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DS. Senado, Pleno, núm. 86, de 20/11/2013
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 42

celebrada el miércoles, 20 de noviembre de 2013

ORDEN DEL DÍA

8. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

8.2. Moción por la que el Senado constata la necesidad de aumentar la periodicidad de reuniones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas e insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de política territorial.

(Núm. exp. 671/000100)

Autor: GPEPC

9. MOCIONES

9.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de fomento del sector ovino y caprino.

(Núm. exp. 662/000111)

Autor: GPP

9.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para el subsidio de préstamos cualificados en las Viviendas de Protección Oficial (VPO) y en las Viviendas de Protección Pública (VPP).

(Núm. exp. 662/000113)

Autor: GPS

9.3. Moción por la que se insta al Gobierno a mantener el diálogo con las representaciones profesionales españolas para lograr un consenso básico en la futura Ley de Colegios y Servicios Profesionales.

(Núm. exp. 662/000112)

Autor: GPMX




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10. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

10.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

10.1.1. Convenio entre el Reino de España y la República Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Buenos Aires el 11 de marzo de 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000096)

10.1.2. Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa para el establecimiento del bloque funcional de espacio aéreo del suroeste (SW FAB), hecho en Lisboa el 17 de mayo de 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000097)

10.1.3. Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, hecho en Madrid el 14 de mayo de 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000098)

10.1.4. Acuerdo Interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-UE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, hecho en Luxemburgo y Bruselas el 24 y 26 de junio de 2013 respectivamente. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000099)

11. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

11.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

11.1.1. Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Comisión: Constitucional

(Núm. exp. 621/000046)

11.1.2. Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

Comisión: Educación y Deporte

(Núm. exp. 621/000048)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

8. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

8.2. Moción por la que el Senado constata la necesidad de aumentar la periodicidad de reuniones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas e insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de política territorial.

(Núm. exp. 671/000100)

Autor: GPEPC

7746

El señor Saura Laporta defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Saura Laporta expone la posición de su grupo respecto de la enmienda, rechazándola.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Blasco Marques.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Becana Sanahuja, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Blasco Marques, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 226; a favor, 87; en contra, 138; abstenciones, 1.

9. MOCIONES

9.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de fomento del sector ovino y caprino.

(Núm. exp. 662/000111)

Autor: GPP

7757

El señor Cotillas López defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Martínez Oblanca defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada a iniciativa de este senador.

El señor Boya Alós defiende la enmienda den Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Arrufat Gascón defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Cotillas López expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen los señores Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Arrufat Gascón, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Cotillas López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.




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Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 246; a favor, 153; en contra, 72; abstenciones, 21.

9.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para el subsidio de préstamos cualificados en las Viviendas de Protección Oficial (VPO) y en las Viviendas de Protección Pública (VPP).

(Núm. exp. 662/000113)

Autor: GPS

7775

La señora Fernández Pena defiende la moción.

La señora Candini i Puig defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Fernández Pena expone la posición de su grupo respecto de la enmienda, aceptándola.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Ibarrondo Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 92; en contra, 152; abstenciones, 4.

9.3. Moción por la que se insta al Gobierno a mantener el diálogo con las representaciones profesionales españolas para lograr un consenso básico en la futura Ley de Colegios y Servicios Profesionales.

(Núm. exp. 662/000112)

Autor: GPMX

7785

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación.

La señora Salanueva Murguialday defiende la moción.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Salanueva Murguialday expone la posición de su grupo respecto de la enmienda, rechazándola.

En turno en contra de la enmienda hace uso de la palabra el señor Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. El señor presidente le informa de que corresponde turno en contra de la moción.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación con el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 243.




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10. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

10.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

10.1.1. Convenio entre el Reino de España y la República Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Buenos Aires el 11 de marzo de 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000096)

7797

10.1.2. Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa para el establecimiento del bloque funcional de espacio aéreo del suroeste (SW FAB), hecho en Lisboa el 17 de mayo de 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000097)

7797

10.1.3. Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, hecho en Madrid el 14 de mayo de 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000098)

7797

10.1.4. Acuerdo Interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-UE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, hecho en Luxemburgo y Bruselas el 24 y 26 de junio de 2013 respectivamente. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000099)

7798

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse mediante los citados tratados, por asentimiento de la Cámara, con excepción de la abstención manifestada por el señor Unamunzaga Osoro.

Se suspende la sesión a las trece horas y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las quince horas.

11. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

11.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

11.1.1. Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Comisión: Constitucional

(Núm. exp. 621/000046)

7798

El señor Piñeiro García-Lago, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de totalidad.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto número 1, del señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 2.

El señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 3.




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El señor Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, defiende la propuesta de veto número 4, presentada por este senador y el señor Saura Laporta.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Mariscal Cifuentes y la señora Capella i Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Martí Jufresa y Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, así como la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, quien solicita al señor presidente que pida al señor López Rodríguez (don Dámaso), del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que retire los gestos que le ha dirigido, motivo por el cual hacen uso de la palabra el señor Camacho Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor López Rodríguez (don Dámaso). Finaliza el turno de portavoces con la intervención de la señora Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 10; en contra, 165; abstenciones, 67.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 242; a favor, 8; en contra, 167; abstenciones, 66.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 9; en contra, 167; abstenciones, 66.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 8; en contra, 166; abstenciones, 67.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 1 a 53, inicialmente presentadas por el señor Iglesias Fernández y este senador.

El señor Unamunzaga Osoro da por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 62 a 70, inicialmente presentadas por este senador.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 54 a 61, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet da por defendidas las enmiendas 71 a 123, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 124 a 155, 157, 158, 162 a 165 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 269 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas 167 a 203, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Antich Oliver defiende las enmiendas 204 a 211, 213 a 217, 219 a 229, 233 a 237 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 269 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Nevado del Campo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.




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En turno de portavoces intervienen los señores Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Antich Oliver, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Nevado del Campo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Vuelven a hacer uso de la palabra el señor Antich Oliver y la señora Nevado del Campo.

Se procede a la votación

7841

Se rechazan todas las enmiendas, salvo la número 54, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

Se aprueban las propuestas de modificación con números de registro 61390 y 61391.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

11.1.2. Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

Comisión: Educación y Deporte

(Núm. exp. 621/000048)

7848

La señora Sáinz García, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de totalidad.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Mendizabal Azurmendi defiende la propuesta de veto número 2, de los señores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, esta senadora y el señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 3.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 4, del senador Guillot Miravet y este senador.

La señora Sequera García defiende la propuesta de veto número 6, de la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y esta senadora, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Martínez Muñoz defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Alturo Lloan defiende la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Álvarez Areces defiende la propuesta de veto número 8, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Peral Guerra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Interviene el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).




Página 7745


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; los señores Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Álvarez Areces, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Peral Guerra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 146.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 146.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 146.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 146.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 88; en contra, 145.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 146.

Se rechaza la propuesta de veto número 7, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 146.

Se rechaza la propuesta de veto número 8, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 88; en contra, 145.

Se suspende la sesión a las veintidós horas y cincuenta y cinco minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Señorías, buenos días.

8. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

8.2. MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO CONSTATA LA NECESIDAD DE AUMENTAR LA PERIODICIDAD DE REUNIONES DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS E INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL.

(Núm. exp. 671/000100)

AUTOR: GPEPC

El señor presidente da lectura a los puntos 8. y 8.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gràcies, senyor president.

Bon dia, senyories.

Aquesta moció és conseqüència de la interpel.lació que es va substanciar ara fa quinze dies en relació a la política autonòmica del Govern. És una moció que té un objectiu i un esperit. L’objectiu és reimpulsar el funcionament institucional en relació a les polítiques autonòmiques, impulsar la relació entre les diverses institucions i fer que es compleixi la llei especialment pel que fa referència als estatuts d’autonomia. Serien uns objectius obvis. No volem que hi hagi una part del funcionament de l’Estat que estigui paralitzat. I té un esperit, en contra del qual crec que no pot votar ningú. Crec que no es pot votar en contra dels tres punts que plantejo.

En la interpel.lació, el diagnòstic que fèiem, o que jo feia, de la política autonòmica del Govern, la vaig resumir en tres paraules: silenci, bloqueig i retrocés. Silenci que volia dir que el Govern, especialment el seu president, no havia dit quin model d’Estat volia. Sé que dirigents del Partit Popular diuen: no, el model d’Estat és el de l’Estat de les Autonomies. Però hi ha moltes possibilitats de l’Estat de les Autonomies. No es reuneix la Comissió General de les Comunitats Autònomes, no es reuneix la Conferència de Presidents, és a dir, hi ha un silenci en relació al tipus de model d’Estat que vol el Partit Popular.

En segon lloc, vaig dir que la segona paraula era bloqueig. Vaig explicar com, en els pràcticament dos anys de funcionament, de mandat del Govern del Partit Popular, les comissions de traspassos no s’havien reunit i la comissió bilateral tampoc. En alguns casos, la comissió bilateral, segons els estatuts, determina que s’ha de reunir dos cops a l’any. En el cas de Catalunya, no s’ha reunit ni la junta de seguretat ni altres institucions absolutament imprescindibles. És a dir, que de la nova generació d’estatuts no s’ha desenvolupat res, ni legislativament, ni han funcionat els organismes de coordinació.

I la tercera paraula era retrocés. Retrocés que es podia mesurar amb l’augment de la conflictivitat, pràcticament, si ho comparem amb els anys anteriors, hi ha el doble de conflictivitat, en l’injust repartiment dels objectius de dèficit, o amb lleis com la LOMCE que, en definitiva, fulminen les competències autonòmiques. Aquest era el diagnòstic que fèiem.

Què plantegem en la moció? Plantegem tres punts. Insisteixo que són punts no de crítica al Govern, no de formulació partidista, sinó que les institucions funcionin. I vol dir el següent. En primer lloc, en el marc de la necessitat que la Comissió General de Comunitats Autònomes funcioni. És, per utilitzar un qualificatiu suau, incomprensible que en pràcticament dos anys la Comissió General de Comunitats Autònomes, que té un gran paper, només s’hagi reunit una vegada la setmana passada i una la setmana vinent, a proposta dels grups de l’oposició. Però que no hagi fet un treball de debat territorial. Per tant, cal que la Comissió General de Comunitats Autònomes funcioni.




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En segon lloc, la proposta que el president del Govern comparegui al Senat per explicar la seva política territorial. És també, per tornar a utilitzar un qualificatiu suau, incomprensible que en aquesta cambra territorial hàgim escoltat les polítiques de tots els ministeris excepte la política territorial. Ha vingut el ministre de Cultura, el ministre d’Indústria, el ministre d’Hisenda però no ha vingut ningú, que jo crec que hauria de ser el president del Govern, a explicar quin horitzó de model d’Estat té. Què en pensa dels traspassos. Què pensa de les competències. Què pensa del desenvolupament dels estatuts. Per tant, que comparegui el president del Govern, crec que podríem acceptar una transaccional, que comparegués la vicepresidenta o el ministre d’Hisenda i el d’Administracions Territorials, però hi ha necessitat, i és un cert menyspreu a aquesta Cambra territorial, que el Govern no expliqui què vol.

El segon punt seria el punt que no pot ser que les comissions de traspassos o les comissions bilaterals no es reuneixin. Per tant, el que plantegem és que es reprenguin els treballs de les comissions que estan establertes en els estatuts d’autonomia.

I el tercer punt fa referència a la situació de Catalunya. Vaig dir l’altre dia que no sé si s’és prou conscient que tenim un problema polític que va més enllà d’un problema de ciutadania. A Catalunya hi ha desafecció no només en el camp polític sinó també en el camp de la societat. Perquè la sentència del Tribunal Constitucional va significar un xoc de dues legitimitats. La legitimitat institucional del Tribunal Constitucional i la legitimitat democràtica popular d’un referèndum.

Aquest és un problema polític i l’únic que planteja el punt tercer de la moció, l’únic que planteja és la necessitat de crear les condicions per al diàleg. Per tant, és una moció amb tres punts. Primer, saber la política del govern en relació al tema de política autonòmica. Segon, no tenir paralitzat una part de relacions de l’Estat en relació a les Comunitats Autònomes i tercer, crear les condicions perquè la crisi institucional que avui existeix entre Catalunya i l’Estat espanyol es pugui desenvolupar i superar mitjançant el diàleg.

Espero el vot de tots vostès.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Esta moción es consecuencia de la interpelación que se sustanció hace quince días en relación con la política autonómica del Gobierno. Es una moción que tiene un objetivo y un espíritu: el objetivo es reimpulsar el funcionamiento institucional en relación con las políticas autonómicas e impulsar la relación entre las distintas instituciones y hacer que se cumpla la ley, especialmente en relación con los estatutos de autonomía. Serían unos objetivos obvios. No queremos que haya una parte del funcionamiento del Estado que esté paralizado. Y tiene un espíritu, decía, y es que pienso que nadie puede votar en contra de esto, es decir, no creo que se pueda votar en contra de los tres puntos que yo planteo.

En la interpelación, el diagnóstico que yo hacía de la política autonómica del Gobierno la resumí en tres palabras: silencio, bloqueo y retroceso. Silencio, que significaba que el Gobierno, especialmente el presidente del Gobierno, no había dicho qué modelo de Estado quería. Sé que dirigentes del Partido Popular dicen: no, el modelo de Estado es el Estado de las Autonomías. Pero hay muchas posibilidades de Estado de las Autonomías. No se reúne la Comisión General de las Comunidades Autónomas y no se reúne la Conferencia de Presidentes. Hay un silencio en relación con el tipo de modelo de Estado que quiere el Partido Popular.

La segunda palabra fue bloqueo. Expliqué cómo en los prácticamente dos años de funcionamiento de mandato del Gobierno del Partido Popular las comisiones de traspasos no se habían reunido y la comisión bilateral tampoco. En algunos casos, la comisión bilateral, según los estatutos, determina que se tiene que reunir dos veces al año. En el caso de Cataluña no se ha reunido ni la junta de seguridad ni otras instituciones imprescindibles. Es decir, que la nueva generación de estatutos no se ha desarrollado nada legislativamente ni han funcionado los organismos de coordinación.

Y la tercera palabra fue retroceso. Hablaba de retroceso, que se podía medir en el aumento de la conflictividad. Comparado con los años anteriores, hay el doble de conflictividad. El injusto reparto de los objetivos de déficit o leyes como la de la nueva LOMCE fulminan las competencias autonómicas. Este era el diagnóstico que hacía.




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¿Qué planteamos en la moción? Planteamos tres puntos —insito— que no son de crítica al Gobierno ni de formulación partidista; son para que las instituciones funcionen, y quiero hacer hincapié en la necesidad de que la Comisión General de las Comunidades Autónomas funcione. Es incomprensible, por decir un calificativo suave, que en prácticamente dos años la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que tiene un gran papel, solo se haya reunido una vez la semana pasada y una la próxima semana a propuesta de los grupos de la oposición, y que no haya hecho un trabajo de debate territorial. Por lo tanto, es necesario que la Comisión General de las Comunidades Autónomas funcione.

En segundo lugar, la propuesta de que el presidente del Gobierno comparezca en el Senado para explicar su política territorial. Es también —por decirlo de forma suave— incomprensible, repito, que en esta Cámara territorial hayamos escuchado las políticas de todos los ministerios excepto la política territorial. Ha venido el ministro de Cultura, el de Industria, el de Hacienda, pero no ha venido nadie, que yo creo que tendría que ser el presidente del Gobierno, a explicar qué horizonte de modelo de Estado tiene, qué opina de los traspasos, qué opina de las competencias, qué opina del desarrollo de los estatutos. Por consiguiente, que comparezca el presidente del Gobierno. Creo que podríamos aceptar una transaccional, que compareciera la vicepresidenta o el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Vemos como un menosprecio a esta Cámara territorial que el Gobierno no explique lo que quiere.

El segundo punto es que no puede ser que las comisiones de traspasos, las comisiones bilaterales no se reúnan. Lo que planteamos es que se reanuden los trabajos de las comisiones que están establecidas en los estatutos de autonomías.

Y el tercer punto hace referencia a la situación de Cataluña. Dije el otro día que no sé si se es suficientemente consciente de que tenemos un problema político que va más allá de una cuestión de ciudadanía. En Cataluña hay desafección, no solo en el campo político, sino también en la sociedad en general. Porque la sentencia del Tribunal Constitucional supuso un choque de dos legitimidades: la institucional de dicho tribunal y la democrática popular de un referéndum.

Este es un problema político y lo único que plantea el punto tercero de la moción es la necesidad de crear las condiciones para el diálogo. Por lo tanto, es una moción con tres puntos. Primero, saber cuál es la política del Gobierno en relación con la política autonómica. Segundo, no tener paralizada una parte de relaciones del Estado respecto a las comunidades autónomas. Y tercero, crear las condiciones para que la crisis institucional que hoy existe entre Cataluña y el Estado español pueda desarrollarse y superarse mediante el diálogo.

Espero su voto.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Presento la enmienda anunciando previamente al senador Saura que sea cual sea la decisión que tome en relación con su asunción o no, votaré favorablemente la moción, porque creo que en sus contenidos resulta oportuna y acertada.

La enmienda intenta ir algo más allá de la moción, porque pienso que esta Cámara, Cámara territorial, como él destacaba en su intervención, tiene que ser consciente de asumir que de nuevo el modelo territorial de nuestro país es motivo de debate político intenso, de preocupación social y de involucración de la ciudadanía, a pesar de que la coyuntura económica y social tiene otras prioridades en este momento —aparentemente desde la lógica política—.

Pero el modelo territorial del Estado —no lo olvidemos— guarda relación no solo con la racionalidad, que ha de ser un condicionante siempre demandable en política, sino también con los sentimientos, con la identidad. Seamos conscientes de ello, valoremos cuestiones de estas características, que al final acaban teniendo un peso político más allá de lo que a priori podamos entender.

La enmienda desgrana la necesidad de que se emplace al Gobierno a cambiar su estrategia en materia territorial. Una estrategia que en el fondo significa que el Partido Popular y el Gobierno también cuestionan el modelo de Estado de las Autonomías. Aunque en el discurso político formalmente se abracen a él y quieran defenderlo, el desarrollo de su práctica política cuestiona




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ese modelo. Un modelo que en este momento está cuestionado desde tres perspectivas. Desde la perspectiva del Partido Popular y de otras fuerzas políticas de la derecha, que entienden que el Estado de las Autonomías ha ido más allá de donde debía llegar; más allá, incluso, de la voluntad de los propios constituyentes y que, en consecuencia, hay que hacer una reinterpretación recentralizadora de ese modelo de Estado de las Autonomías.

Y eso se articula en decisiones políticas —el senador Saura hacía referencia a alguna de ellas—, como el injusto reparto del objetivo de déficit; en decisiones como el cuestionamiento de posiciones políticas de las comunidades autónomas. Yo creo que la decisión que tomó el Gobierno en relación con el impuesto a la banca para salir al paso de la voluntad de las comunidades autónomas de ir extendiendo esta figura impositiva en sus territorios es una expresión más. También en los procesos legislativos, a lo largo del tiempo que llevo en esta Cámara ha sido casi una cláusula de estilo en el debate político de los proyectos de ley decir que invadían competencias autonómicas. Y es que es cierto, invaden competencias autonómicas. Por lo tanto, quiera o no quiera reconocerlo el Partido Popular y el Gobierno, están revisando el modelo de Estado de las Autonomías en el grado de desarrollo que este había alcanzado desde la Constitución de 1978. Y eso es una forma de cuestionar el Estado de las Autonomías.

Hay otro cuestionamiento obvio al que también hacía referencia el senador Saura, el que desde los planteamientos soberanistas en Cataluña se está realizando. Y hay un tercer cuestionamiento, el de la alternativa a lo uno y a lo otro; el que, a partir de intentar definir un modelo federal que suponga un marco de relaciones entre las comunidades autónomas diferente, otras fuerzas políticas, entre las que me cuento, estamos poniendo sobre la mesa. Yo creo que esta Cámara debiera ser el marco adecuado para avanzar en el debate político en la búsqueda de un consenso similar al que se alcanzó en el año 1978, pero ese consenso va a ser imposible si se niega, en primer lugar, la necesidad de abrir ese debate político y de avanzar en la definición de un nuevo modelo de Estado; va a ser imposible si se mantiene la estrategia, desde quien tiene hoy la responsabilidad del Gobierno, de recentralizar competencias; va a ser imposible si se sigue abusando del recurso al —valga la redundancia— recurso de inconstitucionalidad frente a decisiones de las comunidades autónomas, y va a ser imposible si se toman medidas políticas que confrontan con las decisiones que en el legítimo ejercicio de sus competencias algunas comunidades autónomas están tomando.

Por lo tanto, reflexión, diálogo, búsqueda de acuerdo y de consenso desde el reconocimiento de que tenemos un problema. Y el problema no es solo Cataluña, sino que es un problema de necesidad de alcanzar un nuevo marco...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: …en torno al modelo autonómico.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra el señor Saura para indicar si acepta o no la enmienda del senador Iglesias.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Estando de acuerdo absolutamente con la intervención del senador Iglesias, como he dicho antes, el espíritu de la moción es tanto de crítica a las actuaciones del Gobierno como de significar un impulso del funcionamiento de las instituciones. Es decir, no puede ser que en un país como el nuestro, reuniones y relaciones institucionales que están contempladas en las leyes orgánicas, en el bloque de la constitucionalidad, se incumplan. Es incomprensible que durante dos años no haya comisiones de traspasos ni comisiones bilaterales. Es incomprensible que esta Cámara no discuta la política territorial. Porque, vamos a ver, si en esta Cámara el Gobierno no presenta sus horizontes territoriales y no los discutimos, señor presidente, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Una segunda lectura del Congreso que generalmente no sirve para nada? Hace tiempo se creó la Comisión General de las Comunidades Autónomas para propiciar un debate territorial, y lo que estamos pidiendo en esta moción es que se produzca esto, que se dé contenido al Senado, no solo por una cuestión corporativa del Senado, sino porque el país lo necesita.




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Desde ese punto de vista, no aceptaremos la enmienda que nos plantea el señor Iglesias, no porque no estemos de acuerdo, sino porque pensamos que el espíritu de la moción es que se pueda votar por consenso —ya sé que será difícil— y que permita, en definitiva, un impulso de las relaciones institucionales entre las diversas instituciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Turno en contra. Tiene la palabra el senador Blasco.

El señor BLASCO MARQUES: Gracias.

Buenos días, señor presidente, señores senadores, intervendré desde el escaño y muy brevemente.

Senador Saura, no ha mencionado usted una frase que dice en la moción, pero que es la que da apoyo ideológico tanto a la interpelación como a la moción, y es el avanzar hacia un modelo de Estado federal. Eso, que es, sin duda, lo que usted defiende desde hace dos años en esta Cámara y que no sorprende a nadie, no es lo que defiende el Partido Popular. En cualquier caso, tanto la moción como la interpelación —y usted lo ha vuelto a repetir aquí— está basada en tres argumentos o tres palabras que nosotros no compartimos: bloqueo, silencio y retroceso.

Silencio, dice usted, porque nadie explica aquí el modelo. El presidente del Gobierno viene una vez todos los meses, usted le puede preguntar. En el turno de portavoces hablaremos más despacio del funcionamiento de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero el modelo que defiende el Partido Popular es el Estado de las Autonomías, no, como dice el senador Iglesias, pensando que nos hemos pasado unos cuantos pueblos, sino pensando que hay algunos aspectos que coordinar entre las comunidades autónomas. Para nosotros el modelo del Estado de las Autonomías es plenamente vigente, defendible y es el que queremos.

Usted dice que hay bloqueo porque no se reúnen las comisiones bilaterales, y yo le digo que no es cierto, no se reunirá la de Cataluña, la de mi comunidad, Aragón, se ha reunido tres veces en esta legislatura, pero previamente ha habido que negociar de qué se hablaba. La vicepresidenta del Gobierno lo ha dicho en público y en los medios de comunicación: dispuesta a llegar a acuerdos.

En cuanto a los retrocesos, por una pretendida recentralización del Gobierno, no estamos de acuerdo.

Sobre el conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional, es cierto que el Gobierno recurre ciertas materias legislativas de las comunidades autónomas, pero estas también recurren al Constitucional cuando consideran que el Gobierno ha hecho algo que se sale de sus competencias.

Por tanto, no vamos a apoyar la moción, y lo explicaremos más detalladamente en el turno de portavoces. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Blasco.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Si me lo permite, señor presidente, intervendré solo para abundar en la idea del proceso de recentralización.

La parte más eficaz de ese proceso no está ni tan siquiera en los elementos que manejaba en mi intervención en la presentación de la enmienda, no está en los recursos de inconstitucionalidad, no está en las leyes que invaden competencias, no está en los reales decretos, ni en las decisiones del Gobierno que tienen las mismas consecuencias. Está en la traslación al modelo interno de lo que hemos hecho en el marco de relaciones con nuestros socios europeos, y fundamentalmente con la troika. Se ha producido una cesión de soberanía para adaptarnos a las condiciones que se nos han impuesto para recibir los apoyos económicos que nos permitieran evitar el rescate; y eso se ha proyectado hacia abajo en la estructura territorial del Estado. Para garantizar el cumplimiento de esos condicionantes asumidos en relación con nuestros socios, y fundamentalmente, insisto, con la troika, se han adoptado medidas que limitan el principal elemento de ejercicio de la autonomía, que es la autonomía presupuestaria. Las comunidades autónomas, en este momento




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tienen limitada de forma sustancial su capacidad a la hora de elaborar y de establecer los contenidos de sus propios presupuestos, y ese es el elemento más importante de recentralización que se ha producido a lo largo de los últimos años, y además no se ha hecho de forma expresa, reconociendo su carácter coyuntural y diciendo: ante estas exigencias no tenemos más remedio ahora que, durante un tiempo, adoptar estas medidas; sino que, a través de las famosas reformas estructurales, se ha ido vertebrando la permanencia de esa posición de vigilancia-control presupuestario de la Administración central del Estado frente a las comunidades autónomas. Y sin ninguna duda, ese es el principal elemento vertebrador, es el principal elemento de revisión del modelo de las autonomías, quiérase reconocer o no se quiera reconocer.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El senador CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna; egun on, senatari jaun-andreok.

Parece evidente. No sé si llamarlo bloqueo o llamarlo parón; llamémoslo como lo llamemos, es evidente que existe un parón en relación con el desarrollo del Estado autonómico. Pero si hablamos de parón es necesario recordar que las dos opciones que han gobernado en este país durante muchos años han hecho el mismo juego; también es cierto que en mayor o en menor medida —las cosas son como son—. Ambas han olvidado que el Estado autonómico constituía de origen una opción, mejor dicho, un modelo abierto de construcción permanente y dinámica del propio Estado plurinacional, y han aplicado su visión estática, no dinámica, congelando el desarrollo y el reparto del poder político. Aquel modelo de construcción permanente del Estado en lo político se ha querido convertir en un reparto de tareas administrativas, y siendo así es comprensible que el ministro Montoro posponga cualquier tipo de desarrollo autonómico hasta que acabe la crisis, porque estamos hablando de temas administrativos, no políticos.

La verdad es que llevamos muchos años en una situación de indeterminación del compromiso político de unos y otros con el modelo de política autonómica que nos fijaron en el texto constitucional, y no hay más que ver los sucesivos acuerdos de café para todos que hemos ido sufriendo; demasiados años de indefinición como para considerar mínimamente creíble el llamado modelo autonómico actual del Estado, salvo que nos pongamos las pilas. Prueba de ello es que dentro de un mes se cumplen treinta y cuatro años de aprobación de la Ley 3/1979, esto es, de la Ley del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, ley incumplida y estatuto no completado, y completado en muchas ocasiones dependiendo de la necesidad que el Gobierno tuviera o no en estas Cortes Generales del apoyo del Grupo Vasco, no motu proprio, siempre forzado, e incumplimiento agravado también por algo que se ha dicho aquí, por el continuo sangrado que ha supuesto la cantidad de recursos al Tribunal Constitucional y sus sentencias, sabiendo todos que este tribunal es un árbitro casero que casi siempre lee los textos con las gafas de la recentralización.

El problema es que ahora no solo hay un parón del desarrollo autonómico, que lo hay, el problema es que ahora estamos viendo una involución del modelo —lo recordaba ayer el senador Cleries cuando preguntó a la vicepresidenta del Gobierno—, y las pruebas las vamos a tener en unos minutos o en unas horas: primero la LOMCE, luego la Ley de unidad de mercado, y después la Ley de Evaluación Ambiental. Tres paradigmas de normas recentralizadotas, sin ningún escrúpulo las tres. Tres paradigmas del irrespeto a las competencias autonómicas; eso lo vamos a ver dentro de unas horas, por tanto, no se puede negar que eso es así, y la mayor parte de las enmiendas que presentamos los grupos que tenemos interés en preservar nuestras competencias autonómicas van en esa línea, no creo que todos estemos equivocados.

Yendo a la parte dispositiva de la moción, estamos de acuerdo con su punto número uno, sin muchas esperanzas de que ocurra, las cosas como son, y si ocurre, sin ninguna expectativa de que se vaya a dar una explicación del modelo político de desarrollo autonómico, de que no volvamos de nuevo a hablar de competencias administrativas. Pero nosotros vamos a votar a favor, si viene el presidente mejor, si no, al menos lo habremos intentado.

En cuanto al punto dos también estamos de acuerdo, pero quiero hacer una reflexión: las comisiones mixtas y bilaterales no sirven de nada si no hay voluntad política. Las comisiones se convocan para llegar a acuerdos y firmarlos, esto es, discutir, acordar y firmar, no para plantear voluntad política, eso va de suyo, uno tiene que venir con la voluntad política de casa, y además




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estas comisiones han de servir para algo más que para desarrollar los contenidos estatutarios, han de servir precisamente para seguir avanzando en el modelo abierto y de construcción dinámica del Estado autonómico. También es verdad que no se puede seguir avanzando si no damos los pasos previos, y ya nos gustaría que en la próxima comisión mixta se aprobara todo lo que queda pendiente del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que lleva ya treinta y cuatro años.

El problema, señorías, es que estas comisiones mixtas ya no van a ser suficientes para desatascar el asunto, estamos muy atascados, tanto en Cataluña como en el resto de España; hace falta algo de mucha mayor consistencia para poder seguir avanzando en Cataluña y en Euskadi, por eso el tercer punto se refiere a Cataluña pero creo que podría ser extrapolado al resto de las comunidades autónomas, por lo menos a Euskadi, y por eso vamos a votar a favor de la moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Quiero decir que las tres palabras: silencio, bloqueo y retroceso, responden a cifras inobjetables. Dice usted que el señor Rajoy ha contestado cuando se le ha preguntado. ¡Faltaría más!

¿Pero cómo se explica que todos los ministros al inicio de la legislatura vengan aquí a explicar su política y precisamente el único tema que el Gobierno no viene a explicar es el de la política territorial en esta Cámara? No me diga usted que es suficiente con que conteste a las preguntas. ¡Faltaría más que se negara a contestar preguntas! ¿Por qué no contesta? ¿Por qué no nos dice qué piensa del horizonte del Estado? Decir que lo que queremos es el Estado de las Autonomías es no decir nada. Pueden ser veinte Estados de las autonomías distintos, con competencias diferentes y con diferentes comisiones de traspaso. ¿Qué pasa con los estatutos de nueva generación? ¿Qué piensa el Gobierno? De esto no sabemos nada, y eso significa dos cosas: en primer lugar, un cierto menosprecio a esta institución, porque, insisto, ese es el papel de esta institución, y, en segundo lugar, una ausencia de explicación pública de lo que se quiere hacer.

En cuanto al bloqueo, he de señalar que respecto a las comisiones de traspaso, en dos años solo se ha reunido una vez Canarias. No se ha reunido ninguna y no se ha producido ningún traspaso, excepto dos inmuebles a Canarias. Anteriormente se estaba produciendo una media de ochenta o cien traspasos por legislatura. ¿Se va a traspasar más? ¿Por qué no se traspasan?

En cuanto a la junta de seguridad, el señor Feijóo ha pedido que se celebre la Conferencia de Presidentes. En este país, el déficit del modelo del Estado de las Autonomías es la Conferencia de Presidentes. El señor Feijóo la acaba de pedir. ¿Por qué no se celebran más conferencias de presidentes?

Y en cuanto al avance, usted ha dicho: es que ustedes quieren un Estado federal. Señoría, lo que queremos es un debate. En el mundo no existe Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías fue una buena solución constitucional a dos tendencias y dejó abierto dos Estados. Este Senado expresa la existencia de dos senados: los senadores procedentes de las elecciones generales y los senadores procedentes de las autonomías. Precisamente uno de los problemas del Estado español es que existen dos Estados. Y hay que avanzar. Hemos hecho una valoración positiva del Estado de las Autonomías, del desarrollo cultural, del desarrollo social, pero ¿no son necesarios hoy cambios —no sé si constitucionales o no, hablémoslo— ante los nuevos retos? ¿Por qué razón seis o siete comunidades autónomas han planteado y han hecho reformas de los estatutos? ¿Gratuitamente o porque los necesitaban para dar respuesta a nuevos retos, ya que cuando elaboramos los estatutos no existían?

Y no me digan que el problema es la crisis, porque las comunidades autónomas han sido el colchón, el amortiguador, en definitiva, de la crisis. No es crisis por un lado y comunidades autónomas por otro, se trata de que las comunidades autónomas discutan y hablen con el Gobierno central.

Usted ha dicho que las comisiones bilaterales o de traspaso se han de reunir cuando haya acuerdos; y cuando no haya acuerdos más aún para hablar. He sido copresidente de la comisión bilateral Cataluña-Estado español y he de decir que eran tan importantes las reuniones con




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discrepancias como las reuniones con acuerdos, y lo que no puede ser es que no exista diálogo cuando hay desacuerdo. Cuando hay desacuerdo es más necesario hablar, y la respuesta que da el Gobierno es que como no hay acuerdo, no hablamos. ¡Hombre! Las comisiones bilaterales están para hablar desde el punto de vista político.

Por tanto, señores del Partido Popular, se trata de una enmienda no partidista. En la exposición de motivos hay una propuesta de Estado federal. Yo estoy convencido de que es la única solución. En el mundo, el 55% de la población vive en Estados federales. España es el único país en que Estado federal se asocia a bunkerización, a balcanización. Los Estados federales son Estados fuertes, empezando por Alemania, y muchas de las competencias del estatuto de autonomía van en esa dirección.

Por tanto, les pido que no secuestren —entre comillas, entiéndanme— el funcionamiento de las instituciones, que fuercen e impulsen el diálogo entre instituciones, que este Senado tenga sentido en la medida en que discute los problemas territoriales, y que si no hay acuerdo, se dialogue.

En relación con Cataluña, he de señalar que estamos ante un problema no solo político sino ciudadano. En Cataluña hay desafección ciudadana hacia España y en sectores españoles hay desafección ciudadana hacia Cataluña. Esto es peor que las discrepancias políticas, y lo que no puede ser es que los problemas políticos estén verdes, maduren y se pudran, y en Cataluña se están pudriendo. La responsabilidad es de todos, pero en esta Cámara solicito del Gobierno que hable, que dialogue y que haga posible la superación de la grave crisis institucional que existe entre Cataluña y el Estado español. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president. Molt bon dia senyories.

Senyor Saura, en primer lloc, el reconeixement del nostre grup i l’agraïment d’haver fet un plantejament molt nítid, molt clar, sense pràcticament cap càrrega ideològica, la discussió del model federal apareix en el plantejament inicial però no en la part dispositiva. I, alhora, també fa aquest exercici quan, en la mateixa situació que el nostre grup, hi ha un altre grup que presenta una esmena, esmena amb la qual nosaltres també estaríem d’acord, i amb voluntat del consens i que es pugui tirar endavant una posició que, simplement, el que reclama és el compliment de l’actual marc normatiu.

No obstant, no s’admet l’esmena per generar el consens. Jo he quedat francament sorprès de la posició del Partit Popular perquè aquesta era una moció molt senzilla. Mirin, no cal que els digui que el nostre grup parlamentari no està d’acord amb l’actual marc territorial. I que el volem canviar. Però, independentment que no hi estiguem d’acord, i vulguem canviar la situació de Catalunya, i l’encaix de Catalunya dins de l’Estat espanyol, també estem d’acord que, mentre no canviï el marc, s’ha de treballar amb les eines legislatives que hi ha. I aquesta moció, el que ve a dir, és això. Simplement treballar amb les eines legislatives que hi ha. Es demana la reunió de les comissions bilaterals, de les comissions de traspàs, de les comissions mixtes. Nosaltres també hi estem d’acord. Hi estem d’acord amb un matís. Que es reuneixin per extreure algun aspecte en positiu. I que tingui un sentit, no simplement per fer-se la foto el dia de la reunió. I amb veritable voluntat política. El que no es pot fer és dir: jo he decidit un, dos, tres i ara farem la reunió de la Comissió Mixta per decidir un, dos, tres. El que jo ja he decidit abans. I en aquests moments és el que s’està plantejant, almenys en el cas de Catalunya, per part del Govern de l’Estat.

Per tant, dues reflexions. Una respecte al paper d’aquesta Cambra. Efectivament, coincideixo. Si ja des de la mateixa Cambra renunciem a desenvolupar el paper que la legislació ens ha atorgat, llavors és absolutament comprensible que els ciutadans no entenguin què estem fent en aquí, malgrat estem treballant molt. No ho entendran perquè nosaltres mateixos renunciem a exercir unes competències que aquest marc constitucional, aquest marc legal, al qual tant s’abraça el Partit Popular, ens ha donat. Almenys desenvolupem.

I segona conclusió, una reflexió més de fons. Una reflexió més dirigida al grup majoritari, el qual té en aquests moments la responsabilitat de govern a nivell de l’Estat espanyol. Com poden explicar —i ho centraré en el cas de Catalunya—, com poden explicar que vostès estan fent una




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aposta pel que vostès anomenen Estat autonòmic, que volen defensar les Comunitats Autònomes, i es neguen a votar una moció tan light —si em permeten—, com la que planteja el senador Saura? És dificilíssim d’explicar. I el senyor Saura, que té una posició d’intentar trobar un encaix, federal, però un encaix de Catalunya dins de l’Estat espanyol, haurà de tornar a Barcelona, es reunirà, al consell nacional, amb els seus companys d’iniciativa, anirà a fer alguna trobada amb la societat civil catalana i els haurà d’explicar que necessita treballar per a aquest encaix. Però alhora haurà d’explicar que tenim un problema. Tenim un problema perquè el Govern de l’Estat espanyol no vol ni complir aquest marc constitucional que reclama, aquest marc autonòmic que reclama. No vol que es reuneixi la Comissió de les Comunitats Autònomes al Senat per donar explicacions de la política autonòmica. No diu en quines, només diu per donar explicacions. No creu que s’hagin de reunir les comissions mixtes i les comissions de traspassos amb un mínim contingut i amb una voluntat política d’arribar a acords. La veritat és que tenen una posició molt complicada, molt difícil. I jo crec que també, no hi és la senadora Sanchez Camacho, però li podran transmetre en una altra ocasió, també té una posició molt complicada al Partit Popular a Catalunya.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Señor Saura, en primer lugar le transmito el reconocimiento de nuestro grupo y nuestro agradecimiento por su planteamiento: muy nítido, muy claro, prácticamente sin ninguna carga ideológica; la discusión del modelo federal aparece en el planteamiento inicial, pero no en la parte dispositiva. Hace el mismo ejercicio cuando otro grupo, al igual que el nuestro, presenta una enmienda, con la que nosotros también estaríamos de acuerdo, en aras del consenso y para que salga adelante esta moción que reclama simplemente el cumplimiento del marco normativo actual.

Sin embargo, la enmienda no ha contado con el consenso general. Me ha sorprendido mucho la postura del Grupo Parlamentario Popular, porque esta era una moción muy simple. No tengo que decirles, puesto que ya lo saben, que nuestro grupo parlamentario no está de acuerdo con el actual marco territorial, y que queremos cambiarlo. Pero independientemente de que no estemos de acuerdo y queramos cambiar el estatus de Cataluña y su encaje dentro del Estado español, sí que estamos de acuerdo en que, mientras no cambie el marco, hay que trabajar con las herramientas legislativas que tenemos. Y es esto simplemente lo que viene a decir esta moción: trabajemos con las herramientas legislativas de que disponemos. Pide la reunión de las comisiones bilaterales, de las comisiones de traspaso, de las comisiones mixtas, y nosotros también estamos de acuerdo; estamos de acuerdo con una matización: que se reúnan para sacar algo positivo, que se reúnan con sentido, y no simplemente para hacerse la foto el día de la reunión; que se reúnan con verdadera voluntad política. Lo que no puede hacerse es decir: yo he decidido uno, dos y tres, y ahora vamos a hacer la reunión de la comisión mixta para decidir uno, dos y tres, lo que yo ya había decidido antes. En estos momentos es esto lo que propone el Gobierno del Estado, por lo menos en el caso de Cataluña.

Por mi parte, voy a hacer dos reflexiones. Primera, respeto al papel de esta Cámara. Efectivamente, coincido con usted en que, si ya en la misma Cámara renunciamos a desarrollar el papel que la legislación nos ha otorgado, es absolutamente comprensible que los ciudadanos no entiendan qué estamos haciendo aquí, a pesar de que estemos trabajando mucho; no lo van a entender, porque nosotros mismos renunciamos a ejercer las competencias que nos ofrece este marco constitucional, este marco legal, al que tanto se abraza el Partido Popular. Desarrollémoslo.

Segunda reflexión, más de fondo. Es una reflexión más bien dirigida al grupo mayoritario, al que tiene en estos momentos la responsabilidad de gobierno del Estado español. ¿Cómo pueden explicar ustedes —y lo voy a centrar en el caso de Cataluña— su apuesta por lo que ustedes llaman Estado autonómico, su defensa de las comunidades autónomas, mientras se niegan a votar una moción tan light —si me lo permiten— como la que nos propone el senador Saura? Es dificilísimo explicarlo. El señor Saura, cuya postura es intentar encontrar un encaje federal, un encaje de Cataluña dentro del Estado español, tendrá que volver a Barcelona a reunirse en el consejo nacional con sus compañeros de iniciativa y tendrá algún encuentro con la sociedad civil catalana, y tendrá que explicarles a todos que necesita trabajar para conseguir este encaje; pero, a la vez, tendrá que decirles: tenemos un problema; tenemos un problema, porque el Gobierno del Estado español no quiere cumplir ni siquiera con el marco constitucional que defiende, ni siquiera




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con el marco autonómico que defiende: no quiere que se reúna la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado para dar explicaciones de la política autonómica —sin precisar cuáles, para dar explicaciones—; no cree que se tengan que reunir las comisiones mixtas ni las comisiones de traspasos, con un mínimo contenido y con voluntad política de llegar a acuerdos. La verdad es que tienen una postura muy complicada, muy difícil. Y creo que también la senadora Sánchez Camacho —no está aquí, transmítanselo cuando tengan ocasión— mantiene una postura muy complicada en el Partido Popular en Cataluña.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Becana.

El señor BECANA SANAHUJA: Señor presidente, señorías, se cumplen hoy dos años de involución en España; (Risas.—Aplausos.) dos años de importantes contrarreformas que, sin modificar formalmente la Constitución, están debilitando seriamente los pilares fundamentales del Estado social y del modelo autonómico. Y el Senado permanece aquí, inmutable, como convidado de piedra. Porque la Comisión General de las Comunidades Autónomas, la que le otorga a esta Cámara su personalidad territorial por excelencia, no se reúne ni siquiera para informar las leyes con contenido autonómico. Y lo que es peor, tampoco se tramita en el Senado el 40% de la producción normativa del Gobierno. No llegan a tramitarse en esta Cámara ni siquiera las leyes que contienen materias de gran incidencia autonómica en el ámbito de la salud, de la fiscalidad, del medio ambiente o de la administración.

Pero esto no siempre ha sido así, señorías. El camino hacia la función territorial del Senado a lo largo de los treinta y cinco años de vigencia de la Constitución ha llevado diferentes velocidades; y los hechos demuestran que los avances se han producido cuando quien ha liderado el Gobierno ha sido el Partido Socialista. (Protestas.—Rumores.) Bajo la presidencia de gobiernos socialistas, se reunió cuatro veces la Conferencia de Presidentes, y solo lo ha hecho una vez con el Partido Popular, y eso que ahora se la reclaman hasta sus propios presidentes. En las dos últimas legislaturas se reunió la Comisión General de las Comunidades Autónomas en cincuenta y siete ocasiones, mientras que en los dos últimos años, de momento, solo lo ha hecho una vez. Fue bajo el mandato socialista cuando se fijó la comparecencia mensual del presidente del Gobierno en esta Cámara, esa de la que ahora hace gala el Partido Popular. También se reguló el uso de las lenguas cooficiales y se impulsó la reforma del Reglamento para profundizar en la función territorial del Senado.

El Estado de las Autonomías es dinámico. Por eso, hoy más que nunca precisa de impulsos imprescindibles en las instituciones para que su engranaje funcione de forma cohesionada, sin dañar ni perder ninguna de sus piezas. Y digo que necesita impulsos, y no reformas, por no confundir con esta palabra tan manoseada por el Gobierno para referirse a las contrarreformas de gran calado con las que en poco tiempo han puesto en marcha un gran proceso recentralizador a través de leyes ordinarias que afectan directamente a las competencias atribuidas a las comunidades autónomas; como hace la LOMCE, o la ley de la Administración Local, la ambiental, la fiscal, la de la unidad de mercado, por citar las más recientes.

Lo quieran o no, señorías del Partido Popular, están transmitiendo la imagen de una derecha rancia (Protestas.) que, a estas alturas del siglo XXI, parece seguir soñando con ese modelo de la «España, una» del siglo pasado. Por eso, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quiero hacer mías hoy las palabras del presidente de la Cámara el día de su elección, que fijaba como objetivo dotar de mayor efectividad a la función de representación territorial del Senado, dentro de nuestro sistema parlamentario bicameral y en el marco de nuestro modelo autonómico.

A la vista de lo acontecido durante la primera parte de la legislatura, que hoy llega a su ecuador, en coherencia con lo marcado por el presidente de la Cámara, todos los grupos deberíamos votar a favor de esta moción que nos propone el senador Saura; porque en su parte dispositiva recoge exactamente dos punto: primero, que las leyes y los reglamentos se cumplan; segundo, que los mecanismos de cooperación institucional funcionen. Así de elemental. Pueden parecer poco ambiciosos, algunos grupos lo han manifestado así…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.




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El señor BECANA SANAHUJA: Pero es imprescindible —acabo, señor presidente—, es imprescindible cambiar el rumbo ahora, si el Gobierno no quiere dar por perdida esta legislatura, en cuanto al trabajo del Senado como Cámara territorial.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Becana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Blasco.

El señor BLASCO MARQUES: Nuevamente, buenos días.

Decía en mi anterior intervención que íbamos a votar en contra de esta moción, porque estamos en contra en el fondo y en la forma; pero quiero agradecer la parsimonia del senador Saura, la tranquilidad al hablar de estos temas. Me parece bien que los traiga a debate. No estoy tan de acuerdo, sin embargo, con el tono que emplea constantemente el portavoz del Partido Socialista en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Pero no volveré a repetir lo de los bloqueos, silencios y retrocesos, porque lo he comentado ya antes.

En el primer punto de la moción usted le solicita al presidente del Gobierno que comparezca en la Comisión General de las Comunidades Autónomas: están hablando ustedes del debate del Estado de las autonomías. Pero, si queremos entrar con sinceridad en el debate, quiero decirles varias cosas a usted, al señor Becana y al señor Bel, que no estuvieron en las legislaturas anteriores, porque yo sí que estaba aquí cuando presidía el Gobierno Rodríguez Zapatero. Primero, que Zapatero vino una vez, y no más, y además dijo por qué no venía; dijo textualmente en respuesta a preguntas del hoy presidente del Senado: Entiendo al presidente Aznar, y me he sumado al precedente que él ha creado. Zapatero creó la Conferencia de Presidentes para no tener que venir al debate del Estado de las autonomías. (Aplausos.) Porque, tal como está concebido, señor Saura, señor Becana, el debate del Estado de las Autonomías en la comisión se convierte, como todas las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en un monólogo de los consejeros de las comunidades autónomas —porque a los presidentes solo los he visto una vez en diez años en esa comisión— en el que cada uno habla de su libro, sin entrar en debate; hasta el punto de que, al final, no quieren venir los Gobiernos autonómicos. En cualquier caso, hace quince días se reunió la comisión y la semana que viene se volverá a reunir la comisión. No obstante, senador Becana, el Partido Socialista, en la última legislatura, en la que yo era portavoz, no vino ni una sola vez en cuatro años a iniciativa o a petición del Partido Popular; siempre que vino fue o a reformas estatutarias o por iniciativa del Gobierno socialista. En lo que va de esta legislatura, ya se ha convocado una sesión por el procedimiento que ustedes han instado, pero el Partido Socialista no vino a esta Cámara nunca haciendo caso a lo que le pedía el principal partido de la oposición. Luego no vengan ahora rasgándose las vestiduras.

En segundo lugar, senador Saura, insiste en el debate sobre el modelo de Estado. Yo siempre he pensado que un Estado federal es aquel en el que diversos Estados deciden constituirse en un Estado federal. España es todo lo contrario: España es una nación… (El señor Boya Alós: ¡No, no, no!) Sí, sí, sí. (Rumores.) Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. (Aplausos.) Es un Estado, una nación, que hace treinta y cinco años decidió descentralizarse. Defendemos el Estado autonómico, no tenemos ningún afán recentralizador. Ahora bien, es mi convicción, estoy convencido —y espero que me apoye mi grupo— de que si el pueblo español nos dio una mayoría absoluta hace dos años fue para que pusiéramos orden en el desorden (Rumores.) o en los excesos de algunas comunidades autónomas, digamos que de todos los colores políticos.

Ahora bien, lo que estamos diciendo es que se reúnan las comisiones bilaterales. La vicepresidenta del Gobierno le ha ofrecido a la Generalitat reunir la Comisión bilateral. El portavoz le ha contestado que si se anula la ley Wert. O sea, ¿quién es el que pone palos en las ruedas para que se reúna la Comisión bilateral? Le he dicho que en Aragón se ha reunido ya. Ahora —usted lo sabe, porque ha sido Gobierno—, primero se discute, luego se acuerda lo que haya que acordar y después se reúne la comisión.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.




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El señor BLASCO MARQUES: Sí, voy terminando.

Y sobre el afán, como decía usted, de diálogo con Cataluña, brevemente, le voy a leer alguno —no me da tiempo a más— de los párrafos de la carta que el presidente Rajoy le envió al presidente Mas: Siempre he sido una persona comprometida plenamente con el diálogo como forma de resolver las diferencias políticas. Este compromiso de diálogo adquiere su verdadero sentido desde la exigible lealtad institucional y desde el respeto al marco jurídico que a todos nos protege y que a todos nos vincula…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor BLASCO MARQUES: …en especial a quienes ejercemos las responsabilidades de Gobierno. El Partido Popular lo está haciendo. Tengo dudas de que lo estén haciendo las fuerzas políticas catalanas. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias senador Blasco.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 226; a favor, 87; en contra, 138; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

9. MOCIONES

9.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE FOMENTO DEL SECTOR OVINO Y CAPRINO.

(Núm. exp. 662/000111)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 9. y 9.1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. Si quieren hacer grupos de tertulia, háganlos fuera del hemiciclo, por favor.

Muchas gracias.

A esta moción se han presentado cinco enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto —una, por iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal, y otra por iniciativa del senador Martínez Oblanca—, otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, otra del Grupo Parlamentario Socialista y, finalmente, otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cotillas.

Cuando quiera, señoría.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Intervengo en la tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para defender una moción de apoyo a uno de los sectores más importantes de la ganadería de nuestro país: el sector ovino y caprino. Lo hacemos con la intención de ayudar, impulsar y buscar soluciones a los problemas que este sector viene sufriendo, que nos preocupan y nos tienen ocupados en su resolución. Más aún, desde la llegada del Gobierno de Mariano Rajoy —porque así lo decidieron los ciudadanos de España—, este ha impulsado claramente todo lo que tiene que ver con el sector




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agrario, con el sector agropecuario y con la industria agroalimentaria. Es este sector productivo, es este sector económico, uno de los que está impulsando la recuperación económica, el crecimiento económico y el crecimiento del empleo en nuestro país.

En un momento en que, como digo, el Ministerio de Agricultura vuelve a tener un protagonismo que no debió haber perdido nunca en un país como el nuestro, en que la economía del medio rural es fundamental; en un momento en que las exportaciones de productos agroalimentarios han aumentado de manera considerable y están impulsando la mejora de la balanza comercial; en un momento en que la renta de nuestros agricultores y ganaderos evoluciona positivamente, tras un largo periodo anterior de caída continua; en un momento en que muchos agricultores y ganaderos tienen mejores expectativas en el desarrollo de su profesión y de su vocación, hay un sector, el del ovino y caprino, que tiene problemas.

Decimos que es un sector importante porque, en primer lugar, en un 80% está implantado en zonas desfavorecidas, en zonas de nuestro territorio que tienen más dificultades para encontrar alternativas a esta iniciativa económica, a esta manera de vivir en el territorio y de mantenerse en él. Lo es también porque es un sector que históricamente ha estado en nuestro paisaje y ha contribuido a enriquecer la cultura: está presente en la literatura, está presente en la pintura, está presente en la música, está presente también en el cuidado del medio ambiente; ha configurado esas autopistas para el ganado que son las cañadas y las veredas, que cuentan hoy con una protección que les permite ser, más que una reliquia del pasado, una oportunidad del presente de seguir manteniendo nuestro entorno rural y el medio ambiente; ha sido siempre visible en el campo, garantía de la conservación del ecosistema, del mantenimiento de la biodiversidad en el territorio y oportunidad para fijar población en un medio rural más hostil y más complicado; y ha hecho posible en muchos casos el mantenimiento de los montes, porque la cabaña ovina y caprina ha limpiado los espacios naturales, los montes, evitando así posibles incendios. Es grande, pues, la actividad de este sector en el presente, como lo fue en el pasado.

El sistema de explotación de esta actividad económica, una explotación en la mayor parte de las ocasiones en sistema extensivo o semiextensivo, es también una ventaja para conseguir los objetivos de fijar población, de hacer más sostenible el ecosistema y de garantizar la biodiversidad; pero es también un factor que dificulta mantener la misma cabaña en este siglo XXI. Así, el hecho de que es más complicado mantener la cabaña ganadera; el hecho de que los costes de producción han aumentado en los últimos tiempos, especialmente los costos del cereal —lo que es bueno para unos no ha resultado tan bueno para este sector—; el hecho de que la reducción en los márgenes de los productores sea una variable que hay que debe considerar quien quiera vivir del ganado ovino o caprino; y, en definitiva, la falta de rentabilidad de las explotaciones, no ayudan al rejuvenecimiento de la población activa dedicada a este sector, ni ayuda a aumentar la implicación en él. Buena parte de esta cabaña no supone ya en nuestro país la primera renta del ganadero. Además, los animales requieren cuidados todos los días del año, una exigencia para los ganaderos que hace poco atractiva la labor para las nuevas generaciones, para los más jóvenes.

Pero no por ello, no porque existan dificultades, deja de ser nuestra obligación y vocación buscar soluciones que remedien lo que está ocurriendo: en los últimos cuatro años, en el periodo 2009-2012, la cabaña de ganado ovino ha descendido en más de un 17% en nuestro país. Lo ha hecho fundamentalmente en las comunidades autónomas en las que toda la cabaña ocupa el 80%: Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Ha aumentado un poquito en aquellas comunidades autónomas donde su volumen no es el más significativo, como en Cataluña, con un aumento del 0,43, pero que solo aporta el 3,74% de la cabaña, o en Canarias, con un aumento del 10,50, ante una aportación de solo el 0,62%. En el caso del ganado caprino, también en el periodo de 2009 a 2012 ha caído en más de un 10%, y en las comunidades andaluza, extremeña y canaria, donde la producción es mayor, de una manera más acusada. Tan solo ha aumentado un pequeño 0,6% en mi comunidad autónoma, Castilla-La Mancha.

Esto hace, evidentemente, que nos tengamos que plantear una moción de apoyo, una moción que insta al Ministerio de Agricultura a seguir trabajando para resolver otro de los problemas que en estos momentos tiene la producción de ganado ovino y ganado caprino: el descenso en el consumo de carne, una carne que es de magnífica calidad, una carne que es reconocida por los ciudadanos de nuestro país, una carne que seguro que forma parte de las principales fiestas de




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nuestros pueblos y ciudades, pero cuyo consumo ha pasado de ser de 3 kilos por habitante y año en 2005 a tan solo 1,9 kilos por habitante y año en 2012.

Y lo mismo ocurre con la producción de leche, una producción que da la oportunidad de que degustemos los mejores quesos del mundo, entre otros, el queso manchego que, como saben, se produce de manera excepcional en mi región, Castilla-La Mancha.

Bien, ante el problema del descenso en el consumo de carne, de la dificultad de la rentabilidad de las explotaciones y también de la dificultad para hacer posible el rejuvenecimiento de la población que se dedica a cuidar el ganado caprino y ovino, el Grupo Popular presenta esta moción, que insta al Gobierno de España a continuar transmitiendo mediante campañas de promoción e información aspectos medioambientales, de tradición o de desarrollo rural vinculados al sector del ovino y caprino, con el objetivo, desde el mejor conocimiento de lo que aporta este sector a nuestro país, de incentivar su consumo. Uno de los problemas es la caída del consumo nacional. Por lo tanto, incentivemos ese consumo, pero también hagamos posible que este sector contribuya, como lo están haciendo otros sectores de la agricultura y de la ganadería, de la industria agroalimentaria, a mejorar la balanza exterior con una mayor proyección en el exterior, fuera de nuestras fronteras.

También instamos al Gobierno a que continúe trabajando, tanto a nivel nacional como comunitario, en el contexto de la reforma de la política agracia común para la puesta en marcha de todas las medidas tendentes a favorecer la concentración de la oferta y a reforzar el papel de los productores con el objetivo de priorizar el papel esencial que juega la cabaña nacional de ovino y caprino en la vertebración del territorio, aprovechando los recursos naturales y manteniendo el tejido rural.

Hay ya dos potentes herramientas en las que ha participado esta Cámara: la Ley de la Cadena Alimentaria y la Ley que fomenta la concentración del mundo cooperativo, que, junto con la reforma de la política agracia común y el magnífico resultado de las negociaciones en Europa de esa reforma, han de servir, evidentemente, al igual que en el resto de los sectores, para que el sector ovino y caprino tenga no solo presente sino un magnífico futuro.

Por último, pedimos también que se impulse la internacionalización de los productos del ovino y caprino así como que se fomente la innovación, con el objetivo de incrementar la competitividad del sector. La competitividad de este sector, como la de cualquier otro, pasa por la innovación, por la adaptación a las nuevas tecnologías, a las nuevas oportunidades en la industria agroalimentaria que permitan que sea más fácil fijar esa población al territorio, que sea más fácil, más rentable y que también gane en calidad de vida el ganadero que se dedica a esta realidad social. Y, evidentemente, además de fomentar la innovación hay que fomentar la internacionalización. La salida al exterior está contribuyendo en muchos sectores a paliar y mejorar la caída del consumo interno; por lo tanto, es una alternativa. La búsqueda de nuevos mercados para unos productos que son reconocidos como de extraordinaria calidad es una necesidad en la que tenemos que abundar, sobre la tenemos que trabajar y que proponemos al ministerio.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cotillas.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Intervendré brevemente, desde el escaño.

La enmienda pretende reivindicar la necesidad de que entre las medidas de promoción que se adopten se impulse el reconocimiento de la producción ecológica —las condiciones del pastoreo de por sí son suficientes para avalar ese reconocimiento― y también el apoyo a los sellos de calidad, porque todo ello significa un mayor valor añadido a la producción de carne y de quesos.

El segundo punto de la enmienda conecta con el debate anterior y reivindica las competencias autonómicas en esta materia. Por más que el ministerio quiera jugar un papel importante en ello, la transferencia de las competencias en materia de agricultura y ganadería hace que el papel fundamental deba ser el de las comunidades autónomas.

Por contra, hay una competencia estatal clara que no siempre se ejecuta con el rigor necesario, y es que uno de los problemas de este sector es que se producen importaciones de ganado de otros Estados y luego no hay un seguimiento de cómo llega al consumidor ese ganado importado.




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Y en ocasiones se dan situaciones de fraude que perjudican al consumidor y también al productor por suponer una competencia desleal.

Es cierto que hay una caída en el consumo, pero no podemos desligarlo tampoco de la situación de crisis.

Finalmente, hay que hacer una apuesta por mantener la actividad y el empleo, porque resulta paradójico que en este país, cuna natal del Honrado Concejo de la Mesta, en estos momentos la contratación de asalariados en el sector, por la dureza del trabajo, se tenga que cubrir fundamentalmente con ciudadanos inmigrantes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

La moción presentada por el Grupo Popular en relación con el ganado ovino y caprino hace referencia a un sector que, efectivamente, viene sufriendo desde hace años una crisis acuciante de precios porque tiene grandes dificultades para competir con la carne de ovino de países extracomunitarios. Pero estas propuestas, como algunas de las que propone la mayoría que apoya al Gobierno, resultan timoratas e insuficientes; de hecho, se han registrado cinco enmiendas de adición que la complementan y enriquecen muchísimo.

Nosotros no queríamos desaprovechar la oportunidad que nos brinda esta iniciativa parlamentaria para alertar sobre una realidad preocupante en el sector asturiano del ovino y del caprino, un sector en el que el número de cabezas rondará las 50 000 y las 40 000, respectivamente, cifras pequeñas en comparación con las del conjunto de España pero que tienen vinculación a nuestras amplias zonas de montaña y responden a uno modo de vida tradicional que forma parte de nuestro patrimonio, al que no renunciamos y creemos que hay que preservar y defender.

En el oriente de Asturias es frecuente su utilización para hacer quesos de mezcla, junto a la leche de vaca; y en el occidente y el resto de la comunidad se constata la existencia de rebaños vinculados a los pastos comunales porque el ovino hace un aprovechamiento forrajero más bajo que el ganado vacuno.

Hoy en día casi no existen en Asturias explotaciones profesionales de grandes rebaños porque, en muchos casos, el problema añadido del lobo terminó con ellos. Pero esta complicación persiste y se ha agudizado, hasta el punto de que ahora mismo una de las preocupaciones principales en los sectores ganaderos asturianos y en los pueblos y aldeas de nuestra región es la frecuencia de los ataques de esos grandes carnívoros, de los que hay censados unos trescientos. El desánimo en esas zonas es grande y creciente ante esta cuestión y se deja sentir, por ejemplo, en la zona de Picos de Europa, donde el censo extensivo de ovino y caprino ha descendido en más de un 50% en la última década. Hay que señalar que en Asturias se ha renunciado a la producción al aire libre de este tipo de ganado porque la presencia y los ataques de lobos suponen un estrés y un peligro para los animales domésticos, y también para el vacuno y el equino, que acaba por disuadir del oficio y desalentar su práctica tradicional de manejo. Por el contrario, se instalaron granjas profesionales con rebaños estabulados para la producción de leche, pero la crisis de precios lácteos arrastró a muchas explotaciones a la ruina y solo sobreviven aquellas que transforman su propia leche en queso.

Simultáneamente al ocaso de los rebaños pastoreados, comenzaron a aumentar las cifras de ovino en lo que se denomina la oveja segadora, animales que están haciendo la labor de mantenimiento de los prados en las zonas rurales de las explotaciones cuyos titulares se jubilan. Son rebaños muy pequeños, entre dos y ocho ovejas, y aunque su número puede ser elevado —hay por encima de los 11 000 de este tipo—, la actividad económica es prácticamente nula y está bastante relacionada con el ámbito de la economía sumergida, como la venta de algún cordero en la explotación o la venta de algún animal vivo; es decir, este sector no está en manos de ganaderos a título principal.

En todo caso, la difícil orografía asturiana hace obligada la utilización de pastos altos de temporada, que normalmente están muy alejados de los pueblos y dificultan muchísimo la interposición de medidas de defensa contra el lobo. También se da el caso de figuras de protección, como los parques nacionales y naturales, que restringen, cuando no imposibilitan, la




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apertura de pistas de acceso y la edificación o instalación de establos o apriscos para la recogida nocturna del ganado.

Nuestra enmienda de adición añade un cuarto punto a la moción del Grupo Popular, en el que instamos al Gobierno a elaborar, en colaboración con las comunidades autónomas, un programa específico de apoyo al sector ovino y caprino en las zonas y áreas en las que estas especies conviven con el lobo y son muy vulnerables a su depredación.

En Asturias y en otras comunidades autónomas un programa así se agradecerá.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

Per sumar-me a la intervenció del senador Oblanca vull dir que la nostra esmena també planteja com una oportunitat aquesta moció per sortir al pas d’una problemàtica que, efectivament, en el context general que ja s’ha començat a dibuixar des d’aquesta tribuna per part del ponent del Grup Popular i els senadors que han intervingut fins ara, crec que cal afegir la situació encara més complicada que tenim en aquestes explotacions en les zones de muntanya, i molt especialment en les zones en què en aquest moment existeix la reintroducció d’algunes espècies, com l’ós o el llop, i que plantegen seriosos problemes per a la supervivència dels ramats i de les explotacions ovines i caprines.

Jo crec que en aquest cas la situació del sector és prou desoladora, però jo els puc dir que encara ho és més en aquelles contrades en què la presència d’aquests animals ha fet que les explotacions, per petites que fossin, hagin desaparegut absolutament, amb el que comporta en aquest moment la desaparició dels pastors i l’acció de l’home sobre la natura negativament pels problemes que tenen a veure amb la declaració d’incendis forestals, l’abandó del territori… En definitiva, la manca de gestió del territori.

Per tant, jo ja vull advertir des d’aquí que tinc preguntes fetes per escrit per demanar al Govern quina és la posició respecte a aquesta qüestió, i molt especialment sobre els plans que existeixen en aquest moment i que es van posar en marxa en algunes contrades el 2008, plans de protecció dels ramats i, per tant, per fer possible la compatibilitat de la presència d’aquestes espècies amb l’ús tradicional que se n’havia fet a les muntanyes per part dels pastors. Aquestes respostes, malgrat que ja ha caducat la data, el termini màxim que tenia el Govern per respondre, no han estat respostes. M’agradaria saber si el Govern del Partit Popular té en aquest moment previst mantenir aquestes ajudes, mantenir aquests mitjans, per fer possible la convivència entre aquestes espècies i la presència dels ramats a les nostres muntanyes.

Per tant, ens sembla que aquesta és una bona oportunitat per sumar-nos a totes aquestes qüestions que s’han plantejat i a diverses esmenes a aquesta moció per ratificar el suport del Govern a aquestes explotacions, aquest sector que com bé s’ha dit ho està passant malament, i que necessita absolutament el suport per poder subsistir a les zones on en aquest moment, sigui perquè tradicionalment ha existit, com és a la serralada cantàbrica, la presència de l’ós i del llop, o bé com a la zona pirinenca, on es va introduir a partir de l’any 1996 el primer ós bru. En aquest moment, hi ha zones, com és el meu territori, el Pirineu Central, que ja té més de 30 exemplars d’ós. És veritat que, si bé hem arribat a un moment en què hi ha una certa convivència i una certa tranquil·litat, aquesta existeix perquè hi ha hagut unes mesures de suport als ramaders, unes mesures de protecció als ramats que no poden retrocedir, no podem anar enrere en aquesta qüestió.

És per aquest motiu que nosaltres hem presentat aquesta esmena, que esperem que sigui entesa com una aportació positiva, perquè aquestes contrades, insisteixo, que no és que hagin anat enrere, sinó que realment estan desapareixent els ramats en molts indrets on havien estat tradicionalment, amb els problemes que això comporta.

