comenzamos anteayer, quiero empezar mi intervención con uno: «Pacientes crónicos avisan de que los recortes están provocando que se abandonen de los tratamientos». Pero, claro, como la senadora Aragón dice que todo lo que hace el ministerio es estupendo y maravilloso, también le parecerá estupendo y maravilloso que estos enfermos abandonen su medicación.

Y siguiendo con el argumentario del señor Aguirre y de la señora Aragón, que defienden que el presupuesto es estupendo, maravilloso y magnífico, y que está todo muy bien hecho: ¿para qué 283 millones a la dependencia? ¿Para qué millones de euros para los programas de formación y fomento del empleo femenino? ¿Para qué más dinero para el programa de drogas? Porque no hace falta, el presupuesto es magnífico y estupendo.

Señorías, creo que no es bueno cerrar los ojos a la realidad o vivir alejado de ella. Señora Aragón, y usted que además es tan religiosa, mentir es pecado, y cada vez que usted dice que el ministerio está garantizando la sanidad pública, universal y de asistencia gratuita para todos los ciudadanos está pecando —cuando dice esto, está pecando—. Y también pecan cuando dicen que están mejorando la atención a la dependencia. Y también pecan cuando dicen que están mejorando la atención a las mujeres. ¿Pero qué cabe esperar de un Gobierno que, con el nuevo Código Penal, está tratando de dar cobertura a los empresarios del proxenetismo tipo Eurovegas? (Aplausos.) ¿Y qué cabe esperar de un Gobierno que antepone el dinero a la salud de los ciudadanos?

Desde luego demuestran ustedes una gran pobreza argumental cuando, después de dos años de Gobierno, siguen utilizando la herencia recibida. Hablando de herencia recibida: ¿el mejor ejemplo? El de la Comunidad Valenciana, con diecinueve años de Gobierno del PP, una comunidad intervenida por el Estado. El rescate del Estado va a costar a los valencianos 2367 millones hasta 2016. Esta es la herencia recibida del Partido Popular.

Ustedes defienden que estos presupuestos ayudan a los más necesitados, pero desde luego lo hacen desde la defensa de un modelo compasivo que nada tiene que ver con el modelo que defiende el Partido Socialista, un modelo basado en derechos.

La Asociación de Economía de la Salud ha instado al Gobierno a revisar el Real Decreto 16/2012 sobre todo el tema del acceso a la asistencia sanitaria pública, ya que se ha tocado la naturaleza esencial del modelo español —y dice literalmente— «devolviéndolo a una situación




Página 8606


preconstitucional», en la que habla de asegurados como beneficiarios en vez de ciudadanos con derechos.

Ustedes, con sus reformas y con su correspondiente plasmación en estos presupuestos, han llevado a cabo una reforma en el modelo de atención sanitaria y en el modelo de atención a la dependencia. Y es que, detrás de todo esto, pretenden cambiar nuestro modelo del Estado de bienestar. Porque el Estado de bienestar no es un sistema en el que se atiendan solo las situaciones más graves, eso es solamente un Estado asistencial.

Y como dice la señora Aragón, este no es un debate serio. A mí me gustaría tener un debate serio con ustedes sobre el modelo. Hablemos de un debate sobre el modelo del Estado de bienestar. Pueden defender un modelo diferente del nuestro, pueden defender un modelo anglosajón, pueden defender un modelo americano, pero sería un debate legítimo, sería contraponer ideas. Sería un debate bien bonito, sinceramente se lo digo. Pero, claro, ustedes, que pretenden convertir al Estado en algo residual, niegan lo que están haciendo porque no tienen la valentía suficiente de decir la verdad a los ciudadanos sobre cuáles son sus intenciones y cuál es su objetivo. Porque nos están llevando hacia un modelo de bienestar donde existirá un Estado muy pequeño y las contraprestaciones serán a cargo de los ciudadanos.

Desde luego, este Gobierno es un desmantelador de lo público y está abriendo oportunidades de negocio en nuestro Estado de bienestar, por ejemplo, la modificación que ha llevado a cabo Interior para la Ley de Seguridad para ampliar el negocio de la seguridad privada.

El 70% de los ciudadanos se muestra convencido de que el Estado debe ocuparse del bienestar de la población, pero las políticas que desarrolla el Gobierno en campos como sanidad o en protección social han abierto una brecha con respecto a este consenso social. Muchos denominan estas políticas que llevan a cabo políticas sin alma, y hablando de políticas sin alma, me viene a la cabeza el principio de Hanlon, que dice: Nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez.

Se empeñan en no escuchar, en negar la realidad y en repetir cual loritos el mantra de que estos son los presupuestos de la recuperación, y, señorías, con estos presupuestos no se recupera nada ni a nadie.

Y no por mucho repetir una mentira esta se convierte en verdad. Estos presupuestos son la constatación de las reformas estructurales que ha acometido el Gobierno con los reales decretos 16/2012 y el 20/2012. Son los presupuestos de la expulsión de personas del sistema sanitario, son los presupuestos de la amputación de la Ley de dependencia. Como dijo mi compañero Martín, con estas enmiendas no es que mejore mucho el presupuesto, pero, desde luego, lo hacen más humano. Pero ustedes en su cerrazón, en su erre que erre, dicen que son unos presupuestos magníficos, ¿verdad, señor Aguirre?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Chivite.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, no voy a entrar en las provocaciones por parte de los grupos de la oposición porque, efectivamente, como ha dicho la última senadora, por mucho que las mentiras las repitan de forma continuada no dejan de ser nada más que una mentira y una auténtica falacia. Y ya que ha nombrado también a la iglesia, espero el propósito de enmienda de su señoría a la hora de decir la verdad o que se confiese de las mentiras que dicen de forma continuada. (Rumores.)

Las senadoras Llinares y Chivite han nombrado también a las comunidades autónomas. No es este el debate, pero, bueno, hablaré de la mía. Andalucía está imparable, vamos ya por la veinticuatro modernidad y no se ha animado un pimiento. Fíjense que el presupuesto que estamos debatiendo aquí, a nivel de sanidad, ha experimentado una subida de 3,4 millones de euros; en Andalucía, se ha producido una bajada en el presupuesto de sanidad del 1,8%. Es la comunidad autónoma que más baja sus presupuestos, está a la cabeza de los recortes presupuestarios de todas las comunidades autónomas. (Rumores.—La señora Llinares Cuesta: Valencia más.—Aplausos.) Pregúntenselo ustedes a los trabajadores de la sanidad pública andaluza, ahora que estamos en diciembre, que tienen que comprarse el turrón y el pavo. ¿De dónde lo van a sacar si no les van a pagar la extra ni este año ni el que viene? Esos son los recortes que están




Página 8607


Sección 27.




Página 8608


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Lo cierto es que el Ministerio de Economía y Competitividad, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, han diseñado un modelo de salida de la crisis, que en el ejercicio en el que nos encontramos, en el ejercicio 2013 se ha traducido en una contracción del producto interior bruto muy superior a la que se fijaba en las previsiones iniciales del Gobierno. Si en estas, la previsión era del 0,5, cuando lleguemos al 31 de diciembre lo más probable es que la contracción sea ya del 1,6 del PIB. La caída del consumo, fruto de la devaluación interna y el alto nivel de desempleo, sin duda han contribuido a ello. Ni tan siquiera en las previsiones del Gobierno para el próximo ejercicio se prevé una recuperación de ese nivel de empleo, imprescindible para poder decir que, de verdad, estamos saliendo de la crisis. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

La reducción inferior al 1% que se prevé en las grandes cifras se pretende alcanzar fundamentalmente a partir de la generación de minijobs, que no pueden compensar ni en renta ni en jornada los empleos fijos y la jornada completa que se van a destruir también durante 2014. Por contra, se produce una concentración de la riqueza en menos manos si el PIB va a caer el 1,6%. Sin embargo en el último año en nuestro país han crecido los multimillonarios un 6,9% y su riqueza se ha incrementado en un 8,3%. Es decir, colectivamente, como sociedad, todos somos más pobres, pero una pequeña minoría es más rica como consecuencia de la crisis y de las medidas que se están aplicando para salir de esta.

Este presupuesto en su conjunto —el proyecto de Presupuestos para 2014— y el presupuesto de esta sección, de la sección 27, no cambian en absoluto el escenario que, de forma somera, y con unas pocas pinceladas, acabo de describir.

De las consignaciones de este ministerio para nosotros resulta principal preocupación todo lo relacionado con las consignaciones para I+D+i. Saben sus señorías que a lo largo de 2013 se ha vivido un escenario de tremenda preocupación por parte de los profesionales de la investigación, de dramática situación económica por parte de los centros públicos dedicados a la I+D+i, y la consignación presupuestaria para 2014 no resuelve ninguna de estas cuestiones —lo ha denunciado ese colectivo que se ha hecho famoso de Carta por la ciencia—. El aumento global del presupuesto en 70 millones ni tan siquiera supone igualar la ejecución del presupuesto de 2013. Como saben sus señorías, a mediados del año en el que nos encontramos, hubo que acudir a una modificación presupuestaria en esta materia por importe de 104 millones, es decir, para conseguir que el presupuesto de 2014 igualara al ejecutado de 2013 aún se necesitarían como mínimo 34 millones más de lo consignado.

No hay correcciones sustanciales en los capítulos 1 y 7, de hecho desde 2009 tenemos que hablar de una caída de 1900 millones y en los dos años de acción del Gobierno del Partido Popular, de una caída porcentual del 31%.

No se modifica la tasa de reposición del 10% en los profesionales de la investigación; es decir, la aplicación a machamartillo de un porcentaje establecido con carácter general para las administraciones significa la expulsión de investigadores, el desmantelamiento de equipos de investigación porque no es posible reponer las bajas que en los mismos se producen.

El plan nacional apenas tiene una subida de 11 millones, por tanto, en 2014 llegaremos a una situación probablemente similar a la que se dio en 2013.

Las convocatorias para el Plan estatal de investigación, tecnología e innovación se han ido dilatando en el tiempo. Nos decía la secretaria de Estado en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos que ello se debía a que los cambios de criterio en la convocatoria habían obligado a la elaboración de unas nuevas bases, pero lo cierto es que de alguna manera yo creo que bastante explícita también reconoció el papel tutelador que desde el Ministerio de Hacienda se ha jugado para retrasar la ejecución de las partidas consignadas en el presupuesto de 2013. Por lo tanto, la dilación en las convocatorias de los proyectos de investigación significó en la práctica la paralización del desarrollo de la mayoría de estos proyectos.

Finalmente, la Agencia Estatal de Investigación aparece en este presupuesto en los mismos términos literales que en el presupuesto del ejercicio de 2013; el actual artículo 70 del proyecto de presupuesto para 2014 reproduce literalmente lo que decía el artículo 80 del proyecto de presupuestos de 2013. Por lo tanto, pocas esperanzas cabe tener que la Agencia Estatal de Investigación, prevista en la Ley de la ciencia de 2011, empiece a funcionar. No empezó en 2013




Página 8609


con el artículo 80; si se reproduce el mismo en 2014, probablemente el resultado sea científicamente el mismo: o sea, no se pone en marcha la Agencia Estatal de Investigación.

Para intentar paliar de alguna manera esta realidad, hemos formulado un bloque de enmiendas que implican lo que resulta lógico deducir de lo hasta ahora manifestado: la transferencia de más recursos para los principales centros de investigación de nuestro país. Por tanto, más transferencias al Instituto Geológico y Minero de España, más transferencias al Instituto Español de Oceanografía, más transferencias al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, más transferencias al Instituto de Salud Carlos III, más transferencias al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. El conjunto de todas ellas tienen un monto global de 85 millones de euros.

También planteamos más transferencias al Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica, y, en este caso, las enmiendas suman 225 millones de euros.

Asimismo, hemos presentado una enmienda para que el CDTI reciba 105 millones de euros más, de los que 90 millones de euros se destinarían a proyectos de I+D+i de carácter empresarial.

Y, finalmente, hemos propuesto una enmienda para que el buque insignia de la investigación en nuestro país, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, reciba 47,5 millones de euros más.

Si en la sección anterior, en materia de sanidad, decía que la recuperación del esfuerzo presupuestario dentro de unos años en ningún caso iba a resolver los problemas de quienes tienen hoy situaciones de salud deteriorada, cabe hacer una proyección similar en esta materia. Lo que no se invierta en estos años en la consolidación de los equipos de investigación —por lo tanto, que los recortes contribuyan a la disolución de estos equipos, a la emigración de alta cualificación a otros países y universidades extranjeras—, no se va a recuperar dentro de unos años, incluso aunque dediquemos el doble de recursos de lo que ahora se recorta, porque el terreno yermo, para empezar a dar frutos después, exige un período mucho más largo que el terreno que ya está cultivado y cuyo regadío y cultivo se mantiene en el tiempo.

En la cuestión de la que estamos debatiendo, la cosecha debe ser la base y garantía de un futuro diferente. De esta crisis tendríamos que sacar al menos una conclusión clara y es que nuestro modelo económico nos trajo a esta crisis y necesitamos un modelo de crecimiento económico diferente, y, para conseguirlo, la I+D+i es una de las claves. No sacar esa conclusión, cerrar los ojos a esa realidad no solamente va a significar que, como consecuencia del conjunto de los recortes y medidas de ajuste que se han venido proyectando en estos años, y que este presupuesto refleja, saldremos con una sociedad más desigual, más pobre, con peores condiciones sociales, con menos derechos y con menos garantías, sino que saldremos con el mismo modelo económico y de desarrollo subsidiario del de los grandes Estados de la Unión Europea, los que nos marcan el paso ahora, y que, por supuesto, lo van a hacer estableciendo como principal prioridad sus intereses, sin tener una alternativa seria que nos dé garantía de que no se va a producir otra crisis. Saldremos de esta crisis con tremendos sacrificios sociales, pero con el mismo modelo que la trajo, y, por lo tanto, estaremos condenados a repetirla, como ya vivimos crisis anteriores de las que no sacamos las conclusiones adecuadas y que ayudaron a traernos a la realidad dolorosa que hoy vivimos.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Mixto presenta también las enmiendas números 33 y 34, del senador Martínez Oblanca.

Tiene la palabra su señoría.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Son dos las enmiendas que Foro ha presentado a la sección 27, Ministerio de Economía y Competitividad. Ambas tienen por objeto el cumplimiento de los compromisos firmados por el Gobierno de España para dotar de equipamientos especializados y que en su momento fueron considerados como de primer orden. Es el caso del Centro Nacional de Competencia Tecnológica de la Leche que iba a ser ubicado en la localidad asturiana de Villaviciosa. Ya solicité este mismo año 2013, a través de la Comisión de Economía y Competitividad del Senado, que se diese cumplimiento al convenio suscrito en noviembre de 2008 para la creación de este centro. El Grupo




Página 8610


Parlamentario Popular rechazó entonces la moción, lo que no quita para que continuemos utilizando todas las herramientas parlamentarias para poner en valor lo que en su momento se dijo que iba a ser un centro líder en la investigación científica relacionada con el sector lácteo y también una palanca para potenciar la relación con las asociaciones profesionales y las empresas lácteas. La realidad es que aquella fecha que se presentó como una gran jornada para la ciencia y la tecnología española, para el sector lácteo nacional y para Asturias ha quedado reconvertida en pura filfa y en una colosal tomadura de pelo, que, a mi juicio, es necesario combatir. Yo apelo al Partido Popular para que ponga término a este clamoroso incumplimiento en torno a este centro nacional y, en consecuencia, acepte la enmienda que solicita una dotación de 600 000 euros para desarrollar los compromisos firmados y adquiridos en 2008 por el Gobierno de España.

De menor cuantía, pero no por ello de menor importancia, es la enmienda que por importe de 100 000 euros pretende desarrollar también los compromisos firmados y adquiridos en 2008 entre el Gobierno de España y el Principado de Asturias, para ubicar en la localidad asturiana de Luarca una infraestructura científico-tecnológica singular, el Sistema de Observación Costero MAREAS, que fue acordado en el transcurso de una de las conferencias de Presidentes que tuvo como escenario esta casa, el Senado.

En definitiva, estas dos enmiendas a esta sección ponen en evidencia algo que no debería ser tolerado en un país serio: la irresponsabilidad política de suscribir convenios, proclamar a los cuatro vientos las bondades y las maravillas de los equipamientos que se van a construir y organizar ceremoniales con mucho marketing y mucha prensa, para que los gráficos dejen constancia de lo muchísimo que se preocupan los gobernantes de nuestro futuro y finalmente no se haga nada de nada. En el Centro Nacional de Competencia Tecnológica de la Leche y en la infraestructura científico-tecnológica singular de Luarca se condensan prácticas que retratan la falta de compromiso con Asturias del Gobierno de España, antes presidido por Zapatero y ahora por Rajoy.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Martínez Oblanca.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado presenta las enmiendas números 2890 y 2891.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.

Buenos días en primer lugar.

Nuestro grupo parlamentario presenta dos enmiendas, 2890 y 2891, puesto que hemos hablado en numerosas ocasiones y estamos convencidos de la importancia de la I+D+i para salir de la situación de crisis. En anteriores ocasiones ya hemos criticado las reducciones o los bajísimos ingresos de estas partidas, que, a nuestro juicio, no sirven para ello, para impulsar la actividad económica. Por lo tanto, como decía al principio, hemos presentado estas dos enmiendas que pretenden dar un impulso a dos plataformas tecnológicas, que se han demostrado competitivas y que han servido para dinamizar la actividad económica en Euskadi. En una de ellas solicitamos una dotación de 25 millones para IK4 Research Alliance, y en la otra solicitamos 25 millones para Tecnalia Corporación Tecnológica.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Iparragirre.

El Grupo Parlamentaria de la Entesa pel Progrés de Catalunya presenta las enmiendas números 1734 a 1737 y 2070 a 2088, así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 3001 a 3003 y 3030 a 3035, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Doy por defendidas las enmiendas presentadas tanto por los senadores que representamos al Partido Socialista de Cataluña como por los senadores que representan a Iniciativa per Catalunya. En todo caso, me referiré a algunas de ellas haciendo una reflexión más global.




Página 8611


Las enmiendas que defiendo son un total de cuarenta y cuatro. Pero en el fondo hay que hacer una reflexión global más allá de las cuantías, de las cantidades económicas, más allá incluso de los conceptos, de las instituciones en las que proponemos añadir dinero para que puedan realizar sus fines.

La reflexión global es que hay que creer realmente que la I+D+i es importante, importantísima para la economía productiva, para la salida de la crisis, para que nuestro país dé un paso hacia delante en la calidad del empleo y de la ocupación; evidentemente, las políticas de investigación y desarrollo son importantísimas.

En épocas de dificultades como la que pasamos, el retraso de una inversión en la construcción de una carretera, por ejemplo de una autopista o de un tramo del tren de alta velocidad, ralentizar la ejecución de la obra un año o dos, puede significar un problema, pero no va mucho más allá; se pierde este tiempo y nada más. En cambio, en la materia que nos ocupa, ralentizar excesivamente, disminuir excesivamente y ahogar en parte, o en buena parte, estos centros, no supone única y exclusivamente la pérdida de uno, de dos, o de tres ejercicios presupuestarios, de dos o tres años, sino una pérdida mucho más estructural. Esta es la reflexión que yo quería hacer inicialmente, y por lo tanto, nuestra posición y nuestras propuestas van en la línea de intentar continuar con la política y poner encima de la mesa como prioritaria la apuesta por la I+D+i y, repito, más allá de las cuantías y de los conceptos.

Nuestras enmiendas se dividen en dos grandes bloques. Uno va encaminado a mejorar las aportaciones económicas de los centros de referencia estatal y el segundo paquete está referido a Cataluña que, como ustedes saben, tiene importantes centros de investigación, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.

En el primer caso estamos hablando de un paquete que suma 742 millones de euros y que van —no los voy a leer todos— al CDTI, para la cobertura de costes y para la financiación de proyectos de I+D+i empresarial; al CSIC, por supuesto; al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); al Fondo nacional para la investigación científica y técnica; al Instituto de Oceanografía; al Instituto Geológico y Minero; proponemos un nuevo programa para el apoyo a proyectos de investigación aplicada y desarrollo experimental en cooperación con otros organismos de investigación con alta capacidad de transferencia; al Instituto Carlos III; al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM); ayudas a las cámaras provinciales de comercio, que yo creo que ayudan muchísimo y hacen una función básica en la internacionalización de nuestra economía; a convenios con comunidades autónomas para fomentar la actividad comercial emprendedora y empresarial. Proponemos también la creación de un nuevo fondo para el empleo en las pymes y para emprendedores. Y no me extiendo más.

En cuanto a los centros de referencia en Cataluña, estamos hablando de una propuesta cuyo montante global asciende a poco más de 28 millones de euros, y que va: al Instituto de Ciencias del Espacio, al Centro de Investigación de Nanociencias y Nanotecnología de Barcelona, al Centre Tecnològic de Manresa, al consorcio CSICIRTA, al centro de innovación para la estimulación en el ámbito de la salud de Igualada, al Institut Català de Fotòniques, al Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, al Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, a diversos parques tecnológicos situados en las universidades catalanas y al consorcio Barcelona Supercomputing Center. Y finalmente tres enmiendas para transferencias a diversas entidades, cerca de cincuenta, con sede en Cataluña; para el mantenimiento de los convenios que ya tienen establecidos, y para sus programas de investigación.

Finalizo como he empezado. Queremos poner énfasis en que si realmente el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular apuestan por lo que dicen y sus palabras se convierten en hechos concretos —y esto es única y exclusivamente a través de los Presupuestos Generales del Estado— hace falta un esfuerzo superior para que nuestro país, que había iniciado una senda muy importante en este aspecto, no pierda comba y continúe apostando por su futuro a partir del desarrollo de las políticas de investigación y desarrollo.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Alturo.




Página 8612


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Muy buenos días, señorías. Intervengo para dar por defendidas, en términos generales, las enmiendas que hemos presentado a esta sección. Quisiera remarcar algunos argumentos que ya planteó mi grupo en el posicionamiento y en relación con el veto a esta sección. Algunos departamentos pueden tener más o menos importancia o peso para la salida de la crisis y para la generación de empleo en la situación económica que estamos padeciendo en estos momentos, y sin duda, uno de ellos es Economía y Competitividad, sin duda. Ayer por la noche hablamos de otro que, desde mi punto de vista, también es clave, Industria, Energía y Turismo. Y este de Economía es clave, es muy importante.

Entendemos que no solo hay que cumplir los objetivos de déficit —que también—, también hay que mirar el crecimiento y ver cómo podemos hacer que la economía crezca y que se genere empleo, algo que únicamente pueden hacer las empresas, nadie más. Y hay que fomentar que las empresas estén en condiciones de generar empleo. También hay que intentar que haya emprendedores, que mucha gente tenga facilidad para montar su negocio o su idea y ponerlo en funcionamiento. Esta sería la reflexión general.

Hablamos mucho de competitividad y de internacionalización. Son palabras que se utilizan mucho: hay que ser competitivos, hay que innovar, hay que internacionalizarse. Todo esto está muy bien, queda muy bien en el discurso, pero si no va acompañado de aportaciones económicas ni del impulso que tiene que dar el Gobierno del Estado, es evidente que las cosas no van a funcionar.

Por lo tanto, nosotros planteamos enmiendas que, como es lógico, no pueden cambiar la estructura presupuestaria de esta sección, pero sí atenuar, al menos, determinadas cuestiones, o paliar determinadas situaciones, incrementando y ayudando a estos ejes que, como decía al principio, son clave.

Desde nuestro punto de vista hay tres ejes clave: La I+D+i —que no debe ser solo una expresión y un nombre, sino que hay que potenciarla si realmente queremos cambiar el modelo productivo, eso está claro, y el senador Alarcó me dice que está claro, que está convencido. Muy bien, de acuerdo, pues vamos a ver cómo hacemos que esto funcione—; El ICEX —estamos hablando de internacionalización y comercio exterior—, y el CDTI —estamos hablando también de proyectos de innovación, porque para ser competitivos hay que innovar—. Por lo tanto, nos encontramos ante tres ejes clave: la I+D+i, el ICEX y el CDTI.

No voy a hablar de todas las enmiendas, pues van en esta línea que acabo de plantear. Solo remarcaré algunas. Por ejemplo, en relación con el Programa de Ordenación y modernización de las estructuras comerciales, nosotros proponemos 2 300 000 euros para el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista. Y déjeme que aquí le haga alguna reflexión. Las comunidades autónomas son las que tienen atribuidas en exclusiva las competencias en materia de comercio, y las ejercen en todo el territorio. Los fondos que el Estado quiera dedicar al comercio interior se tienen que vehicular a través de las comunidades autónomas, apoyando sus políticas de promoción y fomento de la actividad comercial, como se había venido realizando con los planes del Estado que con diferente denominación se han ido sucediendo a lo largo de los años. Bajo el pretexto de que las comunidades autónomas no cumplen con los objetivos de reducción del déficit, el Estado destina estos recursos, a partir de 2013, al Consejo Superior de Cámaras, el cual, a su vez, lo distribuye territorialmente a las cámaras de comercio. De esta forma el Estado está obviando las competencias de las comunidades autónomas, las deja al margen y se pone a desarrollar en el territorio unas políticas para las que no tiene competencia, utilizando el Consejo Superior de Cámaras de Comercio como Administración periférica del Estado. Por lo tanto, la enmienda comportaría volver en la práctica a la correcta cofinanciación de los programas de fomento y promoción del comercio de las comunidades autónomas.

Quiero remarcar, dentro del Programa de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica, a la Fundación ESADE, cuya finalidad es la investigación. Por lo tanto, apoyar entidades como estas que se dedican exclusivamente a actividades de investigación de alto nivel supone apoyar las medidas que estábamos planteando.

En cuanto al CDTI, investigación y desarrollo tecnológico industrial, proponemos destinar 30 millones de euros. Evidentemente, el CDTI tiene que apoyar los proyectos de I+D+i, aunque con los recursos que tiene pocas soluciones se pueden adoptar. En cuanto al Programa de fomento y




Página 8613


coordinación en la investigación científica y técnica proponemos transferencias a la Generalitat de Cataluña para políticas de I+D, por valor de 88,2 millones de euros. ¿Y Por qué? —ya hablamos de ello al defender nuestro veto, al justificar la falta de presupuesto en este sentido—. La Unión Europea ha fijado el objetivo del 3% del PIB en I+D+i para 2020. En estos momentos nos encontramos en torno al 1,39%. Por lo tanto, deberían aumentarse significativamente estas partidas para alcanzar este objetivo. Actualmente Cataluña se encuentra en el 1,63%. Por este motivo se requiere un incremento de 71,7 millones de euros en concepto de programas de apoyo a proyectos de I+D+i consorciados en Cataluña. Y para llegar al objetivo del 3% en 2020 sería necesario un incremento de 2580 millones de euros en I+D+i. Por tanto, senador Alarcó, entiendo que hay que hacer esfuerzos si queremos crecer, hay que hacerlos.

En el programa de transferencias internas, proponemos 13,5 millones de euros que irían al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, a investigación y experimentación agraria, a la Universidad de Lleida, al plan de intensificación de la investigación agraria, a la biotecnología agroalimentaria, a la industria alimentaria, a las actividades forestales y al desarrollo rural de Lleida, partidas tremendamente importantes ya que Lleida es el motor en todo lo que representa esta actividad agroalimentaria, forestal, etcétera.

Y finalmente, tal como le decía, la dotación para el ICEX, comercio exterior, es totalmente insuficiente. Proponemos una partida de 30 millones de euros para poder hacer frente a todos estos proyectos que se vayan a desarrollar en el exterior y que, en definitiva, supongan la internacionalización.

Por lo tanto, miren bien los conceptos, la hoja de ruta. Les pedimos el apoyo a estas enmiendas, porque van en la línea del crecimiento, que ha de ser complementaria con asumir los objetivos de déficit.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, les pido disculpas previas por el tono de voz, que no por el tono de lo que diré.

El Grupo Socialista ha presentado un total de sesenta y seis enmiendas a esta sección 27, por un global de 950 millones de euros. De ellas, siete enmiendas tienen que ver con el sector del comercio y pymes, y voy a referirme a ellas brevemente. Proponemos mejorar las dotaciones presupuestarias de todo lo que tiene que ver con la actividad exterior de nuestras empresas, aportando más financiación a los instrumentos que permiten esta actividad exterior, como son el ICEX, el FIEM y el Fondo para operaciones exteriores de pymes, con un total de 145 millones de euros. También hay partidas para el comercio interior, dotando mejor alguna para convenios con comunidades autónomas y cámaras de comercio, lo que mejoraría la actividad interior de nuestras pymes.

Por otro lado, hay cincuenta y nueve enmiendas que tienen que ver con la I+D+i, con la ciencia y, en general, con la generación de conocimiento. Voy a referirme a las más significativas —en total, son unos 800 millones de euros—. Todas ellas tienen que ver con aportar fondos a nuestras fábricas de conocimiento. Proponemos mejorar la financiación del CDTI en lo que tiene que ver con la financiación de la I+D+i empresarial, proponemos mejorar la financiación del CIEMAT y, obviamente, del CSIC. Proponemos que la partida destinada a recursos humanos, que por lo tanto tiene que ver con el Fondo Nacional de Investigación Científica y Técnica, mejore sustancialmente, con más de 200 millones de euros. Proponemos aportar más dinero al Oceanográfico, al Instituto Nacional de Investigaciones Alimentarias, obviamente a la Carlos III, así como un programa nuevo de apoyo a proyectos de investigación aplicada y desarrollo en cooperación entre organismos de alta capacidad de transferencia, que es un proyecto nuevo que puede dar mucho juego y para el que proponemos 30 millones de euros.

Estas son nuestras enmiendas, que doy por defendidas. Todas tienen que ver con la idea general —lo que viene a ser un consenso en esta Cámara, pero que no va más allá de esta Cámara— de convencimiento de que la I+D+i debe estar en la base de la actividad económica española.




Página 8614


Estos presupuestos —y ya hablo de economía— son, para el ministro Montoro, los presupuestos de la recuperación. Cuando uno hace afirmaciones de este tipo debería tener en cuenta que la recuperación, como casi todas las actividades de la vida, se mide con indicadores; sin indicadores no podemos afirmar si estamos o no en recuperación. Yo me he permitido hacer una lista de indicadores que quiero repasar con ustedes —lo hice ayer un poco en mi intervención— para matizar esa segunda parte del discurso sobre que ahora estamos en la senda de la recuperación. La senda de la recuperación empieza a ser cansina, porque cuando uno examina la senda en la que está se da cuenta de que de recuperación tiene poco y de senda, también.

Señorías, desde que el Partido Popular accedió al Gobierno en noviembre de 2011 encontramos algunos indicadores que no deberíamos olvidar: el empleo ha caído y hay un millón menos de personas trabajando que entonces, oficialmente hay 630 000 parados más. Hoy la CEOE, hablando de recuperación, les ha hecho un favor a ustedes, ha dicho que el año que viene a lo mejor crean 20 000 empleos. No sé de qué recuperación habla. También los salarios han caído desde 2011.

El sector de las exportaciones, que es la joya de la corona y lo que ustedes consideran que va mejor, está previsto que crezca en 2013 un 5,7%. ¿Saben ustedes cuánto creció en 2011? Un 7,6%. Eso ocurre con el sector de las exportaciones, que para ustedes es lo que va mejor.

La inversión empresarial ha caído un 11% desde que gobierna el señor Rajoy, un 11%. El crédito, que no fluye, desde que gobierna Rajoy ha caído un 21% en el caso de las empresas y un 27% en el caso de las familias. La deuda pública, en nombre de la cual se han cometido un montón de…—mejor no digo de qué—, ha pasado del 70% del PIB en 2011 al 92% en 2013. El déficit, que en 2011 fue del 9,6%, en 2012 fue del 10,6%. Vuelvo a decirles que el déficit público y la deuda les han servido a ustedes para justificar la reforma laboral, los recortes en sanidad, los recortes en educación, los recortes en dependencia. Todo eso lo han justificado en base a la deuda y al déficit y, sin embargo, han aumentado la deuda y han aumentado el déficit. El PIB ha bajado un 2,5% desde que gobierna el señor Rajoy pero ahora parece que como vamos a recuperar una décima estamos en la senda de la recuperación. Fíjense, ha bajado dos puntos y medio, y cuando parece que vamos a recuperar una décima o dos, ya estamos en la senda de la recuperación.

La prima de riesgo —y la menciono para que no digan que no hablo de lo que ha ido bien— ha bajado, es cierto, pero ha descendido porque el Banco Central Europeo ha hecho aquello que le pedimos que hiciera en 2011 y 2012, que entonces no hizo y lo ha hecho en 2013. En 2012, gobernando ustedes, la prima de riesgo alcanzó un máximo, superando los 600 puntos. El Banco Central Europeo ha hecho todo esto después de constatar que ustedes han tomado las medidas que les han impuesto desde fuera; si no, no lo habría hecho.

A todos estos indicadores convendría añadir, para no perderlo de vista, que en este momento prácticamente una de cada tres personas vive en riesgo de pobreza y que hay un 28,2% de españoles y españolas en riesgo de pobreza. Lo digo porque en este país ya no se puede hablar de economía sin hablar de pobreza. Y decir que estamos en la senda de la recuperación, cuando casi una de cada tres personas está en riesgo de pobreza, puede resultar muy doloroso para algunos.

Cuando salen ustedes aquí, cuando sale el señor Montoro o algún ministro y dice: algo estaremos haciendo bien —esto lo han dicho en esta tribuna varias veces—, deberían pensar en lo que deben de estar pensando ese padre de familia o esa madre de familia que es usuaria cada día de un comedor social. Porque decir que estamos haciendo las cosas bien, cuando los comedores sociales están más llenos que nunca, es profundamente injusto, y como representantes políticos deberíamos tener cuidado; lo decimos porque nos dicen que lo digamos, pero hacemos daño.

El ministro Montoro nos dijo al presentar estos presupuestos que convenía que habláramos de crecimiento. Ahora toca hablar, para el señor Montoro, de cuánto vamos a crecer. Podemos hablar de cuánto vamos a crecer. Yo he dado cifras y parece que mucho no. Pero también estaría bien hablar de cómo vamos a crecer, y en esto tiene mucho que ver la sección 27. ¿Cómo vamos a crecer? Podemos crecer como lo están intentando ustedes, sobre la base de la devaluación salarial. No es una opinión mía, el presidente Rajoy dijo el otro día en la Cadena Ser que era clave la moderación salarial como estrategia para salir de las situaciones de dificultad. Era clave la moderación salarial para salir de situaciones de dificultad.




Página 8615


Ayer mismo, en un diario local, en el Diario de Mallorca, de mi comunidad, había un titular autoexplicativo de su modelo, autoexplicativo del modelo que ustedes nos proponen para crecer. El presidente de la Federación Hotelera de Mallorca decía: este año hemos tenido un récord de facturación y proponemos a los sindicatos congelar los salarios. Este es su modelo, esto es lo que ustedes proponen para salir de la crisis, y nosotros creemos que esta no es una buena manera.

El senador Alarcó me dijo ayer en el debate del veto a la sección 27 —y ya lo dijo el año pasado— que antes había que hacer el país sostenible para después invertir en ciencia. El problema, senador Alarcó, es que para hacer un país sostenible necesitamos tener una industria potente, necesitamos tener empresas competitivas, necesitamos ser lo más independientes posible desde el punto de vista energético, necesitamos toda una serie de cosas, tienen que pasar toda una serie de cosas que no pasarán sin ciencia, que no pasarán sin I+D+i. La I+D+i tiene que estar en la base de la independencia energética, porque si no invertimos en conocimiento, en renovables, no romperemos nuestra dependencia energética. No es posible una industria potente sin mucho conocimiento en la base; no es posible. Podremos tener industria que monte cosas que hacen otros, podremos volver a la frase de Unamuno, que dijo que la bombilla luce igual aquí que en casa de quien la inventó. Pero esa no es la manera. El que inventen ellos, porque total la bombilla da la misma luz aquí que en casa de quien la inventó, es un error, se ha demostrado que es un error.

Por tanto, no es posible tener empresas competitivas sin conocimiento aplicado, y sin empresas competitivas, sin industrias potentes y sin independencia energética, no hay empleos de calidad, y si no hay empleos de calidad, el país no es sostenible. Por consiguiente, no es primero país sostenible y después I+D+i, es justo al contrario: sin I+D+i no llegaremos a tener una economía sostenible. (Aplausos.) Por lo tanto, no me vale el discurso de: esperen ustedes a que nos recuperemos, porque no nos recuperaremos. Y esto no lo digo yo, lo dice el Consejo Europeo. El Consejo Europeo, cuando ustedes presentaron el dictamen sobre el programa de estabilidad de España, decía: la estrategia europea de crecimiento y su respuesta íntegra al reto actual requiere el impulso de la innovación, la investigación y el desarrollo, y el Gobierno español no lo está haciendo. Eso lo dice el Consejo Europeo. Ustedes no le hicieron caso. Sí le hicieron caso cuando habló de reforma laboral, etcétera.

Señorías, no es casual que los países que han tenido más problemas en Europa hayan sido los que menos han invertido en I+D+i en la historia. No es casual. Un país que abandona la I+D+i, aunque sea, señor Alarcó, para hacer el país sostenible, es un país que está condenado a depender del exterior, es un país más vulnerable, es un país con empleos más precarios, es un país, por lo tanto, con menos recursos y más desigualdad social. Y eso es lo que está pasando: hay más desigualdad social. Cada vez hay más personas en riesgo de pobreza en este país, y debemos tener alguna reflexión al respecto.

Las universidades llevan un año y pico diciendo que dan por perdido tejido científico de calidad. Llevan más de un año diciéndolo. Si queremos generar conocimiento, señorías, es necesario, es fundamental que las universidades, el CSIC, el CDTI, el Oceanográfico, el CIEMAT, el CNIO o el CNIE no tengan que hacer ERE; y han estado haciendo ERE. Este año los han hecho; institutos tecnológicos, organismos públicos de innovación, universidades, despidiendo gente. Eso, como les decía al principio, son las fábricas de conocimiento. Si no apoyamos las fábricas de conocimiento no generaremos conocimiento, y si no generamos conocimiento seremos una sociedad con poco futuro.

Por eso, señorías, les pido que analicen las propuestas que les hemos hecho en las enmiendas. Son enmiendas que solo pretenden volver a los niveles de inversión de 2011, que ya eran bajos, porque es cierto que de 2009 a 2011 ya hubo recortes, es cierto. No debería haberlos habido, y los hizo un Gobierno socialista, pero el Gobierno socialista en dos años recortó un 10% en la ciencia, mientras que ustedes en tres años han recortado un 40%. Por lo tanto, mal hecho por un lado y mal hecho por el otro, pero no sigamos insistiendo en el error. Si está mal recortar en ciencia, no lo hagamos. Y tengan ustedes en cuenta que nuestras enmiendas tienen mucho que ver con esto. Solo tienen que ver con esto. No buscan más que mejorar la financiación —como he dicho ya dos veces— de nuestras fábricas de conocimiento, por lo que espero que les den apoyo, porque lo merecen.

Muchas gracias. (Aplausos.)




Página 8616


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Manchado.

En turno en contra, tiene la palabra el senador señor Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Buenos días y muchas gracias, señor presidente.

Señorías, qué distinto era el clima de la sección anterior al de ahora. Debo congratularme como político y como senador de que los intervinientes en la sección 27, haciendo la crítica que tienen que hacer, la hayan hecho dentro de los márgenes en los que tenemos que realizarla todos para dignificar, como tenemos que dignificar, esta maravillosa actividad que se llama la política, tan denostada en estos momentos. Creo que en la sección anterior ha habido algunas personas que estaban carentes de factores inhibitorios, y eso nunca lo podemos perder.

¿Cuál es la hoja de ruta, señor Alturo, que tenemos que seguir? Hay una clara: Europa, Horizonte 2020. Hay un mensaje claro: una Europa social y de derecho, luego no podemos hacer presupuestos antisociales, no perdamos tiempo en eso. Una Europa social y de derecho. Es la realidad, es lo que somos, es lo que dice Europa. Yo creo en ella, y considero que debe haber un momento de más Europa. Si tenemos eso definido, no nos perdamos. Una Europa social y de derecho que es un valor añadido importantísimo que se nos da por ser europeos.

¿Qué tenemos que hacer en la Europa 2020? Por cierto, les recomiendo que a cada momento repasemos la Europa 2020, donde hay doce puntos que incluyen las cuestiones clave, no solamente problemas sociales, problemas energéticos, de economía social o de marginación. Lo incluye todo, y es algo a lo que nos comprometimos todos, luego tenemos que hacer unos presupuestos sociales. Vaya por delante que en los presupuestos que tenemos en este proyecto que presenta el Partido Popular el 64% de la inversión es social. En consecuencia, estamos en la dirección, señor Manchado, estamos en la buena dirección.

No podemos hablar de presupuestos de I+D+i, de presupuestos de sanidad… Tenemos que hablar de los presupuestos globales en una hoja de ruta de obligado cumplimiento que todos nos hemos marcado voluntariamente. Por eso hay que hablar de economía social.

Es importante hacerlos reales y no idílicos, sin buenismo, que no nos conduce absolutamente a nada. También es verdad que hay que saber que cuando uno mira solo se ve lo que se sabe, y creo que tenemos que mirar bien sabiendo lo que miramos.

Efectivamente, hay un modelo de sociedad, lo tenemos definido; tenemos un modelo de sociedad. Por cierto, durante los días que llevamos aquí he aprendido muchísimo y también he aprendido lo que nunca haría, como he vivido en algunas actuaciones. Es evidente que hay un modelo de sociedad que está definido, que no es de nadie. Es la sociedad europea, a la que pertenecemos, que tiene unos patrones de comportamiento evidentes, luego la tenemos clara.

Ese mensaje europeo tiene introducido un humanismo activo importantísimo, del que deberíamos sentirnos orgullosos, así como de la práctica permanente de ese humanismo activo, con el que yo me identifico absolutamente en el comportamiento social que tengo como profesional y como político, independientemente de la ideología que tengamos cada uno de nosotros. Luego también tenemos que saber claramente —uniendo el silogismo— que la investigación y la competitividad no se pueden quedar al margen de la crisis porque ni el método científico lo permite ni es prudente, y además tiene que participar de ella, meterse dentro de ella y colaborar a arreglarlo dentro de ella sin lugar a dudas.

Siguiendo con el razonamiento, estamos en la Cámara de la ciencia, a la cual pertenezco, soy un miembro más, de lo que me siento orgulloso, Cámara del Senado cuestionada, aunque yo cada vez me identifico más con ella como instrumento democrático que, por cierto, nos cuesta a cada español por año 1 euro y 25 centavos. Cada vez creo más en esta Cámara, en la que una de sus misiones fundamentales es la ciencia.

Se han presentado muchas enmiendas, y debo decirles, señorías, como persona y político, que aprendo mucho de las críticas pero nada del halago; no creo en él. Y las enmiendas que han presentado todos los grupos son coherentes, mayoritariamente coherentes, con muchas aportaciones; otra cosa es que las podamos realizar. Y me felicito de tener ciento diecisiete enmiendas, que me he estudiado cuidadosamente, con el respeto que se merece lo que hace cada senador de cualquier ideología. He aprendido mucho de ellas y las tendremos muy en cuenta. Ahora bien, no nos olvidemos de que la unidad de tiempo en democracia —no me importa repetirlo— es una sola: es una legislatura, y no mañana es muy tarde.




Página 8617


Han participado todos los grupos parlamentarios, como digo. Y ¿por qué entonces estos presupuestos? Pues son de esta manera en I+D+i, en economía y competitividad por muchos motivos. Voy a hablarles de algunos que considero importantes, aunque también hay otros, no digo que no —no son únicos—, y también son criticables. Tenemos que ver con modestia las críticas, y cuando nos equivocamos, pedir perdón, pero nunca podemos ser negligentes; y les garantizo que no lo somos.

Sostenibilidad y recuperación no son palabras baladíes. Claro que hay que seguir trabajando, hacerlo sostenible y a la vez crear más educación, claro. Si no es sostenible, se cae todo. Y eso hay que hacerlo, senador Manchado. Lo dice Europa. Hay una garantía de sostenibilidad en el mensaje, que además no es ideológico. Yo creo en la ideología, pero si podemos discutir sobre lo no ideológico nos unirán un montón de cosas más, y esto no es ideológico en estos presupuestos. Además exige un apoyo al ajuste claro y al esfuerzo que han hecho los científicos, los ciudadanos, el Gobierno, etcétera. Eso nos obliga moralmente a practicar lo que significa el compromiso, Europa 2020, estabilidad y déficit. Y hay que conjugarlo siempre; si no, no sale la ecuación. Es una década en la que tiene que haber más Europa, tenemos que exigirle más a Europa, y ahí hay financiación —después lo comentaré—. Luego estamos en un momento más dinámico, en que tenemos que fomentar la creatividad, y la creatividad es competitividad, y la competitividad crea más confianza, y la confianza, más trabajo, sin duda.

Por ello, tenemos que ser lo suficientemente sensatos para situar a los localismos en su justo sitio. El localismo no debe ser un factor inhibitorio pero tampoco puede ser excluyente. En Europa ya hablamos de un espacio europeo de investigación clara, al igual que hablamos de un espacio único sanitario europeo —por cierto, que ya funciona— y estamos hablando ya de un espacio sociosanitario europeo. Nosotros nos apuntamos, porque consideramos que es importante.

¿Qué objetivos claros, contundentes, tienen estos presupuestos, en general, pero referidos a la economía? Por ejemplo, la internacionalización, palabra repetitiva, pero es así. La ciencia. Y el I+D+i; por cierto, con la d pequeña de divulgación, que mucha gente no cita, aunque no pueda existir la complicidad de los ciudadanos si no se divulga de forma adecuada. O tener un valor añadido en el I+D, la transferencia de conocimiento, que tenemos que fomentar. La agencia estatal de investigación, que es una asignatura pendiente, que empezará a funcionar en 2014. Y es verdad que hemos luchado todos en esta Cámara. En la Ley de la ciencia, todos, ley que nace aquí, en esta Cámara, y de la que nos sentimos profundamente orgullosos. Pero, tiempo al tiempo. Vendrá, será un instrumento positivo, y tendremos más años para seguir con su desarrollo de forma adecuada.

Un punto clave de la I+D+i es la cooperación internacional. No debe haber I+D+i+d, no debe haber competitividad sin cooperación, la cooperación y la investigación deben ser un factor clave para la igualdad de los ciudadanos, y tenemos que colaborar en ello.

Y, evidentemente, el verdadero cambio de modelo económico —y no son palabras huecas— tiene que pasar —y pasa, senador de Izquierda Unida, como usted ha dicho— por la I+D+i+d, sin lugar a dudas. Y ese es el cambio que obligatoriamente tendrá que venir después de haber estado inmersos en esta profunda crisis.

También hay datos favorables, no todos los que quisiéramos, pero no puede haber de todo para todo y todo el tiempo, porque eso es demagógico, no conduce a nada y engañaríamos a nuestros ciudadanos. Vamos en la buena dirección. Es sostenible. Mantiene un presupuesto de 4260 millones de euros. Un aumento presupuestario de capital en los capítulos 6 y 7 de 140 millones; podría haber sido más, sí, pero no se puede en estos momentos, es un 10,1%. Hay una reducción del gasto por algo que a algunos de la bancada de la izquierda no les gusta: más con menos. Sí, más con menos es un buen objetivo, no podemos criticarlo porque suene a frase hecha, es que es así, hemos ahorrado tres millones de euros en esa gestión. Y se mantienen subvenciones directas por medio del CDTI, que por primera vez en cinco años aumenta en 145 millones de euros.

Estamos en la senda. Reformas, préstamos, la Ley de emprendedores y su tema fiscal en menos del 10%. Contabilidad científica. Micromecenazgo. Mecenazgo. Fondos éticos, un punto clave en lo que significa la financiación público—privada, no la privatización sino la colaboración público-privada. Reformas fiscales importantes, etcétera. En definitiva, tiene un mensaje claro y profundo de economía social.




Página 8618


Y en el tiempo que me queda —después me referiré en el turno de portavoces— quiero hablar del tono de todos los intervinientes. Repito que me siento reconfortado, me da mucha más ilusión —que la tengo— para seguir luchando en esto. Además, ha habido aportaciones importantes. Quiero felicitar al señor Iglesias, con cuya ideología, viniendo de Izquierda Unida —que no es ni bueno ni malo sino una forma de definirse en política—, tengo pocas similitudes, aunque las respeto profundamente. Está usted demostrando diariamente un comportamiento ejemplar, y me sumo a mucho de lo que ha dicho, otra cosa es que se pueda hacer en un momento determinado. Y, señor Iglesias, seguro que va a venir el cambio de modelo económico: Horizonte 2020, Europa 2020, somos europeos. Tiene que venir, no discutamos. No se olvide de que en Europa 2020 el 3% del PIB es para I+D+i —dicho y firmado—, luego estamos en la senda correcta. El 3% del PIB es mucho dinero, si es que es mucho dinero para algo. Yo creo que es un cambio sustancial.

En cuanto al señor Martínez Oblanca, lo que ha planteado es bastante localista. He analizado las ciento dieciocho enmiendas que ha presentado, de las cuales catorce son de comercio, que después comentaré. Y ha repetido dos veces: gran país. Sí, este es un gran país. Hay cosas que yo nunca diré. Gobierne quien gobierne, este es un gran país. Es un valor añadido del que deberíamos presumir todos. Se dice: es que si no se hacen una serie de cosas, este no es un gran país, si esto funciona mal, no es un gran país, pero no, este es un gran país. Y después tendremos que conseguir entre todos que funcione bien, pero no poner siempre en tela de juicio eso.

En relación con los aspectos locales que usted ha planteado legítimamente, si estoy interviniendo en el turno en contra es porque creemos que, siendo muchos de las enmiendas razonables, en este momento no pueden ser aceptadas.

La senadora Iparragirre ha planteado dos o tres cosas, que yo respeto. No las vamos a poder asumir en esta legislatura, pero las tenemos muy en cuenta. Hemos aprendido mucho de ello. Están bien estudiadas y las tenemos bien guardadas, pero no para dejarlas en el cajón, no para manejar la inercia, sino para buscar iniciativas.

Estoy de acuerdo con el tono del señor Alturo, razonable, como suele ser en él. El tiempo es el tiempo, y el tiempo político, el tiempo periodístico o el tiempo jurídico no coinciden. Dar tiempo al tiempo es una frase interesante, y debemos dárselo entre todos; no eterno, lo que ya es un tema distinto, metafísico.

En cuanto a Antonio Manchado, nos conocemos mucho por hablar de I+D+i y de otra serie de cosas. Ha hablado de la agencia, a la que ya me he referido, y también de la crisis, de la economía, etcétera. Y tiene usted razón: hay que tener mucho, mucho cuidado al hablar de crecimiento cuando hay problemas sociales y proyectos vitales rotos, sin duda. Pero, con la modestia que hay que tener para que esos problemas se sigan corrigiendo, debemos empezar a crecer. Hay que decirlo con modestia pero también con orgullo.

Y, claro que tiene que ser sostenible. Tiene que serlo, porque si no es sostenible no hablamos ni de I+D+i ni de nada. Y este país no era sostenible, es así; y en estos momentos, lentamente, pero seguros, con paso firme, en la buena dirección, vamos siendo sostenibles.

Es verdad, don Antonio Manchado, que también Unamuno dijo que investiguen otros. Bien, Unamuno era un intelectual, y creo que en eso se confundió gravemente. Investiguemos nosotros, que somos muy creativos. Lo de que investiguen otros corresponde a una época determinada, y creo que es un grave error.

Y tampoco es cuestión de tener euros y no gastárselos. No me gusta mirar para atrás, ni eso de: cuanto peor, mejor. No lo practico, no me gusta. Ni es una coartada hablar de lo mal que se ha hecho antes, tampoco lo quiero practicar. Pero es un referente. Yo, como médico, para hacer una historia clínica tengo que preguntar al paciente absolutamente todo lo anterior. Evidentemente, en momentos determinados hubo un excedente de dinero y no se gastó. Con esto quiero decir que no es cuestión de tenerlo sino de saberlo gastar, de invertirlo en tiempo real. Y me reservo para el turno de portavoces por si tengo que aclarar algo más a los intervinientes en ese sentido.

Con respecto a las catorce enmiendas en materia de comercio, debo decir, sobre todo al senador Ramon Alturo, que en la última comparecencia del secretario de Estado de Comercio en la Comisión de Presupuestos, en respuesta a una pregunta suya muy concreta, se comprometió —figura en las actas del Congreso de los Diputados, usted lo sabrá— a un plan integral de comercio minorista donde intervienen todos los ministerios comprometidos, con diez líneas




Página 8619


concretas para actuar. Además, este año el comercio exterior sube en este presupuesto el 12,93% y el minorista se queda como está en el presupuesto para 2014. Hay, pues, un compromiso formal de fomento claro de todos los ministerios. Creo que esta es una línea importante, interesante, porque es una fuente de crear empleo muy clara. No en vano, el 82% del empleo en nuestro país lo crean los autónomos y las pymes. Y hay un sector minorista muy importante.

En cuanto al resto de las enmiendas, le comento con respeto, con modestia, pero sabiendo que es real, basándonos en Europa, en ese control del déficit y en que sea sostenible, que lo que supone un incremento del déficit público hoy —mañana espero que sí— no es posible porque la contención del gasto es una obligación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Por último, usted sabe que la propuesta de financiarse con más deuda pública tampoco es posible. Y como no lo es, y hay que reducir el gasto público para 2014 y cumplir los compromisos europeos —lo que no es perder autonomía sino que los compromisos son compromisos— y somos ciudadanos europeos, esos compromisos, repito, hay que cumplirlos. Por tanto, en estos momentos no se puede dar satisfacción a esas cuestiones.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Al igual que usted, señor portavoz del Grupo Popular, yo me siento más cómodo saliendo de la crítica que del halago. Por eso, le agradezco sus comentarios, pero no los haga, porque encima me compromete. Por tanto, le ruego que se abstenga de utilizar la tribuna para halagarme.

Puedo estar de acuerdo, como usted afirmaba en relación con mi intervención, con alguna de las consideraciones que ha hecho. Lo que ocurre es que la interpretación que yo hago de ellas es diferente a la de usted. En primer lugar, es cierto que tenemos un modelo de sociedad europeo, pero eso es lo que está en cuestión. No es que todas estas reformas que en España y en otros países europeos se están desarrollando sirvan para la consolidación de ese modelo europeo, al revés: se está volando el modelo social económico europeo que habíamos construido. Además, no hace falta llamarlo modelo social europeo, hay que llamarlo Estado de bienestar, que era el modelo que compartíamos los Estados de la Unión Europea, con diferente nivel de desarrollo en la posguerra. Y eso es lo que ahora está en riesgo y en peligro, porque el sistema económico en el que nos movemos cada vez acelera más sus ritmos y, como Saturno, empieza a devorar a sus hijos. Este sistema económico, en la década de los setenta para nutrirse y crecer expolió Latinoamérica; y recordará aquel concepto reiterado de la deuda externa. Bien, pues eso es lo que tenemos ahora en Europa: la deuda externa, que en la década de los setenta fue el mecanismo que sirvió de expolio de las riquezas naturales, que era lo que había entonces, en Hispanoamérica. Después, con la caída del muro de Berlín, el sistema devoró el patrimonio colectivo de todos esos Estados con la complicidad, además, de sus antiguos dirigentes, que pasaron de nomenclatura a ser la nueva clase económica en esos Estados. Y ahora tiene que devorar el modelo de Estado de bienestar de Europa para seguir funcionando, porque es como una bicicleta que no puede detenerse, que tiene que seguir pedaleando. Y todas estas reformas contribuyen a ello.

Decía usted, acertadamente, que la investigación y la competitividad no pueden estar al margen de la crisis, pero no para ser víctimas de la crisis sino para ser respuesta, instrumentos de respuesta a esa crisis. Y hasta ahora la búsqueda de la mejora de la competitividad, la consecución del incremento de nuestra presencia en los mercados externos —y no vuelvo a entrar en la discusión de si está perdiendo fuerza o no en los últimos tiempos—, no se hizo a base de eso. No se hizo a base de esfuerzos para avanzar en la I+D+ i, sino a partir de de la devaluación interna y de la reducción de los costes laborales y de la destrucción de empleo, porque la competitividad que ganamos se logró a base de que menos gente trabajará más por menos dinero. Ese es el éxito de la competitividad y del crecimiento de nuestra presencia en los mercados externos.

