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DS. Senado, Pleno, núm. 89, de 09/12/2013
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 44

celebrada el lunes, 9 de diciembre de 2013

ORDEN DEL DÍA

1. ACTAS

1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 27 de noviembre de 2013.

2. ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

2.1. Conocimiento del acatamiento a la Constitución mediante documento notarial del Excmo. Sr. D. Francisco José Álvarez de la Chica.

(Núm. exp. 500/000306)

3. HABILITACIONES

3.1. Pleno del Senado.

(Núm. exp. 551/000032)

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES.

Comisión: Presupuestos

(Núm. exp. 621/000055)

El debate continúa en el Diario de Sesiones número 90, del martes, 10 de diciembre de 2013.




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SUMARIO

Se abre la sesión a las trece horas.

1. ACTAS

1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 27 de noviembre de 2013 .

8073

Se aprueba el acta.

2. ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

2.1. Conocimiento del acatamiento a la Constitución mediante documento notarial del Excmo. Sr. D. Francisco José Álvarez de la Chica.

(Núm. exp. 500/000306)

8073

El señor presidente da cuenta a la Cámara de que ha adquirido la condición plena de senador, al prestar acatamiento a la Constitución mediante documento notarial, el Excmo. Sr. D. Francisco José Álvarez de la Chica.

3. HABILITACIONES

3.1. Pleno del Senado.

(Núm. exp. 551/000032)

8073

Se aprueba por asentimiento de la Cámara la habilitación del lunes 16 de diciembre de 2013 para la celebración de sesión plenaria.

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES.

Comisión: Presupuestos

(Núm. exp. 621/000055)

8073

La señora Guerrero Rosado, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

En nombre del Gobierno, de conformidad con el artículo 84.4 del Reglamento del Senado, hace uso de la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

Comienza el debate de las propuestas de veto al Proyecto de Ley.

El señor López García defiende la propuesta de veto número 8, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Bel Accensi defiende la propuesta de veto número 9, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número 5, presentada por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bildarratz Sorron defiende la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).




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El señor Unamunzaga Osoro defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por los señores Aiartza Azurtza y Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 2.

El señor Quintero Castañeda defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por este senador y el señor Zerolo Aguilar.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 3, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Martínez Oblanca e Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; López García, por el Grupo Parlamentario Socialista; y Barreiro Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Vuelve a hacer uso de la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que, por primera vez, se va a utilizar la votación telemática, habiendo sido autorizada para las senadoras Eva Parera Escrichs y Catalina García Carrasco, aunque solo esta última ha emitido voto telemático.

Se rechaza la propuesta de veto número 8, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.

Se rechaza la propuesta de veto número 9, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.

Se rechaza la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Vasco, con el siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por los senadores Aiartza Azurtza y Goioaga Llano, la senadora Mendizabal Azurmendi y el senador Unamunzaga Osoro, con el siguiente resultado: presentes, 252, más 2 votos telemáticos, 254; votos emitidos, 252, más 1 voto telemático, 253; a favor, 94; en contra, 158, más 1 voto telemático, 159; abstenciones, 1.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por la senadora Capella i Farré, con el siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 93; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 1.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, con el siguiente resultado: presentes, 253, más 2




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votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 93; en contra, 158, más 1 voto telemático, 159; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, de la senadora Almiñana Riqué, los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la senadora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.

Comienza el debate de las enmiendas que por implicar la impugnación completa de una sección se tramitan como propuestas de veto.

Sección 12.

El señor Sañudo Aja defiende la enmienda 2912, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Bel Accensi defiende la enmienda 3338, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la enmienda 262, presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la enmienda 1018, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Chiquillo Barber, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 13.

La señora Marra Domínguez defiende la enmienda 2893, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Rieradevall Tarrés defiende la enmienda 3347, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 276, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la enmienda 1019, presentada por el señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Franco González, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 14.

El señor Abad Benedicto defiende la enmienda 2892, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Maldonado i Gili defiende la enmienda 3348, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.




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El señor Mariscal Cifuentes defiende la enmienda 291, presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la enmienda 1020, presentada por el señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Campoy Suárez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 15.

El señor Vázquez García defiende la enmienda 2329, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Bel Accensi defiende la enmienda 3349, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Los señores Bruguera Batalla y Guillot Miravet defienden la enmienda 1009, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 300, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 16.

El señor Cascallana Gallastegui defiende la enmienda 2273, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la enmienda 305, presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la enmienda 1021, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aznar Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 17.

El señor Fernández Ortega defiende la enmienda 2342, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Candini i Puig defiende la enmienda 3356, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 325, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Martí Jufresa defiende la enmienda 1016, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Guillot Miravet defiende la enmienda 1022, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Mateu Istúriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 18.

El señor Álvarez Areces defiende la enmienda 2093, del Grupo Parlamentario Socialista.




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El señor Bagué Roura defiende la enmienda 3367, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Sequera García y el señor Martí Jufresa defienden la enmienda 1010, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 547, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Sampedro Redondo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 19.

El señor Martínez-Aldama Sáenz defiende la enmienda 2936, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Rieradevall Tarrés defiende la enmienda 3420, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Guillot Miravet defiende la enmienda 1011, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 658, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Peris Jarque, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las veintitrés horas y cuarenta minutos.




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Se abre la sesión a las trece horas.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. (Rumores.)

Buenos días. (Rumores.) Señorías, guarden silencio, por favor.

1. ACTAS

1.1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL PASADO DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2013.

El señor presidente da lectura a los puntos 1. y 1.1.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna observación? (Pausa.)

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobada. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

2. ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

2.1. CONOCIMIENTO DEL ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN MEDIANTE DOCUMENTO NOTARIAL DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA.

(Núm. exp. 500/000306)

El señor presidente da lectura a los puntos 2. y 2.1.

El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1.b) del Reglamento del Senado, doy cuenta a la Cámara de que ha prestado acatamiento a la Constitución mediante documento notarial y, en consecuencia, ha adquirido la condición plena de senador, el excelentísimo señor don Francisco José Álvarez de la Chica, a quien doy la bienvenida otra vez a esta Cámara y le deseo mucha suerte. (Aplausos.)

3. HABILITACIONES

3.1. PLENO DEL SENADO.

(Núm. exp. 551/000032)

El señor presidente da lectura a los puntos 3. y 3.1.

El señor PRESIDENTE: De conformidad con el artículo 76, del Reglamento del Senado, se propone al Pleno la habilitación del próximo lunes, día 16 de diciembre de 2013, para la celebración de sesión plenaria.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento.)

Queda aprobada. Muchas gracias.

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES.

COMISIÓN: PRESUPUESTOS

(Núm. exp. 621/000055)

El señor presidente da lectura a los puntos 4., 4.1. y 4.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la comisión, la senadora Guerrero.

La señora GUERRERO ROSADO: Señor presidente, señorías, buenos días.




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Tengo el honor de haber sido designada para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Presupuestos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el pasado día 21 de noviembre de 2013, y fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en la misma fecha, tramitándose por el procedimiento de un mes, regulado en el artículo 136 del Reglamento del Senado. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el pasado día 27 de noviembre. La Comisión de Presupuestos se reunió durante los días 25, 26 y 27 de noviembre al objeto de designar la ponencia que había de informar el proyecto de ley, así como para celebrar las comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios para informar en relación con el proyecto de ley que nos ocupa, celebrándose un total de treinta y cuatro comparecencias.

Señorías, a este proyecto se han formulado nueve propuestas de veto: la número 1, de los señores Aiartza Azurtza y Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto. La número 2, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto. La número 3, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. La número 4, de los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto. La número 5, de la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martín Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. La número 6, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. La número 7, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. La número 9, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Y La número 8, del Grupo Parlamentario Socialista. Asimismo, se formularon 3791 enmiendas, de las cuales cincuenta y ocho implican la impugnación completa de una sección: catorce, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes; dos impugnaciones de la señora Almiñana Riqué, señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y señora Sequera García; siete impugnaciones de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta; siete, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; catorce, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; y catorce, del Grupo Parlamentario Socialista.

Por otra parte, fueron retiradas las siguientes enmiendas: la número 47, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes; las números 3337, 3335, 3445 y 3462, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; las números 1260 y 2330, del Grupo Parlamentario Socialista; y las números 2968, 3107, 3049 y 3790, del Grupo Parlamentario Popular.

El día 3 de diciembre la ponencia emitió informe por el que se incorporaron, por mayoría, al texto remitido por el Congreso de los Diputados todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, excepto la número 2998. Igualmente, se acordó incorporar la enmienda número 3061, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y dos enmiendas transaccionales: la primera, sobre la base de la enmienda 2157, del Grupo Parlamentario Socialista, y la 2885, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y la segunda, sobre la base de la enmienda 3313, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Ese mismo día la comisión dictaminó el proyecto de ley y acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por la ponencia.

Por último, para su debate ante el Pleno se han formulado catorce votos particulares: del Grupo Parlamentario Socialista, por el que se mantienen todas sus enmiendas presentadas y no retiradas, con la salvedad de la 2157, que ha sido objeto de transacción, su propuesta de veto número 8, y formula voto particular respecto del dictamen modificado por la aprobación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, con la salvedad de la 3043. Del Grupo Parlamentario Mixto, por el que se mantienen sus propuestas de veto 1, 2 y 4 y las enmiendas 1 a 38 y 831 a 1004, excepto la 839. De los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el que se mantiene su propuesta de veto número 3 y las enmiendas 42 a 830, 1006, 1007, 1008 y 3039, excepto las números 82, 111, 256, 257 y 258. Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, por el que se mantiene su propuesta de veto número 7. Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, por el que se mantienen las enmiendas 2870 a 2891. Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, solicitando la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado como consecuencia de las enmiendas aprobadas. Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, manteniendo las enmiendas presentadas a las impugnaciones de secciones, números 1009 a 1015. Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, manteniendo




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todas las enmiendas presentadas, 1780 a 2092. De los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, manteniendo las enmiendas presentadas a las impugnaciones de secciones, números 1008 a 1024. De los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, manteniendo la propuesta de veto número 6. Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, manteniendo todas las enmiendas, números 1391 a 1799. De la señora Almiñana Riqué, de los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, manteniendo las enmiendas presentadas a la impugnación de las secciones, 1016 y 1017. De la señora Almiñana Riqué y los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, manteniendo la propuesta de veto número 5. Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, manteniendo todas las enmiendas presentadas en su día, 3054 a 3788, excepto las enmiendas 3061 y 3313, así como el veto número 9.

Señorías, señor presidente, con estas palabras creo haber resumido la tramitación parlamentaria llevada a cabo en la Comisión de Presupuestos del Senado del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Guerrero.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, me corresponde el honor, una vez más, de ocupar esta tribuna para presentar ante los senadores un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en este caso para el año 2014, los nuevos presupuestos del Estado, que lo que traen —no ya solo anuncian, sino que provocan— es un año en el que podremos decir que la crisis económica ha finalizado en España. Un año, el 2014, en el que tendremos crecimiento económico y comenzará la creación de empleo con nitidez. Un año en el que la economía española habrá regresado a fundamentos sólidos para que el ejercicio de crecer y crear empleo no sea efímero sino que pueda tener continuidad. Un año en el que los más débiles de la sociedad encuentren sus apoyos, puesto que el presupuesto del Estado es un presupuesto solidario donde realmente la ayuda del Estado se establece en relación con las capas sociales que más han sufrido la crisis económica, la más larga crisis económica y la más cruel en términos de destrucción de puestos de trabajo que ha vivido España.

Todo ello está tocando a su fin. La recesión económica ha acabado ya en el año 2013. En el debate de presupuestos para el año 2013 ya anunciamos que el 2013 sería el último año de recesión económica en España, y así lo ha sido. La recesión económica en España ha acabado a mitad del ejercicio 2013. A partir de ello, en el segundo trimestre, y casi con toda seguridad en el cuarto trimestre, es decir, en la segunda mitad del año 2013, estamos teniendo ya un crecimiento económico suave, ligero, pero claramente esperanzador en materia de evolución del empleo. Se está frenando el deterioro del mercado de trabajo, se está parando la destrucción de puestos de trabajo. Los datos de paro registrado de los últimos meses, y sobre todo de afiliación a la Seguridad Social, no pueden ser más elocuentes. Nunca antes en España, con unas situaciones económicas todavía tan adversas, se había dejado de destruir el puesto de trabajo, el empleo, como ya está ocurriendo en la segunda mitad, y en concreto en el final del año 2013. Ello abre las posibilidades, cada vez más cercanas, de que el año 2014 sea un año de crecimiento económico, el primero de un crecimiento económico que se sucederá y se fortalecerá en los años 2015, 2016 y años consiguientes. Por tanto, será el comienzo de una senda donde los españoles nos podremos encontrar realmente en la recuperación, no ya de nuestro bienestar a partir de la premisa de solidaridad, sino a partir de la cohesión social que aporta la creación de empleo, la política social más efectiva, más igualitaria y que más tenemos que valorar en términos de cohesión social.

Así pues, los presupuestos para el año 2014 no son un trámite, son realmente la apuesta de las cuentas públicas del Estado con gran influencia sobre las administraciones territoriales que conforman el Estado de las autonomías de España, que proyectan un crecimiento económico creador de empleo porque están recogiendo el esfuerzo que ha hecho la sociedad española, el gran esfuerzo, el titánico esfuerzo que ha hecho la gente de todos los rincones de España en




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estos ajustes, en estos años, para superar la más difícil, larga y destructora crisis que ha vivido nuestra sociedad, que han vivido los españoles. Hoy podemos ya mirar con otro halo de confianza hacia el futuro porque estamos sentando las bases del crecimiento económico. Estamos sentando las raíces de la posibilidad de que nuestro país vuelva a ser un país como el que fue, un país basado en la estabilidad de su economía, basado en la estabilidad de su balanza de pagos, basado en el control de los precios y en el equilibrio y en la sostenibilidad de sus finanzas públicas, y que sea un país fiable como socio de Europa, un país que merezca la confianza de los mercados financieros para que apuesten con su inversión en ese proceso de recuperación económica y un país que siga recibiendo inversión directa, como ya está ocurriendo en la España de finales de 2013, inversión directa que viene a España como un país que es capaz de devolver esa confianza, ese esfuerzo que se está depositando en él.

Son unos presupuestos, por tanto, que se sustentan, se basan y sobre todo proyectan un escenario de crecimiento económico moderado para lo que sería la media de un crecimiento económico del 0,7%. Y debo decir aquí con toda claridad esta mañana que es posible, que ese escenario de crecimiento económico es perfectamente factible que sea superado por la realidad, y el Gobierno, por tanto, se está colocando en la banda baja de las previsiones de evolución económica a la hora de programar estos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Una banda baja como están mostrando la mayoría de los análisis económicos, de los estudios que se van realizando sobre la economía española, sobre la economía de nuestro país, donde ya van acercando su vaticinio para el año próximo hacia crecimientos más cercanos en media anual al 1%, 0,9%, y superando, por tanto, las previsiones del Gobierno, las que traigo hoy como base, incluso como objetivo de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Ello nos lleva a que los presupuestos tengan que ser una herramienta que se conforma dentro de un proyecto reformista del Gobierno de España. Estos presupuestos son, como es normal y como hay que descontar, las proyecciones numéricas de las políticas públicas que el Gobierno propone a las Cortes Generales de España. Pero, además, estos presupuestos se enmarcan en un proyecto de reforma muy profunda de la Administración Pública en España, se enmarcan en todas las leyes, leyes que también están hoy en el Senado de España, leyes como la de factura electrónica o la de deuda comercial y como también lo es la ley que va a cambiar las premisas del régimen local en España, leyes que acompañan, por tanto, un proyecto de reforma de nuestras administraciones públicas enfocándolas hacia las prestaciones de servicios de manera más cercana y eficiente a los ciudadanos. Son unos presupuestos que se enmarcan en reformas estructurales como la reforma del mercado de trabajo, que está siendo capaz de transformar, de modernizar las relaciones laborales en nuestro país a una velocidad. La reforma es reciente, de comienzos de 2012, y está teniendo un impacto muy positivo a la hora, por un lado, de preservar puestos de trabajo; pero esa reforma no solo es preservar, y es que no podríamos estar hablando de que una economía con pequeños crecimientos económicos fuera capaz de crear puestos de trabajo. Y eso es lo que está aportando la modernización de las relaciones laborales que conjuga la reforma del mercado de trabajo que se ha hecho en España. Como lo es también la reforma, el saneamiento del sector bancario, un saneamiento muy profundo que está reordenando las instituciones bancarias en nuestro país, que las ha saneado de lo que representan los activos inmobiliarios, y que con la ayuda europea, con la financiación del MEDE, está permitiendo también que nuestras entidades bancarias estén hoy mejor capitalizadas y, por tanto, sean cada vez más capaces de hacer lo que debe hacer un intermediario financiero: tomar recursos, depósitos procedentes del ahorro de las familias, de las empresas y de las propias administraciones públicas, y destinarlos al crédito a quienes nos tienen que sacar de la crisis, a los motores de la salida de esta crisis, que son los autónomos, la pequeña y mediana empresa y las empresas en general. Hay también signos esperanzadores en materia de dotación de crédito bancario, signos que realmente hacen predecir que ese crédito bancario está volviendo a medida que la recesión económica acaba y, por lo tanto, encontramos también mayor facilidad financiera desde la perspectiva del conjunto de los mercados financieros que están abordando la financiación de nuestra economía en los finales de la recesión económica y también en los pronto finales de la crisis económica.

Reformas, como la de la energía, absolutamente fundamental puesto que estamos hablando de reformas que son inputs de nuestra economía y de las que depende nuestra capacidad de




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competir y la capacidad de crecer. Reformas en el ámbito de los transportes, de las comunicaciones, de nuestras infraestructuras, que no solo hay que valorarlas en función de nuevas inversiones sino de los contenidos de la oferta que representa, de la facilidad de nuestra red de infraestructura en materia de transportes y de comunicaciones, reformas que seguiremos aplicando desde el Gobierno, desde un proyecto de un Gobierno fuertemente comprometido con las reformas que necesita España para superar definitivamente esta crisis. Son reformas que encuentran la respuesta en una sociedad que anhela finalizar con esa crisis y que encuentran la respuesta en las empresas, que están viviendo un proceso de desapalancamiento financiero que está tenido el reconocimiento de los mercados y que podemos ver en la evolución de la Bolsa, de los mercados bursátiles, que han permitido una capitalización desde el comienzo de la subida de las Bolsas del orden de 250 000 millones de euros, 25 puntos de producto interior bruto recuperados después de la caída, de las crisis bursátiles propias de la recesión económica tan prolongada que ha vivido nuestro país. Reformas, por tanto, que se encuadran en un planteamiento que también he resumido desde esta tribuna desde el comienzo de la legislatura: el compromiso con la estabilidad económica, un compromiso que nunca debimos abandonar y cuyo abandono tiene un coste y un coste social de enorme dimensión: el paro, la pérdida de puestos de trabajo, una crisis que ha dejado detrás de nosotros la destrucción de tres millones y medio de puestos de trabajo, algo que no habría ocurrido si en España se hubiera aplicado la política de estabilidad económica, de estabilidad presupuestaria, de estabilidad de la balanza de pagos, que son consustanciales a la construcción de la Unión Europea, que son consustanciales al euro, que dieron el sentido a la fundación del euro. Desgraciadamente, Gobiernos posteriores nos llevaron a generar ese endeudamiento externo que realmente pesa como una losa sobre la sociedad, sobre sus estructuras económicas. Y hoy podemos ver cómo quienes ocuparon las responsabilidades del Gobierno de entonces realmente describen aquella situación como si no hubieran sido ellos mismos partícipes del incremento de un endeudamiento absurdo, cuasi suicida, que se estaba llevando a cabo en nuestro país, que era denunciado desde estas bancadas —en aquel momento, de la oposición— del Partido Popular desde el mismo final de la legislatura del 2007 y comienzo de la crisis en el 2008. Y ahora tenemos que recordar, cuando estamos saliendo de esa crisis, que esta tenía una causa, el endeudamiento externo de nuestra economía promovido desde políticas y acciones de Gobiernos que no supieron valorar en modo alguno lo que representaba, lo que iba a suponer ese endeudamiento externo, confundiéndolo con lo que está siendo la realidad, la adscripción de un país al euro y, por tanto, la renuncia a ejecución a cambios en su tipo de moneda, en el valor de su moneda, frente al resto de monedas en lo que es la estabilidad de su tipo de cambio.

Señorías, en este momento el debate público en España no es el rescate. El debate público en España ya no es, muy pronto no va a ser cuántos puestos de trabajo se van a perder. El debate público en España debe ser —y yo animo a todos los grupos políticos a que a lo largo de su exposición sobre los Presupuestos Generales del Estado entren en ello— cuán intensa va a ser la recuperación económica a corto plazo de España. Este es el debate: cuánto vamos a crecer, cuánto empleo se va a crear a partir de ese crecimiento económico y cuántas reformas y cuántos cambios necesitamos introducir para impulsar ese crecimiento económico y esa creación de empleo. Ese es el planteamiento en este momento, ese es el planteamiento que interesa a la sociedad, ese es el planteamiento que debería estar dominando el debate público en nuestro momento y en nuestro tiempo: cuánto vamos a crecer el año próximo, de eso es de lo que deberíamos estar hablando, cómo vamos a crecer el año próximo, cuánto se va a recuperar la demanda interna de la economía de nuestro país el año próximo, cuánto va a crecer el conjunto de la inversión pública, que ya está contenida en estos presupuestos, y la inversión privada, cuánto va a crecer la inversión en bienes de equipo el año próximo. ¿Se va a recuperar la construcción el año próximo, aunque sea moderadamente? ¿Se va, por tanto, a recuperar, a partir de estas premisas de evolución de demanda interna, el consumo de las familias el año próximo? Estas son las grandes cuestiones del debate público que debemos estar sosteniendo y debatiendo, por supuesto, cada uno desde nuestros planteamientos, pero asumiendo todos que realmente es lo que nos conviene a los españoles. La gran pregunta es cuánto vamos a crecer, cómo vamos a crecer, si ese crecimiento va a ser compatible con la estabilidad de nuestra balanza de pagos, si ese crecimiento va a seguir generando la confianza de nuestros acreedores de los mercados




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financieros, si ese crecimiento va a ser también generador de mayor confianza y, por tanto, poner más en valor a España, a la sociedad española dentro del proyecto de integración europea, que es nuestro proyecto vital como sociedad y como país.

De esto es de lo que hay que hablar. Ya sé que se habla de muchas otras cosas, pero los que tenemos que hablar con responsabilidad lo que tenemos que hacer es hablar de lo que le conviene a los españoles, de la salida de la crisis económica, que es realmente la gran cuestión pendiente y lo que debe soportar y debe dar sentido a los debates políticos y a los debates públicos también en este Parlamento.

Si acabo de referirme a que la causa de la crisis de España es la deuda externa que se ha acumulado, para superar esa crisis no hay otra salida, no hay otra solución que no sea la del desapalancamiento de los agentes económicos de España, el desapalancamiento de las familias, de las empresas y, por descontado, del propio sector público, que tiene que seguir reduciendo su déficit público. ¿A qué velocidad? Eso es lo que proponen estos Presupuestos Generales del Estado para el año próximo: seguir con este objetivo, y una vez conseguido el objetivo del déficit del año 2013, una vez afianzado el 6,5% para el conjunto de nuestras administraciones públicas, a renglón seguido plantearnos el proyecto común, el proyecto entre todas las administraciones, del 5,8% para el año 2014.

Ese es el sentido de los Presupuestos Generales del Estado, de la financiación que proyectan esos Presupuestos Generales del Estado para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales y, por supuesto, el sentido que debe aunar el conjunto de presupuestos de nuestras administraciones territoriales: conseguir reducir el déficit público.

En el año 2012, España hizo una reducción estructural del déficit público en una recesión económica, la mayor reducción que ha conocido la historia de la Hacienda española y la historia del mundo desarrollado, con la única salvedad de Grecia, país intervenido, como es bien conocido y que, por tanto, no ha podido ejercitar su soberanía presupuestaria y su soberanía fiscal.

En el año 2012, España llevó a cabo una reducción de déficit público que sencillamente no podemos por menos que calificar de histórica; una reducción que en más de tres cuartas partes fue debida a la reducción del gasto público; una reducción en la que participaron todas las administraciones públicas —y subrayo todas— que componen el Estado español. Lo hizo la Administración General del Estado pero lo hicieron también las comunidades autónomas —en mayor medida incluso que la propia Administración General del Estado— y lo hicieron también de manera muy significativa y muy de valorar las corporaciones locales.

Por tanto, todos hicimos un gran esfuerzo, demostrando que España en el año 2012 podía hacerlo porque detrás de ello está el esfuerzo de la gente; no son cifras simples, relativas de una contabilidad traducida, por supuesto, en términos de contabilidad nacional, sino que representan el esfuerzo de la gente, el esfuerzo enorme que hizo una sociedad en el año 2012, demostrando que podía hacerlo y que, sobre todo, valía la pena hacerlo para acortar la salida de la crisis económica.

Esa reducción del año 2012, insisto, queda ahí, en términos históricos. Tenemos que proyectarla y debemos prolongarla en 2013 en forma de reducción del déficit público, que hoy aparece en términos nominales como una reducción modesta. Cerrar 2013 en el 6,5% de déficit, siendo posible hacerlo, parece un resultado cercano al cierre del 6,8% del año anterior, pero es que este año la economía en su media anual habrá caído un 1,3%, lo que significa que en términos estructurales las administraciones públicas españolas están haciendo también un gran esfuerzo en el año 2013 para reducir el componente estructural del déficit público, puesto que no estamos ante un comportamiento positivo de la evolución económica de nuestro país y no es al crecimiento económico al que debemos la reducción del déficit público en el año 2013.

El año 2014 tenemos que insistir en el objetivo de la reducción del déficit público y tenemos que hacerlo con la confianza, si se quiere con la fe, de que la reducción del déficit público es una herramienta eficaz para superar definitivamente la crisis económica.

Los presupuestos del Estado son muy expresivos a ese respecto, programan una reducción del gasto de los ministerios del 4,4%, después de reducciones muy significativas ocurridas en los años 2012 y 2013. Aun así, el gasto del conjunto de los ministerios se reduce un 4,4%, hasta el punto de que la Administración General del Estado —este es el presupuesto que traigo a esta Cámara— va a gastar del orden de los 35 000 millones de euros; por tanto, se trata de una cifra




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bastante modesta porque detrás de ella está la oferta de servicios públicos fundamentales para los españoles, expresión del esfuerzo que está haciendo también la Administración General del Estado.

Son presupuestos que no traen más subidas fiscales, no traen más subidas de impuestos, al contrario, traen bajadas selectivas de impuestos para las nuevas pequeñas empresas que se creen en nuestro país; bajadas de impuestos relativas a la reutilización de los beneficios empresariales para financiar nuevas inversiones por parte de la pyme; bajadas de impuestos también en términos de aligerar la carga tributaria que supone el IVA de caja, que entrará en vigor el 1 de enero del año 2014; bajada de impuestos que apuestan por la figura de proximidad, conocida como el business angels.

Por tanto, se trata de bajadas de impuestos que están ya materializándose y que cumplen con el programa político que apoyaron los españoles mayoritariamente en las elecciones generales del año 2011 y que vamos materializando en las propuestas que traemos a esta Cámara; bajada de impuestos selectiva, que se verá completada con la reforma tributaria que acometeremos el año 2014 con un escenario de crecimiento económico más positivo, más claro, y donde la primavera próxima el Gobierno tendrá la oportunidad de traer también una legislación significativa en materia de reforma tributaria de nuestro país que sentará la base para una financiación autonómica y local diferente, más actual, más moderna, y un sistema tributario comprometido con los incentivos económicos y la creación de empleo.

Además, como he dicho desde el comienzo de mi intervención, quiero subrayar también que otra de las características de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 es su solidaridad. Estos presupuestos tienen un gran peso de gasto social en su conjunto. Estos presupuestos —ya no insistiré más porque después escucharé sus palabras atentamente— son los más sociales de la historia, en cuanto a que realmente jamás se habrá dedicado tanto gasto a materia social como con estos presupuestos, incluyendo las pensiones públicas. (Rumores.) Se trata de pensiones que, incorporando el factor de sostenibilidad para el año próximo, crecen en estos presupuestos un 4,9%.

En cuanto al seguro de desempleo, se destina una partida de 29 700 millones de euros, inferior en su total a la partida que costará el seguro de desempleo liquidado en el año 2013, porque mejorará el escenario de evolución económica y, por tanto, no se generarán ni mucho menos los parados de estos últimos años. Pero, aun así, como vemos, son las partidas más cuantiosas y más importantes de los Presupuestos Generales del Estado, y no me resisto a leerles los datos sobre el destino del dinero del conjunto de los impuestos que los españoles pagamos y que materializamos en los diferentes niveles de administraciones públicas para el año próximo, para el año 2014. No les hablo ya del gasto previsto en los Presupuestos Generales del Estado para la Administración General del Estado, sino para el conjunto de las administraciones públicas.

Así, para educación se destinará un gasto consolidado de 45 141 millones de euros que viene a representar realmente casi un 10% del total del gasto de las administraciones públicas de España. A sanidad se destinan 60 848 millones de euros, lo que viene a ser un 13,2%. A empleo, incluyendo las políticas activas, además del Servicio Público de Empleo Estatal, 33 916 millones de euros, un 7,4%. A servicios públicos generales, 68 674. A defensa, 9424 millones de euros. A orden público y seguridad ciudadana, 20 754 millones de euros. A asuntos económicos, 39 329 millones de euros. A protección al medio ambiente, 8389 millones de euros. A vivienda y servicios comunitarios, 4899 millones de euros. A actividades recreativas y culturales, 13 568 millones de euros. También he mencionado la prestación de educación, pero falta la más importante, las pensiones, la prestación social en su conjunto que asciende en España a 189 523 millones de euros. Una cifra importante, casi 200 000 millones de euros, es lo que gasta el conjunto de las administraciones públicas en protección social en nuestro país. De un total del gasto de 460 541 millones de euros, la protección social del conjunto de nuestras administraciones públicas representa 189 000 millones de euros. Por tanto, la crítica que escuchamos, tan fácil, de que en España no hay protección social no resiste la mínima comparativa con los presupuestos, no solo del Estado, sino del conjunto de protección social que se deriva de las administraciones públicas españolas.

Con todo —insisto— los presupuestos son austeros, son muy austeros. Los presupuestos tienen también una previsión de ingresos tributarios vinculados a la evolución del cuadro




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económico, a la evolución de la actividad económica, cuya previsión, en términos reales, es el 0,7% y en términos nominales es el 2,1%. Por tanto, esa previsión en términos nominales es lo que se corresponde con los presupuestos de ingresos para el año próximo.

Los presupuestos vuelven a exigir un esfuerzo a los funcionarios públicos que ya es prolongado. Ha sido un esfuerzo duro el que ha hecho el conjunto de la función pública para superar la crisis de España, para superar la crisis fiscal del Estado en España. El esfuerzo hecho se merece que ya empecemos a cambiar, se merece que promovamos —ya está contenido en la enmienda del Senado a la Ley de deuda comercial— la recuperación, a partir de la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, de un día de libre disposición aplicado para el año 2013, que estará vigente antes de las Navidades de este año para el conjunto de las administraciones públicas de toda España, con independencia de la naturaleza de esa función pública. La recuperación de un día de libre disposición tendrá continuidad el año próximo. Por tanto, llega el momento de ir cambiando esa circunstancia, así como de materializar en el reconocimiento de todos a los funcionarios públicos por el esfuerzo que han aportado y que siguen aportando en términos de congelación de sus retribuciones en estos Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Quiero decirles también que la propia viabilidad de los presupuestos se sustenta en la buena evolución —buena para la evolución económica que tenemos— que hace que hasta noviembre, aunque sean datos provisionales, los ingresos totales hayan crecido en España un 0,8% sobre el año anterior. Los ingresos homogéneos, es decir, descontadas las devoluciones y llevado a una campaña estándar de devoluciones, crecen en noviembre un 3,7% sobre el mismo mes del año anterior. Y la recaudación del IVA de grandes empresas crece un 1,3% en dicho mes sobre el mismo mes del año anterior, teniendo en cuenta que el IVA de grandes empresas en octubre caía un –0,8%.

Además, en los impuestos especiales, la recaudación del impuesto sobre hidrocarburos ha crecido un 15,1% en el mes de noviembre sobre el mismo mes del año anterior. En el ámbito de los pagos del IRPF se nota que se está frenando ese deterioro del mercado de trabajo, por lo que las grandes empresas están moderando lo que todavía sigue siendo una caída del conjunto de la retribución de esas grandes empresas en nuestro país, gracias, como digo, a la menor destrucción de puestos de trabajo.

Así pues, podemos decir que estos datos que se van aproximando ya a lo que será una liquidación efectiva de la recaudación tributaria en España, sustentan al proyecto de Presupuestos Generales del Estado y hacen viables, alcanzables, las previsiones —porque en este caso sí son datos y previsiones— relativas a los ingresos tributarios que establece el proyecto de presupuestos para el año próximo.

También quiero celebrar y saludar la importancia de las enmiendas que se han incorporado en el trámite del Senado a estos presupuestos. Incorporación que han llevado a cabo los grupos parlamentarios y que a lo largo de la sesión del día de hoy tendrán ocasión de clarificar. Por mi parte, he de decirles que el trámite de estos Presupuestos Generales del Estado en el Senado ha sido un trámite con contenido. Se han aportado muchas cuestiones importantes en todo ámbito de materia. Y el Gobierno de España celebra positivamente que se haya hecho en esta tramitación, insistiendo tanto en el carácter social como en las políticas de I+D, en el ámbito cultural, en el desarrollo, en la apuesta de la cohesión social, así como también en cuestiones específicas de determinados territorios de nuestro país. Por consiguiente, ha sido un trámite de enmiendas muy importante.

Señor presidente, señorías, acabo haciendo un reconocimiento a la sociedad española, que nos ha dado un ejemplo a todos. La sociedad española está mostrando en estos dificilísimos años de crisis económica que con esfuerzo, con tesón, con ahínco y sin perder el ánimo, es capaz de hacernos regresar a una solución pronta de la crisis económica y frenar la destrucción de puestos de trabajo. Ese ha sido un esfuerzo que debemos reconocer en este debate de presupuestos para el año 2014. Esfuerzo encomiable de una sociedad que reacciona serenamente ante las dificultades, sabiéndose conocedora de la confianza que supone haber contado con un pasado reciente de éxito, de triunfo en el campo económico y social. Y a esa sociedad también debemos referirnos en este debate público para decirle que desde el Gobierno vamos a devolver con creces los esfuerzos realizados y lo vamos a hacer con una política que realmente devuelva el crecimiento




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económico y las oportunidades de empleo a todos aquellos que han perdido su puesto de trabajo o a tantos jóvenes que todavía no han encontrado su primer puesto de trabajo.

Ese es nuestro compromiso. Esa es nuestra apuesta. A eso aspiran los nuevos Presupuestos Generales del Estado y por eso no debemos dejar de acometer reformas, perseverar en el camino de la estabilidad europea, insistir en la importancia de avanzar en la integración de Europa y dedicar todo nuestro esfuerzo y tesón político a solucionar la crisis económica; esa es realmente la gran demanda de nuestra sociedad, a la que tanto debemos y tanto tenemos que agradecer en el día de hoy.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señorías, pasamos al debate de las propuestas de veto al proyecto de ley.

Comenzamos con la defensa de la propuesta de veto número 8, del Grupo Parlamentario Socialista. Para ello, tiene la palabra el senador López García por tiempo de treinta minutos.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, he estado escuchando con atención su intervención y veo que ha cambiado el lema que tenía para los presupuestos, pues ha pasado de hablar de los presupuestos de la recuperación a decir, en algún momento y de forma reiterada, que se acaba con la crisis en 2014.

¿Para quién es la recuperación, señor ministro? ¿Para los pensionistas, 9 100 000 españoles a los que les van a bajar la pensión? Está contenido en esta ley de presupuestos, señor ministro, en el título IV, capítulo 1, artículo 37. Se contempla un 0,25% de subida respecto a una inflación prevista del 1,5%. Su felicitación de navidad. ¿Para eso es la recuperación? Además, no solo se contempla para el 2014, lo van a consagrar esta semana con la aprobación de la Ley reguladora de Factor de Sostenibilidad. Cada vez que el Gobierno habla de sostenibilidad hay que traducirlo en recorte sostenible durante mucho tiempo, porque es lo que pretenden hacer recortando las pensiones en los próximos diez o quince años. Es la primera reforma que se va a hacer sin el consenso de los sindicatos, la patronal, los grupos parlamentarios y es la primera reforma que va a afectar de lleno a los pensionistas que ya lo son y no a los futuros, como siempre ha ocurrido.

¿Sabe para quién es la recuperación, señor Montoro, y para quiénes se abren oportunidades con esta reforma? Para los grandes grupos financieros, que sobre la inseguridad que ustedes siembran sobre el sistema público de pensiones amplían su espacio y su ofensiva de negocio. (Aplausos.) Pregunten a sus asesores cuál es el programa publicitario de las grandes entidades financieras para captar negocio en este sector.

Tampoco la recuperación, señor Montoro, es para los estudiantes que han perdido su beca y han tenido que abandonar los estudios como consecuencia de los recortes que están haciendo desde su llegada al Gobierno: un 24% del presupuesto del 2014 en base al 2011 y han inducido en las comunidades autónomas un recorte de 5200 millones de euros. Si miramos los compromisos que han enviado a Bruselas estamos hablando de que en el horizonte 2015, el 3,9% del PIB, solo un 3,9%, se dedica a la educación cuando la media de la Unión Europea es del 5,5%. Eso se llama inversión en país, marca España y horizonte de futuro, señor Montoro, mucho horizonte de futuro.

Quizá tampoco sea la recuperación, señor ministro, para los enfermos crónicos que han de ir a la farmacia hospitalaria soportando, junto a su sufrimiento, el indecente impuesto a la enfermedad que la ministra de su Gobierno ha puesto frívolamente para que tengan que copagar los medicamentos. Probablemente, tampoco perciban la recuperación las personas dependientes, que ven cómo desaparece un derecho desde su llegada al Gobierno. Hay un recorte acumulado, incluido este año, de un 46,8% y se va dejando sin una atención básica a colectivos muy vulnerables de la sociedad, y además en una situación como esta. ¿De qué dosis de recuperación les hablamos, señor ministro? ¿Compartirán su euforia cuando usted habla de que vamos a asombrar al mundo? Quizá la única asociación que puedan establecer sea entre asombrar y sombra; efectivamente, los que están en la sombra sufriendo las consecuencias de la crisis no tienen nada que ver con los que la generaron, que siguen estando al sol. (Aplausos.)

El problema, señor ministro, es que usted se dirige a esta Cámara parlamentaria como si representara a los consejos de administración de las grandes corporaciones de este país, para cuyos intereses fundamentalmente gobiernan, y en consecuencia espera su aceptación y aquiescencia. Y no es así, señor Montoro.




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En ese contexto, hablando de grandes corporaciones y de ese objetivo de que los impuestos sean realmente el precio de la civilización y estén repartidos con equidad entre el conjunto de ciudadanos, está el escándalo que ustedes han montado, que usted ha montado en relación con la Agencia Tributaria —de eso también hay que hablar, señor ministro—. Solo en este contexto son entendibles los chuscos e irresponsables comentarios que usted ha hecho este fin de semana; ha estado sembrado, pero sembrado de despropósitos. (Aplausos.—El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Porque cuando asociamos cosas como que la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado —precisamente no el brazo armado del PSOE— dice que el 70% del fraude en España está ligado a las grandes corporaciones empresariales y a las grandes fortunas —y lo dicen desde dentro de la Agencia Tributaria—, que usted acabe asociando ceses y dimisiones en el equipo que se dedica a los grandes contribuyentes y diga que es que está trufado de socialistas, señor Montoro, es cuando menos —para que lo oigan los españoles— algo que debería producirle vergüenza. (Aplausos.)

Porque no se trata de socialistas, señor Montoro, seguramente se trata solo de gente decente (Aplausos.) que está viendo cómo es insoportable que ustedes hagan esa política cuando estamos —y usted lo sabe— en un país que, lamentablemente, teniendo tipos en el IRPF y en otros impuestos de los más altos de la Unión Europea, tiene unos ingresos globales —datos del informe de la Unión Europea de otoño de este año 2013— del 37,8% —solo están por debajo Eslovaquia, Estonia, Letonia, Irlanda—. ¿Habrá que hacer un esfuerzo para luchar contra el fraude fiscal?, ¿habrá que hacer un esfuerzo para intentar que precisamente los que no arriman el hombro, lo hagan, o habrá que fomentar que acaben dimitiendo y siendo cesadas las personas que están comprometidas con un reparto equitativo de lo que representa sostener el gasto público?

Usted está dando un mensaje demoledor para la conciencia fiscal del conjunto de los españoles haciendo esos comentarios y diciendo que la Agencia Tributaria está trufada de socialistas. Primero, porque no es verdad y, segundo, porque está lanzando un mensaje de que subimos cincuenta veces los impuestos, el IVA, el IRPF, tasas, precios públicos, todos los que soportan las espaldas más débiles de la sociedad, pero, cuidado, no hay que molestar a los que están instalados, lamentablemente, en el fraude. Usted les puso en bandeja un puente de plata que fue esa amnistía fiscal que, desde luego, creo que supuso mucho más daño que recaudación; al final, al módico precio del 3% se acabaron condonando delitos fiscales que no tenían ningún sentido y mucho menos en una situación como esta.

Por lo tanto, señor Montoro, aquí, en este hemiciclo, están representados no solo los grandes ámbitos empresariales, sino también las esperanzas —hoy lamentablemente frustradas— de millones de ciudadanos que no ven cuán grande es la recuperación de la que usted habla o de la que hablaba el señor Rajoy cuando estaba en Tokio, sino que ven cuán grande es la desigualdad y la injusticia que está provocando el camino que ustedes han elegido para salir de la crisis. Ese es el problema, señor Montoro.

Y es evidente que la realidad puede ser contemplada desde muy diferentes puntos de vista, no hay más que oírle a usted —por cierto, he visto poco entusiasmo en sus filas con las cosas que decía (Risas.)—, y hay que ver lo que representan también los intereses de la mayoría de los ciudadanos de este país. Es verdad que no es igual y no se puede contar la verdad de la misma manera cuando se va hacia un despacho de asesores fiscales para ver cómo uno saca el mejor aprovechamiento de esa amnistía fiscal, que cuando se dirige uno a la farmacia hospitalaria para hacer el copago de un medicamento porque tiene una enfermedad que le produce un grave padecimiento.

Ustedes llegaron al Gobierno prometiendo crear empleo, bajar los impuestos y no tocar la educación, ni la sanidad, ni las pensiones. Después de poner en marcha su programa B —porque ese era el programa A, el confesado— lo que ha ocurrido, y ocurrirá cuando acabe esta legislatura —son sus propias previsiones—, es que habrá más desempleo, más impuestos, más deuda, menos derechos sociales; y este presupuesto lo que hace es avanzar en esa dirección. De momento, en el ecuador de esta legislatura, el resultado, la síntesis, del trabajo, de los dos presupuestos anteriores —y este va en la misma dirección— es que la puesta en marcha de ese programa oculto ha dado un millón de puestos de trabajo perdidos —lamentablemente, en el último mes de noviembre han sido 67 000, evaporados en la Seguridad Social, cotizantes que han dejado de cotizar—, camino de 300 000 millones más de euros; ustedes, que han hecho chanzas




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del Plan E, que era una inversión de 10 000 millones de euros, un 1% del PIB, sepan que el crecimiento de la deuda ahora, desde que están en el Gobierno, es un Plan E cada mes, la deuda ha ido creciendo a ese ritmo; caída el PIB en el 2,5% y caída del crédito a la actividad productiva, en torno al 20%; subida del IRPF —como le he dicho—; brutales recortes en sanidad, en educación y en pensiones y ahora, evidentemente, el apartado que están tocando, que es especialmente sensible, es el de las pensiones de los ciudadanos.

La estrategia de austeridad extrema para luchar contra el déficit, que era su único objetivo, ha resultado un rotundo fracaso, señor Montoro, por parte suya, del Gobierno, y por parte de la Unión Europea, que pensaron que entrando como un elefante en cacharrería acabarían siendo capaces de conseguir al sprint, solo generando sufrimiento en la sociedad, sin otras consecuencias económicas, una reducción del déficit galopante. Al final, no ha sido posible. Nos alegramos de que se haya modificado el calendario, nos alegramos —lo hemos dicho muchas veces—, porque los fracasos del Gobierno no nos interesan si eso conlleva sufrimiento de la sociedad. Se lo dijimos ya en la campaña electoral: un calendario de reducción del déficit digerible, que permitiera no meter a la economía en un círculo vicioso de supuesta consolidación fiscal, pero autodestructiva, de manera que lo que ganábamos por un lado, lo estamos perdiendo sobradamente por otro, con destrucción de empresas, con destrucción de empleo. Por tanto, cuánto sufrimiento innecesario nos hubiéramos ahorrado si desde el principio se hubiese aceptado el planteamiento que hicimos de que fuese un calendario razonable de reducción de ese déficit.

¿Cuáles han sido sus éxitos particulares en la gestión desde el Gobierno? Cuando hablamos de déficit público estamos hablando, evidentemente —usted lo ha señalado—, de tres niveles de Gobierno, tres administraciones. En cuanto a la Administración General del Estado y la Seguridad Social, que es del ámbito de su responsabilidad, en el año 2011, 5,2%; en el año 2012, 5,2%; en el año 2013, va a ser también 5,2% y para 2014, según sus previsiones, se espera un 4,8%. Realmente, ¿qué es lo que han hecho? Apretar las tuercas y las clavijas a las comunidades autónomas hasta el límite para que aquellas, que soportan básicamente el 80% del gasto, ligado a servicios públicos básicos, como la salud y la educación, no tengan más remedio que hacer recortes, porque esa es la conclusión de esa estrategia de asfixia a las comunidades autónomas. Han hecho un trabajo que no solo es socialmente injusto, sino que ha sido económicamente ineficiente, repito, también ha sido ineficiente desde el punto de visto económico.

Desde luego, las consecuencias sobre el empleo están ahí, lamentablemente. Estamos en el horizonte que ustedes prevén para final de 2014: 26% de desempleo, 4,4 puntos por encima de 2011, cuando usted y el señor Rajoy decían que España estaba en la ruina. Lo que han hecho realmente ha sido un mal negocio para el conjunto de los ciudadanos españoles, un mal negocio.

Y ese empeño, al final, tiene una base ideológica clarísima. Ustedes lo niegan, pero Paul Krugman, un premio nobel —seguramente usted no compartirá su punto de vista y tampoco pretenderá, supongo, llegar a ser premio nobel—, decía que están utilizando la crisis y el miedo al déficit para sacar adelante un programa ideológico perfectamente planificado, una involución y un ajuste de cuentas con el Estado del bienestar. Exactamente en esa tarea es en la que estamos. Exactamente en esa, señor Montoro. La prueba está en las cosas que están haciendo y han hecho allí donde tienen responsabilidad. Váyase a la Comunidad de Madrid, donde ha habido consejeros que han sido homenajeados y condecorados por la comunidad y parece que algunos de ellos están siendo objeto de algún tipo de investigación en los tribunales. Porque parece que no solo había negocios para las grandes corporaciones empresariales —que acababan siendo las receptoras de ese servicio privatizado—, sino que, por la puerta de atrás, acababan siendo contratados con emolumentos sustanciosos. Ahora le va a tocar también a las administraciones locales, como señalaba usted en su intervención. Son dos los objetivos fundamentales: uno, liquidar servicios sociales, y, dos, abrir nuevos espacios de negocio para los grandes grupos empresariales, sin ninguna duda.

Señor Montoro, en geometría tres puntos definen un plano. Este es su tercer presupuesto, presupuesto que en el plano social define un horizonte de ensanchamiento de la desigualdad, de incremento de la pobreza y, lamentablemente, de regresión de derechos básicos, fruto de anteriores esfuerzos, para avanzar en una sociedad incluyente.

La crisis les está sirviendo de coartada para recorrer un camino que tenían perfectamente trazado. Se han convertido en una máquina de generar y centrifugar desigualdad. Así se entiende




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la frase de su compañero de Gabinete, el señor Gallardón, que decía: la política es repartir dolor. Sin embargo, parece que el reparto del dolor es selectivo, que la política que desarrolla este Gobierno crea las condiciones para que crezcan a la misma velocidad los ricos y los pobres. Ese es el horizonte hacia el que se dirige la política del Gobierno del Partido Popular.

Este presupuesto va a tener, sin duda, una amplia contestación parlamentaria, como lo tuvieron los anteriores. El resultado, en términos de aceptación de enmiendas y propuestas, será, lamentablemente, muy cortito. Se han presentado nueve vetos, y no hay más porque no caben. Lógicamente, el grupo que sostiene al Gobierno ha sido el único que no ha presentado veto. El Grupo Socialista ha presentado además vetos a 14 secciones y 1200 enmiendas, aunque nos tememos que el destino de las mismas sea el de otras ocasiones. Pero, señor Montoro, a nosotros nos gustaría recibir respuestas y argumentos convincentes de por qué no son aceptadas las enmiendas que presentamos. Hágalo. Me temo que el problema no se trata de argumentos convincentes ni de razones, sino que tienen trazado claramente el horizonte y no quieren hacer nada que les desvíe de su proyecto político, donde el presupuesto no es más que otra herramienta para acabar dando cauce a ese proyecto político perfectamente definido desde el comienzo de la legislatura.

¿Cree usted, señor ministro, que es sostenible que mantengamos un nivel de ingresos públicos del 37,8% que antes le señalaba? ¿Cree usted que es racional y sostenible que la banca compre dinero barato, al 0,25% —antes al 0,50%— y lo destine a comprar deuda pública al 4% y, al tiempo, disminuya el crédito a la actividad productiva en un 20%? ¿Qué estamos haciendo, pasar de la especulación urbanística ligada al ladrillo del sector financiero de entonces a especular con la deuda pública? ¿Y la actividad productiva, y las pequeñas y medianas empresas? ¿Usted cree, señor ministro, que es sostenible y racional que la inversión en I+D+i que contempla este presupuesto para 2014 se sitúe en el 1,6%, sobre la referencia del 2,4%, en un momento de dificultades como el 2011? Si algo ha quedado de manifiesto con esta crisis, entre otras muchas cosas, es que los países que de forma sostenida han invertido en investigación, conocimiento, desarrollo e innovación han sufrido menos la crisis y con menor profundidad. ¿Así es como piensan ustedes cambiar el modelo productivo, solo cambiando la Ley de Costas y paralizando las energías renovables? ¿Este es el modelo productivo hacia el que quieren dirigir los esfuerzos?

Señor Montoro, me va a permitir que le haga algún comentario sobre la Seguridad Social. Hoy tenemos 900 000 cotizantes menos que cuando ustedes llegaron al Gobierno. Su reforma laboral ha producido despidos y, desde luego, una bajada de salarios notable —por mucho que usted diga que no—. Un ilustre representante de la patronal ligada al sector financiero decía: somos competitivos porque tenemos salarios del año 1999. Usted lo sabe, lo que ocurre es que queda mejor decir otra cosa. El impacto sobre la Seguridad Social que ha tenido la caída de empleo y de salarios ha sido completamente letal. En términos absolutos, en 2011 hubo un déficit en la Seguridad Social de 700 millones de euros, en 2012 fueron 10 000 millones de euros, 2013 lo va a cerrar usted con 13 000 millones de euros y para 2014 la previsión son 11 000 millones de euros. Naturalmente, para los destrozos producidos, la manera de armonizar es rebajar las pensiones, con carácter general, y ecuación resuelta. Por cierto, señor Montoro, sus previsiones para el presupuesto de 2014 dicen que no se va a crear empleo pero tampoco se va a destruir —estamos hablando de dos décimas—, y, sin embargo, estiman que los ingresos de la Seguridad Social van a caer un 3,9%, esos 11 000 millones que antes indicaba. ¿Caen los salarios, cae el empleo, o ambas cosas a la vez? Sería bueno que nos lo aclarara.

Sobre este modelo de salida de la crisis que ustedes han elegido, de despido barato y rebaja de salarios, decía un representante de un banco de inversión francés hace pocos días que se están creando las condiciones en España, se están poniendo los mimbres para que España sea la fábrica china de Europa. Hacia ese horizonte dirigen ustedes la salida de la crisis. Evidentemente, aparece alguna cifra positiva, de la que nosotros nos alegramos, naturalmente, como que haya bajado la prima de riesgo —¡cómo no!—, pero tampoco se autoatribuyan méritos que no son suyos. Ha cambiado la estrategia del Banco Central Europeo, lo cual es más que saludable, pero no es debido a que el Gobierno haya sido tan fenomenal en su acción política —en España, en Italia, en Irlanda, en Portugal, en Grecia— como para haya bajado la prima de riesgo.

Ingresos, señor Montoro. Dice usted que es el presupuesto más social de la historia. Naturalmente, es una afirmación gratuita y se refiere al reparto de los ingresos que están en el




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presupuesto. ¿Y los que no están? ¿Qué hacen ustedes para que lleguen ingresos que debían estar pero no están? Y no me cuente —porque es una salida que he escuchado a alguno de sus portavoces— que podíamos haber hecho cosas antes y no hicimos quienes tuvimos la responsabilidad en el Gobierno. Usted sabe que en el año 2006 había superávit presupuestario, un 2,4%, al igual que en el año 2007, 1,8% —creo recordar—, pero hoy estamos en un escenario radicalmente distinto y lo que estamos planteando es otra cosa. Entre otras muchas enmiendas, a la sección 98, ingresos del Estado, hemos presentado algunas —naturalmente, no las aceptarán, ya las presentamos también el año pasado y el anterior—, que tienen que ver con un reparto más razonable de las cargas. ¿Hacia dónde van dirigidas esas enmiendas? Hemos hablado de una tributación mínima del impuesto sobre sociedades del 15% —que parece que no es ningún disparate—, de un impuesto sobre las grandes fortunas, un impuesto sobre transacciones financieras y mayores ingresos contra el fraude fiscal. Y ahí tiene mucho que ver cuál es el papel de la Agencia Tributaria, sin que se siga depauperando su capacidad de acción, que este año tiene 640 efectivos menos, es decir, repongan ustedes plantilla, denla instrumentos para luchar contra el fraude. Porque, al final, señor Montoro, uno se pone a analizar y, evidentemente, la percepción que tenemos desde el Grupo Socialista no es absolutamente ajena a lo que piensa el conjunto de la sociedad. ¿Sabe usted lo que decía el barómetro del CIS del pasado mes de octubre? Decía que el 87% de los ciudadanos afirma que los impuestos no se cobran con justicia porque no paga el que más tiene y casi el 70% de los ciudadanos dice que la Administración hace poco esfuerzo por combatir el fraude y piensa que el Estado le devuelve en servicios menos de lo que ellos pagan. ¿Qué se hace desde el Gobierno para intentar poner más equidad en el sistema tributario? ¿Qué mensaje se está lanzando al conjunto de los ciudadanos? Nosotros le hemos propuesto estas enmiendas para intentar repartir mejor las cargas, es decir, quitar parte de la carga de hombros más débiles y ponerla sobre espaldas más robustas; algunas de ellas están acostumbradas a circular con mucha alegría sobre los paraísos fiscales, que es el sitio donde parece que se encuentran bien.

Al final, se trata de que la sociedad no puede ser la coartada para que se hagan los grandes negocios y que, una vez sacados los grandes beneficios, volemos a ningún sitio para no tener que tributar en ningún sitio. Se trata de que el Gobierno acabe buscando un punto de equilibrio entre intereses en conflicto. Comprendo que haya grandes grupos que no quieran tributar, pero la obligación del Gobierno es hacer posible —y lanzar ese mensaje al conjunto de la sociedad— que, si están haciendo negocio en esta sociedad, razonablemente el reporte tiene que ser que contribuyan al sostenimiento de las cargas públicas de esta sociedad. No vale solo que la sociedad les sirva de escenario para sus negocios pingües y luego acudir, saltar y volar a otro sitio. Alguien tiene que hacer cosas. ¿Y qué hacen ustedes, señor ministro? La propuesta que le hemos hecho nosotros representa un incremento de los ingresos en esa sección 98 de 7445 millones de euros exactamente.

Pero junto a las cosas que usted no hace, ha señalado aquí, y me alegro, muy tardíamente, que van a llevar a cabo una reforma tributaria y fiscal que traerá a lo largo del próximo ejercicio 2014. Podía haberla traído antes que la reforma laboral. Puede que nos hubiese ido a todos mejor. Pero eso no formaba parte de la prioridad de su Gobierno, en ningún caso. Junto a esas graves omisiones, desde el punto de vista político, están también las acciones, los hechos y ¿qué ha hecho este Gobierno? Pues una amnistía fiscal, como antes le señalaba, a la que, por cierto, incluso el señor Bárcenas intentó acogerse; han hecho una reforma del Código Penal, nominalmente con un endurecimiento de las penas, pero en la práctica el artículo 305.6, que establece o mantiene la excusa absolutoria, lo que traslada es un mensaje a los potenciales grandes defraudadores: no tengan ustedes mucho problema, porque si al final desde la Agencia Tributaria se les coge, que ya es difícil, acabarán teniendo un proceso. Dos meses después de que se abran las diligencias, ustedes pueden pagan la cuota. A lo único que le temen es a poder ir a la cárcel y si usted elimina esa posibilidad, lo que está haciendo por omisión es alentar que eso se produzca y esos son los ingresos que están faltando en el presente y en el futuro (Aplausos.) en las arcas del Estado para sostener el Estado de bienestar y para ser capaces desde el Estado de hacer una política de estímulo a la actividad económica.

Todos los escándalos recientes ligados a la Agencia Tributaria, señor Montoro, lo que están haciendo es socavar el prestigio y el aura de independencia y de profesionalidad que tiene, que la




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inmensa mayoría, sin ninguna duda, tiene, pero que ustedes están interfiriendo. Usted ha dicho: que me lo demuestren. El problema no es que lo demuestren, señor Montoro. No vaya usted a hacer como hizo el señor Rajoy en la entrevista que le hicieron en la televisión americana en la cadena Bloomberg, que luego quiso censurar. No se podrá demostrar. El problema no es que se pueda demostrar o no, el problema es si se ha hecho o no se ha hecho. Dé usted una explicación racional de por qué han pasado estas cosas en la Agencia Tributaria. Explíquelo para que lo podamos entender y no lo explique solo en un periódico, explíquelo aquí, en la Cámara de representantes del conjunto de los ciudadanos. (Aplausos.) Hágalo aquí, porque el mensaje que se traslada a los ciudadanos en un momento tan difícil como este es un mensaje desolador, señor Montoro. Espero que acaben siendo capaces de entender algo que es absolutamente elemental en términos de equidad para repartir las cargas públicas en cualquier circunstancia y en un momento como este, con mucha más razón.

El Gobierno en el que usted está, por cierto, sigue haciendo referencia al pasado, a la herencia, a la deuda externa de España. Tenga también la gallardía personal y la honestidad política y personal de aceptar que cuando usted estaba en el Gobierno se sembraron las condiciones para que esa deuda creciera, para que la especulación urbanística y financiera acabara dejando sobre nuestras cabezas los derribos que ha dejado. El Gobierno anterior se equivocaría en algo, pero no se sienta usted ajeno a esas cosas. Formó parte del núcleo del Gobierno. Usted, con el señor Rajoy y con el señor Rato formaron parte de decisiones políticas clarísimas, que en aquel momento era crecer al 3,5%, al 4%. Acortábamos distancias con Europa. Recuerdo lo que le decía el gobernador del Banco de España, el señor Caruana: tengan cuidado con la deuda de las familias y de las empresas porque esto no va bien, y usted decía que no, que esto era un círculo virtuoso que alentaba la economía…Del círculo virtuoso al círculo vicioso que destruye dos millones de empleos. Por tanto, señale los errores de los Gobiernos que le antecedieron, pero no se sienta absolutamente ajeno a cosas de las que usted también tiene una cuota de responsabilidad, señor Montoro.