Vull afegir, s’ha dit, però crec que és una dada important, que quan parlem de protecció de les nostres muntanyes des de la perspectiva dels incendis forestals, pensin que el cost que estalviem quan hi ha ramats que pasturen al sotabosc i que tenen presència a les zones de muntanya va de 9 a 1, és a dir, fer silvicultura costa 10, mantenir ramats costa 1; hi ha 9 punts de diferència, per




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tant, és molt rendible per al conjunt de la societat que aquests ramats continuïn, tinguin la seva presència, mantinguin i gestionin o ajudin a gestionar el territori i, sobretot, permetin també mantenir una cultura en l’àmbit dels productes alimentaris de la muntanya que és molt preuada per tots nosaltres.

Per tot això, esperem que aquesta esmena sigui tinguda en compte.

Gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, señor presidente.

Quiero sumarme de algún modo a la intervención del senador Martínez Oblanca diciendo que nuestra enmienda a esta moción también se plantea como una oportunidad para salir al paso de una problemática que, en efecto, en el contexto más general ya se ha empezado a dibujar desde esta tribuna por parte del ponente del Grupo Popular así como de los senadores que han intervenido hasta ahora. A eso debemos añadir una situación aún más complicada en las explotaciones de zonas de montaña, y más especialmente en las zonas en las que en la actualidad se han reintroducido ciertas especies, como el oso o el lobo, que plantean serios problemas para la supervivencia de los rebaños y las explotaciones ovinas y caprinas.

Me parece que en este caso la situación del sector es bastante desoladora, pero aún lo es más en las regiones en las que la presencia de esos animales ha hecho que las explotaciones, por pequeñas que fueran, hayan desaparecido por completo, lo que ha supuesto también la desaparición actual de los pastores y de la acción del hombre sobre naturaleza, con lo que comporta de negativo por los problemas que tienen que ver con la declaración de incendios forestales, el abandono del territorio… En definitiva, la falta de gestión de todo el territorio.

Me gustaría advertir desde aquí que tengo una serie de preguntas formuladas por escrito para solicitar del Gobierno su posición sobre esta cuestión y muy especialmente sobre los planes que existen hoy por hoy y que se implementaron en algunas regiones en el año 2008, planes de protección de los rebaños para hacer compatible la presencia de estas especies con el uso tradicional de las montañas por parte de los pastores. Y a pesar de que la fecha límite del plazo del Gobierno para responder ya ha vencido, esas preguntas no han sido contestadas. Por tanto, me gustaría saber si el Gobierno del Partido Popular tiene actualmente previsto mantener esas ayudas, mantener esos medios para hacer posible la convivencia entre esas especies y la presencia de los rebaños en nuestras montañas.

Nos parece que esta es una buena oportunidad para sumar todas estas cuestiones, planteadas ya en distintas enmiendas a esta moción. Y es también una buena ocasión para ratificar el apoyo del Gobierno a esas explotaciones, a este sector, que, como ya se ha dicho, lo está pasando mal y necesita de ese apoyo para subsistir en las zonas en las que, bien tradicionalmente han existido el oso y el lobo, como sucede en la cordillera cantábrica, bien se reintrodujo, como en la zona pirenaica, en 1996. Por ejemplo, en el Pirineo central hay más de treinta ejemplares. Es verdad que hemos llegado a un momento en el que existe una cierta convivencia del oso pardo con otras especies, y esa tranquilidad se debe a que ha habido medidas de apoyo a los ganaderos y de protección a los rebaños. Y no podemos retroceder, no podemos ir hacia atrás en esta cuestión.

Por ese motivo hemos planteado esta enmienda, que esperamos que se entienda como una aportación en positivo, porque, insisto, no es que en esas regiones se haya reculado, sino que realmente están desapareciendo los rebaños en muchos lugares donde habían existido tradicionalmente, con todos los problemas que esto supone.

Y añado un dato que me parece importante. Al hablar de protección de nuestras montañas desde la perspectiva de los incendios forestales piensen ustedes que el coste que ahorramos cuando hay una serie de rebaños que pacen, con presencia en zonas de montaña, va de 9 a 1, es decir, hacer selvicultura cuesta 10 y tener rebaños cuesta 1; hay 9 puntos de diferencia cuando tienen presencia en el sotobosque. Por lo tanto, esa presencia debe tener continuidad porque ayuda a gestionar el territorio y también nos permite conservar una cultura en el ámbito de los productos alimentarios de montaña que es muy apreciada por todos nosotros.

Por todos estos motivos, esperamos que esta enmienda se tenga en cuenta.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente.

El Grupo Socialista presenta una enmienda a la moción del Grupo Popular y entiende perfectamente que hay que cumplir unos objetivos de promoción, de internacionalización y de mantenimiento del tejido rural. Pero no solamente hacen falta voluntades, señor Cotillas, sino que eso hay que escenificarlo y vestirlo con recursos económicos, y ya tendremos tiempo de debatir en esta moción los recursos en negativo que tenemos en los Presupuestos Generales del Estado. Difícilmente podemos llegar a buen puerto si no hay alternativas, no hay proyecto y no hay recursos económicos, y en este caso no hay proyecto ni recursos económicos. Parcialmente estamos de acuerdo con la filosofía, pero no lo estamos con los planteamientos y por eso proponemos una enmienda de adición; o sea, estamos de acuerdo con la filosofía, pero matizamos.

Estamos en una fase de negociación entre el sector y las comunidades autónomas de la política agraria común, y el peligro que tiene la política agraria común es que la ayuda al ovino no vaya unida con el acoplamiento. Por eso, puesto que hay muchísimas instalaciones en el medio rural que están sin ocupar y hay ganaderos que, ya sea porque sus familiares tienen pastos, porque tienen raíces, o por ascendencia rural, tienen la posibilidad de tener una ganadería y ganarse honradamente la vida con un trabajo como autónomos, defendemos que la aplicación del Capítulo I de la PAC destine parcialmente un fondo estatal que dé la ayuda para aquellos ganaderos que se establezcan en ese momento y que la ayuda vaya unida a la actividad; y en el momento en que esos ganaderos prescindan de la ganadería que tengan dejen de percibir la ayuda económica. Creemos que esto es importantísimo no solamente para la incorporación de jóvenes sino de cualquier persona, e incluso para el incremento de la cabaña.

Como decía, son muchas las personas que tienen posibilidades y esta es una forma de crear un puesto de trabajo. Además, estamos en una situación económica —ustedes lo saben— en la que el objetivo del Gobierno, de todos los partidos políticos y de la sociedad en general es luchar contra el desempleo. Y esta es una forma de que un segmento de la población tenga oportunidad de trabajar en ese sentido. Aplicar esta medida —a 35 euros por oveja, y el equivalente en cabra— supondría aproximadamente 17 millones de euros al año de máximo, un 0,31% del Capítulo I de la PAC, de 5500 millones.

Una segunda medida es reponer en los Presupuestos del Estado, y es que difícilmente podemos llegar a defender el sector si en los presupuestos que vamos a debatir —la próxima semana tenemos las comparecencias de los responsables de los ministerios— hay recortes incluso de medidas que han desaparecido. Luego haré alguna referencia en la intervención de grupo, pero, por ejemplo, la raza autóctona se ha quedado con presupuesto cero, los libros genealógicos, al 50%, las agrupaciones de defensa sanitaria, al 0%, y las ayudas agroambientales, al 50%. La incorporación de jóvenes y la modernización están presupuestadas pero no se gasta el presupuesto porque las comunidades autónomas no convocan en 2013 las correspondientes ayudas. Y está pendiente de resolver el 40% del 2012, con lo cual eso no es pensar en el sector. Además, las medidas de las que hablo tienen en su mayoría una cofinanciación comunitaria de un 50%, por tanto, lo que tiene que aportar el Estado es mucho menos.

Con estas medidas difícilmente se hace un gesto para con el sector. En resumen, creo que con estas medidas se contribuye a esa posible agonía en la que está entrando. Como he dicho al principio, vistamos al santo, vistamos el tema con dinero.

El tercer punto de adición se refiere a la cofinanciación, con un 25%, de las campañas de promoción. Hay financiación comunitaria, la interprofesional del ovino está en situación para hacerlo y, desde luego, el ministerio tiene que aportar ese 25% restante.

Durante el transcurso de la intervención de los grupos seguiremos hablando de este tema.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arrufat.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.




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El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

Senador Cotillas, crec que avui no hi haurà cap dubte que acceptarà moltes de les esmenes, per no dir gairebé totes, que ha presentat el Grup de Convergència i Unió. Primer, perquè les nostres propostes són per preservar aquest ordre constitucional. És a dir, les competències exclusives que tenen les comunitats autònomes han de ser preservades i observades de manera ben clara, amb unes dotacions pressupostàries, però que l’activitat pròpiament dita que s’ha de fer de promoció de l’agricultura i la ramaderia —en aquest cas, del sector oví i del cabrum—, que ho facin les comunitats autònomes. I ja coordinarem amb l’Estat espanyol si convé. No «si convé»; convé. Però és clar, aquí hi ha un ordre constitucional, uns estatuts d’autonomia, que diuen que hi ha unes competències exclusives que es poden arribar a fer. Per tant, tots anem en aquesta línia d’observar i de preservar aquest ordre constitucional, evidentment.

Per un altre costat, s’ha parlat de la internacionalització del sector agroindustrial. Crec que és ben clar que una de les propostes que fem i que no tindria una dotació pressupostària gaire important seria convertir el port de Tarragona en un port 24 hores. És a dir, el port on hi ha una major exportació d’animal viu —en aquest cas oví i boví—, que tingués actuació les 24 hores, perquè això redundaria en benefici de les exportacions d’animal viu, que pot venir de Castella i Lleó, de la vall de l’Ebre… I també redundaria en benefici pròpiament dit del benestar animal, per tal com compliria els requisits que demana la normativa.

El ple passat, al ministre, el senyor Cañete, li vaig preguntar per què aquesta reducció. Evidentment, és una pregunta, si vostè ho vol, amb una fonamentació clara. Ja sabem que hi ha hagut unes reduccions pressupostàries importants, però qui n’ha pagat el principal preu ha estat el seu sector, el Ministeri d’Agricultura i Ramaderia. Per tant, demanàvem unes propostes i unes dotacions pressupostàries al més acurades possibles a la realitat. També vaig explicar al ministre Cañete l’aportació que es fa a la balança comercial per part de les exportacions i el ràtio de cobertura que tenien entre exportacions i importacions el sector agroindustrial. Per tant, això que es diu que és la locomotora, o una de les locomotores, de l’economia de l’Estat espanyol, que es vegi correspost amb unes dotacions pressupostàries ben adequades a la realitat.

Fixeu-vos que no hi ha cap proposta que fem el Grup de Convergència i Unió per anar a la contra. Sempre som propositius per millorar, perquè volem que el sector que pugui fixar-se al territori tingui aquest esponjament territorial que demanem i que la gent del sector pugui viure al seu entorn rural, perquè és necessari fixar la gent. Després, si hi ha una activitat exportadora —després li donaré les dades— al port de Tarragona, per exemple, hi ha el risc que, si no es fa això de les 24 hores, molts d’aquests animals siguin transportats, no a cap altre port de l’Estat espanyol, sinó que vagin a França, al port de Seta.

Posem mesures, que són mínimes però serien molt beneficioses per al sector. Per tant, els demano que tinguin en compte, primer, les competències que tenen els comunitats autònomes. Ja ho farem de forma coordinada perquè hi hagi una política, si vostè vol, amb una certa harmonia. Després, unes dotacions pressupostàries adequades. I reitero un element importantíssim, perquè vostè ha dit una de les dades importants: a Catalunya s’ha incrementat la cabanya tant de l’oví com del cabrum, mínimament, no tenim un pes específic, però tenim una situació geoestratègica important. Hi ha un port, en aquest cas, que és la sortida de la vall de l’Ebre, el port de Tarragona. Tan sols això: posem un port 24 hores en què es pugui exportar en qualsevol moment, i això donarà molt de prestigi, si vol, al Ministeri i facilitarà les exportacions, i millorarà la balança comercial, que ja s’està fent amb accions sobretot del sector. I espero que ho tingui a bé.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Senador Cotillas, creo que hoy no va a haber ninguna duda de que va a aceptar muchas, por no decir todas, de las propuestas que ha presentado el Grupo Convergència i Unió. Primero, porque nuestras propuestas son para preservar este orden constitucional, es decir, que las competencias exclusivas que ostentan las comunidades autónomas sean preservadas y observadas de forma clara con unas dotaciones presupuestarias, pero que la actividad propiamente dicha de promoción de la agricultura y la ganadería —en este caso, del sector ovino y caprino— la realicen las comunidades autónomas. Y ya coordinaremos si hace falta —que la hace— con el Gobierno del Estado español. Pero aquí existe un orden constitucional, unos estatutos de




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autonomía que dicen que existen unas competencias exclusivas que se pueden llegar a realizar. O sea, que todos vamos en esa línea de observar y preservar este orden constitucional. Cómo no.

Por otro lado, se ha hablado de la internacionalización del sector agroindustrial. Me parece que queda muy claro que una de las propuestas que realizamos, y que no tendría una dotación presupuestaria demasiado importante, sería convertir el puerto de Tarragona en un puerto de 24 horas, es decir, un puerto donde hubiera una mayor exportación de animal vivo —en este caso, ovino y bovino—, que realizara esa actuación 24 horas, lo que redundaría en unos beneficios en exportaciones de animal vivo, que puede venir de Castilla y León, del valle del Ebro… Y redundaría también en el beneficio del bienestar animal, por lo tanto, cumpliendo los requisitos que exige la normativa.

En el último Pleno pregunté al ministro, el señor Arias Cañete, el porqué de esta reducción. Evidentemente, es una pregunta que, si usted quiere, tiene unos cimientos muy claros. Sabemos que se han dado unas reducciones presupuestarias importantes, pero el que ha pagado el precio más alto ha sido su sector, el Ministerio de Agricultura. Así pues, solicitábamos que hubiera unas propuestas y dotaciones presupuestarias lo más exactas posible y ceñidas a la realidad. También le expliqué al ministro Cañete la aportación de las exportaciones a la balanza comercial y el ratio de cobertura entre importaciones y exportaciones en el sector agroindustrial. Es decir, que esto, que se afirma que es una de las locomotoras de la economía del Estado español, se vea reflejado y correspondido con unas dotaciones presupuestarias mucho más adecuadas a la realidad.

Fíjense ustedes en que no existe ninguna propuesta realizada por el Grupo Convergència i Unió que vaya a la contra sino que somos propositivos. Queremos mejorar, que el sector pueda, entre otros objetivos, fijarse en el territorio, que quede bien esponjado a nivel territorial y que la gente del sector pueda vivir en su propio entorno rural, porque es importante fijar a la gente en su territorio. Y si existe una actividad exportadora —luego le daré datos—, por ejemplo, del puerto de Tarragona, hay el riesgo de que si no se pasa a un régimen de 24 horas muchos de esos animales sean transportados, no a otro puerto del Estado español, sino a Francia, al puerto de Sète.

O sea, fijemos unas medidas mínimas, que serían ampliamente beneficiosas para el sector. Les pediría precisamente eso. Primero, que tengan en cuenta las competencias de las comunidades autónomas; lo vamos a hacer de forma coordinada, para que se dé una política, si usted quiere, con una cierta armonía. Y, luego, unas dotaciones presupuestarias adecuadas. Y reitero un elemento importantísimo, porque usted ha dado un dato importante: en Cataluña se ha incrementado la cabaña mínimamente, tanto de ovino como de caprino. No tenemos un peso específico pero sí una situación geoestratégica importante. Existe un puerto que es la salida del valle del Ebro, el puerto de Tarragona, y pedimos única y exclusivamente un puerto que funcione 24 horas, en el que se pueda exportar en cualquier momento. Eso facilitará y dará un amplio prestigio al ministerio, si usted quiere, y al fin y al cabo va a posibilitar las exportaciones y mejorar la balanza comercial, lo que ya se está logrando con acciones del sector. Espero que tengan a bien considerarlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Tiene la palabra el senador Cotillas, para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero agradecer, evidentemente, las aportaciones de los diferentes grupos políticos en esta Cámara a la moción que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado. Lamentablemente, no voy a poder aceptar ninguna de las enmiendas, e intentaré explicar brevemente el porqué.

En cuanto a la enmienda del Grupo Mixto, presentada por los senadores Iglesias y Mariscal, entendemos que en nuestra moción queda mejor reflejada la propuesta de su punto cuarto. Además, venimos de una tradición en la que el Grupo Popular ha presentado mociones anteriores relacionadas con la producción ecológica y, evidentemente, con la potenciación de la marca de calidad. En relación con el punto quinto, relativo a consensuar todas las actuaciones anteriores con las comunidades autónomas, es siempre deseable, pero no debe ser nunca una cortapisa para la actuación, en sus competencias, del Gobierno de España.




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Con respecto a la intervención del señor Isidro Martínez Oblanca, la respuesta iría en el mismo sentido que la respuesta al Grupo de la Entesa, agradeciéndole su aportación. Decía el señor Martínez Oblanca que nuestra moción se queda timorata e insuficiente, pero el texto de su aportación de adición —y yo agradezco que sea adición— hace un planteamiento que seguro que es importante en determinado territorio, pero es relativamente importante en el contexto general de esta moción. Estamos hablando de que el ganado caprino ha perdido en el periodo 2000-2012 en torno al 10% de la cabaña; estamos hablando de pasar desde el 2009 de 2 935 782 animales a 2 637 356 en el 2012, y en el ganado ovino de 18 551 642 animales a 16 331 373 en el año 2012, y entendemos evidentemente que la convivencia en el espacio con el lobo o con el oso no son el problema que genera esta reducción tan importante de la cabaña de ovino y de caprino.

Al Grupo Parlamentario Socialista le diré que no le podemos aceptar su enmienda, señor Arrufat, porque a nosotros —y esto también va dirigido al el Grupo Catalán en el Senado Convergència i Unió, señor Planas— también nos gusta sumar y enmendar con más presupuesto, es decir, nos encanta hacer propuestas en las que va incluido mucho más presupuesto, pero somos un grupo corresponsable con el Gobierno de España en fijar las necesidades y los recursos en el contexto presupuestario del Gobierno al que apoyamos y, por lo tanto, nos tenemos que mover en esas variables, en las del presupuesto que tenemos. Por lo tanto, todas aquellas propuestas que hacen referencia —y ya viene siendo una tradición, y mire que lo siento— al aumento de costos y, además, aumento de costos de una sola de las partes, señor Planas, siempre de la parte del Estado, pues evidentemente se sale de nuestro contexto presupuestario, se sale de nuestra capacidad no de soñar, ni siquiera de ensoñar, pero sí de actuar. Tenemos unos recursos presupuestarios que son los que son, y tenemos alguna otra cosa más, que también es importante, porque no solo el dinero es importante en esta opción, sino también es importante la eliminación de trabas burocráticas, es importante la voluntad política de hacer del sector agroalimentario un sector pujante, importante en el contexto económico nacional. Por eso es importante que se hayan adoptado leyes como las que se han adoptado aquí que fomentan la integración, que fomentan la competitividad, que fomentan la eliminación de trabas burocráticas, que fomentan la visibilidad del sector, que fomentan el acompañamiento del sector en la búsqueda de mercados, que fomentan la marca España como paraguas de todas aquellas producciones que tenemos.

Por lo tanto, sintiéndolo mucho, me reitero en lo dicho, aunque agradezco su trabajo, y ojala el presupuesto fuese de otra manera, ojala los Gobiernos anteriores no nos hubiesen dejado lo que nos han dejado, en la ruina, y no tuviésemos que ser tan exigentes con el presupuesto.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cotillas.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero expresar la decepción que supone no ya el rechazo a nuestra enmienda relativa a la adopción de medidas contra el peligro del lobo, sino el rechazo a todas las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios que, a mi juicio, son propuestas muy enriquecedoras. No se entiende que el Grupo Popular proponga una iniciativa con el pretexto de apoyar el sector ovino y caprino, y que se convierta en un canto a las bondades del Gobierno en esta materia y no se acepte ni una sola de las propuestas de la oposición, propuestas que están presentadas, al menos en nuestro caso y también seguro que en todos los demás por lo que hemos podido leer y escuchar, con un claro objetivo de apoyar a un sector ganadero y paliar algunas de sus necesidades.

Si el Grupo Parlamentario Popular pretendía con esta iniciativa apoyar al sector ovino y caprino, me temo que el apoyo se va a quedar en mero continuismo. Volvemos a estar ante una moción con muchas generalidades, que no va a aportar nada nuevo a lo que ya se está haciendo.

Nuestra enmienda es, efectivamente, en términos numéricos muy modesta porque el sector caprino y bovino asturiano es muy modesto en cifras, pero el problema del lobo en Asturias afecta y preocupa a miles de personas.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Egun on mahaiburu jauna.

Senador Cotillas, nosotros no hemos presentado ninguna enmienda, todos los grupos han presentado enmiendas menos nosotros porque el ganado ovino y caprino en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, en Euskadi no es precisamente un sector muy potente. Pero si es cierto que la leche va mal, y eso sí nos afecta, la carne va peor por el descenso del consumo, por tanto, sí que algo habrá que hacer, nos afecte mucho o no.

Decir que hay que continuar trabajando es muy importante, pero tenemos un problema con la denominación de origen del queso de Roncal por la incorporación de las ovejas assaf haciendo la competencia a las ovejas lachas y, evidentemente, sabemos que el Gobierno francés ha interpuesto un recurso de oposición ante la Comisión Europea, pero no sabemos lo que ha hecho el Gobierno español. Por tanto, firmar un cheque en blanco, como puede ser esta moción, no nos parece demasiado adecuado. Y al hilo de lo que ha comentado el senador Oblanca, si realmente esto es lo que hay que hacer, y probablemente sea lo que haya que hacer, no tengo ninguna duda de que entre todas las enmiendas que se han presentado en esta Cámara se podía haber consensuado alguna, o al menos se podía haber intentado llegar a acuerdos con los grupos que las han presentado pero no parece que haya sido la intención del grupo proponente.

Por tanto, sin estar en contra del apoyo que evidentemente hay que dar al sector ovino, nos vamos a abstener.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

Nosaltres ens donem per rebutjats; no ho hem sentit amb tota claredat, però ens donem per rebutjats, de la mateixa manera que ha succeït amb la resta d’esmenes.

Francament, creiem que la literatura que utilitza el partit del Govern per fer aquestes mocions és millorable. Pensem que haurien d’utilitzar una literatura més pragmàtica, que fos capaç de situar realment la solució dels problemes que estem evocant. És a dir, pensem que, una vegada més i especialment en el marc de les qüestions agràries, ens trobem amb mocions que serveixen bàsicament per a honra i glòria del Govern, i que tenen estrictament un contingut purament de propaganda, que no hi ha en absolut cap voluntat d’assumir ni d’abordar un problema, que és complex. No és un problema de quantitats, com deia el portaveu, el senyor Cotillas, sinó que és un problema de veure de quina manera es distribueix l’acció ramadera en el context del territori, perquè en ella mateixa és un element fonamental per mantenir el món rural i els efectes beneficiosos de gestió del territori que fan els pagesos.

Per tant, a nosaltres ens dol que no haguem tingut ni tan sols l’oportunitat de debatre-ho, d’abordar aquesta qüestió, aquestes esmenes a la moció, que estaven fetes amb la intenció de millorar-la. Crec que el conjunt de les esmenes presentades donaven a aquesta moció aquest toc per poder precisar aquelles accions que després siguin mesurables en el temps, perquè en definitiva per fer una bona política d’acció en favor del món agrari, del món pagès, el que cal és que les mocions i les accions siguin avaluables en el futur. El que veiem —i tenim per costum en el Grup Parlamentari Popular— és que els plantejaments de les seves mocions són tan genèriques que mai sabrem si hauran tingut una acció positiva o no hauran canviat absolutament res, que és el que succeirà amb aquesta moció o amb tantes altres.

Ahir criticaven en la moció del suport a la dona en el món rural que fos una moció definida, amb setze punts, que acotava perfectament quines han de ser les polítiques del Govern i, en canvi, la contraproposta, en què veiem la seva manera de fer en aquesta legislatura, és únicament perdre’ns en la banalitat del genèric, que sense cap mena de dubte no comportarà cap millora per al sector.

Per això anunciem el nostre vot en contra.

Gràcies.




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Gracias, señor presidente.

Nosotros nos damos por rechazados, no lo hemos escuchado con toda claridad pero, repito, nos damos por rechazados, del mismo modo que ha sucedido con el resto de enmiendas.

Consideramos que la literatura que utiliza el partido del Gobierno para plantear estas mociones es francamente mejorable, y quizá deberíamos utilizar una literatura más pragmática, que fuera capaz de situar la solución de los problemas que evocamos. Una vez más, sobre todo en el marco de las cuestiones agrarias, nos encontramos con mociones que básicamente sirven para honra y gloria del Gobierno, que tienen un contenido estricto de propaganda y que en absoluto existe ninguna voluntad de asumir ni abordar un problema complejo; no se trata de cantidades, como decía el senador Cotillas, sino de ver cómo se distribuye la acción ganadera en el contexto del territorio, porque la acción ganadera en sí misma es un elemento fundamental para mantener el mundo rural y los efectos beneficiosos de la gestión del territorio realizado por los campesinos.

Así pues, nos duele no haber tenido ni siquiera la oportunidad de debatir estas enmiendas que pretendían mejorar esta moción y abordar esta cuestión. Creo que el conjunto de las enmiendas pretendía precisar las acciones que después pueden ser medidas y cuantificadas en el tiempo porque al fin y al cabo lo que queremos es realizar una buena política a favor del mundo agrario, del mundo campesino y, para ello, las acciones deben poder ser evaluables en un futuro, pero vemos —es una costumbre en el Grupo Parlamentario Popular— que el planteamiento de sus mociones es tan genérico que nunca vamos a saber si la acción será positiva o si no va a cambiar absolutamente nada, que es lo que va a suceder con esta moción, como ha sucedido con tantas otras.

Ayer criticaban la moción de apoyo a la mujer del mundo rural diciendo que era muy definida, con dieciséis puntos, y que acotaba las políticas del Gobierno, pero en la contrapropuesta, con su forma de actuar en esta legislatura, vemos que lo único que hacemos es perdernos en la banalidad de lo genérico, que sin duda no va a comportar ninguna mejora en el sector.

Por tanto, anunciamos nuestro voto en contra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, senyor president.

Senador Cotillas, l’esperança no la perdré mai. Fins i tot li he de dir que una moció que vam presentar en comissió al respecte de l’oli d’oliva i de les setrilleres no reomplibles la van agafar i en aquell escenari vaig donar gràcies a Déu que finalment es va poder arribar a un punt d’acord. Jo em pensava que avui també trobaríem un punt d’acord, perquè fins i tot va en línia de la política del Ministeri d’Agricultura. Va en la línia de la internacionalització, de l’exportació, i algunes de les mesures que estem proposant nosaltres no van a la contra d’això, ans al contrari. Des d’aquest grup, també els reconeixem que el Govern del Partit Popular ha habilitat que el port de Tarragona pugui ser un port exportador, que fins ara no ho era. Li ho reconeixem. Tan sols li demanem que acabin de fer la feina, i seria un element essencial establir aquestes 24 hores d’exportació, tant per la balança comercial de l’Estat espanyol, la seguretat animal i el benestar animal, com per donar reconeixement al cap i a la fi a una situació estratègica que té, en aquest cas, el port de Tarragona, o tots els altres ports, perquè en aquesta moció fem esment al port de Tarragona perquè és el que ens toca de més a prop, però el que estem dient és que tots aquells ports de l’Estat espanyol que en un moment determinat poden exportar, que ho facin. Volem fixar les mínimes traves possibles.

Si m’ho permet, li donaré unes petites dades sobre com han sortit aquests nombres del port de Tarragona. S’ha exportat a Algèria, al Líban, a Egipte, una totalitat de 64 125 caps de bestiar. Això és importantíssim, són 30 vaixells. Això, amb l’esforç de tots, també del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, en converses que s’han mantingut, ho han pogut fer. El que no entenc és que no es vulgui donar, o acabar d’habilitar amb mínima dotació pressupostària, un element importantíssim que donaria sortia no únicament —i no em mal interpreti— a producte produït a Catalunya, sinó de tota la vall de l’Ebre i de Castella i Lleó. És una demanda del sector.

Avui, notícia d’un diari d’àmbit provincial: el president d’Asoprovac, que és l’Associació de Productors del Vacum, diu que el Ministeri està tenint contactes amb diferents països de l’Orient




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Mitjà, com els Emirats Àrabs, per poder exportar-hi tant el vacum com l’oví. Escolteu, posem fil a l’agulla i intentem que això es dugui a terme. I no és una qüestió pressupostària, senador Cotillas. Si vol, ja li explicaré què és haver de fer un pressupost amb totes les limitacions que es tenen, li ho explicarem des de Catalunya.

Jo he intentat, i permeti’m la modèstia, ser comprensiu amb la situació macroeconòmica, perquè per un costat ens diuen que les dades macroeconòmiques van millorant, però per l’altre sabem que l’economia domèstica, és a dir, allò que arriba a l’economia familiar o la productiva, petites, mitjanes empreses, o aquests ramaders que són als seus entorns rurals, costa que arribi. Jo això ho entenc, però tampoc no em dirà que nosaltres, tots els partits de l’oposició, denunciem que hi ha hagut des de 2009 fins a l’actualitat una rebaixa d’un terç de la dotació pressupostària dedicada al Ministeri d’Agricultura i Ramaderia. Vostè em dirà que hi ha hagut un increment en el pressupost consolidat. Sí, però el 75% dels fons que arriben són de la Unió Europea, que també s’ha de reconèixer aquesta potser una forma millor o pitjor de gestionar-ho. Avui crec que, en aquests moments, s’està debatent al Parlament Europeu la reforma de la PAC. Al final, com quedarà? Crec que en aquests moments s’està debatent. Fem tot el possible. Aquí el que es demana en el cas de l’oví i del cabrum és que es facin unes polítiques que arribin també fins i tot cofinançades de la Unió Europea de promoció d’aquests productes. Doncs fem-ho, però totes aquelles propostes que són positives i que poden arribar a millorar el sector i l’economia, perquè torno a dir que no hi ha projecte social que no vagi acompanyat d’un projecte econòmic, i el projecte econòmic el poden fer els mateixos productors, però també en aquest cas els agents reguladors. I això tant a les comunitats autònomes com pel que fa a les normes que es poden promoure des del Govern de l’Estat.

Retorno al debat que, si em permet, va flotant aquest matí per aquí, les dues tendències que poden haver-hi: les competències exclusives que tenen les comunitats autònomes i aquesta voluntat, sigui per qualsevol argument, no m’hi ficaré, recentralitzadora que es pot veure en qualsevol de les propostes que es puguin arribar a fer. I nosaltres, en aquest cas el Grup Parlamentari Català de Convergència i Unió, dèiem que calia posar en valor el sector, evidentment. Dotar pressupostàriament per fer aquestes polítiques qui li toca, que són les comunitats autònomes, i el Govern de l’Estat, que posi les mesures adequades amb aquelles elements que puguin ser beneficiosos per al sector. Jo ja entenc que donar la raó, per dir-ho d’alguna manera, no sé si és un element que calgui tenir molt en compte, o un element que pugui reforçar l’acció de Govern del Ministeri que representa el ministre Arias Cañete, però també va passar amb una altra pregunta que jo vaig fer al ministre aquí, en seu parlamentària, sobre els fons destinats a les assegurances davant de les inclemències del temps. El ministre em va dir que el que s’havia de fer ja estava ben dotat pressupostàriament, que les comunitats autònomes —i perdoni’m que em representi com a comunitat autònoma— havíem de millorar la dotació, i ara no fa gaire va haver-hi una dotació de 32 milions d’euros. M’és igual que no em donin el reconeixement, que no ens donin el reconeixement, però facin-ho, posin-ho en valor.

A més, quan vostè parla de la Marca Espanya, està molt bé, però agafin exemple d’altres països, com pot ser Itàlia, on cada producte té molt clar el seu origen. Una cosa no exclou l’altra. Per tant, valorem el que es fa en cada territori i posem les mesures adequades perquè el sector, al cap i a la fi els productors, i les demandes d’aquelles persones o empreses petites i mitjanes del sector ramader tinguin les millors condicions. Quina millor condició podria ser com a element essencial —i espero que potser, a veure, quedi l’última escletxa d’esperança— que es pugui acceptar el tema de les 24 hores del port de Tarragona per millorar-ho tot. Si no ho fan ara, que pot ser mínimament dur reconèixer-ho, amb el temps més reduït possible, que ho facin.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Senador Cotillas, no voy a perder la esperanza nunca, incluso, debo decirle que cuando presentamos una moción en comisión en relación con el aceite de oliva y las aceiteras no rellenables di gracias a Dios porque, finalmente, se pudo llegar a un acuerdo porque la aceptaron. Yo pensaba que hoy también íbamos a encontrar ese punto de consenso, porque incluso va en la línea de la política del Ministerio de Agricultura, la línea de la internacionalización, de la exportación, y algunas de las medidas que nosotros proponemos no van en contra de eso, sino todo lo contrario.




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Este grupo reconoce que el Gobierno del Partido Popular ha habilitado el puerto de Tarragona para que sea un puerto exportador, que hasta la fecha no lo era, y se lo reconocemos. Sencillamente, lo que les pedimos es que terminen el trabajo, y sería un elemento esencial lograrlo, establecer esas 24 horas de exportación, tanto para la balanza comercial del Estado español como para la seguridad y el bienestar animal y para el reconocimiento, al fin y al cabo, de una situación estratégica, en este caso, del puerto de Tarragona, pero también de todos los demás, porque en esta moción se menciona el de Tarragona porque es el que nos corresponde y tenemos más cerca, pero lo que estamos diciendo es que todos aquellos puertos del Estado español que en un determinado momento puedan exportar, lo hagan. Queremos poner las mínimas trabas posibles.

Si me lo permiten, voy a darles unos datos para saber de dónde salen estas cifras del puerto de Tarragona. Se ha exportado a Argelia, a Líbano, a Egipto, en total, 64 125 cabezas de ganado, y esto es importantísimo, son treinta barcos. Esto se ha conseguido con el esfuerzo de todos, también gracias a conversaciones mantenidas con el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya; lo que no entiendo es que no se desee terminar de habilitar con una mínima dotación presupuestaria un elemento tan importante, que daría salida no únicamente —no me malinterprete, por favor— a productos generados en Cataluña sino de todo el valle del Ebro y de Castilla y León; es una demanda del mismo sector.

Hoy, noticia de un periódico de ámbito provincial: el presidente de Asoprovac, que es la Asociación de Productores de Vacuno, afirma que el ministerio está realizando contactos con distintos países de Oriente Medio, como los Emiratos Árabes, para poder exportar tanto el vacuno como el ovino. Escuchen ustedes, empecemos ya a trabajar, intentemos que esto se pueda llevar a cabo. No es una cuestión de presupuesto, senador Cotillas. Si lo desea, le explicaré exactamente qué supone realizar un presupuesto con todas las implicaciones actuales. Desde Cataluña se lo podemos explicar.

Si me permite usted la modestia, he intentado ser comprensivo con la situación macroeconómica porque, por un lado, nos dicen que los datos macroeconómicos van mejorando pero, por otro, sabemos que cuesta mucho que llegue a la economía doméstica, es decir, a la economía familiar o productiva, como son las pequeñas y medianas empresas o a los ganaderos que se encuentran en su entorno rural. Esto lo entiendo, pero todos los partidos que estamos en la oposición denunciamos que desde el año 2009 hasta la actualidad se ha producido una rebaja de un tercio de la dotación presupuestaria dedicada al Ministerio de Agricultura y Alimentación. Usted me va a decir que ha habido un incremento en el presupuesto consolidado, sí, pero el 75% de los fondos proceden de la Unión Europea. También debemos reconocer que esta forma de gestionarlo puede ser mejor o peor. En estos momentos, se está debatiendo en el Parlamento Europeo la reforma de la PAC. ¿Cómo va a quedar al final? Creo que se está debatiendo ahora mismo. Vamos a hacer todo lo posible. Lo que se solicita en el sector del ovino y del caprino es que se realicen políticas de promoción de estos productos incluso cofinanciadas por la Unión Europea. Pues hagamos todas esas propuestas que son positivas y pueden llegar a mejorar el sector y la economía. Porque, insisto, no existe proyecto social que no venga acompañado de un proyecto económico, de un proyecto económico que puede ser por parte de los mismos productores, o en este caso también de los agentes reguladores, tanto en las comunidades autónomas como en función de las normas que el Gobierno del Estado puede promover.

Vuelvo al mismo debate que está flotando esta mañana por aquí. Me refiero a esas dos tendencias que pueden existir: competencias exclusivas que ostentan las comunidades autónomas y voluntad recentralizadora por cualquier tipo de argumento, aunque no entraré en eso; voluntad recentralizadora que puede observarse en cualquiera de las propuestas que puedan realizarse. Nosotros, en este caso el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, lo que afirmábamos era lo siguiente: pongamos en valor el sector, claro que sí; que a quien corresponda dote de presupuesto estas políticas, es decir, las comunidades autónomas; y que el Gobierno del Estado aporte las medidas adecuadas con los elementos que pueden resultar beneficiosos para el sector. El dar la razón, por decirlo de alguna forma, no sé si es un elemento que pueda tenerse muy en cuenta o que pueda reforzar la acción de gobierno del ministerio al que representa el ministro Arias Cañete, sin embargo también sucedió en otra pregunta que yo le formulé al ministro aquí, en sede parlamentaria, respecto de los fondos destinados a los seguros ante las inclemencias del tiempo. El ministro me contestó que lo que se tenía que hacer ya




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contaba con un buen presupuesto, y que las comunidades autónomas —lamento que parezca que me estoy erigiendo aquí como comunidad autónoma— tenían que mejorar la dotación. Hace poco hubo una dotación de 32 millones de euros. Me da igual que no nos den el reconocimiento a nosotros, pero háganlo y denle el necesario valor.

Usted habla de la Marca España y está muy bien, pero deberían tomar ejemplo de lo que sucede en otros países, como por ejemplo Italia, donde cada producto tiene muy claro su origen, aunque una cosa no excluye la otra. Es decir, valoremos lo que se produce en cada territorio y aportemos las medidas adecuadas para que el sector, los productores y las demandas de las personas o empresas del sector ganadero, en este caso pymes, tengan las mejores condiciones. ¡Qué mejor condición como elemento esencial —y aún queda una pequeña grieta, y un rayo de esperanza— que realmente se puedan incluir estas 24 horas del puerto de Tarragona para mejorarlo todo! Si no lo hacen ahora, que podría suceder, y aunque pueda resultar mínimamente duro reconocerlo, en el plazo más breve posible, por favor, háganlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente.

Señor Cotillas, usted nos daba unos datos sobre la evolución del sector, y la verdad es que el último ejercicio, el de 2012, fue bastante malo, con una reducción de cabaña del 8,3%. Pues atémonos las alpargatas —nunca mejor dicho en este lenguaje rural—, porque con datos a 30 de octubre de este año de una de las empresas cooperativas de ovino más importantes que hay en España, la producción anual de octubre a octubre ha descendido un 3,6 % y los precios un 6,4%. Esto crea una situación muy preocupante en el sector entre quienes se juegan los dineros, quienes viven de ello, no entre los que estamos fuera. Esto marca una desmoralización evidente y esas inquietudes que ha tenido el sector en el sentido de mejorar las producciones, de estimularlas para poder competir en parte se quedan dañadas. Desde luego, de esta manera difícilmente podemos salir adelante.

Con la nueva PAC tenemos una oportunidad y en la vida hay que ser inteligentes y aprovechar las circunstancias y los momentos para alcanzar fines. Por cierto, señorías, hay que recordar que, gracias al Parlamento Europeo, tenemos una buena PAC, no gracias a otros que ayer sacaban pecho. Hay que recordarlo bien clarito y que cada uno venda verdades, no mentiras.

A partir de ahora, entramos en una fase de negociación entre las comunidades autónomas, el ministerio y el sector. En primer lugar, se trata de que cualquier persona que se incorpore a la actividad, que es el activo que tenemos de futuro, trabaje en igualdad de condiciones que aquellas otras que en el momento presente ya tienen cabezas de ganado. Es decir, que la gente que se incorpore tenga unos derechos y una asignación económica mientras dure su actividad agraria. En segundo lugar, es imprescindible que en esa negociación de la política agraria común la ganadería que exista vaya acoplada, y me explico. Podemos concebir una PAC con ganado, una PAC con tierra y una PAC con tierra y con ganado, pero nunca una PAC sin tierra y sin ganado, nunca. Esto es clave, importante e imprescindible si queremos llegar a buen término. O sea, PAC con tierra, PAC con ganado o PAC con tierra y con ganado. Reitero que esa labor la tiene que liderar el ministerio en coordinación con el sector, que tiene sus representantes y ofrece posibilidades de hacer cosas.

Hace un momento he comentado que este sector está desmoralizado, por eso necesita gestos y cariño, tarea difícil —perdonen ustedes— con el ministro que tenemos, sobre todo con actitudes como la de ayer. Primero, contando mentiras, porque dijo que estaban subvencionando las razas autóctonas cuando en el presupuesto aparece cero, salvo que nos admitan las enmiendas que planteamos los grupos políticos. Y segundo, por su talante y sus formas; con esas formas difícilmente se puede vender. Luego hablaremos del tema comercial y les pondremos la guinda a las cámaras de comercio y a los empresarios, no al Gobierno. Cambiemos el talante y tengamos gestos, demos cariño.

Señor Cotillas, usted ha dicho que difícilmente se puede hacer sin presupuesto, pues empiecen a aplicárselo. Empiecen a aplicarse y apliquen cariño a la gente y a los sectores, que eso cuesta poco dinero. Cuesta una sonrisa por la mañana y cuesta una forma de hacer las cosas. Luego se




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puede lograr o no, pero por lo menos hay que intentarlo. Aplíquense los gestos en este importante momento porque la sociedad requiere de gestos, no de actitudes —entre comillas— estiradas.

Desaparecen en el presupuesto las ayudas a las razas autóctonas, que suponían un incentivo, una ilusión y un progreso para los ganaderos. Puedo hablar de esto por mi profesión y por mis muchos años de trabajo; he dedicado muchos años a esta causa y sé cómo son los ganaderos y los payeses: son gente agradecida. O sea, hay que tener gestos con ellos porque dan mucho más de lo que tú das.

Disminuyen las ayudas para la gestión de los libros genealógicos, cuando se han preocupado durante años de hacer una mejora ganadera. En Aragón tenemos un reflejo con UPRA y Oviaragón, un ejemplo que marca pauta a nivel europeo. Pues sigamos por ese camino, es un trabajo que se ha hecho durante años, continuemos por él. Asimismo, la desaparición de las ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria; lo que decía antes de las dos convocatorias de las ayudas a jóvenes agricultores y a la modernización de explotaciones; aquellos decretos con que aquel ministro de Zapatero —del que el Partido Popular tanto habla— impulsó la ganadería, sobre todo en Castilla, en Extremadura y en Aragón.

He tomado nota de uno de los puntos y ustedes, señor Cotillas, dicen: No podemos olvidar el papel favorable que juegan los rebaños de ovino y caprino para asegurar la cohesión del tejido rural, la conservación del medio ambiente y la fijación de la población en el medio rural. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, difícilmente podemos fijar población en el medio rural con las políticas que aplica el Gobierno.

Hemos hablado de gestos, ahora vamos a hablar de otras políticas. Señorías, con las políticas que están aplicando en sanidad en las zonas rurales tenemos menos médicos para atención; con las políticas que están aplicando en educación —y los que somos de pueblos pequeños sabemos lo que tenemos que luchar para el mantenimiento de la escuela, cuando la escuela es la vida de los pueblos, tienen que entenderlo— tenemos menos profesores. Estas son las políticas que están aplicando, como estamos viendo con los presupuestos, en el sector primario, y las que pretenden aplicar, señorías: la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y a este respecto voy a hacer una reflexión: gracias a muchísimos alcaldes y concejales del Partido Popular —lo he dicho alguna vez en este Plenario y no me cansaré de repetirlo—, gracias a ellos y a la lucha que hemos establecido diferentes grupos políticos continuamente, ha sido posible que esa ley no esté como estaba inicialmente. Reitero —y yo lo digo a título personal porque me lo han dicho ellos—, gracias a muchos alcaldes del Partido Popular se ha podido frenar esta ley, porque esto va a ser el caos para los municipios pequeños. Por tanto, aplíquenselo. Insisto: tengamos gestos, tengan gestos con el sector, tengan gestos de cariño, tengan gestos de forma, tengan gestos económicos y tengan gestos de apoyo a los servicios en el medio rural.

En cuanto a la promoción y la internacionalización, señor Cotillas, usted hablaba de que el impulso al crecimiento económico, el impulso al sector agrario y a las exportaciones han cambiado con Rajoy. ¿Le tendremos que recordar que lo importante de la exportación agroalimentaria está en el porcino y los terneros? Tenemos mataderos en Cataluña que se dedican exclusivamente a eso, tenemos mataderos en Aragón que se dedican exclusivamente a eso.

Y otra cosa no menos importante: pongan en valor las cámaras de comercio y no atribuyan los éxitos al Gobierno, y pongan en valor a los empresarios que se juegan los recursos económicos. Aquí el Gobierno lo que tiene que poner son facilidades, gestos y alguna perra —hablando en aragonés—, porque son los empresarios los que se juegan los recursos para exportar y las cámaras de comercio las que les ayudan. Tenemos un flamante presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Manuel Teruel —de la provincia de Teruel, valga la redundancia—, y anteayer tuvimos la suerte de tenerlo en la Comisión especial para el desarrollo de la internacionalización; todos los que estuvimos allí somos conscientes de lo que nos transmitió con su experiencia personal con la empresa que él dirige y con la experiencia que está demostrando en el Estado español con todas las cámaras de comercio.

Nosotros, señor Cotillas, no podemos apoyar su moción; nos hubiera gustado. Echamos en falta también gestos por su parte, habría sido bueno que por lo menos hubiéramos hablado —usted es el que ha invitado a comer a la Mesa—, aunque solamente nos hubiéramos dicho buenos días.

Muchas gracias. Gracias, presidente. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrufat.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, presidente.

Señor Arrufat, nosotros seguramente tenemos, o podemos tener, muchas cosas en las que ponernos de acuerdo y muchas cosas en las que encontrar puntos de encuentro. Vivimos los dos en territorios amplios y con poca población. Conocemos bien cómo funcionan los ayuntamientos en esos territorios, y conocemos bien también cómo se han hecho las políticas en ese mundo rural. Y, claro, hay una diferencia importante entre su grupo, el Partido Socialista, y mi grupo, el Partido Popular. Nosotros estamos garantizando los servicios sociales básicos —la sanidad y la educación— en toda España y muy especialmente donde es más difícil, en el mundo rural. Y lo estamos haciendo porque estamos invirtiendo en lo importante los recursos que hay: en la atención directa a los ciudadanos. Yo sé que ustedes entienden —en una clara situación economicista— que fomentar el mundo rural es a base de ladrillo, y a base de ladrillo, y a base de ladrillo: grandes centros de salud, donde solo hay un médico; grandes colegios, donde solo hay un profesor. Ladrillo, ladrillo y ladrillo, pero no atención directa a los ciudadanos.

Nosotros también nos diferenciamos claramente de ustedes en que tenemos muy claro el principio básico de que una Administración, una competencia; de que las competencias de la autonomía municipal son fundamentales y de que la financiación tiene que ser la adecuada a esas competencias. Por eso, estamos planteando también la reforma de la Administración local y entendemos que esta reforma, evidentemente, cuando llegue al Senado y pueda ser todavía mejorada, va a ser fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos y para el desarrollo de nuestro territorio.

Decía usted que Zapatero dio un impulso al sector de la ganadería en Extremadura. Pues no es eso lo que dicen los datos. Yo le he leído el período 2008-2012. En el período 2008—2012 solo hemos tenido ocasión de gobernar en el año 2012. Y, desde el año 2008, el descenso es continuo. ¿Cuál es el impulso? ¿El impulso es para que haya menos cabaña ovina y caprina? ¿El impulso es para que haya menos rentabilidad en el sector agrario? ¿El impulso es para que haya más costo en los productos que tienen que comprar los ganaderos y menos precio en el producto que venden? Ese es el impulso de Zapatero y del Partido Socialista. Ese es el impulso.

Decía usted también —hablando de talante, de gestos— que lo bueno de la nueva política agraria común es gracias al Parlamento Europeo. ¡Hombre!, ha tenido su parte de corresponsabilidad, lo mismo que la ha tenido el Gobierno de España, y lo mismo que la han tenido las comunidades autónomas y las asociaciones agrarias, que han ido con una sola voz a Europa a negociar lo mejor para los intereses de nuestros agricultores y ganaderos. Porque, claro, si lo bueno lo ha hecho el Parlamento Europeo, estará entonces de acuerdo conmigo en que lo malo, malísimo, lo hizo el Gobierno socialista, permitiendo aquel borrador de política agraria común que nos presentaron y que si no hubiésemos puesto remedio desde el Grupo Popular, desde el Gobierno de Mariano Rajoy, hoy estaríamos hablando de lo mala, malísima, que hubiese sido la negociación de la política agraria común.

Gestos y talante. Gestos y talante, siempre con dotación presupuestaria. Nosotros estamos por la labor de que todo tenga la dotación presupuestaria necesaria y suficiente, incluso ahora, en un contexto absolutamente de crisis económica, cuando vamos caminando hacia la salida y abandonando la recesión, pero con unos presupuestos que son lo que son, unos presupuestos que tienen que seguir siendo austeros, que tienen que seguir siendo serios, que tienen que seguir siendo responsables con la situación económica del país y el contexto en el que nos movemos.

Decía el portavoz de la Entesa —supongo que con mucho cariño— que hiciéramos mejor literatura. Nos pondremos a la tarea. Decía también que fuera más pragmática, que solo nos dedicamos a la honra, gloria y propaganda de lo que hace el Gobierno, pero que no cambiamos nada realmente, que banalizamos lo genérico. ¡No está mal el cariño con el que nos lo ha dedicado! Pero yo solo le quiero recordar un par de cosas. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en esta Cámara una moción sobre la política agraria común, otra moción para favorecer las razas autóctonas, mociones para favorecer la agricultura ecológica, para favorecer el sector del vino, el aceite o el sector lácteo, y ahora para favorecer el sector ovino y caprino. Y seguiremos presentando mociones, quizás banales, pero que hacen que cuando estamos llegando a los dos




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años de Gobierno de Mariano Rajoy, hayamos contribuido notablemente a la solución del problema del sector lácteo, hayamos cambiado sustancialmente el borrador de la política agraria común, estemos en condiciones de decir que vamos a recibir la misma cantidad económica y que nuestros agricultores no van a perder, y hayamos mejorado también todo lo que tiene que ver con este sector.

Las rentas del sector agrario no son las que eran hace dos años. La exportación del sector agroalimentario no es la que era hace dos años. La contribución al PIB de nuestro sector agroalimentario no es el que era hace dos años. ¡Hombre!, banal, banal… En algo estaremos contribuyendo. A nosotros nos encanta que nos llamen banales, pero los que traemos los asuntos aquí somos nosotros, los que los trabajamos somos nosotros y los que aportamos soluciones somos nosotros. Y, claro, si talante es cargase el Ministerio de Agricultura como hicieron ustedes, ¡si eso es talante!… Si dar cariño a los agricultores es dejarles sin un sitio donde verse representados en sus problemas, sus necesidades y donde buscar soluciones, ¡si eso es talante!… Si talante es pintar el ministerio de verde pero no dedicar ni un solo minuto a los problemas de los agricultores ni a la caída libre en la que se encontraban sus niveles de renta, si eso es talante, nosotros no queremos ese talante.

Nosotros queremos el talante de este ministro, el talante de un ministro que va a negociar duro a Europa y que hasta que no trae lo que quiere, no para de negociar. Nos gusta ese talante, el talante de un ministro que tendrían que ver ustedes la agenda que tiene, simplemente la agenda que tiene, que está en continua reunión con todos los sectores, con los agricultores, en continua visita a todos los territorios y a todas y cada una de las empresas operativas del mundo rural. Eso es talante. Talante es que exista el ministerio y tenga su presupuesto.

Señor Planas, si con un tercio menos del presupuesto estamos aumentando la renta de nuestros agricultores, está aumentando la exportación, el puerto de Tarragona se convierte en exportador y dice usted que además vamos a llegar a acuerdos con países del sur del Mediterráneo, si todo eso lo está haciendo este Gobierno con un tercio menos del presupuesto, el camino no debe ser malo, debe ser el adecuado: menos derroche, menos ladrillo, menos talante-sonrisa, más eficacia, más buen uso del dinero público, más capacidad de negociar, más capacidad de estar en el territorio, más capacidad para presentar leyes como la de la cadena alimentaria o la de fusión de las cooperativas, más diálogo —como el mantenido con las comunidades autónomas, que ha permitido que la reforma de la política agraria común vaya a destinar idénticas cantidades de dinero a idénticos sectores e idénticos territorios—, más posibilidad de dinero para la innovación, que lo hay, más posibilidad de dinero para la concentración y la externalización de la oferta y para ser más competitivos.

De verdad, gracias por sus aportaciones pues por lo menos hemos conseguido un cambio: antes siempre eran enmiendas de sustitución y ahora son de adición. Vamos todos por el buen camino. Gracias por esas contribuciones. Seguro que en el futuro llegamos a un punto más cercano de encuentro. Evidentemente, no vamos a parar en nuestra labor de gestión, en nuestra labor de acompañar y apoyar a los sectores y, por supuesto, en nuestra labor de decirlo, señor portavoz de la Entesa.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cotillas.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 246; a favor, 153; en contra, 72; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




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9.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA EL SUBSIDIO DE PRÉSTAMOS CUALIFICADOS EN LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO) Y EN LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (VPP).

(Núm. exp. 662/000113)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 9.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Fernández Pena. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, la senadora Fernández Pena no va a empezar con su intervención hasta que no haya silencio en el hemiciclo. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Cuando quiera, señoría.

La señora FERNÁNDEZ PENA: Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

Subo a la tribuna para proponerles que, entre todos, busquemos una solución a un problema jurídico y económico que, de nuevo, está agravando la situación de cientos de familias con pocos o escasos recursos, familias de rentas limitadas que en su momento compraron o restauraron una vivienda de protección oficial, acogiéndose a las ayudas establecidas por el Gobierno en los diferentes planes de vivienda, como la ayuda directa a la entrada o la subsidiación de los préstamos hipotecarios... (Rumores.—La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone, señoría. Señorías, guarden silencio o si no salgan del hemiciclo, por favor.

La señora FERNÁNDEZ PENA: ...asumiendo a un tiempo una serie de obligaciones, como no poder alquilar o vender esa vivienda durante diez años. La subsidiación, tal y como está definida en los planes de vivienda, es una cuantía que varía entre los 90 y los 300 euros, dependiendo de las condiciones económicas de cada familia y que se descuenta a los beneficiarios en la cuota mensual que pagan por sus préstamos convenidos. Se concede por un período inicial de cinco años prorrogable en períodos de igual duración, con el único fin —tal y como se señalaba en los planes de vivienda— de actualizarse con respecto a las posibles variaciones económicas de la unidad familiar beneficiaria.

Les he querido explicar esto, señorías, para que entiendan que en todo caso nos referimos a una sucesión de derechos y obligaciones que ambas partes, beneficiarios y Administración, adquirieron en el momento en el que se produjo la compra de las viviendas. Pues bien, a pesar de que —como hemos visto— estamos ante derechos adquiridos, el Gobierno impulsó en el último año varias medidas legislativas ambiguas, contradictorias e interesadas que han afectado a las condiciones de renovación o prórroga de esta subsidiación, socavando así los derechos adquiridos de más de 250 000 familias, mientras mantienen intactas todas las obligaciones impuestas.

En primer lugar, aprobaron ustedes el Real Decreto-Ley 20/2012, cuyo artículo 35 sirvió para suprimir las nuevas concesiones de ayuda de subsidiación del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Cuando cayeron en la cuenta de que con este decreto se quedaban cortos en su afán de exterminar las ayudas a la vivienda en este país, el Ministerio de Fomento decidió corregir la ley a través de una circular interpretativa, que no firma nadie, y que remitieron a las comunidades autónomas para que suprimieran también las renovaciones de las subsidiaciones reconocidas en los planes anteriores a la entrada en vigor del decreto ley.

Esta interpretación irregular y retroactiva atenta contra el principio de seguridad jurídica que avala la Constitución Española en su artículo 9.3. y se convierte en uno más de los atropellos que este Gobierno aplica para seguir imponiendo sus políticas de recortes a los extractos más vulnerables de la sociedad. Aún a sabiendas de que jurídicamente esta interpretación no se




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sustentaba y para acallar las voces de los que dignamente empezaron a exigir justicia, uniéndose en plataformas cívicas por toda España, el Gobierno de Rajoy decidió, en un nuevo arrebato de autoenmienda popular in extremis, que durante la tramitación en el Senado, el Partido Popular introdujera una nueva disposición adicional segunda en la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, estableciendo así definitivamente lo que siempre habían querido hacer: revocar y denegar todas las ayudas de vivienda, incluidas la renovación de la subsidiación en todos los planes estatales.

Han conseguido acabar con todas las ayudas de vivienda, las futuras, las presentes y con esa enmienda, incluso, las pasadas, una medida incompatible con el principio de seguridad jurídica que retira derechos adquiridos a las familias de manera retroactiva, pero eso sí, les mantiene intactas sus obligaciones. Se lo diré de otra forma para que me entiendan y me atiendan. El Gobierno vuelve a pisotear los derechos de un colectivo vulnerable, imponiendo nuevas reglas de juego de forma unilateral. Por ello, el PSOE ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que esta circunstancia deja a los afectados en una situación de inseguridad jurídica que lesiona de forma irreversible e irreparable sus derechos individuales. Y lo hemos hecho porque el Gobierno ha vulnerado el derecho de miles de familias que accedieron a estos préstamos porque acreditaron unos ingresos escasos y a los que perder esta subsidiación puede llevarles a situaciones reales de impago al no poder hacer frente a una cantidad con la que no contaban. El Gobierno ha vulnerado los derechos de miles de familias, a las que machaca con medidas injustas mientras presta, de nuevo ―otra vez― atención especial a las entidades bancarias.

Señorías, fíjense qué tremendo despropósito: la Ley 4/2013, que acabó con las ayudas a las familias para acceder a una vivienda en este país, se aprobó el 4 de junio, y tan solo cinco días después de su aprobación, la ministra Ana Pastor, en referencia a un bloque de viviendas de protección oficial en manos de la Sareb, paralizado desde el año 2010 y con una clara intención de incentivar la venta de estas viviendas, que solo beneficia de nuevo a las entidades bancarias, declaró textualmente ―y, repito, cinco días después de haber aprobado esa ley en esta Cámara―: Tendrán la ayuda estatal directa a la entrada y todos los compradores tendrán derecho a la subsidiación.

¿Tienen diferente derecho los bancos que las familias? ¿Se rigen por diferentes leyes en este país, desgraciadamente, con el Gobierno popular? Sí. Como siempre, volvemos a lo mismo, a que a este Gobierno poco le importa el derecho ciudadano cuando se trata de recortar a los que menos tienen, con el agravante de que en este caso el Gobierno del Partido Popular sí mantendrá su derecho a imponer a estas familias precio de venta y condiciones de alquiler a las viviendas en el futuro.

El PP se queda con los derechos y se olvida de sus obligaciones, mientras que las familias se quedan con sus obligaciones y deben olvidarse de sus derechos, aún a sabiendas de que, como es habitual siempre que desde esta tribuna defendemos a los ciudadanos frente a sus recortes, seguramente el PP utilizará en su intervención de respuesta el término «demagogos». Esta vez les pido que tengan cuidado al utilizarlo porque, si lo hacen, también estarán llamando demagoga a la defensora del pueblo, que pidió al ministerio que pague las ayudas reconocidas por las comunidades autónomas y que se corrija el criterio interpretativo para que las administraciones autonómicas revisen de oficio las resoluciones que hubiesen denegado antes de la entrada en vigor de la Ley 4/2013; porque, si lo hacen, además, también estarán llamando demagogo al Procurador del Común de Castilla y León, que dice clara y meridianamente que el Gobierno de Rajoy y la Junta de Castilla y León han obrado mal en esta materia, por lo que insta al Ejecutivo autonómico a reanudar el proceso y pagar las ayudas concedidas en su día a los propietarios de vivienda de protección oficial, exigiendo que se revisen las solicitudes y se concedan las renovaciones de subsidiación; y, por último, si lo hacen, estarán llamando demagogas a las miles de familias que se han unido para defenderse en plataformas y que usan todos los medios a su alcance ―medios de comunicación, redes sociales, peticiones a la Administración y peticiones a la Justicia― para que se sepa que están cometiendo una injusticia con ellos.

Ya ven, somos muchos los que defendemos que se mantenga la renovación de las subsidiaciones, frente a un Gobierno y un partido que no saben para quién han de gobernar.




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Señorías, deben valorar que esta no solo es una demanda del PSOE sino una demanda de la sociedad, que ustedes debieran también entender y atender. Por ello, les pido que acepten esta moción en la que el Senado insta al Gobierno a que se impulsen las modificaciones legislativas precisas para que se mantenga el derecho a percibir la ayuda de subsidiación para VPO y VPP en todos aquellos préstamos suscritos con anterioridad a la aprobación de la Ley 4/2013, y que a través del Ministerio de Fomento se proceda a elaborar una interpretación ajustada a derecho del artículo 35 del Real Decreto Ley 20/2012, y se comunique a las comunidades autónomas, a fin de que se revisen de oficio las resoluciones que hubieran denegado antes de la entrada en vigor de esa ley.

No pueden ustedes escudarse, como ya han hecho en diferentes ocasiones, en que es normal retirar las subsidiaciones porque los tipos de interés han bajado y que esa bajada compensa a los ciudadanos la retirada de sus derechos. Es una teoría tan injusta como inmoral porque es cierto que los tipos de interés han bajado, señorías, pero es que los afectados compraron a precio de burbuja inmobiliaria y sus hipotecas son mucho más altas que el valor actual de la vivienda. Pero es que aún hay más: los tipos de interés bajan, señorías, pero en las casas de los afectados el paro sube, los salarios son más bajos, la pobreza energética enfría el hogar, los repagos en educación y sanidad restan capacidad económica y los abuelos pierden capacidad en sus pensiones; y, encima, les retiran un derecho con el que contaban, manteniendo intactos todos sus deberes. Señorías, piensen que estas familias no pueden vender o alquilar esta vivienda. Si no la han pagado, lo único que les quedará será esperar un embargo.

Si no ponen freno a este desorden jurídico estaremos auspiciando que más familias corran riesgo de desahucio. Son familias que hicieron una planificación de los pagos que deberían hacer a lo largo de los años y asumieron la compra de la vivienda, pero ahora ven que esos cálculos se desmoronan.

Les pido que apoyen esta moción pensando que son 250 000 personas, según los datos recogidos en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, las que están reclamando su ayuda. Piensen, señorías, que no estamos reclamando un privilegio para estas familias, estamos reclamando un derecho constitucional: el derecho a una vivienda digna. Intenten corregir actitudes porque hoy, desgraciadamente, celebramos el segundo aniversario del Gobierno del Partido Popular, donde solo ha habido más paro, más deuda, más corrupción, menos derechos, menos salud, menos educación y, sobre todo, más mentiras.

Gracias. (Fuertes aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, presidenta.

En tot cas hem presentat una esmena que consisteix primer en mantenir les ajudes estatals directes a l’entrada per a tots els particulars que hagin adquirit una vivenda qualificada com de protecció oficial, a l’empara del Pla Estatal de Vivenda i Rehabilitació 2009-2012, i mantenir les ajudes estatals directes a l’entrada per a tots els promotors que hagin construït una vivenda qualificada de professional o, definitivament, com també de protecció oficial a l’empara del pla estatal. Si bé no és estrictament en el conjunt al que fa referència aquesta moció, sí que és perfectament complementària i forma part del discurs de tot allò pel que varem lluitar des dels grups de l’oposició en el moment de la tramitació de la llei, que crec recordar que era en el mes d’abril d’aquest any. Aquesta llei que el que ha fet ha estat deixar orfes no únicament a molta quantitat de particulars, sinó també a les pròpies comunitats autònomes, aquesta llei que, a més a més, amb caràcter retroactiu —que això no s’havia vist mai— es carregava tot el que són els ajuts del pla 2009-2012.

Ens sembla que en bona part, una part també de tota aquesta manca de compliment d’allò que es va comprometre al llarg d’una plurianualitat —no s’havia vist mai. Al capdavall, tot això del pla de rehabilitació del 2009-2012 també afecta directament, no únicament les Comunitats Autònomes perquè, en últim terme, el que afecta és directament als nostres ciutadans. I, per tant, ens sembla que això també és complementari i per això ens agradaria que fos acceptada.

Moltes gràcies.




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Gracias, presidenta.

Hemos presentado una enmienda en la que pretendemos, primero, mantener las ayudas estatales directas a la entrada para todos los particulares que hayan adquirido una vivienda calificada como de protección oficial al amparo del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y, segundo, mantener las ayudas estatales directas a la entrada para todos los promotores que hayan construido una vivienda calificada de protección oficial, también al amparo del plan estatal. Si bien no es estrictamente a lo que se refiere esta moción, sí que es perfectamente complementaria y forma parte del discurso de todo aquello por lo que luchamos desde los grupos de la oposición en el momento de la tramitación de la ley, que creo recordar fue en el mes de abril de este año. Esta ley ha dejado huérfanos no solo a una gran cantidad de particulares, sino también a las propias comunidades autónomas; esta ley, además, con carácter retroactivo —esto no se había visto nunca—, se cargaba todas las ayudas del Plan 2009-2012.

Esta falta de cumplimiento con lo comprometido a lo largo de una plurianualidad no se había visto nunca. Nos parece que el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 afecta no solo a las comunidades autónomas, sino que también en último término afecta a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, creemos que esto también es complementario, y nos gustaría que nuestra enmienda fuera aceptada.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): ¿Se acepta la enmienda presentada, senadora Fernández?

La señora FERNÁNDEZ PENA: La enmienda presentada por Convergència i Unió la vamos a aceptar, ya que aunque se refiere a las ayudas estatales, como bien decía la señora Candini, y no se ajusta estrictamente al término del debate, estamos totalmente de acuerdo con lo que se solicita, dado que estas ayudas directas han estado siempre en vigor en todos los planes de vivienda diseñados por el Partido Socialista, y además esta fue una de las reclamaciones que hicimos cuando la aprobación de la Ley 4/2013.

Respecto al Partido Popular, visto que no han presentado ninguna enmienda, quiero pensar que estarán de acuerdo con los términos planteados en la moción y que votarán a favor. Pero, por si acaso, les pediré de nuevo que la apoyen y que aprovechen esta oportunidad para escuchar a los ciudadanos; ciudadanos que hoy mismo entregarán 344 477 firmas a la ministra Ana Pastor para reclamar sus derechos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Denegaciones.) No hacen uso de la palabra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegaciones.) No hacen uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko.

Intervengo desde el escaño simplemente para comentar que la moción que nos presenta el Grupo Socialista, a nosotros, en concreto, no nos afecta.