Por eso el ajuste es ideología, el ajuste es ideológico, no es un ajuste técnico. El ajuste responde a ese planteamiento global de cuestionamiento del Estado de bienestar. Y, por más que en su argumentación de forma reiterada utilice Europa 2020, lo cierto es que estos presupuestos, en vez de acercarnos a ese objetivo del 3% del producto interior bruto, nos alejan de él, en un




Página 8620


momento además en el que el producto interior bruto está cayendo. Y para 2020 quedan seis o siete ejercicios. Decía usted que en política el período es la legislatura, pero nosotros tenemos que mirar hacia fuera. El período es la vida de los ciudadanos, y nuestra obligación y la de los presupuestos es responder a las necesidades vitales de esos ciudadanos en su período de vida. De la posible trascendencia más allá corresponde responder a otros y buscar soluciones a otros. Y estos presupuestos en su conjunto, tanto en el análisis que usted realizaba al principio como en esta sección concreta, no responden adecuadamente a esas necesidades.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

El señor Alarcó ha empezado su intervención hablando del clima. Yo también me felicito del clima correcto y respetuoso que ha presidido este debate, pero, señor Alarcó, ese clima no debe esconder lo que desde nuestro punto de vista es el estrangulamiento de las políticas de investigación, desarrollo e innovación, empezando por la limitación en las tasas de reposición del personal de investigación. Llevamos dos años de retraso en la creación de la agencia estatal de investigación. Los programas de I+D+i continúan retrocediendo en el conjunto del gasto. Eso es así: desde el año 2011 llevamos acumulado un 28% en los créditos de los capítulos I a VI; un 23% en el capítulo VIII; han disminuido el 31% los créditos destinados al Fondo de investigación científica y técnica, es decir, los programas dedicados a proyectos de personal y de investigación. Y qué decir del CDTI, un organismo clave, que ha descendido desde 2011 más del 50%, si no recuerdo mal. Por lo tanto, ese clima, del que, como digo, yo también me felicito, no tiene que esconder una realidad que es la que es.

Ha hablado también de Europa. Le devuelvo el argumento: copiemos de Europa. ¿Qué está ocurriendo con nuestros investigadores, con nuestros científicos? Pues que los países punteros de Europa los fichan, se los llevan, y los perdemos; desgraciadamente, los perdemos.

Usted ha dicho: no mañana es muy tarde. Pero en este campo, en esta línea, puede ser tarde mañana —lo he dicho en mi primera intervención—. Otras cuestiones sobre las que podemos discutir, nos podemos pelear, podemos utilizar tonos más agrios, pueden ser cuestiones coyunturales: el retraso de una inversión, el retraso de una infraestructura, el retraso en la aplicación de un programa nuevo. Pero en este campo no, en este campo estamos hablando no de cuestiones coyunturales sino estructurales, de estructura y, por consiguiente, de diseño y de lo que queremos ser cuando seamos mayores. Y este país necesita apostar claramente, y demostrarlo con hechos —por lo tanto, en los presupuestos—, por la investigación, el desarrollo y la innovación.

Finalizo mi intervención diciendo que esta ha sido nuestra línea argumental a lo largo del debate de esta sección: intentar convencer al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno de la necesidad de incrementar las partidas destinadas a esta sección 27.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gràcies, senyor president.

Señorías, senador Alarcó, es de agradecer el clima de debate ―yo también quiero agradecerlo― porque, evidentemente, estamos hablando en buen tono de argumentos, de ideas y, por lo tanto, repito, es de agradecer. Sin embargo, esto no tiene que suponer que no sea necesario atender las prioridades que nos estamos fijando para crecer y para generar empleo.

El día que presentaron los presupuestos, el ministro se preguntaba cuál tenía que ser el debate en este momento: en cuánto se iba a reducir el paro el próximo año, cuánto se iba a crecer, en cuánto se iba a incrementar la partida de bienes y equipos, que le gustaría decir que la industria se




Página 8621


estaba activando y que iba bien… Este fue el debate que pidió el ministro en la presentación del proyecto de ley. Vale, de acuerdo, este tiene que ser el debate. Entonces, ¿cómo vamos a crear empleo? Pues bien, hay dos secciones, entre otras, que son fundamentales y la sección de economía lo es para que este debate sea serio y real.

Usted dice que la unidad de tiempo es la legislatura, lo dijo el otro día y lo repite hoy; unidad de tiempo, la legislatura. Pero ya llevamos dos años de legislatura, estamos a la mitad y, como usted sabe, hay que ver cómo va la línea, si la línea es ascendente, si es uniforme pero está por debajo y no crecemos o si la línea es descendente. Insisto en que ya estamos a mitad de la legislatura y, si la unidad de tiempo es la legislatura, habrá que hacer un balance a la mitad y analizar si la línea crece o no, y esta línea no crece, senador Alarcó, no crece.

Ha puesto como referencia a Europa, y en I+D+i, ¿qué fija Europa? Como he comentado antes, está fijando un objetivo para 2020 del 3% del PIB. Ahora estamos en el 1,3% y la Unión Europea alcanza el 2,3% de promedio; por tanto, estamos lejos y, a este paso, no vamos a cumplir ese objetivo o ya me explicará cómo lo vamos a hacer. Por lo tanto, está muy bien que hagamos referencia a Europa, pero ¿cómo cumplimos con ella? No está claro.

Desde 2010 hasta hoy, en I+D+i hemos perdido un 20%. Es decir, que hay que recuperar lo que se ha perdido y, además, tenemos que crecer. Por lo tanto, tenemos un problema.

Al hablar de las enmiendas ha dicho que todo lo que suponga déficit no puede asumirse, pero es que esa es la cuestión, que quizá haya que recortar de otras partidas; quizá haya que recortar en inversiones que se estén realizando en no sé dónde. Hay que priorizar, máxime en situación de crisis, y es evidente que en este momento hay que priorizar el crecimiento. Se lo decía antes y lo repito para finalizar, hay que favorecer que la pequeña y mediana empresa pueda crear ocupación, y hay que favorecer que los emprendedores puedan desarrollar su propio negocio e implantarse.

Si hablamos del ICEX, pues estamos igual; las partidas están disminuyendo, está congelado el presupuesto, no estamos creciendo. Por tanto, las palabras y el tono siempre son agradables, pero lo que hay que tener es la contundencia de los hechos, senador Alarcó. Es decir, está bien que tengamos un debate constructivo, pero, evidentemente, hay que ser contundentes para facilitar este crecimiento. Y desde nuestro punto de vista la contundencia en esta sección no la estamos viendo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Senador Alarcó, es cierto que cuando un Gobierno gana unas elecciones tiene una legislatura, pero eso es algo aleatorio. Eso no me vale como argumento, eso es porque lo dice la ley electoral o porque nos hemos puesto de acuerdo. Usted sabe, primero, que este es el tercer presupuesto, es decir, no estamos en la mitad de legislatura. Por tanto, estamos analizando el tercer presupuesto de cuatro, lo cual es importante. Segundo, le voy a poner un ejemplo para que vean que ustedes, hablando de prioridades, no hacen lo mismo en unas cosas que en otras cosas. Usted nos dice: paciencia que aunque llevamos dos años, la Agencia Estatal de Investigación el año que viene estará constituida. Yo me hago una pregunta: ¿qué es más difícil, constituir la Agencia Española de Investigación en consenso con todos los grupos parlamentarios y con todos los científicos de este país, o hacer una Ley de mejora de la calidad de la enseñanza contra todos? Pues ustedes lo han hecho. ¿No es más fácil crear una Agencia Estatal de Investigación que hacer una reforma laboral contra todos? Pues ustedes han sido capaces de hacer estas cosas contra todos. ¿Por qué no han creado una Agencia Estatal de Investigación? Porque no es su prioridad, señor Alarcó, porque no es su prioridad, y se lo digo respetando el tono del discurso y el tono de la intervención porque el tono no tiene que comprometer el rigor.

No puede ser que usted nos diga: tranquilos porque en innovación vamos bien, cuando es evidente que nos estamos alejando de Europa. Yo también reivindico Europa como usted, pero Europa destina el 3% a ese capítulo. Le acaban de decir los dos senadores que me han antecedido en el uso de la palabra que estamos más lejos que todos de Europa. Europa a 2020 se nos ha alejado a los españoles, estamos más lejos de Europa porque estamos más lejos del 3%. Pero no solamente estamos más lejos, no solo eso, señor Alarcó, es que hemos renunciado como país a




Página 8622


Sección 31




Página 8623


Sección 34.

Sección 35.

Sección 36.




Página 8624


Administrador

de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)




Página 8625


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

El senador Martínez Oblanca ha presentado las enmiendas 36 a 38.

Tiene la palabra para su defensa.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

En este apartado presupuestario dedicado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, Foro ha presentado tres enmiendas. La primera, con el número 36, está dotada con una partida de 25 millones de euros para que la alta velocidad ferroviaria llegue al triángulo urbano e industrial más poblado de Asturias, es decir, que el AVE llegue a Oviedo, Gijón y Avilés, como por otra parte se planteó desde el primer instante de aquel inolvidable y extraordinario Plan de Infraestructuras del Transporte, PIT 2000-2007, con horizonte presupuestario de 2010, aprobado y puesto en marcha por el Gobierno del Partido Popular que entonces presidía José María Aznar.

No puedo dejar de recordar los grandes objetivos de aquel plan que convirtieron la alta velocidad ferroviaria en uno de los logros más sobresalientes para una gran parte del territorio nacional y que muchos españoles ya disfrutan, como tampoco puedo dejar de recordar que el anterior presidente de Gobierno prometió la llegada del AVE a Oviedo en el año 2009, hace cuatro años, y que no solo no cumplió sino que ha dejado como señal de su paso la construcción en León de una nueva estación ferroviaria que da como resultado que en el año 2013 se tarde media hora más en llegar desde Asturias hasta Madrid que en el pasado siglo. A corregir esa nueva estación, fondo de saco de León, va destinada la enmienda con un alta de 25 millones de euros, que daría amparo a las obras que eviten la peculiar maniobra de avance y retroceso, la marcha atrás en los trenes que hacen el recorrido Asturias-Madrid.

Finalmente, nuestro bloque de enmiendas en cuanto a ADIF incluyen un nuevo proyecto dotado con 500 000 euros para que se proceda a la limpieza y mantenimiento del entorno ferroviario de Avilés y los pasos a nivel en Llaranes y Villa Alegre, así como en los alrededores de la vía, que están en condiciones deplorables y dificultan o impiden a los ciudadanos un acceso correcto. De hecho, en algunos puntos las vallas de seguridad que cruzan las vías están rotas y hay riesgo para las personas. Por cierto, se han producido incidencias mortales en este entorno durante los últimos años y, lamentablemente, en días pasados.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado la enmienda 1779. Para su defensa tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.

Esta es una enmienda destinada a dotar a ADIF de un presupuesto específico para la urbanización de unos solares en la localidad de Montmeló que son de su propiedad y fruto de la construcción del túnel del AVE, que también ha permitido el soterramiento de la línea convencional, apareciendo en medio del núcleo urbano esta herida, esta separación que a todas luces es imprescindible reurbanizar.

Por lo tanto, esta enmienda tiene el objetivo de dotar con cuatro millones a ADIF para que cumpla con esta necesidad social en este municipio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martí.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Entesa? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Convergència i Unió? (Denegaciones.)

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Navarro.

El señor NAVARRO ANDREU: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, presidente.

Señorías, tres días después de un debate maratoniano, intenso, evidentemente no tenemos ninguna sorpresa. Por una parte, el Partido Popular continua solo, instalado en su pedestal confortable de mayoría absoluta. Desde luego, no les hemos convencido en absoluto, en ningún




Página 8626


caso, de que estos no son los presupuestos de la recuperación. Para bajarse de ese pedestal, evidentemente, no bastan ni las 3800 enmiendas, ni los nueve vetos, ni las voces de los empresarios que claman por la caída de la competitividad, ni las organizaciones empresariales, ni los economistas, ni los sindicatos, ni las quejas de los Gobiernos autonómicos, algunos del Partido Popular, ni las enmiendas territorializadas, algunas de su propio partido. No, no hacen caso ni al resto de los grupos, ni al CIS, ni a las encuestas, ni a los indicadores del senador Manchado, por cierto, ni al clamor de la calle, que denuncian que estos no son los presupuestos de la recuperación.

Pero vamos a analizar rapidísimamente lo que estamos debatiendo, vamos a hacer una radiografía, una prueba del algodón de esta sociedad del Estado, la más inversora, por cierto. Ustedes redujeron en su primer presupuesto la inversión de ADIF y lo volvieron a reducir después, hasta dejarlo en los 3372 millones de euros. La pregunta es: ¿va a llegar esta —desde nuestro punto de vista, insuficiente— inversión a hacerse realidad? Si nos atenemos a la ejecución que ustedes realizaron en 2012 en ADIF y al adelanto de la ejecución para el 2013, cuando se prevé que se dejará de invertir el 31,92%, la verdad es que no va a ser así. Ustedes emplean lo que llaman la reprogramación, algo que forma parte del nuevo vocabulario que han impuesto y que, desde luego, los ciudadanos traducen en este caso como suspensión o, en el mejor de los casos, retraso. No voy a ponerles un ejemplo del Partido Socialista, sino del Boletín Oficial del Estado. En el tramo Moncófar-Castellón, mi provincia, ustedes adjudicaron el 10 de diciembre de 2012 los sistemas de seguridad de comunicación del tramo del AVE; el 22 de marzo de 2013 se adjudicó a ACS por 34,6 millones de euros la renovación de la vía y la catenaria, y el día 3 de septiembre de 2013, sin embargo, se suspende la adjudicación. Hace un mes, lo volvieron a adjudicar. Por tanto, un año de retraso. Evidentemente, tampoco ayudan las cifras de negocio, que son casi la mitad, y el resultado de pérdidas. No ejecutan lo que predican, como la cohesión del territorio. Y, en teoría, la inversión no se prioriza por los criterios que ustedes marcan. No se tiene en cuenta la intermodalidad, la financiación de las obras, la financiación europea o ni siquiera a Adam Smith. Y en el corredor mediterráneo, por ejemplo, que es prioritario en teoría —lo dice Bruselas, la vertebración de cuatro comunidades autónomas, la fuerte exportación, más del 40% del PIB—, sin embargo, en la práctica lo relegan porque disminuyen el 54% de la inversión, desconectan Algeciras y eliminan para 2014 el tramo de Valencia hasta Murcia. Instalan lo que muchos califican de chapuza, que es el tercer hilo, eliminando una plataforma y propiciando la saturación, porque también van a ir la larga distancia y mercancías —lo de la saturación lo dijeron ustedes en 2010— y no abordan ni cercanías ni la integración de las ciudades.

En conclusión, si han hecho todo esto, al menos habrán rebajado la deuda. Pues no es así. En ADIF el 13 de diciembre de 2011, en contestación del propio Gobierno, nos han dicho que tenían 9271 millones de euros de deuda y en los presupuestos del 2014 ustedes han señalado 16 686 millones de euros. Efectivamente, han cumplido lo que decía la ministra: con menos, más. Es decir, menos inversión y más deuda.

En definitiva, por lo que he oído estos días, también la colaboración público-privada es otra falacia porque el principio y el fin están escritos. Principio: el corredor mediterráneo será la primera red privatizada. Y fin: Fomento renuncia a privatizar la seguridad del AVE Madrid-Galicia. Esto es lo que nos han dejado en lo que corresponde a ADIF.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Navarro.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. Voy a hacer un único turno de posicionamiento para marcar lo que va a ser nuestro posicionamiento, valga la redundancia, respecto a las sociedades de ADIF, AENA, Puertos del Estado y SEITTSA.

Sin euforia desmedida y sin querer ofender a nadie ni faltar a la verdad, tengo que decir que estas sociedades públicas están sustancialmente mejor que hace dos años. Estas sociedades conforman lo que llamamos el Grupo Fomento, que dispone de 17 310 millones de euros, de los cuales 8980 son para inversión directa.

Todas estas sociedades han trabajado sus cuentas y deudas y han intentado mejorar sus EBITDA y muchas de ellas lo han mejorado considerablemente. Además de ello, han mantenido




Página 8627


Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)




Página 8628


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

El señor MEDINA TOMÉ: Señor presidente, pido la palabra.

El señor PRESIDENTE: La tiene su señoría.

El señor MEDINA TOMÉ: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 2656 y 2657 a AENA.

El señor PRESIDENTE: Señoría, lo siento mucho, pero no figuran esas enmiendas.

Estábamos en el turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, presidente.

Señorías, señor Ibarrondo, me parece que va usted a tener que venir aquí. Ayer, en la isla de Tenerife, estaba declarada la alerta máxima. Un avión procedente de Gran Canaria sufre un accidente. Cincuenta y un pasajeros se vieron afectados. AENA retiró desde el 31 de diciembre del 2012 el único facultativo que existía en el aeropuerto. AENA ha tenido este año unos beneficios de 310 millones de euros. AENA acaba de comprar el aeropuerto de Luton. Vamos a hablar, señor Ibarrondo, de las cuentas, de la inversión y de la caja.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere felicitar al Gobierno de España por la coherencia que se ha tenido a la hora de elaborar las cuentas de AENA para el 2014. Son cuentas coherentes, eso sí, incompletas. Coherencia porque responden al único plan que el Gobierno del Partido Popular tiene hacia y para nuestros aeropuertos: la pri-va-ti-za-ción. E incompletas porque no contienen ninguna referencia a esta privatización, a pesar de ser esta una acción previsible en el año 2014, según se recoge en la memoria de objetivos de la sección 17, Ministerio de Fomento, programa regulación y supervisión de la aviación civil, objetivo 8. Pues a pesar de todo, ni la secretaria General de Transportes, ni el secretario de Estado, ni el presidente de AENA hicieron alusión alguna a esta materia.

Presume el Partido Popular de sus cuentas, de las cuentas de AENA. Nosotros también nos alegramos de que la caja vaya bien, que se obtengan beneficios, que la deuda se reduzca, aunque no compartimos que se destine cerca del 43% del flujo de caja al pago de la misma.

Y hablando de la deuda, voy a ser buen alumno de un senador del Partido Popular que ayer nos enseñó que existían dos clases de deuda: las productivas, provenientes de inversiones productivas localizadas en las administraciones exclusivamente gobernadas por el Partido Popular, Valencia y Madrid; e improductivas, las restantes. Pues, señorías, la deuda de AENA es productiva, primero, porque fue necesaria para modernizar nuestras infraestructuras y, segundo, porque el causante de la existencia de esta deuda no fue otro sino el señor Álvarez-Cascos, ministro que lo fue del Gobierno del Partido Popular.

Señorías, para nosotros existen otras cuentas aparte de las que defiende el Partido Popular, porque el Partido Popular no habla del ajuste realizado en la plantilla, dos mil trabajadores menos; no habla de la drástica reducción de la inversión, 55% desde el año 2011 hasta el 2014; no habla del cierre de las instalaciones, diecisiete; no habla del incremento del 30% de tasas, aunque se ha visto obligado a bajarlas en este año; y —claro—, si después de reducir plantilla e inversión no se obtiene un resultado de caja positivo, habría que despedir a la dirección de AENA. La caja va bien, señorías, pero el uso de nuestros aeropuertos va mal. Al Partido Popular lo que le importa son las cuentas de AENA para su privatización.

Señorías —y acabo—, dos años después de que el señor Rajoy empezara a gobernar este país España tiene más paro, España tiene más deudas, España tiene menos crecimiento, España tiene menos educación, España tiene menos sanidad, España tiene menos justicia, España tiene




Página 8629


Puertos del Estado y Autoridades Portuarias




Página 8630


Sociedad

de infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios Sociedad Anónima (SIEPSA)




Página 8631


Entidad Valencia Plataforma Intermodal

y Logística, S.A.




Página 8632


Preámbulo




Página 8633


¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado? (Denegaciones.)

Terminamos con esto el debate de los presupuestos. Las votaciones se realizarán esta tarde, cuando votemos las propuestas de veto correspondientes a la ley que comenzaremos ahora.

4.1.2. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL EN EL SECTOR PÚBLICO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

(Núm. exp. 621/000056)

El señor presidente da lectura al punto 4.1.2.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador España.

El señor ESPAÑA MOYA: Muchas gracias, señor presidente.

Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.

Señores senadores, el Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público tuvo su entrada en esta Cámara el día 23 de noviembre de 2013, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se tramita por el procedimiento de urgencia. El plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó el día 27 de noviembre.

Se presentaron 5 propuestas de veto y 105 enmiendas, de las cuales, la enmienda 4, de varios senadores del Grupo Parlamentario Mixto, fue inadmitida a trámite por falta de conexión material. Las 5 propuestas de veto fueron las siguientes: de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; de las senadoras Almiñana Riqué y Sequera García y de los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, del Grupo Parlamentario Socialista y, finalmente, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Por su parte, las enmiendas se distribuyeron de la siguiente forma: tres enmiendas de los senadores Eza Goyeneche, Salanueva Murguialday y Yanguas Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; diecisiete enmiendas de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; dieciocho enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista; treinta y cinco enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; veintiséis enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; y cinco enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El pasado 3 de diciembre se reunió la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas que acordó designar la siguiente ponencia para informar el proyecto de ley: Por el Grupo Parlamentario Popular, don Armando Castosa y don Francisco Granados Lerena; por el Grupo Parlamentario Socialista, don Nicanor Sen y don Juan María Vázquez García; por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, don Ferrán Bel Accensi; por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, don José Montilla Aguilera; por el Grupo Parlamentario Vasco, doña Rut Martínez Muñoz; y por el Grupo Parlamentario Mixto, don Isidro Martínez Oblanca.

Dicha ponencia elevó a la comisión informe en el que introducía como modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas 101 a 105 presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, con la rectificación de un error de la enmienda 103. La comisión reanudó su sesión para dictaminar. Se debatieron y votaron, en primer lugar, las propuestas de veto, quedando todas ellas rechazadas. Posteriormente, se debatieron las enmiendas y, finalmente, se sometió a votación el texto propuesto por la ponencia en su informe, resultando aprobado por 15 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

Han presentado votos particulares el Grupo Parlamentario Mixto, respecto a su propuesta de veto número 1 y a sus enmiendas presentadas; el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, respecto a su propuesta de veto número 3 y a sus enmiendas presentadas; los




Página 8634


senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya respecto a su propuesta de veto número 4; el Grupo Parlamentario Socialista respecto a su propuesta de veto número 2 y a sus enmiendas presentadas; y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió respecto a su propuesta de veto número 5 y a sus enmiendas presentadas. Además, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y el Grupo Parlamentario Socialista presentan voto particular para volver al texto del Congreso en la parte enmendada por la comisión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador España.

Señorías, he olvidado decirles que las votaciones nunca serán antes de las cuatro de la tarde.

Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Muchas gracias.

Señor presidente, señorías, la reforma del artículo 135 de la Constitución Española y su posterior desarrollo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera han elevado los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del sector público a pilares fundamentales de nuestra evolución económica y también del pronto crecimiento económico y, sin duda alguna, garantía del bienestar social. El peor enemigo de la sostenibilidad financiera es el descontrol de la deuda. Un aumento desmedido de la deuda del sector público tanto en lo referido a la deuda financiera como a la deuda comercial, entendiendo por esta el volumen de deuda pendiente de pago a los proveedores de las administraciones públicas, pone en riesgo la capacidad de asumir compromisos de gastos presentes y futuros.

La reducción de la morosidad de las administraciones públicas constituye un elemento imprescindible para mejorar la competitividad de la economía española, pues conlleva reducir las necesidades de financiación de las empresas, lo que les permite aprovechar mejor sus oportunidades de negocio y facilitar el crecimiento económico.

El Gobierno, desde el comienzo de legislatura, ha puesto en marcha un conjunto de medidas y de reformas para erradicar la morosidad en el sector público que son complementarias entre sí, dirigidas tanto a la Administración General del Estado como a comunidades autónomas y corporaciones locales. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Se trata de dos tipos de medidas: las coyunturales, como el Plan de pago a proveedores, Fondo de Liquidez Autonómico y medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez de entidades locales, y las estructurales, como el Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público —actualmente en fase de tramitación parlamentaria del Senado— y el Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial, que es el que tengo honor de presentar en esta Cámara.

El objetivo general que pretende alcanzar el Gobierno con todas estas medidas, como ya he dicho, es reducir, hasta llegar a su mínima expresión, la morosidad del sector público, porque ello no solo mejora la capacidad de competir de nuestra economía, sino que, sobre todo, aumenta la confianza en el conjunto de las administraciones públicas.

Como objetivos particulares que se pretenden alcanzar con las medidas ya adoptadas y con las que se están tramitando, se pueden destacar los siguientes: financiar de forma condicionada y controlada el stock de facturas pendientes de pago de comunidades autónomas y de entidades locales, evitar el gasto no contabilizado ni registrado y garantizar el cumplimiento de los plazos normativos de pago a proveedores.

El pasado 26 de noviembre, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas tuve la oportunidad de hablar —de resumir— de lo que he llamado medidas coyunturales. El Plan de pago a proveedores, que facilita a comunidades autónomas y entidades locales la formalización de préstamos a largo plazo para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores a cambio de una exigente condicionalidad fiscal y financiera que se concreta, entre otros elementos, en el plan de ajuste. El Fondo de Liquidez Autonómico, que está aportando liquidez a las comunidades autónomas, tanto para la financiación del déficit autorizado como de determinados vencimientos. Y medidas de apoyo a entidades locales con problemas financieros, como son




Página 8635


anticipos reintegrables, reducción de la retención aplicable en la participación de los tributos del Estado o refinanciación de deuda.

Y para completar la información a la Cámara, puedo decirles a ese respecto que esta mañana hemos celebrado la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en donde hemos redistribuido entre las comunidades autónomas el excedente del Fondo de Liquidez Autonómico relativo a 2013. Ya habíamos hecho una primera redistribución en el Acuerdo de Comisión Delegada del 10 de octubre por un total de 452 millones de euros y esta mañana hemos reasignado un total de 2879 millones de euros, excedente del FLA 2013, que reasignamos a las comunidades autónomas que están incorporadas al Fondo de Liquidez Autonómico en las siguientes cuantías —vale la pena que les relate las cuantías que van a cada una de las comunidades autónomas-: para Andalucía significa un incremento de su FLA, por tanto, en 2013 —los días que quedan hasta el 31 de diciembre— de 562 millones de euros; para el Principado de Asturias, 157 millones de euros; para Baleares, 232 millones de euros; para Canarias, 73 millones de euros; para Cantabria, 136 millones de euros; para Castilla-La Mancha, 121 millones de euros; para Cataluña, 873 millones de euros; para Región de Murcia, 160 millones de euros; y para Comunidad Valenciana, 561 millones de euros.

Por tanto, estamos aumentando la liquidez, la tesorería de estas comunidades autónomas para atender pagos que son necesarios antes de que acabe este mes de diciembre en esas cuantías —como ven, cuantías importantes—, y hay que recordar que el lunes pasado hemos pagado en el Plan de proveedores más de 1700 millones de euros a las entidades locales. En definitiva, estamos haciendo una movilización de recursos financieros, créditos públicos para atender las necesidades de tesorería de nuestras comunidades autónomas y que los proveedores que más les urge cobrar puedan hacerlo en fechas muy próximas.

Ya he relatado antes ―y no voy a entrar en detalle porque no es el momento― que en el planteamiento de la actual ley de deuda comercial es siempre muy importante tener en cuenta las características principales de la ley de factura electrónica, que son los dos grandes proyectos de ley que, junto a la local, van a cerrar este período de sesiones en el Senado en los próximos días.

Con la ley de factura electrónica que, como saben, establece la obligación de presentación en un registro administrativo de las facturas expedidas por los proveedores a cualquier administración electrónica ―lo que realmente va a ser un formidable avance también en términos de transparencia de todos los ámbitos de contratación, de todas las administraciones públicas de España― lo que hacemos es avanzar en este marco de reformas estructurales para erradicar la morosidad de nuestras administraciones.

La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aborda el control del endeudamiento, limitando únicamente el volumen de deuda financiera. No obstante, es necesario completar dicho control incluyendo la limitación de la deuda comercial ya que, de lo contrario, se estará obviando una de las expresiones más relevantes del endeudamiento. La sostenibilidad financiera no solo implica el control de la deuda financiera, también de la deuda comercial.

De acuerdo con nuestra normativa vigente sobre morosidad, las administraciones públicas estamos obligadas a pagar en treinta días a nuestros proveedores; sin embargo, la deuda comercial refleja un retraso respecto al citado plazo, lo que conlleva efectos negativos tanto para el sector privado como para las administraciones públicas. De este modo, la morosidad de las administraciones públicas supone para el sector privado costes añadidos y, en numerosas ocasiones, cuantiosos.

En el caso del sector público, el daño se manifiesta en la afectación de la sostenibilidad financiera, pues además de lo que supone pagar tarde, nos encontramos con un mayor compromiso de pago a futuro, con el consiguiente desplazamiento temporal que impide disponer de recursos futuros, dificultando de este modo el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria en el medio plazo. Una mayor morosidad da lugar a un incremento de la deuda comercial, lo que a su vez se traduce en una menor sostenibilidad financiera y, por tanto, una mayor inestabilidad presupuestaria.

Por lo que respecta a las comunidades autónomas, el control de la deuda comercial se ha llevado a cabo mediante los planes de ajuste. Así, las comunidades autónomas deben remitir información del período medio de pago del último mes y del acumulado del ejercicio, así como el




Página 8636


período medio del pendiente de pago. Para cada uno de estos datos debe indicarse el número de operaciones y el importe de las mismas que cumplen, o en su caso, incumplen, el plazo máximo que señala la normativa sobre morosidad.

Posteriormente, la información se desagrega en términos subjetivos entre el sector público administrativo, el sector público empresarial y fundacional, y el conjunto de las administraciones públicas.

Finalmente, con carácter sectorial, se diferencia sanidad, educación, servicios sociales y resto de pagos; y, a su vez, por gastos corrientes y gastos de capital.

En el ámbito de las entidades locales se dispone del informe anual de seguimiento de los planes de ajuste que las entidades locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pero el objetivo de controlar la deuda comercial exige crear un instrumento de seguimiento de fácil aplicación que permita un control público generalizado y comprensible tanto para las administraciones públicas como para los ciudadanos. Con este fin es con el que se promueve la modificación de la Ley Orgánica 2/2012, introduciendo el concepto de período medio de pagos como expresión del volumen de la deuda comercial y estableciendo la obligación de que todas las administraciones públicas hagan uso de él. En concreto, el Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el Sector Público que estamos hoy presentando, en su artículo primero modifica diversos artículos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, destacando los siguientes aspectos: se establece la vinculación directa entre el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera y la sostenibilidad de la deuda comercial. De este modo se determina que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el período medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. Se completa la instrumentación del principio de sostenibilidad financiera estableciendo la obligación de todas las administraciones públicas de incluir su Plan de Tesorería e información relativa a la previsión de los pagos a proveedores. Se establece que cuando el plazo medio de pago de las administraciones públicas sea superior a treinta días, las administraciones públicas deberán incorporar a su Plan de Tesorería el importe que destinará mensualmente al pago a proveedores y las medidas cuantificadas a adoptar para la reducción de su plazo medio de pago. Se establecen nuevas medidas automáticas de prevención orientadas al cumplimiento del plazo medio de pago. En el caso de las comunidades autónomas, el incumplimiento del plazo medio de pago en los términos señalados dará lugar a que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas formule una comunicación de alerta, indicándose el importe de sus recursos que debe destinar al pago de proveedores, así como las medidas cuantificadas que deberá adoptar por la reducción de su plazo medio de pago. Asimismo, cuando se produzca ese incumplimiento del período medio de pago, la comunidad autónoma deberá adoptar un acuerdo de no disponibilidad en determinadas modificaciones presupuestarias. Necesitará la autorización previa del Estado para sus operaciones de endeudamiento a largo plazo y deberá proceder a incluir nuevas medidas en su Plan de Tesorería. Aplicadas las medidas anteriores, se iniciaría el procedimiento de retención de importes para el pago directo para la Administración General del Estado a sus proveedores. Se establece la obligación de las administraciones públicas y todas sus entidades y organismos vinculados o dependientes de hacer público su plazo medio de pago. Y se establecen los criterios en los que se basará el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la elaboración del informe necesario para la concesión de subvenciones o suscripción de convenios de la Administración del Estado con las comunidades autónomas, en este caso —estamos hablando de un supuesto—, con la comunidad autónoma incumplidora.

Este Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en su artículo segundo también modifica la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, fijando un nuevo límite a las reducciones o deducciones mensuales que puede realizar el Estado de los recursos de los regímenes de financiación en el caso de incumplimiento de plazo medio de pago, vinculándolo directamente a la acumulación de la deuda comercial de cada comunidad autónoma. Esto da muchísima seguridad para todos y realmente para los proveedores.

Hay que destacar, señorías, que estamos haciendo una legislación pionera en el mundo. Ningún país del mundo cuenta con semejantes normas de ordenamiento de nuestro sector público y normas que dan muchísima seguridad y viabilidad financiera a los proveedores de un Estado




Página 8637


fuertemente descentralizado como es el Estado de las Autonomías en España. Por tanto, estamos ante una ley, como digo, innovadora, pionera, que desarrolla leyes orgánicas absolutamente fundamentales y que hace de España un país muchísimo más fiable en términos de pagos, de control de pago, de seguridad para los proveedores, evitando que se repitan situaciones indeseables como las que se han generado estos últimos años, y cuyas consecuencias todavía estamos afrontando a estas alturas de la actual legislatura.

También quiero decirles que en las enmiendas incorporadas en el Senado tengo que celebrar como representante del Gobierno la preocupación que tiene el Gobierno por las entidades locales que son cumplidoras. Y así en este proyecto legislativo se modifica el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria con el fin de aclarar los conceptos de superávit y endeudamiento y los términos en los que el superávit debe destinarse a la reducción del endeudamiento. Y a través de una enmienda del Senado se da la posibilidad de utilizar el superávit del año 2012 y el superávit del año 2013 en el ejercicio de 2014, siempre que se cumplan una serie de requisitos recogidos en el propio precepto. Y se da la posibilidad de cancelar obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre de ejercicio, una vez abonadas todas las que estuvieran contabilizadas pero pendientes de aplicar a presupuestos.

Dado que los mecanismos adicionales de liquidez se establecen a través de una norma con rango de ley y por acuerdo de Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se autoriza a las comunidades autónomas a formalizar las respectivas operaciones de crédito en aplicación de los mismos, sin que sea necesario volver a autorizar estas operaciones de endeudamiento por acuerdo de Consejo de Ministros, como se ha venido realizando hasta ahora.

Señor presidente, señorías, como acabo de relatar, estamos ante una legislación pionera. Todos vamos a aprender a utilizarla, pero, sin duda alguna, nos va a introducir en unas marcas de rigor muy comprometidas con los objetivos de déficit público y, sobre todo, con la garantía de pago para los proveedores de las administraciones públicas, con lo que ello comporta de calidad, de estabilidad y de confianza para asentar la recuperación económica que está empezando en España.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor ministro.

A este proyecto de ley se han presentado cinco vetos. En primer lugar, propuesta de veto número 1, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, gràcies, president.

Ministro, el Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público supone continuar —usted lo ha dicho— con el desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española —se nos marcha el ministro; adiós, buenas tardes, ministro— con el fin de garantizar el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Reforma que constituye una auténtica burla, estafa, a la democracia y a la ciudadanía. Lo fue en aquel momento y lo continúa siendo. Lo único que pretendía y pretende no es otra cosa que contentar a los mercados y a la señora Merkel.

Con este proyecto de ley pretenden establecer mecanismos de control del endeudamiento y específicamente de la deuda comercial, pero no solo circunscrito a la Administración General del Estado, sino que desbordando sus competencias —las ya transferidas—, el Estado también pretende controlar la deuda comercial de las comunidades autónomas y de las entidades locales. De nuevo, la sombra alargada del ministro Montoro se encuentra presente en el afán recentralizador, el de él y el de la totalidad del Gobierno del Partido Popular.

Aprovechan la crisis como excusa para, mediante diferentes proyectos normativos, ir finiquitando el Estado compuesto. A criterio de Esquerra Republicana les debería dar vergüenza, aunque para esto es verdad que se tiene que tener. Su empecinamiento es el control y la disciplina presupuestaria sobre la base de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Ya lo ha dicho el ministro: pilares fundamentales. Y con esto, lo que hacen ustedes es laminar y afectar gravemente las políticas sociales.

A nadie se le escapa —s’els hi veu el llautó— que la disciplina presupuestaria está repercutiendo en la atención a las personas y especialmente en aquellas más necesitadas.




Página 8638


Con ustedes el debate siempre es recurrente. Se produce día si y día también en el Congreso, en el Senado y en la calle. Es una constante desde que ustedes ya hace tiempo se han quitado la careta.

Lo decía también el ministro Montoro cuando nos presentó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los Presupuestos Generales del Estado se enmarcan dentro de todo un bloque de modificación normativa que, en definitiva, viene a efectuar lo que les he ido desgranando.

Además, la falta de recursos públicos que supone la disciplina presupuestaria a la que ustedes nos someten —lo he dicho también— es la coartada perfecta para privatizar los servicios sociales, afectando no únicamente a aquellas partes de la sociedad más desfavorecidas, sino también a la calidad y a su universalidad.

Poner límites al déficit público, como lo están haciendo ustedes, supone muchas cosas, pero la más importante y de la que serán ustedes los únicos responsables es la aniquilación de la posibilidad de salir de la crisis salvando la cohesión social. La fractura social es la que ustedes están generando.

Este proyecto de ley contempla distintas medidas preventivas, correctivas y coercitivas que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aplicará y que supuestamente están destinadas a garantizar el cobro de los proveedores. Sin embargo, muchas de las comunidades autónomas, especialmente la Generalitat de Cataluña, no pueden afrontar —en este caso, Cataluña— el pago a los proveedores. Y ello no se debe a la falta de controles, mucho menos cuando estos provienen del Gobierno español, es a consecuencia de otras cosas, que en innumerables e incontables ocasiones les hemos venido explicando.

La centrifugación del déficit, el expolio fiscal y la falta de lealtad institucional que lleva a cabo el Gobierno español es lo que provoca la falta de liquidez en el caso de Cataluña y de los Països Catalans, así como la incapacidad para afrontar dichos pagos. El Estado debería abordar estos problemas en lugar de continuar con su política nacionalista, centralizadora y homogeneizadora.

La aprobación de este proyecto de ley supone continuar con la oleada de leyes cuyo único objetivo es la defunción de la autonomía financiera de las comunidades autónomas y, de paso, de los entes locales. Se pretende sustraer su ámbito de decisión política, centralizando la toma de decisiones. De hecho, es un paso más, y no me cansaré de repetirlo, en el proceso centralizador iniciado mediante la última reforma constitucional. Se trata, pues, de imponer un marco homogéneo a una realidad que es heterogénea.

¿De verdad se creen que nos hacen falta más controles y que las instituciones lo hacen adrede y son manirrotas por sistema? ¿Acaso no han tenido durante todo este tiempo la responsabilidad institucional, política y social para encarar los retos de la demanda de la sociedad? Ustedes, como decía, centrifugan siempre las culpas, el déficit, expolian y son desleales. No me cansaré de repetírselo día tras día.

¿Por qué no abordan de verdad los problemas básicos, los originados por la falta de recursos para hacer frente a lo que tienen que hacer todas las instituciones? ¿Qué ayuntamiento, qué institución, qué comunidad autónoma no defiende pagar a los proveedores? Es evidente que los alcaldes y alcaldesas quieren pagar a sus proveedores. Quieren hacer frente al pago de los servicios. Ustedes no solucionan la falta de recursos porque así tienen la llave de los recursos y la administran a su antojo; la abren y la cierran cuando les conviene; ahogan económicamente a quien les place y cuando les conviene.

Resumiendo, este proyecto de ley es una segunda modificación de la Ley de estabilidad presupuestaria. Es una ley centralizadora y homogeneizadora. Invade de nuevo competencias. Establece un control que no garantiza el cobro a los proveedores. Y centrifugan de nuevo el déficit y el expolio fiscal. Por cierto, en el descontrol de la deuda están algunos de los ayuntamientos gobernados por ustedes, por ejemplo, Badalona; por ejemplo, Madrid.

Haciendo uso de las palabras que dice habitualmente un columnista del diario ABC en muchas de las tertulias a las que acude, España no funciona y no ofrece un proyecto atractivo. Ustedes no seducen ni a los que podrían ab initio estar con ustedes.

En consecuencia, por estos motivos y por muchísimos más, hemos presentado este veto.

Gracias.




Página 8639


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 3 está firmada por los senadores Guillot Miravet y Saura.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, veo que el ministro Montoro ha venido aquí a hacer la rueda de prensa para explicar los acuerdos de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

Nosotros consideramos que este proyecto de ley orgánica es coherente con toda la actuación del Gobierno, de la misma manera que ustedes tendrán que aceptar que el veto que presentamos el senador Saura y yo es coherente con nuestra oposición a lo que en su momento fue el Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es verdad que el objetivo de la estabilidad presupuestaria recorre toda su acción política, sus propuestas presupuestarias e iniciativas legislativas, y este proyecto de ley es un paso más en esta dirección.

Señorías, la reforma del artículo 135 de la Constitución son los vientos que han traído estas tempestades. Tenía razón el senador del Grupo Parlamentario Popular, el señor Blasco, cuando ayer afirmaba que toda su acción legislativa responde al desarrollo normativo de este cambio constitucional, que antepone la reducción del déficit y la devolución de la deuda a los derechos sociales de los españoles.

Este Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público es una vuelta de tuerca más. Vetar este proyecto de ley solo es posible desde el rechazo a las políticas de austeridad aceptadas e impuestas por este Gobierno. Una vez más reiteraré que los ritmos y porcentajes de reducción del déficit impuestos no solo son incumplibles sino que impiden liberalizar recursos para dinamizar el relanzamiento económico.

Después de dos años de Gobierno Popular, España incrementa su deuda, con perspectivas de que vaya a incrementarse en el próximo periodo; incremento de la deuda pública que impide compensar los beneficios de las bajadas de la prima de riesgo. El principal problema que hoy tiene España se llama deuda. Y, señorías, los problemas de la deuda solo tienen tres soluciones posibles: quitas, inflación o crecimiento. Las quitas no están en el pensamiento de nuestro Gobierno. El ministro Montoro reivindica para España una inflación baja, muy baja, afirmación incomprensible a no ser que semejante desatino se realice para hacer más llevadera la propuesta de incremento del 0,25% de las pensiones. Y nos queda el crecimiento de la economía, nos queda solo el crecimiento para abordar la reducción del déficit y la devolución de la deuda.

En primer lugar, confiar todo al sector exportador es una insensatez, más cuando vemos que el sector exportador empieza a mostrar retrocesos fruto del estancamiento económico de muchos países de la Unión Europea. El consumo interno se ha reducido en un 10% y el crédito no fluye; si lo hay, será más caro. Permítanme darles unos datos. El volumen de nuevos préstamos se redujo un 66%. De julio de 2012 a julio de 2013 la financiación total cayó un 13%. Los créditos pedidos y rechazados por la banca en España crecieron un 27%. El coste de un crédito para una pyme española es el doble que para una alemana. Los préstamos del ICO bajaron un 21% en lo que va de año. La troika ha pronosticado que el crédito seguirá bajando en 2014 y solo repuntará a finales de 2015. La inversión privada ha caído un 6,3% y no reitero la fuerte caída de la inversión pública, ampliamente debatida en los Presupuestos Generales del Estado para 2014. La caída de salarios, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y el incremento de la pobreza y la exclusión social tienen también su efecto en nuestra recuperación económica.

Señorías, con estos mimbres, ¿cómo es posible hablar de recuperación? No habrá ninguna. La lectura más optimista que realizo es pasar de una fase de recesión a una de estancamiento. El mensaje que ustedes quieren transmitir, y lo han reiterado durante todo este debate de presupuestos, es que ya se ve luz al final del túnel, si no estamos llegando a su salida, lo cual es falso. Señorías, en el mejor de los casos seguiremos igual, pero debiendo afrontar nuevos recortes del déficit. El senador Saura y yo nunca aceptaremos esta lógica envenenada que presenta este proyecto de ley de que, como debemos rebajar el déficit y pagar a los proveedores, hay que recortar el gasto social. Nuestra apuesta es mantener el gasto social, pagar a los proveedores y no aceptar la imposición de una reducción tan drástica del déficit. Ese es el debate sobre cuáles deben ser las prioridades de un Gobierno, si las que marca el artículo 1.1 de nuestra Constitución cuando afirma que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que




Página 8640


propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, o el reformado redactado del artículo 135.3, que establece la prioridad absoluta del pago de la deuda pública.

Su gestión de la reducción del déficit es contradictoria con el artículo 1.1 de la Constitución. Con la misma lógica que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, este proyecto de ley limita la autonomía financiera de las comunidades autónomas y de las entidades locales y tutoriza las políticas de gasto de estas administraciones. Ustedes, señorías del Grupo Popular, siguen instalados en la percepción errónea y no constitucional de la jerarquización entre las administraciones. Vuelvo a reiterar que la Constitución no establece un orden jerárquico entre las administraciones, sino que informa de los actos competenciales y de su actuación.

Otra razón para el veto es la invasión competencial. Al Grupo Popular le molesta que afirmemos que su respuesta a la crisis le sirve de excusa para impulsar un proceso de recentralización, pero es que es la verdad. Ustedes están instalados en la creencia de que la descentralización política del Estado es un hándicap para superar la crisis. No es así para reducir el déficit, ya que la existencia de las comunidades autónomas y que estas soporten el principal peso del gasto social les permite recortar el Estado del bienestar mediante Administración interpuesta: las comunidades autónomas. El injusto reparto realizado en los porcentajes a reducir, una vez conocida la ampliación del plazo por Bruselas, no hizo más que agravar la situación de las comunidades autónomas.

El senador Saura y yo no aceptamos que la estabilidad presupuestaria vaya en detrimento del mantenimiento de la cobertura de los servicios públicos fundamentales. Ustedes dirán que no hay dinero y que, si no reducimos el déficit, habrá más deuda y que la deuda hay que pagarla. Nuestra respuesta ya la conocen, pero permítanme que se la resuma en pocas palabras. Los países deudores —entre ellos, España— deben exigir a Bruselas plazos más razonables para la reducción del déficit. Los países con elevadísimos niveles de paro deben exigir a la Comisión Europea que ponga en marcha el Plan para la creación de empleo, dotado con 120 000 millones de euros, que, incomprensiblemente, está en el limbo, y los países del sur de Europa debemos exigir avanzar hacia la unión bancaria, proceso que ha cosechado un nuevo fracaso, y recaudar más, no solo subiendo los tipos impositivos, sino realizando una reforma fiscal a fondo —incomprensiblemente, para nuestro Gobierno reformista y reformador esta no ha sido la principal prioridad—, y más lucha contra el fraude y la evasión fiscal, dando en primer lugar estabilidad y recursos a la Agencia Tributaria.

Señor presidente, señorías, voy terminando. La Constitución Española, que hay que reformar —y cuanto antes—, nunca debió ser modificada en su artículo 135. En su momento la reforma no sirvió para calmar los mercados. Aun después de dicha reforma, la prima de riesgo se colocó por encima de los 600 puntos. Fue una reforma sin efectos hacia los mercados pero sí en la política española: se rompió el pacto constitucional, se mandó un mensaje negativo a la sociedad diciéndole que a partir de aquel momento —y ese proyecto de ley es otra evidencia— sus derechos pasaban a un segundo plano, y hoy es la excusa del Partido Popular para justificar sus despiadadas políticas neoliberales.

Por todas estas razones, solicito su voto a este veto.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot, por su intervención.

La cuarta propuesta de veto está firmada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, un aumento desmedido de la deuda del sector público pone en riesgo el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera o, lo que es lo mismo, la capacidad de asumir compromisos de gastos presentes y futuros. Así presentaba el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, y añadía que la reducción de la morosidad constituye un elemento imprescindible para mejorar la competitividad de la economía española. No seré yo quien refute estas afirmaciones. Por supuesto, el aumento desmedido de la deuda comercial es un lastre. Es obvio que la morosidad —la pública, y la privada también por cierto—




Página 8641


nos perjudica y perjudica a la competitividad de nuestra economía. Pero lo que hemos de considerar es si las medidas contenidas en este proyecto de ley son o no las adecuadas, si sirven o no para reducir la morosidad y permiten mejorar el funcionamiento de nuestro sector público.

Hace unos minutos hizo alusión también el ministro al conjunto de medidas puestas en marcha para la reducción de la morosidad y no me cabe duda de que las iniciativas de carácter coyuntural referidas a la dotación de fondos para garantizar la tesorería y los pagos a proveedores en un momento en que nuestras administraciones territoriales no pueden acudir todavía a los mercados ha sido y sigue siendo útil y necesaria. Pero, como es lógico, estas iniciativas de coyuntura deben ir acompañadas de las medidas estructurales necesarias para solucionar el problema de fondo.

Pues bien, las medidas estructurales citadas por el señor ministro y por ustedes son tres: la factura electrónica, el registro contable de facturas y el control de la deuda comercial. ¿Eso es todo, señorías? ¿Acaso los problemas de morosidad del sector público se deben a la falta de procedimientos administrativos para su control? ¿De verdad consideran ustedes que con los procedimientos de control y sanciones automáticas resolveremos los problemas de liquidez de nuestros ayuntamientos y de nuestras comunidades autónomas? Porque de eso se trata, de problemas de liquidez, no de una actitud irresponsable de nuestros gestores públicos.

El principal problema estructural que hay que resolver para contribuir a la eliminación de la morosidad del sector público es la falta de crecimiento de la economía. Si no se consigue hacer despegar el crecimiento de nuestros sectores productivos, estas medidas de control burocrático y financiero tienen una muy pero que muy escasa utilidad. ¿Por qué no se dedican de una vez a estimular la economía para favorecer la inversión, el consumo y la creación neta de puestos de trabajo en lugar de condenar a la sociedad española a un lánguido crecimiento que nos va a dejar exhaustos en el mejor de los casos? Lánguido crecimiento que, por supuesto, además de dejarnos exhaustos, nos dejará más pobres y más desiguales.

Ustedes están muy satisfechos con los datos, que apuntan al fin de la recesión, y no seré yo quien ponga en duda esa buena noticia. Celebro y celebraré todas las buenas noticias que puedan implicar una mejora social y económica de España. Sin embargo, no saltaré de alegría ante una perspectiva de lenta, lentísima recuperación de la economía que provocará una mayor profundización de las desigualdades sociales. Los datos de la economía real no son satisfactorios, señorías. Y no nos hablen, por favor, de la herencia. Ya sé que es recurrente y que continuarán haciéndolo, porque ustedes han situado la deuda en unos niveles insostenibles. Nunca habíamos tenido un nivel de endeudamiento tan abultado, y desde luego no por falta de una ley de control de la morosidad.

La reducción de la morosidad es un elemento imprescindible para mejorar la competitividad, de acuerdo. No olviden, sin embargo, que hay otros elementos imprescindibles: la cohesión social y territorial de nuestro país. La competitividad alcanzada sin consenso social es efímera y débil. Los países más competitivos son los que han sido capaces de tejer fuertes complicidades sociales que garantizan un crecimiento estable y una aplicación equitativa de los beneficios de ese crecimiento.

Hablan ustedes de la morosidad pública sin hacer ninguna referencia a los motivos por los que esa morosidad puede existir. Aplican un mero tratamiento sintomático y superficial al problema. Desde luego, ni por asomo pretenden contribuir a resolver el problema de fondo, que no es otro que la merma de ingresos de nuestras Administraciones públicas y la financiación correlativa de los servicios públicos. Por cierto, me van a permitir, señorías, un ligero excurso. ¡Con qué autoridad exigen a otras Administraciones públicas que no sean morosas cuando la Administración del Estado, de forma explícita y consciente, se comporta morosamente con la Generalitat de Catalunya! Ustedes saben que yo he criticado en muchas ocasiones el discurso de: Madrid nos roba —no es el mío— y que no comparto el uso maniqueo y poco riguroso que a veces hacen algunos de las balanzas fiscales. Pero hay un hecho incontrovertible: cuando el Gobierno del presidente Rajoy inició su andadura debió respetar los acuerdos institucionales adquiridos por los Gobiernos anteriores con el Gobierno de Cataluña. Existía la correspondiente consignación presupuestaria para transferir en aquel momento a la Generalitat 719 millones de euros, correspondientes a la liquidación de las inversiones del Estado del año 2009, de acuerdo con la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña y conforme a lo establecido por ambas partes en la comisión bilateral. Por lo tanto, no había excusas para otra posible




Página 8642


interpretación. Es un acuerdo entre instituciones públicas y no respetarlo convierte en moroso al Gobierno actual.

El proyecto de ley que examinamos tiene la particularidad de extender el control a todas las administraciones españolas, salvo a una: la propia Administración General del Estado. Quieren atajar la morosidad, pero en el momento de distribuir el margen de déficit público entre el conjunto de las administraciones no dudan en hacer un reparto muy poco equitativo. Son las comunidades autónomas las que deben hacer el mayor esfuerzo a costa de la financiación de los principales servicios públicos, penalizando así a los ciudadanos de este país. Y quiero decirlo con brevedad pero con contundencia: este reparto del déficit es socialmente muy injusto, porque el Gobierno central, la Administración central se queda con un margen adicional mucho mayor del que le correspondería en relación con la distribución del conjunto del gasto público. Y añadir a este injusto reparto del margen de déficit un mayor control burocrático estatal del pago a proveedores no tiene ningún sentido.

Cuando se trata de establecer una instancia que garantice una información fiscal completa, trasparente y fiable, también ustedes han preferido una mal llamada autoridad fiscal, que ni es autoridad ni es independiente del Gobierno ni ofrece tampoco garantías de imparcialidad. De alguna manera ustedes son juez y parte, y lo más grave es que están construyendo un universo de desconfianza entre las administraciones públicas, porque aparentemente son ustedes los únicos en España dispuestos a trabajar en pro de una Administración pública rigurosa y solvente. El resto de administraciones, aunque nuestra Constitución establezca sus márgenes de autonomía y decisión, son simples terminales ejecutivas de sus decisiones, incapaces de asumir responsabilidades y sospechosas de actuar irresponsablemente. Creo que están ustedes muy equivocados y no hablo solo de las administraciones gobernadas por otras formaciones políticas distintas a la suya, hablo también de las gobernadas por el Partido Popular. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

¿Por qué razón no pueden ustedes entender que los objetivos de control de la morosidad son compartidos por el resto de administraciones? ¿Por qué en lugar de buscar colaboración y cooperación institucional desde la lealtad y la confianza que deben constituir la actual norma en un estado compuesto optan por el conflicto y por la laminación competencial? ¿Por qué razón creen ustedes que solos lo van a hacer mejor?

Señorías, con este proyecto perseveran en la misma política de retroceso en la articulación territorial de España. No puedo sino censurarlos por falta de coherencia. Por falta de coherencia no, porque han decido ustedes forzar un cambio en nuestra arquitectura constitucional que diluye la autonomía local y convierte de paso también a las comunidades autónomas en administraciones puramente ejecutivas. Yo creo que si pensaran en una España más abierta y más generosa consigo misma diseñarían unas políticas de más largo alcance, más estables en el tiempo, más eficaces y con un mayor apoyo.

Una vez más, con el pretexto de la estabilidad presupuestaria y el control del déficit público persiguen un objetivo siempre negado, pero diría que de alguna manera confirmado por sus actos, y es la recentralización. En lugar de trabajar junto con las comunidades autónomas para mejorar la corresponsabilidad fiscal, lo que hacen es constreñirlas con procedimientos automáticos de sanción sin que les quepa prácticamente margen para gestionar su tesorería.

Señorías, a pesar de compartir, como es lógico, la preocupación por la estabilidad presupuestaria y el saneamiento de nuestro sector público, nosotros consideramos que el Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial del sector público no es un instrumento adecuado para este objetivo. El proyecto, que rompe innecesariamente el consenso alcanzado con la modificación de la Ley de morosidad del año 2010, establece un procedimiento burocratizado y gravemente atentatorio contra la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas, contra las competencias también de tutela financiera que las comunidades autónomas deben ejercer sobre las corporaciones locales y limita también gravemente, cómo no, la propia autonomía de la Administración local.

El proyecto no pretende suscitar la cooperación y la coordinación de las administraciones en el objetivo de disminuir la morosidad, sino que, en sentido contrario, agrede a unas administraciones cuya contribución a ese objetivo es absolutamente necesaria. El proyecto no garantiza un esfuerzo




Página 8643


equilibrado entre todas las administraciones del Estado, ya que deja al margen de esos mecanismos de control a la propia Administración central.