La realidad, hoy, es que el Gobierno, que prometió sacar a España de la crisis, con este presupuesto, para final del 2014 ofrece a los españoles más paro, sueldos y pensiones más bajas, peores servicios públicos y mucha más deuda y, tal como van las cosas —salvo que esa reforma que usted dice que van a hacer sea contundente, salvo que terminen, de verdad, demostrando que son capaces de conseguir la recaudación global, porque la que tiene este país actualmente es muy baja— acaben colocándola, ya no digo en Francia, que está 15 puntos por encima de España, o en Finlandia, que está a 17 puntos, en la media de la Unión Europea. Usted sabe, y lo ha dicho además el señor presidente del Gobierno, que el problema de España no es de gasto ―estamos 5 puntos por debajo del gasto medio en la Unión Europea― sino de ingresos, porque estamos 9 puntos por debajo de los ingresos medios de la Unión Europea. Ahí es donde hay un espacio de acción política que ustedes tendrían que priorizar.

Señor Montoro, voy a terminar mi intervención citando a otro Nobel, a ver si se estimula. Dice Stiglitz que a los desastres naturales, a los terremotos, a las inundaciones, a los huracanes o a las sequías hay que añadirle otro provocado por el hombre, la desigualdad, y que ignorar deliberadamente las lecciones del pasado es un acto criminal. Todo modelo de desarrollo que no aborde la tendencia global a una desigualdad exponencial en el seno de los países acabará enfrentándonos a una crisis de legitimidad.

Este es el problema de fondo de una buena parte de la sociedad española que, lamentablemente, empieza a contemplar que el sistema democrático no es una buena manera de proveer soluciones equilibradas, armónicas y decentes para el conjunto de la sociedad.

Espero que el Gobierno tome nota de este camino, que no acabe haciendo un ejercicio de profundización de las desigualdades, de incremento de la pobreza sino que busque una salida a la crisis por otro sitio, porque se puede. Es necesario que reparta las cargas y que no coloque a los más débiles en una posición absolutamente postrada.

Esa es su responsabilidad, señor ministro, y espero que, a lo largo del debate presupuestario, el grupo que apoya al Gobierno acepte alguna de las enmiendas que hemos presentado en esa dirección.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Propuesta de veto número 9, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, este es el tercer presupuesto que traen a las Cámaras y mi primera reflexión es que esperamos que esté más ajustado que los dos anteriores. Haré alguna referencia en este sentido cuando hablemos del cuadro macroeconómico o de la distribución del déficit, pero cabe recordar hoy que los dos anteriores, en menos de 4 meses, fueron rectificados a instancias del Gobierno en elementos sustanciales. Esa rectificación hace difícil que el presupuesto tenga credibilidad y, por tanto, esperemos que obtenga algo más de credibilidad el presupuesto que ustedes nos presentan hoy que los dos anteriores.

Los dos anteriores son agua pasada y no voy a referirme a ellos en concreto sino solo para aprender algunas lecciones y, por ello, voy a centrar mi intervención y nuestro veto en estos presupuestos para 2014.

Así, analizaré diferentes apartados: haré una referencia breve al cuadro macroeconómico que, como ha dicho el señor ministro, sustenta todo el presupuesto, y a los ingresos y gastos, pero centraré mi intervención ―porque es el motivo fundamental de nuestro veto― en dos aspectos fundamentales: primero, el maltrato financiero al que se somete a las comunidades autónomas en este presupuesto y, el segundo, a la desigual e injusta distribución de las inversiones en los diferentes territorios del Estado español. Me fijaré especialmente en el maltrato en relación con mi comunidad autónoma, Cataluña, en relación con las inversiones que proponen estos presupuestos y, como después mencionaré, como llueve sobre mojado, no sirve de excusa el decir que son unos presupuestos puntuales y que en otras ocasiones se la tratará mejor. Porque son los terceros presupuestos que presenta este Gobierno, y en ninguno de estos tres podemos decir que Cataluña ha estado tratada dignamente en relación con las inversiones territorializadas.

Empecemos por el cuadro macroeconómico. Esta vez, señor ministro, yo sí que coincido con ustedes en que las previsiones del cuadro macroeconómico son algo más realistas que las anteriores. Digo más realistas porque, a diferencia de las anteriores, estas sí coinciden con la mayoría de las previsiones de los servicios de estudios que hay tanto en España como algunos de carácter internacional. Quiero recordarles que el año pasado se presentaron en esta Cámara con unas previsiones de crecimiento negativo del PIB del 0,5%, y, entre otros portavoces, yo mismo le recordé que ninguno de los servicios de estudios que había en el Estado español —hasta 18 le cité—, ninguno preveía un crecimiento negativo inferior a un punto del PIB. Posteriormente, ustedes rectificaron y dejaron este crecimiento en el 1,3 negativo.

Yo creo que esta vez ustedes aciertan. Aciertan, y me gustaría poder compartir su afirmación de que todavía va a quedar corto el crecimiento estimado del 0,7%. De hecho, la mayoría de los servicios de estudios indican estas previsiones. Nuestro grupo espera que se confirmen. Por tanto, sí que podemos coincidir con usted en que estos presupuestos pueden ser el inicio del crecimiento. ¡Ojalá! No compartimos, porque no lo comparten ustedes con las cifras que incorporan al proyecto de presupuestos, que estos sean los presupuestos de la creación de empleo. Y no lo compartimos porque, aunque usted lo manifieste en esta tribuna, la realidad es que el cuadro macroeconómico que incorpora el Gobierno a los presupuestos genera una breve disminución del empleo. No creación de empleo, sino una disminución del 0,2%. Por tanto, si se cumple este cuadro macroeconómico va haber crecimiento, pero no va a haber creación de empleo. Así se lo manifestaba yo en las comparecencias tanto a diferentes miembros de su ministerio como al mismo gobernador del Banco de España. ¿Cuál va ser la cifra de crecimiento para crear empleo? Usted me insta a que hablemos de crecimiento, a que hablemos de creación de empleo. Yo quiero hablar de crecimiento y creación de empleo, y me gustaría que me dijera cuáles son las estimaciones del Gobierno para que podamos crear empleo. ¿En qué porcentaje deberíamos crecer? En todo caso, repito, encontramos más realista este cuadro macroeconómico que los dos anteriores, y lo que cabe esperar es que se cumpla.

Voy a hacer un breve comentario en cuanto a los ingresos y los gastos. Los ingresos, entendemos que son un poco optimistas, pero los daremos por buenos, y veremos si se cumplen.




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Se lo digo porque es lo que está pasando en relación con los ingresos previstos del año pasado. Respecto a los ingresos previstos del año pasado este portavoz también les advertía que iban a ser difíciles, incluso con las diferentes reformas de los distintos impuestos que se habían planteado que se cumplieran. De hecho, los datos de recaudación disponibles y las estimaciones de recaudación a final de año así lo confirman: no vamos a cubrir los ingresos tributarios presupuestados. Es más, ustedes efectúan una previsión para 2014 de los ingresos tributarios, que crecen un 2,4%, incluso aumentan más que el PIB nominal que ustedes estiman en cuanto al crecimiento. Por tanto, mostramos cierta duda respecto a la posibilidad de que estos ingresos se eleven. En todo caso, sí que nos queda claro que, más allá de los anuncios de reforma fiscal para 2014, entendemos que esta reforma que ustedes piensen tramitar para 2014 no va a tener efectos hasta 2015, dado que ninguna de las previsiones incorpora esta reforma fiscal.

Respecto al conjunto de los gastos del Estado, no quiero entrar en más polémicas. Usted dice: El gasto de los ministerios disminuye un 4,7%. Es una media verdad, porque el gasto disponible para los ministerios, una vez descontados determinados conceptos, como las aportaciones a la Seguridad Social, a empresas del sector público empresarial o los costes del sistema eléctrico, sí se produce esta disminución, pero la realidad es que el gasto no financiero del conjunto de los ministerios crece en esta situación económica un 5,6%, es decir, el gasto no financiero del conjunto de los ministerios está creciendo un 5,6%. Ese es un dato importante a tener en cuenta cuando analicemos el crecimiento y la evolución del gasto en otras administraciones, en otros niveles de la Administración, como las comunidades autónomas o las corporaciones locales, donde, como sabe, este crecimiento está limitado y no precisamente al 5,6%.

No voy a entrar en un análisis detallado de cada una de las secciones y de su evolución, pero sí es verdad que hay una desigual aplicación de estos porcentajes de decrecimiento en cuanto al gasto disponible de los ministerios, algunos de los cuales compartimos y otros no. Voy a centrar mi intervención en los dos aspectos que les he anunciado anteriormente, a alguno de ellos usted se ha referido en su intervención.

¿Por qué no estamos de acuerdo con estos presupuestos? No estamos de acuerdo con estos presupuestos, más allá del contenido global, más allá de que entendemos que son insuficientes para esta generación de empleo y de que se podrían tomar más medidas; independientemente de que las políticas activas de empleo disminuyen su dotación y de que no se confía en las corporaciones locales ni en las comunidades autónomas para implementar estas políticas; más allá de esto, porque tenemos dos grandes discrepancias. Una es la financiación de las comunidades autónomas. El trato financiero a las comunidades autónomas.

Voy a empezar reconociendo algo que usted ha dicho en su intervención y que es verdad. Ha dicho que en el año 2012 se hizo un esfuerzo de consolidación fiscal sin precedentes. Estamos de acuerdo y coincidimos perfectamente. No hay precedentes de este esfuerzo de consolidación fiscal, pero dicho esfuerzo de consolidación fiscal se distribuyó en el año 2012 de forma poco equitativa. ¿Quién soporta este ajuste de consolidación fiscal? Lo soportan esencialmente las comunidades autónomas, con 16 795 millones, mientras que la Administración central, como usted reconocía, con algo menos, con bastante menos, contribuye con 10 761 millones. Por lo tanto, las comunidades autónomas están contribuyendo un 60% más que lo que contribuye la Administración del Estado. Aquí hay que añadir también un gran esfuerzo —y no nos cansaremos de repetirlo— de las corporaciones locales, con 6366 millones. Evidentemente, es un desequilibrio que nos preocupa, que preocupa a mi grupo profundamente —haré una referencia al final si tengo tiempo— porque es un desequilibrio alarmante de la Seguridad Social, que rondó prácticamente los 10 000 millones. Eso hace que el esfuerzo fiscal, el gran esfuerzo fiscal de consolidación fiscal, quien lo acaba soportando esencialmente, con casi 17 000 millones, son las comunidades autónomas, y con 6000 millones, las corporaciones locales.

Como muy bien recordaba usted, este esfuerzo se distribuye de forma desigual entre ingresos y gastos. Dos terceras partes lo concentra la reducción del gasto, y una tercera parte, el incremento de ingresos. Si esta distribución la trasladamos a las comunidades autónomas, se acentúa mucho más en el peso de los gastos que en el peso de los ingresos; es decir, que gran parte de los 17 000 millones de las comunidades autónomas en reducción del déficit se centra esencialmente en la reducción de sus gastos. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos años hemos vivido una distribución desigual de los objetivos de déficit. Insistimos en ello durante el presupuesto del 2012; insistimos




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en ello durante el presupuesto del 2013, y vamos a seguir insistiendo. Le recuerdo, señor ministro, que en 2012 y en 2013, aunque en el debate de presupuestos ustedes nos lo negaban, tuvieron que rectificar antes de seis meses estos objetivos de déficit esencialmente para las comunidades autónomas. Le recuerdo que el año pasado se presentaron aquí con unos presupuestos que tenían unos objetivos de déficit para las comunidades autónomas de —0,7%; después rectificaron y lo dejaron definitivamente en el 1,3%. Pues bien, esta distribución que ustedes plantean en estos momentos es injusta, y lo es porque, ¿cómo distribuyen el 5,8% de déficit global? A la Administración central le fijan un déficit del —3,7%, es decir, reducen respecto del objetivo del año pasado una décima, o sea la Administración del Estado va a reducir su objetivo de déficit en un 2,63%; en cambio, a las comunidades autónomas ustedes les fijan un objetivo de déficit global del 1%, lo que implica una reducción del 23% respecto del objetivo de déficit del ejercicio anterior. ¿Quién continuará haciendo el esfuerzo de consolidación fiscal en estos presupuestos? Esencialmente las comunidades autónomas. Y no hablo de las corporaciones locales, que mantienen el objetivo de déficit en un 0%, y que seguramente —no quisiera equivocarme— van a generar en 2014 un pequeño superávit. Por tanto, ¿quién está soportando la reducción de un 10% del objetivo de déficit en el Estado español? Pues una vez más, mayoritariamente las comunidades autónomas. A estas se les exige un esfuerzo de consolidación fiscal que no tiene parangón con el resto de los niveles de Administración del Estado español. Por tanto, primer elemento de absoluto desacuerdo.

¿Y cómo tratan los Presupuestos Generales del Estado para 2014 a las entidades territoriales? ¿Cuáles son las transferencias corrientes y de capital de estos presupuestos que establecen desde el Estado los organismos autónomos, las sociedades públicas y otros organismos públicos a las comunidades autónomas? Pues esas transferencias se reducen de forma importante. Miren, señorías, del 2013 al 2014, por estos presupuestos, pasamos en transferencias corrientes y de capital a las comunidades autónomas, de 24 451 millones de euros a 21 119 millones, es decir, la reducción es de un 13%, que se suma a una reducción del ejercicio anterior del 12%. No digo lo mismo respecto de las corporaciones locales, porque es verdad —hay que reconocerlo— que las corporaciones locales, a lo largo de estos tres presupuestos no solo no han visto incrementadas sus transferencias, sino que las han visto disminuir de forma importante. Estamos hablando de que prácticamente en dos años hay 6600 millones de euros de diferencia de transferencias a las comunidades autónomas. ¿Y cómo se distribuye esta reducción de transferencias? Pues yo diría que de forma muy desigual entre diferentes ministerios y programas. Aquí se confirma lo que hemos venido denunciando a lo largo de los últimos meses en este hemiciclo y lo confirma la evolución del Fondo de Suficiencia Global.

Señor ministro, desde esta tribuna me habrá oído usted reclamarle que tendría que hacerse una modificación de la LOFCA a los efectos de que todos los incrementos tributarios que se han producido y que han ayudado al Estado a que el ajuste de consolidación fiscal, en una tercera parte sea vía ingresos, y en dos terceras partes, vía gastos, se pudieran trasladar a las comunidades autónomas. Y como no se ha producido esta modificación, las comunidades autónomas han visto limitados absolutamente sus ingresos, y tienen que hacer todo el ajuste, que es mayor que el del Estado, vía gastos. ¿Y por qué? Porque tenemos un sistema en el que algunas comunidades autónomas, la mayoría, participan de algunos ingresos del Estado. Cuando sube el IVA, usted me dice: No se preocupe, senador Bel, que van a tener el 50% de la recaudación del IVA en Cataluña. Y efectivamente, vamos a tener el 50% de la recaudación del IVA y del IRPF, y el 58% de los impuestos especiales, pero eso lo que hace es automáticamente minorar la cantidad que van a recibir las comunidades autónomas a través del Fondo de Suficiencia Global, con lo cual los ingresos continúan siendo los mismos. Cuando se incrementa el IVA, al Estado le incrementan los ingresos; sin embargo, cuando se incrementa el IVA, los ingresos de las comunidades autónomas se mantienen estables, porque incrementa la participación en la recaudación del IVA pero disminuye el Fondo de Suficiencia Global.

Y quiero dar los datos de la evolución del Fondo de Suficiencia Global, porque entendemos que son muy significativos y relevantes y, de alguna forma, personifican el trato que se está dando a las comunidades autónomas a lo largo de los últimos años. Señoría, Cataluña va a tener este año una aportación del Fondo de Suficiencia Global de 638 millones. El año pasado, 2013, obtuvo 809 millones; el año 2012, 1753 millones, y el año 2011, 1840 millones. Por tanto, el Estado ha dejado de transferir a Cataluña en los últimos años, desde 2011, 1201 millones de euros. Es




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decir, la participación de Cataluña en el Fondo de Suficiencia Global en los tres últimos presupuestos, el los tres presupuestos que ha presentado el actual Gobierno, ha descendido un 65%. ¿Eso quiere decir que Cataluña tiene estos 1200 millones de menos? No, los tendrá vía participación de los tributos, pero no habrá visto incrementados sus ingresos por estos 1200 millones de euros, como nos correspondería. Esta situación es mucho más agravada que en el resto de comunidades autónomas.

El resto de comunidades autónomas, algunas gobernadas por el Partido Popular, también tienen una variación en la participación del Fondo de Suficiencia Global. En el Fondo de Suficiencia Global este año a Cataluña se le reduce un 21,7%, al conjunto de comunidades autónomas se le reduce un 15,77%. Les he dicho que desde el año 2011 a Cataluña se le había reducido un 65%, concretamente un 65,32%, su participación en el Fondo de Suficiencia, en cambio, al conjunto de comunidades autónomas del Estado español que participan de este fondo se les ha reducido solo el 53,39%. Por tanto, las comunidades autónomas no disponen de los mismos instrumentos financieros de los que dispone el Estado para conseguir estos objetivos de consolidación fiscal, que son mucho más duros, mucho más exigentes y mucho más injustos que para el resto de niveles de la Administración.

Por tanto, para nosotros este es un elemento fundamental para presentar el veto a estos presupuestos. Se trata peor a las comunidades autónomas, se les asigna un objetivo de déficit mucho mayor en cuanto a la reducción que al Estado, incluso que a la Administración de la Seguridad Social, y eso hace que las comunidades autónomas tengan una situación financiera muy difícil. Y usted me puede argumentar que el Estado debe crecer en sus gastos porque tiene que atender gastos que son ineludibles, como las prestaciones por desempleo o las pensiones. Efectivamente, pero las comunidades autónomas están prestando todos los servicios de educación, al menos Cataluña, de sanidad y de servicios sociales. Y en momentos de crisis económica, la presión sobre los gastos de servicios sociales, o incluso sobre los gastos de educación, es mucho mayor que en situaciones de bonanza económica, se nos exige una reducción del gasto público mucho mayor de la que está efectuando el Estado, y no se nos permite participar en la recaudación de mayores ingresos que supone una mayor presión fiscal al Estado español, y una mayor presión fiscal que sufren los ciudadanos de Cataluña. Este es un elemento determinante.

Otro elemento determinante —que sé que no les gusta comentar, y al que no se ha referido en su intervención el señor ministro, pero en el que nosotros vamos a insistir— es la distribución absolutamente desigual, injusta, y entendemos que inapropiada, e incumpliendo los pactos que existen con Cataluña a nivel de inversión territorializada. La inversión territorializada no ha cumplido en ningún caso la disposición adicional tercera del estatuto. Ustedes me van a decir que si el Tribunal Constitucional, que si la sentencia de aquí, que si la sentencia de allá. En todo caso, independientemente de la situación jurídica, lo que está claro es que hay un incumplimiento de un pacto político, porque el estatut era un pacto político entre Cataluña y el resto del Estado español, un pacto político habilitado por estas Cámaras y refrendado por el pueblo de Cataluña. Es muy difícil hacer entender en Cataluña que no quieren respetar este pacto político, pero no es que no se respete, sino que con cada presupuesto se empeora la situación.

Yo entiendo los objetivos de consolidación fiscal; yo puedo entender, e incluso en algún aspecto podemos llegar a compartir, que se debe reducir el gasto público porque lo debemos ajustar a nuestros ingresos. Ahora, nosotros entendemos que queremos participar de la inversión pública que nos corresponde. Si la inversión pública es pequeñita, queremos el 18% de pequeñita, pero el 18%. Lo que no puede ser es que nos quedemos con el 9%.

En este presupuesto, respecto al 2013, las inversiones en el Estado español se reducen un 8%, y aunque la situación el año pasado era injusta, alguien podría pensar que en Cataluña también se va a reducir el 8% y se va a mantener la situación de injusticia del año pasado. Pues no, vamos a peor. En Cataluña este año reducimos las inversiones un 25%. Dejan que las inversiones territorializadas en Cataluña representen un 9,6% del total de inversiones del Estado español; en una comunidad autónoma que aporta el 18% del PIB, una comunidad autónoma que aporta prácticamente el 20% de las exportaciones de todo el Estado español.

Por tanto, entendemos que esta distribución es absolutamente injusta y que no responde a criterios que podamos llegar a compartir, porque no compartimos con usted esta forma de distribuir




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territorialmente la inversión. Si ustedes dijeran: Vamos a distribuirla en relación con los beneficios que generen estas inversiones, con su aportación al tejido productivo, y va a mejorar la competitividad del Estado español… Pero no. Hacen una distribución absolutamente política y, desde nuestra óptica, absolutamente sesgada.

No podemos entender ni vamos a admitir ningún presupuesto que en el apartado de inversiones maltrate a Cataluña, no lo vamos a permitir, y por mucho que quieran explicarlo, nadie lo entiende en Cataluña. No lo entienden los sindicatos, no lo entienden las patronales, no lo entienden las diferentes cámaras de comercio, no lo entiende la mayoría de grupos políticos y no lo entiende la gente, y no lo entienden porque no se puede entender, porque no se puede admitir. Y ustedes no pueden argumentar razones jurídicas, porque más allá de lo que diga el Tribunal Constitucional, la realidad es que la voluntad en estos momentos del Gobierno del Partido Popular es invertir el 9% del total de inversiones en Cataluña. Y esto es lo que no entiende la gente, y es que es muy difícil de entender, porque si yo explico en mi ayuntamiento que tengo que reducir las inversiones, las reduzco, pero intento mantener una distribución equitativa, no castigo a un área, no castigo a un barrio. Y ustedes están haciendo todo lo contrario, están haciendo una reducción de las inversiones, comprensible por la situación, pero están castigando a Cataluña, que ya venía castigada de presupuestos de ejercicios anteriores.

Más preocupante es esta situación cuando vemos los datos de ejecución presupuestaria de la inversión territorializada. Los últimos datos de los que disponemos, que son los publicados por la Intervención General de la Administración del Estado a 30 de junio, nos indican que de toda la inversión territorializada en Cataluña el año pasado, que ya era insuficiente y que no llegaba, ni mucho menos, al 18% del PIB, se había ejecutado solamente el 30%, y si añadimos las inversiones de la Administración General del Estado y del conjunto de organismos autónomos, esta cantidad solo alcanza el 36% de todas las inversiones presupuestadas.

Son inversiones francamente inferiores a lo que entendemos que nos corresponde. Pero el otro problema es que estas inversiones tampoco se ejecutan íntegramente. Esto ha pasado en ejercicios pretéritos. Pero no les voy a negar ningún mérito y voy a reconocer lo que es verdad. Es verdad que durante los dos últimos años, este porcentaje de ejecución de inversiones se incrementa respecto de años anteriores —pero aún así es insuficiente y no alcanza en ningún caso el 90% que tenemos a 30 de junio—, un 30% en relación con la Administración General del Estado. Por tanto, entendemos que este es un motivo para presentar un veto a estos presupuestos.

Quería haber hecho alguna mención a la preocupante situación que presenta la Seguridad Social y que ustedes reflejan en este presupuesto, pero se me ha agotado el tiempo. Utilizaré el turno de portavoces o alguna otra intervención para hacer esta referencia.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Bel.

Propuesta de veto número 5. Para su defensa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, estos son los terceros Presupuestos Generales del Estado de la legislatura, son sus terceros presupuestos, y, por tanto, cada vez les resultará más difícil hablar de la herencia recibida, ya que son ustedes los que van generando de alguna manera una cierta herencia, aunque estoy seguro de que volveremos a escuchar la alusión a la herencia recibida para tratar de evitar la asunción de responsabilidades y seguramente para esconder las consecuencias de algunas de sus políticas, que en ocasiones son lesivas para la ciudadanía.

Decía que ustedes ya tienen un pasado inmediato de dos años gobernando, y el resultado, señorías, yendo a los hechos, es el siguiente: un millón de puestos de trabajo perdidos; casi un millón menos de cotizantes a nuestra Seguridad Social; 250 000 millones más de deuda pública; bajada de 2,5 puntos del PIB; caída del crédito para familias y empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas; incremento de la morosidad; subidas del IVA, del IRPF, de los impuestos especiales y de las tasas y precios públicos; recortes en salud, educación, servicios sociales, investigación, y caídas sin precedentes de la inversión pública.

Este es un balance, un resumen, de estos dos años de su política económica y de los efectos de los dos Presupuestos Generales del Estado elaborados por ustedes. Desde nuestro punto de vista, no dejan de ser la expresión de una estrategia equivocada, que ha puesto el acento




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exclusivamente en la consolidación fiscal y en la austeridad, dejando de lado cualquier iniciativa que ayudase al crecimiento, a la reactivación del consumo y a la inversión.

España es hoy más pobre y con más desigualdad que hace dos años, con menos justicia social, con menos cohesión social y también territorial. Y ahora en el ecuador de la legislatura, les toca a ustedes presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2014. Entiendo que el principal propósito del Gobierno con estos presupuestos es dar cumplimiento al Plan de Estabilidad 2013-2016, comprometido con Bruselas. En este sentido, son unos presupuestos continuistas y que introducen pocas novedades. Están diseñados para proseguir con una lenta consolidación fiscal, a la espera de beneficiarse de una previsible vuelta al crecimiento el próximo año, tal y como recoge el cuadro macroeconómico. Ojalá llegue ese crecimiento, yo, desde luego, me alegraría si eso fuera así.

Pero la falta de ambición de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 procede fundamentalmente de la relajación de los objetivos fiscales actuales. Frente a las metas del último plan de estabilidad, el Estado, en 2014, tendrá que ajustar apenas una décima, hasta el 3,7%, del PIB, y la Seguridad Social, en 3 décimas, del 1,4% comprometido para este año 2013, al 1,1%, el próximo. Por tanto, el ajuste conjunto en términos netos no supera los 4500 millones. La suave recuperación y una aparente relajación de los objetivos fiscales enmarcan, como decía, estos presupuestos, todo lo contrario de lo que sucedió en los presupuestos del año pasado, que se han quedado muy cortos, como también señalaba el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. La previsión inicial era que en aquellos presupuestos el Estado y la Seguridad Social cumplieran un objetivo de déficit del 3,8% del PIB, sobre la base de una contracción del mismo del 0,5%. En estos momentos ya se espera que la economía, al contrario de esa previsión, haya caído en este ejercicio el 1,3% y que el déficit del Estado y la Seguridad Social alcance el 5,2% del PIB; un desfase de más de 14 000 millones de euros, puesto de relieve en el debate que celebrábamos justo hace un año.

A pesar de todo, en términos estrictamente presupuestarios, subsisten dos importantes riesgos: por un lado, de cara al cierre del ejercicio presente, podría incumplirse el objetivo del 6,5% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas, trasladando un desfase al 2014 que requeriría, obviamente, de medidas adicionales. La continua bajada de cotizantes de la Seguridad Social, el anuncio de algunas comunidades autónomas de que sobrepasarán el objetivo que tienen asignado y el indicio que representa la anulación del crédito extraordinario destinado a solventar parcialmente el déficit de tarifa eléctrica —por cierto, con un espectáculo considerable— hace que debamos preverlo. Porque me parece, señor ministro, que usted sabía, o sabe, que no cumpliría el déficit de este año, y por eso ha borrado de un plumazo la aportación al déficit de la tarifa eléctrica, ahorrándose más de 3 décimas del PIB, solucionando un problema en este caso, y tratando de eludir y de esconder, otro.

Como ustedes saben sobradamente, el ECOFIN, el 21 de junio acordó relajar los ajustes que exigían algunos países inmersos en el procedimiento de déficit excesivo, entre ellos el nuestro, suavizando así la senda de consolidación, de manera que se alcance el límite del 3% del PIB en 2016 y no en 2014, a cambio de más reformas. Por otro lado, si se produjese el incumplimiento, como señalaba, volvería a acarrear, además de sanciones, una nueva intensificación en la supervisión europea sobre la economía española, ahora que se ha cancelado la línea de saneamiento y reestructuración del sistema financiero español, e imagino que con ello, la tutela que le acompañaba.

No estoy seguro de que ustedes vayan a aprovechar estos dos años de prórroga concedidos por Bruselas, y no solo los dos años de prórroga, también la flexibilización respecto a 2013, porque, si no, estaríamos a años luz del cumplimiento del objetivo de déficit anterior que ustedes defendían hace un año —hay que recordarlo, y también lo hacía el señor Bel— y que era imposible de cumplir.

Conviene recordar que ustedes se manifestaban en contra de la prórroga y de la flexibilización del objetivo de déficit cuando desde la oposición lo reclamábamos y les decíamos que sin ello el presupuesto de 2013 era, pura y simplemente, una ficción. Y es que ha acabado siendo una ficción si comparamos los presupuestos de 2013, que aprobó esta Cámara, y lo que será su previsible cierre a finales de este mes.




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La Unión Europea flexibilizó el objetivo de déficit y, además, subió impuestos, en este caso los especiales. Se han autocorregido en este aspecto en dos ocasiones en las que los hechos han acabado dando la razón a los que nos expresábamos en ese sentido en el debate de hace un año. Por eso, señorías, es imposible comparar los Presupuestos Generales del Estado de 2013 con los de 2014, porque aquello que aprobamos —como decía— era en parte una ficción. Esta imposibilidad de comparar dificulta, además, enormemente la transparencia necesaria, transparencia que habría que poner más de relieve después de la aprobación de la Ley de transparencia hace tan solo unas semanas.

En cualquiera de los casos hay que reconocer que los grandes números, las grandes variables macroeconómicas de estos presupuestos son más realistas y próximas a las que manejan las instituciones y los analistas que las de hace un año. Eso hay que reconocerlo. Asimismo, en la Unión Europea continúan sin desarrollarse unas políticas destinadas a favorecer el crecimiento, pero hay que reconocer que la flexibilización más realista de los objetivos de déficit y de consolidación fiscal y la política del Banco Central Europeo han ayudado a que mejoren algunas de estas variables, aquí y en el resto de los países europeos; y ello ha tenido un efecto determinante en un factor importantísimo como es la bajada de la prima de riesgo. Cabe preguntarse, ¿como estaríamos si Europa y el Banco Central Europeo no hubieran efectuado este cambio, lento e insuficiente, pero cambio al fin y al cabo? No lo digo para restar méritos al Gobierno, sino para situar las cosas en sus justos términos.

Por otro lado, el año que viene casi la mitad del ajuste fiscal comprometido por ustedes corresponderá a las comunidades autónomas cuyas cuentas y compromisos —como ustedes saben— no pueden evaluarse desde los Presupuestos Generales del Estado, aunque al Gobierno le corresponda asegurar el cumplimiento del objetivo conjunto de las administraciones públicas cifrado para 2014 en el 5,8% del PIB. Por ello, pasaré a hablar un poco de los ingresos. Merece la pena detenerse brevemente, antes de hablar de los de 2014, en los del actual ejercicio. Hasta hace poco el Gobierno precisaba que la recaudación tributaria en 2013 caería, frente a lo previsto en los presupuestos de 2013, en un 1,3%, por caída en todas las figuras tributarias excepto el impuesto sobre sociedades. Por su parte, la liquidación que ustedes prevén estima que los ingresos no financieros se reducirán un 8,8% frente a la recaudación presupuestada. Ello se debe, en primer lugar, a que las bases imponibles han evolucionado peor de lo previsto, ya que —recordémoslo— los presupuestos de 2013 preveían una caída del PIB del 0,5 frente al 1,3 estimado ahora. En segundo lugar, a que a lo largo de 2013 no se han introducido más ajustes, a excepción de las alzas de los impuestos especiales del alcohol y el tabaco. Y, en tercer lugar, a que la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente al ejercicio de 2010 no ha hecho sino agravar la caída de ingresos no impositivos frente a la recaudación del año anterior. Así, en los presupuestos de 2014 ustedes esperan una recuperación de las bases imponibles apoyada en un ascenso de la demanda interna nominal del 1,1% tras las caídas de 2012 y 2013. Sin embargo, los ingresos impositivos crecerán menos que en ambos ejercicios por el menor impacto también de las medidas tributarias.

Los presupuestos apuntan a que el impacto total, que ascendió a 11 237 millones en 2012 y a 15 956 millones en 2013, caerá hasta los 3658 millones el próximo año. Por cierto, de esos 3658 millones, casi 3000 provendrán de nuevas medidas. Ello elevará la recaudación impositiva un 2,3% frente a 2013. Sin ellas, los ingresos impositivos apenas remontarían un 0,2%. Ahora bien, el principal impacto se produce en el impuesto sobre sociedades, en particular, por la supresión de la deducción de pérdidas en entidades extranjeras. Medida que supone, con un impacto de 3650 millones, casi el 100% del importe conjunto de todas las medidas de los Presupuestos Generales del Estado y, además, irá íntegramente al Estado. Sin estas medidas el Estado recaudaría un 8,4% menos que en 2013.

Así vemos la paradoja, que también se ponía de relieve en alguna intervención anterior, dado que se exige mayor ajuste a las comunidades autónomas para 2014 y el Estado mejora sus ingresos mediante impuestos que no son cedidos ni compartidos con aquellas. De todas maneras, con el mecanismo que hay en el Fondo de suficiencia, que lo fueran o dejasen de serlo, no tendría ningún efecto. Además, los presupuestos para 2014 reducen sus aportaciones a comunidades autónomas y corporaciones locales en 3725 millones, un 10,6%.




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Un año más el esfuerzo de la consolidación recae en las administraciones territoriales, especialmente en las comunidades autónomas, a las que, además, con toda la legislación de estos últimos meses y la que hay en curso, tratan de convertir en brazo ejecutor de la Administración General del Estado, con una concepción jerárquica de la misma, olvidando que las administraciones son soberanas en aquello que es de su competencia de acuerdo con nuestra Constitución, con el bloque constitucional, y que no existe una relación de jerarquía entre las administraciones central, autonómica y local.

Volviendo a los ingresos de los presupuestos para 2014, le siguen en importancia los impuestos especiales, con 434 millones de euros, sobre todo debido a la reciente subida del alcohol y del tabaco de hace tan solo unos meses, en julio de 2013. Esta cuantía, de hecho, supone más que el impacto conjunto del IRPF, el IVA y el resto de figuras tributarias.

Por último, quiero destacar que aunque caen un 1,6% los beneficios fiscales por deducciones y bonificaciones, suponen todavía la cifra de 38 360 millones de euros, tema este que pone en evidencia una cuestión que el Gobierno ha querido aplazar al final de la legislatura, la reforma fiscal, de la que se empezará a hablar en el año 2014, pero que suponemos que será de aplicación durante el año electoral.

Volvemos a decirlo: nuestro problema no es un exceso de gasto. Esto lo ha apuntado también algún otro portavoz. Estamos muy por debajo de la media comunitaria en 5 o 6 puntos. El problema es nuestra recaudación, por debajo de la media de la Unión Europea en 9 puntos. De ahí, la necesidad de agilizar una reforma fiscal que priorice la lucha contra el fraude y la economía sumergida, que es sensiblemente superior a la europea. Ello ha de implicar una estrategia que permita el incremento de la recaudación sin que repercuta en las clases medias que son las que hoy soportan mayor carga fiscal en nuestro país. Asimismo, señor ministro, ello implica mejorar la Administración tributaria y dotarnos de más y mejores instrumentos legales para combatir la elusión fiscal. Por cierto, ustedes siguen reduciendo el presupuesto y los efectivos de la Agencia Tributaria. Como usted sabe, comparativamente dispone de menos recursos que cualquiera de sus homólogas de los grandes países europeos. Además, ustedes interfieren de manera partidista en las funciones de sus profesionales. Están politizando, lesionando la imagen y la profesionalidad de sus componentes, así como debilitándoles en algo que es esencial en su cometido: su imagen de rigor, de profesionalidad y de imparcialidad. Sinceramente, algunas de sus declaraciones de estos días no son muy responsables. Después de la amnistía fiscal de hace un año, usted quiere ahora una Agencia Tributaria sumisa a la que poder decir a quién hay que perseguir y a quién no. Y eso la deslegitima a los ojos de la sociedad española. No saben ustedes el mal que están haciendo con sus medidas y con sus declaraciones al respecto.

Paso a continuación a analizar el estado de gastos de los presupuestos para 2014. Es especialmente difícil hacer una comparación de gastos previstos para 2014 con lo realmente ejecutado en 2013. La previsión es que el gasto no financiero crezca un 1% frente al previsible liquidado en 2013. En cualquier caso, el gasto previsto en 2014 representa un incremento global del 3,6% frente al presupuestado para 2013. Se reducen en un 0,3% los gastos de personal. Nuevamente los trabajadores públicos padecerán un año más de congelación salarial y una tasa de reposición del empleo público insuficiente en muchos servicios públicos, lo cual se traducirá en penalización del consumo y también en deterioro de los servicios públicos.

Crecen los gastos corrientes un 3,4% para atender fundamentalmente los gastos derivados de las elecciones al Parlamento Europeo, y decrecen los gastos financieros un 5,2% por la relajación de la prima de riesgo. Crecen las transferencias corrientes un 1%, básicamente becas y prestaciones por desempleo, y decrecen las transferencias, como antes he dicho, a comunidades autónomas y corporaciones locales, así como las transferencias a la Seguridad Social. Es decir, se continúan y se consolidan las políticas de reducción de recursos destinados a mantener el Estado del bienestar. Salud, educación y dependencia continuarán castigadas en estos Presupuestos Generales del Estado; por cierto, en este momento más de 200 000 personas no perciben estas ayudas a la dependencia a las que tienen derecho.

Igualmente la cultura, después del varapalo sufrido con el incremento del tipo de IVA, se ve ignorada en estos presupuestos. Después de los recortes de los años 2012 y 2013, solo pueden reconocerse incrementos, aunque sean raquíticos, en becas e investigación. No sucede lo mismo en el otro capítulo, el que hace referencia a las inversiones reales, que ve reducir un año más sus




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dotaciones. De hecho, la inversión en infraestructuras vuelve a caer un 9,4% hasta los 8706 millones, menos de la mitad de hace cuatro años. Este factor, por un lado, no ayudará a la recuperación de la economía y, por otro, prolongará el periodo de ejecución de algunas obras en marcha absolutamente necesarias, a la vez que diluirá en el tiempo otras necesarias para la recuperación económica; por citar un ejemplo, el ritmo de ejecución del corredor mediterráneo.

Ello por no hablar de la distribución territorial de estas inversiones. Nuevamente —y también lo ha puesto de relieve otro portavoz— vuelven ustedes a ignorar las leyes vigentes, como el Estatuto de Autonomía de Cataluña, además de los acuerdos entre el Gobierno de España y el de Cataluña, al que por lealtad institucional ustedes deberían reconocer y respetar. Reducir en un 25,5% los recursos presupuestados el año pasado y que para el 2014 supongan apenas poco más del 9% de la inversión territorializada, frente al 18,7% que representa el PIB de Cataluña, es en cierta manera una ofensa; una más destinada a hacer crecer la desconfianza y la desafección, porque eso es lo que consiguen.

Cabe destacar, por último, el crecimiento de la deuda pública. Este año 2013 acabará en un 94,2% del PIB cuando solo hace siete meses ustedes hablaban del 91,4%. Pero para el 2014 el Tesoro necesitará emitir más de 244 000 millones de euros y nos situaremos en el 99,8% del PIB, es decir, prácticamente 30 puntos más a lo largo de sus tres Presupuestos Generales del Estado.

Permítanme hacer ahora unos comentarios sobre el presupuesto de la Seguridad Social. El Gobierno también debe garantizar el cumplimiento de la Seguridad Social, cuyo ajuste comprometido ronda los 3200 millones de euros en el 2014; ello siempre que no se produzcan desviaciones adicionales este año. Pero dicho ajuste no va a ser sencillo. En primer lugar, porque los ingresos seguirán cayendo hasta los 102 840 millones de euros y, en segundo lugar, porque los Presupuestos Generales del Estado del 2014 apuntan a que por el lado del gasto las transferencias corrientes de la Seguridad Social por pensiones, incapacidad temporal o maternidad crecerán un 3%, hasta los 129 237 millones; en concreto, el gasto total en pensiones contributivas y no contributivas crecerá otro 5%, ello asumiendo una revalorización de apenas el 0,25%. Esta dinámica se producirá porque la caída del empleo y de la población activa, parte de la cual se debe obviamente al incremento de los jubilados, persistirá en el año 2014, lo que presionará a la baja los ingresos por cotizaciones y al alza los gastos en prestaciones respectivamente.

El problema es tener casi un millón menos de cotizantes que en el año 2011. El problema son cinco trimestres seguidos de reducción salarial fruto de la reforma laboral y el impacto que ello tiene también en las cuentas de la Seguridad Social. El problema son los más de dos millones de trabajadores que se han quedado sin convenio fijo, porque si se bajan los salarios y baja el empleo, caen los ingresos de la Seguridad Social —cayeron en 2012, en 2013 y volverán a caer en 2014: 10 000 millones de déficit en 2012, 13 000 en 2013 y 11 000 en 2014, según los datos de su presupuesto—, y las consecuencias de su reforma laboral, con salarios más bajos y despidos más baratos, en cierta manera las van a pagar también los pensionistas. En suma, señorías, podría generarse un desbalance como el de los años anteriores, o al menos no alcanzarse el ajuste prometido de los 3200 millones de euros.

A nuestro modo de ver, la evolución presupuestaria de la Seguridad Social constituye el aspecto más incierto e importante de cara al cumplimiento del objetivo de déficit de estos presupuestos, con una caída de los ingresos a pesar de la reducción de las deducciones y el incremento de algunos tramos de las cotizaciones sociales —caída de los ingresos que desmienten sus informaciones de que no caerán el empleo ni los salarios— y con un incremento del gasto —cualquier forma con la que se cubra el desfase, digamos, ya sean las transferencias de la Administración o recurrir a la venta de activos del Fondo de Reserva, o ambos a la vez—, por lo que vemos difícil el acometer la reducción del objetivo de déficit en tres décimas.

Una referencia al conocido como Fondo de Reserva, para recordarles que ustedes han realizado disposiciones con cargo al mismo en estos dos años de 18 657 millones de euros, gracias a la herencia de los cotizantes —supongo que algo también tenían que ver los Gobiernos anteriores; de eso, evidentemente, ustedes no se han quejado—. Cantidad que se eleva a 23 631 si le sumamos los 4980 millones de euros de que ustedes también han dispuesto con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación de las Mutuas, y seguro que continuarán en 2014 —ya lo veremos—.




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En resumen, un año más estamos ante unos Presupuestos Generales del Estado que no son los que necesita la sociedad española, desde nuestro punto de vista, ello a pesar de la mejora de algunos indicadores macroeconómicos que apuntan que hemos superado la recesión. Dejar atrás la recesión no quiere decir dejar atrás la crisis, señor ministro, ojalá fuera así, y mucho menos crecer sostenidamente, que es lo que necesita la economía española. Por ello, los Presupuestos Generales del Estado no son los que necesita la economía española para crecer, con unos recursos para investigación, para ayudar a la internacionalización y a la exportación de nuestras empresas claramente insuficientes; con una inexistente política industrial, si exceptuamos algún sector, como el del automóvil; con un tejido empresarial básicamente formado por pequeñas y medianas empresas que ven cómo el acceso al crédito continúa siendo misión imposible; en un contexto en el que, bajando el poder adquisitivo de los pensionistas, reduciendo los salarios en el sector privado, congelando los sueldos en el sector público y recortando el seguro de desempleo, es difícilmente creíble que pasemos del –2,6% de 2013 de crecimiento del consumo privado al +0,2 en 2014; con unos servicios públicos, la mayoría de ellos —educación, salud, servicios sociales— en gran medida competencia de las comunidades autónomas, que serán nuevamente los grandes afectados por el ajuste, con lo que ello supondrá de deterioro de los servicios que se prestan a la ciudadanía; con un reparto de la carga fiscal que continúa soportando en gran medida las rentas del trabajo y no las del capital; y con una sociedad que —reconozcámoslo— se va fracturando cada día más, cada día con más desigualdad y más injusticia, con más desconfianza hacia las instituciones y hacia sus representantes. Ese también empieza a ser un poco el legado de su Gobierno.

Entenderán las razones de nuestro veto y el porqué les anticipamos nuestro voto contrario si, como es de esperar, este no prospera ni tampoco nuestras enmiendas, como viene siendo habitual en esta legislatura. España y los españoles se merecen otro presupuesto que el que ustedes someten a aprobación.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría. Gracias, president.

La propuesta de veto número 7 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Tiene la palabra el senador y portavoz de su grupo, señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Buenas tardes, señorías.

Señor ministro, quiero empezar, para la distensión, con una pequeña broma. Siendo el debate de totalidad de los vetos el prime time del debate de los Presupuestos Generales del Estado, no quiero ni preguntarme qué haría un director general de una televisión si un programa de prime time de esa televisión tuviese una audiencia inferior al 8%. No quiero ni pensar qué es lo que haría.

Señor ministro, además de la evidencia de que unos presupuestos son el principal documento legislativo que recoge la previsión tanto de ingresos como de gastos que han de servir para la configuración de la vida de un país, de un Estado, entendemos —y esto es la clave, esto es lo importante— que son el instrumento para configurar o para obtener el bienestar de la ciudadanía. Es decir, si damos con un instrumento que no satisfaga las necesidades de nuestra ciudadanía, estaremos aprobando algo que no es válido, algo que no funciona. Y en nuestra opinión, señor ministro, señorías, estos presupuestos no son los presupuestos del bienestar, sino que son los presupuestos de la comunicación, son los presupuestos del marketing y son los presupuestos de la publicidad. Porque entendemos que estos presupuestos no proporcionan bienestar, sino que lo que hacen es vender, vender bienestar, comunicar bienestar.

No sé si recordarán, señorías, lo que se acabó llamando lo Viernes de Dolores. ¿Recuerdan aquellos días cuando, viernes tras viernes, los medios de comunicación, toda la ciudadanía, asistían preocupados a los Consejos de Ministros porque cada viernes en el Consejo de Ministros se aprobaba algo que asustaba, algo que generaba recortes, algo que generaba frustración, dolor y que, además, se contaban diciendo que se trasladaba una verdad a la ciudadanía porque había que tomar una serie de decisiones y alguien tenía que contar la verdad a la ciudadanía puesto que hasta entonces nadie lo había hecho? Eso eran los Viernes de Dolores, pero ahora estamos asistiendo a una segunda parte de la legislatura en la que ha cambiado el cuento. Y en estos momentos ustedes nos quieren hacer creer —usted, señor ministro— que estamos en el país de




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las maravillas, es decir, en Alicia en el país de las maravillas, y esto es lo que voy a intentar mostrar a continuación.

En primer lugar, quiero hablarles del procedimiento, porque el ministro ha calificado el trámite de enmiendas como un trámite con contenido, un trámite importante. También lo hizo en el Congreso, también lo calificó como un procedimiento de diálogo, de acuerdo, etcétera. Entendemos que todos nos estamos enfrentando a un procedimiento en el que vamos a debatir y vamos a discutir. Además, el ministro nos ha lanzado una serie de preguntas a las que vamos a intentar responder y vamos a dar con un documento. Pero, claro, ese es el cuento, porque la realidad ¿cuál es? La realidad es que se han presentado prácticamente 4000 enmiendas y únicamente se han aceptado cuatro enmiendas de las presentadas por la oposición; es decir, cuatro enmiendas de casi 4000, una de cada mil. Y si definimos el concepto de diálogo, que de cada mil palabras, señor ministro, se atienda una, no le extrañe si le trasladamos un pequeño escepticismo ante ese trámite que usted está diciendo que va a ser un trámite de contenido, un trámite de diálogo, un trámite de acuerdo.

Es el tercer presupuesto de la legislatura y consideramos que, además de ser un presupuesto muy similar en contenido, ha trasladado una misma actitud y un mismo procedimiento. Le voy a poner, con total humildad, un ejemplo de la situación contrapuesta del ámbito más cercano para mí que es el caso vasco. Fíjense, señorías, que ni en el Parlamento vasco, ni en las juntas generales de Vizcaya, Álava o Guipúzcoa hay mayoría absoluta suficiente de ningún grupo, pero, probablemente, en todas las instituciones que les he citado se aprueben los presupuestos, es decir, se consigan acuerdos con el resto o algunos grupos de la oposición. ¿Esto por qué ocurre? Porque todos o la mayoría consideramos muy importante dotar de estabilidad al sistema. El caso del Gobierno vasco es paradigmático porque primero se consiguió para el presupuesto del ejercicio 2014 un acuerdo presupuestario con el Partido Socialista de Euskadi suficiente para aprobar las cuentas, y la semana pasada lo hemos acordado, sin que hiciera falta, con el Partido Popular. ¿Y por qué, si no hace falta? Porque creemos que es importante que en estos momentos tan complicados, en estos momentos en que hay tanta preocupación e inestabilidad para la ciudadanía, al menos seamos capaces, las instituciones sean capaces de trasladar estabilidad, serenidad y tranquilidad a la ciudadanía. Y qué mejor que haber sido capaces de llegar a un acuerdo, en este caso entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y el Partido Popular. Evidentemente, esto no es solo mérito del Partido Nacionalista Vasco, sino también del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Popular, porque entendemos que el momento necesita de acuerdos. Es cierto que no siempre se dan las circunstancias para lograr el acuerdo, pero para ello hay que invertir tiempo y establecer un horizonte de acuerdo. Y en este caso no se ha hecho ni una cosa ni la otra. Si de mil palabras se acepta una, ¿estamos hablando de diálogo, estamos hablando de acuerdo, estamos invirtiendo en tiempo?

El señor ministro nos ha dicho una cosa que considero muy importante: debemos trasladar a la ciudadanía, además de la realidad, ánimo. ¿Y la ciudadanía no percibiría ánimo y algo positivo si fuéramos capaces de lograr un acuerdo en el sentido que les he explicado? ¿No es momento de un acuerdo amplio, importante? Probablemente, tendría que haber llegado hace mucho tiempo, pero ni ha llegado, ni parece que llegue ni llegará.

Estos son unos presupuestos condicionados por el ámbito en el que vivimos, la Unión Europea. Evidentemente, la situación que se traslada desde la Unión Europea tampoco es tranquilizadora de cara al futuro ni para la propia Unión, ni para los propios ciudadanos de la Unión, ni para el propio Estado español, que sufre los mismos problemas de la Unión pero acrecentados: una crisis económica global, Estados al rescate de banqueros, envejecimiento demográfico, competencia a la baja en costes y salarios, dependencia energética cada vez más cara y escasa, desplazamiento hacia Asia de la producción y el ahorro y un largo etcétera. Estamos inmersos en un cambio global donde habrá Estados, colectivos, asociaciones o instituciones —como la Unión Europea— que saldrán mejor parados que otros, pero conviene que estemos enfocados y bien enfocados. En este sentido, consideramos que hay dos elementos importantísimos. Primero, urge la reforma del funcionamiento de las instituciones financieras y de sus mecanismos de vigilancia y control, porque salvo para cortar créditos a la economía productiva, nada ha cambiado.

Y segundo elemento importante, clave y básico allá donde los haya, es que hay que mejorar el capital humano; y hablamos de educación, de I+D+i, de muchas cosas, porque entendemos que el




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capital humano es el elemento clave para insertarnos con éxito en la economía global, y entendemos además que llevamos un gran retraso respecto a nuestros competidores, y estos presupuestos no ayudan en nada a mejorar esa competitividad. Por ejemplo, en los presupuestos para 2014 vamos en la misma línea que siempre en I+D+i, muy por debajo de la Unión Europea, que se sitúa en el 2%. Nosotros todavía no llegamos a esa cifra, estamos en un 1,74%. Y cuidado, porque nuestra referencia no debe ser la Unión Europea, nuestra referencia debe estar en otros ámbitos. Israel está en el 4,3% y además tenemos a Corea, China, Japón, realidades asiáticas muy importantes, al igual que otras europeas, como Finlandia o Suecia. El sistema educativo tiene que ser, pues, un elemento clave e importante, de los más importantes. No hay más que ver el último informe PISA, en el que hasta ahora se decía que Finlandia era uno de los países más relevantes —y entiendo que sigue siéndolo, sin ninguna duda—, pero ahora aparecen también otros sistemas educativos muy importantes —los compartamos o no, y aunque PISA no sea más que una referencia—, como Corea del Sur, Japón o China, que empiezan a adquirir protagonismo, y eso nos tiene que dar que pensar; tenemos que preguntarnos dónde estamos situados, qué es lo que el continente asiático va a ser en el año 2030 y dónde vamos a estar nosotros; cuánto están invirtiendo en infraestructuras y cuánto estamos invirtiendo nosotros; cuánto están invirtiendo en tecnología y cuánto nosotros, igual que en investigación. Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer dentro del ámbito de la Unión Europea pero a través de respuestas que se encuentran en estos presupuestos que hoy estamos debatiendo. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en el Estado español con la educación, con la LOMCE? Acabamos de verlo. ¿Qué da este documento para poder responder a la aprobación de la nueva ley, con qué dinero se va a aplicar? Y dicho sea de paso, se ha aprobado la LOMCE en contra de la mayoría de los agentes sociales y en contra de la mayoría de las comunidades autónomas, que son las que pagan en buena medida el desarrollo de esta ley. Y como les digo, es evidente que estos presupuestos no van en esa línea que les he comentado. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Así pues, analizamos unos presupuestos condicionados en gran medida por la Unión Europea, donde —es cierto— Grecia no tiene soberanía presupuestaria y fiscal, pero también nosotros la tenemos muy limitada, como no puede ser de otra manera; principalmente por el Tratado de Estabilidad, donde las partes firmantes se comprometen a promover la disciplina presupuestaria a través de un pacto presupuestario y a reforzar la coordinación de sus políticas económicas. Tenemos unos presupuestos donde otro año más los ingresos son inferiores a los gastos, es decir, estamos gastando más de lo que tenemos, y esto quiere decir que el Estado español seguirá endeudándose y sobrepasando en los próximos meses el cien por cien de la deuda con respecto al PIB, con las consecuencias que ello tiene.

El señor ministro nos invitaba a realizar una serie de preguntas, como, por ejemplo, en cuánto se van a acrecentar las inversiones, cuánto tenemos que crecer en la inversión pública y en la inversión privada. Cuando menos, entendemos que en ese sentido estos presupuestos sorprenden, puesto que uno de los ministerios que podría ayudar a dinamizar la demanda agregada seria precisamente el de Fomento. Y el escenario inversor del Grupo Fomento en 2014 cae en un 11% con respecto al 2013 y se queda con 8980 millones de euros. Es decir, la inversión pública, que es la que al fin y al cabo permite crear actividad y puestos de trabajo, disminuye significativamente. Además, la cantidad para la política industrial es insignificante, y también bajan las ayudas sociales. No se hace, tal como he dicho antes, ninguna apuesta por la educación. Eso sí, ponemos balance para que paguen nuestras comunidades autónomas. En definitiva, sus presupuestos, los presupuestos que se presentan hoy aquí se han convertido en un documento puramente contable, sin objetivos de bienestar, en los que lo esencial es cuadrar cifras y no pasarse de los límites impuestos por Bruselas.

Señor ministro, el año pasado en la presentación de las cuentas para el 2013 usted anunciaba que el año 2013 —y lo ha comentado hoy además— sería el último año de la crisis económica del Estado español. Así decía: El año 2013 será el año último de la crisis económica de nuestro país; será el último año de recesión económica, de forma que podremos afrontar ese final con la seguridad y con la fiabilidad de haber hecho un trayecto lleno de esfuerzos, lleno de cambios, pero también un trayecto que abra un horizonte de seguridad y de fiabilidad para los españoles. Eso se decía el año pasado en un debate como el de hoy. Bien, pues según los datos de Eurostat, España tiene en estos momentos un 28,2% de pobreza. Eso significa tener ingresos insuficientes; sufrir




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privación material, por ejemplo, problemas para pagar la calefacción; vivir en un hogar con baja intensidad de trabajo, es decir, donde los adultos que trabajen el último año tengan únicamente el 20% de su potencial en trabajo. Esa es la situación que estamos viviendo, esa es la situación que se está sufriendo y eso es lo que siente y vive la ciudadanía, por no hablar del desempleo. Octubre del 2013 marcó el nivel del 26,7%, que solo fue superado por Grecia, con el 28%, pero el 57,4% de los jóvenes menores de 25 años están en desempleo. ¿De verdad piensa el señor ministro que el año 2013 va a ser el último año de la crisis?

Se preguntaba cuánto vamos a crecer. Esa era la pregunta que se nos lanzaba. A mí se me ocurren otras preguntas para que también se respondan aquí. ¿Qué les decimos a los miles de jubilados y pensionistas que están viendo recortados sus derechos? ¿Qué les decimos a los miles de jubilados y pensionistas que van a tener más dificultades para llegar a finales de este mes? ¿Qué les decimos a los pensionistas cuando las pensiones se van a ver reducidas según vivan más años? ¿Qué les decimos a los miles de jóvenes que tienen que emigrar porque no encuentran esperanza en su ámbito? ¿Qué les decimos a los miles de jóvenes que tienen que volver a casa de sus progenitores a vivir? ¿Qué les decimos a los jóvenes que no encuentran financiación para vivir en una vivienda de protección oficial? ¿Qué les decimos a los jóvenes que después de pagar de su bolsillo una ayuda a la banca esta no les ayuda, ni a ellos ni a los empresarios ni a nadie? ¿Les decimos que tranquilos? ¿Les decimos que el ministro ha dicho que la crisis finaliza en el 2013?

Otro elemento que tenemos que comentar en estos presupuestos es qué está pasando con la banca, porque no hay en estos momentos, o no he sido yo capaz de verlo, ningún informe serio que explique a los ciudadanos qué se ha hecho con el rescate bancario. No lo hay. Los bancos en estos momentos están comprando deuda pública y no están dando dinero a los particulares, no están dando dinero ni a particulares ni a empresas, a nadie; porque, tal como se ha dicho antes, logran préstamos a un 0,5 antes y a un 0,25 ahora del Banco Central Europeo y los invierten en bonos públicos a diez años, que dan una rentabilidad en España del 4%. Están comprando deuda pública con un dinero que ha salido del bolsillo de todos —de todos—; unos bancos que en muchos casos están dando beneficios.

Quiero contraponer dos datos para que veamos la inmensidad del problema: 10 000 millones de euros frente a 250 000 millones de euros. Señorías, ustedes recordaron que en el ejercicio de 2012 el Gobierno estimó en 10 000 millones de euros el ahorro que el Estado obtuvo con los recortes en sanidad y en educación, dos pilares básicos del Estado de bienestar: fueron 7000 millones de euros en sanidad y 3000 millones de euros en educación. Pues bien, el dinero que desde el inicio de la crisis el Estado ha entregado a la banca para su rescate ya asciende a 250 000 millones de euros. Insisto, 10 000 millones de euros frente a 250 000 millones de euros, que se han empleado de la siguiente forma: 63 000 millones de euros en inyecciones de capital; 134 000 millones de euros en avales; y, 50 000 millones de euros ha sido el coste de la SAREB, el banco malo.

Según el Fondo Monetario Internacional, la mayor parte de esos 250 000 millones de euros no se devolverá. Así, el FMI calcula que el Estado perderá unos 190 000 millones de euros y, en este sentido, les voy a recordar unas palabras del presidente, Mariano Rajoy, en el Pleno de esta Cámara del 23 de octubre de 2012 con respecto a la ayuda de 41 000 millones de euros al sector bancario. Decía: «En cualquier caso, se trata de un préstamo a las entidades financieras y son ellas las que tienen que devolverlo.» «…eso nunca lo iba a pagar el Estado español.»