Es cierto que las ayudas directas en forma de subvenciones y subsidios a la compra y/o a la promoción de viviendas protegidas para venta desaparecieron de la normativa del Gobierno vasco en el año 1996, es decir, dieciséis años antes que la medida adoptada por el Gobierno central en julio de 2012. Dicha medida del Gobierno vasco no se basó en cuestiones de recorte presupuestario, entonces inexistentes, sino de elección en el empleo de recursos públicos potenciando la compra de suelo y viviendas de alquiler.

No obstante, dicho esto, quiero comentar que entendemos la solicitud que se plantea, ya que de aplicar la retroactividad que aquí se ha especificado por la senadora ponente de la moción se generarían situaciones de difícil gestión.

Por lo tanto, y entendiendo que a nosotros no nos afecta, en absoluto nos vamos a oponer a que la moción prospere, para evitar que todas aquellas diferentes situaciones de difícil gestión puedan verse afectadas negativamente por esta aplicación en este último tiempo y de esta manera




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tan apresurada. Por consiguiente, a pesar de no estar afectados, no impediremos que la moción prospere.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, presidenta.

Molt breument, per anunciar el nostre vot favorable, el nostre suport, a una moció que pretén reparar una situació de doble injustícia. Una injustícia perquè afecta a famílies que, en la seva condició objectiva, tenen dificultats òbvies en aquests moments per fer front a les obligacions que van contraure i que es mereixen el suport i la solidaritat del conjunt dels ciutadans a través de l’administració pública, i també injustícia perquè es vulneren els seus drets i, com s’ha dit aquí, es cau en una situació de forta inseguretat jurídica.

Volíem entendre que, en el primer moment, aquesta decisió del Govern havia estat simplement per desconeixement. Havia estat fruit de la brocha gorda de les mesures econòmiques que es van prendre en aquell moment. Però, després, malauradament, com s’ha explicat, varem comprovar que aquesta mesura responia a un càlcul molt més fred i a un menyspreu objectiu de la situació i de l’esforç de totes les famílies que van adquirir, en el seu dia, que estaven curts de pagar una vivenda de protecció oficial.

Per això avui el Partit Popular, el grup majoritari d’aquesta cambra que dóna suport al govern té l’oportunitat de rectificar i més enllà, lluny de l’escalf reformador que senten de vegades des dels ministeris, aquest escalf cec que provoca aquests excessos fins i tot, crec, obvis per ells mateixos, puguin fer marxa enrere, que rectificar és de savis i concedir a aquestes famílies simplement allò que es mereixen, és a dir, poder tornar als drets i a les obligacions que s’havien contret en el seu moment i que els permetien, de manera raonable, fer front a les seves expectatives.

Estic convençut que el Partit Popular serà sensible a aquesta situació i rectificarà aquest excés a totes llums impossible i a totes llums injust.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta.

Intervengo brevemente para anunciar nuestro apoyo y nuestro voto favorable a una moción que pretende reparar una situación de doble injusticia: injusticia porque afecta a familias que en su condición objetiva tienen dificultades obvias en estos momentos para hacer frente a las obligaciones que contrajeron y que se merecen el apoyo y la solidaridad del conjunto de los ciudadanos a través de la administración pública, e injusticia porque se vulneran sus derechos y, como se ha dicho aquí, porque se cae en una situación de fuerte inseguridad jurídica.

Creímos entender en un primer momento que esta decisión del Gobierno había sido por desconocimiento, que había sido fruto de la brocha gorda de las medidas económicas que se tomaron en ese momento, pero después, por desgracia, como se ha explicado, comprobamos que esta medida respondía a un cálculo mucho más frío y a un menosprecio objetivo a la situación y el esfuerzo de todas las familias que adquirieron en su día una vivienda de protección oficial.

Por eso hoy el Partido Popular, el grupo mayoritario de esta Cámara que da apoyo al Gobierno, tiene la oportunidad de rectificar y más allá de lo que se siente a veces desde los ministerios, estos excesos provocados —a veces también obvios— por sí mismos, puedan dar marcha atrás —porque rectificar es de sabios— y puedan conceder a estas familias simplemente aquello que se merecen: poder volver a los derechos y obligaciones que se habían contraído en su momento y que les permitía de forma razonable hacer frente a sus expectativas.

Estoy convencido de que el Partido Popular va a ser sensible a situación y va a rectificar este exceso, a todas luces imposible e injusto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias.

Tiene la palabra la senadora Candini.




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La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, presidenta.

En tot cas, ja he manifestat el posicionament del nostre partit. Evidentment, han acceptat l’esmena. Per tant, votarem a favor. Però recordar una miqueta com va anar el debat de la llei.

Jo crec que en el debat de la llei recordarem que van entrar per la porta del darrera des del Congrés al Senat aquella famosa esmena del 135, amb la qual es carregaven tots aquells drets que s’havien emmarcat en el pla quatrianual 2009-2012. Ara, veure que el Partit Popular no utilitza el seu vot en contra, si em permet la senadora i el senador del Partit Socialista, és una manera doncs, diguem-ne també, si se’m permet l’expressió, de donar per la pala el debat parlamentari. I permeti’m, senadora, que utilitzi això perquè, des del moment que vostès accepten dos punts del conjunt de la moció que es votarà, ens sentim copartícips d’aquesta moció.

Trobo que debilita molt, per part del Partit Popular, que no pugui baixar a donar les raons del per què —que després ja tindrà el doble torn—, evidentment— del per què vostès, possiblement, presumptament, no poden acceptar, presumptament en tot cas el que està fent és debilitar els arguments. Ho lamento profundament. Ho varem veure en el debat, no es va acceptar cap esmena. (Recordo perfectament que per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió varem presentar trenta-cinc esmenes, que no feien cap tipus de plantejament de carta als Reis d’Orient, sinó que senzillament tenien com a objectiu donar compliment al grau de compromisos contrets).

Per tant, molts ajuntaments tenen en la seva motxilla aquelles promocions de caràcter de política pública de vivenda a partir d’un programa que estaria acceptat, que ara això no es paga, que està absolutament en la seva motxilla. De quina manera aquests ajuntaments podran defensar com podran fer front a aquest enorme dèficit econòmic i, per tant, evidentment, tots els ciutadans que, a partir del tema de les subsidiariacions ha quedat com ha quedat.

Lamento que no s’hagi utilitzat el vot en contra, senzillament perquè podria permetre un debat més ric perquè, si no m’equivoco, al capdavall parlamentar vol dir parlar i contrastar opinions.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

Gracias, presidenta.

Ya he manifestado la postura de mi partido. Evidentemente, se ha aceptado la enmienda y vamos a votar a favor, pero también quiero recordar cómo fue el debate de la ley.

Yo creo que en el debate de la ley entró por la puerta de atrás la famosa enmienda del 135, del Congreso al Senado, que se cargaba todos aquellos derechos que se habían enmarcado dentro del plan cuatrianual 2009-2012. Ver ahora que el Partido Popular no utiliza su voto en contra, si me permiten los senadores socialistas, es una forma también de obviar el debate parlamentario, y lo digo porque ustedes aceptan dos puntos de la moción que se va a votar, de la que también nosotros nos sentimos copartícipes.

Encuentro que debilita mucho los argumentos que el Partido Popular no baje y dé las razones —que luego ya tendrá su doble turno— de por qué presuntamente no pueden aceptar —y digo presuntamente—. Lo lamento profundamente. Lo vimos en el debate. No se ha aceptado ninguna enmienda. (Recuerdo perfectamente las treinta y cinco enmiendas que el Grupo Parlamentario Convergència i Unió presentó, que no hacían ningún tipo de planteamiento de carta a los Reyes Magos, sino simplemente dar cumplimiento al grado de compromisos contraídos.)

Por lo tanto, muchos ayuntamientos llevan en su mochila esas promociones de política pública de vivienda a partir de un programa que estaría aceptado. Ahora esto no se paga, pero están en sus mochilas. ¿De qué forma estos ayuntamientos van a poder defender esto? ¿Cómo van a poder hacer frente a este enorme déficit económico y a partir del tema de las subsidiaciones que ha quedado como ha quedado?

Lamento que no se haya utilizado el voto en contra, simplemente porque podría permitir un debate más rico, porque, si no me equivoco, parlamentar significa al fin y al cabo hablar y contrastar opiniones.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el Partido Popular no ha usado el voto en contra sencillamente porque no tiene argumentos para defender su posición y también porque después de dos años de Gobierno se les




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ha acabado el cuento de la herencia recibida y emerge la mala gestión que han venido haciendo hasta ahora. Nos han dicho muchas veces que ellos iban a hacer más con menos, y, efectivamente, han hecho ustedes más con menos: este país tiene más deuda, más desigualdad con menos inversión y con menos empleo. Han constatado que han fracasado con sus políticas. (Aplausos.)

Después de dos años de rodillo del Partido Popular y después de habernos presentado tres proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado, se les acaba el cuento de que ustedes eran la solución. Y ustedes, para los trabajadores, son el problema; para la clase trabajadora de este país el Partido Popular es el problema, sin ninguna duda.

La moción que traemos hoy aquí es un ejemplo del destrozo de las políticas de igualdad que están haciendo desde su mayoría. Presentamos esta moción contra la retirada de la subsidiación de préstamos por considerar que es una medida socialmente injusta. Digo que es socialmente injusta porque supone un nuevo recorte a la clase trabajadora más humilde y además, si me lo permiten, es especialmente dolorosa porque va contra aquellas familias jóvenes que habían puesto en marcha su proyecto de vida en común, que habían decidido tener hijos y que ahora ven cómo se esfuma su proyecto vital, viéndose abocados probablemente a dejar la vivienda en la que habían decidido vivir y, en muchos casos, a dejar de pagar al banco y metidos en un proceso de desahucio.

Voy a explicarles en qué consiste esta ayuda, porque tengo la sensación de que cuando ustedes apoyan al Gobierno desconocen qué política están apoyando.

No creo que nadie que sea sensato esté de acuerdo con que a familias que tienen unos ingresos muy pequeños, la redistribución de la riqueza del Partido Popular, que es obligatorio que hagamos, suponga quitarles una ayuda de entre 60 y 100 euros anuales por cada 10 000 euros de valor de la vivienda. Estamos hablando de que se les quita una ayuda de entre 600 u 800 euros a 1200 al año.

La decisión del Gobierno es quitarles a los más humildes el equivalente a un salario mensual de su sueldo anual. El Gobierno ha decidido que la salida de la crisis de este país pasa por acabar de ahogar, por quitarles un salario más, una mensualidad más a las familias que ya no llegan y decirles que sigan adelante con ese recorte.

Lo que están haciendo con sus recortes es empujar a la pobreza, al desahucio a estas familias, que ya están en el límite, porque ustedes, con esa cantidad de 1000 euros, les están quitando el 10% más o menos de sus ingresos anuales, y no es un recorte pequeño, precisamente.

Además esta medida que han tomado ustedes es indiscriminada. No tienen en cuenta a quién se la aplican. No se han preguntado si la familia está en paro o está trabajando. Simplemente han dicho: se acabaron las ayudas, estén como estén las familias. No importa si tienen menos ingresos o si están en paro. Asimismo han olvidado que las viviendas de protección oficial en muchos casos también se compraron a precio de burbuja.

Han tomado una decisión que es arbitraria: a iguales circunstancias, hay ciudadanos a los que les van a aplicar la ley para quitarles las ayudas y a otros no. Es una medida legalmente injusta. Les quitan las ayudas a los propietarios de las viviendas, como ha dicho antes la senadora Paula Fernández, pero no sus obligaciones. Siguen sin poder venderlas en diez años, sin poder alquilar la vivienda —no pueden ceder el uso—. Siguen teniendo las mismas obligaciones que tenían cuando percibían ayudas del Estado. Lo hacen con abuso de poder. Ustedes les han dicho a los bancos que ni siquiera les faciliten el documento que necesitan para poder presentar la reclamación. Lo hacen —permítanme la expresión— con chulería, porque cuando han recibido a los afectados en el ministerio, les han dicho que es su problema, que es problema de los afectados, que no es problema del Gobierno, les han dicho sencillamente que si no pueden pagar la hipoteca, que dejen la vivienda. Y eso, señorías, es impresentable para un Gobierno democrático. Pero, claro, con su mayoría absoluta y su rodillo se pueden permitir hacer casi lo que les dé la gana o, al menos, eso piensan ustedes.

Tengo que recordarles que no somos iguales. El Partido Socialista no recortó estas ayudas, sino que además las amplió de 10 a 15 años en el Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre.

He dicho que esta es una medida ilegal porque la hacen ustedes extensiva a todos los planes de vivienda anteriores a 2009—2012, con un documento sin fecha ni firma, con una nota interna. Además lo hacen con carácter retroactivo. Por tanto, entendemos que es absolutamente ilegal. Y no lo dice solamente el Partido Socialista, ya hay sentencias judiciales y pronunciamientos del




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Defensor del Pueblo en el mismo sentido. Además de hacerlo ilegalmente, lo realizan con un ejercicio de demagogia y cinismo importante, porque hay que leer lo que ustedes escriben y luego lo que ustedes hacen.

En los presupuestos generales del Estado decían ustedes que iba a estimular la redistribución de la riqueza con las políticas de vivienda, y ya vemos cómo lo hacen, quitándoles las ayudas a los que menos tienen. Decían en los presupuestos generales de 2013 que todas las subsidiaciones de préstamos que ya hubieran sido reconocidas en los sucesivos años de vigencia de los planes estatales seguían generando compromisos presupuestarios que había que afrontar, y que la media de afectados eran 252 517 —eso decían ustedes—, pero, mientras, estaban haciendo justamente lo contrario. Hay que ser cínico para estar mandando una carta sin fecha ni firma, una nota interna, a las comunidades autónomas diciéndoles que dejaran de aprobar los expedientes y a la vez escribir ustedes esto y traerlo aquí al Parlamento para aprobarlo, así como estar mandando ustedes a los letrados del Estado a pleitear contra los ciudadanos para que no defendieran su derecho a recibir una subvención que les habían firmado ante notario y que habían registrado en el Registro de la Propiedad, que les obliga a ellos pero también al Estado a dar esa ayuda. Una ayuda con la que contaban para poder hacer frente a sus pagos y a sus obligaciones con los bancos. Son ustedes los que han fallado, no los ciudadanos si dejan de pagar las viviendas. Es una decisión que está apoyando el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara.

Para tapar la ilegalidad no se les ocurrió otra brillante idea más que cometer una inconstitucionalidad. Y como no tenían argumentos, en la tramitación de la ley de alquileres de vivienda nos vienen aquí con una enmienda de último momento para convertir en ley la ilegalidad en que habían incurrido, con un real decreto ley y una nota interna. Y nos quieren convertir una ilegalidad en una inconstitucionalidad. Ya tienen presentado un recurso en ese sentido por parte del Grupo Parlamentario Socialista, porque ustedes están quitando derechos a los ciudadanos que por ley tenían —y la Constitución les protege contra decisiones del Gobierno con carácter de retroactividad—. Eso es lo que hicieron ustedes, se lo advertimos en la tramitación de esta ley todos los grupos parlamentarios, lo ha dicho la señora Candini, e hicieron oídos sordos. Están acostumbrándose a actuar con soberbia desde el Gobierno, y lo que hacen es no escuchar lo que les decimos con sensatez. Esperan a que un juez les diga que son injustas y que son ilegales las cláusulas suelo, y aun así, venimos aquí, les pedimos que las eliminen, que aprueben una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, y ustedes dicen que no. Hoy les volvemos a decir lo mismo: es injusto, es ilegal, es inconstitucional tomar decisiones con carácter de retroactividad que les quitan derechos a los ciudadanos. Y se lo venimos a decir aquí, antes de que se lo digan los jueces. Sin embargo, ustedes hacen oídos sordos y vuelven a dejar que se pronuncie la justicia, que ya ha empezado a decirle que eso no se puede hacer, que el Partido Popular no puede —ni con mayoría absoluta— saltarse la Constitución, que este país es democrático todavía. (Aplausos.)

Señorías, les pido sensibilidad, afecta a más de 250 000 familias —familias, no personas, en el sentido más extensivo de la palabra—, porque cuando los hijos, esos hijos recién casados con familia, con niños pequeños, no puedan pagar la vivienda, saben ustedes que les va a tocar a sus padres. Afecta a 250 000 familias, no a 250 000 personas.

Es una decisión injusta y, además, si me apuran, miserable, porque la cantidad de dinero que supone para el Estado en su conjunto es muy pequeña. Están racaneando 30 o 40 millones de euros en un año para perjudicar y llevar a la angustia a 250 000 familias. Y además lo hacen inconstitucionalmente, como he dicho antes, subrayándolo. No me valen sus explicaciones, no me vale lo que dicen ustedes de que, como ha bajado el precio de la vivienda, ya no necesitan ayuda los pobres para comprarla. No se puede ser más cínico. Dicen ustedes: ¡Hombre, como han bajado los tipos de interés, ¿de qué se quejan los pobres? ya han tenido suficiente ahorro. ¿Les parece sensato dar ese argumento? ¿Es que con la bajada de intereses no han bajado también los salarios, no han bajado los empleos, no hay mucha más gente en paro? ¿Cómo pueden tener en cuenta solo ese criterio y pretender que oigamos sus palabras y que las atendamos? Y además nos dicen: Oiga, es que la renovación no es una concesión. Nosotros no hemos retirado las ayudas, hemos dicho que ya no se renuevan. Oiga usted, eso no es potestad del Gobierno. Ninguna ley decía que el Gobierno podía dejar de dar las ayudas arbitrariamente. Si viene con el informe favorable de las comunidades autónomas, el Gobierno no tiene más remedio que pagar y




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punto. Eso es lo que dice la ley. Y la que ustedes han cambiado modifica el modelo, aunque no comparto el criterio, y tienen el derecho para hacerlo porque tienen la mayoría.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Termino enseguida.

Tienen el derecho porque tienen la mayoría para cambiar el modelo, pero no tienen la razón. Desde luego, con la mayoría no tienen el derecho de cambiar los derechos de los ciudadanos que tenían antes concedidos por ley, a eso no le dieron derecho a ustedes en la urna. En eso nos van a tener enfrente al Partido Socialista reivindicando los derechos de los ciudadanos y de la clase trabajadora —aunque ustedes digan que no hay clase trabajadora, que lo que hay son consumidores—. Nosotros seguimos pensando que hay clase trabajadora y que es necesario la redistribución de la riqueza en este país.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, muy buenos días.

Quiero destacar algunos puntos de su moción en los que consideramos que hay evidentes imprecisiones, algunos datos que no se ajustan a la realidad e interpretaciones muy partidarias que las cuestionamos rotundamente.

Dicen que el Gobierno ha impulsado diversas medidas legislativas que han afectado a las condiciones de concesión de los préstamos cualificados VPO y VPP; que estas concesiones afectan a más de 300 000 personas. Consideran interpretación irregular y retroactiva la circular que envía la Subdirección General de Política y Ayudas a la Vivienda; se atenta contra el principio de seguridad jurídica que avala la Constitución en su artículo 9.3. Dicen que la interpretación del Real Decreto Ley 20/2012, en su artículo 35, es carente de sustento jurídico. Y por último dicen que los titulares de estos préstamos hipotecarios accedieron a ellos mediante la acreditación de unos ingresos que ya eran escasos antes de la burbuja inmobiliaria.

Estos puntos que en sí resumen su moción nos llevan a posicionamientos en contra de sus peticiones.

Le diré respecto a lo que ha impulsado a este Gobierno en materia de vivienda que en no más de dos años —diecisiete meses concretamente— se ha puesto en funcionamiento una política de vivienda sin precedentes, una batería de leyes coordinadas y contemporáneas entre sí que se ajustan perfectamente a la realidad y a la necesidad actual de España y a su coordinación con la Agenda 2020 de Europa: la Ley de Fomento del Alquiler, la Ley de Rehabilitación; las medidas de estabilidad presupuestaria; el PITVI; el Real Decreto 233 sobre el Plan de vivienda 2013-2016; la Ley de emprendedores, lógicamente en lo que afecta a la edificación; la ley antidesahucios, concretamente en ese punto; pago a proveedores, que también ha afectado a empresas relacionadas con el mundo de la edificación en régimen de alquiler. Por lo tanto, el Gobierno de Mariano Rajoy ha impulsado verdaderas medidas en esta materia.

Toda esta batería de actuaciones ¿por qué se presentan con esta celeridad, a qué se debe? Muy sencillo, al analizar la lamentable situación en la que hace dos años se encontraba este sector y ver los insuficientes instrumentos con los que se operaba. El Ministerio de Fomento, tras reubicar las consecuencias del fallido Ministerio de Vivienda, asumía un déficit de 130 millones de euros, y de la extinta Sociedad Pública de Alquiler reconocía los 37 millones de euros que no activaron ni por asomo el objetivo que se marcaron con el lamentable programa, entre ellos, de las Kelly fingers.

¿Se acuerdan de las Kelly fingers, esas diez mil zapatillas que te ayudaban a buscarte la vida —residencialmente hablando—? Tú ibas al ministerio, te regalaban unas zapatillas y pateabas la ciudad para buscar solución edilicia a tu problema. Eso sí que era inseguridad, pero de la auténtica: inseguridad programática, inseguridad política e inseguridad social hacia los más débiles, de los que tanto dicen ustedes preocuparse. Te regalamos las zapatillas y búscate la vida. Eso sí, el




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artículo 9.3 de la Constitución sobre la retroactividad de las leyes, te lo cumplo, pero el artículo 47 sobre el derecho a la vivienda digna, con las zapatillas vas que ardes.

Otro dato de partida respecto al parque de viviendas en España son los siguientes, que hay que tenerlos en cuenta —no se alteren—: 25 millones de unidades de viviendas, 58% de las cuales con más de 30 años, 6 millones con más de 50 años y el 60% construidas sin ningún tipo de normativa técnica. El número de viviendas vacías 3 500 000, lo que significa casi el 14%. El mercado del alquiler supone un 17% respecto al 83% en propiedad, y este es actualmente el auténtico problema, esta es la necesidad en la que hay que actuar en estos momentos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Y voy aclarando la moción. En ella nos hablan de más de 300 000 personas. Estamos hablando en torno a 230 000 personas, y actualmente estamos destinando aproximadamente 100 000 millones de euros al año a políticas de vivienda. Las obligaciones pendientes de pago y las obligaciones generadas a partir del 1 de enero de 2013 por el Ministerio de Fomento suponen 5291 millones en obligaciones derivadas de sus dos anteriores legislaturas. Se tiene un compromiso adquirido hasta 2038 —tú tira, apunta en la barra de hielo, ya se pagará— que se asume y se está cumpliendo. Si me permiten, les diré que comprometerse para casi una generación es excesivamente imprudente e injusto para los futuros Gobiernos y, sobre todo, para los futuros ciudadanos. Existen subsidiaciones de 10 y hasta de 25 años, piensen en niños que nacieron en esta última generación que a los 30 años llevarán seis años tributando para pagar las decisiones actuales.

Es cierto que a lo largo de la democracia se han hecho muchos planes de vivienda, fundamentalmente focalizados en el acceso a la vivienda y también en el acceso a la vivienda en propiedad, que seguramente tendremos que revisar porque se destinaron 1720 millones a la propiedad mientras solo 337 al alquiler. Esto cambia actualmente con las nuevas políticas que estamos adoptando.

Todos esos planes que aparecen en los artículos décimo y sexto sobre subsidiación de los préstamos cualificados hablaban de la revisión del periodo a cinco años, de que la efectividad de la subsidiación se podía revisar. Pues bien, esto se está respetando escrupulosamente: a aquel que ha recibido o está recibiendo esta subsidiación se le respeta. Por tanto, ninguna indefensión, ninguna vulneración de derechos tras los cinco años. Se revisa su solicitud siempre que se cumplan los plazos de la presentación a la que alude el Real Decreto 20/2012.

También queremos dejar claro que la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013 no afecta a las ayudas de subsidiación de préstamos a los promotores. Esta es una decisión política que obedece a la revisión de obsoletas y en algún caso erráticas políticas pasadas —obsolescencia en cuanto a la actual coyuntura económica de insuficiencia presupuestaria.

Dicho todo esto, creemos necesario entender y respetar la legítima potestad que todo gobierno democrático dispone para dictar normas que persigan leal y legalmente el mejor para sus administrados.

Por tanto, de ilegalidad, ninguna, de desamparo jurídico, ninguno. El Real Decreto 20/2012 se ampara jurídicamente en su totalidad y respecto a la aclaración, que tiene fecha 31 de julio de 2012 y tiene firma del subdirector general de Política y Ayuda a la Vivienda. El informe emitido el 26 de julio de 2012 por la Abogacía del Estado, también firmado, explica que la supresión de las ayudas de subsidiación no se circunscribe únicamente a este plan estatal, sino a lo que, debido al objeto de la norma de hacer frente a la coyuntura económica actual, manifiesta en la exposición de motivos el propio real decreto, y se entiende que la supresión afecta a todos los planes estatales. Por tanto, queda claro que es legal y factible revisar las políticas de vivienda, y aún más cuando los mismos planes de vivienda así lo establecen. Vayamos a los datos en este minuto treinta y dos que me queda: en 2013, a este fin de la subsidiación, se han destinado 400 millones de euros; en 2014, 260 millones —una cantidad nada desdeñable.

Y otro punto que sé que a ustedes les irrita comentar, pero es cierto que hay que hacerlo, es que la situación de la estabilidad económica en estos momentos y la situación respecto de los tipos de interés ha permitido que haya una reducción en el pago de esas cantidades de entre un 3 y un 6%. Por tanto, también es verdad que la situación de los tipos de interés nos ayuda.

Quiero terminar diciendo la batería de medidas que en estos momentos se están realizando en materia de vivienda en régimen de alquiler y de rehabilitación, que son en las que verdaderamente




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estamos trabajando. No me da tiempo, pero, como digo, las cantidades y las actuaciones se dirigen a las personas más vulnerables y además, siguiendo lo que los tiempos nos están marcando, en cuanto a la ayuda al acceso a la vivienda en propiedad, todas las comunidades autónomas se han decantado por el alquiler y la rehabilitación.

A falta de minutos, quiero terminar diciendo que los hechos demostrarán que estas políticas van a dar resultados.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ibarrondo.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 92; en contra, 152; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada. (Rumores.)

9.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MANTENER EL DIÁLOGO CON LAS REPRESENTACIONES PROFESIONALES ESPAÑOLAS PARA LOGRAR UN CONSENSO BÁSICO EN LA FUTURA LEY DE COLEGIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES.

(Núm. exp. 662/000112)

AUTOR: GPMX

El señor presidente da lectura al punto 9.3.

El señor PRESIDENTE: Señorías, a esta moción se ha presentado una propuesta de modificación firmada por los grupos parlamentarios Popular, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Vasco en el Senado y Mixto. Y también se presentó a la moción original una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que se mantiene al no haber firmado la propuesta de modificación.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Salanueva. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.—Rumores.)

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Voy a intentar explicar el porqué de la moción que ha presentado Unión del Pueblo Navarro, dentro del Grupo Mixto. No es nuevo nuestro interés ni nuestra preocupación sobre la tramitación de la futura ley de servicios profesionales, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado 2 de agosto y sobre el cual ya hemos formulado en este hemiciclo (Rumores.) diversas preguntas al Gobierno que fueron contestadas por el ministro correspondiente. Nuestro interés no es personal, sino que hemos querido ser correa de transmisión de una preocupación generalizada en todos los profesionales liberales que hay en España.

El anteproyecto ha provocado numerosas reacciones contrarias a su contenido por dos razones: por el contenido en sí mismo y por el procedimiento. Los profesionales españoles, cuyos colegiados suman más de un millón y medio de personas… (Fuertes rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, por favor, guarden silencio para poder oír a la senadora.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señora presidenta. Hoy tengo muy poca voz y la verdad es que me cuesta concentrarme.

Como decía, más de un millón y medio de colegiados españoles a través de sus conductos reglamentarios, la Unión Profesional, que representa a 35 colegios profesionales españoles que a su vez engloba a médicos, arquitectos, abogados, registradores, procuradores, farmacéuticos, veterinarios e ingenieros de todas las ramas, se han quejado, no solo del contenido del anteproyecto por lo que luego les diré, sino también de la poca participación y del poco diálogo que se ha mantenido con ellos. Por eso, señorías, consideramos que este es un momento propicio,




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no para hacer grandes declaraciones de intenciones y de medidas concretas que debe contener el futuro proyecto de ley, sino para pedir, para reclamarle al Gobierno que mantenga una interlocución con los distintos sectores que se van a ver afectados por esta ley. Estamos en el momento procedimental oportuno y creemos que es mejor llegar a tiempo y buscar ese consenso que tener que arrepentirnos luego.

La alta calidad de los servicios profesionales en España queda fuera de toda duda. Los principales motivos de queja en cuanto al contenido del anteproyecto giran en torno a tres ejes fundamentales. En primer lugar, está la colegiación. La colegiación, si no es obligatoria, provocaría consecuencias no deseadas, como es la falta de control sobre miles de profesionales, la economía sumergida, un empleo que degradaría la calidad de los servicios públicos profesionales que ahora se prestan. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, por favor, guarden silencio; si no, salgan del hemiciclo. No podemos escuchar a la senadora.

Continúe, señoría.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Muchas gracias, señora presidenta.

Los servicios profesionales, señorías, son bienes de confianza para el ciudadano; no son bienes que por el hecho de bajar su precio vayan a tener una mejor receptividad o aumentar su demanda en el mercado. El mercado del servicio profesional, señorías, funciona de forma diferente a otros mercados. El precio no marca la relación entre el prestador del servicio y el consumidor del mismo. Es una relación de confianza la que se establece entre el profesional y el cliente o el paciente, la persona que contrata esos servicios. Por lo tanto, la ley no debe concebirse solo con ansias liberalizadoras, que hasta cierto punto nos parecen bien, porque una excesiva desregulación podría provocar consecuencias no deseadas y romper esa confianza que existe entre el profesional y el ciudadano.

Además, señorías, los servicios profesionales muestran gran capacidad de flexibilidad laboral y de ajuste de precios frente al mercado laboral. Creemos que tenemos buenas condiciones para poder mejorar algunas cosas, siempre que no provoquemos consecuencias no deseadas que afectarían a la economía sumergida y producirían la desestabilización de la propia economía española.

El segundo eje, en el que no estamos de acuerdo y también recibe quejas por parte de los profesionales, es el relativo a la autorregulación. Se establece, tal y como recoge el anteproyecto, que la Administración pública competente puede convertir a las corporaciones colegiales en órganos administrativos inferiores y subordinados del correspondiente departamento ministerial. A nuestro juicio, si eso fuera así —y esa es una de las preocupaciones que existen—, no solo se vulneraría el espíritu de la Constitución contemplado en su artículo 35, sino que además tendría efectos negativos de orden social y democrático. También tendría un impacto económico negativo y una degradación institucional que no sería buena en un modelo colegial maduro como este que, como otros muchos, puede ser objeto de mejora y de posibles reformas, pero no tal y como se plantean en el anteproyecto.

Y exigimos medidas que mejoren la interlocución, algo que no se prevé en el anteproyecto de ley. No hablamos solo de la interlocución para llegar a acuerdos, del diálogo y del consenso previo a la aprobación definitiva del proyecto de ley, hablamos de una interlocución institucional. Es preciso que se institucionalice para el buen funcionamiento de los colegios profesionales. Se trata de que el Gobierno y los colegios y organizaciones profesionales de ámbito nacional puedan hacer un seguimiento de la normativa estatal, autonómica, europea e internacional que afecta a las profesiones, de forma que se regule de una manera más cohesionada y equilibrada.

A nuestro juicio, señorías, esto es posible y la oportunidad que tenemos al presentar esta moción de hablar, de manifestar, de expresar la preocupación social que hoy existe nos debe llevar a transmitir, en nuestra obligación de control al Gobierno, esa preocupación al Gobierno para que la interlocución sea mayor.

Hemos firmado una enmienda transaccional con el Grupo Popular, que han firmado también otros grupos que supongo que la apoyarán, en un sentido que varía muy poco nuestra petición inicial —que, como les decía, es la búsqueda de consenso y mayor diálogo—, porque creemos que es importante que el Grupo Parlamentario Popular se incorpore a esta moción. Ya sé que




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podíamos haber sido más ambiciosos y haber marcado objetivos más concretos —hay una enmienda del Grupo Socialista que habla muy concretamente de la justicia, con una serie de principios generales que no nos parecen mal—, pero consideramos muy importante que el Grupo Popular —por supuesto que espero contar también con el apoyo de todas sus señorías— se incorpore porque tiene una gran responsabilidad, es el grupo que sustenta al Gobierno y su incorporación a esta moción nos puede dar garantías de que van a seguir remando —me consta que a título particular muchos de ellos lo están haciendo— en esa dirección de la búsqueda del acuerdo.

Se dice desde el Gobierno que esta ley tendrá un impacto económico de 7000 millones de euros, pero también sabemos que hay informes que desmienten eso, que no es así, que los impactos económicos no van a ser obligatoriamente en positivo. Esta idea se ha desmontado porque en sucesivos informes se dice que no se incrementa el mercado de actividades jurídicas ni el conjunto de la economía nacional, sino que se puede deteriorar significativamente. No tenemos la certeza de que vaya a ocurrir una cosa ni la contraria, sino que, insisto, es el momento de hablar.

El anteproyecto tiene como objetivo mantener la competitividad en el sector servicios y, con carácter general, el sector servicios en España es bastante competitivo, por lo que una legislación muy liberalizadora tendría consecuencias, a nuestro juicio, limitadas si no negativas. Tenemos un modelo de servicios profesionales con precios ajustados. Hay comparativas con países como Italia, Francia y Reino Unido que dicen que los precios de los profesionales españoles no son los más altos ni mucho menos del conjunto de la Unión Europea. Tenemos un número de profesionales importante, no ha habido restricción con carácter general de acceso de los profesionales al ejercicio de las distintas profesionales; por lo tanto, ese es un derecho que hay que garantizar pero que entre nosotros de facto ya se viene garantizando. Quizá España es el único país —y pongo el ejemplo de lo que más conozco, que es el mundo de los abogados— que no tiene un sistema de acceso, un examen de acceso; sí está aprobado legalmente, pero no se ha puesto ni siquiera en marcha bien la exigencia del cumplimiento de la Escuela de Práctica Jurídica bien un examen de acceso a la profesión de abogado. Habrá que hablar de cuestiones concretas de los distintos colegios. Estoy pensando en el de abogados nuevamente: el tema de los colegios territoriales, la colegiación en el colegio de residencia —no es un capricho el pretender mantenerlo— y habrá que hablar de esas y otras cuestiones, porque tienen un sentido muy importante por el tema de la prestación del turno de oficio y la asistencia al detenido en armonía con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

En definitiva, señorías, como les decía y por ir recapitulando, no queremos imponer criterios concretos, sino ser una herramienta para el diálogo, para el consenso, para la búsqueda de acuerdos en un momento en el que es posible. El anteproyecto está aprobado, ha habido una fase de alegaciones en la que creo que no se ha sido muy receptivo, pero antes de la aprobación definitiva del proyecto —porque sabemos lo que pasa luego en los trámites de enmiendas, que siempre pueden cambiar cosas— nos parece fundamental el diálogo con los profesionales españoles que, como les decía, son, ni más ni menos, millón y medio de personas que con mucho esfuerzo muchos de ellos están aguantando momentos críticos para sus profesiones debido a la crisis y también a los nuevos mercados regulatorios.

Por lo tanto, señorías, queremos pedir su apoyo, queremos dar una oportunidad al Gobierno para que ese acuerdo se produzca y ser una herramienta, espero que útil, para poder llegar luego a un texto que dignifique las profesiones españolas, que no se deje llevar por cantos de sirena en todo lo relacionado con los impactos económicos —que en muchas ocasiones no serían tales—, sino que tenemos que ofrecer la mejor calidad de los servicios a los ciudadanos españoles.

Por mi parte, nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenos días, señorías. Un 20 de noviembre de hace treinta y ocho años fue un día feliz para la democracia española; un 20 de noviembre de hace dos años fue un día desgraciado para muchos españoles y hoy, dentro de unas horas, otro 20 de noviembre, será un día desafortunado




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para toda la comunidad educativa española y para los jóvenes que hoy, por ejemplo, nos acompañan en esta Cámara. Así estamos hoy celebrado el Día Universal del Niño. Una buena forma de empezar.

El Grupo Mixto, a iniciativa de la senadora Salanueva, ha presentado una moción, necesaria, a nuestro entender, que se ha desfigurado bastante con la transacción realizada, porque el proyecto de ley que se cuestiona es una norma meramente teórica que desconoce la realidad social que pretende regular.

Parece un texto elaborado en las aulas, fruto de una reflexión puramente académica, pero que se ha desligado totalmente de la práctica en términos absolutos. Es un texto que tiene un espíritu claramente liberalizador y que, además, se desprende del marco jurídico básico. Un texto, señorías, que el Gobierno ha confeccionado sin tener en cuenta las consecuencias. De ahí que la moción de la senadora Salanueva inste al Gobierno a mantener el diálogo con las representaciones profesionales españolas. Pero es que ahora no sirve decir que hay seguir dialogando, porque seguir dialogando viene a significar continuar con algo que se ha empezado y esto es radicalmente falso. Los abogados, los médicos, los farmacéuticos o los veterinarios, los arquitectos, los ingenieros, tienen el derecho y la obligación de aportar su opinión y su conocimiento. Y esa oportunidad no la han tenido, a pesar de ser un texto legal que les afecta y el Gobierno del señor Rajoy tendría que haber tenido la obligación y el deber de escucharles y todavía no lo ha hecho.

Hasta ahí la moción de la señora Salanueva es correcta, pero en nuestra opinión le falta algo. Por eso, presentamos nuestra enmienda, que pensamos, de verdad, que mejora la moción presentada. Creemos que el Gobierno del Partido Popular, además de dialogar, debe garantizar el correcto desarrollo de la actividad profesional y deontológica de los profesionales, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si el Gobierno hubiera dialogado antes con la representación institucional de los profesionales, seguro que nos hubiéramos ahorrado muchos de los disgustos y preocupaciones y del malestar general y de la incertidumbre que el texto ha generado en más de un millón y medio de profesionales. Seguro que, además, este texto sería más útil y mejor, porque no es lo mismo, señorías, trabajar conjuntamente desde el principio que discutir o alegar algo cuando se hace a posteriori contra las propuestas unilaterales del Gobierno.

Con el texto legislativo queda muy clara una cosa, que a este Gobierno le molesta la autonomía y la independencia de los colegios profesionales. Los quiere tener políticamente controlados y, por eso, nosotros mantenemos que la incorporación a un colegio profesional garantiza a los usuarios, a los clientes, a los pacientes, la buena práctica de los profesionales que les atienden. Y nos reafirmamos en la independencia de las instituciones colegiales que garantizan los derechos de los ciudadanos. Si se suprime la colegiación obligatoria, el desamparo de los ciudadanos va a ser evidente y van a ser los propios perjudicados frente a un desvío posible de un ejercicio profesional, porque los colegios profesionales procuran la preponderancia del buen servicio profesional sobre el ánimo de lucro. Los colegios regulan la calidad, la eficacia y la garantía de los servicios que se prestan. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Los colegios profesionales, señorías, son los valedores de que la prestación de los servicios esté rodeada de las máximas garantías de idoneidad necesarias para que los ciudadanos reciban los mejores servicios y para que los profesionales presten los mejores servicios en condiciones de competencia ética y deontológica. Por eso hemos presentado esta enmienda, para que el Gobierno, además de empezar a dialogar —aunque sea tarde, mal y nunca— asegure un correcto desarrollo de las actividades y de la deontología profesional y, por lo tanto, no se perjudique al experto que presta el servicio ni a quien lo recibe, el usuario que, en definitiva, es el ciudadano.

Por todo ello, esperamos que se entienda nuestra propuesta y se acepte la enmienda que hemos presentado.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Mixto, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.




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La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente.

Como decía en mi anterior intervención, compartimos con carácter general la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, aunque se especifica demasiado en relación con la justicia, cuando nuestra intención es ampliar las peticiones a todos los colegios profesionales. Sin embargo, creo que no es el momento de analizar el contenido concreto de la ley. Vamos a dejar dialogar a los profesionales, que eso es lo que queremos.

Por otra parte, en la enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Popular en vez de: mantener un diálogo —que es lo que nosotros pedíamos—, se dice: seguir manteniendo. Se trata de matices, pero como dirían mis hijos —y perdonen la expresión—, aceptamos pulpo como animal de compañía, ya que lo que nos interesa es que el Grupo Parlamentario Popular, partido que sustenta al Gobierno, sirva de correa de transmisión para que ese diálogo sea real, posible y sirva para algo esta moción. Sinceramente, lo que queremos es que esta moción sirva, sea útil.

Agradezco la aportación del Grupo Parlamentario Socialista, pero en estos momentos no puedo aceptar su enmienda.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador señor Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero manifestar la posición del Grupo Parlamentario Popular en contra de la enmienda que formula el Grupo Parlamentario Socialista. Se trata de una enmienda de adición a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y respecto de la que el Grupo Parlamentario Popular quiere manifestar…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señor Fernández de Moya, el turno en contra es con respecto a la moción, no con respecto a la enmienda.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por parte del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora señora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Sin entrar en la concreción de los aspectos que contempla el anteproyecto de ley de servicios profesionales, aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto —pues, tal y como ha citado la senadora Salanueva, ya tendremos tiempo durante la tramitación parlamentaria de poder debatir sobre ello—, sí podemos constatar que se trata de un asunto complejo. Tal y como se cita en la parte expositiva de la moción nos encontramos en un momento procesal oportuno para poder abordar cuestiones que preocupan. Preocupan a muchos afectados, puesto que no son pocas las voces que se han hecho oír manifestando las incertidumbres, desacuerdos y, en el fondo, preocupaciones en torno a este asunto. Por ello, no podíamos estar en desacuerdo con lo planteado en la moción, algo tan importante como mantener el diálogo con las representaciones profesionales españolas para lograr un consenso básico en la futura ley de servicios profesionales centrándolo en los tres ejes que se planteaban: la colegiación, la autorregulación y la interlocución.

Consideramos que esta normativa debe obtener un grado de consenso profundo, ya que cruza totalmente la actividad social, y de no ser así tendríamos consecuencias negativas. Entendemos que es quizá el momento de prevenir situaciones traumáticas que se pudieran generar en torno a ello. Por lo tanto, creemos que debemos medir las decisiones y tomarlas con un consenso social e institucional; como debería ocurrir, dicho sea de paso, con el resto de las decisiones que se toman. Respecto a esa línea de consenso me gustaría añadir algún matiz. Valoramos positivamente la posición de la senadora Salanueva aceptando la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, a pesar de no ser muy real, pues hasta ahora no se ha producido ese diálogo. También podemos valorar como una postura acertada el hecho de agrupar o acercar al grupo mayoritario, porque, de lo contrario, como ya se ha dicho, no tendría ningún sentido la moción. Pero no estaría mal que el grupo mayoritario también tomara nota, de manera que en otras ocasiones hiciera el ejercicio de pensar que también convendría atraer hacia su posición a otros grupos, que, aun no siendo




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mayoría, también podrían aportar otros puntos de vista. En aras de un mayor consenso, aunque —repito— no solo en este ámbito es importante escuchar a los afectados, porque en casi todas las tramitaciones legislativas o cualquiera de los asuntos aquí tratados deberían tener esa premisa, sino también respecto de los grupos aquí presentes —lo que no siempre sucede, por no decir casi nunca—.Por lo tanto, entendiendo que es un momento en el que los afectados tienen que sentirse escuchados y porque en el ejercicio de nuestra responsabilidad debemos hacer un esfuerzo para lograr un consenso, apoyaremos la moción presentada.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Senyors i senyores senadors, l’avantprojecte de llei de serveis professionals es deriva —i és necessari que n’hi hagi un en aquest sentit— de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, que desenvolupava la Directiva de serveis de la Unió Europea. Aquesta llei mandata el Govern perquè desenvolupi un projecte de llei —en aquest cas l’avantprojecte, però després el projecte— per regular l’accés i l’exercici de les professions que requereixen titulació.

Ara bé, és un avantprojecte de llei que es pot qualificar com a mínim de desafortunat. Només cal, aprofitant els avantatges que avui dia ofereixen les comunicacions via Internet, posar en un cercador el nom de l’Avantprojecte de llei de serveis professionals i surt una gran quantitat, infinita, diria jo, d’oposicions a l’avantprojecte de llei de tots els sectors professionals i d’infinitat de col·lectius que mostren la seva disconformitat.

És evident que el Govern ha actuat, com denuncien molts d’aquests col·lectius, amb falta de transparència. Ho han fet amb una certa ocultació del que anaven fent. A més a més, han elaborat una norma que ignora completament la realitat d’alguns professionals i dels seus col·legis, i sobretot que incorpora també el que serien uns prejudicis totalment injustificats cap a les organitzacions col·legials. Hi ha un recel cap al que significa el món dels col·legis professionals i, per tant, s’intenta substraure al control dels col·legis professionals l’exercici d’aquestes activitats. A més a més, amb l’agreujant que fins i tot en les professions per a les quals hi ha una exigència clara de col·legiació, en què apareix aquesta nítidament exigida per raons d’interès públic, encara fins i tot en aquests casos es queden fora de control i fora de col·legiació determinades activitats. Seria el cas dels col·legis d’advocats i d’altres que veuen com es pot exercir l’activitat sense necessitat de col·legiar-se en determinades circumstàncies, com és el fet de prestar els serveis d’assessorament treballant per a tercers.

I finalment, aquesta llei, aquest avantprojecte de llei probablement vulnera fins i tot —i s’ha dit en anteriors intervencions— el mateix article 36 de la Constitució espanyola, que és el que regula precisament l’activitat i l’exercici dels col·legis professionals. Hi ha un informe, fet pel despatx d’un dels pares de la Constitució, de Miquel Roca Junyent, que precisament adverteix de la més que probable inconstitucionalitat d’aquest avantprojecte de llei. Ens trobem, per tant, amb un document, un text, que, cas de convertir-se en llei, realment generaria una situació no només de malestar, que ja l’ha generada, sinó sobretot de dificultat i de fins i tot atemptat contra els drets dels usuaris i dels consumidors, dels clients d’aquestes activitats professionals, precisament per la desregulació de l’activitat professional, fruit d’una actitud del Govern, com he dit abans, de desconfiança cap al món col·legial.

Per tant, és absolutament urgent i imprescindible, en aquest sentit compartim el sentit de la moció presentada per la senadora Salanueva d’Unión del Pueblo Navarro, perquè s’obri el diàleg, s’iniciï la negociació realment, perquè fins ara no s’ha fet, i que a partir d’aquest diàleg, d’escoltar tots els sectors professionals, realment sigui possible elaborar un projecte de llei, un avantprojecte, un projecte i finalment la llei, en línia amb el que és necessari que s’adapti a les necessitats de la nostra societat i de l’exercici de les professions i dels titulats professionals.

Per tant, subscrivim el text de la moció i li donarem suport. No hem subscrit la transaccional, i compartim el que en aquest sentit argumentava el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, en la mesura en què entenem que el Govern no ha fet cap esforç de diàleg fins ara. Entenem la voluntat de la senadora Salanueva d’intentar que el grup que dóna suport al Govern, el Grup Popular, pogués acceptar-ho perquè s’aprovi la moció, però entenem que és fer-li un reconeixement al




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Govern, una acceptació que hi ha hagut una voluntat de diàleg, quan aquesta és totalment inexistent perquè no s’ha dialogat. Ho diuen els col·legis professionals, que no són sospitosos de partidisme, però suposar que els col·legis estan en contra del Govern abunda en aquesta direcció de desconfiança cap al món col·legial, i no és el cas. Simplement, estan defensant l’exercici de la professió i el control i la garantia que donen els col·legis professionals de l’exercici, de la qualitat dels serveis que presten. No hi ha hagut diàleg, és necessari que s’iniciï, i per això el Grup Parlamentari de l’Entesa pel Progrés de Catalunya donarem suport a la moció que es planteja des del Grup Parlamentari Mixt per la senadora Salanueva.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, el anteproyecto de ley de servicios profesionales se deriva —en este sentido, es necesario que exista un anteproyecto— de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, que desarrolla la directiva de servicios de la Unión Europea. Esta ley mandata al Gobierno para que desarrolle un proyecto de ley —primero anteproyecto y después proyecto de ley— para regular el acceso y ejercicio de las profesiones que exigen titulación.

Ahora bien se trata de un anteproyecto que se puede calificar al menos de desafortunado. Aprovechando las ventajas que ofrecen las comunicaciones por Internet, basta con utilizar un buscador, colocar el nombre del anteproyecto de servicios profesionales y aparecerá una larga lista, casi infinita, de oposiciones al anteproyecto de ley de todos los sectores profesionales, así como de un sinfín de colectivos que muestran su disconformidad.

Es evidente que el Gobierno ha actuado, como denuncian muchos de estos colectivos, con falta de transparencia, lo ha hecho; también con una cierta ocultación de lo que iban realizando. Además, han elaborado una norma que ignora totalmente la realidad de algunos profesionales y de los colegios profesionales, pero, sobre todo, incorpora una serie de prejuicios totalmente injustificados hacia las organizaciones colegiales. Existe un recelo respecto a lo que implica el mundo de los colegios profesionales y se intenta sustraer del control de estos colegios el ejercicio de estas actividades, con la agravante además de que incluso en las profesiones en las que existe una exigencia clara de colegiación por razones de interés público, incluso en esos casos, quedan fuera de control y colegiación determinadas actividades, como es el caso de los colegios de abogados y otros, que ven cómo se puede ejercer su actividad sin necesidad de colegiarse en determinadas circunstancias, como prestar servicios de asesoramiento trabajando para terceros.

Por último, este anteproyecto de ley probablemente vulnera —se ha mencionado ya en anteriores intervenciones— el mismo artículo 36 de la Constitución Española, que es el que precisamente regula la actividad y el ejercicio de los colegios profesionales. Existe un informe realizado por el despacho de uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca Junyent, que advierte de la más que probable inconstitucionalidad de este proyecto de ley Así pues nos encontramos con un texto que, de convertirse en ley, generaría una situación, no tan solo de malestar, que ya lo ha generado, sino, sobre todo, de dificultad e, incluso, de atentado contra los derechos de los consumidores y los clientes de estas actividades profesionales, precisamente por la desregulación de la actividad profesional, fruto de la actitud de un Gobierno, como ya he dicho, de desconfianza para con el mundo colegial.

Así pues, resulta absolutamente urgente e imprescindible, de ahí que compartamos el sentido de la moción presentada por la senadora Salanueva, de Unión del Pueblo Navarro, puesto que debe abrirse el diálogo, reiniciarse la negociación real porque hasta la fecha no ha sido así. Si se abre el diálogo y se escucha a todos los sectores profesionales será posible realmente elaborar un anteproyecto, un proyecto de ley y finalmente una ley que recoja lo necesario, adaptándose a las necesidades de nuestra sociedad para el ejercicio de las profesiones y los titulados profesionales.

Por consiguiente, suscribimos el texto de la moción y vamos a darle nuestro apoyo. Compartimos lo que argumentaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista porque entendemos que el Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo de diálogo. De ahí que la voluntad de la senadora Salanueva haya sido intentar que el grupo que apoya al Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la aceptara y, con ello, se aprobara esta iniciativa, pero entendemos que ello significaría reconocer que el Gobierno ha tenido voluntad de diálogo cuando no ha sido así, además, los mismos colegios profesionales lo han dicho, y estos colegios no son




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sospechosos de partidismo, pero —digamos— están en contra del Gobierno y eso abunda en esa dirección y desconfianza. No es el caso, están desarrollando su profesión, y el control que ejercen estos colegios profesionales precisamente garantiza la calidad de los servicios que prestan. No ha habido diálogo, es necesario que se inicie y por eso el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya va a dar su apoyo a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la senadora Salanueva.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

L’avantprojecte de llei de serveis professionals que va aprovar el Consell de Ministres el dia 2 d’agost de 2013, ha provocat, durant el tràmit d’audiència i d’informació pública, nombroses reaccions contràries a les reformes contingudes en el text, per tal com s’entén que afecten greument la independència dels col·legis professionals. Les principals discrepàncies que s’expliquen en el text justificatiu de la moció presentada fan referència a tres conceptes fonamentals: la col·legiació, l’autoregulació i la interlocució, i es demana —considerem que encertadament— el manteniment del diàleg amb les representacions professionals espanyoles fins a assolir uns acords bàsics. Considerem que, atesa la indubtable rellevància social, econòmica, jurídica i política d’aquest avantprojecte de Llei, el diàleg amb la representació institucional de les professions l’enriquiria. Justament, l’objectiu de la Moció presentada és que no s’interrompi el diàleg entre el Govern de l’Estat i els representants dels professionals. Considerem convenient donar suport a qualsevol actuació que propiciï el diàleg i l’entesa, que permeti l’apropament de les posicions enfrontades en termes que afecten les professions col·legiades i la prestació dels serveis professionals.

Volem afegir, però, que s’insti al Govern no només que no s’interrompi el diàleg, sinó que s’estableixi en els casos en què aquest ha estat inexistent o s’ha produït de manera insuficient. Mitjançament l’acceptació de l’esmena del Grup Popular, sembla com si ja s’estigués mantenint un diàleg, però és que aquest diàleg s’ha d’ampliar moltíssim i s’ha d’intensificar. Cal destacar que la interlocució del Govern de l’Estat amb els governs autonòmics i amb les corporacions professionals d’àmbit de Catalunya ha estat inexistent. Cal, doncs, posar de manifest aquesta circumstància i instar el Govern a dialogar fins i tot amb interlocutors diferents dels que ha tingut fins ara en aquest moment. En el cas de Catalunya, és imprescindible el diàleg amb el Govern de l’Estat per a la defensa de les competències exclusives en matèria de col·legis professionals conferides per l’Estatut d’Autonomia, atès que l’atribució d’un caràcter bàsic a la totalitat de l’articulat de l’Avantprojecte de llei impossibilita l’exercici de les competències atribuïdes pel bloc de la constitucionalitat a la Generalitat de Catalunya. No podem obviar el fet que aquesta llei no només pot vulnerar competències, no només pot restringir la llibertat i l’autonomia dels col·legis professionals, sinó que pot suposar un perjudici directe per al ciutadà.

La rellevància social, econòmica, jurídica i política d’aquest Avantprojecte de llei és indubtable. El diàleg amb la representació institucional dels professionals l’enriquiria. El diàleg i el consens són i sempre han estat molt importants en l’exercici del poder legislatiu i l’executiu, però atesa la conjuntura actual en què els nostres conciutadans han de conviure i sobreviure enmig d’una crisi econòmica brutal, amb unes xifres d’atur desbocades i amb la manca de credibilitat dels polítics, cal, més que mai, dialogar i consensuar.

Per aquest motiu, intentant arribar al major consens possible, donem suport a la moció presentada, tot i que a l’esmena del Grup Parlamentari Popular no podem donar-hi suport, atès que no es pot continuar fent un diàleg que no s’està portant a terme, sinó que es pot ampliar.

Gràcies, senyor president.

El anteproyecto de ley de servicios profesionales que aprobó el Consejo de Ministros el día 2 de agosto de 2013 ha provocado, durante el trámite de audiencia y de información pública, numerosas reacciones contrarias a las reformas contenidas en el texto, puesto que se entiende que afectan gravemente a la independencia de los colegios profesionales. Las principales




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discrepancias que se explican en el texto justificativo de la moción presentada se refieren a tres conceptos fundamentales: la colegiación, la autorregulación y la interlocución y se solicita —pensamos que de forma acertada— el mantenimiento del diálogo con las representaciones profesionales españolas hasta alcanzar unos acuerdos básicos. Pensamos que, dada la indudable relevancia social, económica, jurídica y política de este anteproyecto de ley, el diálogo con la representación institucional de las profesiones podría enriquecerlo. Precisamente, el objetivo de la moción presentada es que no se interrumpa el diálogo entre el Gobierno del Estado y los representantes de los profesionales. Consideramos conveniente apoyar cualquier actuación que propicie el diálogo y el entendimiento, que permita el acercamiento de las posiciones enfrentadas en términos que afectan a los profesionales colegiados y la prestación de servicios profesionales.

Sin embargo, queremos añadir que debe instarse al Gobierno no tan solo a que no se interrumpa el diálogo, sino a que se establezca en los casos en los que ha sido inexistente o se ha producido de forma insuficiente. Mediante esta aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado parece como si este diálogo se estuviera ya manteniendo, pero debe ampliarse e intensificarse muchísimo. Debemos destacar que la interlocución del Gobierno del Estado con los Gobiernos autonómicos y con las corporaciones profesionales del ámbito en Cataluña ha sido inexistente. Así pues, debemos poner de manifiesto esta circunstancia e instar al Gobierno a que dialogue, incluso, con interlocutores distintos de los que ha tenido hasta la fecha. En el caso de Cataluña es indispensable el diálogo con el Gobierno del Estado para defender las competencias exclusivas en materia de colegios profesionales que confiere el Estatuto de Autonomía dado que la atribución de un carácter básico a la totalidad del articulado del anteproyecto de ley imposibilita el ejercicio de las competencias atribuidas por el bloque de la constitucionalidad a la Generalitat de Catalunya. No podemos obviar el hecho de que esta ley no solo puede vulnerar competencias, restringir la libertad y la autonomía de los colegios profesionales, sino que puede suponer un perjuicio directo para el ciudadano.

La relevancia social, económica, jurídica y política de este anteproyecto de ley es indudable. El diálogo con la representación profesional lo enriquecería. El diálogo y el consenso son y siempre han sido muy importantes en el ejercicio del Poder Legislativo, pero, dada la coyuntura actual en la que nuestros conciudadanos deben convivir y sobrevivir en medio de una crisis económica brutal, con unas cifras de desempleo desbocadas y la falta de credibilidad de los políticos, tenemos que dialogar y consensuar más que nunca.

Por eso, tenemos que alcanzar el máximo consenso posible y damos apoyo a la moción presentada, pero no a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular porque no se puede seguir realizando un diálogo que no se ha llevado a cabo sino que hay que iniciarlo y ampliarlo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, es tal la obsesión del Partido Popular por oponerse a lo que dice el Partido Socialista que hasta piden la palabra para abrir un turno en contra en relación con una enmienda que presentamos nosotros. Es su obsesión.

Antes de nada, tengo que lamentar que la senadora Salanueva no haya apoyado nuestra enmienda. Creemos sinceramente que no solamente mejoraba la moción sino que, además, garantizaba y consolidaba las actividades profesionales y su eficacia; pero también entiendo su proximidad con el partido del Gobierno.

Hoy debatimos esta moción por el lamentable anteproyecto que el Gobierno del señor Rajoy aprobó el pasado 2 de agosto. Durante meses circularon muchos borradores, de autoría que ustedes mismos decían que era desconocida, y que el propio Ministerio de Economía no reconocía como suyos.

En ese tiempo, los profesionales y las directivas de los colegios pensaban que el Gobierno les consultaría, pero no, se enteraron por el Boletín Oficial del Estado y, además, el 2 de agosto, cuando normalmente, los que pueden, están de vacaciones.

El Gobierno dio el visto bueno a un borrador espectral, que vino a la luz realmente desde el más allá porque nadie lo tenía, y lo hizo como casi siempre, sin consenso y sin diálogo, de manera




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precipitada, introduciendo confusión y partiendo de una liberalización mal entendida; una liberalización que va a suponer una desregulación, con la consiguiente pérdida de calidad y de garantías, y perjudicando ―como casi siempre― a los ciudadanos españoles.

El Gobierno dice que esta ley estaba dentro de su Plan de reformas y que se fundamenta en las peticiones de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea. Señorías, esto les sirve como justificación, pero lo cierto es que el Gobierno se oculta tras estas directrices europeas para hacer otro recorte más. Hoy toca el de los colegios profesionales y dentro de un rato tocará el de la educación.

Con esta norma no avanzamos nada ni ahorramos nada tampoco; con esta norma volvemos al pasado, a tiempos yo diría que antidemocráticos, que interfieren peligrosa y negativamente en una facultad esencial e irrenunciable de los colegios: el control deontológico de los profesionales. Incluso con esta norma se amenaza con posibles conflictos de competencias con las comunidades autónomas.

El proyecto de ley de servicios profesionales tiene evidentes prejuicios injustificados frente a las organizaciones colegiales y, por ello, el Gobierno introduce medidas inadecuadas, olvidando que los colegios gozan de una importante garantía jurídica ―no se han dado cuenta― que es el artículo 149 de la Constitución.

Además, el proyecto está cargado de errores técnicos, como decía antes, y está desligado de la práctica profesional real. Suprime, por ejemplo, la colegiación territorial ―como decía la senadora Salanueva― en el lugar donde se ubica el domicilio profesional, reduce el número de colegios, los fusiona, tiene evidentes defectos técnicos y procedimentales, plantea un control de eficacia sobre los colegios que va mucho más allá del legítimo control de legalidad, resulta contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y es de dudosa constitucionalidad.

Por otro lado, no hay razones jurídicas de fondo para esta ley y tampoco hay razones económicas; todo lo contrario: no habrá ahorro para los ciudadanos, la Administración no economizará y, por lo tanto, es pura y simplemente intervencionismo injustificado, una intromisión arbitraria y una verdadera invasión competencial sobre los colegios. ¿Por qué? Por la falta de diálogo del Gobierno con los profesionales.

Nuevamente, si me lo permiten, le tengo que reconocer un éxito al Gobierno del señor Rajoy y es que ha conseguido levantar en pie de guerra a todos los colectivos profesionales; todos los colegios están inmersos en una contienda frontal contra esta ley porque están convencidos de que lo único que va a generar es un verdadero caos en la prestación de los servicios, como nunca se había producido en España.

El proyecto no satisface a ningún profesional y ha enervado los ánimos de expertos competentes y de los numerosos profesionales —más de millón y medio— que hay en España. Todos consideran que esta ley va a empeorar los servicios prestados y marginará a los colectivos. Va a haber profesiones que van a desaparecer y, si no, pregúntenles y consulten con los procuradores. Hay otras actividades a las que se les va a causar un daño irreparable y, por tanto, esto lo soportarán también los ciudadanos españoles, y todo por un recelo y una falta de confianza por parte del Gobierno del Partido Popular hacia las corporaciones colegiales. Apuestan, por el contario, por fórmulas administrativas que resultan más caras, menos efectivas y, sobre todo, no defienden los intereses de los ciudadanos ni de los propios profesionales. La práctica profesional, señorías —y ustedes lo saben, porque en estas bancadas hay muchos profesionales—, se basa en la libertad, la independencia y el secreto profesional. Pero ustedes reniegan de esa evidencia y apoyarán una ley de servicios y colegios profesionales otra vez en contra de todos.

Los colegios profesionales, señorías, son los valedores de la prestación de los servicios. Están rodeados de garantías y de idoneidad, necesarias para que los ciudadanos reciban una asistencia por parte de los expertos en verdaderas condiciones de profesionalidad, ética y auténtica dirección, observando que la prestación de los servicios sea una realidad y no se den situaciones, como se van a dar cuando esta ley sea una norma más de nuestro texto legal, en las que pueden ser ejercitados por personas sin ninguna cualificación o con reducida formación, y van a ejercer una actividad sin ningún tipo de control. Y esto pasará con esta ley, pasará por no hablar, por no consensuar; por no empezar a hablar con los profesionales y con los técnicos colegiales. Pero, claro, con el ánimo intervencionista que caracteriza al Gobierno del señor Rajoy, con esta ley proponen, una vez más, una tutela de la Administración sobre las corporaciones colegiales en este




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caso con facultades para intervenir incluso en el funcionamiento democrático. Además, señorías, desprecian el trabajo que realizan, menospreciando la experiencia que de sobra han demostrado los colegios profesionales dejando de lado sus funciones, que, no nos olvidemos, han sido encomendadas y reconocidas, como día, por la propia Constitución Española.

Los socialistas, senadora Salanueva, apoyaremos la moción a pesar de no haber aceptado nuestra enmienda, y lo haremos porque consideramos que el diálogo y la búsqueda de consenso es una obligación que tiene el Gobierno, y porque nos oponemos de raíz a este proyecto de ley de servicios profesionales. Nosotros sí apostamos por la reforma de las corporaciones colegiales para mejorarlas bajo el criterio de transparencia, que no lo ha habido, y de claridad, que tampoco lo ha habido; bajo principios de modernidad, realistas e innovadores, ninguno cumplido por la ley que presenta el Partido Popular. Nosotros creemos en una reforma que redunde en una mayor protección de los colegiados y también de los derechos de los ciudadanos, y defendemos las instituciones colegiales y apostamos por consolidar unos colegios cercanos y contemporáneos, no obsoletos, desfasados e intervenidos, como pretende el Partido Popular. Apoyamos los colegios profesionales como lugar de encuentro, como lugar de formación y como lugar de información para soporte de los técnicos profesionales y para la garantía de los propios usuarios, dando seguridad al prestador de los servicios y también al perceptor de los servicios.

Por esto, señora Salanueva, avalaremos la moción que usted presenta si bien diciendo, como he señalado en la enmienda, que el Gobierno no ha discutido ni negociado nada con los profesionales, no ha empezado, tiene que empezar a partir de ahora.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, me corresponde en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado posicionar a mi grupo en relación con esta moción formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto por la senadora Salanueva, en virtud de la cual se pone encima de la mesa lo que significa y representa el diálogo que debe mantener el Gobierno de España en la tramitación del anteproyecto de ley y posterior proyecto de ley en el ámbito de los servicios y colegios profesionales.

En primer lugar, quiero mostrar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, mi gratitud a la senadora por haber aceptado esa enmienda de modificación, a través de la cual se pone de manifiesto que el Gobierno, como ahora explicaré, ha dialogado y seguirá dialogando en el entorno de este anteproyecto de ley y posterior proyecto de ley de colegios y servicios profesionales. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Ahora bien, antes de entrar en lo que significa el desarrollo concreto del posicionamiento de mi grupo con respecto a esta moción, permítanme referirme a cómo comenzaba su intervención el senador socialista —¡hay que ver lo que significa y representa para la izquierda el 20 de noviembre!—. Pero hoy, un 20 de noviembre, senadores del Grupo Parlamentario Socialista, aparece en los medios de comunicación esto (Muestra un artículo de prensa): Solbes admite que mintió en 2009. (Rumores.—Aplausos.) Hoy, un 20 de noviembre, Solbes admite que mintió en 2009 y, hoy, un 20 de noviembre, Solbes, el vicepresidente económico con el señor Zapatero: Mi error fue continuar en la II Legislatura. Hoy, un 20 de noviembre, nos hemos enterado cómo engañó a España entera el Gobierno socialista de Solbes y de Zapatero. Hoy, un 20 de noviembre. (Aplausos.) Por cierto, hoy, un 20 de noviembre, nos hemos enterado del plan que Zapatero no le aceptó a Solbes, pero que sí lo cita Solbes. Hoy, un 20 de noviembre. (Rumores.) En esa memoria histórica tan selectiva que tiene la izquierda en España… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Solo les voy a reproducir lo que decía su exvicepresidente del Gobierno y, si no lo respetan, es su problema.




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Solbes: el plan, no revelado entonces, era congelar el sueldo de los funcionarios dos años; subida del tipo de gravamen del impuesto sobre la renta; reforma de las pensiones retrasando la edad de jubilación y aumentando el período de cálculo para la determinación de la pensión. Hoy, un 20 de noviembre, España entera se entera de que el Gobierno socialista engañó masivamente a la sociedad española. (Protestas.—Aplausos.) Hoy, un 20 de noviembre. Es para que lo recuerden los senadores socialistas, un 20 de noviembre.

Señorías, el sector de los servicios a lo largo de las últimas décadas, sin lugar a dudas, ha ido ganando importancia en el ámbito de la economía española. Es importante recordar que el sector de los servicios profesionales en España genera cerca del 9% del producto interior bruto, representando en torno al 6% del empleo total y el 30% del empleo universitario.