Y el proyecto, en suma, parece desconocer las causas de los problemas que aparentemente quiere resolver. La existencia de morosidad o de retraso en los pagos a los proveedores de las administraciones públicas es por falta de ingresos, que se desprende de una economía que necesita urgentemente medidas que posibiliten su crecimiento. Esas y no otras son las razones por la que mi grupo propone la devolución del proyecto de ley al Gobierno.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, nuestro grupo presenta un veto a este proyecto de ley por diferentes motivos. Vaya por delante que obviamente, como cualquiera, podemos estar de acuerdo en que todo el mundo —también las administraciones públicas— debe pagar cuando toca, y si la ley establece que se tiene que pagar en treinta días, como fija la Ley de contratos públicos, tenemos que hacer todo lo posible para pagar en treinta días.

Dicho esto, sería bueno, antes de entrar en los argumentos de fondo, hacer una retrospectiva del proyecto de ley. Este es un proyecto de ley teóricamente sencillo, con dos artículos, unas cuantas disposiciones adicionales, una transitoria y una final. Es un proyecto que en estos dos artículos y en estas disposiciones adicionales modifica ocho leyes, que no es cosa menor, pero de estas ocho leyes debemos centrar nuestra atención esencialmente en tres: el artículo primero modifica la Ley de sostenibilidad financiera; esta ley, en poco más de un año, se modifica por segunda vez, en esta ocasión en once artículos sobre los que después hablaremos; también modifica la LOFCA, en la disposición adicional, así como la Ley que regula los puertos del Estado y la Marina Mercante. Seis artículos, luego no es un tema menor.

Vamos a centrar nuestra atención esencialmente en la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Como saben, esta ley se tramitó a principios de 2012 y contó con nuestro apoyo, un sí crítico. Presentamos enmiendas, algunas fueron aceptadas, pero votamos a favor de la ley. Seguramente no estamos tan de acuerdo con cómo se ha ido aplicando la ley y no estamos en nada de acuerdo con cómo se ha ido modificando. Decía que a finales de abril se aprobaba la ley y en septiembre estábamos ya modificándola. La modificaron desde la legitimidad que les da la mayoría absoluta, pero se quedaron solos en esta aprobación. La primera modificación ya no contó con nuestro apoyo y esta segunda modificación, de más contenido, de más calado, tampoco contará con nuestro apoyo. ¿Por qué? Porque de la aplicación de esta ley modificada y de lo que va a ser esta ley que vamos a aprobar hoy se desprende que el objetivo es esencialmente un mayor control, una mayor tutela, una mayor intervención en la gestión de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. De hecho, ahí es donde se enmarca esta ley. Y no lo decimos por que sí. Yo celebro —no está el ministro, pero se lo quiero agradecer— que se haya reasignado al FLA, como yo solicitaba en una interpelación que hice hace pocas semanas —la semana que viene vamos a votar una moción consecuencia de esa interpelación—, y lleguen recursos a las comunidades autónomas que lo soliciten para hacer frente a algunas de sus obligaciones más allá de las estrictamente de proveedores. Creo que ha anunciado 873 millones de euros, por lo que estamos agradecidos y reconocidos. Ahora bien, una cosa son los mecanismos puntuales y otra cosa —creo que algún interviniente también se lo ha planteado— es si las comunidades autónomas y las corporaciones locales disponen de mecanismos suficientes para poder hacer frente a los pagos de sus deudas en los términos establecidos. Me explico.

Desde nuestro punto de vista, antes de efectuar esta modificación a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera procedían dos cosas, un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas y un nuevo sistema de financiación de las corporaciones locales. El problema que tienen muchas comunidades autónomas y muchas corporaciones locales es un deficiente sistema de financiación, y si esto es así será muy difícil que con mecanismos puntuales se pueda cumplir con la obligación del pago a treinta días, obligación que convertimos casi en




Página 8644


sagrada porque los mecanismos de corrección y de sanción son importantes. Si no recuerdo mal, el artículo 14 de la citada Ley Orgánica 2/2012 establecía la prioridad absoluta en el pago de la deuda, es decir, la deuda se tiene que pagar lo primero de todo, y se tienen que pagar también, lo primero de todo, los salarios, capítulo I, y también la deuda comercial. Todo tiene que pagarse de forma prioritaria, pero si no hay recursos suficientes es difícil de cumplir. Pero algunos de ustedes podrían preguntarme: ¿Y por qué no hay recursos suficientes? Pues porque estas entidades, ya sean las comunidades autónomas, ya sean las corporaciones locales, no siempre cobran cuando tendrían que cobrar. Otro problema. Y si las comunidades autónomas y las corporaciones no disponen de un sistema de financiación por el que deban cobrar en treinta días —es una cifra simbólica—, va a ser muy difícil que todas las previsiones de tesorería se cumplan. Si una comunidad autónoma no cumple con un ayuntamiento cuando debe cumplir, será muy difícil que esta pueda cumplir con sus acreedores comerciales. Y si el Estado no cumple con las comunidades autónomas será muy difícil que estas puedan cumplir con ayuntamientos, con deudores comerciales. Eso es realmente lo que está pasando, pero ustedes exigen aquí una serie de normas de cara a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Voy a centrarme en las primeras.

Estos días estamos viviendo el debate de presupuestos. Pues más allá de la disposición adicional tercera y de la sentencia del Tribunal Constitucional, les diré que hay una reunión de una comisión mixta Generalitat-Estado en la que se acuerda pagar 759 millones de euros a la Generalitat, acuerdo que no se ha cumplido. Tres años después este acuerdo no se ha cumplido, con lo cual, será muy difícil exigirle a la Generalitat de Catalunya que también ella debe cumplir. Si alguien quiere ver más allá de lo que es estrictamente esta ley podría pensar esto: no se reforma el sistema de financiación autonómica ni el sistema de financiación de las corporaciones locales con carácter previo porque lo que se quiere realmente es que estas no puedan cumplir, y cuando no cumplen se les va a establecer un mecanismo de intervención, de semiintervención o de control absoluto. Eso es lo que nos parece que está pasando en estos momentos.

En primer lugar tienen que dotar a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales de mecanismos de financiación suficientes, y después podremos ser todo lo exigentes que sea necesario. Pero mientras que estos mecanismos no estén a su disposición es muy difícil que puedan cumplir, con lo cual va resultar que van a tenerse que aplicar todos esos mecanismos de corrección. Es decir, que ahí habrá ya una intervención, una injerencia del Estado, si me permiten la expresión, en la gestión de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales que en principio queda garantizada por el artículo 137 de la Constitución y que no es de recibo.

Por tanto, vamos a tener una situación difícil, conflictiva. Ustedes pueden decir: Ya hemos hecho limpieza, ya hemos aplicado el Plan de proveedores en tres fases y hemos establecido el FLA para las comunidades autónomas. Y yo les digo: Perfecto. Pero con esto ¿qué han hecho? Han solucionado el problema hasta el día de hoy. Ahora bien, si el sistema de financiación de las comunidades autónomas y las corporaciones locales es insuficiente —y lo es, y ustedes mismos lo reconocen desde esta tribuna—, a partir de este momento, se van a seguir generando problemas de tesorería y problemas de incumplimiento. ¿Y cómo van a solucionar estos problemas? Mediante esta ley. ¿Y qué hace esta ley? Pues va a paralizar la entrega de la participación de tributos del Estado a los ayuntamientos que no puedan cumplir, con lo cual van a llegar menos recursos de tesorería a los ayuntamientos —porque se van a destinar a pagar la deuda comercial— y tendrán problemas para pagar la deuda financiera, para pagar las nóminas y para hacer frente al resto de sus obligaciones. Es la pescadilla que se muerde la cola constantemente.

Quiero dedicar una parte de la defensa de este veto —en el que seguramente insistiré en posteriores intervenciones— a la modificación del artículo 32 porque he subido en muchas ocasiones a esta tribuna —desde el primer día, desde el mes de abril de 2012, cuando estábamos tramitando la ley— para reclamar que al menos este artículo respetase a aquellas corporaciones locales, a aquellos ayuntamientos, a aquellas diputaciones, a aquellos cabildos que hubieran hecho bien las cosas y que no se les penalizase. Pero hemos oído al ministro lanzar el mensaje de que esto ya está solventado. Les tengo que señalar que está solventado solo en una pequeña parte, pero no en su globalidad. Y me explico. Bajo unas condiciones, que podemos compartir, se va a permitir que la cantidad menor del superávit en términos de contabilidad nacional o del remanente positivo de tesorería se pueda destinar a inversiones. El superávit es un concepto




Página 8645


puntual, es el resultado de un ejercicio concreto. El remanente de tesorería en las corporaciones locales es el resultado acumulado a lo largo de los diferentes años. Pues bien, esto no quiere decir que aquellos ayuntamientos, aquellas diputaciones que hayan ahorrado, que hayan gestionado bien, que no estén endeudadas, que estén pagando a sus proveedores, que tengan liquidez suficiente y que hayan acumulado un remanente de tesorería positivo importante tengan que tener un superávit elevado —en términos de contabilidad nacional— del ejercicio concreto 2012 y 2013.

Con su modificación del artículo 32 —si no lo resuelven antes de la aprobación definitiva, y de verdad que me gustaría que fuera así— van a penalizar a todos los que han hecho el trabajo que se les ha requerido —ahorrar en momentos de bonanza para poder aplicar este ahorro en momentos de dificultad—, van a tener un efecto contracíclico, con lo cual no van a conseguir lo que pretenden —si es que realmente es esto—, y van a penalizar también a muchos alcaldes, a muchos ayuntamientos del Partido Popular, a muchas diputaciones gestionadas también por miembros del Partido Popular, que no van a poder aplicar este remanente de tesorería, este ahorro que han ido acumulando a lo largo de los años de bonanza durante el tiempo que sus conciudadanos lo necesiten.

A este respecto también quiero decir que no estamos conformes con que solo se destine a inversiones, también podría ir una parte a gasto corriente, especialmente en lo relativo a la creación de planes de empleo.

He agotado el tiempo. Usaré el turno de portavoces para terminar mi argumentación en cuanto al veto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el senador Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias.

Señorías, como ya indicamos en el debate de la comisión relativa a la presentación del veto por parte del Partido Socialista, quiero aprovechar este turno para ampliar los argumentos y los motivos que nos han llevado a vetar este proyecto de ley.

Nuestro grupo tiene perfectamente claro que con esta ley ocurrirá como con las normativas anteriores llevadas a cabo por el Gobierno como son las leyes 3/2004 y 15/2010. Esta ley de deuda comercial, al igual que las anteriores, tampoco se cumplirá. Otra normativa más, entendemos, para justificar ante Europa y hacerles ver que algo se está haciendo, pero nada que ver con la realidad que tiene la Administración Pública española en la actualidad.

Vetamos esta ley porque la inmensa mayoría de los operadores públicos saben que es de imposible cumplimiento. Esto es algo que incluso ustedes y muchos de los senadores del Partido Popular conocen perfectamente. ¿Por qué? Porque esta normativa en este momento es extemporánea, en este momento no le toca. ¿Y por qué no le toca? Porque cualquier persona que conozca el funcionamiento de la Administración Pública española y, en especial, de la Administración Local, sabe de sus problemas de financiación y tesorería, que, a su vez, repercuten, como no puede ser de otra manera, en el abono efectivo de su deuda comercial, situación que se ha visto agravada en los últimos años con esta crisis, recursos financieros que necesariamente deben ser efectivos para poder pagar en tiempo y forma a los proveedores.

Es necesario, por tanto, establecer también un nuevo marco legal de financiación tanto para las comunidades autónomas como para las entidades locales.

Una ley del alcance que establece el actual, aparte de imposible, debería haberse redactado, fruto del consenso de todo el arco de la Administración del Estado y, sobre todo, de aquellas administraciones a las que esta ley va dirigida, como son las comunidades autónomas y las entidades locales.

Por ello, indicamos en nuestro veto que es importante el equilibrio de las finanzas públicas, pero que ese equilibrio debe ser consensuado, respetando las competencias de cada administración, no creando una normativa para que algunas de ellas se vean obligadas a cumplirlas y, en cambio, queden otras administraciones sin responsabilidades, como es el caso de la Administración estatal. Este equilibrio de las cuentas públicas debe hacerse preservando la financiación del Estado del bienestar, sin menoscabar la cohesión social y las políticas de igualdad




Página 8646


de oportunidades. De nada sirve un presupuesto que puede valer —y lo digo entre comillas— a las administraciones europeas, al Fondo Monetario Internacional, a las dudosas actuaciones de las agencias de rating, porque nada nos consuela si a los únicos que no nos vale es a los ciudadanos de nuestro país.

También en la dirección de los argumentos que establecemos en el veto presentado por nuestro grupo, pretendemos llevar a cabo una ley, sí, una normativa de posible cumplimiento práctico, una norma que sea eficaz y, como he dicho anteriormente, que sea posible. ¿Por qué decimos esto? Porque esta norma debería ser posterior a otras, que, a fecha de hoy, no se han presentado por el Gobierno y que deberían hacernos reflexionar a todos los cargos públicos. Porque es necesario dar solución a los problemas de las administraciones públicas de este país y conocer los motivos por los cuales no se pueden abonar las facturas en el tiempo.

Señorías, muchos de los que estamos en esta Cámara desempeñamos cargos públicos en muchas entidades locales, bien como alcaldes, bien como concejales, y todos somos conocedores de las dificultades por las que, en la actualidad, atravesamos las entidades locales, pero sobre todo quiero hacer especial referencia a una parte importante de esos municipios que no cuentan con los recursos financieros suficientes para abordar cada día sus necesidades básicas. Quiero hacer especial mención a todos esos cargos públicos de todos los partidos políticos que, con su dedicación desinteresada, desarrollan una ardua tarea cada día, contando con muy pocos recursos tanto económicos como materiales. Hablo de esos 1937 municipios de menos de 5000 habitantes, de ese 72% de los 8115 municipios españoles con una población inferior a 2000 habitantes, o también de esos otros 3800 municipios con poblaciones inferiores a 500 habitantes, a los que la única aportación que el Gobierno les ha hecho ha sido ponerlos bajo sospecha y bajo la lupa —como se extrae de esta ley— e incluso en algunos casos viene a criminalizarles con una batería de obligaciones, un aumento considerable de acciones burocráticas e importantes amenazas que desembocan en graves consecuencias en los casos de incumplimiento.

A partir de la entrada en vigor de esta normativa, las comunidades autónomas y las entidades locales deberán publicar el período medio de pago de sus proveedores, el cual no podrá exceder de 30 días.

Y esto nos tiene que llevar a hacernos una serie de preguntas en este debate. ¿Cómo van a hacer los pequeños ayuntamientos, como los que he descrito anteriormente, cuando la inmensa mayoría de estos municipios utilizan el cien por cien de los recursos financieros que reciben en concepto de participación de los tributos del Estado todos los meses para el abono de los seguros sociales y el pago de las nóminas de los funcionarios y del personal laboral mensualmente?¿Cómo van a hacer estos pequeños ayuntamientos, que son la inmensa mayoría de las entidades locales de este país, cuando prácticamente la totalidad tienen cedida la encomienda de gestión para la recaudación de los impuestos a las diputaciones provinciales —como es lógico, al carecer del personal adecuado para ello—, si las diputaciones provinciales transfieren cada 90 días estos tributos o ingresos y les estamos obligando con esta ley a pagar a sus proveedores en 30 días?

No se me ocurre otra cosa, que cada pequeño municipio de este país finalmente tendrá que acudir a una entidad bancaria a pedir un crédito, a financiar a través de un crédito puente —también valdría para este ejemplo— por el hecho de recaudar estos impuestos y recuperar estos ingresos a 90 días y verse obligados a pagar en 30, ¿o tienen ustedes alguna otra solución diferente que dé algo de luz a esta situación, la cual la padecen más del 75% de los ayuntamientos de este país? ¿O solamente les quedará firmar también otra operación, como se hizo con el Plan de pago a proveedores, haciéndose cargo de un interés del 6 o del 7%, cuando el dinero para estas operaciones de pago a proveedores se recibía de la Comunidad Europea en algo más de un 1%?

Señorías, que esta nueva ley no se va a poder cumplir lo dicen hasta en Europa, al igual que tampoco se ha podido cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero al ministro de Hacienda o al de Economía les queda bien acudir a Europa cada seis meses, a la Comisión Europea, con una cartera llena de nuevas leyes, en las cuales esta sumará una más y pasará a la larga lista de normativas inútiles, como también se reconoce.

Finalizo mi intervención apelando a la lógica, y la lógica, señorías, no es otra que comenzar poniendo en orden la financiación de las administraciones públicas y, en especial, la de las entidades locales, la de los ayuntamientos, lo que posteriormente nos llevará, sin duda, a poder




Página 8647


exigir el cumplimiento de los compromisos no solamente con Europa, sino también con el Fondo Monetario Internacional, y lo que es más importante, los compromisos con nosotros mismos.

Que una administración pague en plazo a sus proveedores no es cuestión de deseo ni es cuestión de intenciones, es una cuestión simplemente de posibilidad. Esta ley no se hubiera redactado en los términos actuales si el legislador conociera la realidad de la Administración Pública española, hecho que, como en anteriores ocasiones, nos demuestra que ni conocen y, lo que es peor, no les interesa.

Y en relación con las palabras que aquí nos decía el señor ministro, pionero no sería una norma, pionero sería que los municipios, que las comunidades autónomas y los ayuntamientos de este país pudieran pagar en plazo a sus proveedores, a las empresas que prestan muchos de los servicios que reciben los ciudadanos, que es lo que estoy convencido todas quieren hacer.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Granados.

El señor GRANADOS LERENA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, subo a la tribuna para manifestar el voto en contra de mi grupo a los vetos que se han presentado, en primer lugar congratulándome porque la inmensa mayoría de los portavoces que han intervenido antes que yo han demostrado, al menos como declaración de intenciones, el estar de acuerdo con el espíritu de la ley y la necesidad de cumplir con los criterios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Por lo tanto, primero tengo que alegrarme de que se han hecho algunas manifestaciones a favor del cumplimiento de estos principios, aunque luego, cuando uno entra al fondo de la cuestión, llega a la conclusión de que ustedes en el fondo no están de acuerdo con cumplir con los objetivos de déficit ni están de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Ni siquiera, señorías del Partido Socialista, están de acuerdo ustedes con la Ley de morosidad, que les recuerdo que aprobaron ustedes. Usted dice: Es que no se puede pagar en 30 días. Oiga, usted, si esa es una ley que aprobó el Partido Socialista. ¿O es que aprobaron una ley con la sana intención de no cumplirla? Porque esta ley no establece que se pague en 30 días, esta ley establece los mecanismos para obligar a las administraciones a que paguen en los 30 días. Y esto ustedes lo pusieron en su ley. La verdad es que yo —voy a decirlo coloquialmente— alucino un poco cuando critican la ley que ustedes mismos trajeron a las Cámaras para su aprobación.

Pero es evidente que el cumplir con estos objetivos es imprescindible. Es imprescindible, primero, para mejorar nuestra competitividad, para mejorar nuestro crecimiento, para generar empleo. Esto no es una cuestión que uno decide que si aplica o no aplica, no es una cuestión de si a mí me gusta o no me gusta cumplir con los objetivos de déficit o con los objetivos de deuda. No, no, es el único camino. No es un camino más, no, es el único camino para conseguir crear crecimiento y, en consecuencia, crear empleo. Lo ha explicado el ministro: a lo largo de esos dos años se han puesto en marcha muchas medidas, algunas iniciadas por ustedes, como a la que me he referido de la Ley de morosidad, la modificación del artículo 135 de la Constitución —también promovida por ustedes y apoyada por nosotros—, y luego otras que también hemos puesto nosotros en marcha como la Ley de sostenibilidad o esta que traemos hoy a aquí a aprobación, que a algunos de ustedes les parece que no es necesaria, pero mi grupo considera que claro que es necesaria.

Es necesaria por dos motivos: primero, porque aquella Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se refería únicamente a la deuda financiera de las administraciones públicas, no contemplaba la deuda comercial, y la deuda comercial es una parte muy importante del endeudamiento de las administraciones —por tanto, en ese sentido complementa a aquella ley—; segundo —como ustedes mismos en el Partido Socialista reconocían y como ha explicado el ministro—: es que la Ley de morosidad que establecía el plazo de 30 días no se está cumpliendo, en términos generales no se cumple.

Por lo tanto, esta es una ley, como les decía, señorías, que es pertinente porque complementa la Ley de estabilidad presupuestaria, pero al mismo tiempo apuntala la Ley de morosidad o toda la normativa sobre morosidad que ustedes presentaron y que se aprobó aquí, en esta Cámara.




Página 8648


Es una normativa que establece algo que en mi opinión es muy importante como dotar de transparencia al sistema. ¿Por qué les parece a ustedes mal que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tengan que publicar ese plazo medio de pago a proveedores? De ese modo los proveedores que quieran presentarse a los concursos sabrán a cuáles se pueden presentar con garantías de cobrar y a cuáles no, creo que eso no le viene mal a nadie. Pero además, que el administrado, el ciudadano sepa qué administrador, qué alcalde, que comunidad autónoma y qué presidente de comunidad autónoma está gestionando bien los recursos y quién impaga de manera reiterada no es malo.

¿Qué les parece a ustedes mal de la transparencia? Les pasa igual que con la estabilidad presupuestaria, que les parece muy bien pero luego siempre votan en contra de las leyes que suponen una mayor estabilidad presupuestaria, votan en contra de las leyes que suponen una mayor transparencia, etcétera. A mi grupo parlamentario le parece que esto de la transparencia es un elemento fundamental.

Los mecanismos de control que tanto han criticado, aquellos de prevención que se establecen en la ley y que vienen a complementar lo que he dicho hasta ahora —el que se tengan que establecer planes de tesorería para pagar a los proveedores, el que haya una autorización previa a operaciones de endeudamiento si se incumple, el que se impidan los convenios o la concesión de subvenciones si se incumple, el que se pague directamente a los proveedores si reiteradamente se incumple, y es una novedad importante, el que se puedan establecer mecanismos incluso coercitivos,fijando sanciones en el caso de que el incumplimiento ya sea absolutamente reiterado…— ¿Qué les parece mal de todo esto? Después de escuchar sus intervenciones, se llega a la conclusión de que ustedes no creen en el control del déficit público, y, como no creen en ello, terminan estableciendo la teoría que he escuchado a muchos de ustedes.

Esto me sorprende mucho de algunos de ustedes, por ejemplo, del Partido Socialista, porque que vengan a criticar el sistema de financiación ―que a nosotros no nos gusta y estamos deseando cambiar― que ustedes aprobaron con el único objetivo de contentar a Cataluña, así como algún que otro grupo que estuvo en aquella negociación, la verdad es que llama poderosamente la atención.

Por lo que respecta a los ayuntamientos, ustedes les tuvieron engañados durante ocho años con eso de que iban a poner en marcha la reforma de la financiación de la Administración local, que nunca llegó. Recuerdo a aquel presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias que prometía en cada reunión que ya llegaba el nuevo plan de financiación, pero ese plan de financiación no llegó nunca.

En consecuencia, señorías, esta ley está muy justificada. ¿Es verdad que algunos ayuntamientos y algunas comunidades autónomas no pagan porque no pueden? Sin ninguna duda. Pero, señorías, además de pedir el cambio del sistema de financiación, además de criticar al Gobierno central, ¿ha pensado alguno de ustedes en probar a reducir los gastos? Quizá el problema es que hay ayuntamientos y comunidades autónomas que no se pueden permitir la estructura que tienen, señor Bel. Solo se trata de falta de recursos si damos como fijo y como dato la estructura que uno tiene, pero si se reduce la estructura, quizá los recursos no sean tan escasos.

Todos aquellos que reclaman este cambio en el sistema de financiación ¿en qué comunidad autónoma están pensando para que pierda? La cuestión es que esto tiene que dar suma cero. O sea, cuando reclaman que se mejore la financiación de Cataluña o de Valencia, ¿a costa de qué comunidad? De otro modo, los números no cuadrarán.

Por ejemplo, y siento todo el respeto por la señora Capella —y por eso no voy a decir, como usted, que no tienen vergüenza, porque estoy seguro de que usted tiene al menos la misma vergüenza que yo—, cuando habla de expolio fiscal o centrifugación del déficit. Me chirría que una persona de izquierdas no tenga en cuenta la solidaridad. ¿No les importa el principio de solidaridad? Pero no hablo de la solidaridad de unos territorios con otros —porque los territorios no tributan—, sino de la solidaridad de los ciudadanos que más tienen con otros compatriotas que menos tienen. Eso a ustedes no les importa. A mí me chirría mucho cuando desde algunos grupos de la izquierda se reclama creo que a veces con justificación— el que se mejoren los planes de cooperación con otros países para ayudar a ciudadanos que viven a miles y miles de kilómetros en sus condiciones de vida y luego se niegan a ayudar los compatriotas que tienen ustedes a cientos de kilómetros. ¿Cómo se come esto, señora Capella? ¿Cómo puede usted defender la




Página 8649


progresividad fiscal, la necesidad de que pague más el que más tiene, y luego resulta que eso es solamente en su barrio, o en su calle, o en su comunidad de vecinos? No, señoría, un poquito más de seriedad a la hora de hablar de estas cuestiones. Y desde luego, cuando uno defiende unos principios de solidaridad —que yo creo que son lógicos—, que se extiendan a todos y no solamente a los que usted considera los suyos, porque los suyos —yo no sé si a usted le pesa o no le pesa, pero aunque le pesara— son tanto los de Granollers como los de Badajoz, y todos tienen derecho a esa solidaridad.

En consecuencia, señorías, creemos que los vetos no están justificados.

Yo me alegro mucho de que se haya podido modificar en parte ese artículo 32, para que, al menos, en un cierto sentido aquellos ayuntamientos o aquellas administraciones cumplidoras, que han venido, como se decía por aquí, ahorrando durante estos años, puedan dedicar parte de ese superávit o remanente a inversión. Pero es verdad la imposibilidad en este tiempo de saber cuál es el impacto de haber extendido esto al total del remanente. Y también hay algo que usted mismo me reconocía y que a mí me ha dado que pensar: puede que haya un remanente muy alto y haya muy poca liquidez. Entonces eso requiere a lo mejor darle otra vuelta y elaborarlo mejor, por lo que igual este no era el momento.

Todas las críticas, señorías, sobre el afán centralizador, sobre la recuperación de competencias,… Si aquí lo que hay que hacer es pagar. Si aquí lo que quieren los proveedores, el fontanero que trabaja para un ayuntamiento, el albañil que ha estado arreglando un colegio, lo que quieren es cobrar. No les importa esto de la recentralización de la competencia del control de que ustedes paguen, lo que quieren es que les paguen. (Digo ustedes, ayuntamientos y comunidades autónomas, no me refiero a ningún grupo en concreto.) Y es muy positivo que se pague, primero porque no estamos hipotecando a generaciones futuras —que también tendrán derecho a tomar sus propias decisiones de gasto—, porque si nosotros seguimos en esta dinámica y no ponemos pie en pared de una vez, nuestros hijos y nuestros nietos no van a tener nada que decidir, excepto pagar. Pero es que, además, es muy positivo para nuestra economía, para nuestros pequeños empresarios, para los autónomos, para los emprendedores, que a veces ven asfixiado su negocio porque un alcalde, un concejal o un presidente de comunidad autónoma decide hacer un gasto con la sana intención de no pagar.

En consecuencia, señorías, y luego si hay oportunidad me extenderé algo más en el turno de portavoces con estos argumentos, anuncio que el voto de mi grupo parlamentario a los vetos va a ser en contra.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias.

Intervendré muy brevemente. En primer lugar, como estoy realmente contenta, casi no me voy a molestar en contestarle a algunas de las sugerencias, matizaciones o reprimendas que me ha hecho, porque, en definitiva, tenemos fecha para la consulta y pregunta. Por tanto, nuestro camino ya lo hemos iniciado.

Y respecto al expolio fiscal, lo pueden llamar como quieran, pero la verdad es que existen balanzas fiscales que se han publicado. Ustedes se entestan, no quieren hacerlo, y están buscando la manera de calcularlas de otra manera para que no tengan que ponerse rojos —porque, en definitiva, existe un déficit estructural que alcanza a más del 8% del PIB—. Además, ha sido reconocido, ha sido pactado entre Cataluña y el Ministerio de Economía y Hacienda en su momento. Por tanto, pueden intentar negarlo las veces que quieran, pueden negarlo hasta la saciedad, pero el expolio fiscal existe, aunque ustedes no lo quieran llamar así.

¿Que Cataluña es solidaria? Por descontado. ¿Aún lo dudan ustedes? ¿Dudan de lo que aportamos y de lo que recibimos? Lo han dicho por activa y por pasiva, y no únicamente Esquerra Republicana, otros partidos políticos y lo reconocen.

No voy a continuar contestándole.

Gracias.




Página 8650


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señora presidenta.

Quiero manifestar el apoyo que los senadores de Izquierda Unida, Iglesias y yo mismo, daremos a los vetos, especialmente al veto presentado por los senadores Guillot y Saura, dado que en su argumentación reconoce una tremenda verdad y es que volvemos a tener ocasión de debatir en el Legislativo un texto procedente del Gobierno en cuya introducción figura bien grande, una vez más, la referencia al artículo 135 de la Constitución. Nosotros no tenemos problemas de coherencia en este caso. Nosotros nos hemos opuesto a su reforma y venimos denunciando —y vamos a seguir haciéndolo— que la reforma del artículo 135 de la Constitución es el origen funcional y legal de la reconstitución del Estado español en una dinámica recentralizadora, de la que un ejemplo es esta ley, de ataque y de jibarización de los servicios públicos, y, por lo tanto, de atentado permanente a los derechos sociales de la ciudadanía española, especialmente, de los trabajadores y de las trabajadoras.

Por ello, apoyaremos los vetos.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?

Senador Montilla, tiene la palabra.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias.

Quiero poner de relieve un par de cuestiones. Una, es obvio que las administraciones públicas tienen la obligación de pagar y los proveedores tienen el derecho que les asiste a cobrar por los servicios que hayan prestado al conjunto de las administraciones públicas.

Pero ello no implica que el camino que esta ley dibuja sea el único. Nunca hay un único camino —y en eso discrepo del portavoz del Grupo Popular—, porque si no, entre otras cosas, no estaríamos aquí debatiendo. Si el único camino es el que dice la ley, pues… La democracia, entre otras cosas, lo que implica es eso, que siempre hay más de un camino para las cosas, unos con ventajas e inconvenientes, unos más discutidos que otros, pero, en cualquier caso, es consustancial a la democracia. Los derechos de las administraciones, la obligación de las administraciones a pagar y de los proveedores a cobrar no se instrumenta a través de un único camino, ni muchos menos.

Se dice que la financiación autonómica ha de ser de suma cero. Curiosa apreciación. Lo digo porque nunca ha sido así. Las veces que se ha revisado, y llevamos unas cuantas, con Gobiernos socialistas, Gobiernos del Partido Popular, en todos los escenarios, siempre ha habido unos de más dificultades económicas, otros, seguramente, de no tantas, pero siempre ha comportado recursos adicionales. Y no será posible una negociación, ni un acuerdo de la financiación autonómica — esa que preceptivamente toca el año que viene — sin recursos adicionales, y seguramente, estará también en el marco de esta reforma fiscal de carácter más global que el Gobierno tiene planteada y que habría de acelerar. Eso es así.

Después, ¿por qué las administraciones no prueban a reducir gastos? Yo creo que lo están haciendo, solo tenemos que ver — incluso, recogiendo algunas palabras del propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas— que los ayuntamientos están en estos momentos con superávit. ¿Por qué? Porque han reducido gastos y han incrementado los impuestos. Unos han hecho las dos cosas, otros han hecho solo una, pero desde el punto de vista global, ese esfuerzo se ha hecho. ¿Y las comunidades autónomas? Las comunidades autónomas tienen una parte importantísima del gasto público y nulos mecanismos para actuar sobre un factor que es el de los ingresos. Sobre los ingresos no hay capacidad normativa, no nos engañemos, es mínima, mínima, y ustedes lo saben. Lo único que no se les ha hecho es obligarles a actuar sobre los gastos, reduciendo gastos que, además, tienen un componente estructural fundamentalmente ligado a los servicios del Estado del bienestar, en momentos en los que, además, hay más paro, más desigualdad, más necesidades sociales, donde esto se hace más evidente. Por tanto, sin poder actuar sobre los ingresos, cargando con la parte más importante del ajuste, solo hay que ver la




Página 8651


distribución del déficit que se ha hecho, y, además, soportando la presión más cercana de la ciudadanía en los temas que tienen que ver con la educación, con los servicios sociales y con la salud.

Además, yo creo, en líneas generales, con una actitud bastante solidaria. Yo siempre he defendido la solidaridad, quien tiene más ha de pagar más y los que pagan son los ciudadanos. Y eso es verdad, en teoría, porque hay excepciones referentes a determinadas figuras tributarias, un ciudadano, allá donde viva, paga en función de sus ingresos, de su renta o de su patrimonio. Pero, al final, una parte de esos ingresos se distribuyen a los territorios. Y son las administraciones de esos territorios las que prestan servicios a los ciudadanos. No se puede dar la paradoja de que, en territorios donde hay ciudadanos que contribuyen más porque tienen una renta o un patrimonio más alto, al final, acaben recibiendo menos que aquellos que han tenido una contribución menor. Eso no es solidaridad, es otra cosa. La solidaridad se ha de practicar, fundamentalmente, por la vía de los ingresos, por supuesto, y después de una garantía más o menos uniforme o igualitaria de determinados servicios del Estado del bienestar que son esenciales. Eso, desgraciadamente, tampoco pasa en nuestro sistema. Yo creo que es otra de las cosas que tendrían que abordarse en esa negociación de la financiación autonómica, necesaria, preceptiva, y que, de ninguna de las maneras, ha de ser de suma cero. Nunca ha sido así, y si alguien lo pretende, sería una negociación condenada al fracaso.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

Intentaré ser breve. No está el senador Mariscal y yo haría una matización a su intervención en la que decía que otra vez viene una ley sustentada en el artículo 135 de la Constitución. Es verdad que en el preámbulo se nombra varias veces este artículo. Me lo he leído y releído, ahora bien, una cosa es lo que dice el preámbulo, pero que esta ley encuentre sustento en el artículo 135, yo no lo veo por ningún lado. Será una interpretación muy extensiva del artículo 135, que recuerdo que no contó en su reforma con el apoyo de nuestro grupo.

Dicho esto, haré algunas matizaciones a la intervención del señor Granados. Empezaba su intervención diciendo que se congratula con que, al menos, en el espíritu de la ley todos estemos de acuerdo. Pero, después, cuando van avanzando ya no están tan de acuerdo. No se equivoque. Si el espíritu de la ley es simplemente pagar cuando toca, nuestro grupo está de acuerdo. Pero tenemos dudas de que el espíritu de la ley acabe aquí. Tenemos la sensación de que el espíritu de la ley es, sobre la base de la excusa de pagar cuando toca, hacer otra intervención adicional, otra tutela adicional, otro condicionamiento adicional, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales.

Porque usted hablaba de no sé cuántos presidentes, y, es verdad, porque yo también he conocido a algunos de la Federación Española de Municipios y Provincias, que confían en que se resuelva la financiación local y nunca se ha resuelto. Claro. Aquí está el problema. Nunca se ha resuelto y, por tanto, continúa generando un problema. Estamos de acuerdo en que a nivel de Administración local, el sistema de financiación es insuficiente y con un sistema de financiación insuficiente es muy difícil poder cumplir con las obligaciones de pago a treinta días.

Yo llevo seis años de alcalde. He estado cuatro años en la oposición y diez años en política local. Y he visto muchas cosas, en mi municipio y en otros municipios. Pero que haya algún alcalde o concejal que gaste con la intención de no pagar… yo eso no lo he visto. Habrá quien gaste de forma inconsciente o poco planificada, pero con la voluntad de no pagar, no me he encontrado todavía este espécimen, y conozco mucho la realidad de Cataluña, aunque desconozco la de otros sitios. Pero, en todo caso, no es el objeto del debate.

Yo creo que todo el mundo quiere pagar, pero no todo el mundo puede pagar. En estos momentos estamos exigiendo a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales que alcancen unos objetivos sin instrumentos. Es como a aquel que le dan un huevo y le dicen que tiene que hacer tortilla, pero no tiene sartén, no tiene espátula, no tiene fuego. Difícilmente podrá hacer una tortilla. Debemos dar instrumentos para que después esto sea posible.




Página 8652


Una matización respecto a la cuestión de las comunidades autónomas. Me preocupa que este sea el espíritu que en estos momentos tiene en mente el Gobierno en cuanto a la reforma de la financiación autonómica. Si creemos que esto ha de ser un juego de suma cero, y que lo que gane una comunidad autónoma lo debe perder otra, nos estamos equivocando de pleno, porque el déficit en la financiación autonómica no es el concreto de una comunidad autónoma, que también, lo es del sistema en su globalidad. Las comunidades autónomas tienen un conjunto de competencias que, para cubrirlas en términos medios, son muy superiores a los ingresos que generan o pueden generar. Por tanto, creo que se lo decía el señor Montilla, si el nuevo sistema de financiación autonómica, el que se va a proponer teóricamente el año que viene en las Cámaras, no va a suponer para la globalidad de comunidades autónomas mayores ingresos, creo que todavía va a ser peor del que hay, va a ser imposible. Creo que no hace falta que iniciemos este debate. Y lo mismo se puede extrapolar en el caso de las corporaciones locales, los ayuntamientos y las diputaciones. Si el nuevo sistema de financiación, si la nueva ley de haciendas locales lo único que pretende es repartir lo que hay, entonces sí que va a ser un fracaso, entonces es casi mejor continuar esperando. Si lo que se pretende es repartir los recursos que hay en estos momentos en el mundo local, tenemos un grave problema. Se debe dotar de más recursos y más autonomía. Yo soy de los que piensa que cada uno debe ser responsable fiscalmente, que tiene que comparecer ante sus ciudadanos y poder decirles: os exijo estos impuestos para realizar estos gastos. Pero ha de tener margen de maniobra. Sin embargo, en estos momentos no hay margen de maniobra. Les decía anteriormente el portavoz de Entesa que no hay margen de maniobra en los ingresos. Efectivamente, no hay margen de maniobra en cuanto a los ingresos, y hay poco margen de maniobra en cuanto a los gastos de las comunidades autónomas. Le pongo el ejemplo de Cataluña, donde el 71% del presupuesto que se va a aprobar este año está dedicado a educación, sanidad y servicios sociales. Poco margen queda, más allá de que el mecanismo de corrección en la Administración local lo tenga que realizar el interventor. Es el interventor el que va a decir al alcalde y a los concejales: el mecanismo de corrección va a ser este. Eso nos va a generar un problema. Pero establecer estos mecanismos de corrección y estas sanciones en relación con las comunidades autónomas y corporaciones locales a nosotros nos parece un error, una equivocación y nos hace sospechar que el espíritu de la ley no sea exclusivamente el de pagar cuando toca.

Rápidamente, volvamos a mi querido artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012.

Usted, efectivamente, me reconoce que se puede dar la circunstancia de que alguna institución local disponga de un remanente de tesorería elevado y de poca liquidez. Pero para eso hay solución. Simplemente, al igual que son necesarios 35 informes previos para poder dedicarlo a inversión, que sean necesarios 36 informes previos y que este adicional sea un informe del interventor de acuerdo con que la corporación local dispone de recursos de tesorería, recursos de liquidez suficientes para financiar esta inversión, porque también hay ayuntamientos y diputaciones con remanentes de tesorería muy elevados y que estos remanentes tienen un reflejo claro en sus cuentas bancarias. Y cuando hay un remanente de tesorería muy elevado, y reflejo claro en las cuentas bancarias, y un superávit en términos de contabilidad nacional, que no es el resultado presupuestario que están liquidando los ayuntamientos, puede haber un desfase importantísimo. A estos ayuntamientos y diputaciones con remanentes de tesorería elevados, endeudamiento nulo o casi nulo, que pagan a sus proveedores en treinta días, de los pocos que pagan a sus proveedores en treinta días, a estas instituciones les van a tener que decir que no pueden invertir, que en el peor momento de crisis no pueden invertir. Y creo que eso es un error. Hemos tardado casi dos años en modificar el artículo 32. Si tenemos que tardar dos años más en modificar esto, creo que llegamos tarde. En todo caso, seguro que vamos a poder discutirlo en el trámite de enmiendas.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

En primer lugar y nuevamente —creo que es la cuarta vez sumando las leyes en que me ha tocado posicionarme en nombre de mi partido en los últimos meses—, se trata de una ley orgánica con carácter de urgencia que también utiliza el Gobierno como percha en relación a una serie de




Página 8653


leyes, como la Ley de estabilidad presupuestaria, por supuesto, pero también la de financiación de las comunidades autónomas, incluso con algunas que no tienen nada que ver con la materia, como la relativa a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la de puertos del Estado o el propio Estatuto Básico del Empleado Público, y algunas que todavía no han concluido su trámite parlamentario o se ha concluido recientemente, como es la Ley de transparencia, que ni siquiera figura con su numeración entre la documentación que tenemos. Por tanto, esto también se está convirtiendo en una costumbre, lo mismo que incluir en el Senado algún tipo de enmiendas, aunque, en este caso, siendo positivo, estoy de acuerdo con el senador Bel y otros intervinientes en que no da respuesta a las reivindicaciones de la FEMP y de los ayuntamientos en cuanto a la posible utilización de los remanentes positivos en aquellos ayuntamientos que han demostrado que tienen una buena gestión y no presentan problemas de déficit ni de deuda excesiva.

Por otro lado, como ya se ha comentado, esta ley no menciona la Ley de morosidad, modificada en julio de 2010 con un consenso muy amplio y que ya dotaba de instrumentos, creo que suficientes, para ir resolviendo ese gran problema que en algunos momentos, y sobre todo en algunas corporaciones locales, suponía largos periodos para pagar las facturas a proveedores, la morosidad, en definitiva. Pero insisto en que fue una modificación de 2010 con un amplio consenso.

También se ha dicho ya que esta ley que ahora debatimos solo afecta a las administraciones territoriales: ayuntamientos y comunidades autónomas, pero no a la Administración General del Estado, la Administración del Gobierno de España, que queda fuera. Evidentemente, no hay medidas coactivas ni de control para ella. Ciertamente, hay proveedores y hay pagos y, por lo tanto, sí habrá deuda, con más o menos plazo, pero, evidentemente, nadie lo va a controlar. Me podrán decir que Europa, pero Europa controla el déficit excesivo o la deuda, pero no entra en el nivel de las deudas comerciales, y, por supuesto, me daría la risa si alguien comentara que va a ser esa Autoridad Fiscal Independiente que el señor Montoro ha creado y nombrará, que, evidentemente, estará a sus órdenes, no para controlarle a él, sino para controlar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Es una vuelta de tuerca más en ese control que bajo la disculpa o la justificación del artículo 135 de la Constitución Española se viene haciendo. En este caso no es verdad, en ningún momento se contempla eso. Europa no pide eso. Esto no estaba dentro del pacto para modificar la Constitución, como tampoco estaba el desarrollo posterior. Por cierto, algunas veces nos achacan a los socialistas que no hayamos votado a favor y es porque se salían de ese pacto e iban mucho más allá de lo que nosotros pretendíamos con el acuerdo obligatorio. Por supuesto, no habla nada de deuda comercial, así que no se apoyen en ello para justificar esta ley.

En segundo lugar, esta ley vuelve a vulnerar la autonomía de las corporaciones locales, de ayuntamientos y comunidades autónomas, y genera más burocracia. No va a simplificar nada la burocracia, en absoluto, no va a ser más eficiente en este aspecto.

Como se ha dicho aquí —y yo lo repito en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista—, estamos totalmente de acuerdo con los objetivos básicos. Hay que pagar en tiempo y forma y no se pueden tener deudas con las empresas: pequeñas, medianas o grandes, pero tampoco con los ciudadanos. Y esta ley se olvida de los ciudadanos y algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, por ejemplo a la hora de atender la Ley de dependencia, no pagan a sus ciudadanos, que llevan esperando mucho tiempo, muchos meses e incluso años. ¿Por qué no se tiene la misma consideración con estos ciudadanos que con las empresas que aquí se contemplan?

El Gobierno, señorías, se limita a controlar y sancionar pero no se implica. De alguna forma puede decirse que ni coordina ni acuerda con los demás entes territoriales, con las demás administraciones, ni siquiera les escucha y al menos esta ley tendría que haber contemplado que cualquier recurso presentado por una de estas administraciones supusiese la paralización de la retención de los fondos correspondientes.

Pero hablemos claro, señorías, desde el principio este Gobierno legisla pensando que los malos gestores, los manirrotos y los despilfarradores son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cuando no son los enemigos ni los malos. Lógicamente, ha habido, hay y habrá malos gestores que no utilizan adecuadamente los recursos públicos pero, señorías, tienen nombres y apellidos. Yo estoy cansado de escuchar aquí cómo se responsabiliza a los socialistas de las facturas en los cajones y supongo que esas facturas en los cajones corresponderían a algún ayuntamiento o comunidad autónoma con responsables políticos en los respectivos




Página 8654


Gobiernos. Aclarémoslo. Vamos a poner nombres y apellidos y ver quiénes eran y nos llevaremos la sorpresa de que en su mayor parte corresponden a gobernantes del Partido Popular, algunos de ellos ministro en este momento. No intentemos señalar a otros con lo de las facturas en los cajones porque esas facturas han existido en muchos sitios y no han sido precisamente más numerosas en los Gobiernos o en los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista.

Aquí hay un hilo conductor. Ayer, mientras me preparaba algunas notas sobre la ley de la factura electrónica y la ley de la reforma local —de las que también me ocupo yo—, me preguntaba a quién beneficiaba al final esta ley. El señor Granados nos ha hablado del albañil y del fontanero, muy bien. Pero, ¿no son deudores también los ayuntamientos y las comunidades autónomas de la industria farmacéutica? ¿No lo son también de las compañías eléctricas? Siempre ha existido un conflicto por parte de estas compañías para poder cobrar a muchos ayuntamientos. Las grandes empresas, esas que ahora con más de 5000 euros quedan exentas de la factura electrónica van a ser las grandes beneficiarias de esta ley, y se les abre el camino para esa posible línea ideológica de privatizar. También decía antes —y no quiero insistir en esto, aunque quizá lo haga en el otro turno de portavoces— el senador Granados: Si no tienes fondos, reduce la estructura; o, a sensu contrario, vamos a buscar los ingresos necesarios para poder atender aquellos servicios que son obligatorios y absolutamente imprescindibles para los ciudadanos. Y es ahí dónde está el problema. ¿Alguien piensa que algún alcalde o algún presidente de una comunidad autónoma no quieren pagar a los proveedores de su ciudad o de su comunidad, a sus electores? ¿Alguien piensa que no quiere? No puede y no puede porque no hay ingresos. Dejemos aparte a los malos gestores y si quieren, hablamos de ello.

Lo que hay que modificar es la política de ingresos. Se ha dicho aquí en otros momentos, incluso por mí mismo, que estamos a diez puntos de diferencia en términos PIB con los ingresos medios de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea. Diez puntos, 100 000 millones de euros. Con la mitad de esa cantidad se resolvían todos los problemas que tienen las comunidades autónomas y en los ayuntamientos se mantendrían todos los servicios sociales y no habría que practicar recortes.

Esa es la gran reforma, la reforma fiscal. ¿Por qué no la hicieron los socialistas? Estábamos en otra coyuntura, estábamos en superávit, estábamos con ingresos tributarios por encima de lo previsible. Esas son las circunstancias y eso es lo que hay que hacer, señorías, para resolver este problema. Los ayuntamientos, las comunidades tienen que tener más ingresos para atender sus servicios y, por supuesto, el que sea mal gestor, que se tomen luego todas las medidas correctivas que haga falta, pero no castiguemos a todos intentando desmontar un Estado de bienestar con unos servicios públicos de calidad que teníamos haciendo que bajen y sobre todo porque afecta, en términos de empleo, al despido de mucha gente que estaba en esos servicios públicos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señorías.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Granados.

El señor GRANADOS LERENA: Gracias, señora presidenta.

Intervengo muy rápidamente, para puntualizar algunas de las cosas que se han dicho. En primer lugar, senadora Capella, si su respuesta es que ya tenemos fecha y pregunta y con ello los parados de Cataluña ya están colocados, las familias que lo están pasando mal ya comen y, además, los proveedores de Cataluña cobran, si usted cree que con la fecha y la pregunta ya está todo solucionado, pues así les va a algunos ciudadanos de Cataluña con gobernantes que piensa como piensa usted.

En referencia a lo que decía el señor Montilla, le tengo que decir que yo no soy tan presuntuoso. Yo no decía que el único camino sea esta ley. Esta ley es una más, puede haber muchas otras que persigan el mismo objetivo. Yo me refería al único camino en referencia a la necesidad de cumplir los objetivos de déficit y de austeridad como único camino para que la economía siga mejorando, porque es evidente que si no tenemos rigor presupuestario, si no cumplimos con las necesidades de consolidación a las que nos vemos obligados por nuestra situación actual, nadie nos financiará y no seguirá bajando la prima de riesgo y no tendremos dinero para financiar los servicios básicos, los servicios esenciales como todos queremos.




Página 8655


En cuanto a lo de suma cero, a lo que se refería su señoría y que también mencionaba el señor Bel, yo me refería a la suma cero en las circunstancias actuales. Yo no recuerdo ninguna modificación del sistema de financiación cuando está cayendo el PIB. Por eso todas las modificaciones que se han producido en el sistema de financiación autonómica se han hecho en momentos de crecimiento, porque las negociaciones son todas mucho más fáciles. Por eso, el Gobierno no ha acometido ya esa modificación y está esperando a que mejoren un poco las condiciones económicas.

Además, les doy a los dos la razón. ¡Claro que se pueden mejorar los ingresos! Yo soy muy partidario de mejorar y aumentar la capacidad normativa desde el punto de vista tributario de comunidades autónomas y ayuntamientos. Ahí hay otra vía. Que uno tenga la corresponsabilidad por el lado de los ingresos y que aquel que pueda justificar frente a sus ciudadanos por su gestión, por los servicios que presta, una subida tributaria, pues que la acometa y luego los ciudadanos juzgarán. Yo soy muy partidario de eso. Supongo que eso es a lo que se refería el senador Vázquez cuando hablaba de la necesidad de la reforma fiscal. En nuestra opinión, claro que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen que tener una mayor capacidad recaudatoria.

No estoy de acuerdo, señor Vázquez, con este argumento recurrente de la privatización de los servicios municipales. ¡Si es que la mayoría de los ayuntamientos en toda España, sean del color que sean, ya tienen privatizados o externalizados muchos de sus servicios! Servicios como la recogida de basuras, la limpieza, la jardinería, el cementerio y el tanatorio, están ya privatizados o externalizados —como usted quiera— en la inmensa mayoría de los ayuntamientos. Yo le he puesto el ejemplo de un fontanero que trabaja para un ayuntamiento, pero eso es lo habitual. (Denegaciones del señor Vázquez.García.) Sí, Sí. Le puedo dar miles de ejemplos. No hay ningún ayuntamiento de la Comunidad de Madrid gobernado por el PSOE —es verdad que ahora les quedan pocos— en el que todo eso no esté privatizado, ni que no estuviera privatizado cuando ustedes gobernaban, ni que hayan dejado de privatizar el día en que llegaron por haber perdido los anteriores. Esa es ya la norma habitual, y a mí me parece absolutamente lógica.

Muchas gracias en cualquier caso, señorías, por el tono de sus intervenciones. Espero que con el debate de las enmiendas podamos seguir aclarando el contenido de la ley.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las quince horas y treinta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se reanuda la sesión.

Cierren las puertas.

Vamos a proceder a votar en primer lugar las propuestas de veto al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.

Les anuncio que, al igual que ocurrió con las propuestas de veto de los presupuestos, ha habido votación telemática, exactamente la misma. Han sido autorizados dos votos, de las senadoras Parera Escrichs y García Carrasco. La senadora Parera no ha utilizado el sistema de votación, y la senadora García Carrasco sí ha utilizado el sistema de votación, igual que el otro día. Por lo tanto, añadiremos el voto telemático al voto en el hemiciclo.

Comenzamos votando la propuesta de veto número 1, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232, más 2 votos telemáticos, 234; votos emitidos, 232, más 1 voto telemático, 233; a favor, 78; en contra, 149, más 1 voto telemático, 150; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8656


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233, más 2 votos telemáticos, 235; votos emitidos, 232, más 1 voto telemático, 233; a favor, 80; en contra, 147, más 1 voto telemático, 148; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, de todos los senadores de la Entesa pel Progrés de Cataluña, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232, más 2 votos telemáticos, 234; votos emitidos, 232, más 1 voto telemático, 233; a favor, 79; en contra, 148, más 1 voto telemático, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232, más 2 votos telemáticos, 234; votos emitidos, 232, más 1 voto telemático, 233; a favor, 78; en contra, 149, más 1 voto telemático, 150; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233, más 2 votos telemáticos, 235; votos emitidos, 233, más 1 voto telemático, 234; a favor, 79; en contra, 149, más un voto telemático, 150; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Abran las puertas. (Pausa.)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES.

COMISIÓN: PRESUPUESTOS

(Núm. exp. 621/000055) (Votación.)

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas. (El señor Quintero Castañeda pide la palabra.)

Sí, señor Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Señor presidente, intervengo para anunciar, porque antes hubo una pequeña confusión, la retirada de la enmienda 997, a la sección 36, que presentamos tanto yo como Miguel Zerolo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quintero.

Bien, vamos a votar las enmiendas que nos quedan de los Presupuestos Generales, comenzando por la sección 19 y la sección 60.

De los senadores Iglesias y Mariscal.

Comenzamos votando las enmiendas 150, 151 y 659 a 665.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 78; en contra, 148; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 251.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8657


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 231; a favor, 77; en contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del senador Martínez Oblanca, votamos la enmienda número 35.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 69; en contra, 144; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la senadora Capella.

Votamos las enmiendas 889 y 891.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 78; en contra, 148; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 886 a 888 y 890.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 77; en contra, 150; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Quintero y Zerolo.

Votamos las enmiendas 960 y 961.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 84; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 998.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 84; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la 2885.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 231; a favor, 82; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Votamos las enmiendas 1602 a 1610 y 1994 a 1997.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 77; en contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 2092.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8658


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 77; en contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Votamos las enmiendas 3421 a 3424, 3620 y 3621.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 81; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 3425.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 79; en contra, 149; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 3463.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 231; a favor, 81; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista.

Comenzamos votando la enmienda número 2940.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 227; a favor, 62; en contra, 146; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 2937 a 2939 y 2941 a 2954.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 75; en contra, 149; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1178 a 1184.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 65; en contra, 149; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las secciones 19 y 60 en lo no afectado por las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 232; a favor, 147; en contra, 85.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Pasamos a la votación de la sección 20, comenzando por las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal.

Votamos las enmiendas 152 a 161, 667 a 678, 680 a 686, 689, 691 y 692.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8659


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 64; en contra, 149; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 679, 687, 688 y 690.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 78; en contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del senador Martínez Oblanca.

Comenzamos votando las enmiendas 26 y 27.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 78; en contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 28 a 31.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 83; en contra, 144; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Capella.

Votamos la 892.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 23; en contra, 202; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 893.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 16; en contra, 150; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Quintero y Zerolo.

Votamos la 963.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 12; en contra, 146; abstenciones, 74.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 965 y 966.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 13; en contra, 206; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 962, 964 y 967.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8660


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 73; en contra, 145; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la 2886.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 229; a favor, 82; en contra, 144; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Entesa.

Votamos las enmiendas 1611 a 1615.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 77; en contra, 150; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1627, 1639, 1640, 1644, 1999 y 2003 a 2005.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 76; en contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1616 a 1626, 1628 a 1638, 1641 a 1643, 1645 a 1655, 1998 y 2000 a 2002.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 65; en contra, 150; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Votamos las enmiendas 3427 y 3622 a 3635.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 82; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos las enmiendas 1317 y 1318.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 70; en contra, 149; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1319 a 1323, 1332 y 1375.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 230; a favor, 78; en contra, 148; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 1336.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8661


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 64; en contra, 149; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 1324 a 1331, 1333 a 1335, 1337 a 1374 y 1376 a 1390.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 65; en contra, 149; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los grupos Entesa pel Progrés de Catalunya y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 3020 a 3022, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 72; en contra, 150; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la sección 20, en lo no afectado por las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 148; en contra, 86.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a la sección 23.

Enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comenzamos votando la 713.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 17; en contra, 148; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 714, 749 y 782.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 83; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 697 a 704, 706 a 710, 770, 790, 802, 804, 812 y 822.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 228; a favor, 3; en contra, 205; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 162, 715 a 728, 737, 739, 740, 746 a 748, 750, 759 a 765, 767, 768, 777 a 781, 783 a 785, 791 y 810.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 78; en contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 163 a 179, 694 a 696, 705, 711, 712, 729 a 736, 738, 741 a 745, 751 a 758, 766, 769, 771 a 776, 786 a 789, 792 a 801, 803, 805 a 809, 811, 813 a 821 y 823.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8662


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 64; en contra, 149; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Eza, Salanueva y Yanguas, votamos la enmienda número 2.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 230; a favor, 74; en contra, 143; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del senador Martínez Oblanca, votamos la enmienda 32.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 69; en contra, 145; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Quintero y Zerolo.

Votamos la 973.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 12; en contra, 144; abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 975.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 231; a favor, 87; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 968 a 972, 974 y 976.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 73; en contra, 145; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la 2887.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 230; a favor, 86; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Votamos las enmiendas 1675 y 2010.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 228; a favor, 82; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1656 a 1659.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 78; en contra, 149; abstenciones, 5.




Página 8663


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 2009.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 16; en contra, 149; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 1669 y 1689.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 64; en contra, 149; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1660 a 1668, 1670 a 1674, 1676 a1688, 1690 a 1693, 2006 a 2008 y 2011 a 2047.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 78; en contra, 147; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió votamos las enmiendas números 3429 a 3444 y 3496 a 3603.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 230; a favor, 82; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda número 2685.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 230; a favor, 81, en contra, 144; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 2832, 2834 y 2835.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 62; en contra, 149; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 2705.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 231; a favor, 84; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 2718 a 2728, 2730 y 2731.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 69; en contra, 148; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Página 8664


Votamos las enmiendas números 2671 a 2676, 2679, 2684, 2695 a 2704, 2706 a 2717, 2732 a 2737, 2748, 2782, 2816, 2847, 2859 a 2861, 2863, 2864 y 2866 a 2869.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 78; en contra, 147; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 2677, 2678, 2680 a 2683, 2686 a 2694, 2729, 2738 a 2747, 2749 a 2781, 2783 a 2815, 2817 a 2831, 2833, 2836 a 2846, 2848 a 2858, 2862 y 2865.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 63; en contra, 148; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los Grupos Parlamentarios Entesa y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 3027, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 72; en contra, 147; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos grupos, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 3023 a 3026 y 3028 del Grupo, Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 71; en contra, 149; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la sección 23 en lo no afectado por las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 150; en contra, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a la sección 25.

Votamos las enmiendas de la senadora Capella: enmiendas 894 a 896.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 15; en contra, 210; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 3313 a 3315.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 63; en contra, 148; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la sección 25 en lo no afectado por las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 146; en contra, 87.




Página 8665


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a la sección 26.

De los senadores Iglesias y Mariscal, votamos la enmienda número 182.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 5; en contra, 148; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la 183 y la 203.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 70; en contra, 148; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 186, 205, 208 y 210.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 229; a favor, 83; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 181, 184, 185, 187, 190, 196, 197, 199, 200 y 204.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 66; en contra, 149; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 188, 189, 191 a 195, 198, 201, 202, 206, 207 y 209.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 78; en contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazas.

De la senadora Capella, votamos las enmiendas 900 y 901.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 14; en contra, 210; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 897 a 899 y 902 a 906.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 224; a favor, 71; en contra, 148; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Quintero y Zerolo, votamos las enmiendas 977 a 980.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 87; en contra, 144; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 981.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8666


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 73; en contra, 145; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos las enmiendas 2888 y 2889.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 81; en contra, 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, votamos la enmienda 1707.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 229; a favor, 76; en contra, 146; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 1722, 1726, 1727, 2059 y 2069.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 83; en contra, 148; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2049 y 2056.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 70; en contra, 148; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1694 a 1705, 1709, 1711 a 1714, 1717, 1718, 1721, 1723 a 1725, 1728 a 1732, 2048, 2051, 2052, 2054, 2055, 2057 y 2060 a 2068.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 77; en contra, 148; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1706, 1708, 1710, 1715, 1716, 1719, 1720, 1733, 2050, 2053 y 2058.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 66; en contra, 149; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, votamos la enmienda 3641.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 227; en contra, 3; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 3448.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 230; a favor, 27; en contra, 201; abstenciones, 2.




Página 8667


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 3447, 3449 a 3453, 3636 a 3640 y 3642 a 3649.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 83; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda 1286.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 76; en contra, 149; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 1262, 1268 y 1294.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 231; a favor, 69; en contra, 148; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1263, 1264, 1281, 1282, 1284, 1287, 1288, 1295, 1303 y 1304.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 65; en contra, 149; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1265 a 1267, 1269 a 1280, 1283, 1285, 1289 a 1293, 1296 a 1302 y 1305 a 1311.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 77; en contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los grupos parlamentarios Entesa y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 3029, del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 232; a favor, 72; en contra, 146; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la sección 26 en lo no afectado por las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 149; en contra, 85.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a la sección 27.

En primer lugar, votamos las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comenzamos votando la número 226.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 77; en contra, 148; abstenciones, 6.




Página 8668


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 212 a 225, 227 a 235 y 824 a 826.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 65; en contra, 150; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del senador Martínez Oblanca, votamos las enmiendas 33 y 34.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 230; a favor, 68; en contra, 144; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos las enmiendas 2890 y 2891.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 84; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa, comenzamos votando las enmiendas 1734, 1735, 1741, 1755 a 1759, 1762 a 1777, 2087 y 2088.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 231; a favor, 75; en contra, 150; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1736 a 1740, 1742 a 1754, 1760, 1761 y 2070 a 2086.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 65; en contra, 149; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, votamos las enmiendas 3455 a 3461 y 3650 a 3675.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 82; en contra, 149; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda 1233.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 74; en contra, 145; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 1201 a 1209.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 71; en contra, 147; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1193, 1195, 1198, 1199, 1210 a 1224, 1239 y 1240.




Página 8669


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 78; en contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1194, 1196, 1197, 1200, 1225 a 1232, 1234 a 1238 y 1241 a 1259.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 65; en contra, 149; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los grupos parlamentarios Entesa y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 3001 a 3003 y 3030 a 3035, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 73; en contra, 149; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la sección 27 en lo no afectado por las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 232; a favor, 146; en contra, 86.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a la sección 31.

Votamos las enmiendas 907 y 908, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 16; en contra, 209; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 909.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 229; a favor, 13; en contra, 144; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la sección 31 en lo no afectado por las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 148; en contra, 86.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la sección 34.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 161; en contra, 73.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la sección 35.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8670


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 159; en contra, 75.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la sección 36.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 158; en contra, 75.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos al ADIF.

Votamos la enmienda número 3, de los senadores Eza, Salanueva y Yanguas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 10; en contra, 209; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 36 a 38, del senador Martínez Oblanca.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 231; a favor, 69; en contra, 144; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 1779, de Entesa.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 78; en contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ADIF en lo no afectado por las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 146; en contra, 87; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a AENA.

Votamos las enmiendas 999 a 1001, de los senadores Quintero y Zerolo.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 75; en contra, 145; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos AENA en lo no afectado por la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 147; en contra, 87.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos a Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

Votamos la enmienda 252, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8671


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 6; en contra, 206; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Camacho Sánchez pide la palabra.)

Sí, senador Camacho.

El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Solicito votación separada de la enmienda 255.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.

Votamos las enmiendas 253 y 254.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 64; en contra, 150; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 255.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 66; en contra, 148; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Quintero y Zerolo, votamos las enmiendas 1002 a 1004.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 76; en contra, 143; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en lo no afectado por las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 148; en contra, 86.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos a SIEPSA y votamos la enmienda 829, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 3; en contra, 149; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos SIEPSA en lo no afectado por la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 147; en contra, 86; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos a SEITTSA.

Votamos la enmienda 830, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 231; a favor, 79; en contra, 146; abstenciones, 6.




Página 8672


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos SEITTSA en lo no afectado por la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 151; en contra, 82; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Pasamos a entidad Valencia Plataforma Intermodal y Logística, y votamos la enmienda 260, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 3; en contra, 208; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la entidad Valencia Plataforma Intermodal y Logística, Sociedad Anónima, en lo no afectado por la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 148; en contra, 86.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Pasamos a ENRESA, y votamos la enmienda 259, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 63; en contra, 150; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ENRESA en lo no afectado por la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 149; en contra, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Votamos el resto de las sociedades, entidades, organismos y partidas que no han sido objeto de enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 148; en contra, 85; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, aprobados.

Pasamos al preámbulo. Votamos las enmiendas 1006 y 1007, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 65; en contra, 149; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

De los Grupos Parlamentarios de la Entesa y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 2955 a 2958, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8673


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 73; en contra, 150; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el preámbulo en lo no afectado por las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 146; en contra, 88.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Votamos los artículos 2, 3, 4, 13 y 48, así como el anexo I.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 148; en contra, 86.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, aprobados.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, señorías, se dará traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados, para que este se pronuncie sobre ellas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. (Aplausos.)

4.1.2. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL DEL SECTOR PÚBLICO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

(Núm. exp. 621/000056) (Continuación.)

AUTOR: GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las enmiendas del Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.

La senadora Salanueva Murguialday y los senadores Eza y Yanguas han presentado las enmiendas 1 a 3, y los senadores Iglesias y Mariscal han presentado las enmiendas 5 a 21.

Comenzamos con la defensa de las enmiendas 1 a 3, de la senadora Salanueva Murguialday y los senadores Eza y Yanguas.

Tiene la palabra la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente.

Si me lo permite, intervendré desde el escaño. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Muy brevemente, voy a manifestar nuestra posición sobre el conjunto de la ley pero también sobre las tres enmiendas que hemos presentado.

En principio, los objetivos de la ley nos parecen correctos. A Navarra, como comunidad foral, nos afecta especialmente todo lo relativo no tanto al pago de proveedores, que no ha sido uno de los problemas principales de la comunidad foral, que apenas se ha acogido a las medidas establecidas en el mismo y que las entidades locales de Navarra cumplimos en menos de 30 días con el pago a proveedores, pero sí nos afectan otras cuestiones como el destino del déficit. Por ese motivo presentamos una serie de enmiendas.

Queremos aprovechar la ocasión para decir que esta ley se sustenta en los principios generales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, tras la modificación del artículo 135 de la Constitución, modificación que nos parece correcta y que nosotros apoyamos cuando se debatió por el procedimiento de urgencia. Sin embargo, queremos hacer un llamamiento al Gobierno de la nación para que se use de manera moderada y se circunscriba de forma estricta a los supuestos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no se convierta el sacrosanto déficit, las argumentaciones y las exigencias de estabilidad presupuestaria en una patente de corso para habilitar cualquier intervención limitativa de competencias, en nuestro caso las forales.




Página 8674


¿Qué hemos observado en este proyecto de ley? Hemos observado que se produce una situación de indefensión para las entidades locales porque, tal como se acordó en su momento con la Federación Española de Municipios y Provincias, se ha excluido, se ha sacado del texto toda referencia al año 2013. Entendemos que, aparte del incumplimiento, que en sí mismo se produce, es importante que figure esa referencia expresa porque, de no ser así, aquellas entidades locales que dieran un destino al superávit diferente al de reducir el endeudamiento neto en el año 2013 quedarían absolutamente desprotegidas. Puede resultar, a nuestro juicio, imposible para muchas entidades locales alcanzar el cumplimiento de los objetivos en la misma anualidad en la que se ha producido su incumplimiento y poder reflejarlo en la redacción del plan económico financiero.

Nosotros pedimos que se contemple. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda que hace una referencia parecida y nosotros la apoyaremos, pero, como prácticamente ha transcurrido el año 2013 y va a ser imposible materializar lo que pedimos porque ha pasado demasiado tiempo, no obstante entendemos que es necesario que figure, como digo, esa referencia expresa.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Salanueva.

Para la defensa de las enmiendas 5 a 21, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Sin duda, algunas de las enmiendas presentadas por los senadores Iglesias y yo mismo a esta ley —somos senadores de Izquierda Unida— serán calificadas por parte del Grupo Popular como inconstitucionales desde el punto de vista del artículo 135 de la Constitución, pero no lo son, según nuestra opinión, si nos atenemos a lo que establece el artículo 1.1.

Para nosotros, esta nueva ley, como antes afirmé en el turno de portavoces en la presentación de los vetos, que se basa en el desarrollo del artículo 135 de la Constitución, viene a contravenir la autonomía necesaria de las administraciones locales y de las administraciones autonómicas. Así como la Ley de Estabilidad Presupuestaria provoca un abuso de posiciones de control por parte del Gobierno que vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas, creemos que esta ley pone también a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera bajo el control de la Intervención General del Estado y también viene a desarrollar la ruptura del principio de igualdad que debería regir las relaciones entre la Administración autonómica, las administraciones locales y la Administración central del Estado ya que vuelve a poner de manifiesto una prelación, una importancia, una superioridad de la Administración central sobre la Administración autonómica y la local.

Nos parece especialmente grave y llamativa la posibilidad de que empresas privadas que realizan auditorías puedan controlar a las administraciones locales, aunque las barbaridades que vamos a poder aprobar el próximo lunes en la ley de reforma de la Administración local van en esa misma dirección. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Las enmiendas presentadas por los senadores de Izquierda Unida van en la dirección de buscar el principio de suficiencia en los ingresos, no tanto en esa racionalidad de la que se habla en los gastos, porque creemos que hay que perseguir el fraude fiscal, que hay que combatir la economía sumergida, que hay que ir a un principio de fiscalidad más progresiva que permita que las administraciones públicas tengan los recursos suficientes desde una política de ingresos. Y también que las desviaciones presupuestarias sean permitidas para atender a los servicios públicos fundamentales, que también se permita utilizar el superávit para algo diferente a reducir el endeudamiento. Que se les dé una oportunidad a las administraciones locales y a las autonomías de audiencia previa. En definitiva, ya que se erosiona claramente la autonomía de las administraciones territoriales, son unas enmiendas que van dirigidas a no tratar de demolerla definitivamente.

También hay otras enmiendas interesantes, desde nuestro punto de vista, dirigidas al control del gasto en las administraciones para que sea un control más democrático, más transparente, para que los órganos de control interno sean públicos, para que puedan tomar sus propias decisiones de gasto. En definitiva, creemos que podrían ser enmiendas en principio contradictorias con el principio constitucional de que el pago de la deuda está absolutamente por encima de todo.




Página 8675


Creemos que hay otros artículos de la Constitución que avalan la presentación de nuestras enmiendas, pero sobre todo tratan de que el daño no sea tan grave. Por tanto, rogamos sean apoyadas por los distintos grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas 40 a 56, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Como las enmiendas que voy a defender son de la Izquierda Plural y ya las ha defendido el señor Mariscal, quisiera hacer referencia a una serie de cuestiones.

Cuando estábamos debatiendo el veto el señor Granados nos decía que hay que ajustar los gastos, lo que es evidente. El problema está en qué gastos hay que ajustar, qué prioridades debemos tomar, porque los gastos en general no existen. Hay gasto en sanidad, en educación, hay gasto en el AVE, está el gasto que representa el déficit comercial en la compra de combustibles fósiles… Usted hablaba de la cooperación internacional para hacer referencia a la solidaridad, y yo le preguntaría ¿por qué incumplimos nuestros compromisos internacionales y, en cambio, somos capaces de sufragar una fragata en el Índico a un país que está en crisis? Hay mucho que discutir en relación con los gastos. Lo que sí tendríamos que discutir y más también, es respecto a los ingresos. ¿Cómo puede ser que un Gobierno tan reformista aún no haya puesto a punto una reforma fiscal en profundidad? ¿Cómo puede ser que en España, con esta crisis, con esta caída de ingresos aún no hayamos conseguido que los que más tienen más aporten? Estos son elementos importantes que en parte condicionan las políticas presupuestaria y de sostenibilidad financiera que lleva a cabo el PP y que están también en este proyecto de ley.

No hay un debate sobre la Unión Europea, ya lo dije en la presentación del veto del senador Saura y mío respecto al conjunto de los presupuestos. Acaba de fracasar otro intento de unión bancaria y no hay un debate respecto a lo que más nos condiciona en la gestión de este déficit que soportamos.

El senador Bel decía que la modificación del artículo 135 de la Constitución no conlleva este tipo de leyes. Sí, sí, el 135.5 obliga al Gobierno a desarrollar toda una serie de leyes, que es lo que justifica la Ley de estabilidad y esta ley de control.

Señorías, antes el senador Granados decía: Hay que pagar a los proveedores. Bien, gracias, la verdad es que no lo sabíamos, pero con lo que no estamos de acuerdo es que este pago a los proveedores lo garantice exclusivamente la Administración central, el Estado, el Gobierno; ese pago a los proveedores es una responsabilidad del conjunto de las administraciones y este necesario pago a los proveedores no puede conllevar la laminación de la autonomía financiera del resto de administraciones.

Y, por último, creo que en tono jocoso, usted se refería a la formulación de una pregunta y a la fecha de una consulta en Cataluña. Mire, desde hoy tenemos un problema más grande aún, con lo cual yo me limitaría a no ser demasiado jocoso y a intentar buscar soluciones.

Gràcies, senyora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya también están las enmiendas 57 a 74 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 101, 102, 104 y 105, del Grupo Popular.

Tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, nuestro grupo ha presentado un conjunto de dieciocho enmiendas para tratar de reconducir las medidas de un proyecto de ley del que si bien podemos compartir los objetivos de carácter general referidos a la necesidad de preservar la estabilidad presupuestaria y el saneamiento de las administraciones públicas, discrepamos del contenido estricto del mismo. El texto de la norma propuesto por el Gobierno y las modificaciones realizadas también por el Partido Popular en el trámite parlamentario contemplan unas medidas de difícil cumplimiento, desde




Página 8676


nuestro punto de vista, y poco eficaces para garantizar el compromiso de pago puntual adquirido con los proveedores de las administraciones públicas y, además, disminuye —como señalaba antes— gravemente la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

En relación precisamente con este ataque a la autonomía financiera de las administraciones territoriales, hemos presentado las enmiendas 60, 61 y 62 para suprimir los apartados cinco, seis y ocho del artículo primero, porque no podemos aceptar la aplicación incondicionada y automática de medidas preventivas, correctivas y coercitivas pensadas para el cumplimiento de otros objetivos —el déficit, la deuda pública— sin la más mínima adaptación a la realidad que subyace en la morosidad de las administraciones públicas.

Nuestra enmienda 63 suprime el apartado 7 del artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ya que nos parece excesivo que la no publicación del período medio de pago o la falta de suministro de la documentación exigida pueda ser causa para imponer las medidas coercitivas del artículo 20, equiparándose al propio incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Existe una clara desproporción.

También hemos presentado una enmienda, la número 64, para aclarar el apartado once del artículo primero, en cuanto al destino del superávit presupuestario y evitar confusiones innecesarias en la interpretación de los conceptos, siendo más claro y operativo indicar expresamente el límite máximo que opera para reducir esa deuda, al margen, evidentemente, de las modificaciones que ha introducido el Partido Popular en el trámite parlamentario.

Con las enmiendas 67, 68 y 69 modificamos el apartado quince, sobre las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, porque dentro de la razonable autonomía financiera de las corporaciones locales y en consonancia con la opinión de la Federación Española de Municipios y Provincias, es necesario que el superávit presupuestario, después de cubrir los requisitos legales, pueda destinarse no solo a amortizar operaciones de endeudamiento, sino también a satisfacer otras necesidades de inversión de gasto social o de promoción e impulso económico para la generación de empleo sin los condicionantes que, a pesar de la modificación efectuada, tiene todavía el texto que se nos somete a consideración. En ese sentido, considero que no se puede tolerar la previsión contenida en el apartado doce del artículo primero, donde se le otorga al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un poder absoluto sobre la incorporación de las administraciones autonómica y local a los mecanismos adicionales de financiación, sustrayendo a los órganos de gobierno de las respectivas administraciones la capacidad de tomar una decisión que conlleva adicionalmente una serie de condicionantes y controles financieros. Este mecanismo carece de la mínima seguridad jurídica ya que no se establecen, desde nuestro punto de vista, los criterios objetivos en los que debería basarse el ministerio para tomar una decisión de esta naturaleza.

Con nuestra enmienda 65 suprimimos esta previsión adicionada a la disposición adicional primera.

En la enmienda 72 proponemos la supresión del artículo segundo, que modifica Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, ya que no compartimos que deba procederse a la deducción o retención de los importes satisfechos por todos los recursos de los regímenes de financiación para satisfacer deuda con proveedores. Desde nuestro punto de vista, esta cuestión se enmarca dentro de las competencias de las comunidades autónomas para gestionar su tesorería.

Por último, quisiera denunciar la reiterada falta de respeto del Ejecutivo en el proceso legislativo porque, una vez más, el Gobierno, a través de las enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Popular, y en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, incluye modificaciones legislativas de lo más dispar y algunas de ellas ajenas al contenido propio del proyecto de ley. Ese es el sentido de nuestras enmiendas 73 y 74, que solicitan la supresión de las disposiciones finales primera y tercera.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.




Página 8677


El señor BEL ACCENSI: Gracias, señora presidenta.

Intentaré ser breve y no agotar el tiempo que siempre es oro y, especialmente, hoy y mañana.

Mi grupo parlamentario ha presentado 26 enmiendas: 15 de ellas al artículo primero; 1 al artículo segundo; 1 a la disposición adicional; 1 a una disposición transitoria; 1 disposición transitoria nueva; 1 a la disposición final segunda, relativa a los puertos y la marina mercante; 5 enmiendas más y la última es una disposición final nueva.

Las enmiendas se enmarcan en parte en la discrepancia absoluta que mantiene mi grupo parlamentario en cuanto a una modificación de la Ley de Sostenibilidad Financiera, introduciendo un concepto que entendemos que no debería estar aquí, al menos mientras no dispusieran los ayuntamientos y comunidades autónomas de mecanismos suficientes para garantizar su cumplimiento, sobre todo en el campo de los ingresos.

La enmienda 75 pretende suprimir el concepto de morosidad de deuda comercial y la normativa sobre morosidad enmarcada dentro del artículo 4 del principio de sostenibilidad financiera.

Como he dicho antes, desde nuestro punto de vista, el artículo 135 de la Constitución no ampara este concepto de morosidad de deuda comercial y, por tanto, no se debería incluir.

La enmienda 76 pretende modificar el apartado sexto del artículo 13 para que se incluya que afecta a todas las administraciones, no a las administraciones, en general. Además, se establece un mecanismo en el que también insistimos en otras enmiendas ―que tampoco detallaré exactamente― para que en caso de incumplimiento siempre se deba solicitar, con carácter previo, un informe a la comunidad autónoma sobre los motivos y los mecanismos que se deben implementar. Es decir, que la comunidad autónoma deba o pueda presentar, con carácter previo a las medidas coercitivas o sancionadoras, unas alegaciones al respecto y si las medidas que se toman en los planes de corrección están o no de acuerdo con la propia comunidad autónoma, porque de otro modo se pueden tomar medidas sin que la comunidad autónoma haya dado su visto bueno.

La enmienda número 77 sigue esta misma línea.

La enmienda número 78, al artículo 20, de medidas de corrección, también propugna la misma medida.

La enmienda 79, también en la línea de las medidas de corrección y aquellas que prevén dejar en suspensión algunas subvenciones establecidas entre la Administración central y las comunidades autónomas, pretende excepcionar de estas subvenciones o convenios aquellos que afecten a sectores que son prioritarios, que no tendría sentido dejar en suspenso, como son todas aquellas subvenciones y convenios vinculados al empleo, tanto al fomento como a la creación de empleo. No tendría sentido que por un incumplimiento dejasen de ejecutarse. En el mismo sentido todos aquellos programas vinculados a la investigación, desarrollo e innovación, especialmente aquellos que vayan cofinanciados por programas europeos.

La enmienda 80 pretende modificar el apartado 4, del artículo 20, donde se intenta garantizar que las comunidades autónomas dispondrán de trámite de audiencia ante la posibilidad incluso de presentar un recurso administrativo antes de que se le apliquen las medidas automáticas de corrección.

La enmienda 81 también va en el mismo sentido. Afecta al apartado 6, del artículo 20, y supedita las medidas correctoras a que estas a su vez no pongan en peligro el cumplimiento de los objetivos básicos, de acuerdo con la redacción inicial de la ley, que era: los objetivos de deuda, los objetivos de déficit y la regla del gasto.

En cuanto a la enmienda 82, en el apartado de medidas automáticas de corrección, cuando se establece que todas aquellas modificaciones presupuestarias en caso de incumplimiento deberán ser autorizadas a su vez por la comunidad autónoma, entendemos que se deben exceptuar aquellas que son obvias, las que vengan derivadas de la incorporación de remanentes procedentes de transferencias finalistas de otras administraciones. Si una comunidad autónoma o un ayuntamiento recibe una transferencia para incorporarla a su presupuesto, no tiene sentido que tenga que tener autorización del Estado; estamos burocratizando excesivamente todo el trámite presupuestario.

La enmienda 83 también va en el ánimo de enmendar precisamente el artículo 25, medidas coercitivas, y siempre eliminando cualquier vinculación al incumplimiento del período medio de




Página 8678


pago, siempre y cuando no se solucione con carácter previo el tema financiero de las comunidades autónomas.

Algunas de ellas, como la 84, también exigen que estas medidas coercitivas que tome el Estado sean avaladas previamente por la Comisión Bilateral Comunidad Autónoma-Estado.

La enmienda 85 prevé cómo se resuelven las alegaciones en caso de que la comunidad autónoma pudiese presentar dichas alegaciones.

La enmienda 86 es una mejora técnica.

La enmienda 87 va encaminada en la misma línea que defendía anteriormente: no tiene sentido condicionar programas vinculados a planes de empleo local, programas de ayudas sociales y programas vinculados a la coyuntura económica, esencialmente en el caso de las corporaciones locales.

La enmienda 88 es importante. Es una enmienda a la nueva disposición adicional sexta, aquella que, si recuerdan, regula o establece las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario; aquella por la cual se salva el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que posibilita la incorporación de los superávits presupuestarios de 2013 y 2014. Es verdad que aunque en la literalidad no es la que nos hubiera gustado, una parte de esta enmienda queda incluida en otra que el Partido Popular admitió en el trámite de ponencia y que habilitaba el superávit presupuestario de dos años. Por tanto, entendemos que en este aspecto sí que está incluido. No está incluido que nosotros no solo posibilitaríamos la utilización de este superávit presupuestario o remanente en inversiones financieramente sostenibles —en eso estamos de acuerdo—, sino que también posibilitaríamos la utilización de este remanente o superávit en algún gasto corriente muy concreto vinculado a los planes de empleo local o políticas de incentivo a la ocupación o al empleo. Es básico y tenemos que ser claros, hay ayuntamientos, diputaciones y consejos insulares que se lo podrían permitir y que sería conveniente que pudiesen hacerlo si, como coincidimos —o al menos eso parece—, la creación de empleo en estos momentos es una prioridad y la incorporación a la actividad laboral de muchas personas con dificultades también debe serlo.

La enmienda número 89 intenta crear una cierta garantía en relación con las comunidades autónomas en caso de incumplimiento de la ley y es la última que hace referencia al artículo primero.

También enmendamos el artículo segundo, porque entendemos que es una modificación de la LOFCA excesivamente dura aquella que permite al Estado congelar las transferencias o las cantidades que deba recibir cada comunidad autónoma para aplicarlo él directamente a deuda comercial. Habría que pensar qué pasaría entonces con otro tipo de pagos que también son prioritarios: la deuda financiera, que es prioritaria, porque lo establece esta ley, el pago de las retribuciones salariales, etcétera.

Hay un conjunto de enmiendas que doy por defendidas y que afectan a las disposiciones adicionales. No lo he dicho antes y aprovecho para decirlo ahora. Esta ley, que es una ley teóricamente vinculada a la sostenibilidad financiera y vinculada exclusivamente al pago de la deuda comercial, hace una modificación en ocho artículos de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Entendemos que algunas de estas modificaciones, obviamente, no tendrían que estar en esta ley, pero ya que se empeñan en ello, hay que presentar, al menos, algunas enmiendas de carácter técnico y otras que limitan la posibilidad que tiene cada uno de los puertos de poder efectuar algunas modificaciones que podrían mejorar su competitividad, aunque ustedes puedan pensar que esto no sea así e, incluso, en algún caso puedan pensar que es exactamente lo contrario. En todo caso, también doy por defendidas estas cinco enmiendas, igual que la última, que también es una enmienda, no a la totalidad, pero sí a una parte importante de la aplicación de la ley.

Espero que puedan atender algunas de estas enmiendas. Nosotros estamos en desacuerdo con la globalidad de la ley y ya les avanzo que seguramente algunas de estas enmiendas, tarde o temprano, las harán suyas y, si es tarde, lo lamentaremos. Estamos hablando de alguna vinculada al artículo 32. Seguramente, el artículo 32 y esta disposición adicional sexta que se incorpora a la ley tendrán que ser modificados en los próximos meses porque no tendrán el efecto esperado, a no ser que el efecto esperado sea continuar manteniendo un superávit en las corporaciones




Página 8679


locales que compense el déficit excesivo de otros niveles de la Administración, llámese Seguridad Social, llámese comunidades autónomas o llámese Administración del Estado.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas 22 a 39 y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 101, 102, 104 y 105 del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el senador Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, el Grupo Socialista ha presentado un total de dieciocho enmiendas, las cuales pretenden, como cualquier enmienda, mejorar el texto correspondiente. En este caso, queremos volver a incidir en los argumentos que ya indicamos en nuestro veto a esta ley y que consideramos que es necesario volver a recordar: Equilibrio y nivelación de las finanzas públicas, respetando, como no puede ser de otra manera, sus competencias. Preservar la financiación del Estado del bienestar. Y la creación de una norma que haga posible y práctico el fin que tenemos todas y cada una de las administraciones públicas, que es pagar a tiempo a los proveedores.

Somos plenamente conscientes —entiendo que todos— de que debemos hacer lo posible para cumplir los acuerdos establecidos por nuestro país con la Comunidad Económica Europea en materia de lucha contra la morosidad, así como en las operaciones comerciales, como se indica en la Directiva 2011/7 de la Unión Europea.

Pero hay una serie de aspectos que los legisladores de cada país miembro debemos tener en cuenta antes de elevar una norma como la que aquí se propone. Se trata de conocer la causa que genera que, de manera involuntaria, las administraciones públicas de un país, en este caso el nuestro, tengan serias dificultades para poder adaptarse literalmente, tanto a las normas estatales como a las europeas y así poder cumplir con lo indicado en ellas. Lo que nos dicen en Europa es razonable y consideramos que nadie lo pone en duda. Comprar y pagar no solamente es una de las bases del criterio comercial, sino que es un deber de quien inicia este comercio.

Pero más allá de cumplir con este precepto, es necesario que se aborden las causas por las cuales el pago de aquello que se adquiere o del servicio que se presta no se realiza con la diligencia que se debe. Y esta diligencia se fractura desde el momento en que las administraciones públicas infraestatales de este país no reciben las partidas económicas necesarias para afrontar, como he dicho antes, con la celeridad que se debe el pago de aquello que se ha comercializado.

Claro que este hecho poco o nada importa a muchos de los países que forman la Comunidad Europea, países con una fortaleza económica importante y también con un peso considerable dentro de la Unión Europea, los cuales proponen normativas generales de lucha contra la morosidad comercial, basándose, en muchos casos, como es el nuestro, en sistemas singulares.

Como han podido darse cuenta, la ley que debatimos de control de la deuda comercial no es el proyecto que nos gustaría. No porque una normativa parecida a esta no fuera a considerarse, sino porque somos plenamente conscientes, como hemos dicho también y hemos indicado antes en el veto, que no conseguirá el objetivo principal para el que ha sido creada, perdiendo su finalidad al exigir al resto de administraciones públicas un cumplimiento que es más bien un incumplimiento práctico. Por lo tanto, nuevamente papel mojado.

Señorías, hay que respetar las normas del juego democrático y, por consiguiente, respetar las competencias de cada una de las diferentes administraciones. El Estado, como Administración superior de un país, debe establecer, junto con el resto de la pirámide administrativa, las herramientas adecuadas para que el conjunto de los poderes públicos aporten y cumplan los objetivos comunes.

Este hecho, que a cualquier ciudadano le puede parecer lógico, que todos trabajemos desde las administraciones en las que desempeñamos nuestras funciones en beneficio de un fin común, en este caso se desvirtúa totalmente cuando el Gobierno legisla a golpe de martillo en contra de los principios básicos de cooperación y colaboración entre las administraciones públicas.

Esta norma no solucionará los problemas actuales de estabilidad presupuestaria que existen en la mayoría de los niveles administrativos de este país. Y eso es algo que todos los miembros de esta Cámara seguramente conocen. Porque los servicios públicos que cada Administración presta




Página 8680


a los ciudadanos, que se financian por diferentes cauces, adolecen en muchos casos de importantes debilidades económico—financieras que no se resolverán con la aprobación de esta ley. Es ahí donde está la verdadera problemática que el Gobierno de España ni quiere ver ni pretende solucionar. La Administración pública de este país requiere de un estudio detallado que a su vez proponga medidas concretas que corrijan los desequilibrios económicos y presupuestarios ligados a los servicios y a las competencias que cada uno posee, respetando los límites de sus gobiernos y tendiendo la mano que otorgue una solución a los mismos. Así es como se hace Estado, implicando a todas las partes, conociendo cuáles son las lagunas que afectan a cada estamento, estableciendo medidas conjuntas y consensuadas y a posteriori legislando para que cada Administración cumpla lo acordado. Si el Gobierno hubiera empleado más su tiempo en trabajar en esta dirección, conociendo dónde puede aportar algo, no tendría esta obsesión que no es otra que estar más pendiente de los demás que de sí mismo. El Estado debe garantizar que se cumplan los acuerdos y compromisos establecidos con la Unión Europea —estamos de acuerdo—, pero nunca a cambio de abandonar y sacrificar el Estado del bienestar.

En esta Cámara hay muchos cargos públicos que desempeñan diariamente su trabajo en diferentes administraciones. ¿Alguien se puede creer que a estas personas no les gusta pagar a sus proveedores a tiempo? Si en muchos casos los servicios que reciben los ciudadanos dependen de estos proveedores, ¿alguno de ustedes puede tener en la mente que, contando con recursos económicos, no se abonan las facturas lo antes posible? Entiendo que cada gestor compra y paga.

Nuestras enmiendas, entrando ya en lo concreto, son principalmente de supresión y modificación, comenzando por la modificación del párrafo decimocuarto del preámbulo, en el que entendemos se vulnera el principio de respeto a las competencias en las diferentes administraciones públicas. También hemos enmendado los párrafos decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo, siendo coherentes con nuestras enmiendas y el punto de vista sobre el contenido de esta ley.

Enmendamos con la supresión del apartado dos del artículo primero en el cual se advierte o amenaza a las administraciones incumplidoras de esta ley a corresponsabilizarse ante los incumplimientos del Estado con la normativa europea u otras administraciones, entendiendo que en un Estado de derecho como el nuestro no se puede imputar a una Administración infraestatal a que se haga cargo de un incumplimiento que corresponde al conjunto del Estado. También solicitamos la supresión del apartado cinco del artículo primero, medidas automáticas de prevención, porque siendo conscientes de que el Estado desconoce la realidad que origina la morosidad en las administraciones públicas, lo aquí indicado no lo corrige, sino que además atenta contra la autonomía financiera de las comunidades autónomas y entidades locales al depender estas de los recursos financieros del Estado, en los cuales sustentan un gran número de servicios públicos, y que, a partir de ahora, con la entrada en vigor de esta ley, esos traspasos financieros quedarán a criterio del Estado en caso de incumplimiento. Estos hechos, los cuales podemos considerar como graves por la intromisión del Estado en las competencias del resto de las administraciones, nos llevan a solicitar también la supresión del apartado seis del artículo primero. No estamos de acuerdo con esta ley solitaria y, por lo tanto, tampoco con las medidas coercitivas propuestas en el apartado ocho del artículo primero, por lo que solicitamos su supresión. Lo indicado en el mismo no es otra cosa que declarar en concurso a una Administración pública o, incluso, el enviarles una pequeña troika ministerial para que se haga cargo de la Administración y haga cumplir las órdenes estatales, todo un ejemplo de democracia en un Estado de derecho.

En la enmienda presentada en relación con la instrumentación del principio de transparencia solicitamos una modificación del apartado 7 del artículo 27 de la ley orgánica, entendiendo que nos parece excesivo que una administración pública pueda imponer unas medidas coercitivas a otra administración si no publica un dato. Más ejemplos del Estado de derecho en el cual se adoptan medidas represivas a una administración pública.

Como continuación a los constantes ataques a la autonomía del resto de administraciones públicas que no son Estado enmendamos los apartados 7 y 8 de la disposición adicional primera de la Ley 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, porque se sustrae a los órganos de gobierno de las respectivas administraciones la capacidad de decisión sobre si desean o no incorporarse a los mecanismos adicionales de financiación, careciendo estas de una




Página 8681


mínima seguridad jurídica e indefensión por la Administración a la que se aplique esta norma, ya que no existen criterios objetivos y concretos en que se base el ministerio para tomar esta decisión.

Esta ley, señorías, con su entrada en vigor se convertirá en la mayor pesadilla de un gran número de comunidades autónomas y ayuntamientos de este país, no solamente porque no solucionará ninguno de los problemas más graves que tienen en referencia a su financiación y estabilidad presupuestaria o sostenibilidad financiera, sino que su incumplimiento les llevará a personarse ante el Consejo de Ministros en audiencia, o, para que entiendan mejor, ante el tribunal económico del Consejo de Ministros, que, como órgano competente, declarará las responsabilidades a ejercer por la misma por mandato del Derecho de la Unión Europea o de quien corresponda. Siendo conscientes de las peticiones que han sido trasladadas a este grupo por muchas entidades locales o incluso por la propia Federación Española de Municipios, las cuales tienen en la actualidad saldos positivos, se facilitaría a estas entidades la posibilidad de realizar inversiones pendientes de ejecución. Entendemos que estas corporaciones pueden llevar a cabo aquellos gastos que justifiquen necesarios, como ocurre con las comunidades autónomas y la Administración del Estado.

En coherencia con lo que hemos indicado sobre esta ley, solicitamos en nuestra enmienda 35 la modificación del apartado 1 de la disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/2012, con la que pretendemos que se retire el párrafo que faculta al Consejo de Ministros a retener los importes a satisfacer a las comunidades autónomas para así pagar directamente a los proveedores.

Como ya nos tienen acostumbrados en estos casi dos años de legislatura, referente a incluir en cualquier ley aspectos que nada tienen que ver con los fines que se pretenden legislar, entendemos que se debe suprimir de la misma la disposición final primera, relativa a la nueva redacción del artículo 53.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque no nos gustan las leyes escoba y porque es extravagante al objeto material de este proyecto de ley.

Como última enmienda, solicitamos la supresión de la disposición adicional tercera en coherencia con las presentadas a este proyecto de ley por ser muy discutible la técnica de tramitación legislativa que manifiesta la presentación de esta enmienda, una disposición que afecta a la modificación de otra ley.

En resumen, y por ir finalizando esta intervención, quiero trasladarle nuestra decepción por el contenido y alcance legislativo de esta ley.

Señorías, la Administración Pública de este país no entiende de imposiciones, amenazas, tribunales económicos o coacciones. El fin supremo, meta y objetivo de las personas que la dirigen es ofrecer los mejores servicios públicos a sus ciudadanos, unos servicios que representan el Estado del bienestar por el que tanto hemos luchado, el cual es un icono de nuestro país ante el resto del mundo; una cartera de servicios públicos de calidad, basada en la estabilidad presupuestaria necesaria para conseguir el equilibrio de los territorios.

Votaremos en contra de esta ley, señoría, porque no se puede exigir a las demás administraciones públicas lo que no se exige el propio Estado, porque hay que ser coherente con lo que se hace y con lo que se legisla, y el Estado no puede demandar a ninguna comunidad autónoma ni a ningún ayuntamiento que cumpla con un periodo de pago a proveedores de treinta días, cuando el propio Estado tiene un periodo medio de pago, con datos del segundo trimestre de 2013 en gastos corrientes y servicios, que casi dobla el plazo al que se refiere esta ley, y cuando el Estado también se ha excedido en operaciones pendientes de pago, que en algunos casos exceden en cincuenta y cinco días el periodo de pago legal.

Para finalizar, ¿cómo pueden ustedes exigir, cuando de los trece ministerios que existen, seis incumplen estas normas y algunos tienen retrasos que triplican el plazo, como sucede en el Ministerio de Agricultura o el Ministerio del Interior? Y esto no lo digo yo, lo dice la propia Intervención General de la Administración del Estado.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Castosa.




Página 8682


El señor CASTOSA ALVARIÑO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, intervengo en nombre de mi grupo parlamentario con el objeto de exponer y fijar la posición con respecto a las enmiendas presentadas al proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.

En primer lugar, quiero agradecer el trabajo desarrollado y el interés demostrado por los enmendantes a este proyecto de ley.

Las motivaciones de los grupos de la oposición son variadas y, aunque muchas coincidentes, seguro que todas ellas han sido elaboradas con la mejor intención de mejorar el texto normativo, pero nos vemos obligados a rechazarlas, señorías, porque su inclusión en unos casos dificultaría y entorpecería la agilidad y el automatismo que busca la norma y en otros no aportaría nada nuevo en ningún supuesto, tampoco en la salvaguarda de los servicios públicos que demandan en reiteradas enmiendas, puesto que esta queda totalmente garantizada con la aprobación de esta ley.

En un análisis individualizado por grupos, la enmienda número 4 del Grupo Mixto no ha sido admitida a trámite por cuanto carecía de manera evidente y manifiesta de conexión con este proyecto de ley.

En cuanto a las diez enmiendas de modificación del mismo Grupo Mixto, he de decirles lo siguiente. Respecto a la modificación del artículo 21 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece el plazo de un año para que las administraciones incumplidoras alcancen objetivos o se adecuen a la reglas de gasto, he de comentar que la propuesta no resulta competente en la aplicación de la Ley de estabilidad presupuestaria en el ámbito de las entidades locales. En el ámbito autonómico la modificación normativa ya prevista determina una mayor inmediatez en la adopción de estas medidas. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

En cuanto a la enmienda número 2, de modificación del apartado once del artículo primero, por el que las entidades locales con superávit tendrían que reducir el endeudamiento hasta el máximo legal, tengo que comentar que es preciso separar el contenido del artículo 32 y la disposición adicional sexta. El artículo 32, señorías, es una norma de carácter general que regula el destino del superávit y la disposición adicional sexta es una norma especial aplicable a las entidades locales, en principio, en el año 2014. La propuesta presentada implicaría la aplicación también indefinida como norma de carácter general a lo establecido en la disposición adicional sexta, que no es lo que se pretende. Entrando en el análisis del artículo 32, señorías, la norma es taxativa para todas las administraciones públicas. Se debe reducir el endeudamiento total en cada una de ellas hasta donde alcance el superávit obtenido, lo que tiene su fundamento en el artículo 135 de la Constitución.

La enmienda 3 pretende recoger las reglas especiales para el destino del superávit de las entidades locales en el año 2013. Razones de carácter práctico así lo impiden, ya que existirá un periodo de tiempo muy corto para que las entidades locales puedan aplicar la norma en el año 2013 con posterioridad a la publicación de esta reforma.

La enmienda número 5 del Grupo Mixto pretende incluir en la definición del principio de sostenibilidad financiera la precisión de que en ningún caso afecte a la cobertura universal de los principios públicos fundamentales. Ya me he referido a ello al principio, señorías. Esta Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público modifica la regulación del control del endeudamiento que se realiza en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de manera que la sostenibilidad financiera no englobe únicamente el control de la deuda pública financiera, sino también el de la deuda comercial. Su objetivo es conseguir que todos los pagos a los proveedores de las administraciones públicas se realicen dentro del plazo máximo legalmente establecido y entre dichos proveedores, señorías, se encuentran también y en gran parte los que prestan servicios relacionados con la sanidad, con la educación y con los demás servicios públicos fundamentales.

En cuanto a la audiencia de las entidades locales a las que se vayan a aplicar retenciones en su participación en tributos del Estado por exceder el plazo de pago a proveedores de la enmienda número 6, se considera innecesario, ya que las entidades locales afectadas conocerán, antes de que se apliquen las retenciones, los motivos por los que se produce esta medida y podrán evitarlas mediante la adopción de las actuaciones que permitan la corrección de aquel incumplimiento.




Página 8683


La enmienda número 7 propone cambiar la redacción propuesta en el artículo primero, apartado seis, de este proyecto incidiendo de nuevo en la previa audiencia de la comunidad autónoma con relación al procedimiento de retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores. Señorías, los distintos mecanismos recogidos en este proyecto de ley se caracterizan por su proporcionalidad y por aplicarse automáticamente y de manera sucesiva en el caso de reiterados incumplimientos del plazo legalmente establecido para el pago. La aprobación de la enmienda supondría la introducción de discrecionalidad en la medida prevista en el artículo 20.6 de esta ley, alterando la forma en la que las medidas han sido previstas para el logro de los objetivos fijados.

Respecto a la enmienda número 8, relativa a la prioridad de los pagos asociados a servicios públicos fundamentales sobre los pagos de la deuda, quiero comentar que el destino del superávit a fines distintos de la reducción del endeudamiento neto implica la realización de gastos en contabilidad nacional que aumentan el déficit público del ejercicio en que se realicen.

En la enmienda número 9 se propone la modificación de la disposición adicional primera, apartado 7, con relación a las comunidades autónomas. Creo, señorías, que es importante dejar claro que la posible aplicación de dichas medidas extraordinarias se daría en los casos de incumplimiento persistente del plazo de pago a proveedores, contenido en el artículo 18.5 de la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público que hoy tratamos. Antes de llegar a una decisión de este tipo, se habrán dado unas circunstancias con posibilidad de actuar por parte de las entidades locales afectadas que hace necesaria dicha audiencia previa.

Además, la Administración que tenga atribuida la tutela financiera podrá establecer medidas cuantificadas de reducción de gastos, incrementos de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos que la corporación local deberá dotar de forma que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su período medio de pago a proveedores.

La enmienda número 10 es idéntica a la número 3 y, por lo tanto, la respuesta sería la misma.

En cuanto a las enmiendas de adición, 11 a 19, quiero manifestar que la ley ya permite a las administraciones públicas incurrir en déficit estructural, por lo que no se considera procedente establecer en la propia delimitación del principio de estabilidad presupuestaria la excepción propuesta por los enmendantes. Además, la enmienda en la que se aborda este aspecto, la número 11, es genérica e indeterminada.

Por otra parte, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas recoge en su artículo 2 los principios con arreglo a los cuales se ha de ejercer la actividad financiera de las comunidades autónomas en coordinación con la hacienda del Estado. Entre dichos principios ya está el de la suficiencia de recursos, siendo en esta norma en la que deben recogerse dichos principios por ser ley orgánica que da cumplimiento a lo previsto en el artículo 107.3 de la Constitución.

En cuanto al destino prioritario de los recursos disponibles, conviene acudir de nuevo a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución, en su apartado 3. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.

La enmienda 14, relativa a la instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria, plantea cuestiones que van contra todo el marco normativo de estabilidad presupuestaria.

Por lo que respecta a la regla de gasto de la enmienda número 15, la excepción sugerida ya está prevista en la actual ley orgánica 2/2012, en el punto 2 del artículo 11, cuando indica que se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior los empleos no financieros definidos en términos de sistema europeo de cuentas nacionales y regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de las administraciones públicas y las transferencias a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales vinculadas a los sistemas de financiación. Por lo que la enmienda es innecesaria para el fin que pretende.

En cuanto al límite de endeudamiento de las distintas administraciones públicas, artículo 13 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, enmienda 16, quiero decir que las magnitudes dispuestas en ese artículo representan los límites asumibles y alcanzables por cada Administración pública a partir del año 2020 y en su fijación se tuvo en cuenta el volumen




Página 8684


actual de endeudamiento de cada Administración y sus necesidades financieras de acuerdo con sus dimensiones, competencias, compromisos y obligaciones financieras derivadas tanto del marco normativo estatal como del comunitario.

El plazo de remisión de la información relativa al seguimiento del plan de ajuste de comunidades autónomas referido en la enmienda 19 debe tener carácter mensual, dado que establecer un plazo mayor conlleva dilatar en el tiempo la disponibilidad de información en materia de especial trascendencia sobre el momento al que van referidos. Se considera, además, que en un marco de financiación adicional como el regulado por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, fundamentado en el acuerdo entre administraciones públicas, los mecanismos de seguimiento previstos y, en su caso, la colaboración de firmas privadas son acordes con las necesidades y objetivos que se persigue, respetando un planteamiento de eficiencia en la administración de recursos públicos, no invadiendo competencias de otros órganos de control ni incumpliendo el principio de la capacidad autoorganizativa de las administraciones públicas.

Sobre la disposición transitoria que se pretende incluir a través de la enmienda número 20, quiero decir que tanto por técnica normativa como por rigurosidad legislativa no procede formular una disposición transitoria nueva con este contenido.

Para terminar con las enmiendas del Grupo Mixto, les diré que la número 21 se rechaza por coherencia con la anterior contestación sobre la disposición transitoria.

Por ser idénticas a las enmiendas anteriormente expuestas, doy por contestadas las enmiendas 32, 33, 34, 77 y 78 y 40 a 56.

Las enmiendas 22, 23, 25, 26 y 27, del Grupo Socialista, pretenden eliminar las referencias a las medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Sobre esto hay que decir que no se aprecian en las mencionadas enmiendas argumentos que justifiquen la inaplicabilidad directa de los mecanismos previstos en esta ley orgánica.

Las enmiendas 24, 31, 38 y 39 pretenden suprimir otras enmiendas incorporadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Ante la enmienda número 28, que propone suprimir el efecto previsto en el artículo 27.7 por la falta de remisión de información, debo decir que es totalmente necesario articular un sistema de garantías para que la información que las administraciones públicas estén obligadas a rendir se haga en tiempo y forma.

En relación con las enmiendas números 30 y 35, debo decir que la posible obligatoriedad de adhesión a un mecanismo de financiación a una determinada comunidad autónoma es proporcional con el momento y situación procedimental de las medidas previstas en el proyecto de ley para el control de su deuda comercial, estando supeditada la propuesta, lógicamente, a la situación y circunstancias particulares que cada comunidad pueda tener en la situación y evolución de su deuda comercial.

En cuanto a la supresión del artículo segundo de esta ley contemplada en la enmienda 37, creemos que la introducción de ese supuesto de retención de recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas es necesario para el cumplimiento de los objetivos que pretende esta ley.

Las enmiendas 57 a 74 se dan por contestadas por coincidir en su argumentación con otras a las que ya se ha dado aquí respuesta, y por lo mismo son rechazadas.

En cuanto a la enmienda 75, de CiU, debo decir que limitar el control del endeudamiento a la deuda pública financiera es obviar una de las expresiones más relevantes del endeudamiento, la deuda comercial. Por ello se considera necesario ampliar el concepto de sostenibilidad financiera previsto en la ley, siendo además esta ampliación la base que justifica la adopción de muchas de las medidas de este proyecto de ley.

Por lo que se refiere a la enmienda 76, del mismo grupo, su aceptación supondría eliminar el automatismo con el que está prevista en la ley la adopción de las medidas que deben posibilitar la reducción del plazo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.

La enmienda 79 pretende, fundamentalmente, introducir en el artículo 20 una serie de condiciones a los informes preceptivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el supuesto de subvenciones o suscripción de convenios por parte de la Administración central con las comunidades autónomas. El proyecto de ley ya introduce en el artículo 20.3 de la




Página 8685


Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera la obligación expresa de que las leyes de Presupuestos Generales del Estado establezcan los criterios que han de servir de base para la emisión por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del informe preceptivo previo a la suscripción de convenios o la concesión de subvenciones.

En cuanto a la enmienda 80, relativa a las medidas automáticas de corrección previstas en esta ley, la actual redacción del artículo 19 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ya prevé, en los casos de advertencia de riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad, deuda o de la regla de gasto, un trámite de audiencia previo para que la Administración respecto a la cual se aprecia el riesgo formule las observaciones y alegaciones que estime convenientes, por lo que no se considera procedente reiterar el trámite de audiencia una vez formulada la advertencia.

Por lo que se refiere a la enmienda 81, que argumentada en el sentido de atender la deuda comercial alteraría la regla de jerarquización y pago de las comunidades autónomas, debo decir que la aprobación de dicha enmienda supondría la introducción de discrecionalidad en la enmienda prevista en el artículo 20.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En cuanto a la enmienda 83, relativa a un menor alcance de las medidas coercitivas, es preciso señalar que el problema de la deuda comercial está íntimamente ligado al del déficit excesivo, ya que mayores déficits no financiados determinan la acumulación de deuda comercial, por lo que ambas medidas, integradas en el principio de sostenibilidad financiera, deben estar correlacionadas, así como las medidas en caso de incumplimiento.

En cuanto a la enmienda 85, los cauces adecuados para resolver los conflictos que puedan surgir en las relaciones entre administraciones públicas derivados de actos dictados por una de ellas en el ejercicio de sus competencias ya están previstos en la legislación vigente, por lo que no parece necesario hacer mención a ellos en este artículo.

La enmienda 86 pretende limitar la publicación del periodo medio de pago del sector de la Administración pública. No es posible su aprobación por cuanto el ámbito subjetivo de actuación en materia de sostenibilidad financiera, y por tanto de la deuda comercial, se establece en el artículo 4 en correlación con el artículo 2, cuyo apartado segundo prevé la aplicación de la norma a las entidades dependientes de las administraciones públicas.

La enmienda 87, relativa a las reglas especiales para el destino del superávit de las entidades locales, recoge finalidades que corresponden a competencias que deberían tener asumidas las comunidades autónomas, como el empleo, promoción económica, protección social, pero no las entidades locales. Por otro lado, no parece adecuado que se posibilite que dichas entidades destinen su superávit a financiar competencias de las que no son titulares.

Por lo que respecta a la enmienda número 89, hay que recordar que las comunidades autónomas ya participan en la elaboración de las normas y disposiciones que les afectan siendo consultadas en dicho proceso, por lo que no resulta necesario el informe previo del Consejo de Política Fiscal y Financiera al que alude la enmienda.

La propuesta de la enmienda 90, relativa a la objetividad y proporcionalidad de los objetivos de déficit, va en contra de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y del resto del marco de financiación vigente. La fijación y aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 2/2012, es competencia exclusiva del Gobierno de la nación.

En cuanto a las enmiendas números 91, 93 y 94 es importante reseñar que el retraso en la publicación del período medio de pago no es procedente, ya que en la actual normativa por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, las administraciones públicas ya deberían haber establecido un sistema de información al respecto. Por otra parte, la Administración General del Estado ha previsto diversos mecanismos de financiación, especialmente en el ámbito de la deuda comercial, con la finalidad de eliminar el stock de deuda comercial acumulada, por lo que el contenido de la enmienda 93, en el caso de ser aprobada, desvirtuaría en la práctica el sistema de financiación de las administraciones públicas territoriales y el modelo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, al suponer pérdidas de operatividad de los mecanismos correctores de los objetivos que regula. Además, los mecanismos de financiación, ya sea de pago a proveedores como cualesquiera otro, deben estar debidamente integrados y coordinados.




Página 8686


Las enmiendas números 92, 95, 96, 97, 98 y 99, tenemos que rechazarlas porque simplemente pretenden suprimir otras enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Pero más allá, señorías, de estas argumentaciones concretas por las que no vamos a aprobar estas enmiendas, tenemos que votar en contra fundamentalmente porque no coinciden con los objetivos que con ella se pretende, que no son otros que pagar en tiempo y plazo, erradicar la morosidad de las administraciones y sentar las bases de un cambio estructural en su funcionamiento. Se pretende controlar y reducir la deuda comercial de las administraciones, suministrar liquidez a las empresas y, muy importante, incrementar la transparencia en el cumplimiento por parte de las administraciones públicas. En definitiva, señorías, se pretende aumentar la eficiencia en la gestión.