Y el señor Montoro también decía: Con la reforma bancaria recibiremos una inyección de recursos monetarios destinados a recapitalizar, es decir, a sanear, el 40% de nuestro sector bancario. Lo haremos con nuevos y cuantiosos recursos europeos y unas condiciones de financiación realmente óptimas, habida cuenta de que será una deuda a devolver en quince años y con tipos de interés por debajo del 1%, de manera que se fortalecerá nuestro sector bancario, permitiendo que vuelva cuanto antes a facilitar el crédito a nuestros emprendedores, a nuestros inversores. ¿Qué crédito? ¿Qué empresarios? ¿A quiénes se está dando ese crédito?

Para ir finalizando este apartado diré que resulta cuando menos irrisorio que el sistema actual de funcionamiento se base en que cuando el Banco Central Europeo da dinero muy barato a los españoles para dos objetivos, primero, que saneen sus cuentas y, segundo, que puedan dar créditos a familias y empresas, la realidad —y eso es lo irrisorio— es que los bancos prestan




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dinero al Estado a un precio mucho más elevado, de manera que obtienen beneficios a través de esta operación —beneficios seguros, sin riesgo— y, el Estado, para poder devolver estas cantidades, sube impuestos y baja salarios. Después de oír y ver esto, ¿qué le contamos a un joven que quiere independizarse y no puede comprar una vivienda de VPO porque nadie le presta dinero? ¿Qué le contamos?

Señor ministro, con un desempleo en este momento del 26,7% de la ciudadanía ¿se puede decir de verdad que 2013 será el último año de la crisis económica? En ese caso, ¿qué dirá Italia que tiene un 12,5%? ¿Y Portugal, que tiene el 15,7%? Es decir, que estamos otra vez ante un producto de comunicación, de marketing y se nos vuelve a ofrecer algo que es totalmente ficción.

Estamos hablando de los datos de desempleo como algo coyuntural; unas cifras que sobrepasan la media de la Unión Europea de una manera escandalosa. Pero algo tendremos que pensar para analizar qué está ocurriendo en el Estado español, porque si analizamos la media de desempleo de 1983 a 2010, España estaba en el 14,3% y la Unión Europea en un 8,9%. Entonces también estábamos prácticamente en el doble. Para darles una referencia: Estados Unidos estaba en el 6,1% y Japón en el 3,6%. La situación de ahora es dramática, muy dramática, penosa, pero algo habrá que hacer si la media desde 1983 hasta 2010 nos da unos datos que evidentemente nos preocupan.

Se me termina el tiempo, aunque después tendremos el turno de portavoces para seguir reflexionando sobre todos estos temas más las preguntas que nos ha lanzado el señor ministro. ¿Qué son estos presupuestos en Euskadi? Porque es el elemento fundamental para que nosotros presentemos este veto. De todas las inversiones que se están planteando en este proyecto de presupuestos para Euskadi únicamente hay un 0,4%. Muchas veces ustedes han utilizado una serie de argumentos, como que depende del momento, depende de que haya inversiones; que no depende tanto del número de habitantes o de las proporciones… Entiendo ese mensaje. Entiendo que es diferente que haya unas inversiones importantes en marcha a que no las haya. Es normal que, en ese sentido, veamos dientes de sierra. Ahora, que en estos momentos, teniendo una infraestructura tan importante como la que tenemos en Euskadi, únicamente se le dote el 0,4% de los presupuestos, de verdad no creo que los vascos vayan a tener una buena sensación de los presupuestos que está planteando el Gobierno, y creo que pueden asistir con gran preocupación a su traslación. ¿Por qué? Porque si en 2013 eran unos presupuestos ya bajos, muy bajos, con 190 millones en presupuesto para el tren de alta velocidad, se da la circunstancia de que ni siquiera estos 190 millones se invierten, porque no se gestionan; han paralizado obras, han pedido a las constructoras que no emitan facturas, hay obras que todavía no están proyectadas, cuando es un proyecto totalmente prioritario para la Unión Europea junto con el eje mediterráneo, es decir, el eje atlántico, lo que nos une a través de Irún-Madrid con París, en estos momentos es una isla. Si ustedes ven el mapa el Estado español, es una isla, y ni se recoge una cantidad para terminar lo proyectado.

En estos momentos estamos asistiendo a unas infraestructuras en dos velocidades: una va por Guipúzcoa, a través del acuerdo que se consiguió con el Gobierno anterior, y estamos gestionando contra cupo desde el Gobierno vasco. Sin embargo en Vizcaya y en Álava —la otra— no se avanza en la obra y, además, se da una circunstancia muy extraña: preguntamos cuáles son los objetivos, cuáles son los planes y cuáles son las ideas, y no existen. No existe un calendario, un cronograma de inversión, de finalización. Lo hemos preguntado a través de interpelación, hemos formulado pregunta por escrito… Eso sí, el presidente Rajoy se comprometió aquí a cumplir los proyectos en plazo, y no se están cumpliendo. Pero ante la nueva situación y ante las preguntas que nuestro grupo tanto aquí como en el Congreso lanza al grupo mayoritario y al Gobierno para que nos expliquen cómo va, nos dan la callada por respuesta. En ese sentido, también he de decir que nosotros hemos presentado muy pocas enmiendas a los presupuestos, concretamente veintidós. ¿Por qué? Porque queríamos centrarnos en este proyecto, queríamos trasladarles que este es el proyecto prioritario e importante para nosotros y para Euskadi y como ven, al menos hasta ahora, esto no ha sido atendido.

En consecuencia, no han cumplido con los compromisos del Gobierno, no apuestan por la inversión, no apuestan por la formación, no apuestan por atender al desfavorecido, no apuestan por la gente jubilada, no apuestan por los pensionistas y no apuestan por los jóvenes. La conclusión




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es que nosotros, viendo esto, evidentemente llevaremos adelante nuestro veto, lo someteremos a votación y apoyaremos el veto del resto de los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 1 del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Aiartza y Goioaga, senadora Mendizabal y senador Unamunzaga.

Senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, presidenta.

En primer lugar, me voy a sumar a la reflexión de mi compañero y compatriota Bildarratz en cuanto a que estamos en el supuesto prime time, pero me parece que desgraciadamente hemos elegido mal la película —y luego me voy a explicar—, porque un año más, en el debate de estos presupuestos hay una sensación creciente de déjà vu. Y digo más. Es una sensación de estar en la película Atrapado en el tiempo reviviendo una y otra vez El día de la marmota. Y reviviendo El día de la marmota y esperando parecerme lo menos posible a Bill Murray, voy a procurar explicar el porqué de esta sensación creciente de déjà vu, que comienza por el hecho de que una de dos, o no se ve la realidad o vivimos en dos realidades diferentes y paralelas —siguiendo con los símiles de películas—, o alguno está en La dimensión desconocida.

Como dice usted, señor ministro, voy a hablar desde la responsabilidad, y desde la responsabilidad le tengo que afirmar que el hecho es que aunque han cambiado algunas de las circunstancias macroeconómicas debido a la bajada de los tipos de interés, bajada que ha posibilitado una menor carga financiera a la deuda y de esta manera una cierta capacidad de maniobra, las cosas siguen igual, el Gobierno sigue igual y estos presupuestos son una continuación de los presupuestos y de la labor legislativa que el Gobierno ha venido desarrollando a lo largo de estos dos años, es decir, siguen reincidiendo en los mismos errores. Déjà vu porque son unos presupuestos que siguen sin dar una respuesta a la realidad económica y social del Estado español, y por ello y evidentemente siguen sin dar una respuesta a la realidad política y social de Euskal Herria. Afirmo esto porque aunque Euskal Herria y el Estado sean dos realidades diferentes, es verdad que tienen elementos de conexión y, lamentablemente, todavía esos presupuestos inciden en nuestra realidad, aunque espero que esto sea por poco tiempo.

Comienzo remarcando que no es nuestra manera de encarar el examen de estos presupuestos el ver cuál es la cantidad destinada a nuestro país, si nos dan alguna partida de un lado o de otro. Todo esto no deja de ser más que migajas. Lo que realmente nos preocupa es la globalidad del presupuesto que han presentado. Estos presupuestos no son solo ajenos a nuestro país, sino que están hechos a espaldas de la realidad política, económica y social de Euskal Herria. Afirmamos lo anterior porque los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno para el presente año 2014, que se están tramitando en esta Cámara, siguen respondiendo a un diagnóstico erróneo de las características propias que la crisis sistémica internacional adopta en el Estado español y no dan solución ni a la grave crisis económica, ni a la crisis social, ni a la crisis política e institucional, sino que con carácter general van a profundizar y a agravar todos estos temas.

Son unos presupuestos que dan un nuevo impulso a la disolución del Estado del bienestar, con la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones y con recortes en aspectos clave, especialmente en tiempos de crisis, como el 36% de recorte de inversión en servicios sociales o casi el 35% en la sanidad pública, el 39% en la protección familiar o casi la mitad en el caso de los sistemas de dependencia. Esto sí que es desmantelar el Estado de bienestar, digan lo que digan y afirmen lo que afirmen, tal y como ha hecho recientemente el presidente Rajoy.

Estos son unos presupuestos que siguen incrementando el endeudamiento, que sin ser consecuencia de la gestión de las instituciones de los territorios vascos, lo pagará especialmente la ciudadanía de Euskal Herria, un 63% más que el resto de la gente del Estado.

Son unos presupuestos que siguen impulsando la precariedad laboral y el recorte de los derechos de trabajadores y de trabajadoras. Son unos presupuestos que siguen recortando los fondos destinados a la protección del empleo, que en estos presupuestos son un 7% inferiores a lo ejecutado realmente en este año 2013. Son unos presupuestos cuyo capítulo de ingresos sigue sin dar respuesta al problema estructural español del fraude fiscal. Y este apartado sí que es fundamental para nosotros. El Gobierno no está dando los pasos necesarios para atajar este




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problema, y este hecho condiciona el conjunto de estos presupuestos. El problema está en el gasto por la insuficiencia del ingreso, y Amaiur lleva tiempo diciendo tanto en el Congreso como en el Senado que mientras no se reduzca el fraude fiscal con compromisos y plazos concretos no va a tener credibilidad y no va a poder darle la vuelta a la situación socioeconómica. Pero tengo que reconocerle que este fin de semana el presidente Rajoy, que ha estado pletórico por lo que se ve, después de ocho años de jefe de la oposición y de dos de presidente parece haberse dado cuenta ahora de que lo que tiene el Estado es un problema con los ingresos. ¡A buenas horas! De todos modos me referiré a este punto más adelante.

Son unos presupuestos que siguen sin dar pasos efectivos para abordar la competitividad, basada no en el recorte laboral, sino en la potenciación del valor añadido con inversiones en I+D+i. Pero este tema no se aborda con decisión en estos presupuestos ni se realiza sobre la base de las necesidades del futuro del sistema de investigación, desarrollo e innovación. En definitiva, son unos presupuestos que van a seguir remando a favor de la crisis, recortando el Estado de bienestar, confraternizando con el fraude fiscal y castigando a los sectores más débiles de la sociedad, como son los pensionistas, los parados, los autónomos, la economía social y las pymes. Y también siguen sin estimular la demanda interna; porque los pasos que están dando, entre otros, en el mercado laboral tienen ese efecto. Y están venga a decir que estos son los presupuestos del crecimiento, cuando saben que no es verdad; y están venga a decir que son los presupuestos de la recuperación, cuando saben que tampoco es verdad. Y para rematar todas esas afirmaciones, el presidente Rajoy ha afirmado en una entrevista publicada hoy que no cree que la crisis esté dejando un Estado más desigual y que el Estado del bienestar es un logro al que no se piensa renunciar, cuando la terca realidad y los datos expuestos anteriormente se encargan de contestarle una y otra vez.

Para sustentar estas afirmaciones vamos a desarrollar las ideas que le he expuesto en cinco apartados diferentes, pero antes quiero reconocerle mi respeto por el papelón que le toca hacer a usted, señor ministro, cada vez que sale a esta tribuna y tiene que decir lo que dice, aunque prácticamente ninguno de los que estemos aquí vislumbremos siquiera lo que usted afirma. Y yendo en primer lugar de la macroeconomía a la microeconomía, diré que nos encontramos con una fotografía muy clara de la situación. El Gobierno parte de un planteamiento macroeconómico voluntarista que sigue la tendencia optimista de los dos años anteriores, en los que siempre el año siguiente iban a mejorar todos los indicadores económicos. Sin embargo, la realidad que auguran diversos organismos internacionales rebaja sensiblemente dicho optimismo, y si descendemos a los detalles, el panorama es todavía más desesperanzador. La realidad es que continúa creciendo el endeudamiento, y aunque la caída de los intereses genere coyunturalmente más disponibilidad económica de estos presupuestos, la espada de Damocles, que supone el 96% del PIB, está pendiente sobre el conjunto del Estado, y sobre todo sobre la ciudadanía de Euskal Herria, que a través del cupo carga con un coste superior en más de un 60% al que soporta la gente del resto del Estado, coste de un endeudamiento fruto de la nefasta gestión de los Gobiernos central y autonómico y que nos afecta aunque no seamos responsables de él.

Por otro lado, sigue deteriorándose la calidad del empleo y no se crean nuevos puestos de trabajo. La caída del paro que se anuncia se basa en contratos temporales y a tiempo parcial; con un crecimiento económico casi inexistente, reducción de salarios, desorbitadas tasas de paro permanentes, endeudamiento camino del cien por cien del PIB, reducción del poder adquisitivo de las pensiones, subida de los impuestos indirectos y de los de la gente sometida a nómina, que los pagan puntualmente, el panorama apunta a una persistente atonía del consumo interno que hace imposible un crecimiento económico generador de empleo social y económicamente sostenible.

Como segundo elemento quiero destacar la insuficiencia de ingresos, el no compromiso con la lucha contra el fraude fiscal y el incremento de la desigualdad. En el capítulo de ingresos estos Presupuestos Generales siguen sin dar respuesta al problema estructural del fraude fiscal en el Estado español. Con los últimos datos del informe comunitario anual sobre tendencias fiscales en la Unión Europea, en el que el Estado español ocupa el lugar número 21 a la hora de fijar el porcentaje sobre el PIB que supone la recaudación de las administraciones públicas, el total de ingresos públicos representó el 31,4% del PIB, lo que supone 8,1 puntos menos que la media de la eurozona, situación que no es fruto de la actual coyuntura de recesión económica sino que




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responde a un problema estructural, puesto que desde el año 1995 tan solo en tres ocasiones la recaudación del Estado ha superado la barrera del 35%.

Si analizamos dónde se producen estas insuficiencias crónicas del capítulo de ingresos vemos que fundamentalmente es en los impuestos indirectos. En el año 2011, de los veintisiete Estados de la Unión Europea, el Estado español ocupaba el puesto número 27 del porcentaje sobre el PIB que suponía la recaudación por este concepto. Están los impuestos especiales y el impuesto sobre sociedades en el puesto número 22, y tan solo en el IRPF, el impuesto de quienes están vinculados a una nómina, el Estado español ocupaba una posición más normalizada situándose en el puesto número 12 de la Unión Europea a Ventisiete.

Estos datos resultan especialmente llamativos —aunque sería más exacto calificarlos de escandalosos— si vemos la evolución de los beneficios de las grandes empresas, como es el caso de las incluidas en el IBEX 35, que en el primer semestre de este año han incrementado sus beneficios un 9% con respecto al mismo período del año anterior, o la evolución de las SICAV, que en el presente año se han incrementado en más de un centenar, que el año pasado obtuvieron beneficios superiores al 8% y la primera mitad de este año la rentabilidad media se acercaba al 4%.

A la luz de estos datos, cobra especial relevancia el último informe de Cáritas, que señala que en el Estado hay ya 3 millones de personas en situación de pobreza severa —según la terminología de Cáritas—, esto es —traducido— que viven con menos de 307 euros al mes. Los pobres representan ya el 6,4% de la población, una tasa que casi duplica la de 2007, que era del 3,5 según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, recogidos en su informe del Observatorio de la Realidad Social de 2012. En esta misma línea, el último Informe sobre la riqueza en el mundo, que publica anualmente el banco suizo Credit Suisse, señala que mientras el número de millonarios en el Estado español ha aumentado un 13% entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013, llegando hasta las 402 000 personas, la tasa de pobreza ha pasado del 19,7% de los hogares españoles en 2007 al 21,1% en 2012.

Señor ministro, lo que estos datos conllevan es que la política económica y social de este Gobierno, que se viene concretando en estos presupuestos generales y en los dos anteriores, está generando una acumulación de riqueza en unas cada vez más reducidas elites que se mueven en los entornos de la economía especulativa y sus sistemas de apropiación de rentas ajenas, a la vez que se produce un incremento constante y progresivo de la desigualdad, que, como alerta Cáritas, trae consigo una segunda oleada de empobrecimiento y exclusión social, agudizada por las políticas de ajuste y sus recortes, la prolongación de las situaciones de desempleo y el agotamiento de las ayudas económicas.

La ausencia de un compromiso explícito por parte de este Gobierno en la lucha contra esta insolidaria lacra, que se plasme en el establecimiento de una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y compromisos concretos, hace a estos presupuestos ineficaces a la hora de abordar con urgencia los retos imprescindibles como son el afrontar la reducción de las tasas de paro y de pobreza, garantizar la protección social y reforzar el Estado de bienestar.

En este sentido iban las enmiendas parciales que habíamos presentado a estos presupuestos tanto en el Congreso como en el Senado pero que no han sido aceptadas para su debate en esta Cámara, a diferencia del Congreso donde sí lo fueron. Y esto es algo —quiero hacer un pequeño inciso— que no entendemos, puesto que no modificábamos la cifra total de ingresos, sino que lo que hacíamos era cambiar su estructura sin afectar a su conjunto. Por ello no entendemos su no aceptación. Pero, señorías, estas enmiendas estaban dirigidas precisamente al estado de ingresos, y resumen de hecho la filosofía con la que en Amaiur abordamos este debate presupuestario. Se trata de enmiendas en las que planteábamos una reducción tanto del cupo de la Comunidad Autónoma Vasca como de la aportación navarra a los Presupuestos Generales del Estado sobre la base de la reducción del porcentaje que nos correspondería aportar a lo que consideramos un gasto totalmente improductivo, como son los casos de la Casa Real, el Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, es decir, la reducción en estos tres capítulos de la parte correspondiente a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral Navarra, por competencias no asumidas, que es alrededor del 8%, y es lo que poníamos como disminución del cupo y de la aportación navarra.




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Dentro de este mismo capítulo proponíamos el incremento en tres conceptos concretos, esto es, el incremento sobre el impuesto sobre sociedades, el incremento de otros impuestos sobre el capital y el incremento del IVA sobre las operaciones interiores.

Con esto planteábamos además una idea clave que está siempre presente en todas las intervenciones de Amaiur en esta Cámara, que es la defensa de la soberanía de Euskal Herria para decidir su propio futuro y en qué tiene que gastar sus ingresos y proponíamos un elemento muy importante que tiene un efecto didáctico de cara a nuestro pueblo, a nuestro país que es Euskal Herria, porque con esos 1100 millones menos que pagaríamos de cupo reforzaríamos el Estado de bienestar en nuestro país, destinaríamos fondos de un gasto claramente improductivo y que no tiene ninguna utilidad social al reforzar el Estado de bienestar, que es lo que precisamente necesita la ciudadanía de Euskal Herria, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la Comunidad Foral de Navarra. Por lo tanto, tiene una utilidad muy importante y un aspecto didáctico de cara a nuestra ciudadanía de lo que supone ejercer la soberanía de forma real, y ejercer la soberanía supone más bienestar y más beneficio para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria.

En segundo lugar proponíamos también un elemento didáctico y de reflexión para el Estado español y para el resto de los grupos de la Cámara, aspecto didáctico que hemos venido sugiriendo a lo largo de muchos debates. Y esto es así porque ustedes tienen un problema estructural importante, tal y como ya les he dicho, y que siguen sin abordar, como se lo he dicho, que es el fraude fiscal. Ustedes tienen que acabar con ese paraíso fiscal que constituye ahora mismo el Estado español. Por eso proponíamos que esa disminución del cupo tiene que corresponderse con un incremento en la recaudación del impuesto sobre sociedades, porque hemos señalado muchas veces que el Estado español es un paraíso fiscal para las grandes empresas.

Las grandes empresas pagan menos impuestos efectivos que las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los trabajadores mileuristas. No tiene ninguna lógica que las grandes empresas que tienen beneficios multimillonarios y la gran banca paguen de forma efectiva menos que las pequeñas y medianas empresas, que los trabajadores o que los autónomos. Por lo tanto, ahí hay un primer toque de atención y un efecto didáctico.

Asimismo pedíamos que se incrementase también el capítulo de Otros impuestos sobre el capital, porque ahí está otro de los elementos clave del paraíso fiscal español. Las grandes fortunas tienen refugiados sus fondos, por ejemplo, en las SICAV, que son elementos de economía meramente especulativa gracias a los cuales pagan al final el 1%. Y este es otro de los elementos que hay que abordar para acabar con este paraíso fiscal, es decir, incrementar los impuestos sobre el capital. Y finalmente pedíamos que se incrementase el IVA sobre las operaciones interiores porque es otro de los elementos de fraude fiscal. Y mientras ustedes no aborden eso, seguirán con su mantra neoliberal de que hay que recortar el gasto público y el gasto social. Y eso es una falsedad como un piano.

Ustedes tienen el problema en el ingreso. El gasto social está por debajo de la media de los 27 —ahora 28— Estados de la Unión Europea, ustedes están muy por debajo del ingreso fiscal —ocupan el puesto 21—, y si nos vamos al tema del IVA, ocupan el puesto 28 en el furgón de la cola de la Unión Europea. Y relacionado con este punto, voy a referirme al tercer elemento que destacamos en nuestro veto, que no es otro que las políticas de gasto insuficiente para el mantenimiento del Estado de bienestar.

En los últimos años, el debate impulsado por planteamientos ultraliberales y neocapitalistas y que ha sido asumido por este Gobierno ha puesto en la picota al gasto público como causa de todos los males, con el fin de justificar el progresivo desmantelamiento del Estado de bienestar. Sin embargo, las cifras, los datos objetivos no solo desmienten dicha tesis neoliberal, sino que ratifican nuestra denuncia de que el problema fundamental en las instituciones estatales no es el gasto público sino el ingreso. Según el último informe de Eurostat sobre la distribución del gasto público por funciones en el seno de la UE 27, el Estado español se sitúa por debajo de la media europea. Mientras que en el conjunto de la UE 27 el gasto público equivale al 49,1% del PIB, en el Estado español solo alcanza el 45,2%.

Si analizamos las diferentes funciones de gasto, vemos que en el capítulo fundamental, sobre todo en esta época de crisis económica, de los fondos destinados a la protección social y a la sanidad, en el Estado español supone el 51,6% el gasto público frente al 54,8% de la UE 27, y en




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términos de porcentaje del PIB, en el conjunto de Unión Europea supone el 26,9% del PIB, mientras que en el Estado español solo se alcanza el 23,2%.

A la vista de estos datos, y después de los importantes recortes de los dos últimos presupuestos, el mantenimiento de las partidas genéricas o los leves incrementos de algunos conceptos en las funciones de protección social no garantizan el Estado de bienestar. Las transferencias corrientes o gasto disponible para las políticas públicas, que disminuyen un 4,7%, el 36% de recorte en la inversión de servicios sociales o casi el 35% en la inversión referida a la sanidad pública, el 39% de reducción en la inversión en la protección familiar o la reducción casi a la mitad en el caso de la inversión de los sistemas de dependencia suponen en la práctica un deterioro de la prestación del servicio en el corto y medio plazo y el progresivo desmantelamiento de dichos servicios públicos. En paralelo, mientras se anuncia que las cifras de paro no van a mejorar sensiblemente, se siguen recortando los fondos destinados a la protección de empleo, que en los presupuestos para 2014 son inferiores en un 7% a lo realmente ejecutado en este año 2013.

El necesario mantenimiento y reforzamiento del Estado de bienestar solo será posible si se abordan políticas de ingresos eficientes y se establece una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y compromisos concretos. Y esto nos trae a colación un cuarto elemento que no es otro que la constatación del fracaso de las llamadas reformas estructurales neoliberales.

La acción del Gobierno se ha centrado en el impulso de las reformas llamadas estructurales como son la reforma laboral, la reforma financiera y medidas fiscales, la reforma del sistema de pensiones, que, lejos de dar respuesta a los problemas estructurales, económicos y sociales del Estado español, están debilitando a marchas forzadas su carácter de estado social de derecho, no abordan la raíz del problema y no están contribuyendo a paliar las consecuencias sociales de la crisis económicas.

En repetidas ocasiones, hemos planteado en los debates con el Gobierno que su reforma laboral supone un recorte de derechos y el aumento de la indefensión de las personas que tienen un puesto de trabajo cada vez más precario; que supone una pérdida de poder adquisitivo y de capacidad de gasto para amplios sectores de la población; que esta reforma laboral no ha generado empleo, sino que, al contrario, ha propiciado que la gran patronal aplique con cobertura legal el despido impune, generando más desempleo y crispación social, fruto de la desprotección para sectores cada vez más amplios de la población. La mayoría de las previsiones coinciden en señalar que van a continuar las altas tasas de desempleo, señalándose incluso que el 25% de la población activa estará en paro en el año 2018.

A pesar de las repetidas argumentaciones del Gobierno, las rebajas salariales, tanto en términos reales desde el año 2010 como en términos nominales desde el 2012, no solo no han creado empleo, sino que han desactivado el consumo interno. El ajuste de una disminución del 7% en los salarios del Estado español no se ha traducido en ningún aumento de empleo ni, en la mayoría de los casos, en competitividad real. Un informe del Banco Central Europeo acusa a las grandes empresas españolas de subir los precios y bajar los salarios, trasladando todo el ajuste a los salarios, a los más débiles. Al final, el aumento de los beneficios de estas empresas, que están participadas mayoritariamente por fondos de inversiones y de pensiones extranjeros a través del reparto de dividendos, no ha reforzado la economía del Estado sino que ha alimentado la economía especulativa internacional.

La reforma financiera está promoviendo el fortalecimiento de un oligopolio financiero y el desmantelamiento de entidades financieras de carácter social y control público, que eso es la privatización que han hecho del sistema financiero de origen social. No se han tomado medidas, ni están previstas en este proyecto de presupuestos, que impidan la especulación de las entidades financieras con los fondos y préstamos conseguidos del Banco Central Europeo y de la propia Administración Pública española.

El crédito sigue sin fluir a las familias, a las pymes, a los autónomos y a la economía social. La banca ha reducido en un 9,22% su concesión de crédito, mientras que ha aumentado un 15,4% su captación de depósitos. Después de las reformas del Gobierno, del rescate europeo y de los 108 361 millones de ayudas públicas, el sistema financiero español no está contribuyendo al desarrollo económico y social. Y quiero repetirlo: nos encontramos con que el sistema financiero español no está contribuyendo al desarrollo económico y social. No fluye el crédito a las empresas y a las familias, pero los grandes bancos sí han ganado cuota de mercado a cuenta del




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desmantelamiento de las cajas y casi han duplicado sus beneficios este año, pasando de 3174 millones, en el primer semestre de 2012, a 5310 millones, en el primer semestre de 2013, según la AEB. Y las medidas fiscales, como ya hemos señalado en el apartado anterior, no han contribuido a atajar la brecha existente con la mayoría de los Estados de la Unión Europea.

Finalmente, la reforma del sistema de pensiones que está impulsando en la actualidad el Gobierno, y que en este proyecto de presupuestos ya se concreta en una pérdida significativa de su poder adquisitivo, va a acentuar aún más la brecha existente con otros Estados de la Unión Europea. El régimen de pensiones existente en el Estado español —gasto global en relación con el PIB— es uno de los más bajos de la UE 27, situándose en más de un 20% por debajo del promedio allí existente.

El objetivo, por tanto, no debiera ser recortar las pensiones sino implementar cuantos medios sean necesarios para elevarlas. Un 50% de las pensiones de jubilación se halla por debajo de los 700 euros al mes y unos 5 millones de personas malviven con ingresos inferiores al umbral oficial de la pobreza. La situación se agrava aún más en el caso de las mujeres por cuanto estas, por término medio, vienen percibiendo unas pensiones inferiores en un 40% a las de los hombres. Hablar de pensiones de viudedad equivale sin más a hablar de pensiones de pobreza, cuando no de extrema pobreza.

En definitiva, la reforma impulsada por el Gobierno va a profundizar en el incremento de la desigualdad y la pobreza, va a contribuir a la atonía del consumo interno y a la perpetuación de la crisis.

Tras el fracaso económico y social de estas reformas estructurales nos encontramos con que las políticas de austeridad mantienen a la economía del Estado español en el círculo perverso de la recesión que impide el estímulo a la actividad económica y la reducción de las tasas de paro.

Y las cifras de este proyecto de presupuestos no auguran ningún cambio sustancial: el incremento en un 5,6% del gasto no financiero en los ministerios, es decir, gastos de personal y gasto corriente, y la disminución en un 4,7% en las transferencias corrientes son muy significativas al respecto.

Por otro lado, tampoco hay medidas reales de estímulo del crecimiento, lo que implica que con una reducida inversión productiva es difícil lograr creación de empleo. El recorte continuado en la inversión pública, que ha disminuido un 15% desde 2010 y que no se incrementa este año 2014, confirma estos malos augurios y, por otra parte, la no apuesta presupuestaria decidida por la potenciación de la I+D+i supone de facto la renuncia del Gobierno al futuro.

Desde esta perspectiva, este proyecto de presupuestos para el año 2014 sigue perpetuándose en el error de las reformas y políticas estructurales de carácter neoliberal, que no están contribuyendo al reforzamiento de la economía productiva ni a la competitividad económica ni a la sostenibilidad social de la economía del Estado español.

Y todo ello nos trae un quinto elemento, que es para nosotros una conclusión: la necesidad de la soberanía económica, fiscal, financiera y social para Euskal Herria.

El análisis del contenido y la filosofía que impulsa estos presupuestos no hace sino constatar la existencia de Euskal Herria como sociedad diferenciada, que no solo no se identifica con el modelo socioeconómico que impulsa estas cuentas públicas, sino que no encuentra acomodo ni solución a sus problemas dentro del actual marco jurídico político.

Como hemos señalado en anteriores ocasiones, este Gobierno del Partido Popular está imponiendo en Euskal Herria todo un conjunto de reformas estructurales y recortes, amparándose en su mayoría absoluta, en los marcos institucionales y estatales, a pesar de que su representación electoral en el conjunto de nuestro pueblo, la Comunidad Autónoma Vasca y la Foral de Navarra, es claramente minoritaria, un 23%, y que su política económica y social está siendo rechazada cada vez más por mayores sectores de la población y por los propios Parlamentos y juntas generales.

El mantenimiento de este marco político tiene un coste concreto para la Comunidad Autónoma Vasca y para Nafarroa. Los presupuestos de 2014 recogen las cantidades de 569 millones de euros para el cupo de Nafarroa y 1527 millones para el cupo de la Comunidad Autónoma Vasca. Con dichos fondos se financian competencias no asumidas, como son los gastos de la Monarquía, las fuerzas de seguridad del Estado, el Ejército, las grandes infraestructuras inútiles y, cómo no, el pago de la deuda, deuda que no tiene su origen en nuestro país y que sin embargo cada persona




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de Euskal Herria va a soportar un coste de 1041 euros de los intereses de dicha deuda frente a los 767 euros que soportará cada persona del resto del Estado.

El incremento de la deuda pública previsto para los próximos años, fruto de la publificación de la deuda privada en los bancos, va a suponer también el incremento del pago que la ciudadanía de Euskal Herria ha de hacer a las arcas estatales, unos pagos que vacían nuestras arcas públicas y nos niegan la posibilidad de poner en marcha un nuevo modelo social y económico en Euskal Herria. Un año más volvemos a constatar que el presente proyecto de cuentas públicas para 2014 no contempla compromiso explícito alguno, ni siquiera en su más mínima expresión, a fin de contribuir positivamente a la nueva etapa abierta en Euskal Herria de cara a la resolución de conflicto político.

Se hace aún más necesaria que nunca la exigencia por Euskal Herria de un marco soberano en materia económica, financiera, fiscal, social y laboral, a fin de poder implementar desde nuestra propia realidad, sin imposición ni limitación alguna por parte de los poderes estatales, cuantas medidas sean precisas para construir un futuro para nuestro pueblo, asentado en pilares de justicia y solidaridad, en el reparto del trabajo y la riqueza, en el fomento de los servicios y prestaciones públicas y en la apuesta por la economía real y productiva, un desarrollo hermanado y respetuoso para con la naturaleza, e impulsar una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres.

Desde Euskal Herria queremos apostar por la industria y la economía verde y de alto valor tecnológico, impulsar la economía, los cuidados y los servicios sociales públicos, fomentar firmemente la economía social, desarrollar decididamente la I+D+i, asentar la agricultura y la ganadería sobre las bases de la soberanía alimentaria. Y todas esas apuestas hacia un nuevo modelo económico y social necesitan una soberanía política y económica, así como poder contar con los recursos que ahora, vía cupo, se nos usurpan para pagar los intereses de una deuda injusta e ilegítima. Por eso, nuestras enmiendas que he explicado anteriormente tenían este fin didáctico: por un lado, la soberanía supone, de cara a nuestro país, reforzar el Estado de bienestar, asignar fondos destinados a fines totalmente productivos al gasto social y hacer socialmente sostenible nuestro país y, por otro, marcarles a ustedes cuál es el problema que tienen que resolver.

En definitiva, se lo resumo: si no quieren convertirse en un Estado fallido desde el punto de vista económico, aborden su gran problema estructural, sigan de una vez por todas una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y compromisos concretos y no se refugien en ese mantra neoliberal de que hay que recortar el gasto social y desmantelar el Estado de bienestar. Esta, la que he explicado, es nuestra concepción de cómo tienen que ser los presupuestos.

Hace un par de semanas presentábamos en nuestro país una serie de bases de lo que debe ser la política presupuestaria que nosotros estamos aplicando allí en todas las instituciones en las que estamos. En primer lugar consideramos que los presupuestos tienen que ser participativos. En segundo lugar tienen que apostar precisamente por la soberanía popular, por los ciudadanos. Y en tercer lugar tienen que estar centrados en el gasto público y en el gasto social, en la igualdad de oportunidades y en parar las grandes infraestructuras del cemento.

Por eso pensamos que hay que abordar los presupuestos de otra forma, que tienen que ser unos presupuestos más participativos, unos presupuestos basados en el gasto social, en el abandono de la dictadura del cemento y, al mismo tiempo unos presupuestos con respecto a Euskal Herria que tienen que ser respetuosos con nuestra capacidad de decisión, con nuestra soberanía y con el derecho que tenemos a fijar en qué se tienen que gastar los fondos de los ciudadanos vascos.

Por todas estas razones, que suponen que estas cuentas públicas del Estado español van a seguir remando a favor de la crisis, recortando el Estado de bienestar, confraternizando con el fraude fiscal y castigando los sectores más débiles de la sociedad como son los pensionistas, los parados, los autónomos, la economía social y las pymes mediante un planteamiento que no responde a la realidad política, social y económica de Euskal Herria, es por lo que los senadores y senadoras de Amaiur presentamos este veto.

Mila esker. Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra la senadora Capella i Farré.




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La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenas tardes, señorías.

Ministro, no importa el tiempo que tengamos para defender nuestras posiciones, no importa el contenido de las mismas ni su importancia; en definitiva, importar lo que se dice importar, no importa nada, salvo los intereses de unos pocos frente a unos muchos, que somos la inmensa mayoría, a los que estos presupuestos no nos dan respuesta y sí a esos pocos. Esa es la percepción que Esquerra Republicana de Catalunya tiene de los presupuestos que hoy debatimos y debatiremos en estos días en este Pleno del Senado

Señor ministro, son sus terceros presupuestos, por tanto, no puede seguir mirando por el retrovisor a lo que se encontró porque lo que usted arrastra y lo que presenta hoy aquí ya es cosecha de su Gobierno y, en este caso, de su ministerio.

Sus presupuestos, los del Gobierno del Partido Popular, a criterio de Esquerra Republicana, no afrontan la crisis, no dan respuesta a la crisis económica, a la crisis social ni a la crisis institucional; no afrontan ni resuelven los problemas del Estado español ni los de sus ciudadanos. Ya pueden ir cantando ustedes misa porque estos presupuestos no garantizan ni son garantía del Estado del bienestar. Porque el Estado del bienestar no se garantiza recortándolo, que es donde ustedes siempre acaban poniendo el acento, se garantiza reforzándolo y destinando más presupuesto o gestionándolo mejor. Equilibren las cuentas —se han dado cuenta tarde— por la parte de los ingresos y búsquenlos, busquen estos ingresos allá donde toca y no graven más a quien menos tiene, que es lo que ustedes siempre acostumbran a hacer. Y acentúen la inversión en aquello que aporta valor añadido y no en aquello que no, y así hasta un largo etcétera. Y puestos a recomendarle, qué tal, ministro, si apuesta, de una vez por todas —se lo han dicho antes ya, pero se lo repito—, por luchar contra el fraude fiscal y no por desmontar la inspección fiscal, porque parece ser que a usted no le gusta la cúpula de la inspección fiscal —ya sea porque no comulgan con sus ideas, o ya sea porque no vaya a ser que actúen contra los nuestros.

A pesar de su manipuladora propaganda política, que afirma que la economía va por el camino de la recuperación y que los brotes verdes ya son visibles, la crisis —nos lo decía antes, ministro— toca a su fin. Salir de la recesión —también se lo han dicho— no quiere decir salir de la crisis. Pero no oímos el redoble de tambores que anuncian ese fin de la crisis.

Nos dice también que tenemos crecimiento económico, suave y ligero. ¿Ministro, es una ocurrencia? ¿Tiene algo que ver, o se parece, con su otra ocurrencia, aquella que los salarios en España no bajan, sino que solo moderan su crecimiento? Pues bien, ministro, estamos llegando al invierno y parece ser que será extremadamente frío, o al menos así parece que se anuncia. La realidad —la de verdad— es que la deuda española puede llegar al cien por cien de su PIB, situándose por encima del billón de euros, con un paro cercano que puede alcanzar el 30%, lo que les obligará a ustedes a extraer recursos del Fondo de Reservas de pensiones de la Seguridad Social. Otra vez más.

Ustedes han quitado de esta caja en las últimas semanas 6000 millones para asumir gastos superfluos o innecesarios como es el exagerado gasto militar español. Por cierto, ¿cuántas son ya las veces que han metido la mano en la caja del Fondo de Reserva? De esto usted hoy aquí no nos ha hablado. No ha dicho nada. Tampoco nos ha dicho de qué manera van a restituirlo.

Los Presupuestos Generales del Estado, una vez más, consolidan recortes sociales, que, por extensión, son recortes en los derechos de los ciudadanos. Asimismo, no solo mantienen sino que aumentan el espolio fiscal a països catalans. Señor ministro, casan muy mal estos Presupuestos Generales del Estado —estos, los que nos presentan— con los porcentajes de inversión en Cataluña y con las afirmaciones que ustedes hacen, las suyas y las del resto de los miembros del Gobierno, incluido su presidente, cuando ustedes nos dicen que quieren mucho a Cataluña, que somos el gran motor del Estado y representamos al gran motor del Estado, que solo saldremos de la crisis juntos y que sin Cataluña no se sale de la crisis. Pues bien, ustedes están dejando al motor sin gasolina o sin gasoil —tanto da—, y su finalidad es muy clara.

De todas maneras, ministro, tal y como ya le hemos dicho en múltiples ocasiones —Esquerra Republicana, en innumerables e incontables ocasiones—, decidiremos con su legalidad o con la nuestra y seguro que la decisión será a la catalana y será también la de «mejor solos que mal acompañados».




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Le decía, ministro, que ustedes se ceban en los recortes sociales directamente y que siguen exprimiendo a los països catalans, obligando a sus Gobiernos a realizar mayores recortes sobre su población, sobre su ciudadanía.

El Gobierno español, a través de este presupuesto, recortará las inversiones en Cataluña en más de un 25%; en el País Valencià, en más de un 8%; y a las Illes Balears, casi un 6%. A ello le hemos de sumar los recortes por la falta de inversión en la infraestructura básica para estar a la altura en términos de productividad y competitividad. En este sentido es especialmente relevante que los presupuestos siguen sin contemplar con claridad prioritaria el corredor mediterráneo, afectando con ello al potencial económico del conjunto de los països catalans. De nuevo ustedes remando contra corriente, contra Europa y contra el mundo. Nada nuevo viniendo de ustedes.

No solo se consolida, sino que se agudiza una tendencia que ha provocado un recorte de las inversiones en los països catalans de más de unos 3700 millones de euros en Cataluña, 1650 en el País Valencià y de 280 en las Illes Balears. Por supuesto, no se contemplan los pagos pendientes por los incumplimientos de la disposición adicional tercera del Estatut, un pacto político, como antes le recordaba el senador Bel. Con independencia de lo que diga la sentencia del Tribunal Constitucional, no mareen más la perdiz: es un pacto político. Cumplan los pactos y los acuerdos.

Tampoco contemplan estos presupuestos la compensación por el impuesto a la banca. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Asimismo hay que señalar la fuerza centrífuga que se aplica en los recortes: el Fondo de Compensación Interterritorial se recorta en un 13% y los sistemas de financiación de los entes territoriales un 10,5% —por poner solo dos ejemplos—. Está inversamente relacionado con la fuerza centrípeta que se aplica en el aumento de los ingresos. De esta manera es el Estado el que se apropia del aumento del IVA recaudado. Teniendo en cuenta que el 23% de los 8500 millones adicionales ingresados por el aumento del IVA se han recaudado en Cataluña, solo con que Cataluña se quedara con la mitad de los 2000 millones que le corresponden, recuperaríamos la situación que teníamos en el año 2012, revirtiendo los recortes adicionales que ha obligado a la asfixia financiera a las autonomías y especialmente a aquellas que padecemos un descarado expolio fiscal.

He aquí los argumentos que exhibe el Gobierno español a través de sus presupuestos generales sobre el trato presupuestario que debe merecer Cataluña y que la población deberá tener en cuenta en su momento cuando tenga que decidir.

Los impuestos que año tras año pagamos los catalanes y catalanas originan —se lo he dicho también muchas veces— un déficit fiscal de más de 16 000 millones de euros. Las últimas cifras que baraja la Agencia Tributaria apuntan a que Cataluña lidera el aumento estatal de la recaudación de impuestos. Hasta octubre el Estado lleva recaudados en Cataluña casi 30 000 millones de euros, 1325 millones de euros más que en el mismo periodo del año 2012, es decir, un 4,7% más que el año pasado. Y esto no revertirá en beneficio de Cataluña.

Estos presupuestos pasan de largo de Cataluña. ¿Me podría decir, ministro, cuánto van a aportar estos Presupuestos Generales del Estado a la reforma y finalización de la estación de La Sagrera, que es una estación vital en los nudos ferroviarios en Cataluña? Media ciudad de Barcelona está patas arriba con las obras en curso y ustedes deciden que no vale la pena invertir ni un céntimo de euro en esa estación vital. Mientras en otra estación que sí funciona desde hace tiempo pero que se nos desmorona, la estación de Sants, han rectificado en alguna cosa. Veremos qué pasa en el devenir de este presupuesto, si se mantiene la obra de la variante Vallirana y si finalmente la obra se ejecuta.

El tren Barcelona-Puigcerdà va más lento que cuando se inauguró hace más de cien años y necesita mejoras urgentes. ¿Le suena de algo Cercanías? Lo porfían al futuro. Le citaba antes el corredor del mediterráneo, sin duda el eje más importante y más potente de toda la Península, donde están los puertos más importantes, las ciudades importantísimas y una parte vital de la población, de los aeropuertos, de la industria y del turismo. Bajan las aportaciones en este corredor, básico para toda la Península.

Con el acceso a los puertos de Barcelona y Tarragona pasa tres cuartos de lo mismo. Por su parte, la N-II no se ha convertido en A-2 o en autovía porque ustedes no lo han querido, porque no le dedican partidas en el presupuesto, y esta carretera es conocida como la carretera de la muerte a su paso por las comarcas de Girona, Figueras y un largo etcétera.




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Paralelamente a este ese recorte de inversión territorial que supone un recorte social, en tanto que un 75% del presupuesto de las comunidades autónomas se destina a servicios sociales, se siguen produciendo importantes recortes en partidas sociales. Especialmente escandaloso es el recorte de más de un 35%, más de una tercera parte, en el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, siendo en particular este recorte superior al 36% en los servicios sociales. He olvidado que se denomina Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, será porque a la igualdad ustedes dedican poco o nada en su presupuesto. A pesar de las explicaciones financieras del Gobierno, no se puede justificar de ninguna manera un recorte de estas dimensiones cuando se están cerrando servicios y hospitales por todas partes. Y el derecho a la dependencia ha dejado de ser un derecho subjetivo y universal. El presupuesto de dependencia, ya recortado previamente en los anteriores Presupuestos Generales del Estado, se recorta a la mitad cuando debería ser el doble para hacer efectivo, de una vez por todas, el derecho que he calificado como subjetivo y universal.

Asimismo, con los índices de paro que tenemos, se han recortado en 150 millones las partidas de las comunidades autónomas para fomento de la inserción y la estabilidad laboral.

También es particularmente escandaloso el recorte en sanidad cuando al tiempo están aumentando los presupuestos de los ministerios de Industria y de Defensa. Este no solo es absolutamente exagerado sino también deficitario y generador de 30 000 millones de deuda, cifra oficial que irá creciendo. Además, el Ministerio de Defensa es el único que ha seguido creciendo en los años de crisis, aunque se haga de manera encubierta mediante incrementos a lo largo del año y a costa de deuda pública. En este sentido, hay que señalar que el presupuesto de Defensa se ha incrementado en unos 1500 millones, un 24% respecto a lo aprobado por las Cortes.

Finalmente y como dato anecdótico, dentro de las partidas superfluas, no urgentes o imprescindibles que se incrementan, debemos citar el aumento de 6 millones de euros en las partidas para las federaciones deportivas españolas o el aumento en un 27% del presupuesto del Instituto Cervantes. Entre otros gastos, se incluye el incremento de los 80 000 euros generados al incluir como alto cargo al secretario general del instituto. Eso sí, paralelamente se rebaja en 68 000 euros la ya escasa partida para el Institut d’Estudis Catalans.

Señor ministro, le voy a formular una pregunta, aunque para el caso que me hace… ¿De verdad cree usted… (El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero, pronuncia palabras que no se perciben.) Es verdad, no me ha estado escuchando demasiado. Ya sé que no le interesa mucho lo que yo le pueda aportar. En definitiva, ¿usted se cree de verdad que este presupuesto es social y dará respuesta a los 3,5 millones de parados que tenemos en este momento? Y yo sí le puedo dar nombres y apellidos de algunos de ellos porque les conozco, son cercanos y sé lo que están pasando. ¿Usted se cree de verdad que estos presupuestos les dan respuesta? Para Esquerra Republicana de Catalunya, y por lo visto para el resto de los grupos de la Cámara que ha presentado vetos, no es la solución y no será la solución.

Pero en algo tiene razón, ministro, y le tomo la palabra. El debate de verdad, el que importa —usted siempre lo recuerda y los grupos parlamentarios debemos ser responsables— y el real es reducir el paro, efectivamente; es crecer económicamente, efectivamente; es garantizar y complementar el Estado del bienestar, que aún no lo teníamos completo y ustedes lo han ido reduciendo con los diferentes presupuestos que han aprobado. Eso es lo que quiere Esquerra Republicana de Catalunya: reducir el paro, crecer económicamente, garantizar y complementar el Estado del bienestar. Ese es nuestro debate, aunque usted no se lo crea o no se lo parezca. Este es el debate que nosotros hemos iniciado. Porque, efectivamente, Cataluña quiere ser un Estado, quiere tener un Estado independiente, que es, en definitiva, nuestra garantía para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan tener un Estado más justo, más libre y que garantice el Estado del bienestar. Porque está claro, como le decía al inicio de mi intervención, que mejor solos que mal acompañados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Para la defensa de la propuesta de veto número 4, de los senadores Quintero y Zerolo, tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Vemos que el ministro se ha ido, pero también es verdad que tiene derecho a comer como todos o por lo menos a picar algo.




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Creemos que estos Presupuestos Generales del Estado no son los que quieren luchar contra la crisis ni contra el desempleo. Son unos presupuestos que, entendemos, nacen hipotecados antes de aprobarse y que miran más a las exigencias de otros países que a las necesidades reales que tiene el conjunto de los ciudadanos españoles, y conste que entendemos la necesidad del control del déficit y la estabilidad presupuestaria. Estos presupuestos, y ya van tres, solo se aplican a los ciudadanos, a las entidades locales y a las comunidades autónomas, pero no se aplican de igual manera al Estado.

Tenemos que recordar que Canarias ha cumplido con estos dos objetivos de déficit incluso poniendo en una situación delicada los servicios que presta la comunidad a los ciudadanos, pero al igual que en ejercicios anteriores, en 2012, en 2013 y en este presupuesto que hoy estamos debatiendo para 2014, se distribuyen asimétricamente las políticas de gasto e ingresos entre los diferentes territorios sin observar las necesidades, las diferentes circunstancias y las diversas realidades que existen en el Estado español.

Desde la constatación de que pueden ser múltiples los motivos que hoy nos han animado a presentar este veto y las diferentes enmiendas que asimismo hemos presentado, queremos sentar uno de los puntos más importantes y más graves sobre el incumplimiento reiterado en 2012, en 2013 y también en este próximo ejercicio en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del principio de solidaridad interterritorial y del régimen económico y fiscal de Canarias.

Este veto que presentamos los senadores de Coalición Canaria, a pesar de ser un grupo territorial lo hacemos en dos vertientes: desde una visión de política general del Estado y desde un ámbito muy importante para nosotros, que es la defensa de los intereses y peculiaridades de los canarios y canarias, de una Canarias en su conjunto como región ultraperiférica de una comunidad autónoma y también de una Canarias compuesta por siete islas pobladas, ya por ocho. Desgraciadamente, ese hecho insular está fuera de estos presupuestos que ni lo contemplan ni lo entienden.

Son unos presupuestos que consagran y extrapolan a un futuro nada menos que de cinco años la resolución de la crisis de paro que vive nuestro país, lo cual supone un grave atentado contra los ciudadanos y especialmente contra los que son más jóvenes. Y peor aún: renuncia a resolver el impacto que para varias generaciones han supuesto la crisis y el desempleo.

El Programa Nacional de Reformas y el cuadro macroeconómico de este proyecto de presupuestos así lo ratifican. El Fondo Monetario Internacional establece en su último diagnóstico que España tendrá en 2018 un 25% de tasa de paro. Además, con estos presupuestos poco sabemos sobre la fecha en que habrá un punto de inflexión y la cifra de paro en nuestro país volverá a ser soportable.

Estos presupuestos han claudicado de resolver esa situación, entendemos nosotros. Eso sí, se consolida la consagración a ultranza del cumplimiento de los objetivos con Europa, no así el que debiera haber para con los ciudadanos españoles. Por cuarto año consecutivo se disminuye el caudal inversor del Estado en la economía real, en la de los ciudadanos, reducción que ya es más del 41%. Los deseables efectos multiplicadores, vía la generación de empleo y su contribución a la formación bruta del capital, seguirán ausentes por tercer año consecutivo. Adicionalmente, el Fondo de Compensación Interterritorial ha pasado de ser de 774 millones de euros, en 2011, a ser apenas de 430 millones, una reducción de un 44,16%, superior incluso al porcentaje de la inversión real en estos presupuestos. Esto expresa el carácter insolidario de este proyecto de presupuestos y le dan, además, una especial relevancia al suponer una renuncia directa a este recurso importante para generar empleo y para la competitividad de España.

Los presupuestos no son los más sociales, a pesar de que se diga una y otra vez que lo son. Lo entendemos así. El gasto social no es una prioridad para este Gobierno y lo demuestra su dejadez en la realización de políticas directas en la lucha contra el paro. Estos presupuestos continúan profundizando en la reducción del gasto público dentro del contexto de consolidación fiscal. Ahora sí, la reducción del esfuerzo —ya se ha dicho aquí por parte de diferentes portavoces— lo asumen solo y exclusivamente las comunidades autónomas y no en la misma medida la Administración del Estado. Y las exigencias a las comunidades autónomas han ido encaminadas a la reducción del gasto social, en sanidad y en educación, entre otros, pero, fundamentalmente, en gasto social, con lo cual no podemos hablar de unos presupuestos sociales.




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Canarias ha asumido y cumplido —y lo sigue haciendo— con el objetivo de estabilidad y el control del gasto público. Lo hace a costa de grandes sacrificios y enormes esfuerzos, todos ellos encaminados a preservar los servicios básicos y esenciales dirigidos a los ciudadanos. Por el contrario, el Estado continúa sin reducir su estructura, incrementando el gasto corriente a costa de la reducción de la inversión directa.

Las partidas globales que reciben las islas se reducen en cerca de 500 millones de euros con respecto a los presupuestos de 2011. Teníamos más de 1190 millones de euros y, actualmente, para este ejercicio de 2014, no llega a 690 millones de euros, un 42% de disminución.

Continúa disminuyendo un año más la inversión por habitante, que sigue manteniéndose por debajo de la medida del resto del Estado. Y todo ello, pese a que el REF —Régimen Económico y Fiscal de Canarias— dispone textualmente que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto y la media del Estado, excluidas, incluso de esta, las inversiones que tiene que compensar el hecho insular de Canarias. Como es evidente, este proyecto de ley no lo cumple. Un ciudadano canario percibe en estos presupuestos alrededor de 155 euros y la media del Estado está en 215 euros, 60 euros menos por habitante.

Reflejo de esta distribución arbitraria es que Canarias, con una participación del 4% de PIB español, un 4,5% de población y a día de hoy un 35% de desempleo, recibe en estos presupuestos solo el 3% del total de las inversiones estatales. Por el contrario, otras comunidades con menos tasas de paro e igual porcentaje de PIB reciben hasta el 14% de la inversión de estas partidas.

En nuestra comunidad existe un importante proceso real de pérdida de convergencia con el resto del país. La ratio PIB regional per cápita de Canarias está situada en el 85,9% del Estado, cuando en 1999 llegamos a tener el 97,6%. Todos estos son datos del INE de este año. Canarias se encuentra por debajo del 90%, incluso, de la media europea. En los últimos diez años hemos perdido 12 puntos con la convergencia del resto del Estado. Los más importantes son los de los últimos tres ejercicios presupuestarios, en los que hemos aumentado más de 6 puntos.

Un dato importante, si no el más importante, es que la economía canaria, tremendamente dependiente del sector servicios y turístico y lastrada por una grave dependencia también del exterior, desde 2004 dejó de seguir la trayectoria estatal de reducción de la tasa de paro, tasa que hoy, según los datos que conocíamos ayer, se sitúa en un 35%, casi 10 puntos más que la media del Estado.

Estos presupuestos inciden en la eliminación de partidas relacionadas con el empleo. Hemos pasado de 86 a 69 millones de euros. Y algo fundamental, como es el PIEC, el Plan Integral de Empleo de Canarias, desaparece completamente en estos presupuestos de 2014. Por eso, seguimos insistiendo en que no podemos hablar de presupuestos sociales cuando lo más importante que el conjunto de España tiene para resolver el desempleo —en Canarias, fundamental, el PIEC— lo estamos quitando. Y, aparte de eso, reducimos la partida general del Estado en más de 15 millones de euros para los desempleados.

Señor ministro, las cifras de este proyecto de presupuestos resultan muy diferentes y contradictorias a las aludidas por usted en su discurso de hace unas horas en esta tribuna. En 2014 se siguen aplicando ajustes a una comunidad con una situación de desventaja estructural permanente y no solo coyuntural. Evidentemente, todas las comunidades autónomas y el Estado en general sufren desventajas coyunturales a causa de la crisis respecto de las que hay que tomar medidas, pero, aparte de estas, Canarias cuenta con unas desventajas estructurales permanentes: nuestra ultraperiferia, la lejanía y la insularidad —tal y como reflejan la Constitución y el Tratado europeo—. Con estos datos se consolida la senda descendente de las dotaciones a Canarias desde el ejercicio 2010, con una pérdida desde entonces hasta este presupuesto para 2014 de más de 700 millones de euros. Se trata de una reducción asimétrica de la inversión para el conjunto del Estado en estos tres presupuestos de aproximadamente un 61%, con un 63% de reducción de la inversión real en Canarias.

En el apartado 3 del artículo 16 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, se desarrolla la necesidad de suplementar para Canarias un fondo de compensación interterritorial de un 4,02% en virtud de su peculiaridad, reconocida tanto en la Constitución como en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sin embargo, con el déficit acumulado de esta última década, no solo evidenciado en estos tres presupuestos que usted ha elaborado sino en cursos políticos anteriores, ya tenemos más de 500 000 millones de




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euros de desfase de ese 4,02%, que tiene que reconocer que a Canarias no se le ha dado. Evidentemente, en épocas de bonanza económica nos hemos acercado a la media de inversión del Estado y hemos reducido bastante el paro, pero en épocas de dificultad es en estas regiones y comunidades donde más se agudiza el problema.

La pérdida de financiación por habitante en relación con la media también es algo que nos preocupa. En los últimos tres años Canarias ha perdido con este modelo de financiación autonómica, que creemos que no es justo, más de 2000 millones de euros de financiación.

Por otra parte, algunas partidas de estos presupuestos son muy dramáticas. El convenio de carreteras es especialmente significativo, como lo es la confirmación de una clara intención de bloquear el desarrollo de Canarias. De los 225 millones que teníamos comprometidos en 2013 se han quedado en 54 millones, y en los tres últimos ejercicios presupuestarios hemos perdido más de 462 millones de euros de ese convenio, cuando recordemos que en Canarias no hay carreteras del Estado, sino que son las comunidades autónomas las que lo asumen y el Estado el que realiza su aportación en virtud de este convenio de cofinanciación de carreteras, importantísimo para el transporte interinsular y la conexión interinsular de Canarias.

En esta línea de recortes indiscriminados se reduce también la asignación destinada a infraestructuras hidráulicas, que ha pasado de 36 millones, en 2013, a 21 millones en el ejercicio 2014. Asimismo, persiste la eliminación de convenios, como el de infraestructuras turísticas por importe de 50 millones de euros, o el de infraestructuras educativas, que ascendía a 40 millones de euros; dos convenios que liquidan estos presupuestos para 2014.

Por otra parte, algo que hemos visto en este presupuesto que debemos agradecer y es positivo es que, después de dos años cerrando las puertas, se rescatan las bonificaciones de las tasas aéreas. No obstante hay que decir que aunque Barajas sumó 45 millones de pasajeros —sigue siendo el aeropuerto con mayor número de pasajeros de todo el Estado español—, Canarias tuvo un movimiento de 35 millones, cifra nada desdeñable. Esta mañana conocíamos un dato importantísimo: de los diez aeropuertos más rentables de España, cuatro son canarios. Fomento ha apostado en esta ley por rescatar el Aeropuerto de Madrid-Barajas, cosa que nos parece muy bien y que nosotros hemos aplaudido, pero desgraciadamente no lo hizo así hace dos años para rescatar aeropuertos canarios.

Desaparecen todas las partidas económicas destinadas a planes educativos, las han dejado a cero. No se dotan partidas concernientes a las estrategias complementarias al Sistema Nacional de Salud y, en este caso, tampoco existe la partida adicional del POSEI en apoyo a los productos locales, lo cual en los años anteriores el Gobierno justificaba porque el Gobierno de Canarias no había puesto su parte. El Gobierno de Canarias ya ha puesto en estos presupuestos las de 2012, 2013 y 2014 y el Estado en este 2014 no ha puesto ninguna partida económica.

Se mantiene en el 2014 la disminución que se impuso en el 2013 a la subvención destinada a la desalación del agua. De los 17 millones que había inicialmente, nos hemos quedado en 4 millones, incumpliendo una vez más, por ejemplo, un artículo del régimen económico y fiscal de Canarias, que dice, en su artículo 11.2, que se garantizará la moderación de los precios del agua, desalinizada o reutilizada, mediante los Presupuestos Generales del Estado con la Comunidad Autónoma de Canarias.