Hasta el día de la fecha la especial incidencia que tienen algunos de estos servicios en los derechos e intereses de los ciudadanos, cuando son sus destinatarios, justifica que los servicios profesionales deban contar con un marco normativo y regulador específico y que no sea aplicable al general del sector servicios, marco regulador que deberá garantizar, en la medida de lo posible, la forma menos restrictiva desde el punto de vista de acceso al ejercicio de la actividad profesional.

La ausencia de una ley que estableciera un marco general de los servicios profesionales ha llevado a una copiosa regulación en materia normativa que está, sin lugar a dudas, fragmentada, obsoleta y resulta excesiva. En ese sentido, el propio Gobierno de España pone encima de la mesa un anteproyecto de ley que está sometido a la consideración de presente y de futuro del diálogo que va a mantener de manera permanente el Gobierno de España con los colectivos afectados, un anteproyecto de ley que consta de un título preliminar, 54 artículos, además de la serie de las correspondientes disposiciones, que quedan sometidas al permanente diálogo por parte del Gobierno de España.

Señorías, la propia interlocución con las profesiones y sus representantes ha sido, sigue y seguirá siendo constante por el Gobierno de España. Desde febrero del 2012 hasta mayo del 2013 la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía y Competitividad ha mantenido 74 reuniones con colegios profesionales. Tras la aprobación del anteproyecto se abrió un largo período de consulta pública, desde el 5 de agosto hasta el 23 de septiembre, para que los interesados pudieran presentar sus alegaciones, reflexiones, sugerencias y comentarios. Además, desde septiembre se han celebrado otras 35 reuniones con distintos colegios y asociaciones profesionales. Todo ello con el objetivo de conocer la posición y los argumentos de los colectivos profesionales, que, indudablemente, queremos recoger para que enriquezcan de manera constructiva el texto final.

Precisamente, fruto de ese diálogo por parte del Gobierno de España con los colectivos profesionales, se está trabajando en matizar algunos aspectos del texto como es el relativo a la autorregulación y, al mismo tiempo, a la independencia de los colegios profesionales. Así, el respeto a la autonomía colegial. Al mismo tiempo, para garantizar el legítimo derecho que la Administración tiene para controlar el ejercicio de unas funciones delegadas por la ley a los colegios se están reformulando, entre otros, los artículos 32 y 33 del anteproyecto de ley, aclarando los casos, circunstancias y procedimiento para realizar el control de eficacia de los colegios. Conviene no olvidar, señorías, que este control también existe respecto a otras corporaciones de derecho público, que están vigentes y que operan en la actualidad, como ocurre con las Cámaras de Comercio.

En el mismo sentido, el Gobierno está revisando el texto para eliminar los elementos que puedan ser considerados como una injerencia excesiva de la propia Administración pública en el funcionamiento colegial. Así, si bien, por ejemplo, se sigue exigiendo que el Comité de Ética y Deontología del colegio sea independiente de su órgano de gobierno, es decir, de su junta colegial, no se entrará en detalles sobre su composición, que, precisamente, deberá decidir en este caso el colegio, respetando, por tanto, la autonomía en el ámbito colegial.

En relación con la colegiación obligatoria, conviene tener en cuenta varios extremos, varias reflexiones. Los colegios profesionales voluntarios son el modelo común, en este caso, de colegiación. Algo expresado, no por el Gobierno de España, no por el ordenamiento jurídico vigente a través de leyes, sino por la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional, 3/2013, de 17 de enero, que hemos conocido este mismo año.




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En la medida en que la colegiación supone una restricción al libre ejercicio, solo debe exigirse cuando concurran los siguientes requisitos: primero, tratarse de actividades en que puedan verse afectadas de manera grave y directa, materias de especial interés general, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas. En segundo lugar, fundamentarse en la obligación de colegiación como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios.

Por lo tanto, señorías, el espíritu de diálogo, la puerta abierta del Gobierno de España a seguir trabajando de manera dialogada, consensuada un texto que, como bien se ha dicho aquí a través de la unión profesional, representa a un millón y medio de profesionales en este país, indudablemente, será el espíritu que guíe al Gobierno de España en el presente y en el futuro, como APL, como anteproyecto de ley, como proyecto de ley, y a la espera de los informes vinculantes, entre otros, del propio Consejo de Estado.

Siempre será ese el espíritu de diálogo hasta la extenuación, el que mantendrá el Gobierno de España respecto a este proyecto de ley, que, sin duda, hoy se debate desde la perspectiva de una moción formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. Es decir, un 20 de noviembre, el 20 de noviembre en el que nos enteramos del engaño de Zapatero y de Solbes a la sociedad española, y un 20 de noviembre en el que democráticamente el pueblo y la sociedad española otorgaron una mayoría política y social muy amplia para sacar a España adelante de la ruina que dejaron ustedes, los socialistas. (Rumores.—Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fernández de Moya.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación a la moción del Grupo Parlamentario Mixto, firmada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Catalán en el Senado Convergència i Unió, Vasco en el Senado y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 243.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada. (Aplausos.)

10. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

10.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

10.1.1. CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN BUENOS AIRES EL 11 DE MARZO DE 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000096)

10.1.2. ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL BLOQUE FUNCIONAL DE ESPACIO AÉREO DEL SUROESTE (SW FAB), HECHO EN LISBOA EL 17 DE MAYO DE 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000097)

10.1.3. ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA LA MEJORA DEL CUMPLIMIENTO FISCAL INTERNACIONAL Y LA APLICACIÓN DE LA LEY ESTADOUNIDENSE DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE CUENTAS EXTRANJERAS, HECHO EN MADRID EL 14 DE MAYO DE 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000098)




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10.1.4. ACUERDO INTERNO ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO, RELATIVO A LA FINANCIACIÓN DE LA AYUDA DE LA UNIÓN EUROPEA CONCEDIDA CON CARGO AL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL PARA EL PERÍODO 2014-2020 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ACP-UE Y A LA ASIGNACIÓN DE AYUDA FINANCIERA A LOS PAÍSES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR A LOS QUE SE APLICA LA PARTE CUARTA DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN LUXEMBURGO Y BRUSELAS EL 24 Y 26 DE JUNIO DE 2013 RESPECTIVAMENTE. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000099)

El señor presidente da lectura a los puntos 10., 10.1., 10.1.1., 10.1.2., 10.1.3. y 10.1.4.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas a estos tratados internacionales. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (El senador Unamunzaga Osoro pide la palabra.)

Senador Unamunzaga, tiene la palabra.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Señor presidente, simplemente manifestar nuestra abstención al conjunto de convenios.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

¿Se puede entender, por lo tanto, señorías, concedida la autorización a la que se refiere el artículo 94 de la Constitución, con la salvedad que ha hecho el senador Unamunzaga? (Asentimiento.)

Muchas gracias.

En consecuencia, quedan autorizados.

Señorías, se suspende la sesión hasta las tres de la tarde.

Inmediatamente, a continuación, se reúne la Comisión de Reglamento en la sala Enrique Casas.

Muchas gracias.

Se suspende la sesión.

Eran las trece horas y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las quince horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes, tomen asiento, por favor.

11. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

11.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

11.1.1. PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.

COMISIÓN: CONSTITUCIONAL

(Núm. exp. 621/000046)

El señor presidente da lectura a los puntos 11., 11.1. y 11.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Piñeiro.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Con la venia, señor presidente.

Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión Constitucional sobre el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado 20 de septiembre, es decir, hace dos meses exactos. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el día 8 de octubre de 2013, tras haber sido ampliado.




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Se han presentado cuatro propuestas de veto al proyecto de ley y 269 enmiendas que paso a detallar: propuesta de veto número 1, de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; propuesta de veto número 2, de la senadora Ester Capella, del Grupo Parlamentario Mixto; propuesta de veto número 3, del senador don Alberto Unamunzaga, del Grupo Parlamentario Mixto; y propuesta de veto número 4, de los senadores Jordi Guillot y Joan Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Enmiendas: de la 1 a la 53, de los senadores don José Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto; de la 54 a la 61, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; de la 62 a la 70, del senador Unamunzaga, del Grupo Parlamentario Mixto; de la 71 a la 165, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; de la 166 a la 203, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; de la 204 a la 237, del Grupo Parlamentario Socialista; y de la 238 a la 269, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Las enmiendas números 156, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, 212, del Grupo Parlamentario Socialista, y 265, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, han sido retiradas.

La comisión, en su sesión del día 8 de octubre de 2013, designó a los siguientes ponentes: al senador Bildarratz, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; al senador Martí, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; al senador Antich, del Grupo Parlamentario Socialista; a don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista; y a doña María Rosa Vindel y a doña Elena Nevado, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Por los Grupos Parlamentarios Catalán en el Senado Convergència i Unió y Mixto fueron ponentes la senadora Rieradevall y el senador Unamunzaga, respectivamente. La ponencia emitió un informe la pasada semana, es decir el día 13 de noviembre de 2013, y aceptó los siguientes acuerdos: primero, se incorporan por mayoría las enmiendas 238, 239, 241 a 264 y 266 a 269, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y es objeto de una corrección la enmienda número 269. Segundo, se incorpora por unanimidad la enmienda 218, del Grupo Parlamentario Socialista. Tercero, se incorporan por mayoría las siguientes enmiendas: 159, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, coincidente con la enmienda número 230, del Grupo Parlamentario Socialista; la 160, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, coincidente con la 231, del Grupo Parlamentario Socialista; y la 161, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, coincidente con la enmienda número 232, del Grupo Parlamentario Socialista, con una corrección. Cuarto, se incorporan por mayoría una serie de correcciones técnicas para subsanar distintos errores terminológicos y gramaticales que afectan a distintas disposiciones y artículos del presente proyecto de ley. Quinto, se incorpora por mayoría una enmienda transaccional al artículo 3 b) del proyecto de ley, sobre la base de las enmiendas 240, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y 166, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Se incorpora, asimismo por mayoría, una modificación del artículo 5.4 del proyecto de ley y una corrección al artículo 8.1 h).

La comisión dictaminó el proyecto de ley el día 30, como he dicho antes, y aceptó como dictamen el informe de la ponencia.

Por último, para su debate ante el presente Pleno, se han formulado nueve votos particulares. El número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a las enmiendas 204 a 211, 213 a 217, 219 a 229 y 233 a 237, y la solicitud de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 269 del Grupo Parlamentario Popular. El número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, correspondiente a las enmiendas 167 a 203. El número 3, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, correspondiente a las enmiendas 54 a 61. El número 4, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente a las propuestas de veto 1 y 3 y a las enmiendas 1 a 53 y 62 a 70. El número 5, de la señora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente a la propuesta de veto número 2. El número 6, Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, correspondiente a la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 269 del Grupo Parlamentario Popular. El número 7, de los señores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa, corresponde a la propuesta de veto número 4. El número 8, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, correspondiente a las enmiendas 142 a 155, 157 y 158, y 162 a 165. Por último, el




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número 9, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, correspondiente a las enmiendas 71 a 123.

Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que se ha llevado a cabo en la Comisión Constitucional hasta la fecha. Solo me queda manifestar —y creo interpretar el sentir de todos los miembros de la comisión— nuestro agradecimiento a la letrada doña Paloma Martínez Santamaría, por su trabajo en la comisión.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Piñeiro.

Entramos en el debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, propuesta de veto número 1, presentada por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto. Para la defensa de esta propuesta de veto, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Señorías, muy buenas tardes. Nos espera una tarde larga de trabajo, que espero que sea provechoso para todos nosotros y nosotras, y sobre todo para las personas que esperan que salgan de aquí dos proyectos de ley importantes.

El primero es el de transparencia, al que Izquierda Unida ha presentado un veto, porque nos parece que habría que rehacer la ley completamente; y paso a decir por qué nos parece que debe ser así, que habría que devolver al Congreso de los Diputados este proyecto de ley. Un proyecto de ley muy publicitado, muy anunciado; pero tan tergiversado durante su elaboración, como publicitado y anunciado, porque, al final, ha quedado en un bluf que no cumple con los principios fundamentales que debería tener una ley que garantice el derecho a saber. Permítanme fijarme en los diez principios básicos que la Coalición Pro Acceso ha elaborado, en función del derecho internacional, de los derechos humanos de las Naciones Unidas, y de la Carta de la Unión Europea. Primero: el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona; segundo: el derecho se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas; tercero: el derecho de acceso a la información se aplica a toda la información; a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada; cuarto: realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito; quinto: los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes; sexto: el principio de publicidad de la información, el secreto y la denegación de la información son la excepción; séptimo: las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas; octavo: toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas; noveno: las entidades públicas a iniciativa propia deben poner a disposición del público información básica y esencial, sin que sea necesario realizar una solicitud; y décimo: el derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente. Pues bien, señorías, de estos diez principios fundamentales; esta ley cumple uno y medio; esto es lo que vamos a tratar de demostrar.

Estamos en un momento de alejamiento de la ciudadanía de la política, de desafección política de la ciudadanía —no es cuestión de debatirlo ahora, pero sí hay que mencionarlo—, producto, desde nuestro punto de vista, de lo que ha sucedido durante todos estos años; especialmente, de lo que tiene que ver con la corrupción de los poderes del Estado a todos los niveles; ninguna institución del Estado está ya libre de sospecha. Incluso la Corona, una institución que parecía a salvo de toda sospecha, aparece cada vez más evidentemente implicada en diversas cuestiones que tienen que ver con el uso de dinero público para intereses personales. Tarde o temprano, habrá que llegar a la conclusión de que uno de los elementos que corrija el agotamiento del modelo emanado de la Transición en nuestro país —que quizá empezó hoy hace treinta y ocho años— debe basarse en la recuperación de la democracia de una forma más participativa y con una mayor implicación de la ciudadanía.

Pero para participar, señorías, hay que saber, y hay que reconocer el derecho a saber. Para decidir hay que saber, y hay que reconocer el derecho a saber. Para opinar, para expresarnos, hay que reconocer el derecho a saber. La opacidad, el oscurantismo, el secretismo, elementos que forman parte, no sé si sociológica e incluso casi antropológica, de la sociedad española, deben ser superados de una vez por todas. Y esta ley, que llega tarde, llega también mal y, tal como se




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concreta, no solamente no viene a solucionar absolutamente nada, sino que plasma de nuevo la enorme distancia que hay entre los hechos y la propaganda. Esto es lo que debatimos hoy en el Senado.

El veto que hemos presentado los senadores de Izquierda Unida es suficientemente extenso y se lo habrán podido estudiar en profundidad los que hayan tenido ocasión de leerlo; pero, por priorizar, me gustaría referirme a alguno de los puntos. En primer lugar, el derecho de acceso a la información como derecho fundamental, una petición que coincide con el proceso que se ha organizado en el Estado español, que coaliga a numerosos colectivos, organizaciones y movimientos sociales que están preocupados por la calidad de nuestra democracia y cuyas propuestas deben ser escuchadas y atendidas; muchas de ellas son la motivación de nuestro veto, y estamos absolutamente de acuerdo con ellas. En concreto, con el hecho de que esta ley debería ser una ley orgánica, ya que debería estar regulando un derecho fundamental: el derecho a la información, el derecho a saber, ligado en nuestro caso claramente, según las Naciones Unidas, a la libertad de expresión y a la capacidad de opinión. Si no, el orden de prioridad en caso de choque entre esta ley y la Ley Orgánica de Protección de Datos, será siempre favorable a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y nos podemos encontrar con la contradicción de que, por un lado, la Ley de transparencia garantice el acceso a determinadas informaciones nuestras, sobre nosotros y nosotras, sobre las señorías que estamos en esta Cámara Alta o sobre las que están en la Cámara Baja, y que, sin embargo, por la Ley Orgánica de Protección de Datos, no puedan ser, efectivamente, procesadas, aun cuando pueda tratarse de informaciones relevantes para la opinión pública a la hora de tomar determinadas decisiones que también afecten a la utilización o uso del dinero público y, en definitiva, del poder. Por eso insistimos en pedir en este veto la regulación por medio de una ley orgánica.

Otro punto de interés del veto es la publicación proactiva. El proyecto prevé que hay cierto tipo de información que debería hacerse pública en cualquier caso, aunque nadie la solicite. Nosotros creemos que es necesario —y lo expresamos también en nuestras enmiendas— un listado de la información que puede estar disponible para la ciudadanía, para facilitar así su petición. Algo tan sencillo como la formulación de un inventario de bienes de los organismos públicos y del patrimonio de los organismos públicos existentes en España; y esta ley no obliga a hacerlo.

Otra cuestión: las exclusiones; las exclusiones de este derecho a saber; la distancia que se establece en el texto entre aquellas instituciones de primera división —la Casa Real, la Cámara Alta, la Cámara Baja, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas— y las demás instituciones de nuestro país.

Especialmente lamentable, señorías, nos parece que se haya seguido un cauce tan poco transparente en ese acuerdo —a lo mejor podríamos conocer en este momento de primera mano en qué consistió— entre la propaganda que se ha venido haciendo de que la Casa Real estaba preocupada, e incluso era sujeto activo para que esta ley saliera adelante, y el doble filtro con que finalmente nos encontramos en la ley: incluso el secretario general de la Presidencia va a tener capacidad de decidir cuál es la información que se le puede solicitar a la Casa Real. Los defensores de este texto nos dirán en esta tribuna que esta ley nos pone a la vanguardia de Europa, con no sé cuántos años de retraso, en cuanto a acceso a la información. Pero saben ustedes, señorías, que en Europa, donde aún quedan casas reales, la ciudadanía conoce en qué se gasta la Casa Real cada céntimo de dinero público que se le destina. Claro, se trata del máximo funcionario del Estado; y no parece transparente que no nos digan cuál es la distribución del gasto, del dinero público, del erario público, de los Presupuestos Generales del Estado que va destinado a la Casa Real; o que no sepamos en qué se gasta exactamente, cómo se reparte se dinero; o cómo afrontan sus enormes dificultades económicas las infantas, que se tienen que ir a vivir de alquiler; o cómo afronta el gasto el príncipe heredero de la Corona del Estado español; o —algo que también me parece muy importante— con quién se ve y para qué el jefe del Estado, con quién se reúne y con qué objetivo y que saca a cambio. Para poder eliminar las sospechas, para poder disipar los rumores, lo que hace falta, señorías, es transparencia. Este país ha sido descrito por muchos foráneos que nos han estudiado, desde Washington Irving hasta ahora, como un país de cotillas. Claro, el cotilleo se basa en la ausencia de transparencia. Con transparencia, se acabaron los cotilleos, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Los rumores surgen, y pueden ser ciertos, o no; incluso, podrían ser susceptibles de ser llevados ante los tribunales.




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Pero como no podemos saber, como no podemos conocer, es absolutamente imposible. Y luego aparecen las instituciones, con su supuesta independencia, para decirnos que determinadas acciones no son objeto de procesamiento, como hemos podido comprobar durante las últimas semanas con la negativa a implicar directamente a la infanta en un asunto que huele mal. Bueno, pues estos son algunos de los elementos que nos gustaría que se incluyeran en esta ley, y que dan justificación a nuestro veto.

Por otra parte, regular el silencio administrativo y disponer cuándo debería establecerse el silencio positivo. ¿Saben que el 50% de las solicitudes de información no reciben respuesta? Además, la independencia del órgano de supervisión no está garantizada en absoluto —depende del Ministerio de Hacienda—. Por lo visto, según el texto, nos vamos a reunir aquí en una comisión y vamos a elegir entre todos a un representante, e igualmente en el Congreso de los Diputados. Tampoco se recoge ni se especifica el formato en que se suministrará la información que sea solicitada.

Por último, algo muy importante: hay que romper con la cultura del secretismo y del cotilleo en nuestro país. Para eso hace falta una actitud proactiva de las instituciones a la hora de promover el derecho de la ciudadanía a solicitar información y conocer lo que establece esta ley u otra más desarrollada —la que, desde nuestro de vista, debería ser la que estuviera aquí a debate ahora mismo—. Y algo más: formar a los empleados públicos y conseguir que la ciudadanía, a través de la educación y la difusión, conozca que tiene derecho a saber.

Como, desde nuestro punto de vista, todo esto no figura en esta ley, creemos que se ha perdido una oportunidad de oro para poner a nuestro país, a España, a la altura, como bien dicen ustedes, de los países de nuestro entorno. No solo no es así, sino España sigue en la segunda…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARISCAL CIFUENTES: …división democrática de la Unión Europea, y este proyecto de ley sigue avalando lo que acabo de decir.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Propuesta de veto número 2, presentada por la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Senadores, senadoras, buenas tardes.

Cuando hablamos de transparencia, nos referimos a algún material que permite que pase la luz; y cuando hablamos de esta ley, pretendemos que deje adivinar lo que hay detrás de cada cosa, que no se oculte nada, y que esté directamente vinculada con el derecho a saber; a saber todo de todo, lo que esconde o hay detrás de nuestras distintas instituciones.

¿A quién beneficia la transparencia? Nos beneficia a todos: a la ciudadanía —de la que nosotros formamos parte—, a la política y a la democracia. Las leyes de transparencia, y en concreto este proyecto de ley, deberían estar directamente vinculadas a la calidad democrática de nuestras instituciones, plenamente transparente, lo que en definitiva beneficiaría también a nuestra democracia. Una ley así genera confianza en la ciudadanía, la hace partícipe de los asuntos públicos y, en consecuencia, genera afección, que quiere decir participación y recuperación, en consecuencia, del vínculo que debería existir entre partidos políticos, Administración, instituciones y ciudadanía. Pero una vez más, tarde y mal, como siempre. Podían haber intentado salvar los muebles, pero ni por esas. Ya nos tienen acostumbrados a esta manera de legislar, que seguramente es para quedar bien. Seguro que ustedes se han visto obligados a presentar este proyecto de ley, forzados por la coyuntura de corrupción —y en esto no les miro únicamente a ustedes—. Seguro que este es un proyecto que viene forzado por el malestar en la calle.

Me gustaría entenderles y ver en este proyecto de ley motivos para que Esquerra Republicana pudiera retirar el veto y votarlo a favor. Pero ni por esas: tampoco en este caso han sido demasiado generosos en la aceptación de enmiendas de otros grupos; tampoco la propuesta que presentó Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados, la enmienda a la totalidad con texto alternativo, en el que dibujamos qué modelo de transparencia y buen gobierno




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pretendemos. Seguramente, ese modelo sí nos permitiría estar al nivel de los demás países de la Unión Europea. En este caso, y a pesar de algunas mejoras que se han incorporado en el trámite del Senado respecto al texto del Congreso, el proyecto de ley continúa siendo opaco; seguramente, en lo opaco ustedes se mueven o se sienten mejor.

El proyecto de ley era necesario, es oportuno, pero no lo es en los términos actuales, y no nos sitúa en el nivel de la Europa de primera, sino que nos vuelve a alejar, o les vuelve a alejar a ustedes, de Europa. Ya digo que Esquerra Republicana presentó un texto alternativo, pero también fuimos los que presentamos una propuesta de resolución, que fue aprobada por unanimidad, en el Debate del estado de la nación en el año 2010: pretendíamos que se presentase un proyecto de ley, pero no este.

Voy a detallar los motivos de nuestro veto y cuál era el modelo de ley que nosotros pretendíamos. Cuando hablamos de transparencia, nosotros hablamos de derecho de acceso a la información como derecho fundamental. Cualquiera que gestione o reciba dinero público debe dar explicaciones sobre el destino de este, también la Casa Real o la Iglesia o cualquier otra fe religiosa. Y no solo debe hacerlo garantizando la información, sino que también debe estar obligado a comparecer ante el Congreso y el Senado para ser fiscalizado. Evidentemente, existen límites al derecho de acceso a la información, los que marca la Constitución. Las limitaciones que el proyecto de ley del Gobierno prevé son tantas, que más que una ley de transparencia, se trata de una ley de opacidad. La transparencia debe ser activa. Deberíamos estar obligados a mantener una transparencia activa; debería estarlo la Administración Pública, incluyendo todas sus empresas y organismos, aquellas otras empresas con una participación pública mayor al 10% y las empresas contratadas o subcontratadas por la Administración. Además, la transparencia activa no debe incluir únicamente la información básica del organismo —organigrama, funciones, normativas, servicios, patrimonio—, sino también la información económico-presupuestaria: sobre los concursos, los contratos y las subcontrataciones, así como quién ostenta las acciones de estas empresas de subcontratación, y especialmente las modificaciones presupuestarias y económicas en la ejecución de los proyectos y los posibles incumplimientos. Asimismo, deberían ser incorporados en esta información pública los currículos, las agendas, los salarios, las remuneraciones, las dietas e indemnizaciones recibidas por los altos cargos. Especialmente, sería interesante que existiese la transparencia presupuestaria, que obliga a que los Presupuestos Generales del Estado tengan una página web en la que se enlace hasta la última factura de gasto de estos, salvo las excepciones de las que antes hablábamos

La Administración debería crear una base de datos donde las personas físicas o jurídicas puedan registrar, con un correo electrónico, que desean recibir la información que se haga pública sobre su persona o sobre un tema que le interese realizada por un determinado organismo. Al margen de las obligaciones genéricas de transparencia activa que toda la Administración pública ha de tener, algunos organismos han de dar una cierta información concreta. Por ejemplo, sobre las balanzas fiscales o información estadística comprometida con los organismos internacionales o sobre los derechos económicos y sociales para evaluar la vulneración de las personas más desfavorecidas o cualquier proyecto de norma legal, anteproyecto de ley, proyecto, decreto, reglamentos, en el momento en el que sea trasladado a cualquier otro órgano público o privado. La Administración ha de dar esta información para que se pueda contrarrestar su opinión; es decir, si hay una reforma en el sector eléctrico en el momento en el que el anteproyecto se presente al Consejo de Estado o a otro organismo público, se ha de hacer público para que la compañía eléctrica pueda contrastar su opinión.

El silencio, positivo. A él se refería antes mi compañero del Grupo Mixto, el señor Mariscal, de Izquierda Unida. Efectivamente: el silencio, positivo.

Austeridad y buen gobierno. En cuanto a austeridad, los representantes políticos somos servidores públicos y no debemos ostentar ni tener privilegios. Los espacios y medios públicos que sean de uso exclusivo y/o privilegiado deben estar claramente regulados. Asimismo, los viajes oficiales, los regalos, convites o ceremonias institucionales deben ser justificados y excepcionales y, en consecuencia, autorizados y fiscalizados por las Cámaras. Con el proyecto alternativo a la ley presentada pretendíamos aplicar al Gobierno, autoridades y altos cargos la austeridad que, dada la situación actual y la normativa que se está aplicando, han predicado.




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Otra fórmula de austeridad que nosotros planteábamos en este proyecto de ley es la imposibilidad de percibir dos o más retribuciones u otros ingresos públicos, la eliminación de las dietas, la imposibilidad de concurrir a muchos consejos de administración y el cobro de dietas por ello, y que no puedan ser acumulados —como decía— dos ingresos públicos.

El buen gobierno. Lo primero que debería hacer cualquier buen gobierno sería cumplir con las promesas electorales. Esquerra Republicana entiende la obligación del buen gobierno y que los parlamentarios cumplan con aquellos compromisos electorales para con la ciudadanía. En relación con la Agencia de la transparencia y el buen gobierno, evidentemente, esta debería ser objetiva, totalmente desvinculada del Gobierno y, de nuevo, ustedes incorporan en este proyecto de ley la dependencia de este órgano directamente de uno de los ministerios. Se repite sistemáticamente en todos aquellos órganos que deberían ser independientes porque, en definitiva, han de velar por la objetividad y, por tanto, han de controlar. Se vuelve a repetir el esquema muy suyo de control directo y en este caso siempre del omnipotente y omnipresente Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Finalmente, nosotros, en el proyecto alternativo que habíamos presentado al Congreso de los Diputados, planteábamos la necesidad de que, mediante ley, se regulasen los lobbys. Es cierto que el proyecto de ley que ha llegado del Congreso al Senado ha sido mejorado respecto del que inicialmente entró en el Congreso, pero las excepciones y límites de la ley continúan siendo tantos, tan amplios y ambiguos que en el fondo para nosotros, para Esquerra Republicana de Cataluña, sigue siendo —como decía con anterioridad— una ley de opacidad y no de transparencia.

Estos han sido básicamente, aunque existen más, los motivos que nos han llevado a plantear este veto en el Senado. Además, en atención a la escasa o nula modificación que se va a producir en el proyecto que ya se está debatiendo en el Senado, les anticipo que, mal que nos pese, nuestro voto será contrario al proyecto de ley que plantea el Gobierno del Estado, y nos pesa de verdad porque, en definitiva, como antes recordaba, nosotros fuimos los que planteamos en el debate del estado de la nación la posibilidad de elaborar una Ley de transparencia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por el señor Unamunzaga, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene su señoría la palabra.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente. Arratsalde on. Buenas tardes.

Voy a repetir una serie de argumentos que me parece que son coincidentes con los compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario Mixto porque, realmente, en los distintos vetos que se han presentado también se repiten.

Además, es necesario hacer una serie de consideraciones iniciales sobre el texto de la Ley de transparencia que ha llegado a esta Cámara. Quiero decir, en primer lugar y con total claridad, que del texto que propuso inicialmente el Gobierno al actual, el que tenemos entre manos en este momento, se han producido una serie de cambios positivos, y este es un hecho innegable. También quiero decir que, aunque destacando expresamente ―y lo quiero señalar desde esta tribuna― el papel jugado en la tramitación de esta ley por los representantes del partido que sustenta al Gobierno en el Senado, el Grupo Parlamentario Popular, así como su actitud y disposición, al final no se ha incorporado al texto ninguna de las aportaciones de Amaiur ni en el Congreso ni en el Senado y, desde luego, creo que es una auténtica lástima. Considero que es una lástima porque las enmiendas que hemos presentado podrían haber sido admisibles como propuestas de mejora del texto. Son mejoras y aportaciones a una ley que procuran el carácter expansivo en su redacción, buscando el ser ambiciosos en la elaboración de esta ley, cuya importancia compartimos porque debería dar una respuesta contundente, en un momento clave, sobre un tema ante el que la ciudadanía demanda un paso adelante firme y decidido por parte de los partidos políticos.

He de señalar que mi grupo ha presentado tanto en el Congreso como en el Senado, respectivamente, una enmienda de totalidad y un veto a este Proyecto de Ley de transparencia. En el veto que estoy defendiendo en este momento se ponen de manifiesto varias deficiencias que consideramos importantes y precisamente para paliar estas deficiencias hemos presentado




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también una serie de enmiendas parciales que están centradas y afectan a diferentes elementos que se constituyen como troncales y fundamentales de esta nueva ley.

Les debo reconocer que, inicialmente, y al examinar el proyecto del Gobierno, el Proyecto de Ley de transparencia respondía a un buen título, a un título atractivo, a un título sugerente, pero que, una vez examinado el articulado, nuestra consideración es que este no daba respuesta plena a ese título y que, al final, nos quedábamos ante un cartel que, en cierta forma, estaba vacío de contenido, tanto por el objeto que se establecía en la propia ley como por los elementos sometidos a la transparencia, así como por el alcance de todas las instituciones o sujetos que podían verse afectados por esta ley.

Tal y como he comentado antes, es cierto que durante la tramitación parlamentaria se han producido indudables avances en este sentido, pero consideramos que el resultado final que tenemos hoy delante no es todo lo ambicioso que debería ser. Así pues, consideramos que tiene una serie de carencias importantes y, entre otras, quiero destacar una primera que se configura como uno de los elementos que es primordial para nosotros en la actual redacción de esta ley, que no es otro que el hecho de no respetar el ámbito competencial y el ámbito de soberanía de nuestro país, de Euskal Herria. No lo respeta porque todos consideramos que las competencias de instituciones vascas sobre la base de la propia disposición adicional del texto constitucional deberían quedar salvadas, así como su ámbito de decisión. Este es un elemento que se contempla en nuestras enmiendas: salvaguardar los ámbitos de soberanía vasca, que son limitados pero que se están ejerciendo en la actualidad.

Otro elemento que consideramos importante a la hora de facilitar el acceso a la información pública es que este acceso tiene que estar abierto lo máximo posible y, desde nuestro punto de vista, en varios de los artículos de la ley se ponen tantas pegas y tantas limitaciones a los elementos que son objeto de acceso por parte de los ciudadanos, que lo limitan de forma considerable.

Pensamos que se siguen produciendo restricciones en el derecho al acceso a la información mediante conceptos genéricos e indeterminados que permiten dejar en papel mojado esta ley si no hay realmente voluntad política. Me estoy refiriendo a términos genéricos como son el de seguridad nacional, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, la protección al medio ambiente, etcétera; términos que se configuran al final como cajones de sastre en los que puede entrar todo o no puede entrar nada.

Ante este hecho, y vista la experiencia histórica, coincidirán conmigo que los Gobiernos ―cualquier tipo de Gobierno y esté quien esté en el Gobierno― suelen tender a utilizarlos con carácter expansivo y a restringir el derecho a la información. Por eso, pensamos que ese capítulo tiene que ser muy explícito y que tienen que ser muy restrictivos los puntos que limiten ese derecho de acceso a la información.

A este elemento quiero unir otro que para nosotros también es fundamental: el silencio administrativo negativo. Este silencio administrativo negativo, recogido en la redacción actual de la ley, en la práctica supone una limitación importante en ese acceso por parte de los ciudadanos a la información. Y este también es un elemento fundamental, porque hace inviable un buen sistema de transparencia.

Las estadísticas a este respecto son claras, tal y como se ha dicho antes en esta misma tribuna. En el Estado español, aproximadamente el 50% de las solicitudes de información acaban en silencio administrativo. Y ese es el motivo por el que afirmamos que optar por un silencio administrativo negativo hace inviable un buen sistema de transparencia; a nuestro entender, una piedra de toque de cara a garantizar un ejercicio de la transparencia real en esta ley sería recoger el silencio administrativo positivo, es decir, que si la Administración no contesta, prevalece ese derecho a la información. Afirmamos esto porque, si no se da esta circunstancia en la presente ley, en la práctica el silencio administrativo negativo se va a constituir en un elemento que va a contribuir a la no transparencia. Y es que, señorías, este es otro de los aspectos que para nosotros es troncal y fundamental en esta ley, porque es precisamente un elemento que, en el caso de incluirse, daría la garantía de que realmente estamos ante una ley de transparencia integral y realmente ambiciosa.

Otro aspecto fundamental que consideramos que se ha de modificar, aunque las enmiendas que se han introducido en este sentido reconocemos que suponen un avance, es el apartado




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referido a los órganos que deben controlar y garantizar la transparencia hacia los ciudadanos. Pensamos que la redacción actual de esta ley no garantiza la neutralidad real y efectiva a los órganos que deben controlar y garantizar la transparencia hacia los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros ya planteamos en el Congreso un método diferente de control de la transparencia; pensamos que, entre otros aspectos, se tenía que haber ido a unas mayorías cualificadas amplias para el nombramiento de los responsables que garantizasen la neutralidad. Proponíamos los dos tercios, porque con el actual sistema planteado y en el caso de que se dé una mayoría absoluta, como ocurre hoy en día, indudablemente se limita la neutralidad de cualquier institución. Y pensamos que a la hora de abordar la transparencia era fundamental garantizar esa neutralidad con una mayoría cualificada de dos tercios y no dejarla al albur de las mayorías absolutas. Creemos en la necesidad de imponer un consenso amplio para garantizar la transparencia.

También quiero añadir que nosotros ya considerábamos con nuestras enmiendas en el Congreso que esos órganos no deben depender del Gobierno directamente, sino de un órgano más neutral. Nuestra propuesta es que dependan del Parlamento y que realmente sea un órgano neutral que esté por encima de las coyunturas electorales, por encima de las mayorías coyunturales, sean estas absolutas o relativas. Este es otro elemento que también es importante y que planteábamos como enmienda parcial a esta ley.

Finalmente, nos parece fundamental que haya un sistema de penalización para el no cumplimiento con las obligaciones de la Ley de transparencia, un sistema de penalización no solo para el ámbito administrativo, sino también para el resto de los ámbitos. Es un ejemplo importante, y quizá podíamos tomar como referencia otros ámbitos legislativos donde ya hay experiencias que posibilitan garantizar que esa transparencia anunciada en la ley se dé de verdad.

Señorías, este es realmente el espíritu de todas nuestras enmiendas: garantizar la transparencia. A todo lo anterior sí queremos sumar otro aspecto más que consideramos significativo que no es otro que el método de acceso a la información. Pensamos que todas las administraciones públicas tienen que hacer un esfuerzo importante a la hora de facilitar que los formatos sean de acceso libre, que sean formatos abiertos. Me refiero con esto a que los formatos no estén sometidos a determinadas marcas de software o a determinados grupos empresariales.

Creemos que es un derecho de los ciudadanos poder escoger el sistema, el vehículo de comunicación con la Administración y, en concreto, el formato de acceso a dicha información. Ante este derecho creemos precisamente que la Administración debe facilitar que todos los formatos estén disponibles, que todos los formatos estén a disposición del ciudadano para que este pueda elegir cualquiera. A nuestro entender, debería reflejarse en esta ley un compromiso del Gobierno con los sistemas de código abierto. Y este compromiso, aparte de suponer un ahorro muy importante para las arcas del Estado, conllevaría una garantía en el acceso a la información y en la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos en el acceso a la información. En definitiva, este es otro de los elementos que contemplamos en nuestras enmiendas para que lo que se denomina como software de código abierto esté presente también en la Ley de transparencia, porque consideramos que es otra de las garantías fundamentales de la transparencia.

Todos los razonamientos realizados anteriormente los hacemos porque creemos que la Ley de transparencia —en eso me consta que estamos de acuerdo con el grupo mayoritario— tiene que ser un elemento fundamental en un Estado de derecho democrático. Y, tal y como ya he señalado antes, en la actual coyuntura del Estado español es especialmente importante que la Ley de transparencia sea una ley real, una ley efectiva, una ley que corresponda a la realidad que exige la ciudadanía. Porque tenemos que dar pasos para que se recoja el derecho a la información de los ciudadanos, un derecho que está basado en la transparencia. Por todas estas razones estamos en contra de este proyecto, presentamos la enmienda a la totalidad y seguimos manteniendo nuestras enmiendas parciales que consideramos fundamentales para garantizar, insisto, la transparencia de un Estado de derecho democrático y para superar la actual coyuntura. Y todo ello —lo vuelvo a repetir— a pesar de reconocer las mejoras que indudablemente se han avanzado, pero pensamos que siguen siendo insuficientes. La transparencia, sobre todo en los momentos en los que estamos, en la actual coyuntura política, tiene que ser total. Y si hay que pasarse, que sea por más y no por menos, porque la sociedad, la ciudadanía, lo está exigiendo ahora.

En resumen, pensamos que la transparencia es algo fundamental desde el punto de vista de la necesidad de hacer política de otra manera. Propugnamos cambiar la cultura democrática y




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hacer política de otra manera y, desde ese punto de vista, aunque esta ley da pasos en ese sentido, consideramos que el texto resultante continúa siendo insuficiente.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

La propuesta de veto número 4 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, el senador Saura y yo presentamos este veto por dos razones fundamentales. La primera es por constatar que desde la fecha en que se presenta la primera propuesta de este proyecto de ley, a día de hoy todo lo que la ley quiere corregir ha empeorado. Las actuaciones del Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy van en un sentido totalmente contrario a lo anunciado. Y la segunda razón es por las insuficiencias propias de esta ley que nos propone el Partido Popular. Como no podía ser de otra manera, conocida y padecida la cultura política del PP, esta ley es una respuesta parcial y limitada a una amplia reivindicación de la ciudadanía que quiere una política mejor y al servicio de los intereses de la mayoría.

Señorías, la crisis económica ha profundizado la crisis política que vive España, pero no la ha creado ni la va a solucionar. Hago esta afirmación frente a aquellos que creen que cuando se solucione la crisis económica todo va a volver a la normalidad. Esto no va a ser así. Este pensamiento conservador es erróneo. Cuando se resuelvan los problemas económicos, seguirán los políticos.

La corrupción tampoco es la causa de esta crisis política, sino el efecto de un sistema político basado en la convergencia entre el dinero y el poder político espoleado por la especulación.

Señorías, la falta de propuestas para una salida justa de la crisis económica; los sacrificios que soporta la mayoría por culpa de los intereses de unos pocos; la impunidad de la que gozan los principales responsables de la crisis, especialmente los banqueros; la paradoja de que se puedan rescatar entidades financieras y no las personas; y la acumulación de los casos de corrupción están colocando a la democracia española en un callejón sin salida. Corrupción y desigualdad son el caldo de cultivo, no lo olviden, perfecto para el populismo y el autoritarismo.

Señorías, el régimen que sale de la transición está agotado. La pregunta es si es posible afrontar con garantías los problemas del Estado y las reformas y cambios que exige la solución de esos problemas en esa situación. Yo creo que no. Es imprescindible sentar las bases que permitan abrir un nuevo proceso constituyente para resolver los defectos y las insuficiencias de nuestro sistema democrático y hacerlo con una mirada del siglo XXI. Seguramente la primera ley a modificar debería ser la ley electoral, reforma legislativa ausente en las propuestas de los dos grandes partidos, PP y PSOE, que hasta el momento han articulado el escenario político en la misma alternancia.

Tenemos un grave problema de credibilidad. Los políticos somos mayoritariamente percibidos más como una élite extractiva que como servidores públicos. España adolece de un grave problema de cultura democrática. Seguramente el problema viene de lejos: los vicios de la restauración, la misma dictadura, pero tampoco con la democracia hemos dado pasos significativos para avanzar en una cultura política inspirada en el principio weberiano de que en política el principio de responsabilidad es un principio ético.

La historia de la política española es la historia de una clase política, mejor dicho, de una casta asentada desde siempre sobre el Estado; una casta que ha utilizado las instituciones para su provecho exclusivo, llegando a la corrupción más desvergonzada; una casta que ha carecido siempre de un proyecto de España inclusivo. Hemos llegado al extremo de que se ve la corrupción como algo consustancial a nuestro sistema político. Es verdad que corruptos son pocos, pero es más verdad que son demasiados los que no afrontan estos casos con firmeza y decisión, porque, señorías, tantas veces y muchos escándalos no importa si es delito o no, o si este ha prescrito, o que infringir la ley de incompatibilidades no sea una cuestión penal, son comportamientos políticos inadmisibles que inhabilitan a quienes los hacen y también a quienes los justifican. Una casta que se autoprotege genera siempre desconfianza entre la ciudadanía. Qué mejor ejemplo de autoprotección que cuarenta y cinco diputados de la Comunidad Valenciana del Partido Popular




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pidan un indulto para un exalcalde condenado por corrupción. Así, señorías, funcionan las castas. (Aplausos.)

El 23 de marzo de 2012 el Gobierno aprobó el texto inicial de este proyecto de ley. En su defensa, la vicepresidenta del Gobierno afirmaba: es urgente e inaplazable restablecer la salud institucional de nuestro país. ¿Qué ha pasado en estos casi veinte meses? Se multiplican los escándalos, los últimos por las privatizaciones amañadas de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Aún no ha llegado el momento o el día que alguien se explique sobre el caso Gürtel, el caso Millet o pongan ustedes nombre al caso que quieran.

En un ejercicio de transparencia el PP elige a un presidente del Tribunal Constitucional que se olvida de decir que es militante del PP. La ocupación de las instituciones y su manipulación —valga como ejemplo Radiotelevisión Española—. El control del Poder Judicial. Los procesos de recentralización; tanto en el debate del proyecto de la LOMCE como en el de la unidad de mercado volveremos a hablar de ese proceso de recentralización. Y nunca nadie encuentra el momento para dimitir. En este país nunca nadie dimite, ha pasado lo que ha pasado y no conocemos de ninguna dimisión. Y como paradigma de transparencia, de buen hacer y de buen gobierno, la gestión torticera del Partido Popular con las dos ILP admitidas a trámite en esta legislatura, especialmente la presentada para frenar los desahucios. Señorías, si el único instrumento real de participación ciudadana en el impulso legislativo —la iniciativa legislativa popular— sufre este tipo de manipulación, ¿qué márgenes reales de participación social garantizamos? La respuesta es ninguno. Y con un presidente del Gobierno instalado en un singular discurso político: silencios y cuando habla es por televisión de plasma. Uso y abuso de frases vacías como «las cosas son como son», «no es el momento», «sentido común», «hay que hablar de lo que preocupa a los españoles» y «hago lo que toca». Señorías, si las cosas son como son, la política está en crisis, preocupa a los españoles, es el momento, hay que hacerlo por sentido común y esto es lo que toca.

Para abordar realmente el reto de la transparencia y el buen gobierno hagamos también un balance de nuestra actividad parlamentaria en estos dos primeros años de legislatura: treinta y cinco reales decretos; de los cuarenta y seis proyectos de ley debatidos en el Senado, veintisiete lo han sido por el procedimiento de urgencia, descuento los cuatro de lectura única; y, lo que es peor, no hemos reformado el Senado. Esta Cámara, fuertemente cuestionada, no encuentra el momento para realizar una reforma a fondo que dé sentido, credibilidad y utilidad a los ciudadanos y ciudadanas. Yo, como muchos de ustedes, creo en la democracia representativa, como creo también que hay que avanzar en la democracia participativa. La ciudadanía nos reclama tanto la reforma y mejora de nuestra democracia representativa como abrir espacios a la real participación de los ciudadanos. Convocar a los ciudadanos a votar cada cuatro años ya no es suficiente. La gente quiere participar, la gente quiere ser protagonista.

La democracia representativa garantiza fundamentalmente tres cosas: la primera es la conformación de una voluntad popular mediante el sufragio universal. La segunda es la capacidad de representación política que consiste en ser garantía de deliberación. ¿Realmente garantizamos la deliberación? ¿Lo permite el uso abusivo de su mayoría absoluta? ¿Prevalece el diálogo, el consenso? Yo creo que no. Y la tercera es que garantiza el control político de los representantes y la rendición de cuentas de estos. La respuesta a si garantiza el control de los representantes también se negativa.

Esta afirmación me permite pasar a argumentar la segunda razón de nuestro veto: la insuficiencia de la Ley de transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno. La señora Sáenz de Santamaría afirmaba que la transparencia es un valor. Nuestra propuesta es que este valor sea un derecho. Y por ello proponemos que este proyecto de ley tenga consideración de ley orgánica. El Gobierno ha renunciado a regular su anclaje en el artículo 20 de la Constitución y, por tanto, a su desarrollo a través de una ley orgánica. La no aceptación del derecho de acceso a la información como derecho fundamental exigirá una cuidadosa revisión de la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos, de lo contrario, corremos el peligro en el acceso a documentos de que los datos personales presentes en ellos se vean después sometidos a impedimentos de tratamiento y divulgación.

Señorías, este proyecto de ley ni siquiera cumple con los estándares mínimos que marca el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos. Realiza una definición de




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la información insuficiente, limitada y restrictiva. Se excluye toda la información que no sea administrativa. Su propuesta deja en manos de terceras personas el acceso o no a la información en poder de las autoridades públicas, si estas fueran el autor de esta información. También la publicación proactiva de las administraciones públicas es claramente insuficiente. Tampoco se incorpora la obligatoriedad de que las entidades públicas publiquen su patrimonio. Se nos plantean exclusiones inaceptables, incumpliendo lo que marca con meridiana claridad el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuando afirma que para dar efecto al derecho de acceso a la información los Estados partes deberían proceder activamente a la incorporación al dominio público de la información del Gobierno que sea de interés público, y el comité define al Gobierno como todos los poderes del Estado. Se regula el silencio administrativo cuando debería establecerse el silencio positivo para los casos de solicitudes de información.

Voy terminando. Para el senador Saura y para mí los únicos límites para el acceso de los ciudadanos a la información deberían ser los que marca la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley de Secretos Oficiales. Si con estas dos razones considero que habría más que suficiente para votar el veto, creo que también justificaría el veto la aprobación de la enmienda número 269 del Grupo Popular. En ella se propone excluir a los cargos de las entidades locales de menos de 50 000 habitantes de la responsabilidad pública. Esta propuesta es un retroceso respecto a los objetivos de la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Hagan, señorías, un simple balance. Recuerden ustedes cuántos municipios de menos de 50 000 habitantes han estado envueltos en escándalos donde posiblemente pudiera haber blanqueo de capitales. Hagan ustedes un balance y verán que esta es una propuesta disparatada que aborta la intencionalidad de la Ley 10/2010.

Señorías, frente a un problema tan grave como es la falta de legitimidad de la política y de los políticos, zarandeados por múltiples escándalos y en medio de una grave crisis institucional, este proyecto de ley, sinceramente, para nosotros es una respuesta tardía, corta y limitada.

Desde 2012, aproximadamente un 30% de los españoles ven en la política y en los políticos un problema, no una solución. En primer lugar, debemos reaccionar con un cambio profundo de la manera de entender, hacer y estar en la política. Y, en segundo lugar, con leyes más exigentes. Es preciso —e insisto en ello— un cambio en la cultura política del país, en la cultura política de los partidos. Y eso no se resuelve solo con leyes, sino con buenas prácticas.

Para no robar no es necesario el Código Penal. Existe un Código Penal porque hay gente que roba. Para ser transparente, honesto y coherente no hacen falta leyes. Las aprobamos porque hay gente y partidos que no son transparentes, honestos ni coherentes.

Lamentablemente, tanto por sus prácticas como por las insuficiencias de este proyecto de ley, podemos afirmar el senador Saura y yo que transparencia y Partido Popular es un oxímoron.

Por ello, pido el voto a este veto.

Gracias por su atención. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Turno en contra. Tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Buenas tardes, señor presidente.

Señorías, espero que comprendan la dificultad de esta senadora al comienzo del turno en contra de los cuatro vetos presentados porque yo acabo de oír, primero, la escasa o nula modificación del proyecto. Unos minutos más tarde nos dicen que ha habido muchas mejoras al proyecto. Y también que todo lo que la ley ha corregido ha empeorado. Con lo cual, vaya por delante que el Grupo Popular no se cuestiona el derecho de sus señorías a presentar y defender, como han hecho, estos vetos a la Ley de transparencia. Por supuesto que no. Cosa distinta es que los entendamos y mucho menos que los apoyemos.

Y no los entendemos, señorías, porque, en primer lugar, permítanme que les diga, andan ustedes vetando lo que ya no existe. Y me explico. Hay quienes justifican el veto porque no se incluye la Casa Real, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, el Congreso —por cierto, se olvidan del Senado—, por solo citar unos cuantos en cuanto al ámbito de la ley. Cuando lo cierto y verdad, señor presidente, señorías, es que han sido incluidas todas estas instituciones y unas cuantas más en el trámite del Congreso de los Diputados.




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En segundo lugar, hablan de unos organismos que, tras el paso por el Congreso, han cambiado de nombre, han ampliado sus funciones y, por lo tanto, prácticamente no existen o han variado tanto que no se les conoce.

Y, en tercer lugar, nos piden por escrito —como nos reclamaba el senador Mariscal que nos leyéramos sus extensos vetos— un imposible, y es que se devuelva el proyecto al Gobierno, cuando en esta Cámara las devoluciones las hacemos, primero, por ley, señorías, y, después, porque no queda otra, al Congreso de los Diputados. Comprenderán ahora por qué digo que vetan lo que no existe y que es difícil entenderles a ustedes.

Señorías, se han presentado dos vetos que son idénticos, como siempre. Tan solo varían en que uno dice que no es un veto, sino una enmienda de devolución, que es un instrumento reglamentario desconocido hasta ahora en esta Cámara. Es el caso de los senadores Iglesias y Mariscal. Y el otro dice que sí lo es, que es un veto. El que acaba de defender el senador Guillot en su nombre y en el del senador Saura.

Estos son los problemas, señorías, de vetar, no este texto, sino el proyecto que hace casi un año entró en el Congreso de los Diputados. Y su veto estaría muy bien hace casi un año, pero ahora ya no tiene gran cosa que ver, salvo algunas cuestiones a las que luego me voy a referir.

Se dice también que es muy importante y que no se discute su necesidad ni tampoco su oportunidad. Entonces, señorías, yo les pregunto: ¿y por qué lo vetan? O, empleando su terminología, ¿por qué lo enmiendan a la totalidad, como si estuviéramos en el Congreso? ¿Por qué nos colocan ante este contrasentido y, sobre todo, por qué no quieren que lo mejoremos desde aquí? Incluso se nos dice —nos lo ha dicho la senadora Capella— que como se presentó en su momento en el Congreso un texto alternativo, presentan aquí un veto. Senadora Capella, tengo que decirle que el Reglamento no permite que usted presente aquí un texto alternativo, pero usted podría haber presentado una proposición de ley sobre transparencia. Entonces, ¿por qué no ha querido su señoría que aquí tengamos el debate que sí han querido sus compañeros para el Congreso? Es muy difícil entenderles, señorías.

Y ahora permítanme que les explique algo. A diferencia del Congreso, el texto que ha llegado ya no pertenece al Gobierno, señorías. De ninguna manera. Primero —disculpen lo obvio—, porque ha pasado el trámite del Congreso y es la Cámara Baja la que lo envía, no el Gobierno. Segundo y muy importante, porque se han introducido más de noventa enmiendas de todos los grupos parlamentarios, repito, de todos los grupos parlamentarios, por lo que el texto a quien pertenece ya es al Congreso. Por tal motivo, de prosperar los vetos se lo devolveríamos siempre al Congreso, nunca al Gobierno. Por cierto, ya saben ustedes la facilidad que tiene el Congreso para levantar el veto del Senado a los proyectos de ley. Solamente es una cuestión de calendario y de un cierto tipo de votación. Simplemente con que pasen quince días.

Creo sinceramente, señorías, que aquí, en estos dos meses, hemos trabajado mucho este texto. Se han incorporado enmiendas de casi todos los grupos parlamentarios. Por el trabajo realizado aquí en ponencia y en comisión la semana pasada se va a poder solicitar la información en cualquiera de las lenguas oficiales en el territorio en el que radique la administración en cuestión. La presentación de la memoria anual del Consejo de transparencia se va a hacer ante las Cortes Generales, no ante el Congreso, que era como figuraba cuando el texto llegó aquí. Además, se nos notificará el cese o apartamiento del cargo del presidente del Consejo de transparencia. Las entidades sin ánimo de lucro que persigan fines de interés social y cultural y que tengan un presupuesto reducido van a poder cumplir con las obligaciones de esta ley utilizando los medios de la Administración pública con la que tengan mayor relación económica. La propia Agencia de Protección de Datos nos ha indicado cómo hacer una redacción más sencilla y asequible en su aplicación de esta ley. Y el Consejo de transparencia adoptará criterios de interpretación uniforme para aplicar esta ley.

Les digo a los senadores Capella, Iglesias, Unamunzaga y Guillot que estas son algunas de las mejoras que hemos introducido en ponencia en esta Casa. Por si tienen algún prejuicio sus señorías sobre ellas, les diré que ninguna pertenece al Grupo Parlamentario Popular. Entonces, a mí ahora lo que me gustaría, señorías, es que me explicaran, si es que pueden, por qué no quieren que el Senado trabaje este texto; por qué no quieren que la Cámara Alta cuente a la hora de aplicar esta ley; por qué quieren, en definitiva, que el Senado no exista a efectos de esta ley. Porque esto es lo que ocurriría si se votaran a favor sus vetos. ¿O es que de verdad se creen que




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con su veto se impide que haya Ley de transparencia? No. Lo único que iban a conseguir ustedes es que los ciudadanos no pudieran hacer uso de los derechos que esta ley les otorga. Toda una contradicción, porque resulta que no hacen ustedes otra cosa que clamar por el carácter territorial de esta Casa y la necesidad de darle el lugar que necesita, y cuando pueden hacerlo, como es el caso, no lo hacen. Es asombroso, señorías, este razonamiento que se traen ustedes de que como hasta ahora no hay ley de transparencia, a pesar de que reconocen que es urgente, que es necesaria y que es importante, hay que tumbar de un plumazo la que se presente, porque esto es lo que pretenden y quieren con sus vetos. Por cierto, dos de ustedes pertenecen a formaciones políticas que han gobernado en tripartito en la Comunidad Autónoma de Cataluña durante dos legislaturas, y han tenido que salir ustedes del Gobierno para que en Cataluña se debata actualmente una ley autonómica de transparencia. Señorías, déjenme que les felicite porque no he visto mayor ejercicio de extraordinaria coherencia. Enhorabuena.

Señorías, estamos en esta Cámara para trabajar, para seguir construyendo, porque el Parlamento es para debatir, para hablar en las ponencias, para aportar, para hacer enmiendas y, desde luego, para hacer todo tipo de observaciones. Yo no quiero que estas contradicciones de los senadores que han presentado sus vetos nos aparten de las cuestiones de fondo, que son las verdaderamente importantes de esta ley; una ley que es necesaria, que es inaplazable, porque no sé si se ha dicho que hasta ahora España era el único país de nuestro alrededor y del mundo occidental que no disponía de regulación sobre la transparencia de las administraciones en el acceso a la información pública y el bueno gobierno. Esta ley, señorías, está llamada a transformar muchas cosas, entre otras, la manera de concebir el poder, el ejercicio de la actividad política, el funcionamiento de las instituciones, el exquisito cuidado en la gestión de los dineros y los asuntos públicos y, también, la manera de concebir el lugar que ha de ocupar el ciudadano en un Estado democrático. La transparencia, por lo tanto, se incorpora así, con una enorme intensidad, al régimen constitucional y va a pasar a ser seña de identidad de nuestro Estado.

Se trata, señorías, de que los ciudadanos sepan qué se hace con su dinero, cómo se hace, quién lo hace y con qué consecuencias. Se trata de que el poder no pueda hacer aquello que no se pueda saber. En definitiva, se trata de inaugurar una nueva cultura política y una nueva forma de hacer las cosas.

Estarán de acuerdo conmigo, señorías, en que esta ley es una de las más importantes para el funcionamiento de los poderes públicos y para la regeneración democrática de nuestro país. Es más, esta ley, señorías, justifica en sí misma un programa de legislatura por lo que tiene de mecanismo de regeneración y por lo que implica de mecanismo de relegitimación del sistema. La transparencia no es un eslogan ni es propaganda, es un principio democrático de última generación y, además, es la respuesta del sistema en un momento de crisis.

Es profundamente injusto que se diga de ella lo que se dice, que es de mínimos, que se presenta deprisa y corriendo o que es opaca, es profundamente injusto, señorías, y, además, es falso; porque desde que el Gobierno tomó posesión, en marzo de 2012, abrió inmediatamente una consulta pública en la que intervinieron más de 80 000 internautas, se han recibido 3700 observaciones, y tengo que decirles que ninguna ley ha sido tan participada como esta. Nada más entrar en el Congreso —ustedes lo saben bien— se abrió un periodo extraordinario de comparecencias, extraordinario en sentido literal, señorías, y también por la calidad de los comparecientes que hicieron, como pueden imaginar, multitud de sugerencias, siendo incorporadas muchas de ellas al texto, además de las más de noventa enmiendas de todos los grupos que se aceptaron en el Congreso de los Diputados. ¿Qué quiere decir esto, señorías? Muy fácil, que la ley se convirtió así, en una ley para todos y la mejor ley posible. Ninguna ley ha cambiado tanto. Ni un grupo desde la transición como el Grupo Popular, tanto allí como aquí, ha sido tan sensible, tan generoso y tan receptivo con los grupos de oposición, teniendo, por cierto, las mayorías que tenemos allí y aquí. Así que ni opaca ni apresurada ni mucho menos de mínimos.

Es verdad que las reformas económicas son imprescindibles pero también lo son las que debe protagonizar el Estado a través de sus instituciones, empezando por el Gobierno mismo y por las administraciones. Entre otras cosas, las reformas se deben orientar a despejar sombras de arbitrariedad, falta de transparencia, burocracia e ineficiencia. La transparencia, por lo tanto, se convierte en un valor y el buen gobierno es un marco ético para que nuestras administraciones,




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nuestras instituciones recuperen credibilidad y para que presten el servicio que desde ya nos están demandando los ciudadanos.

La falta de una verdadera y completa ley de trasparencia, además de señalarnos internacionalmente, es una de las lagunas más notables e injustificables de nuestro ordenamiento, y aquí tenemos que darles solución, señorías, por dos motivos, en primer lugar, porque supone nuevos derechos y obligaciones y, en segundo lugar y muy importante, porque va a implantar un funcionamiento distinto de la Administración, de las instituciones y de su relación con los ciudadanos. Es una nueva cultura de la apertura política que impone el cumplimiento de objetivos, la responsabilidad en la gestión y facilita la rendición de cuentas de todos los servidores públicos: electos, no electos, políticos, altos cargos y empleados públicos en general. Y esta laguna es tanto más reprochable porque desde junio de 2009 —2009, señorías— está abierta a la firma el convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos que como Estado el Gobierno ya ha anunciado que tiene intención de incorporar a nuestra legislación y ratificar. En suma, señorías, esta ley va a marcar un antes y un después en el funcionamiento de las instituciones, y les digo más, esta ley merece la pena; solo hay que dejarse llevar por el interés general y por el fortalecimiento de nuestras instituciones.

Cuando llegó al Congreso, la transparencia no se iba a aplicar ni a partidos ni a sindicatos ni a entidades privadas ni al Banco de España ni a la Casa Real, que, por cierto —ninguno lo ha subrayado aquí—, va a ser la primera de todas las que existen en someterse a una ley de transparencia. Cuando llegó al Congreso, el órgano de control de la transparencia no era independiente del Ejecutivo, ahora lo será. Cuando llegó al Congreso, el Consejo de transparencia y buen gobierno no tenía una composición equilibrada, una composición racional y, sobre todo, operativa, ahora la va a tener. Se ha garantizado la independencia de su presidente con un nombramiento por cinco años por mayoría absoluta, cuando llegó al Congreso solamente se le nombraba por mayoría relativa, y solamente podrá ser apartado del cargo, señorías, por causas tasadas en la ley y deberá comparecer, además, anualmente ante las Cámaras. Cuando llegó al Congreso, no se hacía referencia en materia de publicidad activa a las competencias autonómicas, ahora sí, hoy se dice que las obligaciones que impone en materia de transparencia y buen gobierno lo son sin perjuicio de la normativa autonómica correspondiente.

Este texto, señorías, es mucho más ambicioso en esta materia que el de cualquier país de nuestro entorno. No hay ningún país que haga un esfuerzo de publicidad activa como el que hace la Ley de transparencia española porque cuando llegó al Congreso el derecho al acceso a la información no incluía todos los formatos posibles ni la norma incorporaba lo que después se llamó la transparencia de la transparencia, que son los tres artículos relativos al régimen disciplinario.

Bien, sin perjuicio del debate más pormenorizado, que tendrá lugar con mi compañera la senadora Nevado del Campo en el turno de enmiendas, me voy a referir a dos cuestiones invocadas por los cuatro senadores que han intervenido defendiendo sus vetos, que son: en primer lugar, que esta ley debería ser orgánica porque entienden que estamos en presencia de un derecho fundamental y, en segundo lugar, que el silencio administrativo debería ser positivo.

Empezando por el primero, señorías, ¿por qué el derecho a la información no es según esta ley un derecho fundamental? Pues porque la propia Constitución no lo considera así; es más, el Tribunal Constitucional ha venido rechazando todos los recursos de amparo contra denegaciones de acceso a la información pública basados en una vulneración del artículo 20 de la Constitución, precepto que según el propio Tribunal Constitucional se refiere exclusivamente a la libertad de expresión. Por tanto, si la ley orgánica no es materia reservada —y sabemos que no lo es—, señorías, sería un grave error contravenir la Constitución solo porque no coincide con nuestras pretensiones, y el Tribunal Supremo por su parte califica este derecho como un derecho subjetivo a la información, que tiene vinculación con los derechos de los ciudadanos a los registros administrativos.

Por lo que se refiere al silencio administrativo, les diré que en ningún país, en ninguno, el silencio es positivo, por varios motivos: en primer lugar, porque el derecho a la transparencia de lo que la Administración gestiona no puede desproteger el derecho a la intimidad y a la protección de los datos de las persona gestionadas, y, en segundo lugar, señorías, por una realidad: la




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Administración es limitada en sus medios, es limitada en sus recursos y en sus funcionarios, por lo que se hace necesario encontrar un equilibrio.

El Consejo de Estado dice que la opción del silencio negativo es lógica y adecuada al derecho, que no cabe admitir la posibilidad de que, como consecuencia de la falta de resolución expresa en el plazo de una solución de acceso, otros derechos se puedan ver vulnerados. Y añade: la sola necesidad de protegerlos justifica per se la regla del silencio negativo. Establecer un silencio positivo significaría que por el mero hecho de que haya pasado el plazo para resolver una solicitud de acceso a determinada información —imagínense la que quieran— el solicitante obtendría en ese mismo momento el derecho incondicional a obtener la información que hubiera pedido.

Señor presidente, señorías, reconstruir unas administraciones públicas más útiles, más austeras y más cercanas es un requisito básico para que el ciudadano se sienta identificado con ellas y esa identificación solo es posible desde la transparencia y el buen gobierno.

Esta ley, como les he dicho, ha llegado al Senado notablemente mejor, más ambiciosa y más audaz. Ojala así consigamos que desaparezca la tradicional desconfianza entre la Administración pública y sus administrados y entre los administrados y la Administración pública. Claro que el Grupo Popular sabe que esta ley no es la panacea de nada, pero está en el buen camino, requiere desde nuestro punto de vista el concurso de todos, sobre todo, de los que tienen intención y vocación de Gobierno.

Por todos estos motivos, señorías, votaremos en contra de sus vetos.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Van a compartir turno, senador Mariscal?

El señor MARISCAL CIFUENTES: Perdón, señor presidente, ¿cuánto tiempo tenemos?

El señor PRESIDENTE: Doce minutos entre los dos.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias. Muy bien.

Voy a ir muy rápido. Después de esta intervención, casi nos invita a los grupos de la oposición, dado que hay mayoría absoluta, a salir de esta Cámara y a no realizar ninguna tarea de oposición, ni siquiera a presentar vetos. Sabemos perfectamente que cuando aquí se aprueba un veto va al Congreso de los Diputados, igual que sabemos que en el Congreso de los Diputados tienen ustedes una mayoría absoluta aplastante. Vaya que si lo sabemos, lo sabemos perfectamente.

Señoría, lo que nos señala internacionalmente es que un juez pida los discos duros de un partido político con datos relevantes e importantes para el conjunto de la ciudadanía sobre la financiación del partido que nos está gobernando y se diga que se han borrado; lo que nos señala internacionalmente, señorías, es que nos tengamos que enterar de la agenda del jefe del Estado porque ha tenido una lesión cazando elefantes en Botswana. Eso es lo que nos señala internacionalmente y lo que nos pone en una situación de ridículo internacional, y hay pocas leyes, y menos esta, que lo puedan solucionar.

Señoría, el derecho de acceso a la información pública ha sido reconocido como un derecho fundamental, entre otros, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ya sabemos que estas instituciones a ustedes no les dicen absolutamente nada, pero es un hecho; igual que es un hecho que se podría perfectamente anclar en la libertad de expresión que se pudiera hacer una ley orgánica de esta ley, que la participación ciudadana no está garantizada en el consejo que se regula en esta ley, así como que la Ley Orgánica de Protección de Datos va a seguir siendo un hecho que vamos a tener que seguir sufriendo el doble silencio administrativo, no ya único. Para nosotros, desde luego, esta ley, reconociendo todos los avances que se hayan podido producir en su tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado, sigue mereciendo un veto como la copa de un pino, al menos por parte de Izquierda Unida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Senadora Capella, tiene la palabra.