Estoy seguro de que todos los grupos políticos coinciden o debieran coincidir en estos objetivos. Este proyecto de ley es un paso más en esa política de reformas que está impulsando este Gobierno, con unos objetivos claros: mejorar la competitividad, crecimiento económico y creación de empleo. Para eso necesitamos, señorías, unas administraciones públicas fuertes, que no sean un problema, sino que se conviertan en la solución y en el auténtico motor que favorezca esos objetivos.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor CASTOSA ALVARIÑO: Y sobre todo que generen confianza en el conjunto de la sociedad española. Por eso el Grupo Parlamentario Popular les pide que apoyen este proyecto de ley porque sencillamente, señorías, es bueno para nuestras administraciones públicas, es bueno para nuestros ciudadanos y es bueno para España.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente solo para marcar cuál va a ser la postura de mi grupo parlamentario en este proyecto de ley. Valga decir que compartimos buena parte de los argumentos que sustentan las enmiendas que han tenido a bien defender los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, precisamente aquellas enmiendas que hacen referencia al contenido que en su día fue también de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que venía a establecer la santificación de estos límites de déficit y deuda pública. Incluso el propio señor Granados ha reconocido durante su intervención que el control de déficit no es que sea una posibilidad entre los distintos caminos, creo que ha venido a decir que es el único camino posible hasta el crecimiento económico y la creación de empleo. Creo que he tomado la cita literal. En mi grupo parlamentario no compartimos para nada esta visión porque entendemos que es una visión limitadora que subestima la capacidad regeneradora de las políticas de inversión. Y sí que es cierto que en su día entendimos que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, al igual que el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, y al igual que la filosofía que subyace en la reforma constitucional del 2011, tenía una visión limitadora de las posibilidades de crecimiento de la economía.

Por lo tanto, no compartiendo plenamente los argumentos que sustentan tanto esta ley como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no es menos cierto que mi grupo parlamentario ya en la tramitación de esta primera ley, de la que cuelga esta Ley de control de la deuda comercial en el sector público, alcanzó un acuerdo con el Gobierno en el sentido de que, dado que el nivel de endeudamiento de nuestros ayuntamientos no era en ningún punto comparable con el del resto del Estado, dado que nuestra deuda comercial a día de hoy, y gracias a Dios, es cero, nos parecía importante salvaguardar las competencias forales, y tenemos que recordar una vez más que son las diputaciones forales, en el caso con la comunidad autónoma vasca, las




Página 8687


encargadas de la tutela financiera de los entes locales, fundamentalmente. Introducida en la tramitación de esta Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la salvaguarda foral, que lo que viene a decir es que, en virtud de su régimen foral, la aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en esta ley y, por lo tanto, en todas aquellas que cuelgan de ella, se entenderá sin perjuicio de los dispuesto en la Ley del Concierto Económico y una cláusula similar para el caso de la Comunidad Foral de Navarra, entendemos que nuestra postura en este caso debería ser de abstención. Por tanto, en coherencia con aquel acuerdo alcanzado, nos abstendremos también en la tramitación de esta ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, les decía anteriormente que este proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial no es un instrumento adecuado para el objetivo que sí que compartimos. Todos aquí compartimos el objetivo de rigor en la gestión pública, la conveniencia de aquilatar el gasto a las disponibilidades y la necesidad de pagar a tiempo a los proveedores. No creo que haya algún miembro de esta Cámara que se manifieste en un sentido contrario. Todos compartimos la necesidad de ese esfuerzo de rigor, pero solamente ustedes, con su mayoría absoluta, aprobaran este proyecto de ley. Seguramente no les parece a ustedes extraño que la ley anterior, la del 2010, con unos objetivos no exactamente iguales pero sí parecidos, se aprobara por consenso y que esta cuente, como decía, con sus únicos votos favorables, con su único entusiasmo.

Han defendido su proyecto con grandes frases en las que abunda la referencia a la necesidad de controlar, a la necesidad del equilibrio presupuestario, el control del gasto, el saneamiento del sector público, todo ello para permitir que nuestro país salga algún día de la situación de crisis económica en la que estamos instalados. Por supuesto, en su defensa de un entorno que imposibilite la morosidad, no han sido ustedes capaces de dibujar a lo largo de estos años una política económica que conlleve un mayor crecimiento o una dinamización de nuestros sectores productivos y un aumento del empleo y del consumo.

De eso se trata, a nuestro juicio, cuando hablamos de evitar la morosidad también en el sector público. No es simplemente cómo controlar el gasto, que también, es una cuestión de crecimiento de la actividad económica, base necesaria para el incremento de los ingresos públicos. Sin ingresos públicos suficientes, no hay servicios públicos dignos ni capacidad para disponer de una tesorería ágil para pagar a los proveedores. Pero, desengañémonos, no es eso lo que de verdad se proponen ustedes.

En el debate que hemos tenido acerca de este proyecto de ley se ha puesto de manifiesto de nuevo que su objetivo es bien distinto. No es el que aparece evidentemente en la exposición de motivos. Con el pretexto de la disciplina presupuestaria, de la lucha contra la morosidad, lo que ustedes hacen es ir cambiando nuestra arquitectura constitucional. Fíjense, no solo su proyecto no resolverá el problema que dicen querer solucionar, la morosidad, sino que por el contrario contribuirá a empeorar los problemas que tenemos en las relaciones entre las distintas administraciones públicas españolas.

El proyecto —lo reitero— establece un procedimiento burocratizado que atenta contra la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas, en particular contra las competencias de tutela financiera que la Generalitat de Catalunya ostenta constitucionalmente sobre las corporaciones locales, y limita gravemente, cómo no, la autonomía de estas corporaciones locales.

No han sido ustedes capaces de hacer ningún esfuerzo para alcanzar acuerdos, tampoco en esta Cámara territorial, para suscitar una atmósfera de cooperación y de colaboración entre las administraciones con el objetivo de trabajar juntos en favor de disminuir la morosidad. Pero, en este caso, su receta es un poco una cierta amenaza permanente. Si un ayuntamiento supera más de treinta días el plazo máximo de pago, con una simple comunicación a la Generalitat, se habilitan ustedes para efectuar una retención de los recursos que el Estado debe transferir a ese ayuntamiento, un simple oficio a la Administración competente en materia de tutela financiera; ni tan siquiera el gesto de aceptar la audiencia previa al consistorio afectado para que pudiese




Página 8688


formular los reparos que estime necesarios. Y lo mismo pasa con las comunidades autónomas. Ni tan siquiera la posibilidad de que esta pueda informar previamente de la situación concreta en la que se encuentra ni pueda formular ningún tipo de reparo.

Y aún es más grave, si cabe, la vulneración de la autonomía de las administraciones territoriales si nos referimos a la gestión presupuestaria y a la eventual existencia de superávit. Si un ayuntamiento y una comunidad autónoma gestionan bien sus recursos, si son capaces de pagar sus deudas financieras y comerciales y obtener superávit, ustedes pretenden que básicamente se destine a eliminar deuda y a poca cosa más, porque la modificación introducida en el trámite parlamentario es verdad que mejora el texto original pero, desde nuestro punto de vista, de manera insuficiente. ¿Acaso es la deuda lo único que deben gestionar nuestras administraciones públicas? Ocurre que de alguna manera ustedes hacen de la política mera contabilidad en este caso, y se olvidan de que detrás de los ciudadanos que necesitan de los servicios públicos tiene que haber, evidentemente una gestión responsable, pero si hay margen este debe dedicarse a garantizar y mejorar la cobertura de estos servicios fundamentales, que son limitados, evidentemente, con las previsiones de esta ley. Si un ayuntamiento o una comunidad tienen problemas de tesorería, estarán obligados a acogerse a su plan de financiación. No cabe que estas instituciones puedan plantear otras soluciones. La normativa es taxativa; la comunidad autónoma solo podrá justificar su rechazo si acredita que puede obtener la liquidez y a un precio menor que la que le proporciona el mecanismo propuesto por el Estado. Ni siquiera están ustedes dispuestos a que la estabilidad presupuestaria se alcance por otras vías, como la de los ingresos, por ejemplo, que poníamos de relieve en la formulación del veto. Las soluciones son únicas, las suyas, homogéneas, obligatorias, uniformadoras, es decir, iguales para todas las administraciones. Imponen una solución a la morosidad de las administraciones públicas dejando, además, al margen a la Administración General del Estado, y en un momento en que sus medidas provocan precisamente el problema que quieren resolver o que dicen querer resolver.

Hablan ustedes de control de la morosidad, cuando fuerzan una distribución del margen de déficit que beneficia a la Administración General del Estado en detrimento de las autonomías y los ayuntamientos. ¿Con qué autoridad, distinta de la mayoría absoluta, evidentemente, que no digo que no lo sea, se refieren al equilibrio presupuestario cuando de su mano estamos alcanzando también un nivel de endeudamiento que nunca había tenido este país? El proyecto que hoy estamos discutiendo en apariencia es una simple ley de procedimientos contables, pero comporta una actitud de fondo que es la que deseo poner de manifiesto en esta intervención.

Tienen ustedes una concepción jerárquica de las relaciones entre las administraciones públicas. Creen que existe una supremacía jerárquica entre el Estado y los niveles de Administración territorial, autonómica y local, y ese es un elemento que subyace a todas sus propuestas normativas. Establecen esta relación jerárquica en todas las normas que están produciendo, desconociendo el significado profundo de la autonomía política que recoge la Constitución para los distintos niveles de la Administración. Cada uno de ellos ejerce sus competencias con arreglo a las leyes, y si no cumplen con la legalidad, a la jurisdicción es a la que corresponde finalmente la corrección y evidentemente también a los ciudadanos y ciudadanas que ejercen el control directo sobre el comportamiento de todos los poderes públicos. Al pretender convertir a las comunidades autónomas en meras administraciones ejecutivas de sus decisiones, obviando sus competencias constitucionales, lo que están confesando es su consideración de que estas en el fondo no son otra cosa sino la prolongación de la Administración General del Estado.

Como ven, estas son razones de mucho peso para votar negativamente este proyecto de ley, aunque, como decía, compartamos los principios y los objetivos. Pensamos simplemente que con su contenido esos objetivos no se lograrán.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muy rápidamente, presidente.

No vamos a insistir en exceso. Yo le he dicho que vamos a lamentar que se establezca una regulación tan estricta; que no hayan aceptado ninguna de las enmiendas; que en todo el




Página 8689


procedimiento de corrección de estas situaciones en las que el período medio de pago supera lo legalmente establecido no tenga audiencia la comunidad autónoma; que no pueda decidir el Pleno de la corporación; que decida el interventor en el caso de las corporaciones locales; que decida directamente la Administración General del Estado sin tener en cuenta, sin escuchar y sin considerar las alegaciones que pueda presentar cada una de las comunidades autónomas.

Nosotros entendemos que es una absoluta injerencia, es una voluntad no tanto de hacer cumplir los períodos de pago, que era aquel espíritu de la ley con el que podíamos estar todo de acuerdo, sino de establecer nuevos mecanismos de control sobre las decisiones de las propias comunidades autónomas y las corporaciones locales, teniendo en cuenta que estas no tienen estos mecanismos necesarios para poder cumplir. Repito, no es un tema de voluntad, no es un tema de que se quiera o no se quiera pagar a tiempo, es un tema de si se puede o no se puede, y si no se tienen los mecanismos, no se puede. Entendemos que es precipitado tomar estas medidas sin haber modificado, como he dicho, las leyes de financiación, ya sea de las instituciones locales ya sea de las comunidades autónomas.

No voy a insistir en el artículo 32, porque hemos estado dos años insistiendo para dar un pequeño paso, muy pequeño paso, pero en todo caso, como ustedes pueden intuir, vamos a seguir perseverando en próximas leyes para introducir estas modificaciones.

Para acabar, una reflexión global, porque van a venir dentro de pocos días —yo casi diría que dentro de pocas horas— nuevas leyes que van a contradecir este discurso oficial. El discurso oficial del Gobierno en estos momentos es que ustedes lo que pretenden es potenciar las comunidades autónomas, reforzar las comunidades autónomas, potenciar la autonomía local, reforzar la autonomía local. Pero después, el día a día legislativo, lo que se va aprobando por parte de las diferentes Cámaras, les desmiente, y todas las leyes que están llegando —no quiero faltar a la verdad—, prácticamente todas las leyes que están llegando y que están aprobando suponen una mayor recentralización de la Administración en el Estado español, suponen un mayor control de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, y suponen una minoración de la autonomía de gestión que deberían tener, de acuerdo con la Constitución, tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales. Por tanto, tampoco les debe sorprender que la gente lo entienda cada vez menos: un discurso oficial, una realidad; y no solo en Cataluña, pero especialmente en Cataluña, esta forma de legislar genera una absoluta incomprensión.

En todo caso, nosotros continuaremos presentando a todas sus propuestas legislativas nuestras enmiendas, nuestros vetos y no dejaremos de insistir en defender nuestras posiciones.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Señorías, trataré también de ser breve, aunque sí tengo que reiterar algunas cosas de lo dicho anteriormente.

Por supuesto, coincidimos en los principios, en los objetivos de que se debe pagar y se debe hacer en tiempo, así como en la máxima transparencia de todas las administraciones públicas en sus cuentas públicas. Pero tengo que insistir en que no es verdad, como reiteradamente intentan hacernos creer, que esto venga del artículo 135 de la Constitución y de la Ley 2/2012, y que de alguna forma sea consecuencia o desarrollo de lo mismo. En absoluto, repito, en absoluto. Y no lo digo yo ni lo dicen otros portavoces, lo decía en su informe el propio Consejo de Estado. Quiero que quede claro que no obedece a ningún desarrollo del artículo 135.

Al final el Gobierno dice: Si no hay recursos suficientes, cierren servicios, reduzcan estructuras. La pregunta es: ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos al revés, cumpliendo la máxima de que hay que dotar a los entes territoriales de los ingresos suficientes para que puedan prestar los servicios necesarios?

Hablemos de ingresos, que es el gran problema que tiene este país, como ha reconocido ya más de una vez el propio presidente Rajoy. Esta misma mañana señalaba que teníamos 10 puntos menos de ingresos tributarios que la media de la Unión Europea. Por supuesto, en ese ámbito hay unas posibilidades impresionantes para dotar de suficiencia financiera a los entes territoriales, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas.




Página 8690


Lo mismo ocurre con los funcionarios. Aquí parece que lo malo es lo público, las administraciones. Ayer se publicó el dato de que el 13% sobre los activos totales del país son funcionarios, empleados públicos. No pido que lleguemos a las cifras de los países nórdicos ―como Dinamarca, por ejemplo, que tiene hasta un 49%, o Francia, con casi un 30%―, pero sin duda estamos todavía muy por debajo de esas medias.

Al final la pregunta es: ¿Qué modelo representan? ¿A qué países quieren que se parezca España en este ámbito? Si vemos el gasto público, en el que también estamos 6 o 7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, observamos que los que están en el mismo nivel que España o con un gasto público menor son los países del este, los del antiguo bloque de la Unión Soviética. ¿Nos queremos parecer a esos países, o a Francia, al Reino Unido, a Alemania, a Portugal o incluso a Grecia, que tiene más gasto público que España? Creo que también es una cuestión del modelo del que estemos hablando.

Cuando se juntan entre esta semana y la próxima varias leyes sobre distintas materias, no nos queda más remedio que pensar que hay un hilo conductor, que alguien ha escrito un guión sobre todo esto.

Esta mañana decía el portavoz del Partido Popular que en los Gobiernos socialistas también hay gestión privada; por supuesto, mucha y eficaz. Se trata de gestión privada de servicios públicos o consorcios, pero no estamos hablando de eso, sino del control que se ejerce sobre ellos. Comentaré rápidamente que en estas leyes se observa que esas empresas quieren más concesiones públicas y, por ello, se reforma la Ley de régimen local porque, además, haciendo paquetes a través de las diputaciones, se facilita la negociación o el acceso a esos concursos, se agrupan en 40 o 50 y no hay que hacer las miles de concesiones y concursos públicos. Además, se cambia la Ley de contratos del Estado —se hará la semana próxima a través de una enmienda a la ley de la factura electrónica— para flexibilizar la posibilidad de concesión de estos servicios públicos a empresas privadas, de manera que las administraciones correspondientes puedan hacer un traje a medida y así esas empresas puedan optar a ellos y los pliegos sean más flexibles.

Por otro lado, el gran problema que tenían estas empresas era el cobro. Todos conocemos que las empresas que gestionan servicios públicos muchas veces tenían dificultades de cobro. No hay problema, con esta ley y con la ley de la factura electrónica se les garantiza el cobro, que curiosamente excluye a las facturas de menos de 5000 euros.

Al final, ¿a quién va a beneficiar fundamentalmente esta legislación? ¿A los pequeños? Por supuesto, y que cobren cuanto antes, aunque estoy convencido de que los alcaldes trataban de que los pequeños empresarios de su pueblo cobrasen los primeros. ¿Pero dónde estaban las bolsas de deuda? En las grandes empresas, en las compañías eléctricas, que siempre tenían problemas para cobrar a los ayuntamientos y que ahora quedan resueltos. Además, también tenían problemas las empresas concesionarias, los laboratorios farmacéuticos —todos sabemos las cantidades millonarias que algunas comunidades autónomas deben a los laboratorios farmacéuticos—, que se resuelven de esta forma, así como los de todas las grandes empresas.

Por supuesto, perjudicados todos los demás: los ciudadanos verán disminuir la calidad de los servicios e incluso contemplarán su desaparición; verán cómo suben sus recibos y cómo van a pagar más de luz, de agua o de basura; y los trabajadores —y tenemos un ejemplo reciente en Madrid—, una vez que se privatizan los servicios, las condiciones de trabajo son peores, sufrirán despidos y recibirán salarios más bajos.

Cuando no se prioriza algo que hasta ahora está dentro de la prioridad absoluta, que es el pago de la nómina de las administraciones, cuando antes hay que pagar la deuda a los bancos, cuando antes hay que pagar la deuda a los proveedores y a las empresas, si les descuentan de las transferencias una parte con la que pensaban pagar la nómina, se quedarán sin pagar la nómina también. Esto va a suceder y va a ser consecuencia de esta ley.

Y hay que darle suficiencia financiera, repito, a estos entes que soportan los servicios públicos más importantes. En 2014 las comunidades autónomas van a recibir 2000 millones menos de euros, 2000 millones menos que en 2013. Pero además se prevé 7 décimas de desviación del déficit, con lo cual estamos hablando de que va a haber 8000 o 9000 millones de ajuste que deberán ajustar las comunidades autónomas en 2014. ¿Qué va a pasar? Porque van a tener que empezar a pagar también el tan cacareado Plan de proveedores, que va a suponer a algunos ayuntamientos y a algunas comunidades autónomas cantidades importantes. (El señor presidente




Página 8691


ocupa la Presidencia.) ¿Qué liquidez van a poder tener para prestar servicios y pagar nóminas? Vamos a ver graves problemas de funcionamiento en el próximo ejercicio.

Y, repito, en lo relativo a las facturas, a los cajones, seamos claros: exigencia máxima, transparencia máxima, cumplimiento máximo, pero eso tiene nombres y apellidos. No podemos permitir que se acuse a gobernantes de un signo cuando está en los gobernantes de todos los signos, y posiblemente más en unos que en otros. Yo propongo algo muy claro: transparencia. ¿Queremos transparencia? Publíquense esas facturas pendientes, quiénes las tienen, en qué ayuntamientos y en qué gobiernos autónomos. Termino, señorías. De acuerdo: podíamos haber hecho un acuerdo como se hizo con la Ley de morosidad cuando se modificó en 2010. Se podía haber hablado con los ayuntamientos y las comunidades autónomas y no se ha hecho; podían haberse conseguido los objetivos que compartimos todos, pero sin esos métodos coercitivos, que solamente van unidireccionalmente para los ayuntamientos y las comunidades autónomas; en eso estamos de acuerdo. En que cada vez estén más asfixiados económicamente los entes territoriales para poder prestar los servicios, en eso, los socialistas, no podemos estar de acuerdo y por eso vamos a decir que no a esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Granados.

El señor GRANADOS LERENA: Gracias, señor presidente.

Señorías, muy rápidamente, porque el asunto está suficientemente debatido. Sí quiero insistir en un par de cuestiones que a mí me parecen muy importantes. La primera —quizá lo más importante—: aquí estamos todos de acuerdo en que hay que cumplir los plazos, en que hay que pagar, en que hay que tener estabilidad financiera, etcétera, pero en eso de los cajones son ustedes maestros. (El señor Fernández Ortega: Pon la mano, Mariano.) Sabe usted que sí, porque llevan ustedes tocando el cajón ocho años. (Aplausos.—Protestas.) Llevan ustedes tocando el cajón…, pero de todo: sevillanas, rumbas, de todo en el cajón. Aquí estamos todos de acuerdo en el rigor presupuestario, pero en lo que no están ustedes de acuerdo es en que hay que pagar. (Varios señores senadores: Los sobres.) Cuando ustedes profundizan resulta que lo de pagar no les gusta. (Protestas.) Es que no se puede pagar en 30 días. Pero, vamos a ver, señor mío: ¿quién es el promotor de la regulación sobre morosidad que establece que se pague en 30 días? Si son ustedes, señorías, si fueron ustedes los que decidieron que se pagara en 30 días. ¿O es que establecieron ese plazo de 30 días con la sana intención de no cumplirlo? Supongo que, cuando ustedes lo trajeron, sería porque pensaban que se podía cumplir. ¿O pensaban ustedes incumplirlo?

El segundo argumento: No, es que el sistema de financiación autonómico y el sistema de financiación local no dota de los recursos suficientes a las comunidades autónomas. Oiga usted, pero si este es un sistema de financiación aprobado por ustedes, señorías. Entonce, ¿de qué estamos hablando? No les gusta el plazo de 30 días, que lo han aprobado ustedes, y no les gusta un sistema de financiación que pactaron ustedes con la Generalidad de Cataluña con el objetivo de beneficiar fundamentalmente a Cataluña. ¡Pues, eso es lo que tenemos, ese es el marco en el que nos movemos!

Y el otro argumento: No, es que no se puede poner en riesgo el Estado del bienestar, el cumplimiento de los servicios esenciales. Y si no hay dinero, ¿quién paga? ¿No se paga? Si no hay dinero, no se paga, no se paga. Vale, pues entonces reconocerán ustedes, señorías, que lo que quieren, como siempre, es seguir metiendo facturas en el cajón y que pague otro (Aplausos.-Rumores.), que pague el que venga detrás, como han hecho siempre; que pague el que venga detrás. (Rumores.)

No comparto, señor Guillot, eso de ¿hombre, cómo es posible que cada vez paguen menos los que ganan más, los que más tienen? Se referirá usted a otras épocas, se referirá usted a esas épocas en las que el señor Zapatero, como le dije ayer, se reunía con el banquero de los tirantes y ponían el banquero —no él— los pies encima de la mesa. Entonces es cuando pagaban menos los que más ganaban (Rumores.) Entonces era cuando pagaban menos los que más ganaban. (Aplausos.) Claro que sí. Porque aquí, con la reforma que hemos hecho del IRPF, fundamentalmente el incremento impositivo ha ido precisamente a las rentas más altas. Aquí hemos traído últimamente




Página 8692


muchas propuestas y se han aprobado muchas cuestiones que hacen que aumente el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades, que antes pagaban mucho menos con ustedes de lo que pagan ahora con nosotros. Y, desde luego, además de pagar más, alguien en el que ustedes no se fijaron, los banqueros, que desde luego ganan menos que cuando estaban ustedes, que no les limitaron el sueldo, y ahora se echan las manos a la cabeza (Rumores.—Aplausos.) Con ustedes, con ustedes. Sí, señorías, sí.

Y luego, señor Guillot, eso de exigir más plazo a Europa para cumplir el déficit, que es algo que ha dicho usted reiteradamente. ¿Pero quién nos va a financiar? Si es que esto no es una cuestión de plazos, es una cuestión de que cuando vaya usted a pedir dinero a los bancos, no le financian, y, en consecuencia, de poco sirve que nos aumenten los plazos si luego nadie nos termina financiando.

Ha dicho su señoría, señor Guillot, algo que no puedo pasar por alto y con lo que, además, no estoy en absoluto de acuerdo, en referencia a la noticia de hoy sobre la consulta en Cataluña. He creído entender a su señoría que ha dicho: A partir de hoy tenemos un problema todavía mayor. Creo que le he entendido a su señoría que decía eso. Yo, la verdad es que me va a permitir que le diga que no esté en absoluto de acuerdo. Hoy quien tiene un problema mayor es quien se ha metido en esta locura, el señor Mas y quienes apoyan esa propuesta. Esos son los que tienen un problema mayor (Aplausos.), no los demás. Nosotros seguimos teniendo el mismo problema (Rumores.), sí, sí, el mismo problema que teníamos el primer día y es el problema de la irresponsabilidad de quien nos ha metido en eso. En eso sí tenemos todos un problema, pero lo de hoy, quienes se meten en un problema precisamente son los que lo han promovido, los señores de CiU y los señores de ERC, que a ver cómo salen de lío en que se han metido. Es un intento, como los que he oído hoy aquí, de trasladar ahora la responsabilidad de lo que ha pasado estos años. Oiga usted, si es que la mala situación que vive Cataluña no es culpa de los demás, es culpa de los malos Gobiernos que han tenido, lamentablemente, los catalanes durante los últimos años. Ese es el problema que tiene Cataluña y no un problema con España. Y es sobre todo un problema basado en una mentira, en una mentira histórica, como esta de 1714, y estas cosas que se han inventado, y en una mentira actual, como es esa de España nos roba. Ninguna de las dos cosas son verdad, señoría, y ninguna de las dos cosas va a conseguir que se engañe al pueblo, ni al pueblo de los catalanes.

Y yo solamente quiero añadir una cuestión más en referencia a esto. Esta mañana decía la señora Capella: Ya no hay nada que debatir, ya no hay nada que debatir. Como ya tenemos día y tenemos texto, ya están todos los problemas de los catalanes arreglados. Eso es muy triste, señoría, pero muy triste que usted crea que aprobar una fecha y un texto arregla los problemas que tiene Cataluña. La verdad, señoría, es que pueden ustedes estar muy tranquilos. A mí me tranquiliza mucho lo que he escuchado hoy del señor Rubalcaba. Por fin le hemos escuchado algo claro en referencia a esto al señor Rubalcaba, ya era hora de que abandonara la ambigüedad (Rumores.) y vuelva a la cordura que no tenían que haber abandonado ustedes nunca. Esto es una consulta ilegal y es una consulta ilegítima, señoría, porque una parte no puede decidir sobre un todo (Rumores.) y yo soy tan accionista y tengo tantas acciones de Cataluña como usted, igual que usted, que, aunque le pese, tiene las mismas acciones de Madrid que tengo yo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Granados.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas, comenzando con las enmiendas de los senadores Eza, Salanueva y Yanguas.

En primer lugar, votamos la enmienda número 1.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 18; en contra, 207; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la enmienda número 2.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8693


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 229; a favor, 19; en contra, 205; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos la enmienda número 3.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 227; a favor, 78; en contra, 144; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

De los senadores Iglesias y Mariscal, votamos, en primer lugar, la enmienda número 21.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 3; en contra, 209; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 6, 7 y 10.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 229; a favor, 73; en contra, 150; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 5, 8, 9, 12, 13, 16 y 19.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 15; en contra, 150; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 11, 14, 15, 17, 18 y 20.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 3; en contra, 150; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa, votamos la enmienda 56.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 229; a favor, 3; en contra, 208; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 41, 42 y 45.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 229; a favor, 74; en contra, 149; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 40, 43, 44, 47, 48, 51 y 54.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 15; en contra, 150; abstenciones, 65.




Página 8694


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 46, 49, 50, 52, 53 y 55.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 3; en contra, 151; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 59, 62, 64, 67 a 69, 71 y 73.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 75; en contra, 150; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 57, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 70, 72 y 74.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 63; en contra, 149; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De Convergéncia i Unió, enmiendas 75, 76, 86 y 91 a 96.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 229; a favor, 18; en contra, 149; abstenciones, 62.

Votamos las enmiendas 77 a 83, 85, 87 a 89 y 100.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos,229; a favor,77; en contra,146; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE. Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 84 y 90.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos,230; a favor,17; en contra, 201; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 24, 27, 29, 32 a 34, 36 y 38.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 75; en contra, 149; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 35, 37 y 39.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor,62; en contra, 147; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los grupos parlamentarios Entesa, Socialista y Convergècia i Unió, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 101, 102, 104 y 105, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8695


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 232; a favor, 75; en contra, 152; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo relativo a las restantes modificaciones introducidas en comisión.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 75; en contra, 151; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 146; en contra, 77; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. (Aplausos.)

4.1.3. PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

(Núm. exp. 621/000057)

El señor presidente da lectura al 4.1.3.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Muñoz.

El señor MUÑOZ MARTÍN: Señor presidente, señorías, el Proyecto de ley del Sector Eléctrico tuvo su entrada en esta Cámara el pasado 23 de noviembre, siendo tramitado por el procedimiento de urgencia.

El plazo de presentación de enmiendas finalizaba el día 27 de noviembre y fue ampliado hasta el 29 del mismo mes. Se presentaron un total de seis vetos y 496 enmiendas distribuidas de la siguiente manera: veto número 1, de los senadores don Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto; veto número 2, de la senadora doña Esther Capella i Farré, del Grupo Mixto; veto número 3, de los senadores don Urko Aiartza Azurtza, don Iñaki Goioaga Llano y don Amalur Mendizabal Azurmendi y don Alberto Unamunzaga Osoro, del Grupo Mixto; veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista; veto número 5, de los senadores don Jordi Guillot Miravet y don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés; veto número 6, de los señores doña Mónica Almiñana Riqué, don Francisco Boya Alós, don Rafael Bruguera Batalla, don Carlos Martí Jufresa, don José Montilla Aguilera, don Joan Sabaté Borràs y doña María Jesús Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés.

Las enmiendas presentadas fueron las siguientes: las enmiendas números 1 a 13, de los senadores don Narvay Quintero Castañeda y don Miguel Zerolo Aguilar, del Grupo Mixto; enmiendas números 14 a 16 y 76 a 91, de los senadores don Pedro Eza Goyeneche, doña Amelia Salanueva Murguialday y don Francisco Javier Yanguas Fernández, del Grupo Mixto; enmiendas números 17 a 75, de los senadores don Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto; enmiendas números 92 a 185, del Grupo Parlamentario Socialista; enmiendas números 185 a 346, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés; enmiendas números 347 a 448, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; enmiendas números 449 a 453, presentadas conjuntamente por el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario Popular; enmiendas números 454 a 496, del Grupo Parlamentario Popular.

El 3 de diciembre se reunió la Comisión de Industria, Energía y Turismo para designar la ponencia, quedando ésta definitivamente integrada por los siguientes senadores: don Jesús Alique




Página 8696


López, del Grupo Parlamentario Socialista; don Ramón Alturo Lloan, del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió; don José María Cazalis Eiguren, del Grupo Parlamentario Vasco; don Antonio Ernesto Arrufat Gascón,del Grupo Parlamentario Socialista; don José Manuel Juncal Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular; don Isidro Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; don Gregorio Ramón Medina Tomé, del Grupo Parlamentario Socialista; don José Montilla Aguilera, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y don José Ignacio Palacios Zuasti y don José Luis Vallines Díaz, ambos del Grupo Parlamentario Popular.

Dicha ponencia elevó a la comisión un informe en el que se introducían modificaciones al texto remitido por el Congreso de los Diputados. La Comisión de Industria, Energía y Turismo se reunió para dictaminar el proyecto el mismo día 3 de diciembre, defendiéndose en dicha sesión todos los vetos y enmiendas presentadas.

Como consecuencia de lo manifestado por diversos grupos a lo largo del debate, y cerrado el mismo, se procedió, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 del Reglamento del Senado, a reunir a la ponencia, la cual propuso un nuevo texto a la comisión. Dicha propuesta, aprobada por la mayoría de la ponencia, a lo que hay que añadir la ausencia de la misma y de la posterior votación en comisión de los miembros del Grupo Parlamentario Socialista, coincidía con el texto remitido por el Congreso más la incorporación de las siguientes enmiendas: la número 356 de CiU; 449 a 453 del Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Vasco, 454, 455, 461, 463, 464, 465, 466, 476, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 487 y 489 a 496.

La comisión emitió el correspondiente dictamen de conformidad con el texto propuesto por la ponencia. El referido dictamen, junto con los votos particulares presentados, ha sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Este proyecto de ley tiene como objetivo, según se expone en su preámbulo, establecer la regulación del sector eléctrico garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, se ha presentado la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Continuamos esta maratoniana sesión plenaria en la que, además de darse una sobrecarga de trabajo, en mi opinión se produce una alteración del orden lógico del debate de los proyectos. Lo razonable hubiera sido que proyectos de ley que van a tener reflejo presupuestario se hubieran debatido previamente al proyecto de ley de presupuestos. Eso ocurre con este proyecto de ley y ocurrirá mañana con el proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones.

Estamos ante un proyecto que pretende establecer la regulación de un sector que hubiera sido preferible que se reconociera como estratégico, en vez de acudir a esa especie de eufemismo calificativo que es la denominación de servicio de interés económico general. El Gobierno, tras catorce normas de diferente rango, pretende con esta ley, según su discurso, culminar la reforma del sector eléctrico. Si esa es la intención del Gobierno, adelanto que en mi opinión va a cerrar en falso el proceso porque, como sucede con las reformas anteriores, esta ley busca fundamentalmente encontrar una salida a la situación del déficit tarifario, a lo que acaba siendo el dédalo del déficit tarifario, y de alguna manera se hace profundizando en los contenidos avanzados ya en las reformas anteriores y reproduciendo, por tanto, lo que aparecen como demonios del Gobierno y del partido que lo sustenta.

No se corrige con esta ley el frustrado proceso de liberalización que dio lugar a la constitución de un oligopolio. He de reconocer que es la primera vez que veo por escrito en un texto legal, impulsado por el Gobierno del Partido Popular, el reconocimiento de la existencia de un oligopolio. Es la primera ocasión en la que en un texto legal se dice que hay un oligopolio. Al contrario, con esta reforma se refuerza esta situación frente a aquellos pequeños productores que han ido surgiendo en torno a las energías fotovoltaicas y de cogeneración al margen del oligopolio constituido por esa familia de las grandes empresas eléctricas.




Página 8697


Se trae el proyecto, una vez más, sin diálogo y con imposición. La Comisión Nacional de la Energía denunció en su momento el plazo insuficiente del que dispuso para elaborar su informe. En la línea de las normas anteriores que han generado contestación de las comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el Partido Popular enuncio: recurso de inconstitucionalidad de Murcia y del Parlamento de Navarra; el de Cataluña ha instado a ello a su Gobierno y Canarias, Andalucía y Galicia han puesto en marcha el mecanismo de comisión bilateral previa a la del recurso de inconstitucionalidad frente a algunas de estas catorce normas previas que en este proyecto de ley se consagran. Por lo tanto, las razones para ver la inconstitucionalidad que todas estas comunidades autónomas detectaron en esos textos, sin ninguna duda volverán a detectarlas en el proyecto de ley.

No pretende el proyecto encontrar una alternativa a la elevada dependencia exterior de España en materia energética, 77% de dependencia en materia energética, exactamente igual que hace treinta años, responsabilidad de este Gobierno y de los que le precedieron a lo largo de estos treinta años. De hecho, la balanza energética se comió prácticamente el superávit de la balanza comercial en 2012. El déficit de la balanza energética fue de 45 000 millones de euros. El peso de la balanza energética sobre la balanza comercial se situó en el 172%, situación que se ha mantenido a lo largo del 2013.

El proyecto únicamente busca dar respuesta a ese déficit tarifario, que es uno de los misterios más inescrutables de la historia económica de nuestro país y renuncia a una reforma integral del mercado eléctrico. Existe el déficit tarifario, según nos dicen, a pesar de que el margen de beneficio de las empresas eléctricas españolas es del 6,78; la media de las europeas es del 2,62; a pesar de que entre 2005 y 2011 repartieron 53 000 millones de beneficios, el equivalente a los beneficios de todas las empresas del Ibex 35 en el año 2010, ese déficit tarifario que no ha impedido que sus máximos directivos tengan unas retribuciones muy importantes, están entre las más elevadas del Ibex 35. Retribución de los consejeros externos en euros: Endesa, 278 322 euros al año; Gas Natural, 126 500; Iberdrola, 199 000 euros al año. Ese déficit tarifario que no ha parado de crecer desde que se reconoció como fórmula contable en 2002. En este momento se habla de 26 000 a lo largo del 2013; luego de 28 000; se dijo que no iba a crecer, según el ministro; ahora se habla de que ascenderá en el 2013 en torno a los 3600 millones de euros y las eléctricas dicen que será de 4000.

Como un mantra, el Gobierno reitera que la culpa es de las primas a las renovables, pero en 2008 el déficit tarifario ya era de 16 000 millones de euros, cuando el peso de las fotovoltaicas no era relevante.

Por lo tanto, en esos 16 000 millones de euros de déficit tarifario que existía en el 2008 no eran las primas a las energías fotovoltaicas las que lo generaban, a pesar de que la tarifa es de las más caras de Europa, tras Chipre e Irlanda, y que subió un 63% entre 2003 y 2011; un 4,5% en 2013; un 11% en lo que va de legislatura, lo cual está abundando en ese fenómeno de la pobreza energética, 1,4 millones de cortes de la luz en el 2012 por impagos. Vamos camino de que igual que se produjo el fenómeno social del Stop desahucios, se genere un fenómeno social de Stop cortes de luz.

Los hogares pagan aproximadamente 320 euros al año más por la luz y el gas que en Francia. No se entiende, no se comprende cómo con esta realidad se puede seguir generando un déficit tarifario tan elevado. No se resolverá con este proyecto, que no va a permitir que los precios reflejen los costes reales, sino que mantendrá la sobrerremuneración de la energía de origen nuclear o hidráulica con centrales amortizadas. Hoy, si han leído la prensa económica, habrán visto que en uno de esos diarios se dice que la comisión nacional que tiene que vigilar —la que heredó las funciones de la de la energía—, sospecha que se está produciendo un fenómeno claramente especulativo preparando la subasta del día 19, que de forma deliberada las eléctricas están infrautilizando las hidráulicas y las nucleares amortizadas y están generando energía con el coste más elevado para que la subasta del 19 dé el precio más elevado.

Sabíamos ya que inevitablemente el 1 de enero la luz iba a subir el 2%, pero si se consolida esta realidad que arteramente se está generando, el coste de la luz subirá el 7% el 1 de enero. Es esa la estrategia que hay que combatir, y esa no la combate este proyecto de ley. Ni siquiera adelanta la estrategia a seguir con lo que es un fenómeno que ya está ahí, la caducidad de centenares de concesiones de explotaciones hidráulicas que se producirán en los últimos años.




Página 8698


¿Qué va a hacer el Gobierno con esas concesiones? ¿Las va a renovar? ¿Va a asumir la explotación? ¿Va a dar por amortizados y derruir esos embalses de producción eléctrica?

Presentamos el veto porque, primero, el establecimiento de la prohibición de superar el 2% en el déficit puede ser un riesgo en la garantía del servicio. Las empresas ya han anunciado que, desde luego, sus inversiones en mantenimiento y conservación para la garantía del servicio estaban en riesgo porque las eléctricas hacen chantaje, y lo hacen porque pueden, porque se les ha permitido consolidar una situación de dominio sobre el mercado que les permite chantajear a las administraciones. La Comisión Nacional de la Energía discrepó en lo relativo a que los superávits solo puedan destinarse a reducir deuda impidiendo inversiones o reducir peajes. El proyecto da la última palada de tierra a las energías renovables. El calificativo excepcionalmente, que se plantea para la promoción de generación de energía eléctrica a partir de energías renovables, choca, como saben muy bien, con la directiva de la Unión Europea.

Introducir cambios regulatorios con efectos retroactivos nuevamente atenta a la seguridad jurídica. Ustedes saben que nuestro país está en arbitrajes y tribunales internacionales por esta materia, y, desde luego, eso no favorece la posición de nuestro país cuando nuestras multinacionales exigen y demandan seguridad jurídica en otros países. Recientemente ha habido varias situaciones y el ministro de Exteriores ha tenido que intervenir.

La rentabilidad fijada no reconoce los costes reales en relación con estas energías. Además, los mecanismos de retribución están indexados a precios de mercado y en función de los precios de gas y del petróleo.

Los informes de la Comisión Nacional de la Competencia y la de la Energía denuncian los riesgos que esto supone, porque como saben sus señorías, como sabe todo el mundo en este país, fiar algo al precio del gas y del petróleo es fiar algo a que suba inevitablemente. La previsión de revisión cada seis y tres años abunda en la inseguridad jurídica y desincentiva la inversión.

Se habla ya de la necesidad de constituir una SAREB específica para las fotovoltaicas, como se hizo en relación con el mercado inmobiliario. Y podríamos llegar a una situación que generaría perplejidad. Las energías fotovoltaicas son el gran problema. Como con estas retribuciones no pueden afrontar la amortización de los créditos concedidos, para que las entidades financieras no entren en nuevos riesgos en su estabilidad, se crea una Sareb de las inversiones de fotovoltaicas. Seguramente en ese momento las grandes compañías eléctricas de nuestro país verían una oportunidad en esta crisis de adquirir las fotovoltaicas más potentes y más rentables a precio de saldo a esta SAREB.

Los cambios en el sistema de facturación afectan de forma negativa al consumo doméstico. Es correcta la facturación al mes, pero se aumenta el peso del término fijo de la tarifa, lo que obviamente desincentiva la introducción de mecanismos de ahorro en el consumo energético. Lógicamente las empresas eléctricas no están en absoluto interesadas en que se den ahorros en el consumo eléctrico, lo ven como una amenaza. Y la nueva tarifa castiga más al que consume menos y acaba favoreciendo la pobreza energética.

La sustitución del bono social por la figura del consumidor vulnerable reducirá el número de posibles beneficiarios, al añadir criterios de renta a los criterios personales a los beneficiarios del bono social. Se excluye a las cooperativas de consumidores y productores en la distribución de electricidad. Se introducen pagos por capacidad e hibernación para garantizar ingresos a las centrales de gas. Los ciclos combinados que proliferaron por nuestro país cuando se creía que no iba a haber crisis y que iba a producirse un incremento notable de los consumos eléctricos. Se consolida la interrumpibilidad en un momento en que los riesgos de que esta se pueda producir, con el exceso de potencia que tenemos son realmente nulos.

Concluyo, además este proyecto impide la competencia efectiva y el abaratamiento energético en los sistemas extrapeninsulares, donde la ventaja comparativa de energías renovables y autoconsumo es evidente.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por la señora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra la senadora.




Página 8699


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias. Bona nit o bona tarda encara.

Este proyecto de ley va radicalmente en contra del interés general y a favor del oligopolio de las cinco grandes empresas eléctricas, manteniendo el actual modelo injusto e ineficiente. Inmovilismo, no evolucionar, es lo que a ustedes les debe gustar, porque este proyecto no afronta la necesidad de cambiar el modelo energético y apostar por nuevas fuentes energéticas ante el agotamiento de los combustibles fósiles y su previsible encarecimiento, hecho especialmente preocupante si tenemos presente que en este momento la importación de combustibles supera ya los 45 000 millones de euros. Es decir, lejos de resolver el problema, lo están agravando de cara al futuro y continuarán con la dependencia absoluta.

Este proyecto no se basa ni en el ahorro, ni en la eficacia, ni en la soberanía y sostenibilidad energética y medioambiental. Tampoco soluciona la incoherencia que supone un déficit de tarifa paralelo a los escandalosos beneficios de las grandes eléctricas. No elimina los privilegios de las eléctricas clásicas, ni la subvención de los costes asociados a ellas. Y para colmo, se castiga al futuro que suponen las renovables. Castigan la implantación de generación distribuida y el autoconsumo. Y ya en el límite del surrealismo, obligan a las familias y empresas que optan por autoabastecerse a pagar al Estado unos cargos por una energía que ellas mismas producen y consumen. Eso es tan surrealista — es un ejemplo, no pretendo darles ideas, no se les ocurra— como si cobraran una tasa a quien no tiene coche y va caminando para pagar el plan PIVE de subvención a los coches.

No sé ya cuántas veces lo hemos denunciado desde esta tribuna y en el Congreso. La liberalización del sector eléctrico del Gobierno de Aznar ha generado un agujero negro de más de 26 000 millones de euros con las compañías eléctricas, una deuda que evidentemente afecta a la situación económica y financiera que atraviesa el Estado. Hemos pasado de no deber nada en el año 1997 a deber 500 euros por persona en estos momentos, pese a tener la factura más cara de toda Europa, mientras los beneficios de las eléctricas españolas son el doble que en el resto de la Unión Europea.

Ustedes criminalizan injustamente a las energías renovables, que son la única alternativa de futuro viable, limpia, barata y autosostenible, además de generadora de empleo y, especialmente, en las zonas rurales y deprimidas e incluso la exportación tecnológica y productiva. No olviden tampoco que el continuo castigo que están sufriendo las energías renovables contradice, entre otros, el informe de la Agencia Internacional de la Energía que recomienda invertir en renovables y redes inteligentes.

Acabo. En definitiva, nosotros votamos a favor del futuro, las energías renovables y en contra del oligopolio eléctrico y de este proyecto de ley.

Por cierto, debatir no es un problema. Votar no es un problema. La democracia no es un problema. La democracia es la solución. Y eso es lo que defiende Ezquerra Republicana y lo que defenderá y defiende esta senadora, el derecho de los catalanes y catalanas a decidir libremente su futuro.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 3 es de los senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, Mendizabal Azurmendi y Unamunzaga Osoro.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes a todos.

Muy pocas luces y demasiadas sombras es lo que tiene este Proyecto de Ley del Sector Eléctrico. Una vez más, no ha habido participación, coherencia ni consenso en la elaboración de una ley que afecta a un sector estratégico clave para un país pero que, además, afecta directamente a las personas, a las actividades, al medio ambiente, al futuro económico, afecta a todo.

¿Acaso no se merece la ciudadanía más claridad, más transparencia, más información? Porque es la ciudadanía la que va a hacer frente, la que va a pagar, la que va a sufrir estas medidas, lo mismo que en otras leyes. Hay mucha oscuridad porque la ley no entra en la raíz del problema del sector, manteniendo las causas estructurales que generan el déficit tarifario, y todo ello con una visión claramente mercantilista del servicio.




Página 8700


Una ley de este calibre debería abordar el sistema de precios eléctricos pero, una vez más, las prisas, las urgencias que tiene este Gobierno por aprobar sus leyes una detrás de otra, cada cual con mayor calado, pero sin abordar el fondo de la cuestión, una vez más, decía, nos lleva ante unas medidas recaudatorias e irresponsables.

Cuando todo el mundo reconoce que el modelo energético vigente es insostenible económica y medioambientalmente, cuando todo el mundo reconoce que se está hipotecando seriamente el futuro, ustedes se enrocan manteniendo las causas generadoras del déficit de tarifa. Agravando el problema de cara al futuro mantienen el riesgo de las nucleares, mantienen las energías contaminantes y mantienen la dependencia exterior de combustibles fósiles que, según se vayan agotando, aumentarán el precio. ¡Menudo plan nos espera!

Creemos que la apuesta que hacen por un modelo energético, que ha quedado demostrado que es despilfarrador, contaminante, insostenible, centralizador y obsoleto, es erróneo y, si me lo permiten, poco ambicioso.

Si el objetivo de la ley es —y leo textualmente— garantizar el suministro eléctrico, adecuarlo a las necesidades de los consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste, ¡háganlo!, para eso están en el Gobierno. Con esta ley, yo veo claramente que no se están garantizando la seguridad, la calidad, la eficiencia, la objetividad, la transparencia ni el mínimo coste.

Si se apuesta por seguir otorgando beneficios llovidos del cielo a grandes centrales ya amortizadas, sobre todo a nucleares e hidráulicas que siguen obteniendo pingües beneficios, los precios nunca se acercarán al coste real de las centrales. Esto no es objetivo ni busca el mínimo coste. Por cierto, aprovecho para preguntar para cuándo la tantas veces solicitada auditoría de costes del sector eléctrico. Así se podría ver claramente cuáles de los costes reconocidos a las empresas del sector son ciertos. Eso sí, eso sería un verdadero ejercicio de transparencia. Lo que no se puede tolerar es que se hable de transparencia y luego no asignar debidamente, por ejemplo, los costes de los diferentes servicios entre sus beneficiarios. Pero ustedes siguen apostando por beneficiar a las grandes empresas, léase Iberdrola, Endesa, Gas Natural, por supuesto con total discrecionalidad por parte del Gobierno. ¡Faltaría más! Porque, cosas de la vida, los mismos que un día decidieron sobre estas empresas, fenómeno de puerta giratoria por medio, terminan en los consejos de administración de ellas, como hemos podido comprobar en el caso de Aznar, de Felipe González o de Josu Jon Imaz. Esto no es lo que la gente entiende por transparencia. Lo que entiende la ciudadanía es que mientras a las grandes empresas, que son las causantes del 90% del déficit tarifario, les siguen lloviendo los beneficios a base de mantener los costes por las nubes, al resto nos toca pagar. Y cuidado con pretender el autoconsumo o las cooperativas.

En este proyecto no vemos ni calidad ni seguridad ni eficiencia. Para nosotros está claro que la ley no cumple el objetivo para el que nace. Pero por si esto no fuera suficiente, se pretende cerrar la puerta a las renovables atentando contra su seguridad jurídica. Cuando se hicieron las inversiones, fue bajo la promesa de ser una retribución estable, y ahora lo que se quiere es modificar con carácter retroactivo las reglas de juego. Pero ya saben ustedes lo que sucede en estos casos: tirón de orejas de Europa que cae.

Por último, se da una clara invasión competencial con una voluntad claramente recentralizadora en cuanto a la regulación de la actividad de distribución de energía eléctrica al desaparecer cualquier tipo de competencia de las comunidades autónomas en la planificación técnica de las actividades de distribución de energía eléctrica. Una vez más el quid de la cuestión, creo yo, está en el modelo energético que se defiende. Nosotros tenemos la certeza de que con este tipo de medidas que plantean ustedes difícilmente se van a conseguir los objetivos europeos, ni siquiera los que plantea esta ley. Esta ley es una clara apuesta por un modelo energético que ha quedado demostrado es despilfarrador, contaminante, insostenible y obsoleto. Por eso nosotros, desde nuestro punto de vista y centrándonos más en nuestro ámbito territorial, en Euskal Herria se ha dicho claramente no a la energía nuclear, no a Garoña, no al fracking, no a las grandes infraestructuras, no al tren de alta velocidad con un consumo abusivo de energía. Nosotros apostamos claramente por otro sistema energético basado en el ahorro, en la eficiencia, en las energías limpias y en el autoconsumo entre otros. Para ello creemos que es imprescindible hacer valer nuestra soberanía energética, justamente lo contrario de lo que dice esta ley.




Página 8701


Por eso presentamos este veto y anunciamos que vamos a votar en contra del resto de los vetos presentados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendizabal.

La propuesta de veto número 5 es de los senadores Guillot y Saura. Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

En primer lugar creo que la ambición de toda ley debería ser responder a las siguientes cuestiones. Un proyecto de ley debe abordar los retos presentes, señalar los problemas existentes, proponer las soluciones oportunas y que toda decisión legislativa, como la que vamos a tomar hoy, debe partir de un diagnóstico claro y preciso de la realidad de aquello que se quiere resolver en un marco general. Y toda ley debe responder al interés general, nunca a intereses particulares, y a su vez debe apoyarse en el más amplio debate, participación, diálogo y consenso.

Una primera deficiencia de este proyecto de ley es que adolece del debate necesario, es precipitado en el tiempo de tramitación y no cuenta ni de lejos con el consenso político y social necesarios. Es un proyecto de ley que responde exclusivamente a los intereses del oligopolio eléctrico, no al interés general. Permítanme que justifique el veto a partir de las respuestas que el senador Saura y yo damos a las cuestiones que al principio planteaba. Fin

Para nosotros los dos principales retos que tiene planteada la humanidad —y España, evidentemente— son la crisis energética y el cambio climático.

La crisis energética. Los combustibles fósiles se están agotando y encareciendo, pronto alcanzaremos el peak oil: el barril de Brent, que costaba 30 dólares en 2004, hoy cuesta más de 100 y en diez años se calcula que costará 250 dólares. Los estudios sobre la evolución de la emisión de gases con efecto invernadero indican que la situación del cambio climático va empeorando. Una primera conclusión es que este proyecto de ley con sus planteamientos y propuestas no da una respuesta positiva a estos dos retos, porque al no abordar una reforma a fondo de nuestro modelo energético, solo propone una reforma eléctrica que reproduce un modelo eléctrico obsoleto, caro e insostenible y, por otra parte, no ataja el efecto contaminante de este sector —en 2012, en producción de electricidad se han emitido 80 millones de toneladas de CO2, un 10% más que en 2011—.

Permítanme también realizar un diagnóstico de la realidad energética española. Dependencia energética del exterior: el 84%, y si incluimos la dependencia del uranio importado nos vamos al 90%; dependencia que comporta elevados costes económicos, 1000 millones de euros. Dependencia de los combustibles fósiles. Ineficiencia energética; consumimos más energía por unidad producida que la media europea. Contaminación, un tercio de los españoles respiran aire contaminado por encima de los límites legales, solo hay que estar en Madrid o en Barcelona estos días para ver lo que es la contaminación. Déficit tarifario: 29 000 millones de euros, que no es la diferencia entre los ingresos y los costes reales, no, es la diferencia entre los ingresos y los costes reconocidos, los costes que ustedes les reconocen y que siempre juegan a favor de las eléctricas. Sobrerretribución de algunas tecnologías, como la nuclear y la hidroeléctrica; se calculan unos beneficios de 24 000 millones de euros. Incapacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos en el mix energético. Caos normativo. Hostilidad hacia las energías limpias. Culpabilización de las renovables del déficit tarifario. Incumplimiento de las directivas de la Unión Europea sobre energías renovables. Desaparición del regulador sectorial: la anterior Comisión Nacional de la Energía. Oligopolio empresarial y prácticas oligopolísticas. Por último, y lamentablemente, confluencia entre intereses políticos y empresariales; como decía antes la señora Mendizabal: qué hace una exministra de economía en un consejo de administración de una eléctrica, o qué hace un expresidente, esto es un escándalo.

Para el senador Saura y para mí esta es la realidad. ¿Qué nos propone el proyecto de ley presentado por el Gobierno? Un proyecto de ley muy centrado en el déficit tarifario pero que, una vez más, se equivoca en el diagnóstico del déficit y por lo tanto en el tratamiento. El proyecto pretende resolver el déficit de tarifa ignorando las cifras y el mal funcionamiento del mercado eléctrico, responsabilizando a las energías renovables de los desequilibrios entre ingresos y costes del sistema.




Página 8702


Señorías, este proyecto de ley no resuelve el problema y mantiene un sistema marginalista de configuración de los precios, que supone beneficios millonarios a las grandes compañías del sector. Ah, por cierto, como seguramente dirán que eso es parte de la herencia recibida, les recuerdo que a pesar de que el proyecto establece que el déficit de tarifa se crea durante el período 20042012, la fórmula contable del déficit tarifario se crea en 2002.

Esta reforma no modifica ni un ápice el modelo eléctrico, culpando de todos los desequilibrios —lo decía antes— a las renovables y al ahorro energético. Pero, señorías, la realidad es que después de múltiples recortes a las energías limpias, los precios y los costes continúan subiendo; la luz se ha encarecido más del 11% en lo que llevamos de legislatura, un 60% en cinco años.

El déficit tarifario tiene sus responsables y son los pactos que los distintos Gobiernos y la patronal de las eléctricas, UNESA, han ido acordando, un déficit de 3600 millones para 2013. Después del Real Decreto 14/2010 y del Real Decreto Ley 1/2012, que establecieron la retroactividad y la moratoria para las renovables —según ustedes, responsables principales del déficit— se produjeron fuertes subidas de la luz, que según la antigua Comisión Nacional de Energía se debieron a las ayudas al carbón, a las subastas de la tarifa de último recurso, a la baja de banda eléctrica, a los pagos por capacidad, a las sobrecapacidades gasistas y a los costes extrapeninsulares.

Este modelo es insostenible económica y ambientalmente, lo es por la evolución de los precios de futuro del gas y del petróleo, por los costes de la importación energética en nuestra balanza de pagos y por el aumento de las emisiones debidas a las energías contaminantes. Una factura, en definitiva, que España no puede pagar y que tendrá repercusiones en términos de competitividad en nuestra economía.

¿Cuáles son los cambios parciales que plantea el proyecto de ley? La revisión automática de los peajes o la aplicación de los principios de la Ley de estabilidad presupuestaria al sector eléctrico. Esta fórmula de fijar por ley la prohibición de superar un límite del déficit del 2% y de limitar la deuda acumulada a los desajustes es un deseo del Gobierno, pero no viene acompañado de soluciones o instrumentos.