En definitiva, estos presupuestos representan el fiel reflejo de la desatención sistemática que el Gobierno del Estado presta a Canarias, con un ajuste que castiga a las islas de forma desproporcionada y discrecional, unos presupuestos que instamos a corregir porque profundizan en la brecha existente entre los ciudadanos y que dejan en desigualdad de condiciones a los de las islas. Nuestras empresas son cada vez menos competitivas en el mercado peninsular y europeo, porque nuestra lejanía hace que ellos no puedan competir en igualdad de condiciones y estos presupuestos no garantizan, como así lo permite Europa, que se ayude a que nuestros productos, nuestra industria y nuestro sector primario se pongan en Europa en igualdad de condiciones que los de otros. Estos presupuestos no lo garantizan.

Entendemos que en este tercer presupuesto se impone un modelo de país donde los desequilibrios sociales y territoriales se incrementan de forma muy grave y preocupante. Por eso, pretendemos corregir y reorientar, social y territorialmente, este proyecto de presupuestos, atendiendo a diferentes criterios: la redistribución de los recursos para la financiación autonómica de forma más equitativa y aumentar los fondos de compensación interterritorial para mejorar la




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corrección de los desequilibrios territoriales que tiene España. Nos preocupa mucho reorientar la política de apoyos a la economía real, a la economía de las pequeñas y medianas empresas.

En suma, pensamos que un papel más activo del gasto público productivo puede aumentar la capacidad de recuperación de nuestra economía e implementar un mayor grado de cohesión social y territorial, a la vez que coincidimos con usted en objetivos como los planteados para elaborar una economía más eficiente y competitiva. Consolidar estas políticas sin descuidar la sostenibilidad de las finanzas públicas ha de servir, en medio de una crisis económica, para hacer frente al reparto injusto de estos presupuestos, que entendemos que son perversos para la sociedad y para los territorios.

En consecuencia, consideramos que este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2014 presentado por el Gobierno no aborda los problemas reales de los españoles, ni tampoco de los canarios; no es coherente desde la perspectiva del cumplimiento del objetivo de déficit; aumenta los desequilibrios interterritoriales y las diferencias sociales de toda España. Por eso, entendemos, señor ministro, que debería retirarlos y devolverlos al Gobierno.

En su intervención dijo antes que estos presupuestos cohesionaban territorialmente a España. Desgraciadamente, no entendemos que así sea con Canarias. A veces vemos a Canarias como una comunidad más, pero geográficamente no lo es. Eso es una realidad palpable por dos cosas fundamentales: la primera, porque estamos a más de 1000 kilómetros de Cádiz y, la segunda, porque somos siete islas, con lo cual esa estructura geográfica que tiene Canarias y que no podemos cambiar necesita de políticas diferentes.

Por eso, esperamos que estos presupuestos se devuelvan o por lo menos —usted dijo que era muy interesante y muy productivo el debate en el Senado— que este año sea productivo el debate en el Senado y se acepte alguna de las más de 3000 enmiendas que presentamos los diferentes grupos políticos por parte del grupo mayoritario, por parte del Gobierno, para que así el trámite del Senado sea productivo. Si no es así, no entendería cómo puede ser productivo un debate donde se cierran, no aceptan ninguna enmienda y lo que traen es lo que se aprueba. Quizás sería mejor aprobarlos en el Congreso y no traerlos siquiera al Senado.

Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, le agradezco su presentación del proyecto de presupuestos aunque, seguramente, a quienes no compartimos las reformas estructurales, su argumentación nos ha dado mayores motivos para vetarlo.

Si como ya habíamos percibido, y usted se encargó de ratificar, este proyecto es una pieza coherente con las reformas estructurales, los vetos que hemos ido formulando a la mayoría de los proyectos en los que se han articulado esas mismas reformas, se transforman ahora en un veto al proyecto de presupuestos.

Decía el señor ministro que se acabó la crisis, y esa es la columna vertebral del discurso político que sustenta y respalda este proyecto de presupuestos: que en 2014 nuestro país iniciará el camino de la recuperación. Es verdad que un poco de optimismo nunca viene mal, y que después de aquella rueda de prensa tan triste que el señor ministro, junto con el señor De Guindos y la señora vicepresidenta del Gobierno dieron hace unos meses —más propia de un tanatorio que de ningún otro ámbito— seguramente el discurso que hay que trasladar a la sociedad no debe incidir en los aspectos negativos sino trasladar algo de esperanza porque esta sociedad, después de tanto ajuste y de tanto recorte, necesita esperanza. Lo que ocurre es que la esperanza es eficaz cuando se basa en el análisis racional y ese análisis alienta a entender que el futuro que se aproxima será mejor que el presente que vivimos o que el pasado que padecimos, pero no todos los argumentos que utiliza el Gobierno, no todos los elementos macroeconómicos que baraja sustentan ese análisis racional.

El proyecto se basa en un crecimiento del producto interior bruto del 0,7% y nos decía el señor ministro que es una aproximación prudente que será superada en la realidad. Sin embargo, el




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señor ministro tendrá que reconocer que las previsiones que nos trasladó en la presentación del proyecto de presupuestos de 2013 no alientan a tener una confianza ciega en estas previsiones que ahora acompañan al del 2014. Nos dijo el señor ministro entonces que la contracción del PIB en 2013 sería del 0,5% y el dato interanual a finales de septiembre indica que estamos alrededor del 1,2% o 1,3% posteriormente.

No se ha podido cumplir el objetivo del déficit del 6,3%, en el que se sustentaba el proyecto de presupuestos para 2013 y ha habido que plantear una renegociación con la Comisión Europea para flexibilizarlo al 6,5%, y se alcanzará ese objetivo, probablemente, gracias al superávit de las corporaciones locales, que por dos años consecutivos son las administraciones que presentan una situación de superávit.

Bruselas nos dice que no va a ser el 0,7% sino que será el 0,5%; la OCDE coincide con la Comisión Europea; y el Fondo Monetario Internacional es aún más pesimista —como sabe el señor ministro— y lo sitúa en el 0,2%. Pero, sean cuales sean al final las previsiones que se cumplan, las del Gobierno, que vuelve a hacer augurios —como los augurios del Palatino, con un nivel de acierto similar y además sin la prudencia de la sibila de Cumas, que a la hora de hacer sus previsiones era mucho más discreta—, lo más dramático es que incluso las previsiones positivas son coincidentes en que en 2014 seguiremos con unos niveles de desempleo que desmienten la realidad de una recuperación económica: el Fondo Monetario Internacional, el 26,7; la OCDE, el 26,3; la Comisión Europea, el 26,4; el Gobierno, el 25,9. Aunque acierte el Gobierno y el paro al final de 2014 sea del 25,9, eso, señor ministro, es un estancamiento, no es una recuperación.

Se frena la destrucción de empleo. Una verdad a medias. Es cierto que según los datos de noviembre hay algo menos de 99 000 parados menos registrados que un año antes, pero también lo es que hay 239 000 afiliados menos a la Seguridad Social y que desde 2007 hemos perdido 3,2 millones de afiliados a la Seguridad Social. Siguen creciendo los porcentajes de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial, a pesar de que uno de los grandes objetivos de la reforma laboral era ir hacia los contratos fijos. Ello hace que la afirmación del Gobierno —que el señor ministro ha reiterado hoy en su intervención— de que el segundo semestre, con un crecimiento entonces por encima del 1%, permitirá crear empleo neto, como sabe el señor ministro tiene también su trampa.

Si se cumple esa conjunción de planetas que permite hacer el augurio que avanza el Gobierno, quizá se dé una ligera recuperación de empleo en términos de encuesta de población activa, lo que significará probablemente que se creen más empleos a tiempo parcial a costa de la destrucción de empleos a jornada completa. De hecho, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, el señor gobernador del Banco de España así lo reconoció. Dijo que en términos de EPA sí se podría afirmar eso, pero que en términos de contabilidad nacional no era posible sustentar esa afirmación porque se iba a producir ese fenómeno; gran parte de los empleos que se creasen serían a jornada parcial, mientras que la mayoría de los empleos que se destruyeran serían a jornada completa. De hecho, el Fondo Monetario Internacional prevé que en 2014 se destruyan 123 000 puestos de trabajo. Insisto, señor ministro, eso no es una recuperación, es otra cosa. Si a ello sumamos que la reforma laboral continuará animando la devaluación interna —la caída del coste salarial por hora efectiva es del 2,6%; lo fue en el segundo trimestre—, que se congelan las retribuciones a los trabajadores públicos, aunque vaya a haber paga extra de Navidad este año, y que los pensionistas van a perder poder adquisitivo, cabe albergar serias dudas de que otro de los elementos que el Gobierno baraja para sustentar la idea de la recuperación económica, que es la recuperación del consumo interno, se vaya a producir.

Hubo —es cierto— en el tercer trimestre un leve repunte del 0,4%, pero a la vez hay que decir que ese repunte no es fruto de una mejora de la capacidad adquisitiva de la mayoría de la sociedad sino fundamentalmente de una modificación en el estado de ánimo, eso que mide el CIS como nivel de confianza de los consumidores. Y es bueno que mejore el nivel de confianza, pero la confianza, igual que se gana, se pierde. Uno preferiría unas bases más objetivas, más sólidas, para la recuperación del consumo interno. De hecho, en el mes de octubre hay datos que ya demuestran que esa recuperación del consumo interno es muy frágil; en octubre, uno de los datos más destacados que permiten caracterizar el nivel de consumo interno, que es la venta a minoristas, ha sufrido una caída del 1,8%. Este modelo de mejora de la competitividad basado en que haya menos gente trabajando pero que trabaje más y por menos dinero, tiene un techo. Un




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techo que seguramente hayamos tocado ya y que ha servido para incrementar las exportaciones, que es otro de los factores fundamentales en los que el Gobierno confía para alentar la recuperación, porque también en el tercer trimestre el sector exterior, como muy bien sabe el señor ministro, ha dado alguna señal de agotamiento.

No son mejores las perspectivas de otro elemento fundamental: el crédito. Al saneamiento del sector financiero —varios portavoces han hecho referencia a ello— se han dedicado, de recursos públicos ya puestos en el cajón, 61 366 millones de euros, de los que Eurostat da por perdidos 43 479, más del doble de lo que pusieron los bancos a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Esto representa el 4% del PIB, y el Gobierno da por cerrado ya el proceso del saneamiento del sector financiero, pero habrá que sumar pérdidas que puedan aflorar por la venta de las entidades todavía en manos del FROB y los avales, a los que también hacía referencia otro portavoz, más lo que pudiera derivarse de la SAREB.

Pero el elemento que genera más desconfianza es que si hemos dedicado el 4% del PIB al saneamiento del sistema financiero, los estudios que se han realizado sobre otras crisis de los sistemas financieros —hasta veintinueve crisis de sistemas bancarios—, todos ellos han dado que como media al final las pérdidas de capital público se han situado entre el 15 y el 20%. Serán ustedes unos magos si frente a esta realidad de procesos anteriores consiguen que solo nos cueste el 4% del producto interior bruto. Hemos saneado el sistema financiero, sí, y la banca dispara su cotización en Bolsa y coloca su autocartera doblando el crecimiento de cotización de la banca europea e incrementando sus beneficios. No voy a dar nombres de entidades, pero sí porcentajes; alguna de ellas, el 76,8% de incremento de beneficios, otra, el 85,8%, otra, el 105,4%, otra, el 164,7%, sobre 2012. Eso sí que debe ser el asombro del mundo; o sea, hemos saneado un sistema financiero que resulta que tiene una recuperación en Bolsa que duplica la de los sistemas financieros del resto de Europa que no han pasado por una crisis. Es llamativo, coincidirá conmigo el señor ministro en que es llamativo. ¿Por qué? La banca, el sistema financiero, es verdad que no sale mal —mas allá de otros riesgos en los que no me voy a detener— de este proceso. Ha recuperado el 50% del ahorro que estaba en manos de las cajas de ahorros y que ahora ya no va a estar en manos de las cajas de ahorros. Tiene 295 000 millones de deuda pública española; como decía otro portavoz, solicitó el préstamo al BCE al 0,5, ahora, al 0,25, y el bono a 10 años obtiene una rentabilidad del 4%. Claro, ¿cómo no van a ser cuatro bancos españoles los primeros en Europa como tenedores de deuda soberana? El 9% de los activos bancarios de nuestro sistema son deuda soberana; solo nos supera Italia, con el 10,1. La media de la eurozona es el 5,6%. Por eso, la Comisión Europea solicita que, por lo menos, ante esta explosión de optimismo bancario se prolongue hasta el 2014 la recomendación de moderar el reparto de dividendos, porque, si no, la sensación de estafa colectiva llegará incluso hasta el Banco Central Europeo, incluso hasta la Comisión Europea.

Pero el crédito sigue sin fluir, lo que provoca al parecer preocupación de la troika, aunque yo sinceramente no sé por qué se sorprenden. Ellos fueron los que crearon el mecanismo de que el Banco Central Europeo no pudiera prestar a los Estados sino que prestara a los bancos y que estos bancos fueran los que compraran la deuda soberana. La lógica del mecanismo creado solo podía dar este resultado. En consecuencia, su preocupación tiene bastante de hipocresía por otra parte. Las grandes empresas también ven sus beneficios incrementados. En los primeros nueve meses, el 13,6% en el caso de las del IBEX 35, porque se sigue profundizando en el trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital. En 1977 la remuneración de la población asalariada representaba el 67,3 del PIB, en 2012 ya había caído al 53,4, y sigue cayendo. En este ejercicio la retribución del conjunto de los asalariados ha caído un 6,2% en relación con 2012, mientras que el excedente empresarial ha crecido un 2,7%.

Pero en este presupuesto no se incluye ninguna modificación de la fiscalidad que juegue un mínimo papel de redistribución y que garantice el mantenimiento de los recursos necesarios para sostener el Estado de bienestar. Se mantiene la subida del IVA, que ha contribuido a que, en relación con 2008, el peso de la recaudación de los impuestos indirectos haya subido dos puntos, mientras que la columna vertebral del sistema sigue siendo la imposición de las rentas del trabajo, que representan el 38,56 de la recaudación por un 3,15% de la imposición a las rentas del capital. O que en el impuesto de sociedades de un tipo nominal del 30% se esté contribuyendo por un tipo efectivo del 17,7, que además se distribuye de forma desigual en cuanto que son las pymes las




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que contribuyen por encima de ese porcentaje, con un 23,4%, lo que en el fondo significa que la reforma parcial de 2012 solo pulió un poco la situación, que era sin duda escandalosa. En 2011 los grandes conglomerados empresariales tributaron al 3,5%. Y no hay voluntad de combatir el fraude fiscal, tan importante en nuestro país. Desde luego, después de la amnistía fiscal, después de las últimas decisiones que el señor ministro o los responsables de la Agencia Tributaria han tomado en relación con la delegación central, esa sucesión de cambios, de destituciones, de dimisiones, de nombramientos, entenderá que la percepción social no ha contribuido a aumentar la credibilidad de una institución que la tenía, señor ministro. En este país la Agencia Tributaria era respetada y temida. No de forma igual, por supuesto; era respetada y temida fundamentalmente por las clases medias y los trabajadores. Le tenían menos respeto otros colectivos privilegiados. Pero era una entidad y una institución que no estaba en el debate político, que no estaba en el debate social, y que se veía como eso, como una institución. Y en los últimos meses se han deteriorado esa visión y ese concepto.

He formulado una interpelación que tendré la oportunidad de debatir con el señor ministro, espero que la próxima semana —es siempre un placer debatir con usted, señor Montoro—, sobre esta materia, pero le adelanto los argumentos que barajaré en esa interpelación, aunque muy brevemente, porque la importancia del tema que nos ocupa hoy debe hacer que la mayor parte del tiempo sea dedicada a él. No puedo comprender cómo se han utilizado, aunque sea en los corrillos, argumentos del tipo que usted ha barajado, entre otras razones, porque, señor ministro, yo no me puedo creer que haya tardado dos años en enterarse de que determinados responsables de la Agencia Tributaria estaban más próximos a un partido o a otro; desde la perspectiva de que la agencia ha de ser una institución, eso no debe ser un argumento ni para la concesión de la responsabilidad ni para la retirada de esta.

Pero vuelvo a los presupuestos, que es el tema del día, señor ministro. Sin aumentar los ingresos y con el cumplimiento del objetivo de déficit, estos presupuestos renuncian a jugar ese papel de dinamización que parecía que en el consenso europeo e internacional debía acompañar a las políticas de ajuste y de recorte.

Nos decía esta mañana el señor Montoro que estos eran unos presupuestos solidarios y que apoyaban a los sectores más desfavorecidos. No es así, señor ministro. Dice que el gasto social crece un 4% y alcanza el 52,6. Aquí tiene que haber algún tipo de error, porque si el señor ministro coge el libro amarillo en el que se presentan los presupuestos de este ejercicio y coge también el del ejercicio anterior, el del 2013, verá que en el del 2013 decía que el gasto social llegaba ya entonces al 63,6, once puntos más que en este. Por tanto, no es posible sostener que estos son los presupuestos más sociales, no ya de la historia presupuestaria sino tan siquiera de su Gobierno.

La aplicación a las pensiones de una actualización del 0,25% no va a cubrir ni la subida de la luz a los pensionistas el primer mes.

Es verdad que la consignación para prestaciones por desempleo —usted lo reconocía— aumenta 2733 millones en relación con el presupuesto inicial de 2013, pero, por supuesto, no cubre los 4409 que fue necesario dotar en el mes de julio, si no me equivoco. Y aunque haya esa ligera mejoría del desempleo que ustedes auguran, no lo cubre, ni aunque sea verdad que se llegue al 25,9% del desempleo. El incremento en las políticas de fomento del empleo queda 115 millones por debajo de lo realmente ejecutado en 2013, que fue ya un presupuesto en el que se metió un tremendo recorte a las políticas activas de empleo.

En educación, aumenta la partida para becas, pero la mayor parte del incremento se lo lleva algo que hay que hacer: la aportación a las universidades para compensar la pérdida de ingresos que se deriva de los becarios y de los miembros de familias numerosas. Pero eso no va a llegar a los becarios, que ya tienen reconocido que no van a pagar la tasa universitaria o que van a tener una reducción en esta.

En sanidad, se reduce el fondo de cohesión en un escenario en el que se ha recortado el gasto sanitario público en nuestro país un 12%, en el que ha aumentado el número de desprotegidos y, por tanto, se ha reducido el carácter universal —hay 870 000 desprotegidos en este momento—, en el que se han alargado las listas de espera en todo el Sistema Nacional de Salud entre el 20 y el 40%, en el que se han reducido 52 000 médicos y enfermeras, y en el que inevitablemente, y como consecuencia de todo ello, se ha deteriorado la atención primaria y la atención especializada.




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En servicios sociales el descenso es del 14,4%, y se mete en el congelador de forma definitiva la dependencia, porque se congela la partida del nivel mínimo garantizado, lo que significa, en estricta interpretación del presupuesto, que solo entrará uno cuando salga otro, es decir, que no va a haber en ningún caso posibilidad de que haya más beneficiarios del sistema de la dependencia. Y se mantiene la decisión de que desaparezca la aportación del nivel concertado.

Las inversiones reales caen el 16,6%. El presupuesto de industria, tras la retirada de la aportación al déficit tarifario —que no está en el proyecto, pero creo que se va a producir—, decrece de una forma muy importante: más del 40%, lo cual probablemente para el señor ministro de Industria no sea ninguna catástrofe, porque como tampoco tiene una activísima política industrial que merezca y necesite recursos, más allá de las aportaciones al sector del automóvil, que ni tan siquiera consiguen frenar la destrucción de empleo en Seat o en empresas relacionadas con el sector, como Tenneco, de mi ciudad, no llorará por ello. Pero el hachazo que se mete al Ministerio de Industria y Energía —que ya era solo de Energía; por tanto, queda solo en ministerio— es muy importante. Debieran ir planteándose la posibilidad de amortizar, en esa reducción de las administraciones, el Ministerio de Industria, a pesar de que, fruto de esta crisis, el sector industrial ha perdido un peso muy importante de su participación en el producto interior bruto, el 25%, la cuarta parte de peso. Es decir, cuanta más necesidad había de política industrial y de recursos en política industrial, mayor es el recorte.

En I+D+i sigue sin dotarse a la Agencia Estatal de Investigación, creada por la Ley de la ciencia, y es verdad, como respondió el secretario de Estado —creo recordar— en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, que no se necesitan más recursos sino una reordenación, pero es que tampoco se hace una reordenación, no se modifica la estructura y, por tanto, la atribución de recursos.

En agricultura y medio ambiente hay un descenso muy importante en las subvenciones a la producción agraria. Y el medio ambiente queda en inversiones en infraestructuras hidráulicas.

En conclusión, estos presupuestos consolidan una sociedad más desigual, en la que la única prioridad es cumplir el objetivo de déficit, cumplir el artículo 135 de la Constitución, que se acaba convirtiendo en el superartículo al que se supeditan todos los demás. Todos los derechos fundamentales de la Constitución, todos los derechos económicos y sociales de la Constitución quedan supeditados a una obligación: cumplir el artículo 135 de la Constitución. Y así se hace, pago de la deuda; todo ello, mientras el riesgo de pobreza o exclusión social alcanza al 28% de la población, según Eurostat, mientras —también se ha dicho— un 22,2% de los ciudadanos viven bajo el umbral de la pobreza, entre ellos, un millón de trabajadores que trabajan y tienen un salario que no les permite pasar más allá del umbral de la pobreza, y tres millones de pensionistas que van a ver cómo su pensión se actualiza el 0,25% en el próximo ejercicio. Y, mientras, el número de millonarios, como también se ha dicho, crece en nuestro país, porque, al final, aunque haya reducciones del productor interior bruto, a la mayor parte de la riqueza le pasa como a la energía: ni se crea ni se destruye sino que cambia de manos, pasa de muchas manos en una crisis a unas pocas. Y estos presupuestos ayudan a que esto sea así. Hay un 13% más de ricos, y además se incrementa de forma muy notable el número de las personas que son milmillonarias. Estos días atrás se publicó que veintidós personas milmillonarias en nuestro país acumulan 55 000 millones de euros, es decir, el equivalente a la recaudación de los impuestos directos de 2012, señor ministro. Y esos veintidós milmillonarios que acumulan 55 000 millones de euros, más del 5% del PIB, seguramente no aportan en la medida necesaria, justa y progresiva recursos para el sostenimiento de este sistema de bienestar social.

Concluyo. Se felicitaba el señor ministro de que el debate ya no fuera el rescate, de que en el ejercicio anterior el debate era si nos rescataban o no nos rescataban. Tampoco es, según la teoría del Gobierno, el debate del rescate bancario, puesto que se da por cerrado el proceso. Pero la pregunta es: ¿cuándo se va a dar otro rescate, el rescate de la mayoría de la sociedad, ese rescate del que no se habla, ese rescate de los que han visto cómo tienen que pagar, a través de pagos y repagos, por las medicinas, el rescate de los que tienen una atención sanitaria más deficiente, con listas de espera y médicos crispados por la cantidad de pacientes que tienen que atender? ¿Cuándo se va a rescatar a quienes, fruto de estos presupuestos, se quedan sin ayudas para los libros? ¿Cuándo se va a rescatar a los pensionistas, que van a ver cómo la pensión media de 2014 —de seiscientos y pico euros; tengo aquí el dato para el correspondiente debate de la




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reforma de la ley de pensiones— sube menos de 3 euros? Porque con un 0,25% de actualización no llegará a los tres euros; 2,8 o 2,9 euros al mes. Por eso digo que a esos pensionistas ni siquiera les va a cubrir lo que les va a subir la luz el 1 de enero. ¿Cuándo se va a rescatar a todos esos dependientes que siguen en el limbo de las listas de espera de atención a la dependencia porque no pueden acceder hasta que se muera alguien y abra un hueco y una vacante? ¿Cuándo se va a rescatar a esos tres millones y medio de parados de larga duración, que ven cómo sus prestaciones se agotan y no tienen oportunidad de conseguir un empleo?

Es decir, ¿cuándo se va a rescatar el Estado de bienestar?¿Cuándo se les va a devolver a los ciudadanos las seguridades con que contaban: la seguridad de tener una pensión pública, siempre escasa, pero suficiente para sobrevivir; la seguridad de que si uno se ponía enfermo tenía un sistema nacional de salud público de calidad que le atendía; la seguridad de que los hijos iban a poder estudiar tuvieran o no recursos sus padres; la seguridad de que si uno caía en una situación de dependencia iba a contar con una prestación, o de que si perdía el empleo de alguna manera en un plazo razonable iba a encontrar un puesto de trabajo alternativo o contar con una prestación de desempleo que le permitiera sobrevivir hasta entonces?

Muchísimas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 6 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señor ministro, señorías, en su intervención nos planteaba qué tipo de debates tiene que haber en esta Cámara, ahora que estamos discutiendo el de los Presupuestos Generales del Estado. Le recordaré que hay un debate público clarísimo: el que afecta al paro, a la corrupción y el que afecta al fracaso de la política y los políticos para resolver los problemas del país. Este es un debate presente en toda España y creo que es el debate que habría que hacer con más asiduidad aquí, en el Senado. En segundo lugar, hay un debate político inmediato que está presente y del que, ya que está usted hoy en el Senado, espero que nos diga algo. Es el escándalo de la Agencia Tributaria.

Señor ministro, yo no es que encuentre estrafalaria la respuesta que usted ha dado, la encuentro preocupante. Encuentro preocupante que al hablar de profesionales, especialmente al hablar de profesionales que ejercen tareas de control, usted se refiera a su posible ideario político. Y no sé si esto no bordea también la anticonstitucionalidad, ya que creo que no se puede discriminar a raíz del pensamiento político de nadie.

Por último, antes de entrar en mi intervención, quiero decirle, señor ministro, que no sé si ha venido aquí a reírse de nosotros cuando alaba el esfuerzo que han hecho los grupos de la oposición en la presentación de enmiendas. ¿Sabe cuántas enmiendas se aprobaron en la comisión? Tres, tres de casi tres mil ochocientas enmiendas, y una, del PP, con lo cual, de los grupos de la oposición, dos. Más que agradecérnoslo, haga usted un esfuerzo de diálogo y consenso y verá cómo nosotros le respondemos amablemente.

Este presupuesto tiene una virtud: es coherente con todas las políticas que lleva a cabo este Gobierno, unas políticas, a mi entender y al del senador Saura, erróneas, fallidas y socialmente injustas. Estos presupuestos, señor ministro, señorías, no son los de la recuperación económica, la creación de empleo y la solidaridad. Siguen siendo los presupuestos de la devaluación interna, de la pobreza, la desregulación y la recentralización, unos presupuestos que responden a un diagnóstico y a un tratamiento de la crisis equivocados.

Usted nos decía que España ha sufrido y sufre la crisis más larga y más cruel. Yo le añadiría que acompañada de las políticas más despiadadas. Y cuando usted agradece a la ciudadanía el esfuerzo realizado, yo le diría: mire, señor ministro, a la fuerza ahorcan. A la fuerza ahorcan. Porque el esfuerzo realizado ha sido por imposición de este Gobierno, ausente de cualquier tipo de diálogo, especialmente con los agentes sociales. El principal objetivo de estos presupuestos sigue siendo la reducción del déficit público y no la recuperación económica ni la creación de empleo. Bien es cierto que este objetivo se enmarca en las exigencias equivocadas de la troika. El Gobierno persiste en el error de fiar la reactivación económica al abaratamiento de los costes




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laborales unitarios y a la pujanza del sector exterior. Por cierto, las exportaciones han bajado del 9 al 4,7. A estas alturas, confiar en que solo las exportaciones pueden sostener el crecimiento del PIB y generar empleo es un grave error. Mientras el consumo interno siga deprimido por el endeudamiento de las familias, mientras sigamos con estos niveles de paro, con las rebajas de salarios y pensiones, con la inversión pública recortada y el crédito siga sin fluir, ni habrá relanzamiento económico ni creación de empleo. Salir técnicamente de la recesión no significa salir de la crisis; ya se lo dijo el ministro De Guindos. Eso solo pasa cuando el crecimiento y la creación de empleo son importantes y sostenidos.

Insisto en que para mí y para el senador Saura estos presupuestos son los de la consolidación de las políticas de ajuste. Apenas hay políticas de estímulo, y el crecimiento, de darse, será tan débil, que apenas creará empleo. Esta es la realidad.

Su intervención aquí ha sido —no encuentro la palabra— bastante deshilachada. En cambio, en el Congreso usted afirmó que las tres principales causas que asentaban el crecimiento económico eran la balanza por cuenta corriente, el acceso a los mercados financieros y la baja, muy baja inflación. Creo que oír estos argumentos, en definitiva, es hacer de la necesidad virtud. La reducción del déficit por cuenta corriente es un efecto inevitable de la recesión, el descenso de la prima de riesgo es un mérito exclusivo del Banco Central Europeo, y solo la destrucción de empleo y la pérdida de poder adquisitivo de asalariados y pensionistas explica la bajada de la inflación. Por cierto, señor ministro, ¿a un país tan endeudado le conviene una inflación baja, muy baja, como usted reivindica?

Con la misma alegría, usted y el Gobierno se plantean un marco de estabilidad que prevé un crecimiento sostenido de la deuda, cuando es precisamente la deuda lo que trata de reducir cualquier plan de estabilidad. Su Gobierno ha fracasado en lo que era su principal objetivo: el ajuste presupuestario para reducir el déficit. La deuda sigue creciendo. Seguimos suspendiendo en seis de los doce indicadores que Bruselas utiliza para decretar riesgos económicos, especialmente los referidos a paro y deuda pública. El principal esfuerzo del ajuste presupuestario lo están realizando las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Tres datos. En 2012, el recorte en empleados públicos fue el siguiente: 75% comunidades autónomas, 22% ayuntamientos y solo un 3% la Administración central. Cuando Bruselas relajó la reducción del déficit, el Estado se quedó la mejor parte. Las comunidades autónomas, cuyo 76% del gasto lo es en sanidad, educación y servicios sociales, se llevaron la peor parte. El Estado del bienestar se resiente y de qué manera.

El gasto en la Administración central sigue creciendo, y como prueba estos presupuestos. No estamos en la senda del crecimiento. En el mejor de los casos estamos hablando siempre de mejoras en el ritmo de la caída. Pero señorías, señor ministro, hay que ser bastante cínico para estar hablando no ya de cierta recuperación, sino de crecimiento y creación de empleo en unas circunstancias en las que la ocupación y la renta de las familias sigue cayendo a tasas muy importantes, caídas que si bien son menores que hace un año, son sobre mojado, empeorando la crisis social e incrementando las desigualdades. Para su Gobierno, para el Gobierno de Mariano Rajoy y para el PP, sus políticas, sus propuestas, son las únicas posibles, las realistas. Son las aplicadas por nuestros acreedores, las impuestas por la troika. Esto es verdad y no es verdad. Son exactamente las que ustedes han elegido e impuesto con el uso abusivo de su mayoría absoluta. Sus resultados, en consecuencia, son perfectamente conocidos. Había otras opciones, otras políticas y otros presupuestos posibles.

Su gran objetivo era y es superar la crisis a través de la reducción del déficit público. Su opción, conseguir cuanto antes el equilibrio presupuestario. Ya le adelanto que para evitar debates absurdos voy a reiterar una vez más que mi partido, Iniciativa Verds, no se desentiende de los problemas del déficit y de la deuda —sería una irresponsabilidad—, pero lo que sí es evidente es que España ni podía ni debía rebajar su déficit al 3% en 2013, como indica el pacto de estabilidad, propuesta absurda que Bruselas tuvo que modificar ampliando los plazos de tiempo para la reducción del déficit, pero el daño ya estaba hecho. Lo grotesco es que ustedes votaron el pacto de estabilidad y lo han ido defendiendo a lo largo de estos años, aun sabiendo que España no lo iba a cumplir. Este año cerraremos con un déficit del 6,8%. Su previsión en los presupuestos del 2013 era del 4,5%.




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Y de la deuda, ¿qué le voy a contar? Su previsión para el 2013 era del 85,8% y vamos camino del 100% del PIB de deuda pública. El señor Rajoy, usted, su Gobierno, en dos años ha generado más deuda que en todo el periodo del señor Rodríguez Zapatero. Si sumamos la deuda pública y la privada nos vamos al 320% del PIB, algo totalmente impagable. Deuda que incrementará la carga financiera para el 2014 en cerca del 10% sobre el gasto real. No habrá una reducción real del gasto por intereses. La rebaja de la que alardea el Gobierno es sobre lo presupuestado en 2013, pero todos, y usted especialmente, deberíamos saber que lo importante en todo presupuesto no es cómo empieza, sino cómo acaba.

En el Congreso afirmaba, insisto, que somos Europa, sí, pero formamos parte de una Unión con graves insuficiencias estructurales e institucionales; participamos de una Unión con un diagnóstico equivocado de la crisis y un tratamiento erróneo, con unos gestores faltos de legitimidad democrática; una Unión en la que aún prevalece la lógica de los Estados miembros agrupándose estos entre países acreedores y países deudores. Una Unión Europea que sufre una progresiva pérdida de liderazgo, en la que crece el euroescepticismo, especialmente entre los países del sur y entre ellos España.

Señor ministro, señorías, a lo largo de esta crisis ha quedado evidente que al no existir un interés general europeo ha prevalecido el interés nacional, especialmente en los países acreedores, y singularmente en la Alemania de Angela Merkel. La supervivencia del euro y, por ende, de la Unión depende también de la convergencia económica de los países que integramos la unión monetaria europea.

La última vuelta de tuerca desde Bruselas se produce a raíz de la presentación de estos presupuestos y de los cuadros presupuestarios para el 2015 y 2016. Nos piden un ajuste adicional de aproximadamente 3,5 puntos del PIB y, en concreto, un recorte de unos 5000 millones de euros en este presupuesto que estamos debatiendo. ¿Cuál será la respuesta del Gobierno a esta petición? ¿Vamos a cumplir el mandato de Bruselas de rebajar estos 5000 millones de euros en estos presupuestos? A lo largo de estos dos años hemos criticado al Gobierno porque, en vez de trabajar en coalición con los países del sur para conseguir una gestión razonable en la corrección del déficit compatible con el relanzamiento económico, ha optado por el sálvese quien pueda. El resultado es que país tras país hemos sido sometidos a los dictados de la troika. Junto a este grave error de estrategias, sorprende la falta de cualquier propuesta por parte del Gobierno que permitiera ir corrigiendo los déficits estructurales de la Unión; déficits que condicionan, negativamente y mucho, nuestra salida de la crisis. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que todo avance hacia la unión bancaria ejercería efectos positivos sobre la demanda y oferta de crédito en España, uno de nuestros principales talones de Aquiles. Como también coincidirán en que todo progreso en la unión fiscal y mutualización de las deudas tendría efectos inmediatos sobre las primas de riesgo y mercados de crédito. La centralidad que tienen las políticas de la Unión Europea para España no va acompañada del debate político y parlamentario necesario, todo lo contrario. La Unión es utilizada casi exclusivamente como excusa o justificación de lo ejecutado.

Para el senador Saura y para mí las prioridades de este presupuesto deberían ser totalmente diferentes. La primera sería proteger a los sectores sociales más vulnerables y más golpeados por la crisis. Para el ministro Montoro, para este Gobierno, las personas no existen. Las personas, sus problemas y anhelos, la gente corriente, los que lo pasan mal no están presentes en sus presupuestos. Para el PP no son prioridad. La crisis y especialmente sus políticas están haciendo crecer la desigualdad en España de forma exponencial. Somos el tercer país con más desigualdad de la Unión de los Veintisiete, desigualdad que afecta, sobre todo, a colectivos especialmente frágiles: mayores y niños, siendo para estos últimos una condena de por vida. Los dependientes verán reducidas sus prestaciones. Algo más de 12 millones de personas viven en situación de pobreza y exclusión. La pobreza severa afecta a más de 3 millones de personas. Según UNICEF, en España hay más de 2 millones de niños y niñas bajo el umbral de la pobreza. La subida de los precios de los servicios básicos: agua, gas y electricidad, también está dificultando las condiciones de vida. Un ejemplo, la electricidad ha subido el 60% en cinco años y en el 2012 a 1,2 millones de hogares les fue cortado el suministro eléctrico. Las personas con discapacidad son un colectivo especialmente afectado por la pobreza extrema, especialmente las mujeres. 650 000 personas con discapacidad viven solas. El 27% de los hogares tienen a personas mayores de 64 años como




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sustentador principal. 650 000 hogares o casi 1,5 millones de personas carecen de cualquier tipo de ingresos. El riesgo de pobreza o exclusión social alcanza casi al 30% de la sociedad. Esto es lo que no ve el señor Rajoy cuando duda de que en España la desigualdad esté creciendo y afectando a sectores cada vez más importantes.

¿Cuál es la respuesta de este Gobierno a esta situación? La podemos ver en los presupuestos. Pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, congelación de la partida destinada a la dependencia, más de 3000 millones menos en la partida de desempleo que lo gastado realmente en 2013, una reducción del 36,4% de la partida de servicios sociales y promoción social. Y este Gobierno llama a estos presupuestos los de la solidaridad, menudo sarcasmo. Señor Montoro, si no quiere hacer caso de estas cifras, vaya usted a una oficina de Cáritas y explíqueles que sus políticas y estos presupuestos son los de la solidaridad, ya verá qué respuesta le dan.

También, lamentablemente, un año más vuelven a recortar las partidas destinadas a la cooperación internacional para el desarrollo. Si se aprueban estos presupuestos destinaremos un magro 0,17% de la renta nacional bruta a las políticas de cooperación internacional. Una segunda propuesta y segunda prioridad del senador Saura y mía consiste en medidas de relanzamiento económico que permitan la creación de empleo. ¿Qué medidas aportan los presupuestos? Cae la inversión en infraestructuras. La inversión estatal en las comunidades autónomas cae un 7,1% respecto al 2013 —en Cataluña lo hace un 25,5% y un año más se incumple la disposición adicional tercera del Estatut— y la inversión privada cae un 6,3%. Cuando el Gobierno justifica esta caída de la inversión pública lo hace argumentando que la prioridad es el gasto social, pero eso no es verdad; su prioridad sigue siendo la consolidación fiscal.

España, su sociedad y su economía siguen atrapadas en el austericidio. Se me hace incomprensible entender, con la experiencia acumulada y soportada por nuestro país, que ni en el Gobierno ni en Bruselas se entienda que esos ajustes no relanzan la economía ni crean empleo, con lo cual no hay consumo ni suben los ingresos fiscales ni se corrige el déficit, lo que a su vez hace que se incremente la deuda. Lo que sí se consigue —véase España— es la precarización social y la pauperización de amplios sectores de nuestra sociedad. El consumo de las familias se redujo en un 10%, lo que unido al desplome de la inversión y a los recortes del gasto público hunde la demanda interna, factor fundamental para la reactivación económica. Excepto el Gobierno y la patronal, por razones obvias, hoy nadie discute que la reforma laboral ha sido un fracaso total para la creación de empleo y para la disminución de la temporalidad en nuestro mercado de trabajo, pero sí ha sido un éxito como instrumento para la devaluación interna. Gracias a esta reforma se ha conseguido rebajar los salarios —sí, señor Montoro, rebajar los salarios un 5% de media—, facilitar y abaratar el despido y dejar en manos exclusivas de los empresarios la organización del trabajo, todo ello gracias también a los recortes que comporta dicha reforma a los derechos laborales y sindicales. Y dos datos: los trabajadores protegidos con convenio han disminuido casi en un 30%; los ERE sin acuerdo han subido este año un 30%. Cerraremos 2013 con menos población activa, con muchísimo paro, con precariedad laboral, con menos contratos indefinidos, con menos empleados del sector público, con una caída de cotizantes a la Seguridad Social y con una cifra de población activa por debajo del 60%, una de las más bajas de Europa.

Un tercer objetivo es la apuesta por la economía real e iniciar la transición hacia un nuevo modelo productivo. Poco más de 11 000 empresas en España hacen I+D y solo la mitad de estas tienen un departamento de I+D como tal. El número de empresas que hay en España —se lo recuerdo para que hagan la comparación— supera los 3 millones. Las empresas españolas que tienen actividades en innovación se han reducido a más de la mitad en estos cuatro últimos años pasando de cerca de 46 000 a 18 000. El presupuesto para investigación y desarrollo civil se incrementa en un 1,3%, unos 71 millones de euros, y el presupuesto para I+D militar se incrementa en 143 millones de euros, el 39,5%. Avanzar en el cambio de modelo productivo requiere dotarse de una verdadera política industrial, apostar por una política energética que garantice la suficiencia de suministro, la sostenibilidad medioambiental y un coste competitivo de la energía, invertir en I+D+i e introducir las políticas de formación y comunicación en el proceso productivo, dotarse de las infraestructuras necesarias, impulsar el ferrocarril y las intercomunicaciones, promover la agrupación y colaboración de las empresas así como su internacionalización, mejorar el sistema educativo, en especial la FP, partida también recortada en los presupuestos para este año,




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apostando por la formación continuada, y garantizar la financiación de las empresas, especialmente las pymes, las grandes afectadas por la no fluidez del crédito.

Este corolario de propuestas es de manual, son las que se aplican en los países más desarrollados. Lamentablemente, nada tienen que ver con la acción de nuestro Gobierno ni con las prioridades de este presupuesto, y valga de ejemplo el recorte en la partida de desarrollo industrial.

Un cuarto objetivo es el reto ecológico. Globalmente se incrementa un 3% el presupuesto del ministerio, aumento que no tiene traslación en las partidas medioambientales. A excepción de inversiones hidráulicas, la vieja política del agua, el resto de partidas desciende. En todo caso, el presupuesto de medio ambiente para 2014 es un ejemplo más de la inexistencia de política medioambiental del Gobierno, de su carácter residual, o dicho de otro modo, del medio ambiente como lastre u obstáculo del actual modelo de crecimiento. Y yo les hago una pregunta: ¿Alguien ha oído en estos dos años de legislatura hablar de cambio climático a algún miembro del Gobierno? No, a ninguno, y a quien menos al señor Arias Cañete. Por otro lado, esta concepción explica que España sea uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene un ministerio en exclusiva para el medio ambiente. Mientras que los retos ecológicos reclamaban prioridad a una política transversal medioambiental, en España se va en dirección contraria. La reforma de la Ley de Costas, la Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, o la Ley de evaluación ambiental son, en este sentido, suficientemente elocuentes, así como la ley que discutiremos en este Pleno sobre la reforma del sector eléctrico.

Una política moderna, a la altura de las circunstancias, requiere considerar, en primer término, los aspectos de la fiscalidad medioambiental. España se mantiene a la cola de recaudación por fiscalidad verde entre los países de la Unión Europea. ¿Hasta cuándo? Los presupuestos eran un buen instrumento para implementar dicha fiscalidad y, por otra parte, el desarrollo de la fiscalidad verde contribuiría al fortalecimiento y modernización de nuestro sistema tributario.

Desde la perspectiva del gasto, en los presupuestos no existen ni objetivos medioambientales ni, por supuesto, ningún esbozo de política transversal contra el cambio climático y el Programa para la prevención de la contaminación y el cambio climático alcanza su nivel más bajo. Por supuesto, también total ignorancia de las competencias de las comunidades autónomas, cuando en este ámbito es imprescindible la coordinación y colaboración —que no usurpación— de las competencias y funciones que tienen asignadas. En resumen, política antigua, arcaica, sin una concepción avanzada en la política medioambiental, que tiene su traducción en unos presupuestos ecológicamente insostenibles.

Y la quinta prioridad serían los ingresos, la reforma fiscal. Señor Montoro, señorías, la reforma fiscal es una prioridad. A diferencia de la opinión del PP, para los senadores de Iniciativa la crisis reclamaba una atención urgente y prioritaria a la obtención de ingresos públicos que permitieran afrontarla de una manera más equitativa y eficaz. La prioridad del PP se ha centrado casi exclusivamente en la reducción del gasto y en un compulsivo lanzamiento de nuevas medidas tributarias —casi medio centenar— de dudoso éxito recaudatorio. La realidad es que, aún habiendo subido determinados tipos impositivos, recaudamos poco, lo que se explica porque nuestro modelo fiscal es muy ineficiente. La recaudación por IRPF cae en octubre un 2,4% respecto a hace un año por la reducción de los salarios y baja también la recaudación por el IVA. Aumentar los tipos sin modificar a fondo los impuestos se ha demostrado que no sirve, prueba de ello es que hasta el mes de octubre hemos gastado 37 000 millones de euros más que los que ingresamos.

El Gobierno confía en que en 2014 la carga tributaria alcanzará sus máximos, ya que en el próximo año convergerán todos los incrementos aprobados y este año crecerá nuestra economía un 0,7%. Pero mucho me temo que también en 2014 habrá menos renta que gravar, menor consumo y las empresas ganarán menos. La economía española necesita una profunda reforma fiscal, asunto que no ha merecido la atención que se merece. Solo a mediados de este año se ha iniciado un proceso con la constitución de una comisión de estudios. Y, a su vez, dentro de esta reforma fiscal hay que introducir de verdad la fiscalidad verde. Una reforma fiscal que consiga de una vez que los que más tienen más aporten. Es injusto que las rentas del trabajo aporten el 38,56% de la recaudación total y las de capital solo el 3,5%. Lentitud en la reforma fiscal y desidia en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.




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Este año, como mínimo, señor ministro, no pasaremos la vergüenza de una amnistía fiscal; este año el escándalo está, como le decía antes, en la caza de brujas desatada en la Agencia Tributaria. Señorías, algo huele a podrido en esta Agencia Tributaria y espero, insisto, que el señor ministro Montoro, como máximo responsable, dé las explicaciones oportunas.

Con todo, con la Agencia Tributaria se repite una constante de este Gobierno: el asalto a las instituciones, su ocupación y manipulación para colocarlas al servicio del PP y de los intereses particulares que defiende. Una agencia con una partida presupuestaria congelada, después de cuatro años de recortes, una agencia que dedica el 80% de sus recursos al seguimiento de las pymes, autónomos y asalariados, cuando el 72% de fraude en la evasión fiscal la realizan las grandes fortunas y las grandes empresas.

Otro tipo de fraude que no tiene la persecución adecuada es el de la economía sumergida —entre el 22% y el 25% de nuestro PIB—, por el que dejamos de ingresar alrededor de 80 000 millones de euros.

Quisiera también hacer una breve referencia a la exitosa reforma financiera —ya culminada—, según opinión del Gobierno. Para mí es un escándalo y una vergüenza todo lo que ha pasado —y está pasando— en relación con el sistema financiero español. Su nivel de corrupción, inutilidad y codicia no tiene parangón. El servilismo político a los intereses de los prestamistas patrios tampoco tiene parangón. Lo último es la noticia de que casi 37 000 millones de euros aportados al rescate se dan por perdidos y esto después de que el Gobierno afirmara insistentemente que el rescate bancario no iba a costar ni un solo euro al contribuyente. Aún es hora de que el Gobierno explique por qué debemos hacernos cargo de más de 3,5 puntos del PIB. Es un sistema financiero que no está saneado, sigue siendo muy vulnerable, con una morosidad que sigue creciendo.

Señorías, de verdad, los bancos no están jugando el papel que les corresponde. La sequía del crédito es una de las causas que frenan la salida de la crisis y los ciudadanos no entienden que el cheque extendido a nuestros bancos no tenga ningún tipo de contrapartidas. La verdad es que los bancos siguen dominando nuestra política y nuestra economía.

Para el Partido Popular la descentralización política que impulsa la Constitución del 78 es una rémora. Desde el primer momento este Gobierno ha llevado a cabo un proceso de recentralización, con la legislación sectorial aprobada, y un maltrato presupuestario. En este presupuesto vuelve a ocurrir. Se reducen las transferencias a las comunidades autónomas un 13,6% y a las entidades locales un 0,1%; se recorta el Fondo de suficiencia un 16% y el Fondo de Compensación Interterritorial un 24%.

Permítanme que, como senador elegido por Barcelona, realice también una lectura catalana de estos presupuestos. El recorte de un 25% de las inversiones del Estado en Cataluña, así como el no cumplimiento de la disposición adicional tercera es una nueva afrenta. No sé si ustedes buscan el choque de trenes, pero al final lo tendrán.

Señorías —y con esto termino—, un Gobierno que hubiera aprendido alguna lección de las causas que nos llevaron a esta crisis habría convocado al conjunto de la sociedad a realizar los esfuerzos y sacrificios que comportan la superación de la misma. Sin embargo, ustedes han optado por primar a los empresarios desde una lectura vieja y equivocada de que la recuperación solo es posible creando condiciones de todo orden para que los empresarios, especialmente las grandes corporaciones, puedan actuar a su antojo. La crisis nos ha hecho más pobres, sus políticas más desiguales. La desigualdad es injusta, desestabilizadora, pero también es un lastre para la recuperación económica por cuanto deprime la capacidad de consumo de amplias capas de la población. Su rechazo al diálogo y al consenso social y político es también, no lo duden, un lastre para la recuperación económica ya que impide generar el clima de confianza necesario.

Quisiera terminar, señor presidente, con una cita de un gran presidente, Franklin Delano Roosevelt, que inició la campaña que le llevó a su segundo mandato con este discurso: Tuvimos que luchar contra los viejos enemigos de la paz: los monopolios empresariales y financieros, la especulación, la banca insensible, el sectarismo, los intereses bélicos. Habían comenzado a considerar al Gobierno como un mero apéndice de sus propios negocios. Ahora sabemos que un Gobierno del dinero organizado es tan peligroso como un Gobierno de la mafia organizada. ¿Alguien se imagina a Mariano Rajoy pronunciando un discurso así? Yo, no.

Gracias por su atención. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)




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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Senador Utrera, tiene la palabra.

El señor UTRERA MORA: Señora presidenta, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señorías, quiero en primer lugar señalar, para que no quepa lugar a dudas a lo largo de mi intervención, que votaremos en contra de todos y cada uno de los vetos presentados a los Presupuestos Generales del Estado. Y lo vamos a hacer por la sencilla razón de que al Grupo Parlamentario Popular nos dan plena satisfacción, suponen un paso más en el proceso de consolidación y ajuste presupuestario, y también son un paso más en la tarea que todos tenemos de posibilitar crecimiento económico. Por tanto, apoyamos estos presupuestos y consideramos que son los necesarios para la actual coyuntura económica.

Estos presupuestos se basan en un cuadro macroeconómico —incluso lo ha reconocido alguno de los portavoces que los han vetado, la mayoría de ellos implícitamente— realista, incluso modesto, tanto por la tasa de crecimiento económico como por las fuentes de crecimiento económico, lo que nos lleva a pensar que la mayoría de la Cámara comparte no los presupuestos, pero sí las previsiones para el próximo año. Es decir, la economía española se encuentra en recuperación económica, en leve creación de empleo y en modo alguno estancada, como apuntaba algún portavoz. Si bien es cierto que la economía española el próximo año, según las previsiones que estamos manejando, va a tener un crecimiento leve, inferior al 1%, el 0,7%, lo cierto es que salimos de una recesión y de un año, el 2013, en el que el crecimiento va a ser negativo en tasa superior al 1%, el 1,3%.

Por tanto, hay un cambio de signo, un cambio importante de casi 2 puntos, el –1,3 del año 2013 pasa al 0,7 del año 2014, que implica un cambio de coyuntura económica que hemos de tomar en consideración, muy en consideración, y valorarlo si lo comparamos con la situación que se nos dejó en el año 2011. Recordarán algunos de ustedes, quizás los que lean los programas de estabilidad que se presentan a la Unión Europea, que, como ya se ha apuntado por el ministro de Hacienda, las previsiones de crecimiento que nos dejó el Gobierno socialista, el Gobierno del señor Zapatero para el año 2012 eran del 1,7%. La realidad fue una caída muy intensa del producto interior bruto, del orden del 1,7, es decir, justamente un –3,4. Fíjense el cambio tan importante que esto supone en el transcurso de tan solo dos años cumplidos, 2012 y 2013. De unas previsiones de crecimiento, que en realidad se concretaban en una reducción importante de crecimiento económico, estamos pasando a un cambio de coyuntura con crecimiento económico, viniendo de un ejercicio de desaceleración como todavía sigue siendo en media anual el año 2013.

La recuperación se ha iniciado. Esto es un hecho. Técnicamente, a partir del tercer trimestre de 2013, hemos abandonado tasas de crecimiento negativas y la recuperación también se ha iniciado levemente, muy levemente en el cambio de signo que se aprecia en el mercado laboral. Se ha iniciado plenamente en la percepción que de España se tiene en el exterior, con un cambio radical no solamente en la prima de interés, en el pago de intereses que se nos exigen, el diferencial, sino también en la atracción de inversión extranjera y desde luego hemos operado un cambio importante en las fuentes de crecimiento de la economía española, toda vez que hemos conseguido saldos positivos de balanza de pagos por cuenta corriente, lo que supone que estamos desendeudándonos, estamos devolviendo deuda al exterior frente a una política económica de endeudamiento desordenado, que es la que practicó en los años anteriores el Gobierno socialista.

Por consiguiente, están cambiando las cosas y como premio, como resultado de ese cambio de política económica, estamos obteniendo unos frutos, que no son brotes verdes precisamente, sino que son perspectivas de crecimiento halagüeñas, satisfactorias, que a nosotros no nos generan ningún espejismo, hay que mantenerlas en el tiempo y, como muy bien ha señalado el ministro de Hacienda, hay que darles continuidad, profundidad. Y por esa razón, nosotros enmarcamos los Presupuestos Generales del Estado dentro de una política de reformas estructurales. De hecho, los mismos presupuestos, con el cambio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, son una reforma estructural. Esas reformas estructurales son las que han permitido y las que están permitiendo generar bases firmes que permitan que el crecimiento de la economía española no sea efímero, no se agoste en meses, no sean brotes de un solo día, esos




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brotes no verdes, brotes mustios a los que, desgraciadamente, hemos tenido que asistir en el pasado.

Por tanto, bases de crecimiento sólidas, un cambio en la estructura de crecimiento de la economía española basado en el sector exterior, pero también en un reequilibrio: consumo interno y formación bruta de capital fijo. Todas esas variables las conocen y figuran en el cuadro macroeconómico y, por tanto, todas ellas reflejan que ese reequilibrio, esa solidez en las fuentes de crecimiento se está produciendo.

Este Gobierno, como decía, está practicando reformas estructurales. Los presupuestos son parte de esas reformas estructurales, que son esencialmente consolidación presupuestaria, reducción de déficit. Son unos presupuestos austeros, lo han sido los últimos tres años y proseguiremos así el tiempo necesario para reducir el déficit público, tal como hemos comprometido con la Unión Europea. Pero esas otras reformas estructurales que se han operado junto a los presupuestos ―la reforma laboral, la reforma energética, la recapitalización del sistema financiero, la reforma que permite la unidad de mercado en el territorio español, las reformas que veremos en este mismo Pleno de facturas electrónicas y de deuda comercial de las administraciones públicas―, todo ese elenco de reformas demuestran, por un lado, la voluntad reformadora del Gobierno y, por otro, la voluntad de no parecerse a quienes durante muchos años estuvieron sin hacer prácticamente nada, incluso negando la crisis económica. En este sentido, a diferencia de lo que señalaba el portavoz socialista, en lugar de seguir una política económica de diseminación del dolor ―creo que ha mencionado ese término porque la verdad es que ha dado muchos titulares de prensa y poco más―, la suya era una política económica de constatación de la alegría. Así, como era una política económica alegre, donde había que crear alegrías, lo que se conseguía esencialmente era mantener, si no engañada, al menos ausente a la población española, a la sociedad española, de las enormes dificultades que estábamos atravesando; negando una crisis económica que ha generado la destrucción de 3 millones de puestos de trabajo y que nos ha colocado en una situación que no se resuelve en 2 años ni posiblemente en 4 años.

Por eso nosotros, y algún portavoz ha incidido sobre esa diferenciación terminológica, distinguimos perfectamente entre lo que es el final de la recesión económica y lo que será en el futuro la finalización de una crisis económica que, básicamente, se debe a la destrucción de puestos de trabajo, a la destrucción de gran parte del tejido empresarial español y a la enorme deuda exterior acumulada, que necesariamente ahora hay que reducir. Por tanto, todas estas reformas son las que en el futuro han de permitir que no se repita una situación como la que hemos vivido.

Precisamente, estos impulsos reformistas han devuelto la competitividad a la economía española que, no olvidemos, durante la crisis económica básicamente ha destruido tejido empresarial, empresas y la confianza en la economía española y en sus posibilidades de recuperación.

Como decíamos, 2014 será el primer año de recuperación. Nadie habla ya de rescate financiero y esta es una cuestión muy importante. Nadie nos va a rescatar, pero no solamente nadie nos va a rescatar porque no es necesario sino que nadie nos va a rescatar porque España está contribuyendo a la estabilidad del euro y a la estabilidad de la propia Unión Europea. Ese es un valor y se nos aprecia y se nos reconoce por esa circunstancia. Bien es verdad que algunos portavoces, de forma más moderada, otros, de manera más exacerbada, han insistido sobre el hecho de que la Unión Europea ha cambiado sus calendarios. Ha cambiado sus calendarios de ajuste presupuestario, lo que es una consecuencia lógica y coherente a su vez con el cambio de coyuntura económica; ha habido una desaceleración económica ―una primera y una segunda―, España claramente ha sufrido una doble recesión, de la que ya estamos saliendo y, al mismo tiempo, fruto de esa desaceleración económica se han acompasado tanto el ajuste de déficit público como se han acelerado los procesos de integración europea, de unión bancaria e incluso se están debatiendo algunas otras herramientas que potenciarán aún más la unión financiera dentro de la Unión Europea y eso nosotros lo saludamos de forma entusiasta.

Sentimos mucho que desde alguna posición política, concretamente desde el Grupo Parlamentario Socialista, se hable de que la política económica que se está aplicando en España es un error ―supongo que no será por los frutos que estamos obteniendo, aunque de todo hay y luego hablaremos de ello―, pero incluso también se extiende ese error a la política europea y se




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dice que también en Europa se han equivocado profundamente. Quien eso afirma quizá es porque no ha entendido la esencia de lo que es la Unión Europea. Desde el momento en el que todos participamos en el euro, todos hemos comprometido dentro del euro una posición que no desvirtúe, que no genere perturbación en el euro y eso solamente se consigue en un área de estabilidad financiera. Consecuentemente, quien se salga de la estabilidad y quien se crea que puede financiar una deuda externa creciendo a tasas enormes y de forma ilimitada, sencillamente es que no se ha enterado de lo que es la Unión Europea, lo que es Europa y lo que es la política europea. Eso, desgraciadamente, nos ha ocurrido a nosotros durante años, concretamente los años del Gobierno del señor Zapatero en España, y ahora estamos reconduciendo una situación que, vuelvo a repetir, no se ajusta en un año, ni en dos ni en tres, y que, por tanto, lógicamente —eso sí que alguno de los portavoces tiene perfecto derecho a señalarlo—, la sociedad española, muchos ciudadanos españoles, sienten que el esfuerzo que se les ha pedido es enorme —porque lo es—, tanto esfuerzo fiscal como esfuerzo de prestaciones o esfuerzo de todo tipo. La sociedad española se ha esforzado, sin ninguna duda, y los frutos los estamos consiguiendo en estos momentos.

Son unos presupuestos austeros. Las mismas cifras nos lo indican: se reduce el gasto ministerial, el gasto de la Administración del Estado, más del 4%, el 4,4%, para cumplir el compromiso de reducción de déficit público, que se situará en el 5,8% para el conjunto de administraciones públicas, lo que otorgará más credibilidad y una confianza renovada en la economía española. Creo que es muy importante confirmar el hecho de que para este año 2013 se alcanzará el objetivo de déficit público y, por tanto, lógicamente seguiremos avanzando en ese camino de credibilidad y de mejora de la confianza en la economía española.