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La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Voy a intervenir desde el escaño. Entiendo que la señora Vindel defienda el proyecto de ley con vehemencia porque ella lo ha trabajado. Esto lo comprendo perfectamente. Ahora bien, que nos quiera hacer pasar bou per bèstia grossa no se lo tolero, y le explicaré por qué. Hay un elemento de configuración de la Ley de transparencia que ustedes eluden sistemáticamente, que es la consideración del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, al que ahora se refería el señor Mariscal. Y entiendo también que a ustedes les moleste profundamente tener que reconocer que la Constitución Española no es únicamente su literalidad sino que se halla complementada por el resto de ordenamiento jurídico, que son los tratados internacionales que España ha ratificado. Y entre estos tratados y convenios internacionales está la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en cuyo artículo 19 reconoce el derecho a la información, y así lo ha contemplado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, a la que se refería también el senador Mariscal, que hablan del derecho a la información como un derecho fundamental. Si este derecho fundamental es incorporado a la ley, no tendríamos problemas con el silencio positivo o negativo, porque cualquier acto de la Administración sería ya de por sí transparente. Ustedes podían haber optado por haber hecho una ley de máximos y, en cambio, han optado por una ley de mínimos. Están en su derecho legítimo, pero, entonces, no nos quieran hacer a nosaltres combregar amb rodes de molí. Por tanto, para que le quede claro, me parece muy bien que defiendan su proyecto de ley, pero respeten que nosotros discrepemos.

Voy a abundar en un aspecto que ustedes sistemáticamente recurren, que es el de mirar por el retrovisor y aludir siempre al tripartito, a los dos tripartitos del Govern de la Generalitat. Miren, no se hizo en ese momento la ley. Se está haciendo en este momento en el Parlament de Catalunya en una ponencia conjunta de todos los grupos parlamentarios. Tomen nota y apúntense también la posibilidad de hacerlo de esta manera. Son opciones distintas de legislar y de entender la democracia, ustedes tienen la suya y nosotros la nuestra.

Por tanto, a pesar de su vehemencia y de la voluntad que ha tenido usted al incorporar algunas de las enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios, Esquerra Republicana se siente excluida sistemáticamente. Y está bien que ustedes nos excluyan porque, efectivamente, nosotros nos queremos marchar y ustedes cada día nos ayudan más a marcharnos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

¿Alguna intervención más en el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley y, en ese sentido, me gustaría plantear una serie de parámetros que justifican este apoyo en base a una serie de principios y de reflexiones.

El primer principio que hace que nosotros apoyemos esta ley es el de entender la crisis política. En este momento vivimos una crisis política y podemos decir que algo serio está pasando. Algo serio está pasando cuando hay una desafección como la que todos estamos describiendo aquí entre la ciudadanía y los políticos, cuando es difícil defender el valor de la política y de las políticas y de los políticos en un contexto como el actual. Entendemos que en este momento la crisis consiste en que la sociedad ha aumentado sus exigencias de control y de participación mientras que el sistema político continúa con un estilo jerárquico y opaco. Además, los propios políticos muchas veces se valen de ese sistema jerárquico y opaco.

Segundo principio. Desde nuestro punto de vista, la transparencia es precisamente uno de los instrumentos útiles para combatir esta crisis y el problema que antes les he descrito. Necesitamos de un espacio público que se tiene que dotar de nuevas lógicas de observación, nuevas lógicas de vigilancia, nuevas lógicas de voluntad de transparencia y nuevas lógicas de debates en el control.

Como tercer principio observamos la necesidad de que los políticos seamos controlados. El hecho de que nosotros, todos y todas nos sintamos observados, evidentemente, modifica nuestro comportamiento o al menos nos disuade de cometer los errores que tienen su origen en el secreto y en la opacidad.

Pero, cuidado —y aquí viene nuestro cuarto principio—, está bien y es imprescindible que seamos controlados pero no podemos ser paralizados. ¿Qué queremos decir con no ser




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paralizados? Muchas veces asistimos al empobrecimiento de la vida política cuando el principio de transparencia se magnifica o se absolutiza. Es decir, convertimos la democracia en una política en directo que se agota en la vigilancia constante e inmediata y con una continua desconfianza. En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el catedrático de Filosofía política y social e investigador en la Universidad del País Vasco, que todos ustedes conocerán, Daniel Innerarity, puso el siguiente ejemplo. El hecho de que muchos políticos, sabiendo que sus menores actos y declaraciones son examinados y difundidos, tienden a encorsetar su comunicación. La democracia está hoy más empobrecida por los discursos que no dicen nada que por el ocultamiento expreso de la información. El principio de transparencia no debe magnificarse, porque la vida política, aunque sea en una pequeña parte, requiere espacios de discreción, como ocurre, por cierto, con muchas profesiones como los periodistas, a los que reconocemos el derecho de no revelar sus fuentes, derecho sin el cual no podrían hacer bien su trabajo. Es decir, que evidentemente y tal como digo en el tercer principio, necesitamos ser controlados, pero no podemos ser paralizados.

Y como quinto y último principio en esta reflexión, la democracia es el poder de la ciudadanía —y en este punto seguro que coincidimos todos los presentes—, por tanto, esforcémonos en proporcionar una capacidad efectiva de controlar, pero no contribuyamos a debilitar la política cuestionando su naturaleza representativa. Que la ciudadanía delegue tanto como sea inevitable y que controle tanto como sea posible.

Esos cinco serían nuestros principios a la hora de trabajar sobre las siguientes reflexiones. Es evidente que la Administración pública que se constituyó hace treinta años nada tiene que ver con la realidad que vivimos actualmente. Se están dando dos fenómenos paralelos; por una parte, la sociedad es muy dinámica, el poder está cambiando. Tal como califica Moisés Naím en su último libro, El fin del poder, muchas veces los colectivos están llevando adelante grandes proyectos, o dicho de otra manera, hay Estados —y hemos conocido la primavera árabe, etcétera—, hay grandes Gobiernos que han caído de una manera que hace unos años nunca hubiéramos podido ver, y así es como está evolucionando el poder.

Por otra parte, la Administración poco a poco va modernizándose, probablemente no se esté modernizando de una manera tan rápida como lo está haciendo la sociedad, pero es un dato objetivo que nada tiene que ver la Administración de hoy con la que conocíamos hace unos años, y en ese sentido podemos sintetizar que tenemos dos datos positivos. En primer lugar, hay una sociedad muy dinámica y, en segundo lugar, tenemos una Administración que también se está modificando y está evolucionando, y lo que tenemos que hacer es ayudar a que las dos, tanto sociedad como Administración, converjan.

La Ley de transparencia, tal como se ha dicho, es una asignatura pendiente, por lo cual lo importante, en nuestra opinión, es que se ponga en marcha. Tiene problemas, tiene defectos y tiene lagunas, que vamos a ver si podemos solucionar, pero también tiene elementos positivos, y hay que subrayarlos. Por tanto, corrijamos aquello que entendemos que podemos hacer que crezca en este proyecto y subrayemos los elementos positivos. Eso sí, esperemos que cuando esté en marcha este proyecto de ley tenga suficiente flexibilidad para ir mejorando, porque nunca vamos a dar con la perfección en un texto, nunca.

Señorías, hasta ahora no ha habido una ley de transparencia, pero eso no quiere decir que las administraciones hayan estado paradas. Yo, por haber sido durante muchos años alcalde, conozco los ayuntamientos y hay grandes ayuntamientos que han hecho mucho trabajo en el ámbito de la ley de transparencia; les puedo poner como ejemplo el Ayuntamiento de Bilbao, les puedo poner como ejemplo el Ayuntamiento de Barakaldo, les puedo poner como ejemplo el Ayuntamiento de Getxo; hay muchos ayuntamientos que han hecho grandes trabajos. Ahora, eso no quiere decir que hayan finalizado sus trabajos, no, sino que han abierto una dinámica de trabajo que les va a significar un compromiso con la ciudadanía, es decir, participación, cercanía, trabajo con la ciudadanía… ¿Para qué? Para mejorar, para acercar la Administración a las necesidades del ciudadano, para que la Administración le responda.

A su vez, entiendo que no tenemos que poner expectativas falsas en este proyecto, y cuando digo que no tenemos que poner expectativas falsas en este proyecto es porque ni vamos a solucionar con este proyecto de ley la corrupción ni vamos a solucionar muchas cosas, pero sí va a ayudar. Y ¡ojo!, la corrupción, los ilícitos son incumplimientos de la ley, por eso digo: únicamente con la ley no vamos a solucionar esos problemas, porque precisamente la corrupción, los ilícitos,




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etcétera, son incumplimientos de la propia ley. Lo que tenemos que hacer es trabajar en actitudes; los políticos, las políticas tenemos que tener una actitud abierta, una actitud franca y una actitud hacia el ciudadano para ser capaces de trasladarles confianza. En estos momentos estamos muy lejos de esa situación, pero eso es lo que entre todos tenemos que conseguir.

En cuanto al proyecto de ley —y después hablaremos también en el debate de las enmiendas que presentamos de cómo entendemos que podemos mejorar—, hay dos ámbitos en nuestra opinión importantes. En primer lugar, en cuanto a las excepciones, creemos que hay elementos que son todavía demasiado amplios y que habría que corregir y, en segundo lugar, que los integrantes del Consejo de transparencia y buen gobierno también tienen que tener otro punto de vista.

Para finalizar, me gustaría parafrasear al autor antes citado, Daniel Innerarity, que decía: primer punto, es tanta transparencia como sea posible lo que tenemos que conseguir, que requiere algo más que poner un montón de datos a disposición de la ciudadanía; exige, sobre todo, cambios profundos, pero no tanto legislativos e instrumentales…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, presidente.

...sino de mentalidad y de cultura política.

Segundo punto, defender el valor de la política, su naturaleza deliberativa y representativa; defender que la sociedad entienda que no estamos defendiendo los privilegios de los políticos, sino que estamos defendiendo la libertad de los representados.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes.

Los senadores socialistas de la Entesa consideramos que esta ley es, sin duda alguna, necesaria e importante. No es concebible en el siglo XXI que democracias consolidadas como la nuestra no tengan una ley de transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública porque, evidentemente, la transparencia es hoy garantía de democracia. Difícilmente podemos pensar en la democracia sin asociarla a la transparencia de las administraciones públicas, y lo es en un triple sentido. En primer lugar, como expresión de un derecho sobre lo que es de todos, porque las administraciones y las instituciones democráticas son de todos y, por tanto, es lógico y no se puede pensar que no haya un acceso fácil, directo, a aquello que hemos sufragado y compartimos entre todos.

En segundo lugar, porque, como también se ha dicho, la transparencia es requisito para la verdadera participación política, para el ejercicio real de la condición de ciudadanía de todos y todas.

Y, en tercer lugar, porque la transparencia es el mejor antídoto que se conoce contra la corrupción, la mejor fórmula de prevención activa y de detección precoz de la corrupción. Por tanto, esta ley es ya condición imprescindible para la credibilidad de las instituciones políticas y sociales en nuestro país.

Por tanto, mejor esta ley que ninguna, sin duda alguna. Pero, aún así, debo decir, señorías que para nosotros esta no es todavía nuestra ley. A esta ley, por mucho que lo haya recalcado la senadora Vindel, le falta todavía ambición. Si somos los últimos, como aquí se ha dicho, si esta ley la hemos hecho ex novo, cuando toda Europa, y la mayor parte de los países occidentales, ya tienen ley, lo que se tercia es copiar a los mejores, a los más avanzados; lo que se tercia es intentar, ya que llegamos los últimos, ser los primeros. Y nos parece que esta ley no lo hace, que esta ley no está a la altura de lo que deberían ser las mejores leyes en este campo porque se queda corta en dos aspectos fundamentales para nosotros. El primero, en cuanto al alcance del ejercicio de la transparencia por parte de las administraciones. En particular, nos parece que la forma de la publicidad activa se queda muy muy corta en relación con lo que podría llegar a ser. Y, en segundo lugar, porque el grado de autoexigencia en su cumplimiento —que se determina a




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partir de todo lo relacionado con la legitimidad y el papel del Consejo de transparencia y buen gobierno—, también resulta corto, contenido, todavía retenido y desconfiado. En el turno de enmiendas desarrollaré las propuestas de nuestro grupo para colmar estos déficits.

Señorías, creemos que deberíamos seguir los criterios de organismos independientes internacionales citados aquí —institucionales o sociales que existen y están implantados en España—, para alcanzar el nivel de las mejores leyes existentes y no lo hacemos.

Por todo ello, como he dicho antes, creemos que debe haber ley —y nos felicitamos por que así sea—, y que es bueno contar con esta Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Por este motivo, los senadores socialistas de la Entesa nos vamos a abstener en la votación de los vetos presentados. Pero ya le avanzo, senadora Vindel, que si no acepta ninguna de las enmiendas que hemos mantenido como votos particulares, no nos va a ser posible apoyar esta ley, porque vamos a continuar considerándola incompleta e insuficiente, cuando lo que nuestro país necesita es la mejor ley posible y esta ley todavía no lo alcanza.

Por tanto, quedo a la espera de las consideraciones de su grupo sobre nuestras enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martí.

Senador Guillot, tiene la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señora Vindel, lo de juntar todos los vetos y entrecruzar argumentos expresa cierta picardía parlamentaria —esta es la vieja política—, porque cada veto se ha justificado de manera muy diferente.

Antes le decía que para saber que robar está mal no hace falta el Código Penal, igual que como para ser transparente, honesto y coherente no hace falta una ley. Elaboramos leyes para garantizar, y hacemos esta ley para garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno. El problema es que nosotros hemos presentado el veto porque creemos que es insuficiente y que falta mucho en esta ley.

Señoría, me ha sorprendido, me ha dejado estupefacto que ahora el Partido Popular califique los vetos como obstrucción y desmerecimiento al trabajo del Senado. ¡Si ustedes se han hinchado a vetar! Ustedes, que se han hinchado a vetar, ¿cómo se atreven a decirnos que no podemos presentar vetos y que no dejamos trabajar? Presentamos lo que creemos oportuno porque así lo consideramos.

En mi primera reflexión hablaba de un problema de cultura política, de la manera de estar en política, y argumentaba que dejar pudrir los problemas, los silencios y la opacidad no es la mejor manera de gobernar un país. Y yo hubiera podido argumentar todo esto a partir de frases de compañeros y compañeras suyas, del expresidente Aznar, por ejemplo, o de la señora Aguirre. Hubiera podido hablar de dejar pudrir los problemas, de falta de resolución y de silencios, a partir solo y exclusivamente de frases de gente de su partido. Este es el carajal que ustedes tienen. Esa es la realidad.

Señora Vindel, ¿de qué escándalo quiere que le hable, del estatal, del autonómico, del local? ¿De cuál? ¿De qué escándalo de los que está envuelto el PP quiere que le hable? Elijamos el escándalo y comprobemos cuál ha sido la reacción del Partido Popular en respuesta al mismo y analizaremos en lo concreto, en lo real, su transparencia, su capacidad para afrontar los problemas y para dar respuesta a aquello que más preocupa, irrita y aleja a la ciudadanía de la política: la acumulación de casos de corrupción, que afecta de forma mayoritaria a los dos grandes partidos y, en especial, al Partido Popular—.

Señoría, El Mundo, este fin de semana decía que este Gobierno está achicharrado —creo que este era el titular para explicar la encuesta realizada en el ecuador de la legislatura—. Ustedes pueden creer que está achicharrado porque la economía va mal pero que cuando la economía vaya bien van a recuperarse. Yo creo que están achicharrados porque la economía va mal y están achicharrados porque la política va mal, su política va mal. Pero el problema no es que esté achicharrado el Partido Popular, el problema es que nuestro sistema haya descendido hoy a un nivel de desafección tremendo, que ni encuentra respuesta en sus actitudes ni esta ley —lo que es peor— acaba de dar respuesta a las exigencias de la ciudadanía.




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Por último, respecto al tripartito, voy a repetir una cosa que he dicho dos o tres veces en esta Cámara. Cataluña ha tenido cuatro presidentes de la Generalitat: Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla y actualmente Artur Mas; a dos los he apoyado y de dos he sido su adversario político, pero de ninguno de los cuatro, jamás me he avergonzado. Quisiera que usted me dijera si algún presidente o expresidente del Partido Popular la ha hecho pasar vergüenza, sí o no. A mí, ninguno. Creo que a usted, algunos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Es este un proyecto de ley muy importante porque es una asignatura pendiente, porque es necesario, inaplazable e insistentemente reclamado por los ciudadanos. La ciudadanía espera de los políticos y de las instituciones del país que sean eficaces en la gestión de los intereses comunes, que sean honestos en sus actuaciones y que sean transparentes en su gestión. Es por este motivo que, a pesar de ser un proyecto de ley francamente mejorable, no hemos presentado veto y es por ese motivo que tampoco vamos a apoyar ninguno de los cuatro vetos presentados. El texto del proyecto de ley se ha mejorado sustancialmente mediante las enmiendas introducidas en el trámite del Congreso y tras algunas otras —desgraciadamente, pocas—, incorporadas en los acuerdos adoptados por la ponencia de la Comisión Constitucional de esta Cámara. Aun así es una ley necesaria y reclamada.

Mi grupo valora positivamente cualquier medida tendente a reforzar la confianza del ciudadano, su derecho a la información y la transparencia de las administraciones. A nuestro pesar, quedan pendientes puntos tan importantes para nuestro grupo como son la publicación de las balanzas fiscales, la creación de un registro general de lobbies, la determinación del silencio positivo, evitar el non bis in idem en la tipificación de las infracciones, las limitaciones al derecho de acceso mediante conceptos jurídicos indeterminados y tantos otros. Aun así, consideramos que, teniendo en cuenta que este proyecto de ley es un reto en sí mismo por el hecho de que no se trata de reformar sino de legislar ex novo sobre lo que aún no se ha legislado, merece la pena seguir adelante con el mismo, y, aunque sea mejorable, es preferible contar con esta ley que vetarla o apoyar los vetos presentados contra la misma y prescindir de ella. Por todo ello, no vamos a apoyar los vetos presentados.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Un claro ejemplo de antónimos de transparencia. Un 20 de noviembre alguien dijo: no tocaré las pensiones…; crearé tres millones y medio de empleos…; mucho más importante que el déficit es la atención sanitaria…; quien tiene más pagará más…; nunca hablaré de la herencia recibida, solo hablaré de ajustes en los gastos…; un no rotundo a la subida del IVA…; el copago no está sobre la mesa…; no abarataré el despido…; lo que no llevo en mi programa no lo hago. Fin de la cita. Mariano Rajoy, 20 de noviembre de 2011. (Aplausos.) Estas son las falsedades y mentiras de un desgraciado y fatal 20 de noviembre de 2011 para los españoles, porque ese 20 de noviembre solo les ha traído disgustos. Por cierto, no se crispen si les he hablado del dictador Franco. No pasa nada. No renieguen del pasado ni abjuren del pasado. Llévenlo con dignidad, no pasa nada.

Después de esto, que es más bien opaco… (El señor López Rodríguez, don Dámaso, hace gestos al orador.) ¿Perdón, señoría?

Señor presidente, espero que…

El señor PRESIDENTE: No entren en debate entre ustedes. Diríjase a toda la Cámara, por favor. El resto de los senadores guarden silencio.




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El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Espero que le pida al senador que está enfrente que retire el gesto que ha hecho.

El señor PRESIDENTE: No he oído lo que ha dicho.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Ha dicho que si he bebido, señoría.

El señor PRESIDENTE: Señoría, ¿tiene usted algo que decir al senador Rodríguez Esquerdo? (Denegaciones del señor López Rodríguez, don Dámaso.—Rumores.) Guarden silencio, señorías. (Rumores.) Señorías, hagan el favor de guardar silencio y escuchar al orador que está en la tribuna, y sobre todo mantengan la compostura. (El señor Camacho Sánchez pronuncia palabras que no se perciben.)

Senador Camacho, yo soy el que dirige los debates. (Rumores.) Senador Camacho, si tiene algo que decir, pida la palabra. (Rumores.—El señor Camacho Sánchez pide la palabra.)

Diga usted.

El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Sí, señor presidente.

Creo que en una Cámara como esta, los debates políticos suelen ser muy duros, y pueden ser muy duros, pero siempre lo son con respeto. Que un senador de otro grupo político le haga un gesto a la persona que está en el uso de la palabra diciendo que si ha bebido, me parece una falta de respeto total (Aplausos.) y le pido al senador, y si no al presidente, que es responsable de que siga de una manera civilizada el debate, que este senador retire ese gesto y no lo vuelva a repetir. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¿Tiene usted algo que decir, señoría?

¿Da por retirado el gesto, si se ha interpretado mal?

El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ (Don Damaso): Sí, eso es. Por si es una mala interpretación. Yo no le quise decir eso, pero no me ha parecido oportuno que nos diga al Partido Popular...

El señor PRESIDENTE: No le he preguntado eso, señoría. (Rumores.) No entre ahora en debate. Señoría, el debate no va con usted. Simplemente estamos refiriéndonos al posible gesto que usted haya podido hacer o a cómo se haya interpretado.

El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ (Don Damaso): Lo entendieron mal.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Rumores.)

Señorías, por favor, guarden un poco de silencio. Yo les pido a todos que a mí me ayuden también a llevar los debates y les vuelvo a repetir algo que he dicho con bastante frecuencia: el senador del grupo que sea o la senadora del grupo que sea que está en la tribuna, se merece respeto por parte de todos sus compañeros. Muchas gracias. Continúe usted.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Estoy de acuerdo con usted, señor presidente.

Y no lo he entendido absolutamente nada mal. Usted ha dicho eso y no quiere retirarlo. Allá cada cual con su conciencia.

Después de esto, que es más bien opaco, vamos a hablar de transparencia, porque hoy debatimos en esta Cámara un instrumento que debiera ser fundamental para la democracia, para el país, y para recuperar la credibilidad de la política, aunque con políticos como alguno de esta Cámara, malamente lo vamos a hacer. (Aplausos.)

Seguramente está será una de las leyes más importantes de nuestro ordenamiento jurídico. Y no es cambiar el sistema, es legislar ex novo, es adecuarse a los nuevos tiempos y, sobre todo, a las nuevas demandas y requerimientos de la sociedad española. Es o debería ser profundizar en nuestra democracia a través de la transparencia para el acceso a la información pública y a la participación en los asuntos públicos. Sin una legítima transparencia en la Administración, sin una verdadera transparencia en la gestión, no hay debate, no hay información y no hay reglas de juego. No hay apertura ni participación y es precisamente esto lo que nos exigen los ciudadanos. Nos reclaman que favorezcamos la libertad de información. Nos demandan que posibilitemos la




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participación a la ciudadanía en los asuntos públicos y nos exigen que fortalezcamos el control democrático del poder.

Señorías, lo que nos dicen ahí fuera es que seamos capaces de lograr una mayor imparcialidad y objetividad en el funcionamiento de todas las administraciones públicas. Somos nosotros los que debemos dar respuesta valiente y no cobarde, los que debemos mandar un mensaje a la sociedad de transparencia y de claridad. Somos nosotros los que debemos propiciar un cambio de cultura en la forma de gobernar. Somos nosotros los que debemos fomentar una metamorfosis en las formas de actuar en los partidos, en las instituciones, incluso en los funcionarios —también en la función pública—, en los sindicatos, en las empresas y en los propios ciudadanos, como decía antes.

Con esta ley tenemos una gran oportunidad y, de verdad, creo que se ha intentado, pero sinceramente no lo hemos conseguido. Los socialistas en esta Cámara, al igual que en el Congreso, hemos puesto encima de la mesa toda nuestra voluntad de diálogo para llegar a acuerdos. Tengo que reconocer que el resto de los grupos también lo han hecho para armonizar un texto, incluso el propio Partido Popular y, por lo tanto, permítame que agradezca el talante de las senadoras Vindel y Nevado que en todo momento han intentado buscar el acuerdo. Estoy seguro de que lo han hecho de manera sincera, no con fuegos artificiales, como suele acostumbrarnos el Partido Popular. Espero que esa misma actitud, por ejemplo, la tengan para la denominada ley municipal.

Sin embargo, señorías, les ha faltado un último impulso. Es innegable que entre todos, durante la tramitación, hemos introducido cambios positivos en el texto ―y lo decía usted― porque todos consideramos que esta ley es necesaria y esa es la razón de que el propio Grupo Socialista no la haya vetado, y aunque la verdad es que no vale cualquier ley, la devolución de este texto sería muy negativa, máxime en el caso de una materia que nos están reclamando los ciudadanos. Por ello, no votaremos favorablemente a los vetos de la senadora Capella, de los senadores Iglesias, Guillot y Unamunzaga, ya que si prosperaran nos llevarían a un principio de los tiempos que no sería bueno para la política ni para el país.

También es cierto que compartimos algunos de los argumentos que se esgrimen en estos vetos e incluso señalé en la comisión que nosotros hubiéramos vetado la ley si el proyecto se hubiera referido solo al buen gobierno, pero tal y como se presenta en esta Cámara no podemos votar a favor de impedir una realidad para esta necesidad que la sociedad española nos exige.

Es cierto que la ley que debatimos hoy no nos gusta a los socialistas y consideramos que la norma nace un tanto renqueante, que debiera controlar más el quehacer de las administraciones públicas y de las entidades que disfrutan de los recursos públicos ―mucho más en este momento―, que debiera completarse con mayorías cualificadas para garantizar de verdad la neutralidad, que debiera ser una ley para los ciudadanos y no para la Administración, que para nosotros ―y lo sabe la senadora Vindel― es imprescindible que se recoja la publicidad activa, otorgar más autonomía e independencia al órgano competente, dotar a esta Cámara de capacidad de elección y de ahí las casi 100 enmiendas que hemos presentado en el Congreso de los Diputados y en el Senado, de las que después hablará mi compañero el senador Antich. Decía que no es nuestra ley y creo que tampoco es la ley que esperan todos los ciudadanos.

En este sentido, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ya trabajó por normativizar la transparencia, así que espero que hoy la herencia sea más en positivo que en negativo. Repito que no es la ley que hubiéramos querido los socialistas, que es otra ley, con otro texto y que otro texto hubiera sido posible porque, al final, va a incumbir a España, al Gobierno, a las autonomías, a los Gobiernos locales y se podría haber hecho algo mejor, que hubiera dado un nuevo aire a la Administración. Sin embargo, como se decía antes, somos los últimos, necesitamos una ley de transparencia, España y los españoles no podían esperar más, es una de las principales exigencias de nuestra sociedad, nos están observando y no nos podemos dar el lujo de carecer de una ley de transparencia.

La sociedad española ha puesto encima de la mesa que necesitamos un compromiso de regeneración democrática y, por ello, no solo porque lo necesita el país sino porque también lo necesita el modelo de Estado y la credibilidad en la política es por lo que debemos disponer de una Ley de transparencia.




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Insisto en que aunque esta ley no es la nuestra, empieza a poner los cimientos de los cambios en la Administración, es un gran desafío, una nueva exigencia y, por ello, nos abstendremos en la votación de los vetos que se han presentado. Posteriormente, el senador Antich explicará la posición del Grupo Socialista.

Por último, quiero hacer una referencia al senador Bildarratz y es que usted tampoco lo hizo mal; lo hizo muy bien en Tolosa.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, antes de referirme a la Ley de transparencia, que es la que estamos debatiendo desde que se ha reanudado la sesión, como llevo toda la mañana escuchando que hoy hace dos años que ganó el Partido Popular, que todo va muy mal y todo es espantoso, etcétera, déjenme que les diga, señorías, que hace dos años nos encontramos un país a la deriva, sin rumbo y a punto de ser intervenido y, ¿cómo estamos hoy? ¡Cómo estamos hoy! (Protestas.—Aplausos.) Mucho mejor que hace dos años, y entre otras cosas, señorías, tenemos otra consideración internacional. Pero vamos a entrar en el turno de portavoces.

Quiero decir a los senadores que han presentado un veto que no me opongo a que los presenten y, de hecho, he empezado mi intervención diciendo, senador Mariscal, que es un derecho reglamentario y que, naturalmente, usted tiene todo el derecho a presentarlo, faltaría más; pero yo no cuestionaba eso sino que lo que estoy haciendo desde hace tiempo es pedirle que lo retire, como se lo he pedido al senador Unamunzaga y como aprovecho para pedírselo ahora al senador Guillot y también a la senadora Capella.

Por cierto, yo no estoy defendiendo mi proyecto de ley ni el proyecto de ley del Grupo Popular. He invertido muchos minutos del turno en contra para decirles que el proyecto es del Congreso de los Diputados y que, desde luego, no tengo ningún inconveniente ni ningún problema en defenderlo. Todo lo contrario, señorías. Déjenme que les diga que el resto de grupos parlamentarios han decido no presentar veto, y lo primero que quiero hacer desde esta tribuna es agradecérselo, como ya tuve oportunidad de hacerlo en comisión. También les quiero agradecer a aquellos que además de no presentar veto han presentado enmiendas parciales, las enmiendas que han presentado al texto porque considero que su intención ha sido enriquecerlo.

Les decía antes, señorías, y lo vuelvo a reiterar, que esta es una gran ley. Es una ley, desde mi punto de vista, histórica; es un texto de aquellos que completan nuestra democracia. En este punto quiero poner de manifiesto, para que quede constancia en el Diario de Sesiones, la generosidad y también la grandeza del Grupo Vasco que supo ver desde el primer momento la transcendencia y la importancia de esta ley, señorías, y que desde el primer momento dijo que iban a dar su voto favorable, a pesar de que ninguna de sus enmiendas fueron aceptadas. Por lo tanto, senador Bildarratz, muchas gracias.

Por supuesto, también agradezco al Grupo Convergència i Unió su voto favorable al texto, aunque aquí sí, aquí se aceptaron algunas de sus enmiendas a través de las oportunas transaccionales. El Grupo del PSC, integrado en Entesa, argumenta que el proyecto es insuficiente y por eso se opone, como se oponen los que no quieren Ley de transparencia. Nosotros pensamos, senador Martí, que no habiendo ley española, siempre es mejor que se apruebe una, aunque sea insuficiente, que seguir como hasta ahora, que es la pura opacidad. Por eso, les invito a votar a favor, diciéndoles que es mejor continuar luchando por más transparencia que quedarse en ninguna transparencia, que es exactamente como estamos ahora. Nuestra ley será más o menos completa, señorías, pero es indudable que es un paso adelante con respecto al panorama que tenemos ahora mismo.

Me voy a referir al Grupo Socialista, agradeciéndole al senador Rodríguez Esquerdo las palabras tan amables que nos ha dedicado a la senadora Nevado y a mí. Pero sepan, señorías, que los socialistas nunca aprobaron un texto sobre transparencia, y si ahora ustedes no apoyan el de la nueva mayoría, no va a caber mayor tributo a la oscuridad. Por dos veces, ustedes, en el Gobierno y ahora en la oposición, habrán despreciado la oportunidad de ser transparentes, y aquí no cabe el: sí a la transparencia, pero no a esta ley. Porque, señorías, sin esta ley la Administración




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pública española va a seguir en la oscuridad de siempre y en la opacidad de siempre. Sinceramente, yo que ustedes, votaría a favor aunque solamente fuera, señor Rodríguez Esquerdo, porque es imposible justificar un voto en contra.

Invocar cuestiones reglamentarias, a mí, sinceramente, me parece una excusa de mal pagador. Hablan de las enmiendas que no se les han aceptado. Señorías, tanto la senadora Nevado como yo estamos esperando desde hace una semana que se pronuncien sobre las transaccionales que les entregamos en la ponencia el miércoles pasado. Lo estamos esperando. Entonces, dígame cómo le decimos a un ciudadano que no vamos a aprobar una ley para que ese ciudadano sepa en qué gasta los impuestos, por ejemplo, su ayuntamiento, porque a algún senador destacado en la oposición no se le ha aceptado una enmienda. ¿Quiere que digamos eso? ¿Esta explicación es la que usted le va a dar a sus casi siete millones de votantes, señoría?, ¿que no les gusta que no les hayan aceptado una enmienda o que no les ha parecido bien que les hayan aceptado una enmienda? Llevo una semana esperando que usted me diga algo ante el ofrecimiento que tanto la senadora Nevado del Campo como yo hicimos a su señoría y al senador Antich. Sinceramente, me parece asombroso, señoría, que ustedes voten no a una ley que ya lleva enmiendas suyas, porque ya aceptamos enmiendas suyas en ponencia y, por supuesto, en el trámite del Congreso.

Señor presidente, señorías, es la primera vez que veo a alguien votar en contra de sí mismo. Está claro que la doctrina de los actos propios con el Grupo Socialista no va; ahora que para cosa rara —yo pensaba que lo había visto todo en comisión, pero no—, figúrense si el Grupo Socialista estará cerrado a cualquier acuerdo, que se negaron a acomodar el texto de la ley a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional; ustedes, que últimamente no salen del Tribunal Constitucional. ¡Asombroso, señorías!, ¡asombroso! Pero, bueno, es cierto que además de la crisis y el paro hay dos enemigos más en España, que son la corrupción y la falta de confianza en las instituciones.

Yo no voy a hablar de casos concretos de corrupción, ni que afecten a mi partido, que le afectan, ni que afecten a otros partidos, que les afectan. No me parece una buena política la de estar con el retrovisor constantemente, señorías.

La corrupción está produciendo un daño enorme a la democracia española. La corrupción —como les decía— nos afecta a todos, pero yo creo que la lucha contra ella se puede ganar, y para ello necesitamos políticos concienciados, actitudes limpias y, señorías, leyes como esta. Y yo creo —de vedad se lo digo— que no podemos presentarnos divididos ante la opinión pública. No les puede parecer a los ciudadanos que los políticos defendemos los intereses de nuestros partidos antes que ponernos de acuerdo a favor de la Ley de transparencia —porque, señorías, este es el mensaje que se está enviando en estos momentos—, y esta ley es un paso adelante en la lucha contra la corrupción.

Ser transparentes a partir de este momento va a ser una obligación de la que no se va a librar absolutamente nadie, y no se libran ni la Casa Real ni los partidos políticos ni los sindicatos ni las organizaciones empresariales ni el Banco de España, ni todas aquellas organizaciones que reciban una cantidad importante de fondos públicos. Y con esta ley, como les decía en mi intervención anterior, los españoles tendrán y disfrutarán un efectivo derecho a saber.

Y me pregunto y les pregunto, señorías: ¿Alguien puede votar no a estos avances? Yo creo que no. Esta ley hace historia. Como muy bien ha dicho el senador Martí, estamos legislando ex novo hoy aquí sobre lo que no existe, y somos legisladores. Nosotros estamos obligados a cumplir con la Constitución, y este proyecto de ley cumple con ella, la desarrolla e incluso va más allá de donde el constituyente fue capaz de llegar. Es más, el Grupo Popular entiende que completa nuestra democracia, por lo tanto, les anuncio que el Grupo Popular no va a dejar pasar esta oportunidad.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos las propuestas de veto en el mismo orden en el que han sido defendidas.

Empezamos con la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 10; en contra, 165; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 8; en contra, 167; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, del senador Unamunzaga.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 9; en contra, 167; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos finalmente la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 8; en contra, 166; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Señorías, rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas, comenzando con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

Se han presentado las enmiendas 1 a 53,a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal, y las enmiendas 62 a 70, a iniciativa del senador Unamunzaga.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Mariscal. (Rumores.)

Guarden silencio, señorías, por favor. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. Abandonen el hemiciclo en silencio.

Cuando quiera, senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Gracias a los dos senadores del Partido Popular que han apoyado el veto de los senadores Iglesias y Mariscal, el mío. Nuestro trabajo nos ha costado meter a dos infiltrados en el Grupo Popular para apoyar nuestro veto.

Vamos a continuar con el debate de las enmiendas, cuyo principal objetivo es que esta ley reconozca el derecho a la información pública como derecho fundamental, uno de los elementos primordiales que hemos defendido en este debate y que vamos a seguir defendiendo, en primer lugar porque nos parece que esta Ley debería ser una ley orgánica, ya que insistimos en que las contradicciones en las que va a entrar inevitablemente con la Ley Orgánica de Protección de Datos van a ir siempre a favor de esta última, y en segundo lugar, porque queremos eliminar la limitación del derecho a la información pública, que está sujeta al derecho administrativo. Lo hemos comentado antes. Es verdad que se ha incluido la Casa Real, pero a nosotros lo que nos gustaría de verdad es saber con quién se ve el monarca y para qué. (Rumores.) Con quién se ve para hacer negocios, por favor. (Rumores.) Como digo, con quién se ve para hacer negocios o para que la marca España salga hacia delante, etcétera.

Asimismo, nos parece que hay que fundamentar los límites al derecho de acceso que aparecen en el artículo 14. Indicamos, al igual que otros grupos que apoyan también esta Ley, algunos elementos de supresión, que nos parecen lo suficientemente ambiguos como para que esta Ley sea finalmente papel mojado y que merezca por nuestra parte el calificativo de que puede nacer muerta o absolutamente inútil.

Nos parece lógico limitar el derecho de acceso o que pueda ser restringido cuando acceder a la información suponga un perjuicio para elementos como la seguridad nacional o la defensa, y habría que describir y detallar exactamente en qué consistiría. Pero habría que definir qué significa




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eso de los intereses económicos y comerciales, de quién y por qué, o la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión —precisamente cómo se toman las decisiones y quién defiende qué a la hora de tomar qué decisiones, por ejemplo, en el ámbito de una comisión de urbanismo—. ¿Por qué no podemos saber eso? Es que ahí está la clave. Y si esto no figura negro sobre blanco en esta Ley, pues creemos que, efectivamente, esta Ley nace muerta.

Estos límites a este derecho de acceso son inconcebibles. La Administración con esta ley se puede permitir el lujo de no responder a los ciudadanos, y no pasa absolutamente nada. El ciudadano puede recurrir al Consejo, el Consejo puede no responderle y puede no pasar absolutamente nada. Me resulta penoso que el secretario general de la Presidencia vaya a filtrar la petición de preguntas que se hagan con respecto a la Casa Real.

En general, por lo tanto, respecto a las 53 enmiendas que hemos presentado por parte de los senadores de Izquierda Unida, nos gustaría que se mostrara el apoyo a algunas de ellas que pudieran mejorar el texto de esta ley, por lo que les pedimos su voto favorable a las mismas.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Señor presidente, con su permiso intervendré desde el escaño. Simplemente es para comunicar que doy por defendidas las enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas números 54 a 61.

Para su defensa tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Tal como he comentado en el turno de portavoces de los vetos, entendemos que este proyecto de ley todavía tiene lagunas importantes a corregir. Es verdad también que se ha hecho un gran trabajo en el Congreso de los Diputados, donde ha habido muchas comparecencias, comparecencias que además han sido muy interesantes, que ha significado que el texto que ha sido remitido a esta Cámara no haya tenido nada que ver con el texto que entró en el Congreso de los Diputados. Entiendo que en el Congreso de los Diputados sí ha habido un trabajo, que aquí se ha intentado pero no con la generosidad y profundidad suficiente como para poder seguir mejorando el texto. En ese sentido dentro de nuestras enmiendas quisiera subrayar aquellas que están relacionadas con los límites al derecho de acceso a la información o, lo que es lo mismo, con el artículo 14.

Nosotros no acabamos de entender que se limite o se pueda limitar de una manera tan amplia, tan global, el derecho al acceso. Por ejemplo, si estamos hablando de intereses económicos y comerciales —y este es un ámbito que nos puede limitar el derecho al acceso—, ¿qué hay en esta vida, y más ahora, que no tenga un interés económico o un interés comercial? ¿Qué hay en esta vida? O si la protección del medio ambiente también es algo que puede limitar el acceso a este derecho, quiere decir que, por ejemplo, con el desastre que hemos vuelto a retomar del Prestige, pues evidentemente hubiéramos podido tener grandes lagunas de información, grandes lagunas que hubieran supuesto que la ciudadanía no se hubiera enterado de muchas de las cosas que al final sí se ha informado.

Por ello me gustaría pedir al grupo mayoritario que en este sentido hiciese un esfuerzo, porque no tiene sentido en estos momentos dejar de una manera tan amplia la protección del medio ambiente, el argumento de los intereses económicos y comerciales o el argumento de la política económica y monetaria. Eso es lo que hecho en falta en el trabajo del Senado, justificar o intentar trabajar para limitar, lo que en nuestra opinión es una laguna importante.

A partir de ahí, otro de los ámbitos que nosotros consideramos importante y que no iba en nuestras enmiendas, pero sí quiero reconocérselo al Partido Socialista porque sí lo hacía, es la composición del Consejo que se ha formado para la transparencia y buen gobierno. Entiendo que la propuesta que se hace es mucho más abierta, mucho más cercana a la ciudadanía, busca una




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participación mucho más importante por parte de los representados, pero se tendría que hacer un esfuerzo para ver de qué manera se puede mejorar el Consejo antes citado. Es lo que hecho en falta.

Aprovecho el turno que me corresponde ahora para pedir al grupo mayoritario que atienda aquellas enmiendas que pueden mejorar de manera importante este proyecto de ley, que, como he dicho antes, vamos a apoyar.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya se han presentado dos bloques de enmiendas: el primero, de la enmienda número 71 a la 123, y el segundo, de la 124 a la 155, 157, 158, de la 162 a la 165, y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 269 del Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa del primero de los bloques, enmiendas números 71 a 123, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Como las enmiendas son idénticas a las que ha defendido el senador Mariscal y creo que no es oportuno alargarme, las doy por defendidas con los mismos argumentos.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Para la defensa del segundo bloque de enmiendas, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, presidente.

En coherencia con mi intervención anterior, y con el objetivo de colmar los ámbitos en los que nos parece que esta Ley se queda corta o muy corta, voy a defender básicamente dos bloques de enmiendas, a los que añadiré algunas otras complementarias que al Grupo de la Entesa también le gustaría destacar y subrayar.

El primer bloque, como he dicho antes, hace referencia a nuestra voluntad de generalizar como publicidad activa lo que se define en el artículo 13 como contenidos y documentos producidos por las administraciones públicas que conforman y configuran la información pública. Nuestra intención es que se incorporen a la lógica del capítulo II de la Ley y, por tanto, se estructuren y se galvanicen como publicidad activa entorno al instrumento del portal de la transparencia.

Me gustaría, senadora Nevado, que nos diera realmente los argumentos por los cuales ustedes rechazan estas enmiendas puesto que no hemos podido escucharlos ni en la ponencia ni en la comisión. Hasta ahora no consigo entender por qué no quieren equiparar lo que dice textualmente el artículo 13 «Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte que obren en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.»—, por qué este contenido material no puede ser tratado como el que se desarrolla en el capítulo II. No lo entendemos, y puesto que no lo entendemos y no recibimos explicaciones al respecto, mucho nos tememos que tiene que ver con el fondo de nuestras discrepancias en torno a la Ley. Porque, en definitiva, señorías, se trata de invertir la carga de la prueba, se trata de que los ciudadanos no tengan que solicitar un tipo de información, sino que la tengan de entrada a su alcance y en todo caso sea la Administración la que catalogue esta información pública, estos contenidos y estos documentos como materia reservada, y entonces la ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas, sí tengan la posibilidad de acceder a ella solo a través de su solicitud explícita. Creemos que, aparte de ser más coherente con el espíritu de la Ley y dar muchas más facilidades a la ciudadanía, aparte de tener más lógica en su desarrollo, permite un mejor cumplimiento del derecho de acceso a la información y evita la burocratización excesiva que se puede producir y que ha sido argumentado por la senadora Vindel como una de las causas para defender el silencio negativo. Si este ejercicio del derecho al acceso a la información pública estuviera formulado como nosotros defendemos, este argumento sería innecesario y, por tanto, podríamos volver a la coherencia del silencio positivo. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)




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Con este primer bloque tiene que ver también una enmienda de supresión al artículo 17 para eliminar la necesidad de motivar las peticiones. Tanto el texto y el redactado que ustedes defienden como el que proponemos nosotros en buena lógica, entendemos que es autocontradictorio y que sería todo mucho más fácil si no hubiera ninguna referencia a la necesidad de motivar o no las peticiones de información, porque los ciudadanos que lo quieran hacer lo harán y los que no lo quieran hacer simplemente pondrán sus datos y no lo harán. Ello no traerá a colación posibles confusiones sobre si esta motivación es a su vez objeto del fundamento de la denegación o no de la petición.

Otra enmienda que nos parece sustancial, que la han defendido muchas entidades y asociaciones en coherencia con las normas internacionales que rigen la transparencia, es la que se refiere al artículo 18. Aquí también les pregunto: ¿Por qué no se puede tener acceso a las comunicaciones e informes internos entre entidades u organismos de la misma Administración pública? ¿Por qué no? A los borradores y notas podría ser discutible, lo admito, pero comunicaciones e informes internos, que son el fundamento de la toma de decisiones, ¿por qué están automáticamente excluidos del derecho de acceso a la información?

En definitiva, señorías, siempre mejor la publicidad activa —que denota que no hay nada que ocultar, aunque se clasifiquen o se reserven algunas de las cuestiones— que tener que pedir siempre todo y que la Administración se reserve el derecho a denegar con poca justificación y con el susodicho silencio negativo. Por tanto, en este primer bloque de enmiendas, este sería uno de los fundamentos de nuestra discrepancia con el contenido de esta Ley.

El segundo bloque, como también he dicho antes, hace referencia al Consejo de transparencia y buen gobierno, porque este Consejo debería ser la garantía de la autoexigencia y del cumplimiento de la ley. Si este Consejo no está a la altura de los objetivos y las declaraciones de la propia Ley, se convierte en simple retórica y en un organismo que no tiene la capacidad para desarrollar las funciones que se esperan y, por tanto, en último término, para conseguir que la transformación de la realidad de esa cultura de la Administración pública y de esa capacidad de la ciudadanía de disponer de derechos que hasta ahora no posee se lleve a cabo.

Por tanto, hemos redactado —en este caso, conjuntamente, la mayoría, con el Grupo Socialista— un grupo de enmiendas destinadas a reforzar la independencia y las capacidades de la presidencia del Consejo de transparencia y buen gobierno y a ampliar los recursos y las funciones del Consejo, especialmente en materia de supervisión y de impulso al cumplimiento de los preceptos de la Ley. Otras enmiendas formulan una composición más plural y también de arraigo social, y, finalmente, existen otras enmiendas que desarrollan otra dependencia orgánica del Consejo y otra forma de nombrarlo.

Todo ello porque entendemos, como he dicho antes, que este Consejo es la clave para no caer en el error de legislar sin que luego pase nada, que es precisamente una de las fuentes y de las mayores causas de desafección hacia el trabajo de la política y la política en general, es decir, legislar y que luego la realidad no cambie; que la Administración en este caso y todas las entidades que se han relatado y todas las empresas y organismos sustentados mayoritariamente con fondos públicos no acaben aplicando realmente esta Ley nada más que sobre la base de su voluntarismo o por la pura inercia de las cosas que se hacen en general.

Hace falta un organismo que vigile, que supervise, que impulse, que imparta disciplina, sí, pero sobre todo que se implique y que con su trabajo y su actividad acabe haciendo, como he dicho, que las leyes no solo se cumplan sino que se hagan efectivas y los ciudadanos y ciudadanas noten un cambio real en sus posibilidades y sus derechos cotidianos.

Para finalizar, quiero destacar otras dos enmiendas que para nosotros son significativas: la enmienda número 125, que no solo permite que los ciudadanos y las ciudadanas se dirijan a la Administración pública para los fines de esta ley en el uso de las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas con dos lenguas, sino que pide que la publicidad activa que se prevé en esta ley —como no debería ser de otra manera— también esté en estas lenguas cooficiales, en el marco de las comunidades autónomas de referencia. Por tanto, es una enmienda importante para mi grupo en la línea, por ejemplo, de lo que discutíamos ayer sobre la realidad plurilingüe de España.

La otra enmienda es la número 164, para nosotros importante también, que hace referencia a un tema que se ha mencionado de pasada en este debate, que pretende que esta ley genere la




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obligación de regular lo que entendemos normalmente por lobbys. Esta sí es una asignatura pendiente de la calidad de la democracia, lo que coloquialmente podríamos llamar la prueba del algodón de la calidad democrática en cualquier país. Es un tema complejo, sin duda, pero debemos emplazarnos ya a tratarlo, a abordarlo y a darle una salida porque las cosas pasan aunque no queramos, aunque digamos que no pasan, y lo mejor es verlas de frente e intentar abordarlas. Mi grupo entiende que como mínimo este es el papel de las administraciones públicas del Estado.

En definitiva, estas son, señorías, las enmiendas fundamentales para mi grupo parlamentario que creemos que mejoran sustantivamente el articulado en el sentido de los objetivos que se dibujan en la propia ley: una transparencia realmente efectiva y un acceso fácil y directo a la información pública.

Como he dicho antes, espero sus respuestas a nuestras peticiones de enmiendas, aunque ya voy intuyendo que nada va a haber, una vez más, con relación a nuestros planteamientos y que, por tanto, el acuerdo va a ser difícil.

Usted está en su derecho, senadora Vindel, como ha dicho, a reclamar nuestro voto afirmativo con el argumento que yo mismo he utilizado, pero al revés: para nosotros es absolutamente imprescindible que ya que somos los últimos, que ya que vamos a llegar tarde, vayamos con todo el arsenal de medidas que han sido comprobadas en muchísimos otros países para garantizar una transparencia de las administraciones públicas realmente efectiva, un derecho de acceso a la información realmente efectivo y unos criterios de buen gobierno contrastados. No hacerlo es una equivocación, y para nosotros es definitivo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Al entender que este proyecto de ley es mejorable hemos presentado un voto particular para defender en el Pleno treinta y siete enmiendas. De las treinta y ocho que presentamos inicialmente, una fue transaccionada en la ponencia. Hemos presentado diecinueve enmiendas de supresión, ocho de modificación y diez de adición.

La primera que nos parece importante es la enmienda de adición número 167, con la que proponemos añadir un punto 6 al artículo 5, obligando a la Administración General del Estado a publicar anualmente la información relativa a las diferencias en cada comunidad autónoma entre la inversión presupuestada por el Estado, incluyendo el sector público estatal, y la efectivamente realizada en todo los ámbitos de su competencia, a los efectos de que se conozcan las estadísticas y las inversiones efectuadas.

Consideramos que uno de los principios generales de la transparencia que debe aplicar la Administración General del Estado y que debe conocer cualquier ciudadano es cómo se vehiculan las inversiones que el Estado realiza en los diferentes territorios. La recaudación de impuestos de cada territorio genera un conjunto de inversiones que deben fomentar el crecimiento en consonancia con su actividad económica y los ciudadanos de cada uno de ellos deben conocer certeramente cuál es la inversión o el retorno que la Administración realiza en sus territorios. Por ello, el hecho de conocer la inversión pública efectuada por la Administración General del Estado debe ser uno de los principios generales de esta ley como ejemplo de transparencia de las administraciones públicas.

Planteamos también una enmienda de adición al artículo 7 para puntualizar que la determinación del momento en que debe darse publicidad a los proyectos y a las memorias corresponde a las propias comunidades autónomas, que a través de sus diferentes departamentos ejercen sus respectivas competencias.

Planteamos también la modificación del artículo 8. a). Mediante la misma enmienda se intenta evitar que se traspase el carácter de lo básico, de lo que pueden constituir posiciones mínimas, que permitan al legislador autonómico el ejercicio de sus competencias. Así, en lo que concierne a la letra objeto de la presente enmienda, la información sobre modificaciones de los contratos, las decisiones sobre desistimientos y la renuncia de los contratos, se insertan en el terreno de los detalles que desbordan el ejercicio de una transparencia general, que limita de forma casi absoluta




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la intervención de las distintas administraciones incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto, en cuanto a la información de detalle en este ámbito en el marco de sus propias competencias.

Mediante la enmienda número 170, de adición, de la letra j) al artículo 8, se pretende disponer la obligación de publicación de las balanzas fiscales bianualmente. El mayor ejercicio de transparencia en un modelo territorial compuesto es el hecho de establecer la obligación para que la Administración General del Estado publique las balanzas fiscales de todas las comunidades autónomas del Estado.

El punto 3 del artículo 8 pretende reforzar la transparencia sustituyendo el término «administraciones públicas» por «Administración General del Estado y los órganos constitucionales».

La modificación del artículo 9.2 tiene por objeto aclarar cuál es el régimen disciplinario al que se refiere y que la iniciación del expediente disciplinario corresponda a los órganos establecidos por la correspondiente comunidad autónoma o entidad local, tal como se desprende del artículo 28.2.c).

Las enmiendas números 173 y 174 son de supresión de las letras h) e i), del número 1, del artículo 14. Consideramos que no deben ser excluidos los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria y la protección al medio ambiente. Los motivos de denegación deben acotarse a los que sean expresamente determinados, suficientemente claros y necesarios para proteger determinados bienes jurídicos protegidos, conforme a lo que podría desprenderse del artículo 102 de la Constitución Española, ya que, en caso contrario, estaríamos estableciendo un conjunto de restricciones que limitarían de forma arbitraria el derecho de acceso.

La letra l) del artículo 14.1, debería ser modificada para que se precise el bien jurídico protegido, pasando a puntualizar en los casos en que pueda ser perjudicial para especies en peligro de extinción o puedan provocar por sus circunstancias catástrofes naturales y ceñir más el ámbito de aplicación.

Hemos presentado también una enmienda tendente a la modificación del artículo 15.1, que pretende delimitar el acceso a los datos que atañen únicamente al solicitante de dicho acceso. A menudo, un documento o expediente administrativo contiene información sobre diversas personas físicas. La delimitación entre el derecho de acceso a la información y el derecho de acceso previsto en la normativa de protección de datos no deriva de que la información contenga datos relativos a una o a varias personas sino de que el objeto del acceso se limite a los propios datos incorporados en un expediente administrativo.

Finalmente, y dada la confusión a la que podría conducir dicho apartado, se ha llegado a una transaccional para la supresión del mismo artículo, pasando el 15.2 a 15.1.

La enmienda de modificación del artículo 20.4 está orientada a establecer el silencio positivo, excepto cuando pudiese conllevar una revelación de datos de carácter personal especialmente protegidos o cuando una ley contemple una denegación.

También planteamos la adición de un nuevo apartado al artículo 20. Se presenta para puntualizar que el procedimiento administrativo posterior que se derive del ejercicio del derecho de acceso a la información pública pueda ser objeto de regulación propia por aquellas comunidades autónomas que tengan competencias exclusivas en la materia.

Planteamos también la supresión del número 2 del artículo 25, por un mero principio de respeto al marco competencial.

Por lo que al artículo 28 se refiere, planteamos la supresión de varias letras del mismo: e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ) y o). Teniendo en cuenta que el incumplimiento de los requisitos de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ya prevé procedimientos disciplinarios para el incumplimiento de sus requerimientos, establecer un procedimiento sancionador nuevo podría implicar la existencia de procedimientos sancionadores duplicados, vulnerando el principio non bis in ídem.

También planteamos la adición de un nuevo apartado en el artículo 28 para que, teniendo en cuenta que en ocasiones la causa del incumplimiento pueda derivar de otra Administración que no ha cumplido con sus obligaciones, se considere que no ha existido infracción en aquellos supuestos en los que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley tenga su origen en el incumplimiento por parte de esta otra Administración pública.




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Referente al artículo 29.1, pedimos en la enmienda la supresión de las letras a) y f), dado que estos supuestos se consideran poco precisos y de posible y arbitraria aplicación. Se pretende su supresión en aras de la seguridad jurídica.

Las enmiendas números 195 y 196 consisten en la supresión de la literalidad del número 3 del artículo 29, pues vulnera el principio de seguridad jurídica en lo referido al principio de tipicidad, y la modificación de la letra b) del número 3 del artículo 29, mediante la supresión de la expresión «el descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones». Se considera que dicha expresión vulnera el principio de seguridad jurídica en lo referido al principio de tipicidad, en materia sancionadora, que exige que los mandatos sean claros, concretos, precisos e inteligibles, tal y como señala el Consejo de Estado.

Mediante la enmienda 197, formulada al artículo 30.4, se suprime la destitución como sanción por entender que es una sanción que no tiene un buen encaje en la sistemática de este régimen sancionador de carácter administrativo.

Planteamos la adición de un nuevo apartado a la disposición adicional cuarta para puntualizar que, en todo caso, las comunidades autónomas podrán atribuir funciones que esta ley concede al Consejo de transparencia y buen gobierno al órgano independiente que determinen.

En la enmienda número 199 planteamos la adición de una nueva disposición adicional para disponer el establecimiento de un registro general de intereses. Mi grupo considera que se debe normalizar la relación de los grupos de interés, también conocidos como lobbies, y los poderes públicos a través de la Ley de transparencia con el ánimo de dotar un marco regulatorio que ampare jurídicamente la creciente participación de los grupos de interés en el desarrollo normativo realizado por las administraciones públicas, de acuerdo también con el Libro Verde de la Unión Europea Iniciativa europea en favor de la transparencia y muy particularmente con el Registro de Transparencia de las instituciones europeas, de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, que entró en vigor el mes de junio de 2011 y que permite el seguimiento de la participación tanto de organizaciones como de los individuos en el procedimiento legislativo y ejecutivo.

Hemos presentado también una enmienda para la creación de una nueva disposición adicional para establecer un mecanismo de publicidad sobre el grado de cumplimiento de las iniciativas respaldadas por la Cámara. De esta manera, el Gobierno debería comparecer ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados al inicio de cada periodo de sesiones para, previa remisión del informe correspondiente, informar del grado de cumplimiento de las iniciativas que hayan contado con el apoyo de la Cámara en el periodo de sesiones anterior al de su presentación. Dicho informe, en el que se debería dar cuenta de forma singularizada del cumplimiento de cada iniciativa aprobada en Pleno y comisiones, sería publicado y accesible a todos los ciudadanos a través de la página web.

La enmienda 201 es también de adición y en ella se propone la creación de otra disposición adicional, en este caso para adaptar la nueva ley a la realidad plurilingüe del Estado. Dispone que en aquellas comunidades autónomas con una lengua oficial propia distinta al castellano la Administración General del Estado vele, de manera expresa, para que las obligaciones de transparencia que establece esta ley puedan atenderse en esta lengua.

También hemos presentado una enmienda de adición para evitar que como consecuencia de normas estatales se deban asumir compromisos de gasto o reconocimiento de obligaciones que afecten gravemente a las disponibilidades presupuestarias de las administraciones territoriales distintas a la Administración General del Estado, disponiendo que en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente ley el Gobierno impulse la revisión y,en su caso, modificación de las disposiciones estatales contenidas en el ordenamiento jurídico que supongan para cualquiera de las administraciones territoriales compromisos de gasto o reconocimiento de obligaciones que afecten gravemente a las disponibilidades presupuestarias de dichas administraciones y que pongan en peligro la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Finalmente, hemos presentado una modificación a la disposición final sexta que tiene por objetivo acotar el ámbito de la legislación básica en materia de transparencia por lo que al título competencial se refiere.

Mediante la presentación de estas enmiendas mi grupo pretende una mejora del texto y pedimos, pues, el voto favorable a dichas enmiendas.

Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el presidente Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero empezar, como han hecho ya algunos de los demás intervinientes, reconociendo que, efectivamente, durante su paso por el Congreso el proyecto de ley ha mejorado de forma relevante; mejoró básicamente en todo lo que respecta a la división de competencias y también en cuanto a los sujetos obligados. En este sentido, creo que merece la pena valorar el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios.

Mi grupo, como todos los demás, se esforzó en la tarea de enriquecer este proyecto y, por lo tanto, participando en multitud de reuniones y también presentando sesenta y siete enmiendas en el Congreso de los Diputados y treinta y tres en el Senado. He de decir que en el Congreso, no directamente pero sí por coincidencia con otras enmiendas de otros grupos, muchas han mejorado el proyecto de ley y en el Senado el grupo mayoritario —y quiero agradecer la disponibilidad de las dos senadoras que han participado en la ponencia— ha incorporado cuatro de nuestras enmiendas que, desde nuestro punto de vista, mejoran el texto. Mejora el texto, sin duda, el hecho de que la memoria que evalúe la aplicación de la ley se presente también en el Senado y no solo en el Congreso; también mejora el texto el que se recojan aportaciones respecto de la mejora de las funciones del Consejo de transparencia, así como del presidente.

A su vez, agradecemos que el grupo mayoritario haya incorporado nuestra enmienda 218 respecto a que los solicitantes de información puedan dirigirse a las administraciones públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio que radique la Administración en cuestión. En este punto, solo tenemos que lamentar que no se haya podido completar la tarea porque realmente nosotros proponíamos que en las contestaciones que se hagan por las administraciones públicas también se tengan en cuenta estas lenguas cooficiales.

También he de decir que valoramos la transacción respecto de la supresión del número 1 del artículo 15, porque creemos que da más claridad a la aplicación de la ley.

En cualquier caso, desde mi grupo hemos de manifestar que, a nuestro entender, los frutos a que han dado lugar las negociaciones no son suficientes. Creemos que se hubiera podido avanzar más y sobre todo en algunos temas que, desde nuestro punto de vista, son clave; aspectos clave que, sin significar un giro absoluto respecto del mismo texto, sin embargo hubieran representado una clara profundización de los derechos que desarrolla el proyecto de ley en algunos casos y, en otros, se hubieran corregido deficiencias que aún mantiene el proyecto y que, desde nuestro punto de vista, hacen que sea incompleto.

Todos coincidimos en que estamos ante una ley que debiera ser instrumento para dar un gran giro al funcionamiento de las instituciones, para facilitar la participación de la ciudadanía y dificultar la corrupción. Se ha manifestado que estamos ante, quizás, la ley más importante de la legislatura, germen de un cambio en la forma de funcionar de la política y de las instituciones y, sobre todo, respecto de estas en su relación con la ciudadanía.

Un proyecto de ley que debe ayudar a que reduzcamos la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones y la política y a responder a las mayores exigencias que demandan los ciudadanos y ciudadanas. Implícitamente, todos estamos reconociendo la necesidad de un gran cambio ante muchas deficiencias, muchos problemas y mayores demandas de la ciudadanía. Por ello, mi grupo entiende que si ello es así — que lo es — es vital demostrar a la ciudadanía que los contenidos de la ley van en serio, que se aplicarán y realmente las cosas se harán de otra manera. Por ello, creemos que es básico que el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley sea verdaderamente independiente; es básico que sea así, y no puede ser que su presidente pueda ser ratificado solo por mayoría absoluta. Estamos realmente ante un derecho fundamental, que si no lo es, es porque aún no cabe en lo previsto en nuestra Constitución, pero muchos coincidimos en que, si cupiera o se modificara la Constitución, apostaríamos para que lo fuera, que fuera un derecho fundamental. Por ello, quien debe velar por su cumplimiento debe ser independiente, claramente independiente, y lo será si para ratificarlo se necesita una mayoría cualificada en la que participen distintos grupos de la Cámara y no solo, como podría darse el caso en esta legislatura, por un solo grupo.




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Ya sé que se me dirá que, por la experiencia que tenemos, las mayorías cualificadas se reservan para ciertos órganos constitucionales. Pues bien, quizás ha llegado el momento de romper con esto y entender que la transformación que pretendemos de las administraciones no se logrará sin verdaderos cambios que garanticen la capacidad suficiente de los instrumentos que deben velar por su promoción y cumplimiento y no seguir con fórmulas demasiado jerárquicas o dependientes, entre otras cosas, porque es básico no defraudar a la gente y para ello es muy relevante tener una buena ley, pero también el cómo se aplique esta ley. Lo cierto es que no es una buena fórmula que el presidente pueda depender de una mayoría coyuntural si tenemos en cuenta que el proyecto de ley tiene ámbitos donde será muy necesario aplicar una buena interpretación. Por ejemplo, excepciones, límites, etcétera. Tampoco lo es que la comisión sea un órgano sin casi participación externa. Yo no digo que nuestra fórmula, la que hemos propuesto, sea la mejor, lo que sí digo es que es lástima que no se hayan podido incorporar al Consejo otras visiones, otras pluralidades, además de las que se derivan de los organismos institucionales y de las instituciones ya existentes, por cierto, casi todos ellos sujetos obligados a las normas de transparencia. Necesitamos la observación de entes externos, darles participación y dar a este organismo más pluralidad. En este sentido, también la adscripción del Consejo creíamos que era más oportuno que fuera a un ministerio más político, que al encargado directo de gran parte de las administraciones sobre las que se ha de ejercer el control de transparencia, además de que también sea imprescindible reforzar sus facultades para un mejor cumplimiento de su misión.

Señorías, tampoco me resigno a no reivindicar el papel de esta Cámara, del Senado. Es verdad que hemos mejorado su papel en cuanto a la presentación de la memoria del Consejo de transparencia, a anunciar su cese, pero no puedo entender por qué el presidente del Consejo solo debe ser ratificado por el Congreso.

Estamos hablando de una ley horizontal con funciones básicas respecto de la normativa en materia de transparencia y, por lo tanto, con efecto sobre otras legislaciones y sobre los distintos niveles territoriales. En este sentido, no es lógico que la Cámara Alta, territorial y de segunda lectura, no participe en la ratificación del presidente. En vez de avanzar en acortar distancias entre Congreso y Senado las estamos manteniendo, todo ello sin perjuicio de agradecer los avances que hayamos podido lograr algunos durante la tramitación aquí en el Senado.

En relación con el Consejo de transparencia, nuestras enmiendas también reivindican mayores potestades que hagan más efectiva la función que se le encarga y que la participación de la FEMP en la comisión no sea solo posible sino obligatoria en los casos previstos en la ley.

Pasando a otro asunto, si bien es cierto que la Constitución no nos permite que el derecho recogido en esta ley sea un derecho fundamental, lo que no impide la Constitución es que podamos aplicar algunos de los efectos que ello conlleva, por ejemplo, que los recursos contencioso-administrativos que se deriven de la ley se puedan tramitar por el procedimiento especial previsto para los derechos fundamentales, dando mayor celeridad a los mismos y de esta forma a las demandas de los ciudadanos, cuyo retraso puede determinar perjuicios a los administrados.

Otro de los aspectos a los que se refiere nuestras enmiendas es a ahondar en una mayor publicidad activa, a que las administraciones faciliten más información sin la necesidad de que nadie la tenga que pedir. Para ello, con nuestras enmiendas apuntamos toda una serie de aspectos que, a nuestro entender, enriquecen el actual contenido del proyecto de ley. Pedíamos que las empresas o entidades privadas que prestan servicios públicos —y, especialmente, las que lo hacen en educación, sanidad y servicios sociales— tengan la obligación de hacer pública la forma y condiciones en que presten estos servicios. Queríamos que las administraciones hicieran públicas las relaciones de puestos de trabajo, sus procedimientos administrativos, sus cartas de servicios y también los contratos de alta dirección que se celebren en el sector público, así como las acciones o participaciones que poseen en el capital de sociedades mercantiles.

Para dar sentido definitivo a los trámites de información pública previstos en la elaboración de determinadas disposiciones o la aprobación de determinados planes, proponíamos que se hiciera público un resumen de las observaciones planteadas y de su aceptación o rechazo.

Planteábamos garantizar la publicidad no solo de los contratos realizados por las administraciones sino también sus eventuales, por así llamarlas, incidencias, modificados, prórrogas, resoluciones, etcétera, así como la publicidad de los negocios jurídicos y sus incidencias que tengan por objeto bienes inmuebles y derechos patrimoniales de las administraciones públicas,




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en especial, respecto del programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado aprobado por el Gobierno.