La reducción del déficit tarifario, que es una deuda con las empresas eléctricas, debe resolverse pero no puede pasar por encima de criterios de sostenibilidad medioambiental, equidad, eficiencia ni desvincularse del impacto del sector en la economía. Creemos que es una insensatez plantear la revisión automática de los peajes ya que esta recaerá en los consumidores y contribuyentes sin revisar la deuda acumulada.

Este es un proyecto de ley para acabar con la inversión en energías renovables. El diagnóstico del proyecto se basa en culpar a las renovables de los desajustes del sistema eléctrico. Así, este proyecto de ley tacha, en pleno siglo XXI, a las energías renovables de excepcionales y las somete a una serie de cambios regulatorios retroactivos y a un intervencionismo ilimitado que persigue su ahogo financiero y su exclusión como crecientes competidoras en el mercado eléctrico.

Las previsiones de este proyecto de ley rompen la estabilidad regulatoria de las instalaciones ya existentes, lo que en muchos casos significará la bancarrota de inversiones ya realizadas por no tener en cuenta o no reconocer los costes reales de inversión. El cálculo unilateral por parte del Gobierno de cómo se deben retribuir, a través de fijar un coste estándar, es un atropello no solo porque contradice los principios de libertad y competencia del mercado sino porque están alejados de la realidad diversa de este tipo de instalaciones. Sorprende que desde una lógica tan neoliberal sean capaces de este intervencionismo que afecta a las energías limpias.

Por otro lado, se establece la inseguridad regulatoria por ley —como mencionaba anteriormente el senador Iglesias—, lo que multiplica los desincentivos a las energías limpias.

Este proyecto de ley impide el autoconsumo. La reforma prevista en la ley y los decretos que la acompañan suponen trabas administrativas, que en el caso de los autoconsumidores domésticos serán insalvables, y trabas económicas desproporcionadas. Lo más relevante es la introducción de un peaje de respaldo para toda la energía producida, incluso la de consumo propio y que no es vertida a la red. Esta medida supone que España tendrá una regulación única en el mundo, consistente en discriminar y penalizar el autoconsumo, tal y como alertó en su momento la Comisión Nacional de la Energía en su informe preceptivo. Asimismo, se impone un sistema de sanciones desproporcionado, que se establece en los incumplimientos relativos al autoconsumo.




Página 8703


En el proyecto de ley se plantean cambios en el sistema de facturación que afectan muy negativamente a los consumidores domésticos y desincentiva cualquier planteamiento de ahorro energético por parte del consumidor.

Su propuesta va a generar grandes dificultades para pagar el recibo de la luz y de la calefacción, especialmente en invierno. En 2012, un total de 1,2 millones de hogares sufrieron cortes del suministro eléctrico por impago de facturas; repito, 1,2 millones de hogares.

En el proyecto de ley se excluye a las cooperativas de consumidores y de productores, así como los pagos por capacidad y por hibernación que, evidentemente, están orientados a retribuir a ciertos sujetos del sistema aunque no produzcan electricidad. Por otro lado, se fomenta la interrumpibilidad, a pesar de ser un servicio innecesario en una situación de exceso de potencia eléctrica.

¿Qué efectos tendrá este proyecto de ley en el caso de ser aprobado? Impedirá la competencia efectiva y el abaratamiento energético en los sistemas extrapeninsulares; infringirá las directivas europeas; generará inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria; representará el hundimiento de las inversiones en el sector de las energías renovables, especialmente en los pequeños inversores; representará un impulso a los privilegios de las grandes empresas frente a los consumidores y los pequeños productores; impedirá el cambio hacia la soberanía energética y la generación distribuida.

Es, evidentemente, una propuesta de reforma del sector eléctrico negacionista del cambio climático y que no afectará nada en las emisiones que se expulsan. Es una propuesta de ineficiencia económica. La propia Comisión Nacional de la Energía ya dijo que la reforma sacrifica la eficiencia económica a medio y largo plazo en aras de la sostenibilidad económica a corto plazo.

La fuerte dependencia energética de España es una fuente de ineficiencia económica. La factura española por las importaciones energéticas fue del 4% del PIB español, lo que condujo a un nuevo récord de déficit energético en la balanza comercial.

Se calcula que este proyecto de ley representará la destrucción de 118 000 empleos, directos e indirectos, que peligran, cuando salga adelante. Evidentemente, es un proyecto de ley de la desigualdad y la exclusión. En cuanto al aumento de la tarifa eléctrica —antes decía el 60% en cinco años—, en un marco de crisis económica la reforma no aborda la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables.

La electricidad y el gas, para el senador Saura y para mí, son servicios públicos básicos y solo el control público permite garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la progresividad de las tarifas. La reforma de este sector, reduce a la mitad los beneficiarios del bono social.

Ustedes, señorías del Grupo Popular niegan cuando les decimos que dan la espalda al medioambiente, a la sostenibilidad ecológica, etcétera, pero es que este proyecto de ley es la expresión más clara, es otra expresión de este dar la espalda. Ustedes, señorías del Grupo Popular, niegan, y además se irritan cuando les decimos que legislan a favor de minorías, de los intereses de una minoría, en este caso, del oligopolio eléctrico. Pero léanse esta ley, léansela, compárenla con la realidad y verán que solo resuelve, ayuda y facilita los intereses de ese oligopolio. Ese es el problema que tiene este país, que debe soportar un Gobierno que, también en esta cuestión, trabaja en favor de los intereses de una minoría y no de la mayoría.

Por todo esto, justifico el veto del senador Saura y mío, y les pido su apoyo.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Senadora Mendizábal, tiene la palabra.

La señora MENDIZÁBAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente, por su generosidad.

Yo creo que el cansancio ya está haciendo mella en todos nosotros, por eso quisiera aclarar que, efectivamente, vamos a votar a favor de todos los vetos que se han presentado a esta ley; por si no había quedado claro. (Risas.) Por si alguien lo dudaba.

Muchísimas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Aclarado queda.




Página 8704


La siguiente propuesta de veto es de todos los senadores de la Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la presentación de nuestro veto a este proyecto de ley responde a un conjunto de consideraciones que paso a exponer.

En primer lugar, consideramos que este proyecto de ley es la constatación y la culminación del caos normativo sobre el sector energético, que lleva realizando el Gobierno del Partido Popular a lo largo de esta legislatura. Porque, señorías, nadie discute que el sector energético se encuentra —a nivel global, me refiero— ante un punto de inflexión, siendo necesario un cambio de modelo capaz de dar respuesta a los importantes retos a los que se debe enfrentar en los años venideros. En Europa hay un gran debate sobre esto.

La insostenibilidad del actual modelo energético hace inevitable que en los próximos años experimente una profunda transformación. La presión de la demanda creciente sobre los recursos energéticos a nivel global tiene importantísimas repercusiones y también riesgos. Pero la solución también puede aportar un importante estímulo a las economías occidentales en recesión. No cabe duda de que la transición a este nuevo modelo energético es algo necesario, aunque no es una tarea fácil, debido a la concurrencia, además, de diversas circunstancias, algunas de ellas propias del modelo energético español. Cuestiones como el déficit de tarifa, la insuficiencia crónica de ingresos regulados, la evolución creciente, por no decir exponencial, de los costes de acceso, la mantenida dependencia energética exterior o la necesidad de un mercado capaz de integrar una creciente generación de origen de carácter renovable en un contexto de relativo aislamiento, como es el nuestro, con unas pocas interconexiones de carácter supranacional, constituyen cuestiones propias del modelo energético español, que le otorgan una especificidad propia que condicionará obviamente las propuestas finales.

Ante todos estos retos, en lugar de definir una estrategia de defensa del interés general en su acción de gobierno, la senda de decisiones adoptadas por el Gobierno se han caracterizado básicamente por una falta absoluta de consulta y de debate con todos los agentes económicos y sociales, así como con las comunidades autónomas que pueden verse afectadas, y también por una hiperactividad normativa estos dos últimos años que culmina ahora con este proyecto de ley que va acompañado también de un paquete de medidas de desarrollo normativo que todavía complica más la situación.

Por descontado, la regulación del sector eléctrico es compleja, ya que su aplicación debe satisfacer diversos objetivos, que aun estando íntimamente vinculados, a veces pueden incluso ser incompatibles entre sí. En este sentido conviene tener presente que una buena regulación, que es la que debe seguir toda acción pública en este ámbito, debe hacer frente fundamentalmente a tres ejes: debe fijar la retribución de las actividades reguladas, garantizando la recuperación de las inversiones; debe garantizar la competencia efectiva de las actividades liberalizadas, y todo ello garantizando un precio de la electricidad competitivo y asequible para el cliente final. Igual les puede parecer a ustedes muy obvio, pero lo pongo de manifiesto porque son precisamente las cuestiones de las que creo que adolece este proyecto de ley. Ello es así porque en estos dos últimos años hemos vivido, por no decir sufrido, un impresionante proceso de proliferación de normas regulatorias nuevas y ello exigiría un proceso de simplificación y de clarificación de cuáles son las reglas del juego. El empleo de distintos rangos normativos, la existencia en algunos casos de regulación cruzada y el abuso del real decreto ley ocasionan que el acceso a la misma no sea precisamente fácil.

En segundo lugar, señorías, el proceso de hiperactividad regulatoria ha reducido enormemente la oportunidad de un estudio con detalle y de manera sosegada por los organismos consultivos y reguladores, como ha señalado, por ejemplo, el Consejo de Estado, que, insólitamente, solo tuvo cuatro días para su análisis, máxime en una norma como esta, con cuestiones técnicas y jurídicas que aconsejan un estudio en detalle. Además, ello dificulta también el propio trabajo del Legislativo, reduciendo el debate y la búsqueda de consenso político que exige una normativa de estas características.




Página 8705


Adicionalmente este proyecto de ley forma parte de un paquete de medidas más amplias que se ha vendido públicamente como la reforma energética, integrada por once propuestas de desarrollo normativo y el Real Decreto Ley de 12 de julio, por el que se adoptaron medidas urgentes para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Es sorprendente que para regular aspecto básicos para un correcto funcionamiento del sistema eléctrico, tales como: el régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica existentes a partir de fuentes renovables, de ecogeneración y residuos; cuestiones relativas al régimen retributivo de las actividades de distribución y transporte, o cuestiones relativas al fondo para la titulización del déficit del sistema eléctrico, el Gobierno optara en su momento por un real decreto ley. A todo ello habría que sumar la improvisación. El último episodio, hace menos de dos semanas, protagonizado por el ministro de Hacienda, convirtiendo en papel mojado una parte importante de este proyecto de ley.

Pero más allá de las cuestiones de forma y de procedimiento, hay otras cuestiones de fondo en las que se basa nuestro veto.

Y en tercer lugar, porque este proyecto de ley se olvida de uno de los principales rectores de la vigente ley del sector eléctrico: la protección medioambiental, sustituyéndola, teóricamente, por el de la sostenibilidad económicofinanciera del sistema.

Para comenzar, en el preámbulo del proyecto de ley ni tan siquiera se hace referencia a los aspectos de la sostenibilidad ambiental, ni al denominado paquete verde europeo, con los objetivos del año 2020, ni a la Directiva de eficiencia energética, centrándose básicamente en todas aquellas medidas encaminadas a corregir el déficit de tarifa del sector eléctrico. Bien, eso era antes de la enmienda del ministro de Hacienda, que liquidó uno de los aspectos fundamentales que para el Gobierno tenía esta ley.

Miren, señorías, no deja de ser ilustrativo a la hora de ver cuáles de los tres principios rectores de toda política energética —la seguridad del suministro, la protección del medioambiente y la garantía de competencia— sale peor parado en este proyecto de ley. Y ello es así porque no tiene en cuenta y obvia la especificidad de las renovables, al no dedicarles un apartado por separado y propio, sino —y esto es lo más grave— que falta un modelo sobre las instalaciones renovables, pese a que constituyen, como ustedes saben una parte muy relevante del mix energético —en 2012, prácticamente el 30% de la potencia instalada y casi el 25% de toda la producción—. Por eso es necesario que la ley contemple los derechos y obligaciones de las instalaciones renovables de ecogeneración y de residuos, tal y como nosotros proponemos en diversas enmiendas.

Tras la derogación del régimen retributivo de la generación con energías renovables efectuado en el Real Decreto Ley del mes de julio, al que hacía alusión, este proyecto obvia la obligatoriedad de la existencia de un régimen económico para este tipo de generadores. Solo se establece en el texto la posibilidad de que, excepcionalmente, el Gobierno pueda establecer un régimen retributivo para las mismas. Y ello, obviamente, lo que hace es añadir discrecionalidad e incertidumbre donde ya hay mucha.

Miren, señorías, las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, aún no son tecnologías que puedan competir, por su puesto, en el mercado, en su inmensa mayoría, sin perjuicio de que vayan adquiriendo cada año un mayor grado de competitividad. Y esta progresiva equiparación, que aún no se ha completado, no justifica en modo alguno el régimen general único que ahora propone el proyecto de ley, sin recoger ciertas especificidades del sector renovable, en sus derechos, en sus obligaciones, en sus estructuras de costes o en sus formas de producción, que incluso vienen impuestas en algunos casos por la normativa comunitaria, como la prioridad del acceso a la red, la prioridad de despacho en la directiva del año 2009, o la conveniencia de que los precios de la energía reflejen los costes externos de producción y el consumo energético, incluidos los costes medioambientales, sociales y también sanitarios.

Igualmente, a diferencia de otros países más proclives al reconocimiento de las ventajas que supone el hecho de la generación distribuida con el futuro de las redes inteligentes, el proyecto de ley penaliza de hecho y hace inviable económicamente el autoconsumo, como consecuencia de la creación del peaje ad hoc o de respaldo. Más allá de la discriminación jurídica que ello supone, es




Página 8706


ignorar las reconocidas ventajas asociadas al autoconsumo, incluso para el buen funcionamiento de la red.

En cuarto lugar, señorías, el proyecto de ley pone en peligro el correcto desarrollo de las actividades reguladas. Con ánimo meramente de control de los costes regulados, el proyecto de ley vuelve a modificar el régimen retributivo de las actividades reguladas, el transporte y la distribución, bajo la justificación de que se trata de actividades de bajo riesgo. Así se modifica la metodología de determinación de la tasa de retribución aplicable a la inversión neta reconocida o a las diferentes actividades, pasando la referencial al rendimiento de las obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario.

Más allá del carácter —podríamos decir— arbitrario de la norma, hay que decir que esta metodología se aparta de la ortodoxia regulatoria a nivel europeo. No la encontrarán en ninguna. Ello puede poner en riesgo el correcto desarrollo de las inversiones necesarias para garantizar el suministro en el futuro. No hemos de olvidar que, si bien es imprescindible un control en la evolución de los costes regulados, una tasa de retribución por debajo de los costes medios del capital no solo destruye valor para el accionista, sino que difícilmente podrá atraer nuevas inversiones.

Finalmente, una quinta consideración al respecto. Este proyecto de ley no garantiza la sostenibilidad económicofinanciera del sistema. Ello es así a pesar de que el proyecto de ley abunda de manera reiterada en la necesidad de introducir como directriz básica la sostenibilidad económicofinanciera del sistema eléctrico, entendida esta como la capacidad para satisfacer la totalidad de los costes del sistema. Nos parece sensata la necesidad de que se garantice la suficiencia de los ingresos para cubrir los costes y asegurar el equilibrio del sistema, pero este proyecto viene a culminar lo que ha sido habitual y recurrente en estos dos últimos años: cada incumplimiento de los objetivos de déficit generaba nuevas modificaciones de los marcos retributivos de los agentes u operadores sin ningún tipo de justificación, sin ningún análisis a largo plazo del impacto de las medidas y de su repercusión en el funcionamiento del sistema y en la capacidad de dar cumplimiento a nuestros objetivos medioambientales.

Por ello resulta sorprendente, después de las afirmaciones vehementes en otra dirección durante los últimos meses, que al final, en 2013, volvamos a tener un volumen significativo de déficit de tarifa. En los últimos doce días hemos pasado: de acabar con el déficit de tarifa en 2013, a que el ministro Soria comunicase a las cinco grandes empresas que debían seguir financiando el déficit de este ejercicio —3600 millones de euros, como mínimo, que serán más—, a acabar el ministro Montoro con una autorización para su titulización con aval del Estado —parece ser—, evitando con ello que tuvieran que cargar esta deuda en sus respectivos balances. Y todo ello mientras se está tramitando este proyecto de ley.

Pero eso no es lo más grave. Tampoco que tras dos de legislatura se siga acumulando déficit y además se renuncie a la financiación parcial mediante las enmiendas presentadas por el Grupo Popular de los costes del sistema eléctrico no estrictamente vinculados al suministro eléctrico. Lo más grave, señorías, y con esto acabo, es que se confunde a la ciudadanía, apuntando que esta medida no tiene ni tendrá coste en la factura eléctrica, cuando el coste medio de la titulización es del 5% y cuando los costes asociados a las anualidades del déficit recogidos en su factura ya superan el 10% de los costes regulados.

En definitiva, el Gobierno vuelve a presentar una propuesta legislativa sobre un pilar básico para el desarrollo del país, su sector energético, sin responder a las demandas de la sociedad actual, que necesita un marco normativo que fomente su eficiencia, incremente su sostenibilidad, ofrezca la necesaria seguridad jurídica y estabilidad a los operadores económicos, respete las competencias autonómicas, también aquí pisoteadas, y no haga recaer los costes de reducción del déficit tarifario en los consumidores o en la competitividad de las empresas, frenando así el desarrollo económico que ha de generar empleo y prosperidad en nuestro país. Hoy habrían de ser ustedes los que después de todos estos episodios, especialmente y de manera relevante los de las últimas semanas, pidieran la retirada de este proyecto de ley para su reconsideración global.

Estamos ante un gran problema, somos perfectamente conscientes, pero, señorías, este proyecto de ley no soluciona el problema, ni el problema que se enuncia en el título del mismo.

Muchas gracias. (Aplausos.)




Página 8707


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Finalmente, para defender la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, esta mal llamada reforma eléctrica ha sido calificada como chapuza, guirigay o esperpento eléctrico. Cada uno que la llame como quiera, pero en el fondo es más de lo mismo, se trata de un nuevo parche que seguirán pagando los de siempre: los consumidores, las pymes y los autónomos de este país. Intentaré ser sinóptico en relación con los aspectos fundamentales de este proyecto de ley.

Primera cuestión a destacar. Nace con la oposición y el recelo de todos: consumidores, asociaciones empresariales, organismos reguladores, ayuntamientos, comunidades autónomas —muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular— y de la propia Unión Europea. La última carta que ha recibido el Gobierno oponiéndose a la misma ha sido del vicepresidente del Parlamento Europeo, el señor VidalQuadras, eurodiputado del Partido Popular, que dice que esta reforma incumple bastantes directivas, sobre todo en lo relacionado con el ahorro y la eficiencia energética.

Más sinopsis. Diálogo, consenso, colaboración y transparencia: ni están ni se les espera. Responsable de la reforma: en busca y captura por el ministerio de Hacienda. El ministro de Industria y Energía está fuera de juego. Es lamentable que no haya venido a presentar este proyecto de ley hoy al Senado, después de que se haya vuelto como un calcetín con las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Popular el día 29 por la noche. Solo encuentro tres explicaciones: o no se atreve, o está desautorizado por el señor Montoro, o las dos cosas al mismo tiempo. Porque el señor Soria ya no puede hablar de otra herencia que no sea la suya, el déficit Soria. Por eso les deja a ustedes, los senadores del Grupo Popular, que expliquen el fracaso del Gobierno, que no es otro que el déficit Soria. Seguramente, quien tendría que estar aquí es el señor Montoro, que en la práctica es el ministro de energía y lo ha dejado claro en los últimos días.

En cuanto a la situación, a juicio de los consumidores, de los autónomos y de las pymes, que pagan la luz más cara de toda Europa, y a juicio de sectores de futuro, como los servicios que tienen que ver con el ahorro y la eficiencia energética o las energías renovables, su situación es de absoluta desesperación. ¿Por qué, señorías? En primer lugar, porque no hay diagnóstico, porque no hay directrices políticas, porque no hay una coordinación entre los distintos miembros del Gobierno y también porque no hay otro interés que el que ustedes y nosotros conocemos, a pesar de que el Gobierno se lo calle. Pero yo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y en nombre de los consumidores y de las pymes de este país, no lo voy a hacer. Este país necesita ya una auténtica reforma energética. Basta ya de despropósitos, de parches y de leyes de quita y pon. La reforma energética es una de las piedras angulares sobre la que se debe construir la salida de la crisis, es uno de los vectores de competitividad, innovación y creación de empleo que demanda nuestra economía con carácter prioritario, y el Gobierno con sus idas y venidas, con sus dimes y diretes y su absoluta incapacidad para resolver ni un solo problema se la está negando a los consumidores, a las pymes y a los autónomos con el único objetivo de seguir engordando las cuentas de resultados de las grandes eléctricas, que tienen los beneficios más altos de toda Europa.

Señorías, el sector eléctrico necesita competencia, innovación y futuro, y esto no vendrá de la perpetuación del oligopolio actual, como, por cierto, esta ley apoya y consolida. Por ahí solo viene más de lo mismo: opacidad, falta de transparencia y un precio de la luz muy superior a la media de la Unión Europea para los consumidores, tanto domésticos como industriales. Y eso que ellos —me refiero al resto de países de la Unión Europea— no conocen el invento del Gobierno del señor Aznar y del señor Rato, compañeros de Consejo de Ministros del señor Rajoy, que no es otro que el déficit de tarifa; por cierto, un invento que, a pesar de toda la voracidad legislativa que ustedes han llevado a cabo en esta legislatura, no solo no controlan sino que ha seguido creciendo exponencialmente a un ritmo que no tiene precedentes. Si no me creen, les voy a dar datos oficiales. En el año 2012, 5511 millones de euros, un 60% más que en el año 2011; en 2013, solo hasta septiembre, 4362 millones de euros, un 11% más que en el mismo mes del año anterior. Una cantidad que, claro, el día 11 de noviembre, por arte y magia del señor Soria, dijo que se convertiría




Página 8708


en cero euros, para, unas semanas después, con las enmiendas del Grupo Popular, ascender a los 3600 millones de euros. De momento. ¿Alguien entiende algo? En todo caso, señorías, a final de año los expertos reconocen que habrá 30 000 millones de euros de déficit, otro triste récord del equipo económico del señor Rajoy, un equipo económico que sabe que esa cifra es muy peligrosa, y no solo para todos nosotros como país, también para las grandes eléctricas. Ese es el motivo que a ustedes les ha llevado a presentar este proyecto de ley, y no otro, cuyo objetivo —al menos el declarado— es precisamente eliminar el déficit de tarifa, eso sí, sin alterar el statu quo actual. Y, claro, no es fácil, y menos en la situación macroeconómica y presupuestaria en que nos encontramos.

Señorías, es muy difícil seguir defendiendo los intereses de unos pocos a costa de los de muchos y es muy difícil seguir dañando el interés público en beneficio del interés privado sin que se note demasiado. De ahí las idas y venidas, de ahí las rectificaciones de última hora: ciento cinco enmiendas del Grupo Popular a un proyecto de ley que tiene ciento trece preceptos; algunas de ellas de calado, como con la que ustedes se cargan un proyecto de ley que hemos aprobado hace menos de dos meses en esta Cámara, que es la concesión de un crédito extraordinario de 2200 millones de euros para el sistema eléctrico, una auténtica enmienda a la totalidad del Gobierno al Gobierno. Disparate, despropósito, improvisación…, justo lo contrario de lo que necesita el sistema eléctrico en este momento y justo lo contrario de lo que necesita nuestra economía. Porque, señorías, unos altos precios de la electricidad, primero, hacen perder competitividad a la industria española, en segundo lugar, es peligroso para el empleo y, en tercer lugar, supone perder poder adquisitivo para los ciudadanos, que ya se encuentran demasiado agobiados con las políticas antisociales de este Gobierno.

Señorías, esta reforma perpetúa el oligopolio, es decir, perpetúa precios caros de la electricidad, y la primera consecuencia que tendrá será una subida importante del recibo de la luz en el mes de enero, que los expertos cifran entre un 7 u 8 y un 14%, unos precios eléctricos que, por cierto, están bajo sospecha por el nuevo regulador, puesto que han aumentado, solo en lo que va de mes, un 60%. ¿Eso es lo que ustedes quieren para España? ¿Más de 400 000 pymes destruidas en un año, el 26% de la población activa en paro y más de seis millones de personas en situación de pobreza energética no son motivos suficientes para hacer una auténtica reforma energética, y no este esperpento eléctrico que ustedes nos presentan? Señorías, es necesario revertir esa situación económica y social, y para ello la energía es un factor clave para la economía en términos de crecimiento, de competitividad, de innovación y también de sostenibilidad medioambiental. Pero para ello es necesario que esta falsa reforma se retire y se presente una nueva, que deje de culpabilizar y de hacer pagar los platos del desbalance energético a los consumidores y a las energías renovables, que eso es precisamente de lo único que habla y lo único que propone este proyecto de ley.

No se engañen, señorías, y, sobre todo, no engañen a los ciudadanos. No estamos ante una nueva propuesta normativa, sino ante una vieja y conocida. Este proyecto de ley es una vuelta de tuerca más a la legislación vigente para consolidar aspectos fundamentales de esta, recortando de forma retroactiva actividades reguladas, como es el caso de las energías renovables, o elevando los peajes a los consumidores, como en el caso del autoconsumo. Esta falsa reforma consagra las actuales ineficiencias del funcionamiento del mercado eléctrico dejando indemnes las retribuciones que a través de él reciben las energías convencionales y el mantenimiento de incentivos a la inversión. Una vez más, el Gobierno intenta confundirnos al identificar costes reales del sistema con costes regulados. Y ustedes saben, señorías, que no es así.

Señorías, el diagnóstico del Gobierno desprecia partidas que son muy relevantes, lo que también forma parte del origen del déficit y, sin embargo, ustedes no tienen en cuenta no sabemos por qué motivos, aunque en más de una ocasión les hemos pedido explicaciones.

Me refiero, en primer lugar, a la sobrerretribución que reciben tecnologías como la nuclear y la hidroeléctrica, y ¡ojo! estamos hablando de entre 2200 y 3500 millones de euros al año. Les hablo también de la sobreinversión de ciclo combinado y del exceso de pagos por capacidad que esta situación está generando. Les hablo también del mal funcionamiento del mercado de fijación de precios, que ha aumentado considerablemente los costes del suministro. Y de tantas otras cuestiones que están pendientes de resolver y que tanto a las grandes eléctricas como a este Gobierno no les interesa resolver. De todo eso tenemos que hablar si queremos acometer una




Página 8709


verdadera reforma energética, una reforma energética que, por supuesto, no se parezca a la actual, porque ustedes la vendieron a bombo y platillo en el mes de julio y antes de entrar en vigor es un fracaso rotundo. Porque incumple su primer objetivo, que es eliminar el déficit de tarifa, y además tiene una primera consecuencia, que es una importante subida del recibo de la luz en el mes de enero, y porque ustedes con esta reforma se cargan las energías renovables y la democratización de la energía, que no es otra que el autoconsumo.

Esta reforma, además, va a ahondar en los actuales problemas que tiene la industria española, la empresa española, que no es otro que los altos costes energéticos. Estamos viendo hoy en los medios de comunicación cómo veintiuna plantas industriales de este país han tenido que cortar la producción por los altos costes energéticos. Además, esta reforma va a perjudicar claramente la inversión extranjera, como también han dicho recientemente el embajador de Francia y el presidente de General Electric, y va a asestar un golpe mortal a la seguridad jurídica de nuestro país al alterar el régimen jurídico de tecnologías renovables existentes. Porque, señorías, cuando en este proyecto de ley cambian las normas a mitad del partido, no solo se crea una inseguridad jurídica en el sector eléctrico sino también en el conjunto de la economía, afectando a nuestra marca país, por mucho que ustedes lo nieguen. Por cierto, hablando de marca país, el otro día una consultora, Brand Finance, nos dijo que la marca país en España ha perdido en su valor un 20% en el año 2012 y que se encuentra entre las diez del mundo que más han perdido en el año 2012. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.) Tenemos una marca país profundamente dañada por normas como estas, normas retroactivas, confusas, desnortadas e improvisadas que solo tienen como objetivo acabar con las energías renovables y con el ahorro y la eficiencia energética, sectores, por cierto, que nos pueden ayudar a crecer y a salir de la crisis. Pero ustedes, con este proyecto de ley, ponen el foco en desandar el camino andado durante estos años. Hemos conseguido reducir dependencia y emisiones, crear empleo y tener empresas líderes en el mundo en este sector, y para desandar el camino recorrido proponen un injusto ajuste retributivo que altera la retribución de inversiones ya realizadas en energías renovables con un nuevo modelo basado en conceptos difusos, como el de rentabilidad razonable, y en incentivos de dudosa eficacia que van a dar como resultado la quiebra de miles de pequeños inversores en nuestro país.

Tampoco ayuda al futuro económico y al futuro energético de este país establecer un impuesto al sol equivalente al 9% de la energía autoproducida, y todo eso con el único objetivo de cerrar el paso a fuentes energéticas que son una verdadera amenaza para el oligopolio eléctrico pero que, efectivamente, producen ahorro para el país y también para muchas familias.

Señorías, ha llegado la hora de decir basta ya y de ponerse del lado de quien realmente nos necesita, de ponerse del lado de los más de seis millones de personas que en nuestro país, en estos días, en un momento de duro invierno, tienen dificultades económicas para hacer frente al frío y que se encuentran con un Gobierno que, en vez de ayudarles, precisamente está aprobando un proyecto de ley que va a propiciar en el mes de enero una importante subida del recibo de la luz y también una deuda con las grandes eléctricas en forma de déficit tarifario, al menos de 3600 millones de euros, como se reconoce en las propias enmiendas del Grupo Popular.

Es necesario, señorías, ponerse de parte de las pequeñas y medianas empresas, que pierden competitividad por los altos costes energéticos, inasumibles e impropios en un país de la Unión Europea. Hoy el economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía ha dicho que los altos costes que hay en España dañan la industria, dañan el empleo y dañan la recuperación. Y les recuerdo que con el Partido Popular no solo está subiendo de manera desorbitada la luz, sino que solo en lo que va de mes ha subido un 60%. Está marcando un récord histórico. Eso no se conocía desde el año 2002, en ningún momento de la crisis económica, lo que ha provocado, insisto, el cierre temporal de veintiuna plantas industriales. Y ya veremos lo que pasa en los próximos días.

Es necesario ponerse de parte de miles y miles de pequeños inversores que han apostado por la innovación y el futuro y que han invertido parte de sus ahorros en recursos autóctonos como el viento y el sol para la producción de energía eléctrica que, por cierto, es una fuente de generación de riqueza y también de creación de empleo. Y es necesario ponerse del lado de unos consumidores que están perdiendo poder adquisitivo y que tienen derecho a participar en un mercado competitivo y transparente, sin que se les impongan hipotecas invisibles, como es el




Página 8710


déficit de tarifa, y sin que se les obligue a cargar con costes que son sobrerretribuciones de algunas tecnologías.

Señorías, este país —voy terminando— no se merece un Gobierno así. La gravedad de lo que está ocurriendo en el sector energético en los últimos días exige una rápida y contundente respuesta, y la primera es poner punto y final a esta reforma de charanga y pandereta, que parece más un espectáculo de culebrón televisivo que una política seria. Y en segundo lugar requiere sentarnos y hablar, pero eso, señorías del Partido Popular, con ustedes es simplemente imposible.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Palacios.

El seños PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señora presidenta.

Después de todo lo que acabamos de escuchar, les tengo que decir que esta ley y todas las disposiciones que se han tenido que tomar a lo largo de estos dos años van en la buena dirección, a pesar de lo que dicen ustedes. Y lo que pretenden es lograr el escenario de estabilidad y conseguir que nuestro sistema eléctrico cumpla con los objetivos que de él esperan nuestro país y nuestra economía, es decir, que tengamos seguridad de suministro, que tengamos una energía competitiva y que logremos la sostenibilidad del sistema. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Comprendo que a algunos no les gusta que se les recuerde la pésima herencia que también en materia energética nos dejó el Gobierno anterior. Yo les voy a dar algunas cifras, no voy a hacer juicios de valor. Entre el año 2005 y el 2012 los precios de la energía subieron un 67%. La realidad fue que los costes regulados se elevaron un 197% y las tarifas de acceso subieron en tan solo un 122%. Por eso, el déficit de tarifa —que se empezó a generar, señora Capella, en el año 2005 y no en 1997— en junio de este año llegó a los 26 000 millones. Triste récord, señor Alique, porque en la época del presidente Zapatero, 2005-2011, fue de 23 000 millones. Y ahí está, señor Iglesias, ese misterio inescrutable que usted no sabía dónde estaba. Otro dato, no juicio de valor: en el año 2003 el coste de la energía en España estaba situado en la parte media—baja de la Unión Europea, y en el año 2011, señor Alique, teníamos la energía más cara del continente, solo superada por la de Chipre y la de Irlanda, con lo que esto implica, según nos decía usted, de pérdida de competitividad, de puestos de trabajo y de poder adquisitivo. Repito que estos no son juicios de valor, son datos, y lo que nos tenemos que preguntar es cómo se llegó a esta situación. La respuesta es muy sencilla: entre otras cosas, porque entre los años 2005 y 2011 los costes de las materias primas del régimen especial se incrementaron ni más ni menos que un 700%. Tampoco es un juicio de valor, es un dato.

Señorías, el Gobierno anterior dejó como herencia un sistema energético insostenible, y si el actual Gobierno no hubiera tomado ninguna de esas catorce medidas que nos decía el señor Iglesias, o este proyecto de ley, repito, si no se hubiera tomado ninguna medida en 2012, el déficit de tarifa de dicho año habría sido de 10 000 millones y en 2013 de otros 10 000. Esta y no otra es la realidad, aunque, lógicamente, a todos ustedes les hemos escuchado críticas a este proyecto de ley y a todo el conjunto de medidas que se han ido implementando en estos dos años. Son medidas, señor Alique, que es cierto que no han gustado porque han supuesto un coste para todos los actores del sistema eléctrico, es decir, para las empresas convencionales que producen electricidad, para las empresas de energías renovables, para los consumidores y también para el Estado.

Cuando el presidente Rajoy llegó a La Moncloa había dos opciones. La primera de ellas hubiese sido seguir la senda trazada por el Gobierno anterior, con lo cual el sistema eléctrico inevitablemente hoy estaría quebrado y, además, el recibo de la luz habría tenido que subir un 40%. Recordemos que en la etapa anterior, 2005-2011, había subido ya un 76%. La otra opción era tomar las medidas que se han ido adoptando a lo largo de estos dos años, esas que tanto critican ustedes. Ahora, con esas medidas hemos conseguido que la luz haya subido en estos dos años tan solo un 4,9%, no un 11% como aquí he escuchado. Además, ha sucedido algo que no había ocurrido desde el año 2006, y es que en tres ocasiones en estos dos años, en octubre de 2012 y en enero y abril de este año, el precio de la luz ha bajado. La última vez bajó un 6,2%.




Página 8711


Por tanto, creo que la situación que nos legaron del sistema eléctrico era grave, insostenible, y era imprescindible ponerle remedio con urgencia. Y este, señor Alique, es el diagnóstico, ese diagnóstico que usted dice que había que hacer. Este es el diagnóstico, esta es la realidad, y está hecha, no con juicios de valor, sino con datos. Por eso, porque había que hacerlo con urgencia, no ha sido posible llegar a cabo ese proceso de diálogo y de participación que varios de ustedes han ido mencionando que se tenía que haber llevado con todos los agentes del sector y que es lo que indican también en sus vetos. No ha sido posible porque, debido a esa crítica situación, ha sido preciso implementar una reforma que permitiera que la no estabilidad y la no sostenibilidad económica de nuestro sistema eléctrico no pudiera lastrar nuestra ya debilitada credibilidad y reputación internacional. Por eso, señorías —me refiero a los que han intervenido antes—, este proyecto de ley, como todas las disposiciones que se han tomado a lo largo de estos dos años, lo que pretende es dar un giro de 180 grados a la errónea política energética llevada a cabo en la etapa del presidente Zapatero en los dos Gobiernos, porque hay que tener muy presente —y esto también son datos y no juicios de valor— que en el año 2004 no había déficit, y en el año 2011, insisto, era de 24 000 millones de euros. Esta y no otra era la realidad, y estos son los datos que sirven para centrar el problema.

Antes de hablar de los vetos, debo señalar que las modificaciones que este proyecto de ley introduce en la Ley 13/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, y en la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética en relación con la financiación de los costes del sistema eléctrico, no supone la introducción de obligaciones a cargo de las comunidades autónomas y sí solo del Estado, a cuyas leyes de presupuestos generales se refieren explícitamente las modificaciones introducidas.

Con relación a los vetos de los señores Iglesias y Mariscal y Guillot y Saura, debo señalar que están llenos de medias verdades, de prejuicios ideológicos sobre cómo se ha ido marcando la política energética a lo largo de estos años pasados, y por un análisis poco realista y operativo, porque una vez más insisten en que la actual ley pretende acabar con las energías renovables, que impide el autoconsumo y que facilita la pobreza energética.

Yo creo que a estas alturas ya tenían que saber, y estos también son datos y no juicios de valor, que el 56% de la factura eléctrica son costes ajenos al suministro y, de ellos, el 21% se debe a las primas de las renovables y a la cogeneración. Y deben saber ustedes que fue el Gobierno del presidente Zapatero el que a partir de 2007 introdujo las renovables y lo hizo sin ningún control. Y es que la previsión que tenía era que se iban a instalar 400 megavatios de energía fotovoltaica, pero se les fue de la mano y al final se instalaron 2600 megavatios. Y además, por ese prurito que tenían de ser los primeros y los más ecológicos, propiciaron su instalación en unos tiempos en los que esa era una tecnología que estaba inmadura y que tenía unos costes muy altos. Por eso, se implantaron cuando su instalación era siete veces más cara que lo que cuesta ahora. Es decir, nuestro país fue el conejillo de Indias, en el que se ensayó todo lo que ahora se está instalando a precios muchos más baratos en los países de nuestro entorno.

Y, señorías, fue así como este país se llenó de placas, cuya energía costaba al sistema 480 euros el megavatio/hora, cuando el mercado lo pagaba a tan solo 40 euros. Y fue el propio Gobierno del presidente Zapatero el que se percató del despropósito que habían montado, lo trató de corregir y echó marcha atrás. Y por eso ahora el ex ministro Miguel Sebastián la semana pasada confesaba que lamentaba pasar a la historia por ser el ministro que frenó las renovables. Por tanto, no digan que fue el Gobierno de Rajoy el que ha dado marcha atrás, porque el primero que lo hizo fue el Gobierno de Zapatero.

Y, señorías, aunque ustedes lo repitan mil veces, es falso eso de que el Gobierno actual quiere acabar y no apoya las renovables. Repito: eso es falso, ya que sería totalmente absurdo que en un país donde tenemos sol y viento no hubiera energía procedente de las renovables. Ahora bien, una cosa es lo que había antes y otra es que ahora lo que se pretenda es reconducirlas, apoyarlas en su justo término y controlarlas para que no lastren nuestro sistema eléctrico. Tienen que saber sus señorías que gracias a las medidas que este Gobierno ha tomado se ha recuperado la solvencia, la sostenibilidad y la viabilidad de esas energías renovables.

Por otro lado, a los senadores Iglesias, Mariscal, Saura y Guillot les tengo que decir que si se cumpliera al pie de la letra todo lo que plantean en sus vetos respecto de las renovables, que, como todos sabemos, son una fuente de energía que no se puede gestionar, que produce




Página 8712


intermitencias y que no se puede almacenar, estaríamos poniendo en riesgo algo tan fundamental como es la seguridad de suministro, que era el primer objetivo, como decía al comienzo de mi intervención, que tenemos que garantizar, ya que nuestro sistema eléctrico carecería del respaldo necesario de generación en determinados momentos. Y por si esto fuera poco, además el recibo de la luz tendría que subir por encima del 8%. Y entonces, señorías, sí que tendríamos pobreza energética, entonces sí que habría pobreza.

Los senadores Iglesias, Mariscal, Saura y Guillot hablan del autoconsumo y de la creación de proyectos que promuevan ahorros de costes del sistema para algunos sectores, lo cual implicaría que lo que unos ahorran tendría que ser repercutido al resto de los consumidores, es decir, a aquellos que por no contar con la capacidad económica suficiente no puedan salirse del sistema, es decir, los de una capacidad económica menor. Por tanto, los beneficios que plantean para algunos implicarían una discriminación para el resto, por lo que su pretensión es totalmente injusta.

En los vetos —lo han dicho los seis portavoces que los han defendido desde esta tribuna— han hablado del oligopolio y, lógicamente, han vuelto a repetir eso de que este Gobierno lo que hace es legislar al dictado de las grandes empresas. Pero yo no les he escuchado decir a ninguno de ustedes que el actual Gobierno es el que ha establecido nuevos impuestos a esas grandes empresas, por ejemplo, uno que grava el almacenamiento de residuos nucleares, otro que grava la generación eléctrica y también otro que grava el canon por la utilización del dominio público de los ríos.

Ustedes saben que las medidas tomadas por este Gobierno están lastrando el beneficio de esas grandes empresas. Tengo aquí un recorte de prensa, del pasado día 7 de noviembre, en el que se dice que, como consecuencia de las reformas del Gobierno, el beneficio de Endesa en los nueve primeros meses de este año se veía reducido un 7%. Esa caída se produjo antes de esa enmienda de la que ustedes han hablado y que se ha introducido por nuestro grupo durante el debate en el Senado de esta ley, con la cual esas grandes empresas van a tener que meter en sus balances otros 3600 millones de esa parte del déficit que iba a correr por cuenta del Estado y que ahora, por tener que cumplir con el objetivo del déficit público, va a ser cargado a eso que ustedes denominan el oligopolio, un oligopolio que me da la impresión que estaba mucho más contento con el Gobierno de Zapatero que con el Gobierno de Rajoy.

En relación con el Grupo Socialista, tengo que decir que en su veto empiezan diciendo que esta ley contribuye a incrementar los errores iniciados en anteriores reformas llevadas a cabo en esta legislatura. Pero lo que yo no le oído al portavoz del Grupo Socialista son los datos y hechos que yo he mencionado en mi intervención y que son los que nos dicen cómo hemos llegado a esta situación insostenible que nos dejaron. A mí me gustaría que nos hablaran de eso, y me gustaría, de una vez por todas, que nos dijeran que el agujero que dejaron en el sector eléctrico es proporcionalmente uno de los mayores que dejaron en este país, un agujero que parece un campo de golf. No lo hacen; lo único que hace el portavoz del Grupo Socialista es repetirnos los mismos argumentos que le estamos oyendo a lo largo de estos dos años. Por eso, señorías, el veto del Grupo Socialista carece de sentido, no ofrece ninguna alternativa viable, no va en la buena dirección y no da solución a la multitud de regulaciones, no siempre coherentes —y con esto contesto también al señor Montilla—, que ustedes aprobaron siendo parte del Gobierno en los siete años del Gobierno de Zapatero.

Por último, tengo que decir a los senadores Capella y Guillot e Iglesias que si están preocupados por la dependencia energética de nuestro país, como parece que lo están, y si les preocupa tanto esa factura energética que tenemos que pagar por la importación de hidrocarburos, esos 45 000 millones, creo que lo tienen muy fácil: lo que deben hacer es apoyar las prospecciones petrolíferas en España, ni más ni menos que lo que se está haciendo, por ejemplo, en Cataluña desde los años setenta del siglo pasado. Y apoyen el fracking con todas las condiciones medioambientales impuestas, tanto por la legislación española como por la legislación europea.

Y, señor Iglesias, usted dice que tenemos la energía más cara, mientras que Francia, que está al otro lado de los Pirineos, tiene la más barata. Sí. ¿Por qué la tiene más barata? Porque tienen energía nuclear. A lo mejor habrá que pensar también en eso.

Si ustedes empiezan por ahí, su discurso será más coherente y creíble.

Por tanto, señorías, anuncio que vamos a votar en contra de todos y cada uno de los vetos; que quede claro que de los seis.




Página 8713


Quiero terminar mostrando nuestra satisfacción por el acuerdo al que hemos llegado con los senadores del Grupo Parlamentario Vasco, con el cual hemos firmado cinco enmiendas parciales, y también por el acuerdo al que se ha llegado con el Grupo Convergència i Unió.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Intentaré en el poco tiempo que tengo, que compartiré con mis compañeros del Grupo Parlamentario Mixto, explicar la posición de Unión del Pueblo Navarro respecto de estos vetos.

Decía José Ignacio Palacios, mi compañero, que los vetos estaban llenos de prejucios ideológicos. No creo que tenga dudas de que UPN también esté lleno de prejuicios así puesto que vamos a apoyar los vetos presentados. Tampoco creo que tengan prejuicios ideológicos sus compañeros en Murcia o en Extremadura, que han sido capaces, desde los Gobiernos liderados por el Partido Popular, de presentar un recurso ante las reformas que se han sustanciado en materia energética.

En UPN, donde procuramos practicar una política posibilista a la par que coherente y sensata, somos conscientes de la compleja situación en que se encuentra el sector energético y particularmente el eléctrico con el mix de generación alcanzado y con el déficit de tarifa entre otras situaciones. Porque sin duda alguna, es necesario adaptar el marco jurídico y económico de estas instalaciones de generación. Sin embargo, señorías, entendemos que nunca se pueden olvidar los objetivos 20/20/20, no se puede olvidar la balanza energética del país ni las consecuencias para la sociedad del impacto que supondrá la aplicación de medidas retroactivas para reducir los ingresos que perciben los productores y por supuesto la incertidumbre sobre el futuro de un sector productivo que debe ser estratégico para España, objetivos que están cuestionados por las distintas medidas que se están adoptando.

La reforma del sector eléctrico se va a consumar con la ley que ahora estamos debatiendo y pretende conseguir de manera exclusiva la eliminación del déficit de tarifa para que no comprometa el déficit público, pero sabemos que ha fracasado antes de nacer. Al final de este ejercicio, este déficit, lejos de ser suprimido se consolida, y la más inmediata consecuencia será la subida de la luz, siendo los consumidores los principales paganos. Tenemos la electricidad más cara de Europa. A lo largo de los últimos años los consumidores han visto incrementada su factura en un 70%. En los dos últimos años cerca de un 12%, y aunque se nos dice que la luz está bajando, eso será en casa de los portavoces que lo han dicho, pero les aseguro, señorías, que eso no es así. Y todo ello sin haber eliminado el déficit de tarifa a pesar de las reformas que se han hecho, culpabilizando a las renovables y asestando un durísimo golpe a las empresas del sector de energías renovables, sumidas en la más absoluta incertidumbre en cuanto al marco regulatorio y sumidas en la incertidumbre respecto a sus ingresos futuros y al impacto del real decreto sobre sus cuentas y planes de negocio.

Además, y debido a que el precio de la electricidad se incluye en costes no relacionados con el suministro y la alta fiscalidad motivada por el afán recaudatorio del Gobierno, esto provocará, señorías, una pérdida de competitividad de la industria española. Se ha dicho con anterioridad que hoy la Asociación de empresas de gran consumo de energía advirtió de que veintiuna fábricas han parado total o parcialmente su producción en los últimos días por el repunte de los precios de la electricidad. El pasado día 5 el embajador de Francia en España afirmaba que la principal preocupación de los empresarios franceses es la tarifa eléctrica. Importantes multinacionales manifestaban su preocupación sobre el tema y afirman que el futuro de España está condicionado por el precio de la energía. La seguridad jurídica, señorías, que afecta a las inversiones en nuestro país, queda completamente cuestionada poniendo en serio riesgo futuras inversiones por la falta de seriedad de nuestra marca España. Importantes fondos de inversión internacional ya han demandado a España ante el Centro Internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones, organismo de arbitraje perteneciente al Banco Mundial. por los recortes en las renovables. No hay visión ni a medio ni a largo plazo. No hay modelo, no sabemos cuál es el mix energético que se pretende. Entendemos que es hora ya de contar con un modelo energético para España y vemos con pena y preocupación que la ocasión pasa de largo.




Página 8714


Era y es fundamental un consenso y no acuerdos puntuales de última hora, es necesario un acuerdo político y un consenso con los diferentes agentes políticos y sociales. Esto debía haber sido cuestión de Estado, política de cuestión de Estado, y con mucha pena lamentamos que eso no haya sido así. En definitiva, señorías, todas las medidas relacionadas con el sector eléctrico han ocasionado un auténtico caos regulatorio.

Somos conscientes de la nada pacífica situación —como decía— del sector energético, pero el Gobierno ha sido habilidoso visualizando de manera injusta un culpable principal, como son las energías renovables. El ejemplo más claro de que eso no es cierto lo tenemos en que, a pesar de todos los cambios regulatorios que se han realizado en estos últimos años, no se ha conseguido atajar el déficit de tarifa ni estabilizar el precio de la luz; por lo tanto, algún otro culpable, señorías, tiene que haber. Sin ir más lejos y por poner algún ejemplo, las centrales nucleares e hidroeléctricas perciben precios muy superiores a sus costes, además de sus diversos pagos regulados que les han permitido recuperar sobradamente sus inversiones engordando el déficit de tarifa. Aún más —lo decía el senador Iglesias—, en las subastas CESUR se vienen registrando subidas no explicables cada vez que se acerca el momento de fijar los precios del recibo, y esas subidas no investigadas acaban en el recibo de la luz de los consumidores; una vez fijado el precio para el consumidor, curiosamente vuelven a caer los precios de las subastas.

No compartimos las medidas que se proponen en este proyecto de ley sobre el autoconsumo. Se ataca de manera sorprendente al autoconsumo con la imposición del llamado peaje de respaldo para soportar los costes del sistema eléctrico, que lo hacen inviable. El autoconsumo evita costes y racionaliza el consumo, favorece el desarrollo igualitario de la industria energética, promueve la competitividad entre tecnologías y el abaratamiento de costes y reduce el precio en la electricidad para el consumidor final, y lo último y quizá lo más importante, crea empleo.

Los consumidores que opten por generación exclusivamente para autoconsumo ya están pagando los costes del sistema eléctrico como consumidores; además, la no utilización de la red para vertido como agente productor no debería suponer un coste de servicio no prestado. Por otra parte, no deberían estar sujetos a la instalación obligatoria de un contador para el autoconsumo instantáneo. El peaje de respaldo dificulta la generación distribuida y todas las ventajas a ella asociadas, incluyendo el desarrollo o continuidad de la actividad económica ligada a la fabricación, instalación y explotación de actividades.

En definitiva, señorías —luego hablaré de la circunstancia muy concreta que vivimos en Navarra en relación con las energías renovables, porque debo compartir turno con mi compañero—, con preocupación no solo por la escasa competitividad de las empresas navarras y españolas, sino por el ataque que va a suponer y el riesgo de quiebra de muchas familias navarras y españolas por las regulaciones que se están adoptando en materia energética, votaremos favorablemente a los vetos. No se puede cambiar las reglas a mitad de partido, no se puede engañar a las personas que de buena fe, confiando en los anuncios que hacía el IDAE —a mí me da igual qué Gobierno gobernara; está bien para el debate político que si la culpa fue tuya o fue mía—, que decía: El sol puede ser suyo, usted está contribuyendo al desarrollo sostenible de su comunidad ya que está evitando la emisión de CO2 a la atmósfera, con apoyo bancario, con financiación sustancial, del 80%, y con rentabilidades del 9% considerando un plazo de veinticinco años.

Señorías, hay que pensar, hay que ser serios como país, porque nos arrepentiremos de las consecuencias de estas medidas y tardaremos mucho tiempo en superarlas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador del Grupo Parlamentario Mixto, señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

En este proyecto de ley hay ideología, ¡claro que hay ideología!, pero hay también intereses, y lo que lo convierte realmente en peligroso es la suma de los dos elementos: una visión conservadora del modelo económico y de desarrollo en la que lo medioambiental es visto como un obstáculo, como un problema, y los lobbies de las grandes productoras de energía eléctrica, que pretenden cargarse a la competencia, como los bancos se cargaron a las cajas de ahorros —es verdad que con ayuda de algunos de los gestores de esas mismas cajas de ahorros—.




Página 8715


Los que defienden la libertad de mercado no dudan en corregir al mercado desde el Boletín Oficial del Estado propiciando determinados grupos empresariales frente a otras iniciativas empresariales. Y yo creo que lo más clarificador ha sido precisamente cómo terminó su intervención el portavoz del Grupo Popular, diciéndonos que la alternativa estaba en el fracking —a pesar de lo que el Proyecto Castor ha manifestado—, en las nucleares y en las prospecciones petrolíferas.

Frente a ese modelo ideológico, económico y de intereses empresariales, legítimamente defendemos otro modelo, ideológicamente también, el modelo más respetuoso con el medioambiente, que busca superar la dependencia a partir de las energías renovables e incluso con mecanismos no tan respetuosos como el medioambiente, pero que están ahí. Ustedes, a la vez que reafirman la necesidad de fortalecer la autonomía energética de nuestro país, están cerrando las minas de carbón, que son el único elemento autóctono de producción de energía que hemos tenido históricamente; y le han puesto ya fecha de caducidad.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en la defensa del proyecto de ley, dice que cambian el modelo. No, señores, seamos claros; ustedes no cambian el modelo. Puedo compartir muchas de las críticas que realizan al modelo energético que han desarrollado todos los Gobiernos que ha habido en este país, pero ustedes solo cambian el modelo en lo que afecta a las energías alternativas y renovables; consolidan al 100% el resto de las cuestiones. Todo lo que hace referencia a la fijación del precio de la energía más allá de lo que tocan, de las renovables y del autoconsumo.

Decía que el Gobierno ha repartido los costes del sistema entre todos los operadores, pero lo cierto es que hay algunos que pagan más de una vez. Nos decía, los consumidores, el Estado… No, porque son lo mismo. Son lo mismo los consumidores y el Estado, pagan vía impuestos a través de las aportaciones estatales a las eléctricas y pagan su recibo como consumidores. Y, haciendo ya una pirueta, consiguen convertir en consumidores a quienes han optado por el autoconsumo; es decir, por salirse del mercado como consumidor, a través de ese peaje de respaldo ―al que no hice referencia antes porque no tuve tiempo― que es otro de los motivos de nuestro veto.

Por eso, creemos que la reforma es, por una parte, negativa y, por otra, absolutamente insuficiente.

En la defensa del proyecto de presupuestos reafirman la necesidad de mantener ―y a ello hacía referencia también la portavoz de Unión del Pueblo Navarro― el cumplimiento de los objetivos de Europa 2020. ¿Cómo vamos a conseguir la generación del 20% a partir de las energías renovables con la regulación que ustedes establecen de aquí a 2020?

Insisten en que se ve la luz al final del túnel. Yo veo esa luz muy lejos pero, eso sí, les reconozco que nos va a salir carísima, que nos va a costar un ojo de la cara.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Muy buenas noches.

Como ha dicho el senador Montilla, la verdad es que este proyecto de ley se debería haber discutido con más tiempo, con más luz, con más taquígrafos, con mayor sindéresis para lograr algo mucho más acabado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

A mí me recuerda a cuando uno entra aquí y, en ese aparato de agua, al coger un vaso se queda con cuatro en la mano. Uno viene aquí a debatir presupuestos y no solo debate presupuestos sino que debate presupuestos y cuatro proyectos de ley más.

Además, este proyecto de ley entró en la Cámara y se publicó en el boletín el 23 de noviembre, finalizó el plazo de enmiendas el 29 de noviembre, pocos días después se dictamina en la comisión y hoy, en menos de un mes, tenemos el proyecto de ley aprobado.

Por ese motivo, mi grupo parlamentario no ha presentado un veto a este proyecto de ley del sector eléctrico, y por eso intervengo en el turno de fijación de posición. Y no lo hemos presentado no porque no hubiera motivo sobrados para ello, que tal como se ha visto los hay, sino porque pensábamos que podíamos corregir el proyecto a través de enmiendas parciales, e incluso compartidas, que es lo que hemos hecho. Porque nosotros creemos, y todos coincidimos, que la energía es un pilar esencial para el correcto funcionamiento de nuestra economía. El cambio




Página 8716


climático, el incremento de la dependencia energética y los precios más elevados son retos a los que hay que enfrentarse y que necesitan propuestas de solución para dar confianza, seguridad y estabilidad no solo y principalmente a los consumidores, sino también al conjunto del propio sector de la energía, que es fundamentalmente estratégico en el sistema productivo.