El gasto social, por otro lado, aumenta, y supone ya más del 50% del gasto público total. En cuanto a las transferencias a administraciones públicas, a comunidades autónomas y corporaciones locales, creo que hemos tenido ocasión de oír algunas posiciones de portavoces en este turno, que ciertamente a algunos nos han causado mucha perplejidad. Porque en lugar de ver los problemas en las herramientas, en los instrumentos existentes, ven el agravio en la diferenciación que se produce entre distintas comunidades autónomas al aplicar esas herramientas ciertamente defectuosas. Me refiero al sistema de financiación autonómica.

Se han presentado 9 vetos que, si me permiten, podríamos agrupar en dos grandes apartados: por un lado, tendríamos los vetos más ideológicos; en algunos casos, vetos porque sí, porque hay que presentar un veto. Por supuesto, todos los grupos parlamentarios, incluso todos los senadores a título individual, tienen derecho a presentar los vetos y las enmiendas que deseen; en modo alguno nos vamos a atrever desde el Grupo Parlamentario Popular a decir, como sí ha apuntado algún portavoz, que hay una deslegitimación democrática, quizá porque gobierna el Partido Popular. Eso me ha parecido entender como sugerencia en alguna de las intervenciones: que gobierna el Partido Popular, y entonces se produce una deslegitimación. No es tal; nosotros no creemos que haya deslegitimación de ninguna manera en que cada senador, cada grupo, presente los vetos, haga sus intervenciones, los apoye y establezca las líneas rojas o las líneas verdes, o amarillas o como se quieran llamar, en sus políticas económicas o políticas sociales. Lo que nos preocupa es que falte coherencia y que solo desde un punto de vista ideológico, ignorando resultados, ignorando las consecuencias de lo que se hizo en el pasado y de lo que se está haciendo ahora, se elaboren reflexiones, discursos, que nada tienen que ver con la realidad actual de la economía española.

Por otro lado, tenemos los vetos más interesados, más de la tierra, más localistas, regionalistas: qué hay de lo mío; es decir, si estos presupuestos no me dan la inversión que yo quiero, entonces no me satisfacen. Si estos presupuestos no proporcionan la financiación que creo justa, entonces son injustos. Si estos presupuestos no equilibran los déficits —de esto ya hemos hablado muchísimo, hasta la náusea de tantas veces como lo hemos repetido—, si no se reparten los déficits de una forma ajustada aritméticamente, con una reflexión que no alcanzamos a ver, entonces se está centrifugando el déficit y se está gravitando sobre los presupuestos de comunidades autónomas. En realidad, nada de eso encuentra otra razón de ser que la situación de grave crisis económica. Y algunos de los que argumentan de la forma que he señalado han contribuido activamente dando apoyo parlamentario a quien nos ha puesto, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno del señor Zapatero, en la situación en la que estamos, y en esa situación resulta que todos, todos, ya sea por nivel regional, ya sea sectorial, ya sea por grupos de población,




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todos estamos sufriendo las consecuencias de una crisis que hay que superar. Y basar el agravio en que resulta que otros solamente pierden el 56% del Fondo de garantía global mientras que otros pierden el 61,3% me resulta —me parece a mí— un debate estéril. Mucho más importante es el debate de qué se hace con la reforma que hay que practicar, qué se hace con el sistema de financiación autonómica. Habrá que reformarlo, o sea, en lugar de basarse en esa futilidad, en ese argumento menor que son las discriminaciones entre regiones por el Fondo de garantía, tenemos que preguntarnos quién aprobó ese sistema, quién lo apoyó con sus votos. ¿Quién lo apoyó? Porque, desde luego, no fuimos nosotros, fueron aquellos a quienes yo me refería antes, quienes apoyaron al Gobierno Zapatero y el propio Gobierno Zapatero que aprobaron un sistema de financiación autonómica, que adolece de los defectos que el senador Bel, por ejemplo, ha apuntado, que el Fondo de garantía se reduce en la medida en que aumenta la participación en los ingresos del Estado. ¿Es así o no? Pero eso lo pactaron ustedes, ¿no? (Denegaciones del señor Bel Accensi.) Sí, fueron ustedes, ustedes con el señor Zapatero, con los socialistas, porque nosotros votamos en contra, nosotros no estábamos de acuerdo con un sistema de financiación que tenía esos elementos.

Por tanto, habrá que modificar el sistema y entiendo que algunos elementos se pueden reformar, pero lo que no se puede pretender, tal como se presentó el sistema de financiación autonómica, es que fuera a dar gusto a todos por arriba, por comunidades autónomas, y por abajo. Eso no puede ser, un sistema de financiación no puede dar gusto a todos, un sistema de financiación tendrá que basarse más en el esfuerzo fiscal de unas comunidades autónomas frente a otras, o tendrá que tratar de nivelar más entre regiones, pero darle gusto a los de arriba y a los de abajo sencillamente no es posible. Ustedes pretendieron algo que no ha salido y que ahora no solo lo están lamentando, sino que se lo están imputando al Gobierno como un agravio permanente, cuando no es más que el resultado de una negociación que ustedes hicieron, apoyaron y aprobaron, nosotros, no.

Respecto a las cuestiones más de fondo, aquí novedades ha habido pocas en este debate, algunas pero pocas. Quizá la más importante sea en relación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, también, respecto a la política monetaria del Banco Central Europeo. Permítanme que hable de estas dos cuestiones. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, como ustedes saben, es una agencia dependiente del Ministerio de Hacienda que, al mismo tiempo, integra todos los servicios de inspección, gestión, liquidación de los tributos en España, en unos casos con colaboración de las haciendas de las comunidades autónomas, gestionando también impuestos cedidos a las mismas, y trabajando con todas ellas. En estas fechas se han planteado unos problemas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria que, como en todas las instituciones, sobre todo cuando son numerosas, pueden tener alguna presencia, pero sobre todo se ha enfocado de una manera perturbadora porque debilita la posición de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y también debilita la percepción que los ciudadanos tienen en cuanto a la justicia de la actuación de dicha agencia.

A mí me gustaría hacer una observación en esta materia. La agencia estatal tiene procedimientos reglados, procedimientos de inspección, de levantamiento de actas, actas que si son recurridas tienen, luego, un proceso diferenciado y, si no lo son, pasan a un grupo de aceptación y convalidación de esas actas, en donde, en definitiva, las actuaciones están técnicamente recogidas y regladas y donde no cabe otra opción que actuar de manera profesional. Esa es, desde mi punto de vista y creo que es en este caso razonable, la forma de proceder en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En cuanto al fraude fiscal, este Gobierno y, aquí, en el Parlamento hemos aprobado el plan más ambicioso que para el control del fraude fiscal se ha practicado en toda la democracia española, y de nada me sirve la argumentación sobre la amnistía tributaria, que no es tal. En España ha habido una declaración de regulación de activos en el extranjero, fundamentalmente, pero no una amnistía.

Y quiero recordarles que en España ha habido esencialmente dos amnistías tributarias: años ochenta, presidía el señor Felipe González, año 1991 presidía el señor Felipe González, apoyaban los Gobiernos socialistas y en el año 1991 ya había apoyo de algunos grupos regionalistas, nacionalistas.




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La amnistía fiscal, años ochenta, la de los pa-Tes. ¿Se acuerdan ustedes de los pa-Tes? Sí. Es la de los pagarés del Tesoro. Ahí no solamente no se regularizaba la situación, sino que a quienes ni declaraban ni iban a declarar fraude tributario se les permitía rentabilizar los importes del fraude tributario mediante unos instrumentos financieros emitidos por el Estado, los pagarés del Tesoro, con tal de que, eso sí —ya empezaban los problemas de solvencia financiera de las que tantas pruebas nos ha dado cuando ha gobernado el Partido Socialista—, financiaran déficit público. Es decir, mientras que financiaban déficit público, todo iba bien, se les permitía mantener la ocultación de patrimonios defraudados y, además, se les otorgaba rentabilidad. La del año 1991 fue algo menos escandalosa porque también era una auténtica amnistía fiscal, formaba parte de una especie de corralito donde el dinero, una vez ingresado ahí, tenía que mantenerse en activos líquidos, no visibles —tampoco había listas de contribuyentes, se mantenía el anonimato—, pero en este caso, no era como en la situación anterior, en la amnistía de los años ochenta, en la que entraba dinero negro y salía dinero más negro todavía o, si prefieren, salía más dinero negro; o sea, entraba el dinero negro y salía dinero negro más intereses negros; en este caso no, en este caso ya estaba algo más regularizado.

Y, frente a eso, lo que se ha hecho en la regularización fiscal practicada por el Ministerio de Hacienda el pasado año ha sido esencialmente regularizar activos en el exterior a cambio de una tasa fiscal más baja y, sobre todo, de la declaración de unas bases imponibles que van a estar año tras año sometidas a imposición y que, por tanto, la eficacia de esta regularización fiscal la iremos viendo año tras año en los próximos ejercicios. Y no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de más de 40 000 millones de euros. Por tanto, entendemos —desde luego, así lo entiendo yo— que la medida ha resultado eficaz.

Por tanto, la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuanto a la persecución del fraude fiscal, en cuanto a la regularización tributaria no tiene nada que envidiar, absolutamente nada que envidiar a ninguna situación del pasado. Y como tenemos esa convicción, estamos dispuestos no solamente a debatir sobre ello, sino también a demostrarlo en cualquier momento.

Por consiguiente, titulares facilones, como que se está provocando, etcétera, aparte de tener unas consecuencias sociales muy delicadas, tienen como segunda derivada un muy mal debate político.

En cuanto a la política monetaria del Banco Central Europeo, ahí es donde radican algunas de las críticas más importantes y desde mi punto de vista más desatinadas que he oído esta tarde, algún portavoz ha apuntado la necesidad de financiar directamente el déficit público desde el Banco Central Europeo; incluso ha hablado de hipocresía, qué hipocresía permitir que el Banco Central Europeo financie a los bancos y que estos luego compren la deuda del Estado, y que por qué no financia directamente la deuda del Estado. Pues bien, eso nos retrotraería a la monetización de déficit, que es algo que se abandonó hace treinta años, en España hace más de cuarenta años que se abandonó esa mala práctica porque era inflacionista.

Y este es uno de los elementos esenciales de la actual coyuntura económica que no se ha mencionado hoy aquí. La tasa de inflación en España se mantiene históricamente baja; ningún año —que yo recuerde— se ha obtenido una tasa de inflación como la de 2013, lo cual invalida gran parte de los discursos que aquí se han hecho. Es decir, a los que se preguntan qué ha pasado con los pensionistas, que han perdido poder adquisitivo, he de decirles que no, no lo han perdido, lo perdieron en el año 2011, cuando se les congelaron las pensiones, porque con una tasa de inflación del 3% y las pensiones congeladas perdieron poder adquisitivo. Este año 2013, con un crecimiento de las pensiones del 1%, en el caso de las pensiones más bajas del 2%, habrá una ganancia de poder adquisitivo entre 0,5 y 1,5%, más o menos; ganancia de poder adquisitivo, año 2013.

Y para el año 2014 y sucesivos nosotros hemos reflexionado, creo que hemos debatido y hemos tratado de explicar a todos los grupos políticos y también a la sociedad española que la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo es no solamente una garantía de futuro para los pensionistas sino también una garantía de presente para el propio sistema de la Seguridad Social. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Para los años 2014 y sucesivos, el factor de revalorización de las pensiones, basado en índices de sostenibilidad y en el concepto claro, en la idea de que las pensiones tienen que ser garantizadas en España dentro de diez, veinte, cuarenta años, cualquiera que sea la evolución




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demográfica, nosotros hemos considerado y pensábamos —y seguimos pensando— que la sociedad española será receptiva a la idea —esta misma semana lo aprobaremos en el Pleno del Senado— de que la garantía de sostenibilidad del sistema de pensiones no es meramente, ni siquiera principalmente una cuestión de si este año suben o bajan un 0,5% de poder adquisitivo, no son los tres euros que apuntaba algún portavoz anteriormente de revalorización de la pensión media, es la garantía de que quien está cobrando hoy la pensión media dentro de veinte años va a seguir cobrándola, y tal garantía se consigue con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que tiene una capacidad de varios años para ajustar los cambios demográficos y económicos: número de cotizantes, importe de las cotizaciones, etcétera. Este fondo de garantía de la Seguridad Social permite el ajuste a medio plazo, pero el ajuste y garantía a largo plazo del sistema exige precisamente una concepción del sistema de Seguridad Social basado no en un concepto de ajuste inflacionista —ya saben que por ley los ajustes inflacionistas han quedado prácticamente suprimidos en todas las actividades de la economía española— sino en un ajuste que se pueda pagar cada año para garantizar que todos los años en el futuro se pueda pagar. Es tan sencillo como eso, y, quizá, algunos grupos políticos en su clientela y a corto plazo tengan la opción de decir que se les está quitando tres, cinco o diez euros, pero no es verdad. Se les está dando la tranquilidad de que van a cobrar en el futuro.

Les voy a poner un ejemplo que puede no ser muy ajustado al caso pero conceptualmente puede servir. ¿Se acuerdan ustedes cuando en los años 2007, 2008 y 2009, que fue cuando la cosa floreció plenamente, se metió en las preferentes a gran parte de los depositantes de depósitos a plazo fijo en la banca? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Gobernaba el señor Zapatero. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tenía que haberlo regulado, estaba gobernada también por un señor socialista, y el Banco de España, también, por un gobernador socialista. Se acordarán ustedes, ¿no? Por cierto, con el apoyo que se ha dado para la recapitalización bancaria se han garantizado los depósitos, todos los demás se han perdido, incluidos los propietarios de preferentes. Esto nos lo recordaba el gobernador del Banco de España hace unos días en esta sede, en el Senado. Pues bien, con las preferentes lo que se hizo fue cambiar un activo fijo seguro, aunque podría dar rentabilidad negativa en un momento dado, por un activo que se decía que iba a dar muy buena rentabilidad y que iba a cubrir la inflación sin problemas, incluso dar algo más, pero que introducía un elemento de riesgo que no se apreciaba, que no se valoraba, que no emergía, que no estaba claro. Además, se llamaban preferentes, aunque no tenían preferencia ninguna.

A ver si con el debate de las pensiones algún grupo está haciendo algo parecido, es decir, está cambiando pensiones seguras a largo plazo con sostenibilidad garantizada por debates a corto plazo, muy brillantes, diciendo que se les están quitando unos euros, que vamos a mantener rentabilidades, que vamos a pagar el ajuste de inflación, etcétera, sin garantizar la solvencia futura del sistema de las pensiones, porque, en ese caso, sí sería asimilable al caso de las preferentes. Expongo esta cuestión para su reflexión, porque es tan importante que exigiría que nos pusiéramos todos de acuerdo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Menciono, por último, la cuestión de la inversión territorial. Estos presupuestos distribuyen la inversión territorial de acuerdo con criterios de racionalidad económica. Las inversiones se hacen donde hay que hacerlas. Los proyectos de inversión se desarrollan donde hay que hacerlos. Bien es verdad que algunos ralentizados porque la situación económica da para lo que da, y como da para lo que da y estos son presupuestos austeros, no podemos ir con la celeridad que a todos nos gustaría en algunos proyectos de inversión que consideramos necesarios para el territorio español. El que en una comunidad autónoma, en una región, haya modificaciones, incluso alteraciones importantes de los porcentajes de inversión que se destinan a esa región frente a los del año anterior, a los del año siguiente, forma parte de la estricta normalidad de los proyectos de inversión; los proyectos de inversión son los que son, se elaboran técnicamente, se entiende que se les aplica algún tipo de análisis para establecer preferencias entre ellos, y sobre la base de esas preferencias, algunos territorios, algunas comunidades autónomas salen beneficiadas en relación con la media un determinado año y otras comunidades autónomas lo serán en algún otro año. Basar en eso un agravio o tratar de reflexionar sobre que se maltrata a determinadas comunidades autónomas porque en un determinado ejercicio los proyectos de inversión, preferentes o prioritarios, se realizan en otras comunidades autónomas cuando ya lo fueron en el pasado, es




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ignorar la historia y, sobre todo, la racionalidad de lo que se espera de la inversión en infraestructuras en una unidad nacional como es el caso de España.

Por tanto, nosotros apoyamos los presupuestos íntegros, con todos sus elementos. Son unos magníficos presupuestos. Son austeros, pero al mismo tiempo promueven el crecimiento, pero no el crecimiento sobre la base del impulso fiscal, sino el crecimiento para crear pilares firmes en el futuro. En eso estamos, y estamos convencidos de que el año 2014 será muchísimo mejor que 2013, incluso que será muchísimo mejor de lo que algunos, muchos, atisbamos en estos momentos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Utrera.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca. ¿Van a compartir turno? (Asentimiento.)

Gracias.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

El tercer presupuesto de la era Rajoy da total continuidad a la desigualdad, a la exclusión y a los golpes perpetrados contra Asturias desde hace dos años y que profundizan en su decadencia; golpes que comenzaron con la eliminación de los fondos mineros por acuerdo del primer Consejo de Ministros celebrado por este Gobierno; continuaron con la paralización, el abandono y el olvido de imprescindibles obras de infraestructuras de transporte que ya estaban en plena ejecución; prosiguieron con cierres empresariales tolerados y recortes de ayudas en sectores como la agroganadería; prolongaron con trabas al sector naval o a la industria básica, y persistieron con el denominado déficit a la carta; golpes que culminan ahora con una merma récord de nada menos que el 31,6% en materia de inversiones, que incluso ha sido resaltada por la prensa nacional y por los analistas políticos y económicos, tan poco dados habitualmente a ocuparse de los asuntos asturianos.

Se consignan 291 millones de euros, lo que equivale al 3% del total nacional, y por lo tanto, estamos ante el mayor hachazo, con diferencia, de las comunidades autónomas, trasladando el bajonazo inversor a niveles de hace casi un cuarto de siglo. Si se restan, además, los retrasos en las licitaciones que se anunciaban para comienzos de esta X Legislatura y los retrasos en la ejecución de obras, que suponen algo más de 100 millones de euros en lo que va de mandato, tenemos una radiografía muy precisa del agujero negro al que el Gobierno de Rajoy ha arrastrado a nuestra región, por mucho que sus parlamentarios de apoyo y sus editorialistas al contado traten de disfrazar la realidad de las cifras y edulcorar los negativos efectos que tendrán en el crecimiento económico, en la creación de empleo y en la demografía regional que, emigración aparte, ya alcanza tasas de envejecimiento récord en Europa.

Un proyecto de ley como este de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 solo cabe interpretarlo como una agresión y una nueva muestra de ensañamiento del Gobierno hacia nuestra tierra. ¿Y qué dice el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando se le señala esta marca del 31,6% de rebaja inversora presupuestaria? Pues que Asturias se equivoca si cree que tendrá más crecimiento y empleo por un poco más de inversión pública; o sea, el señor Montoro proclama ahora exactamente lo contrario de lo que sostenía cuando estaba en la oposición o de visita electoral para reclamar el voto.

En medio del chaparrón de palos y garrotazos, en el centro de este saco de golpes en el que el Gobierno de Rajoy ha reconvertido a Asturias hay un millón de habitantes perjudicados que son protagonistas, muy a su pesar, de algunos de los indicadores estadísticos oficiales más negativos de España: mantenemos un año más la última posición en tasa de actividad, quintuplicamos la media nacional interanual del incremento del desempleo, y por citar la referencia de política industrial y minera, el declive es continuo: castiga a las áreas fabriles más importantes y se persiste en un alto riesgo de pérdida de actividades, con lo que eso significa en términos de empleo directo, indirecto e inducido, que tengamos 114 000 parados y 100 000 asturianos inmersos en la pobreza.

¿Y cuál es la respuesta del Gobierno de Rajoy ante este panorama desolador para Asturias? Unos presupuestos generales que los ministros y la vocinglería al uso califican de presupuestos de la recuperación. Sí, sí, de la recuperación. Verlo para creerlo. Recortan a Asturias nada menos que




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el 31,6% en inversiones, y la propaganda oficial y los publirreportajes nos auguran recuperación, creación de empleo y solidaridad, a la par que nos recetan que no nos quejemos y que no vayamos de víctimas. Hablar de recuperación en Asturias suena a broma macabra.

Hacía referencia el portavoz del Grupo Popular al sistema de financiación autonómica. Suena, una vez más, a hueco y a vaciedad. Naturalmente que hace falta reformar el sistema de financiación. Es uno de los compromisos principales del Partido Popular, y se va a necesitar más de la mitad de legislatura para cambiar un sistema que el propio Cristóbal Montoro calificó de ejercicio de petulancia y de prepotencia rayana en el delirio. Un sistema, el actual, que es muy perjudicial para algunas comunidades autónomas, desde luego para Asturias, y sin embargo el Gobierno de Rajoy, fiel a su costumbre, ha ejercido de don Tancredo en lugar de dar cumplimiento a su propio programa y corregir la petulancia, la prepotencia, el delirio y las numerosas descalificaciones con las que el PP recibió el vigente y nocivo sistema de financiación autonómica en las Cortes Generales.

El Gobierno de Rajoy y el grupo que lo sostiene se han desentendido contumazmente de los principales asuntos y prioridades de nuestra sociedad, incumpliendo un día sí y otro también los compromisos electorales. Ya saben aquello de: lo primero, el empleo; aquello de bajar los impuestos para favorecer el crecimiento económico; aquello de adelgazar la Administración y recortar el sector público; aquello de subir las pensiones, y todas aquellas promesas reconvertidas en estos dos años en una sarta, no de fantasías, sino de embustes.

Este proyecto de ley, dañino, es el que, según sus propios paladines, dará una lección de economía al mundo, lección de economía que, ¡atención!, en el caso de Asturias incluye prácticas de oscuro laboratorio experimental. Al frente de ellas, el mismísimo delegado del Gobierno, que lleva una semana reconvertido en funciones puras y duras de gobernador civil, dictando públicamente pautas, sin rubor y sin pudor, con orientaciones al Partido Popular y a su grupo de diputados en el Parlamento regional para que aprueben el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno socialista y así dar continuidad a una política autonómica ajena a la realidad y a las auténticas necesidades de los asturianos.

Este es el Gobierno de Mariano Rajoy en estado puro, o mejor dicho, en estado impuro, el que hace dos años, también al alimón con idénticos socios de ahora, ya compadres, propició el bloqueo de la acción del Gobierno autonómico de Álvarez-Cascos vetándole sus primeros presupuestos y prorrogando automáticamente los presupuestos socialistas de 2010. El Gobierno de Rajoy que interfirió en las negociaciones políticas para un nuevo Gobierno tras las elecciones autonómicas de 2012, con una amenaza de intervención de las cuentas públicas asturianas. El Gobierno de Rajoy que ahora, en 2013, patrocina incluso, sin conocer las cifras y los artículos de la ley, el apoyo a una ley presupuestaria socialista con mando a distancia y cornetín de órdenes en la delegación del Gobierno en Asturias. ¡Qué lamentable exhibición, señores del PP!

Así es el tétrico horizonte para una Asturias aislada, excluida, transformada en saco de golpes y de recortes, damnificada por esta extravagante forma de hacer política que está escribiendo las páginas más negras de su reciente historia, con firma socialista y rúbrica del Gobierno de Rajoy. Una Asturias que retrocede alarmantemente, que profundiza aún más en su decadencia y que ve cómo se acelera la liquidación de su sector minero y cómo se plasma en estos Presupuestos Generales del Estado el sistemático incumplimiento de los mandatos de la Constitución, prorrogando la discriminación y aumentando la marginación con este colosal ejercicio de insolidaridad territorial y asfixia en forma de Ley de presupuestos.

Ante semejante panorama, votaré a favor de todas las enmiendas a la totalidad presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

El debate sobre si estamos en una fase de recuperación o en una fase de estancamiento ni es baladí ni es meramente semántica. Si estamos, como pensamos los senadores de Izquierda Unida, en una situación de estancamiento, ello significará que durante muchos años —y en eso coinciden los análisis de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional— mantendremos unos




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niveles de desempleo insostenibles. Insostenibles porque tendrán repercusión inmediata en el mantenimiento de un bajo nivel de consumo interno, que si también va acompañado de un largo periodo de restricción crediticia, sin ninguna duda nos meterá en un círculo vicioso de muy difícil salida. Hay ejemplos, algunos Estados, como Japón, vivieron diez años de estancamiento económico. Si nuestro país, después de siete u ocho años de crisis, abre un largo periodo de estancamiento económico, estaremos condenando a varias generaciones a una realidad económica y social incompatible con el mantenimiento de unos estándares de condición de vida mínimamente dignas. Por lo tanto, es muy importante aclarar en qué momento estamos, si estamos en el momento del estancamiento, como pensamos nosotros, o estamos en el momento de la recuperación, como de forma excesivamente optimista ha ratificado en su discurso —hoy otra vez— el ministro, señor Montoro.

Pero si incluso dialécticamente aceptamos el planteamiento de que estamos en una fase de recuperación, la segunda pregunta pertinente es: ¿de recuperación de qué? ¿De recuperación de los resultados macroeconómicos? ¿De recuperación e incremento del margen de beneficio, de la acumulación de capital o de recuperación del Estado de bienestar? Y la respuesta es obvia, pues la pregunta que acabo de formular no deja de ser meramente retórica. Este presupuesto —lo ha dicho el señor Montoro— es una parte más de las reformas estructurales, pero las reformas estructurales se han realizado y ejecutado no solo como respuesta a la crisis y a los ajustes y recortes impuestos por la crisis, sino como un cambio del modelo social en nuestro país. (Rumores.) Por lo tanto, las reformas estructurales se imponen para siempre, y van a garantizar que durante muchas generaciones no haya una recuperación del Estado de bienestar. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: De alguna manera este proyecto de presupuestos, al ratificar esas reformas estructurales, ofrece a la sociedad española, una vez más, el mensaje de perder toda esperanza de que la recuperación va a significar la recuperación del Estado de bienestar y de que la salida de esta crisis se va a traducir en volver al punto anterior a la crisis en prestaciones sociales y en servicios públicos esenciales. No es esa la voluntad del Gobierno, no es esa la voluntad de este proyecto de presupuestos. Porque, además, las obligaciones y exigencias del pago del elevado nivel de endeudamiento —que no solo no se reduce sino que aumenta, y ya se anuncia que para el entorno de 2015 y 2016 superará el cien por cien del producto interior bruto— y la amortización de la deuda se van a convertir en una losa que, incluso con esa recuperación de la que ustedes hablan —la recuperación de la macroeconomía y de los beneficios empresariales— impedirán que existan recursos para la recuperación del Estado de bienestar. Seguiremos pagando durante varias generaciones ese más del cien por cien del PIB de endeudamiento, y seguiremos pagando durante varias generaciones las ayudas a la banca, con el doble mecanismo: el de ayudas a la banca que se reconoce públicamente y se cuantifica, y con ese otro mecanismo oculto de ayuda a la banca que fue su alta participación —como dije en mi anterior intervención— en la adquisición de deuda soberana. Durante el tiempo que tardemos en amortizar la parte de la deuda soberana, de la que son hoy titulares las entidades financieras, seguiremos contribuyendo al saneamiento encubierto de las entidades financieras, a cargo de la sociedad. Por tanto, al final, cuando haya que evaluar qué puso la sociedad española para lograr el objetivo de saneamiento de una banca que durante muchos años seguirá sin hacer fluir el crédito, porque no lo necesita, porque tiene otros mecanismos para conseguir beneficios con mayores garantías y menor riesgo, habrá que sumar lo que a la banca transferimos en el pago de intereses de esa parte de la deuda soberana de la que son titulares.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

En mi intervención anterior he comenzado recordando una frase que empleó el señor Montoro en el debate de Presupuestos Generales del Estado del año pasado, con la que venía a decir que 2013 sería el último año de la crisis económica. Esa frase la he enmarcado dentro del espíritu




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de comunicación, de marketing y de venta, que es lo que tienen estos presupuestos. Es decir, figuran unos números y unos mensajes, cuando la realidad, el contenido es bien otro. Porque las familias que tienen un salario medio o las que mantienen algunos miembros en desempleo no han percibido ninguna de las señales que el Partido Popular dice que hay, no las perciben para nada, y estamos viendo que desde 2012 los salarios han disminuido y van disminuyendo de una manera notable. Es decir, además de un gran desempleo, bajan los salarios, lo que, evidentemente, es también consecuencia de la reforma laboral. Esto es lo que quiero trasladarles, porque este es el ejercicio de comunicación y de marketing que ha realizado y viene realizando el señor ministro, y como muestra un botón. En el Congreso de los Diputados ha dicho que los sueldos están subiendo con moderación. Pues díganle a las familias que sus ingresos actualmente están subiendo con moderación. Pero no es solo eso, es que además la desigualdad entre los que más ingresan y los que ingresan menos está creciendo de tal manera que se ha disparado en España desde el inicio de la crisis, y el Estado español está ya a nivel de Rumania, Bulgaria y Letonia, encabezando la desigualdad de la Unión Europea. ¿Y cuáles son los efectos? Evidentemente, hay un menor consumo. ¿Y esto qué quiere decir? Que los ciudadanos pierden capacidad adquisitiva, y por ende, ¿cómo se va a estimular el consumo? Por eso, tanto el ministro como el senador Utrera decían que la recuperación está basada en el favorable comportamiento del sector exterior, con una demanda interna congelada, con la renta de las familias descendiendo y, tal como les he dicho, con los salarios bajando.

Antes hemos hablado de paro y de bajada de salarios, y nos toca hablar también de pobreza. El señor ministro nos decía que 2013 sería el último año de la crisis económica en el Estado español. ¿Cómo se encaja ese mensaje con el dato de que casi uno de cada cuatro españoles está en situación de pobreza? ¿Cómo se encaja? O, ¿qué les contamos a los más de tres millones de personas que en estos momentos viven en situación de pobreza severa? Es decir, hay más de tres millones de personas que viven con menos de 307 euros al mes, con menos de 307 euros al mes, con menos dinero de lo que cuesta cada uno de los viajes que hacemos para venir aquí, con menos dinero. O, ¿qué les podemos contar a los jóvenes que ya no son ni mileuristas, cuando el concepto de mileurista como algo negativo ha quedado atrás? ¿Qué les contamos? Tal como les he dicho, y para finalizar con este apartado, nosotros opinamos que en estos momentos estamos viviendo los presupuestos de la comunicación, del marketing y de la publicidad y que poco se corresponden con la realidad.

Doy paso —aunque al señor Utrera no le guste— a la realidad de Euskadi, es decir, qué suponen estos presupuestos para Euskadi. Es verdad que al final de su alocución ha hecho una serie de referencias a los ciclos, etcétera, pero no le he entendido qué ha querido decir o si ha hecho alguna referencia a la situación que yo he planteado que se estaba dando en Euskadi, porque lo mismo que ha sido muy claro desde el principio en su alocución y nos ha dicho desde el primer segundo que no iban a aceptar ninguno de los vetos, ninguno, es lo primero que ha dicho —que hasta nos ha sorprendido a todos—, en este tema no ha tenido la suficiente claridad.

¿Qué estamos planteando nosotros? Nosotros entendemos —¡cómo no vamos a entenderlo!—, que se trata de una situación muy delicada y que se tienen que adecuar las inversiones a esta situación, ¡cómo no! Ahora, lo que sí planteamos es: primero, que se cumpla con los compromisos adquiridos, y segundo, que se cumpla con las prioridades marcadas por la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? Que se cumpla con el eje mediterráneo y que se cumpla con el desarrollo del eje atlántico, porque el eje atlántico supone, señorías, el 30% o 40% del PIB de la zona euro, y si ese eje no se desarrolla, evidentemente, las consecuencias serán muy importantes, porque estamos hablando de la relación con la Unión Europea. Ya lo he comentado alguna vez. ¿Saben sus señorías cuál es el tiempo que se tarda en viajar en tren desde Madrid, pasando por Irún, a París? Quince horas y media; mientras que de París a Londres —salvando, evidentemente, las distancias— se tarda una hora y media. ¿Me van a decir que esto no tiene incidencia en la economía, que no tiene incidencia en el futuro o que no tiene importancia en el desarrollo de Euskadi? Son compromisos adquiridos, y se tienen que cumplir. Pero fíjense que muchas veces lo único que les pedimos es que nos den un calendario, que nos marquen los objetivos, que nos marquen la planificación, que nos marquen una estrategia, pero nada de nada. ¿Saben por qué? Porque no tienen ningún interés, y cuando les digo que no tienen ningún interés es porque no tienen ningún interés electoral, y eso es lo que verdaderamente les está pesando, interés que sí




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tienen en alguna otra comunidad, y por eso la desarrollan de otra manera, sin llevar adelante las estrategias y prioridades que marcan ustedes en sus planes y también la Unión Europea.

Para finalizar quisiera referirme a una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara. Si se tratara solamente de una enmienda lo plantearía en el ámbito que correspondiera, pero es una enmienda que tiene que ver con un debate que se generó no hace mucho tiempo en el Congreso de los Diputados, a instancias de UPyD, en relación con una moción consecuencia de interpelación urgente, en la que se cuestionan una serie de derechos para personas que han salido de la cárcel, entendiendo que, en tanto en cuanto no condenen o realicen una serie de acciones, no van a ser proveedoras de una serie de derechos. Yo podría entrar en ese debate diciendo que una persona que ha cumplido su pena de privación de libertad recupera automáticamente la totalidad de sus derechos, podría hablarles del artículo 25.2 de la Constitución, de las ambiciones de reinserción, socialización, etcétera de un Estado de derecho como es el español, pero no les voy a plantear nada de eso porque en estos momentos no nos interesa generar un debate en ese sentido. Lo que nos interesa es que este tipo de situaciones y problemas se inscriban dentro de una política de Estado para la paz y reposen sobre tres grandes principios que son: el principio de legalidad, el principio de realidad y el principio de consenso, porque por su importancia debe aplicarse buscando el más amplio consenso y, evidentemente, siempre con un criterio básico: el respeto a la dignidad de las víctimas, y con criterios de no excepcionalidad. Desde un punto de vista democrático, la excepcionalidad es del todo desaconsejable, y es mucho más positivo y aporta mucho más a la democracia y al desarrollo del Estado de derecho que se necesiten y se utilicen patrones de normalidad tanto penal como penitenciaria. Estas son las reflexiones, expresadas en mi primera intervención, por las que justificamos nuestro veto.

Por otra parte, no se ha respondido a lo que nos preocupa principalmente —aunque le pese al senador Utrera—, porque a fin de cuentas, nosotros representamos lo que representamos, y principalmente en Euskadi, en ese sentido entendemos que necesitamos y que tenemos derecho a que se nos conteste y a que se haga una previsión de futuro. Por todos estos motivos, presentamos nuestro veto y pedimos su apoyo. (Rumores.)

Por último simplemente quería decirles que es muy difícil llevar a cabo un debate y una reflexión, con un continuo diálogo y murmullo, porque es muy difícil concentrarse.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

En primer lugar, quiero anunciar que vamos a votar afirmativamente los nueve vetos a la totalidad que se han presentado a los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, fundamentalmente porque compartimos, si no absolutamente todas, sí la mayor parte de las exposiciones que han realizado los distintos portavoces de los grupos parlamentarios. Y, en segundo lugar, quiero realizar algunos comentarios al hilo de las intervenciones del señor ministro y del portavoz del Grupo Popular, señor Utrera. Como hemos dicho, nueve vetos a la totalidad, 58 vetos a las secciones, casi 4000 enmiendas parciales. En fin, creo que estamos batiendo el récord del parlamentarismo español en cuanto a contestación de unos Presupuestos Generales del Estado, francamente.

El ministro nos habla —y me lo he apuntado— de un gran esfuerzo para llegar a una aceptación muy importante de enmiendas. Cualquier persona que dentro de unos años lea el Diario de Sesiones, cuando lea las palabras del ministro deducirá que de las casi 4000 enmiendas se habrán aprobado 400, 200, 100. Pues no, en la ponencia se incorporaron tres, menos del 0,01%. Este es el gran esfuerzo del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular: la aceptación de tres enmiendas, aparte, evidentemente, de las propias, de las suyas.

En segundo lugar, el senador Utrera nos ha hablado bastante de los Presupuestos Generales del Estado del 2011 y de si en ellos quedaba reflejada o no la aceptación por parte del Gobierno Zapatero de la crisis, etcétera, etcétera. Yo les sugiero, señorías, un pequeño ejercicio, y es que repasen las miles de enmiendas que ustedes presentaron a los Presupuestos Generales del Estado del año 2011. De haberles hecho caso solo en el 10%, se hubiese experimentado en este




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país un aumento exponencial del déficit y la deuda pública, porque ustedes en aquellos presupuestos lo que practicaban era aquello de: Zapatero cicatero, pon más dinero. Esto es lo que ustedes hacían en el 2011.

Por lo tanto, esto me sugiere dos preguntas: una, ¿no se habían enterado de que estábamos en crisis en el año 2011? Dos, lo que sería peor, demostrando cuál es la política antipatriótica que practicaban en aquellas épocas: el cuanto peor, mejor, que todos conocemos, o aquello de que España se caiga, que España se hunda, que nosotros ya la levantaremos. Esto es lo que ustedes decían en el año 2011.

En cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit, el señor Utrera dice que este año se va a mantener el 6,5%. Nosotros lo dudamos, lo veremos dentro de poco. Nosotros creemos, como apuntan bastantes estudios, que será en torno al 7 o 7,5% si tenemos en cuenta que tendremos que añadir la parte proporcional de las ayudas al sector financiero, que también computan como déficit.

Senador Utrera, ¿dónde vamos a discutir que no sea en esta Cámara sobre cómo afectan, que impacto tienen los Presupuestos Generales del Estado en las administraciones públicas? ¿Dónde si no en la Cámara de representación territorial podremos discutir qué dicen los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo, de las administraciones locales y de las comunidades autónomas? ¿Dónde si no lo haremos? Por cierto, cooperación económica local: liquidación definitiva, defunción, podemos ir a los funerales. Ha desaparecido totalmente la cooperación económica local, los planes provinciales de obras y servicios, el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, los programas de ayuda a los municipios para la financiación de municipios de menos de 20 000 habitantes. ¿Y dónde si no vamos a discutir sobre la financiación de comunidades autónomas? Por cierto, el próximo año se debe, por ley, discutir y aprobar un nuevo sistema de financiación, y en los Presupuestos Generales del Estado o yo no lo he sabido encontrar o no hay ni una palabra al respecto sobre esta cuestión.

El señor Utrera también ha hablado del poder adquisitivo de las pensiones. ¿Cómo vamos a hablar del aumento del poder adquisitivo de las pensiones cuando aumenta el IRPF, cuando aumenta el IVA y cuando se anuncian nuevos copagos? ¿Es que esto no repercute en los bolsillos de los ciudadanos?

El senador Utrera ha hecho una reflexión sobre las preferentes y sobre el Banco de España y, en este sentido, quiero aclarar dos cuestiones. En primer lugar, las preferentes se empezaron a comercializar muchos años antes de 2007 y, en segundo lugar, la incorporación de los pequeños inversionistas en las preferentes fue consecuencia de una reforma del año 2003 y, que yo sepa, Zapatero todavía no gobernaba, gobernaba otro.

Por otro lado, senador Utrera, me ha parecido sorprendente que hablara del Banco de España y dijera que estaba gobernado por los socialistas. Tal vez es que empezamos a entendernos y es que ustedes sí creen realmente ―y lo deben practicar― que el Banco de España lo ha de gobernar el Partido Popular. Pues no. No debería estar gobernado ni por el Partido Popular ni por nadie porque el Banco de España es un organismo independiente.

Finalizo mi intervención diciendo que ustedes hablan de estabilidad y de recuperación y, en este sentido, siempre me viene a la cabeza la idea de aquel mal estudiante que el primer trimestre suspende una asignatura, el segundo trimestre suspende dos y el tercer trimestre llega eufórico a su casa y les pide a sus padres que le feliciten porque se ha estabilizado, continúa suspendiendo dos, pero se está recuperando porque en vez de suspender con un 3, ahora lo hace con un 3,2. Creo que este es el concepto que ustedes tienen de estabilidad y de recuperación; es decir, el concepto de un mal estudiante.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, en este turno de portavoces quería ampliar alguna cuestión que me había dejado en el tintero, pero creo que la intervención del senador Utrera me lo va a impedir porque tendré que hacer algunas aclaraciones.




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El cuadro macroeconómico, como he dicho en mi intervención inicial e insisto ahora, me parece mucho más realista que los cuadros macroeconómicos que presentaron en anteriores ocasiones, pero tampoco es como para echar las campanas al vuelo; habrá que vigilar. Confiamos toda nuestra suerte a la evolución del sector exterior y dejamos que nuestro crecimiento del PIB descanse exclusivamente en un crecimiento importante de las exportaciones, que parece indicar que se va a cumplir, pero no lo hacemos en función de la demanda interna ni de la evolución de las inversiones en el Estado español. Hay alguna incertidumbre respecto a la evolución del sector exterior. Tendremos que ver cómo evoluciona la economía norteamericana, tendremos que ver cómo evoluciona la economía de nuestros socios europeos, sobre los cuales también descansa este incremento de exportación, y tendremos que ver también cómo evoluciona la economía de otros países importantes, los BRIC, países sobre los cuales también pivota una parte de nuestro incremento de exportación. Por tanto, dejamos nuestra suerte del incremento de nuestro PIB un poco a las expectativas de la evolución del sector exterior, que no depende exclusivamente de lo que hagamos nosotros en el Estado español. En referencia a lo que hagamos nosotros, ustedes prevén todavía una caída de la demanda interna y una pequeña recuperación de la formación de capital bruto en España.

El senador Utrera manifestaba respecto a mi intervención y a la de algún otro portavoz que le causaba perplejidad. Pues bien, yo también puedo explicarle, señor Utrera, que me causa perplejidad su intervención. Y me causa perplejidad porque en algún momento usted ha especificado que estaba hasta las náuseas de determinados debates. Señor Utrera, si usted está hasta las náuseas de determinados debates le recomiendo que algún compañero farmacéutico de su grupo —me consta que los hay— le recete alguna pastilla o algún fármaco porque estos debates los van a tener de forma reiterada, les causen náuseas o no les causen náuseas, pues nosotros, igual que ustedes, representamos lo que representamos, y estamos tan legitimados para llevar los debates en esta tribuna como ustedes para legislar porque tienen mayoría absoluta. Por tanto, no les deben causar náuseas determinados debates.

Usted, refiriéndose concretamente a mi grupo parlamentario, decía: las políticas económicas del anterior Gobierno pivotaban en función de unos acuerdos que habilitaban ustedes en los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, son corresponsables. Nosotros somos correponsables de lo que somos. Hemos votado leyes a favor con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con UCD, y votaremos con quien tenga la responsabilidad de Gobierno, pero si mi memoria —yo creo que bastante confirmada— no me falla, en la última legislatura ningún presupuesto general del Estado fue aprobado por mi grupo. Es más, alguno de ustedes debe recordar que estos presupuestos eran rechazados sistemáticamente en el Senado porque tampoco contaban con nuestro apoyo. Si hacen números, si nosotros hubiésemos apoyado los Presupuestos Generales del Estado no se habrían rechazado mediante veto en este Senado y, por tanto, no cuentan con nuestro apoyo. Pero sí, efectivamente, hemos votado otras leyes del Gobierno socialista, como hemos votado leyes del Partido Popular, y continuaremos haciéndolo, y por eso no nos deben afear nuestra actitud.

El sistema de financiación. Vaya por delante. Usted me dice: no se preocupe porque lo vamos a reformar; dentro del ámbito reformista vamos a reformar también el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Hombre, pues visto su espíritu reformador y cuál es el resultado de todas las reformas, lo que dice el dicho en catalán y en castellano: virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Porque si continúan reformando en la misma dirección que están reformando las entidades locales, seguramente vamos a ir a peor. Pero analicemos concretamente algunos de los aspectos. Usted me decía: en el Fondo de Suficiencia Global no hace falta comparar si el global se ha reducido un 53% y en Cataluña un 65%, porque esto son menudencias. Son menudencias de 220 millones de euros; 220 millones de euros no son menudencias para la Generalitat de Catalunya, y creo que tampoco lo son para ustedes. Por tanto, estamos reivindicando algo que hemos venido reclamando.

Me dicen: ustedes estuvieron de acuerdo con el sistema de financiación de las comunidades autónomas en aquel momento. Efectivamente, pero en aquel momento no se planteaba ni se planteó un incremento brutal en el IVA, un incremento espectacular en los impuestos especiales, un incremento desmesurado en el IRPF, y todo esto se ha producido durante los últimos meses. Y estos incrementos del IVA, del IRPF y de los impuestos especiales, que no estaban contemplados




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en aquel momento, han beneficiado exclusivamente a las arcas del Estado y no a las de las comunidades autónomas. Por tanto, ustedes no nos han respondido a nuestro planteamiento de por qué todos los ajustes de consolidación fiscal vía ingresos se los apodera exclusivamente el Estado, y no dan posibilidad a las comunidades autónomas de que tengan ajustes vía ingresos en el objetivo de consolidación fiscal y de reducción del déficit.

El senador Utrera nos explicaba también que esto de la distribución territorial de las inversiones no se puede fijar en un año; estas inversiones no se hacen en Cataluña en el 2014 porque ya se han hecho en años anteriores. Y mi pregunta es ¿en qué años?, ¿en qué ejercicios presupuestarios?, ¿en qué ejercicios presupuestarios la inversión adquiere la dimensión del porcentaje del PIB en Cataluña? El año pasado no alcanzaba el 12% y estábamos hablando del 18%; el anterior un porcentaje similar; en el 2011 tampoco lo alcanzamos, ni en 2010, ni en 2009, ni en 2008. Por tanto, esta excusa de que no se puede fijar un año porque hay inversiones prioritarias en un ejercicio que no lo son en otro y que en el cómputo global esta inversión se territorializa de forma similar a estos parámetros, no se corresponde con la realidad. Y para demostrarlo me dicen: el ejercicio presupuestario en que la inversión en Cataluña ha sido en un porcentaje superior al PIB que representa. Dígame uno, y después veremos si se compensa, porque si hacemos la suma de los últimos diez, quince, veinte años, siempre estamos muy por debajo de la media. Es verdad que a lo largo de estos últimos años hemos acentuado esta reducción, y de eso es de lo que nos quejamos y por lo que entendemos que este presupuesto no es de recibo.

Ha dicho usted que nuestros vetos se enmarcan en la categoría de vetos regionalistas o localistas. Señor Utrera, yo estoy aquí para defender lo que tengo que defender, para lo que mis conciudadanos me eligieron en la provincia de Tarragona. Y mi grupo representa lo que representa, el grupo mayoritario de Cataluña. Y usted ha de entender que tengamos que defender en la ley más importante los intereses de Cataluña. Y por eso no se tienen que descalificar nuestros vetos como localistas o regionalistas. Son vetos que defienden los intereses de nuestros territorios, de los territorios por los que hemos sido elegidos. Y esto en una Cámara que pretende ser territorial tiene todo el sentido del mundo. Nosotros también podríamos hablar de argumentos que no son estrictamente de carácter territorial, también los tenemos, pero en estos momentos entendemos que para presentar el veto estos son determinantes. Queremos dejar constancia en las actas del Pleno y queremos transmitir el mensaje de que en estos momentos estos presupuestos son absolutamente injustos con Cataluña. En toda su argumentación no nos ha dado ni una cifra para contrarrestar estos argumentos. Podrían argumentar, como algún representante del Partido Popular catalán, que se añadía en las inversiones todo el gasto corriente imputable al Ministerio de Fomento y que, en lugar de un 9%, las inversiones representan un 12%. Y lo podríamos discutir, pero incluso dando por bueno el 12%, no alcanza ni de lejos el 18%; no alcanza ni de lejos la inversión del año pasado. Podrían venir aquí, rebatirme y decirme: no, senador Bel, resulta que todo lo que nosotros presupuestamos, ejecutamos, y esta cifra del 30% de ejecución a 30 de junio no es buena o se va a resolver o se va a corregir en el último semestre del año, pero tampoco hacen esto.

Por tanto, nosotros mantenemos el veto, aunque ustedes lo califiquen de regionalista o localista, porque son unos presupuestos que no asignan los recursos suficientes a las comunidades autónomas. Y mantener que esto es así porque la LOFCA lo prevé cuando en este ínterin han cambiado la Ley del IRPF, han cambiado la Ley del IVA, han cambiado la Ley de Impuestos Especiales, han modificado todas esta leyes y dejan inmóvil la LOFCA, no es justo, no es de recibo y la distribución del ajuste fiscal —y ustedes seguro que son conscientes porque saben leer las cifras— es desequilibrada, y es mucho más exigente con las comunidades autónomas que con el resto de niveles de administración. Y esto tampoco nos lo rebaten. Dicen, bueno, ustedes se quejan siempre de lo mismo. ¿Pero sabe qué pasa, senador Utrera? Nos quejamos de lo mismo pero al final nos acaban dando la razón. ¿Se acuerda del debate de presupuestos del año pasado? La misma acusación: son enmiendas localistas, son vetos regionalistas. La misma canción de la distribución del déficit. ¿Y qué hacen unos meses después? Nos dan la razón con la canción del déficit porque modifican los objetivos de déficit; seis meses después modifican los objetivos del déficit en la dirección que nosotros les apuntábamos. Por tanto, también es bueno mostrar cierto grado de humildad en el momento de rebatir estos vetos, no sea que, como pasó el año pasado,




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rebaten los vetos y después el tiempo nos da la razón y se producen algunas de estas modificaciones, no le escondo que sin la intensidad que nos gustaría a nosotros. Y cuando la Unión Europea flexibiliza estos objetivos de déficit, una parte importante de esta flexibilización ustedes la asignan a las comunidades autónomas. Si no teníamos razón cuando nos quejábamos en diciembre del 2012, no se entiende que seis meses después, en junio del 2013, nos den ustedes la razón.

La distribución es asimétrica. La distribución del déficit —no nos cansaremos de exigirlo— es muy exigente con las comunidades autónomas: reducción del objetivo del déficit de un 23%, y muy poco exigente con la Administración General del Estado: reducción del déficit de un 2,35%. Por tanto, solo una décima parte del esfuerzo que se pide a las comunidades autónomas se lo aplica la Administración General del Estado.

Senador Utrera, simplemente quiero comunicarles que nosotros obviamente vamos a mantener el veto, y con la misma contundencia que usted ha manifestado que no van a apoyar ninguno de los vetos de forma absolutamente comprensible, también van a entender ustedes que nosotros vamos a apoyar cada uno de los nueve vetos presentados a estos Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador López García.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, senador Utrera, ha hecho usted algunas referencias a las cosas que interpreta de lo que nosotros decimos. La interpretación es libre. Naturalmente estamos deseosos de que el crecimiento económico se produzca en España, y cuanto antes, mejor, faltaría más. Otra cosa es que el crecimiento económico en sí mismo no es suficiente, hay que hablar de desarrollo, que es crecimiento más redistribución y, por supuesto, respeto a los sistemas naturales a la hora de crecer. Cuando hablamos de crecimiento donde el peso y la carga está sesgada claramente en detrimento de unos y a favor de otros es cuando estamos en desacuerdo, lógicamente. Si ustedes, en lugar de plantear una reforma laboral que deja prácticamente todo en manos de una de las partes, la parte más poderosa, hubiesen fomentado un pacto de rentas por la competitividad, por el empleo, por la moderación salarial, para hablar de la retribución de los ejecutivos, para hablar de la reinversión de los excedentes empresariales, naturalmente ese sería otro camino distinto que permitiría que no ocurriera lo que está ocurriendo por primera vez en España, y usted lo sabe, señor Montoro: segundo año que en términos de PIB las rentas empresariales están por encima de las rentas salariales, 46% frente al 44%, y ese es el resultado de una determinada política que crea unas condiciones que favorecen las expectativas de unos y perjudican claramente las expectativas de otros. Por tanto, no es una salida desequilibrada.

No vamos a negar que la situación es crítica y difícil. Ustedes vuelven a repetir otra vez lo de la herencia, están muy a gusto y muy cómodos con la herencia y, como le he dicho esta mañana y se lo reitero al señor Utrera, los problemas de hoy traen causa de las soluciones de ayer. ¿Fue el Gobierno de Zapatero el que se conjuró con la Internacional Socialista para crear la crisis económica en el mundo occidental? Y la alarma del G-20 cuando se produce la crisis, con comentarios tan ilustrativos de un ilustre epígono de la derecha, como el señor Sarkozy, diciendo que había que refundar el capitalismo, seguramente no sea achacable al señor Zapatero, ¿verdad?

La cuestión es que cada uno tiene la cuota de responsabilidad que tiene, pero a mí me interesa menos el análisis del pasado que las propuestas para salir de la crisis. Había un comentario muy ilustrativo —desde luego no para seguirlo desde nuestro punto de vista, parece que ustedes sí le hicieron caso en buena medida— del señor Díaz Ferrán: Hay que trabajar más y cobrar menos, y hay que hacer un paréntesis en la economía de mercado. Fíjense qué dos frases más definitorias. Trabajar más y cobrar menos es lo que le estoy diciendo: la salida a la china de la crisis económica, que nadie lo niega. Pero hay otra forma de hacerlo, la de hacer un paréntesis en la economía de mercado, y es que estamos encantados con la economía de mercado cuando los beneficios afloran y los privatizamos razonablemente, todo el mundo invierte legítimamente para tener ganancias, pero cuando se produce un agujero como el que se ha producido en esta situación, fruto de la desmesura, de la codicia sin medida del sistema financiero básicamente, ahí sí estamos




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de acuerdo en hacer un paréntesis en la economía de mercado y en la socialización de las pérdidas; la única parte del socialismo que les gusta, le gusta al señor Díaz Ferrán, les gusta a ustedes, y también, por cierto, a la banca alemana, que no viene a hacernos un favor sino a buscar más beneficio, legítimamente. Cuando salen mal los negocios en la economía de mercado, uno pierde, pero cuando el poderoso es el que invierte y le sale mal, no pierde nunca, hay que repartir las pérdidas entre todos, y esto es lo que no es coherente ni lógico y lo que lleva a la gente a dudar de un sistema que establece reglas de juego según la conveniencia.

Nosotros creemos en Europa, ¿cómo no vamos a creer en Europa? Usted hace una interpretación absolutamente libre de mis palabras de esta mañana. Con lo que no estamos de acuerdo es con que la única política que se puede hacer en Europa sea la política de derechas. España no tiene salida sin Europa, esto es evidente. Nos integramos con pleno conocimiento, hicimos la cesión de soberanía con pleno conocimiento. Es verdad que la arquitectura de la Unión Europea ha sido insuficiente o deficiente para abordar una situación como esta y los países de la periferia lo están sufriendo; es un hecho y ustedes lo están diciendo, lo estamos repitiendo todos, hay que avanzar en la unión bancaria, en la unión fiscal, porque es evidente que es el resultado de la falta de definición adecuada.

Pero no cabe duda de que ha sido un fracaso sin paliativos la manera en que la Unión Europea ha pretendido fijar el calendario de reducción del déficit, y no es por atribuirnos méritos, pero el secretario general del Partido Socialista, el señor Rubalcaba, lo dijo en la campaña electoral, no negando la crisis, sino diciendo que para salir de ella una de las herramientas que hay que manejar para reducir el déficit tiene que ser una política sensata, que tiene que ver con los gastos y con los ingresos, con ambas cosas, pero evidentemente no se hizo así, se fue hacia una opción compartida e impuesta o impuesta y aceptada, una solución pretendidamente galopante que ha dado el resultado que ha dado. Nosotros en el ámbito parlamentario hemos llegado a un acuerdo para plantear en Europa que esto es una insensatez y nos hemos alegrado de hacer un planteamiento de flexibilización de ese calendario. Pero se podían haber evitado muchos errores, mucho sufrimiento y un impacto negativo en la economía, en las empresas y en el empleo si desde el principio se hubiese hecho de otra manera, y eso es lo que estamos diciendo, no que no creamos en Europa. ¡Cómo no vamos a creer en Europa! ¡Si España no tiene salida fuera del ámbito de la Unión Europea! Pero hay otra forma de hacer las cosas, y eso es lo que le estamos planteando.

El señor Utrera nos ha dado una teórica sobre las funciones de la Agencia Tributaria, que le agradezco, pero nos acaba imputando que los comentarios que hacemos acaban debilitando la percepción que los ciudadanos tienen de ella; no es así, lo que acaba debilitando la percepción de la Agencia Tributaria son determinadas prácticas que no entienden los ciudadanos, eso es lo que debilita su credibilidad. Y yo no estoy dando titulares; lamentablemente, los titulares este fin de semana los ha dado el señor ministro. No hemos sido nosotros. Cuando se ha producido en el caso CEMEX la discusión sobre si eran 450 o eran 15, yo no voy a entrar en debates técnicos que desconozco, pero no pretenda usted colocar todo esto en el ámbito de la asepsia absolutamente técnica cuando la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda que, como dije esta mañana, no es el brazo armado del PSOE, dice literalmente en relación con este asunto: Sesgo ajeno a criterios técnicos. Situación grave y anómala. Explíqueme usted cómo se interpreta esto. Y cuando se produce la dimisión del tercero de a bordo de la agencia —que no lo nombró el Gobierno del PSOE—, que ha sido el resultado de los trescientos ceses que ha habido en el mes de enero de 2012, la persona propuesta por el Gobierno, no sé si por el señor ministro directamente o por el director de la Agencia Tributaria, dice literalmente: Notables diferencias surgidas con la dirección sobre ámbitos esenciales de decisión del departamento de inspección. Por tanto, los titulares no los damos nosotros, ni tenemos ningún interés en que se desprestigie ni se deteriore la imagen de la Agencia Tributaria, son determinadas prácticas que podían haberse ahorrado, al igual que comentarios innecesarios que van en esa dirección.

Señor Utrera, las pensiones es un debate reiterado. Ustedes han reiterado una y otra vez lo de la congelación de las pensiones. En el ciclo de Gobierno del señor Zapatero, las pensiones crecieron en España en torno al 40%; en el anterior ciclo de Gobierno de ustedes, no llegó al 20%. Pero el problema ya no es ese, hablábamos de crecer la mitad o el doble, la cuestión es que, con lo que ustedes plantean en la Ley de presupuestos de 2014, pero, sobre todo, con la aprobación el jueves de esta misma semana de la Ley del Factor de Sostenibilidad —hablar de sostenibilidad,




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como ustedes dicen, es hablar de forma sostenida de los recortes—, lo que están planteando en el horizonte es una bajada de las pensiones del 20%. De eso es de lo que hablamos, por tanto, son cosas radicalmente distintas. Se lo decía esta mañana, y se lo reitero, los que están actuando para intentar llevar agua a su molino son los grupos financieros que creen que ante la incertidumbre sembrada con esta ley van a tener oportunidad de negocio fomentando los planes de pensiones privados. Por tanto, estamos hablando de formas distintas de enfocar las cosas, de cómo salir de esta situación de crisis, que no la ha provocado España.

El Gobierno anterior ha podido cometer errores, sin ninguna duda. Ustedes le imputaban el Plan E; pues bien, el Plan E es el resultado de una política con la que se intenta hacer estímulos fiscales desde todos los países desarrollados. En las reuniones del G20 se dice: Invirtamos, a ver si conseguimos parar en parte la hemorragia que representa en el conjunto de la economía occidental, pero fundamentalmente en España con la caída del sector de ladrillo. Y no voy a repetir que en la cocina donde se plantea ese guiso del comienzo de la orgia de especulación urbanística inmobiliaria y financiera estaban ustedes; lo que estoy diciendo es que no acaben trasladando siempre como arma arrojadiza algo de lo que ustedes tienen una buena parte de responsabilidad.