Planteábamos también la publicación de toda la información sobre todos los elementos y fases de adjudicación de las campañas de publicidad institucional. Queríamos someter a publicidad todas las actuaciones en materia urbanística. Proponíamos que las bonificaciones al impuesto sobre sociedades, con ciertas limitaciones, fueran públicas, ya que al final se trata de una especie de subvención. Exponíamos que las declaraciones de actividades, bienes y derechos patrimoniales de todos los altos cargos fueran públicas. Queríamos mejorar el diseño del portal de la transparencia. Solicitábamos tipificar como infracción sancionable administrativamente las violaciones del deber de publicidad.

En definitiva, se trata de un conjunto de aportaciones que no ha sido posible incorporar y que, a nuestro entender, suponían reforzar de forma muy relevante la publicidad activa que contiene el proyecto de ley. Un refuerzo en ámbitos de gran importancia: altos cargos, urbanismo, campañas publicitarias, enajenaciones, puestos de trabajo, etcétera, algunos de ellos especialmente relevantes porque la experiencia nos indica que han sido origen de no pocos conflictos.

Nuestras enmiendas apuntaban a más ámbitos y dentro de los mismos a una mayor ampliación de datos que haga más inteligibles los distintos procesos.

Otro aspecto es el del buen gobierno, respecto del que mediante nuestras enmiendas hacemos referencia a algunos apartados que creo que son importantes, pero me quiero referir principalmente a que no es lógico que entre los principios generales del buen gobierno no figuren la evaluación de políticas públicas, la rendición de cuentas y la gobernanza. Sin duda, uno de los déficits que tenemos es precisamente la falta de evaluación de los resultados de las políticas, de las legislaciones, de los programas, de los planes, que permiten rectificar deficiencias o efectos no deseados. De hecho, el artículo 6 de la ley habla de ello, pero después se olvida cuando habla de buen gobierno.

Evaluar políticas es básico para poder rendir cuentas, otro principio general que en los tiempos en que vivimos no puede ser que no inspire al buen gobierno. La rendición de cuentas es imprescindible para mejorar la democracia representativa. La mejor información es que la gente conozca de forma periódica los resultados de las políticas, no solo datos, que también. Una cultura de rendir cuentas es básica para ganar cercanía, credibilidad y confianza.

En cuanto a la gobernanza, o cooperación y colaboración entre administraciones, no cabe duda de que es básica para ser más eficientes y efectivos, para reducir duplicidades, etcétera, y es especialmente relevante en un Estado complejo, donde la colaboración y la lealtad son imprescindibles. Es más, la cultura de la gobernanza es muy recomendable también entre instituciones y sociedad civil, sobre todo en unos tiempos tan cambiantes como los actuales.

También hemos planteado que en materia de infracciones se sea respetuoso con el principio de separación de poderes —las inhabilitaciones casan mal con sanciones administrativas y son más propias del poder jurisdiccional—, así como que el Gobierno promueva las iniciativas necesarias para la regulación de la actuación de personas, empresas u organizaciones representativas de interés ante el Gobierno, la Administración y las Cortes Generales.

También hemos pedido que la ley mandate, además de a las Cortes Generales, a los demás órganos constitucionales que tengan reconocida autonomía de organización y funcionamiento que adopten las disposiciones necesarias para adecuar su actividad a los principios y criterios de transparencia recogidos en la presente ley. Asimismo, hemos planteado una fórmula distinta para la entrada en vigor de la ley.

Valoramos positivamente que el grupo de la mayoría haya retirado la enmienda 265, pero lamentamos que no haya pasado lo mismo con la número 269, pues, desde nuestro punto de vista, ambas significaban —y significa la 269— introducir cuestiones completamente nuevas, que incumplen la doctrina que sobre estos supuestos tiene dictada el Tribunal Constitucional, entre otras, la sentencia 119/2011, de 5 de julio, y la sentencia 136/2011, de 13 de septiembre.

Con esta intervención damos por defendidas todas nuestras enmiendas, con el deseo de que el grupo de la mayoría haga un último esfuerzo, ya que estamos convencidos de que su incorporación al texto supondría enriquecerlo en aspectos clave que, sin representar ningún giro radical, conllevaría una mejora muy relevante de su contenido, elevando de forma muy significativa




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el peso de los objetivos que en él se proponen y eliminando también algunas de las carencias que, a nuestro entender, mantiene el texto.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Nevado.

La señora NEVADO DEL CAMPO: Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero agradecer tanto el tono como el respeto en el debate de los vetos y las enmiendas a la Ley de transparencia y del buen gobierno, y, desde luego, señalar que, efectivamente, respetamos todas las posiciones que aquí se han defendido, porque esta ley no es la suya —lo entendemos—, pero creemos que es la ley de la mayoría, porque en ella se han recogido enmiendas tanto en el Congreso como en el Senado de todos los grupos políticos.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado también espera que nos respondan, tanto Entesa como el Grupo Parlamentario Socialista, a nuestra oferta transaccional en tres enmiendas en concreto de las que nada sabemos y de las que nada se ha dicho. Les decía que era una ley de todos porque el Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a pedir votación separada y porque vamos a apoyar la enmienda número 54, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado que han formulado al preámbulo. Por lo tanto, todos y cada uno de los grupos parlamentarios podremos tener en cierta forma reflejada nuestra postura o nuestro granito de arena a esta ley tan importante, una ley que —como han señalado todos los que me han precedido en el uso de la palabra— es una de las más relevantes de esta legislatura, una ley que llega al Senado muy mejorada por las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, pero, no lo olvidemos, también muy mejorada por las aportaciones —y esto es esencial— de los ciudadanos y de los expertos que han participado, también debatido, en su elaboración. Por lo tanto, no nos cabe duda de que estamos ante un texto importante, ante una ley clave en esta legislatura y de la que tendremos que hablar también un 20 de noviembre dentro de muchos años.

No voy a hacer referencia a todas las enmiendas. Me voy a remitir a la exposición que ha hecho el presidente de la comisión, el senador don Gonzalo Piñeiro, que ya ha señalado en su turno el número de enmiendas presentadas por cada uno de los grupos. Sí quiero decirles al PNV y a CiU que agradecemos su gesto de responsabilidad, el apoyo a esta ley y que hayan sabido ver que estamos ante un momento importante y que esta ley tiene que darle una respuesta a la ciudadanía.

El futuro, señor Antich, que no está escrito, ya está aquí. Por eso le digo: Vaya papelón el que tiene que jugar usted hoy en la defensa de estas enmiendas. No está escrito, pero todo llega y, desde luego, nosotros creemos que no es más rojo, sino que es más negro cuando ustedes se posicionan en contra de una ley de transparencia y cuando se buscan y se siguen buscando excusas para decir que no. Porque cuando buscamos excusas para decir que no a una ley de transparencia o de buen gobierno damos la sensación de que hay algo que esconder o mucho que esconder y eso, desde luego, no es bueno para nadie.

No voy a ir enmienda por enmienda —tenemos un Pleno muy amplio—, pero sí me gustaría dar respuesta a nuestro posicionamiento en contra de las que se han mantenido hasta este trámite. Quiero, por lo tanto, dar respuesta a aquellas esenciales que mayoritariamente —podríamos agrupar todas las que han discutido la naturaleza jurídica del derecho; lo han hecho Izquierda Unida, la Entesa o el PSOE al tramitar esta ley como una Ley Orgánica— sostienen el silencio positivo en lugar del negativo, que es el que articula la ley, las relativas a la publicidad activa y a la motivación necesaria que —entendemos— esta ley no recoge. No hay que motivar las solicitudes. Y, por consiguiente, creo que en esa, en concreto, no hay ningún obstáculo o diferencia sustancial entre los distintos grupos políticos. Aquellas que ponen reparo a los límites del derecho de acceso, como la planteada por el Grupo Parlamentario Vasco, relativa al medio ambiente. Nos hubiera gustado alcanzar también un consenso o un entendimiento en esta materia, pero lo importante es que llegamos a esta ley con el sí como respuesta.

También trataré de dar respuesta más pormenorizada al Grupo Parlamentario de la Entesa en lo relativo al buen gobierno, a las infracciones referidas a la autonomía o a la independencia.




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Muy brevemente, haré referencia a los lobbies. Consideramos que los lobbies deben regularse en el Reglamento del Congreso de los Diputados y del Senado y que, por lo tanto, deben dejarse al margen de esta ley.

Al Grupo Parlamentario Popular, como dijimos en comisión, le hubiera encantado tramitar esta ley como una ley orgánica, pero, como bien señalaba también la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que ha defendido la ponencia y ha utilizado el turno en contra de los vetos, la señora Vindel, no podemos hacerlo porque estamos limitados por nuestra propia Constitución. Nuestra Constitución regula el derecho de acceso en el artículo 105 b), y no lo regula en la sección 1.ª, dedicada a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Por lo tanto, el trámite correcto es el que se ha seguido en las Cortes Generales.

He de señalar también que no se trata de un derecho que esté recogido en el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales, aunque sí lo esté en la Carta Europea, y también somos conscientes de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia de 2009, ha recogido como derecho fundamental el derecho a la información. Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo, como bien se ha señalado, no lo recoge y, por lo tanto, creo que es mejor no recordar estos días algunas sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, siendo perfectamente acatables y ajustadas a derecho ―lo admitimos―, creo que responden a un olvido del legislador que ha causado mucho dolor a miles de víctimas. En consecuencia, nuestra posición debe ajustarse a nuestro derecho interno. En este sentido, el haber recogido el trámite como derechos fundamentales era una opción, pero hubiera sido una incoherencia y creemos que esta ley regula en el procedimiento administrativo común el derecho de los ciudadanos a poder acceder a los tribunales de justicia.

Por lo que respecta al silencio positivo, que ciertamente es una cuestión relevante ―lo compartimos― tenemos que decir que el silencio negativo que recoge esta ley sigue la regla ―que es unánime― del derecho comparado. En el derecho europeo, en el derecho de nuestro entorno ―como ustedes han dicho que nos gusta denominarlo― lo que recoge es ese silencio en sentido negativo. Además, en Europa lo hacen tanto en la vía de solicitud como en la vía de recurso. En cualquier caso, nada obsta para que las comunidades autónomas lo puedan regular de otra forma, no en vano hay cuatro comunidades autónomas que disponen de leyes de transparencia o de buen gobierno ―Extremadura, Galicia, Baleares y Navarra―, por cierto, ninguna gobernada por el Partido Socialista y, además, solo hay una comunidad autónoma que la tiene en trámite, Cataluña; y en estos textos se dan soluciones distintas.

Por lo tanto, nosotros vamos a mantener este criterio y creo que poniendo un ejemplo se va a entender muchísimo mejor. No hay que buscar excusas en esta ley, ni siquiera en el silencio positivo, porque de ese modo se achicharra el que se pone en contra de una demanda ciudadana de transparencia, de una demanda de los ciudadanos para que se hagan las cosas de distinta forma.

Por otro lado, tienen una buena oportunidad en aquellos lugares en los que gobiernan, y gobiernan en Andalucía, para hacer una ley tal y como ustedes han propuesto, porque estamos convencidos de que los españoles les van a agradecer ese plus de transparencia que exigen a la ley nacional. Ojalá lo hagan en Andalucía.

Por lo que se refiere a la publicidad activa, quiero decir que aquí hay una diferencia entre los que se tapan y los que no se quieren destapar, que es lo relevante. Si buscamos excusas para no apoyar esta ley, desde luego, tendríamos que seguir entrando en el tercer y en el cuarto bloque de las enmiendas que ustedes han planteado.

Creemos que esta ley posibilita una transparencia activa; creemos que esta ley posibilita la transparencia abierta y que tiene límites. Ciertamente tiene límites y, desde luego, esos límites se complementan con causas de inadmisión, que es fundamentalmente donde ustedes buscaban una explicación. Y la explicación también la encontramos en las leyes internacionales, yo creo que hay determinadas informaciones que la ley no prohíbe, eso es importante, y esta ley, cuando entre en vigor, podrá desarrollarse de forma probablemente mucho más amplia a como ahora, en este debate en el Senado, podamos pensar.

Y las causas de inadmisión son también comunes al resto de textos que ya están en vigor. Por lo tanto, no hay que pensar en prohibiciones, sino en algunos límites que son necesarios. Porque los límites necesarios están en esta ley: ese interés general que ineludiblemente nuestro país tiene




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que proteger, los límites de la seguridad nacional pública, los límites de la defensa, también de la protección del medio ambiente, en los que, como señalábamos anteriormente, el PNV manifiesta su discrepancia. Esos límites están regulados, como bien saben sus señorías, en el artículo 14 y las causas de inadmisión, en el artículo 18.

Como les decía, voy a poner un ejemplo para entender la postura negativa del Grupo Parlamentario Popular a esas enmiendas. Si nosotros admitiéramos estas enmiendas sin entenderlas también vinculadas al silencio positivo significaría que por el mero hecho de vencer un plazo —y le aseguro que en este país los plazos vencen todos los días— el solicitante de ese derecho tendría incondicionalmente la posibilidad de obtener cualquier información que pidiera. Y no nos parece mal, salvo que tenemos que pensar en qué estamos poniendo en riesgo cuando hablamos de esta cuestión, y a salvo de aquellos que lo protegen yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo, señorías, en no poner en manos de criminales, aunque hayan adquirido, por sentencia, el rango de ciudadanos libres, ningún plan de evacuación de la Guardia Civil, y si cambiáramos el sentido de la ley podrían acceder a ello. Tampoco podemos abrir la puerta a que ningún tribunal de justicia, amparándose en este texto, tenga que acceder, por el mero vencimiento de un plazo, a estas solicitudes y que consideraran procedente entregar esa documentación. Por eso, no estamos dispuestos a apoyar esas enmiendas que se recogen así, porque hay que ir a cada caso para entender las posturas.

Permítanme que yo recuerde hoy, aquí y ahora, que solo hace dos meses —y lo señalo para entender la posición del Grupo Popular—, el 13 de septiembre de 2013, ETA emitió un comunicado en el que avisaba que no estaba dispuesta a renegar de su trayectoria. Por eso, a cuantos puedan estar tentados en buscar los recovecos en esta ley, les tenemos que decir que no, les tenemos que poner trabas y tenemos que corregir a favor de las víctimas cualquier riesgo y posibilidad. (Aplausos.)

Estoy convencida de que ninguna de las propuestas de modificación que afectan tanto al artículo 14 como al artículo 18 van en ese sentido. Vaya por delante que estoy convencida de que la finalidad era bien distinta, pero que hay pensar también en estas posibilidades.

Estoy convencida, como les digo, de que esas enmiendas tratan de contribuir, como lo han hecho todas y cada una de ellas, a las mejoras de esta ley. Pero, señor Martí, no quería olvidarme de ese matiz, no quería olvidarme de que hay que prever circunstancias incómodas, aunque también estoy convencida de que usted jamás ha pensado en esa posibilidad. Creo que todos podemos estar tranquilos porque esos límites están tasados, son comunes a las leyes internacionales y, además, las causas de inadmisión solo pretenden evitar dos cosas: por un lado, estos riesgos y, por otro, una carga excesiva a aquellos órganos que tienen que dar trámite a la solicitud; si no, podemos dejar sin sentido el contenido de esta ley.

Nosotros respetamos pero no compartimos que determinada documentación quede al amparo de la Ley de transparencia y buen gobierno, simplemente porque entendemos que aquellos documentos que no tengan la consideración de tal no tienen que ser objeto de una publicación general, o cuando la información no tenga tal consideración no sería necesario. Insisto, en todo caso no quedaría prohibido por la vía de la publicidad activa en aquellas administraciones que quien esté al frente de su gestión quiera publicarla. Una nota, una opinión, un borrador no tienen la consideración de documento ni tampoco el contenido de la trayectoria que se le quiere dar ni el sentido a la transparencia, que son las causas literales de inadmisión que prevé el artículo 14. En consecuencia, entendemos que el artículo 14 a lo único que se refiere es a aquella información que no refleje ninguna posición oficial.

La ley también establece una serie de obligaciones de publicidad activa que son muy importantes porque pareciera que la ley, después de escucharles, no contiene obligaciones de publicidad activa, y claro que las contiene, especialmente contiene obligación de publicidad activa aquella que se refiera o que tenga relevancia jurídica, institucional, económica, y el derecho a acceder —eso es lo importante— es lo que verdaderamente se garantiza. Si un ciudadano quiere saber más, podrá saber más haciendo su solicitud.

En cuanto a las enmiendas relativas al Consejo de transparencia y de buen gobierno, que también ha habido algunas, así como las enmiendas relativas a las infracciones que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, quiero decir una vez más que esta ley puede ser mejorable, pero que da cobertura a casi todas las cuestiones que ustedes han planteado, enfocadas en un




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sentido o en otro. Por eso, nosotros sí queremos agradecer tanto el tono de la comisión como el tono del Pleno. Pero, creemos que el Consejo tiene garantizada su independencia, como la tienen garantizada otros órganos —espero que piensen y compartan conmigo esta reflexión—, como el director de la Agencia de Protección de Datos, que, por cierto, fue nombrado por el grupo mayoritario de la oposición y era el jefe de Gabinete del señor Caamaño. No obstante, la ley tiene lo que tiene y los nombramientos, también. Lo que no entendemos es que cuando ustedes gobiernan les parezcan bien unas cosas y cuando no gobiernan no les parezcan bien cuando lo recoge exactamente igual el Partido Popular.

Pretender, por ejemplo, como ustedes sostienen, que el presidente del Consejo se elija por una mayoría de tres quintos es elevar la figura del presidente del Consejo a la de comisionado de las Cortes Generales y entendemos que ni debe ser así, ni debemos dotar a esta figura de una consideración mayor a la del resto de órganos de similares características en otros ámbitos en cuanto al nombramiento que regulan las leyes estatales.

Desde luego, nosotros creemos que una mayoría absoluta, que se ha incrementado, es respaldo suficiente para nombrar al presidente. Yo creo que hay que tener una visión más amplia y no tan cortoplacista. Por eso, tenemos que confiar plenamente en esta ley.

Por ir finalizando, en cuanto a las enmiendas relativas a las infracciones, señalaré que no hay que tener miedo a la ley. Lo que hay que hacer es intentar no llegar a infringirla, porque entendemos que lo único que es grave es quedarse fuera de esta ley. Eso sí que es una verdadera equivocación.

Por eso, el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar las enmiendas que han quedado en el debate del Senado. No quiero extenderme más en todas y cada una de ellas, pero si les hubiera quedado pendiente todavía alguna duda estaría dispuesta a aprovechar el turno de portavoces para aclararla.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?

Tiene la palabra su portavoz, el señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Mi intervención será breve. No quiero reabrir el debate sino, únicamente, plantear dos reflexiones: primera, que esta ley tiene que ser un documento vivo, que no pasen treinta y cuatro años hasta que se vuelva a revisar, que sea un documento vivo entendiendo —y esta es la segunda reflexión— que siempre tenemos que buscar la cercanía al ciudadano, con lo cual, tenemos que hablar con ellos el mismo idioma. Como dije antes en el turno de portavoces, tenemos un objetivo: que la ciudadanía delegue tanto como sea inevitable. Y, a su vez, que la ciudadanía controle tanto como sea posible, tanto a los políticos y políticas, como a todas sus instituciones.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente.

Lo siento, senadora Nevado, pero sus explicaciones no me han convencido en absoluto. Es más, me han ratificado en el voto negativo, porque usted se empeña en hablarme del artículo 14. Yo no tengo ninguna enmienda al artículo 14 respecto a los límites al derecho de acceso. Mi enmienda es al artículo 12. Se refiere a invertir la carga de la prueba. Y eso no tiene nada que ver con lo que usted ha dicho, ni siquiera metiendo a ETA por medio. Según mi enmienda los planes de evacuación de una comisaría de la Guardia Civil no tienen por qué estar accesibles, se les clasifica como materia reservada de acuerdo con el artículo 14 y punto, señora Nevado.

Lo que nuestro grupo dice en la enmienda es que toda aquella información que es obviamente inocua está bajo el epígrafe: documentos y contenidos producidos por las administraciones públicas. Por ejemplo, el informe del impacto ambiental sobre los parques y jardines de Barcelona




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—por decirle algo totalmente inocuo— no tiene por qué ser solicitado. Hay que ponerlo directamente a la luz pública. ¿Por qué? Porque ello es bueno para facilitar el acceso a los ciudadanos que quieran participar en debates sobre los parques, para investigadores o para cualquier otra persona susceptible de utilizar esta información. Es lo que dice nuestra enmienda, no lo que usted ha contestado, senadora Nevado.

Y no hago excursos sobre lo que significa meter a ETA de por medio y pensar que se pueden limitar derechos y libertades con la excusa de la existencia, no ya de terroristas, sino de delincuentes. Por ello, le digo que sus explicaciones no me han convencido en absoluto, más bien lo contrario.

Y segundo argumento que voy a utilizar en relación con su intervención en este turno de portavoces: ustedes pretenden colgarnos el sambenito de que buscamos excusas para no votar esta ley. Pues no, de ninguna de las maneras, porque la democracia parlamentaria para lo bueno y para lo malo, yo creo que más para lo bueno y positivo que para lo malo, se basa en que existe el Gobierno y existe la oposición. Y es bueno que el Gobierno haga de Gobierno y la oposición haga de oposición. Esta es la norma general, el Gobierno propone, la mayoría sustenta, y a partir de ahí funcionan las administraciones y el país. Y la oposición tiene la función de intentar, uno, plantear las alternativas de acuerdo con aquella parte de la población que no coincide con el Gobierno, o bien intentar ir más allá, mejorar y tirar constantemente de las iniciativas que propone el Gobierno o su mayoría parlamentaria. Ese es el funcionamiento normal, y cuando la oposición no vota un proyecto del Gobierno, no es una excusa, es su función. Es su legítima función, no estar de acuerdo, intentar proponer alternativas o ir más allá.

Si ustedes quieren, que a veces pasa y es bueno también, alterar esta regla básica de que el Gobierno gobierna y la oposición hace de oposición, por ejemplo cuando hay que debatir sobre las reglas del juego, y acaso se pudiera haber considerado que esta ley tenía que ver con las reglas del juego, entonces el comportamiento de quién propone tiene que ser otro. Tiene que ser desde el principio buscar una ley compartida a través de ponencias conjuntas, a través de trabajos y debates compartidos, como se ha hecho otras veces, aunque pocas, en este Parlamento, y muchas en otras democracias y otros Parlamentos. Ustedes no lo han hecho y, por tanto, ahora no tienen la legitimidad para decir que los que estamos en la oposición y queremos votar que no porque esta ley nos parece insuficiente no vayamos a hacerlo de pleno derecho.

Ustedes han impulsado en esta legislatura muchas leyes, la mayoría, a nuestro entender y desgraciadamente, directamente nocivas, otras inútiles o inocuas, algunas insuficientes como esta, incluso algunas que hemos votado, muy pocas, positivas. Pero esta es la regla de juego, ustedes gobiernan, ustedes llevan el impulso parlamentario de acuerdo con su mayoría y el voto de los ciudadanos; nuestra función es otra. Y por tanto, le ruego, senadora Nevado o senadora Vindel, quien vaya a contestar, que no utilice este argumento. No se buscan excusas para no votar, se defiende lo que se piensa de acuerdo con el voto que hemos recibido de los ciudadanos y nuestras posiciones políticas. Y es lo que vamos a hacer, todavía más ratificado que antes. Vamos a votar no a esta ley por insuficiente y francamente mejorable.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la señora senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradecemos el talante negociador de la senadora Vindel y valoramos muy positivamente la actitud constructiva de todos los ponentes en el trámite de ponencia y de comisión. Entendemos que hemos contribuido con nuestras enmiendas a mejorar el texto. Esta ley representa para Convergència i Unió luces y sombras. Es positiva por el mero hecho de su aprobación, y por las mejoras introducidas en el Congreso y las que en la ponencia o en la sesión de hoy han sido aprobadas y transaccionadas.

Si bien en el Congreso se aprobaron y transaccionaron varias enmiendas de este grupo parlamentario, en la ponencia de la Comisión Constitucional del Senado hemos podido transaccionar nuestra enmienda número 166, referente al artículo 3. b), exceptuando a pequeñas entidades que en ocasiones pueden recibir más de 3000 euros al año y que, sin embargo, no




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deberían verse sometidas a las obligaciones que marca este proyecto de ley por carecer de los medios mínimos para cumplirlas, al establecer la cantidad de 5000 euros en lugar de 3000. En el mismo sentido se ha transaccionado una modificación del artículo 5.4, para posibilitar que las entidades sin ánimo de lucro con un presupuesto inferior a 50 000 euros, puedan dar cumplimiento a la obligación de publicar la información sujeta a las obligaciones de transparencia en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web si no propias, de la Administración pública de la que provenga la mayor parte de la ayudas o subvenciones públicas percibidas.

Valoramos también positivamente la retirada por parte del Grupo Parlamentario Popular en la ponencia de su enmienda número 265 por la que se propone una nueva disposición adicional novena, para la publicación de microdatos de investigaciones sociológicas. El contenido de dicha enmienda no excluía las actividades de estadística oficiales de las comunidades autónomas. Esto hubiera sido grave en tanto en cuanto las trataría de forma diferente a las estadísticas oficiales del sistema central y las obligaría a hacer públicos microdatos que en algunos casos solo se pueden compartir bajo convenios de protección de la confidencialidad. Por lo tanto, valoramos positivamente la retirada de dicha enmienda, tal y como reclamábamos.

También hacemos una valoración positiva de la transaccional para la supresión del apartado 1 del artículo 15. Mediante dicha supresión se va a evitar la confusión a la que podría haber conducido dicho apartado en lo que a la delimitación entre el derecho de acceso a la información y el derecho de acceso previsto en la normativa de protección de datos se refiere. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Aun así, lamentamos mucho que no se incorporen las enmiendas de Convergència i Unió en las que pedíamos la publicidad de las balanzas fiscales y que los flujos entre el Estado y las comunidades autónomas se conozcan. Eso también es transparencia. Cuando una administración no puede cumplir con un deber, a lo mejor no lo cumple porque otra administración, a su vez, no está cumpliendo con sus deberes frente a ella.

Hay otras enmiendas importantes que hoy no se han aceptado, como las referidas a la determinación del silencio positivo, a la eliminación de los límites al derecho de acceso, a los lobbies, etcétera.

Y también lamentamos, como ya hizo el diputado Jordi Jané en el trámite del Congreso, que no se hayan aceptado nuestras enmiendas referentes al Título II. Buen gobierno, del proyecto de ley (artículos 25 a 32), concretamente las enmiendas al artículo 25.2 y a las letras del artículo 28, que pretendían evitar el non bis in idem, ya que la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera ya prevé procedimientos disciplinarios.

También nos parecía importante que se hubieran aceptado otras de nuestras enmiendas tendentes a mejorar el principio de seguridad jurídica en lo referido al principio de tipicidad en materia sancionadora. Aun así, otros países de nuestro entorno han abordado esta regulación y, por tanto, llegamos tarde. Lo importante, pues, es que se materialice rápidamente, en un momento de regeneración institucional tan significativo, esta ley que hoy debatimos.

Todos hemos que ser conscientes de la delicada situación en la que se encuentra la sociedad: cinco años de crisis económica muy intensa que ha generado un número elevado de parados, con el riesgo que conlleva para la cohesión social; restricciones en los presupuestos, que afectan a políticas sensibles y que obligan aún más a dar ejemplo. En un momento en que se piden sacrificios a la ciudadanía, es necesario dar ejemplo desde la política y desde las instituciones. La ciudadanía espera de los políticos y de las instituciones que sean eficaces en la gestión de los intereses comunes, que sean honestos y que sean muy transparentes en su gestión. A partir de la aprobación de este proyecto de ley va a ser posible una ley de transparencia con aportaciones de los grupos parlamentarios, los cuales hemos contribuido con nuestras enmiendas a mejorar el texto.

Por lo tanto, votaremos a favor del dictamen de la Comisión.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Antich.




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El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.

Señorías, senadora Nevado, hay que ir con cuidado con los ejemplos que se ponen. Usted ha dicho que no hay ninguna comunidad autónoma socialista que tenga ley de transparencia y de buen gobierno, y ha citado a Baleares. Yo era el presidente de Baleares en la anterior legislatura y la Ley de transparencia se aprobó en la anterior legislatura con el voto en contra del Partido Popular. O sea, que hay que tener cuidado con los ejemplos, porque a veces se vuelven en contra. (Aplausos.)

No es muy acertado lo que ha dicho de que votamos en contra porque algo tendremos que esconder. No me ha gustado nada. No me ha gustado nada porque creo que esta no es la razón. En todo caso, tendremos formas diferentes de verlo. No me ha gustado nada porque, además, señora Nevado, usted me lo pone muy fácil, han pasado cosas últimamente en este país que… Pero no quiero entrar en estos temas.

Lo cierto es que nosotros no hemos presentado un veto a esta ley. Esto quiere decir que más vale esta ley a que no haya ley. Este es el mensaje que hemos querido lanzar, y al mismo tiempo hemos lanzado el mensaje de que no es nuestra ley.

Por ello no vamos a votar a favor de la ley, pero no tenemos nada que esconder, porque no hemos presentado un veto y, por lo tanto, consideramos que mejor esta ley a que no haya ninguna. Con lo cual, estamos totalmente de acuerdo en que se aplique esta ley.

Hay algo más. Nosotros pedimos más publicidad activa, cosa que ustedes no quieren. Ustedes dicen no a que haya más publicidad activa sobre contratos, sobre campañas publicitarias, sobre el urbanismo, sobre cargos públicos; en definitiva, mucha más publicidad activa incluso sobre muchos elementos que la experiencia nos indica que, efectivamente, han sido origen de muchos problemas. Con lo cual, el: no hay nada que esconder, tampoco sirve en relación con nuestra postura respecto de la ley, porque nosotros queremos todo lo que ustedes mantienen en la ley más toda una serie de propuestas que ustedes no han aceptado.

Nosotros mantenemos que, efectivamente, esta ley, sin necesidad de darle un giro radical, podía ser mejorada; podía ser mejorada en cuanto a la publicidad activa, podía ser mejorada en cuanto a la aplicación del principio de independencia y podía ser mejorada en cuanto a un mejor funcionamiento del buen gobierno. En los tiempos que corren y en los momentos en que estamos, no es lógico que el buen gobierno —esto ya lo tenía la ley de la anterior legislatura— no se base en principios de evaluación de políticas públicas, de rendición de cuentas y de gobernanza. No es lógico que no tengamos en el buen gobierno el principio de rendir cuentas. No es lógico. La ciudadanía no solo nos pide mejores textos y más controles, nos pide que estos mejores textos y estos mayores controles funcionen efectivamente. Y funcionar efectivamente implica impulsar otra cultura de tener relación con la ciudadanía. Y es básico, para mejorar la democracia representativa que tenemos, rendir cuentas; igual que es básico que los organismos que deban velar por todo este tipo de situaciones sean independientes, con independencia —valga la redundancia— de cómo lo hicimos nosotros en otros momentos, a lo mejor no lo hicimos todo bien. No es lo mismo, de todas formas, hablar de la ley a la que usted se ha referido que hablar de la ley que estamos tratando hoy, porque en ningún momento, cuando se habló de la Ley de Protección de datos, se dijo que iba a ser la ley de la regeneración de la política ni que iba a ser la más importante de la legislatura ni que iba a devolver la credibilidad a los ciudadanos; no se habló de todo esto. Es en estos momentos, con esta ley, cuando estamos hablando de ello. Lo cual quiere decir que, efectivamente, estamos tratando de un derecho no tan administrativo o técnico como puede ser el de protección de datos, sino de un derecho mucho más político, mucho más importante; estamos trabajando en otra órbita.

Por todas estas cuestiones —y quiero decirlo, porque lo cortés no quita lo valiente— a pesar de que creo firmemente que ha habido un esfuerzo por parte de todos los grupos para que esta ley fuera mejor, el resultado no es satisfactorio para nosotros. Por eso vamos a votar en contra.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Nevado.




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La señora NEVADO DEL CAMPO: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero señalar que ya sabíamos que el señor Martí no iba a entender nuestras explicaciones, pero la enmienda al artículo 12 pretende invertir —nos lo ha dicho usted— la carga de la prueba y convertir el silencio en positivo. Por tanto, aunque lamento que no le satisfagan las explicaciones espero que le sirvan las que yo he dado para no invertir el silencio positivo. No pretendo satisfacerle ni convencerle con mi explicación; igual que respeto su criterio, respeto su enmienda, y creo que comprenderá nuestra postura. Es una cuestión de estructura, probablemente sí, pero no creo que sea una cuestión sustancial y esencial para votar en contra de esta ley, y por eso decimos que Entesa y el Partido Socialista siguen buscando excusas para el no, porque ustedes han defendido esta ley como una ley necesaria, una ley que están demandando los ciudadanos, y, por tanto, entendemos que han estado buscando esos recovecos para justificar en el Pleno y ante los ciudadanos —no sé si lo habrán conseguido— el no que van a manifestar.

Señor Antich, el Grupo Socialista nos recrimina lo que ellos precisamente vienen a hacer en este Pleno, pero hay algo imperdonable, que es mentir en el estrado, por ello entiendo que al señor Antich le ha fallado la memoria, porque mis compañeros de Baleares me dicen que a la Ley del buen gobierno que usted tramitó, el Grupo Popular votó favorablemente.

Nosotros agradecemos y respetamos que no hayan presentado un veto, lo que nos indica que están ustedes más próximos y más cercanos a esta ley de lo que dicen, y por eso creemos que han votado en contra por tres razones: la primera, porque la ha tramitado un Gobierno del Partido Popular; la segunda, porque el que ha tramitado esta ley en las Cortes Generales es el Partido Popular; y, tercero, porque esta ley la ha hecho el Partido Popular. No existe ninguna otra razón que justifique el voto en contra del Grupo Socialista. (Aplausos.)

Además, no es una ley del Gobierno, es una ley del Parlamento, de la que ustedes se van a quedar fuera, a pesar de que, les guste o no les guste, va a llevar parte de su sello, porque hemos admitido enmiendas que ustedes han presentado. El Grupo Popular ha dedicado más tiempo a debatir con el Grupo Socialista las enmiendas a esta ley que lo que el Grupo Socialista dedicó en la anterior legislatura, íntegramente, en todo el periodo, a debatir con el Grupo Popular ninguna otra ley. (Aplausos.)

En mi opinión, votar en contra es un verdadero error porque tenemos en las manos una herramienta para dar un salto cualitativo en nuestra democracia, de la probable inmadurez a la madurez, y por eso no admitimos ninguna excusa y agradecemos que esta ley lleve el respaldo de casi todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y del Congreso, también del Grupo Vasco y de CiU, a pesar de que no les hayamos admitido algunas de sus enmiendas. Se quedan fuera ustedes, solos, por tanto debieran hacer una reflexión: mejor es una ley que existe a una ley que no existe, y eso es lo que hicieron ustedes en la anterior legislatura. Les guste o no les guste hay que ser sensibles con la ciudadanía, hay que dar ese paso cualitativo que esta ley recoge. Por tanto, no vamos a apoyar esos vetos.

Con esta ley va a suceder algo que sucedió ayer en esta Cámara respecto del voto femenino: la izquierda va a votar en contra y dentro de unos años volverá a las Cortes Generales y pedirá un aplauso cuando se celebre su aniversario. Nosotros vamos a aplaudir hoy y aplaudir mañana y vamos a lamentar su cobardía.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Nevado.

Llamen a votación. (El señor Antich Oliver pide la palabra.)

¿Sí, senador Antich?

El señor ANTICH OLIVER: Quiero intervenir simplemente para hacer una aclaración respecto a que me han dicho que he mentido y para decir que acabo de hablar con la gente que llevaba este asunto en Baleares y me dicen que el Grupo Popular votó en contra de la ley de transparencia. Lo siento mucho. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich. (La señora Nevado del Campo pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Senadora Nevado, tiene la palabra.




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La señora NEVADO DEL CAMPO: Señoría, no he dicho en ningún caso que haya mentido, le he dicho que sería malo mentir y que, probablemente, le fallara la memoria. (Rumores.) Aquí están presentes mis compañeros de Baleares que insisten y me manifiestan esta postura. Si yo estuviera en un error, le pido disculpas, y yo espero que si el error es suyo, me las pida usted a mí, y ya está.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Nevado. (Pausa.)

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas, comenzando, como siempre, por las del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente, las de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Empezamos a votar la enmienda número 26.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 237; a favor, 25; en contra, 152; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 31.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 16; en contra, 153; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 39.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 24; en contra, 158; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 48.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 239; a favor, 13; en contra, 158; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 1, 13 y 23.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 5; en contra, 170; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 2, 21 y 44.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 239; a favor, 22; en contra, 154; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 15, 16, 19, 32, 35, 38, 40, 46, 47 y 49.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 239; a favor, 9; en contra, 153; abstenciones, 77.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 3 a 11, 22, 33, 34, 36 y 42.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 5; en contra, 158; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 12.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 237; a favor, 5; en contra, 164; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 14, 20 y 30.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 5; en contra, 154; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 50, 51 y 53.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 5; en contra, 153; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 17, 18, 41 y 52.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 18; en contra, 154; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 24, 25, 27, 28, 29, 37, 43 y 45.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 17; en contra, 158; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas del senador Unamunzaga, del Grupo Parlamentario Mixto.

Empezamos votando la enmienda número 69.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 28; en contra, 154; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 65.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 8; en contra, 154; abstenciones, 81.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 62, 66 y 67.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 21; en contra, 154; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 63 y 64.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 6; en contra, 153; abstenciones, 82.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 68 y 70.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 6; en contra, 154; abstenciones, 83.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco comenzamos votando las enmiendas números 56 a 59.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 239; a favor, 19; en contra, 153; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas 60 y 61.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 238; a favor, 29; en contra, 153; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 55.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 20; en contra, 161; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 54.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 180; en contra, 1; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa comenzamos votando la enmienda número 96.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 25; en contra, 153; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 101.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 239; a favor, 15; en contra, 154; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 109.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 239; a favor, 25; en contra, 157; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 118.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 12; en contra, 170; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 71 y 93.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 5; en contra, 169; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 72, 91 y 114.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 20; en contra, 153; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 73 a 81, 92, 103, 104, 106 y 112.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 238; a favor, 4; en contra, 158; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 82 y 83.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 239; a favor, 4; en contra, 166; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 84, 90, 100, 120, 121 y 123.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 5; en contra, 153; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 85, 87, 89, 102, 105, 108, 110, 116, 117 y 119.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 239; a favor, 9; en contra, 153; abstenciones, 77.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 86, 88, 111 y 122.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 239; a favor, 18; en contra, 152; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 94, 95, 97, 98, 99, 107, 113 y 115.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 17; en contra, 158; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 132.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 239; a favor, 28; en contra, 154; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 136, 137, 138 y 142.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 12; en contra, 153; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 139 y 140.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 24; en contra, 158; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 124, 130, 145, 146, 148, 152 y 153.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 70; en contra, 154; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 125, 128, 131, 133, 141, 154 y 155.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 72; en contra, 153; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 126, 129, 135,149 y 162.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 84; en contra, 155.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 127, 134, 143, 144, 163 y 165.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 81; en contra, 158.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 147, 150, 151 y 157.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 80; en contra, 154; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 158.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 74; en contra, 154; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 164.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 82; en contra, 153; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, comenzamos votando la enmienda número 179.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 239; a favor, 13; en contra, 164; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 200.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 239; a favor, 12; en contra, 165; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 177 y 197.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 25; en contra, 154; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 194.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 238; a favor, 13; en contra, 154; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 171, 180, 182 a 185, 187 a 191, y 203.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 237; a favor, 18; en contra, 162; abstenciones, 57.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 170, 172, 198 y 201.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 26; en contra, 155; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 167 a 169, 173 a 175, 178, 181, 186, 192, 193, 195, 196, 199 y 202.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 237; a favor, 16; en contra, 154; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, comenzamos votando las enmiendas 204, 205, 208, 211, 214, 219, 226, 227 y 229.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 239; a favor, 71; en contra, 153; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 206, 209, 213, 217, 228 y 233.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 84; en contra, 153; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 207, 215, 220, 221, 234 y 236.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 83; en contra, 156.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 210, 223 y 224.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 238; a favor, 70; en contra, 153; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 216 y 225.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 238; a favor, 70; en contra, 156; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 222, 235 y 237.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 83; en contra, 152; abstenciones, 5.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 269, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 61390, sobre la base de la enmienda número 176, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 238; a favor, 237; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos, a continuación, la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 61391.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 239; a favor, 236; en contra, 2; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos a continuación, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 237; a favor, 236; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, aprobadas.

Señorías, votamos a continuación, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 171; en contra, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. (Aplausos.)

Abran las puertas.

11.1.2. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.

COMISIÓN: EDUCACIÓN Y DEPORTE

(Núm. exp. 621/000048)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, Comisión de Educación y Deporte. Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora María Jesús Sáinz.

La señora SÁINZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el proyecto de ley orgánica que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 14 de octubre de 2013, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes




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Generales. El plazo de presentación de propuestas de veto y enmiendas termino, tras ser ampliado, el día 31 de octubre de 2013. A este proyecto de ley orgánica se presentaron ocho propuestas de veto distribuidas de la siguiente manera: veto número 1, del senador Iglesias Fernández, Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Mixto, del senador Mariscal Cifuentes, Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Mixto, de la senadora Salanueva Murguialday, UPN, Grupo Parlamentario Mixto, y del senador Yanguas Fernández, UPN, Grupo Parlamentario Mixto. Veto número 3, de la senadora Capella i Farré, Esquerra Republicana de Catalunya, Grupo Parlamentario Mixto. Veto número 4, del senador Guillot Miravet, Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y del senador Saura Laporta, Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, PNV. Veto número 6, de la senadora Almiñana Riqué, Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, del senador Martí Jufresa, del mismo grupo, del senador Montilla Aguilera, del mismo grupo, del senador Sabaté Borràs, del mismo grupo, y de la senadora Sequera García, también del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Y veto número 8, del Grupo Parlamentario Socialista.

Las enmiendas presentadas, señorías, fueron 896, de las cuales se retiraron las números 186, 188 y 192. Su distribución es la siguiente: 181 del senador Iglesias Fernández y del senador Mariscal Cifuentes; 9 del senador Eza Goyeneche, de la senadora Salanueva Murguialday y del senador Yanguas Fernández; 32 del senador Martínez Oblanca; 3 del senador Eza Goyeneche, de la senadora Salanueva Murguialday y del senador Yanguas Fernández; y 162 de la senadora Capella i Farré, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto. 69 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, PNV. 217 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. 86 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. 109 del Grupo Parlamentario Socialista. Y 25 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La ponencia ha estado integrada por don Ramón Alturo Lloan, don Vicente Álvarez Areces, don Emilio Álvarez Villazán, doña María Rosa de Haro Brito, doña Rut Martínez Muñoz, doña Amalur Mendizabal Azurmendi, don Luis Peral Guerra y doña María Jesús Sequera García. La ponencia, tras reunirse los días 7 y 12 de noviembre, emitió su informe, introduciendo modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión se reunió para dictaminar los días 12 y 13 de noviembre y, tras nueva reunión de la ponencia este último día, emitió dictamen en el que se introducen ulteriores modificaciones en el texto inicialmente propuesto por la ponencia en su informe.

A este dictamen, señorías, los enmendantes citados al comienzo de esta intervención han presentado 11 votos particulares.

Por último, y si me lo permite el señor presidente, quisiera agradecer el trabajo de todos los miembros de la ponencia y la aportación del letrado de la Comisión de Educación y Deporte, don Pablo García Mexía, que ha tenido un papel relevante en todo el proceso de tramitación del proyecto.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sáinz.

Comenzamos el debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, la propuesta de veto número 1, presentada por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: (El señor senador sube a la tribuna vistiendo una camiseta verde con el lema: «Escuela pública: de tod@s para tod@s».—Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Ooooh!) Gracias, señor presidente. Lamento que mi gusto en el vestir no sea compartido por el Grupo Popular; pero entenderán que forma parte del legítimo ejercicio de mis libertades, solo condicionadas por el gusto de mi esposa. (Risas.—Aplausos.)

Agradezco al señor ministro su presencia en esta Cámara. Hemos de reconocer que el señor ministro siempre da la cara; al contrario que algunos de sus compañeros de banco, cuya presencia en la presentación de proyectos de ley, sin duda trascendentes, no es frecuente.




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Los senadores de Izquierda Unida hemos presentado un veto a este proyecto, porque entendemos que el Partido Popular, en el ejercicio legítimo del respaldo que en su día le dieron los ciudadanos y con la cómoda mayoría absoluta de que dispone, ha impulsado un proyecto de cambio social y político en nuestro país que tiene una expresión más en este proyecto de ley. Ustedes, en estos dos años de acción de gobierno, rápido, rápido, con proyectos que casi siempre se tramitan, más que por urgencia, por procedimiento sumarísimo, han introducido cambios que, sin duda, tienen la voluntad de que sean estables y amolden una sociedad más conservadora.

Esta no es una reforma necesaria; no solamente porque así lo afirme el dictamen del Consejo de Estado, sino porque parte de dos premisas que no son ciertas. Primera premisa, que se reitera a lo largo del proyecto y, de forma prolija, en el preámbulo: el sistema educativo de nuestro país ha fracasado. Segunda premisa: se gasta mucho en educación en nuestro país. Es falso que el sistema educativo haya fracasado, aunque no cuestiono el dato ―porque es cierto― de que el abandono escolar en nuestro país es uno de los más elevados de la Unión Europea. Salvo Malta… (Denegaciones del señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega.) ¿Ya ni siquiera Malta? En ese caso, somos el país con un abandono escolar más elevado. Sin embargo, no es cierto que ese abandono escolar sea imputable fundamentalmente al sistema educativo, y argumentaré por qué.

El motivo fundamental del abandono escolar que se produjo en la primera década del siglo en el que estamos, será expresión, en todo caso, del fracaso del sistema económico del que nos hemos dotado. Durante la euforia y la burbuja inmobiliaria, el índice de abandono escolar llegó a superar el 30%. Pero en aquel momento España era uno de los Estados con mayor tasa de empleo juvenil, por encima de Alemania y por encima de Austria. No se trataba de que el abandono escolar diera lugar a esa figura que ha servido en tantas ocasiones para el debate en torno a la educación, los ninis, sino que los jóvenes dejaban el sistema escolar porque veían más tentador acudir a un mercado laboral que no demandaba cualificación y permitía lograr unos ingresos que, para ellos, en el período de madurez en que se encontraban, eran más atractivos que completar sus estudios.

¿Cómo se refuerza este argumento? Las comunidades autónomas que vivieron con más intensidad la burbuja inmobiliaria fueron las que más abandono escolar tuvieron: Andalucía, Canarias y Baleares. Doblaban el fracaso escolar de aquellas otras comunidades autónomas en las que la burbuja inmobiliaria tuvo menos presencia, como es el caso de Navarra o del País Vasco. Pero es que hay otro dato objetivo que lo avala: tan pronto pinchó la burbuja inmobiliaria y se inició la crisis, con el mismo sistema educativo que en Baleares daba un fracaso escolar por encima del 30%, en Navarra en torno al 12% y en el País Vasco en torno al 14% —con ese mismo sistema educativo—, empezó a bajar el abandono del sistema escolar. Si en 2008 se superaba el 30%, en 2011, solo tres años más tarde —con el mismo sistema educativo, insisto, pero con un sistema económico que mostraba sus fracasos—, cayó al 26,5%, tres puntos y pico de caída natural del abandono escolar.

Segundo argumento que no es cierto: en España se gasta mucho en educación. En España se gastó más en educación de lo que se gastaba en el sistema político anterior a la democracia, obviamente. Los ayuntamientos democráticos que salieron de las elecciones de 1979 lo primero que tuvieron que hacer fue empezar a habilitar barracones para abrir aulas escolares, por el déficit que el régimen anterior había dejado. Siendo esas las carencias —las mismas que avala el Informe PISA en relación con la formación de los mayores de 50 años en nuestro país—, era inevitable, para construir una democracia que se sintiera responsable de la configuración de un modelo de bienestar en nuestro país, que el gasto educativo se incrementara. Pero en ningún caso gastamos más que los países de nuestro entorno ni estuvimos por encima de la media de la Unión Europea.

El gasto educativo alcanzó su punto álgido en 2008: un 5% del producto interior bruto. En ese momento la media de la Unión Europea estaba en torno al 7%. Países como Dinamarca estaban por encima del 7%, el 7,8%; Suecia, el 7%. Con esos recursos —insisto: menos recursos que el resto de los Estados más próximos—, esos mismos estudios de la OCDE a los que se hace referencia reconocían al sistema educativo español una capacidad de superación de las desigualdades sociales, un grado de equidad, superior al de esos países que gastaban más. Nuestro sistema educativo había logrado que el origen socioeconómico y cultural del alumnado tuviera menos importancia para conseguir el éxito escolar que en esos otros Estados.




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Lo que ocurre es que a partir de ese momento, a partir de 2008, empezaron los ajustes, empezaron los recortes, que se agravaron con la llegada al poder del Partido Popular: ratios más elevadas, menos profesores, mayores tasas universitarias, menos becas y más de un millón de alumnos que perdieron las ayudas en libros. Eso, sumado al compromiso que figura en el memorándum que se ha presentado a la Comisión Europea: de aquí a 2015 el gasto educativo se situará en el 3,9% del producto interior bruto. Aclaro: en 2015 el producto interior bruto será inferior al que había en 2008, cuando España gastaba el 5% del producto interior bruto equivalente en educación.

Se ha devaluado de esta manera el grado de equidad del sistema con los recortes. Además, en el proyecto que consolida, que da cobertura ideológica, que convierte en estructurales los recortes y los ajustes, se plantea ideológicamente un falso dilema, una falsa contraposición: la contraposición o el conflicto entre equidad y excelencia que, además, se resuelve buscando que la excelencia se logre a costa de la equidad. De alguna manera, ello se traduce en culpabilizar al alumnado que no alcanza los resultados deseables o apetecibles.

El argumento del talento, que se introduce en el proyecto de ley de forma reiterada, es un concepto absolutamente acientífico, totalmente subjetivo. Talento para qué, talento en quién. Con estas medidas que confrontan excelencia y equidad se logra algo chocante. Un proyecto de ley educativo que tiene todas las bendiciones, que tiene todo el agua bendita por encima resulta que acaba destilando conclusiones absolutamente calvinistas, lo cual es contradictorio. Pero es verdad que el modelo económico es el que es capaz de encajar ideológicamente posicionamientos inicialmente tan diferentes en su planteamiento.

Sin que se haya producido ningún análisis riguroso, más allá de sacar conclusiones forzadas de los informes PISA, se plantean una serie de cambios que, sumados, no han dado buenos resultados en ningún país. Se elogia el sistema finlandés, pero no se reconoce que el sistema finlandés tiene su éxito porque se trata de un modelo de escuela pública y comprensiva. Se pretenden mejorar los resultados del sistema con pruebas externas, pero se oculta que solo Corea del Sur lo ha convertido en elemento fundamental, y muchas de sus señorías conocerán los problemas de carácter psicológico y demás que el sistema educativo coreano está provocando en los jóvenes de ese país. Se implanta la formación profesional dual cuando se empieza a cuestionar allá donde alcanzó más éxitos, en Alemania, y además se implanta sin que se cumplan las condiciones ni en el sistema educativo ni en el sistema productivo que se dan en estos países.

Se saca adelante un proyecto de ley que tiene el récord de vetos, por lo tanto de rechazo político, pero también de contestación social. Hay que remontarse a Villar Mir para encontrar una respuesta social tan contundente, tan amplia y mayoritaria frente a un proyecto de reforma educativa, un proyecto que viene sin recursos. Si a los 5212 millones de euros que ya se han recortado hay que sumar hasta 2015 otros 9000, como se comprometió en el programa de reforma remitido a la Comisión Europea, ¿cómo se piensa mejorar la tasa de titulación, que es uno de los objetivos del proyecto, si según la memoria económica subir un punto la titulación en bachillerato supone un coste de más de 74 millones y en los ciclos formativos de grado medio un coste de 88,5 millones? Esos 9000 millones más de recortes, como los anteriores, tienen un efecto potencialmente más dañino sobre los alumnos de los colectivos más vulnerables.

Esta reforma no concibe la educación como un derecho, entre otros motivos porque renuncia a que el sistema educativo forme ciudadanos. Supedita el sistema educativo a las necesidades del modelo productivo e ignora cualquiera otra de las necesidades fundamentales que exigen la configuración y conformación de ciudadanos libres, capaces de tomar decisiones en democracia. Además, se supedita ¿a qué modelo productivo? ¿Al modelo productivo que nos ha traído a esta crisis? ¿Al modelo productivo que apuesta por la renuncia a la I+D+i y busca la productividad exclusivamente en la caída de salarios? ¿Ese es el modelo productivo al que se supedita el sistema educativo? Las consecuencias pueden ser mucho más negativas.

Pretende avanzar en la autonomía de los centros, pero no en la autonomía pedagógica, sino en la autonomía de gestión. De alguna forma se abre a partir de este concepto la posibilidad de que la gestión se base en la búsqueda de la esponsorización y no que la autonomía pedagógica permita satisfacer y adaptarse a las necesidades de los alumnos que responden al ámbito socioeconómico del área en el que está asentado el centro. Se fomenta la competitividad entre los centros con esa búsqueda y establecimiento de ranking de resultados que condicionarán los




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recursos y la posibilidad de creación de centros especializados. Se busca una selección adversa del alumnado con todas las trabas que se van creando a lo largo del sistema. Por mor de la libertad de elección se alteran los criterios de admisión y se pretende superar la zonificación. La libertad de elección absoluta es cuestionada por los informes de la OCDE por ser un elemento de segregación. Se renuncia a que se avance en la dirección de que la enseñanza pública pueda ser una oferta al conjunto de los alumnos y que disponga de plazas suficientes para ello. Por lo tanto, se consolida la enseñanza concertada y se supedita la enseñanza pública en la planificación a la oferta que haga la concertada. Hay que recordar que la pública escolariza al 80% de los niños con necesidades especiales.

Es una reforma segregadora que rescata los viejos itinerarios selectivos desde edad temprana y que convierte las reválidas en una carrera de obstáculos que deja alumnos en la cuneta. Habrá más fracaso escolar, lo cual es otra paradoja. En teoría, el fracaso escolar motiva esta reforma y esta reforma aumentará el fracaso escolar. Potencia la enseñanza de religión. Va a computar —lo dijo el señor ministro— para la obtención de becas. Permite la enseñanza segregada por géneros y establece mecanismos de recentralización que, sobre todo, afectan a las comunidades autónomas con lenguas oficiales.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Finalmente, recorta la participación y gestión democrática de los centros, privando de competencias al Consejo Escolar y reforzando el papel del director como representante de la Administración.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Propuesta de veto número 2, presentada por los senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, Mendizabal Azurmendi y Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro, señorías.

En Amaiur recogemos el sentir de nuestra comunidad educativa y, tal como venimos haciendo desde el inicio de la tramitación, solicitamos la retirada de esta ley que estamos debatiendo, si es que se le puede llamar debate a este diálogo de sordos que hemos mantenido durante su tramitación.

Solicitamos con este veto la retirada de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa porque no compartimos ni la forma ni el fondo. A lo largo de la tramitación, tanto en la Comisión de Educación como en la de las Comunidades Autónomas, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, hemos explicado en repetidas ocasiones las razones por las que creemos que esta ley no responde a las necesidades que tienen los sistemas educativos vasco y navarro.

En muchos casos hemos compartido los mismos argumentos, tanto con los distintos agentes educativos que se han pronunciado en torno a esta ley como con otros partidos de la oposición. Del mismo modo, creo que ha quedado bien reflejada la unión y el consenso entre los distintos partidos de la oposición. Tan es así que hemos coincidido en los argumentos e incluso en la utilización de cierta terminología, con expresiones tales como mercantilista, recentralizadora, adoctrinadora, uniformizadora, contraria a la equidad y a la pluralidad, elitista, segregadora, etcétera.

Estos términos no han sido del agrado del portavoz del Partido Popular y sus variadas reprimendas han quedado reflejadas en el Diario de Sesiones. Lamentablemente, son términos que no podemos retirar porque, a nuestro entender, siguen siendo válidos para calificar esta ley. Una ley que apenas ha tenido cambios a lo largo de la tramitación y, tal como nació, finalizará su tramitación sin atender a la comunidad educativa, a los agentes sociales ni a los partidos de la oposición.

El Partido Popular insiste en mantener la filosofía, los objetivos y los contenidos de la ley. Por eso nosotros seguimos oponiéndonos a ella con los mismos argumentos y los mismos términos.




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No lo tome usted, señor Peral, como una provocación, sino como una muestra de lo opuesto de nuestras ideas ante lo que debe ser un sistema educativo.

Nosotros creemos en una educación basada en la laicidad y defendemos una escuela inclusiva, compensadora e integradora. Estamos comprometidos con la promoción de la calidad educativa integral, que tenga como objetivo la equidad e igualdad de oportunidades para todos los alumnos. Sobre todo, no compartimos esa visión totalmente uniformizadora que no responde, en nuestro caso, a las necesidades y retos de Euskal Herria, porque se sitúa fuera de nuestra realidad social y lingüística. Necesitamos un modelo educativo cuyo eje principal sea el euskera e introducir una metodología de enseñanza o aprendizaje que tenga en cuenta el entorno sociolingüístico y las capacidades psicológicas del alumno o alumna. Aprobar un sistema que no recoja estas ideas supondría un gravísimo retroceso en la educación de nuestros hijos e hijas.

Hace tiempo leía un artículo en el que se decía que el problema de las medidas que está adoptando el Partido Popular en distintos ámbitos como el económico, social, sanitario o, incluso, educativo, es que obviaban que en la piscina conviven tanto tiburones como sardinas. En esta carrera algunos parten desde el kilómetro 50 y otros desde el kilómetro menos 15. Esta ley lleva a clasificar y a segregar tempranamente al alumnado; el que vale, vale y cuanto antes se aclare, mejor. Esta ley presupone que el alumno o alumna que no va bien es por su culpa, porque no se esfuerza lo suficiente. Y por supuesto que los chavales y las chavalas deben esforzarse en el estudio, pero como cualquier otra persona que debe esforzarse en hacer bien su trabajo. Desde hace mucho tiempo sabemos que el factor decisivo para el éxito escolar es la procedencia sociocultural del alumnado. Todos los estudios, como PISA o de evaluación o diagnóstico, etcétera, reflejan esta realidad. Las diferencias sociales encuentran un reflejo directo en los resultados escolares. Una sociedad preocupada por tratar con justicia e igualdad a la gente tomaría medidas para que la escuela pudiera compensar las diferencias de partida a fin de dar a todos y todas las mismas oportunidades. Esto es, entre otras cosas, lo que esta ley, a nuestro entender, desprecia.

En este sentido le recomiendo una lectura de un artículo de David Brooks, donde recoge un estudio realizado en los Estados Unidos por el investigador Stephen Hinshaw, de la Universidad de California. Dicho artículo dice que en Estados Unidos hay una epidemia de desorden de déficit de atención. Los datos son tan alarmantes que ha estallado un debate sobre sus causas y su tratamiento. Pero entre los descubrimientos más notables está que la reforma educativa basada en exámenes estandarizados está relacionada con la explosión del fenómeno. Se descubrió que había una relación directa entre las políticas de reforma educativa que han llevado a cabo los últimos dos presidentes, con alguna diferencia entre ellos, y los exámenes estandarizados. En este estudio se subraya que los datos son correlativos, que no son causa. Con esto no pretendo equiparar las dos realidades para nada, sino dar un toque de atención sobre lo que puede llegar a afectar una reforma educativa equivocada.

Nos tenemos que preguntar si queremos que nuestros centros escolares se conviertan en academias donde lo importante es obtener buenos resultados de cara a ese ranking de escuelas que se pretende crear o, por el contrario, si queremos una educación donde todos los alumnos y alumnas aprendan y adquieran el máximo de competencias en igualdad de oportunidades. En Amaiur tenemos claro que nosotros queremos un sistema educativo propio, defendemos una escuela inclusiva, compensadora e integradora, basada en la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, basada en la equidad y basada en la calidad educativa.

Por ello, al considerar que la ley que tratamos hoy va en sentido contrario al modelo del sistema educativo que nosotros defendemos, pedimos una vez más su retirada inmediata.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendizabal.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona nit, ministre, senadores, senadoras.

Hoy, Día Internacional de la Infancia, entre los derechos fundamentales que se recogen existe el derecho a la educación, a una educación de calidad, a una educación que garantice la igualdad,




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a una educación que sea capaz de formar hombres y mujeres libres, con capacidad de decidir y construir su futuro.

La LOMCE —ya me lo han oído expresar en varias ocasiones— resulta ser una ley conservadora, centralista y que pone en peligro, en lo que respecta a Cataluña, la inmersión lingüística. Era del todo previsible que el Partido Popular, con una mayoría absoluta que da apoyo al Gobierno del Estado, quisiese modificar de nuevo las reglas del juego que rigen la educación. De hecho, ya lo hizo con anterioridad. Esto ya pasó con su mayoría en el año 2002, siendo presidente el señor Aznar.

Esta concepción de la educación responde más a una visión politizada que a un análisis objetivo de cuáles han de ser los cambios que necesita el sistema educativo para converger con las propuestas de la Unión Europea. Estas propuestas que nos vienen de Europa nos dicen que debe reducirse la elevada tasa de abandono escolar y deben aumentar los porcentajes de alumnado que deben finalizar los estudios postobligatorios.

Desde el punto de vista de Esquerra Republicana —y por eso hemos presentado veto a la ley—, la LOMCE plantea tres aspectos inquietantes —también lo he dicho antes—: una visión conservadora de la educación, una concepción recentralizadora y la voluntad de reducir el uso del catalán en la escuela.

Visión conservadora. Concepción arcaica de la educación. Parece que tiene más que ver con la percepción personal de alguno de los autores de la ley, de cuando eran estudiantes, que no con la sensación de que les preocupe la necesidad de introducir cambios para adecuar la ley a los nuevos tiempos.

Su propuesta para mejorar el sistema educativo se basa en lo que ustedes llaman la cultura del esfuerzo, centrada fundamentalmente en hacer del aprendizaje del alumno una carrera de obstáculos a base de exámenes y pruebas a superar, de tal manera que el alumno pasa más tiempo demostrando o intentando demostrar lo que sabe, reproduciendo lo que se le ha hecho estudiar, que participando del verdadero proceso del aprendizaje, haciendo suyos conceptos y adquiriendo competencias que le podrían facilitar aprendizajes posteriores.

En los últimos veinte años se ha intentado construir un sistema educativo más comprensivo e inclusivo, que seguramente cabe mejorar y mucho, pero la propuesta que nos llega, en este caso del Partido Popular, nos retorna a un sistema basado en la selección prematura y en la segregación. La experiencia nos ha enseñado que para aprender y progresar es necesario mantener la exigencia con el alumnado, pero al mismo tiempo hay que facilitarle el camino, poner los medios adecuados y proporcionar las ayudas que cada alumno necesita para progresar.

Decía que la ley es segregadora porque va a afectar a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque quiere dividir el alumno en una edad muy precoz, porque parte de la idea de que las personas no pueden mejorar mediante la educación y de que no todo el mundo puede tener los mismos talentos.

Es sexista porque promueve la separación de chicos y chicas, da más peso a la religión católica que al debate sobre los derechos y deberes de las personas y la necesidad de la convivencia democrática y, por tanto, formar a personas a través de los principios democráticos. A criterio de Esquerra Republicana es antidemocrática porque nos aleja de la participación de las familias, del alumnado y de los municipios, que dejarán de tener ese peso en las decisiones de los centros, y los centros también dejarán de tener peso en las decisiones, ya que los consejos escolares dejarán de ser órganos de gobierno.

Privatizadora porque pone en peligro la gratuidad de la educación mediante la imposición de tasas y seguramente también beneficiando a determinados colegios de élite.

Concepción centralista. La ley es centralista, concepto omnipresente en toda la norma. Rompe con los acuerdos establecidos entre Estado y comunidades autónomas y con el reparto de cuáles deben ser los porcentajes de participación en los currículos. El Estado se atribuye la potestad de establecer currículos en asignaturas troncales y, a criterio de Esquerra Republicana, se quiere imponer una visión del mundo centralista y castellana en el alumnado de todo el Estado. Le recuerdo, ministro, palabras que usted ya ha dicho y que se las voy a repetir hasta la saciedad: Voy a españolizar a todos los niños catalanes.

El Estado no solo recupera competencias en los diseños de los currículos sino también en la evaluación, y así se establecen evaluaciones externas a final de primaria, secundaria y bachillerato,




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evaluaciones que recuerdan las antiguas reválidas y que son sin duda o forman parte del imaginario histórico educativo de sus autores. No deja de ser una ironía cómo la LOMCE argumenta la importancia de la autonomía de centro en la mejora de los resultados del alumnado, afirmación que compartimos pero que la futura norma ignora su concreción.

También es centralista porque limita la enseñanza en algunas de las materias: arte y tecnología son las que pierden más peso; la lengua catalana deja de ser troncal; degrada la filosofía y la ética; historia de la filosofía pasa a ser optativa en la rama de humanidades; y ciencias sociales deja de ser obligatoria para todo el bachillerato. En Esquerra Republicana entendemos que ustedes lo que realmente desean es que no se cultiven los espíritus críticos. Permitirá también que los centros puedan seleccionar alumnos en función de la nota y por otros motivos.

Decía, en tercer lugar, que la LOMCE era inquietante porque reducía la presencia del català a l’escola. Existe esta voluntad —el espíritu de la ley así lo demuestra, los artículos referidos también lo dicen—, la voluntad de reducir la presencia del català a l’escola tanto o más de lo que ustedes han deseado siempre.

El criterio de Esquerra Republicana es que la LOMCE no es una ley aislada, en realidad es un episodio más de la campaña que el Partido Popular ha iniciado hace tiempo en contra del català y de la cultura catalana. De esta campaña también forman parte las actuaciones del Govern balear en relación con la lengua en contra de la inmersión lingüística de les illes, promocionando las variantes dialectales no como una riqueza a preservar, sino utilizándolas en contra de la lengua común, al mismo tiempo que refuerza el castellano como lengua vehicular. Lo mismo puede decirse de la actuación con respecto al Govern del País Valencià. Un dato que no es baladí y que es necesario poner de manifiesto es que en estos momentos solo cinco familias han pedido en Barcelona la escolarización de sus hijos en lengua castellana y representan, única y exclusivamente, siete alumnos.

Es evidente que en Esquerra Republicana de Cataluña rechazamos esta ley. Hemos presentado veto, hemos presentado enmiendas. Nos hemos opuesto a su aprobación con todas nuestras fuerzas. Haremos piña con el resto de fuerzas políticas que se opongan a la ley y buscaremos las complicidades necesarias donde sea necesario. La comunidad educativa también se ha opuesto a esta ley pero buscaremos donde sea el apoyo necesario.

Una ciudadanía bien formada es un reto y una aspiración y, al mismo tiempo, una sólida garantía de hacer posible un país más justo, de personas responsables y capaces de decidir. Necesitamos un proyecto educativo de país que, con la complicidad de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad, mantenga la mejora de los niveles de calidad educativa y el mantenimiento de las políticas sociales.

Este proyecto de ley, la LOMCE, no responde a estas necesidades. Este proyecto de ley ignora interesadamente las desigualdades sociales, dinamita la escuela inclusiva y comprensiva, nos aleja de las exigencias de los tiempos actuales. Es una ley clasista que ha decidido enterrar la igualdad de oportunidades que garantiza y que ha garantizado la actual escuela pública.

Lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a manifestar: los catalanes y las catalanas continuaremos defendiendo el modelo de escuela catalana y pueden dar por sentado que al final guanyarem.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 4 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Para su defensa tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. Señor ministro, gracias por su asistencia, no es habitual, pero en usted sí lo es.