El Grupo Parlamentario Vasco, como siempre, ha trabajado para el desarrollo del sector energético y para que su regulación redunde en un sistema que sea sostenible, tanto económica como medioambientalmente; y también estamos comprometidos con el entorno en el que se desarrolla su labor. Nuestro grupo es consciente de que el sector energético tiene que afrontar importantes retos de futuro que requieren una política energética a largo plazo proponiendo y apoyando medidas que reflejen los objetivos básicos de competitividad, sostenibilidad y seguridad del suministro, básicos y fundamentales en cualquier política energética.

Sin embargo, este proyecto de ley presenta sombras para resolver la difícil situación del sector eléctrico. Es incomprensible que una ley que afecta a un sector tan estratégico se haga a espaldas de los sectores afectados, desde los consumidores a las empresas y sin ninguna colaboración con los grupos políticos más que al final. Nos hemos venido ofreciendo por activa y por pasiva para colaborar en la elaboración de medidas y no hemos tenido, insisto, ninguna respuesta positiva al inicio, sino solamente al final y casi como un gran parche.

Porque, señores del Grupo Popular, a hechos consumados es complicado el entendimiento; porque de la energía depende la competitividad de nuestro tejido industrial, la sostenibilidad del medioambiente, el bienestar de los ciudadanos y, en definitiva, el desarrollo económico y social. Además, de la falta de diálogo que mencionaba —aspecto importante para afrontar los muchos retos a los que se enfrenta el sector energético— esta ley no da solución a muchos de ellos, y simplemente, por señalar algunos, citaré los siguientes: se manifiesta una clara voluntad recentralizadora en el área energética al producirse una clara invasión competencial, tanto en materia de autorizaciones, utilizando el subterfugio del informe preceptivo y vinculante de la Administración central, como de seguridad, siendo el culmen de la regulación respecto de la distribución de la energía eléctrica donde se produce la más flagrante vulneración de competencias, desapareciendo las actuales competencias, entre otras, las relativas a la planificación, a la aprobación y al desarrollo de los planes de inversión. Ello, como bien puede entenderse, es inaceptable para nuestro grupo parlamentario. Tampoco incorporaba al principio el proyecto de ley ningún mecanismo ni instrumento orientado a mejorar la competitividad en sectores industriales intensivos en consumo de energía ni evitaba la discriminación económica en el suministro entre territorios.

El tejido industrial es una de las claves más claras para intentar salir de la actual situación de crisis económica. Diversos sectores que compiten a nivel internacional están pasando por un mal momento, con una profunda preocupación por su futuro. El incremento de los costes energéticos regulados supone, además, la pérdida de competitividad en sectores cuya actividad se basa en una cartera de pedidos a nivel internacional en competencia con empresas del resto del mundo.

Los altos precios del suministro energético también suponen una agravante adicional que ayuda al cierre y a la deslocalización de la industria intensiva en consumo energético y en el caso, como ustedes bien conocen, de Euskadi que es eminentemente industrial, no es posible que aceptemos esta premisa. Se viene a reconocer también implícitamente la posibilidad de la existencia de déficit y su perpetuación en el tiempo en el caso de que no se superen los umbrales previstos cuando los principios inspiradores de la ley persiguen la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico, entendida como el equilibrio entre los ingresos y los costes del mismo.

Se obliga a los agentes sujetos al sistema de liquidaciones a financiar los déficits que se originen, sin que ello dé lugar al reconocimiento del coste financiero soportado y sin que la cuantía a financiar se halle limitada en modo alguno. Ello puede suponer un quebranto patrimonial a dichas empresas que incluyen el régimen de las energías renovables y se da a entender que el tema del déficit tarifario no está resuelto.

La existencia de un desequilibrio económico en el sector eléctrico es una realidad, porque conforme a la exposición de motivos del proyecto de ley del sector eléctrico las causas de ese desequilibrio se encuentran en el crecimiento excesivo de determinadas partidas de costes no directamente relacionadas con el suministro eléctrico por decisiones de políticas públicas que,




Página 8717


claramente, son política de Estado que exceden el ámbito de las estrictamente energéticas. La extrapeninsularidad, la interrumpibilidad a las políticas de ayuda al carbón, la gestión de residuos radiactivos, las anualidades del déficit, etcétera, son costes no relacionados directamente con el suministro eléctrico y, por lo tanto, no debieran subirse a la tarifa eléctrica, con lo cual, si así se hiciera, mejoraría claramente la competitividad y el precio del suministro. Además, si estas políticas públicas se financiaran mediante los Presupuestos Generales del Estado, los contribuyentes tendrían que abonar el coste exacto de las mismas y, sin embargo, como se financian mediante la tarifa eléctrica, como si fuese un coste del propio producto, los contribuyentes tienen que pagar un 27% más de su coste real, que corresponde al IVA y al impuesto eléctrico. Lo que parece no ser coherente es que los ciudadanos paguen casi un 27% si se financia mediante la tarifa eléctrica que si se financia vía impuestos, ya que al no estar diferenciados, estos en la factura parecen costes asociados al producto eléctrico, quedando, en consecuencia, afectada la recaudación requerida para financiar estas políticas públicas por el IVA y el impuesto eléctrico.

Termino, señor presidente, recordando que el nuevo sistema retributivo de las instalaciones de generación a partir de las fuentes renovables establece su remuneración sobre la base del precio que perciba del mercado más un posible complemento, lo cual debiera permitir obtener una rentabilidad razonable establecida según el tipo de interés del bono a diez años más un diferencial. Dicho régimen no solo sería de aplicación a las instalaciones que entren en funcionamiento tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, sino también a las instalaciones existentes del régimen especial, es decir, aquellas que tenían reconocidos los derechos a la percepción de un régimen económico con base en la normativa vigente con anterioridad al Real Decreto— ley 661/2007. Ahora bien, el propio Consejo de Estado recomienda en su dictamen la adopción de las máximas cautelas a la hora de ordenar la aplicación temporal del régimen retributivo específico que, en su caso, resulte aplicable a las instalaciones existentes, situación que no se ha corregido en este proyecto de ley.

En definitiva, esta reforma plantea incoherencias que no nos satisfacen, ni satisfacen a las comunidades autónomas en sus aspectos competenciales. Tampoco satisfacen a los consumidores ni a ninguno de los sectores afectados, tanto en el régimen especial como en el ordinario. No da respuestas, a nuestro juicio, a los principales retos que tiene la política energética. No es una reforma que aporte estabilidad regulatoria y seguridad jurídica a la política energética, tan necesarias en estos momentos.

Por ello, aunque volvemos a ofrecer nuestra colaboración para el futuro de cara a conseguir arreglar los entuertos de esta ley que solvente este problema, no hemos presentado este veto porque —tenemos que reconocerlo también—, sobre todo en el último tramo de la negociación, hemos logrado consensuar con el Partido Popular cuatro o cinco enmiendas que vamos a presentar conjuntamente.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

¿Grupo Parlamentario de la Entesa? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario de Convergència i Unió? (Pausa.)

Senador Alturo, tiene la palabra.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, estamos ante una Ley del sector eléctrico que supone una pieza central de una reforma energética tremendamente importante para el crecimiento de la industria, la economía, y, en definitiva, yo diría que para la superación de la crisis en la que nos encontramos.

Voy a empezar diciendo que en nuestro grupo vamos a dar un apoyo crítico a esta ley, pero que no estamos de acuerdo con muchos aspectos que en ella se plantean, y que vamos a ser críticos y analistas con todas las cuestiones que entendemos que todavía hay que mejorar y que, en consecuencia, expondremos aquellas razones por las cuales nos parece que es una mala ley y aquellos otros aspectos en los cuales hemos llegado a un acuerdo y, en definitiva, para justificar, de alguna forma este apoyo.

Esta es una ley, ya lo hemos dicho, y lo hemos oído también aquí, en primer lugar, que no tenía que haber entrado por vía de urgencia. Era necesario tiempo para poder dialogar, para poder




Página 8718


hablar bien y, en definitiva, para poder mejorar los acuerdos a los que se ha llegado. Pero creo que la urgencia, a una ley de este calibre, no la favorece mucho.

Esta ley supone prioritariamente una reforma económica y no una reforma energética. Está pensada con un único propósito, el de reducir el déficit de tarifa, y no como una reforma energética que mejore la competitividad de nuestras empresas, sin tener en cuenta los graves perjuicios que puede ocasionar a la economía productiva en estas condiciones.

Nos preocupa que el Gobierno no asuma los 3600 millones de euros, una parte que, según el ministro, formaba aquel tercio, y que manifestó que asumiría, y que, en estos momentos, la situación sea otra. Evidentemente, no podemos entender ni querer en modo alguno que se pueda repercutir esto a las familias y al tejido productivo. Esperamos y deseamos que el Gobierno resuelva esta situación con las empresas productoras y, repito, que en ningún caso suponga una carga adicional a las familias, a los autónomos y a las empresas, pues solo faltaría que el recibo de la luz se viera incrementado como consecuencia de esta situación.

Esta es una ley del Gobierno del Partido Popular, y, evidentemente, va a salir adelante por la mayoría absoluta. Es evidente. Con independencia de nuestro voto. La votemos o no, va a salir adelante. Esta es una realidad, puesto que tienen mayoría absoluta. Y quiero manifestar que es verdad que desde la salida del proyecto de ley del Congreso de los Diputados hemos ido cambiando posiciones, hemos iniciado una negociación y hemos llegado aquí a unos acuerdos, a un pacto. Esto implica que hemos avanzado y corregido aquellos aspectos prioritarios que nosotros considerábamos negativos desde el punto de vista de la ley que tenemos delante.

¿Qué hemos hecho con este pacto y con estas dieciocho o diecinueve enmiendas que van a ser votadas favorablemente? Estamos hablando de un tema muy importante para nosotros. De un tema competencial. Es decir, competencias de las comunidades autónomas. Y evitamos una recentralización de competencias, aspecto este que valoramos positivamente. Por otro lado, también potenciamos la cogeneración como modelo energético que muchas industrias utilizan para ser competitivas. La cogeneración forma parte de su modo de eficiencia para ser competitivas, y, en este sentido, hemos mejorado, lo que nos satisface, pues es industria y entendemos que estamos potenciando la situación de la economía productiva gracias a estas enmiendas. También se mejoran situaciones de otros sectores, como el de la distribución, por poner algún ejemplo.

Quiero decir también que a pesar de este acuerdo la ley continuará perjudicando a determinados sectores productivos de la economía. Porque hay muchos ámbitos de actuación. Y que este posicionamiento favorable no va a su poner ni puede entenderse como un aval a todos aquellos aspectos con los que estamos disconformes, ni renunciamos a continuar trabajando para que sean cambiados en un futuro ni a apoyar a aquellos otros sectores que en estos momentos resulten perjudicados.

Igualmente, este voto no significa en ningún caso que el Govern de la Generalitat tenga que renunciar a plantear aquellas iniciativas jurídicas que crea necesarias si entiende que el desarrollo normativo de la ley vulnera el ámbito competencial o no respeta otros principios básicos.

Esta es la situación. Luego, en el turno de enmiendas daré cuenta de aquellas que consideramos más importantes y que, en definitiva, forman parte de este acuerdo al que hemos llegado.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, anuncio que vamos a votar a favor del resto de vetos presentados. Lamentamos la postura de CiU y del PNV pues parecía que estaban ustedes en el turno de portavoces defendiendo un veto que no han presentado. Deben ustedes explicar por qué no lo presentan si no están de acuerdo con el proyecto de ley. Lo lamento porque, al final, ustedes también van a ser cómplices del déficit Soria y de la subida del recibo de la luz el próximo mes de enero. Y me gustaría expresar de nuevo una queja más formal al ministro de Industria, no tanto hacia él sino hacia el señor Montoro, que en realidad es el ministro de Energía, porque no haya venido a defender este proyecto como tampoco lo ha hecho el portavoz del Partido Popular, el señor Palacios. Cuando usted ha querido defenderlo ha dicho que es falso que se ataque a las energías renovables. ¿Dice




Página 8719


usted eso en Navarra, de donde es usted senador? Yo le he escuchado a la senadora de UPN y piensa lo contrario que usted. Pregunte en la calle a los pequeños inversores, que son muchísimos, y también en su tierra, sobre las energías renovables. Y como no habla del fondo de la cuestión, usted de lo que habla siempre es de la herencia. Y ustedes ya no pueden hablar de otra herencia que no es la suya, que es el déficit Soria, como le he dicho anteriormente.

Mire, no sé muy bien de quién era el aforismo, pero se lo oí decir muchas veces a Mario Benedetti. Él decía que no era suyo, aunque a él le gustaba y a mí también. Decía Mario Benedetti: cuando tenemos las respuestas nos cambian las preguntas. Y en el último año eso es lo que ha ocurrido en el sector eléctrico, que cuando tenemos las respuestas nos cambian las preguntas para que todo vuelva a seguir igual.

Voy a intentar ser sinóptico como he hecho anteriormente. El 12 de julio de 2013 la vicepresidenta comparece, escoltada por Montoro y el ministro Soria, para presentar este proyecto que calificó como la reforma eléctrica definitiva porque iba a resolver el déficit de tarifa en el año 2013. Es verdad que en otras ocasiones, cuando ha presentado medidas en el sector energético han dicho lo mismo.

Sigamos con el relato. 9 de octubre de 2013. Como elemento fundamental de esa reforma que era, según la propia vicepresidenta, como una especie de bálsamo de Fierabrás para el sector eléctrico, el Pleno de esta Cámara, y posteriormente en el Congreso, aprobó una ley para una concesión de un crédito de 2200 millones de euros para el sistema eléctrico que ustedes achacan capciosamente a las energías renovables.

El 11 de noviembre de 2013 el señor Soria dice que no habrá déficit en 2013. El 29 de noviembre de 2013, enmiendas del Grupo Parlamentario Popular dicen que sí va a haber déficit, que será de 3600 millones de euros, como mínimo, que vamos a pagar todos los ciudadanos a escote con esa hipoteca que es el déficit tarifario a quince años con importantes intereses. También ese día, ustedes presentan una enmienda para derogar una ley que aprobamos el 9 de octubre del año 2013. Es decir, con una enmienda del Partido Popular ustedes anuncian el fracaso del Gobierno en este proyecto de ley porque no se va a cumplir el objetivo de que no haya déficit y porque tampoco van a cumplir el objetivo de contención del recibo de la luz. Ustedes están viendo cómo está el mercado marcando en este momento máximos históricos y anunciando que va a haber importantes subidas a pesar de las amenazas del señor Soria. Es decir, un fracaso más, una mentira más, una política fallida más que añadir a la larga historia de atropellos legislativos, de improvisaciones gubernamentales y decisiones equivocadas, la expresión más triste de dos años perdidos para nuestra economía y para nuestro futuro.

Señorías, tal vez no me esté bien decirlo, pero se lo hemos dicho desde esta tribuna y desde otros foros en más de una ocasión: con esas políticas ustedes no van a ningún sitio. ¿Cuántas veces se lo hemos dicho? Se trata, parafraseando al nobel García Márquez, de la crónica de una muerte anunciada. Una muerte anunciada de un modelo simplón y servil que va contra la competitividad y el sentido común, que es un modelo extemporáneo, que seguramente solamente apoya en este momento la Fundación FAES, y que no es ni ha sido sostenible ni ahora ni nunca. Y los ciudadanos lo saben, las industrias lo saben, las pymes lo saben y ustedes y el Gobierno se han quedado solos con las grandes eléctricas. Ya sé que no les gusta que se lo diga, pero son ustedes, el Gobierno, y quienes apoyan al Gobierno y quienes apoyan a los que apoyan al Gobierno los que precisamente por arte de magia han sido y son responsables de un expolio al bolsillo de los consumidores y de las empresas de este país que no tiene precedente en la historia. ¿O es que no lo ven ustedes? ¿No ven ustedes que el Gobierno se ha desmarcado de todos y de todo? Al Gobierno le molestan los compromisos con Europa, le molestan los ayuntamientos y las comunidades autónomas, le molestan los organismos reguladores, les molesta el Consejo de Estado, les molesta el debate parlamentario, les molesta la democracia. Y, sobre todo, ¿saben lo que les molesta? (Rumores.) Sí, sí, fundamentalmente les molestan los consumidores, les molestan las pymes…(Rumores.) Sí, lo digo porque precisamente hoy ha anunciado la ley mordaza a los periodistas, que no van a poder preguntar a partir de ahora los que quieran, sino los que diga el Gobierno en Moncloa. (Aplausos.)

Por eso, señorías, cuando ustedes tramitan un proyecto de ley, no hablan con nadie ni tampoco admiten los criterios de nadie. Eso es un claro ejemplo de torpeza política, de falta de diálogo y consenso, de oscurantismo y mediocridad. ¿Y así dónde vamos, señorías? De tropiezo en




Página 8720


tropiezo, de tarascada en tarascada y, cuando algo se tuerce —que siempre se les tuerce—, De Guindos, Montoro o Soria aparecen para intentar cambiarnos las preguntas porque, una vez más y muy a su pesar, hemos encontrado las respuestas, y vuelta a empezar, de nuevo.

Miren, señorías, dejen de jugar los unos, como el señor Montoro, dejen de hacer el ridículo los otros, como el señor Soria, porque esta charada en la que se ha convertido al final esta mal llamada reforma eléctrica ha de llegar a su final. Hace falta nuevos bríos y también nuevos responsables que sepan afrontar el problema. El proyecto actual está agotado, lo podemos ver en los últimos acontecimientos que han ocurrido. El señor Soria y el señor Nadal deben irse. Es condición necesaria para la mejora de nuestra economía y también del sector energético, es condición indispensable. No podemos soportar ni un minuto más sus frivolidades, ni tampoco su incapacidad para planificar, ni su falta de peso político, ni su cinismo. El espectáculo que ustedes han dado estos días es deplorable. Dimes y diretes, órdenes y contraordenes, déficit que sube y que baja como si fuese una montaña rusa, en definitiva, una auténtica ópera bufa.

Insistimos, nuestros consumidores y nuestras empresas no se lo merecen, nuestro sector eléctrico no se lo merece. Hay que sacarles del atolladero, pero con una auténtica reforma, no con la chapuza que ustedes nos presentan; una reforma que, como les dije el otro día en la comisión, incorpore una visión a largo plazo: en primer lugar, que contribuya a definir un mix energético de futuro para nuestra economía, un mix energético que sea dialogado y consensuado con los agentes públicos y privados implicados; en segundo lugar, es necesario un nuevo modelo regulatorio transparente y estable que genere empleo e inversión y que se fundamente en la seguridad jurídica y en el respeto al medioambiente. Estos dos retos no se enfrentan ni al principio de la reforma, ni, cuando la han dado la vuelta, como al calcetín, con las enmiendas que han presentado en el Senado. Y eso ya es suficiente para que nosotros presentemos este veto y nos opongamos a este proyecto de ley; una posición y un veto que se fundamentan precisamente en la necesidad de defender la renta disponible de los ciudadanos y también la competitividad del tejido industrial español.

Señorías, esta mal llamada reforma eléctrica nace muerta. La ha matado, en primer lugar y en primera persona, el Gobierno y, en segundo lugar, sus cómplices, ustedes, los senadores del Partido Popular con las enmiendas que han presentado. Con esta reforma va a seguir subiendo el recibo de la luz. ¡Y cómo va a subir en el mes de enero! Y también la deuda que tenemos con las grandes eléctricas en forma de déficit de tarifa. Y así, señorías, vamos mal, muy mal. Hay que cambiar el rumbo hacia un nuevo modelo energético —ya lo ha dicho algún senador que me ha precedido en el uso de la palabra— que salvaguarde la seguridad y la sostenibilidad de suministro futuro y que ambicione la industrialización y la recuperación de España más allá de los intereses del oligopolio eléctrico. Hace falta, señorías, una reforma por y para los ciudadanos, una reforma que acabe con la pobreza energética, una reforma que apueste por las energías renovables, por el ahorro y la eficiencia energética y el autoconsumo, una reforma, en definitiva, que apueste por la eficiencia, por la innovación, que apueste por la seguridad jurídica y el respeto al medio ambiente, justo lo contrario de lo que hace esta reforma. En eso, señorías, nos van a encontrar siempre, pero, por favor, dejen de cambiar las preguntas cada vez que no les gustan las respuestas. Y, sobre todo, pónganse a trabajar. Y pónganse a trabajar de una vez por todas, sin trampas, desde la convicción y la generosidad de todos y para todos, porque es muy importante, como le he dicho en mi primera intervención, la energía para la economía. Hoy les recuerdo que el propio jefe económico de la Agencia Internacional de la Energía ha dicho que el alto coste energético es un daño para la recuperación económica y, por supuesto, para la industria y para el empleo, como estamos viendo estos días, con el cierre en las producciones de bastantes plantas industriales en nuestro país por los altos costes energéticos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas son las cosas que se han dicho por parte de los portavoces. Pero tengo que empezar por el señor Montilla porque he de reconocer que me ha hecho gracia oírle hablar del caos normativo en materia energética con el actual Gobierno. Usted fue ministro de Industria y Energía




Página 8721


y me gustaría saber cuántas normas aprobó, si aprobó usted alguna. Porque en la época del presidente Zapatero hubo muchas y, además, inconexas entre sí. Y yo le preguntaría a usted, que ha sido ministro de Energía: ¿era eso un caos normativo como usted apunta?

Le he oído también hablar del abuso por parte de este Gobierno de los reales decretos ley. Me gustaría saber cuántos fueron los que se aprobaron en la etapa del Gobierno socialista, porque hay un dato. En la legislatura pasada yo estaba en esta Cámara y aquí no vino ninguna ley en materia de energía. Lo cierto es que venían muy pocas leyes; los Plenos acababan los miércoles a las doce del mediodía porque el Gobierno no remitía leyes. Pero en materia energética no hubo ninguna. (Aplausos.) ¿Y cómo se legislaba? Pues se legislaba a través de reales decretos ley.

Ha dicho también que con esta ley no se garantiza la sostenibilidad económica del sistema. Pues bien, acabamos de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2014 y en esos presupuestos las aportaciones son suficientes para la sostenibilidad del sistema eléctrico. Hay más de 4000 millones de euros y las medidas de reducción de costes permiten prever que en el año 2014 el déficit será muy escaso. Es cierto, este año iba a ser también muy escaso y, al final, va a tener que ser de 3600 millones. Señores Alturo y Alique, va a ser de 3600 millones, pero esto ha sido como consecuencia de esa enmienda que hemos tenido que introducir en el Senado a esta ley para cumplir con el objetivo marcado por la Comisión Europea sobre el déficit público. El primer objetivo tiene que ser salvar las cuentas de este país y lo que hay que hacer es cuadrar el déficit, entre otras cosas por las implicaciones negativas que iba a tener el no cumplir con ese objetivo de déficit. Porque el primer déficit que nos dejó el anterior Gobierno, por encima del de tarifa y del déficit público, fue el déficit de credibilidad institucional. Y por eso España tiene que cuadrar sus cuentas. Y por eso se van a cargar esos 3600 millones, no al consumidor, sino al oligopolio, a esas grandes empresas que tanto les preocupan a todos ustedes.

Los senadores Iglesias y Guillot nos han hablado de la dependencia energética. El senador Iglesias ha dicho que es del 77%, igual que hace 30 años, aunque otros hablaban del 90%. De acuerdo. Como les decía en mi intervención anterior, lo que tenemos que hacer es buscar fuentes de energía autóctona. Apoyemos las prospecciones petrolíferas con todas las garantías, como se está haciendo desde hace muchas décadas en el Mediterráneo, apoyemos el fracking, no nos opongamos per se. Hemos de hacerlo porque debemos tener muy en cuenta, como también decía el senador Iglesias, que los hogares españoles tienen que pagar 300 euros más al mes que los franceses, y eso es porque en España no tenemos energía nuclear. A lo mejor, insisto, como he dicho en mi intervención anterior, lo que tenemos que hacer es darle una pensada también a eso. Hay que tener muy en cuenta que las condiciones geopolíticas del mundo van a cambiar porque hay un país, Estados Unidos, que es importador de petróleo y que dentro de muy poco va a ser exportador. Por eso, lo que va a suceder, como decía la senadora Capella, es que va a subir el precio del petróleo, entre otras cosas, porque va a aumentar el consumo en otras partes del mundo, por ejemplo, en Asia. Por consiguiente, si tanto nos preocupa este tema, lo que tendremos que hacer es darle entre todos una pensada y eso sí que lo podemos hacer ahora. Después de que se apruebe la ley, me gustaría que hubiera por parte de ustedes iniciativas en ese sentido.

A la señora Mendizabal quiero decirle que en algo estamos de acuerdo, y es en que el sistema energético que teníamos era insostenible. Eso es cierto, estamos de acuerdo. Pero le tengo que decir que el modelo que usted nos ha dibujado me parece que es muy idílico. Nos hablaba del ahorro de energía, de la eficiencia energética, que, por supuesto, hay que seguir apoyándola, pero también nos hablaba de las energías limpias como la gran solución al problema, cuando todos sabemos que esas energías no se pueden gestionar, no se pueden almacenar, producen intermitencias y, por lo tanto, necesitaremos otras energías que no sean las energías limpias.

El señor Alique nos ha hablado de cambiar las leyes a mitad del partido. Señor Alique, esto es lo que hicieron ustedes, ustedes fueron los que pusieron en marcha y los que impulsaron las energías renovables y luego lo cambiaron en el año 2010. Por lo tanto, aplíquese usted el cuento, señor Alique, porque ustedes fueron los que lo hicieron.

También dice que hay que ponerse del lado de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos y de las familias. Naturalmente que sí, pero con el Gobierno anterior la energía subió un 76% y ustedes saben que eso produjo que fueran cientos de miles las pequeñas y medianas empresas y los autónomos que tuvieron que cerrar y la industria perdió 600 000 puestos de trabajo. Le voy a dar un dato, en el periódico de mi comunidad, Diario de Navarra de hoy, donde viene una




Página 8722


noticia que habla de los autónomos que en estos momentos están poniendo negocios en marcha en Navarra y se habla de que en los próximos meses, en el próximo año esto va a ir en aumento. Por algo será. Eso no pasaba en la etapa anterior.

Señorías, esta ley que en estos momentos estamos debatiendo es una ley que va en la buena dirección, es una ley que da un giro de 180 grados a la errática política energética que se siguió durante los Gobiernos del presidente Zapatero y es una ley que nos va a permitir que tengamos un sistema energético sostenible y estable y también nos va a permitir que tengamos la seguridad de suministro y una energía competitiva.

Por eso, como les decía en mi intervención anterior, vamos a votar en contra de todos y cada uno de los vetos y vamos a apoyar algunas de las enmiendas, por supuesto las que hemos presentado conjuntamente con los senadores del Partido Nacionalista Vasco y alguna otra enmienda más, como se verá en el debate de las enmiendas parciales.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las propuestas de veto en el mismo orden en que han sido defendidas. Hay voto telemático, igual que en las propuestas de veto del proyecto de ley anterior, y, de la misma manera, hay dos votos autorizados. Solamente ha emitido voto una de las dos senadoras, la señora García Carrasco. Su voto es en sentido negativo a todas las propuestas de veto. Lo iré añadiendo en el resultado.

Después de la votación entraremos en el debate de las enmiendas y estaremos debatiéndolas hasta las once de la noche. Mañana continuaremos a las nueve de la mañana y la votación de las enmiendas se unirá con la votación de las propuestas de veto del Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones mañana por la mañana.

¿Entendido? (Asentimiento.)

¿Lo repito? (Denegaciones.)

Si ha quedado todo claro, vamos a comenzar las votaciones.

En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228, más 2 votos telemáticos, 230; votos emitidos, 228, más un voto telemático, 229; a favor, 69; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228, más dos votos telemáticos, 230; votos emitidos, 228, más un voto telemático, 229; a favor, 67; en contra, 161, más 1 voto telemático, 162.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de la senadora Mendizabal y de los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230, más 2 votos telemáticos, 232; votos emitidos, 229, más 1 voto telemático, 230; a favor, 65; en contra, 160, más 1 voto telemático, 161; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8723


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229, más 2 votos telemáticos, 231; votos emitidos, 229, más 1 voto telemático, 230; a favor, 68; en contra, 161, más 1 voto telemático, 162.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6, de todos los senadores de Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230, más 2 votos telemáticos, 232; votos emitidos, 230, más 1 voto telemático, 231; a favor, 69; en contra, 161, más 1 voto telemático, 162.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Y finalmente votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229, más 2 votos telemáticos, 231; votos emitidos, 229, más 1 voto telemático, 230; a favor, 69; en contra, 160, más 1 voto telemático, 161.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Pues una vez rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas, empezando por las del Grupo Parlamentario Mixto.

Abran las puertas. (Pausa.)

El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado las enmiendas 1 a 91. Enmiendas 1 a 13 de los senadores Quintero y Zerolo; las enmiendas 14 a 16 y 75 a 91, de la senadora Salanueva y de los senadores Eza y Yanguas, y las enmiendas 17 a 75 de los senadores Iglesias y Mariscal.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 13, tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Presentamos 13 enmiendas porque, aunque es verdad que existe una ley energética para las zonas extrapeninsulares, Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, se nos deja fuera de algunos ámbitos de esta ley. Las 13 enmiendas que presentamos se justifican porque se invaden competencias autonómicas y dejan completamente fuera de cualquier decisión que afecte a estos territorios energéticos a las autoridades de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se invaden competencias y no podrán tomar decisiones sobre la aceptación, por ejemplo, de aquellas energías que estén ubicadas en las aguas territoriales, puesto que ya ha sido aprobado por las Cámaras en la legislatura pasada las aguas territoriales que pertenecen a la comunidad autónoma y donde tiene competencia la Comunidad Autónoma de Canarias. En cambio en esta ley dejan fuera de cualquier decisión o codecisión a la Comunidad Autónoma de Canarias. Por tanto, todas estas enmiendas están destinadas a la no invasión de las competencias de la comunidad autónoma, por el poco margen de decisión que le dejan a la Comunidad Autónoma de Canarias en esta materia.

Por otro lado, sí quería explicar a nivel general por qué hemos votado a favor de los diferentes vetos. ¿Es consciente el Gobierno de las consecuencias para España del recorte retroactivo a las energías renovables y a la energía fotovoltaica? Esta pregunta se formuló el 13 de septiembre de 2011. El Grupo Parlamentario Popular del Senado le hizo esta pregunta al ministro, señor Sebastián, advirtiéndole de que las consecuencias serían gravísimas por los daños y perjuicios económicos a miles de familias y personas físicas y jurídicas que han invertido en estas energías renovables, a algunas de ellas las llevarán a la ruina, señor ministro. Esto lo dijo el portavoz del Grupo Parlamentario Popular el 13 de noviembre de 2011. Y también le dijo: con la inseguridad jurídica que van a crear con esta norma, ustedes nos están asimilando a la inseguridad jurídica a nivel de Azerbaiyán. Asimismo, el 7 de octubre de 2011 presenta una moción José Manuel Barreiro Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en contra de la ley y con la petición de la retirada de esta normativa al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con lo cual,




Página 8724


evidentemente, aquello que en el 2011 criticaban duramente y exigían su retirada, ahora lo plasman. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.) Quiero dejar siete apuntes. Supondrá una ruina inmediata para más de 55 000 familias. Supondrá un nuevo golpe contra la seguridad jurídica. Supondrá un retroceso en el camino que estamos recorriendo sin nuevo modelo energético sostenible, rentable y responsable y gestionable. La palabra gestionable es fundamental pues existen ya energías renovables gestionables y existen modelos gestionables. Supondrá la paralización de una industria generadora de empleo, bienestar, riqueza, y que ha llegado a ser un referente internacional. Mantendrá un modelo energético gravoso para los españoles que pagarán y siguen pagando el recibo de la luz más caro de Europa. No solucionará el déficit tarifario. Por último, perpetúa el statu quo de un oligopolio sobrerrenumerado frente a una población al límite de la pobreza energética.

Seguimos siendo el país más caro de Europa y, desgraciadamente, esta ley va en contra de las renovables y va en contra de lo que en el 2011, en el Senado, el Partido Popular criticó duramente al Gobierno de Zapatero con el apoyo de este grupo. Hoy se han virado las tortillas, unos están en el Gobierno y otros en la oposición, y lo que decían unos, lo dicen los otros, y lo que decían los otros, lo dicen unos. Con lo cual, los dos han hecho mucho daño a las energías renovables.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del senador Eza, la senadora Salanueva y el senador Yanguas, números 14 a 16 y 76 a 91.

Tiene la palabra la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señora presidenta.

Intentaré ser breve para no alargarme mucho dada la hora que es.

En Unión del Pueblo Navarro hemos manifestado nuestra posición con carácter general pero queremos concretar un poco más el porqué de las enmiendas y cuál es la circunstancia que nos motiva a presentarlas, no solo por la preocupación general —que es nuestra obligación—, sino también por lo que ocurre en la Comunidad Foral de Navarra, a la que nosotros representamos.

En Navarra hemos hecho una apuesta estratégica por las energías renovables como motor de desarrollo económico, de compromiso medioambiental y hemos apostado fuertemente por la I+D+i. Somos un referente mundial y durante estos años se han realizado inversiones millonarias que han generado mucho empleo, han motivado y han fomentado la investigación y la formación y hoy tenemos un sector maduro, hasta el punto de que en Navarra representa el 5% del PIB, siendo, por tanto, un sector muy competitivo.

El caos regulatorio en el que nos encontramos, aunque se quiera negar, supone un ataque directo a una parte muy importante de nuestro sector industrial, provocando una total indefensión para las empresas, pero muy especialmente, que es en lo que me quiero centrar, para muchas familias navarras que, como les decía anteriormente, invirtieron de buena fe. El impacto sobre la actividad y el empleo en Navarra va a ser muy negativo puesto que tenemos más de 100 empresas que emplean cerca de 4000 trabajadores. La reducción de la rentabilidad desincentiva no solo la inversión sino que reduce el empleo y no hará viable la devolución de los préstamos concertados, con las consecuencias que eso va a tener no solo para empresas y particulares, sino para las propias entidades financieras de lo que se está denominando ya como la burbuja energética.

Por eso, Navarra ha decidido interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, avalado ni más ni menos que por el 94% del Parlamento de Navarra y también por el propio Gobierno Foral, porque entendemos que hay infracción de la Constitución Española, por tres razones, que muy brevemente les señalaré.

Primero, estas medidas pretenden solucionar una situación extraordinaria o coyuntural con una reforma que es estructural, con una reforma del sistema jurídico y económico de retribución de las energías renovables, pero, como les digo, no puntual para resolver un problema, que no deja de ser una situación extraordinaria, la del déficit, con una medida coyuntural. Por tanto, entendemos que se infringe el artículo 86.1 de la Constitución.

En segundo lugar, entendemos —y así lo entienden los letrados del Parlamento de Navarra— que la normativa de la que trae causa este proyecto de ley, el Real Decreto de julio de 2013,




Página 8725


vulnera el principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales consagrados en el 9.3 de la Constitución.

En tercer lugar, porque se vulnera el principio de seguridad jurídica, menoscabando la debida certeza en el ordenamiento jurídico y frustrando la confianza legítima en el poder público. Ni más ni menos.

En la Comunidad Foral de Navarra cerca de 9000 familias invirtieron de buena fe, con unas condiciones muy concretas y al calor animoso del Gobierno de turno y, en concreto, como les señalaba hace un rato, desde el IDAE con campañas como esta de «El sol puede ser suyo». Estas 9000 familias en Navarra y 55 000 en toda España —ya ven que ni siquiera me estoy refiriendo a los grandes especuladores— son familias pequeñas, son pequeños inversionistas que, habiendo conseguido sus ahorros con mucho esfuerzo, hicieron caso y creyeron en esa confianza pública de que esto ofrecía una rentabilidad razonable, que estaba avalado por el Gobierno, por la Administración pública, que contribuía al desarrollo sostenible de la comunidad, como aquí se dice, pues se evita emisión de CO2 a la atmósfera, tenía unas condiciones de financiación casi garantizadas al 80%. Insisto, son inversores, son familias de buena fe, familias cuya potencia instalada representa menos del 1% de toda la potencia instalada en España, para que se hagan idea de lo insignificantes que son ante este problema. Por eso nosotros hemos planteado medidas para buscar soluciones, para que su situación no pueda ser igual, y aunque no compartimos lo que va a pasar con las energías renovables en general, consideramos que esta es una casuística diferente, este es un tema social que tendremos que solucionar, pero ahora la ley no lo soluciona. Su retribución y su situación deben ser distintas. La ayuda que deben tener para poder financiar sus créditos debe ser concreta y puntual, pero el ministerio está mirando para otro lado.

Invirtieron sus ahorros en unas condiciones jurídicas y económicas avaladas por el propio Gobierno de España, pero ahora, como les decía, ven cómo cambian las reglas de juego. Con el cambio del modelo regulatorio muchos de los productores de energía solar fotovoltaica irán a la ruina, a la quiebra, y no es una boutade ni un exceso verbal que utilicemos en esta tribuna para justificar nuestras enmiendas. Eso es real, es cierto, y están viendo cómo la patronal se ha organizado a través de asociaciones como Anpier, incluso con el presidente del Banco de España, que el otro día cancelaba una cita con estos representantes para buscar salidas a un problema que se va a generar de inmediato.

Con nuestras enmiendas pretendemos evitar esa quiebra absoluta de los productores de solar fotovoltaica. Queremos mantener puestos de trabajo, primar la eficiencia de las instalaciones solares fotovoltaicas, que por su buena gestión e inversiones en equipo de altas prestaciones son capaces de producir con alto rendimiento, y con nuestras enmiendas queremos acabar también con la insolidaridad que se produce entre regiones porque no se puede retribuir igual instalaciones que están ubicadas en zonas de sol 1 que en zonas de sol 5, es decir donde hay mucho sol y donde hay poco.

También proponemos crear un marco económico estable para incentivar nuevos desarrollos tecnológicos de carácter experimental e innovador. Les he dicho la importancia que para Navarra ha tenido lo competitivo y el sector productivo de las renovables para la investigación y el desarrollo. Por eso planteamos una serie de enmiendas. Queremos facilitar acciones de I+D+i para evolucionar a tecnologías más eficientes porque contamos con una infraestructura tecnológica de referencia mundial. El resto de enmiendas van dirigidas a fomentar mayor seguridad jurídica, a evitar indefensión de particulares e industrias, a eliminar la arbitraria medida de cómo determinar el valor estándar de la inversión inicial, a eliminar también el procedimiento poco claro de concurrencia competitiva previsto para diferentes tecnologías.

En definitiva, señorías, en UPN consideramos que esta reforma nace cuestionada por todos cuando debería haberse tratado como un asunto de Estado. El Gobierno carece de modelo energético y el único objetivo es solucionar una cuestión importante. No eludimos el problema con que se encuentra del Gobierno, pero el único objetivo es solucionar, como les digo, una cuestión como el déficit de tarifa subordinándolo única y exclusivamente a las exigencias del cumplimiento del déficit público, que también, y en eso estamos trabajando, pero no a costa de la reforma eléctrica, a costa de la competitividad española, a costa de muchas familias que van a verse en una situación económica muy complicada.




Página 8726


A nuestro juicio, pone en grave riesgo a la industria española por su escasa competitividad. No frena la subida del precio de la luz atacando directamente el bolsillo del consumidor. Provoca la desconfianza de la marca España para los inversores extranjeros, no solo para los que ya han invertido sino para los potenciales inversores que pueden venir a España. Y se aleja de los objetivos de la política energética europea, y en Navarra, señorías, nos causará unos perjuicios irreparables.

Es imprescindible seguir apostando por el desarrollo tecnológico, potenciar el ahorro y la eficiencia energética pero, señorías, visto lo que va a ocurrir esta tarde aquí, creemos que nos vamos a encontrar con una situación absolutamente desoladora. En Unión del Pueblo Navarro lo hemos intentado y, desde luego, no tiramos la toalla, seguiremos haciéndolo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

A pesar de mi estado —que yo calificaría de servicios mínimos neuronales (Risas.), lo cual dificulta que encuentre la página correspondiente—, señor Palacios, con la máxima consideración y respeto, no puedo por menos que recordarle que el ritmo propio de esta tierra en la que estamos de Madrid es el chotis y no la milonga, y milonga es que nos diga que los 3600 millones de déficit de este año van a ser a costa del terrible oligopolio. No, la última fórmula que leí en prensa era que el señor Montoro aceptaba titularizar semejante deuda, con lo cual acabaremos pagándola todos los españoles con un módico precio de interés, pero bueno, no forma parte de las enmiendas, evidentemente.

Enmiendas. Tocamos prácticamente la totalidad del articulado —iré muy rápidamente—. Entre los objetivos de la ley entendemos que se deben introducir los principios de protección medioambiental e independencia energética. También se debe introducir como uno de los objetivos el que la producción sea con el mínimo coste para la sociedad. Introducimos dentro del análisis que determina la planificación del desarrollo de las energías el que se considere a las renovables, para dar cumplimiento a la Carta Europea de la Energía. Planteamos que se establezca la obligatoriedad del Gobierno de elaborar planes en materia de energías renovables, superando el carácter potestativo que establece el proyecto. Hay varias enmiendas para reconocer que para ser distribuidor basta con tener personalidad jurídica, sin que sea demandable, como hace el proyecto, la fórmula de sociedad de capital; lo mismo para ser comercializador. Entendemos que entre las medidas que puede tomar el Gobierno para garantizar el suministro en situaciones excepcionales no se puede incluir la supresión de los derechos de producción —sí entendemos que se pueden suspender esos derechos— y, desde luego, que no pueda aplicarse tal medida exclusivamente a los productores de renovables; yo creo que es una manifestación más de la inquina hacia el sector del proyecto y del Gobierno. Modificamos la regulación del autoconsumo; la del proyecto —lo ha dicho algún portavoz, el señor Guillot, si no me equivoco— hace absolutamente inviable el autoconsumo. Y, desde luego, proscribimos el peaje de respaldo que contempla el proyecto.

Cambiamos el umbral para la exoneración de la exigencia de separación de actividades; en vez de coger, como hace el proyecto, una retribución anual —habla de dos millones—, planteamos que el umbral sean 100 000 clientes conectados a su red. Excluimos del concepto de costes del sistema lo que entendemos que no son tales y que, por lo tanto, deben ser asumidos por los Presupuestos Generales del Estado —eso además sería un elemento de clarificación—. Pretendemos suprimir que la modificación de los parámetros de retribución de las renovables esté vinculada al ciclo económico, y modificamos para abrir la posibilidad de un régimen retributivo específico para estas energías renovables con la finalidad de fomentar y poder cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea. Por otra parte, creemos que no cabe aplicar el nuevo régimen retributivo previsto con efectos retroactivos; en todo caso, sería para las nuevas instalaciones este nuevo régimen retributivo que pudiera establecer este proyecto de ley.

Resulta incompatible con el concepto de rentabilidad razonable a que hacen referencia distintos preceptos del proyecto el que a continuación se añada «antes de impuestos». La rentabilidad razonable, en todo caso, ha de ser medida y contemplada después del pago de los correspondientes impuestos, que como su nombre indica son impuestos, obligatorios.




Página 8727


El proyecto plantea que el operador de sistemas pueda incorporar incentivos ―nosotros decimos que deberá― a la reducción de costes.

Ampliamos a las instalaciones de producción de energía la previsión, que contempla ya el proyecto para los titulares de activos de redes, de establecer convenios con las administraciones públicas para cubrir sobrecostes.

Eximimos del pago de los costes del sistema a los productores de energía del régimen especial.

Suprimimos el apartado 4 del artículo 16 por condicionar a la aprobación del Ministerio de Presidencia la facultad de las comunidades autónomas de gravar actividades o instalaciones contaminantes destinadas al suministro eléctrico. En este sentido, varias comunidades autónomas han establecido tributos e impuestos propios que gravan, por ejemplo, las redes de alta tensión y, conforme este proyecto de ley, en una clara invasión de competencias, habría que esperar a la autorización del Ministerio de Presidencia.

También suprimimos, por los mismos motivos, el apartado 6 del artículo 17.

Frente a la previsión de que el déficit tarifario no pueda superar el 2%, planteamos que haya una auditoría y que cuando se produzca el fenómeno del déficit tarifario, se audite por qué se produce y se adopten las medidas correspondientes para evitarlo.

Ratificamos la prioridad de despacho a las instalaciones de energías renovables, suprimiendo la exigencia de que tal situación se produzca cuando se dé en igualdad de condiciones económicas del sistema.

Suprimimos el apartado 2 del artículo 27 para que quede claro que la inscripción en el registro de régimen retributivo carece de eficacia constitutiva.

Modificamos el apartado 2 de artículo 33, remarcando la prioridad de acceso y conexión a la red de las instalaciones que utilicen fuentes de energías renovables y cogeneración de alta eficiencia.

También añadimos la obligación del gestor de la red de transportes y los gestores de la red de distribución de colgar en su página web la información sobre las capacidades ya asignadas y las que quedan libres, y las restricciones, tal y como requiere en su informe la Comisión Nacional de la Energía.

En el artículo 29 entendemos que la cesión de las redes de distribución ―que creemos que hay que hacerla y no tenemos ninguna objeción a que se produzca― se realice mediante la correspondiente compensación porque de otro modo estaríamos asistiendo a una especie de expropiación sin justiprecio.

Rechazamos que se limite la posibilidad de autoconsumo mediante líneas directas.

Preservamos la inviolabilidad del domicilio ante determinados preceptos que son oscuros y admiten interpretaciones que pudieran significar una violación de este derecho fundamental.

Modificamos también el artículo 45, que establece la regulación de los consumidores vulnerables, planteando una regulación alternativa más proteccionista frente a las situaciones de pobreza energética e incluso introducimos una tregua invernal frente a los cortes de energía eléctrica.

En el artículo 49 rebajamos al 1,1% el índice de cobertura de la demanda que abre el escenario que permite aplicar el concepto del servicio de interrumpibilidad. Dado que hay un exceso de capacidad, mantener el actual coeficiente nos parece absolutamente innecesario. Si hay que establecer alguna negociación con grandes consumidores, habrá que fijarla en otros términos.

Rebajamos de un año a nueve meses el plazo para resolver las solicitudes de autorización de instalaciones.

Impugnamos el régimen sancionador del autoconsumo.

Suprimimos el apartado 2 de la disposición final cuarta que autoriza al Gobierno a modificar la indexación de la retribución de las actividades reguladas por vulnerar, una vez más, la seguridad jurídica.

En la disposición adicional décima, sobre la entrada en vigor del régimen retributivo de renovables y cogeneración, establecemos que sea a partir de la entrada en vigor de la ley para las nuevas instalaciones.

Además, establecemos un paquete de varias disposiciones adicionales nuevas, que plantean la posibilidad de que cooperativas de consumidores y usuarios tomen participación en empresas




Página 8728


de producción, comercialización o servicios; que en seis meses el Gobierno reforme el mercado eléctrico; que en tres meses el Gobierno realice una auditoría energética independiente del déficit, de sus razones y de su cuantificación; planteamos, como en otras ocasiones, la prohibición del fracking; emplazamos a que en seis meses se presente un proyecto de ley de energías renovables; planteamos que se aplique el IVA reducido para los consumos domésticos; y que en seis meses se produzca la trasposición de la directiva de eficiencia energética. Igualmente que se cree una comisión para estudiar la protección de datos asociados a los contadores inteligentes y la derogación de los reales decretos que han servido al Gobierno para introducir los cambios que cristalizan en este proyecto de ley.

Y, finalmente, apostamos por recuperar la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de la Competencia como elementos reguladores y de vigilancia en vez de esa macrocomisión nacional de los mercados y la competencia.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Enmiendas 186 a 250 y 251 a 346, y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas aprobadas.

Tiene la palabra el senador Montilla.

El senador MONTILLA AGUILERA: Gracias.

En primer lugar, quiero dar por defendidas las enmiendas 186 a 250, de los senadores Guillot y Saura, y también comentar las presentadas por el resto de senadores de Entesa, números 251 a 346.

Hemos presentado un conjunto de noventa y seis enmiendas al texto enviado por el Congreso del Proyecto de Ley de reforma del Sector Eléctrico con un ánimo constructivo de intentar reforzar la regulación de uno de los pilares básicos para el desarrollo de un país que necesita un verdadero marco normativo que fomente su eficiencia en el sector energético y su sostenibilidad, que ofrezca la necesaria seguridad jurídica y estabilidad a los operadores económicos y que respete las competencias autonómicas.

Les explicaré algunas de estas enmiendas. Con las enmiendas 253, 254 y 255 proponemos modificar el artículo 4, sobre planificación eléctrica, para incluir, en el análisis de las necesidades de nueva potencia para satisfacer la demanda, la obligación de fomento de la generación de energía a través de fuentes renovables. También se aumenta el horizonte de planificación para las inversiones a fin de elaborar escenarios que permitan encajar las planificaciones de las instalaciones de transporte mediante análisis de adecuación a largo plazo.

Proponemos hacer obligatoria la elaboración por el Gobierno de planes en materia de energías renovables y de eficiencia energética asegurando el cumplimiento de los objetivos ya establecidos por la Unión Europea, como el Tratado de la Carta Europea de la Energía, ratificado por España en diciembre de 1997, que obliga al fomento de las energías renovables, la creación de condiciones que favorezcan la utilización de la energía de la forma más económica y respetuosa con el medioambiente y el estímulo de la eficiencia energética.

En el título II, Ordenación del suministro, incluimos la enmienda 258, para introducir la posibilidad de que empresas consumidoras de energía puedan instalar puntos de recarga de vehículo eléctrico de manera gratuita como un elemento diferenciador de valor añadido de su oferta a sus clientes, sin necesidad de constituirse como gestores de carga del sistema. Esta medida favorecerá y facilitará el despliegue del vehículo eléctrico en nuestro país. Además, con las enmiendas 259 y 301 eliminamos el monopolio de la toma de lectura que tienen las compañías distribuidoras, facilitando la creación de un nuevo mercado competitivo de servicios en beneficio del consumidor.

Proponemos igualmente la modificación del artículo 7 sobre la garantía de suministro mediante tres enmiendas, 260, 261 y 262, para que todas las medidas dirigidas a garantizar el suministro se efectúen después de realizar una adecuada justificación de su necesidad y proporcionalidad para evitar distorsionar la competencia efectiva mediante informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en su caso, con notificación a la Comisión Europea. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)




Página 8729


También proponemos modificar el artículo 9, relativo a la regulación del autoconsumo, mediante las enmiendas 263 y 264, ya que el texto propuesto en el proyecto de ley actual desincentiva la implantación de este sistema. No compartimos la obligación del pago de peajes que diseña el proyecto de ley, que puede suponer un importante freno a la inversión de un sistema que, como señala la Directiva 209/28, de la Unión Europea, permite la utilización de fuentes locales de energía contribuyendo a aumentar la independencia energética, una mayor seguridad del suministro local, con trayectos de transporte más cortos y menores pérdidas en la transmisión de la energía.

Compartimos las críticas de los organismos reguladores a este sistema de peaje injustificado y discriminatorio que va a frenar de forma brusca su desarrollo haciendo que las inversiones no sean rentables y reconduciendo a sus usuarios al suministro de energía a través de los canales tradicionales.

Proponemos la modificación del artículo 12, relativo a la separación de actividades, con las enmiendas 265, 266 y 267, para modificar el término sociedades mercantiles como sujeto obligado por el de personas jurídicas y puedan ser consideradas también las cooperativas eléctricas como operadores, ya que su forma jurídica no se corresponde con la de sociedad de capital. Además, incluye un límite de número de usuarios para excepcionar de estas obligaciones a operadores como las cooperativas y así facilitar más su desarrollo.

Hemos presentado igualmente un paquete de doce enmiendas, de la 270 a 281, para ajustar la regulación de la retribución de las actividades del sistema eléctrico. Incluimos el criterio de recuperación de las inversiones realizadas para el restablecimiento reglamentario de retribuciones reguladas y así reforzar la seguridad jurídica y garantizar su viabilidad.

En el régimen retributivo específico de energías renovables se deben tener en cuenta condicionantes como la diversificación energética existente, la dependencia energética del exterior, así como los objetivos nacionales o derivados de la legislación de la Unión Europea de desarrollo de energías renovables. Además, proponemos recuperar las primas para la actividad de producción de energía eléctrica a partir de estas fuentes y también de cogeneración de alta eficiencia y residuos mediante un sistema de subastas competitivas que habría de desarrollarse reglamentariamente.

Con la enmienda 282 incluimos que las instalaciones de producción de energía eléctrica sujetas a retribución regulada puedan establecer convenios u otros mecanismos con las administraciones públicas para cubrir el sobrecoste ocasionado por cumplir normativas específicas.

La enmiendas números 283 a 287 proponen modificar el artículo 16 relativo a los peajes de acceso a las redes, donde se incluye que sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y no el Gobierno quien establezca la metodología de asignación de la totalidad de los costes que deben recuperarse a través de los peajes de transporte, distribución y cargos. Además, proponemos recuperar la obligatoriedad de incluir en los peajes o cargos los suplementos territoriales que correspondan a los casos de impuestos autonómicos sobre las actividades o sobre las instalaciones eléctricas. No es razonable que se traslade a todos los consumidores bien en los costes de las actividades reguladas reconocidos en los peajes de acceso o bien a través del precio libre del mercado.

Proponemos modificar el artículo 17, sobre precios voluntarios para el pequeño consumidor y tarifas de último recurso, con las enmiendas 288 a 291, para recoger que dicho precio solo se aplicará a personas físicas sin que puedan acogerse al mismo empresas o administraciones públicas, ya que no tiene ningún sentido que estos colectivos se acojan a un precio regulado pensado para la protección de los pequeños consumidores y, por tanto, domésticos o, en su caso, profesionales autónomos. Además, incluye que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia participe en la determinación de los precios finales de los consumidores.

Con nuestras enmiendas 294, 295 y 296 proponemos añadir tres nuevos artículos a la ley para contemplar las especificidades de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. La enmienda 294 define como tecnologías renovables aquellas que produzcan energía eléctrica de fuentes renovables no fósiles, tales como energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica o biomasa. La enmienda 295 contempla los derechos y obligaciones de las instalaciones renovables de cogeneración y de residuos, dado que constituye una parte muy relevante de nuestro mix energético. Se regula el derecho a obtener por la energía




Página 8730


eléctrica producida, y no por la potencia instalada, una retribución que garantice una rentabilidad razonable de acuerdo con el mercado de capitales. La enmienda 296 regula el régimen retributivo específico para fomentar la producción a partir de estas fuentes.

Precisamente, la Comisión Nacional de Energía recomendó en su informe al proyecto de ley que era necesario incluir la prioridad de acceso y conexión a la red eléctrica de las instalaciones que utilicen fuentes de energías renovables y cogeneración de alta eficiencia. Nuestra enmienda 298 recoge esta recomendación.

En el artículo 33, mediante la enmienda 300 también incluimos criterios de transparencia y objetividad con la obligación para los gestores de las redes de transporte y de distribución de publicar en sus webs la información sobre capacidades y restricciones de conexión y acceso de sus redes.

En la enmienda 303 incluimos modificaciones en el artículo 43, relativo al suministro para reducir los plazos de los procedimientos de cambio de suministrador en el sector eléctrico y equipararlos a los de otros sectores en los que se exige solo veinticuatro horas para gestionar este cambio, siempre que no implique un cambio de las condiciones técnicas, obviamente.

En relación con las obligaciones de los consumidores que regula el artículo 44, hemos propuesto una enmienda, la número 305, para suprimir la obligación de permitir la entrada a la vivienda o local a los técnicos de las empresas distribuidoras sin exigir el consentimiento previo y expreso del titular o la oportuna autorización judicial, si fuese el caso.

Con la enmienda 306 incluimos un nuevo artículo para regular, tal y como se recoge en el informe de la Comisión Nacional de la Energía, un procedimiento administrativo para la resolución de conflictos entre consumidores y empresas eléctricas.

Las enmiendas 308 y 309 proponen modificar el artículo 49, que regula la gestión de la demanda eléctrica para impulsar medidas que fomenten mejoras significativas y contribuyan a la optimización de la curva de carga, con la finalidad de mejorar la eficiencia energética global del sistema y contribuir a una mayor participación de la generación con energías renovables, al tiempo que se reducen costes actuales e inversiones futuras.

Proponemos modificar el artículo 50 sobre planes de ahorro y eficiencia energética mediante las enmiendas 311 y 312, para incluir la obligación de las administraciones públicas en la promoción de las medidas necesarias para que los consumidores puedan disponer de los datos de su consumo eléctrico en tiempo real.