Y le digo que hay también formas distintas de hacer las cosas y de enfocar los asuntos. Usted es también senador por Andalucía, yo soy senador por la provincia de Jaén. Voy a poner dos ejemplos, puntuales pero sintomáticos. Incremento de los ingresos. Estamos hablando de reducir el déficit, de ser capaces de sostener políticas públicas, y estamos hablando, por tanto, de ingresos. Cuando en Andalucía se plantea un impuesto a los depósitos bancarios, ¿qué se hace? Recurrir al Tribunal Constitucional. Se hizo ya en Extremadura hace muchos años. Cuando se pierde, ¿qué se hace? Traer una ley y se pone un impuesto cuyo tipo es cero. ¿Planteamos que los que están en una posición de más ventaja contribuyan al sostenimiento de las cargas públicas, o no? Según ustedes no porque impiden que eso se lleve a cabo.

Eficiencia en el gasto. Seamos capaces de hacer más con menos, como dicen ustedes. De acuerdo. Seamos eficientes. Eficacia al menor coste, eficiencia. Cuando en Andalucía se plantea ser más eficientes no pensando en recortar servicios sanitarios básicos, sino en hacer una subasta de medicamentos que permita que los que no están en la indigencia, que son las grandes compañías farmacéuticas, compitan para ofrecer un mejor precio en la demanda de productos farmacéuticos que tiene Andalucía, ustedes lo que hacen es recurrirlo. Y tienen que explicar a los ciudadanos andaluces y españoles por qué hacen eso, qué intereses defienden, los intereses de las compañías farmacéuticas o los de los ciudadanos. Esa es una forma distinta de enfocar las cosas. Tendrían que explicarlo para que lo entendiera alguien si es que es posible que se entienda. Esta es la tarea del Gobierno, señor ministro, señor Utrera, y señoras y señores senadores del grupo parlamentario mayoritario que sostiene al Gobierno. Esta es la tarea. Y, efectivamente, hay maneras diferentes de emprenderla.

Dicen ustedes que ha bajado la prima de riesgo y nosotros nos alegramos de que haya sido así. ¡Cómo no nos vamos a alegrar! ¡Ojalá baje más! ¡Ojalá que tengamos menos gasto público! Pero atribúyanse los méritos que les corresponden, no todos. Nosotros tenemos un sentido del patriotismo (Rumores.—Risas.) diferente al de ustedes, diferente. (Aplausos.) También en eso somos diferentes. (Aplausos.)

Cuando España tenía un desempleo del 21%, que era mucho, y una deuda pública del 70, que era mucho, el señor Montoro y el señor Rajoy decían que España estaba en la ruina. Hoy, caminando hacia el cien por cien de deuda pública y con un 26%, lamentablemente, de paro, nosotros no hemos dicho nunca que España esté en la ruina. España tiene fortaleza y capacidad para salir de esta situación, repartiendo equitativamente los esfuerzos. Por tanto, lecciones de patriotismo, ninguna; las precisas. No hemos dicho nosotros nunca tampoco que España se caiga, que ya la levantaremos nosotros, porque sería un ejercicio de patriotismo de hojalata. (Aplausos.) Además, da una dimensión de la soberbia infinita que alimenta el comportamiento de algunos miembros del Gobierno y del grupo que lo sostiene cuando se cree que de forma tan fácil se resuelven los problemas. Por lo tanto, un poquito más de sentido de la mesura.

Había una frase que cerraba el otro día la columna de un articulista de un periódico que es un poco ilustrativa del sentimiento que a veces se percibe cuando tienen ustedes comportamientos de desplante, que no se entienden, y es la siguiente. «No pasa nada. Si pasa, qué importa, y si




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importa, qué pasa». Yo creo que hay que tener un sentido de las proporciones y del equilibrio un poco mayor.

Voy a terminar con una cita —con la benevolencia del señor presidente, en treinta segundos— de Gandhi que decía que en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. La función del Gobierno en un Estado democrático es hacer posible que la avaricia de algunos no arruine el porvenir de todos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López García.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Barreiro.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, aquí hace unos segundos se ha hecho referencia a una actitud que se calificaba como de soberbia del Gobierno. Por tanto, y si me lo permite, señor ministro, empiezo por ahí. Empiezo, en nombre de este grupo, agradeciéndole a usted, como representante del Gobierno en este momento lo que se está haciendo y lo que se ha hecho. Porque yo creo que lo que se está haciendo es más que un ejercicio importante —y luego hablaré de él— de política económica. Es, sobre todo, un ejercicio de lealtad con el país, una expresión clara de compromiso con la situación que tenía y que tiene este país y, por lo tanto, se puso por encima de todo esa circunstancia. Eso ha sido la guía de todo el trabajo. Por eso, en nombre del grupo mayoritario —esta ha sido quizá la razón principal que me ha llevado a intervenir como portavoz del grupo—, quiero que sepa que nos sentimos tremendamente orgullosos de su trabajo y muy en particular de la situación que a usted le ha tocado vivir en el momento más difícil de la historia de España. (Aplausos.)

Alguien puede interpretar que esta valoración es subjetiva, pero tan válida como cualquier otra, aunque cualitativamente más válida que otras porque tiene un respaldo más grande. (Aplausos.) En todo caso, como no podía ser de otra forma, admito que se discrepe de ella, pero obviamente yo no he subido aquí para decir solamente esto. Yo he subido aquí para decir alguna cosa más, seguramente no con la fortuna y el acierto con que lo han hecho el señor ministro y mi compañero Paco Utrera, pero creo que es un momento para la reflexión, precisamente porque ahora estamos en mitad de legislatura y estamos debatiendo los presupuestos para el próximo ejercicio 2014. A mí también me parece que es lógico que se discrepe sobre si estos presupuestos cumplen este objetivo, si no lo cumplen o si son los mejores o no lo son. Por lo tanto, tratemos de buscar elementos objetivos que nos ayuden en el debate. Por eso yo voy a acudir a esa referencia temporal de mitad de legislatura. En consecuencia, si nosotros nos situamos en donde estamos, cómo hemos llegado aquí, cómo estábamos y por qué llegamos aquí, seguramente sacaremos una conclusión mucho más objetiva que luego nos permitirá a todos extraer las valoraciones políticas que cada uno estime oportunas.

Este país —y no porque lo recordemos muchas veces va a perder fuerza este argumento— hace dos años estaba en una situación francamente muy compleja, y para no utilizar adjetivos que puedan ser interpretables, utilicemos números. En los tres últimos años del Gobierno socialista se acumuló un déficit de 300 000 millones de euros. Solamente en el último año 90 000 millones de euros. Es decir, en términos porcentuales, prácticamente el 9% de nuestro producto interior bruto. Ante eso caben dos alternativas: permitimos que la bola de nieve siga, o tratamos de hacer algo, porque si no hubiéramos hecho algo la bola de nieve habría pasado por encima de nosotros y en este momento estaríamos sepultados bajo la nieve. Esa era la circunstancia hace dos años. Hace dos años, el último año hasta ahora de crecimiento según los datos ajustados del Instituto Nacional de Estadística, el crecimiento fue de 0,1%, el mismo que acabamos de tener en este trimestre. Por lo tanto, la primera valoración es que hemos hecho algo en estos dos años de tal forma que hemos corregido el déficit de ese 9% a un 5,8% de objetivo para el próximo año, hemos abandonado la recesión y estamos camino del crecimiento. Este es un dato objetivo. Ustedes pueden decir que vamos muy despacio. Es una apreciación, pero no pueden negar que esto ha sido así. Por lo tanto, si esto ha sido así, quiere decir que lo que hemos hecho está en la senda correcta, y esa es en el fondo la razón de la valoración que yo hacía en nombre de mi grupo al señor ministro de Hacienda.

Pero no nos quedemos con esta valoración. Busquemos más. Busquemos la valoración que en el entorno internacional se está haciendo de la economía española y veamos también ahí cómo




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ha evolucionado, qué es lo que se nos decía hace dos años, qué es lo que se pensaba de España hace dos años y qué es lo que se dice ahora. Lo voy a simplificar de una forma que creo que lo vamos a entender muy fácilmente. Pasamos de ser un país en donde, hace un año, se nos decía que íbamos a ser intervenidos a ser un país de referencia. Volvemos a ser un país de referencia, un país del que se dice que el modelo a seguir es el español, porque ha dado y está dando buenos resultados.

Tercera reflexión. De aquí no podemos concluir que esto solamente sea una postura triunfalista y que no haya nada que hacer; todo lo contrario. Y coincido con alguna valoración que se ha hecho por parte de la oposición. Creo que ha sido el señor Bel el que ha dicho —y repito que coincido con él— que el cuadro macroeconómico es un cuadro realista, pero también se ha dicho —no sé si ha sido el señor Bel o algún otro portavoz de la oposición— que desgraciadamente el cuadro macroeconómico no ha llegado a las familias. Es verdad, esto es verdad, pero no es menos cierto que para que el cuadro macroeconómico llegue a las familias hay que pasar por ahí. Es decir, esto no es una condición suficiente pero sí una condición necesaria. Si no damos ese paso, si no corregimos los desequilibrios que la economía española tenga, no podemos esperar que la recuperación llegue a los hogares y al entorno empresarial. Ustedes no pueden negar siempre la evidencia pero, sobre todo, no puede negar la evidencia quien hasta hace dos años ha estado asumiendo la responsabilidad de gobernar. No puede negar la evidencia ni un presupuesto como el que ahora debatimos aquí quien ha sido responsable de los principales presupuestos de la crisis en este país. El que ha negado el presupuesto de la crisis y el que ha hecho el presupuesto de la crisis no puede negar ahora el presupuesto de la recuperación. (Aplausos.) Eso, señorías, es negar una evidencia y eso no es trabajar a favor del conjunto de la sociedad española. (Rumores.)

Por eso yo decía que avanzaremos más si hacemos el análisis en estos términos y si reconocemos, porque es obvio, los desequilibrios que tenía esta sociedad en términos de déficit, en términos de falta de crecimiento, en términos de un sistema financiero que tenía problemas graves, en términos de una dificultad enorme, por no decir incapacidad total de financiación, en términos de deuda. Por cierto, señor ministro, en el tema de la deuda hay que tener muy poca capacidad para no ponerse colorado y decir lo que se dice. (Rumores.) Porque lo que se ha dicho aquí por parte del Grupo Parlamentario Socialista con relación a la deuda es rigurosamente falso. Es falso. Aquí jugamos con los números como nos da la gana y eso no puede ser. ¿Por qué es falso? La deuda que ustedes dejaron, en términos de deuda exterior neta, estaba en torno al 90% del PIB, ¿pero qué es lo que no contabilizaban ustedes? Lo que estamos pagando ahora nosotros. (Aplausos.) Los 120 000 millones de euros que estamos pagando ustedes no los contabilizaban porque tienen una habilidad especial para dejar las facturas dentro de los cajones. (Rumores.—Protestas.—Aplausos.) Sí, para dejar las facturas en los cajones, y me explico. (Rumores.—Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio por favor.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: No, si esto no es una valoración política, es un dato objetivo que yo trataré de explicarles. (Rumores.) Si es necesario implantar un fondo de liquidez autonómica es porque no hay liquidez en algunas comunidades autónomas. Esto es obvio, ¿no? Que no haya liquidez quiere decir que no pueden pagar servicios elementales como la educación o la sanidad. ¿Por qué no los pueden pagar? Cada uno que entre en el análisis que estime oportuno. Pero lo que ya no es de recibo —y ahí sí que ya entra en juego la valoración política— es por qué no se ha pagado lo que estaba pendiente de ejercicios anteriores. Y por eso hay que crear el Fondo de Liquidez Autonómico, para que se pague lo que se debía y para inyectar liquidez al sistema productivo, sobre todo de la pequeña y mediana empresa. Pero es que si hay que buscar unas fórmulas de pago a los proveedores en administraciones locales es porque se debía en algunas administraciones locales, y se debía —conclusión elemental y no es necesario hacer ningún análisis científico— porque no se había pagado, querido ministro. (Risas.—Aplausos.) ¿Y quiénes no lo habían pagado? (Aplausos.) Pues no lo habían pagado estos señores. (Fuertes aplausos.)

Y continúa la deuda, continúa la deuda. Ahí estamos hablando de una cifra en torno a los 76 000 millones de euros. ¡Ah! Pero es que había un déficit en la tarifa, que ahora genera mucho debate, de 24 000 o 26 000 millones de euros que hay que corregir, porque si no, es obvio




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que ese déficit va a tirar de los recursos que tiene el país (Rumores.) que no podremos utilizar para otro tipo de actividades en el ámbito que ustedes estimen oportuno, y porque hay un déficit en la Seguridad Social en torno a 16 000 millones de euros, y porque hubo que corregir un sistema financiero de determinadas entidades que estaban al borde de una situación tremendamente peligrosa (Fuertes rumores.), cuando resulta que otros países lo habían hecho mucho antes.

Y por cierto, aquí se dice que el coste del saneamiento del sistema financiero es muy alto. Pues miren ustedes, todos los países de nuestro entorno con un nivel de desarrollo idéntico o superior al nuestro tienen un coste de saneamiento del sistema financiero que está en torno al 6% del PIB. Pues en España está por debajo de eso. Y no le cuento el coste que pueda tener en Portugal, Grecia, Irlanda, etcétera. Por tanto, no lo habremos hecho tan mal aquí, (Rumores.) salvo que ustedes me digan que no era necesario abordar el saneamiento del sistema financiero y había que dejar caer el sistema financiero, circunstancia en la que nosotros, evidentemente, no podemos coincidir.

Por tanto, una conclusión más. El desequilibrio de la deuda había que corregirlo, y la deuda y el déficit que nos presentaron los socialistas no era real, no era real, era una mentira más de esa herencia de la que no les gusta hablar (Fuertes rumores.) pero de la que hay que hablar para poder entender. (Aplausos.) Por tanto, si esa era entonces la situación —y yo invito desde aquí a que la rebatan con datos— y ahora la situación es que este año cerraremos con un déficit 2,5 puntos por debajo del que heredamos, que este último trimestre crecemos un 0,1 y que terminaremos el año con un —1,3 y que vamos a crecer el próximo año, es decir, que prácticamente en un año vamos a absorber 2 puntos…, digo yo que no lo habremos hecho mal o que no lo habrá hecho mal el conjunto de la sociedad española, que se ha sacrificado como nunca. Y no lo habrá hecho mal un Gobierno que desde el primer día —y aquí se habló de diagnóstico equivocado, lo que yo no comparto, obviamente— les dijo la verdad a los españoles (Fuertes rumores.), les dijo lo que pasaba, e incluso les dijo la verdad cuando, dadas las circunstancias, no se podían cumplir en aquellos momentos —sí en otros— compromisos de nuestro programa electoral. Pues incluso ahí dijimos la verdad. (Fuertes rumores.) Por tanto, dos años de legislatura, dos años de política económica ejecutada a través de presupuestos, dos años que han dado resultados.

Conclusión global de todo esto: cre-di-bi-li-dad. (Rumores.—Risas.) Este es un Gobierno creíble, este es un Gobierno que ha hecho una política económica creíble, y no lo decimos nosotros (Aplausos.), no lo decimos solo nosotros, lo dice toda Europa, lo dicen las agencias de calificación y lo está percibiendo la sociedad, bien es cierto que incluso lo percibe la sociedad a pesar de ustedes. (Fuertes rumores.—Risas.—Fuertes aplausos.) Fíjense si no es un ejercicio importante.

Por tanto, yo les voy a pedir que hagan un ejercicio. (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor, guarden silencio.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Por favor, déjenme que me explique. Sé que no tengo especial habilidad para explicarme, pero a ver si soy capaz de hacerlo.

Yo voy a pedirles a ustedes que hagan un ejercicio de responsabilidad. Yo creo que un ejercicio de responsabilidad con el país es comprometerse con él, no con el Partido Popular, no con el Gobierno del Partido Popular, es comprometerse con la situación del país. Pues si ustedes se comprometen con la situación del país, difícilmente podrán decir que no a estos presupuestos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Termino ya, señor presidente.

Porque estos presupuestos, antes de ser aprobados, antes de entrar en vigor ya están acreditados porque la historia reciente les da esa credibilidad. Por tanto, lo que les pedimos es que ustedes, que tienen una oportunidad histórica, se sumen a ese ejercicio de compromiso y de credibilidad.

Muchísimas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barreiro.

Señor ministro, tiene la palabra.




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El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Intervengo para dar las gracias, en primer lugar, al Grupo Parlamentario Popular, a su portavoz, y al senador Utrera, que ha defendido el turno en contra. También extiendo mi agradecimiento a la posición de los diferentes grupos que han intervenido. Eso es la democracia; también es advertir las diferentes calificaciones y cualificaciones respecto de cualquier proyecto del Gobierno.

Durante el día de hoy, a lo largo de estas intervenciones, hemos tenido ocasión de apreciar y de poner en valor los riesgos que se pueden derivar de una determinada política económica, de una determinada política presupuestaria, de los que el Gobierno toma buena nota aunque, obviamente, no coincida con algunos de esos planteamientos. Pero eso es lo de menos. Hoy hemos hecho aquí, en el Senado de España, un ejercicio de democracia.

Y, para acabar, insisto en resaltar, como acaba de hacer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el esfuerzo que ha hecho la sociedad española y su compromiso porque estoy seguro de que todos, con independencia de nuestras posiciones políticas, de nuestras posiciones ideológicas, tenemos la firmeza, cada uno en nuestro puesto, de devolver a la sociedad española la confianza, la ilusión y la superación definitiva de esta crisis, que es lo que los ciudadanos esperan de nosotros.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Llamen a votación. (Pausa.)

Por favor, cierren, las puertas.

Señorías, les informo de que hoy, por primera vez en la historia de esta Cámara, se va a producir el uso de la votación telemática que, si recuerdan ustedes, aprobamos hace muy poco tiempo con una reforma del Reglamento.

Han solicitado autorización para votar de esta manera dos senadoras, la senadora Eva Parera Escrichs y la senadora Catalina García Carrasco. Ha emitido voto telemático solamente una de ellas, la senadora Catalina García Carrasco. Por lo tanto, la senadora Eva Parera, teniendo en cuenta que ha sido autorizado su voto, aunque no lo haya ejercido, figurará como presente en el resultado de las votaciones y la senadora Catalina García Carrasco sumará su voto al resultado de las votaciones. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)

Comenzamos con las votaciones de las propuestas de veto por el orden en que han sido debatidas.

Votamos en primer lugar la propuesta de veto número 8, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 9, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Me dicen los servicios de la Cámara, y tienen razón, que tengo que anunciar el voto de la senadora García Carrasco, a pesar de que lo haya sumado a la parte correspondiente.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 1, de los senadores Aiartza Azurtza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252, más 2 votos telemáticos, 254; votos emitidos, 252, más 1 voto telemático, 253; a favor, 94; en contra, 158, más 1 voto telemático, 159; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: La senadora García Carrasco ha votado no.

Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 93; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: La senadora García Carrasco ha votado no.

Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores Quintero y Zerolo.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: La senadora García Carrasco ha votado no.

Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 3, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 93; en contra, 158, más 1 voto telemático, 159; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: La senadora García Carrasco ha votado no.

Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 5, de las senadoras Almiñana y Sequera y de los senadores Boya, Bruguera, Martí Jufresa, Montilla y Sabaté.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: La senadora García Carrasco ha votado no.

Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 6, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253, más 2 votos telemáticos, 255; votos emitidos, 253, más 1 voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159, más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: La senadora García Carrasco ha votado no.

Queda rechazada.




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Por tanto, quedan rechazadas todas las propuestas de veto.

Pasamos al debate de las secciones. (El señor Cleries i Gonzàlez pide la palabra.)

Tiene la palabra, senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Señor presidente, es en relación con el comentario que se ha hecho sobre la senadora Eva Parera, que ha solicitado poder votar telemáticamente. Al ser esta la primera ocasión, el ordenador que ella utiliza no es compatible con el sistema. Por tanto, en la próxima votación ya lo podrá utilizar.

Lo quería dejar claro, porque parecía una cosa un poco extraña, y que constara en el Diario de Sesiones.

El señor PRESIDENTE: Que así sea, senador Cleries.

Pasamos al debate de las secciones, comenzando por las enmiendas que, por implicar la impugnación completa de la sección, se tramitan como propuestas de veto.

Les anuncio que la sesión de hoy será hasta las 23:00 o 23:30, suspenderemos la sesión y mañana continuaremos a las 9:00 de la mañana y al final se producirá la votación de todas las secciones, cuando terminemos con el debate de todas ellas.

Comenzamos con el debate de la sección número 12, con la defensa de la enmienda… (Rumores.)

Señorías, guarden silencio.

Decía que comenzamos con la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda número 2912, que va a realizar el senador Sañudo, por tiempo de cinco minutos. (Rumores.)

Guarden silencio, señorías, por favor.

El señor SAÑUDO AJA: Señor presidente,… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor Sañudo no va a empezar su intervención hasta que no guarden silencio.

El señor SAÑUDO AJA: Gracias.

Subo a la tribuna en nombre del Grupo Socialista para defender el veto a la sección 12 del presupuesto, esto es del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Se puede decir, a la vista de estos presupuestos, que, sumados a los dos precedentes bajo la responsabilidad del Partido Popular en el Gobierno, se extrae de los mismos una política exterior en decadencia, una política exterior española… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Senador Sañudo, espere un momento, por favor.

Señorías, el senador Sañudo no va a continuar su intervención hasta que no haya silencio en el hemiciclo. Abandonen el hemiciclo en silencio, por favor.

Continúe, señoría.

El señor SAÑUDO AJA: Decía que era una política exterior española bajo mínimos, en unos momentos en los que el conjunto de esta política —la cooperación al desarrollo, la promoción cultural, la marca España, la diplomacia pública, la política exterior— debe ser un factor tractor de nuestra presencia en el exterior, y estos presupuestos evidencian justamente lo contrario. Es evidente que su discurso va por un lado y la realidad presupuestaria en asuntos exteriores va por otro.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 presentan unas partidas de 1265 billones de euros frente a los 1343 del 2013, casi 100 millones de euros menos, una reducción del 7,18%.

Si realmente, como dice el ministro Montoro, estos son los presupuestos de la recuperación, ha debido sufrir un lapsus con el Ministerio de Asuntos Exteriores porque para este ministerio no son los de la recuperación sino, realmente, los de su defunción.

Es claro que se pone en cuestión el objetivo que el ministerio plantea en su reciente Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, en el que, según el texto aprobado en el Congreso de los Diputados, se pretende reforzar la presencia… (Rumores.) Es imposible.




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El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Nos quedan todavía bastantes horas hoy de trabajo y, además, conviene escuchar todo lo que se dice porque la Ley de Presupuestos es muy importante para el año que viene.

Por lo tanto, sería muy bueno que abandonaran el hemiciclo en silencio y que mantengan ese silencio hasta que terminemos la sesión de hoy, que, como les digo, va a ser larga.

Continúe, senador Sañudo.

El señor SAÑUDO AJA: Decía que es justo lo contrario de lo que se plantea en ese Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior de reforzar la imagen de España en el mundo.

Es tan evidente que en estos presupuestos no solo no aparece ningún atisbo de reforzamiento de la presencia internacional de España sino que lo que hay es una disminución muy importante de los instrumentos para la acción exterior y, en particular, para la diplomacia española. Por eso, pedimos su devolución.

No podemos estar más preocupados por estos presupuestos, que ponen en cuestión los objetivos que debe tener la política exterior como política de Estado.

El Grupo Parlamentario Socialista es consciente de la situación de crisis económica en la que se desenvuelven las cuentas públicas, pero también es consciente de que este ministerio y sus políticas no pueden convertirse en la cenicienta de los Presupuestos Generales del Estado.

Por otra parte, en los últimos tiempos ustedes hacen esfuerzos —totalmente necesarios por otra parte— de referenciar la mayor parte de las actuaciones del ministerio hacia el apoyo de nuestra candidatura al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente, y aquí es donde reitero que su discurso va por un lado y su realidad presupuestaria por otro: se rebajan las contribuciones voluntarias, nuestra diplomacia pública funciona constreñida por su escasa dotación presupuestaria, las contribuciones a organismos internacionales se rebajan drásticamente. Si además se reducen los recursos para la diplomacia española —instrumento básico de cara al exterior—, realmente tendremos un papel muy difícil para conseguir el objetivo.

Capítulo aparte merece la cooperación al desarrollo. Decía el señor ministro de Asuntos Exteriores en su comparecencia en el Congreso de los Diputados textualmente: La joya de la corona en estos presupuestos de exteriores es la cooperación en sus dos frentes.

La verdad es que hay que tener un cierto desparpajo para hacer esa afirmación. La cooperación en estos presupuestos se lamina práctica y definitivamente. La cooperación al desarrollo se queda en el 0,17% de la renta nacional bruta; la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo cae un 10% respecto a 2013 y más de un 70% desde que gobierna el Partido Popular. Es un gran error político la falta de inversión en cooperación. Todos los países europeos entienden que la diplomacia necesita de la cooperación, es una parte intrínseca de ella. Además, si el presidente del Gobierno defendió en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace bien poco que se volvería a una inversión generosa en cooperación a medida que creciera la economía española y ustedes mismos aseguran que la economía va a crecer un 0,7% el próximo año, no se entiende que los fondos destinados a cooperación no solo no aumenten sino que disminuyan. No es que no se entienda —algunos sí—, es que no obedece a problemas presupuestarios, obedece a una calculada estrategia política: la de acabar con la diplomacia y la cooperación pública.

Si ustedes creen que nuestra acción exterior es fundamental para apoyar a nuestro entramado empresarial en el plano internacional, si creen que nuestra diplomacia pública es importante para hacer más visible nuestra presencia en el exterior,…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SAÑUDO AJA: Acabo.

… si creen ustedes que la protección y defensa de los españoles que se encuentran en el exterior de nuestro país deben ser una prioridad de nuestra acción exterior, si creen en la cooperación como una verdadera política pública en el exterior y seña de identidad de nuestro país en la misma, de verdad si como ustedes dicen que creen que en el exterior está la solución a muchos de nuestros problemas, debieran ser coherentes y retirar esta propuesta de presupuestos del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sañudo.

El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado la enmienda número 3338.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.

Intervengo muy rápidamente para defender la impugnación a esta sección 12, sección en la que, si miramos la evolución respecto a ejercicios anteriores, vemos que hay una disminución global del 8,8% de su consignación presupuestaria. Una vez excluidos los gastos de ejercicios anteriores esta reducción se plasma en un 4,4%. Alguien podría decir que está en la media de la reducción de ministerios, aunque nosotros entendemos que, en términos homogéneos, no es así. La realidad es que pierde peso en el conjunto de gastos del capítulo 1 al 8 dentro del conjunto de los ministerios —pasa aproximadamente del 0,7% al 0,6%—.

Además no compartimos los vectores de actuación que se plantean por parte del ministerio en esta sección. Más allá de acciones concretas en el ámbito bilateral, multilateral, en el ámbito de cooperación —del que después hablaremos—, lo que califican en los objetivos de la sección como diplomacia económica creemos que es muy escasa, que es muy limitada. Centran su diplomacia económica en torno a la marca España, nosotros entendemos que de forma errónea y más cuando cercenan a las comunidades autónomas que puedan desarrollar esta diplomacia económica, que la han desarrollando a lo largo de los últimos años, que lo han hecho bien y que ha supuesto que las exportaciones de estas comunidades autónomas tengan un reflejo claro. Ustedes vinculan su diplomacia económica simplemente a la marca España.

En Cataluña hay unas oficinas en el exterior de promoción económica, que en estos momentos intentan ser eliminadas, intentan ser eliminadas, repito, y no van a ser sustituidas por esta diplomacia económica. Les aseguro que quien conoce los intereses, las líneas de actuación de las empresas catalanas es la Generalitat de Catalunya, que contará con el respaldo de las diferentes embajadas y consulados, pero tiene que tener sus oficinas propias, porque este presupuesto que aprueban no las va a sustituir. Este presupuesto que aprueban centra, como he dicho, su diplomacia económica en torno a una marca España que, desgraciadamente en esos momentos, no cotiza al alza, y que no es una marca en la que se sientan reflejadas todas las empresas exportadoras del Estado español. Hay muchas empresas exportadoras, hay mucha exportación fuera de lo que es exclusivamente la marca España. Por tanto, este es el motivo para que presentemos impugnación a esta sección 12.

También lo es la escasa consignación en el ámbito de la cooperación. Muchas de nuestras enmiendas a esta sección precisamente centran su ámbito en la acción de cooperación, acción de cooperación que ha sido mermada no solo en este presupuesto, sino en los presupuestos anteriores, en un porcentaje muy superior a lo que ha sido la propia sección y lo que ha sido el conjunto de gastos de los diferentes ministerios.

Por tanto, este es el motivo por el cual nuestro grupo presenta esta impugnación; va a mantener el veto a esta sección y, consecuentemente, si no prospera, vamos a mantener las doce enmiendas que hemos presentado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, han presentado la enmienda número 262.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Señorías, los senadores de Izquierda Unida presentamos esta impugnación a esta sección porque los Presupuestos Generales del Estado en el ámbito de asuntos exteriores y cooperación vienen a reforzar el entendimiento de cuál es el papel que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene que tener en la política internacional. Y dada la circunstancia —no es nuevo de este Gobierno, se ha venido desarrollando y ahora se continúa—, el ministro de Asuntos Exteriores es cada vez más ese facilitador de las conquistas financieras y económicas de las grandes multinacionales o, por decirlo de otra forma, es el que le lleva el maletín y las cuentas al señor Brufau y compañía, con todo lo que ello supone.




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Presentamos esta impugnación porque nos parece que se van a seguir provocando cierres de consulados y embajadas en sitios importantes, donde ya está habiendo una notable percepción por parte de españoles residentes en el exterior de la degradación en la atención y las dificultades para poder ejercer sus derechos como españoles residentes en el exterior, mientras que se abren embajadas y consulados en países por su importancia de mercado —estamos hablando de China, de la India—. Cuando eso sucede, no se habla tanto de derechos humanos, ¿verdad? Cuando se abren embajadas y consulados se establecen relaciones que me parece que hay que juzgar.

Creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores sigue siendo uno de los ministerios con la doble moral más sobresaliente de todo el Gobierno, porque es llamativo ver cómo no se habla de los derechos humanos en Palestina, en el Sahara o en Guinea Ecuatorial.

Finalmente, la operación de liquidación consciente de la cooperación internacional del Gobierno del Partido Popular, que vuelve a tener otra vuelta de tuerca en estos presupuestos, con un 61% de pérdida del dinero destinado a la cooperación internacional desde que gobierna el Partido Popular y también con unas dificultades notables por parte de los cooperantes españoles que están desarrollando su labor en el exterior, dado que también hay una reducción importante de los convenios con organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, que alcanza hasta el 65%. Y lo que nos parece una falta de respeto a una agencia que ha venido funcionando bien y que tiene unos grandes profesionales como es la AECI, que ve como gestiona y decide solamente sobre el 12% de la ayuda oficial al desarrollo. Este es el motivo por el que presentamos esta impugnación a la sección 12 de este ministerio.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de la Entesa, han presentado la enmienda número 1018.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías del PP, no sé qué ensañamiento tienen ustedes con las políticas de cooperación. Mi veto fundamentalmente viene en este capítulo. Si se aprueba este presupuesto, nos vamos a quedar en un 0,17 de la renta nacional bruta, es decir, una disminución brutal de la ayuda oficial al desarrollo, ayuda oficial al desarrollo que no solo rompe el Pacto de Estado Contra la Pobreza, que no solo nos obligará a incumplir nuestros compromisos internacionales, sino que será una ayuda oficial al desarrollo totalmente intrascendente y más cuando la AECI, como decía el senador Mariscal, solo va a gestionar un 12% del conjunto de la ayuda oficial al desarrollo.

Señorías, creo que aquí tenemos un problema grave de disfunción entre lo que creen los ciudadanos españoles y las políticas del PP en el ámbito de la cooperación. En el mes de junio el Eurobarómetro hizo una encuesta sobre la actitud de la ciudadanía europea respecto a la cooperación internacional. La respuesta española fue que un 71% de los encuestados eran favorables a mantener las ayudas oficiales al desarrollo, cinco puntos por encima de la Unión Europea 27.

¿Qué hace el Partido Popular? La disminuye; la disminuye cuando los presupuestos que van a aprobar ustedes para 2014 crecen un 13,7 en su conjunto y un dos y pico si solo calculamos el gasto consolidado, del capítulo 1 a 8, de esos presupuestos.

No se puede entender ese ensañamiento, porque ustedes que están tan preocupados por la marca España deberían saber que uno de los principales adjetivos y de los más atractivos que pueda adornar la marca España es el de España, país solidario, y con estos recortes están impidiendo este adjetivo.

Pero, con todo, lo peor, señorías, no solo son los recortes presupuestarios, no solo es que incumplan la ley haciendo el cien por cien reembolsable cuando la ley lo impide, lo peor para mí y para el senador Saura es el recorte en el discurso. Que ustedes sigan insistiendo en que solo cuando haya dinero, en que solo cuando las cosas nos vayan bien, vamos a cumplir con la cooperación internacional es inaceptable porque, en definitiva, lo que estamos haciendo es irresponsabilizarnos de esta responsabilidad global que tenemos, de esta realidad tan preocupante




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como la que vive el mundo hoy en día. Uno de los principales retos mundiales es la pobreza y España se irresponsabiliza de este reto. Por ello presentamos este veto.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Chiquillo.

El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.

Señorías, ante los vetos que estamos tramitando en estos momentos a la sección 12, queremos fijar nuestra posición firme, clara y rotunda con argumentos que a continuación señalaré para manifestar nuestro voto en contra a estas impugnaciones, algunas de ellas por duplicado, que son un clásico, las de Izquierda Unida y la de Entesa Catalana de Progrés, otra de ellas que no se sostiene, la del Grupo Socialista, y otra que me sorprende, que es la de Convergència i Unió. Ahora explicaré el porqué.

El presupuesto en su conjunto se ha elaborado atendiendo, evaluando cuáles son los medios de que se dispone y estableciendo unos mecanismos rigurosos de evaluación, control y seguimiento en contraposición a lo propio de otras épocas, que era gastar lo que no teníamos y sin control, clara contraposición de administrar un presupuesto viejo y la nueva forma de gobernar.

Con estos presupuestos intentamos garantizar que estos recursos se gasten de una forma adecuada y coherente. Lo bien cierto es que desde 2006 no ha habido un presupuesto tan saneado como este, pues este ministerio, que conste, venía arrastrando un enorme agujero desde el 2007 que era insostenible. Como decía el ministro en su comparecencia en el Congreso, había que saldar unas deudas y facturas pendientes que tuvo la bondad de dejarnos el Gobierno anterior y habernos puesto al día en las obligaciones ante los organismos internacionales.

Entendemos que con este presupuesto de la sección 12 el Ministerio de Asuntos Exteriores podrá alcanzar sin dificultad sus objetivos para el 2014. Con este presupuesto nos preparamos para ayudar a poner en marcha, por ejemplo, la Ley de emprendedores. En materia de acción multilateral vamos a competir para ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2015-2016. Vamos a contribuir desde esta sección, desde este ministerio con el objetivo del Gobierno de seguir con las políticas de racionalización de los recursos, contención y eficacia en el gasto, porque la política exterior se enmarca dentro de la política global del Gobierno, y el objetivo básico del Gobierno es crecimiento, saneamiento, estabilidad y creación de empleo. Y los presupuestos de la sección 12, cómo no podía ser de otra manera, están en este objetivo, que es el objetivo de la política general del Gobierno, impulsando la diplomacia pública para difundir y afianzar la imagen de España, que algunos en estos vetos cuestionan, diplomacia económica y pública que tienen en el buen hacer de nuestras empresas un aliado de confianza.

La marca España, sí, en proyección, y la ponemos en valor porque, a pesar de que algunos de los intervinientes la han cuestionado, las exportaciones españolas en 2013 suponen ya un 33% del PIB. Se han incorporado las pequeñas y medianas empresas a esta internacionalización y, sobre todo e importante, como consecuencia de ese esfuerzo de la sociedad civil, de las empresas y de la ayuda del Gobierno se ha conseguido en materia de exportación y de internacionalización que la balanza por cuenta corriente, que llegó a tener un déficit del 10% en 2007, tenga números positivos en 2013. Algo se estará haciendo bien en la marca España, en la empresa española y en la proyección internacional del producto español.

El presupuesto, a pesar de lo que se ha dicho, es riguroso, acorde con la situación de crisis de la que todavía estamos saliendo pero que permite toda la capacidad de maniobra posible para consolidar una posición fuerte de nuestro país en el exterior.

Los cuatro vetos hablan de la disminución de ayudas y fondos de cooperación, y no voy a negar la evidencia, pero quiero citar que ajustes, recortes o disminución de ayudas a fondos también los aplican los cuatro partidos que han presentado los vetos allá donde tienen responsabilidades de gobierno a nivel autonómico. Por tanto, un poco de coherencia porque argumentando que no hay suficientes recursos, o que en España hay 5 millones de personas en situación de dificultad extrema para llegar a final de mes, algunos de sus Gobiernos en algunas




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comunidades autónomas no aplican esa solidaridad, como exigen que haga el Gobierno de España en esta sección 12 de los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto a si la cifra es suficiente, tengo que coincidir con ustedes, es manifiestamente mejorable, por supuesto, ¿o ustedes piensan que cualquiera de los senadores que estamos aquí, cualquiera de los que tenemos responsabilidad en el Gobierno de España o en cualquier Administración autonómica podemos estar satisfechos respecto a las cifras del conjunto de los presupuestos, y en concreto sobre la ayuda al desarrollo, la cooperación internacional o la solidaridad? No, está claro que no, pero como bien señaló el presidente del Gobierno, la dotación a la cooperación, en el momento y en las circunstancias en que nos encontramos, no dan para más, y si las circunstancias económicas siguen por la senda que creemos van a seguir en 2014 y 2015 podremos superar este esfuerzo, esta dotación y este compromiso con la solidaridad con aquellos que más lo necesitan.

La ayuda humanitaria, la lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria nos preocupa a todos. No dé nadie aquí lecciones sobre estas cuestiones porque a todos nos preocupa la pobreza, la paz, la seguridad, la estabilidad, los programas de educación, de salud, de oportunidades pero ustedes saben que los recursos son limitados y que la situación obliga a tomar estas decisiones.

Vamos a gestionar lo mejor que sabemos y podemos. Vamos a intentar hacer más con menos, y prueba de ese compromiso del Gobierno y de su prioridad en las políticas para reforzar la presencia de España en el mundo a través de la marca España en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y su compromiso con la cooperación, la solidaridad, y corregir los desequilibrios que genera la pobreza en todos los rincones del mundo, es la Ley de acción exterior, una ley que contiene objetivos muy evidentes que aparecen en su preámbulo: unidad de acción al exterior, lealtad institucional, coordinación, planificación, eficiencia, eficacia, especialización, transparencia y servicio al interés general y un compromiso con los derechos humanos y la solidaridad. Esta ley es un pilar básico para que el Ministerio de Asuntos Exteriores cumpla sus objetivos en 2014 y en el futuro, pues todos y cada uno de sus objetivos se recogen en los Presupuestos Generales del Estado, en la sección número 12, donde se sientan las bases para cumplir esos ambiciosos objetivos.

Por esas razones, votaremos en contra de los vetos planteados y daremos un sí a la solidaridad y a reforzar la presencia de España en el mundo, que buena falta nos hace, a pesar de la insostenibilidad de los vetos que algunas de sus señorías han presentado en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.

A la sección número 13, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda número 2893.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Marra.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.

Buenas tardes, señorías. Subo a esta tribuna para defender el veto a la sección 13, por cuanto el Grupo Parlamentario Socialista no comparte la política de recortes en Justicia que se ha previsto en estos Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Los recortes previstos, señoría, evidencian que el buen funcionamiento del servicio público de la justicia y la tutela adecuada de los derechos fundamentales de la ciudadanía no se encuentran entre las prioridades de este Gobierno; de hecho, nuevamente, el presupuesto de Justicia sufre un recorte, prevé 1500 millones de euros para políticas de justicia, de los cuales, 75,96 millones de euros corresponden al Consejo General del Poder Judicial. La caída es relevante, progresiva y continuada, un 2,17% en relación con el presupuesto del año 2013, que se suma a la caída del 4,21% respecto al presupuesto de 2012, lo que nos lleva a retroceder este presupuesto a cifras de años anteriores a 2009. Y no es casual que se releguen las reformas orientadas a la modernización de la justicia, visto el descenso del 18% de partidas destinadas a la modernización tecnológica, por lo que continuará la paralización del necesario plan de modernización y transformación de la Administración de Justicia que se inició en el año 2009 y que ustedes, señorías del Partido Popular, tienen bloqueado. Por otro lado, en materia de inversiones, nuevamente tenemos recortes: baja de 79,94 millones de euros a 61,55, una reducción del 17,17%, tras caer el 42%, en 2012, y el 21%, en el año 2013.




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Por tanto, estos presupuestos hacen imposible que se ponga en marcha la nueva oficina judicial, ninguna iniciativa de modernización de nuestro sistema judicial ni ningún proyecto que agilice los trámites judiciales y la calidad del servicio. Y es que, señorías, la caída sostenida en las políticas de justicia en estos años del Gobierno del Partido Popular poco o nada tienen que ver con la regeneración institucional que predica el Ministerio de Justicia, tras las sucesivas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobadas en solitario por el Partido Popular a toda velocidad, sin ánimo de diálogo ni de voluntad de consenso, y sin acuerdos con los restantes grupos, tras las reformas anunciadas en la demarcación y planta judicial, como otras que propone el Grupo Parlamentario Popular y que ignoran a los ciudadanos, ignoran las competencias que en la Constitución y en los estatutos se reservan a las comunidades autónomas, y tienen como único eje rector, so pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la Administración de Justicia, orientada en última instancia al desmantelamiento de los servicios públicos a favor del negocio privado. Y es inaceptable, señorías, el detrimento del derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos que no podrán permitirse acceder a la vía privada y que supone la demolición de la justicia como un servicio público fundamental, además de llevarse por delante las audiencias provinciales, los juzgados de paz, los partidos judiciales, algo totalmente inaceptable.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista no puede compartir que se haga una justicia de dos velocidades. No puede aceptar el tasazo judicial, el copago que consolida una justicia para ricos y otra para pobres, que establece una diferencia entre los ciudadanos que pueden costear la defensa de sus derechos de quienes sencillamente no pueden ni siquiera plantearse acceder a su defensa. Por afectar a la tutela judicial efectiva, por afectar a la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista recurre la Ley de tasas judiciales ante el Tribunal Constitucional, y no podemos compartir, señorías, que se congelen las partidas destinadas a la justicia gratuita, que no experimente incremento alguno, a pesar del aumento de la litigiosidad y de los efectos de la crisis; y no podemos compartir que, una vez más, el ministro de Justicia, el señor Ruiz-Gallardón, incumpla su compromiso de mejorar las prestaciones del turno de oficio, que fue el pretexto que se utilizó para justificar la implantación de las tasas judiciales. Como tampoco puede compartir nuestro grupo que se prescinda de profesionales valiosos que han prestado importantes servicios a la justicia y que han pasado a engrosar las listas de despidos y de desempleados, como ocurrió con la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre.

Señorías, la oferta pública de empleo para el acceso a la carrera judicial y fiscal es un año más totalmente insuficiente; insuficiente, señorías del Partido Popular, al no llegar ni siquiera a cubrir las bajas estructurales de la plantilla judicial, lo que, en la práctica, supone un descenso de las mismas; insuficiente al pretender que con los mismos recursos se pueda asumir la carga de trabajo que realizaba la justicia interina tras el ERE en la Administración de Justicia...

El señor PRESIDENTE: Vaya, terminando, señoría.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: ... que deja fuera a más de 1000 jueces sustitutos y magistrados fiscales suplentes, lo que agrava todavía más la precaria situación de los juzgados y tribunales con los consiguientes perjuicios para la ciudadanía. Y es que el modelo de justicia del señor Ruiz-Gallardón no implanta ni una oficina judicial ni ofrece a la ciudadanía un nuevo modelo alternativo que agilice la justicia y constituye exclusivamente una apuesta por las tasas y la privatización de servicios...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: ... una forma de desmantelar el servicio público.

Por todo ello —y termino, señor presidente— nuestro grupo presenta un veto a la sección 13 de estos Presupuestos Generales del Estado, un veto que espero, tras los argumentos presentados, tengan a bien aceptar sus señorías.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Marra.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado la enmienda número 3347. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Rieradevall.




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La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

El presupuesto de ingresos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado incluye la dotación de 365 millones correspondientes a la recaudación de tasas judiciales, contraviniendo lo establecido por el Estado en la Ley de tasas, ya que, de acuerdo con el artículo 11 de dicha ley, se establece que la tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de asistencia gratuita, al sistema de justicia gratuita que se establecerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

El incumplimiento del Estado de dicha disposición constituye una vulneración del principio establecido por la ley jurisdiccional de la justicia gratuita y de la modernización de la Administración de Justicia. Y es que, tal y como se desprende de los cinco recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012 de tasas, admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, entre ellos el interpuesto por la Generalitat de Cataluña, se considera a las tasas como una barrera económica para la justicia gratuita por parte de los ciudadanos que sigue presente a pesar de la reforma del pasado mes de febrero.

Por su parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional planteó cuestión de inconstitucionalidad al entender que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a este servicio público y convertirse en un impedimento innecesario e injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva. La postura intransigente del Gobierno propicia un hecho sin precedentes hasta el momento, y es que todos los actores jurídicos se posicionaron en contra.

En estos presupuestos se ha previsto para la justicia la cantidad de 1500 millones de euros. Se trata de una reducción de un 2,17% en relación con la cantidad prevista en 2013. La caída está siendo relevante, continuada y progresiva, pues en los presupuestos de 2013 ya se acordó una disminución del 4,21 respecto de 2012. Dicho descenso se produce a pesar de que los juzgados y los tribunales padecen graves insuficiencias de medios personales y materiales y, en lugar de adaptarse los presupuestos a las necesidades reales de una Administración de Justicia históricamente deficitaria en recursos, se apuesta por recortes que continúan gravando la ya precaria situación del servicio público, con las lógicas consecuencias en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Por otro lado, en materia de inversiones se baja de 74,94 millones de euros a 61,55 millones de euros, lo cual supone una reducción del 17,17%. Dicha disminución es especialmente importante en el apartado de nuevas tecnologías y en el ámbito del plan de modernización. Con estos presupuestos resulta absolutamente imposible la puesta en marcha de la nueva oficina judicial y es inviable cualquier iniciativa de modernización del sistema judicial. Se condena así a la Administración de Justicia a funcionar con instrumentos anacrónicos, impropios para resolver los litigios de una sociedad avanzada.

Además, se congelan las partidas destinadas a justicia gratuita, a pesar de que el ministro Ruiz-Gallardón justificó la implantación de las tasas afirmando que iban a mejorar las prestaciones del turno de oficio. La cruda realidad es que ninguna cantidad procedente de la recaudación de las tasas se va a destinar a justicia gratuita. Y si el dinero de las tasas no se invierte en mejorar la justicia gratuita, resulta necesario preguntar al Gobierno a qué ha sido destinado este pago. Y ante la importante reducción presupuestaria que se ha venido practicando, es evidente que las cantidades ingresadas tampoco han ido a financiar el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Asimismo, las disposiciones presupuestarias indican en la oferta de empleo público que únicamente se van a crear cincuenta plazas de acceso a las carreras judicial y fiscal. Se trata de una medida que ni siquiera llega a cubrir las bajas estructurales de la plantilla judicial, por lo que en la práctica supone un descenso en ella. Resulta totalmente incompatible con el gran volumen de procedimientos por resolver, por lo que esto puede llevar al colapso.

Algo muy relevante para las comunidades autónomas con competencias en la Administración de Justicia, como Cataluña, es que no resulta aceptable que prestándose el servicio en concurrencia entre dos administraciones, estatal y autonómica, toda la recaudación que se obtiene por las tasas, o incluso por los intereses de las consignaciones judiciales, revierta únicamente en una de las dos administraciones. Estará de acuerdo el Gobierno en que el concepto de tasa, algo que cobramos para ayudar a prestar servicios, tiene en su finalidad una voluntad de que se destine a la prestación del servicio. Por lo tanto, si la prestación del servicio es sufragada a partes




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prácticamente iguales y entre dos administraciones, no acertamos a comprender que ni un solo euro se destine a la finalidad de las tasas, es decir, a la prestación de un servicio.

Es por todo ello que mi grupo presenta propuesta de veto para la impugnación de la sección 13.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado la enmienda número 276. Para su defensa tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Presentamos veto a la sección 13, Ministerio de Justicia, porque en ella se produce una reducción del 2,17%, a pesar de que de ser este un ministerio tradicionalmente de gastos, empezó a generar ingresos a través de las tasas. Ello significa, además, sumar un recorte sobre el que ya se había producido en el presupuesto del presente ejercicio por un importe de un 4,21%. Y todo ello sobre una Administración, la de Justicia, en la que nunca se vivieron las vacas gordas, ya que antes de los ajustes ya presentaba importantes déficits, tanto en órganos como en personal o en medios materiales. No entra en la estrategia del Gobierno potenciar lo que acaba siendo la última trinchera de los ciudadanos en la defensa de sus intereses tanto frente a otros ciudadanos como frente a las políticas y a las administraciones. Este Gobierno, que tiene por costumbre legislar para corregir la jurisprudencia que no le gusta, como tampoco le gustan algunas de las resoluciones que se dictan para retrasar la privatización de la sanidad en Madrid o los recortes en Castilla-La Mancha, o resoluciones que tumbaron los ERE en las televisiones públicas en Valencia y en Madrid, utiliza como instrumento reducir los medios con los que cuenta esa justicia para reducir su eficacia. Bajan las inversiones en un 17,17%, lo que supone la paralización de la implantación de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia e imposibilita además el desarrollo, con estos recortes, del modelo de nueva oficina judicial.

Nos han avanzado los contenidos de una Ley de Demarcación y Planta Judicial que significará el cierre de sedes. El discurso oficial es que no se prescindirá de órganos, pero se prescindirá de sedes judiciales y, por lo tanto, se obligará a desplazamientos a los ciudadanos. La partida de justicia gratuita es insuficiente y, desde luego, escenifica que se rompe el compromiso de que las tasas judiciales iban a ser dedicadas a la justicia gratuita. A pesar de que en el trámite parlamentario en el Congreso se ha doblado la convocatoria pública de jueces y fiscales, sigue siendo insuficiente para mantener la calidad de la justicia y debiera ampliarse también el número de secretarios judiciales.

Finalmente, la desaparición de las partidas dedicadas a la reparación a las víctimas de la guerra civil y la puesta en marcha de los cumplimientos de la Ley de la memoria significa el entierro definitivo de esta ley, como sin duda tenía previsto el Gobierno desde el primer momento.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Los senadores Guillot y Saura han presentado la enmienda número 1019.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor presidente.

El senador Jordi Guillot y yo creemos que los presupuestos de Justicia deberían tener dos objetivos fundamentales. El primero es la modernización de la justicia. La justicia es, sin ningún género de dudas, la parte del Estado que ha evolucionado menos desde la recuperación de la democracia. Por tanto, el primer objetivo consiste en modernizar la Administración de Justicia. Y el segundo es ampliar y mejorar la calidad democrática de los espacios y ambientes alrededor de la justicia.

Presentamos el veto, no solo porque no se ha hecho esto, sino porque el presupuesto de Justicia significa un doble retroceso: en modernización y en incremento de la calidad democrática. ¿Por qué hablamos de retroceso en la modernización? Porque todos los recursos disminuyen. Ciertamente, solo con recursos no se gana la eficacia pero es necesario e imprescindible un mínimo de recursos para modernizar la justicia.




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Se contempla un presupuesto de 1500 millones de euros, inferior al de 2008. E invito a los curiosos a que lean la enmienda a la totalidad del portavoz del Partido Popular en ese debate y comprueben lo que llegó a decir; si hoy lo digo yo aquí se me tacharía de demagogo. Repito que tenemos un presupuesto de 1500 millones, por debajo del de 2008, lo que supone un 0,4% en relación al presupuesto. Les recuerdo que existía un objetivo histórico sobre que la justicia debía representar el 2% del presupuesto; en este caso, supone el 0,4%.

Pero además quiero hacer otra comparación. El programa especial de armamento, del que hablaremos luego en la próxima sección, significa gastar cada año unos 1500 millones de euros. Es decir, se gasta tanto en armamento especial como en materia de justicia. Otro ejemplo, para las clases de religión pagamos a los sacerdotes 700 millones de euros. Es decir, hay dinero que podríamos dedicar a la modernización de la justicia.

El segundo objetivo se refiere a la calidad de la democracia en dos aspectos. Por un lado, se trata de fortalecer la independencia judicial y lo que hace la Ley del Consejo General del Poder Judicial es todo lo contrario: quiebra y rompe la separación de poderes. Y por otro lado, con la Ley de tasas se impide el acceso a muchas personas, la gente no puede ejercer sus derechos como ciudadanos, y el ministro Ruiz-Gallardón se comprometió a dedicar el dinero de las tasas para la justicia gratuita pero no ha sido así. Ahora, además, nos anuncia un Código Penal preconstitucional; en España no hay una tasa de criminalidad preocupante y el índice de personas que están en la cárcel es el más elevado de toda Europa. Nos presenta un Código Penal populista, demagógico e injusto socialmente.

Por todas esas razones, porque no moderniza la justicia, quiebra la separación de poderes y hace más difícil el acceso de los sectores más débiles a la justicia, pedimos su voto favorable a este veto correspondiente al Ministerio de Justicia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas noches. Señorías, he escuchado con atención los diferentes argumentos que han expuesto en la defensa de sus vetos y lo cierto es que veo en ellos el recurso a un argumento bastante común cada vez que hablamos de la política de justicia de nuestro Gobierno. Y como imaginarán, estoy totalmente en desacuerdo con estos argumentos.

Han hablado ustedes de que la justicia no es una prioridad y de que las cantidades previstas para la justicia en este presupuesto van a implicar un retroceso, un retroceso y un ataque a la calidad democrática de la justicia. Han sembrado dudas también sobre la vinculación de la recaudación de las tasas con la financiación de la justicia gratuita. Han señalado una serie de argumentos con los que, como ya he dicho, no puedo estar más que en desacuerdo. A continuación voy a hablar de cada uno de ellos. Les adelanto, por supuesto, que el voto de nuestro grupo va a ser en contra de los vetos que han presentado.

En primer lugar quiero hacer referencia a que, con carácter general, todos los portavoces han señalado ese retroceso en la cuantía total que se destina al presupuesto de Justicia. Es cierto, como hemos visto en el debate previo, que estos presupuestos contienen un ajuste. Son 1594 millones de euros para el ministerio y organismos, pero es que este ajuste tiene que ser así. Como he dicho, son unos presupuestos corresponsables con la senda de control del déficit y la estabilidad presupuestaria, senda que es precisamente la que nos ha mostrado que España comienza a tener signos de estabilización económica y que debemos continuar por ese camino. Son unos presupuestos austeros y, sin embargo, suficientes para atender toda la cartera de servicios del Ministerio de Justicia o de la Administración de Justicia y para el mantenimiento del servicio público de justicia.

En segundo lugar, la mayor parte de sus señorías también han hecho críticas a la política de personal. En primer lugar quisiera hacer referencia precisamente a esa Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, que lo que ha conseguido es reducir ciertamente la justicia interina y un ahorro que ahora se ve en esa reducción de los gastos dedicados a personal y que ha supuesto también una profesionalización de nuestra justicia.




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Por otra parte, también han criticado la oferta de empleo público. En este punto quiero decirles que en el Congreso se aprobó una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, oferta de empleo público que se amplía a 100 plazas. En mi grupo consideramos que es una oferta digna; como digo son 100 plazas, y a ello hay que sumar que este año se incorporan 204 nuevos jueces y 15 fiscales, y se van a crear 281 nuevas plazas para jueces. Así que consideramos que esta oferta es lo suficientemente digna y adecuada, teniendo en cuenta, además, que el Ministerio de Justicia es una de las excepciones que hay en cuanto a cobertura de vacantes. No se pudo crear oferta en los primeros presupuestos por los ajustes y por los recortes. Pero también tengo que recordarles que no fueron los primeros presupuestos con ajustes en el Ministerio de Justicia. Los primeros con esos recortes fueron los últimos del Gobierno socialista. En el presupuesto pasado se crearon 50 plazas y ahora las aumentamos hasta 100.

En cuanto a la justicia gratuita se ha señalado que se congela la partida de justicia gratuita. Pues bien, si tengo que valorar positivamente algo de estos presupuestos, es precisamente el mantenimiento de partidas sensibles para los ciudadanos y, en particular, el mantenimiento de las partidas de justicia gratuita y el de las partidas destinadas a las víctimas. Son partidas suficientes para afrontar el gasto de justicia gratuita en todo el territorio del ministerio, que son cinco comunidades autónomas. Y si fuese necesario aumentar esta partida así se haría puesto que es lo que se ha hecho en años pasados.

Han enlazado este debate sobre la justicia gratuita con ese tema que ya es un clásico cada vez que hablamos de justicia, y es esa dualidad de justicia para ricos y justicia para pobres, o esa doble velocidad de la justicia. Y han hablado también de las tasas, pero han olvidado que en España esta financiación mixta de la justicia es una opción constitucional, que recaudamos un importe aproximado del 10% del coste del proceso en primera instancia, cuando en los países de nuestro entorno se está recaudando mucho más del doble de esas cuantías. Y quiero destacar, además, que han olvidado ustedes que en febrero se adelantaron las medidas del Anteproyecto de Ley de justicia gratuita, ahora en tramitación, aumentando los umbrales y los beneficiarios de dicha justicia gratuita.

En cuanto a la vinculación de las tasas y la justicia gratuita, creo que es la crítica más grave que he podido oír porque prácticamente están acusando al ministerio de incumplir el artículo 11 de la vinculación de las tasas. Yo creo que no tengo que hacer aquí referencia a la diferencia que hay entre vinculación y afectación de un determinado recurso y la financiación de una partida o de un gasto determinado. Pero voy a poner de manifiesto, aunque creo haberlo contado ya desde esta tribuna, por qué se estableció esta vinculación con la crisis económica y la reforma que se estaba previendo de la Ley de justicia gratuita. Pues bien, se preveía un aumento considerable del número de beneficiarios, y para poder garantizar la financiación de este servicio se estableció esta vinculación de lo que se recaudase por tasas a la justicia gratuita, un objetivo que sigue igual de vivo, así como el compromiso del ministerio es igual de cierto que en el momento en que se aprobó la Ley de tasas. Saben ustedes que durante la tramitación parlamentaria se avanzó un determinado procedimiento del que se estaba hablando con las comunidades autónomas con competencias transferidas para hacer realidad esa vinculación, pero no fue aceptado por varias comunidades autónomas. ¿La situación a día de hoy? Les cuento cuál es: el compromiso cierto de llevar a cabo esa vinculación. Se está esperando a cerrar el ejercicio y saber cuál es exactamente la recaudación que hay por las tasas judiciales y, a partir de ahí, iniciar un proceso de diálogo. El ministerio ya se ha puesto en contacto con las comunidades autónomas para llegar a un acuerdo y ver cómo se materializa esa vinculación, un acuerdo que, por supuesto, será con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el Ministerio de Justicia y con las comunidades autónomas con competencias transferidas.

Finalizo ya, muy brevemente. Otra de las críticas que han señalado con carácter general al presupuesto es el descenso en las partidas del capítulo 6, infraestructuras y modernización. Es cierto que es el descenso más acusado, pero aun así quiero señalar que, aunque las partidas estén ajustadas, son suficientes para seguir avanzando; en infraestructuras, por lo menos para hacer frente a las obras de mantenimiento y a aquellas obras o proyectos de obra que son más urgentes, que quedan garantizados.

En cuanto a la modernización, la partida global que se destina a modernización, tanto al sistema de justicia como al Registro Civil, es de 43,3 millones, y, por supuesto, esos 43,3 millones




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van a permitir seguir avanzando en la modernización tecnológica de los tribunales, en el despliegue de la oficina judicial, en interoperabilidad, y terminar con esos ocho sistemas distintos que tenemos en nuestro país. Aquí habría que destacar la creación del Comité Estatal para la Administración Electrónica, del que forman parte tanto las comunidades autónomas con competencias transferidas como el ministerio y donde todos están trabajando de común acuerdo para poder avanzar en materia de interoperabilidad.

Por último, quiero destacar que en el Grupo Parlamentario Popular consideramos que estos presupuestos, aunque son austeros y sus partidas están ajustadas al máximo, nos permiten seguir avanzando en la reforma de la Administración de Justicia, del servicio público de justicia, y, por supuesto, mantener toda la cartera de servicios de la Administración de Justicia.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Pasamos a la sección 14.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda número 2892.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Abad.

El señor ABAD BENEDICTO: Gracias, señor presidente.

Señorías, el presente veto a la sección 14, que defiendo en nombre del Grupo Socialista, está más que justificado ante unos Presupuestos Generales del Estado que, un año más, no permiten atisbar qué modelo de Fuerzas Armadas y qué política de defensa quiere este Gobierno del señor Rajoy para España, reflexión que parte, no solo diseccionando este presupuesto que nos han presentado y que ahora estamos debatiendo en el Senado, sino por el devenir de estos últimos años; este es el tercero. Una vez más, es un presupuesto virtual, un presupuesto trampa que no recoge el coste total de lo que se va a gastar en defensa, como se pone de manifiesto al no recoger el coste de los programas especiales de armamento y la previsión del coste de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior.

Para los programas especiales de armamento los presupuestos recogen 6,84 millones de euros y para lo segundo, 4 millones de euros, cifras que son claramente insuficiente, señorías, como ha quedado de manifiesto en los presupuestos para 2012 y 2013: 784 millones de euros para el coste de las operaciones en el exterior y 877 millones de euros en 2013. Y con la advertencia ya del secretario de Estado de que en 2014 tendrán que disponer de un nuevo crédito extraordinario, en torno a unos 800 millones de euros.

Por tanto, si existe la certeza del Gobierno de que van a continuar las operaciones en el exterior y hay que seguir abonando los acuerdos de los programas especiales de armamento, lo lógico, señorías, es que en los presupuestos para el próximo año, 2014, que hoy estamos debatiendo, figuren esas cantidades para que todos pudiéramos conocer cuál va a ser el gasto real que se va a producir en el conjunto del Estado.

En política de personal de las Fuerzas Armadas, como ya le dije al señor secretario de Estado en su comparecencia, el pasado 25 de noviembre, no sabemos con claridad hacia dónde vamos. Se traspasa la línea roja de los 80 000 efectivos en tropa y marinería, dejándolos por debajo de 79 000. Pero ¿será esta la última bajada o no será la última? ¿Tiene el Gobierno algún estudio especial que el resto de los grupos políticos desconocemos? ¿Podremos conocer alguna vez el famoso documento 2025 que elaboró el JEMAD? ¿Podremos alguna vez debatirlo en esta Cámara, señorías? ¿Podremos afirmar en algún momento que una política de Estado como la política de defensa tiene el consenso de los grupos y no obedece simplemente al dictado que se plantee desde el Ministerio de Defensa? (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Les tengo que decir, señorías del Partido Popular, que no hemos entendido por qué razón aspectos como estos no son objeto de acuerdo y de consenso. Y ese es otro de los motivos por los que en el Senado, en la defensa de este veto a la sección 14, planteamos que mientras no se cambien las pautas y las formas de entender la política de defensa y podamos saber hacia dónde vamos va a ser muy difícil que el Grupo Parlamentario Socialista se preste a esta ceremonia de la confusión.

Si seguimos analizando el presupuesto vemos cómo continúan bajando los elementos básicos para el mantenimiento, capacidades militares, modernización y adiestramiento de las Fuerzas




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Armadas. Nos estamos jugando la operatividad y las capacidades de futuro de nuestras Fuerzas Armadas, por tanto, señorías, habría que conseguir tener un plan de reestructuración orgánica y de infraestructuras de las Fuerzas Armadas que, tanto en este presupuesto como en los anteriores, no se atisba ni por asomo.

Con estos argumentos, vamos a votar lógicamente en contra. El veto a la sección 14, Ministerio de Defensa, está asegurado.

Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado la enmienda 3348.

Tiene la palabra el senador señor Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.

Comparezco como portavoz de defensa del Grupo Parlamentario Convergència i Unió para defender el veto a la sección de los Presupuestos Generales del Estado en materia de defensa.

Tengo cinco minutos de intervención, pero la verdad es que con treinta segundos me bastaría, porque solo con leer el texto de la justificación que nuestro grupo presentó para registrar este veto en el Senado estaría todo dicho. Textualmente dice que no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del bienestar y mejorar la competitividad de nuestra economía.

Este enunciado sirve para todas las secciones y, por tanto, para todo el Presupuesto General del Estado.

Pero tampoco en defensa se han puesto ustedes el chip de la situación por la que pasa este país. Este es un presupuesto ambiguo, donde las partidas no se definen, donde, por ejemplo, las actuaciones en el extranjero tampoco quedan muy tipificadas, donde la integración en las fuerzas internacionales queda difusa. No sabemos hacia dónde quiere ir —hace un momento lo decía el portavoz socialista—.

Señorías, España debería haber hecho una rebaja mayor en defensa. Si algo se entiende a la hora de recortar es en defensa, por muchas razones: por la crisis que vive este país; por tanto, la crisis económica lo exige. Estamos haciendo recortes en sanidad, estamos haciendo recortes en educación, estamos haciendo recortes en muchos ámbitos; los mismos funcionarios tienen recortados sus sueldos, etcétera. Y qué mejor que recortar en defensa, porque la defensa está muy globalizada: OTAN, fuerzas internacionales, etcétera. Porque habría que ir hacia el ejército europeo, habría que ir hacia una eurofuerza, de la cual tanto se ha hablado, pero ¿ejércitos en cada Estado? ¿Ejércitos en cada país, cuando la paz impera en nuestro territorio y en nuestro entorno más próximo? Por tanto, cada vez se entiende menos que se gaste en armas y en material de defensa, cuando ahora lo que toca es priorizar el bienestar social o incluso cumplir con aquellas obligaciones que afectan a terceros. En este tema, queremos que conste en el Diario de Sesiones el incumplimiento del Ministerio de Defensa en muchos aspectos, entre ellos, en pagar la deuda sobre los pagos pendientes de los programas especiales de defensa, cantidad extraordinaria pendiente que pasa de los 20 000 millones de euros. A veces se reconocen 23 000; otras, 27 000, e incluso desde Convergència i Unió pensamos que si siguen los 31 000 millones que dejó el Gobierno de Zapatero cuando disolvió las Cortes. Por tanto, creemos inconcebible que esta deuda siga aún a estos niveles.

Siguiendo con incumplimientos, quiero mencionar algunos que claman al cielo, por ejemplo, los incumplimientos que se están llevando a cabo reiteradamente con un colectivo históricamente olvidado. Son los soldados del Ifni-Sahara, unos soldados que combatieron enviados por España y que llevan lustros esperando que se haga justicia. Este portavoz y nuestro grupo, tanto en el Congreso como en el Senado, llevan años y años reclamando que se les reconozcan aquellos derechos que tienen contraídos y que en su día reconoce la misma Ley de defensa, un reconocimiento que lleva explícito la ley. Es curioso, porque cuando ustedes, el partido que hoy da apoyo al Gobierno, el Partido Popular, estaban en la oposición, incluso había miembros que iban a las manifestaciones a dar apoyo a estos exsoldados, veteranos del Ifni-Sahara. Pero ahora




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están en el Gobierno y se han olvidado de los compromisos que tienen con este colectivo, que poco a poco va siendo más pequeño; cada vez está muriendo más gente y está pasando a mejor vida.

También proponemos este veto por otros incumplimientos, como el de no incluir cantidades para llegar a acuerdos con municipios e invertir en la adecuación de instalaciones y terrenos que en estos momentos están en una situación deplorable, como, por ejemplo, la batería de Punta Milà, en Torroella de Montgría, del Estartit, donde se pide la demolición de unas instalaciones abandonadas y ruinosas en medio de un parque natural y que ustedes han abandonado. No cumplen con los ruegos del ayuntamiento para que lo dejen expedito, para que derrumben todo y que la naturaleza pueda regenerar esta zona.

Hay otros incumplimientos…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor MALDONADO I GILI: Voy acabando.

En el turno de enmiendas los intentaré resumir. Por ejemplo, la tozudez institucional y política de los ministerios de Interior y de Defensa. En relación con la Guardia Civil, porque no se atienden peticiones de ayuntamientos como el de Calella, que quiere destinar las instalaciones a viviendas sociales, y el Gobierno se niega a concentrar este servicio en Premiá, con lo cual se podría dar un uso social a estas viviendas. Hay más aspectos que el tiempo no me permite mencionar; por ejemplo, no entendemos que se destinen cuatro millones a publicidad con la que está cayendo, contraviniendo además lo que la ley vigente prohibe.

Todos estos aspectos de incumplimientos, de partidas difusas, de poca realidad y de un nulo recorte en defensa son los que hacen que presentemos este veto.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda 291, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, tiene la palabra el senador Mariscal Cifuentes.

El señor MARISCAL CIFUENTES: No se preocupe, me ha puesto cinco minutos de tiempo, pero sé que son tres. Voy a terminar antes.

Gracias, señor presidente.

Los senadores de Izquierda Unida hemos presentado esta impugnación a la sección 14, de Defensa, con dos ejes fundamentales: en primer lugar, denunciar que los Presupuestos Generales del Estado en materia de defensa son mentira y vienen siendo mentira en todos los ejercicios presupuestarios de los últimos años. Y estamos debatiendo sobre otra mentira. Por lo tanto, es un debate que podemos tener; podemos debatir sobre lo que viene en los papeles, pero ustedes saben, como yo, que van a seguir incrementando los programas especiales de armamento con créditos extraordinarios cuando llegue el momento y que van a seguir haciendo las modificaciones presupuestarias que les parezca para poder transformar este presupuesto. Y estaría bien que al menos lo hicieran porque les diera vergüenza poner tanto dinero para defensa y armamento, pero creo que no es por eso.

Los senadores de Izquierda Unida no podemos entender que en una situación de crisis, y sin crisis económica, el Estado gaste el dinero que se gasta en las misiones en el exterior del ejército español, misiones en el exterior que son calificadas de misiones de derechos humanos, aunque todo el mundo sabe que no tienen nada que ver con los derechos humanos. Ahí está la situación en Afganistán, esa gran victoria militar del imperio, que ha llevado a que se agudice la situación de incumplimiento absoluto de los derechos humanos en ese país. O sea que de misión humanitaria, nada; otra gran mentira que permanentemente se viene repitiendo.

La cuestión es que el Estado gasta al día aproximadamente 300 millones de las antiguas pesetas; al día. Nosotros no podemos entender esto, no estamos de acuerdo con esto, y este es otro motivo por el que presentamos esta impugnación al material de defensa, junto con una serie de peticiones que también se expresarán en las enmiendas parciales que hemos presentado, especialmente la anulación de las operaciones militares, lo que nos permitiría tener 300 millones al día de las antiguas pesetas para otras cosas que seguramente necesitamos. Con esto no hay problema; con la cooperación internacional, sí, pero con esto parece que no lo hay.




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También proponemos la conversión de la I+D militar en I+D civil, porque nos parece que sería más conveniente y sería mucho más productivo para el conjunto del pueblo español que se pudiera destinar ese importante dinero de la I+D militar para la I+D civil.

Nada más, y gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Mariscal.

El Grupo Parlamentario de la Entesa ha presentado la enmienda número 1020, firmada por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Nosotros hemos presentado el veto por tres razones: la primera, porque el presupuesto de defensa es falso; la segunda, porque la política de defensa que sigue el ministerio actual es una política de burbuja armamentista que lleva a la fallida al ministerio; y la tercera, porque se prioriza la política militar en relación con la política civil en determinados aspectos.

Voy a la primera. He dicho que es falso, y no solo lo digo yo, sino que lo ha dicho el Tribunal de Cuentas. Y es falso por dos razones: porque el ministerio no calcula el presupuesto militar en función de los criterios de la OTAN y, lo que es más grave, porque cada mes de julio o agosto se amplían en 1500 o 2000 millones de euros partidas de 4 o 5 millones de euros, correspondientes a dos conceptos: a los programas especiales de armamento y a las operaciones exteriores. Por lo tanto, el presupuesto que nos ofrece el ministerio es un presupuesto erróneo, equivocado, que intenta ocultar el gasto militar de España.

La segunda consideración es que tenemos unos compromisos adquiridos a partir de la segunda mitad de la década de los noventa en relación con lo que se llama programa especial de armamento, por valor de 29 000 millones de euros. El Gobierno ha reprogramado esto en agosto y ahora lo sitúa en 23 000 o 26 000 millones, que no se pueden pagar. Es imposible que el Ministerio de Defensa pueda estar pagando durante diez, doce o quince años 2000 millones de euros, y lo que está haciendo es reprogramar, reprogramar y reprogramar una compra de material que además no sirve para las necesidades estratégicas de seguridad del Estado español. Y como ejemplo están ese tanque que no se puede transportar en el avión porque pesa más, o del famoso submarino S-80 —los cuatro que hemos encargado—, que se hunde pero que luego no puede levantarse. Por lo tanto, otro motivo es la necesidad de reprogramar esto y de cancelar algunos contratos.

Y en tercer lugar, está el hecho de que mientras, por ejemplo, la investigación civil en el presupuesto público crece el 1,3%, la investigación militar crece el 30,9%. Ha desaparecido aquella idea que teníamos hace veinte años de que lo importante era la investigación militar porque traspasaba conocimientos a la investigación civil. En estos momentos lo que es importante es la investigación civil, y he de decirles que en los Presupuestos del Estado la investigación militar es superior a la suma de la investigación sanitaria, energética, agraria y medioambiental. Es decir, estamos destinando mucho más dinero a investigación militar que a investigaciones tan importantes como las que he citado.

Por todas estas razones, les pedimos el voto a favor del veto que presentamos

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

En el turno en contra de la sección 14, tiene la palabra el senador señor Campoy.

El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo para contestar a los vetos que han presentado los distintos grupos parlamentarios en contra de la aprobación de la sección 14, del Ministerio de Defensa, a los Presupuestos Generales del Estado para 2014.

A juicio de este grupo parlamentario los argumentos que contienen los distintos vetos presentados no se corresponden con la necesidad de contener el gasto, por una parte, y, por tanto, de combatir el déficit, que es, como todas sus señorías saben, el talón de Aquiles de nuestra economía. Más bien al contrario, estos Presupuestos Generales del Estado son, como no puede ser de otra manera, continuistas con los ejercicios anteriores; es decir, continúan con el objetivo de reducir el conjunto del gasto de los ministerios, y en este caso, del Ministerio de Defensa. Por




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tanto, se ven reducidos, como todas sus señorías saben, en un 3,2%; aproximadamente, 191 millones de euros. Son coherentes, por tanto, con la política que en su conjunto está desarrollando el Gobierno de España, y son también corresponsables y solidarios con la coyuntura de crisis.

Yo diría, como han dicho mis compañeros responsables de otras áreas, de otros ministerios, que estos, los de Defensa, son unos presupuestos caracterizados por la austeridad y, por tanto, también por la obligación de la optimización de los recursos, que son ciertamente más escasos. De ahí que la eficiencia sea la única fórmula para poder paliar ese descenso, que en el caso del Ministerio de Defensa podría ser de cierto riesgo en el capítulo 2, que disminuye un 8%, y es el que puede afectar a la operatividad y al alistamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Este es el verdadero reto del Presupuesto del Estado en el Ministerio de Defensa para 2014, porque todo esto hay que hacerlo sin traspasar la línea roja de la que hablaba el señor Abad. Es decir, se sacrifican las Fuerzas Armadas, efectivamente, como también se sacrifica el resto de la sociedad española en su conjunto, pero no se sacrifica en modo alguno la seguridad de las tropas, señoría, como tampoco la operatividad de las Fuerzas Armadas, que son plenamente operativas para el cumplimiento de las misiones que tienen encomendadas en nuestra legislación, en la Constitución Española, en el artículo 8, en la Ley Orgánica de Defensa Nacional, como también por nuestros compromisos internacionales en las misiones que están desarrollando en el exterior.

La cuestión fundamental aquí, señorías, es: ¿ponen en riesgo la seguridad y la defensa el descenso, los decrementos en el Ministerio de Defensa? ¿Ponen en riesgo la seguridad y la defensa? Esta es la verdadera responsabilidad de un Gobierno en materia de seguridad y defensa. ¿Se pone en riesgo? Pues tanto el ministro de Defensa, como el secretario de Estado y el propio jefe del Estado Mayor de la Defensa han dicho públicamente que en modo alguno, que no. Pero es que, además, estos descensos se están produciendo desde 2008. Entonces ¿me quiere decir, señor Abad, que en 2008, 2009, 2010 y 2011, en que también hubo descensos presupuestarios, se puso en riesgo la seguridad y la defensa de España? ¿Me quiere decir eso? Conteste usted. Es evidente que la situación en la que estamos no es la ideal, no es la situación ideal, de ahí que todos los españoles y todos los ministerios —en este caso concreto, el Ministerio de Defensa— estemos haciendo un esfuerzo y un sacrificio para poder salir cuanto antes de la crisis.

Coincido con usted en que sería aconsejable establecer un horizonte y un marco estable, desde el punto de vista financiero y presupuestario, que fuera fruto del compromiso político. Estoy de acuerdo, y deberemos trabajar en esa línea para poder conseguirlo. Tal vez, señoría, sea así como podamos darle forma al reclamado modelo que usted pronuncia.

Por lo demás, más allá de las incongruencias de algún grupo parlamentario, en las que no da tiempo a entrar, estos presupuestos han sido calificados de amputados, camuflados, virtuales, incluso de fraude presupuestario, de performance, irreales, vacíos… No les faltan calificativos. Pero vamos a los argumentos de peso que los sustentan, dos argumentos fundamentalmente.

En relación con los créditos extraordinarios, señorías, se atiende a lo comprometido no pagado. Es importante: a lo comprometido no pagado. Es, por tanto, ajeno al Ministerio de Defensa, porque se paga en función de la disponibilidad, como saben sus señorías, y del coste financiero que en esos momentos tengan los mercados. Como también saben, no computan a efectos de déficit y, lo que es más importante, lo aprueba el Consejo de Ministros y requiere la posterior tramitación parlamentaria y, por tanto, su convalidación. No se pueden declarar de opacos y de poco transparentes. Y lo que tiene más importancia desde el punto de vista político, señorías: demuestran que el Gobierno del Partido Popular paga sus facturas, paga las facturas del Gobierno español, cumple con sus compromisos —además, lo ha hecho disminuyendo el techo de gasto, que fijó, por cierto, el Gobierno socialista en 7000 millones de euros—, lo que supone en credibilidad para el Gobierno de España que el Gobierno de España paga, que el Gobierno de España cumple, más allá del partidismo político. Y además supone un impulso y compromiso importantísimo para la industria de defensa. Lo ha dicho nuestro portavoz, el señor Barreiro, ustedes tienen la habilidad de dejar las facturas debajo de la mesa. Y es verdad, porque aquí la cuestión es que ustedes nos critican porque pagamos las facturas; y la pregunta no sería por qué nosotros pagamos las facturas, la pregunta sería por qué no las pagaron ustedes. ¿Por qué no pagaron ustedes las facturas? (Aplausos.) ¿Por qué no las presupuestaron? Es más, ¿por qué no las pagaron y no las presupuestaron, cuando entonces, según ustedes, no había crisis? Respondan a esa pregunta.




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En cuanto a las operaciones en el exterior, saben sus señorías que las operaciones en el exterior desde el punto de vista presupuestario se aprueban con el Fondo de Contingencia que tiene lugar a finales de año. Difícilmente los presupuestos que tienen lugar ahora pueden establecer lo que el Fondo de Contingencia tiene que aprobar a finales de año.

Señorías, en el poco tiempo que me resta tengo que decir que, a juicio de este portavoz y del Grupo Parlamentario Popular, estos presupuestos son creíbles precisamente porque nos atesoran los dos años anteriores y, por tanto, son realistas. Y además mantienen algo que es el verdadero reto hoy día: el equilibrio entre la contención del gasto, la contención del déficit, y mantener el nivel de operatividad de nuestras Fuerzas Armadas y, por tanto, la seguridad y defensa de España. Son, señorías, los presupuestos que necesita España para, sin dejar de lado, evidentemente, nuestra seguridad y nuestra defensa, salir cuanto antes de la crisis y volver a crecer y a crear empleo. Y todo parece indicar, señorías, que vamos por el buen camino.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Campoy.

Sección 15. El Grupo Parlamentario Socialista presenta la enmienda 2329.

Para su defensa, tiene la palabra el senador señor Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en la sección 15, que corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, precisamente el que elabora estos presupuestos, corresponde hablar de ingresos, de recaudación, corresponde hablar también de los fondos de cooperación económica, local y territoriales, corresponde hablar de la Administración Pública.

Voy a comentar también algo que los portavoces del PP vienen aquí reiterando insistentemente, como el último en intervenir. Nos hablan de las facturas pendientes, y yo pregunto: ¿las facturas eran de la Administración General del Estado, del Gobierno de Zapatero? No, las facturas eran de comunidades autónomas y ayuntamientos. ¿Nos quieren decir alguna vez quién gobernaba las comunidades autónomas y los ayuntamientos donde estaban esas facturas en los cajones? ¿Nos lo quieren decir de una vez? Porque la mayoría eran Gobiernos del Partido Popular.

Voy a la sección 15. Ingresos, recaudación. Tenemos algunas dudas sobre las previsiones de los ingresos. Hablan de incrementar la recaudación el próximo año el 2,3%, cuando por los mismos datos que aportan en el presupuesto habrá menos empleo, muy poco crecimiento —décimas—, el crédito estará contenido, la demanda interior está congelada, la renta familiar disponible continúa disminuyendo, y Rajoy prometiendo bajadas de impuestos. Ya veremos, por tanto, si por primera vez se cumplen sus previsiones de ingresos.

Sí sabemos, y está constatado, que mantienen la subida de esos impuestos temporales, de esos impuestos que en 2014 ya no se iban a cobrar, como el IRPF o el IBI. Otro incumplimiento más del Gobierno Popular.

También sabemos que han ido subiendo todos los tributos, 43 subidas de distintos tributos, impuestos, tasas, contribuciones y precios públicos, y hacen cargar la crisis sobre esa mayoría de trabajadores, de clases medias, de autónomos, de pymes, evidentemente que son los que han tenido que pagar todas esas subidas de impuestos, cuando a una minoría —una minoría, según los datos, cada vez más grande en este país, los millonarios de España subieron el 13% en el año 2012, 37 000 más— se le ponen todos los medios para que tengan que pagar lo menos posible y contribuir, por tanto, lo mínimo a salir de esta crisis.

Se ha comentado aquí que lo que se necesita en este país es una profunda reforma fiscal. Tuvieron muchísima prisa en traer esa reforma que ya traían bajo el brazo, la reforma laboral, y no han tenido ninguna en traernos esa reforma fiscal tan necesaria —repito, también se ha dicho hasta la saciedad—. En este país no tenemos un problema de gasto excesivo, sino lo que tenemos es un problema de disminución de ingresos, 9 puntos menos de ingresos que nuestros socios de la Unión Europea. Eso significa que aparte de una caída, consecuencia de la crisis, que también han tenido los otros países, hay una ineficacia absoluta en la recaudación, unas grandes bolsas de fraude y de elusión fiscal. Contra esto hay que combatir con voluntad política, pero lo que se esta haciendo, y lo estamos viendo todos los días, es que no solamente quitan medios a la Agencia Tributaria, sino que solamente reponen uno de cada diez técnicos e inspectores que se jubilan. ¡Vaya añito! ¡Vaya papelón que tenemos con la Agencia Tributaria! Si había un órgano respetado,




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acreditado y solvente en este país, se lo están cargando con ese afán partidista de controlarlo todo y poner a gente del partido en todos los sitios, cuando yo creo que los que estaban ya eran del partido. Pero eso es a lo que nos tienen acostumbrados haciendo lo contrario de lo que se debería hacer.

Cooperación económica local del Estado: se han cargado, han liquidado definitivamente los planes provinciales de obras y servicios, esos planes provinciales que históricamente tanto habían ayudado a los pequeños y medianos municipios a hacer sus infraestructuras mínimas y a dotar sus servicios; ha pasado el programa 942 a) de 140 millones de euros a 5, los planes provinciales de obras y servicios, de 48 millones a 432 000 euros y para los ayuntamientos de 20 000 habitantes, un fondo que se creó de 45 millones ha quedado a cero. Se han liquidado la cooperación económica local del Estado.

Por último, funcionarios, administraciones públicas. Nuevamente congelan el sueldo de los funcionarios, incumplen una vez más la devolución de la paga extra que el año pasado se les quitó y al no cubrir las plazas que se van amortizando se ve claramente que están intentando desmantelar una parte de la Administración pública. Y ese no es el camino si queremos buenos servicios.

Yo creo que tiene que haber menos alabanzas cuando suba a la tribuna el ministro Montoro o cuando comparecen los secretarios de Estado y más realidades con respecto a los funcionarios y a las administraciones públicas.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Vázquez.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió presenta la enmienda número 3349.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.

Señorías, efectivamente impugnamos esta sección por su propio contenido y por la responsabilidad de este ministerio en la globalidad del presupuesto. Antes se analizaba, y yo también voy a hacer alguna mención que he apuntado en mi veto general a los presupuestos.

En cuanto a los ingresos, ustedes hacen unas previsiones que nosotros hemos calificado de forma bondadosa un tanto optimistas, pero respetables. Vamos a esperar a ver si se cumplen o no pero, en todo caso, mantienen la excepcionalidad de unas subidas tributarias que no planteaban ustedes en su programa electoral y cuya excepcionalidad prorrogan.

Por tanto, estos presupuestos mantienen un incremento del IRPF, un incremento del IVA, —que no entendemos que sea provisional sino que parece que ha venido para quedarse—, un aumento importante del impuesto sobre sociedades y un incremento de los impuestos especiales. En nuestra opinión, y vista la evolución de la recaudación de este año, son previsiones un tanto optimistas y poco realistas, pero les damos el beneficio de la duda y ya lo comprobaremos dentro de unos meses.

En cuanto al contenido de los gastos propios del ministerio, entendemos que hay una falta importante de dotación presupuestaria en algunos de los programas concretos, que vamos a intentar solventar con nuestras enmiendas, y aunque seguramente me dirán que soy un pesado, no hemos presentado el veto porque lo presentamos a la sección 36, entes territoriales. Este es también el ministerio de las administraciones públicas, y obviamente no se ha preocupado de todas las administraciones públicas sino solo de unas cuantas; las transferencias a las comunidades autónomas se ven reducidas de forma importante, no así —como he dicho en otra ocasión y lo vuelvo a repetir— las transferencias a las corporaciones locales que, con la liquidación de ejercicios anteriores, se van a mantener prácticamente estables o van a aumentar sensiblemente. En todo caso, entendemos que este ministerio es el responsable de dicha política, como también lo es de la distribución asimétrica e injusta del déficit entre los diferentes niveles de administración, que ya he defendido en el veto a la totalidad y por tanto, no voy a reiterar mis argumentos.

Por estos motivos, mi grupo parlamentario presenta y mantiene la impugnación a esta sección 15 y les avanzo que también daremos apoyo a todas las impugnaciones presentadas a la misma.

Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bel.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya presenta la enmienda 1009.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bruguera, que va a compartir turno con el senador Guillot.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

Bona nit. Buenas noches. A nuestro juicio los programas contenidos en esta sección son de una clara continuidad respecto de los contemplados en los presupuestos anteriores de 2012 y 2013 y, por tanto, adolecen de los mismos errores, lejos de los dos adjetivos de estabilización y recuperación que utilizan constantemente los portavoces del Grupo Parlamentario Popular.

Se constata de nuevo que el Gobierno renuncia a una apuesta por la salida de la crisis económica basada en el crecimiento de la economía a través de una política de austeridad extrema que continuará teniendo por tercer año consecutivo un impacto muy negativo sobre el crecimiento y el empleo.

Estos programas no generan confianza ni en nuestro país ni fuera de nuestras fronteras. No se apuesta por la demanda interna y no se potencia la internacionalización de nuestra economía. La política tributaria hará recaer de nuevo y de manera injusta la mayor parte de la financiación de los servicios públicos sobre las rentas del trabajo y las clases medias. La subida de impuestos es a nuestro juicio absolutamente injusta y tendrá efectos negativos sobre la actividad económica. No se aborda la necesaria reforma fiscal para la sostenibilidad de las cuentas públicas y la generación de riqueza. La lucha contra el fraude fiscal sufrirá un retroceso todavía mayor que el actual por el recorte de plantillas de funcionarios destinadas a la misma. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

En cuanto a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, se constatan también las dos premisas que presiden la política del Gobierno desde un punto de vista general. En primer lugar, recentralización y, en segundo lugar, voluntad de control por parte del Estado del resto de administraciones públicas, demostrando un nuevo interés por el municipalismo y el mundo rural, como queda reflejado en las medidas legales previstas en el mal llamado Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

La cooperación económica local, como ya se ha comentado, prácticamente desaparece como máximo instrumento de cooperación local y que hasta el año 2011 había dado importantes frutos; desaparecen los planes de obras provinciales; desaparece el Pla únic d´obres i serveis de Catalunya; la financiación de los municipios de menos de 20 000 habitantes, como ya hemos comentado anteriormente, desapareció en los presupuestos de 2012, los primeros del Gobierno popular; nuevamente, los empleados públicos verán congelados sus salarios, y la oferta de empleo público se reduce de una forma alarmante, poniendo en grave riesgo la calidad de los servicios que el Estado y el resto de administraciones públicas deben prestar a los ciudadanos.

Por estas sucintas razones hemos presentado un veto a esta sección.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Senador Guillot, tiene la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Mi veto va sobre todo dirigido a radiotelevisión. La verdad es que el balance de esta nueva etapa PP en la Corporación Radiotelevisión Española es desolador: manipulación informativa; caída de las audiencias, en general, y de los informativos, en particular; inestabilidad directiva; empiezan a aparecer escándalos y, lo que es más preocupante, un gran estrangulamiento financiero.

La corporación ha aprobado para 2014 un presupuesto de 940 millones de euros, lo mismo que en 2013. La aportación del Estado para 2014 es la misma que la de 2013: 281 millones de euros; en 2012, era de 342, en 2011, era de 547 y, si ustedes hacen la resta, verán que este Gobierno ha recortado en 266 millones de euros su aportación a radiotelevisión para que desarrolle su función de servicio público. Esos recortes, evidentemente, van en detrimento de los derechos de los trabajadores de la corporación, mengua la calidad de su programación, y generan déficit. En 2013, se cerrará el ejercicio con un déficit de 80 millones de euros, y es de prever que en 2014 se llegará a los 100 millones de euros.




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Señorías, en mi opinión, la situación de la Corporación Radiotelevisión Española es insostenible, desde un punto de vista financiero; es insostenible, desde el punto de vista de la calidad de su programación, y es del todo insostenible, desde la ocupación partidista de un ente tan delicado para una democracia, como es el servicio público radiotelevisión.

Estas son las razones por las cuales presento este veto.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, han presentado la enmienda número 300.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Obviamente, lo manifestado en la defensa del veto al conjunto del proyecto de ley de presupuestos en relación a los ingresos es reproducible en este veto a la sección 15 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En resumen, pendientes aún de esa anunciada reforma fiscal que presentarán en el próximo ejercicio, lo cierto es que este proyecto de presupuestos mantiene un sistema fiscal cada vez menos justo, cada vez menos progresivo, en el que se aumenta el peso de los impuestos indirectos, manteniendo la subida del lVA, donde los impuestos directos siguen girando en torno, fundamentalmente, al IRPF, en el que se mantiene un trato privilegiado para las rentas del trabajo frente a las del capital, en un momento, además, en el que el crecimiento de los beneficios de las grandes empresas, como no se ha corregido la estructura del impuesto sobre sociedades, no van a realizar la aportación que debieran realizar para el mantenimiento de las necesidades de los servicios públicos esenciales y de las prestaciones sociales.

Se mantienen los privilegios de las SICAV que, además, a lo largo del ejercicio en el que estamos, se han extendido a las OCIME; por el contrario, se ha renunciado a implementar medidas de fiscalidad verde para incorporar los costes ambientales.

En la lucha contra el fraude no hay una potente vocación política. No voy a reiterar lo dicho en torno a la amnistía fiscal y a la Agencia Tributaria. Y por lo que se refiere a los trabajadores públicos, la congelación que se les va a aplicar en el ejercicio 2014 se suma a medidas anteriores que, en conjunto, han significado una pérdida del poder adquisitivo de estos trabajadores públicos del 25%. Si en 2013, en el ejercicio en el que estamos, se calcula que se han destruido aproximadamente 400 000 puestos de trabajo públicos, en estos presupuestos de 2014 seguirá destruyéndose empleo público, sobre todo si sale adelante, en el próximo Pleno de la semana que viene, la reforma del régimen local. Además, los presupuestos reflejan un descenso en las transferencias a las comunidades autónomas del 20%, que se suma a la injusta distribución de los objetivos de déficit y —como ya se ha dicho— se extinguen prácticamente las aportaciones a los ayuntamientos.

Finalmente, los mecanismos que se han introducido en el presente ejercicio y que tienen continuidad en 2014, el FLA o el pago a proveedores en las distintas administraciones, han servido como base para reformular el Estado de las Autonomías; mecanismos de control que limitan de forma muy importante la autonomía presupuestaria de las comunidades autónomas y sin autonomía presupuestaria no hay autonomía.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Buenas noches. Intervengo para decir que el Grupo Popular, como se imaginan, va a votar en contra de las propuestas de veto que se han presentado a la sección 15, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que es —como decían— el encargado de elaborar este presupuesto. Es el tercer presupuesto que elabora el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el Gobierno del Partido Popular y, al igual que los dos anteriores, transmite el compromiso con la




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salida de la crisis, un compromiso firme para cimentar un crecimiento generador de empleo. Pero hay una gran diferencia con los dos presupuestos anteriores: el contexto económico en el que se va a desarrollar este presupuesto, un contexto, un escenario ya de crecimiento, leve aún, pero de crecimiento positivo y no negativo como venía siendo. Esa previsión del 0,7% es perfectamente prudente e incluso hay previsiones al alza en múltiples organismos y foros. Por lo tanto, es una previsión moderada, creíble y congruente con las previsiones de todos los analistas y todas las organizaciones.

Hemos dejado atrás la recesión y empezamos a crecer y a crear riqueza. Esa es la primera prioridad y el primer objetivo en un presupuesto. Además, empezamos a frenar esa tasa inasumible de destrucción de empleo que ha caído 11 puntos desde el año 2012 y que nos permite ver que estamos muy cerca de la creación neta de empleo. Por eso, hoy —como decía muy bien el ministro esta tarde, el ministro Montoro— tenemos que hablar de cómo de intensa es o va a ser la recuperación, de cuánto empleo se va a crear y de en qué medida estos presupuestos sirven a la recuperación. Pero negar la recuperación es absurdo, señorías, porque negar la recuperación es negar la evidencia. ¿Cómo pueden decir ustedes, como han dicho, que hay un retroceso del fraude fiscal cuando los datos les desmienten, cuando esos 16 000 millones de recaudación les desmienten? ¿Cómo pueden decir que estamos abandonando la financiación local cuando ha crecido, en los tres presupuestos que se han elaborado con el Gobierno del Partido Popular, cerca de un 17%? Además, en este presupuesto que estamos debatiendo crece un 3,46%. ¿Cómo pueden decir, como han dicho, señorías, que no hay resultados de la política económica que está aplicando el Ministerio de Hacienda? Hoy tenemos mejor financiación y los intereses que pagamos por la deuda son la mitad que el año pasado, un dinero, más de 3000 millones de euros, que podemos destinar precisamente a gasto social.

Hoy hemos recuperado la competitividad pérdida. Lo señalaba el gobernador del Banco de España la pasada semana en su comparecencia. Hoy tenemos capacidad de financiación. Después de años en números rojos con el resto del mundo tenemos una capacidad de financiación superior al 3% y tenemos ese superávit en la balanza por cuenta corriente. Pero hoy hemos recuperado también la estabilidad de precios, lo que supone una mejor situación económica familiar y una mayor competitividad de nuestras empresas. ¿Cómo pueden decir que no hay credibilidad ni confianza ni dentro ni fuera? Vean el índice de confianza del consumidor, vean el índice de expectativas, el índice de confianza empresarial, vean las opiniones y los comentarios de todos los organismos y foros nacionales e internacionales que destacan las reformas que se han acometido en España como el ejemplo español.

Es un grave error, señorías. Fue un grave error negar la crisis cuando era evidente, y es un grave error negar estos resultados, porque detrás de cada uno de ellos hay mucho esfuerzo de toda la sociedad española. Ha habido que hacer grandes esfuerzos para pagar esas facturas que ustedes dejaron a deber. Ha habido que hacer muchos esfuerzos, y detrás de cada resultado está todo ese esfuerzo, pero está también una política económica acertada, una política que ha logrado enderezar el rumbo, y en el centro de esa política económica está el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que hoy, junto con sus presupuestos, nos presenta un balance, como decía, pero nos presenta también un compromiso, el de unas cuentas públicas saneadas —es tremendamente complicado resumir en tan pocos minutos esa política que se ha plasmado en tanta iniciativa legislativa que hemos aprobado tanto en esta Cámara como en el Congreso—. Y es que, como dice nuestro presidente del Gobierno, un Gobierno que no puede garantizar unas cuentas públicas saneadas no puede garantizar nada más. Lo demostraron ustedes.

Hoy, el Ministerio de Hacienda trae también el compromiso con nuestras administraciones territoriales, señorías que han hablado del tema, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Se trata de las transferencias derivadas del modelo de financiación que no aprobó el Partido Popular, porque hoy parece que no lo aprobó nadie porque nadie está de acuerdo, pero hay un compromiso del Gobierno con un nuevo modelo de financiación, pero está respetando escrupulosamente el modelo de financiación que aprobó el Gobierno anterior. Además, hay un compromiso con esos instrumentos financieros que han permitido a comunidades autónomas y ayuntamientos pagar más de ocho millones de facturas pendientes a doscientos treinta y tres mil proveedores, lo que ha permitido salvar cientos de miles de empleos en este país.




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Hay un compromiso con la sanidad, con la dependencia, con la educación, porque seis de cada diez facturas de esas que estaban pendientes correspondían a servicios sociales, a gasto social, y se han ido pagando. Ese es el mayor compromiso con el Estado del bienestar, porque asegurar los servicios sociales, señorías de la izquierda, no solo es asegurar que se pueden prestar, es asegurar que se pueden pagar.

El compromiso del ministerio con la erradicación de la morosidad, no solo con dinero, sino también con medidas normativas importantes —en este Pleno se va a aprobar también la Ley de factura electrónica y la Ley de la deuda comercial del Estado—. Ese es el compromiso con los emprendedores de este país, con la generación, con la aparición y con el desarrollo de nuevos proyectos, de nuevas iniciativas empresariales y, desde luego, con la creación de empleo, que es nuestra principal ocupación y preocupación.

No hay una subida de impuestos, como también nos han dicho esta tarde; al contrario, hay una rebaja selectiva de impuestos en este proyecto para el año 2014 contenida en esa Ley de emprendedores a la que ustedes también votaron en contra. Todo un armazón de bonificaciones destinadas a los emprendedores de este país.

Y compromiso con el fraude fiscal. No pueden hablar en términos genéricos cuando aquí se aprobó la ley más ambiciosa de nuestra historia democrática y algunos de ustedes, desde la izquierda, se desmarcaron con su abstención —el voto de los valientes, entiéndase la ironía—. Pero hoy hay 16 500 millones de euros recaudados en el plan de lucha contra el fraude fiscal.

Señorías, voy terminando. Radiotelevisión Española —se ha referido a ello el senador Guillot— ha encarado hoy su futuro sin prescindir de ninguno de los trabajadores. Esa voluntad de consenso y de diálogo le debería hacerse sentir satisfecho. Hoy Radiotelevisión Española afronta su futuro con fortaleza, con una estructura territorial y con unas normas laborales que la hacen funcionar de forma más competitiva y eficiente. Si quieren cambiar el modelo, no presenten un veto aquí. Si quieren cambiar el modelo de financiación que ustedes aprobaron, no intenten hacerlo por la puerta de atrás.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.

Acepten ustedes y tomen el guante de esa oferta de consenso que les ha hecho el Partido Popular en ese sentido y podremos trabajar en ello, pero no intenten con ese veto justificar que ahora parece que no están de acuerdo con el modelo de financiación que aprobaron.

Termino señalando que nuestro voto en contra de sus vetos es un voto a favor del presupuesto y de la política económica…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: …del Ministerio de Hacienda.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Angulo.

Pasamos a la sección 16.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda 2273.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Muchas gracias, señor presidente.

Si los Presupuestos Generales del Estado que nos presentan parecen los presupuestos de la recuperación, para el señor ministro del Interior no va a ser menos: son los presupuestos que España y los españoles merecen, según expresa. Son unos presupuestos que suponen un punto de inflexión, que cambian la tendencia radicalmente porque incrementan el 1,2% los presupuestos con respecto al 2013. Pero nada más lejos de la realidad. Si en los presupuestos que nos presentan recortamos lo que significan los gastos de las elecciones europeas, los ajustes en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o los pagos de deuda de ejercicios anteriores, no del Grupo Parlamentario Socialista precisamente, encontramos que los presupuestos se reducen en más de 120 millones con respecto al 2013. Otra farsa en la presentación de los presupuestos.




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Pero la realidad nos dice más cosas. Nos dice que si estos presupuestos fuesen, como dice el ministro, lo que España y los españoles se merecen, tendríamos una política de seguridad ciudadana adecuada. Hace dos años teníamos 600 millones de euros más y eran unos presupuestos caóticos, unos presupuestos que no resolvían los problemas de seguridad de este país. Por lo tanto, ni en la cuantía ni en los objetivos estamos de acuerdo con los presupuestos que se presentan. La realidad es bien distinta. En los dos últimos años tenemos una policía peor retribuida, bastante peor, con un envejecimiento importante en las plantillas debido a que se ha tenido que utilizar al personal de la segunda actividad, y unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cada vez más controladas desde el punto de vista partidista y con problemas en su funcionamiento, como demuestran los ceses continuos en la comisaría de la policía judicial. Por lo tanto, tenemos una policía en peores condiciones.

Hay un descenso de efectivos muy importante, alrededor de 9000 en los dos últimos años. Un descenso que continúa con los actuales presupuestos, con una tasa de reposición ridícula y una academia de policía, como es el caso de la academia de Ávila, en unas condiciones bastante deficientes. Mi pregunta es si se piensa compensar con la Ley de seguridad privada. Seguramente el espacio público pueda compensarse con la seguridad privada; quizá sea ese uno de los objetivos, cuando el ministro se siente tan satisfecho.

Estos presupuestos son incapaces de dar respuesta a una política penitenciaria que atienda al objetivo constitucional que tiene, entre otros, la reinserción. En este momento los presupuestos mantienen a instituciones penitenciarias totalmente infradotadas, con menos funcionarios de prisiones, con congelación de plantillas, con reducción en gastos fundamentales como la propia alimentación o gastos sanitarios, con una reducción respecto al año pasado de más de 69 millones de euros. Ello, además, cuando con el nuevo Código Penal se prevé un incremento de la población reclusa en las cárceles españolas. Por lo tanto, una de las funciones básicas de estos presupuestos tampoco es atendida.

Estos presupuestos no abordan una política adecuada sobre el fenómeno migratorio, y lo digo en relación con dos aspectos. Por una parte, la espectacular caída en la política de cooperación internacional hace que no se estén resolviendo los problemas en los países de origen o países en tránsito. Y también, se está limitando una política de control de fronteras. Hoy no voy a sacar —ya tendremos tiempo— lo de las cuchillas o los métodos que se emplean pero sí quiero llamar la atención sobre los CIE, los centros de internamiento de extranjeros, que en Ceuta y Melilla están desbordados y tienen más que duplicada su capacidad. Por cierto, el reglamento todavía no se ha puesto en funcionamiento.

Estos presupuestos son insensibles a la demanda del derecho de asilo, especialmente a nuestros compromisos con respecto a Siria y la Unión Europea. Son unos presupuestos que no abordan la eliminación de los puntos negros en la red viaria. Y unos presupuestos manifiestamente insuficientes en lo que respecta a la protección civil.

Nos llama la atención cómo se han presentado estos presupuestos y que se planteen, como he dicho al principio, como los presupuestos que los españoles merecen.

Nos hablan de bajas tasas de criminalidad y anuncian claramente que es un objetivo conseguido, en el sentido de que el CIS señala esto como un problema de menor relevancia. Pero no abordan el segundo problema que preocupa a los españoles, que no es otro que la lucha contra la corrupción. No les voy a decir que se ha triplicado con respecto al 2011. No les voy a decir que tenemos una triste tarjeta de presentación: España es el segundo país, tras Siria, donde la corrupción ha crecido más. Sin embargo, este fenómeno en absoluto se aborda. No se abordan o no se plantean los incrementos de robos en el mundo rural, los delitos económicos, la violencia de género, la exaltación de símbolos del franquismo, infinidad de problemas a los que no se hace referencia ni siquiera en los textos. Frente a ello nos anuncian otras leyes que tendremos ocasión de debatir, la ley de seguridad privada, la ley de los servicios mínimos… Es decir, unos presupuestos que responden, en mi opinión, más que a una política de seguridad ciudadana, a una vieja política de orden público.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.




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El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Por tanto, no coincidimos ni en la cuantía, ni en los medios, ni en cómo están dotados en este momento para cumplir sus funciones constitucionales, ni por supuesto en los objetivos que considera el ministro prioritarios y que para nosotros no lo son.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cascallana.

Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado la enmienda número 305.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Señorías, hemos impugnado esta sección porque nos parece que estos Presupuestos Generales del Estado, en lo que tienen que ver con la seguridad, tienen quizá el entendimiento propio y clásico de la derecha de este país, pero incluso para ese entendimiento clásico de la derecha de este país, del cual vamos a tener buena prueba con la modificación del Código Penal y con la nueva ley de seguridad ciudadana dando cuenta del miedo creciente que tiene el Partido Popular frente a la ciudadanía y frente a la calle, estos son los presupuestos que van a financiar esa manera de hacer las cosas, unos presupuestos que se basan mucho más en la porra que en la razón, que en el diálogo y que en el entendimiento de las libertades en nuestro país.

No hay un problema de delincuencia en nuestro país, señorías, lo que hay es un problema clarísimamente de saturación en la población reclusa. Pero si hay un problema de delincuencia es de esa delincuencia a la que le estamos pasando por encima y de la cual se llenan los presupuestos diciendo que son precisamente los presupuestos para la lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, con lo cual no podemos dejar de esbozar una sonrisa cuando oímos el tono tan potente con que se defiende este tipo de cosas en comparación con la práctica diaria y con las noticias de cada día como son, por ejemplo, los recientes cambios en la UDEF.

Desde Izquierda Unida vamos a seguir —espero que algún día esto sea una realidad— con nuestro compromiso de defensa de las condiciones de trabajo y de vida de los hombres y mujeres que forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de este país, condiciones que no son por cierto las mejores, como ustedes saben, ni a nivel salarial, ni de vida, y que están pagando en demasía los ajustes y los recortes. Es muy difícil luchar contra la corrupción y contra el blanqueo de capitales cuando hay insuficientísimas partidas para poder modernizar, para poder poner a nuestra Policía, a nuestra Guardia Civil en el siglo XXI al no haber ni siquiera dinero en muchas ocasiones para ponerle un repuesto a un vehículo en un cuartel. Así difícilmente se puede hacer trabajo alguno en ningún sitio.

Finalmente, vamos a seguir apostando por que haya un único Cuerpo de Policía estatal en nuestro país. Nosotros seguimos defendiendo, junto con muchos compañeros y compañeras de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y otros la desmilitarización del Cuerpo de la Guardia Civil y la unificación con la Policía Nacional para tener un único Cuerpo de Policía en España.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARISCAL CIFUENTES: No me da tiempo a hablar de cómo se afronta por parte del Gobierno en estos presupuestos algo tan importante como los derechos humanos de las personas migrantes, y ahí está la valla de Melilla como ejemplo más brutal.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mariscal.

Los senadores Guillot y Saura han presentado la enmienda número 1021.

Para su defensa tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Yo creo que, lamentablemente, en este Gobierno hay dos ministerios, el de Justicia y el de Interior, que cumplen el papel de avanzadillas reaccionarias del mismo. Y digo esto porque en el Ministerio del Interior, el señor ministro y sus adláteres, los delegados del Gobierno, llevan tiempo insistiendo en dos grandes mensajes: en primer lugar, un mensaje de que en España hay inseguridad ciudadana. Esto es falso. Las estadísticas demuestran que España no es un país




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donde la inseguridad ciudadana sea un tema relevante, donde suframos unos porcentajes alarmantes. Y, en segundo lugar, la criminalización de la movilización ciudadana. Respecto a lo que ustedes llaman esfuerzo ciudadano para salir de la crisis, que es la imposición de toda una serie de medidas duras, de recortes —la imposición, no el compromiso compartido, sino la imposición de estas medidas—, evidentemente, ha tenido como reacción movilizaciones, pero movilizaciones que en su inmensa mayoría se mueven en el espacio de un orden mínimo.

Al presentar un veto a la sección del Ministerio del Interior, en primer lugar, habría de decir que no hay un planteamiento global de la seguridad en España en lo que afecta a la policía, en lo que afecta a lo penal y a lo penitenciario. Hay que definir un nuevo modelo policial y, evidentemente, estos presupuestos no pueden dar soporte a este cambio de modelo.

En el debate de las enmiendas haremos una serie de propuestas para intentar mejorar lo que creemos que este presupuesto no consigue.

Otro aspecto que es importante destacar y que justifica este veto son las políticas de inmigración. Para el Partido Popular, para el Ministerio del Interior las políticas de inmigración se inscriben única y exclusivamente en la cuestión de la ilegalidad y, a partir de aquí, en la respuesta policial. Creemos que este es un mal enfoque. No hay presupuestos que permitan el desarrollo de acciones coordinadas entre los agentes sociales y el Gobierno para canalizar los flujos inmigratorios, no hay políticas de integración social de los inmigrantes —en el Ministerio de Empleo prácticamente han desaparecido— y la verdad es que las políticas de inmigración se pueden reducir a las concertinas en la frontera y a los Centros de Internamiento de Extranjeros en el interior.

Como veo que me queda muy poco tiempo, termino con la política penitenciaria. Para ustedes la cárcel es un castigo, no es un espacio de reinserción. Y eso se nota también a la hora de analizar las diferentes partidas que cubren la política penitenciaria. Creo que esto es un grave error.

Por todo este conjunto de razones, el senador Saura y yo presentamos este veto.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Senador Aznar, tiene la palabra.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, a medida que se va vaciando el hemiciclo y que va avanzando el reloj, en esta hora ya casi nocturna, suele bajar mucho el tono de los discursos y casi, casi alcanzamos esta intimidad que invita a la confidencia. (Risas.—Aplausos.) Y con este tono, y desde un profundo respeto, créanme, permítanme que les diga, casi en tono confidencial, que no han dado ustedes ni un solo argumento que sostenga válidamente esos vetos que ustedes, sin duda, van a mantener.

Estamos en un debate presupuestario y no quiero que se me olvide agradecer al Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió haber retirado ese veto, en una reflexión previa al debate, lo cual dice mucho en su favor. Yo les invito a ustedes a que hagan esa reflexión, aunque sea después del debate.

Señorías, muy brevemente. ¿Cómo pueden basar estos vetos, que presentan unos y otros grupos, unos y otros senadores, en achacar a estos presupuestos que son la continuidad de los anteriores? Continuidad no es equivalente a maldad. Al contrario, como hemos visto a lo largo de la jornada de hoy, los presupuestos anteriores a estos —que son continuación de aquellos— están empezando a dar sus frutos y, en consecuencia, vamos a seguir manteniéndolos.

Señor Cascallana, usted no es virgen —perdóneme por la expresión— en esta cuestión política. ¿Cómo puede usted decir que el aumento presupuestario se debe a que hay que pagar una deuda? Claro que hay que pagar las deudas. Y para ello hay que presupuestarlas. Y de esas deudas usted sabe mucho y podría ilustrarnos mucho sobre las deudas que dejó el anterior Gobierno socialista. (Aplausos.) Por lo tanto, eso se recoge en los presupuestos. Este Gobierno quiere pagar.

Pero, fíjense, aunque sea casi anecdótico, incluso quitando el dinero destinado al pago de la deuda, incluso quitando lo de las elecciones, el presupuesto de Interior todavía sigue creciendo.




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Señor Mariscal —ausente, aunque se lo podrá trasladar su compañero el señor Iglesias—, igual que mi compañero y admirado senador Guillot, tienen ustedes un discurso magníficamente ideologizado y yo se lo respeto, pero este es un debate de presupuestos. Ustedes defienden un modelo policial nuevo y una Policía única, lo cual me parece perfecto y, sin duda, es defendible, pero no es el modelo de este grupo, no es el modelo de este Gobierno. Y, por suerte o por desgracia —yo creo que por suerte para los españoles—, estamos gobernando y el modelo policial es el que hay y así vamos a tener que seguir manteniéndolo. Porque todas esas cifras que han dado ustedes, señor Cascallana, no se soportan, no se pueden ajustar a la realidad porque no se parecen en nada a la realidad. En España está diminuyendo el número de delitos gracias a una eficaz acción policial, supongo. En España el número de delitos —si nos atenemos a las memorias de la Fiscalía y de los tribunales— está disminuyendo cada año. Por lo tanto, no vamos por mal camino con este modelo policial que tenemos. Si se trata de una cuestión ideológica me parece muy bien que ustedes la defiendan, pero eso no puede ser base suficiente para rechazar el presupuesto que hoy estamos debatiendo.

La tasa de reposición de los funcionarios también suele ser un punto común en estos debates. Es verdad, señorías, que no es la que nosotros desearíamos, pero también saben ustedes que gracias a una buena labor del Gobierno socialista anterior y a una buena labor de un Gobierno del Partido Popular anterior —no lo diré muchas veces, lo hago porque estamos en tono confidencial— hoy podemos decir que el número de policías en la calle por cada mil habitantes, exactamente 532, es de los más altos de Europa, igual que podemos decir que, gracias a la buena labor realizada en años anteriores en nuestras penitenciarías, la ratio de funcionarios es de las más altas de Europa, el 2,36%. Por lo tanto, estamos hablando de argumentos que no sirven para sostener válidamente los vetos a los que ustedes han hecho referencia. Y respecto a la seguridad en las zonas rurales ocurre lo mismo. No se ajusta lo que ustedes dicen con los datos de los juzgados.

En el texto de sus vetos ustedes acusaban al Gobierno de no enviar las leyes previstas al Parlamento, en concreto, la ley de régimen del personal del Cuerpo Nacional de Policía y la ley orgánica de derechos y deberes del Cuerpo Nacional de Policía. Miren, seguramente pueden acusar de muchas cosas al Ministerio del Interior desde la razón —toda obra humana es discutible—, pero mañana se aprueba en el Congreso la ley de seguridad privada, la ley de tráfico se encuentra en trámite en el Congreso y la ley de seguridad pública —la cual ya han descalificado sin haber visto el borrador— entrará próximamente en el Parlamento. Asimismo, está preparada la ley de protección civil, que me alegro que les preocupe mucho pues se debatirá durante los primeros meses del año. En definitiva, señorías, hay cuatro leyes, más estas dos que ustedes requieren. Por lo tanto, la labor legislativa que en materia de Interior estamos desarrollando y lograremos culminar al final de la legislatura ha sido y es muy importante.

Me gustaría poder desgranar con mucha más calma todos y cada uno de los argumentos que ustedes han dado, porque me merecen todo el respeto, pero de verdad, señorías, aparte de esa crítica ideológica que ustedes hacen —están en su perfecto derecho de hacerlo—, razones presupuestarias para mantener los vetos no existen. Se lo digo con toda cordialidad.

Por lo tanto, les invito a que esa reflexión que hizo el Grupo de CiU, que yo he agradecido, la hagan ustedes ahora —todavía tienen tiempo hasta mañana— y podamos hablar de unos presupuestos continuistas —en lo que tiene de bueno que sean continuistas, puesto que están consiguiendo los objetivos a los que nos referíamos—, sobre todo en materia de Interior, donde ustedes mismos reconocen que España no es un país en el que los ciudadanos centren su preocupación en la seguridad de las calles. Ustedes lo han dicho y yo lo asevero.

Por tanto, reflexionen, porque todavía están a tiempo de retirar estos vetos.

Señor presidente, minuto y medio que les ahorro.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.

Pasamos a la sección 17.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda número 2342.

Para su defensa tiene palabra el senador Fernández Ortega.




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El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Buenas noches.

Señorías, la reiterada caída de las inversiones del Ministerio de Fomento en los Presupuestos Generales del Estado durante la presente legislatura está contribuyendo a la destrucción de miles de empleo, al cierre de numerosas empresas, a importantes retrasos en la culminación de proyectos vitales para nuestra economía y a un grave deterioro de nuestras infraestructuras. A la destrucción de empleo por los recortes en inversión del Ministerio de Fomento hay que añadir el aumento imparable de la deuda del Grupo Fomento, el incumplimiento sistemático de la planificación comprometida por el propio ministerio, el abandono de la inversión en política de vivienda, de la cohesión territorial y social en la planificación y el incumplimiento en la ejecución de las inversiones.

Señorías, cualquiera de estas razones justificaría individual y ampliamente la presentación de una propuesta de veto a esta sección por el Grupo Socialista. Fracaso es la palabra que define a los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno del Partido Popular ha traído a esta Cámara, fracaso por no ser útiles para atajar el primer problema de España que es el paro. La caída de la inversión del Ministerio de Fomento, de 13 626 en 2011 hasta los 8480 en 2014, supone un recorte de más del 34%, supone la destrucción, por decisión de la ministra de Fomento, de más de 162 000 empleos directos y de decenas de miles de empleo indirecto. Fracaso es la palabra que va impresa como marca de agua en cada página de estos presupuestos del Partido Popular.

Los presupuestos ejecutados del Ministerio de Fomento no han servido para la recuperación económica ni para crear empleo y tampoco para cumplir con esa prioridad que ustedes ponen en primer lugar, que es el déficit o la deuda. El Ministerio de Fomento en estos presupuestos nos propone aumentar la deuda en 3018,7 millones, eso sí, invirtiendo un 34% menos que en 2011, lo que supone que, como mínimo, un 35,6% de la inversión de Fomento la van a hacer con cargo a endeudamiento. Por eso la palabra que los define es fracaso. Y les pregunto dónde queda la historia de la herencia recibida. Aseguraban que no podían invertir porque la deuda de Fomento era de 40 000 millones y solo para este año nos proponen autorizar un endeudamiento nuevo de 3018.

Dicen que ustedes pagan, y yo me pregunto qué es lo que han pagado si no paran de aumentar la deuda. ¿Es que la deuda significa que las cosas están pagadas o que vendrá alguien por detrás y tendrá que pagarlo? Me da la impresión de que lo de la herencia recibida se lo vamos a tener que repetir en el futuro con mucha asiduidad.

Al Gobierno no le queda credibilidad y este presupuesto carece de ella. No ejecutan los presupuestos al cien por cien, como se ejecutaron en 2011. Este año prevén que la ejecución sea del 92,4. Si ustedes vienen aquí y nos presentan unos presupuestos diciendo que hasta ahora no han cumplido ninguno de los que han presentado ¿qué credibilidad nos dan para pensar que van a cumplir con estos? Y tampoco el Gobierno es serio, no hay rigor en el Ministerio de Fomento, primero, porque prevén ejecutar solo el 92% de los presupuestos de este año y, segundo, porque van por el 48,2 a septiembre de 2013 en ejecución, con lo cual difícilmente llegarán a cumplir esos objetivos a final de año. Y si necesitan un ejemplo de la falta de rigor que tienen a la hora de elaborar estos presupuestos, vean la enmienda 3010 del Partido Popular, que ha presentado en el Senado, en la que aumentan la deuda que autorizan a ADIF en 530 millones de euros. A mí me parece que errores de este tipo demuestran la carencia de rigor con la que aquí se trabaja por parte del Gobierno del Partido Popular.

Señorías, el Grupo Socialista pide el veto para los presupuestos del Ministerio de Fomento porque no favorecen ni la cohesión social ni la cohesión territorial y les pongo como ejemplo, desgraciadamente, el mismo que les vengo diciendo estos tres años en estos tres presupuestos: en Andalucía ADIF invierte el 7% cada año en un territorio que tiene el 20% de la población y de la superficie de España.

También nos parece importante para la cohesión social la inversión en Cercanías, que no llega a 30 céntimos por pasajero o el abandono de la conservación, que tanto en carreteras como en ferrocarriles ha tenido un recorte que pone en riesgo incluso la seguridad de nuestras infraestructuras. Pero, sobre todo, los presupuestos del Ministerio de Fomento no favorecen la cohesión social porque atacan las políticas de vivienda y, en política de vivienda, este Gobierno, además de ineficaz, es insolvente, insensible y mentiroso.




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El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Voy a terminar enseguida, señor presidente.

Hay ensañamiento en el recorte de los programas destinados a favorecer el acceso a una vivienda digna de los ciudadanos con menores rentas; han recortado todos los programas de vivienda en porcentajes del 30% al 70%; han acabado con los programas de apoyo a la vivienda en propiedad e incluso lo han hecho de manera inconstitucional.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Nos dicen que su apuesta es por el alquiler y yo reto a sus señorías a que soliciten una ayuda de alquiler al Estado en el año 2013: no han dado ni una, cero; y, para 2014, no hay ningún compromiso.

Estos no son los presupuestos de la recuperación. Ustedes siguen suspendiendo en estos presupuestos, como han suspendido en los anteriores, porque ahondan en el principal problema para este país: el paro.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Ortega.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado la enmienda número 3356.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Presentamos la impugnación de la sección 17 por entender que, una vez más, no se priorizan las inversiones en el ámbito de Fomento como tendría que ser. De hecho, estos presupuestos nos dan la razón en relación con las diferentes iniciativas parlamentarias que hemos presentado a lo largo de este último año. De manera reiterada hemos insistido en que las políticas y las decisiones sobre las inversiones dan más respuesta a una cuestión de ingeniería política que a los factores económicos.

Desde nuestro punto de vista, se priorizan determinadas infraestructuras con una visión siempre basada en la radialidad, en lugar de en la centralidad de la economía productiva y teniendo en cuenta el contexto actual de la economía, el problema se agrava de una manera especial.

Lógicamente, entenderán que me centre en Cataluña por pertenecer al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y, por ello, les diré que este presupuesto sufre un descenso del 25%, es decir, 17 puntos menos, mientras que en el conjunto del Estado español el descenso es únicamente de 8 puntos. Por tanto, este también es otro elemento que agrava mucho más las diferencias y la posibilidad de dinamización de la economía, que tiene que ver con todo aquello que promueva unas buenas infraestructuras.

Como dije no hace demasiado tiempo, en la interpelación que formulé a la ministra Pastor, cuesta mucho entender que se priorice en un ámbito concreto, y hay una partida de aproximadamente 840 millones de euros, para unas autovías en las que se ha demostrado que el IMD es inferior a los 10 000 vehículos, cuando ustedes saben perfectamente que para que sean rentables ―según los propios economistas del Ministerio de Fomento― han de superar los 30 000 vehículos. Además, esto coincide con los datos de diversas autovías de Cataluña ―concretamente, yo le puedo hablar de la N-II, muy cercana a donde yo vivo, en el tramo de Tordera hacia Girona― donde cada día hay un IMD superior a 38 000 vehículos y en la que en los últimos 8 años únicamente se ha invertido en 4 kilómetros.

Por tanto, cuando existen estos elementos de priorización en relación con dónde tienen que ir las inversiones de Fomento en infraestructuras, una vez más comprobamos que se repite sistemáticamente la visión radial que no responde a las necesidades reales.

Por tanto, hemos presentado una impugnación a esta sección entera porque entendemos que no da respuesta y, además, creemos que se pierden muchísimas oportunidades en cuanto al crecimiento de la riqueza de cada uno de los diferentes territorios. Evidentemente, estoy convencida de que ustedes también leen las conclusiones de la Comisión de Transportes de la Comisión Europea en las que, de manera muy explícita, se pide que se invierta sobre todo en aquellos sectores en los que la economía productiva se centra de manera más dinámica y más




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viva. Creemos sinceramente que se olvidan de estos temas en estos presupuestos de manera muy especial y esto se agrava si tenemos en cuenta la situación en la que estamos.

Por todo ello, impugnaremos esta sección y, además, vamos a votar todas las impugnaciones relacionadas con esta sección 17.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado la enmienda número 325.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Las consignaciones que se reflejan en la sección 17 no asumen la recomendación de que es imprescindible acompañar los recortes de medidas de dinamización. La inversión es clave para conseguir ese objetivo y, sin ninguna duda, el ministerio, especialmente convocado para desarrollar inversión pública, ha sido históricamente, y lo sigue siendo hoy, el Ministerio de Fomento. Las inversiones caen el 30% y de una manera o de otra se van introduciendo nuevas estrategias privatizadoras y alguna —curiosamente— reversión en la privatización.

En materia ferroviaria, se fía el incremento del transporte de mercancías a la liberalización —en la comparecencia de presupuestos se reconocía que en nuestro país el transporte de mercancías por ferrocarril solo mueve el 3,6%—, a pesar de que ya hace varios años —si no me equivoco desde 2007— que se puso en marcha la liberalización del sector ferroviario y de que no ha conseguido resultados especialmente halagüeños ya que se mueve superando en muy poco el 10%. No hay inversiones para mejorar las infraestructuras ni para el desarrollo de las zonas logísticas, que son el complemento imprescindible para incrementar el desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril. Se sigue priorizando la alta velocidad frente a las Cercanías que, salvo en algunos casos muy puntuales, la mayor parte de los recursos dedicados a Cercanías van dirigidos exclusivamente a la conservación.

Se ha anunciado la apertura de la alta velocidad a operadores privados tras haber tomado la decisión de segregar de ADIF estas líneas de alta velocidad en una sociedad específica. Habrá que aclarar si la privatización entra también en el capital de esta sociedad específica. También habría que reseñar que se han reducido de manera muy notable en los últimos tiempos los servicios regionales. La consignación que se plantea para cubrir la obligación de servicio público no es suficiente para recuperar alguno de estos servicios.

En carreteras no se refleja ese proceso de reversión en lo que fue en su día la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas a través, ahora, de la creación de una nueva empresa nacional de autopistas para asumir las pérdidas de las constructoras y entidades financieras que han promovido las radiales de peaje de Madrid. Y hay una insuficiente consignación para los capítulos de conservación de la red de carreteras y, por lo tanto, no se avanza en la desaparición de los puntos negros.

En transporte aéreo, como es sabido, también se ha anunciado ya la privatización de AENA, y en vivienda se da carpetazo a todas las ayudas, subvenciones y planes vigentes, orientando la estrategia hacia el alquiler y la rehabilitación, lo cual, en principio, no tendría por qué ser malo de por sí si con ello se buscara favorecer la creación de empleo y la mejora de las condiciones de habitabilidad, pero, al final, lo que se acaba buscando es favorecer a los arrendadores y estas ayudas se acabarán traduciendo en una subida del precio de los alquileres.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Las senadoras Almiñana y Sequera y los senadores Boya, Bruguera, Martí Jufresa, Montilla y Sabaté han presentado la enmienda 1016.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente.

En nombre de los senadores socialistas de la Entesa, voy a presentar la justificación al veto a la sección 17 en base a dos tipos de argumentos.




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En primer lugar argumentos de política general. Se ha citado aquí nuestra discrepancia completa con la función de las inversiones en la recuperación económica. Unas inversiones que en este presupuesto de fomento caen más de un 30% y, por tanto, no solo no estimulan, sino que frenan este papel en la economía de nuestro país.

También en este orden de argumentos de política general, quisiera citar la no priorización de las políticas de vivienda en este presupuesto. En un año en el que hemos aprobado tres leyes que supuestamente pretendían fomentar y cambiar las normas para la vivienda social y la rehabilitación en nuestro país, los presupuestos para 2014 son simplemente unos presupuestos hipócritas en esta materia, que no consignan ninguna subida, sino tan solo bajadas en este apartado clave y crucial para garantizar el derecho a una vivienda digna y que tiene múltiples efectos en la economía, en el medio ambiente, en la urbanización, etcétera.

Pero también quisiera argumentar razones de otro tipo, concretamente nuestra discrepancia total en los criterios para la territorialización de las inversiones. Y aquí quisiera expresar también dos ideas: la primera —el senador Utrera lo ha dicho muy claramente antes—, que ustedes consideran como unidad de medida en la territorialización el conjunto de España, y olvidan dos datos fundamentales: el Estado de las Autonomías —España es el conjunto de diecisiete autonomías con sus respectivos estatutos y los pactos entre Gobiernos— y los compromisos europeos. No podemos organizar la prioridad de las inversiones ni territorializar las inversiones si no tenemos en cuenta estos dos criterios. Por eso ustedes incumplen sistemáticamente —lo que para nosotros es completamente intolerable— la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

También discrepamos en la interpretación sobre lo que el señor Utrera calificaba como la racionalidad de las inversiones en infraestructuras. Para nosotros impacto económico, beneficio social y criterios de optimización son la racionalidad de las infraestructuras. Para ustedes este es simplemente un argumento, una coartada para la arbitrariedad de sus decisiones.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARTÍ JUFRESA: Acabo enseguida, señor presidente.

Ni el corredor mediterráneo, clave en el impacto económico, ni las autovías de Girona y los Pirineos, ni las cercanías de Barcelona, claros ejemplos de beneficio social, ni la estación de La Sagrera, la mayor estación intermodal de toda España, son merecedoras del apoyo de estos presupuestos. Y por tanto, nos reafirmamos en que estos presupuestos son absolutamente erróneos e equivocados como política del Ministerio de Fomento para España, y muy especialmente para Cataluña.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Los senadores Guillot y Saura han presentado la enmienda número 1022. Para su defensa tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señor Aznar, señorías del Grupo Popular, casi en un susurro, dejen lo de la deuda. Ustedes son ya los campeones de la deuda y van camino de ser los plusmarquistas. Dejen de hablar de la deuda, que vamos a cerrar el año con el 93%, cuando tenían ustedes programado el 85% del PIB, y en el 2014 nos vamos al cien por cien.

Dicho esto, saben que somos el asombro del mundo en política de infraestructuras, la segunda potencia en AVE, el primer país europeo en kilómetros de autopistas y autovías que no llevan a ningún sitio y de aeropuertos sin aviones. En esto sí que somos el asombro del mundo. ¿Qué está pasando ahora? Que con menos dinero estamos repitiendo los mismos errores. Se sigue priorizando el AVE respecto del ferrocarril convencional, de proximidad, de mercancías y de cercanías. Lo que fue antes una política antisocial de vivienda ahora se transforma en políticas donde habrá una burbuja de alquiler y se abandona la construcción al no facilitar fondos para la rehabilitación.

Pero con todo, para mí el problema más importante de concepción de su Gobierno es qué son para ustedes las infraestructuras, que, evidentemente, no son aquellas que mayor utilidad y




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servicio puedan dar a la ciudadanía; el principal problema es que ustedes no creen que la inversión pública pueda relanzar la economía. Ustedes no creen en Keynes; y como no creen en Keynes, que se ha demostrado históricamente que tenía razón, pues no lo hacen.

Y cuando nosotros insistimos en que había que afrontar el déficit de tal manera que nos permitiera librar recursos para poder invertir y relanzar la economía, a nivel público estamos hablando fundamentalmente de fomento, estamos hablando fundamentalmente de la obra pública, estamos hablando fundamentalmente de la inversión pública. Eso ustedes no lo hacen, y no solo no lo hacen sino que recortan continuamente lo que tenía que ser un instrumento imprescindible para el relanzamiento económico, evidentemente con un nuevo enfoque en la política de infraestructuras que las hiciera realmente útiles desde un punto de vista social y sostenibles desde un punto de vista territorial y económico.

Por todo esto justificamos el veto que presentamos el senador Saura y yo.

Gràcies, president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenas noches. Entramos ya en un momento del día en el que hay que ir a cosas muy concretas y dejarnos de artilugios que traten de confundir lo que realmente se tiene que hacer. Por eso comparezco esta noche, para fijar la postura de nuestro grupo frente a los cinco vetos que se han planteado. Es la tercera vez que tengo el honor de comparecer para defender la posición de mi grupo, y quiero volver a confirmar que estamos nuevamente ante unos presupuestos que, a pesar de sus críticas, señorías, lo único que quieren es gestionar la realidad actual económica que otros Gobiernos anteriores nos han dejado. Son unos presupuestos que están impregnados de verdad, porque responden a esa realidad que hay que gestionar, y además son unos presupuestos en los que se pide un esfuerzo de sacrificio a los ciudadanos que, desde luego, están comprendiendo, porque se está viendo que poco a poco, pausadamente, estamos saliendo de esa situación tan tremenda en la que nos encontramos al entrar en el Gobierno.

Señorías, y en especial a los grupos proponentes, he de decirles que este presupuesto, como no puede ser de otra manera, tiene que coadyuvar a la política económica del Gobierno cumpliendo el objetivo de reducción del déficit: el 5,8% el próximo año, y llegar al 2,8% en el año 2016. De como recibimos este presupuesto, con un déficit de 9,7%, a como estamos gestionándolo ahora, hay un trecho, y es debido a la buena dirección que ha tomado el Gobierno de España en este sentido.

Otros objetivos complementarios de este presupuesto inciden en mejorar la competitividad y, como no puede ser de otra manera, generar creación de empleo, porque no hay que olvidar que este presupuesto dispone de prácticamente 17 310 millones de euros, que representan el 1,7% del producto interior bruto, y que a esta cantidad se le pueden añadir los 1400 millones que se esperan de la fórmula de la colaboración público-privada. De nada serviría un presupuesto como los que se hacían anteriormente, que se presentaban pero nunca se cumplían porque no tenían en consideración la apreciación de las infraestructuras más necesarias, no garantizaban la vertebración territorial ni la movilidad de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y tampoco favorecían ni impulsaban la intermodalidad en los transportes. Por ello, hay que recordar que el pasado día 25 de noviembre, en Cádiz, la ministra de Fomento presentó un magnífico plan de intermodalidad que se desarrollará a lo largo del tiempo con una presupuestación y unas actuaciones muy importantes. Pues bien, señorías, estos conceptos e ideas que he plasmado son los que se reflejan en la actuación de estos presupuestos.

Decíamos que manejábamos el 1,7% del producto interior bruto, pero podríamos haber manejado más —aunque no les guste que se lo recuerden señorías del Grupo Socialista—, porque no solamente había 40 000 millones de deuda —sí, se lo recuerdo otra vez—, sino una pérdida en la cuenta de resultados de las empresas de 672 millones de euros, y además con esa alegría del gasto desbocado, incontrolado y sin respaldo presupuestario, por lo que en los tres presupuestos que ha elaborado el Gobierno del Partido Popular hemos tenido que consignar una cantidad que asciende a 4865 millones de euros.




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Señorías, después de escuchar estos datos, creo que el sentido del voto del grupo que sustento es indudable, vamos a votar que no, por supuesto, a estos vetos. Pero además de estos datos que les he dado, quiero darles otros más concretos.

Este presupuesto, efectivamente, reproduce un descenso del 1,2%, pero más importante fue el recorte que se experimentó en el año 2011, un 33%; los presupuestos nuestros agregados nunca llegarían a esas cifras de reducción del 33%.

Tenemos otra bondad en estos presupuestos, y es que en las cuentas del ministerio, gracias al esfuerzo de todo el personal que trabaja en él, se han podido atajar los 4865 millones de euros mediante una buena y responsable administración. No olvidemos, señorías, que en un momento determinado estos 4865 millones representaban el 76% de la cantidad presupuestada para el Ministerio de Fomento y que si, por ejemplo, hubiéramos querido atajar la deuda del año 2012 habría correspondido a cada familia española 4000 euros. Es un presupuesto inversor, señorías, el 52% se traduce en gasto de capital y el 48% en gasto corriente.

En cuanto al grado de ejecución —lo ha dicho el señor Fernández Ortega y ya lo dijo el secretario de Estado en la Comisión de Presupuestos— prácticamente se va a llegar a un porcentaje del cien por cien al final del año, como se explicó muy bien.

La cantidad a invertir asciende, en definitiva, a 8980 millones de euros, que son más que suficientes para promover y generar el empleo que está deseando el Gobierno, no solamente con estas medidas sino también con otras reformas estructurales.

En definitiva, están ustedes preocupados, y nosotros también, cómo no; estamos todos muy preocupados por cuestiones como el fomento de la construcción de carreteras, y con los 1148 millones de euros se generará inversión y creación de empleo porque se ponen en servicio nuevas autopistas, se amplían otras, se dotan de viales a los entornos urbanos, se hacen muchas obras. Pero esto que les digo contradice la visión apocalíptica que muestra el Partido Socialista en el texto escrito de su veto, en el cual todo es un auténtico desastre.

Me centraré ahora en el ámbito de la seguridad vial que, insisto, a todos nos preocupa, y no puedo por menos que decir que tengan tranquilidad y sosiego porque el Gobierno de España, el Ministerio de Fomento va a seguir actuando en los más de 26 000 kilómetros de carreteras de red de titularidad del Estado. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer porque tiene un nuevo sistema, que es aprovechar lo que existe, optimizar los recursos existentes mediante la implantación de un nuevo modelo de contrato de conservación integral, que se ha caracterizado por la reducción de los sectores de la construcción y que genera unas economías de escala que han producido ya unos importantes ahorros de aproximadamente el 27%.

También, señorías, estamos preocupados por la seguridad del ferrocarril de cercanías en Cataluña. Hace poco se reunió la ministra con el consejero y decidieron impulsar partidas por más de 67 millones de euros, y se van a tratar aspectos importantes, como el trayecto Barcelona-Vic-Puigcerdà, que afecta a más de 110 000 pasajeros y en el que se tiene mucho interés.

Voy terminando, pero con este minuto y diecisiete segundos que me restan, quiero decirle, señor Fernández Ortega, que ustedes están preocupados por el tema de la vivienda, e, insisto, nosotros también. El Gobierno del Partido Popular, el Ministerio de Fomento en estos momentos está llevando a cabo un importante esfuerzo de rentabilización de una política que en materia de ayudas sólo hubiera servido para dejar absolutamente descapitalizado el Estado español si hubiéramos seguido con los planes que ustedes quieren. Por ejemplo, las obligaciones contraídas hasta el año 2038 por los planes anteriores elaborados por ustedes generaban un déficit de 5291 millones de euros. Para nosotros es impensable dejar esa carga a las generaciones futuras; por eso continuaremos teniendo obligaciones comprometidas, y se destinarán 175 millones para pagar obligaciones de ejercicios anteriores en la financiación de préstamos. Fundamentalmente hay 139 millones para ayudas previstas de planes anteriores, 87 millones para subvencionar a las comunidades autónomas, 12 millones para ayudar a la entrada de viviendas y 40 millones para la renta básica de emancipación, y es importante destacar que se siguen respetando los derechos adquiridos.

Por todos estos motivos —y termino— y por entender que este presupuesto ayuda a generar una cohesión y vertebración del territorio español y por el compromiso del Gobierno de España de mejorar la creación de empleo, es por lo que anuncio que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a votar en contra de estos vetos.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías, por su atención. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.

Pasamos a la sección 18.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda número 2093.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Buenas noches, señor presidente.

Señorías, entramos en la sección 18. En medio de un discurso irreal de fin de crisis e inicio de la recuperación, el Gobierno del Partido Popular presenta un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014 que simboliza de un modo nítido la falta de proyecto político y presupuestario que aborde con rigor el inicio de la recuperación y la apertura de un horizonte de esperanza para la sociedad española. Por el contrario, los presupuestos presentados para el próximo 2014 no significan otra cosa que la constatación de que lo único que van a generar es más desigualdad, más empobrecimiento colectivo y el mantenimiento del paro en niveles insoportables.

La sección 18, compuesta por educación —con un recorte de 24,38% respecto a 2011— y cultura —con un recorte de 35,14% respecto al mismo año—, simboliza muy bien lo que significa una apuesta por dos piezas fundamentales del denominado Estado del bienestar: la educación y la I+D+i, que tiene un gran componente en la universidad, a pesar de algún leve retoque estético en alguna partida aislada, sigue su proceso de pérdida de calidad, y se impulsan, al mismo tiempo, leyes regresivas y privatizadoras, como la LOMCE, que significa una vuelta al pasado. La I+D+i, con un simbólico incremento del 3,5% y una asignación global de 6131 millones de euros, no alcanza ni de lejos la que tenía asignada en el año 2011, que superaba los 8500 millones de euros. En realidad, estamos a niveles del año 2005, y según los científicos impulsores de la Segunda Carta por la Ciencia, se necesitaría un aumento anual de 636 millones de euros hasta 2016 para alcanzar el nivel del año 2009.

El Gobierno califica la política educativa de estos presupuestos como prioritaria, y, sin embargo, estamos en niveles presupuestarios del año 2006. Hay un retroceso nada menos que de ocho años en materia presupuestaria, y las comunidades autónomas, al mismo tiempo, están asfixiadas financieramente y con una amenaza de calendario de implantación de la LOMCE —que ni siquiera tiene reflejo en este presupuesto, porque apenas se reflejan 8,9 millones de euros, según se dijo por parte de la secretaría de Estado en su comparecencia—. Además, los recortes inducidos por este Gobierno en las comunidades autónomas harán que se disparen también todos los recortes globales del sistema educativo, que en estos dos años recordamos que ascendieron a 5200 millones de euros.

En cuanto a los programas presupuestarios que incluye el proyecto —en vísperas de la cita que tiene el Gobierno con los profesores para negociar el estatuto docente—, lo destinado a formación permanente del profesorado mantiene una reducción del 92,47% respecto del presupuesto de 2011. ¿De qué van a hablar con el profesorado?

El destinado a educación infantil y primaria, comparado con el presupuesto de 2011, se recorta casi un 40%. En este programa han desaparecido las dotaciones para el ciclo de 0 a 3 años, en la línea de lo mantenido por el ministro Wert de que no es una etapa educativa sino asistencial.

En el programa Educación Secundaria, FP y Escuelas Oficiales de Idiomas, lo recortado desde 2011 se eleva hasta el 59%, 146 millones. Si lo comparamos con el año 2013, cae 7,5 millones, de los cuales, 5 millones se recortan en formación profesional, lo que, al parecer, era también otra prioridad.

Y en lo referido a enseñanzas universitarias, la asfixia a las universidades es cada vez mayor; se recorta prácticamente un 70% a las universidades, y en la educación compensatoria, un 23,4%.

Estamos hablando de recortes generalizados en todos los niveles. Y en cuanto a becas y ayudas, aunque también el crédito en este caso se aumenta, hay que tener en cuenta que la mayor partida es la compensación que hay que dar a las universidades, con una diferencia de 142 millones, y el resto, hasta 108 millones, es de becas.

En deportes, el Gobierno sigue igualmente con la tónica de estrangular el presupuesto del Consejo Superior de Deportes, disminuyendo las partidas globales, las transferencias corrientes, las inversiones, etcétera.

En materia de cultura, la política de hostilidad con la cultura, el problema del canon sin resolver y los recortes evidentes o camuflados son las líneas maestras del exiguo presupuesto, de 716,4




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millones de euros, para la cultura para 2014. También hay que tener en cuenta que se ha pasado de 1104 millones de euros, en 2011, a 716,4, es decir, ha minorado un 35,4%.

Estamos hablando de recortes en todos los ámbitos. El Grupo Parlamentario Socialista presentó numerosas iniciativas —todas rechazadas por el voto del Grupo Parlamentario Popular— para dejar sin efecto la subida del IVA, del tipo impositivo referido a material escolar y a bienes y servicios culturales.

En definitiva, todo eso, junto con el tema tan escandaloso de las becas Erasmus…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya señor presidente.

Que recuerdo que la Unión Europea acaba de aprobar el marco financiero plurianual y las aumenta, hasta 15 000 millones de euros, el 40% sobre el presupuesto de las anteriores perspectivas, y el Gobierno de España dice que las ha minorado la Unión Europea. Es algo verdaderamente intolerable, de lo que hablaremos mañana.

Recortes en cultura, decisiones pendientes, problemas sin resolver, son las razones por las que, juntamente con las del ámbito educativo, vamos a decir que no y a promulgar el veto en esta sección. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Álvarez Areces.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado la enmienda número 3367.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenas noches. Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario con el objeto de exponer el veto que hemos presentado al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 referido a la sección 18, que es la que corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Los motivos que han conducido a nuestro grupo a plantear el mencionado veto son básicamente de carácter económico y como constatación a la grave discriminación que contienen en la asignación de los presupuestos públicos para el ejercicio 2014.

Empezamos por cultura. Los datos y los porcentajes son elocuentes. Del ejercicio presupuestario 2011 a 2014, Cataluña, como territorio, como comunidad autónoma, pierde un 75% de las aportaciones del Estado. Sabemos, y de ello somos conscientes plenamente, de la restricción presupuestaria y de la contención con que necesariamente el Gobierno tiene que trabajar en la confección de los presupuestos. Sin embargo, dicho porcentaje es muchísimo más alto que la media española. Otro ejemplo: se incumple ostensiblemente la Carta de Barcelona, que tiene rango de ley y que establecía unos recursos para su capitalidad cultural. En 2011 existía una partida de 9,5 millones de euros y actualmente dicha consignación ha pasado a cero euros. El Gobierno incumple una ley vigente. Se abandonan todos los proyectos importantes previstos, como por ejemplo, la biblioteca provincial de Barcelona o el archivo provincial de Girona, por poner dos ejemplos que claman al cielo. ¿Cuál es la única ciudad importante en la que sigue sin haberse acometido la construcción de su biblioteca provincial? Barcelona.

En actividades, en Cataluña hemos pasado de 2,5 millones de euros a 500 000 euros en el mismo período 2011-2014. Podemos poner ejemplos múltiples, el Institut d’Estudis Catalans, que es la academia de la lengua catalana, también sufre un recorte del 75%. El Institut d’Estudis Catalans fue fundado en 1907 por Enric Prat de la Riba desde la diputación de Barcelona y, posteriormente desde la mancomunidad. ¿Cómo puede reducirse la aportación del Estado a dicha institución sin contravenir de forma flagrante el artículo 3º de la Constitución Española? ¿Dónde queda lo de que los poderes públicos van a fomentar y proteger la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España? ¿Y dónde queda lo de que las lenguas cooficiales «representan un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección»? Esta es una cita textual de la Constitución Española. Ni la Real Academia Española ni el Instituto Cervantes sufren una disminución, afortunadamente para ellos y para todos, de un 75% en la aportación del Estado.




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Tampoco se protege a las demás lenguas cooficiales, como el gallego o el vasco. La misma falta de aportación, la misma disminución en las aportaciones sufren dichas instituciones. El Estado español no protege ni ampara las lenguas no castellanas, como es su obligación por mandato constitucional.

En educación, las Cortes Generales han aprobado recientemente la LOMCE y, tal y como se denunció en su tramitación, no aparece consignación alguna para su implantación y despliegue. Las líneas maestras de estos Presupuestos Generales del Estado son clarísimas: vaciar programas de cooperación territorial entre el ministerio y las comunidades autónomas, extinción del plan Educa, disminución severa y drástica del programa PROA. Los programas más necesarios para el mantenimiento de la equidad, la cohesión social y el apoyo a los más débiles son suprimidos sin ningún reparo o bien se reducen sus asignaciones presupuestarias de manera alarmante.

Nuestro grupo parlamentario es de la opinión de que sería muy conveniente dar un impulso al primer ciclo de educación infantil, por ejemplo, al Programa Escuela 2.0, para combatir con eficacia el abandono escolar prematuro, y también algo tan relevante como un programa de mejora del aprendizaje, entre otros, de lenguas extranjeras.

También presentamos enmiendas para la financiación gratuita del segundo ciclo de educación infantil, actualmente abandonado por completo, así como un programa de cobertura de los libros de texto.

Presentamos asimismo enmiendas relacionadas con los programas Erasmus y Séneca. Son programas de gran éxito e imprescindibles para que nuestros jóvenes se eduquen en un mundo más globalizado que nunca. No encontramos nada de ello en este presupuesto.

Ustedes hablan de un aumento del 10% de las dotaciones educativas, pero la realidad tozuda de las cifras indica que estamos situándonos en los niveles de 2006. Estos recortes afectan a la equidad y a las oportunidades que van a tener los jóvenes en su futuro.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BAGUÉ ROURA: Concluyo, señor presidente.

Por una parte, dejamos sin recursos a las comunidades autónomas, que son las que dan la cara ante los ciudadanos, y al mismo tiempo les obligamos a hacer ajustes en cuya ejecución es imposible que la calidad educativa no se vea afectada.

Tampoco podemos dejar esta ocasión sin denunciar otro reiterado incumplimiento por parte del Gobierno central.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor BAGUÉ ROURA: Termino ya.

Existen numerosas sentencias del Tribunal Constitucional en relación con el traspaso de las becas a las comunidades autónomas, porque existe un incumplimiento sistemático de aquellas sentencias que no agradan al Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya presenta la enmienda número 1010.

Para su defensa tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Bona nit, senyor president.

Presento, en nombre del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, el veto a la sección 18 de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 en el apartado de educación. Cabe decir que presenta una ligera, muy ligera, subida respecto a los de 2013. No obstante este aumento, la cantidad presupuestada necesita mucho recorrido para llegar a parecerse a la prevista en los presupuestos de 2011 y, cómo no, para parecerse a la media que destinan los países que integran la OCDE, a la que tanto le gusta al ministro Wert compararse.

Prácticamente todos los programas sufren descenso en sus dotaciones respecto a 2013. Precisamente cabe destacar los programas de formación permanente del profesorado, teniendo en cuenta el papel fundamental que juegan para la consecución de mejores resultados en la lucha contra el abandono escolar; el programa de educación infantil y primaria, etapa clave para alcanzar




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una mejora cualitativa como garantía para afrontar la secundaria con éxito, y el programa de educación compensatoria, con la desaparición del programa PROA, de apoyo y refuerzo en centros de primaria y secundaria.

Si a los recortes en dotación presupuestaria le sumamos la reducción en más de veinte mil docentes, el aumento de más de quinientos mil alumnos desde el curso 2009-2010 y la eliminación de apoyos para alumnos con dificultades, el resultado es un fracaso total, metas totalmente contrarias en relación con el objetivo que, según el ministro, se persigue mediante la reforma educativa: mejora de resultados y lucha contra el abandono escolar temprano.

Aún es más asombroso, cuando no desconcertante, que una reforma abanderada únicamente por el Gobierno del Partido Popular, instrumentada por la Ley Wert, no cuente con la dotación necesaria para su implantación durante el curso 2014-2015. Esta forma de trabajar, de gobernar, improvisando continuamente y con prisas, demuestra que han perdido el rumbo.

Por lo que se refiere a las políticas universitarias, existe una disminución global del 1,72% en relación con 2013. Mención especial cabe del programa de becas y ayudas y la compensación a las universidades públicas, que han aumentado en global un 18,49% respecto a 2013, causa fundamental de esa tímida subida en la sección 18.

Respecto a la compensación en universidades, será insuficiente porque la mayoría de las comunidades autónomas han aumentado las matrículas. Tanto es así que lo establecido para 2014 en comparación con el último año en que apareció esta dotación, 2012, supone un recorte de 148 millones de euros.

En cuanto al Programa Erasmus, dotado con 18 millones, no se parece ni por casualidad a los 63 millones que tenía de dotación en 2011, también en plena crisis.

Para finalizar, estos presupuestos desenmascaran al Partido Popular, restan credibilidad a un Gobierno que un día dice que quiere mejorar la calidad educativa y al día siguiente presenta unos presupuestos que no dotan de financiación para la implantación de la LOMCE, supuesta, cuando no falsa, herramienta para alcanzar esa mejora de la calidad educativa. Han perdido el control, improvisan continuamente, y todo envuelto en prisas y más prisas. El resultado es un país en deriva, aunque intenten hacernos creer que estamos saliendo de la crisis. Es un grave error. Tras estos dos años de Gobierno Popular tenemos un país con más pobreza, más desigualdad y 7300 millones menos para educación. Eso es un grave error. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Tiene la palabra, senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señor presidente.

Los presupuestos que nos presenta el Partido Popular para cultura en la sección 18 son otro ejemplo de lo que realmente entiende por prioridad para la cultura este Gobierno. La misma prioridad que ha hecho que en dos años la única ley del Gobierno haya sido la Ley para la regulación de la Tauromaquia, o sea, ninguna.

Las medidas en política cultural del Partido Popular reflejadas en los sucesivos presupuestos son las medidas del estrangulamiento de la cultura. El IVA al 21%, absolutamente desproporcionado, injustificado e injustificable, es la gran medida estrella en materia económica para la cultura del Partido Popular. La segunda medida ha sido una reducción del 90% en los ingresos para los autores a través del canon por copia privada. El cambio de sistema conlleva esta drástica reducción. Y la tercera, el presupuesto que tenemos este año es una continuidad de los dos presupuestos anteriores, un exiguo presupuesto de 716 millones de euros. Este presupuesto tan exiguo implica una dejadez del papel de la Administración del Estado en instituciones culturales clave, por ejemplo, en Barcelona. Como se ha citado antes, es el segundo año sin convenio de capitalidad cultural para la ciudad de Barcelona. Pero podríamos añadir el abandono absoluto del proyecto de biblioteca provincial —Barcelona es la única capital que todavía no lo tiene— o el desastre en el Gran Teatro del Liceo, donde la Administración General del Estado es la Administración principal y por lo tanto quien debería liderar la situación de esta infraestructura cultural clave.

Por todas estas razones y algunas más que podríamos citar, el Grupo Parlamentario Entesa mantiene su veto a la sección 18 de este presupuesto.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado la enmienda número 547.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Aunque es cierto que en las consignaciones de la sección 18 se produce un ligero incremento en relación con el 2013, de ninguna manera se compensa el recorte que se ha venido produciendo desde el año 2010, que suma ya un 30,5%. De hecho, estos presupuestos consolidan la retirada de los compromisos de financiación de la Administración central del Estado con las comunidades autónomas y además son los primeros presupuestos de la LOMCE, aunque parece que el Gobierno en su elaboración no lo tuvo en cuenta y por eso ha sido necesario que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado introduzca modificaciones, a través de enmiendas, para que aparezca reflejada de forma explícita la puesta en marcha de la LOMCE.

Los recortes afectan, además, a partidas clave, tanto para la calidad del sistema educativo como precisamente para aquellos colectivos que precisan más apoyos y más respaldos. Se produce una rebaja de las partidas de primaria, secundaria, formación profesional y las escuelas oficiales de idiomas. Se reduce la partida destinada a la mejora de la calidad educativa. Se suprimen las partidas destinadas a investigación y evaluación educativa. Desaparece el Plan Educa3 en infantil y primaria y el PROA desde infantil hasta formación profesional. Hay recortes en la partida destinada a las ayudas para libros, haciendo que esta prácticamente desaparezca. Y lo que sí desaparece, sin ninguna duda, son las ayudas para ordenadores.

Casi se extingue la partida de formación del profesorado —como si no fuera relevante para la calidad educativa—, que aparece en el nombre de la última reforma legislativa en la materia. Y hay un descenso del 23,4% en las partidas destinadas a educación compensatoria, que sin duda contribuirá a que se incremente el fracaso escolar.

La subida en becas en gran parte se debe a la necesidad de compensar a las universidades por las exenciones a becarios y las bonificaciones a los estudiantes universitarios que pertenezcan a familias numerosas, pero cabe incluso tener dudas sobre su ejecución una vez que se han modificado los criterios para su concesión. Por tanto, podemos tener una partida que crece inicialmente y que en la ejecución presupuestaria resulta que decrece, que no alcanza los niveles necesarios.

En relación con cultura, como solo me quedan veintitrés segundos, únicamente puedo decir que las partidas de consignación son absolutamente catastróficas. Yo quiero reflexionar simplemente sobre que la cultura no es tan solo lo que cada uno de nosotros pensemos que es, sea de mayor o de menor calidad, sino que es también una industria; es el sustento de una industria cultural que genera empleo y que contribuye al crecimiento del producto interior bruto. Por tanto, en ese proceso anunciado de recuperación económica debiera contarse como un elemento positivo con las aportaciones que desde el mundo de la cultura se puedan realizar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Iglesias.

En turno en contra, tiene la palabra la senadora Sampedro.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, a estas horas de la noche me alegra ver que al menos dos de los grupos admiten una ligera mejoría porque, desde luego, el detonante en cadena de desastre global que anunció el senador Areces —como siempre en su línea de apasionamiento—, a pesar de lo machacón y reiterativo que pueda ser en general el discurso de la oposición con lo de la falta de equidad e inversión y los diversos argumentos que hayan dado a lo largo de sus intervenciones para justificar los vetos a esta sección, mi grupo tiene la clara consciencia de que este es un presupuesto creíble, un presupuesto que se puede cumplir, un presupuesto racional que está en un contexto como el actual, de crisis económica y, evidentemente, como todos hemos dicho aquí y es cierto puesto que lo muestran los indicadores y lo dice ya todo el mundo, hay indicios de recuperación, pero eso no quita que tengamos que seguir encuadrándolo todavía dentro de un marco de austeridad necesaria y de contención del gasto. ¿Y a qué nos lleva esto? A que hay que priorizar, que es la clave. Los datos, las cifras están ahí, señor Areces, porque usted ha sido el que más lo ha criticado, y tienen la virtud de no engañar puesto que son objetivos.




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El presupuesto del ministerio en su conjunto contempla incrementos, un 7% respecto a 2013; un 10,6% de incremento en política educativa. Pero sobre todo es muy gráfico que en la Secretaría de Estado de Educación se incremente un 13%, lo que implica que la prioridad se hace sobre la calidad en educación, y más relevante aún es ese 67% que aumenta el programa de becas. Yo comprendo que ese 21% que suponen los 250 millones de euros que se aumentan este año para becas, que llega a una cifra de 1411 millones de euros para becas generales, que es la mayor partida presupuestaria de la historia, que ni siquiera el Partido Socialista cuando gobernó en tiempos de bonanza, y no de austeridad como en los que estamos ahora, fue capaz de superarlo en ningún caso, demuestra el compromiso que tiene este Gobierno con la igualdad de oportunidades que ustedes tanto nos reclaman en falso. Igualdad de oportunidades es mantener el acceso a la educación en etapas postobligatorias, y el Gobierno lo quiere cumplir.

Hay otras partidas que dan coherencia a este criterio. Como comentó el senador Iglesias, la formación permanente de profesorado sube un 19%; servicios complementarios de enseñanza, que incluyen la educación especial, sube un 18%; hay 3 millones de euros para TIC; y está el punto neutro, respecto del que no quisieron llegar en el Congreso a ningún acuerdo pero que va a beneficiar a muchas familias; hay un 8% para formación de profesorado universitario; y un millón de euros para un nuevo programa de másteres conjuntos transcontinentales.

Sin duda hay partidas que descienden, sobre todo las que son de gasto propio de la secretaría, y hay también otras que se mantienen o que descienden levemente, pero como les dijo el otro día la secretaria de Estado en la comparecencia, no se trata aquí de hacer una carrera o una lista de cuáles son las que bajan un poco y de las que bajan un poco menos después de todas las que he dicho que suben. De lo que se trata es de saber que como ahora no se hacen los presupuestos como los hacían ustedes, para gastar, gastar y gastar sin tener freno, hay que priorizar. Y si ustedes quieren priorizar, podrían decirnos, en vez de a becas generales, a qué partidas querrían destinarlo, pero quitándolo de las becas generales que hemos aumentado haciendo este esfuerzo, y entonces se lo explican también a los beneficiarios. A mi grupo le queda claro que hay que ver esas partidas que aumentan, ver lo minucioso del encaje que se ha hecho para que todo cuadre y se pueda cumplir. Es un presupuesto racional, un presupuesto social, que tiene muy claras las prioridades: la calidad, la igualdad y la empleabilidad.

En lo que respecta al área de cultura, voy a ser muy breve; pero hay un incremento de un 7%, si excluimos las operaciones comerciales, y de un 57% si se incluyen. A mí me parece que sería destacable el programa Platea, que aporta 6 millones de euros para que los espacios escénicos de titularidad municipal —son 1858— sean mejor aprovechados. De este modo se repartirían los costes entre las administraciones locales y el INAEM y se podría promocionar. También este año se va a reabrir el Museo Arqueológico Nacional y se han mantenido con importante esfuerzo las aportaciones al Thyssen y a museos como el MACBA o el MAC.

En resumen, y concluyendo, no hay razones de peso en sus argumentos, por muchos argumentos —la verdad, falaces— que nos dé señor Álvarez Areces. Le oigo hablar de la educación de 0 a 3 y me entran dudas. En 2004, cuando el señor Zapatero llevaba en su programa —página 73— 1000 millones de euros para el año siguiente para la educación de 0 a 3, ¿cuánto le correspondió a Asturias? Porque, al final, si no tengo mal entendido, la cosa no llegó ni a un 5% de lo que había prometido. Es que pedir y prometer es muy fácil, pero luego, a la hora de la verdad, usted, que gobernó, sabe bien a qué nos referimos. Hay que ser creíble y este Gobierno lo es.

Voy a dejar ya la intervención aquí, porque me reiteraría y no tiene ningún sentido. Las personas son lo importante en este presupuesto, que es un presupuesto social, un presupuesto que mantiene, sobre todo, la prioridad de la equidad en la becas y ustedes lo saben.

Muchas gracias. Por supuesto, vamos a votar en contra de sus vetos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sampedro.

Pasamos a la sección 19.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda número 2936.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Martínez-Aldama.




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El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, presidente.

Señorías, los Presupuestos Generales del Estado, sin duda, son una herramienta capital en la política económica de un país. Pero tengo que reiterarles —porque ya lo dije en la comisión— que lo que presenta el Gobierno del Partido Popular para el año 2014 tiene dos problemas. En primer lugar, que son una película de ficción o un cuento chino, como se quiera llamar —también lo han explicado así otros portavoces—, y, en segundo lugar, y que me parece también muy grave, es que no hay ninguna estrategia, ninguna, para la creación de empleo, que es lo que España necesita. Cuando se pregunta a los ciudadanos cuál es su principal preocupación, contestan que es el empleo. Sin embargo, no hay ninguna estrategia colectiva en el presupuesto para generar empleo.

Fíjese qué contradicción. El Gobierno prevé un crecimiento del 0,7%. Hoy decía el señor Montoro que han sido, incluso, cautos en la previsión. Pero es insuficiente para crear empleo. Tan es así que el propio presupuesto reconoce que el próximo año habrá una caída del empleo del 0,2%, es decir, que el Gobierno que anuncia la recuperación reconoce por escrito que el próximo año se perderán 120 000 empleos. Claro, ¿cómo cuadra esto con lo que decía públicamente hace poco tiempo el señor Rajoy: crearé un millón de puestos de trabajo en dos años? Hombre, si en 2014 no se crea ningún empleo, al revés, el Gobierno va a destruir 120 000, ¿va a crear el Gobierno un millón de empleos en 2015? Es imposible. Es que en política la mentira tiene las patas cortas. Y el Gobierno reconoce que en 2014 no habrá creación de empleo. Todo lo contrario, se puede decir que llevamos tres presupuestos del Partido Popular, tres, y los tres destruyendo empleo, de forma que en el cómputo global, la gestión del Partido Popular se puede resumir en que a día de hoy tenemos ya un millón de empleos destruidos. Ese es el resumen de la política de empleo del presupuesto del Partido Popular.

Claro, siguen en sus errores. Hay un recorte de las prestaciones por desempleo del 5% para 2014. Dice el Gobierno: ¡No, no! —cuando se presentó—, habrá un incremento del 10% dedicado a la protección por desempleo. Pero no es verdad, porque en 2013 el presupuesto aprobado fue de 26 696 millones. Después, el Gobierno —y se lo advertimos— hizo en julio un modificado ampliándolo en 4410 millones de euros, de forma que lo que el Gobierno del Partido Popular destinó finalmente fueron más de 31 000 millones de euros. Por lo tanto, si para 2014 lo presupuestado son 29 429 millones, significa que este año próximo habrá un recorte en protección por desempleo de 1700 millones de euros. Luego incremento del 10%, nada. Bajada, sí. Por cierto —y quiero dejar constancia de ello aquí—, un recorte del 31% en las partidas destinadas a los subsidios por desempleo, es decir, a la gente que más lo necesita.

Señor presidente, señorías, este presupuesto registra un nuevo recorte en las políticas activas de empleo, porque aunque diga el Gobierno que aumentan en un 7,2% en 2014, lo que hay es un recorte del 45% desde el año 2011. Hay dos ejemplos que demuestran el hachazo del Partido Popular a las políticas activas de empleo para 2014. Uno, la partida destinada a la contratación de desempleados por parte de ayuntamientos. Aquí hay muchos alcaldes del Partido Popular y me gustaría que dijeran alto y claro si les parece bien que esa partida, que el año pasado era de 388 millones de euros, se quede tan solo en 500 000 euros, prácticamente un recorte del 100% de lo que se destinaba a convenios con ayuntamientos. Otro, el recorte del 90% de los fondos destinados a la modernización y mejora de los servicios públicos de empleo; es decir, se pasa de 488 millones de euros a tan solo 48 millones, eso sí, ya se han preocupado ustedes de incrementar la ayuda a las ETT.

En resumen —y acabo, señor presidente—, los presupuestos del Partido Popular en materia de empleo para el año 2014 prevén más paro. Por tanto, que nadie espere recuperación de empleo el próximo año porque el propio Gobierno reconoce que habrá más paro. Y, en segundo lugar, habrá más recortes en prestaciones y en subsidios, mientras que, a juicio de mi grupo, lo que procede es todo lo contrario. De ahí la enmienda a esta sección 19, de empleo, y a los presupuestos del Partido Popular.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez-Aldama.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado la enmienda número 3420.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Rieradevall.




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La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 relativo a la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del bienestar y mejorar la competitividad de nuestra economía. Estos presupuestos carecen de alma social. Es incomprensible que ante el drama del paro este Gobierno no haya aprobado aún un plan de choque a favor del empleo. En mi grupo no nos cansamos ni nos cansaremos de repetir e insistir en la importancia de este plan de choque, el cual es imprescindible. Es urgente la creación de empleo y el incremento de cotizantes a la Seguridad Social. Asimismo, ha bajado la inversión por persona parada, pasando de 1550 euros en el año 2011 a 682 euros en el año 2014, algo totalmente descabellado e incoherente con la situación económico-social que sufren los ciudadanos. No es lógico, no es objetivo, ni tiene sentido. Como también es incomprensible la insuficiente inversión y la disminución del presupuesto en políticas activas de empleo y, dicho sea de paso, el retraso en las transferencias a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo. Es imposible que las comunidades autónomas puedan hacer una política de empleo seria cuando a principios del mes de noviembre se aprobaron las transferencias del año 2013. No se prevén bonificaciones a la Seguridad Social y, por otro lado, la insuficiente revalorización de las pensiones, a las que se va a aplicar en 2014 un incremento inferior al que va a experimentar el coste de la vida y al margen del Pacto de Toledo. Un 0,25% es totalmente insuficiente para personas que se encuentran en una situación delicada y que, a su vez, son el único sostén económico de muchas familias afectadas por el drama del paro, que ven cómo suben las tasas municipales, cómo sube la gasolina o cómo va a subir el recibo de la luz, por ejemplo, más de un 3%. Y la verdad, un 0,25% deviene sencillamente irrisorio, una burla a la dignidad de los pensionistas.

Por todo ello, mi grupo presenta propuesta de veto para la impugnación de las secciones 19 y 60.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya presenta la enmienda número 1011.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, es evidente que la principal preocupación de este Gobierno ha sido y es —y así se ha reiterado— la devaluación interna, y el principal instrumento para poder conseguir esta devaluación es y sigue siendo la reforma laboral. Ustedes creen que con esta reforma laboral, con esta devaluación interna España será más competitiva. Seguramente al bajar los costes podremos entrar más en los mercados extranjeros, pero la verdad es que ese tipo de competitividad significa pan para hoy y hambre para mañana. Y esto es lo que justifica y explica que esta reforma laboral haya dejado un escenario tan desolador como el que ahora les voy a describir.

España es uno de los países de la Unión Europea con un menor porcentaje de personas activas, estamos por debajo del 60%; el paro, por encima del 25%, y se prevé que estos datos van a durar durante años. Hay estudios que dicen que hasta dentro de veinte años no podremos recuperar unos índices de ocupación deseables. Hay casi 3 millones de parados de larga duración; hay una caída del empleo estable; hay una caída del empleo público, 400 000 personas; el paro juvenil se sitúa por encima del 55%, por cierto el Gobierno aún no ha presentado el plan de garantía juvenil; hay un incremento de la temporalidad, 9 de cada 10 contratos son en precario y 4 de cada 10 son a tiempo parcial; hay una caída de las personas cotizantes a la Seguridad Social, unas 600 000, y casi 2 millones de desempleados sin prestación. Esa, señorías, es la realidad de nuestro mercado laboral. Los peores pronósticos que hicimos sobre la reforma se están cumpliendo. En un año se han destruido 630 000 empleos.

Ante una situación así, yo les pediría —y no sé si será la señora Peris la portavoz del Grupo Popular— que no nos vengan con que si tal o cual dato ha mejorado o si tal o cual dato debidamente torturado y políticamente autotorturado capta la opinión que uno quiere. La situación es catastrófica y no recibe del Gobierno la respuesta adecuada ni en las políticas generales para el relanzamiento de nuestra economía, único instrumento para la creación de empleo, ni —y esto justifica el veto a esta sección— en las políticas sectoriales del Ministerio de Empleo. En 2014 el Servicio Público de




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Empleo Estatal dispondrá de menos recursos para los parados, ya que verá disminuidos sus recursos en un 6,1% en comparación con la liquidación prevista para el 2013.

También quiero insistir en otro concepto, y es que los presupuestos no son como empiezan, sino como acaban, y en muchas cuestiones habrá que ver cuál ha sido la evolución presupuestaria de muchas partidas con las ampliaciones que se han producido.

Señorías, este Gobierno pretende que con un 21% menos de recursos en términos reales que en el 2011 se atienda a un 22% de personas desempleadas más, lo cual es imposible. Lo de con menos haremos más, en la historia, hoy por hoy, solo se ha demostrado con la multiplicación de los panes y los peces, y la hizo quien la hizo. Dudo que este Gobierno sea capaz de multiplicar los panes y los peces, y menos en las políticas de empleo. Disminuyen también las partidas destinadas a la formación profesional un 1,8% y la partida destinada al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo un 4%.

Los tristes éxitos de este Gobierno en materia de empleo y todos ellos muy aplaudidos por los empresarios son: la reducción de los salarios un 5%; facilitar el despido y abaratarlo; la precarización laboral; la preeminencia de los intereses del empresario por encima de los intereses de los trabajadores; el recorte de los derechos laborales y sindicales. Hoy los trabajadores con convenio se han reducido un 28% y los ERE no pactados se han incrementado en el 2013 un 30%, y en la privatización de los servicios de empleo la partida destinada al fomento de las agencias de colocación crecerá un 50%.

Su respuesta a la crisis y al paro es la desregulación del mercado laboral. Han desequilibrado aún más a favor de los empresarios las relaciones entre capital y trabajo. Esto es y será una fuente de conflictos y de aumento de la litigiosidad, y más con figuras ya impugnadas judicialmente, como es el nuevo contrato para el emprendimiento, joya de la reforma laboral.

Señorías, el PP y su Gobierno han optado por una economía de baja calidad, con trabajo de mala calidad, y ese es un error estratégico que indica que este Gobierno no ha sacado ninguna lección de las causas que provocaron esta crisis.

Por todo ello, presento este veto en nombre de la Entesa pel Progrés de Catalunya.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado la enmienda número 658.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Sin duda alguna, la principal preocupación de los españoles es la situación de desempleo y no hace falta acudir a las encuestas del CIS para conocer que no podía ser de otra manera, que el drama del desempleo es la expresión más cruda de esta crisis y que, por lo tanto, este presupuesto, la política del Gobierno debiera tener como principal argumento y objetivo la lucha contra el paro.

La emergencia social que vive nuestro país debiera traducirse en que el conjunto de los recursos de los que las administraciones disponen se pusieran al servicio de la generación inmediata de empleo como elemento de real dinamización económica y de superación de situaciones personales angustiosas. Sin embargo, ni esa es la estrategia del Gobierno ni este presupuesto refleja otra cosa que la búsqueda de elementos para seguir encontrando mecanismos que reduzcan la aportación a las prestaciones por desempleo, renunciando al desarrollo de políticas activas de empleo que contribuyan a generarlo.

En el debate del pasado ejercicio, uno de los elementos que en materia de empleo el Partido Popular y el Gobierno barajaban con más intensidad era precisamente el fracaso de las políticas activas de empleo y la inutilidad de los incentivos públicos para la generación. Ese discurso se ha revisado solo de forma parcial, casi cosmética, como consecuencia de que se va a contar con recursos europeos para impulsar la lucha contra el paro juvenil en nuestro país, pero en todo lo demás este presupuesto refleja el firme convencimiento del Partido Popular de los argumentos que le llevaron a poner en marcha recortes, tanto en políticas activas de empleo ―este presupuesto, como han dicho otros portavoces, significa una disminución de las transferencias a las comunidades autónomas para ello― como los propios recursos con los que va a contar el Servicio Público de Empleo Estatal para políticas activas. Pero, además, como también se afirmó,




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a la hora de consignar el importe de las prestaciones por desempleo se produce un recorte muy importante sobre la cantidad realmente ejecutada en el ejercicio 2013.

El Partido Popular, que nos habla de recuperación económica y de creación de empleo, en sus previsiones solo establece un descenso de unas pocas décimas, poco más de medio punto; sin embargo, a la hora de establecer las consignaciones presupuestarias para las prestaciones por desempleo, realiza un ajuste del 10% sobre lo realmente ejecutado.

¿Qué se nos quiere decir con esto? Que habrá más parados sin prestaciones y que aquellos parados que reciban prestaciones, estas serán inferiores en gran parte como consecuencia de las últimas reformas que se han impuesto en materia de desempleo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

En turno en contra, tiene la palabra la senadora Peris.

La señora PERIS JARQUE: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenas noches a todos.

Evidentemente, anuncio nuestro voto en contra de los vetos presentados.

Me gustaría destacar algunos aspectos del presupuesto de la sección 19, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se enmarca en el contexto de recuperación global, basado en un crecimiento del 0,7% del PIB ―estimación prudente, como ya se ha dicho―, facilitando la vuelta al crecimiento económico y a la creación de empleo. Se trata de un presupuesto responsable que busca el equilibrio entre la contención del gasto y el impulso de la recuperación como base de un crecimiento sostenido.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social es el que cuenta con una mayor dotación presupuestaria, ya que su presupuesto no financiero asciende a 26 544 millones de euros, un 1,5% más, incluyendo las transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Seguridad Social.

Las partidas de carácter social destinadas al pago de las prestaciones por desempleo y aquellas que se dirigen al gasto en pensiones, absorben 31 752 millones de euros; incluye las pensiones contributivas y las no contributivas, un 19,8% más que en 2013. La partida que se destinará al desempleo recibirá 8,4 euros de cada 100 euros que ingrese el Estado.

La disminución —es cierto— en la partida encargada de la protección por desempleo se debe única y exclusivamente a que el cuadro macroeconómico se muestra optimista con la evolución del paro, y estima que el desempleo en función de la población activa cierre 2013 en el 26,6% en lugar del 27,1% estimado hasta ahora, y para 2014, también prudentemente, se estima un 25,9%.

Los créditos destinados en 2014 para el conjunto de las políticas para el empleo, la protección por desempleo, prestaciones económicas por cese de actividad de los autónomos, y otras prestaciones y actuaciones laborales, ascienden a 35 358 millones de euros, creciendo un 7,9% con respecto al ejercicio anterior.

Respecto al FOGASA se incrementa 500 millones de euros, es decir, un 58,4%. Me gustaría también destacar el importante esfuerzo que el Estado ha realizado, en un contexto de contracción del gasto del que estamos hablando, al incrementar la aportación al SEPE, al Servicio Público de Empleo Estatal, en un 41,30% respecto del ejercicio anterior. Ese aumento supone 14 000 millones de euros. Esta circunstancia demuestra el compromiso del Gobierno de garantizar el abono de las prestaciones para el desempleo y financiar políticas que permitan el acceso al empleo de las personas desempleadas.

También me gustaría destacar que se incrementa la dotación para financiar las políticas activas de empleo en un 7,22%, a pesar otra vez del escenario de contracción del gasto. Este incremento se concreta en las bonificaciones de fomento del empleo que incluyen, entre otras, el fomento de la contratación de jóvenes y la financiación del contrato de formación y aprendizaje, en consonancia con la iniciativa de empleo juvenil que aprobará la Comisión Europea, o bonificaciones de fomento del trabajo autónomo en consonancia con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, aprobada en febrero de 2013, así como las bonificaciones a la contratación del personal investigador de cara a fomentar el gasto en I+D+i como mecanismo de desarrollo económico.

Por otra parte, se garantiza una dotación suficiente para hacer frente a los gastos derivados del Programa Prepara para todo el año 2014, en consonancia con la reforma regulada en el Real Decreto Ley 1/2013, de 25 de enero, que permite la prórroga automática del programa mientras la tasa de paro se sitúe por encima del 20%. Esta situación supone que el Estado se esfuerza en




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insertar a los más desfavorecidos o a los que tienen mayores dificultades. Se dota de 191,87 millones de euros más que en 2013, llegando hasta los 357,37 millones de euros. Asimismo, se mantiene la dotación necesaria para financiar las ayudas para personas discapacitadas, lo cual de nuevo demuestra un compromiso firme para insertar a los más desfavorecidos.

La formación para el empleo se financia con 100 millones de euros de aportación del Estado adicionales a las cantidades que se prevé recaudar por la cuota de formación profesional, lo que supone un compromiso del Gobierno con la formación profesional para el empleo a pesar del actual contexto económico. Se mantiene la dotación para financiar la AEPSA y las ayudas en zonas rurales deprimidas, así como la financiación de ayudas para mejorar la inserción de las personas con discapacidad.

Respecto al Plan de Empleo Juvenil, que se ha de entender enmarcado en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, todos conocen el Fondo Social Europeo que se aprobará a partir de 2014, que para España —ya se ha comprometido— serán 1800 millones de euros para empezar.

Y respecto a la crítica general de que en la sección 19 no existe ninguna política de creación de empleo, hay que decir que toda la política económica de este Gobierno, la laboral incluida, está orientada hacia la mayor prioridad que tiene esta sociedad y este Gobierno que es devolver a este país a la senda de crecimiento y a la creación de empleo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Peris.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana. Buenas noches.

Eran las veintitrés horas y cuarenta minutos.


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