Señorías, creo que no descubro nada nuevo si digo que realizar, que implementar, que concretar o que aplicar una reforma educativa es una tarea gigantesca, una tarea inmensa, sobre todo en un país como el nuestro, con millones de alumnos y alumnas, miles de profesores, el reto de la adaptación de la inmigración, las nuevas tecnologías, el mundo rural, el mundo urbano, etcétera. Por tanto, estamos ante una tarea inmensa; una tarea que solo se puede desarrollar apoyándonos y con instrumentos que, en mi opinión, fundamentalmente son cuatro: en primer




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lugar, unos recursos económicos suficientes y necesarios; en segundo lugar, un mínimo consenso político —insisto, un mínimo consenso político—; en tercer lugar, una complicidad de la sociedad; y en cuarto lugar, una implicación del mundo de la enseñanza.

En la exposición de motivos de la ley dice clarísimamente un par de veces que sin la colaboración activa de los actores no es posible la transformación de la reforma educativa. Dicho de otra manera, un gobierno puede hacer una carretera solo, se trata de hacer el proyecto, contratar una empresa y construir una carretera. Un gobierno solo no puede hacer una reforma educativa, necesita de las complicidades y de las implicaciones de la sociedad. Y si no puede hacerlo solo, menos lo puede hacer en contra de prácticamente todo el mundo. No quiero dar cifras ni decir que todo el mundo esté en contra pero hay una contestación importante de la comunidad educativa, de los enseñantes, de los partidos políticos, de la sociedad; es decir, va usted a impulsar una reforma educativa que solo cuenta con el apoyo del Gobierno, y eso es imposible.

En este final de trámite parlamentario y de debate público —mañana discutiremos el contenido del proyecto—, la cuestión política de fondo que subyace, que afecta no solo al Gobierno sino al país, es la siguiente: ¿es viable la LOMCE sin complicidades y sin implicaciones, con contestaciones de la calle y de la enseñanza? ¿Es viable esto? Cualquier manual o cualquier profesional de la organización le diría que eso es imposible. Por tanto, el reto, la cuestión de fondo que hoy tiene España es que estamos ante un Gobierno que ha impulsado una reforma educativa que no tiene recorrido político; dicho de otra manera, una reforma que antes de nacer está muerta, y no solo está muerta, sino que me atrevo a decir que es una reforma educativa que distorsiona, que interfiere, que inestabiliza el sistema educativo, y me va a permitir una broma: la LOMCE es la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa y creo que estamos ante una ley orgánica de empeoramiento de la calidad educativa, la LOECE, porque en estos momentos, señor ministro —y creo que usted es consciente de ello— la LOMCE es un elemento de distorsión del sistema educativo, no un elemento de mejora del sistema educativo.

Yo estoy seguro de que es consciente —evidentemente usted lo negará— que no es posible la viabilidad de la ley en esta situación, y la pregunta es: ¿qué hace usted, qué hace el Gobierno? La respuesta es que la deben retirar, la deben retirar por responsabilidad. Intentar colocar la LOMCE en el sistema educativo es provocar un empeoramiento del sistema educativo. Sé que no es habitual que los Gobiernos retiren proyectos de ley, lo sé perfectamente, se puede decir que se les derrota. Creo que en estos momentos la retirada del proyecto de ley no es una derrota, sino una victoria por escuchar a las voces sin las cuales es imposible sacar adelante la reforma educativa. Por tanto, el problema político que planteo, independientemente de los contenidos de la ley, es que después de todo el trámite parlamentario, del aislamiento parlamentario y social, es imposible que el Gobierno solo pueda implementar la ley de reforma educativa.

Dicho esto, aparece una pregunta. ¿Por qué todo el mundo —cuando digo todo el mundo alguien puede decir: todo el mundo no, porque hay gente que está de acuerdo; seguro, pero no me podrán negar que la significación ciudadana masiva y de enseñanzas que ha tenido la contestación no ha sido pequeña, ha sido muy grande—, por qué todo el mundo ha coincidido en rechazar la ley? Una ley que, por un lado, plantea la mejora educativa y, por otro, plantea que es una reforma parcial. Usted ha dicho que esto es una reforma parcial, por tanto, no es una gran reforma; en definitiva, es una mejora. Pues, mire, yo creo que se ha dado esta contestación porque no es una reforma parcial, sino un cambio de modelo educativo; digo más, un cambio de modelo educativo involucionista; involucionista desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista confesional, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista segregador, desde muchos puntos de vista. Es decir, hemos pasado de un sistema inclusivo, con dificultades, a un sistema segregador; hemos pasado de un sistema aconfesional, con dificultades, a un sistema confesional; hemos pasado de un sistema descentralizador, con dificultades, a un sistema centralizador. Y esa es la explicación absoluta de por qué la gente, los enseñantes, las ONG, los estudiantes, han rechazado este proyecto y por qué no ha conseguido usted un mínimo acuerdo político con los partidos políticos. Sé que se puede elucubrar que es una conspiración de la oposición que, por definición, dice que no a los proyectos, pero pienso que hemos dado históricamente suficiente prueba de llegar a acuerdos en lo relativo a la educación.




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Antes de explicar qué significa para mí segregador, centralizador, confesional, quiero detenerme en un aspecto importante, que es el de las lenguas cooficiales, y muy en concreto, del catalán. Ustedes colocan al catalán en un segundo nivel, con unas competencias residuales y la LOMCE, en definitiva, significa fulminar o intentar fulminar el sistema de inmersión lingüística. Usted dijo clarísimamente que quería castellanizar el catalán, como si estuviéramos en el siglo XIX. (Denegaciones del señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega.) Si no lo dijo, eso me pareció. Me alegro de que no lo dijera, pues. Pero le voy a decir lo siguiente, y me voy a extender en este asunto porque me parece muy importante. Cataluña reclama a veces que tenemos un déficit fiscal, y es cierto. Podemos discutir cuánto déficit fiscal tiene, pero Cataluña tiene otro déficit, que es simbólico. Y voy a leer muy rápida y parcialmente lo que ha significado, desde el punto de vista de país, luchar en Cataluña por poder hablar en catalán, sin que esto signifique ninguna comparación concreta con la ley: 1560, el Tribunal del Santo Oficio insta a que en los negocios de la fe todo se proceda en lengua castellana; 1600, el Tribunal del Santo Oficio obliga a que no se escriban los procesos en lengua catalana; 1700, Luis XIV de Francia, deja escrito que el uso del catalán repugna y es contrario a nuestra autoridad; 1716, como saben, decreto de Nueva Planta por bien del castellano; 1715, la consulta del Consejo de Castilla escribe que en el aula no debe haber ningún libro en catalán; 1768, el conde de Aranda prohíbe la enseñanza del catalán en las escuelas; 1801, Manuel Godoy prohíbe que se represente en los teatros cualquier obra que no sea en castellano; 1838, el Reglamento Vallgornera obliga a usar el castellano en el sistema escolar; 1870, Ley del Registro Civil priva el uso del catalán; 1881, otra ley, etcétera. La relación es inmensa, solo he leído una milésima parte de los actos de prohibición del catalán.

¿Qué quiere decir esto? Que la gente ha considerado el catalán, a pesar de que históricamente ha disfrutado de muy pocos espacios de legalidad, como un signo de identidad cultural importantísimo. Lo que no puede ser es que intenten cambiar esto ahora. Primero porque internacionalmente ha sido reconocido como un éxito por dos razones; primera, porque el nivel de aprendizaje del castellano de los alumnos y alumnas de Cataluña no es menor que el del resto del Estado, no es menor; segundo, porque no hemos segregado a los alumnos que hablan en catalán de aquellos que hablan en castellano. Eso ha significado el éxito del proceso de inmersión.

He leído esta breve relación que demuestra la persecución del catalán para que aquellas señorías que no lo saben, aunque seguro que muchos sí lo saben, entiendan nuestra sensibilidad ante un tema como la identidad cultural profunda de Cataluña, y usted no lo ha tratado bien. No pueden crear un problema donde no lo hay. En Cataluña no hay problema de lengua, ni en las escuelas, ni en la calle, ni en las empresas.

Además, usted propone en su ley que, si la escuela pública no lo oferta, los padres que quieran que sus hijos hablen en castellano vayan a una escuela privada, que pagará la Generalitat. Pero el propio Consejo de Estado señala que eso no es competencia suya, que usted no puede decidirlo, que ha de hacerlo la comunidad autónoma. Este es el otro tema importantísimo y enlaza con la recentralización. Usted dice que no recentralizan pero basta leer el artículo 131 del Estatuto de Autonomía para ver que todas las competencias compartidas que ahí figuran han desaparecido, señor ministro. Usted las ha fulminado, han pasado de ser compartidas a ser competencias del Estado central. Absolutamente todas, las del catalán y las de educación. Absolutamente todas.

Señor ministro, no tengo tiempo de extenderme más, aunque sí lo haré en la presentación de las enmiendas, para explicarle por qué pienso que este proyecto es segregador, por qué es confesional, por qué es centralista, por qué es menos participativo y democrático que el que teníamos. Pero insisto en que, más allá de los contenidos, el problema que España —no el Gobierno— tiene hoy es que esta ley puede significar un desbarajuste desde el punto de vista educativo en los próximos años, porque el Gobierno solo no puede sacar este proyecto adelante. Desde este punto de vista, una acción de responsabilidad por su parte le permite decir: no he convencido, no he pasado la evaluación de enseñanza, no he pasado la evaluación social, no he pasado la evaluación política y he de repetir el curso. Incluso, fíjese, si su ley es la mejor, se trata de convencer. Aun siendo una ley buenísima, si no convence a la gente, este proyecto está destinado al fracaso y, sobre todo, a la distorsión y a la inestabilidad de un sistema educativo que necesitamos que mejore.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Saura.

La propuesta de veto número 6 ha sido presentada por todos los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Bona nit, senyor president.

Señor ministro, estamos ante un proyecto de ley mediante el cual el Gobierno del Partido Popular transforma por completo nuestro sistema educativo. Y lo hace solo, completamente solo, sin contar para nada con los agentes implicados en el sistema: la comunidad educativa, que deberán ser los que apliquen las modificaciones que supone esta norma.

Han hecho oídos sordos a toda petición de diálogo y voluntad de consenso. En realidad, nunca han tenido interés ni por el diálogo ni por el consenso, con su mayoría parlamentaria les basta. Ustedes solos se han puesto en contra a múltiples sectores de la sociedad, a todos los grupos de la oposición, a las comunidades autónomas, ninguneando sus competencias en la gestión educativa, no han hecho caso ni de las recomendaciones de la OCDE ni del Consejo de Estado ni de los mandatos de Naciones Unidas. Pero lo más grave de todo es que esta reforma solo responde al interés particular de ciertos sectores y no al interés general, principio fundamental de la Administración pública.

Las senadoras y senadores firmantes de este veto rechazamos de plano este proyecto de ley y solicitamos su devolución al Gobierno por injusto; por subordinar la educación pública a la concertada y a la privada; por reducir la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación; por segregar y discriminar a los alumnos más vulnerables; por devaluar la formación profesional; por eliminar la educación en valores éticos y democráticos de la asignatura Educación para la ciudadanía; por computar como obligatoria la formación religiosa; por favorecer la financiación pública de la educación segregadora por sexos; por reducir drásticamente la participación de la comunidad educativa en los consejos escolares; por conculcar las competencias educativas y lingüísticas de las comunidades autónomas, atacando injustamente el modelo de inmersión lingüística y el conjunto del sistema educativo de Cataluña establecido en el estatut y desarrollado en la LLei d’Educació de Catalunya —ley que, a diferencia de la que están modificando, goza de un amplio consenso—, y por la irresponsabilidad de un Gobierno que ha creado problemas en el ámbito educativo donde no los había, y podríamos continuar.

Lo que sí está claro es que hasta hoy el sistema educativo ha logrado el equilibrio entre el derecho a la educación y la libertad de la enseñanza que establece el artículo 27 de la Constitución Española, y coincidimos en la necesidad de mejora permanente del sistema educativo. Repito, coincidimos en la necesidad de la mejora del sistema educativo, pero esa mejora, esa mejora constante debe basarse en dos pilares fundamentales: uno, en el diagnóstico compartido por el conjunto de la comunidad educativa y de las administraciones competentes, y dos, en una clara voluntad de conseguir el consenso para establecer las mejoras que se deben aplicar.

Ustedes, lejos de sumar sinergias para alcanzar el objetivo de mejorar, escogen el camino de la imposición y, sin duda, toda imposición conlleva una reacción, y en este caso esa reacción se ha convertido en la convocatoria de dos huelgas generales del sector de la educación, la presentación de ocho vetos en su tramitación en esta Cámara, once vetos en su tramitación en el Congreso, cinco comunidades autónomas han anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional y por primera vez lo que sí ha conseguido el Partido Popular es la presentación de un pacto entre todos los grupos parlamentarios de la oposición y las organizaciones sociales comprometiéndose a la derogación de esta ley ante el próximo cambio de Gobierno y la elaboración de una nueva con el máximo consenso. Sus formas de actuar han condenado a esta ley, ustedes mismos la han matado y nacerá muerta.

La tramitación de esta norma en el Senado ha servido para poner de manifiesto fehacientemente cuál es la consideración del Gobierno del Partido Popular sobre el Estado de las Autonomías, han demostrado su menosprecio y ninguneo hacia los estatutos de autonomía, a las competencias que, al amparo de la Constitución Española, permiten promulgar leyes que regulen la educación en los diferentes territorios. Es curioso el uso moldeable que hacen ustedes de la Constitución Española: para según qué aspectos se acogen a ella de forma literal, pero para otros, que no favorecen sus intereses, el respeto a las normas que se amparan en ella son papel mojado.




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Esta norma incorpora implícitamente una filosofía claramente recentralizadora de las competencias autonómicas en educación, y eso es intolerable. En Cataluña, en virtud de la Constitución y de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, se promulgó una Ley de Educación en 2009, aprobada por el 85% de los diputados del Parlament, que actualmente está funcionando de forma satisfactoria desde su entrada en vigor. Este proyecto de ley condiciona gravemente el ejercicio de las competencias educativas de la Generalitat de Catalunya, deja sin contenido real sus competencias en materia de ordenación educativa y en la definición de los contenidos curriculares e interfiere en su capacidad de planificar la oferta educativa según las necesidades.

Otro de los motivos para la devolución al Gobierno de este texto es el cambio en la regulación lingüística que ataca injustamente el modelo de inmersión lingüística de Cataluña. Y lo hace inventándose un problema lingüístico que no existe, Y no existe, precisamente, porque utilizando su medida estrella, la evaluación, queda rotundamente demostrado que el sistema de inmersión lingüística garantiza niveles superiores a la media estatal en comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita de ambas lenguas cooficiales. ¿Dónde está el problema? No hay problema. Solo existe una ideología preconcebida sobre el tema lingüístico. Y que un Gobierno fomente la confrontación social y territorial por temas lingüísticos es una irresponsabilidad supina. Lejos de la confrontación, lo que ha constatado la inmersión lingüística en Cataluña es la cohesión social y la convivencia en nuestro territorio.

Un análisis más en detalle del contenido de proyecto de ley muestra el cambio de un modelo que garantizaba la igualdad de oportunidades efectiva en el acceso a la educación, independientemente del origen o de las condiciones socioeconómicas y garantizando la existencia de plazas públicas en la educación obligatoria, hacia otro modelo en el que se relega a la escuela pública a favor de la escuela concertada. Y esto, unido a la zona única de escolarización y en contra de las recomendaciones de la OCDE, provocará que sean los propios centros los que elijan a los alumnos y la red de escuela pública se convierta en el único espacio donde puedan estudiar los alumnos más vulnerables, con problemas y riesgo de exclusión social. En pocas palabras, fomenta el clasismo y la creación de guetos. Estamos radicalmente en contra de una ley que es un foco de segregación y discriminación temprana de los alumnos. Así, el sistema de evaluaciones finales, o reválidas, que incorpora potencia el progreso de los mejores y estigmatiza a los alumnos tras una criba en vez de favorecer la igualdad de oportunidades para el progreso de todos. La consecuencia que se deriva de ello es la competencia entre centros, preparando a los alumnos para esas reválidas en vez de reforzar la evaluación continua en cada etapa. El adelanto de la elección de itinerarios y la sustitución de la selectividad por pruebas de acceso contribuirá a reducir el número de alumnos que accedan a estudios superiores. Y lo peor, la eliminación de programas de educación compensatoria y atención a la diversidad, es decir, el abandono a su suerte de aquellos alumnos más débiles, con más dificultades y más vulnerables.

Termino. No queremos permitir que este proyecto de ley nos haga retroceder en el tiempo eliminando derechos y avances muy importantes que hemos logrado con la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos, con el carácter obligatorio de la asignatura de Religión y el apoyo explícito del Gobierno a los centros educativos que segregan por sexo. No lo debemos permitir. Las generaciones futuras no se lo merecen.

Por todo ello, presentamos este veto al Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa y solicitamos su devolución al Gobierno.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

La propuesta de veto número 5 es del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, mi grupo parlamentario ha presentado un veto a este proyecto de ley. La justificación de nuestro veto está fundamentada, básicamente, en cuestiones competenciales. Pero advierto ya desde ahora que mi intervención para defender este veto no va a tratar sobre cuestiones competenciales, por una razón, porque la tratamos, yo creo que sobrada y ampliamente, en la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la que vimos específicamente esta cuestión. Por lo tanto, solamente voy a dar algunas pinceladas al respecto.




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Tampoco voy a hablar de cuestiones técnicas, ni de modelos pedagógicos, porque ya tenemos suficientes enmiendas que realmente desarrollan cuál es nuestro modelo educativo, cuál es el modelo educativo que nosotros defendemos, y entiendo que en los treinta minutos de defensa de enmiendas que voy a tener posteriormente —no sé si esta noche o mañana— tendré tiempo más que suficiente de desarrollarlo como es debido. Por lo tanto, voy a realizar una intervención de carácter político respecto de lo que entendemos nosotros que supone la LOMCE para el sistema educativo vasco fundamentalmente.

Voy a empezar recordando que hoy se cumplen dos años de la histórica victoria electoral del Partido Popular en las elecciones generales, lo que coincide además con el debate aquí en el Senado de una de las leyes con las que ustedes dieron inicio al ambicioso proceso de reformas que están llevando a cabo. Dos años llevamos por tanto debatiendo y analizando esta reforma que ha visto tres anteproyectos de ley distintos y que ha sido objeto de numerosas preguntas, interpelaciones y mociones, algunas hechas por esta misma senadora, tanto aquí en el Senado como en el Congreso.

Como toda ley orgánica su tramitación ha sido realizada de acuerdo con el procedimiento previsto —faltaría más—, de ahí que haya sido examinada tanto por el Consejo Escolar del Estado, por las comunidades autónomas, a través de las diferentes conferencias sectoriales convocadas, y por el Consejo de Estado, entre otros, todos los cuales han presentado los preceptivos informes o alegaciones al respecto. También el trámite parlamentario ha sido largo, laborioso y no siempre conforme a lo que el Reglamento establece, pero hemos llegado incluso a convocar, como he mencionado antes, una Comisión de Comunidades Autónomas —algo inédito en esta legislatura— para analizar competencialmente este proyecto de ley. Es, por tanto, cierto que la LOMCE es una ley debatida y discutida en todos los ámbitos posibles, pero no es menos cierto que no es una ley consensuada. Su mayoría absolutísima les basta y les sobra para aprobar esta ley y cuantas quieran con toda la legitimidad que les asiste, y que yo no les voy a negar, pero en mi grupo parlamentario queremos hacer constar una vez más que cuentan con mayoría más que suficiente para vencer pero no para convencer, porque la LOMCE ni nos gusta ni nos sirve. Y voy a argumentar por qué.

No nos gusta porque carece del consenso social y político necesario para garantizar la estabilidad del sistema educativo al romper el consenso actual sobre la finalidad de la educación básica, que no es otra que asegurar las bases sólidas para el desarrollo equilibrado de una persona a lo largo de su vida en todas sus dimensiones. Como sabe, esta es una definición —perfectamente desarrollada en la LOE— que proviene de una recomendación del Parlamento y el Consejo europeo y que, a su vez, fue formulada por primera vez por la UNESCO. El sistema educativo necesita de un acuerdo político y social de base para evitar tanta inestabilidad y la falta de continuidad que supone tanta reforma seguida y así poder consolidar la mejora que supuestamente debe pretender toda reforma educativa. Además, tanto la experiencia como las investigaciones sobre el cambio positivo aseguran que este se produce cuando los individuos y los grupos se implican de forma voluntaria y consciente, asegurando la participación de todos, y no es así cuando lo que se hace es imponer el cambio. Por tanto, esta ley no parece sostenible en el tiempo, ya que su éxito se medirá únicamente por los resultados de los alumnos, sin tener en cuenta otros factores que existen en el ámbito educativo, como tampoco es el resultado de un diálogo abierto y sincero de la comunidad educativa.

La LOMCE tampoco nos gusta, evidentemente, porque no respeta las competencias de naturaleza histórica de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de educación. Pero es que, además, como le decía antes, la LOMCE no nos sirve, porque no supondrá ninguna mejora para el actual sistema educativo vasco sino más bien todo lo contrario; cuestión que ahora voy a pasar a exponer.

Esto es así porque se trata de una reforma de carácter ideológico, y cuando lo digo lo hago en el sentido más extenso de la palabra, no se lo tome a mal, señor ministro. No hay una base pedagógica que sustente la eficacia de las medidas que proponen en la ley para conseguir los objetivos propuestos, que expresamente se mencionan en su preámbulo, de reducción de tasas de abandono escolar temprano y fracaso escolar. Por ponerle un ejemplo, ustedes miran a Finlandia, Alemania y Reino Unido, todos ellos países con un elevado nivel de calidad educativa, acreditada por los diferentes estudios internacionales, para justificar medidas como las




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evaluaciones externas. Por cierto, en Gales o Inglaterra, que, como sabe, fueron pioneros en materia de evaluaciones universales, se están planteando seriamente en este momento renunciar a ellas porque las consideran ineficaces desde el punto de vista pedagógico y económico.

Otra cuestión que ustedes proponen es el adelanto de los itinerarios académicos. Por cierto, señor ministro, en Finlandia —un modelo educativo al que a todos nos gustaría parecernos— toda la educación básica obligatoria se engloba en un único itinerario; lo que hacen es diversificar los currículos, que es una cuestión bien distinta. Pero se olvidan de una cuestión fundamental que desmonta fácilmente este argumento, y es que hay comunidades autónomas que con el sistema educativo vigente se encuentran muy bien posicionadas en estos rankings internacionales de calidad educativa, como es el caso de Euskadi y de Navarra pero también de Madrid, Asturias o Castilla y León.

Usted, como yo, es sociólogo, señor ministro, y sabe mejor que yo seguramente que la dispersión de los datos no se explica por las constantes sino por las variables. El sistema educativo es común para todas las comunidades educativas, es el mismo en aquellas bien situadas y bien posicionadas en los rankings de calidad educativa como en las que presentan pobres resultados educativos. ¿Por qué entonces este empeño en modificar la constante, esto es, el sistema educativo? ¿Por qué aplicar las mismas recetas a todas las comunidades autónomas independientemente de su rendimiento educativo? Los objetivos de mejora de la calidad educativa que se enmarcan en la LOMCE están ya ampliamente superados en Euskadi y en otras comunidades autónomas con el actual sistema educativo, lo cual no significa que no tengamos que seguir esforzándonos en mejorar la calidad de la enseñanza vasca, más bien todo lo contario, pero queremos avanzar en ese sentido sobre la base de nuestras necesidades. En el caso de Euskadi, los objetivos que se plantea la LOMCE están ya superados. La LOMCE pretende reducir la actual tasa española de abandono escolar temprano al 15% para el año 2020, en sintonía con la Estrategia Europea 2020. En Euskadi esa cifra ya es del 11,5%, frente al 24,9% de la media del Estado español, en datos además de su propio ministerio. Y lo mismo sucede con el porcentaje de titulados en educación secundaria posobligatoria, que en Euskadi es casi del 83%, frente al 65% del Estado; o con la tasa de graduación en formación profesional, o con el porcentaje de graduados en la formación terciaria, que nos sitúa en cuarto lugar, entre las mejores regiones de Europa. Además, sabemos que nuestro mayor patrimonio son las personas y la inversión en educación y en formación de estas personas es la única garantía para hacer frente a esta crisis o a aquella que esté por venir. Lo que no podemos, ni queremos, ni vamos a permitir son tutelas del Ministerio de Educación que impliquen no solamente una invasión competencial más que evidente, sino también un claro riesgo de retroceso de todo el sistema educativo vasco, tanto desde el punto de vista pedagógico, como organizativo y económico, y todo sobre medidas adoptadas con criterios arbitrarios —de ahí el adjetivo de ideológico que ponía antes—, sin base ni fundamento pedagógico ni estadístico que las vengan a avalar. De ahí que digamos que se trata de una reforma ideológica y que pidamos una vez más su retirada.

Además, es una reforma uniformizante y recentralizadora. Confirmo aquí, y comparto además, los argumentos que ha esgrimido la senadora de Amaiur, sin que sirva de precedente, todo quede dicho. Sé que son adjetivos calificativos que al ministerio le gustan poco, pero créame cuando le digo que nos sobran argumentos que justifiquen semejante adjetivación. Uniformizante, porque ustedes no han tenido en cuenta los diferentes puntos de partida de las comunidades autónomas en materia educativa ni atienden a sus diferencias socioeconómicas y lingüísticas. Reformar la educación sin tener en cuenta estas cuestiones, sin hacer un mínimo esfuerzo para adecuar las reformas a las necesidades específicas y reales de las diferentes comunidades autónomas, señor ministro, es todo un despropósito. El tratamiento que reciben las lenguas propias oficiales diferentes al castellano en su proyecto de ley es buena muestra de ello.

En lo que al tratamiento de las lenguas se refiere, la LOMCE es contraria al espíritu y a la letra de la Constitución y del Estatuto de Autonomía del País Vasco, por no hablar ya de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque la regulación del uso de las lenguas en el sistema educativo vasco es competencia exclusiva de las instituciones vascas. En otras palabras, que ustedes se metan a legislar en este tema —las instituciones centrales del Estado—, con independencia del grado de idoneidad, del contenido de la regulación, es decir, incluso en el supuesto de una regulación adecuada que no afecte a nuestros modelos lingüísticos, supone una intromisión




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inaceptable y contraria al ordenamiento constitucional en nuestro autogobierno lingüístico, una invasión competencial que supone una involución constitucional cercenadora del autogobierno vasco. De ahí que hablemos de recentralización, aunque a usted no le guste, señor ministro.

Otro ejemplo de invasión competencial, más sutil —es verdad— pero no por ello menos pernicioso, lo constituyen las evaluaciones, instrumento del que se vale su ministerio para determinar vía ley orgánica el currículo educativo, que, como sabe, no es competencia suya. Si se analiza el nuevo artículo 6 bis, sobre distribución de competencias, se constata que queda en manos del Gobierno decidir lo que se considera asignatura troncal, específica, de libre configuración autonómica y la determinación, dentro de las asignaturas troncales y específicas, de los contenidos, los estándares de evaluación y, en gran medida también, de los horarios lectivos. Ustedes se escudan en la competencia exclusiva que les asiste en la emisión y homologación de titulaciones académicas para incluir las evaluaciones individuales como requisito previo a la expedición de dichos títulos, pero es que la centralización del currículo a la que antes hacía referencia se refuerza con las competencias que se atribuyen al Gobierno, al Ministerio de Educación y al Instituto Nacional de Evaluación Educativa en las evaluaciones tanto del sistema educativo como en las individuales de finales de etapa y de competencias de objetivos. Además, en este artículo 6 bis queda en manos de las administraciones educativas el establecimiento de las directrices metodológicas y en manos de los centros docentes el diseño e implantación de métodos propios tanto en asignaturas troncales como en las específicas y en las de configuración autonómica. Está claro que ni el Gobierno ni el Ministerio de Educación dicen atribuirse competencias para fijar esta metodología a seguir para gestionar pero es que tampoco les hace falta, porque la realidad es bien distinta. La realidad es que la formulación de los estándares de evaluación va a ser la clave para optar por una u otra metodología; lo van a condicionar ustedes desde la evaluación. Eso es una apropiación impropia de competencias que no son suyas. La piedra angular del planteamiento e implementación de las modificaciones de la LOMCE es su propuesta de evaluación y, sobre todo, la evaluación de los resultados del alumnado. En las comparecencias previas en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso, el señor Garagorri dijó una frase que resume perfectamente cual es nuestro posicionamiento a este respecto: Dime qué evalúas y te diré qué consideras importante.

¿Cuáles van a ser sus estándares de evaluación, señor ministro? ¿Van a evaluar basándose en estándares al modo de objetivos operativos, retomando lo que se llevaba en los años ochenta, los niveles básicos de referencia? ¿O van a formular estándares de evaluación propios de la educación actual, de la educación del siglo XXI, inspirados en la educación básica por competencias? Se lo pregunto aquí, y otra vez, porque en estos dos años han sido incapaces de despejar las dudas que les hemos planteado, reiteradamente, al respecto. Vemos que la LOMCE no modifica un ápice ni los perfiles de salida de los estudiantes ni los objetivos de etapa que marca la LOE, que, por cierto, nos parecen, por un lado, poco equilibrados y, por otro, insuficientes. Pero ustedes ahí no entran. Da la casualidad de que esta sí que es una competencia básica del Estado. Es una responsabilidad que les atañe a ustedes y de las que hacen una dejación voluntaria, a sabiendas. Todo esto lo digo porque, señor ministro, en estos dos años he llegado a la conclusión y al convencimiento de que usted no busca una mejora de la calidad educativa. Usted lo que busca es una mejora de los resultados del sistema educativo español en PISA, en Mckinsey, y en otros ranking generalistas.

Hago esta afirmación —me quedan solamente dos minutos— muy a mi pesar, pero con pleno convencimiento. Lo que me llega a convencer es la actitud que han tomado ustedes respecto de la formación profesional, que es el tema al que yo quiero referirme, y si no me da tiempo ahora lo haré durante el turno de portavoces. Ante los datos reales de abandono escolar temprano, ante las dificultades reales a las que se enfrenta muchas veces el profesorado para motivar a los alumnos descolgados, la solución más fácil es crear itinerarios tempranos, formando grupos homogéneos con los alumnos descolgados que rechazan la escuela o con dificultades de aprendizaje para meterlos en itinerarios de formación profesional básica, agrupando de este modo a los alumnos con un menor rendimiento académico en las enseñanzas aplicadas y a los alumnos brillantes en las enseñanzas académicas. Esto nos suena. Nos suena porque es lo que ocurría antes. Si además a esto le unimos el empeño que su ministerio tiene de implementar la formación profesional básica en este curso 2014-2015, es decir, de aquí a nueve meses, no nos queda si no deducir que




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para su Gobierno la formación profesional no es un instrumento educativo de primer orden, sino la única forma de conseguir mejorar sus resultados en PISA y en otras evaluaciones en el menor tiempo posible. Es una solución, por tanto, cómoda, fácil, en la que antes de finalizar la educación básica y basándose en un diagnóstico precoz y no siempre acertado, se limita, porque va a venir determinado por las evaluaciones, evidentemente, la igualdad de oportunidades al alumno, ya incluso desde segundo de ESO.

Volvemos a planteamientos de los ochenta donde los listos iban a bachillerato y los menos listos iban a formación profesional. Y aquí, señor ministro, mi grupo parlamentario y el sistema educativo vasco se plantan. Se plantan porque hemos conseguido, después de muchos años, convertir la formación profesional en la joya de la corona, es la niña de nuestros ojos, es nuestra niña mimada y es la que queremos preservar.

Como me quedan solamente cincuenta segundos y ni yo soy capaz de decir todo lo que tengo que decir en este tiempo. Me reservo para la réplica del turno de portavoces.

Gracias, señor ministro. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Propuesta de veto número 7 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president. Senyories, senyor ministre, molt bona tarda.

En reiteradas ocasiones hemos manifestado que para mejorar la calidad educativa era imprescindible el consenso. Y no en pocas ocasiones hemos pedido un pacto de Estado para la educación. Lo hemos pedido con este Gobierno y con el anterior y ni antes ni ahora ha sido posible, lamentablemente.

Hablemos del consenso parlamentario, del consenso entre aquellas administraciones responsables de la actividad educativa para que las reformas no sean coyunturales sino estables y del consenso social para que las reformas tengan el apoyo y el impulso de la comunidad educativa, del profesorado, de las familias y de los expertos, ya que reformar en profundidad el marco legal equivale a reformar uno de los pilares del Estado y no puede hacerse de manera partidista e ideológica. Es obligatorio encontrar consensos amplios, duraderos y una simple mayoría parlamentaria no es suficiente.

Lamentablemente la tramitación y los objetivos del proyecto de ley en ningún caso han buscado acuerdos y consensos. Nosotros podemos hablar de consensos. Les voy a recordar lo que la consellera d´ Educació de Catalunya dijo en su comparecencia en la Comisión General de Comunidades Autónomas: Cataluña dispone de una ley de consenso ―también se ha hecho referencia a ello―, la única ley que se ha hecho en el Estado ―presidiendo el Gobierno de Cataluña el president Montilla― que se ha pactado íntegramente entre el Gobierno y la principal fuerza de la oposición. Esta experiencia, que fue muy enriquecedora y que, por nuestra parte, representó saberla pactar desde la oposición, después de veintitrés años de Gobierno, nos avala para hablar de consenso y exigirlo. Esas son palabras de la consellera Rigau. Ese es el consenso que pedimos y exigimos.

Además, si se trata de reformar el marco educativo de un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico, como es el caso del Estado español, es evidente que la reforma debe ser especialmente sensible para integrar las diferentes realidades de aquellos territorios con lengua y culturas diferenciadas a la lengua castellana.

El conjunto de la sociedad, la práctica totalidad de la comunidad educativa y las fuerzas políticas solemos coincidir en el diagnóstico de lo que ocurre en el sistema educativo. Algunos de los retos que nos planteamos todos pueden ser: reducir el fracaso escolar significativamente, aumentar el número de graduados, fidelizar a los alumnos hasta obtener una formación que facilite su empleabilidad, aumentar los índices de éxito escolar, reforzar áreas estructurales, dominar una lengua extranjera y potenciar la formación profesional. Y también coincidimos en que para mejorar la calidad de la educación lo importante no es modificar de nuevo la estructura legislativa, competencias y currículos, sino mejorar en la prioridad social por la educación, en la colaboración de las administraciones y en la comunidad educativa para que realmente los resultados mejoren en calidad para nuestros jóvenes.




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Sin embargo, el proyecto de ley orgánica, LOMCE, propone un cambio estructural, una transformación total del actual sistema educativo y pretende abordarlo como decisión partidista e ideológica del Partido Popular, sin pacto con las demás fuerzas parlamentarias, sin pacto con las administraciones autonómicas, verdaderas responsables de la educación y de la institución educativa y sin acuerdo con aquellas comunidades ―como, por ejemplo, Cataluña― con realidades nacionales, culturales y lingüísticas diferenciadas.

A nuestro entender, el objetivo del proyecto de ley no es la mejora de la calidad educativa sino que su finalidad es ideológica y de recentralización del sistema educativo en torno al Ministerio de Educación, con voluntad de homogeneizarlo, sin previos consensos y excluyendo a las comunidades autónomas, incluso a aquellas como Cataluña, con lengua y culturas propias, diferentes a la lengua castellana. De ahí la creación del llamado sistema educativo español y la distribución de las asignaturas en troncales, específicas y de libre configuración autonómica, reservándose el Gobierno el total control sobre las troncales y marginando las de configuración autonómica.

Además, la reforma de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa ataca el modelo catalán de inmersión lingüística, elemento relevante del bilingüismo que respira Cataluña y que en muchas ocasiones le he comentado, señor ministro y señores del Partido Popular y que, por lo que parece, tanto molesta al Gobierno del Partido Popular. Se trata de un modelo de éxito de la sociedad catalana, conseguido con muchos esfuerzos y que, después de treinta años de funcionamiento, demuestra que garantiza el conocimiento del catalán y del castellano al finalizar la formación obligatoria y demuestra que ha evitado la división social por comunidades lingüísticas. El éxito del modelo radica en que en un país bilingüe como el catalán no hay dos comunidades lingüísticas diferenciadas sino que todos los jóvenes conocen ambas lenguas, lo cual no hubiera ocurrido en el caso de aplicar un modelo educativo de segregación lingüística como el que persigue la reforma que hoy estamos debatiendo.

El modelo catalán de inmersión lingüística es un modelo de éxito, como ha reconocido la UNESCO. Ha llegado a aceptar, señor ministro, que el interés del Gobierno con la reforma educativa era españolizar a los alumnos catalanes. ¿Es este el verdadero sentido de la reforma? Esto ya se lo he comentado en otras ocasiones, señor ministro, pero no ha hecho caso y, evidentemente, no ha hecho caso de los argumentarios que nosotros le hemos planteado. Lo triste es que posiblemente sea este el gran objetivo de la reforma, y para ello el Gobierno ha creado este rígido y centralizado sistema educativo de ordeno y mando destinado a uniformizar todas las administraciones educativas, muy especialmente destinado a diluir todo aquello que suene a lengua y cultura catalana. Un proyecto de ley en el cual la calidad es lo que le falta, solo está en el título de la ley. ¡Cuánta ideología! ¡Cuánta uniformización y qué poco interés en la mejora de la calidad educativa!

Conviene recordar también que el artículo 3.3 de la Constitución —además, les gusta que hablemos de ello—, que no cumplen, dice: «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.» ¡Menos mal que lo dice la Constitución! El proyecto de ley, señor ministro, opta por proteger exclusivamente la enseñanza en castellano, incluso con la expropiación de recursos económicos propios de las comunidades autónomas. Esto, señor ministro, solo tiene un calificativo: vergüenza, señorías; vergüenza, señor ministro. Es de destacar lo que dice el Consejo de Estado sobre este particular. Se lo voy a leer: Por la misma razón, y puesto que no existe un pretendido derecho a recibir las enseñanzas única y exclusivamente en castellano —sentencia del Tribunal Constitucional—, la regla de que las administraciones educativas deberán sufragar los gastos de escolarización cuando los padres o tutores decidan escolarizar a sus hijos en centros privados que utilicen el castellano como lengua vehicular, más allá de las dificultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación —disposición adicional trigésimo octava 4.c—, no debería figurar en la ley por afectar al ámbito de la decisión de las comunidades autónomas con lengua propia, debiendo quedar en el marco de las medidas en su caso a adoptar por las administraciones educativas, cuando estas así lo decidan en el supuesto de no disponer de otros medios u otros recursos para garantizar en la red pública el uso del castellano como lengua vehicular. Esto es lo que dice el Consejo de Estado.

Creo que queda bien claro, después de leer esto, cuál es la intencionalidad de esta ley. Su aprobación va a suponer un ataque frontal al Estatuto de Autonomía de Cataluña, a la Ley de




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Educación de Cataluña y a la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Cataluña necesita un Estado, pero un Estado que proteja su riqueza cultural y lingüística, y hoy el Gobierno no hace esto; justamente está haciendo todo lo contrario. No ha habido voluntad de consenso ni de acuerdos en el trámite parlamentario, y las muestras de posibles flexibilizaciones del proyecto de ley han sido nulas en el debate del contenido en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y aquí seguro que seguirá la misma línea.

En resumen, esta es una ley que traspasa, señorías, todas las líneas rojas. Supone una transformación total del sistema educativo estatal, cambia los currículos creando dos niveles de asignaturas, uniformiza la enseñanza implantando reválidas en todos los niveles educativos, cambia los valores fundamentales del sistema educativo, es un atentado en toda regla contra las competencias autonómicas y, lo que es más grave, como ya he reiterado en muchas otras ocasiones, es un ataque a las lenguas cooficiales, y especialmente al modelo de inmersión lingüística que tenemos en Cataluña.

Por lo tanto, por todo ello y por los motivos que expondremos a través de las enmiendas que hemos presentado, mi grupo parlamentario presenta este veto, justamente por todas estas razones que acabo de exponer.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

La propuesta de veto número 8 es del Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Muy buenas tardes.

Señor presidente, señor ministro, señorías, me corresponde a mí hacer la intervención en este turno de veto o enmienda a la totalidad al proyecto de ley, a la LOMCE, en el Senado. Si ya teníamos argumentos suficientes a través de los amplios debates que han tenido lugar tanto en el Congreso como en el Senado, yo creo que la tramitación aquí ha añadido nuevos argumentos que justifican el rechazo generalizado a la misma por parte de todas las fuerzas políticas de la oposición parlamentaria, por la mayoría social, por las organizaciones sindicales del sector, por las confederaciones de padres y madres, por los sectores estudiantiles, por los sectores profesionales y científicos, que se han añadido también a esta crítica generalizada, y por la última y manifiesta crítica de la CRUE, muy reciente, con motivo de las matemáticas. Durante este proceso han tenido lugar dos huelgas generales, la última el 24 de octubre, y manifestaciones continuas de protesta. También la calle se ha expresado.

Decía que la convocatoria en el Senado de la Comisión General de Comunidades Autónomas ha supuesto un elemento cualitativo porque hemos pulsado la opinión de las comunidades autónomas en los ámbitos competenciales y en lo que significa el calendario de implantación y financiación. Hemos visto unas críticas generalizadas, algunas de forma explícita y otras de forma más velada; lo verán ustedes, y les remito a ello, porque se ha puesto allí de manifiesto cómo esta ley instrumenta un calendario inaplicable. Aunque hay una enmienda que la ha prolongado un año más, es inaplicable por varias razones, que luego argumentaré: razones normativas y competenciales; razones económicas y razones de instrumentación de todo lo que la reforma implica para las propias comunidades.

También hemos tenido toda una serie de incidencias, como lo sucedido con las matemáticas, que es algo verdaderamente increíble. Pienso que es un síntoma muy claro de cómo se ha abordado esta reforma desde el principio, verdaderamente bochornosa desde mi punto de vista, porque una autoenmienda del Partido Popular en el Congreso de los Diputados origina nada menos que la marginación de una materia fundamental para toda la enseñanza, particularmente para lo que ustedes y todo el mundo defiende como asignaturas instrumentales, donde se da la circunstancia de que la unificación de los bachilleratos de humanidades y ciencias sociales produce una situación absolutamente inadmisible. No lo han querido arreglar en el Senado, porque su forma de dialogar y de pactar es siempre arrollando con su mayoría absoluta, sin tener en cuenta a la otra parte. La otra parte plantea enmiendas y ustedes no las aceptan y tratan de arreglarlo con sus propios planteamientos. Se da la circunstancia de que hemos visto cómo miembros del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, como el señor Nasarre, cualificada persona del mundo educativo, escribe en un medio de educación público a nivel nacional y




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plantea que el Senado arregle algo que el Congreso no pudo arreglar, que es el tema de la Historia de la Filosofía.

¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado aquí con la ponencia, donde, haciendo un esfuerzo de generosidad, reconocen cuarenta y una enmiendas, de ellas veinticinco del propio Grupo Popular, y el resto del Partido Socialista, del PNV, de Entesa, de Izquierda Unida, y cuando se dan cuenta de que esas enmiendas significan cambios importantes en la LOMCE, las retiran? Lo que públicamente enseñan como muestra de generosidad política y de flexibilidad, a continuación de haberlas recibido, repito, retiran diez enmiendas ¿Qué es lo que pasa en ese ministerio, señor Wert? Yo creo que estamos en una situación de un manifiesto descontrol, que se puso de manifiesto también en elementos, no de la ley, pero sí colaterales, como es el tema de las becas Erasmus donde, nuevamente, la Comisión Europea critica al Gobierno de España y a su ministerio por la manera que tiene de explicarlo.

Señor ministro, esta mañana he visto un teletipo que, sinceramente, me ha sorprendido. Habla de un comentario, supongo que jocoso, en el que dice que la Cámara, o las Cámaras, son una selva y que usted necesitaba un machete —o algo parecido—. Lo puso un teletipo. Yo no me lo invento. Yo creo, señor ministro, que usted no necesita un machete. Necesita una brújula. (Aplausos.) Una brújula que le oriente en un camino que ha hecho en solitario y temerariamente. Un camino que usted no conoce, y está perdido. Yo lo lamento, y no quiero ofender en absoluto su persona o el trabajo que pueda hacer, pero realmente el trabajo del ministerio ha sido muy deficiente.

Y no lo juzgo yo. Usted es un profesional de las consultorías, de los sondeos de opinión. Supongo que creerá en ellos. En el último sondeo de opinión —no lo digo yo, lo dice el CIS— le otorgan a usted un 1,46 de nota sobre 10. Y esas notas están precedidas de otras muy deficientes. Y lo dicen los ciudadanos, pero no solo lo dicen los ciudadanos, sino incluso las personas que pertenecen a su propia formación política. Porque el porcentaje de personas que proceden del electorado PSOE es muy elevado, más del 90%, pero las que proceden del votante Popular también son un porcentaje muy elevado en esa componente.

Sigma Dos, recientemente, en un sondeo habla de que más del 80% de los ciudadanos piden su sustitución. Y, de una manera explícita, cuando está a la vista de todos este descontrol de su ministerio, resulta que el señor Rajoy y la señora vicepresidenta, señora Soraya, salen en su defensa, creo que de una forma un tanto patética, porque, evidentemente, no pueden desmentir lo que están diciendo las encuestas.

Creo que usted está en una situación en que si es coherente con las defensas que hizo siempre de los informes PISA, basados en encuestas —por cierto, su PISA, el PISA de los alumnos, el equivalente suyo serían estas encuestas— tendría que dejar el ministerio, señor Wert, sinceramente, si fuera coherente. (Aplausos.)

Nosotros nos oponemos a esta ley y hacemos un veto, una enmienda a la totalidad. Porque consideramos que es una ley profundamente ideológica, cuya aprobación va a significar una pérdida importantísima en nuestro país de equidad y también de calidad. Porque no hay calidad en sus planteamientos, en contra de lo que dice el nombre. Va a perjudicar a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, que es una conquista democrática importantísima. También conculca gravemente las competencias educativas y lingüísticas de las comunidades autónomas. Establece un modelo educativo de segregación, de elitismo, de orientación a los alumnos en etapas prematuras y elección de itinerarios hacia enseñanzas que traten de evitar su llegada a la universidad.

Porque, nosotros, evidentemente, coincidiríamos si tratásemos de rescatar alumnos del abandono escolar e integrarlos en el sistema. Pero de lo que aquí se trata es de derivar alumnos prematuramente hacia itinerarios que van a estar devaluados por sus planteamientos y que hoy no están evaluados en el actual sistema. Es un ataque sin precedentes a la escuela pública, en contra de lo que ustedes puedan decir, y lo voy a demostrar con mis argumentos, a través de la exposición que ya hice en los debates y de la que haremos también aquí en esta sesión y con las enmiendas.

Trata de subordinar la escuela pública a la escuela concertada sostenida con fondos públicos. El hecho no es casual. Obedece a una estrategia general del Partido Popular en España y de los ideólogos del neoliberalismo que, a través de las políticas de austeridad adoptadas en numerosos países, en particular, en Europa, con motivo de la crisis financiera del año 2008, tratan de




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aprovechar la situación para provocar una involución en los sistemas sociales, modificando elementos esenciales de nuestro sistema democrático, como son los conceptos de bienes públicos y bienes privados, que están siendo alterados.

En cualquier tipo de análisis que ustedes quieran plantear no van a conseguir retorcer esos conceptos de su origen, de lo que hizo que Europa en el periodo de posguerra pusiese en marcha y desarrollase un Estado de bienestar. Ustedes están transformando todo lo público y llevándolo hacia lo privado a través de procesos no solo en esta ley, sino en todas, y ello está impregnando el debate en este Parlamento. Y además les digo que el concepto recentralizador no solo lo están aplicando en esta ley, que es evidente y se pone de manifiesto en múltiples aspectos, sino en todas las leyes. Ustedes, de facto, están cambiando la Constitución sin tocar la Constitución, a través de un proceso de debate que se puede ver en cualquiera de los que hemos mantenido aquí en todas las leyes.

Los conceptos de bienes públicos y privados, evidentemente, están siendo utilizados de una manera tal, que significa que tanto la salud, como las relaciones laborales, como la propia educación, como los sistemas culturales, como los sistemas de pensiones, están siendo tratados con componentes claramente ideológico conservadores. Es una destrucción programada y deliberada de las mejores conquistas de la democracia española, que hoy están en peligro, y yo digo que este texto, la LOMCE, está inscrito en este debate, debate que podemos desarrollar en cualquier otra circunstancia porque hay muchas leyes en que ustedes lo están introduciendo así. Decía que es un ataque a la escuela pública porque, señorías, yo he vivido en mi etapa personal de responsabilidades en la educación lo que fue el origen de todo lo que ha supuesto introducir la Constitución en las escuelas. El origen de la Constitución en las escuelas parte de un pacto constitucional y de un desarrollo que se hace a través de la LODE. Y se consigue un sistema con un equilibrio en nuestro país en promedio, 70/30 aproximadamente, que puso de manifiesto la OCDE recientemente en el informe de 2013, aunque hay comunidades que lo han ido derivando. El cómo ustedes plantean la modificación del artículo 109, aumentando los conciertos, estableciendo conceptos nuevos como es la escolarización ante demanda, las zonas unificadas, la introducción de los ranking, etcétera, que voy a desarrollar con más detalle en el debate de las enmiendas, es una verdadera alteración del pacto constitucional.

La LOMCE crea un sistema que segrega a través de la elección prematura de los itinerarios, de las reválidas, y a través del acceso a la universidad que también lo altera. La LOMCE es un proyecto de ley que instrumenta esa selección, segregando mediante el establecimiento de reválidas, evaluaciones e itinerarios en los diversos niveles, y olvida que la educación es un derecho al introducir todas esas pruebas selectivas que constituyen una verdadera carrera de obstáculos. Rompe la unicidad del título de graduado en secundaria, produce un efecto enormemente negativo en la percepción social de los ciclos formativos de grado medio de formación profesional. Y el aumento del alumnado de la formación profesional, desde mi punto de vista, tenemos que intentar conseguirlo no derivando alumnos del bachillerato, sino extrayéndolos del abandono escolar prematuro. Ese es el verdadero planteamiento, y lo mismo puede decirse en lo que se refiere a las pruebas de acceso a la universidad, que se han convertido en un elemento esencial para ordenar al alumnado que desea acceder a titulaciones con más demanda que plazas, y condiciona fuertemente su futuro profesional. Cualquier cambio en ese modelo requiere como final diseñar un procedimiento que permita seleccionar para cada titulación a las personas más adecuadas, garantizando transparencia y equidad.

Es un proyecto recentralizador contra la diversidad lingüística —se ha dicho ya y yo lo quiero reiterar—; pretende un cambio de modelo de distribución de competencias que es contrario al espíritu constitucional; se pasa de un modelo de competencias compartidas a uno de competencias que se hace de forma vertical y que, evidentemente, significan una involución, porque ustedes se atribuyen competencias que antes no tenían. Atenta contra la realidad plurilingüe de nuestro país, y contra la existencia de diversos modelos lingüísticos educativos que han venido funcionando correctamente como factor de cohesión y convivencia, asegurando el conocimiento del castellano y de las lenguas propias de las comunidades autónomas.

Es un proyecto que está profundamente impregnado de una ideología conservadora. Es una vuelta al pasado que se pone de manifiesto en la supresión de la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. El Tribunal Supremo, en varias sentencias de febrero




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de 2009, resuelve que esta materia ni es adoctrinamiento ni es contraria a ninguno de los contenidos de los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución.

Empobrece el sistema de alternativa de elección entre la clase de religión o el seguimiento obligatorio de otras enseñanzas, y refuerza la asignatura de religión con la vuelta a su carácter evaluable: una vuelta atrás, una cesión ante las presiones que otros poderes existentes en nuestra sociedad han establecido sobre ustedes, en particular la Conferencia Episcopal.

También es difícilmente justificable reconocer el derecho del concierto de aquellos colegios que condicionan la admisión de alumnos por razón de sexo. Ya lo expliqué y lo defendí en el debate en comisión y no quiero alargarme en este tema.

Nosotros consideramos que la memoria económica es irreal, es ficticia.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Voy terminando ya, señor presidente.

Saben ustedes que 408 millones de euros no se corresponden con la realidad. Van a crear unas tensiones financieras en las comunidades autónomas extraordinariamente importantes. Además, ustedes están utilizando dineros que proceden de la Unión Europea y que están destinados a programas específicos que no pueden satisfacer necesidades de gasto estructural educativo.

Ya hice observaciones en la Comisión de Comunidades Autónomas en cuanto al calendario de implantación, y quizá en los turnos de réplica y portavoces también pueda hacerlas.

Termino ya diciendo que esta reforma rebaja el derecho a la educación, a la equidad y a la inclusión social, la formación en valores de ciudadanía y la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: …y sus efectos negativos se van a notar. No arregla nada, sino que crea más problemas.

Señor Wert, usted, con esta reforma, ni ha acertado en el método ni en el recorrido. Esta reforma no tiene vida, porque nadie la va a defender en el futuro.

Nada más. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

En turno en contra tiene la palabra el senador Peral.

El señor PERAL GUERRA: Señor presidente, señor ministro, señorías, desde mediados de la década de los noventa se viene llamando la atención acerca de la necesidad de mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros jóvenes. La realización de diversas evaluaciones y la participación española en algunos estudios internacionales a comienzos de los noventa evidenciaron unos niveles insuficientes de rendimiento. El objetivo consiste ahora en mejorar los resultados generales y en reducir las todavía elevadas tasas de terminación de la educación básica sin titulación y de abandono temprano de los estudios.

Para permitir el tránsito de la formación al trabajo y viceversa, o de estas a otras actividades, es necesario incrementar la flexibilidad del sistema educativo, establecer conexiones entre los distintos tipos de enseñanzas, facilitar el paso de unas a otras y permitir la configuración de vías formativas adaptadas a las necesidades e intereses personales.

Los centros deben poseer un margen propio de autonomía que les permita adecuar su actuación a sus circunstancias concretas y a las características de su alumnado, con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los estudiantes. La necesaria autonomía pedagógica y de gestión de los centros docentes obliga a establecer mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas.

La importancia de los desafíos que afronta el sistema educativo demanda como contrapartida una información pública y transparente acerca del uso que se hace de los medios y los recursos puestos a su disposición, así como una valoración de los resultados que con ellos se alcanzan.

La evaluación se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de los resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permiten obtenerlos. Por este motivo




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resulta imprescindible establecer procesos de evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa —alumnado, profesorado, centros, currículo, administraciones— y comprometer a las autoridades correspondientes a rendir cuentas de la situación existente y el desarrollo experimentado en materia de educación.

Las nuevas leyes que se aprueben deben conciliar el respeto al reparto competencial en materia de educación, con la necesaria vertebración territorial del sistema educativo. Con esta ley se asegura la necesaria homogeneidad básica y la unidad del sistema educativo.

Cierro comillas, señoría.

Todos los párrafos que he leído y todos los propósitos que en ellos se incluyen pertenecen al preámbulo de la LOE, de la Ley de educación del Partido Socialista, que fue aprobada en el año 2006 con el apoyo de Izquierda Unida, de Esquerra Republicana de Cataluña, del Partido Nacionalista Vasco, de Eusko Alkartasuna y de Coalición Canaria. Un análisis de la situación, unas propuestas y objetivos que coinciden de forma fehaciente con los de la ley que hoy debatimos: necesidad de mejorar la calidad de la educación en España, niveles insuficientes de rendimiento, abandono temprano de los estudios, incrementar la flexibilidad del sistema educativo con vías formativas adaptadas a las necesidades e intereses personales, autonomía pedagógica y de gestión de los centros, rendición de cuentas, información pública y transparente sobre el uso de medios y recursos, la evaluación como valioso instrumento de seguimiento y de mejora y la necesaria homogeneidad básica y unidad del sistema educativo.

Un observador imparcial, llegado, por ejemplo, de Islandia, se sorprendería de la oposición radical, sectaria, excluyente que desde el primer momento han hecho casi todos los partidos que aprobaron la LOE a una ley —la que ahora proponemos— que comparte el análisis de los problemas de la educación y las propuestas para afrontarlos, que se detallan en el preámbulo de la LOE que acabo de leer y que he descrito con todo detalle.

¿Cual es la causa de este comportamiento inexplicable? Una víctima de la LOGSE, con la economía de palabras que a veces les caracteriza, diría en nombre de todos ustedes: Lo que no se me ocurre a mí, no existe o no debe existir. Describiría así el hecho de que, en España, la izquierda política y pedagógica considera la educación como un coto a ella reservada, donde no admite otras leyes que las que ella aprueba o las que ella modifica naturalmente, cuando lo considera oportuno—. Y así quedó plasmado en el pacto anti—LOMCE, firmado el 17 de julio de 2013, por el Partido Socialista, Izquierda Plural, CiU, el Partido Nacionalista Vasco y el exalcalde batasuno de Usúrbil, Mikel Errekondo, en nombre de Amaiur: un acuerdo que compromete a esos grupos a derogar la LOMCE en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura y a paralizar de forma inmediata su aplicación; un pacto sectario, excluyente y radical sin precedentes en treinta y seis años de democracia desde las elecciones de 1977.

Y no amenazan en vano, señorías. Una de las primeras medidas del Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fue aniquilar la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación sin esperar si quiera a ver sus resultados.

El Gobierno actual del Partido Popular, mucho más respetuoso con sus adversarios políticos que aquel de Zapatero, ha promovido una reforma parcial de la LOE, de la que el 57% de los artículos seguirá vigente, lo mismo que el 90% de los artículos de la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, la LODE.

El Gobierno ha querido incorporar a la ley las buenas prácticas de aquellos países que han conseguido mejoras importantes en la calidad de la enseñanza: la simplificación de los currículos, el refuerzo de las materias instrumentales, la flexibilidad en las trayectorias educativas, las evaluaciones externas, censales y consistentes en el tiempo, la transparencia en los resultados considerados en esta ley en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del entorno del centro, la mayor autonomía y especialización de los centros, la rendición de cuentas y los incentivos al esfuerzo.

¿Cuántas de estas propuestas figuran también en el preámbulo de la LOE? La mayor parte de ellas. Como dice el refrán popular: obras son amores y no buenas razones.

Quiero detenerme en las evaluaciones. Diecisiete países de la Unión Europea las llevan a cabo y, gracias a ellas, sus resultados en el examen PISA 2009 superaron en una media de 16 puntos a la de los países que no hacen evaluaciones. ¿En qué grupo queremos estar, señorías: en el de los que defienden el oscurantismo en la educación y luego les dicen por ahí fuera que




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necesitamos mejorar, o en el de los Gobiernos nacionales y regionales que dan la cara ante sus ciudadanos y se responsabilizan de los resultados, sean buenos o malos, de sus centros y de sus alumnos? ¿En el del Gobierno laborista de Gales, que en 2001 dejó de publicar los resultados de las evaluaciones, o en el de otro Gobierno laborista también de Gales, que, tras comprobar el impacto negativo de esa medida obscurantista en los alumnos y en los centros más desfavorecidos, volvió a publicar los resultados? Un ejemplo de que en otros países europeos es perfectamente posible ser socialista obscurantista pero también socialista trasparente. Como también ocurre en Alemania, donde los länder que realizan exámenes centralizados de final de etapa consiguen mejorar notablemente la inserción laboral y la retribución inicial de aquellos alumnos que se incorporan a un empleo tras finalizar la enseñanza obligatoria, en comparación con otros länder que no realizan estos exámenes al final de cada etapa.

Otro ejemplo de que en otros países europeos se puede ser socialista y transparente nos lo han dado los socialistas de Portugal que, con el primer ministro Sócrates, gobernaron el país hermano entre 2005 y 2011 y realizaron evaluaciones con publicación de los resultados a nivel de centro, reforzando el vínculo entre los resultados de los estudiantes en las evaluaciones y la evaluación de la labor del profesorado. El resultado fue que Portugal, por detrás de España en el PISA 2003, nos ha superado en todos los campos en el PISA 2009: en lectura, en matemáticas y en ciencias.

Señorías del PSOE, crucen el Miño, crucen el Duero o crucen el Guadiana y vayan a ver a sus colegas portugueses para que les den lecciones de transparencia educativa. ¿Por qué un padre portugués de Vila Real de Santo Antonio tiene derecho a conocer los resultados del colegio de sus hijos y un padre español de Ayamonte, en la otra orilla del Guadiana, no tiene ese derecho?

Estoy seguro de que muchos electores de CiU y del PNV comparten especialmente muchas de estas buenas prácticas y les gustaría verlas implantadas en nuestro sistema educativo: el refuerzo de las materias instrumentales, las evaluaciones externas y transparentes, la mayor autonomía de los centros, la rendición de cuentas y el incentivo del esfuerzo. Y no creo equivocarme si pienso que esos electores difícilmente comprenderán la oposición de CiU y PNV a la implantación de esas mejoras, al haber optado por una defensa erizo de la LOE Zapatero, a la que además se han comprometido por escrito. No creo que los electores de CiU específicamente quieran renunciar a esas mejoras en la educación de sus hijos por mucho que se les diga que la inmersión lingüística se pone en peligro porque se propongan alternativas al texto del Gobierno respetuosas con la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la lengua vehicular, como ha ofrecido reiteradamente el ministro don José Ignacio Wert.

Y les voy a poner un ejemplo a título particular: Vilaseca, Tarragona, localidad que conozco muy bien porque durante más de veintiún años fui allí por motivos de trabajo al menos una vez al mes. Es una localidad que tiene 22 000 habitantes, muchos de ellos pertenecientes a familias que vinieron de otras partes de España, y siete centros públicos de Primaria. ¿Se perjudica, señorías, el proyecto de inmersión lingüística porque, por ejemplo, en uno de esos siete colegios de Primaria se enseñe en castellano el 30% de las asignaturas? Muy frágil sería el proyecto de inmersión lingüística si algo semejante le hiciera zozobrar. A lo mejor los ciudadanos catalanes tienen aquí algo que decir, sin referendos anticonstitucionales. Bastaría una encuesta seria e imparcial para saber si prefieren que se refuercen las evaluaciones, la transparencia, la rendición de cuentas, la autonomía de los centros y el incentivo del esfuerzo, o si, por el contrario, se aferran a la variante fundamentalista inflexible de la inmersión.

La LOMCE es una respuesta objetiva, moderada y prudente a los problemas de la educación en España, de un país con un 26% de abandono escolar temprano —el doble que la Unión Europea—; con un 57% de desempleo juvenil; con un 24% de jóvenes de menos de 29 años que ni estudian ni trabajan; con un 37% de los alumnos que a los 15 años ya han repetido alguna vez, cada repetición con un coste estimado en 7000 euros por alumno. Díganme cuál de estos datos es falso y cuál de ellos no les preocupa, señorías. Ni la duplicación del gasto educativo entre 2000 y 2009, ni que nuestro gasto por alumno en la enseñanza pública supere en un 21% a la media de la OCDE, ni el tener ratios de alumnos por aula y alumnos-profesor más favorables que los de los países más avanzados de Europa, ninguna de estas realidades ha impedido el estancamiento de la calidad de nuestro sistema educativo; estancamiento que se convierte en retroceso de 12 puntos entre las pruebas PISA del año 2000 y del año 2009; estancamiento en la calidad, al que




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se une una falta de equidad. Porque no se puede hablar de equidad en un sistema educativo que expulsa al desierto nini a uno de cada cuatro de sus alumnos, alumnos cuyos padres, señorías, seguirán financiando, por ejemplo, el 80% del gasto de la enseñanza universitaria de otros jóvenes no expulsados prematuramente del sistema educativo. No se puede hablar de equidad cuando el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos no tiene las mismas oportunidades en el conjunto de España —no tiene las mismas posibilidades de elegir un centro concertado, por ejemplo, una familia de Alcorcón o de Getafe, aquí en el entorno metropolitano de Madrid, y también una familia de Pamplona, que una familia de muchas ciudades andaluzas de más de 50 000 habitantes, en las que todos ustedes están pensando en estos momentos.

Las libertades educativas amparadas por el artículo 27 de la Constitución no están igual de garantizadas en todas partes de España. Los centros concertados escolarizan el 35% de los alumnos en la Comunidad de Madrid y en Navarra, el 31% en Cataluña y en La Rioja, y solo el 22% en Andalucía, el 19% en Extremadura y el 15% en Castilla-La Mancha. Se nota quién ha gobernado durante muchos años estas tres últimas comunidades autónomas.

Y esto, señorías, tiene repercusión en el gasto educativo. Un centro concertado nuevo supone una inversión media de 15 millones de euros que no tiene que cubrir el erario público, crea unos cien nuevos empleos —el 70% de los mismos, de mujeres— y reduce el gasto por alumno para la administración educativa en un 46% frente al de un centro público.

Según datos del Consejo Escolar del Estado, el gasto público en Primaria y en Secundaria se destina en un 83% a los centros públicos, donde estudian el 72,6% de los alumnos, y en un 17%, a los centros concertados que escolarizan al 27,4% de los alumnos. Con tres sencillas divisiones, al alcance de cualquier víctima de la LOGSE, se llega a ese 46% de menor gasto público por alumno en los centros concertados antes citados. Esta repercusión en el gasto público del derecho a la elección educativa no debiera menospreciarse por cualquier gestor público responsable.

En este sentido, me alegra especialmente ver incorporadas al proyecto de ley medidas y experiencias positivas de mejora de la educación que puso en marcha la Comunidad de Madrid desde el año 2003: medidas de mejora de la calidad como las evaluaciones censales y transparentes; medidas de mejora de la equidad, con los planes de centros prioritarios para aquellos que escolaricen alumnado en situación de desventaja social; medidas de mejora de la libertad, con los concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional; medidas de mejora de la convivencia en las aulas y de la autoridad del profesor, cuya palabra, ante hechos constatados, tendrá presunción de veracidad, salvo prueba en contrario.

Me parece también una mejora estructural —cuyos efectos serán sumamente beneficiosos para la educación de nuestros jóvenes en un mundo globalizado— la superación en los objetivos de la educación primaria del conocimiento del entorno comarcal —lo que los alumnos llaman «el cono»— para conocer los aspectos fundamentales de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de la geografía, de la historia y de la cultura, algo que no solo va en línea de las competencias clave para el aprendizaje permanente establecidas por el Consejo y el Parlamento Europeo, sino que podría permitir un menor coste de los libros de texto, algo tan importante en estos momentos para las familias.

Otra importante mejora se ha producido en el trámite parlamentario de la LOMCE con la incorporación a la LOE de una nueva sección destinada al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje —alumnos que padecen el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o padecen dislexia, o padecen de otro tipo de trastornos—, para el que el nuevo artículo 79.bis prevé la identificación y valoración de sus necesidades educativas y la consiguiente intervención de la forma más temprana posible, dentro de los principios de normalización e inclusión; artículo al que una enmienda del Partido Popular en el Senado ha otorgado el carácter de ley orgánica, al tiempo que una enmienda aceptada a Unión del Pueblo Navarro incluye específicamente a los alumnos con TDAH entre aquellos que requieren una atención educativa, a la que las administraciones educativas deben asegurar los recursos necesarios.

Quisiera también mencionar especialmente tres enmiendas del Grupo Popular en el Senado que van a permitir una mejor atención educativa a las personas adultas.

Cuando se habla tantas veces, señorías, de que tenemos la educación mejor formada de nuestra historia y de los recursos y medios que se destinan a su formación, demasiadas veces se




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olvida a muchas personas adultas que no tuvieron esas oportunidades que hoy se ofrecen a nuestros jóvenes; personas adultas que se incorporaron prematuramente al mundo del trabajo y que, con un ejemplar esfuerzo personal, quieren completar su formación y participar activamente en uno de los objetivos del sistema educativo español: el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Esas tres enmiendas del Partido Popular prevén que las personas adultas con discapacidad puedan acceder a los títulos de bachiller y de formación profesional a través de fórmulas adaptadas a sus especiales circunstancias; prevén también que se puedan establecer currículos específicos para la educación de personas adultas; y, finalmente, que en la educación a distancia tengan preferencia aquellas personas adultas que no pueden asistir a la enseñanza presencial por tener que ocuparse del cuidado de familiares dependientes o por padecer una enfermedad.

No quiero terminar sin hacer referencia a uno de los objetivos de la LOMCE: la flexibilización del sistema educativo frente a la rigidez anterior a través de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en segundo y tercero de enseñanza secundaria obligatoria, la anticipación de los itinerarios hacia bachillerato y formación profesional y la permeabilidad del sistema, tanto vertical como horizontal, con pasarelas entre todas las trayectorias formativas, de forma, señorías, que ninguna decisión de ningún alumno sea irreversible. Un ejemplo de esa flexibilidad y permeabilidad es la nueva formación profesional, un sistema continuo de calidad, que, frente a los ciclos cerrados en sí mismos de la LOE, propone pasarelas directas entre la formación profesional básica, la formación profesional media y la formación profesional superior, con pasarelas también hacia el bachillerato y hacia la universidad, además de una modernización de la oferta y de la incorporación progresiva de la formación profesional dual en la línea de las mejores prácticas de otros países europeos como Alemania y el Reino Unido.

En conclusión, señorías, la LOMCE quiere reformar parcialmente nuestras leyes educativas, sustituyendo lo que ha quedado obsoleto en la segunda década del siglo XXI, para incorporar las mejores prácticas de los países de nuestro entorno europeo y occidental y de esta forma dar a España la ley educativa que reclama el futuro de nuestros jóvenes y la lealtad, señorías, que debemos a las generaciones futuras de este viejo y querido país.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente, señorías, esta Cámara tiene un reloj enfrente del orador que da conciencia, en este caso aguda o agudísima, de la duración del debate e imagino que del cansancio de sus señorías, pero me permitirán que, acercándose a su final la tramitación legislativa de una ley capital, de una ley cardinal de nuestro sistema como es la LOMCE, retenga unos minutos su atención para, por un lado, agradecer las intervenciones que han tenido lugar, incluso aquellas de carácter muy crítico, en defensa de los distintos vetos que han presentado los grupos, y el tono de la mayor parte de ellas —y, obviamente, no voy a criticar el tono de aquellas que no están comprendidas entre aquellas que se agradecen—. También quiero agradecer el tono y el contenido de alguna intervención en particular, aparte, como es natural, de la del portavoz del Partido Popular —va de suyo—, y referirme, entre otras, a la de la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que ha dicho que no era capaz de terminar todos los argumentos que quería desarrollar en 50 segundos, cuando todos sabemos que en 50 segundos es capaz de recitar El Quijote. (Rumores.) Quiero agradecer el tono y el contenido de las mismas. (Rumores.)

Evidentemente, a la señora Martínez no solo le agradezco su velocidad, su ya proverbial o casi legendaria velocidad, sino también he de reconocerle se lo voy a reconocer a ella, pero, evidentemente, algunos otros portavoces también lo han acreditado— que se ha leído la ley del derecho y del revés, que se la ha estudiado. Además, aunque es evidente que hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, tengo que decirle que la he entendido perfectamente. (Rumores.) Eso no quiere decir que comparta las valoraciones. Aunque sea simplemente uno más entre los muchos autores de esta ley —que no es la ley Wert—, esta ley responde al trabajo de un grupo de personas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que durante prácticamente dos años han dedicado alma, vida y corazón a su preparación, así como a las muchísimas aportaciones




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que en el curso de los dos años que llevamos trabajando sobre esta ley se han ido produciendo, y todas ellas han ido mejorando su contenido.

Evidentemente, la ley que subo a defender en esta tribuna tiene poco que ver con la caricatura de la ley que han hecho algunos de los señores portavoces. Es una ley en la que por primera vez en este país se hace una reforma educativa en nuestro sistema que, sobre todo, se basa en la evidencia, es decir, que intenta buscar aquellas soluciones que en los países que las han aplicado y han llevado a cabo estas reformas les han permitido mejorar —y de forma significativa— sus resultados educativos y la propia contribución que la educación hace al restablecimiento de la sociedad.

En segundo lugar es una ley que mira al futuro, es una ley que está planteada desde una realidad educativa radicalmente distinta —no diré de la de leyes que tuvieron una vigencia larga y un contenido venerable, y que se elaboraron en la segunda parte del siglo XX—, que mira decididamente desde los instrumentos y los recursos del siglo XXI; que mira al futuro; que entiende el papel que la tecnología tiene ya en el sistema educativo, la importancia de utilizar los recursos que la tecnología pone a disposición del sistema educativo; y que, sobre todo, se plantea desde el punto de vista de la concepción de lo que tiene que ser una norma reguladora, es decir, una norma en la que se establece la arquitectura del sistema y aquellos elementos comunes que el sistema tiene que tener para cumplir con sus objetivos. Decididamente, es una norma de futuro.

Y en tercer lugar, es una norma que mira hacia afuera, que mira al exterior, que, como decía antes, se apoya en esas evidencias que nos dan las pistas adecuadas sobre qué mecanismos son los que hacen mejorar los sistemas y que intenta —adaptándolas, naturalmente, a las circunstancias de nuestro país— aplicarlas a nuestra realidad educativa y a nuestra realidad social.

Es una ley en la cual se potencia, efectivamente, la formación profesional. Es una ley en la que se desarrolla la autonomía de los centros. Es una ley que hace un planteamiento distinto de la ordenación académica, dando más importancia de la que tenían en el sistema actual a las asignaturas instrumentales, que son los cimientos sobre los cuales se edifica después todo el sistema de formación a lo largo de la vida. Es una ley —lo ha subrayado el portavoz del Partido Popular— en la que las evaluaciones tienen también un papel fundamental, porque son un elemento central no de lo que algunos han dicho —y ahora me referiré con más detalle a ello—, sino de la señalización, la transparencia, la garantía de que se cumplen los objetivos de cada etapa; en definitiva, un ingrediente esencial de la mejora del sistema.

Es una ley que hace también un elemento central de su contenido la dimensión de la transitabilidad, es decir, es una ley que, partiendo del concepto de que el proceso educativo no es un proceso que se agote en la fase formal del mismo, tiene también todo un sistema de ventanas y pasarelas que permiten que ninguna decisión educativa, ningún itinerario se convierta en irreversible, que siempre exista la posibilidad de alcanzar aquello que se dice en la introducción de su exposición de motivos, que en definitiva es un objetivo común y compartido —creo yo— de cualquier legislación educativa: conseguir que cada estudiante, que cada niño y cada niña estén en condiciones de alcanzar todo aquello que les permita el mejor despliegue de su talento, sin que circunstancias socioeconómicas desfavorables, discapacidades, aptitudes especiales sean una dificultad, sean un impedimento para que alcance todo ese despliegue.

Y es, evidentemente, una ley que está orientada —lo dice el rótulo de la ley, y todas las medidas que la ley contiene van orientadas en ese sentido— a mejorar los resultados de nuestro sistema educativo. Es una ley que parte de un diagnóstico que, como en alguna intervención se ha puesto de manifiesto, tiene mucho más de compartido de lo que sugerirían otras intervenciones; una ley que parte de ese diagnóstico, que parte de un análisis riguroso de las soluciones que se han implementado en otros lugares y que a partir de ahí propone las soluciones.

Y desde esta definición general de la orientación de la ley me van a permitir, señorías, que, brevemente, haga algunos comentarios acerca de las críticas que en las intervenciones de los distintos grupos que han propuesto los vetos se han formulado, no tanto respecto al contenido, porque realmente respecto al contenido concreto debo decir que me ha sorprendido la escasez de las intervenciones que han tenido lugar, pero sí respecto a lo que algunos de los intervinientes han calificado como orientaciones de la ley. Voy a intentar responder a todas ellas, insisto, con brevedad, no se trata de prolongar esto hasta la madrugada, pero sí me interesa dejar bien claras




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algunas cosas, en la medida en que sigo pensando que algunos de los juicios, que, más bien, en muchos casos, son prejuicios que existen en torno a la ley, derivan o de una mala lectura o de una mala comprensión de la norma.

El primero, la segregación temprana. Esta, les confieso, con toda honestidad, es para mí la crítica más incomprensible de cuantas a la ley se formulan, porque no hay una sola norma en la ley en la cual se produzca eso que llaman ustedes segregación y que no es segregación, sino diseño de itinerario adecuado, distinta a la actualmente vigente. Voy a lo concreto, ni la formación profesional básica, que, por cierto, no se impone a nadie, derivación hacia la formación profesional básica que responde a un consejo orientador del centro y que nunca se puede producir antes de los 15 años, ni los itinerarios de cuarto de la ESO, es decir, la concepción del cuarto curso de la ESO, como orientado a la formación académica u orientado a la formación profesional, supone un planteamiento distinto del que estaba incluido en la Ley de Economía Sostenible y que planteaba esos mismos itinerarios a la misma edad en que se presentan ahora en cuarto de la ESO.

Pero es que, además, me parece especialmente grave que se hable de segregación cuando estamos hablando de itinerarios, porque, señorías, también se ha dicho aquí, no hay segregación peor que aquella que conduce a la exclusión y la segregación que conduce a la exclusión es aquella que padecen el 25% de los estudiantes que incurren en el abandono escolar temprano y, además, la inmensa mayoría de ellos incurre en lo que pudiéramos llamar la forma más agravada del mismo que es la de aquellos que no consiguen siquiera el título de la educación secundaria obligatoria. Es decir, hay que pensar sobre todo en que tenemos una cuarta parte de los estudiantes, de los cuales, prácticamente, el 90% abandona, porque el sistema no permite que consigan el título de la enseñanza secundaria obligatoria y, por tanto, les quedan cegados cualesquiera caminos de progresión académica. Y ese es el problema más grave que tiene este país. Pero, además, señorías, no es un problema que se limite a una cuestión que pudiéramos llamar coyuntural o puntual de desempleo juvenil, que es como habitualmente se aborda, es que es una debilidad estructural de nuestro sistema, que tiene consecuencias que se proyectan sobre las cohortes de edades sucesivas, porque llevamos muchos años con una tasa de abandono escolar muy elevada.

Y quiero decirle a ese respecto, señor Iglesias, al tiempo que le agradezco que haya hecho un reconocimiento a mi presencia y mi voluntad de dar cara, que yo estoy de acuerdo con usted en una parte de lo que dice respecto a la correlación entre el abandono educativo temprano y la existencia de la burbuja inmobiliaria en los años en que aquella tuvo mayor intensidad, los años que van de 2004 a 2007.

Justamente lo que ocurre, y por eso esto es tan importante, es que si entonces el joven que abandonaba prematuramente los estudios tenía la oportunidad de encontrar un trabajo que requería baja cualificación y con el que obtenía grandes ingresos, ahora esa posibilidad no existe y cada vez va a existir menos, puesto que los empleos disponibles para personas con baja cualificación cada vez van a ser más escasos. Se calcula que, dentro de diez años, en la Unión Europea solo el 12% de los empleos podrán ser desempeñados por personas que tengan como máximo la cualificación obligatoria. Por tanto, es cierto que una parte de la reducción del abandono escolar temprano es consecuencia de que no exista la tentación derivada de esas oportunidades laborales para gente con escasa cualificación. Pero precisamente por eso, ahora que sabemos que, primero, no va a haber una burbuja durante los próximos años y, segundo, que aunque la hubiera no sería deseable, es mucho más importante que trabajemos en la reducción del abandono escolar temprano porque ya sabemos que no va a haber otras alternativas para las personas con muy baja cualificación.

La segunda crítica que se ha formulado por parte de los intervinientes es la de que la norma favorece a la escuela privada y concertada o, dicho en términos más extremos —utilizado por alguno de los portavoces—, que implica el desmantelamiento o, como mínimo, el debilitamiento de la escuela pública. Vamos a ver, esta es una norma que establece la arquitectura del sistema pero respeta la configuración de un sistema que no impuso el Partido Popular sino que proviene básicamente de leyes que impulsó hace ya más de veinte años el Partido Socialista, congruente con lo que respecto a la libertad de creación de centros de enseñanza establece la Constitución en su artículo 27, como es la existencia de la triple vía. Y, desde ese punto de vista, esta norma es, por así decirlo, neutral, es decir, ni favorece a una ni perjudica a otra. Ahora, yo diría algo que




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puede sonar paradójico, sobre todo a quienes tengan más arraigado el prejuicio en sentido contrario. Creo que se trata de una norma que, al cambiar las reglas de juego, sobre todo en cuanto a la autonomía y rendición de cuentas de los centros, favorece más a la escuela pública que a las otras redes, porque le permite operar con más autonomía, porque le permite establecer acciones de calidad, porque le permite, en definitiva, funcionar en un entorno que le otorga mayores grados de libertad de los pocos, por no decir ninguno, de que disfrutaba hasta este momento.

Ley antigua. Señorías, ya he dicho al principio de mi intervención que esto no se corresponde para nada con la realidad. A veces se utiliza retóricamente —algo legítimo, como es natural, en la polémica política pero muy poco acorde con la realidad— la técnica de asociar medidas que contiene la norma a aspectos, institutos o cuestiones de los sistemas educativos anteriores —por cierto, a veces con manifiesta duda sobre cuál era el origen de las mismas, como cuando hablan ustedes de las reválidas pensando que son un instrumento introducido en el sistema educativo español por el franquismo, cuando es un instrumento que proviene de las leyes educativas de la República—. Pero nada tienen que ver las evaluaciones que contempla la LOMCE con las reválidas, ni tiene nada que ver el objetivo de las reválidas que lo era de filtrado, es decir, que trataba de adecuar la entrada a la educación superior cuando existían más aspirantes que recursos para atender a esos aspirantes—, ni tiene nada que ver su planteamiento, porque estamos hablando de un planteamiento decididamente competencial. Y con esto contesto también a una pregunta concreta sobre los estándares de la señora Martínez. Nosotros concebimos las evaluaciones básicamente como un elemento de señalización del progreso —lo he dicho hace algunos minutos en la intervención—, como un elemento que dote de transparencia a todo el sistema. Consideramos que los stakeholders, los agentes interesados en esa transparencia son, cada uno desde una perspectiva, toda la sociedad: los padres, las administraciones educativas, los propios centros y, desde luego, los propios alumnos, que tienen todo el derecho a esa transparencia. Finalmente, concebimos las evaluaciones como un elemento que incentiva el esfuerzo y provoca una mejoría.

La actitud contraria a las evaluaciones desconoce una evidencia absolutamente sólida y no desmentida prácticamente en ningún caso, que es la de que los países que las han introducido, en las frecuentes reformas que para mejorar sus sistemas implementan, han experimentado, sin excepción y en un plazo de tiempo relativamente breve, en el plazo de tiempo de tres a cuatro años, una mejora en sus resultados educativos.

Se ha hablado de recursos, y se ha hablado de recursos para criticar lo que han calificado como insuficiencia de esos recursos en la memoria económica, en algún caso para hablar de que históricamente los recursos dedicados a la educación en nuestro país han sido insuficientes. En ese sentido tengo que decir que aquí sí, que la evidencia objetiva, comparativa, que no proviene de nosotros, que es evidencia compilada por instituciones multilaterales, como la OCDE, Eurostat, etcétera, acredita, sin ningún género de dudas, que la inversión por alumno, que es el parámetro básico —porque es verdad que durante mucho tiempo se ha utilizado la ratio entre el producto interior bruto y la inversión educativa como parámetro central de medida de la suficiencia de esa inversión, y eso, lógicamente, desconoce la distribución demográfica, es decir, qué supone la población que está cursando estudios en términos de proporción de la población total y, por tanto, de la población por la que se divide para calcular el per cápita del producto interior bruto, y, por tanto, es mucho mejor utilizar como métrica esencial para medir la cuestión de la inversión el gasto por alumno— en gasto por alumno, como saben muy bien muchas de sus señorías, estamos por encima tanto de la OCDE como de la Unión Europea. Y la OCDE, que particularmente es la institución que con más detalle ha estudiado el impacto del gasto educativo, de la inversión educativa en los resultados, tiene acreditado que por encima de un determinado nivel de inversión, que es un nivel de inversión que España sobrepasó ya hace muchos años, resulta mucho más relevante la calidad de la inversión, es decir, a qué se dedica ese gasto educativo, que la cantidad de la inversión.

Han dicho algunos de los portavoces que la diferencia que existe entre resultados educativos y quizá el que más llamativo de los mismos resulta, el del abandono educativo temprano, así como las pruebas de PISA y algún otro entre comunidades autónomas, pone de manifiesto que el problema no es la ley sino que el problema es de otro tipo. Dicho sea con todo el respeto a quienes




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han formulado este argumento, creo que se trata de una afirmación un tanto artificiosa, porque según ese argumento tampoco sería necesario el cambio de la ley teniendo en cuenta que hay alumnos que obtienen con esta ley buenos resultados y otros alumnos que obtienen malos resultados, es decir, el que exista una varianza, el que exista un recorrido en los resultados, sea entre centros, sea entre alumnos o sea entre comunidades autónomas, en sí mismo no nos dice nada de cómo funcionan las reglas del juego. Ahora bien, sí hay una parte del argumento que yo sí compro, y es aquella que nos permite establecer la relación entre aspectos particulares del funcionamiento de algún sistema, en este caso de alguna comunidad autónoma, y sus resultados educativos, y esto lo voy a decir una vez más en honor del sistema educativo vasco. ¿Por qué? Porque entendemos que aquellos aspectos que mejoran ha reconocido la propia portavoz que hay muchos aspectos mejorables—, que explican por qué, en términos de abandono educativo temprano, en menor medida, pero también resultados en PISA, proporción de alumnos que acuden a la formación profesional, tasa de graduación, etcétera, etcétera, incluida también la tasa de idoneidad, que es un parámetro muy importante, no solo desde el punto de vista de la calidad de resultados, sino también desde el punto de vista del coste del sistema, es porque en el sistema vasco, también en el navarro, se están aplicando, porque es posible hacerlo dentro del ámbito de actuación de que disponen las comunidades autónomas, en este caso en cuanto a administraciones educativas, se están aplicando, en muy buena medida, las soluciones que propone también la LOMCE. Pero esto no quiere decir que para aquellas comunidades que ya tengan esos buenos resultados o que tengan resultados mejores que el conjunto y, desde luego, mejores que los de las comunidades que los tienen —vamos a dejarlo así— menos buenos, eso no quiere decir que no tengan la capacidad de mejorar los resultados, incluso en las que los tienen relativamente mejores. Esto es lo mismo que sucede con las evaluaciones. Las evaluaciones —lo ha dicho algún interviniente— sirven a los buenos para permitir que mejoren o para acreditar que son buenos. No, no, lo que la experiencia demuestra —y es una experiencia muy sólida en muchos países— es que quienes precisamente se benefician en mayor medida de la existencia de evaluaciones externas y estandarizadas son los estudiantes que antes de las mismas tenían peor rendimiento, es decir, que mejoran, sobre todo, quienes tienen más espacio para mejorar.

Voy a hablar ahora de la cuestión lingüística que es una de las cuestiones sobre las que —lo digo con toda franqueza— los juicios que se han vertido se acomodan menos o tienen menos que ver con lo que en realidad dice la ley. Alguno de los intervinientes ha hablado de creación de un problema donde no existía, de ataque a un modelo, al modelo de la escola catalana. Han hablado de falta de consideración a las lenguas propias, de reducción de la importancia dentro del sistema educativo de la lengua cooficial propia y tengo que decir, señorías, con toda honestidad, que nada de eso es verdad. Si no existe el problema —se lo digo a quienes han dicho que no existe el problema— antes de la aprobación de la LOMCE, la única conclusión lógica es que tampoco va a poder existir ningún problema después de la aprobación de la LOMCE. Si ustedes me dijeran que la LOMCE impone, por ejemplo, obligatoriamente el bilingüismo, yo les diría que es posible que se cree un problema al crear un sistema que es nuevo, o si me dijeran que la LOMCE impone obligatoriamente el sistema de doble de vía, lo que supondría la separación en función de la lengua vehicular de los alumnos cuyos padres exigieran, unos castellano y otros catalán, diría que se puede discutir, pero que evidentemente es un cambio. Ahora, fíjense ustedes que en función de lo que dicen, tanto la disposición adicional trigésima octava como la disposición adicional trigésima novena, el único cambio que a ese respecto existe deriva de la expresión del deseo de no ser escolarizados completamente en castellano, que es a lo que se refería el inciso de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha leído el señor Alturo, sino que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable es,en este caso,una consecuencia del ejercicio rogado de una libertad. Si ustedes dicen que no hay problema no habrá rogación y, por tanto, no habrá cambio de ningún género en el sistema. Dicen ustedes que eso supone un ataque a la inmersión lingüística cuando realmente la norma reconoce la inmersión lingüística, cuando se limita estrictamente a recoger, en algunos casos de forma totalmente literal, el contenido de las sentencias del Tribunal Constitucional que establecen las condiciones mediante las cuales la inmersión lingüística se puede considerar conforme al bloque de constitucionalidad. No digan que se ataca el sistema de escola catalana porque no es verdad. Y no digan que se ataca la importancia de las lenguas propias. Esto ya rebasa el ámbito de Cataluña por el hecho de que las mismas, por




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una cuestión estrictamente conceptual, no puedan ser consideradas como asignaturas troncales porque son a todos los efectos como si fueran unas asignaturas troncales. Es decir, que son unas asignaturas a las que se tiene que dar el mismo peso que a la Lengua y Literatura Castellana en todas las fases de la enseñanza, que tienen el mismo estatuto de evaluación que la Lengua y Literatura Ccastellana también en todas las fases y la única diferencia —que es absolutamente obvia— es que currículos, estándares de evaluación y todo lo que tiene que ver con la evaluación de esa asignatura se deja, como no podría ser de otra manera, en manos de las propias administraciones educativas; por tanto, en manos de las comunidades autónomas.

Señor Alturo, señor Saura, señora Capella coincido con todos quienes han dicho que las lenguas propias son un elemento de riqueza; en definitiva, con lo que dice el artículo 3 de la Constitución y otros, que señalan la riqueza que supone la diversidad del patrimonio lingüístico, y creo que no soy precisamente sospechoso —creo que no puedo serlo— de catalanofobia. Como saben algunos señores senadores hablo el catalán y además lo hablo con mucho gusto porque es una lengua que estimo, que me gusta escuchar y hablar cada vez que tengo ocasión pero, evidentemente, ese amor a la lengua común como elemento de identidad, que como les digo me parece que es un elemento de enriquecimiento, tiene que hacerse compatible con la posibilidad de atender, sean muchos o sean pocos, sean 5 o sean 500, los deseos de quienes, haciendo uso de un derecho que la jurisprudencia constitucional establece con claridad, desean que una parte de la enseñanza que reciben sus hijos se transmita vehicularmente mediante el castellano y, en relación con todo lo demás no hay nada.

Es decir, que nosotros reconocemos que la cuestión lingüística, básicamente en la medida que tiene que ver con la organización académica es, lógicamente, algo que se va a manejar por parte de las administraciones educativas; por tanto, por las comunidades autónomas.

En consecuencia, no hay recentralización —y dejo ya el ámbito de la lengua—; no la hay, aunque sí es evidente que hay una concepción distinta a la hora de concebir y ejecutar lo que son, en algunos casos, competencias compartidas y, en otros, competencias exclusivas, ya sean del Estado o de las comunidades autónomas. Como es lógico, esto entra dentro del ámbito de lo opinable pero, desde luego, a nosotros nos parece una concepción por un lado, más clarificadora; y, por otro lado, que no recorta en absoluto el ámbito de actuación de las administraciones educativas de las comunidades autónomas, pero garantiza algo que se nos ha pedido desde muy distintas instancias y, más recientemente, la propia Unión Europea: la de reducir las diferencias que se aprecian entre comunidades autónomas en cuanto a los rendimientos educativos.

Por lo que se refiere a la ordenación académica, creo que es normal que existan discrepancias; es normal porque esto nos pasa a todos, en todos los ámbitos de la vida, que consideramos que lo que hacemos —e incluso lo que pensamos que hacemos bien— es lo más importante y, por tanto, que se le ha de dar la máxima importancia. Sin embargo, como es lógico, existen una serie de limitaciones en cuanto al tiempo que se puede dedicar a cada una de las asignaturas y, como les digo, no hay ninguna regla sagrada, ninguna regla de oro. Desde ese punto de vista, hemos intentado establecer una ordenación académica en la parte que nos toca de la ordenación académica porque, lógicamente, queda una parte muy amplia que tiene que ser desarrollada por las comunidades autónomas e incluso una parte por los propios centros en función de la autonomía que se les concede, contrapesada con una mayor rendición de cuentas.

Hay un tema particular que ha sido objeto de mucha atención durante las últimas semanas, y sobre el que yo tengo que agradecer a los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara la disposición que han mostrado, y espero que mañana tengamos oportunidad de plasmarlo en una enmienda transaccional, para cuya tramitación exista el consenso, para resolver un problema puntual en cuanto al tratamiento de las matemáticas en la modalidad de bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, que suponga una garantía para la razonable petición de que las matemáticas se cursen en bachillerato, sobre todo por aquellos que vayan a seguir itinerarios académicos de Ciencias Sociales no solo Ciencias Económicas y Empresariales. Las ciencias sociales en general requieren un conocimiento de matemáticas al nivel en que las matemáticas se van a cursar en primero y en segundo de bachillerato, y quizás alguna salida académica más.

En definitiva, señorías, termino como empecé: estamos ante una ley muy importante; estamos ante una ley que se plantea como objetivo mejorar la educación de los jóvenes españoles. Yo creo que es una ley que ha sido muy debatida, otra cosa es que el resultado de ese debate no haya




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sido el apetecido. Le hubiera gustado al ministerio, al Gobierno, y estoy seguro que también al Grupo Popular, haber conseguido un consenso mayor en su contenido. Nosotros, en todo caso, una vez que la ley esté aprobada, buscaremos en el desarrollo reglamentario y en la aplicación conseguir también ese mayor consenso y esa mayor complicidad; pero que quede claro como final de esta intervención que, en definitiva, estamos ante un asunto que a todos interesa y del que la cooperación de todos los grupos y, sobre todo, el enriquecimiento que a través de esa cooperación puedan proporcionar, solo servirá para mejorar la misma.

Muchas gracias, señor presidente. (Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias. ¿Van a compartir turno? (Denegaciones.)

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Estamos ante una cuestión que no debemos debatir partiendo de la premisa equivocada de que es una cuestión técnica. Mi posición, la posición de mi grupo, es ideológica. La del Gobierno, la del ministro, la de la ley, también lo es legítimamente. La ideología no tiene por qué tener una consideración negativa, pero la negación de que existe sí conlleva extender una cortina de humo sobre lo que es un debate político.

Ha destacado el señor ministro en su intervención el papel de las evaluaciones, y yo creo que la argumentación que ha formulado no resulta una argumentación eficaz, capaz de convencer al resto de los grupos de la Cámara. Yo no puedo pensar que las evaluaciones tengan un carácter taumatúrgico, como el señor ministro prácticamente dijo al señalar que la simple existencia de las evaluaciones conllevará que quienes tenían antes peores resultados, por esas evaluaciones van a tener mejores resultados. No lo creo porque niego ese carácter mágico, pero no lo creo, sobre todo, porque fuera esa o no la voluntad del señor ministro, del Gobierno y del grupo que lo sustenta, en el fondo eso conlleva despreciar el trabajo de los docentes. Que mejore el nivel educativo y los resultados de los alumnos, será siempre fruto del esfuerzo y del trabajo de los docentes, no de una evaluación externa que, según su criterio, podrá medir el resultado de ese trabajo. Pero la mejora o empeoramiento, en su caso, será fruto de ese trabajo de quienes forman parte del sistema educativo.

Afirmaba el señor ministro que es una reforma mirando al futuro. Señor ministro, esta sociedad, como todos los estudios acreditan, es una sociedad cada vez más laica. Reforzar el peso de la enseñanza de la religión en esta reforma, como lo hace el señor ministro —vuelvo a decir lo mismo—, porque hasta para las becas va a computar, no es mirar al futuro, es pagar un peaje, es mirar hacia atrás.

Destacaba el señor ministro que estas evaluaciones externas —no las quiere llamar reválidas, pues no las llame reválidas, los demás, lógicamente, podemos llamarlas reválidas— no suponen mecanismos de segregación en tanto en cuanto se han articulado puentes, ventanas, pasarelas que permitirían corregir. Lo cierto es que, por más que puedan existir estas pasarelas, las decisiones que en determinado momento se tomen, en unos casos, fruto de la voluntad por indicación y, en otros casos, fruto del resultado de las evaluaciones externas o de las reválidas, tienen difícil retorno siempre y, en el fondo, acaban dando un resultado que yo no digo que sea el que quiere alcanzar el señor ministro, pero acaban dando un resultado, que el sistema educativo, a través de estos filtros, va configurando itinerarios en los que hay un nivel para los listos y otro nivel para el batallón de los torpes, y eso es romper con el principio vertebrador de formación común al que tiene que responder el sistema educativo como elemento de superación de las desigualdades socioeconómicas que entre los alumnos se dan cuando acceden al sistema educativo. Es renunciar abiertamente a que el sistema educativo juegue ese papel, sobremanera cuando va acompañado de medidas de ajustes y de recortes que van podando todos los apoyos que se habían ido configurando y construyendo de atención a la diversidad, de atención a la superación de las dificultades que determinados alumnos presentan.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en este debate afirmaba, en primer lugar, que a qué tanta indignación y veto si se trataba solamente de una reforma parcial de la Ley Orgánica de Educación. Señor portavoz, la Ley Orgánica de Educación para mí tampoco es texto sagrado, es




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susceptible de reforma y de mejora y desde mi grupo aspiraríamos a que esas mejoras se fueran introduciendo, pero en una dirección y en un sentido absolutamente contrario al que orienta y marca esta reforma. Ustedes mantendrán el título de la ley, pero la están convirtiendo, con sus reformas, en una ley zombi, que tiene poco que ver con la ley que inicialmente se aprobó, aunque cuantitativamente se mantenga la redacción de un número importante de artículos.

Insistía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en decir que quienes nos oponemos a esta ley hemos formado un bloque, que somos sectarios, que hay un sentido de la propiedad desde la izquierda, desde la izquierda pedagógica y la izquierda política sobre los ámbitos educativos. No, señor portavoz, hay un modelo distinto y diferente al que ustedes defienden. Ustedes meten en el saco de la izquierda al Partido Nacionalista Vasco y a Convergència i Unió. No me corresponde a mí calificar su adscripción política, pero aunque solo sea por cómo se encuadran en el ámbito internacional, cuáles son sus referentes en el ámbito internacional, no pueden formar parte en ningún caso del ámbito de la izquierda. Que usted insista en ese argumento en un día como hoy me obliga a hacer un paralelismo: estamos volviendo otra vez a la conspiración judeo-masónica del comunismo internacional. No es eso, señor portavoz del Grupo Popular.

Insisten —lo decía el señor ministro— en que hay comunidades autónomas en las que, objetivamente, se demuestra que están obteniendo mejores resultados. Pero, señor ministro, usted sabe de esto muchísimo más que yo. No se puede hacer abstracción de esos resultados por dos hechos: primer hecho, tienen un sistema de financiación propio que les proporciona unos recursos que no son compartidos por el resto de las comunidades autónomas. Segundo hecho, estamos hablando de dos comunidades autónomas con un elevado nivel de desarrollo socioeconómico que no presenta la mayoría del resto de los territorios. Y ambas cuestiones inciden e influyen en el sistema educativo. Porque el sistema educativo no es algo aislado de la sociedad, sino que vertebra, conecta, desde el inicio, con esa sociedad.

Antes, cuando citaban la reforma parcial, se me olvidó hacer la siguiente referencia: Hace muy poco tiempo hubo una reforma parcial de la Constitución. Solo se modificó un artículo, el 135, y vean ustedes las consecuencias que de esa modificación se han derivado hasta el día de hoy. La modificación parcial solamente señalaba que todos los derechos contenidos en la Constitución quedaban supeditados a un deber máximo, el objetivo de déficit y el pago de la deuda. Algo intrascendente. Tan intrascendente como las reformas de los contenidos que ustedes plantean en estas reformas.

Concluyo. La equidad. Tanto el señor ministro como el portavoz del Grupo Popular hacían referencia a la equidad. La equidad está en conseguir eso, que quienes llegan al sistema educativo, uno procedente de una familia acomodada, con medios económicos, con todo tipo de apoyos, materiales y humanos, y quien procede de una familia humilde, que no ha tenido, desde que mamó, oportunidades para disponer del acceso a los medios culturales que el primero tuvo, cuando salgan del sistema educativo ambos estén en igualdad de condiciones. Y eso no se logra, exclusivamente, colocando como fundamento el talento para superar barreras. Aparte de que, como muy bien sabe el señor ministro y los señores senadores, talento es lo que ustedes dicen, pero talento también era una moneda. Y me temo que el peso de la moneda acaba siendo mayor que el del sentido que ustedes pretenden darle.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Hablaré despacio.

No me resisto, aunque quiero hablar de formación profesional y me gustaría hacerlo durante la presencia en esta Cámara del señor ministro, a hacer algunas apreciaciones sobre las intervenciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra. Voy a empezar por alguna de las cuestiones que ha mencionado el senador Iglesias en su intervención. Creo que tengo la capacidad de resolver alguna de las dudas respecto a por qué el señor Peral ha podido meter a CiU, a PNV y a Izquierda Unida en el mismo saco ideológico, y es que yo creo que le ha llevado a confusión el hecho de que esta senadora, siendo del PNV, vaya vestida de rojo. Seguramente por ahí podemos entender el porqué de esta confusión.




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Segunda cuestión, señor Peral, ya que estamos hablando de lo que supone para usted el Partido Nacionalista Vasco —en sus intervenciones nunca renuncia a hacer alguna referencia al respecto—, usted decía que los electores del PNV —y seguramente no he cogido la cita literal porque mi caligrafía es, como mi verbo, bastante rápida— no perdonarían que no abrazásemos algunos de los preceptos que inspiran la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

No sé cuál será el nivel de relación que tiene usted con los electores del PNV. Seguramente yo, en eso, tengo algo más de experiencia. Y puedo decirle que los electores del PNV lo que no perdonarían en ningún caso es que nosotros renunciásemos a nuestro modelo educativo y a nuestras competencias en educación en beneficio, en este caso, del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque, ¿qué garantías nos está ofreciendo el Ministerio de Educación de que vayan a hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo nosotros? ¿Qué garantías? Desde luego, la ley y la literalidad de la ley no ofrece garantías ni respecto al cómo ni respecto a qué es lo que van a hacer mejor que nosotros. Además, en mi primera intervención me referí ya a esa serie de lagunas respecto del modelo educativo que subyace en todo el texto de la LOMCE, que nosotros no acabamos de ver claro, por lo que reiteradamente hemos pedido explicaciones sobre ello al señor ministro, quien en su réplica se ha zafado o ha evitado una vez más volver a responder cuando yo le preguntaba por los estándares de evaluación que iba a utilizar el ministerio. Usted decía que iban a servir para mejorar la transparencia y como incentivo al esfuerzo, si no he entendido mal. Pero lo que yo le he preguntado no ha sido eso, lo que le he preguntado es qué tipo de estándares van a evaluar, si van a buscar una evaluación de las competencias o van a buscar una evaluación de los conocimientos, porque en función de eso, nosotros, en el ejercicio de nuestras competencias, podremos establecer cuál va a ser el desarrollo curricular que vamos a dar a eso, o la metodología educativa que van a poder implementar en nuestros centros educativos. Le tengo que recordar, aunque seguramente ya lo sabe, que en el año 2006 se aprobó el currículo vasco. ¿Va a ser compatible el currículo vasco con las evaluaciones que ustedes están pensando, o no lo va a ser? Eso es lo que yo quería que me contestara y eso es lo que el ministro no ha dicho.

Sobre las evaluaciones, no quiero destinar a este aspecto un tiempo excesivo, porque seguramente se debe a mi poca capacidad de hacer entender que desde mi grupo parlamentario no estamos en contra de las evaluaciones. Todo lo contrario, si hay un sistema educativo que se precie de estar sometido a evaluaciones constantes es el sistema educativo vasco. El señor ministro lo sabe porque en algunas intervenciones ha reconocido que muchas veces le dolía la mano por felicitar y extender certificados y reconocimientos de calidad al sistema educativo vasco. Entendemos que la evaluación es un elemento fundamental para garantizar la calidad de la educación, en lo que discrepamos, señor Peral y señor ministro, es en el modelo de evaluación que ustedes están proponiendo, porque evaluación también es la evaluación continua que ejercen los profesores. Eso también es evaluación. Consideramos que el concepto de evaluación, que a nosotros nos beneficia como sistema educativo, es aquel que supone un valor añadido a nuestro sistema educativo. ¿Qué garantía nos está ofreciendo el ministerio de que su evaluación, que todavía no sabemos en qué va a consistir, efectivamente va a servir para mejorar la calidad educativa de nuestro sistema educativo? Pues, sinceramente, tengo serias dudas. Porque, además, señor Peral, en su intervención ha establecido una relación de causa— efecto entre evaluaciones y calidad educativa que no se corresponde con la realidad.

En mi anterior intervención he mencionado determinados estudios de entidades muy solventes, aunque no haya hecho una referencia explícita, pero es el caso del Informe Eurydice, que se cuestionan muchísimo el valor de las evaluaciones externas estandarizadas. Pero vamos a seguir hablando de evaluación porque, además, como a los de la radio, me va a venir muy bien para hilar con lo que le quería decir a continuación, señor ministro, que es la cuestión de la formación profesional. Y es que en cuanto a calidad y en cuanto a evaluaciones, también la formación profesional está sujeta en Euskadi a un sistema constante de evaluación. En este sentido tengo que decirle, y le voy a hacer la lectura completa, que contamos con las certificaciones de calidad EFQM en posicionamiento que alcanza los 500 puntos en 10 centros de formación profesional, los EFQM de 400 puntos ni más ni menos que en 52 centros, la ISO 9000 en 55 centros de formación profesional, la ISO 14000 en 20 centros, la ISO 18000 en 6 centros, SGP en 43 centros, EKOSKAN, que tengo que confesar que no he conseguido saber a qué se refiere, en un total de 26 centros, el liP en 13 centros, HOBBIDE en 22 centros y EMAS en otros 2 centros. También la formación




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profesional tiene que estar sujeta a evaluación. La cuestión es qué tipo de evaluaciones, para qué sirven las evaluaciones, qué modelo educativo subyace a esas evaluaciones, qué cantidad de valor añadido suponen esas evaluaciones para mejorar el sistema educativo. Esa es la diferencia entre las evaluaciones que ustedes conservan en la LOMCE, totalmente indefinidas, y el sistema de evaluación constante, permanente, externa y propia —porque también nosotros sometemos a nuestro sistema educativo a una evaluación constante— que estamos planteando. Desde luego, no va a ser una evaluación que sirva para diferenciar entre centros buenos y centros malos, y que sirva para crear una competitividad mal entendida entre nuestros centros educativos.

Y ya, por fin, me centro en estos cuatro minutos que me quedan en formación profesional, porque es una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa mucho de este proyecto de ley. Sobre la formación profesional básica, el señor Wert se ha referido concretamente al tema de las pasarelas, y ha dicho que la LOMCE no establece itinerarios que sean irreversibles. Corríjame, si me he equivocado, en su intervención posterior. ¿Qué es la formación profesional más que un itinerario irreversible tal y como está consagrado hoy en día en el modelo que están estableciendo ustedes en la LOMCE? ¿Qué pasarelas han establecido ustedes para pasar de grado medio, por ejemplo, a la universidad? Si ustedes están dispuestos a valorar el bachillerato, utilicen también las pruebas y las evaluaciones de bachillerato como una posibilidad de establecer pasarelas horizontales, que permitan no solamente la permeabilidad entre el itinerario académico y el itinerario aplicado en bachillerato y en ESO, sino también desde la formación profesional de retorno hacia las actividades académicas. Lo datos en Euskadi lo avalan. Lo que realmente resultaría irreversible es la aplicación tal y como está ahora sobre todo para los titulados en grado medio, porque en caso de que se quieran incorporar a la universidad, les está obligando mediante esta ley a ir irremisiblemente a 2 años de bachillerato, o bien a 2 años de grado superior para poder acceder a la universidad. Si quieren implementar pruebas universales, individualizadas, en el bachillerato, utilicen esas pruebas para facilitar el traspaso de itinerarios. Utilicen esas pruebas, efectivamente, para lo que ustedes dicen que las quieren utilizar, para garantizar el mínimo de conocimientos suficientes que acrediten un título académico.

Pues muy bien, a aquellos alumnos de grado medio que sean capaces de superar la prueba del bachillerato, permítanles que accedan directamente a la universidad. Eso es flexibilidad, eso es facilitar que no haya culos de botella —perdón por la expresión— y que no se convierta en eso la formación profesional, que es lo que ustedes están pretendiendo, no sé si intencionada o no intencionadamente, pero es en eso en lo que están convirtiendo a la formación profesional con los itinerarios que están planteando hoy en día en su modelo educativo. Ahí nos tenemos que plantar.

Decía antes —quizá me decían mis compañeros que he sido exagerada, como muy de Bilbao— que efectivamente el grado medio es para nosotros la niña bonita o la joya de nuestra corona, pero es que lo es, y no solamente para nosotros como autoridades educativas o como responsables de la Consejería de Educación, sino también para las empresas. El grado de satisfacción de las empresas respecto de los ciclos formativos de grado medio nos da una media de 8,4, y en los ciclos formativos de grado superior una media de 8,8, es decir, estamos satisfaciendo las demandas de formación de nuestras empresas. Si esto no es trabajar por la empleabilidad, si esto no es dignificar la formación profesional, les aseguro que, desde luego, en esos ámbitos no van a mejorar con el proyecto de ley que ustedes están planteando encima de la mesa. Se lo hemos dicho en público, en privado, en comparecencias, en mociones, en un montón de sitios. Con este modelo de formación profesional en Euskadi nos machacan. Y machacándonos a nosotros machacan a nuestro tejido industrial y machacan a nuestro tejido productivo, porque el concepto de formación profesional de ustedes es un concepto de formación profesional que nosotros superamos gracias al trabajo conjunto de administraciones educativas, de empresas y del Servicio Vasco de Empleo, sistema que hemos conseguido consensuar y que efectivamente sirve a las necesidades de nuestra economía productiva. Una formación profesional básica en la que solamente tenemos asignaturas aplicadas y en las que no hay ningún tipo de asignaturas profesionales, sinceramente, no es un parámetro suficiente para garantizar la pervivencia con los parámetros de calidad que tenemos hoy en día en nuestro grado medio.

Por lo tanto, lamento profundamente que no hayan sido perceptivos y que no hayan sido capaces de incorporar las propuestas que les hemos hecho en materia de formación profesional a la ley, porque entendemos que todas las propuestas que hemos hecho de formación profesional




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las hemos hecho siempre desde una perspectiva constructiva. Lamento de verdad que esta sea una oportunidad perdida para dotar a la formación profesional del prestigio y de la calidad que al menos nosotros nos hemos empeñado mucho en conseguir en Euskadi.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Bona nit.

Voy a ser muy breve. Simplemente quiero añadir unos aspectos que creo que enriquecerán el debate.

Según la ley, el inicio de implantación está previsto para el curso 2014-2015, con lo cual, también según la memoria económica de la ley, en los Presupuestos Generales del Estado deberían constar partidas respecto a esta implantación, cosa que no he visto. Esto es llamativo cuando no asombroso.

Pero también asombran aspectos destacados como deficiencias que ya se han mencionado aquí por la mayoría de los grupos políticos. También es sorprendente que el propio Consejo de Estado coincida en los mismos puntos que todos los partidos políticos que han intervenido. Por ejemplo, en lo que se refiere a la memoria económica, que es insuficiente, tanto en detalle como en cuantía. O en que la exclusión de la asignatura de formación ético-cívica como obligatoria no es aconsejable. O que no se debería segregar por sexos, y menos en centros sostenidos con fondos públicos. O que el cambio de modelo, por lo que se refiere a las enseñanzas religiosas, también es un retroceso. O la segregación temprana, en este caso en tercero de la ESO, en relación con la cual un informe de la OCDE —que voy a leer literalmente para que digan que no me lo invento— de 2012 aboga por evitar la separación temprana y posponer la selección de estudiantes hasta la educación media o superior. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Según datos de Eurydice, algunos países europeos, como Alemania, se han replanteado en su sistema educativo la separación temprana del alumnado en distintos tipos de escuela. Por otra parte, los estudios realizados sobre actuaciones de éxito en escuelas europeas por el proyecto INCLUD-ED establecen que la separación en itinerarios antes de los 16 años genera desigualdades que se amplían cuanto antes se realizan.

Por tanto, señorías, alguna cosa falla si todos los partidos de la oposición han coincidido concretamente en algunos aspectos con el mismo Consejo de Estado. A veces me pregunto: ¿nunca se han preguntado cómo puede ser que, siendo tan maravillosa esta ley de mejora de la calidad educativa, todos los grupos políticos, toda la comunidad educativa, los sindicatos, se hayan puesto de acuerdo en que esta ley, los preceptos que introduce como mejora van totalmente en contra de esa mejora? ¿De verdad no se lo han preguntado nunca? Ahora se ha marchado el señor ministro, pero yo con todo el cariño le sugeriría que si quiere subir nota en su valoración como ministro del Gobierno suba aquí hoy y diga que retira la ley y la devuelva al Gobierno. Seguro que subiría nota.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gràcies, senyor president, molt bona nit.

Voy a referirme a tres cuestiones concretas a las que ha hecho referencia el ministro —se ha ido pero, en cualquier caso, supongo que ya se informará—, unas, con relación al consenso, otras, en relación con las competencias y, otras, en relación con las lenguas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Cuando hablamos de consenso y cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro grupo y que hemos presentado 86 enmiendas y que estuvimos defendiéndolas en la comisión, ustedes lo saben, estuvimos prácticamente hablando de todas ellas con argumentos —están escritas— y, además, con respeto, con ganas de mejorar, diríamos que hemos presentado enmiendas en




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positivo, pues de las 86 enmiendas —y voy a hablar por nuestro grupo exclusivamente— no se acepta ninguna, es evidente que el consenso está fallando y está claro. Además, voy a ponerle dos ejemplos. Hoy no toca hablar de enmiendas, lo haremos mañana, pero viene bien para hablar del tema del consenso. Por ejemplo, el calendario de aplicación de la reforma educativa no se puede cumplir como está en estos momentos previsto. Nosotros les propusimos una transaccional para llegar a un acuerdo, para mejorarlo, para que las comunidades autónomas lo pudieran aplicar, y los consejeros y las consejeras de sus comunidades autónomas saben que lo hemos propuesto, aunque en privado reconocen que no se puede aplicar este calendario, que es inviable, porque las comunidades autónomas tienen que hacer sus decretos, tienen que hacer sus normativas, hay que hacer la formación del profesorado, hay que cambiar los currículos, hay que establecer todo esto y que permeabilice y llegue a los centros. Por lo tanto, si no hay un año —mínimo— para organizarlo es imposible. Nosotros presentamos una enmienda transaccional para buscar el consenso y no fue posible. Tienen prisa en aplicar la reforma. Luego le hablaré un poco de las consecuencias. Por un lado, está esta situación.

Hablando de carencias, les planteé también el tema de las Matemáticas en el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, que es la base del acceso prioritario a la carrera de Magisterio. Sé que ahora está circulando una propuesta transaccional que tendremos que analizar, pero la presentan ahora, hace minutos tuvimos constancia de ella. Pues bien, si esto se puede mejorar y se consigue, perfecto, pero ya lo comentamos hace días, la semana pasada en la comisión. Porque ¿cómo puede ser que se llegue a Magisterio sin haber cursado Matemáticas en el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales? Es imposible. Pongo esto como ejemplo de la buena voluntad, de la predisposición positiva que hemos mantenido y que mantenemos para llegar a este consenso.

Ustedes deciden. Nosotros tenemos que constatar la realidad actual, que los ciudadanos sepan que no están consensuando, y que cuando intentan consensuar algo ocurre lo que ocurrió en ponencia, aunque a mi grupo no le afectaba directamente, que aceptan enmiendas supongo que por aquello de decir que van a pactar con grupos, pero después se dan cuenta de que estas enmiendas transforman su proyecto de ley, y luego pasa lo que pasa. Por tanto, no hay consenso.

En cuanto a las competencias, el ministro decía que no se invaden competencias. ¿Cómo no se van a invadir competencias cuando había un proceso de distribución horizontal pactado y más o menos ya asimilado por todos? El 55% del currículo lo desarrollaba el ministerio como máximo para las comunidades con lengua cooficial, pero ahora no es el máximo sino que estamos hablando de mínimos. ¿Qué será lo razonable? Es evidente que se ha transformado totalmente y que hay una invasión competencial tremenda desde el punto de vista del desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas.

¿Y qué les tengo que decir de las lenguas? No podemos más que avalar el modelo lingüístico, es decir, la inmersión lingüística, el esfuerzo de treinta años de la comunidad educativa; en Cataluña, todos los jóvenes, chicos y chicas, conocen las dos lenguas cooficiales, la catalana y la castellana, lo hemos dicho por activa y por pasiva, y lo saben, como saben que quien solicita la escolarización en lengua castellana la tiene y no hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo he sido responsable de educación en mi demarcación, en Lleida, y no ha habido nunca ningún problema con las lenguas; lo importante es que son dos lenguas, una única sociedad; cohesión social, que parece no importarles, es clave la cohesión social que se vive en Cataluña y esto no se va a destrozar, no vamos a permitir que lo destrocen, esto tiene que quedar muy claro.

Finalmente, como lamentablemente está pasando en todas las leyes, no les importa tener que aplicar el rodillo; parece que no les importa que no haya consenso; no les importa el daño que se pueda estar haciendo a la sociedad en general por aplicar una ley sin consenso; no les importa que los centros educativos tengan o no tengan tiempo en organizar los currículos, en implantar la ley cuando le corresponda; desde luego, no les importan las lenguas cooficiales y lo que representan para nosotros; ya hablaremos mañana cuando debatamos las enmiendas de la calidad de la enseñanza, que solo figura en el título; la formación profesional, etcétera, etcétera, etcétera.

Si ustedes están circulando por un carril de una autovía y ven que vienen todos los coches de frente, les tendría que hacer reflexionar. ¿Qué sucede aquí? ¿Vamos bien? Creo que tienen que buscar la vía correcta, que es la vía del consenso.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias, señor presidente.

Continuamos en este turno de portavoces y voy a responder a algunas de las cuestiones que han sido planteadas.

Se ha hablado de las matemáticas, y yo digo y repito, con conocimiento de causa, que la responsabilidad de todo lo que ustedes han hecho es única y exclusiva del Grupo Popular en el Congreso, que ha introducido una enmienda que es una chapuza, y que la solución que se pretende arbitrar, aun cuando palía alguna cuestión, genera problemas en otros colectivos. Para todo lo que sea avanzar y colaborar, aunque no compartamos plenamente la solución, pueden contar con nosotros porque lo hemos hecho siempre, y lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a facilitar una solución que ustedes dicen que es tal pero que yo les digo que ni los propios colectivos científicos lo van a compartir porque esto no soluciona su demanda. Conozco el manifiesto que han hecho, que ha apoyado la CRUE, y no soluciona lo que está planteando la demanda de los colectivos. Si ayuda parcialmente a mejorar algo la situación, en todo lo que sea mejorar nosotros trataremos de ayudar, como el resto de las formaciones políticas, pero eso no quiere decir que compartamos en modo alguno lo que ustedes han hecho, y estoy seguro —fíjense que se lo digo, y lo lamento— de que los propios colectivos de científicos, economistas y profesionales no van a aceptar plenamente esta solución.

Dicho esto, voy a seguir con el tema que estábamos planteando respondiendo a algunas manifestaciones que se han hecho negando que esto sea un ataque a la escuela pública, como yo había dicho. Yo trato siempre de fundamentar, dentro del tiempo disponible, los argumentos que he utilizado. Les repito que no hay precedentes en el periodo democrático de un ataque como este a la escuela pública, de una ruptura del pacto constitucional, ni de un elemento que, a través del artículo 109, modifique la LOE de esta forma. Y les cito los elementos sustantivos donde lo hacen: ustedes aumentan el periodo de los conciertos; ustedes son los que han quitado la palabra público a la hora de satisfacer la demanda en zonas nuevas; ustedes son los que han introducido un concepto extrañísimo «ante demanda». Pero, ¿cómo «ante demanda»? ¿Pero ustedes no saben que tienen que programar las enseñanzas con eficiencia, repartiendo los recursos de modo que no se rompa la equidad y la igualdad en el acceso, en los territorios, en las zonas urbanas y en todos los lugares, que solo garantiza la escuela pública? ¿Y me están diciendo que «ante demanda» no rompe el statu quo existente hasta el momento? ¿Por qué hacen distrito único? ¿Por qué hacen ranking de centros, que prohibía expresamente la LOE? ¿Por qué lo hacen? Porque quieren crear una red dual, porque quieren hacer avanzar la red de centros sostenidos con fondos públicos en detrimento de la enseñanza pública para conseguir equilibrar, programar y avanzar en un terreno de deterioro de lo público que no tiene ningún país europeo. Porque sepan ustedes que en Europa ningún país tiene la proporción pública-privada que parte de ese pacto constitucional de admitir una doble red, una de ella sostenida con fondos públicos procedentes del sector privado y con idearios. Y en el momento en que rompen ese pacto, sepan que se rompen muchas cosas. No lamenten luego, cuando se hagan planteamientos, que se diga que la derecha cuando gobierna no es capaz de mantener ese statu quo que se mantuvo a lo largo de los años, durante todo el periodo democrático. Naturalmente, tienen que asumir las consecuencias, porque ustedes están haciendo un nuevo modelo. No se trata de una modificación parcial, es una modificación radical de la LOE. Están tratando de forzar una situación que es realmente una involución conservadora, ideológica, que segrega y que, además, va a provocar una alteración de la equidad en nuestro país y no va a provocar el aumento de la calidad; ni siquiera eso va a conseguir. ¿De qué calidad me hablan cuando ustedes en dos años que llevan gobernando han recortado 5200 millones de euros y tienen programado por escrito para el año 2015 un recorte de hasta 10 000 millones de euros? ¿De qué calidad me hablan, si ustedes han destrozado la planificación del sistema educativo en nuestro país: miles de profesores en la calle; subida de las ratio; eliminación de las políticas de cooperación territorial; supresión de las ayudas de todo tipo; alteración del sistema de becas, subiendo las tasas y dificultando las becas, no solamente su acceso sino su mantenimiento; supresión de becas, como las Séneca; dificultan las becas Erasmus y le echan la culpa a la Unión Europea, cuando la Unión Europea está diciendo: si nosotros aumentamos las becas, son ustedes




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los que van a disminuir las ayudas. ¿Todo esto es aumento de la calidad? Pero ¿Por dónde lo ven? ¡Si lo ven solo ustedes! En este país no lo ve nadie, y ustedes tienen que saber que esto significa —así se interpreta y así es— un ataque a la escuela pública, que es la única que garantiza la equidad y la igualdad en el acceso, porque es la única que está implantada en todos los territorios. (Aplausos.)

Ustedes dicen que el sistema no segrega y que los itinerarios son perfectamente válidos, cuando hasta la OCDE los critica explícitamente; y las reválidas, tampoco. Pero yo les digo que el modelo de itinerarios, de segregación temprana de la LOMCE supone la defunción de uno de los logros conseguidos para que toda la población pudiera tener acceso a una cultura común, a una educación común.

Es bueno recordar cuál era la situación de la educación hace algunos años, cuando la educación básica era inaccesible para todos los niños y niñas de nuestro país. Así por ejemplo, en el año 75, un 10% de niños de 6 a 11 años estaban sin escolarizar, entre 12 y 14 años solamente un 65% iban a la escuela y casi dos tercios de los jóvenes entre 15 y 16 años no seguían estudios de bachillerato o formación profesional. Además hay que tener en cuenta que en el año 1978 la cuarta parte de la población mayor de 16 años era analfabeta funcional o carecía de estudios y solamente un 57,4% de la población española tenía estudios primarios —sí, esto es un informe del Instituto Nacional de Estadística del año 2003, no son datos que esté improvisando. A ver si alguien los rebate—. Y evolucionar de aquella situación a otra en la que todo el mundo tiene acceso a la educación ¿no es un logro histórico de nuestro país? ¿Tenemos que avergonzarnos de esto? Por favor, ¡Hasta ahí podíamos llegar! (Aplausos.) Tenemos problemas pero no nos avergonzamos de nuestras conquistas en el ámbito educativo.

Hemos ampliado la escolarización obligatoria hasta los 16 años y tenemos problemas de abandono escolar prematuro, y siempre hemos dicho que estábamos dispuestos a cooperar y a adoptar medidas que contribuyesen a paliar ese abandono escolar. Porque el abandono escolar —y se ha dicho en otras intervenciones— tiene un componente muy importante del mercado laboral; la prueba es que, en plena crisis, bajando los presupuestos y recortando, como ustedes están haciendo, el abandono escolar sigue bajando y va a seguir haciéndolo. Además les digo otra cosa. Con ello, ustedes tratan de invalidar todos los logros y todas las leyes educativas, pero si eso fuese así, si las leyes educativas fuesen las causantes del abandono escolar, ¿cómo es posible que en España haya comunidades como el País Vasco, como Euskadi, que tienen un abandono escolar mucho menor que el promedio de la Unión Europea? ¿Cómo es posible que haya comunidades que tienen una abandono escolar y datos educativos mejores que otras? Pues porque tienen un punto de partida diferente, porque tienen condiciones socioeconómicas diferentes. Y, naturalmente, hemos de intentar emular a los que tienen mejores resultados y ayudar a avanzar a los que no lo consiguieron. ¿Y saben cómo se hacía eso? Con los programas de cooperación territorial que ustedes han laminado. Los han laminado todos. (Aplausos.)

Esta ley no admite punto de comparación con nada, porque incluso en los puntos débiles de nuestro sistema ustedes no han querido avanzar, y los han empeorado, no los han mejorado. Es una verdadera involución. Esta ley no va a avanzar y no va a permitir que el sistema educativo español avance. No va a ganar calidad, va a perder equidad y va a segregar. Esta ley es una involución en el Estado autonómico, y verán ustedes la cantidad de recursos que van a tener y que van a perder, porque es una ley recentralizadora que en vez de armonizar, lesiona intereses de todo el mundo.

Por todas estas razones —y acabo porque me quedan tres segundos— no vamos a apoyar esta ley que no tiene ningún recorrido, y lo verán ustedes. Esta ley es inaplicable porque es inaceptable. (Aplausos.)

En los dos segundos que me quedan quiero decirles que vamos a apoyar esa transaccional, pero no lo vamos a hacer porque estemos convencidos de que esa transaccional soluciona el problema.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Sí, señor presidente.

Vamos a ayudar en la tramitación porque vamos a ayudar en un problema importante. Ayudaremos en la tramitación pero criticaremos la ley porque no soluciona los problemas. No los soluciona. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Peral.

El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, señorías.

En primer lugar quiero felicitar a los senadores de Izquierda Unida y también a los Iniciativa per Catalunya Verds, porque siendo un grupo reducido, se han trabajado las enmiendas. Es verdad, desde una enorme discrepancia ideológica, se han estudiado las enmiendas desde el punto de vista de su concepción de la educación, que está muy distante de la nuestra, pero no se han limitado, al contrario que otros grupos —Partido Socialista Obrero Español, Entesa pel Progrès, la parte del Partido Socialista de Cataluña y muchas enmiendas de CiU y del PNV (Protestas.)— a proponer simplemente la vuelta a la LOE, esa ley que quieren defender en posición erizo; no, se las han trabajado, efectivamente. Y me ha gustado lo que usted ha dicho, señor Iglesias, que la LOE no es para Izquierda Unida un texto sagrado no susceptible de mejora. Pues muy bien, así empezamos, reconociendo que las concepciones pedagógicas que podían ser progres en los años sesenta, cuando yo era un adolescente, hoy día se han quedado obsoletas, caducas y oliendo bastante a naftalina.

Ahora bien, no me haga usted el discurso de los pobres de la tierra, porque usted recordará una encuesta —que si no, le puedo mandar yo— del Centro de Investigaciones Sociológicas, que a la hora de analizar la composición social de los votantes de los distintos partidos, resulta que el partido donde más porcentaje de votantes, el 25%, se consideraban a sí mismos como de clase alta o media alta era —sorpréndanse, señorías— Izquierda Unida (Protestas.). ¡Hay que tener dos narices para que te paren por la calle y decir: Póngame usted en clase alta, por favor, no vayamos a confundirnos! (Protestas.)

No, si yo lo único que digo es que no parece que ese partido represente a los pobres de la tierra, sino que tiene entre sus votantes a muchos de la gauche divine o de la izquierda caviar, como queramos denominarlos. Ahora bien, no verán a esas personas normalmente ocupando cargos representativos, porque es muy fastidiado ganar poco, tener que entregar un porcentaje de lo poco que se gana a la coalición y otras cosas que esta gente bajo ningún concepto está dispuesta a aceptar. (Protestas.)

Contesto a doña Rut Martínez. Me dice que la evaluación que les interesa es la que ofrece una apreciación del valor añadido. Pues claro, esas son las evaluaciones externas, censales y consistentes en el tiempo, como tiene el Reino Unido, y en el Reino Unido es donde se puede apreciar que un centro con un equipo directivo competente, sacrificado y profesional consigue elevar, por ejemplo, las calificaciones, que tenían de media 4,5, hasta 6. Ese centro está añadiendo un enorme valor añadido a la educación y eso es importante que lo sepan no solo los responsables del sistema educativo, sino también los profesores y los padres, algo que hasta ahora no ha sido posible conocer en España.

Por eso los que se oponen a las evaluaciones meten a todos en el mismo saco y pretenden que los centros, por tener determinados componentes sociales o de zona, todos tengan los mismos resultados, y precisamente lo que se ha puesto de manifiesto en las evaluaciones que ha hecho la Comunidad es que centros con las mismas características socioeconómicas tienen resultados muy distintos. Les voy a poner un ejemplo, el centro concertado San Antonio, en Tetuán, 95% de inmigrantes, idénticas calificaciones, buenísimas, que uno de los centros concertados de mayor demanda de Madrid, que no voy a decir su nombre pero probablemente lo tienen muchos de ustedes en la cabeza.

Doña Rut Martínez, si la formación profesional vasca —como todo lo vasco, evidentemente— tiene tanta calidad y tantas evaluaciones, ¿por qué necesitan ustedes, cómo piden en una de sus enmiendas, establecer pruebas de acceso desde la formación profesional básica a la formación profesional media y de esta a la formación profesional superior? Si tan bien lo hacen, la mayor parte de los alumnos pasarán de nivel en la FP con una preparación absolutamente adecuada.Señoría, nosotros preferimos establecer pasarelas y ustedes prefieren establecer peajes. Son concepciones, evidentemente, distintas.

Al señor Alturo, de Convergència i Unió, le quiero decir que, efectivamente, han presentado muchas enmiendas, pero señor Alturo, yo le puedo decir el porcentaje de ellas que piden directamente la vuelta a la LOE, lo piden directamente. ¿Cómo vamos a aceptar, por ejemplo, en lo referente al calendario unas enmiendas que establezcan un calendario de aplicación de la




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LOMCE en cinco años cuando ustedes han firmado el 17 de julio un pacto con toda una serie de fuerzas, que yo no he dicho aquí que sean de izquierdas, señorías, por favor, a ver si escuchan ustedes adecuadamente, he dicho que todas esas fuerzas firmaron un pacto contra la LOMCE para defender en posición erizo la LOE, para aniquilar la LOMCE en el primer período de sesiones de la próxima legislatura y paralizar inmediatamente su aplicación. Por supuesto que hay partidos que son más de derechas que nosotros, claro que sí (Rumores.—Protestas.), pero firmaron el pacto contra la LOMCE, claro que sí (Fuertes protestas.), claro que sí, claro que sí.

Y luego me dice el señor Alturo: No hay ningún problema para quienes solicitan la escolarización en lengua castellana. Pues mire usted, señor Alturo, yo no me creo que la gente pleitee por gusto, ni que gaste su dinero por gusto, ni que ya no le importen los inconvenientes que se ocasionan a sus alumnos. Mire, señor Alturo, en este tema, de verdad, por parte de ustedes, y bien que lo siento, hay una enorme rigidez y una absoluta cerrazón a plantear cualquier alternativa que sea compatible con la doctrina constitucional y del Tribunal Supremo y plenamente respetuosa con su sacrosanto proceso de inmersión lingüística. El ministro les ha pedido reiteradas veces que propongan ustedes alguna alternativa y ustedes son incapaces de ofrecer la más mínima propuesta, la más mínima propuesta.

Y ahora contesto a don Vicente Álvarez Areces, que sigue con su latiguillo del ataque a la escuela pública. Mire, ya le dije el otro día, ¿cómo voy a atacar yo a la escuela pública si en los tres años y medio que fui consejero de Educación de Madrid promoví la creación de 185 nuevos centros públicos, 74 escuelas infantiles, 87 colegios de infantil y primaria y 24 institutos? Mire usted, la población de Asturias es una sexta parte de la población de Madrid ¿A qué usted no creó 31 nuevos centros públicos entre 2004 y 2007? (Rumores.) ¿A qué no, señor Areces? (Protestas.—Aplausos.) Claro que no. No, no los creó, no los creó (Fuertes protestas.) y si los creó que pida la palabra por alusiones y que los mencione uno tras otros, los 31, claro que sí, claro que sí. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor PERAL GUERRA: Ya les ha dicho el señor ministro —lo que pasa es que ustedes no le escuchan— que la autonomía de centros y la evaluación, a quienes más van a beneficiar es a los centros públicos, que hasta ahora no tenían ninguna autonomía, permitiéndoles realizar proyectos de calidad y hacer valer, señorías —que hasta ahora no podían—, en una información transparente a los padres y a las madres de los alumnos, el valor añadido en la educación. Eso es lo que va a conseguir que los buenos centros públicos sean mucho más conocidos por los alumnos.

Y ¿qué quiere que le diga? Frente al derecho de elección, ustedes prefieren la programación; frente al respeto a las demandas de las familias, ustedes prefieren la asignación centralizada de plazas escolares. Pero, señoría, por más que he mirado en la ley, no he encontrado en ningún lado que se prevea el área única. No sé de dónde ha sacado usted esto, porque yo no lo he encontrado en la ley, y le digo lo mismo: pida la palabra por alusiones y dígame en qué artículo de la LOMCE se prevé el área única.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Peral.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto y después de la votación suspenderemos la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana. Les anuncio que mañana a esa hora comenzaremos con el debate de la reforma del Estatuto de Murcia, tal y como se acordó en la Junta de Portavoces. Será un debate breve, porque no ha tenido enmiendas. Asimismo, les adelanto que la votación del Estatuto de Murcia se llevará a la primera votación que haya, que será precisamente la de las enmiendas de la Ley de educación. (Rumores.)

Comenzamos con las votaciones, señorías.

Votamos las propuestas de veto en el mismo orden en el que han sido debatidas. En primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 146.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de la senadora Capella i Farré.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6, de los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 88; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 8 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 88; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, rechazadas las propuestas de veto y terminadas las votaciones, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.

Buenas noches.

Eran las veintidós horas y cincuenta y cinco minutos.


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