En el artículo 52, que regula la suspensión del suministro, creemos necesario adicionar un párrafo al apartado 3 para salvaguardar del corte de suministro de energía eléctrica a aquellas instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales por su interés público. Desde nuestro punto de vista, la enmienda 314 subsana esta grave modificación del proyecto de ley.

Las enmiendas 317 y 319 suprimen como infracción muy grave e infracción grave, el cumplimiento de la obligación de registro de algunos de los requisitos técnicos de aplicación a las distintas modalidades de autoconsumo, siguiendo la recomendación que en este caso hace el informe del Consejo de Estado.

Hemos presentado un paquete de enmiendas, las números 320, 328, 331, 333, 335, 336, 337, 338, 343 y 345, con el objetivo de salvaguardar la seguridad jurídica y las legítimas expectativas de los inversores de las instalaciones ya existentes de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. No es justo aplicar con carácter retroactivo el nuevo régimen retributivo específico que establece el proyecto de ley.

Con la enmienda 327 proponemos añadir una nueva disposición adicional para establecer un calendario que impulse el desarrollo y la implantación de contadores inteligentes para el sistema eléctrico.

Finalmente, quisiera destacar la enmienda 334, con la que proponemos introducir un periodo transitorio para que las sociedades cooperativas de consumidores y usuarios puedan realizar las adaptaciones necesarias para cumplir con los requisitos de esta ley.

Estas son, en resumen, señorías, las enmiendas que hemos propuesto en este trámite parlamentario.

Muchas gracias.




Página 8731


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, para la defensa de las enmiendas 347 a 355 y 357 a 448, y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 484 y 485 del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, voy a dar por defendidas, en términos generales, todas nuestras enmiendas, pero voy a hacer especial mención a aquellas que suponen el pacto o acuerdo al que hemos llegado, con el fin de evitar esta recentralización a la que hice referencia antes en mi intervención, potenciar las energías de cogeneración y potenciar determinados sectores industriales.

Por lo tanto, desde este punto de vista, quiero empezar con el ámbito de la cogeneración. Aquí destacaría la enmienda 372, que hace referencia al artículo 14.5.c), en relación con las actividades reguladas. Se incorpora la opción de que el ministerio retribuya por el concepto de mecanismo de capacidad, de manera que se garantice la viabilidad económica y operativa de las tecnologías térmicas de apoyo.

La enmienda 425, disposición adicional nueva, habla de las tecnologías de producción que no hayan conseguido sus objetivos. Se pretende volver a poner en funcionamiento sesenta y un proyectos de cogeneración y residuos —cuarenta en Cataluña—, que en su momento quedaron parados debido a la suspensión en el registro de preasignación. Unas plantas de renovación, otras ya existentes, y otras de creación de nuevas plantas con inversiones ya realizadas. En la enmienda acordada con el Grupo Parlamentario Popular pretendemos que todos estos proyectos puedan continuar funcionando y saliendo adelante.

La enmienda 426, que ha sido transaccionada, plantea llevar a cabo programas para la renovación de las instalaciones de cogeneración y residuos.

En el bloque de pequeñas distribuidoras quisiera remarcar la enmienda 366 al artículo 12, en la que se pide que las empresas distribuidoras que tengan menos de cien mil clientes conectados a la red, independientemente de su retribución anual, queden al margen de las obligaciones de separación funcional de ellas.

En la enmienda 402 al artículo 40.1, de ámbito competencial, sobre las obligaciones y derechos de las empresas distribuidoras, proponemos dos modificaciones: primero, respetar adecuadamente las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de distribución de energía eléctrica, especialmente en relación con la aprobación de planes de inversión, y segundo, habilitar la posibilidad de que la presentación de planes de inversión, así como su aprobación, para las empresas distribuidoras con menos de cien mil clientes conectados a sus redes, se realice por periodos de tiempo superiores a un año.

En cuanto al bloque competencial, quiero destacar la enmienda 353 al artículo 4.4 sobre planificación eléctrica. Esta enmienda establece que cualquier modificación de la planificación eléctrica sea realizada por quien corresponda pero con la participación de las comunidades autónomas.

La enmienda 357 hace referencia al artículo 7.3.d) respecto de las medidas que pueda adoptar el Gobierno con tal de garantizar el suministro eléctrico. La enmienda permite que en vez de que se supriman los derechos y garantías de acceso a las redes por parte de terceros, el Gobierno limite o suspenda temporalmente estos derechos.

Las enmiendas 390 y 391 al artículo 30, apartados p) y v), relativas al ámbito competencial, se refieren al operador del sistema. La enmienda 390 pretende que se incorpore la necesidad de que el operador del sistema colabore no solo con el Ministerio de Industria sino también con las comunidades autónomas en relación con la evaluación y seguimiento de los planes de inversión del titular de la red de transporte de energía eléctrica. Y en la enmienda 391 se pide que la información relativa a las diferentes actividades eléctricas se proporcione también a las comunidades autónomas en lo que afecte al ámbito territorial.

La enmienda 395 hace referencia al artículo 34.4, sobre redes de transporte de energía eléctrica. Se pide que recoja la participación de las comunidades autónomas en el proceso de aprobación de los planes de inversión de las empresas transportistas por el hecho de que las comunidades autónomas tienen atribuidas competencias en materia de transportes secundarios.




Página 8732


Las enmiendas 396 y 400 hacen referencia a los artículos 38.1 y 38.8, también del ámbito competencial. En relación con la regulación de la distribución, proponemos prever de forma adecuada el ejercicio de las competencias autonómicas respecto a la actividad de distribución y las instalaciones de distribución.

La enmienda 409 al artículo 46.1, obligaciones y derechos de las empresas comercializadoras en relación con el suministro, propone respetar las competencias autonómicas en materia de consumo en relación con las empresas comercializadoras que desarrollan la actividad en el respectivo ámbito territorial.

Para finalizar este bloque, en la enmienda 414 al artículo 53.2, sobre la autorización de las instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas, proponemos agregar las líneas directas al conjunto de instalaciones eléctricas.

Hay otras enmiendas de importancia, como la número 389, al artículo 30, sobre el operador del sistema, que pretende incluir entre los principios del operador del sistema la búsqueda de la eficiencia económica. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Respecto a la enmienda 394, al artículo 33.9, sobre el acceso y conexión, se plantea que los gestores de las redes estén obligados a facilitar información sobre las capacidades de acceso para cada nudo de su red

Finalmente, en la enmienda 406, referida al artículo 44.1.o), sobre derechos y obligaciones de los consumidores en relación con el suministro, pretendemos introducir la gratuidad de un servicio de asistencia telefónica facilitado por el distribuidor.

Estas podríamos decir que son las enmiendas más representativas y que forman parte prioritaria de este acuerdo por el que nosotros, como he dicho al principio, vamos a facilitar nuestra posición favorable a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Socialista, 92 a 185 y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 356, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, las enmiendas 449 a 453, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y del Grupo Vasco en el Senado, las números 454, 455, 461, 463 a 466, 476, 478 a 481, 483 a 487 y 489 a 496, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para cuya defensa tiene la palabra el senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas noches, señorías. Voy a intervenir para la defensa de parte de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a este proyecto de ley, enmiendas que tendrán que ver con las energías renovables, el autoconsumo y los derechos del consumidor.

Antes de entrar en cada bloque, me van a permitir algunas consideraciones generales sobre algunas cuestiones que nos han parecido llamativas en el proceso de tramitación de este proyecto de ley.

La primera realidad, incuestionable, señor Palacios, es que el ministro del ramo ha sido desautorizado, pero no lo ha sido por la oposición, que seguramente también, sino por otro ministro del Gobierno, y además en el Consejo de Ministros. Claro, uno entiende que, cuando se tramita un proyecto de ley y se somete a la consideración del Consejo de Ministros, el ministro que lo propone explicará lo que tiene la ley. La duda que surge aquí es si el señor Soria ocultó al señor Montoro los 3600 millones. O a lo mejor es que no se hablan.

La segunda cuestión que llama la atención es cómo es posible que el grupo que sustenta al Gobierno presente en torno a cien enmiendas a un proyecto de ley. Eso llama también la atención. Y no solo eso, sino que crea sospechas, y estamos en el derecho de creer que algo raro ha pasado cuando —insisto— el grupo que sustenta al Gobierno enmienda una ley con este número de enmiendas. Y lo que ocurrió en el Senado es llamativo, es decir, de las más de cuarenta que presentan, se incluyen en el informe unas cuantas; no todas, no.

Después, dos realidades que son las que la ciudadanía percibe, porque, claro, las leyes no se hacen para nosotros, se hacen para la gente que está ahí afuera, y esta es una muy importante. Y lo que percibe el ciudadano es que en estos dos años está pagando más por el recibo de la luz, y esa es una realidad también incuestionable, nadie la discute. Y otra realidad incuestionable: el




Página 8733


déficit tarifario no solo no se ha reducido, ni siquiera se ha estabilizado, sino que ha aumentado. Hay previsiones de que este año se sitúe en torno a los 4000 millones de euros.

Y claro, si el Gobierno del Partido Popular nos ha vendido que toda la batería de normas que ha dictado desde el comienzo de la legislatura hasta ahora, dos años, tenían como objetivo principal la reducción del déficit tarifario y no se ha conseguido, si los expertos en la materia afirman que este proyecto de ley es un compendio, una suma de toda esa norma, la pregunta es evidente también, ¿por qué tenemos que creernos que este proyecto de ley va a resolver el problema? ¿Por qué?

El Grupo Parlamentario Socialista no solo duda de la utilidad de este proyecto de ley, y no solo la cuestiona y la critica, sino que además hemos presentado, no un texto alternativo como hicimos con el proyecto de ley de la reforma de los sistemas energéticos extrapeninsulares, sino un total de noventa y cuatro enmiendas. Paso ahora a defenderlas en función de los bloques que he citado antes.

Renovables. España debe recuperar el liderazgo tecnológico perdido en esta materia y poner en valor —así lo entendemos— un modelo energético cuya base fundamental sean las energías limpias, las energías renovables, pues capacidad y condiciones para ello nos sobran. No podemos permitirnos el lujo de una dependencia energética del exterior —ya se ha dicho aquí— del orden del 80 o 90%. Tenemos la sensación de que hemos perdido una oportunidad con relación a las renovables y echamos en falta un tratamiento especial. Esa es nuestra propuesta en este proyecto de ley: un tratamiento especial y específico de las energías renovables, que no existe, y además —y tampoco existe— el establecimiento de un régimen retributivo específico para promover su desarrollo. Con estas dos grandes ideas damos por defendidas las enmiendas números 116, 117, 134, 135, 137, 138, 182 y 184.

Al señor Palacios le he oído un par de veces insistir en por qué no apoyamos y defendemos las prospecciones petrolíferas en Canarias o el fracking. Mire, es una cuestión de modelo, ya se ha dicho aquí. Nosotros estamos radicalmente en contra de las prospecciones petrolíferas en Canarias, y esa decisión debe ser respetada. Y tenemos argumentos, pero ahora no es el momento de ponerlos sobre la mesa. Repito que nos oponemos radical y frontalmente a las prospecciones en Canarias y al fracking, porque apostamos por un modelo distinto, que es el de las renovables, pero desde que ustedes empezaron a gobernar —fue la primera medida del señor Soria— han intentado —y voy a usar una palabra un poco dura— masacrarlas literalmente.

Autoconsumo. Hay una trampa en el proyecto de ley. Me he puesto a dar vueltas a la cabeza y me he preguntado por qué el Gobierno se ha empeñado en penalizar el autoconsumo, ese famoso peaje. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Hay una y tiene que ver con las renovables, porque se sabe que el fundamento del autoconsumo está en las renovables. En consecuencia, si se penaliza el autoconsumo, indirectamente lo que se está haciendo es poner una traba más al desarrollo de las energías renovables. Ese es el sentido de ese famoso peaje que nadie entiende.

Con relación a este asunto, las enmiendas 103 y 104 ponen claramente de manifiesto cuál es nuestra propuesta a un uso de la energía que debe ser una apuesta seria por parte de cualquier Gobierno que quiera resolver el problema de la energía en el país correspondiente. Y aquí, en España, no solo tenemos el problema —y a eso se reduce este proyecto de ley— del déficit tarifario. Se debe ser más ambicioso en un proyecto de ley, pero en este caso no se es.

Y termino para que mi compañero, el senador Arrufat, concluya la defensa de las enmiendas. Damos por defendidas todas aquellas que afectan al autoconsumo, las números 103 y 104.

Por último, señorías, doy también por defendidas las enmiendas que tienen que ver con determinados derechos de los consumidores que, a nuestro entender, deben recogerse en la ley. Me refiero a las enmiendas 121, 128, 129, 130, 131, 143, 144, 145, 146, 150, 152, 166, 163 y 171. Recomiendo, para el que lo quiera hacer, que se lea la motivación de nuestra enmienda 103 al autoconsumo y recomiendo también que se lea el contenido y la motivación de la enmienda 143, que afecta a los derechos del consumidor.

Ya termino, señorías, agradeciéndoles su atención. Sé que el señor Palacios va a contestar. Espero que no insista en que nos sumemos al carro de la defensa de las prospecciones petrolíferas. Vamos a decir que no. En cualquier caso, como siempre —porque no nos olvidemos que somos un partido de Gobierno y aspiramos a volver a recuperar el gobierno de este país pronto, en




Página 8734


el 2015—, ojalá se acepten algunas de nuestras enmiendas, porque, insisto, contribuyen a mejorar el texto y a resolver algún problema del sistema energético de nuestro país.

Muchas gracias, presidenta, y señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señorías.

Tiene la palabra el senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, señora presidenta.

Continúo la intervención del senador Medina. Estamos ante una ley que no sé qué objetivos cumple en cuanto a energía. Pero sí cumple una serie de objetivos: no reduce en absoluto la dependencia energética externa, sobre esto voy a hablar bastante durante mi intervención; permite una mayor carga al consumidor; la competitividad industrial la lleva al traste; renuncia a un modelo energético sostenible y compatible con la protección del medio ambiente; no impulsa la innovación; paraliza el autoconsumo; no afronta la reforma del funcionamiento del mercado mayorista; no aprovecha los recursos endógenos, como la biomasa, el viento, la energía solar, el carbón y aplica el déficit de tarifa a costa de los consumidores.

Señorías, el Heraldo de Aragón es un medio de comunicación importante en la geografía española —usted, señor Palacios, lo tiene cerca de casa— y hoy dice en titular que la IV Convención de los Directivos Aragoneses de ADEA, Asociación de Ejecutivos y Directivos de Aragón —presidida por un turolense, por cierto—, destaca trabas como el coste energético. Lo dice en titulares. No quiero enseñar quién está en la foto porque es amigo mío. Lo digo porque un colectivo empresarial, los directivos de una comunidad autónoma como es Aragón y ADEA, que la preside Salvador Arenere, que creo que tiene un caché suficiente no solamente en el territorio aragonés sino en toda la ribera del Ebro, incluso a nivel nacional, muestran su preocupación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Llevamos ya dos años de Gobierno del Partido Popular y ya estamos un poquitín cansados de oír hablar de la herencia. Vamos a poner los pies en el suelo y asumamos cada uno la responsabilidad que nos corresponde. No se puede ir de un lado a otro. Hay que ser más serios. Este es un asunto que requiere un pacto de Estado; hay que hablarlo, debatirlo y buscar soluciones. Tirar la piedra y esconder la mano no va a ningún lado. No podemos permitir que el 15% de la población tenga problemas de pobreza energética; no podemos permitir el monopolio de las eléctricas y no podemos permitirnos que haya una falta de competividad en el mundo industrial. Estamos asistiendo a ello y los que conocemos el mundo empresarial lo sabemos perfectamente. Llevamos ya dos años de gobierno con ustedes. Hemos pasado de la herencia a que ya salimos de la crisis. Nos levantaremos un día y ya habrá pasado otra fase. Hay que ser más realistas y más pragmáticos.

Yo diría que esto es un apaño para hacer un poco de ruido y nada más. Este es un sector estratégico, un sector fundamental para la seguridad y la competitividad de este país que no debe estar sometido a estos vaivenes. Debe gestionarse desde la estabilidad, la racionalidad, la eficiencia y el consenso. Decía hace un momento que es un tema suficiente como para asumirlo a nivel estatal no solamente por lo que representamos nosotros, sino que están las eléctricas y, sobre todo, los paganos, los consumidores, que somos todos, y el mundo empresarial, porque la industria tiene que funcionar con energía y cada vez está más cara y somos menos competitivos.

En relación con las enmiendas, no voy a extenderme mucho. Son más de noventa las que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Mi compañero Medina ha hecho una referencia importante, pero por dar unas pinceladas citaré los recursos renovables autóctonos que forman parte del mix energético; las cargas que deben satisfacer los consumidores y los productores de la energía que se establezcan de acuerdo con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia; incluir los peajes o cargos a los suplementos territoriales de forma que cada comunidad autónoma pague en función de los impuestos que tengan sus propios vecinos; el papel de las auditorías, que no sea compatible con otros trabajos que hagan en las propias empresas; en cuanto al suministro, que haya una información a disposición de los clientes, de los consumidores, que somos todos, sobre las líneas, estaciones, capacidades, incluso de las energías renovables que van a ir a la red, es decir, una información fluida para que todos tengamos acceso a ella; que la Comisión Nacional de la Competencia elabore un plan a los seis meses de entrada en vigor de la presente ley; que las retribuciones, de acuerdo con la modificación de las medidas fiscales de sostenibilidad energética




Página 8735


que afecten a aquellas instalaciones que tengan una compensación de costes, como el carbón, se mantengan. Saben ustedes que la provincia que represento tiene una central térmica, y lo que el Partido Socialista defiende en relación con el carbón es que las modificaciones en los tributos reviertan en esas centrales. De acuerdo con la decisión de la Unión Europea del año 2010, que la vida útil de las centrales nucleares lo sea a los cuarenta años y siempre sometida a lo que establezca el Consejo de Seguridad Nuclear; la implantación de los contadores inteligentes con discriminación horaria y telegestión.

Y termino con un tema muy importante. Hoy el coste energético que tenemos en este país en relación con la importación de las energías fósiles asciende a 45 000 millones de euros. Esto es muy preocupante porque nos cuesta unos recursos y estamos supeditados a los vaivenes de los conflictos internacionales.

Tenemos recursos. Ayer el senador Alturo en una enmienda a los presupuestos hacía referencia a la biomasa en el Pirineo. Me lo han oído decir muchas veces y no voy a parar de decirlo, porque con la biomasa matamos dos pájaros de un tiro. Yo no hablo de biomasa para producir electricidad, sino que defendemos la biomasa para producción de pellets para calefacción. Tenemos cientos de miles de instalaciones, incluso viviendas, que se pueden calentar de esta manera. Con la responsabilidad que tenemos en este país, es un tema que hay que afrontar. No sé cuánto detraeríamos del consumo energético, si el 15, el 22 o el 17, pero hay que hacer camino y el camino se hace al andar. Con la biomasa conseguimos menor dependencia externa, energía más barata, más competitiva, creamos empleo no solamente para elaborar, sino para sacar la madera del monte y luego para transformar. La distribución y el transporte también hay que hacerlos, como en el gasóleo o cualquier producto fósil, por tanto, no lo sumo ahí.

Esto supone, aparte de las ayudas, recursos; es rentable para un Estado porque significa lo que va a revertir por IRPF e IVA de la propia actividad que genere. Aplíquenselo, senador Palacios, más con menos; hagamos más energía con menos coste; hay que bajar a la arena, hay que bajar a la realidad.

Entendemos que los territorios interiores estamos perdiendo la oportunidad, son pocos los recursos que tenemos en la España interior, muy pocos, y nos conformamos, además, con muy poco. Por tanto, es un gesto poder obtener calefacción de la biomasa, aprovecharla y no depender de la energía que viene de fuera. Como les decía antes, yo no sé si puede ser el 15%, el 18% o el 22%, pero creo que vale la pena, señorías, es un tema suficientemente importante a nivel de Estado. Recuerdo —y lo dije ayer también un poco más tarde que a estas horas— un acuerdo que tomamos en la Comisión de Medio Ambiente para instrumentar la limpieza de montes. Si unimos la limpieza de montes con la producción de energía evitaremos incendios. Vale la pena, es un reto que tenemos todos los partidos políticos, lo tiene la sociedad, y que tenemos que sacar adelante.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrufat.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado las enmiendas números 457 a 460, 462, 467 a 475, 477, 482 y 488.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Juncal.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Intentaré ir más rápido, además, como quien dice, estamos en familia, nos conocemos ya todos.

Indudablemente, cuando uno tiene que hacer frente a este trámite, le surgen dudas a la hora de plantear este debate. La verdad es que coincido con muchos de ustedes en que es un asunto de vital importancia, estratégico en el que podemos estar todos de acuerdo. Pero la verdad es que, estudiando las enmiendas, y después de haber escuchado a los portavoces en las distintas intervenciones, tanto aquí como en el Congreso y en otros ámbitos —y me estoy refiriendo a la izquierda lógicamente, porque con el Grupo Parlamentario Vasco y con Convergència i Unió, tengo que destacar, al final, y después de mucho trabajo y esfuerzo, hemos conseguido mejorar un poco la ley y el apoyo parlamentario que en este tipo de leyes, indudablemente, por aquello de la seguridad jurídica, cuanto mayor sea, más seguridad jurídica se da al ciudadano y a todos los operadores— tengo que reconocerles que doy la batalla de convencer a algunos de ellos por perdida. Por lo tanto, mi aspiración es ver si hay algún líder o algún senador del PSOE, en esa




Página 8736


renovación que está haciendo —lo que pasa es que ya somos muy pocos—, que escuche mis palabras y le dé por pensar si a esto que contaba este señor del Partido Popular habría que darle una vuelta. Desde luego yo les admiro, les admiro no tener vergüenza intelectual, bajar a este estrado y decir lo que dicen algunos de ustedes, falseando datos, conceptos y lo que se ponga por delante. Ustedes asumen el papel de destroyers, vienen aquí a culpar al Partido Popular de todas las actuaciones, se olvidan de las suyas y aquí paz y después gloria. Por eso le puedo decir, senador Alique, que yo le admiro porque es capaz de bajar a esta tribuna, decir lo que dice y no ponerse colorado. Yo, de verdad, que le admiro, señor Alique. Lo que sí les aseguro es que los datos que yo uso son de fuentes de reconocido prestigio y oficiales como la Comisión Nacional de la Energía o la Red Eléctrica Española.

A mí, al Partido Popular y, por supuesto, al Gobierno y a las señorías, que son bienintencionadas nos gustaría discutir sobre las medidas que habría que tomar para conseguir el precio de una energía más barata, un sistema más eficiente, sostenible económica y medioambientalmente y seguro en términos de suministro, pero sin ignorar la realidad que tenemos y, por tanto, sin hacer castillos en el aire. Digo bienintencionados porque algunas medidas que proponen sus señorías en las enmiendas o son fruto de una ignorancia —que me cuesta trabajo creer en personas que se sientan en esta Cámara—, o están redactadas con el único y exclusivo objetivo de provocar el caos en caso de aceptarlas. Ya no hablaríamos de pobreza energética, hablaríamos de miseria energética, pero, sabiendo el corto recorrido que tienen, no me queda otro remedio que decir que el objeto de presentarlas en los términos en que lo han hecho es el de engañar a los ciudadanos, sacar unos votiños a los ciudadanos de buena fe que les suena bien la música de las renovables, nucleares no, gracias, autoconsumo, que el Gobierno va a subir la luz, y que están preocupados. Ustedes intentan, en un desgaste hacia el Partido Popular y al Gobierno, cargarle todas las culpas, que desde luego no las tenemos.

Señalo este cuadro porque son datos sacados de la Comisión Nacional de la Energía y de Red Eléctrica Española. En él se ve la curva de precios de lo que han cobrado las distintas tecnologías de fabricación, así como la producción que tiene cada una de ellas. Insisto, estos datos no son dudosos, son datos oficiales. No haciendo ningún algoritmo, simplemente sumando, multiplicando, restando y dividiendo, llegamos a las siguientes conclusiones.

La energía nuclear es la que más producción tuvo durante el ejercicio 2012 —me estoy refiriendo a 2012 porque es el ejercicio que tenemos cerrado—, produjo 61 238 gigas y cobró 2939 millones de euros. La energía eólica —voy a ir por orden de producción— fue la siguiente en producción —47 950 gigas— y cobró 4064 millones de euros. El ciclo combinado, o sea, la producción con gas, produjo 42 873 gigas y cobró 2615 millones de euros. El carbón de importación produjo 27 000 gigas y cobró 1500 millones de euros. Y así sucesivamente. Pero quiero destacar la cogeneración, porque produjo 26 855 gigas y se llevó 3154 millones de euros; fue la segunda tecnología en llevarse cantidad de dinero porque sabemos lo que importa para el tejido industrial esa aportación de cogeneración. Vamos ahora a la fotovoltaica: la fotovoltaica produce 8130 gigas y se llevó 3002 millones de euros.

En porcentajes: la nuclear aporta el 21,62% de la energía y se lleva el 12% de la recaudación, la eólica queda más o menos empatada y la cogeneración —a partir de la cogeneración empezamos con porcentajes superiores de recaudación— aporta un 9,48% a la producción y se lleva el 13% de la recaudación; la hidráulica, el 6,72% de la producción y el 3,89% de la recaudación; la fotovoltaica, el 2,87% de la producción y se lleva el 12,53% de la recaudación; y la termosolar, el 1,21% de la producción y se lleva el 4,56% de la recaudación.

Si sabemos la producción total y lo que se ha cobrado por tecnologías, extrapolamos y sacamos consecuencias. La consecuencia es que tenemos un coste medio del megavatio producido de 84,55 euros.

Y, por supuesto, el ciudadano tiene que saber que, para mantener o usar determinadas tecnologías, paga un precio superior para un mismo producto de consumo. La nuclear —repito, con un coste medio de 84 euros— el año pasado salió a 47,99 euros; la hidráulica, a 49 euros/mega; el carbón importado, a 58 euros; el ciclo combinado, a 60,99 euros; la eólica, a 84,75 euros; la cogeneración, a 117, 44 euros; la termosolar, a 318 euros; y la fotovoltaica, a 369 euros.




Página 8737


El apoyo a las renovables supone pagar un 25% mínimo más en el recibo de la luz, y eso el ciudadano lo tiene que saber, y tiene que saber que la luz cuesta lo que cuesta porque se está pagando ese precio por esas tecnologías, y, por tanto, que eso es insostenible y hay que corregirlo.

Si yo fuese malvado y demagógico como ustedes, podría preguntar, al hilo de algunos comentarios que hacen del oligopolio, pero no lo voy a hacer, qué intereses tienen ustedes en defender este tipo de precios y de posiciones. Podría hacerlo, pero, repito, no lo voy a hacer.

Si el ciudadano pudiera discriminar a la hora de comprar nueva energía, ¿cuál creen que compraría? Si en la energía o en la electricidad se pudiera tender una línea directa con el productor, o si se pudiese comprar en un surtidor o enlatada, ¿ustedes creen que el ciudadano iba a pagar 319 o 369 euros por el mismo producto que puede comprarlo a 45 o a 48 euros? Obviamente, la respuesta es que no. Por tanto, perdone que le diga, senador Alique, que hay que tener desvergüenza intelectual para bajar a esta tribuna y decir que el que genera pobreza energética es el Partido Popular. Tiene narices. Es como si usted va a una cacería, se le escapa un tiro —vamos a pensar que accidentalmente o por inconsciencia—, se acerca alguien del PP por supuesto a auxiliar al herido y usted dice: Fue él, fue él, fue él, aunque el disparo se le hubiera escapado a usted.

Mire, señoría, gráfico de déficit de 2004 al 2013. Por tanto, no vuelvan a intentar engañar al ciudadano con que el déficit es del Partido Popular, del Gobierno de Rajoy. Este es su déficit, y hay que tragárselo, y vamos a tratar de sacar este problema adelante. Pero no se olvide de que este es su déficit, el del Partido Socialista, no el del Partido Popular. (Aplausos.)

Otra barrabasada que dice usted habitualmente: oligopolio. ¿Me quieren explicar quién es el que tiene la posición de privilegio? Porque, que yo sepa, monopolio y oligopolio se definen por tener la propiedad o la producción de un producto en exclusiva —si es de varios es oligopolio, si es de uno es monopolio— y a través de esa propiedad en exclusiva que fije el precio del mercado. Y de lo que ustedes hablan del sector oligopolístico: si resulta que entran cuando no hay renovables y su precio se lo fija el mercado. Sé que ustedes hablan del windfall profits, de los beneficios caídos del cielo, un mercado marginalista. ¿Pero qué mercado no es marginalista? Si todos los mercados son absolutamente marginalistas. Repito, entran cuando no hay renovables, pagan el precio de mercado que se está pagando, que es el precio del pool —en el mejor de los casos, la mitad de la eólica, y en el peor de los casos, siete o nueve veces más, como la fotovoltaica y la termosolar—. ¿Quiere usted decirme quién es el que tiene privilegios en la producción del sector eléctrico, señor Alique? No pueden decir más tonterías.

Tema de la amortización de activos. Vayan ustedes al Registro Mercantil, cojan las cuentas anuales, vean los balances y comprueben el inmovilizado material que queda por amortizar, y no digan mentiras en ese tema.

Pero incluso en el caso de que fuese verdad, ¿quiere usted decirme que porque una industria tenga amortizado su inmovilizado tiene que disponer distinto precio? ¿Es que les vamos a decir a los taxistas que tienen el coche ya amortizado que tienen que cobrar otra tarifa, que no pueden cobrar la tarifa normal porque tienen el coche amortizado, o a una refinería que ya está amortizada, que tiene que cambiar sus precios y poner uno distinto? De verdad, ¿está usted hablando de la España dentro de la Unión Europea, de un modelo fuera de la Unión Europea, de Cuba, de Venezuela, o, como dicen ustedes, de España fuera de la Europa de los mercaderes, jerga que utilizan en ocasiones las izquierdas? ¿De qué estamos hablando en una economía libre de mercado? ¡Por favor! Además, si aplicamos sus teorías, sí que podríamos llegar a situaciones oligopolísticas. Vamos a suponer una dependencia masiva de renovables —en circunstancias similares, igual que las que tenemos ahora; si cambian las circunstancias, si mañana se puede enlatar la electricidad como la coca-cola, obviamente estaríamos hablando de otra cosa-: la producción ordinaria estaría parada la mayor parte del día. No sopla el viento, no hay sol, ¿qué hacemos con los viajeros del AVE? ¿Que bajen y empujen? Las ciudades se quedarían sin luz, sin semáforos, sin alarmas, sin neveras, sin congeladores, sin comunicaciones, etcétera. ¿Qué valdría un megavatio disponible en ese momento?

Voy a hacer una extrapolación con los últimos datos. Si toda la producción del último año se hiciera con tecnología nuclear, el sistema se ahorraría 10 300 millones de euros; si se hiciera con carbón importado, 7500 millones de euros; con ciclo combinado a gas, 6600 millones de euros; y con hidráulica, 10 071 millones de euros —claro, con hidráulica, o inundamos Castilla, una cosa




Página 8738


así, o la cuenca ya está tan aprovechada que es imposible obtener más recursos; por lo tanto, está limitada—. Con el resto de tecnologías —fíjense ustedes la diferencia—: con eólica, sobre los mismos, nos harían falta 57 millones de euros; 1543 millones de euros con carbón nacional; 9317 millones de euros, con cogeneración; 66184 millones de euro, con termosolar; y 80 651 millones de euros con fotovoltaica, al mismo nivel de producción…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Termino y enlazaré con el siguiente turno. Yo pensaba, si pudiera seguir, ahorrarme el otro. Termino, señor presidente.

Si no quieren engañar a los ciudadanos, tendrán que estar de acuerdo conmigo en que incluso en el caso de aceptar el precio de dichas tecnologías que ya de por sí es un auténtico disparate—, no podemos tener un mix basado en el aire, en el sol y en el agua, porque si no, ya saben: sal, baja y empuja.

Voy a terminar y seguiré con las enmiendas —que son también importantes— lógicamente en el siguiente turno de portavoces.

El señor PRESIDENTE: Senador Juncal, se le ha pasado el tiempo, lo siento.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Sí, señor presidente, ya he dicho que he terminado— ¿Pero me dejará volver? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Es que le había entendido que iba a empezar a hablar de las enmiendas ahora (Risas.).

Muchas gracias, senador Juncal.

Pasamos al turno en contra.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto?

Tiene la palabra, senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Tras la sugerente intervención del portavoz del Grupo Popular —que eso sí, nos ha mantenido en la ignorancia del contenido de las enmiendas, por eso, señor presidente, no podía haber turno en contra, inevitablemente— (Rumores.), sí quisiera hacer algunas consideraciones. Desde luego, responder a un emplazamiento: ¿Qué intereses tenemos? Yo no tengo ningún inconveniente en decirle los intereses que yo tengo, que mi grupo tiene, que el senador Mariscal y yo y la fuerza política que nos sustenta tenemos.

En primer lugar, cumplir con las exigencias de la Unión Europea en cuanto a producción de energía con renovables para 2020, y entendemos que este proyecto de ley hace imposible la consecución de ese objetivo.

Segunda motivación, introducir costes medioambientales en la producción energética, que este proyecto no realiza. Nos hablaba de lo barata que resulta la energía nuclear, pero, claro, no nos dice que no se computan como costes de producción de la energía nuclear ni las cuestiones relacionadas con la seguridad nuclear ni el tratamiento de los residuos, la conservación de los residuos. Y tenemos un grave problema en este país con la instalación de un depósito de residuos nucleares. Eso no cuenta a la hora de calcular el precio de la generación con energía eléctrica.

Otro interés es el propio del mercado —y no puedo decir que sea contradictorio a nosotros—: propiciar la multiplicación de productores y, por lo tanto, ir más allá y acabar con el oligopolio.

Cuarto interés, apoyar un sector industrial que se consolidó en nuestro país a lo largo de la primera década del siglo, el sector de las energías renovables, que significó un esfuerzo en I+D+i, desde lo público y desde lo privado, que generó empleo, que está permitiendo esa presencia en los mercados exteriores que les sirve de base a ustedes para sustentar el argumento de la recuperación y que está realizando una contribución importante al mantenimiento del empleo.




Página 8739


La última consideración que se me ha ocurrido como respuesta a su emplazamiento ha sido la de respetar la seguridad jurídica, que no es poco, al menos para alguien que tiene formación jurídica como yo.

Otras consideraciones. Preguntaba si había intención de engañar. Yo no creo que nadie tenga intención de engañar ―ustedes tampoco―, pero reconocerá conmigo que, al menos ustedes, en esta materia, y con la tramitación de este proyecto, están generando confusión. Llevo año y pico en esta Cámara y es la primera vez que veo a un portavoz del Grupo Parlamentario Popular bajar a la tribuna a defender enmiendas. Habitualmente eso se resuelve en la ponencia, porque para eso tienen ustedes mayoría absoluta en la comisión que resuelve y garantiza la introducción de sus enmiendas en el informe de la ponencia y, por lo tanto, hace que no sea necesario que las defiendan aquí, aunque, a la vista de su intervención, tampoco parece que usted lo haya considerado necesario. Si a eso sumamos —que, como puede suponer su señoría, leemos los periódicos— cómo se ha ido generando el proyecto, cómo se han traslucido las contradicciones dentro del Gobierno en relación con este proyecto, cómo en la tramitación en el Congreso de los Diputados ha habido un inusitado nivel de enmienda también del Grupo Parlamentario Popular no frecuente en los proyectos cuando se cambia sobre la marcha la estrategia en torno al déficit tarifario correspondiente a 2013, le vuelvo a decir lo mismo: que no me siento engañado en ningún caso, pero sí bastante confuso a la hora de intentar percibir cuál es la estrategia real y seria del Gobierno que plantea el proyecto y del grupo que lo sustenta en esta tramitación parlamentaria atípica.

Usted podrá decir, y yo se lo reconoceré, que están contribuyendo a poner en valor esta Cámara al presentar enmiendas el grupo que sustenta al Gobierno pero, insisto, como es la primera vez que ocurre en mi corta experiencia parlamentaria de año y medio, entenderá mi perplejidad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.

Para mi grupo parlamentario hay una cuestión que es absolutamente clave: creemos que es clave que un proyecto de estas características responda y sirva para garantizar la competitividad de la industria, porque el sector eléctrico, el sistema energético debe servir y debe ser un elemento clave de la competitividad de la industria. Por otra parte, otro de los requisitos que exigíamos a este proyecto de ley es que se cumpliera y se respetase escrupulosamente el marco competencial. Por lo tanto, competitividad de la industria y respeto al marco competencial han sido las claves que nosotros solicitamos a este proyecto de ley y, aunque no de manera total, creemos que en este momento se ha avanzado en esa línea de una manera fundamental.

Nosotros en el Congreso de los Diputados presentamos cuarenta y cuatro enmiendas a este proyecto de ley. Simplemente me referiré a unas cuantas que son fundamentales para nuestro grupo parlamentario. En primer lugar, pretendemos corregir un problema grave que existe en muchas empresas que están en Euskadi. Lo que ocurre en las empresas vascas es que están conectadas a un nivel de 30 kilovoltios y esto las coloca en una situación de desventaja competitiva con relación a todas las empresas del Estado que están conectadas, por cuestiones técnicas, a otro diferencial de tensión superior. Creemos que esta ventaja competitiva no tiene ningún sentido que exista porque nadie entiende que, por el hecho de esta conexión, las empresas vascas deban estar afectadas negativamente en su competitividad. Por tanto, este ha sido un elemento absolutamente prioritario y clave, que nosotros pensamos que era preciso corregir y queremos que se corrija.

Por otro lado, presentamos enmiendas que para nosotros eran importantes desde el punto de vista de la competitividad empresarial. Igual que en Europa, nos gustaría que existiera la posibilidad de reducir los impuestos energéticos aplicables a determinados sectores industriales. Es muy conocido que hay muchísimas empresas y muchísimos sectores en los que la energía es un elemento clave de la competitividad, que forma una parte importante de la estructura de costes y que, en función de cuál sea el coste de la energía, una industria puede ser competitiva o no, una industria puede ser desplazada a otros territorios o no. Por lo tanto, para evitar riesgos de




Página 8740


desplazamiento, para evitar riesgos de cierre, hemos creído que una enmienda realmente importante era la que permitiera la gestión de la política industrial.

Otra enmienda que nuestro grupo planteaba y que le parecía razonable era la referida a la retribución adecuada que propone el proyecto de ley. En lugar de la retribución que planteaba el proyecto, lo que sería mucho más razonable es que la retribución de las empresas de transporte y distribución estén referenciadas al coste medio ponderado de los capitales de cada una de las actividades, lo que se llama el WACC de transporte y el WACC de distribución, porque creemos que la propia Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia siempre ha soportado esta metodología y ha empleado en todas sus propuestas la retribución del WACC como tasa de referencia. El Gobierno en esta propuesta no lo hacía y creemos que sería importante que lo reconsiderara, porque, repito, la reforma energética que se terminará de discutir esta noche ha incorporado medidas que limitarán el impacto tarifario previsto inicialmente en el tejido industrial. A la espera de que este proyecto de ley se ponga en marcha y se concrete, hemos alcanzado un acuerdo repito, porque, a nuestro juicio, es fundamental— para que las empresas vascas no se vean perjudicadas de manera especial, ni vean limitada su competitividad por su configuración por ser las principales consumidoras de un tipo de tarifa de alta tensión —la denominada 6,1— y cuyo coste es un 75% más elevado que la tarifa más habitual y extendida en el conjunto de España: la 6,2. Para ello el grupo vasco ha propuesto medidas como aplicar exenciones fiscales o la reducción de determinados gravámenes para grandes consumidores industriales de sectores estratégicos.

Antes de fin de año se extinguirá la fórmula y vía por la que se pretende minimizar el impacto del denominado tarifazo previsto por el Ejecutivo central y que en el caso de las grandes empresas podrían disparar su factura energética.

Cuando se cierre este debate dentro de poco y se culmine en lo que se viene trabajando hace tiempo, el principal objetivo para nuestro grupo parlamentario era no dañar la competitividad de nuestra economía. Euskadi viene denunciando que, frente al 7,5% del incremento medio en la factura energética que estima el Ministerio de Industria que suponga la reforma, en el caso del País Vasco se dispara hasta un 25%, que no es broma. Por eso, lógicamente, hemos apostado y hemos negociado con el Partido Popular, y hemos presentado enmienda de forma conjunta.

Los contactos mantenidos entre el Gobierno vasco y el ministerio, así como entre el PNV y el Partido Popular han tomado forma en distintos acuerdos durante la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley energética. El pasado 28 de noviembre el Pleno del Congreso aprobó una moción del PNV que incluía una enmienda del Partido Popular y que instaba al Gobierno central a fomentar y proveer peajes específicos para las tarifas de alta tensión iguales o superiores a los 30 kilovatios, la más habitual en el tejido industrial vasco y de parte de la cornisa cantábrica —no solamente de Euskadi—. Se apuntaba también la necesidad de facilitar una reducción de los pagos por este concepto. También se llamaba a tomar medidas para aliviar los costes energéticos del sector industrial, además de respetar escrupulosamente las competencias propias de las comunidades autónomas en materia de regulación energética.

Finalmente, durante la tramitación de la ley en el Senado,…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Sí, señor presidente.

…el Partido Popular ha admitido cuatro enmiendas del Partido Nacionalista Vasco, entre ellas una que establece que en el plazo de un año el Gobierno deberá establecer un reglamento de las condiciones para modificar los permisos de conexión y acceso a la red energética.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, el senador Montilla tiene la palabra.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, no seré yo quien niegue la necesidad que tiene el sector energético de un cierto cambio de modelo para poder dar respuesta a los retos de los años venideros. Y no me refiero solo al modelo español, sino al sistema energético en su globalidad.




Página 8741


Ahora bien, en nuestro caso, además de los problemas globales, tenemos los específicos. A algunos de ellos me referí en mi primera intervención, como son el déficit de tarifa, la insuficiencia de los ingresos regulados, el crecimiento exponencial de los costes de acceso, la dependencia energética exterior, la necesidad de un mercado capaz de integrar una creciente generación de origen renovable en un contexto de relativo aislamiento, fruto de nuestras escasas interconexiones. Y la conjunción de algunos de estos problemas ha ido provocando, obviamente, un alza en el precio que pagan los consumidores —las familias y las empresas— que nos ha ido situando entre los países con la electricidad más cara de Europa.

¿Son estos los problemas? Yo creo que sí. Y no son pocos. Y algunos tampoco exclusivos de España, por supuesto. Y no se los atribuyo en exclusiva a ustedes; también otros tenemos nuestra cuota de responsabilidad, incluso yo, que fui ministro, aunque haga ya más de siete años. El tema es ¿da solución el proyecto de ley que nos ocupa a los problemas que describía, señores? Yo creo que no. Esa es la cuestión. El sistema eléctrico español cuenta con un mix diversificado y equilibrado de tecnologías de generación, además con un alto nivel de penetración de las energías renovables —si miramos el último semestre, cercano al 50% de la energía producida en la primera mitad de este año—. También hay que poner de relieve el elevado nivel de desarrollo de las infraestructuras de transporte de gas y de electricidad y una más que aceptable calidad del suministro. Como ven, no todos son problemas.

Ahora bien, hemos de ser conscientes de la existencia hoy de un exceso de capacidad en el sector, tanto eléctrico como gasista, ciertamente. En el año 2005 la capacidad del sistema era justa para atender una demanda que era creciente —hay que recordar que en la década de 1997 a 2007, la economía creció una media de un 3,8% y la demanda de energía, como ustedes saben, todavía crecía más que la economía—. Digo esto para que se entienda qué pasa cuando la economía deja de crecer y cae y cuando el consumo de electricidad, obviamente, cae y continúa cayendo y cae todavía más que la economía, con una caída sin precedentes en nuestra historia que, incluso, usted, que se lee los informes de la Comisión Nacional de la Energía, sabe que apuntan a que esta caída dificultaría la tarea de hacer previsiones a medio y largo plazo. Ello explica en gran parte el exceso de capacidad que hay que retribuir y su impacto sobre las tarifas de acceso. Ahora bien, la garantía de suministro constituye un elemento fundamental en todo sistema energético, con un mix diversificado, con un margen de cobertura previsto superior al 10%, al menos hasta 2016, con infraestructuras de importación de gas, interconexiones y regasificadoras, con unos ratios de utilización del 40% al 60%. España es uno de los países europeos que mejor tiene garantizado el suministro. No todo son problemas, Alemania e Italia son más vulnerables que nosotros.

Ahora bien, la evolución creciente de los costes de acceso que, entre otras cuestiones provoca el déficit de tarifa, sí que es un problema. ¿Lo soluciona este proyecto de ley? Yo creo que no. De hecho, este año, 2013, se espera una evolución creciente de los mismos —me refiero a los costes de acceso— y ello, a pesar de esa avalancha normativa. Siempre se ha legislado mucho, pero ganan por diez a dos.

Este año crecerán partidas como el coste del servicio de ininterrumpibilidad del orden de un 54%; las anualidades al déficit de las actividades reguladas, un 18%; la retribución del transporte, un 12,5%; la retribución de la distribución un 6%; y sí, también las primas del régimen especial, un 5,5% —lo apunta la extinta CNE en uno de sus últimos informes—. De hecho, los costes regulados superarán este año los 20 000 millones de euros, a pesar de la abundante normativa que ustedes han producido durante estos dos años, porque ya no acaban de llegar. Y este proyecto de ley no solventa ese problema que, en teoría, es su principal objetivo, al menos eso dice el logo de la ley y menos después de la enmienda del ministro de Hacienda, reconociendo un déficit tarifario de 3600 millones, que todos sabemos que será superior. La enmienda que ustedes han presentado, de alguna manera ya lo prevé, ya que dice: sin perjuicio de los desajustes temporales que pudieran producirse. Los que sabemos de qué va lo entendemos; ya lo verán, más cerca de los 5000 millones de euros que de los 3600 millones de euros. Ya lo verán. A ello habría que sumar los 5609 millones del año pasado, o sea, más de 10 000 millones de euros suma el déficit de tarifa en estos dos años. Ya ven, el tema no es fácil, estamos ante un grave problema que no tiene fácil solución, pero el problema es que esta ley no lo solventa.




Página 8742


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MONTILLA AGUILERA: Sí, señor presidente.

Ustedes han ido cambiando de criterio y autocorrigiéndose sobre la marcha en numerosas ocasiones. Pero tampoco despeja la seguridad jurídica de los inversores, la imagen de España, fondos que nos han llevado al CIADI, fosilizan las actividades desreguladas de distribución y transporte... Y, por lo que se refiere al funcionamiento del mercado, y con esto acabo, señor presidente, la normativa que se nos propone no soluciona la precaria coexistencia de los mecanismos de mercado, relaciones, primas, restricciones/primas, que dificultan la competencia de todas las centrales en igualdad de condiciones, con una regulación con pretensión global que no soluciona, como decía, y que hace inviable el autoconsumo.

Nos tememos que esta no será la última normativa del Gobierno acerca de la regulación del sector y seguramente en los próximos meses habrá correcciones a lo que hoy nos proponen, por lo dicho anteriormente, porque los problemas existen y esta ley no los soluciona.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

¿Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías. Señor Juncal, yo no voy a calificar su intervención desde el punto de vista intelectual. Solamente le pido que mañana se la lea y se juzgue usted mismo. Ha hablado de desvergüenza refiriéndose a mí, de tonterías. Yo no le voy a calificar a usted, si va de listo o va de sobrado. No. Solo le pido que si cita unos datos sea usted riguroso. Si menciona la Comisión Nacional de la Energía, debe saber — aunque entiendo que no, porque de lo contrario no la hubiese mencionado— que en este proyecto de ley el informe de la Comisión Nacional de la Energía es el primero que establece una oposición y un recelo sobre muchos aspectos de este proyecto de ley.

Por tanto, si tiene usted capacidad intelectual, como parece que intenta demostrarnos cuando sube aquí, sea lo suficientemente riguroso con ella y dé los datos de lo que estamos hablando, el informe de la Comisión Nacional de la Energía, que es la primera oposición a este proyecto de ley que, por cierto, usted no ha entrado a valorar.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Popular, entiendo, presidente, que desde el punto de vista reglamentario, debemos darlas por decaídas, porque no han sido defendidas. Seguramente, porque es imposible que ustedes puedan defender el déficit Soria, los 3600 millones de euros que han aflorado y que, efectivamente, van a ser más. Asimismo, debe ser muy difícil defender en esta mesa que en enero va a subir la luz de manera importante, como ya está marcando el mercado eléctrico, con un pull que está en niveles que solo se conocían desde el año 2002, y que le vuelvo a repetir que está provocando que muchas fábricas, veintiuna plantas, estén parando la producción porque no pueden pagar los costes energéticos, con lo que eso supone, pues, además, son empresas exportadoras.

Voy a utilizar mi intervención para denunciar lo que ya dijimos en la comisión, que considerábamos un ejercicio de piratería parlamentaria, no solo porque ustedes introdujesen enmiendas un viernes a última hora de la noche, que aflora un déficit de 3600 millones de euros, sino porque consideramos que han perturbado el procedimiento y vulnerado el Reglamento del Senado, volviendo a reabrir una ponencia que ya se había cerrado, con el único objetivo, una vez más, de introducir una nueva pieza en un puzle que no acaba de encajar, a pesar de las ciento cinco enmiendas que han presentado ustedes a este proyecto de ley. Sus enmiendas son un remedio más que una solución.

Este proyecto de ley es hijo del fracaso, porque, como ya hemos dicho, no cumple con el objetivo de déficit y porque no va a contener los precios, como otras personas que me han precedido y yo mismo hemos dicho anteriormente.

Este proyecto de ley va a traer más y mayor litigiosidad; más y mayor inseguridad jurídica y más y mayor inestabilidad en el sistema eléctrico español. Le voy a leer lo que decía hoy el presidente del Club de la Energía. Se lo leo textualmente: El diseño por parte del Gobierno de una reforma eléctrica, sin consenso y sin diálogo, puede ocasionar litigiosidad y obligar a realizar




Página 8743


cambios en un plazo de tiempo demasiado corto. Fin de la cita. Lo dice el presidente del Club de la Energía.

Pero es que, además, esta falsa reforma se está viendo con preocupación fuera de nuestras fronteras. Se lo he dicho antes. El embajador de Francia y el presidente de General Electric dicen —le leo textualmente—: El futuro de España dependerá de que el Gobierno —este, no el anterior— sea capaz de contener el precio de la energía.

Y, desde dentro, antes de aplicarse la ley, no es que la gente esté viéndolo con preocupación, sino que le vuelvo a repetir que están cortando ya la producción veintiuna plantas industriales, porque no pueden pagar el recibo de la luz. Las comercializadoras independientes de la luz están alarmadas con la escalada de precios del pool. ADICAE estima que la luz puede subir un 14% a cuenta del déficit de tarifa. Y por si faltaba poco, este proyecto de ley cuenta con la oposición de todos, se lo he dicho antes: de los consumidores, de las empresas, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, por ejemplo de Murcia, de Extremadura, de Galicia —que están gobernadas por el Partido Popular— o de la Unión Europea. El señor Vidal-Quadras —usted le conoce, eurodiputado del Partido Popular— ha mandado una carta al Ministerio de Industria —claro que se la tendría que haber derivado al Ministerio de Hacienda, porque el señor Montoro es en realidad el ministro de Energía— en la que dice que se incumplen, en esta mal llamada reforma eléctrica, diversas directivas que tienen que ver con el ahorro y la eficiencia energética de manera fundamental en lo que se refiere al autoconsumo.

Y termino. Esta mal llamada reforma energética no tiene ninguna visión a largo plazo y va a ser necesario hacer una reformulación, más pronto que tarde, precisamente para conseguir que tengamos un sistema eléctrico que favorezca la competitividad de la industria española y que también puedan soportar los bolsillos de los ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Juncal.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Le voy a explicar lo de las enmiendas, señor Alique, pues tiene muy fácil solución. Negociamos unas transacciones con el Grupo Catalán Convergència i Unió y se decidió presentar esas enmiendas. Sin embargo, en la reunión de la ponencia me encuentro con que el portavoz del Grupo Catalán Convergéncia i Unió me dice que no van a apoyar la ley. Por lo tanto, no hay enmiendas. Nos volvemos a reunir y llegamos a un acuerdo. Las enmiendas siguen vivas, no han decaído porque se ha pedido su mantenimiento para el Pleno y, por lo tanto, se votarán favorablemente. No hay ningún problema ni nada extraño en este asunto.

Señor Alique, no es que yo me meta con usted, sino que me parece mal que diga ciertas cosas con la realidad que tenemos. No se lo digo en tono despreciativo, ni mucho menos, pues sabe que le tengo aprecio.

Enlazando con lo que decía antes, y como el tiempo no da para más, respecto al consenso del que usted hablaba quiero decirle que consensuar con ustedes es imposible porque mientras uno está aquí el otro está allí. El problema es que ustedes ignoran la realidad, y le voy a poner dos ejemplos porque no me da tiempo a más.

Ustedes introducen, con la enmienda 165, una nueva disposición adicional tercera donde piden el cierre a los cuarenta años de las centrales nucleares. Yo les digo una cosa, particularmente a mí no me parece mal, siempre y cuando esto viniera acompañado de un plan RENOVE de nucleares. ¿Qué vamos a perder en 2020? ¿El 25% de la producción de energía que tenemos en este momento, que es la más barata?

No tengo más tiempo, pero solo quiero decirle que el riesgo no lo eliminamos. En este mapa de Francia podemos ver que tiene cincuenta y tres centrales nucleares mientras que nosotros tenemos siete. Quizá hay que preguntarse por qué Francia tiene la energía más barata de Europa en cuanto a industria y consumo, impuestos aparte. Nosotros no eliminamos el riesgo porque la central francesa más cercana de Barcelona está a 445 kilómetros y, con relación a Bilbao, la central de Burdeos está a 400 kilómetros, con lo cual renunciamos a ella. Pero eso sí que hay que consensuarlo, señor Alique. Esto tiene que aprobarlo el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo




Página 8744


Parlamentario Socialista y la mayoría de la Cámara porque si no, cuando se decide una cosa y se aplica otra, sí que generamos inseguridad jurídica.

Otro asunto importante es el del autoconsumo. ¿Ustedes de qué autoconsumo están hablando? O no se enteran o mienten para sacar rédito político de forma descarada. La ley no impide a nadie que quiera montar su maquinillo de viento o gas y autoconsumir. Eso es autoconsumo.

Ahora bien, si esa pieza la unimos a la red para poder cogerla cuando la necesitamos porque el maquinillo no me da la energía suficiente para mantener mi producción o, incluso, lo que me sobra venderla, ahí ya estamos hablando de un generador de energía, de un vendedor y de un comprador. Y, por lo tanto, ya no estamos en el autoconsumo, puro y duro. El autoconsumo, puro y duro, no lo prohíbe la ley, pero otra cosa es que, a partir del autoconsumo, o lo que ustedes llaman autoconsumo, sea venta y compra de energía, y otra vez empezamos una burbuja, el negociete de unos, etcétera.

Dice usted que se genera pobreza energética y no se aprovecha el autoconsumo. ¿Quién más va a aprovechar el autoconsumo? La gente que tiene capacidad para poner un maquinillo. Pero la gente de a pie, la que está en su piso, no tiene esa posibilidad. Y la mejor manera de defender a todos los ciudadanos y que no haya pobreza energética es tomar las medidas necesarias para que baje el precio de la energía. Pero lo que ustedes pretenden en sus enmiendas —y termino, señor presidente, le doy mi palabra de que intentaré no pasarme, porque sería ya del otro bloque—, de las ochenta que quedan —porque seis las fotocopiaron de las del Congreso, se aceptaron allí y se les ha olvidado retirarlas—, dedican veinte exclusivamente a pedir que se vuelvan a tener en cuenta para las renovables las primas del año 2007; volver atrás, o sea, otra vez a los 12 000 millones de déficit de tarifa. ¡Hombre, por Dios!, si usted me dice que eso es racional, yo, de verdad, no lo entiendo así.

Por supuesto, vamos a votar a favor de las enmiendas del Grupo Popular, de las que están pactadas con el Grupo Catalán Convergència i Unió, de las que hemos presentado conjuntamente con el Grupo Parlamentario Vasco; hay una de cada grupo al artículo 65.8 que coinciden y, por tanto, las vamos aprobar — es una mejora técnica—, y, por supuesto, vamos a rechazar todas las demás.

Lo siento mucho, señor presidente, por excederme. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Juncal.

Se suspende la sesión, señorías, hasta mañana, a las nueve. Buenas noches.

Eran las veintitrés horas y veinte minutos.


Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal